El CGPJ insta a Justicia a poner en funcionamiento en 2018 los 87 juzgados creados y constituidos este año2017-12-21
El pleno del órgano de gobierno de los jueces aprueba el informe al proyecto de orden ministerial que dispone la fecha de entrada en funcionamiento de esos órganos judiciales

Autor Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial considera “razonable, deseable y adecuado” que la puesta en funcionamiento de los 87 juzgados creados y constituidos por el Real Decreto 902/2017 se produzca en 2018, incluyendo la de los once que han quedado fuera del proyecto de orden ministerial por la que se dispone la fecha de entrada en funcionamiento de 76 juzgados correspondientes a la programación del año 2017.

El pleno del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado hoy por unanimidad el informe a ese proyecto de orden ministerial, en el que se determina la entrada en funcionamiento de esos 76 juzgados en cinco fases: 17 lo harán el 31 de enero de 2018, 16 el 31 de marzo, 22 el 30 de junio, 13 el 30 de septiembre y otros 8 el 31 de diciembre del año que viene.

El informe del CGPJ, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, señala que “sería deseable que la puesta en funcionamiento de los juzgados comprendiera la totalidad de los creados y constituidos mediante el Real Decreto 902/2017. Esto es, los 76 a los que se refiere el proyecto de orden, pero también los restantes once cuya entrada en funcionamiento se encomienda a otra orden posterior, posiblemente ya en el año 2019, a pesar de referirse a juzgados en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Cataluña, en los que urge especialmente la adecuación de su planta a las necesidades que acreditan, para la eficaz prestación del servicio de la Administración de Justicia”.

El texto dice también que “diferir la puesta en funcionamiento de una gran parte de las unidades correspondientes a la programación de 2017 a la segunda mitad del año 2018 y no ofrecer fecha de constitución para una parte de las creadas puede conducir a que aquellas unidades ya informadas como necesarias de presente para la correcta prestación del servicio de la Administración de Justicia, y que se ponían de manifiesto al Ministerio para su posible consideración en las programaciones ulteriores, vean dilatada su creación y por supuesto su entrada en funcionamiento más allá de lo razonable”.

El Consejo valora, en cualquier caso, la entrada en funcionamiento de las nuevas unidades judiciales en cuanto que “contribuirá a paliar la situación de desequilibrio existente en la planta judicial y parte de las deficiencias estructurales existente en la distribución de cargas de trabajo” y cree positivo que el cronograma de entrada en funcionamiento se establezca en una sola orden, ya que eso “va a permitir la gestión más transparente y eficaz de la cobertura de sus medios personales mediante la oportuna programación de los concursos ordinarios de provisión” y posibilitará aprobar con la suficiente previsión la especialización de alguno de los juzgados en determinadas materias (familia, capacidad de las personas, etcétera).

No obstante, el informe estima que sería conveniente que el cronograma “limitara a lo sumo a cuatro las fases de puesta en funcionamiento de los juzgados, suprimiendo la correspondiente al 31 de diciembre de 2018”, argumentando que “no deja de ser paradójico que unidades creadas y constituidas en la programación de 2017 vayan a entrar en funcionamiento real en el año 2019, al recaer su entrada en funcionamiento nominal en el último día de 2018, inhábil a efectos procesales”.

También cree conveniente el Consejo que la puesta en funcionamiento fijada para el 31 de enero de 2018 comprendiera, además de las ya previstas en esa fecha, “los juzgados creados y constituidos en el ámbito del Ministerio de Justicia que, sin embargo, se difieren para otras fases posteriores”. Se trata de unidades creadas o constituidas en las localidades de Albacete, Murcia, Guadalajara, Eivissa, León, Medina del Campo, Illescas, Navalmoral de la Mata, Cartagena, Talavera de la Reina y Toledo.

El informe del CGPJ concluye señalando que “la efectividad de los juzgados creados y constituidos determina la necesidad de asegurar que en la fecha de su puesta en funcionamiento estén dotados de los medios personales y materiales adecuados, para lo cual las Administraciones competentes en esta materia habrán de adoptar las decisiones oportunas”.

Los Juzgados especializados en cláusulas suelo celebrarán más de 6.000 vistas hasta finales de año2017-11-14
  • Desde su entrada en funcionamiento el pasado 1 de junio, estos órganos judiciales ya han celebrado casi 5.000 vistas o audiencias previas y dictado cerca de 3.500 sentencias
  • El número de demandas ingresadas hasta el pasado día 5 era de 118.419
  • El CGPJ evalúa hoy con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia las necesidades del plan de urgencia

Los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física tienen señaladas más de 6.000 vistas o audiencias previas para los meses de noviembre y diciembre.

Según los datos recabados por el CGPJ de los Tribunales Superiores de Justicia, estos órganos judiciales ya han celebrado desde su puesta en marcha, que tuvo lugar el pasado 1 de junio, casi 5.000 vistas. En las audiencias previas se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que estima procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen solo prueba documental, el asunto queda visto para sentencia. En caso contrario, es necesaria la celebración del juicio.

Además, los Juzgados especializados han dictado cerca de 3.500 sentencias en los cuatro meses que llevan en funcionamiento –el de agosto es inhábil-, cuando el tiempo medio de respuesta en la jurisdicción civil es de seis meses.

El número de demandas ingresadas hasta el pasado día 5 era de 118.419. La cifra incluye las demandas presentadas en los órganos judiciales de forma electrónica a través de LexNET en doce de las trece Comunidades Autónomas que tienen implantado este sistema -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja- y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esa información ha sido facilitada al Consejo General del Poder Judicial por el Ministerio de Justicia. En la Comunidad Valenciana se ha optado por ofrecer las cifras facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia, ya que un elevado número de demandas se presenta por otras vías.

Finalmente, la información correspondiente a las cuatro Comunidades Autónomas que no tienen LexNET –Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco- ha sido también proporcionada por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- que conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

De los Juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado desde su entrada en funcionamiento es el de Madrid, con 25.464. Le siguen el de Barcelona, con 10.362; y el de Valencia, con 5.745.

Datos sobre demandas registradas, vistas celebradas y señaladas y sentencias dictadas en los Juzgados especializados 

ANDALUCÍA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ALMERÍA

1.718

119

317

42

CÁDIZ

2.983

90

154

48

CÓRDOBA

1.897

48

72

-

GRANADA

3.073

114

102

21

HUELVA

2.387

0

48

4

JAÉN

2.283

84

135

59

MÁLAGA

4.098

27

172

13

SEVILLA

5.745

92

168

41

ANDALUCÍA

24.184

574

1.168

228

ARAGÓN

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

HUESCA

346

13

35

12

TERUEL

147

18

16

9

ZARAGOZA

3.229

231

125

180

ARAGÓN

3.722

262

176

201

ASTURIAS

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ASTURIAS

2.151

500

650

556

ASTURIAS

2.151

500

650

556

BALEARES

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

BALEARES

2.084

112

-

76

BALEARES

2.084

112

-

76

CANARIAS

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

LAS PALMAS

3.099

155

137

149

TENERIFE

3.538

50

87

35

CANARIAS

6.637

205

224

184

CANTABRIA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

CANTABRIA

1.277

118

91

75

CANTABRIA

1.277

118

91

75

CASTILLA Y LEÓN

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ÁVILA

345

108

-

-

BURGOS

753

67

97

61

LEÓN

2.135

186

140

140

PALENCIA

1.090

53

51

89

SALAMANCA

802

73

78

29

SEGOVIA

332

20

75

8

SORIA

173

25

50

12

VALLADOLID

2.151

64

104

92

ZAMORA

615

39

52

53

CASTILLA Y LEÓN

8.396

635

647

484

CASTILLA-LA MANCHA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ALBACETE

628

58

85

28

CIUDAD REAL

1.039

121

78

65

CUENCA

434

2

95

2

GUADALAJARA

867

28

44

19

TOLEDO

2.288

159

308

63

CASTILLA-LA MANCHA

5.256

368

610

177

CATALUÑA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

BARCELONA

10.362

102

168

75

GIRONA

953

-

150

27

LLEIDA

361

8

31

17

TARRAGONA

1.320

8

33

5

CATALUÑA

12.996

118

382

124

COMUNIDAD VALENCIANA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ALICANTE

3.307

120

110

117

CASTELLÓN

805

54

122

12

VALENCIA

4.719

346

-

162

C.VALENCIANA

8.831

520

232

291

EXTREMADURA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

BADAJOZ

1.764

132

176

98

CÁCERES

1.761

79

88

90

EXTREMADURA

3.525

211

264

188

GALICIA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

A CORUÑA

1.850

88

141

70

LUGO

194

52

56

23

OURENSE

419

28

61

19

PONTEVEDRA

2.198

124

121

87

GALICIA

4.661

292

379

199

MADRID

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

MADRID

25.464

301

1.136

245

MADRID

25.464

301

1.136

245

MURCIA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

MURCIA

2.309

4

62

8

MURCIA

2.309

4

62

8

NAVARRA (Territorio no LexNET)

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

NAVARRA

1.099

105

118

43

NAVARRA

1.099

105

118

43

PAÍS VASCO (Territorio no LexNET)

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ARABA-ÁLAVA

677

155

-

96

BIZKAIA

3.237

326

-

228

GIPUZKOA

1.135

103

-

45

PAÍS VASCO

5.049

584

-

369

LA RIOJA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

LA RIOJA

778

-

2

37

LA RIOJA

778

-

2

37

TOTAL ESPAÑA

País

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ESPAÑA

118.419

4.909

6.141

3.485

Nueva reunión de evaluación del plan de urgencia

Con objeto de evaluar la marcha del plan de urgencia hasta la fecha y de determinar las posibles necesidades del mismo, el Consejo General del Poder Judicial mantendrá a mediodía de hoy una reunión con representantes del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia.

El encuentro se produce después de que, el pasado lunes 6, el órgano de gobierno de los jueces estudiara con una representación de los jueces decanos el funcionamiento de los órganos judiciales especializados y las necesidades de medios personales y materiales.

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El riesgo reputacional es la principal motivación para que las empresas implanten medidas preventivas2018-12-17

‘IV CONGRESO NACIONAL DE COMPLIANCE’, ORGANIZADO POR THOMSON REUTERS, EN COLABORACIÓN CON ASCOM

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha afirmado hoy que la implantación de los programas de cumplimiento en el ámbito de compliance penal “ha supuesto un acicate para que las empresas implanten medidas preventivas, no tanto para evitar la sanción, sino para crear una cultura ética de cumplimiento por evitar el daño reputacional de estar sometido a un proceso penal”. Luzón ha añadido que “eso asusta y daña la imagen de la empresa y por ahí viene la eficacia preventiva del modelo normativo de cumplimiento”.

Legal Today

Luzón ha hecho estas declaraciones durante su ponencia en el IV Congreso Nacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters y en colaboración con la Asociación Española de Compliance (ASCOM) que se celebra hoy en el Teatro Luchana de Madrid. María Dolores Herrera, directora de Cumplimiento grupo Iberdrola, empresa patrocinadora del Congreso, también se ha referido al riesgo reputacional en su intervención sobre la transmisión de los requisitos de cumplimiento en la cadena de valor. Según la experta, es de vital importancia "supervisar a los socios del negocio en la cadena de valor" ya que "los riesgos asociados a las terceras partes no deben considerarse como de segunda categoría y en ocasiones pueden ser mayores que los que se generan dentro de la compañía, comenzando por el riesgo reputacional".

No obstante, Alejandro Luzón ha reconocido que "va a ser difícil que las empresas eviten el daño reputacional por haber implantado un programa de compliance". Eso es debido a que, en nuestro modelo legal, a diferencia de EEUU, "es difícil la posibilidad de llegar a acuerdos para no ir a juicio" porque interesa a ambas partes: "El fiscal elude la dificultad de tener que demostrar la falta de idoneidad del programa y la empresa se evita el daño reputacional". Algo muy distinto de lo que ocurre en España, donde "el fiscal no dirige la acusación" y "es más fácil que la empresa sea sometida a procedimiento penal en lugar de llegar a un acuerdo previo". En su intervención, Alejandro Luzón ha propuesto una reforma legal que otorgue a la Fiscalía la dirección de la investigación penal, actualmente competencia de los jueces, y facilite que pueda llegar a acuerdos con empresas para evitar juicios sobre su responsabilidad por delitos en su seno. En línea con lo anterior, Luzón ha explicado que la Fiscalía "ha dado unas pautas en línea con nuestro criterio de evitar que se llegue a juicio a las empresas por el incumplimiento de los programas", evitando así sobrecargar es sistema judicial de procesos, muchos de los cuales son causas de difícil resolución".

Luzón, que ha mostrado su oposición "a los programas estereotipados", ha afirmado que también es crítico con las periciales de compliance, "que no son tales periciales; pueden certificar si un modelo es estupendo y convincente para el tribunal, pero lo que hay que acreditar en un tribunal es si el programa realmente ha funcionado".

Desde la óptica empresarial María Dolores Herrera ha hecho hincapié en la dificultad de gestionar los riesgos de la cadena de valor. Ha puesto el ejemplo de Iberdrola, que interactúa "con miles de proveedores, asesores y socios por el mundo, administraciones públicas, entidades financieras, algo difícil de gestionar porque no todos tienen asociado el mismo riesgo". Por ese motivo, "conviene conocer en detalle con quién contratas".

Por su parte, Ramón Zumárraga Gorostiza, director de Servicios de Compras de Iberdrola, ha explicado que "anualmente contratamos por valor de 9.000 millones de euros a 22.000 proveedores al año y 34.000 empleados, muchos de los cuales pueden estar relacionados con decisiones de compra". Ha apuntado no obstante que "tenemos un procedimiento compras común para todo el grupo y todas las decisiones están documentadas en el sistema. No tenemos ninguna decisión que no sea por firma mancomunada y obligamos a los proveedores que atiendan a nuestro código ético, lo que luego controlamos a través de una base de datos centralizada". Además "tenemos controles a posteriori ya que una vez firmado el contrato es cuando es más probable que el riesgo se materialice y contamos con una guía sobre qué hacer en caso de que detectemos un incumplimiento".

La doble certificación UNE 19601 e ISO 37001

Otro de los ámbitos tratados en el Congreso ha sido el relativo a la doble certificación UNE 19601 e ISO 37001, que ha sido analizado por Marta Fernández, de la Asociación Española de Normalización UNE y por Ignacio Pina, de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

Marta Fernández ha explicado que un principio básico de UNE es el consenso de todas la partes y grupos de interés que intervienen en la elaboración de la norma: "Eso es lo que da valor a un estándar". Ha explicado que cuando se desarrolló la norma 19601 de compliance penal, "se hizo sobre un modelo único que integre a todos los modelos de sistemas de gestión, para que quienes tengan implantada una norma puedan integrar otros sistemas de gestión".

Por su parte, Ignacio Pina ha afirmado que es importante conocer "qué entendemos por certificación, algo que manejamos con naturalidad sin saber muy bien de qué estamos hablando". Ha explicado que la certificación es una herramienta que va dirigida a una empresa, pero el acto de la acreditación va dirigido a terceros, pero la única manera de que el tercero se fíe es que se fie del certificador. ¿Y cómo sé que esa certificadora cumple?: El certificado acreditado lo que ofrece es confianza".

Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters

Este evento, junto con el Congreso Internacional de Compliance, se han convertido en los referentes en la materia para los expertos en cumplimiento normativo, que en breve tienen una nueva e importante cita: el Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters, que se celebrará en Madrid el próximo 7 de marzo. Los principales expertos en la materia analizarán en profundidad las novedades más relevantes que se están produciendo en el ámbito normativo tributario, con especial referencia a la Norma UNE 19602, el primer estándar nacional sobre compliance penal tributario.

El Tribunal Supremo anula dos requisitos del Decreto de 2014 que regula los apartamentos de uso turístico en la Comunidad de Madrid2018-12-14
Anula la exigencia de que el plano de la vivienda firmado por un técnico competente esté además “visado por el colegio profesional correspondiente” y la obligación a hacer constar “en toda forma de publicidad” el número de referencia de su inscripción en el Registro de Empresas

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha declarado nulos por desproporcionados dos artículos (uno de ellos de forma parcial) del Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid.

Primero, se anula la exigencia de que el plano de la vivienda firmado por un técnico competente, del que deben disponer todos los propietarios, esté además “visado por el colegio profesional correspondiente”. En segundo lugar, se anula el artículo que obliga a estas viviendas a hacer constar “en toda forma de publicidad” de las mismas el número de referencia de su inscripción en el Registro de Empresas. El Supremo resalta que el propio letrado de la Comunidad de Madrid admite que la inscripción en el Registro no es obligatoria, por lo que carece de justificación imponer que el número de registro figure en toda forma de publicidad.

Los dos artículos anulados del Decreto se unen al que ya fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de mayo de 2016, que disponía que las viviendas de uso turístico no podían contratarse por un periodo inferior a cinco días. Esta nulidad del artículo del Decreto, el 17.3, se mantiene puesto que no fue objeto del recurso de casación.

Ahora, el Tribunal Supremo estima en parte el recurso de casación interpuesto por la Asociación Madrid Aloja y considera que tanto la exigencia del visado colegial –inciso final artículo 17.1- como la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas –artículo 17.5-, como requisito necesario para llevar a cabo cualquier forma de publicidad, “no están justificadas” y “son contrarias a derecho”. En este sentido, afirma que dichas exigencias no superan el test de necesidad y proporcionalidad que impone las Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Disponer de un plano, sí; pero no visado por colegio profesional

En contra de lo que sostiene el recurrente en su recurso, la Sala señala que la exigencia primera del artículo 17.1 de que el titular de la vivienda turística disponga de un plano firmado por técnico competente no resulta exorbitante ni vulnera el principio de libertad de establecimiento reconocido en el artículo 4.1 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Añade que más bien se trata de un requisito objetivo, no discriminatorio, establecido en la norma con antelación y de forma clara e inequívoca, siendo además una exigencia accesible puesto que no resulta excesivamente gravosa.

La sentencia, con ponencia del magistrado Eduardo Calvo, indica que es una exigencia “proporcionada” a la razón de interés general a la que responde, consistente, como proclama el propio Decreto 79/2014, en la protección de los “legítimos derechos de los usuarios y consumidores turísticos de la Comunidad de Madrid”. Por ello, considera que es “un instrumento adecuado para que, a lo largo del tiempo en el que se desarrolla la actividad de alojamiento, la Administración pueda ejercer su ordinaria labor de inspección y control a fin de asegurar que el servicio se presta en condiciones adecuadas de calidad, seguridad y salubridad, sin menoscabo de los intereses de los usuarios y consumidores”.

Sin embargo, la Sala sí da la razón a esta Asociación respecto al inciso del artículo 17.1 que establece que este plano de la vivienda debe contar, además, con el visado del colegio profesional correspondiente. Así, afirma que esta exigencia “aparece contemplada de forma restrictiva en nuestro ordenamiento, tanto en el artículo 13.1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, como en el artículo 2 del Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio”. Recuerda que este último precepto enumera los supuestos en que la obtención de dicho visado es obligatoria y que ninguno de ellos resulta incardinable en este caso.

Inscripción en el Registro de Empresas Turísticas y publicidad

Por otro lado, la Sala afirma que el artículo 17.5 no establece de manera directa y expresa que sea obligatoria la inscripción en el Registro de Empresas Turísticas; pero señala que “bien puede entenderse que alberga ese designio, pues al establecer en su inciso final que debe constar '...en toda forma de publicidad el número de referencia de su inscripción en el citado Registro' fácilmente se colige que la inscripción es considerada como requisito para llevar a cabo cualquier forma de publicidad”.

Sobre esta cuestión, asegura que el propio letrado de la Comunidad de Madrid admite que la inscripción no es obligatoria, de manera que quien presenta la declaración responsable puede optar por inscribirse, o no, en dicho Registro. “Pero, si ello es así, no se explica entonces y carece de justificación el inciso del precepto en el que se establece que en toda forma de publicidad debe constar el número de referencia de su inscripción en el mismo, concluye la Sala.

Dicha exigencia, según el tribunal, sería cuestionable incluso si sólo opera como requisito de acceso a determinadas formas de publicidad oficial o institucional, como los llamados canales de oferta turística; pues, si se parte de que la inscripción en el Registro no es obligatoria, no queda clara la razón por la que, en caso de existir la inscripción (voluntaria), el número acreditativo de tal inscripción habría de figurar necesariamente en esa publicidad oficial a la que se alude.

Por ello, concluye que esa exigencia de inscripción en el Registro de Empresas Turísticas como requisito necesario para llevar a cabo cualquier forma de publicidad, recogido en el artículo 17.5, “carece de justificación y es, por ello, contraria a derecho” al vulnerar la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

La Agencia Española de Protección de Datos publica el registro de Delegados de Protección de Datos2018-12-13

CGAE

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado el registro de Delegados de Protección de Datos (DPD), que contiene los datos de contacto de cerca de 20.000 entidades, de las cuales alrededor de 3.000 corresponden al sector público y las restantes al sector privado.

  • La Agencia ha dispuesto un espacio en su Sede electrónica para que cualquier interesado pueda consultar la lista de delegados de protección de datos comunicados a la AEPD
  • Con este registro, los ciudadanos que quieran ejercitar sus derechos o presentar una reclamación ante una entidad podrán conocer los datos del DPD para dirigir sus solicitudes
  • La Agencia da así cumplimiento a la obligación recogida en la nueva LOPD de mantener una lista actualizada de delegados de protección de datos accesible por medios electrónicos

Este espacio de consulta, disponible en la Sede electrónica de la Agencia, permite a cualquier interesado conocer el contacto de los delegados de protección de datos comunicados a la AEPD. De esta forma, los ciudadanos que quieran ejercitar sus derechos o presentar una reclamación ante una entidad pueden introducir el nombre, razón social o NIF de la organización para conocer los datos de contacto del DPD y dirigirle sus solicitudes.

Con este registro la Agencia da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que en su artículo 34.4 señala que "La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos".

La información que figura en esta lista se actualiza diariamente y se corresponde con los datos de contacto que los responsables o encargados del tratamiento facilitan a la Agencia a través del formulario que se encuentra disponible en su Sede electrónica. La comunicación relativa a las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos debe realizarse en el plazo de diez días, tanto en los supuestos en que sea obligatoria su designación como en el caso en que sea voluntaria.

La comunicación de los datos del delegado de protección de datos a la AEPD es obligatoria para organismos públicos, así como para entidades que hagan tratamientos de datos que requieran una observación sistemática a gran escala o tratamientos masivos de categorías especiales de datos, como recoge el Reglamento General de Protección de Datos. Y, en todo caso, cuando se trate de las entidades incluidas en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 3/2018.

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN

La AEPD, en colaboración con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), presentó en julio del año pasado su Esquema de certificación de Delegados de Protección de Datos con el objetivo de ofrecer seguridad y fiabilidad tanto a los profesionales de la privacidad como a las empresas y entidades que incorporen esta figura a sus organizaciones.

Este Esquema permite certificar que los DPD reúnen la cualificación profesional y los conocimientos para ejercer la profesión, y las certificaciones se otorgan por entidades certificadoras debidamente acreditadas por ENAC. Por el momento, tres entidades han sido acreditadas para poder certificar Delegados de Protección de Datos: IVAC Instituto de Certificación, Asociación para el Fomento de la Seguridad de la Información (ISMS Forum), y Asociación Española para la Calidad (AEC). Los DPD certificados pueden consultarse en las páginas web de cada una de estas entidades.

La certificación no es obligatoria y se puede ejercer la profesión sin estar certificado bajo este o cualquier otro esquema, si bien la Agencia ofrece así un punto de referencia al mercado sobre los contenidos y elementos de un mecanismo de certificación como garantía para acreditar la cualificación y capacidad profesional de los candidatos a DPD.

El Supremo fija criterio sobre los márgenes de error de los radares de tráfico2018-12-12

Inés Larráyoz Sola
Área de Derecho Penal y Compliance. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos - Legal & T&A

  • STS 184/2018, de 17 abril (RJ 2018, 1590).
  • Delitos contra la seguridad vial; conducción a velocidad superior a 60km/h en vía urbana y a 80km/h en interurbana; cinemómetro; aparatos de medición fijos; aparatos de medición móviles.

Los aparatos de medición de la velocidad pueden ser fijos o móviles y dentro de éstos se distingue entre móviles en sentido estricto, medición en movimiento y los que pueden ser trasladados que desarrollan la medición en situación de parados, a los que se atribuye el margen de error de los fijos de un 5%

  • Supuesto de hecho

    La Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Navarra condenó al acusado como autor de un delito contra la seguridad vial a la pena de seis meses de multa con una cuota diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un año y un día y abono de costas procesales.

    El acusado interpone recurso de casación contra dicha resolución del que conoce el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En la argumentación que desarrolla el recurrente se centra en el margen de error de los aparatos de detección de la velocidad, “cinemómetros”, contemplados en las Órdenes Ministeriales ITC 3699/2006, de 22 noviembre (RCL 2006, 2162) y la 3123/2010, de 26 noviembre (RCL 2010, 3075), como instrumentos de medida de velocidad. Estas órdenes diferencian dos tipos de instrumentos a los que corresponden un distinto margen de error, respectivamente del 5 y 7%, según sean fijos o móviles.

  • Criterio o ratio decidendi

    En este caso, el margen de error es relevante pues la velocidad detectada por los aparatos de medición es de 214 km/h sobre los que el juez de lo penal actúa el margen de error del 7%, al considerar que en este caso el sistema de medición era móvil, en tanto que para la sentencia de apelación, y que es objeto de casación, el sistema de detección de velocidad es estático por lo que él margen de error era del 5% que determina, en la sentencia del juzgado de lo penal una velocidad de 199 km/h, que no supera los 80 km superiores la velocidad permitida, en tanto que, con el margen de error del 5%, la velocidad era de 203 km, que si supera el margen y rellena la tipicidad del art. 379.1del Código Penal (RCL 1995, 3170).

    La Sala aborda la unificación que se solicita para decidir la catalogación del sistema de medición, cinemómetro, y, concretamente, si cuando se coloca sobre un trípode es un instrumente fijo o móvil, a los efectos de determinar el índice de corrección por error, respectivamente del 5% o del 7%.

    La conclusión a la que llegan los magistrados de la Sala de lo Penal es que “si el aparato de medición, cinemómetro, es empleado desde una ubicación fija, esto es sin movimiento, ya sea fijo o estático, el margen de error es del 5%”, y afirman, además, que esa catalogación es “lógica” porque “la medición de la velocidad, desde un radar fijo, o desde una instalación sin movimiento, supone un menor margen de error que la medición realizada desde un dispositivo en movimiento”.

  • Documentos relacionados

    Normativa aplicada:

    • Art. 379.1 CP (RCL 1995, 3170)
    • Orden Ministerial ITC 3699/2006, de 22 noviembre (RCL 2006, 2162)
    • Orden Ministerial ITC 3123/2010, de 26 noviembre (RCL 2010, 3075)

    Historia del caso:

    • Confirma: SAP Navarra (Secc. 1ª) 38/2017, de 24 febrero (JUR 2017, 138913)
La Audiencia de Barcelona deniega a un hombre adoptar a los hijos de su pareja nacidos en Tailandia por gestación subrogada2018-12-11

Comunicación Poder Judicial

El auto, que confirma la resolución inicial, recoge jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

  • Incluye el auto

El auto confirma la resolución inicial que desestima la posibilidad por parte del demandante de adoptar a los hijos de su pareja nacidos en Tailandia por maternidad subrogada.

La resolución recoge la jurisprudencia existente sobre la materia, desde la normativa de la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN), el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) así como las exigencias del Derecho Civil Catalán, norma de referencia en este caso, y de acuerdo con los principios generales de la Convención de Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas.

Y concluye que dada la inexistencia de una resolución judicial dictada por tribunal extranjero competente respecto del consentimiento de la madre biológica (un consentimiento que debe ser libre, informado y si incurrir en error, dolo o violencia, y que no puede ser prenatal sino que debe ser postparto) no puede llevarse a cabo la adopción por parte de la pareja del hombre que figura como padre biológico ante la Dirección General de Registros y del Notariado (DGRN).

Por tanto, confirma la negativa a la adopción.

¿Quiere leer el auto?

Compliance financiero o la lógica evolución del compliance penal: La Norma UNE196022018-12-10

A modo de introducción, debemos necesariamente retroceder en el tiempo a La Ley Orgánica 5/2010, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010, como aquella que reguló por primera vez y de manera pormenorizada la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunando a la imputación de aquellos cometidos por las personas que tienen poder de representación en las mismas, la responsabilidad por no haber ejercido la persona jurídica un control adecuado sobre sus trabajadores.

David Álvarez Barrios,
Economista

Posteriormente, la Ley Orgánica 1/2015, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, intentó poner fin a las dudas interpretativas que había propiciado la anterior Ley, a la vez que se centraba en la introducción de programas y modelos de organización y gestión con el fin de que las personas jurídicas no cometiesen delitos. A tal fin, estableció, como causa de exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica, la existencia de un programa de prevención o "compliance penal" que propiciara una reducción significativa del riesgo de que la persona jurídica cometiera un delito.

La importancia de llevar a cabo de forma correcta estos programas de prevención ha quedado establecida por el mismo Tribunal Supremo que ha destacado en varias recientes sentencias, la importancia de que en las sociedades mercantiles se implanten estos protocolos de cumplimiento normativo. Por ejemplo, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su Sentencia n º 136/2018, de 28 de junio considera al compliance penal como un "conjunto de normas de carácter interno de las empresas, cuya finalidad fundamental es la de implementar un modelo de organización y gestión eficaz e idóneo que le permita mitigar el riesgo de la comisión de delitos. Exonerando de esa forma a la propia empresa y, en su caso, al órgano de administración, de la responsabilidad penal de los delitos cometidos por sus directivos y empleados."

Fruto de la importancia de esta figura, la Asociación Española de Normalización (en adelante, AENOR) publicó el 18 de mayo de 2017 la Norma española UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal, donde estableció los requisitos necesarios para proceder a la implantación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión del compliance penal a fin de prevenir la comisión de delitos en las sociedades mercantiles.

No obstante lo anterior, los sistemas de gestión del compliance penal se revelaron insuficientes a la hora de prevenir riesgos de índole tributaria por lo que, y siguiendo con su labor de normalización, en el mismo año 2017, AENOR inicia el proyecto PNE 19602 que se materializará, a principios del próximo año, en la publicación de la Norma UNE 19602 Sistemas de gestión de compliance tributario: Requisitos y recomendaciones, avalada por la propia Agencia Tributaria, y que tiene como objetivo el establecimiento de unas medidas estándar que faciliten a las sociedades mercantiles la prevención y gestión de sus riesgos tributarios.

En este sentido, AENOR ha confirmado que, durante el mes de diciembre y parte de enero, dicho proyecto será sometido al trámite de información pública, por lo que tendremos acceso a su contenido íntegro e, incluso, se podrán hacer aportaciones a través de la página web de AENOR.

En cualquier caso, sin duda, la misma establecerá unos requisitos y directrices que facilitarán a las sociedades mercantiles implementar y mejorar continuamente políticas de compliance tributario, sin que por ello deban obviarse las normas anteriores que contienen ya algunas prácticas de compliance tributario.

Una de estas normas a destacar es el Código de Buenas Prácticas Tributarias, elaborado por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante, AEAT) y el Foro de Grandes Empresas y que cuenta ya, a fecha 2 de noviembre de 2018, con 139 grandes corporaciones adheridas al mismo. La finalidad de esté es promover una relación fluida de recíproca colaboración entre la AEAT y las empresas que, voluntariamente, estén adheridas.

Probablemente, la importancia fundamental de la futura norma UNE 19602 es que, todas las empresas que adapten sus protocolos de cumplimiento a dicha norma gozarán de una presunción de veracidad, esto es, tendrá un carácter probatorio de la ausencia de voluntad defraudatoria por parte de la sociedad.

Esto es especialmente relevante, dada la altísima litigiosidad en materia tributaria que se da en nuestro país ya que, mediante el establecimiento de unos requisitos y directrices para implementar y mejorar continuamente políticas de compliance tributario, esta se reducirá al ser, por un lado, capaz la propia empresa de detectar mediante dichas políticas la existencia en su seno de posibles contingencias de carácter tributario y, en su caso, neutralizarlas y, por otro lado, evitará, si la empresa se adapta a los protocolos de cumplimiento de la UNE 19602 y ante cualquier discrepancia interpretativa por presumirse la ausencia de voluntad defraudatoria, que la AEAT considere, como ocurre actualmente y en la mayoría de los casos, que la actuación del contribuyente ha sido culpable, aunque sea únicamente en grado de negligencia, e imponga sanciones de forma sistemática.

Por tanto, el compliance fiscal debe ser un objetivo prioritario para las sociedades mercantiles por dos razones principales: para poder identificar y neutralizar adecuadamente los riesgos fiscales que inevitablemente surgirán en un entorno de constantes cambios de normativa fiscal y en los criterios de interpretación de la misma aplicables por los Tribunales o por la propia Dirección General de Tributos y, asimismo, para poder, en la medida de lo posible, evitar que las comprobaciones e inspecciones fiscales por parte de la AEAT tengan también como consecuencia, además de la regularización tributaria pertinente, la imposición de sanciones, ya que, como se ha indicado y a diferencia del ámbito penal, la mera negligencia puede ser objeto de sanción tributaria en el ámbito administrativo sin que deba existir necesariamente el dolo preceptivo en la responsabilidad penal.

La afiliación de las profesiones se mantiene sólida en noviembre a pesar de la caída agregada en la economía2018-12-07
  • Breve análisis de Unión Profesional sobre los datos de afiliación y paro registrados en noviembre del Ministerio de Trabajo

El mes de noviembre se cebó en la destrucción de afiliación en el sector de la hostelería. Su intenso ajuste estacional después del verano indica que aún no es capaz de tener un comportamiento regular durante el año. Si bien, el comercio mantuvo el tipo y se nutrió de la demanda de personal de cara a la campaña de navidad. Mientras, el sector de la educación continuó en alza pero en menor medida ante el avance del periodo lectivo. Así, el conjunto del subsector de servicios profesionales mostró un tono estable en su ritmo de afiliación y se mantiene dos puntos porcentuales por encima del agregado. El paro registrado apuntó ligeros descensos a excepción de los servicios donde se elevó. 

El Sistema de la Seguridad Social finalizó noviembre con una caída de 47.449 afiliaciones, un 0,25%. El peor dato en este mes desde el 2013. El agregado se situó en 18.945.624 afiliaciones con 527.868 más en el último año y un ritmo del 2,87%. Es el porcentaje más moderado en el penúltimo mes del año desde el 2014 que parece abonar el análisis de suavización de la actividad económica. En la perspectiva mensual ajustada estacionalmente y de calendario el avance fue de 12.082 afiliaciones, un 0,06%, que supone la cuarta parte del dato del pasado año en este periodo.

El protagonismo del Régimen General (RG) se localizó en la sector de la hostelería con 105.727 afiliaciones menos, un 7,93%, que supuso el 87,25% del total de bajas. Como causa, el desplome del sector turístico al terminar el verano. Inversamente, el sector de la educación aún añadió casi el 40% del total de altas con 31.503 y un 3,43% más debido al recorrido en la demanda de personal por el curso académico. Asimismo, el comercio anotó datos positivos que mostrarían la avanzadilla ante el comienzo de la campaña de navidad. En menor cuantía, el empleo público estuvo entre los de mayor crecimiento. Por su parte, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), casi de manera calcada al RG, la educación fue el ámbito más destacado al suponer el 34,24% del total de altas con 1.771 afiliaciones y un 2,00% más. La destrucción en hostelería se tradujo en casi 1 de cada 2 bajas en autónomos con 4.407 y 1,36% menos.

Buen comportamiento de los servicios profesionales de mercado y moderación en la caída de las profesiones sanitarias y sociales

A partir del análisis de Unión Profesional, el balance del subsector de servicios profesionales en noviembre arrojó un progreso mensual del 1,01%, prácticamente igual al 1,03% del pasado año, con la que la tónica agregada es de estabilidad en la afiliación. El conjunto de categorías vinculadas al subsector se movieron en el entorno del 1% de incrementos de empleo con la salvedad del sector de la educación como se ha descrito. Entre las más destacadas, las actividades de servicios sociales sin alojamiento, es decir, prestadas en domicilio con una subida de 3.157 afiliaciones y un 1,22% (RG: 3.114 y 1,23%; RETA: 43 y 0,91%). Sin embargo, su ritmo anual se abatió hasta el 5,91% por debajo del 7% mostrado todo el año. Las actividades veterinarias añadieron 112 afiliaciones y un 0,43% (RG: 145 y 0,97%; RETA: -33 y -0,31%) con un ritmo anual cercano al 4% desde mediados de año.

Un dato que contrasta con la aminoración del resto de categorías del ámbito sanitario y social. Las actividades sanitarias redujeron aún empleo en este mes con 4.527 y 0,42% menos, concentrado en el régimen general (RG: -5.088 y -0,52%; RETA: 561 y 0,53%) por el por ajuste estacional después del verano con el periodo de sustituciones que finaliza. Además, su ritmo anual de afiliación en el 3% se ha ralentizado sobre el pasado año. Y de forma más tenue acabó la asistencia en establecimientos residenciales con 430 afiliaciones y un 0,16% menos pero en buena línea anual con un ritmo de afiliación superior al 4% (RG: -430 y -0,16%; RETA: 0 y 0% ).

Por otro lado, en las categorías más asociadas a servicios de mercado, la imagen general fue positiva gracias al sostenimiento de la demanda de estos servicios profesionales desde el ámbito empresarial y los consumidores finales. En el aspecto negativo solo estuvieron las actividades de sedes centrales y consultoría empresarial con un descenso de 420 afiliaciones y un 0,37% (RG: -573 y -0,67; RETA: 153 y 0,56%) que hace reducir su ritmo anual hasta el 6,48%, más de un punto porcentual por debajo del pasado noviembre pero todavía con datos favorables y elevados.

Ya en positivo, pero de forma más rezagada, observamos a las actividades jurídicas y de contabilidad con 1.098 afiliaciones más y un 0,36% (RG: 1.072 y 0,48%; RETA: 26 y 0,03%) que pone su ritmo anual en el 2,08% y comparativamente es más del doble que en noviembre del 2017. Y también la categoría de otras actividades profesionales, científicas y técnicas con 877 afiliaciones y un 0,39% más (RG: 532 Y 0,72%; RETA: 345 y 0,58%) pero con un ritmo anual ascendente en todo el año que se planta ya en el 8,80%.

En el grupo que rozó la subida mensual más cercana al 1% aparecen los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería con 1.977 afiliaciones más y un 0,81%, casi igual al mes de octubre (RG: 1.788 y 0,99%; RETA: 189 y 0,31%). Ello se traduce en un ritmo anual sostenido de crecimiento que se sitúa ya en el 6,35% gracias al repunte del sector de la construcción que precisa estos servicios. Otra categoría fue publicidad y estudios de mercado con 1.007 afiliaciones más y un 0,89% (RG: 874 y 1,04%; RETA: 133 y 0,46%). No obstante, su ritmo anual en noviembre fue del 2,43% y está en tendencia descendente desde mediados de año cuando superaba el 3%. Por último, investigación y desarrollo sumó 830 afiliaciones más con un 0,93% (RG: 662 y 0,87%; RETA: 168 y 1,34%). Su ritmo anual del 4,30% es creciente en todo lo que va del 2018.

Descenso generalizado del paro registrado a excepción de los servicios

Respecto al paro registrado se redujo en 1.836 personas, un 0,06% lo cual es positivo si se compara con los dos últimos años que anotaron subidas en noviembre. La cifra total de parados llega a 3.252.867 y acumula una disminución de 221.414 personas en el último año, un 6,37%.

Por sectores, el único ascenso tuvo lugar en el sector servicios con 8.092 parados más y un 0,36%. En el resto, las bajadas fueron más bien leves. En agricultura menguó en 370 personas y un 0,25%, en industria en 1.448 y un 0,51%, en construcción 155 y un 0,06% y en el colectivo sin empleo anterior se mostró la mayor caída con 7.955 parados menos y un 2,75%. Por sexo, en hombres creció un 2.751 y un 0,21%, mientras que en las mujeres cayó en 4.587 y un 0,24%. 

En relación a los contratos, se firmaron 1.867.172 con un retroceso anual del 2,69%. Ello contrasta con los contratos indefinidos que llegaron a 197.573, un 10,58%, y llevan una subida anual del 15,72%, muy superior al 1,33% de los contratos temporales que  fueron 1.669.599 este mes. Finalmente, los beneficiarios de la cobertura por desempleo bajaron un 2,9% anual hasta 1.756.973, lo que deja la tasa de cobertura en el 57,1%.

El seguro no puede reclamar a un conductor bebido si éste no firmó que la póliza no cubría esta circunstancia2018-12-05

La Audiencia Provincial de Cantabria ha desestimado el recurso de apelación presentado por una compañía aseguradora contra un cliente a quien reclamaba el abono de la indemnización que el seguro había pagado a la víctima de un accidente de tráfico ocasionado por el asegurado.

La compañía de seguros quería ejercer la acción de repetición contra su asegurado, ya que cuando éste provocó el accidente de circulación se encontraba bajo los efectos del alcohol y, por este motivo, fue condenado en juicio rápido como autor de un delito contra la seguridad vial.

Pero el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Santander no le dio la razón al aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo que exige una doble firma en los contratos: una para el contrato globalmente considerado y otra para las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, entre las que se encuentra la exclusión de cobertura en caso de embriaguez.

El juzgado desestimó la demanda de la aseguradora y ésta decidió apelar ante la Audiencia Provincial de Cantabria, que ahora respalda la decisión del magistrado de instancia.

La exclusión de cobertura por conducir bebido es una cláusula limitativa

Recuerda el órgano de apelación que el Tribunal Supremo ha establecido que “las cláusulas que excluyen en la póliza de seguro voluntario los accidentes producidos en estado de embriaguez deben considerarse como limitativas de los derechos de los asegurados, debiendo ser expresamente aceptadas por los mismos y destacarse de manera clara y precisa”.

En este sentido, “no es aplicable tal derecho de repetición al seguro voluntario”, que sí existe en el seguro obligatorio, “salvo que así se haya pactado”.

Como tal cláusula limitativa, para que sea válida debe cumplir dos requisitos: “ser destacada de modo especial y ser aceptada por escrito”, con la finalidad de que “el asegurado tenga conocimiento exacto del riesgo cubierto”.

Esa aceptación por escrito, recuerda la Audiencia, supone que la firma del tomador del seguro “no debe aparecer solo en el contrato general, sino también en las condiciones particulares, que es el documento donde habitualmente deben aparecer las cláusulas limitativas de derechos”.

Causas heterogéneas de exclusión sin una mínima separación para distinguirlas visualmente

En el caso analizado, la Audiencia subraya que el contrato no contenía cláusulas limitativas y que la exclusión por conducir bebido se encontraba entre las condiciones generales, junto a otras causas de exclusión heterogéneas y de un modo que no permitía distinguirlas claramente.

 “Partiendo de la absoluta omisión de las cláusulas limitativas en las condiciones particulares, resulta que la exclusión por conducción en estado de embriaguez no sólo no aparece destacada en las condiciones generales de forma que se garantice su conocimiento y entendimiento por parte del tomador, sino que se incluye bajo el epígrafe ‘Exclusiones generales para todas las modalidades’, en un formato uniforme en el que se transcriben sin solución de continuidad hasta trece causas heterogéneas de exclusión, sin una mínima separación entre las mismas que permita distinguirlas siquiera visualmente”.

“En consecuencia, la firma que obra al pie de página no puede entenderse como específica asunción, por parte del tomador, de la concreta cláusula en la que la entidad aseguradora sustenta su derecho de repetición”, concluye la sentencia.

Puede consultar las resoluciones en los siguientes enlaces:

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria:

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8588534&links=&optimize=20181128&publicinterface=true 

Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº2 de Santander:

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8588539&links=&optimize=20181128&publicinterface=true

Cómo emplear el silencio en sala con eficacia2018-12-04

El empleo del silencio constituye una extraordinaria herramienta durante el proceso de comunicación del abogado en sala durante el interrogatorio. Por ello, un empleo adecuado del silencio (o de las pausas) durante el juicio nos ayudará a obtener importantes beneficios:

  • Las pausas aportan claridad al lenguaje.
  • Permiten enfatizar los puntos principales, de modo que calen hondo en el auditorio.
  • Establecen un espacio de dialogo en el que recogemos y analizamos la información, lo que nos permitirá, previa su elaboración, transmitirla al interlocutor.
  • Procuran al comunicador y al auditorio un descanso imprescindible para garantizar la necesaria atención.

Conocidas sus bondades, veamos el empleo práctico de las mismas a través del examen de las diversas técnicas en sala:

Pausas determinadas por la puntuación: con ellas nos referimos a las pausas que realizamos al hablar transmitiendo lo que representa la puntuación en el mensaje escrito. Si el lector no hace las pausas que exige la puntuación, se perjudicará la comprensión del texto leído e incluso puede que distorsione su sentido. Por otro lado, si prescindimos de introducir tales pausas el mensaje perderá fuerza y claridad, perdiéndose con ello la atención e interés de nuestro auditorio. Basta imaginar un interrogatorio o un informe oral sin pausas para comprobar su necesidad.

Pausas de transición: al pasar de un punto principal al siguiente, una breve interrupción dará al auditorio la oportunidad de reflexionar en lo dicho, asimilarlo, captar el cambio de dirección y entender el siguiente punto con mayor claridad. Estas pausas serán, por regla general, más prolongadas que las relacionadas con la puntuación, pero no tanto que el discurso se vuelva tedioso. Si se hacen demasiado largas, daremos la impresión de que no se ha preparado bien y no sabe cómo continuar.

Pausas circunstanciales: de vez en cuando se producen perturbaciones que obligan a interrumpir la exposición bien para que se reduzca el silencio del auditorio o incluso para llamar la atención de un auditorio poco atento. El silencio, generalmente, es un buen método para hacer que nuestros interlocutores recuperen la conexión en la comunicación. Estos silencios son muy apropiados para el caso de que comprobemos que no estamos disponiendo de la atención del juez durante un determinado momento de un interrogatorio o del informe.

Pausas para ayudar al testigo: cuando ejecutamos el interrogatorio al testigo que es afín a nuestra versión de los hechos, es conveniente crear pausas que le permitan elaborar con claridad y espontaneidad su relato; de lo contrario, sometiéndolo a un interrogatorio veloz y sin pausas, estaríamos impidiendo que se logren los objetivos de este tipo de interrogatorio. Por el contrario, durante el contraexamen es fundamental evitar las pausas pues de este modo impediremos que el testigo hostil reelabore su respuesta conforme a lo ya expuesto en el interrogatorio directo.

Pero, sin duda alguna, la más espectacular de las pausas es la que se produce cuando estamos llevando a cabo el contrainterrogatorio y la respuesta del testigo constituye una admisión de nuestra tesis, lo que supone el éxito del interrogatorio. En estos casos, hemos de emplear las denominadas pausas que comunican énfasis, es decir, silencios que siguen a una afirmación, pregunta o respuesta y que sirven para dar énfasis, a menudo de forma impactante, brindando al auditorio la oportunidad de reflexionar en lo que se acaba de decir, o bien crean expectación por lo que sigue.

Por lo tanto, una vez alcanzada la respuesta que deseamos, es una extraordinaria técnica crear un momento de silencio antes de cesar el interrogatorio o continuar con una nueva temática del mismo. El auditorio, sin duda, lo percibirá.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el interés de demora en préstamos con consumidores tras el respaldo del TJUE a su doctrina2018-11-30

La sentencia 671/2018, dictada en el día de hoy, aborda por primera vez la abusividad de los intereses de demora en préstamos concertados con consumidores después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldara la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre esta materia.

  • Incluye la sentencia

Esta sala había estudiado desde el año 2015 el control de abusividad de los intereses de demora en los préstamos personales e hipotecarios firmados por consumidores. En las sentencias dictadas a partir de ese año había considerado que, ante la falta de una previsión legal que fijara el criterio aplicable para el control de su abusividad, el interés de demora no podía exceder de dos puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio. Si se superaba este porcentaje, la cláusula se consideraba abusiva y la consecuencia era la supresión total del recargo que el interés de demora supone respecto del interés remuneratorio. Sin embargo, este seguía devengándose por el capital pendiente de devolución.

Esa doctrina jurisprudencial fue cuestionada por diversas resoluciones en las que se pretendía que el TJUE declarara que no era conforme con el Derecho de la Unión Europea. El TJUE decidió en su sentencia de 7 de agosto de 2018 que la jurisprudencia de la Sala Primera se ajusta al Derecho de la Unión y, en particular, a la Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

El recurso de casación que ahora se resuelve versa sobre un préstamo hipotecario en el que el interés remuneratorio era del 4,75% y el de demora del 25%. La sentencia del Pleno confirma la abusividad de este último, ya que, una vez que el TJUE ha despejado cualquier duda sobre la conformidad de la jurisprudencia del Tribunal Supremo con el Derecho de la Unión Europea, no es correcta la solución de la sentencia recurrida, que había sustituido el interés de demora abusivo por el triple del interés legal del dinero. Pero tampoco puede aceptarse la pretensión del recurrente de no abonar interés alguno, porque el interés remuneratorio fijado en el contrato sigue cumpliendo su función de retribuir la disposición del dinero por parte del prestatario hasta su devolución, por lo que continúa su devengo. Por ello, el recurso de casación ha sido parcialmente estimado.

¿Quiere ver la sentencia?

Transparencia y fiabilidad del ‘reporting’: cómo cumplir con la futura Ley sobre información no financiera y diversidad 2018-11-29
  • EY ha elaborado un informe con los cinco pasos que deben dar las empresas para afrontar la nueva legislación, aprobada esta semana en el Senado, y con las claves para preparar el estado de información no financiera
  • Un análisis de EY revela que más del 40% de las cotizadas del Ibex 35 verifican con un tercero la información no financiera presentada con sus cuentas anuales

El Proyecto de Ley sobre información no financiera y diversidad [1], que ha sido aprobado por el Senado esta semana, supondrá que las sociedades de capital y sociedades con más de 500 trabajadores que formulen cuentas consolidadas tendrán que reflejar en su informe de gestión los datos relativos al impacto medioambiental y social de todas sus sociedades dependientes, que serán además verificados por un tercero independiente. En este contexto, EY ha elaborado el informe Novedades sobre información no financiera y diversidad, que recoge los cinco pasos que deben dar las empresas para cumplir con la futura Ley y establece una metodología clave para preparar correctamente dicha información.

Según Alberto Castilla, Socio de Gobierno y Responsabilidad Corporativa en EY, “España será con esta legislación un referente a nivel europeo al elevar los niveles de exigencia de transparencia y fiabilidad en el reporting de los datos. Además, el hecho de que la información reportada tenga que ser verificada por un tercero independiente incrementará, sin duda, la credibilidad y la confianza de las organizaciones ante los grupos de interés”.

El año pasado 875 empresas españolas presentaron reportes de información no financiera, un 6% más que en 2016 [2], y según un análisis realizado por EY más del 40% de las empresas del Ibex 35 han verificado con un tercero dicha información presentada junto a sus últimas cuentas anuales en base a estándares internacionales.

El informe de EY recomienda a las empresas seguir estos cinco pasos para cumplir con la futura Ley:

  1. Diagnóstico: Las empresas deben analizar cuáles son los requisitos del Proyecto de Ley que les faltan por cumplir e identificar si, además de la información sobre Políticas, están recopilando y publicando información sobre el rendimiento y los riesgos relacionados con aspectos medioambientales, sociales y relativos al personal, de derechos humanos, anticorrupción y soborno, así como sobre la sociedad en sus propias operaciones y en la cadena de valor.

    Según un análisis realizado por EY, que ha analizado la información no financiera de carácter público reportada por las empresas del Ibex 35 junto a sus Cuentas Anuales, en respuesta al Real Decreto-Ley 18/2017, a fecha de 30 de mayo de 2018, y su alineación con las demandas de los inversores institucionales y los más reconocidos estándares internacionales de reporting, el 71% de las empresas del Ibex 35 informa sobre el proceso de identificación de los asuntos clave para la compañía y sus grupos de interés, y el 20% reporta datos detallados sobre la identificación, evaluación y control de los riesgos no financieros.

    Asimismo, dicho análisis muestra que el 50% aporta datos sobre sus procedimientos para prevenir vulneraciones de los Derechos Humanos. Por otro lado, el 77% de las empresas publica información sobre sus procedimientos o normas contra la corrupción y el soborno.

  2. Redacción de Políticas: En relación con los temas relevantes para los que aún no se ha formulado una Política en concreto, se debe determinar qué tipo de procesos o procedimientos se están aplicando en la compañía con carácter informal y de esta manera, definir en qué casos se responderá a través de una Política formal (aprobada por el Consejo) o a través de una política a nivel operativo. Así, se debe determinar si la Política será elaborada y se reportará sobre ella o, por el contrario, se explicará el motivo de su ausencia para la cuestión de que se trata.
  3. Medición de resultados: Es fundamental analizar el progreso de las políticas con indicadores de desempeño cuantitativos (KPI) y compararlos en el tiempo.

    El análisis de EY de la información que aportan las empresas del Ibex 35 pone de manifiesto que sólo el 34% de las empresas describe su estrategia de negocio con objetivos y métricas de seguimiento.

  4. Reporting: Las empresas deben preparar y presentar un estado de información no financiera al mismo tiempo que el informe de gestión. En el caso de omitir ciertas cuestiones por no considerarlas relevantes, el Proyecto de Ley exige justificar expresamente esta decisión.

    Para ello, EY recomienda seguir ocho pasos a la hora de preparar el estado de información no financiera:

    • Gobernanza: Es importante nombrar a un área o grupo de personas que se encargue de la elaboración de la memoria y de centralizar la información.
    • Materialidad de la información: Se debe analizar los temas relevantes de la información no financiera que se van a incluir y definir las métricas y KPI a publicar para gestionar el desempeño y mitigar los riesgos asociados.
    • Petición y recogida de información: A la hora de solicitar la información a las áreas previamente identificadas es conveniente establecer unas fichas que agrupen los datos cuantitativos de cada una de las áreas.
    • Análisis de la información recopilada: Se recomienda analizar la correcta recopilación de los datos y, para ello, se sugiere involucrar a los responsables de auditoría interna con el fin de asegurar la calidad y fiabilidad de la información reportada.
    • Redacción del estado de información no financiera
    • Verificación externa: La información ofrecida deberá ser verificada por un prestador independiente de servicios de verificación.
    • Aprobación: El estado de información no financiera deberá ser firmado por todos los administradores de la sociedad obligada a formular las cuentas y el informe de gestión y éstos serán los que respondan de la veracidad de los mismos. Si falta la firma de alguno de ellos se debe explicar la causa.
    • Publicación: La divulgación del documento debe ser gratuita, en la página web de la compañía, durante los primeros seis meses desde la finalización del ejercicio y deberá permanecer disponible al menos durante cinco años.
  5. Verificación: El objetivo es obtener evidencias de que el estado de información no financiera está libre de cualquier error significativo.

[1] Proyecto de Ley sobre información no financiera y diversidad a través del cual se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-Ley 18/2017)

[2] Informe de Progreso del Pacto Mundial 2018

Compliance tributario: la revolución de las pymes2018-11-28

El próximo 7 de marzo de 2019 se celebra en Madrid por primera vez un Congreso sobre Compliance Tributario, dirigido a todo tipo de  operadores jurídicos y fiscalistas, Responsables de cumplimiento, auditores, directivos, organizaciones y, muy especialmente a las PYMES, para lo cual, contará entre otros ponentes con la participación de representantes de  la CEOE, la Agencia Tributaria, magistrados del Tribunal Supremo, Fiscales y Tax Compliance entre otros ponentes. Un Congreso que pretende ser un lugar de encuentro en el que  las empresas y sus miembros, con independencia de su tamaño, sector de actividad, número de empleados o facturación, encuentren respuestas.

¿Por qué debo tener un Compliance?

Esta es una duda habitual para todos los consejos de administración y alta dirección de las PYMES que desde el 2015 sigue persistiendo entre nuestro entramado empresarial junto con otras cuestiones cómo: ¿Cuáles son las funciones del Compliance Officer o Tax Compliance? ¿Y cómo implementarlo?.  

Con “el amanecer del Compliance” en España allá en el año 2010, conceptos como responsabilidad corporativa, auto regulación, buen gobierno corporativo, mejora continua, análisis del riesgo, prevención de la responsabilidad corporativa y un largo etc. se han  venido repitiendo  como elementos de nuestras  políticas de cumplimiento normativo y sistemas de gestión de Compliance  para las organizaciones, pero sin un especial calado para las PYMES. A diferencia de las grandes empresas, que han vivido con la introducción de la exención de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el 2015 su mayor esplendor, si bien, en mi opinión   el sector empresarial dónde a día de hoy menos acogida ha tenido el Compliance ha sido en nuestra mediana y pequeña empresa, siendo esta la fracción donde con mayor dificultad consiguen llegar “los rayos del  cumplimiento normativo” en nuestro país.

La realidad, es que la mayoría de los empresarios que dirigen las PYMES, a día de hoy albergan serias dudas sobre la necesidad e idoneidad de un Compliance, primero porque no entienden su sentido y, por tanto, su necesidad. Segundo, porque el tener necesariamente que aprobar una partida presupuestaria para su implementación, resulta harto difícil de justificar, ante la falta de convencimiento sobre su utilidad y, Tercero porque el tener que habilitar a un órgano distinto al consejo de administración, el denominado órgano de cumplimiento o Compliance Officer,   para que albergue facultades y funciones independientes de supervisión y control entre otras, supone para muchos empresarios limitar sus propias competencias y, con ello despierta todo tipo de suspicacias. Estos serían los tres grandes obstáculos que enumeraría si alguien me preguntara los motivos por los que el Compliance no ha calado en las PYMES de forma generalizada y, sobre cuales son los principales motivos por los que no logramos avanzar de manera masiva: falta de convencimiento  sobre su utilidad práctica, coste y, ausencia de una verdadera voluntad de auto regularse.

Para las grandes empresas, aquellas que ya tenían con anterioridad a la reforma operada por nuestro Código Penal en el 2015, sistemas de gestión, programas de prevención, protocolos de actuación y toma de decisiones, auditorías periódicas o algún  tipo de control normativo, la evolución que ha supuesto la implementación de un Sistema de Gestión de Compliance penal, ha sido el siguiente paso lógico, que de forma natural ha tenido gran acogida y desarrollo. En cambio, para las PYMES, la situación ha sido bien distinta, dado que en muchos casos nos encontramos con organizaciones en las que nunca se ha implementado ningún tipo de medida ni protocolo de esta índole, fuera de los estrictamente obligatorios por Ley, lo que supone todo un hándicap y esfuerzo para este tipo de empresas, por lo que los objetivos y las medidas de prevención de un futuro sistema de gestión de Compliance deben necesariamente adaptarse  a su realidad como si de un traje a medida se tratase, definiendo a la perfección los objetivos y las políticas de Compliance.

En los últimos tiempos, se está haciendo muy popular el término “Compliance cosmético” para definir un manual de Compliance de prevención de la responsabilidad penal ineficaz y meramente instrumental. Pues bien, para poder elaborar un Compliance que le sirva de forma eficaz a la empresa, es necesario un correcto análisis y conocimiento de la organización y su contexto, estableciendo objetivos reales, plausibles y posibles, para lo cual, es preferible establecer como objetivo a largo plazo alcanzar la totalidad de los requisitos de una estructura de alto nivel como por ejemplo la norma UNE 19601, si bien, “a corto” simplemente establecer las bases y los cimientos para que la implementación de dicha estructura cumpliendo los más altos estándares internacionales sea posible en un futuro, vamos… tirando del refranero español, “no empezar la casa por el tejado” y, que a través de auditorías periódicas y de la aplicación del principio de mejora continua se vayan alcanzando los objetivos progresivamente.

Y la situación se complica para el pequeño empresario, si le hablamos de la futura norma UNE 19602 sobre Sistemas de Gestión de Compliance Tributario, lo que puede suponer para él la errónea interpretación e idea sobre la necesidad de una proliferación de sistemas de Compliance en la empresa, que se aleja del principio de proporcionalidad y de la posibilidad de integración de varios sistemas de Compliance, sumiendo al empresario en un caos de costes, sistemas de gestión paralelos y, en definitiva, más obstáculos que le alejan de la corriente de la auto regulación, cuestiones todas estas que trataremos en el Congreso.

Pues bien, el Compliance ha supuesto toda una revolución no sólo en nuestro sistema jurídico, también en nuestra sociedad, todos hablamos de Compliance, pero considero muy necesario una crítica constructiva y objetiva, para que entre tanto software, despachos especializados, expertos en la materia, master, cursos de formación, certificaciones varias y, más Compliance…, nos paremos a analizar cuales son las necesidades reales de los empresarios, de la empresa y sus miembros, para así poder plantear una evolución eficaz y útil que, con formación, transparencia, integración y proporcionalidad nos permita alcanzar el objetivo del legislador, cual es, que todas las empresas se autorregulen, y evitar con ello que el cumplimiento normativo sea el feudo de unos pocos y, con ello, que los beneficios de la auto regulación corporativa no sea accesible para todos.

Margarita Santana Lorenzo

Socia Directora

SANTANA LORENZO ABOGADOS

El Tribunal Supremo dictamina que la convivencia de uno de los cónyuges con una nueva pareja extingue el derecho de uso de la vivienda familiar tras el divorcio2018-11-27

Para la Sala de lo Civil, el derecho de uso de la vivienda familiar se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar

El Pleno de la Sala Primera ha resuelto en esta sentencia el efecto que produce la convivencia del progenitor custodio con una nueva pareja respecto del derecho de uso de la vivienda familiar atribuido en la sentencia de divorcio.

La sentencia recurrida había acordado la extinción del derecho de uso en el momento en que se procediera a la liquidación de la sociedad de gananciales, por considerar que la entrada de una tercera persona en la vivienda hacía perder a esta su antigua naturaleza de vivienda familiar, al servir ahora en su uso a una familia distinta y diferente.

Según el alto tribunal, el derecho de uso de la vivienda familiar se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar.

Nota Sala de lo Civil 23 noviembre 2018

El Derecho aparece tensionado por el impacto que sobre las relaciones jurídicas tienen las novedades tecnológicas2018-11-26

‘X CONGRESO DE LAS ACADEMIAS JURÍDICAS DE IBEROAMÉRICA’, PATROCINADO POR THOMSON REUTERS

El segundo panel del X Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica, patrocinado por Thomson Reuters, tuvo ayer como eje de debate El desarrollo del Derecho en el marco del desarrollo tecnológico, en el que tres expertos disertaron sobre los retos a los que se enfrenta nuestro marco normativo, para hacer frente a los cambios que se han producido en las últimas dos décadas de la mano de las nuevas tecnologías. Entre otros ejemplos, se puso sobre la mesa de debate de qué manera la legislación y la práctica de los profesionales jurídicos pueden acometer la casuística derivada de las nuevas realidades como los smart contracts, las criptomonedas, blockchain, los drones o la robotización del trabajo.

Legal Today

A modo de conclusión, los expertos coincidieron a la hora de afirmar que las situaciones mencionadas afectan a todos los ámbitos de la sociedad y del Derecho, que aparece tensionado por el impacto que sobre las relaciones jurídicas tienen las novedades tecnológicas. Bajo la coordinación y moderación de Luis María Cazorla Prieto y de Manuel Pizarro Moreno, los ponentes consideraron que la capacidad de respuesta efectiva de los ordenamientos jurídicos se pone a prueba, no siempre de manera satisfactoria. Pero de la misma forma que generan dificultades, los desarrollos tecnológicos obligan al profesional del Derecho a adaptar la forma en la que realiza su trabajo, dado que la tecnología puede mejorar los procesos de ejecución de las tareas del jurista, permitiéndole realizar su labor de manera más efectiva.

En línea con lo anterior, Daniel Tejada Benavides, director de Publicaciones y Formación de Thomson Reuters, afirmó que el abogado "tiene un gran aliado en la tecnología; los despachos que se transformen serán los únicos que puedan permanecer en el mercado". "Señaló que la digitalización no ha de ser vista de forma parcial "como una amenaza, ya que también es una oportunidad que permite al profesional ser más competitivo". Añadió que "el abogado tiene un gran aliado en la tecnología; los despachos que se transformen serán los únicos que podrán permanecer en el mercado". Tejada recordó la profundidad con la que el desarrollo tecnológico está influyendo en el mundo jurídico: "El cliente tiene tendencia a que el abogado le ofrezca una inmediatez a la que está acostumbrado por empresas como Amazon" y en la actualidad "un despacho es una empresa a todos los efectos", de la misma forma que las universidades, "además de formar en competencias, tienen que formar en actitudes".

Daniel Tejada reconoció que otra gran dificultad radica en que la Abogacía se adapta de forma lenta a las nuevas realidades, "pero las tecnologías, entre las que destacó el potencial de Aranzadi Fusión, permiten afrontar los nuevos retos y existen y posibilitan la integración con la función de gestión del despacho; la movilidad, incrementar la rentabilidad del despacho...".

¿Qué normas vamos a aplicar cuando lleguemos a Marte?

Por su parte, Alejandro Sánchez del Campo Redonet, of counsel de Garrigues en el área de startups and open innovation, repasó algunos de los grandes retos a los que se enfrenta nuestro ordenamiento jurídico, para lo que planteó algunas cuestiones de gran relevancia en la exposición y dificultad en la respuesta desde el Derecho: "¿Qué normas vamos a aplicar en Marte cuando lleguemos, sobre todo cuando es viable que quien llegue antes no sea un Estado con su ordenamiento, sino una empresa privada? ¿Qué ocurre en caso de accidente de un coche sin conductor y que puede ir vacío?", una cuestión que, recordó, ya se generó con la aparición del tranvía. ¿Cuánto trabajo van a quitar los robots cada vez más autónomos? ¿Tienen que tributar y cotizar a la SS? Sánchez del Campo advirtió además de que las respuestas del Derecho estarán lejos de ser uniformes: "En Europa siempre pensamos antes en prohibir, mientras que en EEUU tienen la mentalidad de que lo que no está prohibido está permitido", uno de los motivos por los que se ha convertido en la primera potencia del mundo.

El experto de Garrigues ofreció también una visión positiva del potencial de las nuevas tecnologías aplicadas al Derecho, y puso como ejemplo a Contract Express, de Thomson Reuters, "que permite de una forma mucho más rápida automatizar los contratos".

Por último, el notario de Madrid Manuel González afirmó que blockchain "supone una nueva vuelta de tuerca a la mecánica de los títulos-valores; es un dinero programable por medio de los smart contract o contratos inteligentes". Añadió que "lo que más cuesta entender de blockchain es que no hay nadie detrás; bitcoin no es una empresa a quien se pueda reclamar si nos equivocamos al aceptar las reglas del juego".

Más de 200 juristas de ambos lados del Atlántico

El X Congreso de las Academias Jurídicas de Iberoamérica se celebra desde ayer y hasta mañana sábado en la sede de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de España, donde ha congregado a más de 200 juristas de ambos lados del Atlántico. Las seis secciones en las que se estructura el programa del Congreso profundizarán en la Defensa del Derecho frente al populismo y la corrupción, el impacto de las nuevas tecnologías en la enseñanza y aplicación del Derecho, o la aplicación del Derecho Mercantil ante un mundo cada vez más globalizado. También abordarán las interconexiones del Derecho Civil entre los diversos países de Iberoamérica y analizarán los conceptos de Público y Privado en el Derecho.

Los bancos esquivarán la sentencia del TS y la reforma hipotecaria subiendo los diferenciales de los intereses 2018-11-23

LAS CONSECUENCIAS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 

  • Santander y BBVA retiraron ofertas promocionales de sus webs que incluían ofertas de hipotecas a tipo variable y fijo, mientras CaixaBank e Ibercaja encarecieron ligeramente los intereses de sus hipotecas 
  • El pago del IAJD representa un pago de entre 3.000 y 4.000 euros, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se formalice la hipoteca 

El sector bancario español ya ha reaccionado a la sentencia del Tribunal Supremo respecto a dilucidar quién debe afrontar el pago del impuesto de AJD a la hora de formalizar un contrato hipotecario. Mientras Santander y BBVA ya retiraron ofertas promocionales de sus webs que incluían ofertas de hipotecas a tipo variable y fijo, CaixaBank e Ibercaja encarecieron ligeramente los intereses de sus hipotecas. Y es que la subida de los intereses sobre las hipotecas es una de las pocas vías con las que cuentan los bancos para recuperar el impuesto de AJD. También cabría la posibilidad de incrementar la venta de servicios asociados a la hipoteca para contrarrestar el efecto económico de la sentencia.  

Hasta ahora los afectados seguían llevando a cabo sus respectivas gestiones jurídicas. La reclamación a Hacienda se realiza a través de la presentación de un escrito denominado Solicitud de Devolución de Ingresos Indebidos, que deberá presentarse a la vez ante dos órganos: la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma en la que se liquidó el impuesto y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, órgano estatal. De esta forma se evitaría que las entidades se deriven la una a la otra, evitando así reconocer su responsabilidad. En caso de ser estimada la reclamación impuesta por el particular, la cantidad a devolver sería el resultado de la suma del importe del impuesto abonado y los intereses de demora correspondientes. Si en el periodo de un semestre Hacienda no hubiera respondido a dicha reclamación, ésta deberá considerarse desestimada la solicitud. 

Un antes y un después

Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados, afirma que “esta sentencia ha marcado un antes y un después en materia hipotecaria más por lo que representa este varapalo al sector bancario español que por el efecto económico real que representará para las entidades, pues éstas pondrán en marcha vías alternativas para poder recuperar el dinero. Por otra parte, los que sí que se juegan mucho son los propios particulares, pues el AJD representa un pago de entre 3.000 y 4.000 euros, dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se formalice la hipoteca”. 

Más allá de la reforma de la Ley Hipotecaria, en los próximos meses podría haber nuevos cambios en lo que a derecho hipotecario en España se refiere, como el uso del índice hipotecario IRPH en lugar del tradicional Euríbor o los intereses de demora que puede aplicar la banca a su cliente a un máximo de dos puntos sobre el tipo del crédito. De momento, la reforma opta por fijar la penalización por demora en tres veces el interés legal del dinero e impide que pueda pactarse otra cifra. 

Las decisiones adoptadas en el marco de los tratados internacionales relativos a la protección de la fauna y flora antárticas deben tomarse conjuntamente por la UE y los Estados miembros parte en dichos Tratados2018-11-22

La creación de áreas marinas protegidas en el Antártico no puede proponerse a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos en nombre de la Unión actuando por su cuenta

El Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959, sienta las bases del sistema convencional antártico. Dicho Tratado establece, entre otras cosas, que las partes consultivas habrán de reunirse para estudiar, formular y recomendar medidas relativas a la protección y a la conservación de la fauna y flora de la Antártida. De los veinte Estados miembros que son partes contratantes en el Tratado, únicamente doce tienen el estatuto de partes consultivas, lo que les da derecho a poder participar en la toma de decisiones durante la celebración de las mencionadas reuniones.

Este asunto se refiere a las medidas de protección del mar en la Antártida y, concretamente, a la creación de varias zonas marinas protegidas, objeto de discusión desde hace varios años en el seno de las reuniones anuales de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos («Comisión CCRVMA»), creada por la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos («Convenio de Canberra »), firmada el 20 de mayo de 1980. La UE es parte en la Convención de Canberra, al igual que doce Estados miembros.

El Consejo adoptó dos decisiones: la primera, que figura en la conclusión del Presidente del Comité de Representantes Permanentes de 11 de septiembre de 2015, por la que se aprueba la presentación a la Comisión CCRVMA, en nombre de la Unión Europea y de sus Estados miembros, de un documento de reflexión relativo a una futura propuesta de creación de un área marina protegida en el mar de Weddell (península Antártica), y la segunda, de 10 de octubre de 2016, por la que se aprueba la presentación a la misma Comisión, en nombre de la Unión y de sus Estados miembros, de tres propuestas de creación de áreas marinas protegidas y de una propuesta de creación de zonas especiales destinadas al estudio científico del espacio marítimo, del cambio climático y del retroceso de las plataformas de hielo.

Durante el procedimiento de adopción de dichas decisiones, la Comisión había insistido en el hecho de que, a su entender, las citadas medidas estaban comprendidas dentro del ámbito de la competencia exclusiva de la Unión en materia de conservación de los recursos biológicos marinos, por lo que no estaba justificado presentarlas en nombre de la Unión y de sus Estados miembros.

Por consiguiente, la Comisión pide al Tribunal de Justicia que anule ambas decisiones. Alega, entre otras cosas, que la finalidad y el componente principales del documento de reflexión y de las medidas proyectadas pertenecen al ámbito de competencia exclusiva de la Unión en materia de conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común, con arreglo a las disposiciones del TFUE. En efecto, estas disposiciones abarcan la adopción de todo documento o de toda medida que tenga por objeto la conservación de recursos marinos, con independencia del objetivo perseguido.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia señala que, dado que la finalidad y el componente principales del citado documento y de las mencionadas medidas es la protección del medio ambiente, las decisiones impugnadas no son de la competencia exclusiva de la Unión, sino que se enmarcan en la competencia que ésta comparte, en principio, con los Estados miembros en materia de protección del medio ambiente.

El Tribunal de Justicia recuerda que, si bien es cierto que la mera circunstancia de que una acción de la Unión en la escena internacional pertenezca al ámbito de una competencia compartida entre la propia Unión y los Estados miembros no excluye la posibilidad de que el Consejo reúna en su seno la mayoría exigida para que la Unión ejerza sola esta competencia externa, cuando la Unión decide ejercer sus competencias, debe hacerlo respetando el Derecho internacional. Pues bien, en el marco específico del sistema de convenios sobre la Antártida, el ejercicio por parte de la Unión de la competencia externa sobre la que versan los presentes asuntos, excluyendo a los Estados miembros, sería incompatible con el Derecho internacional.

En efecto, el Tribunal de Justicia considera que permitir que la Unión haga uso, en el seno de la Comisión CCRVMA, de la facultad de que dispone de actuar sin el concurso de los Estados miembros en un ámbito de competencia compartida, a pesar de que, a diferencia de la propia Unión, algunos de esos Estados miembros también tengan el estatuto de Partes consultivas en el Tratado Antártico, podría comprometer las responsabilidades y las prerrogativas de esos Estados miembros, lo que podría a su vez restar coherencia al sistema de convenios sobre la Antártida y, en definitiva, contravendría las disposiciones de la Convención de Canberra.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Un juzgado de Málaga condena al Banco Santander a abonar el IAJD2018-11-21

Un juzgado de Málaga ha condenado al Banco Santander a abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) relativo a un préstamo hipotecario de junio de 2014. El tribunal considera que la reciente disposición del Gobierno por la que los bancos deben pagar este tributo "es tácitamente retroactiva".

El fallo, contra el que cabe recurso de apelación, se dictó el 12 de noviembre por el Juzgado de Primera Instancia 18bis de Málaga señala que "el pago de esta tasa debe recaer en la entidad en tanto que el decreto aprobado por el Ejecutivo resuelve una laguna interpretativa, por lo que también puede aplicarse a las hipotecas suscritas con anterioridad a su entrada en vigor". Argumenta que se puede hablar de retroactividad tácita ante "las normas interpretativas, las complementarias, de desarrollo o ejecutivas, las que suplan lagunas, las procesales y, en general, las que pretendan eliminar situaciones pasadas incompatibles con los fines jurídicos que persiguen las nuevas disposiciones, pues de otro modo no cumplirían su objetivo".

En este caso, sostiene que se asiste a una "norma interpretativa" y precisa que aunque al inicio del único artículo se dice que la reforma se aplica a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, "no quiere decir que sea a modo de dogma irretroactiva", porque, entre otros factores, su interpretación queda al arbitrio de los magistrados.

En el mismo sentido, recuerda que "en pocos días ha habido doctrinas discrepantes del Tribunal Supremo, por lo que se evidencia más aún dicho aspecto interpretativo de la nueva norma".

La resolución judicial declara nula en primer lugar la mencionada cláusula financiera al no poderse acreditar la entidad que el consumidor sabía de las condiciones del producto que contrataba y sus efectos. Por ello, se condena a la entidad financiera a devolver los gastos de notaría, registro, gestoría e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados  incluidos en la cláusula declarada nula.

Reacción de Banco Santander

Desde el Banco Santander afirman que "la sentencia es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo recientemente establecida sobre el reglamento del IAJD y la establecida con carácter general sobre la cláusula de imposición de este gasto al sujeto pasivo del impuesto designado como tal por la norma". De esta manera, esta entidad financiera señala que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Málaga en apelación la sentencia.

El Tribunal Supremo señala que el modo de adquisición del grado personal de funcionarios de carrera es aplicable a los interinos2018-11-20
La Sala Tercera estudia el recurso de un funcionario interino que ocupó durante doce años un puesto de nivel superior al desempeñado en la actualidad

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija que el artículo 70.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 364/1995, que establece el modo de adquisición del grado personal en la Administración del Estado, resulta de aplicación no sólo a los funcionarios de carrera sino también a los funcionarios interinos. Dicho artículo señala que todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción.

El TS adopta la decisión a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la directiva comunitaria 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada.

En el caso concreto examinado, la Sala desestima el recurso de casación presentado por la Diputación Provincial de Málaga contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dio la razón a un funcionario interino y señaló que tenía derecho a que se atendiese su solicitud de reconocimiento de consolidación de nivel de complemento de destino 26 tras haber desempeñado durante 12 años, como funcionario interino, un puesto cuyo complemento de destino era de ese nivel, en concreto el de Director en el Centro provincial de Drogodependencia. El trabajador hizo la solicitud tras incorporarse al puesto de trabajo de médico del mismo Centro, cuyo complemento de destino era de nivel 24.

La Sala confirma, en el asunto estudiado, que quien como funcionario interino ocupó durante doce años un puesto de trabajo de nivel 26, consolidó en ese tiempo el grado personal correspondiente, con el efecto de conservarlo aunque después pasase a desempeñar otro de nivel inferior.

En primer término, el tribunal destaca la irrelevancia de los argumentos del recurso de la Diputación referidos a la adscripción provisional, al principio de igualdad o a una sentencia del Supremo de 2003 que fijó doctrina cuando existía adscripción provisional. Y ello “porque el puesto de trabajo que el actor desempeñó durante aquellos doce años o durante algunos de ellos no se proveyó por medio de adscripción provisional; ni nos encontramos, por tanto, ante un litigio en el que hubiera de computarse para el reconocimiento de la consolidación solicitada un tiempo de trabajo prestado en adscripción provisional”.

La sentencia recuerda que el Acuerdo marco anexo a la directiva comunitaria de 1999 establece que “por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.

A ello añade que el grado personal y sus efectos jurídicos han de ser incluidos en el ámbito o en el concepto de “condiciones de trabajo” que utiliza la cláusula transcrita, pues así resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, así como que el trabajador era “comparable” al funcionario fijo que hubiera desempeñado el mismo trabajo que desempeñó aquél durante aquellos doce años.

El Tribunal Supremo señala que el modo de adquisición del grado personal de funcionarios de carrera es aplicable a los interinos2018-11-19
La Sala Tercera estudia el recurso de un funcionario interino que ocupó durante doce años un puesto de nivel superior al desempeñado en la actualidad

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija que el artículo 70.2 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 364/1995, que establece el modo de adquisición del grado personal en la Administración del Estado, resulta de aplicación no sólo a los funcionarios de carrera sino también a los funcionarios interinos. Dicho artículo señala que todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más puestos del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción.

El TS adopta la decisión a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la directiva comunitaria 1999/70/CE relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada.

En el caso concreto examinado, la Sala desestima el recurso de casación presentado por la Diputación Provincial de Málaga contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que dio la razón a un funcionario interino y señaló que tenía derecho a que se atendiese su solicitud de reconocimiento de consolidación de nivel de complemento de destino 26 tras haber desempeñado durante 12 años, como funcionario interino, un puesto cuyo complemento de destino era de ese nivel, en concreto el de Director en el Centro provincial de Drogodependencia. El trabajador hizo la solicitud tras incorporarse al puesto de trabajo de médico del mismo Centro, cuyo complemento de destino era de nivel 24.

La Sala confirma, en el asunto estudiado, que quien como funcionario interino ocupó durante doce años un puesto de trabajo de nivel 26, consolidó en ese tiempo el grado personal correspondiente, con el efecto de conservarlo aunque después pasase a desempeñar otro de nivel inferior.

En primer término, el tribunal destaca la irrelevancia de los argumentos del recurso de la Diputación referidos a la adscripción provisional, al principio de igualdad o a una sentencia del Supremo de 2003 que fijó doctrina cuando existía adscripción provisional. Y ello “porque el puesto de trabajo que el actor desempeñó durante aquellos doce años o durante algunos de ellos no se proveyó por medio de adscripción provisional; ni nos encontramos, por tanto, ante un litigio en el que hubiera de computarse para el reconocimiento de la consolidación solicitada un tiempo de trabajo prestado en adscripción provisional”.

La sentencia recuerda que el Acuerdo marco anexo a la directiva comunitaria de 1999 establece que “por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.

A ello añade que el grado personal y sus efectos jurídicos han de ser incluidos en el ámbito o en el concepto de “condiciones de trabajo” que utiliza la cláusula transcrita, pues así resulta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, así como que el trabajador era “comparable” al funcionario fijo que hubiera desempeñado el mismo trabajo que desempeñó aquél durante aquellos doce años.

Las empresas contarán en 2019 con el primer estándar de Compliance fiscal para prevenir riesgos tributarios2018-11-16

El pasado mes de mayo de 2017 la Asociación Española de Normalización publicó la norma UNE 19601, el primer estándar nacional sobre compliance penal, cuyo principal objetivo era fijar unas bases homogéneas de entendimiento sobre lo que es un sistema de gestión de compliance penal efectivo.

No va a transcurrir ni tan siquiera dos años para que vea la luz otra norma de similar relevancia; se trata de la UNE 19602, avalada por la Agencia Tributaria y que se configura como un estándar para ayudar a las organizaciones a prevenir y gestionar los riesgos tributarios. Aunque aún no existe una fecha concreta para su publicación, todo apunta a que tendrá lugar a principios de 2019.

Lejos de configurarse como normas independientes, la UNE 19602 es una consecuencia natural de la 19601, en el sentido de que los redactores de esta se percataron de que los sistemas de gestión del compliance penal eran insuficientes para prevenir los riesgos tributarios.

Todas las empresas que adapten sus sistemas de cumplimiento con arreglo a la UNE 19602 gozarán de una presunción de veracidad, algo especialmente relevante en un ámbito como el fiscal, sujeto a constantes modificaciones legislativas y en el que no es difícil incurrir en errores que puedan ser interpretados como voluntad defraudatoria.

A falta de conocer todos los detalles, ya que en la actualidad la Asociación Española de Normalización está ultimando la redacción del estándar de compliance fiscal, todas las empresas que adapten sus sistemas y procesos de cumplimiento tributario a la UNE 19602, estarán catalogadas como contribuyentes Tipo 1. De hecho, se podrá elevar a la categoría de prueba que avale la voluntad de la empresa de cumplir con sus obligaciones tributarias.

La norma marcará las pautas de implantación del sistema de cumplimiento, pero también prevé mecanismos de detección y corrección de errores en el caso de que se incurra en infracción a pesar de las medidas adoptadas.

Cabe recordar que la UNE 19602 encuentra su referente en el Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Tributaria, que ya incorpora una serie de recomendaciones, que se formulan "con carácter no exhaustivo y flexible, permitiendo que las empresas que las asuman puedan adaptarlas a sus propias características". Añade que "una correcta gestión tributaria por parte de las empresas y una mayor seguridad jurídica en materia fiscal conlleva una mayor fortaleza en sus resultados económicos, minorando sus riesgos, incluyendo los reputacionales".

‘Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters'

Nos encontramos por tanto en la antesala de una norma de enorme relevancia que va a ser tratada en el Congreso de Compliance Tributario Thomson Reuters en Madrid el próximo 7 de marzo. En este evento se analizarán de forma pormenorizada:

  • Las tendencias actuales de la práctica de Compliance Tributario, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.
  • Las novedades más relevantes que se están produciendo en el ámbito normativo: especial referencia a la Norma UNE 19602. El impacto de la legislación sobre el cumplimiento tributario.
  • El cumplimiento cooperativo en materia tributaria.
  • Las prácticas para prevenir y minimizar los riesgos tributarios.
  • Cómo abordan las principales empresas españolas el fenómeno del Compliance Tributario, a todos los niveles: desde pequeñas y medianas empresas hasta las grandes multinacionales.
  • La posibilidad de obtener la certificación en Compliance Tributario.
  • Las prácticas de Compliance tributario comunes en otras jurisdicciones.

Programa del ‘Congreso Compliance Tributario Thomson Reuters'

Día 7 de marzo

09:00 - 09:30 h

Recepción de asistentes y entrega de acreditaciones

09:30 - 10:00 h

Apertura del Congreso y presentación institucional

10:05 - 11:05 h

PANEL 1: QUÉ ES EL COMPLIANCE TRIBUTARIO: SITUACIÓN EN ESPAÑA

Mesa Redonda

11:10 - 12:10 h

PANEL 2: CONVIVENCIA DE UN COMPLIANCE PENAL Y UN COMPLIANCE TRIBUTARIO

Mesa Redonda

12:15 - 12:40 h

Coffee Break

12:45 - 13:50 h

PANEL 3:  COOPERACION CORPORATIVA. CÓDIGO DE BUENAS PRACTICAS FISCALES.

Mesa Redonda

14:00 - 16:00 h

Almuerzo - Business lunch

16:05 - 17:05

PANEL 4: ¿ES APLICABLE LA EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL CON EL COMPLIANCE TRIBUTARIO?

Entrevista

17:10 - 18:10

PANEL 5:  LA NORMALIZACIÓN DEL COMPLIANCE TRIBUTARIO: UNE 19602 - 2019

Entrevista

18:15 - 18:30

Clausura

Supervisión de bancos y de empresas de inversión y Directiva MiFID II: la Comisión deja en suspenso los recursos contra España ante el TJUE2018-11-15

CGAE

La Comisión Europea ha decidido dejar en suspenso la ejecución del recurso interpuesto contra España ante el TJUE por no haber transpuesto por completo las normas de la UE en materia de supervisión prudencial de las entidades de crédito y de las empresas de inversión, a la luz de las recientes novedades al respecto.

El 19 de julio de 2018, la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber adoptado las medidas nacionales necesarias para transponer por completo la Directiva sobre Requisitos de Capital (DRC IV, Directiva 2013/36/UE), que establece los requisitos prudenciales y de supervisión de las entidades de crédito y empresas de inversión de la UE, en particular las normas sobre la autorización de las entidades de crédito, el capital inicial de las empresas de inversión, la supervisión de las entidades, la cooperación en materia de supervisión, la gestión de riesgos, la gobernanza empresarial (incluida la remuneración) y los colchones de capital.

Posteriormente, las autoridades españolas presentaron a la Comisión proyectos de medidas para la completa transposición de la DRC IV, junto con un calendario para su adopción que permitiría una solución antes de una posible sentencia del Tribunal. Más concretamente, el Gobierno español aprobó el 31 de agosto de 2018 un Real Decreto-ley sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, al que siguió el 28 de septiembre una segundo Real Decreto-ley por el que se transponían algunas de las disposiciones pendientes. Dos proyectos de Real Decreto se adoptarán previsiblemente en noviembre y, por último, se prevé la adopción a principios de diciembre y la publicación para finales de año de un proyecto de Ley de modificación de la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito y del Real Decreto Legislativo 4/2015 sobre los mercados de valores.

Por lo tanto, la Comisión Europea considera que la ejecución del recurso interpuesto debe quedar en suspenso, a la espera de la adopción de las leyes modificativas.

Si las medidas de transposición aún pendientes no se adoptaran según lo previsto, se podría reconsiderar la suspensión del procedimiento.

En enero de 2014, la Comisión Europea solicitó oficialmente a España que transpusiera la Directiva sobre requisitos de capital (DRC IV; Directiva 2013/36/UE). En enero de 2018, se emitió un dictamen motivado contra España. Puesto que España no había notificado las medidas pendientes relacionadas con la Directiva en cuestión, la Comisión Europea decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE en julio de 2018.

La autoridad competente española está actualmente privada de algunas de sus competencias y facultades en relación con las empresas de servicios de inversión y la obligación de estimular la denuncia de irregularidades mediante mecanismos de notificación de infracciones. Además, la autoridad competente española no puede ponerse en contacto con otras autoridades competentes de la UE para obtener información acerca de los grupos bancarios transfronterizos, lo que hace más difícil la cooperación en materia de supervisión. Por último, las normas de gobernanza empresarial vigentes en España son deficientes, ya que la normativa nacional no establece la obligación de contar con órganos de gestión de las entidades diversos y competentes. Sin embargo, las autoridades españolas han confirmado que todas estas deficiencias se solventarán por completo antes de que finalice el año.

Además, la Comisión ha decidido aplazar la remisión de España al TJUE por no implementar la normativa de la Unión sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID II), a la luz de los recientes avances en el caso. El 19 de julio de 2018, la Comisión decidió llevar a España ante el TJUE por no adoptar las medidas nacionales necesarias para transponer plenamente la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros en su versión revisada (MiFID II), así como la Directiva que la complementa [Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión]. En aquel momento, España solo había notificado la transposición parcial de las Directivas mencionadas al Derecho nacional. El 1 de octubre de 2018, España informó del Real Decreto-ley que transpone la mayoría de las disposiciones que faltaban. Todavía debe completarse la transposición de algunas disposiciones mediante un real decreto cuya adopción está prevista para finales de noviembre. Por lo tanto, la Comisión considera que la ejecución de la remisión debe quedar en suspenso. En caso de que las medidas cuya adopción está prevista para finales de noviembre no se adopten según lo previsto, podría reconsiderarse la situación del procedimiento.

La jurisprudencia avala la eficacia del uso de plataformas digitales en la liquidación de activos concursales2018-11-13

Ante un caso de liquidación concursal, el objetivo debe ser siempre dar el mayor valor a los bienes de ese proceso, y hacerlo de la manera más eficaz y ágil posible. En ese sentido, el uso de herramientas especializadas como las plataformas de subastas online se ha convertido en una de las opciones más útiles para conseguirlo. Así se puso de manifiesto en un evento reciente del ámbito societario.

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Durante la jornada se hizo hincapié en el tratamiento de los acreedores privilegiados en la liquidación. Para ello,  Germán Mellado Peña, economista y Delegado de eactivos.com en Andalucía, impartió una ponencia en la que respaldó la última jurisprudencia sobre utilización de estas denominadas entidades especializadas (E.E.), y cómo ha evolucionado la legislación desde que se introdujese la realización de liquidaciones de activos a través de este tipo de entidades en la Ley 1/2000.

Un auto de 2016, el punto de inflexión

En ese sentido, Mellado se ha detenido a analizar el auto emitido por la Sección Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid el 11 de abril de 2016, que supuso un punto de inflexión al favorecer la libertad del Administrador Concursal, cuyo objetivo es velar por el interés del concurso y trabajar para que los acreedores puedan cobrar sus créditos, y del propio juez del concurso para la elección del sistema de realización. Dicha resolución desestimaba el recurso presentado por SAREB contra el plan de liquidación de la inmobiliaria Teseion SA a través de la plataforma de subastas online eactivos.com, creando una tendencia en la línea jurisprudencial de la Sala, en relación tanto al uso de este tipo de entidades en los procesos de liquidación concursal como a la asunción de sus costes por parte de los acreedores privilegiados.

El recurso de SAREB sostenía que no se podía obligar a los acreedores privilegiados a soportar los gastos de la empresa especializada, en el caso de que resultasen adjudicatarios de los bienes; no obstante, tal y como ha apuntado Mellado durante su intervención, la última jurisprudencia de la AP de Madrid dicta que "siempre que se recoja en el Plan de Liquidación los gastos de la Entidad Especializada e impuestos y tributos, éstos pueden ir a cargo del adquirente en las transmisiones de los activos del concurso"

Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid concluyó, a la hora de desestimar este recurso, que la liquidación de bienes a través de este tipo de plataformas y entidades son una vía alternativa que, en determinadas circunstancias, permiten agilizar el proceso y mejorar su rendimiento y que, en definitiva, su finalidad es establecer cauces alternativos que maximizan el valor de los bienes, demostrando que estas herramientas apoyan las funciones de la Administración y se han convertido en una de las vías más útiles y eficaces en los procesos de liquidación.

La falta de oficio y de formación, principal causa de los errores judiciales sobre finanzas2018-11-12

principal de los errores que comete el mundo de la judicatura y la abogacía cuando aborda casos sobre finanzas, según el profesor del IESE Pablo Fernández, quien inauguró esta mañana los Encuentros Degussa con una ponencia sobre ‘Errores de jueces y abogados sobre finanzas’, celebrada en la sede madrileña de la empresa de referencia en Europa en el comercio de oro físico de inversión.

  • El profesor del IESE Pablo Fernández inauguró los Encuentros Degussa con una ponencia en la que analizó casos reales con los que se ha encontrado en los más de 150 juicios y arbitrajes en que ha participado
  • Sobre la decisión del presidente del Gobierno de cambiar la ley para que los bancos paguen el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, señaló que "es como decir que los ciudadanos no van a pagar el agua y que la pagarán las comunidades de vecinos"
Legal Today

Con un lenguaje muy claro, e ilustrando sus explicaciones con ejemplos concretos que se ha encontrado durante su participación en más de 150 juicios y arbitrajes, en consejos de administración y en adquisiciones, señaló que esa falta de oficio se aprecia ya en la propia legislación. Quien elabora las leyes, "principalmente abogados del Estado y letrados en Cortes", muchas veces no diferencia entre contabilidad, finanzas, economía financiera. "Aunque también conozco a abogados del Estado muy sensatos, que no cometen esos errores", puntualizó. Además, en este ámbito, según el profesor Fernández, "se confunden mucho hechos y opiniones".

Consideró muy importante a la hora de hacer valoraciones de empresas diferenciar entre contabilidad y finanzas, "pues son muy distintas". "Se interpreta la contabilidad con algo que tiene que ver con el valor de las empresas o con el dinero que generan y el beneficio con el dinero que entra menos el dinero que sale, que es el error más típico", explicó. "Las finanzas tienen más que ver con un oficio y se basan en la sensatez, experiencia y algunos conocimientos técnicos", apuntó. Y para apuntalar esta teoría igualó la valoración de una empresa con la de una vaca, "intervienen los mismos factores". Porque, en su opinión, las finanzas se basan en conceptos sencillos, "dinero que entra, dinero que sale, riesgo del dinero que se espera recibir...", que se complican con sinónimos, palabras que no tienen nada que ver con lo que designan y términos confusos, "sobre todo si oyes radio, lees confidenciales, informes de expertos, recibes alertas sobre el tema o visitas varias webs especializadas...".

Utilizando frases textuales de sentencias reales, resumió en diez los errores más frecuentes sobre finanzas y contabilidad. Faltas que fue rebatiendo una a una con gran sutileza y sentido del humor. Para ilustrar su análisis aludió también a casos concretos, como la sentencia del Tribunal Supremo sobre las cláusulas suelo de las hipotecas, desgranando todas las incongruencias que considera que contiene. "¿Cómo puede ser abusivo algo que entienden perfectamente las partes de un contrato en el momento de la firma?", dijo, poniendo en evidencia al alto tribunal. Así, apuntó que las consecuencias de sentencias como ésta "aumentan la inseguridad jurídica de empresas y particulares, disminuyen el atractivo de invertir en España y, además, crean Jurisprudencia".

Para evitar fallos como el del ejemplo, recomendó que los jueces "consulten a personas que sí que saben del tema y que normalmente no son los que se consideran muchas veces como expertos", con los que fue muy crítico. También recomendó cursos obligatorios para los jueces de lo mercantil sobre empresa, economía, contabilidad, finanzas, clasificación, funcionamiento y uso de los instrumentos financieros, además de la creación de una sección con Magistrados de lo Mercantil en el Tribunal Supremo.

Su exposición suscitó un animado debate entre los asistentes, que, entre otras cuestiones, se interesaron por la opinión del profesor Fernández sobre la recién y polémica sentencia del Tribunal Supremo que aplica a los compradores el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y sobre el anuncio del presidente del Gobierno de que se cambiará la ley para que ese tributo lo paguen los bancos. "Es como decir que los ciudadanos no van a pagar el agua y que la pagarán las comunidades de vecinos", respondió con ironía a la última parte de la cuestión.

José María Alonso: “El comportamiento del Ministerio de Justicia con la Abogacía ha sido inaceptable”2018-11-09
  • El decano del ICAM transmite la indignación del sector ante la injusta situación generada a los letrados del Turno de Oficio y adelanta que habrá movilizaciones en defensa de quienes se han quedado sin cobrar

El decano del Colegio de Abogados de Madrid ha transmitido hoy la enorme indignación reinante en el sector de la Abogacía ante la grave situación generada por el Ministerio de Justicia a los letrados del Turno de Oficio dependientes del Ministerio. “La Abogacía no se va a callar ante una situación que es radicalmente injusta”, ha señalado Alonso, anunciando la convocatoria de próximas movilizaciones en las que el ICAM, que aglutina a más de 77.000 letrados, “estará al frente”.

El decano madrileño ha realizado estas declaraciones durante la celebración del primer Foro Justicia ICAM, una iniciativa que busca abrir nuevos espacios de diálogo entre los operadores jurídicos en la que ha intervenido como invitado el presidente de la Audiencia Nacional.  Durante el coloquio mantenido tras la intervención de José Ramón Navarro, y en respuesta a la inquietud mostrada por los asistentes ante la situación de los abogados del Turno de Oficio que ven peligrar su remuneración, Alonso ha declarado que se van a ejercer todas las acciones legales pertinentes contra el Ministerio de Justicia “para que restituyan la cantidad que el CGAE ha adelantado para que los compañeros del Turno de Oficio cobrasen lo que les pertenecía”.

Baremos del Turno de Oficio

José María Alonso también se ha referido a la subida de los baremos del Turno de Oficio anunciada ayer por el Ministerio de Justicia, aclarando que en realidad se trata de una actualización negociada previamente por el Consejo General de la Abogacía con el anterior equipo ministerial y que figuraba ya en los Presupuestos del Estado aprobados hace cuatro meses.

“Tenemos que seguir peleando por el tema de los baremos, pero la realidad es que no vamos a ceder”, ha afirmado el decano, recordando que en Madrid “hay 6.000 compañeros que se están dejando la vida por los ciudadanos y a los que se les pagan cosas que a mí se me cae la cara de vergüenza”.

Si bien todas las administraciones tienes sus limitaciones, “no podemos seguir con estos pagos miserables”, ha añadido Alonso, reivindicando el papel de la Justicia no sólo como un pilar del Estado de Derecho sino como un sector que genera riqueza garantizando la seguridad jurídica.

Maltrato institucional

Respecto al maltrato institucional que denuncian los abogados de oficio por parte de otros operadores jurídicos, el decano ha puesto en valor la labor impulsada por la Junta de Gobierno del ICAM para abrir vías de diálogo y comisiones de trabajo con todos los actores de la Administración de Justicia.

En ese sentido, Alonso ha advertido que el Colegio será muy estricto en la vigilancia para detectar disfunciones en el que afecten al correcto funcionamiento del sistema.  “No me va a temblar el pulso para defender a los compañeros que están siendo maltratados o que no puedan ejercer el derecho de defensa de una manera razonable”, en alusión a la situación que afrontan muchos letrados durante el ejercicio profesional.

17 Colegios de Abogados celebran elecciones en noviembre y diciembre2018-11-08
  • Los Colegios de Abogados de Granada, Bizkaia, Lleida, Sevilla, Cáceres, Alzira y Cádiz votarán en el mes de noviembre
  • Por su parte, los Colegios de Abogados de Ciudad real, Córdoba, Lanzarote, Lorca, Lucena, Murcia, Sant Feliu, Talavera de la Reina, Terrassa y Valencia decidirán en diciembre

Comienzan las elecciones en gran parte de los Colegios de Abogados de España. En Granada los comicios han registrado un récord de participación con el 37% de los votos que han dado la victoria a Leandro Cabrera Mercado, letrado líder de la candidatura “Cerca de ti”, una de las tres listas que han participado en el plebiscito. Cabrera fue elegido el 6 de diciembre y sucederá a Eduardo Torres después de 8 años como decano del Colegio de Abogados de Granada.

Para las elecciones a la junta de Gobierno de la Abogacía de Bizkaia ya ha finalizado el plazo de presentación de candidatos con un solo aspirante, el actual decano del colegio, Carlos Fuentenebro Zabala.

Por su parte, el 8 de noviembre se cierran las candidaturas para las elecciones a la Junta de Gobierno de la Abogacía de Lleida en la que por el momento solo se ha presentado Jordi Albareda Cañadell, el actual decano.

Para finales de mes, el día 22 de noviembre, los abogados sevillanos tendrán que elegir a su nuevo decano que dejará de ser José Joaquín Gallardo después de 24 años en el cargo. Al puesto aspiran, el ex vicedecano, Óscar Cisneros, el abogado penalista Francisco Baena Bocanegra y la letrada Silvia Muñoz.

Para el 28 de noviembre se ha fijado la convocatoria electoral para la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Cáceres cuyo actual decano es Carmelo Cascón Merino en el cargo desde 2006 y que no optará a la reelección. 

El 30 de noviembre será el turno de las elecciones en Alzira. Su actual decano, Antonio Llácer Navarro,anunció su dimisión como decano tras 27 años al frente del colegio. El mismo día, el 30 de noviembre, también habrá votaciones en Cádiz. Pascual Valiente Aparicio es su actual decano tras ganar las elecciones de 2014 convirtiéndose en el decano más joven de la historia del Colegio de Abogados de Cádiz.

En el mes de diciembre se celebran la mayoría de las elecciones. Comienza el Colegio de Abogados de Valencia que celebrará sus elecciones a la Junta de Gobierno el próximo miércoles 5 de diciembre, sin contar con la candidatura del actual decano Rafael Bonmatí Llorens, quien ha comunicado que no opta a la reelección tras cuatro años de mandato. Con el eslogan “Cambia el ICAV. Tienes derecho”, el abogado Héctor Paricio ha presentado su candidatura para las elecciones del Colegio valenciano. Su equipo lo integran los letrados y letradas: Lorena Zanón, Manuel Utrillas, María Dolores Palomo, Beatriz Rabasa, María Clemades, María José Guillén y Ricardo Pérez Garrigues.

Por su parte, el Colegio de Abogados de Lorca celebrará sus elecciones el lunes 10 de diciembre, contando con la candidatura del actual decano Ángel García Aragón, que opta a la reelección. Junto a él, desarrollan su labor dentro de la Junta de Gobierno, la vicedecana Elisa Campoy López-Perea; el diputado segundo, Hilario Campoy Molina; el diputado tercero, María del Carmen Teruel Ruiz; diputado cuarto, Isabel María Soler Hernández; el secretario, Domingo López López; el tesorero Juan Mariano Periago Mercado y la bibliotecaria, Dolores López Sánchez.

Los abogados de Lanzarote elegirán el 14 de diciembre a su nuevo decano. Desde 2014, ocupa ese puesto Carlos Viñas, que fue el único de su plancha electoral que salió elegido. Los cargos del colegio sometidos a elección son el decano, el vicedecano, los diputados segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, el secretario, el tesorero y el bibliotecario y contador, según se especifica en la convocatoria. Las candidaturas para los puestos vacantes deberán presentarse en la Secretaría del Colegio de Abogados hasta el 21 de noviembre.

El Colegio de Abogados de Lucena votará para elegir a los miembros de su Junta de Gobierno el 15 de diciembre. Actualmente, ocupa el cargo de decano el abogado ruteño Diego Juan Chacón Morales, quien sustituyó en el cargo a Juan González Palma. Asimismo, Chacón fue recientemente elegido por el Consejo Andaluz de Abogado para formar parte de la Fundación Pública “Mediara”,  adscrita a la Consejería de Justicia  e Interior de la Junta de Andalucía. Entre los fines generales  de esta fundación se encuentran la promoción de la mediación y el arbitraje como forma de resolución de conflictos complementaria a la jurisdiccional.

El día 18 Ciudad Real se enfrenta a las urnas. Cipriano Arteche opta a la reelección como decano del Colegio de Abogados de la ciudad por quinta vez aunque ya ha anunciado que ésta será la última vez que se presente al cargo. Entre las metas para su mandato Arteche se ha propuesto lograr una nueva sede para el colegio.

Tan solo un día después, el 19 de diciembre, el Colegio de Abogados de Córdoba celebrará las elecciones para elegir a un nuevo decano en cuyo puesto se encuentra José Luis Garrido Giménez. El colegio cordobés recibió el pasado mes de octubre la Medalla de la Policía Local de Córdoba por su colaboración con la labor del cuerpo policial de la ciudad. (Más información)

Antes de que termine el año tendrán lugar elecciones en el Colegio de Abogados de Sant Feliu de Llobregat. El actual decano, Miquel Rodríguez Zamora, no opta a la reelección. En diciembre también habrá comicios en el Colegio de Abogados de Terrasa. Ignasi Puig Ventalló es el decano presente en el Colegio de Abogados catalán.

El último día de elecciones será el 22 de diciembre en Murcia y Talavera de la Reina. El Colegio de Abogados de Murcia tiene actualmente como decano a Francisco Jesús Martínez, magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad. En el Colegio de Abogados de Talavera de la Reina se encuentra desde 2014 Margarita Cerro, presidenta del Consejo de la Abogacía de Castilla La Mancha.

El Supremo da un respiro a la banca y dice que el impuesto de las hipotecas corre a cargo del cliente2018-11-07

El Tribunal Supremo ha acordado en una tensa y ajustada deliberación- con 15 votos a favor y 13 en contra -volver al criterio por el que el solicitante de un préstamo hipotecario es quien debe asumir el cargo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

La decisión supone tumbar la última sentencia de la sala de lo Contencioso del Alto Tribunal del pasado 18 de octubre, en la que se dictaminó en contra del criterio que lleva más de dos décadas en vigor al considerar que eran los bancos los que tenían la obligación de hacerse cargo de estos gastos disparando las críticas y las alarmas en el sector financiero por el temor a cargos multimillonarios en sus balances.

La decisión inicial del Supremo supuso una fuerte caída en bolsa de los bancos, con estimaciones de costes que iban entre 640 millones de euros y 17.000 millones de euros para el conjunto del sector en función de la posible retroactividad y que también habría afectado al déficit público.

En una decisión sin precedentes, un día después el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo decidió volver a evaluar el caso.

El Pleno ha estado dos días deliberando en un debate reñidísimo entre sus 28 miembros para terminar dando la razón a los críticos y volviendo al criterio anterior.

El derecho del trabajador fallecido a una compensación económica por las vacaciones no disfrutadas es transmisible ‘mortis causa’ a sus herederos2018-11-07

En efecto, el derecho del trabajador fallecido a una compensación económica por las vacaciones no disfrutadas es transmisible mortis causa a sus herederos.

Los difuntos cónyuges de las Sras. M. y M.  eran empleados, respectivamente, del Ayuntamiento de Wuppertal (Alemania) y del Sr. V. Dado que aquellos no habían disfrutado, antes de su fallecimiento, la totalidad de los días de vacaciones anuales retribuidas que les correspondían, las Sras. Bauer y Broßonn reclamaron a los antiguos empleadores de sus cónyuges, como únicas herederas, una compensación económica por esos días. Ante la negativa del Ayuntamiento de Wuppertal y del Sr. W. a abonar dicha indemnización, las Sras. B. y B. interpusieron sendas demandas ante los tribunales laborales alemanes.

El Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania), que debe resolver estos litigios, solicitó al Tribunal de Justicia que interpretara, en el referido contexto, el Derecho de la Unión [1] según el cual todo trabajador tiene derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de al menos cuatro semanas que solo puede sustituirse por una compensación económica en caso de terminación de la relación laboral.

El Bundesarbeitsgericht recuerda que el Tribunal de Justicia ya declaró, en 2014, que el fallecimiento de un trabajador no extingue su derecho a vacaciones anuales retribuidas.[2]

No obstante, se pregunta si esta misma solución es aplicable también cuando el Derecho nacional excluye que tal compensación económica pueda formar parte del caudal hereditario, como es el caso de la legislación alemana, según dicho órgano jurisdiccional. Por otro lado, este considera que la finalidad del derecho a vacaciones anuales pagadas, consistente en permitir al trabajador reponerse de la fatiga y disfrutar de un período de ocio y esparcimiento, no puede lograrse una vez que el interesado ha fallecido.

Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia confirma que, según el Derecho de la Unión, el fallecimiento de un trabajador no extingue su derecho a vacaciones anuales retribuidas. Señala, además, que los herederos de un trabajador fallecido pueden reclamar una compensación económica por las  vacaciones  anuales  retribuidas  no  disfrutadas por este.

En la hipótesis de que el Derecho nacional excluya tal posibilidad y resulte, por tanto, incompatible con el Derecho de la Unión, los herederos podrán invocar directamente el Derecho de la Unión tanto frente a un empleador público como frente a un empresario privado.

El Tribunal de Justicia admite que el fallecimiento del trabajador produce la consecuencia ineludible de que este ya no puede disfrutar del período de descanso y esparcimiento inherente al derecho a las vacaciones anuales retribuidas que le correspondía. No obstante, el aspecto temporal constituye solamente una de las dos vertientes del principio esencial del Derecho social de la  Unión que representa el derecho  a vacaciones  anuales retribuidas, consagrado expresamente como derecho fundamental en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»).

Este derecho fundamental comprende igualmente un derecho a percibir una retribución, así como el derecho, consustancial al referido derecho a vacaciones anuales «retribuidas», a una compensación económica por las vacaciones anuales no disfrutadas al finalizar la relación laboral.

Dicha vertiente económica tiene un carácter estrictamente patrimonial y, por tanto, está destinada a ingresar en el patrimonio del interesado, de suerte que el fallecimiento de este último no puede privar con efectos retroactivos a dicho patrimonio ni, en consecuencia, a las personas a las que debe transmitirse mortis causa del disfrute efectivo de la mencionada vertiente patrimonial del derecho a vacaciones anuales retribuidas.

Cuando resulte imposible interpretar una normativa nacional (como la legislación alemana controvertida) en un sentido conforme al Derecho de la Unión, el órgano jurisdiccional nacional que debe resolver un litigio entre el heredero de un trabajador fallecido y el antiguo empleador de este debe dejar inaplicada dicha normativa nacional y velar por que se conceda a ese heredero una compensación económica, a cargo del referido empleador, por las vacaciones anuales retribuidas devengadas en virtud del Derecho de la Unión y no disfrutadas por el trabajador con anterioridad a su fallecimiento.

Tal obligación se impone al órgano jurisdiccional nacional con independencia de si el empleador contra el que litiga dicho heredero es una autoridad pública (como el Ayuntamiento de Wuppertal) o un empresario particular (como el Sr. W). [3]

[1]Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9), así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

[2]Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2014, Bollacke (C-118/13, véase también CP n.º 83/14).

[3] A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que una directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular, como en caso de un empleador privado, y, por consiguiente, no puede ser invocada como tal en su contra. Sin embargo, en lo que concierne al derecho a las vacaciones anuales retribuidas, la Carta puede ser invocada en tal litigio.

Un trabajador no puede perder automáticamente sus derechos a vacaciones anuales retribuidas por no haberlas solicitado2018-11-07

En cambio, si el empresario demuestra que el trabajador se abstuvo deliberadamente y con pleno conocimiento de tomar sus vacaciones anuales retribuidas tras haber podido ejercer efectivamente su derecho a estas, el Derecho de la Unión no se opone a la pérdida de este derecho ni, en caso de extinción de la relación laboral, a la consiguiente falta de compensación económica.

El Sr. Sebastian W. Kreuziger realizó prácticas retribuidas como preparación para el ejercicio de profesiones jurídicas en el Land de Berlín (Alemania). Durante los últimos meses del período de prácticas no tomó vacaciones anuales retribuidas. Al término de dicho período solicitó una compensación económica por los días de vacaciones no disfrutados, que le fue denegada por el Land. El Sr. Kreuziger interpuso entonces recurso contra esta denegación ante los tribunales alemanes del orden contencioso-administrativo.

El Sr. Tetsuji Shimizu fue contratado por el Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften («Max-Planck-Gesellschaft»). Alrededor de dos meses antes de la extinción de la relación laboral, el Max-Planck-Gesellschaft invitó al Sr. Shimizu a tomar las vacaciones que le quedaban (sin no obstante obligarle a tomarlas en unas fechas fijas). El Sr. Shimizu solo tomó dos días de vacaciones y solicitó el pago de una compensación económica por los días de vacaciones no disfrutados, que le fue denegada por el Max-Planck-Gesellschaft. El Sr. Shimizu interpuso entonces recurso ante los tribunales alemanes del orden laboral.

El Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandenburgo, Alemania) y el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania) se preguntan si el Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional que establece la pérdida de las vacaciones anuales no disfrutadas y de la compensación financiera por dichas vacaciones si el trabajador no ha presentado una solicitud de vacaciones antes de la extinción de la relación laboral.

En consecuencia, solicitaron al Tribunal de Justicia que interpretara a este respecto el Derecho de la Unión,[1] según el cual el derecho de todo trabajador a vacaciones anuales no puede ser sustituido por una compensación económica, excepto en caso de extinción de la relación laboral.

Mediante sus sentencias dictadas hoy, el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión se opone a que un trabajador pierda automáticamente los días de vacaciones anuales retribuidas a los que tenía derecho en virtud del Derecho de la Unión y, consiguientemente, su derecho a una compensación económica en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas por el mero hecho de no haber solicitado las vacaciones antes de la extinción de la relación laboral (o durante el período de referencia).

[1] Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9), así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»).

El trabajador solo puede perder estos derechos si el empresario le ha permitido efectivamente, en particular informándole de manera adecuada, tomar los días de vacaciones en tiempo útil, extremo que debe probar el empresario.

En efecto, debe considerarse que el trabajador es la parte débil de la relación laboral. Así, puede disuadírsele de hacer valer expresamente sus derechos frente al empresario, en particular cuando la reivindicación de estos pueda provocar que se vea expuesto a medidas adoptadas por el empresario que puedan redundar en perjuicio del trabajador.

En cambio, si el empresario aporta la prueba, que le incumbe a este respecto, de que el trabajador se abstuvo deliberadamente y con pleno conocimiento de causa de tomar sus vacaciones anuales retribuidas tras haber podido ejercer efectivamente su derecho a estas, la normativa de la Unión no se opone a la pérdida de este derecho, ni, en caso de extinción de la relación laboral, a la consiguiente falta de compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas.

En efecto, cualquier interpretación de las normas de la Unión que pueda incitar al trabajador a abstenerse deliberadamente de disfrutar sus vacaciones anuales retribuidas durante el período de devengo o de prórroga autorizado aplicables con el fin de aumentar su remuneración con motivo de la extinción de la relación laboral es incompatible con los objetivos que persigue el establecimiento del derecho a vacaciones anuales retribuidas. Estos objetivos están vinculados a la necesidad de garantizar al trabajador el derecho a un descanso efectivo, en aras de la protección eficaz de su salud y seguridad.

El Tribunal de Justicia precisa además que los mencionados principios se aplican con independencia de que se trate de un empleador público (como el Land de Berlín) o de un empresario privado (como el Max-Planck-Gesellschaft). [2]

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

[2] Es cierto que una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y, por consiguiente, no puede ser invocada, como tal, contra dicha persona. Así, aunque sea clara precisa e incondicional, una disposición de una directiva que tiene por objeto conferir derechos o imponer obligaciones a los particulares no puede aplicarse como tal en el marco de un litigio entablado exclusivamente entre particulares (como el que opone al Sr. Shimizu y al Max-Planck-Gesellschaft). No obstante, el derecho de todo trabajador a períodos de vacaciones anuales retribuidas no solo está reconocido en una directiva, sino también como derecho fundamental, en la Carta. Este derecho fundamental implica, por su propia naturaleza, la correspondiente obligación para el empresario, a saber, conceder tales períodos o una compensación por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral. Las disposiciones nacionales contrarias deben, en su caso, inaplicarse.

Un juzgado de lo Social desestima la demanda de UGT contra Sargadelos por vulneración de la libertad sindical2018-11-05
El juez indica en el fallo que las críticas vertidas por el socio mayoritario de la compañía en esa reunión contra la sindicalista están amparadas por su derecho a la libertad de expresión

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Social número 2 de Lugo ha desestimado la demanda interpuesta por UGT y la exrepresentante de los trabajadores en Sargadelos contra la empresa de cerámica y su administrador por vulneración del derecho a la libertad sindical.

UGT presentó la demanda tras la comunicación de despido de 49 empleados con efecto inmediato que realizó el dueño de Sargadelos el pasado 17 de agosto. “No queremos que nadie se sienta explotado, según el léxico sindical”, consta probado en la sentencia que dijo el administrador.

Tres días después, un grupo de trabajadores recogió firmas para solicitar la dimisión de la demandante como representante sindical. Las relaciones entre la empleada y el socio mayoritario de Sargadelos no eran buenas, pues la había despedido en 2016 y readmitido en febrero de 2018, tras indemnizarla con 30.000 euros, obligado por una sentencia judicial.

Finalmente, el 12 de septiembre se celebró una asamblea, en la que intervino el propietario de la empresa y, dos días después, la sindicalista fue revocada de su cargo.

El juez indica en el fallo que las críticas vertidas por el socio mayoritario de la compañía en esa reunión contra la sindicalista están amparadas por su derecho a la libertad de expresión. “Son críticas y denuncias dirigidas a los trabajadores acerca del funcionamiento de un sindicato y una representante del mismo”, subraya en la sentencia.

En cuanto a la grabación aportada por UGT de la asamblea, el juez señala que el administrador no reconoció su voz y que no puede servir de prueba en su contra porque “se desconoce quién realizó la grabación y, en consecuencia, dar veracidad de la misma”. Además, resalta que “ninguno de los testigos reconoce las expresiones allí vertidas y leídas por el letrado de UGT en el acto del juicio”. Contra la resolución del Juzgado de lo Social número 2 de Lugo cabe interponer recurso ante el TSXG.

El Consejo General de la Abogacía Española requiere al Ministerio de Justicia el pago urgente del Turno de Oficio2018-11-02

Ante el incumplimiento por el Ministerio de Justicia de los compromisos alcanzados con el Consejo General de la Abogacía Española en cuanto al pago mensual de las certificaciones de las actuaciones realizadas en el marco del sistema de la Asistencia Jurídica Gratuita por los abogados y los Colegios de Abogados en el territorio de su competencia, que, incluso, constituyen la vulneración de los plazos de pago establecidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita y en su reglamento de desarrollo de 2003:

El Consejo General de la Abogacía Española procedió el día 29 de octubre a requerir formalmente a la ministra de Justicia el pago de los meses de julio, agosto y septiembre pendientes de abonar, con los correspondientes intereses devengados.

Si persiste la situación actual de impago, el Pleno del Consejo General que se celebrará el próximo día 7 de noviembre adoptará las medidas que se consideran pertinentes en defensa de los derechos de los abogados adscritos al Turno, incluido el ejercicio de cuantas acciones se estimen oportunas.

5 de noviembre: a la espera de uno de estos tres escenarios sobre el IAJD2018-10-31

Tras el enorme revuelo causado por la sentencia del pasado 16 de octubre de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que señalaba que el banco era el obligado al pago del impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) de las hipotecas, y el posterior pronunciamiento que aplazaba la decisión final a la reunión del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo de este tribunal, el equipo jurídico de reclamador.es, con su Director Legal al frente, Ramiro Salamanca, letrado de la Comunidad de Madrid en excedencia, ha analizado los posibles escenarios que se pueden producir tras la celebración de ese Pleno en relación con el obligado al pago del IAJD en los préstamos hipotecarios.

Escenario 1: el más posible. El Pleno de la Sala confirma la sentencia del 16 de octubre

Se trata del escenario más probable dado que con posterioridad a la misma se han dictado dos sentencias más confirmando el criterio de la sentencia del 16 de octubre. También es el escenario más ventajoso para los intereses del hipotecado, según el equipo legal de reclamador.es.

Confirmada la sentencia el próximo día 5 de noviembre, explica el equipo legal de reclamador.es, sus consecuencias no sólo se desplegarán en el ámbito contencioso administrativo, sino también en el civil. Es decir, es este escenario se abren dos vías para reclamar: administrativa y civil.

A esta última vía, la civil, podrán acudir los consumidores como consecuencia de la inclusión por parte del banco del impuesto de actos jurídicos documentados dentro de la cláusula que impone al hipotecado el pago de todos los gastos y tributos de formalización de la hipoteca. Para la reclamación por la vía civil no existe plazo de prescripción, por lo que los consumidores, si se diera este primer escenario, podrán acudir a reclamar la totalidad de la cláusula de gastos de formalización, independientemente del año de constitución del préstamo.

Si se confirma el criterio de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, lo más razonable es entender que la Sala de lo Civil de este Tribunal obligue a devolver estas cantidades a los bancos. Si intentara limitar la devolución, esto chocaría frontalmente con la doctrina establecida por el TJUE sobre tal cuestión. Se debe recordar que, continúa explicando reclamador.es, a partir de la Sentencia de 22 de marzo de este año de la Sala de lo Civil del Supremo, los Juzgados vienen declarando la abusividad de la cláusula pero limitan la devolución de las cantidades declarando que no procede la correspondiente al pago del IAJD porque hasta ahora la Sala de lo Contencioso Administrativo resolvía que el obligado al pago era el consumidor y no el banco.

Si la Sala de lo Civil del Supremo continuara sosteniendo que el IAJD debe ser abonado por el hipotecado, o limitara la devolución sólo a los préstamos hipotecarios suscritos en un determinado lapso temporal, sería ineludible acudir a la justicia europea mediante la interposición de una cuestión prejudicial. Cuestión prejudicial que ya venía proponiendo hasta ahora reclamador.es y que seguirá formulando para salvaguardar los intereses de los consumidores hasta que haya un pronunciamiento definitivo.

En cuanto a la vía contencioso administrativa, podrán reclamar todas las personas físicas o jurídicas, consumidores o no, que hubieran abonado el IAJD por la escritura pública del préstamo hipotecario en los últimos 4 años, a contar desde la fecha de pago de este tributo.

Escenario 2: El Pleno de la Sala contradice la sentencia del pasado 16 de octubre

Esto es, que el Pleno de la Sala no confirme el criterio jurisprudencial sentado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en la sentencia del pasado 16 de octubre.

El equipo legal de reclamador.es estima que es poco probable que se produzca este escenario, ya que la sentencia del pasado 16 de octubre fue dictada por la sección especialista en materia tributaria, y ha sido confirmada por otras dos posteriores, de 22 y 23 de octubre, en todas ellas con 5 votos favorables frente a uno que sostiene el criterio jurisprudencial anterior. Es decir, 5 de los magistrados sostienen que el sujeto pasivo (el obligado al pago) es el banco, por ser quien adquiere el derecho real de la hipoteca, frente a un magistrado que sostiene que el obligado al pago del IAJD debe ser el consumidor.

Escenario 3: El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo no llega a un acuerdo

Podría ocurrir que el Pleno de la Sala no tomase una decisión por discrepancias jurídicas. Esta situación obligaría a analizar nuevas cuestiones no tomadas en consideración o planteadas de nuevo en la deliberación del Pleno.

Pero, dada la repercusión mediática del caso, el equipo legal de reclamador.es considera también improbable que esto tenga lugar. Pese a ello, explica la compañía de servicios legales online, podría darse este escenario si los miembros del Pleno decidieran tomar una decisión en relación con los efectos retroactivos del cambio de jurisprudencia habido en relación al impuesto.

El TC considera que no es arbitrario excluir del complemento de maternidad a las madres que acceden voluntariamente a la jubilación anticipada2018-10-30

Un Auto aprobado por el Pleno del Tribunal Constitucional ha señalado que “no resulta arbitrario ni irracional excluir del complemento de maternidad a aquellas madres (de dos o más hijos) que, al acceder voluntariamente a la jubilación anticipada, opten por acortar su período de cotización”.

La resolución explica que "el objetivo del complemento de maternidad es compensar a aquellas madres que, por su dedicación al cuidado de los hijos, y pese a su intención de tener una carrera laboral lo más larga posible, no hayan podido cotizar durante tantos años como el resto de trabajadores". De ahí que "parece razonable no reconocerlo a quien, pudiendo haber cotizado más años, se acoge a la jubilación anticipada voluntaria del artículo 208 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social".

Con esta argumentación el Tribunal ha inadmitido como "notoriamente infundada" la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Juzgado de lo Social número 1 de Barcelona respecto al apartado 4, en relación con el apartado 1, del artículo 60 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. El órgano judicial albergaba la duda de si era compatible con el principio de igualdad que se excluya del complemento de maternidad a las madres que se hayan jubilado anticipadamente por voluntad propia. 

Según los hechos probados, la reclamante, cuyo contrato laboral había quedado extinguido por transcurso del tiempo, solicitó anticipadamente el reconocimiento de su pensión de jubilación a la tesorería General de la Seguridad Social, la que, mediante resolución administrativa, le concedió una pensión cuyo importe no incluía el complemento de maternidad. No estando conforme con esta cuantía, presentó reclamación en la vía administrativa, en la que obtuvo resolución desestimatoria porque la Tesorería argumentó que su caso no quedaba encuadrado dentro de los supuestos tasados del artículo 207 del TRLGSS, a los que sí se reconoce el complemento cuestionado, que atienden esencialmente a casos de despido colectivo (ERES, etc...), a los que se considera como supuestos de jubilación anticipada por causa involuntaria del trabajador, frente a todos los demás que, quedan englobados en la categoría de supuestos de jubilación anticipada por voluntad del trabajador, regulados en el artículo 208 del TRLGSS. 

La recurrente presentó, por ello, demanda ante la Jurisdicción Social en la que reclamaba el indicado complemento de maternidad. El Juzgado de lo Social núm. 1 de Barcelona, al que correspondió el conocimiento del asunto, planteó cuestión de inconstitucionalidad en el sentido de entender que, también, en el caso de jubilación anticipada que no lo sea por las causas del art. 207 TRLGSS, como era el de autos, el presupuesto de hecho era el mismo, esto es el haber tenido dos o más hijos durante su vida laboral, por lo que, la duda de constitucionalidad se centraba en el apartado 4 del art. 60 de dicho texto refundido.

El Auto, cuyo ponente ha sido el Magistrado Antonio Narváez, destaca "como argumenta la Fiscal General del Estado, que si bien es cierto que el complemento de maternidad se reconoce a las madres por su aportación demográfica, también lo es en razón a que su carrera de seguro se ve acortada, por las dificultades para la conciliación laboral derivadas de la maternidad".

La resolución, que realiza un análisis detallado de la jurisprudencia del Tribunal acerca del principio de igualdad ante la ley, apunta que "la vía del artículo 207 del TRLGSS responde a supuestos de hecho tasados, ajenos a la voluntad del trabajador, claramente diferenciados de los que dan derecho a la jubilación del artículo 208, en el que el Juzgado ha subsumido previamente el caso de la demandante en el proceso a quo, que se jubila al término de un contrato temporal. Dado que la fecha de finalización del mismo era conocida de antemano, cabía anticiparse a ella con la búsqueda de un nuevo empleo". Por consiguiente, desde el prisma de un complemento de pensión que pretende compensar a las madres que de forma involuntaria ven reducida su carrera de seguro, la diferencia introducida por el legislador en el artículo 60.4 del TRLGSS tiene una justificación objetiva y razonable, subraya el Tribunal.

El Auto cuenta con dos votos particulares de los Magistrados María Luisa Balaguer y Fernando Valdés Dal-Ré. Para la Magistrada discrepante, no debió admitirse la cuestión de inconstitucionalidad, por entender que el precepto cuestionado contradice el derecho de igualdad reconocido en el art. 14 CE, al penalizar con la supresión de los complementos de pensión a las mujeres que opten por la jubilación anticipada en determinadas condiciones, respecto de aquellas que se jubilen en la edad reglamentaria. 

Una necesaria perspectiva de género en el análisis de la norma cuestionada, habría llevado a la conclusión de que la posición de la mujer en el mercado de trabajo, exige una interpretación normativa que no ignora la práctica imposibilidad de que las mujeres mayores de sesenta años, puedan obtener una posición de real actividad en el mercado de trabajo, y que la finalización de su último contrato temporal, era de facto, su retirada del mercado. 

El Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré también sostiene en su voto particular que la cuestión de inconstitucionalidad planteada debería haber sido admitida a trámite por no ser descartable la contradicción de esa previsión normativa con el principio de igualdad ante la ley reconocido en el artículo 14 de la Constitución. En su opinión, los argumentos que contiene el Auto del Pleno no son "convincentes ni lo que enuncia el pronunciamiento respecto de la finalidad de la norma, ni cómo pondera la carrera de seguro o la cobertura de posibles lagunas de cotización".

Desde el punto de vista de la aportación demográfica a la Seguridad Social, que es el primer elemento que la legislación invoca maneja justificar el establecimiento del complemento de jubilación, la situación de una madre trabajadora que accede a la jubilación de forma anticipada es igual que la de aquella que, con el mismo número de hijos, lo hace una vez cumplida la edad legalmente establecida, o de forma anticipada, pero por las causas que se recogen en el art. 207 del citado texto legal ("jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador"). Siendo esta la finalidad de la norma no parecen razones sólidas para negar a un colectivo de mujeres trabajadores que han sido madres la diversidad de la causa que acarreó la falta de empleo precedente a la decisión de jubilación. Y menos aún, puede servir como fundamento de la diferenciación la alusión al acortamiento de la "carrera de seguro", ya que la norma no atiende a la vida laboral de las trabajadoras madres afectadas, único criterio que permitiría acreditar y comprobar la objetiva afectación de la aportación demográfica en la biografía laboral de cada trabajadora.

Un Juzgado de lo Mercantil de A Coruña ordena a Vodafone publicar las sentencias que condenan a la compañía a devolver a los clientes la cláusula abusiva que les cobró por el desbloqueo de terminales2018-10-29
El Ministerio fiscal calcula que hay más de medio millón de afectados

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha emitido este mes un edicto de publicación con el objetivo de que Vodafone dé a conocer a los afectados las sentencias firmes que declaran nulas por abusivas las condiciones generales que aplicó la compañía en la contratación sobre desbloqueo de terminales. Los fallos fueron dictados, en primera y segunda instancia, en noviembre de 2016 y en marzo de 2018.

El Ministerio fiscal promovió en 2016 la demanda colectiva por el cobro, primero de seis euros más IVA; y, a partir de julio de 2013, de ocho euros más IVA, por la liberación de teléfonos a usuarios que ya habían terminado sus contratos. La Fiscalía estima que Vodafone cobró indebidamente a más de medio millón de clientes.

El edicto emitido por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña especifica que, ante la imposibilidad de determinar de forma individual a los consumidores que, "conforme a las leyes sobre su protección, han de entenderse beneficiarios por la condena”, los afectados que deseen reclamar el reintegro del dinero deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Audiencia Provincial de A Coruña en la sentencia, que son: haber contratado con Vodafone (antes Airtel), tanto en la modalidad de prepago como pospago, conforme a las cláusulas que se declaran nulas por abusivas y que entraron en vigor en agosto de 2012; y justificar el abono de la cantidad exigida por la demandada para proceder al desbloqueo del terminal. Los fallos son firmes, por lo que los clientes ya pueden presentar demandas de ejecución.

El fallo de la Audiencia de A Coruña ordena a Vodafone “cesar” en el uso de las cláusulas abusivas, “no solo suprimiéndolas en los nuevos contratos, sino también eliminándolas de los que tenga concertados y las contengan”.

La compañía, como consecuencia de las resoluciones judiciales, no podrá negarse a liberalizar el teléfono ni cobrar “cantidad alguna” por hacerlo en aquellos casos “en que haya concluido el periodo de permanencia o, en caso de que se resuelva el contrato antes de su finalización, cuando el cliente haya abonado la cláusula penal establecida o esté cumpliendo las obligaciones derivadas de su contrato”. El usuario, por tanto, debe tener “la posibilidad de usar libremente el terminal”.

La Abogacía reivindicará en Madrid el 7 de noviembre los pagos pendientes del Turno de Oficio2018-10-26

Ante el retraso en los pagos del Turno de Oficio por parte del Ministerio de Justicia, la Abogacía reclamará públicamente en Madrid el abono de los mismos en un acto que se celebrará en Madrid el 7 de noviembre. Así lo ha manifestado la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, en la inauguración de las VI Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita que se celebran hasta el 26 de octubre en Zaragoza. “La Abogacía estará donde tenga que estar”, ha afirmado Ortega.

Asimismo, ha asegurado que "para la Abogacía, la Asistencia Jurídica Gratuita sí está en su agenda de prioridades" como demuestra el hecho de que esta materia tenga un objetivo y un tratamiento específico en el Plan Estratégico "Abogacía 2020". "Somos una Abogacía comprometida con la sociedad y defendemos el acceso universal a la Justicia", ha afirmado, expresando su orgullo por el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita que 46.000 abogados y abogadas prestan en España, "sin duda uno de los mejores y más completos de Europa, según se desprende de los datos publicados por el último Marcador de la Justicia de la Comisión Europea". Este servicio es valorado de forma positiva por el 85% de sus usuarios, superando incluso a los índices de satisfacción respecto a la Sanidad.

La presidenta de la Abogacía Española ha hecho hincapié en su intervención en la defensa, con firmeza, que la Abogacía institucional ha hecho siempre de la Asistencia Jurídica Gratuita, uno de los servicios esenciales que sostienen nuestro Estado de Derecho. Por ejemplo, logrando que la prestación de la Asistencia Jurídica Gratuita siga sin estar sujeta a IVA; consiguiendo que el Ministerio de Justicia agilizase los pagos en el territorio común mediante el abono mensual de las liquidaciones; y alcanzando, en los Presupuestos Generales para este año, una mejora sustancial de las indemnizaciones de los abogados del Turno en el territorio Ministerio.

Ortega también aprovechó su intervención para reiterar las reclamaciones que la Abogacía mantiene desde hace años en esta materia: seguir exigiendo indemnizaciones dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica un servicio como éste; o impulsar una  nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que sustituya a la actual, "exhausta tras más de 20 años de buenos servicios", por lo que es una cuestión que no admite más "mañaneos".

Tras ofrecer algunas cifras generales sobre la Asistencia Gratuita en España en 2017-como los 46.000 letrados y letradas adscritos al Turno de Oficio, o los más de 1,8 millones de asuntos que los Colegios de Abogados de toda España atendieron el año pasado-, Victoria Ortega subrayó que "la paridad también está llegando a la Asistencia Jurídica Gratuita", ya que el 48% quienes están inscritos en el Turno de Oficio son mujeres y en dos servicios (Violencia de Género y Extranjería) el número de mujeres supera al de hombres. La presidenta de la Abogacía también ha querido reconocer el trabajo del Servicio de Orientación Penitenciaria del Colegio de Abogados de Zaragoza, que en septiembre recibió la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario.

Por su parte Antonio Morán, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza y presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, ha explicado que en estas Jornadas reflexionarán sobre cómo va la Justicia Gratuita, los problemas que hay -que no son pocos- y sobre el esfuerzo de los abogados y abogadas que forman parte del Turno de Oficio para mejorar la Justicia y defender los intereses de los ciudadanos, "a quienes nos debemos".

El fiscal Superior de Aragón, José María Rivera Hernández, ha destacado la importancia de la Justicia Gratuita para que nadie se encuentre fuera de la protección jurídica y menos por motivos económicos.

Pedro Santiesteve, alcalde de Zaragoza, ha subrayado la parte vocacional de los abogados y abogadas que están en el Turno de Oficio, subrayando que quienes forman parte de este servicio están en la vanguardia de la defensa internacional de los Derechos Humanos.

Por su parte, presidenta de la Cortes de Aragón, Violeta Barba, ha asegurado que "no hay mayor desigualdad que la desigualdad ante la justicia", subrayando que garantizar los derechos constitucionales pasa por garantizar el acceso de todos a la justicia. También ha reclamado que el esfuerzo que realizan las abogadas y abogados del Turno de Oficio vaya acompañado de un esfuerzo económico de las Administraciones Públicas.

VI JORNADAS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

El Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Zaragoza organizan las VI Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita, que se celebran del 24 al 26 de octubre en la sede de la institución colegial aragonesa. Las anteriores Jornadas se celebraron en Segovia en 2016.

Estas VI Jornadas son un encuentro que contará con expertos de toda España en el que se abordarán temas como las reformas necesarias en la Asistencia Jurídica Gratuita, abordando aspectos como los requisitos de acceso o la percepción de honorarios; el presente y futuro de la Justicia Gratuita; la financiación pública de la Asistencia Jurídica Gratuita, realizando un análisis de baremos y gastos de infraestructuras; la responsabilidad patrimonial de las administraciones; otros servicios de asesoramiento y orientación jurídicos, como las formas de encomienda de las Administraciones para la prestación de otros servicios; y la trascendencia social y vocacional del Turno de Oficio.

MÁS INFORMACIÓN (MICROSITE SOBRE LAS VI JORNADAS DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA)

Presentada la Asociación Española de Abogados Administrativistas2018-10-25

CGAE

Defender los intereses comunes, facilitar el contacto profesional entre los abogados administrativistas, fomentar la formación cualificada y especializada en el campo del Derecho Administrativo e impulsar la excelencia profesional en el ejercicio del asesoramiento y la defensa letrada especializados en materias administrativas y contencioso-administrativas son algunos los fines de la Asociación Española de Abogados Administrativistas, que se presentó ayer en el Consejo General de la Abogacía Española.

Presidida por Manuel Beto Víbora, la asociación está abierta a todos los abogados que se relacionan con las Administraciones públicas desde sus despachos o desde las empresas en las que trabajan, así como a los que representan a las propias Administraciones y pretende ser un enlace entre los mundos de la Abogacía, el académico y el de las Administraciones Públicas. La asociación está abierta a abogados incorporados a su Colegio, licenciados o graduados en Derecho que presten por cuenta ajena y a tiempo completo servicios de asesoramiento legal y/o defensa letrada para una empresa o una Administración Pública, incluyendo en este último caso a los empleados públicos, trabajadores por cuenta ajena y docentes universitarios y, finalmente, a las personas jurídicas que estén constituidas e inscritas como sociedades profesionales de Abogados en las que, al menos uno de sus socios ejerza como abogado y esté colegiado.

En el acto en el que intervino también el catedrático de derecho Administrativo de la Universidad de castilla-La Mancha, José Antonio Moreno Molina, se presentó el primer número de la Revista Administrativa de la Abogacía (READA), revista digital de periodicidad anual que dirige el vicepresidente de la Asociación Juan Alemany Garcías.

Finalmente, una mesa redonda sobre las novedades de Ley de Contratos del Sector Público cerró el acto de presentación de la asociación y de la revista.

(Más información en www.administrativistas.es)

Consejo General de la Abogacía dice que “lo importante” es preservar la seguridad jurídica en la sentencia de hipotecas2018-10-24

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y presidenta nacional de Unión Profesional (UP), Victoria Ortega, ha afirmado hoy en Santander que “lo importante” es preservar la seguridad jurídica de la ciudadanía respecto al pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la firma de una hipoteca.

A preguntas de la prensa sobre la decisión del presidente de la Sala Tercera del TS, Luis María Díez-Pizazo, de convocar un Pleno para resolver si mantiene la última decisión de los miembros del tribunal de que sean las entidades bancarias quienes paguen el tributo, Ortega ha insistido en que “lo importante” es preservar la seguridad juridica.

“Como representante institucional no debo echar más leña al fuego. Creo que todos debemos esperar a ver cómo finalizar esta tramitación que se está llevando a cabo y confiar en que efectivamente se preservará la seguridad jurídica, que es lo fundamental”, ha manifestado.

En declaraciones previas a conocer que el Tribunal Supremo decidirá el 5 de noviembre quién paga el impuesto de hipotecas –decisión anunciada a última hora de la mañana en un comunicado por el Alto Tribunal–, Ortega ha enfatizado en que “lo más importante de lo que resulte al final” es que se preserve la seguridad jurídica de los ciudadanos, de que modo que quede “perfectamente aclarado” a cargo de quién debe estar el citado impuesto.

Tras afirmar que “habrá que esperar un poco de tiempo”, ha advertido que “no es bueno” ni para los ciudadanos ni para el país que se cree “mayor alarma” que la ya generada. “Vamos a esperar y confiar en que en los próximos días sepamos qué condiciones vamos a tener al suscribir una hipoteca”, ha zanjado.

La presidenta de la UP se ha pronunciado así a preguntas de la prensa durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en Santander, junto con el presidente de Unión Profesional Cantabria, Ezequiel San Emeterio, para presentar las nuevas líneas de actuación de esta organización, que representa a más de un millón y medio de profesionales en España.

De ellos, más de 20.000 están en Cantabria y son responsables del 5,8% del Valor Bruto Añadido de la región y el 10% del empleo.

Un peso, tanto nacional como regional, que la UP quiere visibilizar en la nueva etapa que inició el pasado mes de mayo, y que en el caso de Cantabria se concreta en impulsar iniciativas para el conocimiento de la asociación en la comunidad, integrándose en órganos consultivos como en CEOE-Cepyme.

En este sentido, San Emeterio ha anunciado la intención de la UP de participar en el Consejo Económico y Social (CES) y de mantener encuentros con los distintos grupos políticos regionales. Quieren “participar en órganos, al menos consultivos, con una voz única, la de los profesionales”, unidos en la UP, ha explicado.

Al respecto, la presidenta nacional, que es cántabra, ha reconocido que ha “costado” transmitir a la sociedad la “realidad” de la Unión Profesional, y, en un “cambio de planteamiento”, ha decidido “contar lo que vamos a hacer” y mostrarse a la ciudadanía como prestadores de servicios de “calidad”. “Una cosa es tener una profesión y otra ser un profesional”, ha apostillado.

En su opinión, la crisis y la “desafección del ciudadano a las instituciones”, junto con la prevalencia de las diferencias sobre las semejanzas en la UP, llevaron a esta agrupación a un “stand by”, pero ahora se ha decidido “trabajar por lo común y por prestar servicios de calidad”.

Ortega ha desgranado los principales objetivos y líneas de actuación de la UP, desde la deontología al Plan Estratégico a cuatro años con un centenar de medidas y “abierto” a las aportaciones.

La internacionalización también es un punto fundamental de los profesionales, sobre todo en el ámbito europeo –“porque pretender vivir al margen de la UE nos lleva al fracaso”– aunque también al Mediterráneo e Hispanoamérica.

Una de las cuestiones que han suscitado el debate se refiere a la colegiación, por ejemplo de profesionales que trabajan para las administraciones públicas, si bien en Cantabria no hay “especial problemática” con los profesionales que deben estar colegiados y no lo están, por lo que la situación regional “no es especialmente alarmante”, según San Emeterio.

El Pleno de la Sala Tercera que examinará los recursos pendientes sobre el IAJD de las hipotecas se celebrará el 5 de noviembre2018-10-23
El presidente del Tribunal Supremo señala que la sentencia dictada por la Sección Segunda de esa Sala sobre ese asunto “es firme y no susceptible de revisión”

Autor Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo, tras mantener una reunión con el vicepresidente del Tribunal, con el presidente de la Sala Tercera y los señores Magistrados de este Tribunal don Nicolás Maurandi Guillén, presidente de la sección segunda de la Sala, don Ángel Aguallo Avilés, don José Diaz Delgado, don Francisco José Navarro Sanchís, don Jesús Cudero Blas y don Dimitry Berberoff Ayuda, quiere poner de manifiesto tras los acontecimientos de la pasada semana los siguientes extremos:

1º.- La sentencia núm. 1505/2018, a la que se refería el acuerdo del presidente de la Sala Tercera del pasado viernes 19 de octubre, conocida por la opinión pública, dictada por la sección segunda de la Sala Tercera de este Tribunal, relativa a la determinación del sujeto pasivo del impuesto de Actos Jurídicos Documentados que grava las escrituras públicas que documentan préstamos con garantía hipotecaria, es firme y no susceptible de revisión por el Pleno de la Sala Tercera, produciendo plenos efectos en relación con las partes en litigio y respecto de la anulación del art. 68, párrafo segundo, del Reglamento del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Es importante destacar que simultáneamente a la sentencia 1505/2018, se deliberaron, votaron y fallaron otras dos sentencias entre las mismas partes y con similar objeto, ambas pendientes únicamente de notificación. Estas sentencias tampoco son susceptibles de revisión alguna.

2º.- Los magistrados integrados en la sección segunda de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo y el presidente de dicha sección han actuado en todo momento en relación con estos asuntos con plena lealtad al Alto Tribunal, así como con independencia, profesionalidad y competencia técnica en la interpretación y aplicación de la ley, y con escrupuloso respeto a las normas procesales aplicables al presente caso.

3º.- La avocación al Pleno de la Sala de los asuntos pendientes y no resueltos sobre esta materia por parte del presidente de la Sala forma parte de sus atribuciones legales cuando lo estime necesario para la Administración de Justicia, sin perjuicio de las facultades del Pleno para resolver lo que en Derecho proceda.

4º.- El presidente de la Sala Tercera ha decidido que el pleno jurisdiccional tendrá lugar el próximo día 5 de noviembre.

El deber de información del abogado2018-10-22

Se aborda el deber de información y su relevancia jurídica por el carácter fiduciario que une la relación del abogado con su cliente. Un deber de carácter permanente en la ejecución de la prestación profesional cuyo eventual incumplimiento es fuente de responsabilidad profesional.

Desde el ámbito jurídico, y siguiendo la doctrina mayoritaria, podemos  definir la relación que nos une con el  cliente como aquel contrato de prestación de servicios por medio del cual una parte -el abogado- se obliga a asumir la dirección técnica de un procedimiento y/o defensa judicial o extrajudicial de los asuntos e intereses confiados, suministrando los medios técnicos correspondientes, a cambio de una adecuada contraprestación. Sin embargo, la relación va más allá de un simple arrendamiento de servicios del artículo 1.544 del Código Civil, pues ésta tendrá su principal fundamento en la confianza recíproca entendiendo este valor como requisito sine qua non de la existencia y pervivencia de negocios jurídicos en cuestión.

El carácter fiduciario de la relación que liga al profesional con su cliente hace que los deberes éticos o deontológicos  pierdan su carácter genérico y cobren relevancia jurídica en la ejecución de la prestación profesional.

Me voy a detener en un estudio siquiera sintético de uno de los deberes intrínsecos del ejercicio de la abogacía, derivado de la recíproca confianza y del deber de fidelidad del abogado para con su cliente: el deber de información.

El deber de información del abogado se encuentra recogido en el artículo 42 del Estatuto de la Abogacía Española, así como en los artículos 13.9 e) del Código Deontológico y en el artículo 3.1.2 del Código Deontológico de la Abogacía Europea, estableciendo expresamente la obligación de poner en conocimiento del cliente todas aquellas vicisitudes derivadas del curso del procedimiento. Así, siguiendo los más recientes pronunciamientos jurisprudenciales, este deber fundamental de información se encuentra dentro de la regulación específica del sector profesional de la abogacía que viene a completar las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento de servicios (Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 25 de abril de 2017 -EDJ 2017/159491-). Como comprobamos, las normas del Estatuto General de la Abogacía nos imponen actuar con una diligencia superior a la de un padre de familia, [el llamado plus de diligencia] y ello porque cuando una persona sin formación jurídica ha de relacionarse con los Tribunales de Justicia, "se enfrenta con una realidad compleja, por lo que la elección de un abogado constituye el inicio de una relación contractual basada en la confianza" (Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 1992 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 21 de junio de 2017 -ETJ 2017/268088-, entre otras).

Derivado  precisamente de este deber de actuar con extrema diligencia, el deber de información no solo implica que el cliente reciba una comunicación por parte del letrado, sino que éste -el cliente- debe comprender la opción del ejercicio de esa acción o pretensión informando "de la gravedad de la situación, de la conveniencia o no de acudir a los tribunales, de los costos del proceso y de las posibilidades de éxito" debiendo cumplir el letrado con sus deberes deontológicos de lealtad y honestidad en el desempeño del encargo; observando las leyes procesales, aplicando al problema los indispensables conocimientos jurídicos  (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2005 -EDJ 2005/116838-).

Este deber tiene otro ángulo en la normativa de protección de datos, concretamente, en relación con el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), que establece la obligación de informar al interesado -en este caso, cliente- cuando se ha violado la seguridad de los datos personales de éste. De este modo, el artículo 34 RGPD establece la obligación del garante de la seguridad de los datos personales de informar sin dilación de la brecha de seguridad producida en relación con aquellos datos cuya revelación pudiera suponer una violación de sus derechos y libertades. Es más, este deber -que correspondería al letrado- de informar sobre la violación en la seguridad de la custodia de datos personales debe realizarse mediante un lenguaje claro y sencillo a fin de que el interesado pueda conocer el alcance de la brecha de seguridad producida.  De su incumplimiento podrían derivar no solo sanciones de carácter administrativo sino también y acumulativamente responsabilidad profesional por la infracción de dicho deber de información, lo que podría conllevar quebrantar, asimismo, el deber de lealtad que preside igualmente la relación. [Vid Violación de Seguridad de Datos Profesionales. Responsabilidad Profesional del Abogado. Autor José Domingo Monforte.].

En el contrato de prestación de servicios profesionales va implícito el deber de información, antes, en cuanto a deberes preliminares de consejo y asesoramiento, durante el desarrollo de la relación prestacional y después, a la conclusión del encargo con la entrega de los documentos y el informe conclusivo si así le es requerido [Vid. STS 25 de Marzo de 1998]. La violación del deber de información que pesa sobre el profesional es fuente de responsabilidad y de la subsiguiente obligación de resarcimiento del daño.

El titular de una línea de Internet no queda eximido de responsabilidad por el hecho de designar a otro familiar2018-10-19

Los titulares de los derechos deben disponer de un recurso eficaz o de medios que permitan a las autoridades judiciales competentes ordenar la comunicación de la información necesaria

La editorial alemana Bastei Lübbe reclama al Sr. Michael Strotzer ante el Landgericht München I (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Múnich I, Alemania) una indemnización pecuniaria debido a que un audiolibro, de cuyos derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor es titular dicha editorial, fue compartido, con el fin de ser descargado, con un número ilimitado de usuarios en una plataforma de intercambio de archivos en Internet (peer-to-peer) mediante la conexión a Internet de la que es titular el Sr. Strotzer.

El Sr. Strotzer niega haber infringido él mismo ningún derecho de autor. Además, alega que sus padres, que viven bajo el mismo techo, también tuvieron acceso a esta conexión, sin aportar mayores precisiones en cuanto al momento en que utilizaron dicha conexión ni a la naturaleza del uso que hicieron de ella. Según el Landgericht München I, de la jurisprudencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) se deduce que, habida cuenta del derecho fundamental a la protección de la vida familiar, esa defensa basta en Derecho alemán para excluir la responsabilidad del titular de la conexión a Internet. 1

En este contexto, el Landgericht München I solicita al Tribunal de Justicia que interprete las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual. 2

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia responde que el Derecho de la Unión se opone a una normativa nacional (como la examinada, tal como la interpreta el tribunal nacional competente), en virtud de la cual el titular de una conexión a Internet, a través de la que se han cometido infracciones de los derechos de autor mediante un intercambio de archivos, no puede incurrir en responsabilidad cuando designe al menos a un miembro de su familia que tenía la posibilidad de acceder a dicha conexión, sin aportar mayores precisiones en cuanto al momento en que ese miembro de su familia utilizó la conexión y a la naturaleza del uso que hizo de ella.

Según el Tribunal de Justicia, debe hallarse un justo equilibrio entre distintos derechos fundamentales, a saber, por una parte, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de propiedad intelectual y, por otra parte, el derecho al respeto de la vida privada y familiar.

Ese equilibrio no existe cuando se concede una protección casi absoluta a los miembros de la familia del titular de una conexión a Internet a través de la que se han cometido infracciones de los derechos de autor mediante un intercambio de archivos.

En efecto, si el órgano jurisdiccional nacional que conoce de una acción de responsabilidad no puede exigir, a instancia del demandante, pruebas relativas a los miembros de la familia de la parte contraria, ello equivale a hacer imposible demostrar que se ha producido la infracción de los derechos de autor denunciada, así como identificar a su autor, y por consiguiente, conduciría a una vulneración caracterizada de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y de propiedad intelectual, de que disfruta el titular de los derechos de autor.

Sin embargo, éste no sería el caso si, para evitar una injerencia considerada inadmisible en la vida familiar, los titulares de derechos pudieran disponer de otra forma de recurso efectivo, por ejemplo permitiéndoles que en tal situación se reconozca la responsabilidad civil del titular de la conexión de Internet de que se trate.

Además, corresponde en última instancia al Landgericht München I comprobar si existen en su Derecho interno otros medios, procedimientos y recursos que permitan a las autoridades judiciales competentes ordenar que se facilite la información necesaria para poder determinar, en circunstancias como las de este caso, que se han infringido los derechos de autor e identificar al autor de la infracción.

1  El Landgericht explica a este respecto que se presume que el titular de una conexión a Internet mediante la que se ha cometido una infracción de los derechos de autor ha cometido dicha infracción cuando ha sido identificado con precisión mediante su dirección IP y ninguna otra persona tenía la posibilidad de acceder a esta conexión en el momento en que la infracción tuvo lugar. Sin embargo, esta presunción puede enervarse en caso de que otras personas hayan podido tener acceso a la conexión. Por otro lado, si un miembro de la familia del titular tuvo esa posibilidad, dicho titular puede, habida cuenta del derecho fundamental a la protección de la vida familiar, eludir su responsabilidad mediante la mera designación de ese miembro de su familia, sin tener la obligación de aportar precisiones adicionales en cuanto al momento en que éste utilizó la conexión a Internet y a la naturaleza del uso que hizo de ella.

2  Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO 2001, L 167, p. 10), y Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO 2004, L 157, p. 45; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16).

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El Tribunal Supremo fija en 1,8 millones de euros la sanción a Vodafone por incumplir la normativa de roaming2018-10-18

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado en 1.869.288 euros de euros la sanción impuesta a Vodafone por infracción grave del artículo 77.17 de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT) de 2014 al haber incumplido las condiciones para la prestación de servicios o la explotación de redes de comunicaciones electrónicas. En concreto, por asociar automáticamente a los planes de precios nacionales RED y Base la tarifa de roaming “Hablar y navegar en Europa” sin ofrecer al cliente la posibilidad de elegir las eurotarifas o cualquier otra tarifa alternativa de roaming.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia abrió un procedimiento sancionador a esta compañía y le impuso, en resolución de 24 de abril de 2014, una multa de 3.116.000 euros por infracción de artículo 53.s) de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, por haber incumplido de manera muy grave las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas. Por su parte, la Audiencia Nacional rebajó a 1.557.740 euros la cuantía de la sanción al entender que era más beneficiosa para la empresa sancionada aplicar la Ley General de Telecomunicaciones de 2014, que califica la infracción cometida como grave, frente a la del 2013 que la considera muy grave.

Ahora, el Tribunal Supremo estima de forma parcial el recurso de la Abogacía del Estado y modifica la cuantía de la sanción, que establece en 1.869.288 euros. A la hora de cuantificarla, aplica las circunstancias agravantes de la responsabilidad contempladas en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 (LGT) por los beneficios elevados que obtuvo la empresa sancionada, la duración de la infracción –siete meses-, el daño causado a 150.000 clientes (143.349 líneas, el 13,60% de los abonados a una tarifa RED y BASE de Vodafone que tenía asociada la tarifa “Hablar y Navegar en Europa”), y la falta de reparación del daño al no figurar la devolución de los importes.

Por otra parte, la Sala también aplica la atenuante de la responsabilidad de la LGT al considerar acreditado que Vodafone cumplió con la medida cautelar que le impuso el Consejo de la Comisión del Mercado de la Competencia en el procedimiento sancionador. En este sentido, explica que dejó de asociar automáticamente la tarifa de roaming “Hablar y navegar en Europa” a los planes de precios nacionales RED y Base, “sin necesidad de nuevos requerimientos y sin que fuera preciso que la Comisión adoptara medidas adicionales para lograr la implementación de lo acordado, la desvinculación de la tarifa de roaming”.

Luxemburgo señala las prácticas desleales como indiciarias de abuso2018-10-17
  •  Aunque la práctica desleal no es por si sola motivo de nulidad, sí es un indicio en el que el juez puede basarse para declarar la abusividad y por tanto la nulidad
  •  Se entiende por práctica desleal aquella que resulta contraria a la diligencia profesional o que distorsiona el comportamiento económico del consumidor medio

 Las prácticas comerciales desleales no bastan en sí mismas para anular un contrato. Luxemburgo considera que la mejor manera de resarcir el daño es mediante una indemnización posterior. Sin embargo, también señala que la existencia de prácticas comerciales desleales pueden constituir un indicio en el que el juez puede basarse para declarar abusividad y por tanto la nulidad de la polémica cláusula. “Las cláusulas abusivas se entenderán por no puestas, señala la directiva de defensa del consumidor”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho navas & Cusí, especializado en derecho bancario, financiero y europeo.

Luxemburgo responde de esta manera a la pregunta de un juez de Cartagena (Murcia) que pregunta si el juez tiene derecho a examinar de oficio o de parte una práctica desleal. Pregunta en concreto si los art. 695 y 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil son acordes a lo dispuesto en la directiva 2005/29/CE sobre prácticas desleales de las empresas en su relación con los consumidores.

La respuesta es que sí dado que permite a un juez examinar la práctica desleal mediante una acción individual. Sin embargo, la existencia de dicha práctica desleal en sí misma no permite anular la cláusula. Luxemburgo señala que la directiva ofrece margen nacional para decidir cómo combatir las prácticas desleales y qué sanciones deben imponerse para que sean “eficaces, proporcionales y disuasorias”.

“Sin embargo, deja la puerta abierta a declarar la nulidad si el juez interpreta que dicha práctica desleal convirtió la cláusula en abusiva y por tanto nula”, explica Navas.

La resolución de Luxemburgo trae cuenta de una ejecución hipotecaria de Bankia tras una novación en la que se rebaja sustancialmente el tipo de subasta de 195.900€ a 57.689€ ampliándose el plazo de devolución de 25 años a 40. Los clientes interpretan que la rebaja del tipo de subasta es una práctica desleal, entendida esta como “contraria a la diligencia profesional” o “distorsionadora del comportamiento económico del consumidor medio”.

El juez decidió suspender la ejecución hipotecaria en curso para resolver sí el podía examinar la práctica comercial desleal en el mercado de la ejecución hipotecaria o si los clientes debían de iniciarse un nuevo procedimiento para denunciar la práctica desleal. La respuesta es que los clientes deben de iniciar un nuevo procedimiento sin que eso suponga merma en “elevado nivel de protección del consumidor” que pretende la directiva.

En ese nuevo procedimiento, el juez puede apreciar práctica comercial desleal indiciaria de cláusula abusiva. Al darse por no puesta, el procedimiento de ejecución hipotecaria quedaría también anulado. “Es verdad que formalmente las garantías del consumidor quedan protegidas, aunque es bastante probable que cuando el segundo juez resuelva la ejecución ya se haya producido, así que sería más razonable permitir que sea el mismo juez quien examine posible práctica desleal o en todo caso, que el primer juez, suspenda cautelarmente el procedimiento de ejecución a la espera de la resolución del segundo procedimiento”, señala el socio-director de navascusi.com

¿Puede un peatón ser indemnizado si es atropellado al cruzar fuera del paso de peatones?2018-10-16

Uno de los riesgos a los que los ciudadanos nos encontramos expuestos en el día a día a lo largo de nuestra vida, es el de poder ser atropellados por algún vehículo, debido a la extensa red de infraestructuras viarias urbanas e interurbanas de las que disponemos, aunque es claro que la mayoría de tales percances suceden en las grandes ciudades debido a la cantidad de desplazamientos que, dentro de ellas, realizamos en nuestros vehículos de motor y a lo que hay que sumar las imprudencias que cometemos tanto al volante como cuando somos meros peatones.

Para entrar en el ámbito de la Responsabilidad Civil en tales sucesos, básicamente hemos de atender a lo dispuesto en el art. 1 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, que señala en el primer párrafo de su apartado primero:

"El conductor de vehículos a motor es responsable, en virtud del riesgo creado por la conducción de estos, de los daños causados a las personas o en los bienes con motivo de la circulación".

Más claro no puede decirse: se proclama una responsabilidad marcadamente objetiva por parte del conductor, basada en el riesgo creado por la conducción de un vehículo a motor, señalándose los daños causados a las personas, de los cuales el mejor ejemplo que puede darse es cuando un viandante es atropellado por un automóvil, proclamado legalmente como responsable al ser generador de riesgo.

Refiriéndonos al caso concreto de si ¿también es responsable el conductor cuando un peatón es atropellado al cruzar fuera de un paso de peatones? Para poder dar respuesta a tal pregunta, deberemos de atender al segundo párrafo del artículo anterior:

"En el caso de daños a las personas, de esta responsabilidad sólo quedará exonerado cuando pruebe que los daños fueron debidos a la culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo; no se considerarán casos de fuerza mayor los defectos del vehículo ni la rotura o fallo de alguna de sus piezas o mecanismos".

Fuera aparte de esa "fuerza mayor exculpante" (un terremoto, o una riada por ejemplo) la respuesta sería: aunque el atropellar a un viandante es un riesgo propio de la conducción de vehículos a motor, el conductor podrá ser exonerado de responsabilidad cuando estemos ante casos de culpa exclusiva de la víctima (el peatón). Por ejemplo, una persona que se lanza intencionadamente contra nuestro vehículo, un viandante que en una autovía salta el muro separador de calzadas y cae justo delante del coche que viene por la primera de ellas, un peatón que no respeta un semáforo en rojo en tanto que el resto de los viandantes espera a que aquel se les ponga verde etc.

Y entre ambos extremos (culpa objetiva y única del conductor del vehículo, y culpa exclusiva de la víctima) tendremos una enorme variedad de casuística dentro de la llamada "concurrencia de culpas", con mayor o menor grado de porcentaje de culpa para uno u otro dependiendo de cuál haya sido su conducta en el caso concreto ... sin que (y volvemos al título inicial de la cuestión) sea un "índice automático" de exclusiva responsabilidad del peatón, el hecho de que el percance se produzca cuando cruce una calzada por un lugar indebido (fuera de un paso de peatones). Pensemos así en una calle o carretera recta sin semáforos ni pasos de cebra con un peatón cruzando en diagonal y un vehículo que le ve de lejos, le toca el claxon y no frena hasta que el percance es ya inevitable...

La cuestión de todo los que hemos comentado es que dada su originaria "culpa legal objetiva", está en que la carga probatoria de cualquier grado de responsabilidad por parte del viandante recaerá en el conductor del vehículo para así poder exonerarse de cualquier tipo de responsabilidad o atenuar la misma por acreditar una negligente conducta del peatón en la producción del evento lesivo.

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia piden que se refuerce la seguridad judicial electrónica2018-10-15

Las Jornadas Nacionales de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, que durante tres días han congregado en Burgos a los 17 máximos representantes de los tribunales autonómicos, han finalizado con un documento de conclusiones fruto de las mesas de trabajo celebradas en el que se recogen entre otras las siguientes cuestiones:

  • Reiteramos el llamamiento a todos los poderes públicos a fin de que aseguren los medios y recursos que el Poder Judicial necesita para seguir cumpliendo con la misión de asegurar la aplicación de la fuerza razonada del Derecho para defender el orden constitucional. La modernización y adecuada dotación de la Justicia sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra democracia.
  • Si bien la crítica de las actuaciones judiciales es legítima y positiva en una sociedad democrática, siempre que se realice con respeto y ponderación, su descalificación general, especialmente cuando se efectúa por quienes ejercen cargos públicos, a la que en ocasiones se añade el propósito de desprestigiar a los jueces, deslegitima al Poder Judicial y afecta a la confianza que los ciudadanos tienen en sus tribunales y en el conjunto del sistema democrático. Consideramos esencial que quienes representan a los poderes públicos actúen con lealtad, favoreciendo la credibilidad en el Poder Judicial y en el resto de las instituciones.
  • La protección judicial de los derechos de los consumidores reconocidos por el ordenamiento de la Unión Europea se encuentra sumida en una crisis de eficacia por las dificultades en la gestión de los procesos en la jurisdicción civil, sustanciados en forma de litigios-masa. Este fenómeno, que puede potencialmente producirse en cualquier jurisdicción, debe ser solucionado con medidas legislativas específicas.
  • Las crecientes exigencias de una información rigurosa, de una efectiva protección de datos personales y de una política de transparencia ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer el papel y los medios de las Oficinas de Comunicación, al servicio del derecho de los ciudadanos a una información veraz, neutral, clara, objetiva, responsable y ágil, esencial en una sociedad democrática.
  • Las administraciones prestacionales deben reforzar la seguridad judicial electrónica, garantizando en todo caso la custodia y reserva de los datos contenidos en el expediente judicial electrónico. Los accesos a las sedes judiciales electrónicas para verificar la autenticidad e integridad de las resoluciones judiciales a través del Código Seguro de Verificación (CSV) deben incorporar un control de trazabilidad que permita identificar al usuario y comprobar la legítima finalidad del acceso. Es preciso que los sistemas de gestión procesal incorporen funcionalidades que permitan, desde
    el inicio de las actuaciones, cumplir adecuadamente con los principios de minimización y disociación de datos proclamados por el Reglamento (UE) 2016/679, especialmente en cuanto a los datos de las víctimas de delitos y de sus familiares. Mientras los sistemas informáticos de la Administración de Justicia no permitan la disociación de datos en los expedientes judiciales electrónicos desde el momento de su incorporación a los mismos, las oficinas judiciales deben minimizar los datos de carácter personal contenidos en dichas resoluciones antes de trasladarlas a los Gabinetes de Comunicación, sin que deban facilitarse las mismas en formatos que contengan código seguro de verificación.
  • La oficina judicial es la organización de carácter instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de jueces y tribunales. Para asegurar dicho carácter instrumental de la oficina judicial, proponemos que se lleven a cabo los cambios normativos que vinculen funcionalmente a los Secretarios de Gobierno a las directrices organizativas emanadas de los órganos de gobierno del Poder Judicial.
  • Resulta necesario establecer una disposición legal que vincule automáticamente la mejora de los derechos en la función pública a la Carrera Judicial. Mientras tanto, para paliar esta situación, los Presidentes de los TSJ realizaremos una interpretación favorable de aquellos derechos cuyo reconocimiento está sujeto a nuestra decisión.
  • Reclamamos la clarificación de las competencias directivas de los Secretarios de Gobierno sobre el personal adscrito a las Secretarías de Gobierno, que en todo caso deben quedar sometidas y ser ejercitadas con arreglo a las directrices, acuerdos y órdenes emanados de las presidencias de los TSJ.
  • Acordamos la utilización del auxilio judicial para la práctica de los actos de prueba deberá ser excepcional y requerirá en todo caso su adopción por resolución motivada en la que se justifique la necesidad del exhorto y, en su caso, también la imposibilidad de su realización mediante videoconferencia.
  • Los presidentes de los TSJ, en nuestra función de presidencia de las Comisiones de Garantías de Videovigilancia previstas por la LO 4/1997, constatamos la necesidad de una reflexión profunda sobre el paradigma social desde el que ponderar las exigencias de seguridad y las garantías de privacidad. Como instrumento para contribuir a tal reflexión y mejorar la respuesta de dichas comisiones, dejamos constancia de la utilidad de crear una base de datos que recopile de forma sistemática los informes emitidos por las distintas comisiones territoriales.

Documento íntegro de las conclusiones alcanzadas

¿Va a reemplazar la inteligencia artificial a los abogados?2018-10-11

En una entrevista publicada en la web de Thomson Reuters, Tonya Custis, directora de investigación en Thomson Reuters, profundiza en los temores que los despachos de abogados americanos tienen con la implantación de la Inteligencia Artificial en el ámbito legal. Tonya dirige un equipo de científicos que realizan investigación aplicada en tecnologías de Inteligencia Artificial (IA). Recientemente, fue panelista en Legaltech (parte de Legalweek New York 2018 de ALM).

Fernando Biurrun Abad,
Abogado.
Fundador de Law&Trends
Consultor de Social Media @fbiurrun

En el panel, Inteligencia Artificial para la Investigación Legal: Por qué Importan los Datos, patrocinado por Thomson Reuters, participaron junto con Tonya Custis otros panelistas como fueron  Don MacLeod, Gerente de Gestión del Conocimiento en Debevoise & Plimpton; y Carlos Gámez, Director Senior de Innovación para el Negocio Legal en Thomson Reuters.

Esta experta de Thomson Reuters considera que la "aplicación de la IA al sector legal requiere una combinación de experiencia en la materia, en el contenido anotado y experiencia técnica: no se puede simplemente arrojar IA a datos legales y esperar buenos resultados". Por ello, Tonya Custis considera que "cuantos más abogados sepan cómo funciona efectivamente la IA, más cómodos se sentirán con ella. Es importante comprender cómo los algoritmos de inteligencia artificial usan los datos y cuáles pueden ser sus consecuencias en el rendimiento de un sistema de inteligencia artificial. Las personas tienen miedo de lo que no entienden, por lo que es importante que se tomen el tiempo para conocer el panorama general de la IA y cómo se aplica a lo legal".

También, señala la directora de investigación que "es importante comprender que la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial mejoran a medida que se usan más, se adaptan y aprenden del comportamiento de los usuarios, por lo tanto, cuanto más se usen, mejor se verán. La mayoría de los productos de consumo y otros productos (como Westlaw) ya contienen IA, no es realmente nuevo, últimamente recibe mucha más atención".

En su experiencia editorial explica que, en general, "todos los tipos de datos pueden ir a un sistema de IA, cualquier cosa que una computadora pueda procesar: texto, sonidos, imágenes, registros de bases de datos, clics de usuarios, etc. En Thomson Reuters, somos afortunados de ser una editorial con 150 años de experiencia, además de nuestros datos de textos legales (casos, estatutos, regulaciones, fuentes secundarias, informes, etc.). También podemos construir AI en nuestros canales editoriales para facilitar la vida de los editores de documentos y de nuestros clientes. Podemos reutilizar muchas características de IA y crear productos independientes nuevos; y podemos superponernos a la inteligencia artificial existente para construir modelos cada vez más complejos".

Dominio del conocimiento jurídico

Una pregunta que nos hacemos cuando hablamos de inteligencia artificial en el sector legal es si es necesario, también, un dominio del conocimiento jurídico para un desarrollo óptimo del modelo. Para esta experta, "La premisa básica de la IA es imitar los comportamientos o el pensamiento humano. En el sector legal, se quiere que la IA se comporte o piense como un abogado: se desea que los modelos reflejen lo que haría un abogado". 

"Para que un modelo de IA se comporte de una manera que sea útil para los abogados, debemos capacitarlo con datos que tengan sentido y que sean valiosos para los abogados. Necesitamos decirle al modelo qué parte de los datos son importantes para el comportamiento que intentamos imitar: se necesita experiencia y dominio de la materia para comprender en qué partes de los datos se debe confiar y qué partes se deben ignorar para tomar una decisión. El sistema aprende a asociar o mapear esas señales importantes con los datos que son importantes para que el modelo alcance el resultado deseado. Sin ninguna experiencia en la materia, un experto en inteligencia artificial puede tropezar con algunas características que son importantes en el sector o características de metadatos discriminatorias para usar en un modelo, pero es probable que pierda muchas más y omita muchos de los matices que solo un experto legal conoce", remarca Tonya Custis.

Por el contrario, explica la responsable de TR, "si un experto legal intenta cargar sus datos en una herramienta de inteligencia artificial sin experiencia en AI, es probable que cometa errores debido a que no entienda cómo funcionan esas herramientas y cuál es la mejor manera de cargar los datos, para aprovechar que la estructura de los datos y el modelo trabajen juntos". 

Comenta Tonya Custis que la pregunta más común que recibe de los abogados es si la AI les va a reemplazar en sus trabajos. "La respuesta es probablemente no -responde la experta-. La AI les ayudará a hacer su trabajo, pero estamos muy lejos de un abogado robótico que habla. Y, si no lo estuviéramos, aún necesitaríamos abogados para ayudar a entrenarlo. La AI puede aumentar la capacidad de un abogado para hacer su trabajo, ahorrarle algo de tiempo investigando, descubrir algunos casos o información de la que quizás no se haya dado cuenta, o tal vez sugerir algunos artículos o argumentos que puede haber pasado por alto".

"AI puede automatizar algunas tareas de nivel inferior, sí, pero eso solo debería liberar más tiempo para que los abogados realicen las tareas de abogacía más complejas (y tal vez más satisfactorias) que requieren un pensamiento y una argumentación de mayor nivel", concluye Tonya Custis.

EL Supremo declara la exención de la prestación por maternidad2018-10-10

Son múltiples las madres y padres afectados por esta reciente sentencia del Tribunal Supremo que declara la exención de la prestación por maternidad. Se calcula que pueda superarse el millón de afectados y que hacienda tenga que devolver más de 1.300 millones de euros.

La sentencia en cuestión está fechada recientemente, en concreto el día 3 de octubre de 2018; es de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda de la que emana la citada Sentencia núm. 1.462/2018. Se trata de un recurso de casación con número de procedimiento 4483/2017 y del que ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José Díaz Delgado.

Entrando ya en materia, vemos que se trata de un recurso interpuesto por el Abogado del Estado contra una sentencia de 29 de Junio de 2017 del TSJ de Madrid (recurso 1300/2015) relativa al IRPF. Tiene su origen en una liquidación provisional de la Agencia Tributaria (AEAT) que no admitía la exención de la prestación por maternidad. Tras esta liquidación el contribuyente presentó una reclamación al TEAR de Madrid que fue desestimada por silencio administrativo.

Alegaba la AEAT que las únicas prestaciones exentas a las que se refiere el artículo 7.h) de la LIRPF eran las que iban a cargo de comunidades autónomas y entes locales. Y en la misma línea se opuso el Abogado del Estado alegando una sentencia del TSJ de Castilla y Leon (la 1727 de 15 de octubre de 2012).

Mediante Auto de 17 de enero de 2018 se admite el recurso de casación (RCA/4483/2017) al presentar la cuestión interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia; consistiendo en determinar si las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están o no exentas del IRPF.

El tenor literal del precepto en cuestión es el que sigue:

"h) Las prestaciones familiares reguladas en el Capítulo IX del Título II del , y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.

También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales."

Tras el análisis de las alegaciones y las sentencias previas de los TSJ el Tribunal Supremo declara exentas las prestaciones de maternidad de cualquier organismo público y lo justifica en tres razones:

1) Porque así se desprende de la Exposición de Motivos que introdujo la mencionada exención en la LIRPF. Dice el TS recordando la sentencia ahora recurrida: "(...) pues se refiere expresamente a la prestación por maternidad y

no parece pretender que su alcance se limite a las concedidas por las comunidades autónomas o entidades locales, sino que trata de establecer la exención de todas las prestaciones por maternidad, sin distinción del órgano público (...)"

2) La interpretación gramatical así lo justifica. Pues la expresión "también" que inicia el párrafo cuarto parece dar a entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad Social entre las que cabe incardinar las prestaciones de maternidad, están exentas las que por el mismo concepto reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

3) Por último, el TS se basa para fijar como doctrina legal la expresada en su FJ 3º en la interpretación sistemática del Real Decreto por el que se aprueba el TRLSS.

Analizada la sentencia cabe recodar que serán ahora los contribuyentes los que por diversos motivos deberían estudiar hacer una rectificación de sus autoliquidaciones del IRPF para obtener la devolución de la parte proporcional más los intereses de demora siempre que hubieran recibido la prestación en alguno de los años no prescritos.

De forma retroactiva debería estudiarse la rectificación por tres razones básicas:

  • Para obtener una devolución de lo indebidamente pagado o una mayor devolución.
  • Si no se declaró IRPF (no estaba obligado): porque puede que ahora le compense hacerlo.
  • Porque al minorar la renta podrá optar a becas, ayudas o subvenciones que dependan del nivel de renta.

Y, por último, prospectivamente los que perciban en el presente año tal prestación deberían tener en cuenta esta sentencia a los efectos de confeccionar su declaración de la renta el próximo mes de junio.

El Tribunal Supremo establece que las prestaciones por maternidad están exentas del IRPF2018-10-09

La Sala confirma el fallo del TSJ de Madrid que estimó el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social percibida en dicho ejercicio

El Tribunal Supremo ha establecido como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.” 

Así lo refleja en una sentencia de la Sección Segunda de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, que desestima un recurso de la Abogacía del Estado, que defendía que dichas prestaciones no debían estar exentas del IRPF. El Supremo confirma una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de junio de 2017, que estimó el recurso de una mujer y ordenó a Hacienda que le devolviera la cantidad ingresada en el IRPF de 2013 por la prestación por maternidad con cargo a la Seguridad Social percibida en dicho ejercicio. 

El abogado del Estado recurrió al Supremo esta última sentencia por considerar que era contradictoria con fallos de los tribunales superiores de Castilla y León y Andalucía, sobre la misma materia, y argumentando, entre otros motivos, que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. Añadía que no cabe extender a las prestaciones por maternidad de la Seguridad Social la exención que el artículo 7 de la Ley del IRPF sí establece para dichas prestaciones por maternidad cuando proceden de las comunidades autónomas o entidades locales. 

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Díaz Delgado, el Supremo considera que la prestación por maternidad a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero letra h del artículo 7 de la Ley del IRPF, cuando dispone que “igualmente estarán exentas  las  demás  prestaciones   públicas   por   nacimiento,  parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”. 

En primer lugar, porque así se desprende de la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas  Fiscales,   Administrativas   y   de  Orden   Social,   que  introdujo   la  mencionada exención en la Ley 40/1998  del Impuesto  sobre  la Renta de las Personas Físicas y pasó  al Real Decreto  Legislativo  3/2004, de 5 de marzo,  por  el que se aprueba  el texto refundido de la Ley  del Impuesto  sobre  la Renta  de  las Personas  Físicas. En dicha Exposición  de Motivos  se dice que:  "En el Impuesto  sobre  la Renta  de las Personas  Físicas,  en primer lugar,  se  establece  la  exención  de  las prestaciones   públicas  percibidas  por  nacimiento, parto   múltiple,   adopción,   maternidad   e  hijo  a  cargo,   entre  las  que  se  incluyen   las prestaciones  económicas por  nacimiento  de hijo y por parto  múltiple previstas  en el Real Decreto Ley  112000, de 14 de enero". 

Del texto contenido  en la referida Exposición  de Motivos, argumenta el Supremo, “se  desprende   que  la  exención   que  se  establece   comprende   la prestación   de maternidad y no sólo las de nacimiento,  parto  múltiple,  adopción  e hijo a cargo, pues  se refiere expresamente  a la prestación  por  maternidad  y no parece pretender  que su alcance se limite a las concedidas por  las comunidades  autónomas o entidades  locales,  sino  que trata de establecer  la exención de todas las prestaciones  por  maternidad,  sin distinción  del órgano público del que se perciban, lo que conduce a estimar que el párrafo cuarto del artículo 7 letra h de la ley del IRPF  trata  de extender el alcance del tercer párrafo  a las percibidas  de las comunidades  autónomas o  entidades  locales”.

A ello añade el Supremo una interpretación gramatical. “Cuando el párrafo cuarto comienza con la palabra “también”  estarán  exentas  las  prestaciones   públicas   por   maternidad  percibidas   de  las Comunidades Autónomas o entidades locales”, después de declarar exentas en el párrafo tercero “las  demás  prestaciones   públicas   por   nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad”, parece dar a entender que además de las que corren a cargo de la Seguridad Social, entre las que cabe incardinar las prestaciones por maternidad, están exentas las que por el mismo concepto se reconozcan por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, pues en otro caso la partícula “también” sería inútil, y podría dar lugar a entender que el legislador ha querido exclusivamente declarar exentas éstas últimas y excluir las estatales”. 

Por último, se apoya en una interpretación sistemática, basada en que la prestación por maternidad es el subsidio que gestiona la Seguridad Social que trata de compensar la pérdida de ingresos del trabajador a consecuencia del permiso de descanso por el nacimiento de un hijo, adopción, tutela o acogimiento, y durante ese periodo el contrato de trabajo queda en suspenso interrumpiéndose la actividad laboral. Por ello, a tenor del artículo 177 de la Ley General de la Seguridad Social, el Supremo recuerda que se consideran situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo regulen. 

“En consecuencia –concluye la sentencia-- la prestación por maternidad puede incardinarse en el supuesto previsto en el párrafo tercero de la letra h del artículo 7 de la LIRPF, y por ello el recurso de casación ha de ser desestimado y establecer como doctrina legal que ‘las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas’.”

El Tribunal Supremo declara nulo el cese de interinos contratados de manera abusiva 2018-10-08

El Tribunal Supremo ha declarado nulo el cese de interinos al considerar abusiva la utilización abusiva de contratos de duración determinada y reconoce su derecho a mantenerse en sus puestos de trabajo, percibiendo las retribuciones no abonadas, mientras la Administración no cumpla con la normativa vigente.

La Sección Cuarta de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, ha dictado dos sentencias en las que revoca parcialmente las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con sendos ceses (declarados ilegales por la Sala de Bilbao, en pronunciamiento confirmado ahora en casación) de un funcionario interino municipal y de una empleada eventual de carácter estatutario en los correspondientes puestos de trabajo cuando se constata una situación previa de abuso en la utilización sucesiva de relaciones de empleo de duración determinada.

Aplicando el criterio contenido en diversos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, afirma, en primer lugar, que procede declarar contrarios a Derecho dichos ceses, pero que la constatada situación de abuso no permite convertir al funcionario interino o a la empleada pública eventual en “personal indefinido no fijo”, aplicando de forma analógica la jurisprudencia del orden social. Revoca, así, el pronunciamiento contenido en las sentencias de la Sala del País Vasco que habían aplicado tal figura jurídica, propia de las relaciones sometidas al Derecho Laboral, pero no aplicables a los empleados públicos vinculados con la Administración por una relación de naturaleza estatutaria o funcionarial, como aquí sucede.

Para el Tribunal Supremo, la consecuencia de dicho abuso es la subsistencia y continuación de las relaciones de empleo, con los derechos profesionales y económicos inherentes a ella, desde la fecha de efectos del cese ilegal cuya nulidad confirma y hasta que la Administración cumpla en debida forma lo que ordena la normativa aplicable.

Para dar debido cumplimiento a tal normativa (de la que deriva que el cese solo puede tener lugar cuando la plaza se cubra por el procedimiento correspondiente por funcionario o personal de carrera, o cuando vuelva su titular, o cuando termine el programa temporal que debe ejecutarse o cuando finalice la acumulación de tareas motivadora del nombramiento), señala la Sala que deben ponderarse las circunstancias del caso, que en los supuestos analizados constatan que los nombrados cubrían necesidades que, de hecho, no tenían carácter provisional, sino permanente y estable, de manera que debe valorarse, de modo motivado, fundado y referido a las concretas funciones que prestaron, si procede o no la ampliación de las relaciones de puestos de trabajo de las plantillas y, en caso contrario, acudir al tipo de nombramiento que proceda impidiendo en todo caso que perdure la situación de precariedad de quienes eventual y temporalmente hayan de prestar las funciones correspondientes.

Y en cuanto a la indemnización solicitada por los interesados, afirma la sentencia que no procede en el caso (pues el mantenimiento en sus puestos que se declara, con percibo íntegro de lo no abonado, repara íntegramente el perjuicio causado), pero que, en general, los afectados por la utilización abusiva de los nombramientos temporales tienen derecho a una indemnización, aunque el reconocimiento de ese derecho: a) depende de las circunstancias singulares del caso; b) debe ser hecho, si procede, en el mismo proceso en que se declara la existencia de la situación de abuso; y c) requiere que la parte demandante deduzca tal pretensión; invoque en el momento procesal oportuno qué daños y perjuicios, y por qué concepto o conceptos en concreto, le fueron causados; y acredite por cualquiera de los medios de prueba admitidos en derecho, la realidad de tales daños y/o perjuicios, de suerte que sólo podrá quedar para ejecución de sentencia la fijación o determinación del quantum de la indemnización debida.

*Puede consultar la 2ª sentencia en este enlace:

http://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/viewDocument?ECLI=ECLI:ES:TS:2018:3251

Una persona que publica en Internet varios anuncios de venta no tiene la condición de ‘comerciante’2018-10-05

Dicha actividad puede considerarse una «práctica comercial» si la persona actúa con un propósito relacionado con su actividad económica, negocio, oficio o profesión

Un consumidor adquirió un reloj de pulsera de segunda mano en una plataforma de venta en línea. Tras comprobar que dicho reloj no presentaba las características indicadas en el anuncio de venta, el consumidor manifestó frente a la vendedora su deseo de rescindir el contrato. La vendedora, la Sra. Evelina Kamenova, se negó a aceptar la devolución del bien a cambio de reembolsar el precio. En consecuencia, el consumidor presentó una reclamación ante la Comisión búlgara de protección de los consumidores (CPC).

Tras haber consultado la plataforma, la CPC señaló que, a 10 de diciembre de 2014, la Sra. Kamenova todavía tenía publicados en ese sitio de Internet, bajo el pseudónimo de «eveto-ZZ» ocho anuncios de venta referentes a diversos productos.

Mediante resolución de 27 de febrero de 2015, la CPC declaró que la Sra. Kamenova había cometido una falta administrativa y le impuso varias sanciones administrativas sobre la base de una Ley nacional de protección de los consumidores. Según la CPC, la Sra. Kamenova había omitido indicar, en cada uno de dichos anuncios, el nombre, la dirección postal y la dirección de correo electrónico del comerciante, el precio final del producto puesto a la venta, incluidos todos los impuestos, las condiciones de pago, entrega y ejecución, el derecho del consumidor a desistir del contrato de compraventa a distancia, las condiciones, el plazo y las modalidades de ejercicio de ese derecho, así como la indicación de la existencia de una garantía legal de la conformidad de los productos vendidos.

La Sra. Kamenova interpuso un recurso contra dicha resolución sancionadora ante los tribunales búlgaros porque consideraba que no tenía la condición de «comerciante», de modo que las disposiciones de la ley búlgara no resultaban aplicables. En este contexto, el Administrativen sad - Varna (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Varna, Bulgaria) pregunta al Tribunal de Justicia si una persona que publica en un sitio de Internet un número relativamente elevado de anuncios de venta de artículos de un valor considerable puede ser calificada de «comerciante» en el sentido de la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales. [1]

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que para ser calificada de «comerciante» en el sentido de la Directiva una persona tiene que actuar «con un propósito relacionado con su actividad económica, empresa, oficio o profesión» o en nombre de un comerciante o por cuenta de éste.
A continuación, el Tribunal de Justicia precisa que el sentido y el alcance del concepto de «comerciante» deben determinarse en relación con el concepto de «consumidor», que designa a todo particular que no participe en actividades comerciales o profesionales.

[1] Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2005, L 149, p. 22).

A este respecto, el Tribunal de Justicia declara que incumbe al tribunal nacional, por una parte, determinar, atendiendo a las circunstancias del caso concreto, sobre la base de todos los elementos de hecho de que dispone, si una persona física, como la Sra. Kamenova, ha actuado con un propósito relacionado con su actividad económica, negocio, oficio o profesión, comprobando, en particular, si la venta se ha efectuado de forma planificada, si tiene carácter regular o un fin lucrativo, si la oferta se concentra en un número limitado de productos, y , por otra, examinar el estatuto jurídico y las competencias técnicas del vendedor.

Además, para considerar que la actividad de que se trata constituye una «práctica comercial», el órgano jurisdiccional nacional debe comprobar que dicha actividad, por una parte, sea realizada por un «comerciante», y, por otra, constituya una acción, omisión, conducta, manifestación o comunicación comercial «directamente relacionada con la promoción, la venta o el suministro de un producto a los consumidores».

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia concluye que una persona física que publica simultáneamente en un sitio de Internet un determinado número de anuncios en los que ofrece a la venta bienes nuevos y de segunda mano sólo debe calificarse de «comerciante» y dicha actividad únicamente constituye una «práctica comercial» si dicha persona actúa con un propósito relacionado con su actividad económica, negocio, oficio o profesión.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El acceso a datos personales está justificado para prevenir o investigar delitos leves2018-10-04

En el marco de la investigación de un robo con violencia de una cartera y un teléfono móvil, la Policía Judicial española solicitó al Juzgado de Instrucción encargado del caso que le concediera acceso a los datos personales o de filiación de los usuarios de los números de teléfono activados desde el teléfono sustraído durante un período de doce días desde la fecha del robo. El juez instructor denegó la diligencia solicitada, en particular porque consideraba que los hechos que habían dado lugar a la investigación penal no constituían delito «grave» —es decir, con arreglo al Derecho español, los delitos sancionados con una pena de prisión superior a cinco años—, único tipo de delitos que permite justificar el acceso a los datos personales o de filiación. [1] El Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación contra dicha decisión ante la Audiencia Provincial de Tarragona.

La Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas [2] establece que los Estados miembros pueden limitar los derechos de los ciudadanos cuando tal limitación constituya una medida necesaria, proporcionada y apropiada en una sociedad democrática para proteger la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública, o garantizar la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos o la utilización no autorizada del sistema de comunicaciones electrónicas.

La Audiencia Provincial de Tarragona expone que, con posterioridad a la adopción de la decisión del juez instructor, el legislador español introdujo [3] dos criterios alternativos para determinar el nivel de gravedad de un delito respecto del cual se autoriza la conservación y la cesión de los datos personales. El primero es un criterio material, vinculado a delitos específicos y graves, especialmente lesivos para los intereses jurídicos individuales y colectivos. El segundo es un criterio normativo-formal que establece un umbral mínimo de tres años de prisión, umbral que abarca la gran mayoría de los delitos. Además, el tribunal español observa que el interés del Estado en castigar las conductas infractoras no puede justificar injerencias desproporcionadas en los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («Carta»). Por tanto, la Audiencia Provincial de Tarragona pregunta al Tribunal de Justicia acerca de la fijación del umbral de gravedad de los delitos a partir del cual puede justificarse una injerencia en los derechos fundamentales, como el acceso por parte de las autoridades nacionales competentes a los datos personales almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.

[1] Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones (BOE n.º 251, de 19 de octubre de 2007, p. 42517).

[2] Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO 2002, L 201, p. 37), en su versión modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 (DO 2009, L 337, p. 11).

[3] Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica (BOE n.º 239, de 6 de octubre de 2015, p. 90192).

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que el acceso de las autoridades públicas a datos personales almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas en el marco de un procedimiento de instrucción penal está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva. Además, el acceso a los datos que permiten identificar a los titulares de las tarjetas SIM activadas con un teléfono móvil sustraído, como los nombres, los apellidos y, en su caso, las direcciones de dichos titulares, constituye una injerencia en los derechos fundamentales de éstos, consagrados en la Carta. No obstante, el Tribunal de Justicia declara que esta injerencia no presenta una gravedad tal que, en el ámbito de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos, dicho acceso deba limitarse a la lucha contra la delincuencia grave.

El Tribunal de Justicia señala que el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas constituye una injerencia en los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos, consagrados en la Carta, incluso a falta de circunstancias que permitan calificar esta injerencia de «grave» y sin que sea relevante que la información relativa a la vida privada de que se trate tenga o no carácter sensible o que los interesados hayan sufrido o no inconvenientes en razón de dicha injerencia. Sin embargo, la Directiva enumera objetivos que pueden justificar una norma nacional que regule el acceso de las autoridades públicas a estos datos y establezca de ese modo una excepción al principio de confidencialidad de las comunicaciones electrónicas. Esta enumeración tiene carácter exhaustivo, por lo que dicho acceso ha de responder efectiva y estrictamente a uno de esos objetivos. El Tribunal de Justicia observa a este respecto que el tenor de la Directiva no limita el objetivo de la prevención, investigación, descubrimiento y persecución de delitos a la lucha contra los delitos graves, sino que se refiere a los «delitos» en general.

En su sentencia Tele2 Sverige, 4 el Tribunal de Justicia declaró que únicamente la lucha contra la criminalidad grave puede justificar el acceso de las autoridades públicas a datos almacenados por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas que, examinados en su conjunto, permitan extraer conclusiones precisas sobre la vida privada de las personas cuyos datos se ven afectados. No obstante, esa interpretación estaba motivada por el hecho de que el objetivo perseguido por una norma que regula ese acceso debe guardar relación con la gravedad de la injerencia en los derechos fundamentales en cuestión que suponga dicha operación. En efecto, conforme al principio de proporcionalidad, una injerencia grave sólo puede estar justificada en este ámbito por el objetivo de luchar contra la delincuencia que a su vez también deba calificarse de «grave». En cambio, cuando la injerencia no es grave, dicho acceso puede estar justificado por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general.

El Tribunal de Justicia considera que el acceso limitado únicamente a los datos cubiertos por la solicitud de que se trata no puede calificarse de injerencia «grave» en los derechos fundamentales de los individuos cuyos datos se ven afectados, ya que dichos datos no permiten extraer conclusiones precisas sobre su vida privada. El Tribunal de Justicia deduce de ello que la injerencia que supone el acceso a esos datos puede estar justificada por el objetivo de prevenir, investigar, descubrir y perseguir «delitos» en general, sin que sea necesario que dichos delitos sean calificados de «graves».

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El desalojo de un inquilino moroso por la vía judicial tarda una media de 11 meses en España2018-10-03

Cuando se cumplen 10 años del inicio de la crisis económica en España, la problemática en materia de desahucios ha pasado de los hipotecados por la adquisición de una vivienda a los inquilinos de un inmueble mediante contrato de arrendamiento. De hecho, casi el 60% de los desahucios ejecutados durante 2017 fueron motivados por impago del alquiler, un 4,3% más que un año antes, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

  • Destacan Andalucía, Catalunya, Madrid y la Comunidad Valenciana como las CCAA en las que más se tarda en desalojar a un inquilino moros.
  • La nueva ley de ‘desahucio exprés' no sirve para desalojar a inquilinos morosos. Así, los seguros del alquiler para prevenir la morosidad se vieron incrementados en más de un 30% en el 2017, con un coste de entre 250 y 400 euros anuales.

En este sentido, el desalojo de un inquilino moroso por la vía legal tarda una media de 11 meses en España, siendo Andalucía, Catalunya, Madrid y la Comunidad Valenciana las CCAA en las que más se tarda en desalojar a un inquilino moroso. La principal causa de morosidad es la descompensación entre los salarios de los españoles y el precio medio del alquiler en las grandes ciudades del país. Además, la nueva ley de ‘desahucio exprés' no sirve para desalojar a inquilinos morosos. 

En este contexto, la contratación de seguros de impago de alquiler aumentó más de un 30% interanual en 2017, según los datos del Observatorio Español del Seguro del Alquiler (OESA). A cierre del año pasado, la renta media del alquiler con seguro de impago se situó en 626 euros, un 7,5% más que los 582 euros registrados a finales de 2016, con un coste de entre 250 y 400 euros anuales. Entre las principales ventajas figuran el adelanto de las rentas para que un propietario cobre de la aseguradora cada mes sin esperar hasta la sentencia o desahucio; la reducción de las carencias; hasta 18 meses de cobertura de impago; la cobertura en caso de actos vandálicos o destrozos; y la indemnización por impago de suministros. 

"Que los propietarios inviertan en un buen seguro de impago del alquiler facilitará mucho el proceso de reclamación judicial en el caso de que firmarse un contrato de arrendamiento con un inquilino moroso. Si bien la eventual ocupación ilegal de la vivienda es una posibilidad en el caso de que el inquilino no quiera o pueda pagar, el incremento de este tipo de seguros es prueba de la existencia de una problemática a la que hay que poner solución", indica Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados. 

¿Y para renovar el contrato de alquiler? 

La duración de un contrato de alquiler de vivienda es de un mínimo de un año y de un máximo de tres. Si el plazo inicial establecido por el contrato es inferior a tres años, el contrato se renovará potestativamente para el arrendatario hasta tres años y obligatoriamente para el arrendador por tres años.  

La renovación tácita de un contrato de alquiler supone no denunciar su extinción a la fecha de vencimiento. Es decir, si llegado su vencimiento no existe preaviso por ninguna de las partes del deseo de arrendador o arrendatario de que el contrato finalice; quedará prorrogado automáticamente un año más, si así lo contempla el clausulado del citado contrato. Eso sí, el contrato de arrendamiento puede contemplar expresamente que no existe tácita reconducción, siempre que estemos dentro de los tres años. 

Si hubiere renovación tácita y en el contrato no se contempla otra cosa, se entenderá que el contrato se ha prorrogado, y entonces la renta se subirá únicamente aplicando el incremento del I.P.C. Se pueden dar conflictos si se entiende que existe contrato nuevo después de tres años, pues entonces repercutiría en el incremento de la renta. En cualquier caso, habrá que atenerse a lo que recoja el contrato.

El Tribunal Supremo sienta las bases para aplicar la agravante de género2018-10-02

El Tribunal Supremo ha interpretado por primera vez en qué casos se debe aplicar la agravante de género y ha condenado a seis años y medio de prisión a un hombre que acuchilló e intentó asfixiar a su pareja sentimental mientras le decía: “si no eres mía no eres de nadie”, después de quitarle el teléfono móvil al creer que se comunicaba con otro hombre. Los magistrados consideran que ha quedado acreditado el intento de dominación del acusado sobre la víctima.

  • Da la razón a la Audiencia de Segovia, que impuso ocho años, pero deja la condena en seis años y medio de cárcel.

En esta sentencia, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estima el recurso de la Fiscalía, que solicitaba la aplicación de esta agravante, después de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no la apreciase porque entendió que no hubo "desprecio o la discriminación a la víctima por el solo hecho de ser mujer" o el intento de humillación y ultraje.

En este sentido, este Tribunal Superior de Justicia rebajó tres años de cárcel la condena inicial de ocho impuesta por la Audiencia Provincial de Segovia por los delitos de lesiones causante de deformidad, con las agravantes de abuso de superioridad y de actuar por razones de género y delito de amenazas condicionales sin conseguir su propósito.

CONTROL Y CELOS

Ahora el Supremo da la razón a la Audiencia Provincial, cuya sentencia subrayó que la agresión se enmarcó "dentro del ámbito de control y celos" y en una situación de "dependencia de la víctima", pero incrementa la condena sólo hasta los años seis años y medio -seis años por el delito de lesiones con la agravantes y otros seis meses por el de amenazas-.

Los hechos probados en la sentencia relatan que el acusado estaba casado y mantenía una relación de afectividad sin convivencia con la víctima. En una discusión, el acusado "movido por los celos", al creer que la mujer, con la que mantenía una relación sentimental sin convivencia, estaba comunicándose con otro hombre, aprovechó que ella se encontraba en el baño para coger un cuchillo y "abalanzarse sobre la víctima dándole cuchilladas" mientras manifestaba: "si no eres mía no eres de nadie".

El alto tribunal considera que estos hechos sí que constituyen un claro "intento de dominación del acusado sobre la víctima". Añaden los magistrados que la mujer se convierte en "un ser incapaz de tomar decisiones sobre los aspectos más personales e íntimos de su vida que pudieran merecer alguna clase de respeto".

El CGPJ aprueba el informe sobre el Anteproyecto de reforma de la Ley de Marcas2018-10-01
El texto propone que los órganos especializados de la jurisdicción civil asuman la competencia para revisar el nuevo procedimiento administrativo de nulidad y caducidad de las marcas, que actualmente recae en el orden contencioso

Autor Comunicación Poder Judicial

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad el informe sobre el Anteproyecto de Ley de modificación parcial de la Ley de Marcas, cuyo objetivo es incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, referida a la noción, contenido material y límites del derecho de marca, al régimen de prohibiciones de registro, a las causas de nulidad, a la caducidad, a la marca como objeto de propiedad, al procedimiento de solicitud de registro y de oposición, así como de declaración de nulidad y de caducidad, y a las marcas colectivas.

El informe, del que ha sido ponente el vocal José Antonio Ballestero Pascual, concluye que el Anteproyecto examinado transpone “adecuadamente” las disposiciones contenidas en la Directiva. No obstante, realiza algunas consideraciones técnicas con una “estricta finalidad de mejora del producto normativo” e incide en el análisis del procedimiento previsto en el Anteproyecto para el ejercicio de las acciones directas de nulidad o caducidad de la marca.

El Anteproyecto de reforma de la Ley de Marcas modifica el régimen de acciones de nulidad y caducidad de las marcas, de modo que cuando entre en vigor pasarán de ser acciones judiciales a tramitarse mediante un procedimiento administrativo ante la Oficina Española de Patentes y marcas (OEPM). El control jurisdiccional de las resoluciones recaídas en dicho procedimiento corresponderá a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, tal y como establece la legislación orgánica y procesal española. En paralelo, los órganos especializados de la jurisdicción civil conservarán la competencia para resolver los conflictos relacionados con violaciones de marcas y para conocer de las acciones de nulidad o caducidad ejercitadas por vía de reconvención.

El informe señala que, al realizar la transposición de la Directiva, el prelegislador ha optado por “incorporar el esquema procedimental y competencial establecido por el legislador europeo”, una decisión eficaz para garantizar el cumplimiento de los principios de “efectividad y equivalencia”, pero que, al mismo tiempo, produce “un desdoblamiento del examen jurisdiccional” que puede generar inseguridad jurídica “dado el riesgo de establecer criterios jurisprudenciales divergentes y de dictar sentencias contradictorias e inconciliables”.

El CGPJ somete a la consideración del prelegislador la conveniencia de “unificar en un único orden el control jurisdiccional de las decisiones sobre la validez y la caducidad de las marcas”. Teniendo en cuenta la especialización de los órganos de la jurisdicción civil que tienen atribuida la competencia en materia de marcas, “lo adecuado”, señala el informe, “sería atribuir a los tribunales –colegiados- del orden civil con competencia en materia mercantil el conocimiento de la revisión jurisdiccional de las resoluciones de la OEPM [Oficina Española de Patentes y Marcas] dictadas en el ejercicio de acciones directas de nulidad o de caducidad de las marcas”. De hecho, estos órganos ya conocen en segunda instancia las acciones de nulidad o de caducidad, además de las acciones de violación de la marca.

La adecuación de la legislación española a la Directiva requerirá en cualquier caso, tanto si se mantiene la competencia en ambos órdenes jurisdiccionales como si se opta por la solución que propone el informe del CGPJ, la modificación de la los arts. 74.1 i) y 87 ter 2) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El vocal Enrique Lucas ha anunciado que redactará un voto particular concurrente.

El Tribunal Supremo rechaza el recurso de Gas Natural contra la sanción de tres millones de euros a los cotitulares de la central nuclear de Trillo2018-09-28

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de la Administración del Estado contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la sanción solidaria de 3 millones de euros impuesta por el Ministerio de Industria en septiembre de 2014 a Gas Natural, Iberdrola, Hidroeléctrica del Cantábrico y Nuclenor, como cotitulares de la central nuclear de Trillo, por incumplimiento permanente de su obligación de adaptarse a la disposición de la Ley de Energía Nuclear que exige titularidad única de las centrales en lugar del sistema de cotitularidad.

El Supremo estima el recurso del Estado y revoca la sentencia de la Audiencia Nacional, de 22 de junio de 2016, que declaró a su vez nula la sanción de Industria, de septiembre de 2014, al estimar un recurso de Gas Natural. Las mismas empresas cotitulares de la central de Trillo habían sido sancionadas previamente, en marzo de 2013, por incumplir el plazo de 1 año para adaptarse a la exigencia de titularidad única, sanción que fue ratificada por la Audiencia Nacional.

La segunda sanción, de 3 millones de euros, se impuso al entender la Administración que la infracción grave de incumplimiento por parte de las cotitulares de Trillo estaba siendo permanente y continuada.
La Audiencia Nacional entendió que esta segunda sanción no cabía porque el tipo infractor requería un elemento temporal del incumplimiento (1 año), por lo que más allá de ese término incumplir la obligación de presentar un plan de adaptación era antijurídico pero no típico. Es decir, consideraba la Audiencia que el Estado carecía de cobertura legal para la imposición de una segunda sanción porque el tipo infractor no es susceptible de integrar una infracción permanente al haber acotado la ley el incumplimiento que se sanciona en él por un límite temporal de un año.

El Supremo no comparte esa interpretación y destaca que “conduce, por lo demás, a un resultado que nos parece inasumible, como sería que, una vez impuesta una primera sanción por no haberse presentado el plan de adaptación en el plazo de un año señalado en la norma, las entidades titulares de la instalación podrían persistir en su incumplimiento de manera indefinida, sin temor ya a recibir ningún otro reproche sancionador”.

“Frente a esa interpretación de la Sala de instancia, entendemos acertado el planteamiento de la Administración recurrente, que, utilizando la formulación del propio Abogado del Estado, se resume así: el tipo de la infracción no es no adaptarse en plazo sino no adaptarse; de manera que el transcurso del plazo sin adaptarse constituye una infracción grave y mantenerse en esa situación sigue constituyendo infracción grave que puede ser sancionada de nuevo siempre que se respete lo dispuesto en el artículo 4.6 del Real Decreto 1398/1993”, señala el TS.

Agrega que “no es cierto que el tipo infractor exija la falta de adaptación en un plazo concreto, de manera que sancionado el titular por falta de adaptación en ese plazo no podría ya volver a ser sancionado. Mientras persista la falta de adaptación subsistirá la conducta infractora y nos encontraremos ante una infracción permanente que la Administración podrá sancionar nuevamente, sin incurrir por ello en vulneración del principio non bis in idem, siempre que se cumpla la exigencia del artículo 4.6 del Real Decreto 1398/1993 que antes hemos reseñado, esto es, que el nuevo procedimiento sancionador no se inicie antes de que la anterior sanción tuviese carácter ejecutivo; requisito cuyo cumplimiento no se cuestiona en el caso presente”.

Tampoco acoge el Supremo el alegato que se formuló en la demanda de instancia sobre la supuesta vulneración del principio de culpabilidad. “El hecho de que Gas Natural SDG, S.A. hubiese intentado presentar a título individual un plan de adaptación, no concertado con las demás entidades titulares de la instalación, no significa que no pueda dirigirse contra la recurrente, lo mismo que contra aquellas otras entidades, el reproche por la falta de presentación de un plan de adaptación único y suscrito por todas las cotitulares de la instalación”, concluye el Supremo.

La sentencia cuenta con el voto particular de 2 de los 7 magistrados que la han dictado, que consideraban que debió desestimarse el recurso de la Administración del Estado y confirmarse la nulidad de la sanción.

En el ámbito de un cártel en el mercado de chips para tarjetas, el Tribunal de Justicia devuelve el asunto Infineon Technologies al Tribunal General, para que este valore la proporcionalidad de la multa impuesta, y desestima el recurso de casación interpuesto por Philips2018-09-27

En la Decisión de 3 de septiembre de 2014, 1 la Comisión impuso multas que ascendían aproximadamente a 138 millones de euros a varias empresas 2  por haber coordinado, de 2003 a 2005, su política de precios en el sector de los chips para tarjetas en el Espacio Económico Europeo (EEE). El cártel se basaba en una red de contactos bilaterales y de intercambio de información comercial sensible, fundamentalmente sobre precios, entre las empresas.

Con respecto al cálculo del importe de la multa, Renesas obtuvo una dispensa por haber informado a la Comisión de la existencia del cártel; Infineon obtuvo una reducción del 20 %, porque su participación se había limitado a los acuerdos con Samsung y Renesas; Samsung, por su parte, obtuvo una reducción del 30 % porque ofreció información que aportó un valor añadido significativo. La Comisión impuso una multa de 82 784 000 euros a Infineon y de 20 148 000 euros a Philips, dado que estas dos empresas no podían beneficiarse de ninguna reducción del importe de la multa conforme a lo dispuesto en la Comunicación sobre la Cooperación. 3

Infineon y Philips recurrieron ante el Tribunal General de la Unión Europea, solicitando la anulación de la Decisión de la Comisión. Impugnaron sustancialmente, por un lado, la existencia de un cártel, y, por otro, el importe de la multa impuesta.

 

Mediante sus sentencias de 15 de diciembre de 2016, el Tribunal General desestimó los recursos y confirmó las multas que la Comisión había impuesto a Infineon y Philips. 4

 

Infineon y Philips interpusieron recursos de casación ante el Tribunal de Justicia contra las sentencias del Tribunal General.

 

Infineon, en esencia, reprocha al Tribunal General que solo examinase cinco de los once contactos supuestamente ilegales detectados por la Comisión, pese a haber impugnado todos ellos. Según Infineon, este control judicial incompleto de la Decisión condujo a un control insuficiente de la multa.

Por su parte, Philips impugna la apreciación del Tribunal General relativa a la existencia del cártel y al importe de la multa impuesta.

Mediante su sentencia dictada hoy en el asunto C-99/17 P Infineon Technologies, el Tribunal de Justicia declara que, para cumplir los requisitos del control de plena jurisdicción, por lo que respecta a la multa, el juez de la Unión está obligado a examinar toda imputación, de hecho o de Derecho, que tenga por objeto demostrar que el importe de la multa no está en consonancia con la gravedad y la duración de la infracción. Entre los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar el importe de la multa se encuentran, en particular, el número y la intensidad de los comportamientos anticompetitivos.

El Tribunal de Justicia señala que de la Decisión controvertida se desprende que la Comisión identificó la existencia de una infracción única y continuada como consecuencia de los once contactos bilaterales mantenidos entre Infineon y Samsung y Renesas. Infineon impugnó, ante el Tribunal General, la valoración, por parte de la Comisión, de cada uno de estos contactos y criticó el cálculo del importe de la multa que se le impuso. Por ello, dicha empresa solicitó al Tribunal General que examinara la realidad y el alcance exacto de su participación en la infracción.

El Tribunal de Justicia considera que, si bien es cierto que, para apreciar la gravedad de la infracción cometida por la recurrente y fijar el importe de la multa, el Tribunal General no está obligado a basarse en el número exacto de contactos bilaterales, este elemento, entre otros, puede resultar pertinente a tales efectos.

 

Por consiguiente, el Tribunal General no podía, sin exceder los límites de su competencia jurisdiccional plena, dejar sin respuesta la alegación de Infineon, según la cual la Comisión vulneró el principio de proporcionalidad al fijar el importe de la multa sin tener en cuenta el limitado número de contactos en los que Infineon había participado. Esta conclusión es tanto más válida en la medida en que, en el presente asunto, el Tribunal General se limitó a confirmar cinco de los once contactos identificados en la Decisión de la Comisión, dejando abierta la cuestión de saber si la Comisión también había declarado la existencia de los otros seis contactos.

Por ello, el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General en la medida en que incurre en error de Derecho en relación con el ejercicio, por parte del Tribunal General, de su competencia jurisdiccional plena.

El Tribunal de Justicia devuelve el asunto al Tribunal General para que este valore la proporcionalidad de la multa impuesta con respecto al número de contactos imputados a Infineon, examinando, en su caso, si la Comisión declaró la existencia de los seis contactos sobre los que aún no se ha pronunciado el Tribunal General.

En el asunto C-98/17 P Koninklijke Philips NV y Philips France, el Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación en su totalidad. El Tribunal de Justicia confirma, por tanto, la Decisión de la Comisión y la multa que esta impuso a Koninklijke Philips NV y Philips France.

Un juzgado de Granada ordena el cese inmediato y definitivo de la actividad de dos pisos turísticos2018-09-26

Considera que el uso de esos pisos turísticos conlleva una actividad molesta y perjudicial al resto de vecinos del bloque

El Juzgado de Primera Instancia número 14 de Granada ha ordenado el cese “de manera inmediata” de la actividad de dos pisos turísticos al considerar que la actividad de dichos inmuebles conlleva una actividad “molesta y perjudicial” para el resto de los vecinos del bloque, que habían denunciado dicha actividad.

La sentencia estima la demanda interpuesta por una comunidad de vecinos contra el uso dado a dos inmuebles como “pisos turísticos”. La resolución recoge que durante los dos años de actividad de dicho pisos han pasado por ellos -según datos de los demandados- más de ochocientas personas, por lo que es un “hecho notorio que el uso de los elementos comunes por ochocientas personas distintas en dos años (dato ofrecido por el propio demandado) evidentemente supone un uso anormal de las instalaciones comunitarias y aunque únicamente se expresase en términos de probabilidad la de producirse daños, o un inadecuado o mal uso de los elementos comunitarios es alta, si además a ello se añade que los usuarios carecen de cotitularidad sobre éstos de modo que de su reparación o reposición no les afectaría directamente en bienes de su propiedad, el cuidado empleado no puede equipararse al de los comuneros”.

Además, indica que no se está contratando un servicio en un alojamiento especialmente preparado para ello “donde cualquier alteración de la convivencia en modo de ruidos, daños o de cualquier otro modo se encuentra totalmente prevista de tal forma que es inmediatamente resuelta por el responsable”, por lo que el “empleo de los inmuebles integrantes en una comunidad de propietarios como turísticos conviviendo con quienes poseen en ella su vivienda habitual provoca necesariamente los conflictos generados por el desarrollo de una actividad mercantil en espacios no especialmente habilitados para ello”.

Junto a ello, la resolución explica que ha quedado acreditado que durante el tiempo en el que se ha desplegado la actividad mercantil, los vecinos reclamaron solventar las molestias que ocasionaban los ocupantes del inmueble, además de mostrar su preocupación “por la seguridad de los propietarios por la entrega de llaves de acceso al portal en relación con la cantidad de ocupantes de los mismos, así como la necesidad de tener que acudir a la policía local por "la fiesta que organizaron unos extranjeros" a las cuatro de la madrugada, incidentes ocurridos el viernes 21 de marzo por la celebración de una fiesta de despedida, la utilización de la portería como bar de copas llenándola de desperdicios, igualmente por los ruidos a altas horas de la madrugada que manifiestan los propietarios de los pisos colindantes”.

En este sentido, concluye que “es evidente que la actividad que se desarrolla en el inmueble es molesta, en tanto que con carácter periódico se producen incidentes en la comunidad de propietarios, de mayor o menor trascendencia que alteran la normal convivencia y las expectativas que sobre el descanso y seguridad genera el uso de la vivienda habitual”, y aun cuando únicamente se “produjesen ruidos en el inmueble el daño ocasionado a los vecinos no puede considerarse exclusivamente como molesto sino pernicioso”.

Recurso del Ministerio de Hacienda y Función Pública frente a concesión parcial de acceso a información relativa al denominado Cupo Vasco2018-09-25

Un ciudadano presentó solicitud de acceso a la información dirigida al Ministerio de Hacienda y Función Pública para acceder al contenido del acuerdo firmado entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre liquidación de cupos y fijación del cupo quinquenal hasta el año 2021, solicitando también los importes de la financiación y los costes de las competencias transferidas y no transferidas.

El Ministerio no facilitó la información al entender que estaba en fase de tramitación ante la Comisión Mixta, no disponiendo de los importes pagados en concepto de aportación ni los ingresos del Cupo y argumentó que era de aplicación la causa de inadmisión del articulo 18.1 a) de la ley de transparencia.

Presentada reclamación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la estimó en parte, puesto que determinada información está almacenada en archivos históricos que se rigen por su propia normativa, no por la ley de transparencia. el Consejo admitió que se debe dar información sobre el contenido del acuerdo firmado entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre liquidación de cupos y fijación del Cupo quinquenal hasta el año 2021, dado que, aunque no haya finalizado la tramitación parlamentaria, el documento ya es definitivo.

Estado: la sentencia del juzgado central contencioso-administrativo nº 7 de Madrid es una sentencia firme a favor de facilitar la información.

Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (288 KB · R-0296-2017.pdf)Icono pdf

Sentencia nº 88/2018 del Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 7 de Madrid (221 KB · r69_sentencia_88_2018_MHFP.pdf)Icono pdf

Un juzgado recuerda a un profesor de educación física sus obligaciones a la hora de atender a un alumno con diabetes2018-09-24
También advierte al demandante en la sentencia sobre las responsabilidades "civiles, disciplinarias o penales" que pudiese conllevar una "inacción" ante una emergencia sanitaria

Comunicación Poder Judicial

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo ha desestimado la demanda interpuesta por un profesor de educación física de un Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de Vigo frente a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia porque entendía que no había resuelto de forma "expresa" las cuestiones que le había planteado sobre sus obligaciones relacionadas con la atención a un alumno que tiene diabetes.

El juez indica que las solicitudes de información por parte del demandante fueron "puntualmente respondidas" por la Consellería, al tiempo que subraya que "el contenido de los deberes de todos los que conforman la comunidad educativa en relación con los alumnos que padecen una patología crónica como es la diabetes, aparece nítidamente reflejado en el protocolo autonómico y en el específicamente elaborado en relación al niño".

El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Vigo también advierte al demandante en la sentencia sobre las responsabilidades "civiles, disciplinarias o penales" que pudiese conllevar una "inacción" ante una emergencia sanitaria. Además, le recuerda que por su condición de profesor de educación física tiene "un deber especial de vigilancia" sobre el menor, pues el riesgo de hipoglicemia es mayor al practicar ejercicio.

El carácter abusivo de una cláusula contractual puede ser objeto de control jurisdiccional2018-09-21

En febrero de 2008, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss celebraron con un banco húngaro un contrato de préstamo denominado en francos suizos (CHF). Con arreglo a dicho contrato, aunque las cuotas mensuales de devolución del préstamo debían pagarse en forintos húngaros (HUF), el importe de dichas cuotas se calculaba a partir del tipo de cambio vigente entre el forinto húngaro y el franco suizo. Asimismo, el contrato mencionaba el riesgo del tipo de cambio en caso de posibles fluctuaciones de dicho tipo entre esas dos monedas.

El tipo de cambio experimentó posteriormente cambios considerables en perjuicio de los prestatarios, lo que se tradujo en un aumento significativo de sus cuotas mensuales. En mayo de 2013, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss emprendieron acciones legales ante un órgano jurisdiccional húngaro contra OTP Bank y OTP Factoring, dos sociedades a las que se habían cedido los créditos derivados del contrato de préstamo. En el marco de este procedimiento judicial, se suscitó la cuestión de si la cláusula contractual relativa al riesgo del tipo de cambio no había sido redactada por el banco de manera clara y comprensible y si podía por ello considerarse abusiva en el sentido de la Directiva sobre las cláusulas abusivas. [1]

Entre tanto, en 2014 Hungría había aprobado leyes por las que se eliminaban de los contratos de préstamo denominados en divisas determinadas cláusulas abusivas, se convertían virtualmente en HUF todas las deudas pendientes derivadas de esos contratos y se aplicaba el tipo de cambio fijado por el Banco Nacional de Hungría. Esas leyes también estaban destinadas a dar cumplimiento a una resolución de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) que había declarado incompatibles con la Directiva determinadas cláusulas incorporadas a contratos de préstamo denominados en divisas [2] (esta resolución fue adoptada a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia pronunciada en el asunto Kásler y Káslerné Rábai). [3] No obstante, estas nuevas leyes no modificaron el hecho de que el riesgo del tipo de cambio recae sobre el consumidor en caso de depreciación del forinto húngaro en relación con la divisa de que se trate.

Dado que, según la Directiva, las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas no están comprendidas en su ámbito de aplicación, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital, Hungría), que conoce del asunto de la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss, pregunta al Tribunal de Justicia si el juez nacional puede examinar el carácter abusivo de una cláusula, en el supuesto de que no esté redactada de manera clara y comprensible, cuando el legislador húngaro, al no intervenir sobre este aspecto, ha aceptado que el riesgo del tipo de cambio continúe recayendo sobre el consumidor en caso de depreciación del forinto húngaro en relación con la divisa de que se trate.

[1] Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).

[2] Resolución n.º 2/2014 PJE (Magyar Közlöny 2014/91, p. 10975).

[3] Sentencia del 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13, véase también CP n.º 66/14).

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que la norma que excluye del ámbito de aplicación de la Directiva las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legislativas o reglamentarias imperativas se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha establecido un equilibrio entre el conjunto de los derechos y de las obligaciones de las partes en el contrato. Sin embargo, ello no significa que otra cláusula contractual que no haya sido objeto de tales disposiciones legislativas, como la relativa al riesgo del tipo de cambio en el caso de autos, también esté excluida en su totalidad del ámbito de aplicación de la Directiva. Por tanto, el carácter abusivo de esta cláusula puede ser apreciado por el juez nacional en la medida en que, tras un examen de cada caso concreto, éste estime que no está redactada de manera y clara y comprensible. 4

A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que las entidades financieras están obligadas a facilitar a los prestatarios información suficiente para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y prudentes. Ello implica que una cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio debe ser comprendida por el consumidor tanto en el plano formal como en el gramatical, y también en cuanto a su alcance concreto. De ello se deduce que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, debe no sólo poder ser consciente de la posibilidad de depreciación de la moneda nacional en relación con la divisa extranjera en la que se ha denominado el préstamo, sino también evaluar las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras.

Además, el Tribunal de Justicia señala que el carácter claro y comprensible de las cláusulas contractuales debe apreciarse refiriéndose, en el momento de la celebración del contrato, a todas las circunstancias que rodeaban tal celebración, así como a las demás cláusulas del contrato, aun cuando algunas de esas cláusulas se hayan declarado o presumido abusivas y, por ello, hayan sido anuladas en un momento posterior por el legislador nacional.

Por último, el Tribunal de Justicia confirma que incumbe al órgano jurisdiccional nacional señalar de oficio, en sustitución del consumidor en su condición de parte demandante, el carácter supuestamente abusivo de otras cláusulas contractuales distintas de la relativa al riesgo del tipo de cambio, desde el momento en que disponga de los elementos de Derecho y de hecho necesarios para ello.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Abogacía considera que la colegiación obligatoria garantiza el ejercicio profesional adecuado2018-09-20

Abogacía Española

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, que se celebró en Pamplona el 12 de septiembre, abordó la modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales operada por el Real Decreto-ley 11/2018 que impone la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil a aquellos profesionales que por cuenta ajena presten determinados servicios a sociedades mercantiles, asociaciones y otras personas jurídicas. La Abogacía muestra su discrepancia con esta reforma porque considera que el requisito de la colegiación obligatoria es suficiente para garantizar que el ejercicio profesional se lleva a cabo de manera adecuada.

El Consejo General de la Abogacía se opone a esta modificación por considerarla ineficaz e innecesaria, ya que poco puede contribuir a la prevención del blanqueo de capitales -lacra social en cuya persecución todos debemos colaborar- el dejar constancia en el Registro Mercantil de quiénes son las personas que prestan asesoría externa a una sociedad.

La Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Abogacía ya mostró su discrepancia con esta reforma al presentar sus alegaciones al proyecto de Real Decreto. La Abogacía considera que el requisito de colegiación obligatoria es suficiente para garantizar que el ejercicio profesional se lleva a cabo de manera adecuada, sin que sea necesaria la exigencia de ninguna nueva autorización o registro. Además la Subcomisión está estudiando el contenido, interpretación y alcance de la reforma, ya que en ocasiones los términos empleados son indeterminados y confusos y requieren de una mayor precisión e interpretación.

El Consejo General de la Abogacía apuesta -y está realizando las gestiones oportunas con representantes políticos- para que la convalidación del RDLey se lleve a cabo como proyecto de ley, lo que permitiría presentar enmiendas. La Abogacía está comprometida para mejorar el texto.

El RDLey establece, entre otras, las siguientes obligaciones:

  • Inscripción al inicio de sus actividades en el Registro Mercantil de su domicilio
  • Presentación con carácter anual de un documento en el que se determinen los tipos de servicios prestados
  • El ámbito territorial de actuación
  • El número de operaciones realizadas
  • El volumen facturado por los referidos servicios
  • El volumen facturado por los referidos servicios
  • El ámbito territorial de actuación
  • El número de operaciones realizadas

En todo caso hasta el 4 de septiembre de 2019 los profesionales comprendidos en el art. 2 apartado 1 letra O del art. 2.1.O de la Ley podrán inscribirse en el Registro Mercantil sin incurrir en ningún tipo de infracción. 

El sujeto pasivo certificado en el IVA: ‘Certified Taxable Person’2018-09-19

En un post anterior publicado el pasado día 5 de diciembre de 2017 (Hacia un sistema definitivo de tributación en destino en el IVA), hablábamos de una serie de propuestas recientemente publicadas por la Comisión Europea en las que se exponían varias medidas cuya finalidad no es otra que armonizar el comercio internacional de bienes, así como poner en marcha un sistema definitivo de tributación en destino del IVA en las operaciones intracomunitarias.

Entre estas medidas, además de la propuesta para la puesta en marcha del citado sistema definitivo, encontramos las denominadas "soluciones rápidas" (Quick Fixes), que se refieren a una serie de propuestas de armonización y simplificación en el tratamiento que, a efectos del IVA, debe darse a las ventas llevadas a cabo mediante el sistema de existencias de reserva (call-off stock) y también a las las ventas en cadena. Ambas se tratan de operativas más que habituales en el comercio internacional de bienes. A día de hoy el tratamiento que se da a este tipo de operaciones varía de unos países a otros. Las soluciones rápidas pretenden acabar con esta disparidad de tratamientos.

En el seno de dichas propuestas se pretende aprobar el estatus de lo que la Comisión Europea denomina como "Certified Taxable Person" (Sujeto Pasivo Certificado). Se trata, en resumen, de una especie de operador económico reconocido como fiable.

Se pretende que el Sujeto Pasivo Certificado sea uno de los pilares del nuevo sistema definitivo de tributación en destino del IVA en las operaciones intracomunitarias, así como para las soluciones rápidas. De esta manera, los Sujetos Pasivos Certificados podrán beneficiarse de las simplificaciones previstas para las ventas de existencias en reserva. Por otro lado, podrán disfrutar de un criterio claro a la hora de realizar las operaciones en cadena.

Sin embargo, los supuestos en los que la condición de Sujeto Pasivo Certificado va a tener mayor relevancia serán los intercambios de bienes entre los distintos Estados miembros de la UE.  El actual régimen del IVA separa las transacciones intracomunitarias de bienes en dos tipos de operaciones: una entrega intracomunitaria de bienes exenta en el Estado miembro de origen y una adquisición intracomunitaria gravada en el Estado de llegada de los bienes. Esto pretende ser sustituido por un régimen definitivo, el cual contempla que las entregas intracomunitarias de bienes, que pasarán a denominarse entregas de bienes dentro de la Unión, sean gravadas en el Estado miembro de destino. El proveedor deberá repercutir el tipo del IVA aplicable en el Estado miembro de destino de los bienes. Se pretende, para ello, poner a disposición de los sujetos pasivos un sistema de ventanilla única.

Sin embargo, cuando el destinatario de las entregas de bienes dentro de la Unión sea un Sujeto Pasivo Certificado, será posible aplicar la regla de inversión del sujeto pasivo. Por lo tanto, el proveedor no deberá repercutir ninguna cuota del IVA y el Sujeto Pasivo Certificado hará el ingreso y, en su caso, la deducción del IVA correspondiente en su Estado miembro, a través de un mecanismo de autorrepercusión.

Cuando por ejemplo un vendedor español entrega bienes a un empresario establecido en Portugal, el español deberá repercutir IVA al tipo impositivo portugués del 23% e ingresarlo en la Administración española. Sin embargo, si el vendedor español verifica que el empresario portugués tiene reconocido el estatus de Sujeto Pasivo Certificado, aplicará la regla de inversión del sujeto pasivo siendo el adquirente de los bienes el sujeto pasivo de la operación. El vendedor español no repercutirá IVA en la factura y será el empresario portugués el que se autorrepercutirá las cuotas del impuesto en su correspondiente declaración.

Esto supondrá un beneficio para ambas partes. Por un lado, el adquirente de bienes no verá perjudicado su cash-flow al no tener que ingresar IVA y, por otro lado, el vendedor evitará tener que repercutir IVA de un Estado miembro distinto del de su establecimiento.

Para beneficiarse de todo ello, el concepto de Sujeto Pasivo Certificado deberá servir para autentificar que una determinada empresa puede ser considerada globalmente como un sujeto pasivo fiable. Hasta ahora, los sujetos pasivos se identificaban a efectos de IVA a través de un número de identificación fiscal y, más en concreto, a través del NIF IVA.  Esto estaba sujeto a una gran cantidad de procedimientos arbitrarios en los distintos Estados miembros de la UE. Hay estados que conceden el NIF IVA de una forma casi automática mientras que otros (por ejemplo España) llevan a cabo una serie de comprobaciones previas al otorgamiento del NIF IVA que pueden llegar a suponer un obstáculo. Lo que se pretende con el status de Sujeto Pasivo Certificado es poder identificar los sujetos pasivos como fiables dentro de la Unión Europea de una forma uniforme y armonizada.

El reconocimiento deberá ser a nivel comunitario y sólo se otorgará a aquellos sujetos pasivos que cuenten con un buen historial de cumplimientos ante sus correspondientes administraciones tributarias. En concreto, para la concesión del estatus de Sujeto Pasivo Certificado, deberán cumplirse los siguientes criterios:

  • Inexistencia de infracción grave o reiterada de la legislación aduanera y de la normativa fiscal, así como de condena por un delito grave en relación con la actividad económica del sujeto pasivo.
  • Demostración de un alto nivel de control de las operaciones y del flujo de los bienes.
  • Prueba de la solvencia financiera del sujeto pasivo. Dicha solvencia se considerará acreditada cuando el solicitante tenga una capacidad financiera adecuada que le permita cumplir sus compromisos teniendo en cuenta las características del tipo de actividad empresarial de que se trate o, en su caso, mediante la presentación de garantías.

A pesar de que la idea suene positiva y, a priori, debería ser bien acogida por los sujetos pasivos del impuesto, creemos que se producirán más desventajas que ventajas a la hora de ponerla en práctica, al menos si se aprueba en la forma en la que está diseñada actualmente. En definitiva, lo que inicialmente suena como una buena idea, puede no serlo tanto debido a la complejidad de los requisitos establecidos para su aplicación.

El estatus de Sujeto Pasivo Certificado está basado en la figura de Operador Económico Autorizado (OEA) a efectos de aduanas. El OEA lleva en vigor unos cuantos años y es de sobra conocido que el proceso para obtener su aprobación conlleva aproximadamente un año de relaciones entra la compañía y la Administración hasta que finalmente el operador pueda ser reconocido como fiable. Surge aquí la primera de las preguntas: ¿Están las administraciones preparadas para manejar y tramitar el volumen de solicitudes de Sujetos Pasivos Certificados que se supone que van a recibir en un periodo corto de tiempo?

Por otro lado, se exige un alto nivel de control en las operaciones de la compañía, así como prueba de solvencia financiera. No se especifica cómo se va a evaluar dicha solvencia, ni se hace distinción en función de si es una gran empresa o estamos ante una pyme lo que supone una clara desventaja hacia estas últimas, ya que en muchos casos no cuentan con medios, por ejemplo un auditor externo, que pueda certificar la solvencia de la compañía, sin que ello quiera decir que carezca de ella. Además, el mantenimiento de una garantía bancaria es costoso, mucho más para una pyme con medios limitados que para una gran compañía, por lo que aquellas volverían a estar en una posición de desventaja.

El Sujeto Pasivo Certificado se diseñó como una medida que ayude a la simplificación de la realización y declaración de operaciones intracomunitarias. Sin embargo, los términos previstos son poco realistas de alcanzar para las pequeñas empresas por lo que creemos que esta medida no saldrá finalmente adelante o, al menos, deberá ser enormemente matizada. Prueba de ello es que en la última reunión del ECOFIN, celebrada el pasado 22 de junio de 2018, se publicó un documento sobre las propuestas mencionadas en el que si bien se mantienen las soluciones rápidas por considerarse de enorme utilidad en el comercio intracomunitario (hay unanimidad en este sentido) se elimina toda referencia al requisito de contar con el estatus de Sujeto Pasivo Certificado para beneficiarse de las mismas.  

Puesto que se requiere aprobación unánime de todos los Estados miembros, es de prever que haya una demora considerable en la puesta en marcha de esta medida. En nuestra opinión, no es descartable que finalmente se abandone la idea debido a la gran oposición que está recibiendo por parte de determinados Estados miembros.

TC avala que el personal de las empresas de transporte de viajeros por carretera pueda ejercer funciones de policía administrativa2018-09-18

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelonaen relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte por carretera mediante vehículos de motor, queatribuye la condición de agente de autoridad a los empleados de las empresas de transportes de viajeros por carretera en el ejercicio de sus funciones. La sentencia considera por unanimidad que el contenido de esta disposición no invade las competencias del Estado en materia penal (art. 149.1.6 CE) y en materia de seguridad pública (art. 149.1.29ª CE).

  • Incluye la sentencia

El fallo, cuyo ponente ha sido el Magistrado Andrés Ollero, señala la norma catalana puesta en entredicho se limita a atribuir al personal concernido la condición de agente de la autoridad como título de intervención sobre los usuarios del servicio público del transporte regular de viajeros por carretera, a los efectos de "permitir que puedan ejercer funciones de policía administrativa sobre ellos". Por tanto, "dicho personal debe dar cuenta de las infracciones detectadas a los órganos administrativos competentes, que serán los encargados de imponer, en su caso, las sanciones que procedan conforme a la ley autonómica".

La sentencia añade que esa atribución no comporta la asunción por "ese personal de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de las administraciones públicas".

El TC rechaza las dudas de constitucionalidad planteadas por la Audiencia de Barcelona, por posible vulneración de los artículos 17, 25.1, 149.1.6 y 149.1.29ª de la Constitución, razonando que la disposición cuestionada se inserta en una ley autonómica dirigida a regular un determinado sector material y "no amplía ni modifica el tipo penal del art. 550 del Código Penal ni define el sujeto pasivo de la acción penal, ni impone al juez penal una concreta subsunción del tipo sino que restringe su ámbito de aplicación al puramente administrativo".

En este sentido, el Tribunal aclara que a diferencia de lo que sucedía en el caso del artículo 38.4 de la Ley 4/2006, Ferroviaria de Cataluña, que atribuía la condición de agentes de la autoridad a los interventores ferroviarios a los efectos de exigir responsabilidad por conductas punibles conforme al Código Penal (este motivo fue declarado inconstitucional y nulo por la sentencia 50/2018), la disposición adicional aquí cuestionada no atribuye a los empleados de la empresa de transporte la protección del artículo 550 del Código Penal.

Por tanto, alcanzada la conclusión de que la disposición cuestionada no constituye una norma penal también se rechaza "la pretendida vulneración del principio de proporcionalidad en materia penal derivado del art. 25.1 Constitución".

Por último, el Tribunal también desestima otra de las dudas de constitucionalidad planteadas respecto a una posible vulneración de la competencia estatal en materia de seguridad pública. La sentencia explica que reconocer "la condición de agentes de autoridad a los empleados de las empresas de transporte de viajeros por carretera no lo es en el sentido de policía gubernativa sino en el estricto sentido de vigilancia de la observancia por los usuarios. Particularmente, en lo referido al control de la posesión por los viajeros de un título válido de transporte".

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La mayoría de las empresas no están cumpliendo con el RGPD, según una nueva encuesta de Talend2018-09-17
  • El 70% de las empresas no pudieron cumplir con las solicitudes de acceso y portabilidad de datos dentro del plazo marcado por el RGPD

Talend

Alrededor del 70% de las empresas de todo el mundo no han atendido las solicitudes de personas que desean obtener una copia de sus datos personales, tal y como exige el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), dentro del plazo de un mes establecido en el reglamento, según revela un nuevo estudio de Talend (NASDAQ: TLND), líder mundial en soluciones de integración de datos en la cloud

La investigación se basa en las solicitudes de datos personales realizadas a 103 empresas con sede o que operan en Europa en sectores como el comercio minorista, los medios de comunicación, la tecnología, el sector público, las finanzas y los viajes. Entre el 1 de junio y el 3 de septiembre de 2018, Talend evaluó las respuestas a las solicitudes de los artículos 15 ("Derecho de acceso del interesado") y 20 ("Derecho a la portabilidad de los datos") del RGPD, monitoreando las áreas que incluyen referencias al RGPD en las políticas de privacidad, y la rapidez y exhaustividad de las respuestas.

El RGPD requiere una visión de los datos de la compañía y su gobierno", dijo Penny Jones, Directora de Investigación de 451 Research.  "Investigaciones recientes, incluyendo la realizada por Talend e informes separados de 451 Research, han encontrado que mientras muchas organizaciones entienden la importancia del RGPD, otras muchas todavía no están tomando en serio sus datos en términos de las tecnologías y procesos que tienen en marcha. Como resultado, muchas empresas no están a la altura de sus obligaciones del RGPD. Pueden carecer de los métodos adecuados para almacenar, organizar o recuperar datos de acuerdo con los requisitos de la normativa".

"EL RGPD presenta una oportunidad para comprometerse con los clientes y crear lealtad. Es vital para las empresas en la era digital tener una visión de 360 grados de los clientes", dijo Jean-Michel Franco, Director Senior de Productos de Gobierno de Datos de Talend. "Las empresas deben asegurarse de que los datos se consoliden y almacenen de forma transparente y compartida. Es más, el plazo de un mes del RGPD debería considerarse como un plazo absoluto y no como un objetivo. Nuestra encuesta muestra que es posible que algunas marcas respondan en el plazo de un día, lo que sugiere que estas marcas entienden los tiempos de respuesta rápidos, lo que ayudará a aumentar la confianza de los clientes".

A continuación se explican los enfoques para ayudar a gestionar las tecnologías y los procesos del RGPD.

El cumplimiento del RGPD es mayor fuera de Europa

Sólo el 35% de las empresas europeas encuestadas proporcionaron los datos solicitados. Esto incluye empresas con sede en España, el Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia e Italia. Sin embargo, con un 50%, la tasa de cumplimiento fue ligeramente superior en el caso de las empresas no europeas, lo que sugiere que las empresas de fuera de Europa están adoptando un enfoque ligeramente más proactivo con respecto al RGPD.

Las empresas minoristas fueron las que tuvieron peores resultados

Un preocupante 76% de las empresas de retail encuestadas no respondieron, mientras que el sector más cumplidor, Servicios Financieros, sólo logró una tasa de éxito del 50%. Al profundizar en los resultados, la investigación sugiere que las empresas que comenzaron su negocio online, y aquellas que se ven obstaculizadas por los sistemas heredados, pueden encontrar más difícil el cumplimiento del RGPD.

Tiempos de respuesta significativamente diferentes entre los sectores

La gran mayoría (65%) de las empresas que cumplen con el RGPD tardaron más de diez días en responder y el tiempo promedio de respuesta fue de 21 días. Para algunos, sin embargo, la respuesta fue mucho más rápida. De los que respondieron dentro del plazo (22% de las empresas) - principalmente servicios de streaming, banca móvil y negocios de tecnología - respondieron en sólo un día, lo que sugiere que las empresas de servicios digitales son más ágiles cuando se trata del cumplimiento del RGPD.

Las autoridades nacionales de supervisión financiera pueden estar obligadas a dar acceso a los datos protegidos por el secreto profesional2018-09-14

Quienes deberán ponderar los intereses contrapuestos de las partes son las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales competentes.

Asunto C-358/16

En 2010, la Comisión luxemburguesa de supervisión del sector financiero («CSSF») declaró que el Sr. DV ya no era digno de confianza y que debía por lo tanto renunciar a sus funciones de administrador en una entidad supervisada por la CSSF. La CSSF motivó su decisión, entre otras consideraciones, debido a las funciones desempeñadas por el Sr. DV en la constitución y puesta en marcha de Luxalpha, una sociedad que, al parecer, estuvo implicada en las actuaciones fraudulentas del Sr. Bernard Madoff.

Para poder garantizar su defensa, el Sr. DV solicitó a la CSSF que le entregara los documentos que había recopilado durante la supervisión de Luxalpha y del banco depositario de ésta, UBS. Según el Sr. DV, dichos documentos son imprescindibles para comprender las funciones de quienes intervinieron con ocasión de la constitución de Luxalpha, concretamente en relación con el asunto Madoff. La CSSF se negó a entregar los documentos, invocando su obligación de respetar el secreto profesional en su calidad de autoridad de supervisión del sector financiero.

La Cour administrative du Luxembourg (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Luxemburgo), que conoce del litigio, se pregunta si la obligación de mantener el secreto profesional resulta imperativa para CSSF a los efectos de su negativa a entregar los documentos solicitados por el Sr. DV. En efecto, la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros [1] dispone que, con carácter excepcional, el secreto profesional podrá no ser tenido en cuenta en los supuestos contemplados por el Derecho penal. La Cour administrative du Luxembourg se pregunta si este precepto es aplicable en este caso, ya que la medida impuesta al Sr. DV es de naturaleza administrativa con arreglo al Derecho luxemburgués, pero está contemplada dentro del Derecho penal en sentido amplio, tal y como lo define el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En caso de respuesta negativa, el citado tribunal se pregunta sobre el modo de conciliar la obligación de mantener el secreto profesional con el respeto del derecho de defensa.

Asunto C-594/16

Desde el año 2004, el Sr. Enzo Buccioni es titular de una cuenta corriente abierta en una entidad de crédito italiana, la Banca Network Investimenti Spa («BNI»). Tras el procedimiento de liquidación forzosa de dicha entidad en 2012, el Sr. Buccioni sólo recibió un reintegro parcial del Fondo Interbancario di tutela dei dipositi (Fondo interbancario de garantía de los depósitos). En 2015, con objeto de conseguir información adicional para valorar la oportunidad de ejercitar una acción judicial contra la Banca d'Italia («BdI») y contra la BNI por los perjuicios sufridos, el Sr. Buccioni solicitó a la BdI que divulgase varios documentos relativos a la supervisión de la BNI. La BdI rechazó parcialmente esta solicitud, debido a que, en particular, determinados documentos cuya divulgación se solicitaba contenían datos confidenciales amparados por el deber de mantener el secreto profesional al que estaba sujeta. El Sr. Buccioni interpuso entonces ante los tribunales italianos de lo contencioso-administrativo un recurso para que se anulara esta resolución denegatoria.
El Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), órgano jurisdiccional que conoce en última instancia, suspendió el procedimiento y planteó unas cuestiones al Tribunal de Justicia. Pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva 2013/36 [2] se opone a que las autoridades competentes de los Estados miembros (en este caso, la BdI) proporcionen información confidencial a una persona que la haya solicitado con el fin de poder iniciar un procedimiento civil o mercantil para proteger intereses patrimoniales menoscabados debido a la liquidación forzosa de una entidad de crédito.

[1] Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO 2004, L 145, p. 1).

[2] Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87 y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).

En su sentencia dictada hoy en el asunto C-358/16, el Tribunal de Justicia considera, en primer lugar, que la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros, cuando establece que la obligación de mantener el secreto profesional puede dispensarse con carácter excepcional en los supuestos contemplados por el Derecho penal, sólo se refiere a la transmisión o utilización de información confidencial a efectos de las actuaciones emprendidas, así como a las sanciones impuestas de conformidad con el Derecho penal nacional.

El Tribunal de Justicia examina a continuación en qué medida la obligación de mantener el secreto profesional establecida en esta Directiva está limitada por el respeto del derecho de defensa proclamado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que el derecho a la divulgación de los documentos pertinentes para la defensa no es ilimitado y absoluto, y que la protección de la confidencialidad de los datos amparados por la obligación de mantener el secreto profesional que incumbe a las autoridades competentes debe ser garantizada y cumplida de tal modo que sea compatible con el respeto del derecho de defensa.

El Tribunal de Justicia recuerda que corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales competentes alcanzar, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, un equilibrio entre esos intereses contrapuestos. Por lo tanto, cuando una autoridad competente invoque la obligación de mantener el secreto profesional establecida en la Directiva para negarse a entregar información que obre en su poder y que no está contenida en el expediente relativo a la persona destinataria de un acto lesivo, corresponde al tribunal nacional competente comprobar si esos datos tienen un vínculo objetivo con los cargos presentados contra ella y, en caso afirmativo, ponderar los intereses en conflicto antes de resolver sobre la entrega de cada uno de los datos solicitados.

En el asunto C-594/16, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que la aplicación eficaz del régimen de supervisión prudencial de las entidades de crédito exige que tanto las entidades de crédito supervisadas como las autoridades competentes estén seguras de que los datos confidenciales proporcionados mantendrán en principio su carácter confidencial. Por lo tanto, la imposición por regla general, por parte de la Directiva 2013/36 de la obligación de mantener el secreto profesional responde a la finalidad de proteger no sólo los intereses específicos de las entidades de crédito directamente interesadas, sino también el interés general relacionado con la estabilidad del sistema financiero dentro de la Unión.

El Tribunal de Justicia observa asimismo que la Directiva 2013/36 establece excepciones a dicho principio general. En este caso, la Directiva permite a la autoridad competente divulgar únicamente a las personas directamente afectadas por la quiebra o liquidación forzosa de la entidad de crédito datos confidenciales que no afecten a terceros involucrados en los intentos de rescate de dicha entidad, con el objeto de utilizarlos en procedimientos civiles o mercantiles.

El Tribunal de Justicia señala que, según reiterada jurisprudencia, debe mantenerse una interpretación estricta de las excepciones a la prohibición general de divulgar información confidencial. Por consiguiente, la posibilidad de dispensar la obligación de mantener el secreto profesional exige que la solicitud de divulgación se refiera a datos respecto a los cuales el solicitante proporcione indicios precisos y coherentes que permitan suponer de manera plausible que resultan pertinentes a los efectos de un procedimiento civil o mercantil ya en tramitación o pendiente de iniciarse, cuyo objeto debe ser identificado de manera concreta por el solicitante, y fuera del cual no pueden utilizarse los datos en cuestión.

Corresponde a las autoridades y órganos jurisdiccionales competentes ponderar el interés del solicitante en disponer de la información solicitada y los intereses ligados al mantenimiento de la confidencialidad de esa misma información amparada por el secreto profesional, antes de divulgar cada uno de los datos confidenciales solicitados.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El 80% de las sentencias en juicios rápidos son de conformidad con el abogado2018-09-13

La fiscal general del Estado, María José Segarra, destacó que en los procedimientos de juicios rápidos, casi el 80% de las sentencias se obtuvieron de conformidad entre fiscales y abogados en su discurso durante la apertura del Año Judicial.

  • María José Segarra apuesta por una reforma legal que amplíe el ámbito de aplicación de las conformidades

El volumen total de acusaciones durante 2017 se ha mantenido en cifras similares, alcanzando las 260.000 (262.319). Sin embargo, casi la mitad de estas acusaciones, unas 120.000 (el 46%) se emiten en procedimientos de juicios rápidos. "Eso supone, a su vez, el 66% (66,3%) del total de diligencias urgentes incoadas, procedimiento en el que se obtiene casi el 80% (79%) de sentencias de conformidad en el propio Juzgado de guardia. Parece lógico pensar, aseguró la fiscal general del Estado- que el fomento de este tipo de soluciones más ágiles a los procedimientos sólo puede provenir de la mano de una reforma legal que amplíe su ámbito de aplicación, a la vista de su notable eficiencia".

La fiscal general del Estado, María José Segarra, se refirió de forma concreta a la situación en Cataluña durante su primer discurso formal con motivo del acto de apertura del año judicial y, en clara alusión a las pretensiones separatistas, ha afirmado que la Ley "mientras esté en vigor" vincula a todos y "no puede haber excepciones a esta regla porque lo contrario supone la quiebra misma de la propia democracia".

En presencia del rey Felipe VI, de la cúpula fiscal y de la judicial representada por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; la práctica totalidad de miembros de este órgano y de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, entre numerosos representantes públicos, Segarra ha señalado que "las legítimas aspiraciones políticas de una parte de la sociedad -que en estos días se reivindican especialmente- deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico".

También se ha referido a la labor de los fiscales en Cataluña y ha afirmado que será "especialmente firme frente a cualquier intento de condicionar, personal o profesionalmente, a quienes ejercen sus funciones en esta Comunidad"; a los que muestra un apoyo "absolutamente inequívoco".

Tras hacer un conciso resumen de los datos estadísticos obrantes en la última Memoria de la Fiscalía, con datos de 2017 y que se ha hecho pública este lunes, la fiscal general ha incidido con "tozudez" en la necesidad de "una reforma profunda" del modelo vigente del proceso penal que consista en a ceder a la Fiscalía la fase de investigación con el fin de ofrecer una respuesta más efectiva a la delincuencia.

Reforma del proceso penal

Por otro lado, existiría un juez de instrucción o garantías "que se coloque en el rol que le corresponde desde el plano de su configuración funcional, es decir, una posición de verdadera imparcialidad en el debate contradictorio entre las defensas y las acusaciones" y, finalmente, un juicio de acusación "que implique un filtro real para la adecuada conformación de la relación jurídico-procesal, de manera que el juicio oral pueda recuperar su carácter de elemento central del proceso penal".

La nueva fiscal general -designada el pasado mes de junio- reconoció que el camino "es largo y no exento de complicaciones" pero ha insistido durante su discurso en que "no puede ser aplazado".

Como propuestas de futuro también mencionó el Reglamento de la Fiscalía, dirigido a ofrecer a los fiscales nuevas estrategias de formación y un plan de igualdad "que remueva los obstáculos que todavía impiden a muchas mujeres asumir puestos de responsabilidad en condiciones de igualdad de oportunidades".

Defensa de la Constitución

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, advirtió que cuando la Constitución resulta "golpeada" no puede renunciarse a defenderla y ha mostrado su apoyo a los jueces que reciben "ataques personales", como ha sido el caso el juez del Tribunal Supremo que ha llevado la instrucción de la causa abierta por el denominado ‘procés', Pablo Llarena.

Así lo dijo durante su discurso en el Solemne Acto de Apertura del Año Judicial, que se ha centrado en la defensa de la Constitución coincidiendo con en el 40 aniversario de la Constitución Española y en el que ha hecho numerosas referencias -sin mención expresa- a la situación independentista en Cataluña, pendiente de enjuiciamiento en el Tribunal Supremo.

Además, el máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces aprovechó su discurso para manifestar su apoyo a los jueces que han recibido "ataques personales alentados no solo desde ciertos sectores sociales, sino, lo que es más preocupante, por algunos responsables políticos".

Asimismo, el presidente del Tribunal Supremo aludió a las recientes decisiones judiciales de los tribunales alemán y belga sobre Puigdemont y algunos exconsejeros huidos y ha afeado la "grave incertidumbre" por interpretar "de forma unilateral".

Lesmes recalcó que la Constitución es la "expresión democrática del poder político" y es "permeable" a las transformaciones políticas y sociales. No obstante, ha explicado que no puede ser entendida como "políticamente neutra", ya que es la que preserva la "convivencia democrática a través de un determinado modelo, querido y definido por el pueblo español, como poder constituyente".

En este sentido, afirmó que es "irrenunciable" respetarla porque la democracia no puede existir "sin reglas, sin derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad".

Populismos y ‘planteamientos identitarios excluyentes'

Así, continuó advirtiendo del riesgo que suponen para el Estado Constitucional "los movimientos populistas y los planteamientos identitarios excluyentes" y ha asegurado que si en algún momento la norma constitucional resulta "golpeada no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores, y del propio Estado, que es democrático y de Derecho".

Lesmes hizo hincapié en que en algunas ocasiones de la Historia "la violencia o la astucia -cuando no la combinación de ambas- han permitido desbordar un determinado modelo orgánico de democracia constitucional" dividiendo "profundamente a la sociedad" y alterando "gravemente la convivencia".

Insistió en que para los "promotores" de estos movimientos "los resultados son siempre inciertos" y que -acogiendo las palabras del historiador francés Alexis de Tocqueville- "la parte más difícil de inventar es el final". Con todo ello, el presidente del Poder Judicial ha recordado que la Constitución prevé sus propios mecanismos de reforma para satisfacer las reclamaciones de cambio.

DISCURSO DE LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TS Y DEL CGPJ

Pisos de estudiantes: derechos y obligaciones de los inquilinos y los propietarios2018-09-12

Con la llegada de septiembre, además de la ‘vuelta al cole’ de los más pequeños de la casa, da comienzo otro clásico: la búsqueda de piso de los universitarios que inician sus estudios de las carreras profesionales. Las condiciones económicas hacen que cada vez sea más complicado tener una vivienda propia en España, lo que hace que aumente el número de personas que viven de alquiler. El mercado de habitaciones para estudiantes tiene sus particularidades, incluidas las económicas y, por eso, reclamador.es ha  recopilado a continuación los derechos y obligaciones de los arrendatarios y arrendadores. Todos ellos aparecen establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y dejan resueltas dudas como, por ejemplo, quién debe afrontar las reparaciones del hogar o cómo tiene que ser la intimidad de quien paga la renta.

  • Con septiembre llega el inicio de numerosos contratos de alquiler de los universitarios que comienzan un nuevo curso académico. Por este motivo, reclamador.es recopila los derechos y obligaciones de los arrendatarios y arrendadores.
  • La compañía online de reclamaciones explica que, por ejemplo, una vez iniciada la relación de alquiler, el casero no podrá entrar en la vivienda arrendada sin permiso.

5 derechos que tiene el inquilino

1.    Derecho a negociar con el propietario la renta del alquiler y la duración del contrato

Con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aunque el usuario firme un contrato de alquiler de un año, puede darlo por terminado a los 6 meses de la firma. Eso sí, siempre que se le comunique al arrendador con una antelación mínima de 30 días. Además, si se desea, el contrato de arrendamiento podrá prorrogarse anualmente tres años, salvo que el casero (o sus familiares en primer grado por consanguinidad o cónyuge) necesite el inmueble para vivir en él permanentemente.

2.    Derecho de adquisición preferente de la vivienda

Esto quiere decir que se tendrá preferencia a la hora de comprar la vivienda si el arrendador decide ponerla en venta. Eso sí, existe la opción de acordar en el contrato de alquiler la exclusión de esta norma.

3.    Derecho a pedir al arrendador las reparaciones necesarias para la conservación de la vivienda

Como inquilino, también se tiene derecho a pedir al casero que repare todo aquello que sea necesario para que la vivienda se conserve en condiciones óptimas de habitabilidad. Pero, ¡ojo! El propietario no se hará cargo de deterioros derivados del uso diario que se haga en la  vivienda. Tampoco de roturas provocadas por mal uso.

4.    Derecho a denunciar al casero si entra a la vivienda sin permiso

Muy importante: una vez iniciada la relación de alquiler, el casero no podrá entrar en la vivienda arrendada sin permiso. De ser así, el inquilino tiene derecho a denunciarlo por violar su privacidad, recalca reclamador.es.

5.     Derecho a recuperar la fianza al abandonar la vivienda

Se tiene derecho a recuperar la fianza depositada al comenzar el contrato de alquiler, siempre y cuando la casa quede en buenas condiciones y sin pagos pendientes.

5 obligaciones que tiene el inquilino

1.     Abonar una fianza al comenzar la relación de alquiler

Antes de comenzar a vivir en el nuevo hogar hay que realizar el pago de una fianza. El importe a pagar, por lo general, es el mismo que el de una mensualidad de la renta de alquiler.

2.     Pagar mensualmente la renta del alquiler

El inquilino debe cumplir mensualmente con la renta del alquiler establecido en el contrato de arrendamiento. El pago deberá efectuarse (salvo pacto en contrario) durante los primeros 7 días del mes, como norma general. Siempre en el lugar y por el procedimiento acordado por ambas partes. Normalmente, los pagos del alquiler se realizan por transferencia bancaria.

3.     Dejar la vivienda en las mismas condiciones

El inquilino tiene la obligación, recuerda reclamador, de dejar la vivienda en las mismas condiciones que tenía cuando entró a vivir en ella. De lo contrario, puede perder la fianza abonada.

4.     Informar sobre la realización de reparaciones necesarias

Otra de las obligaciones del inquilino será la de comunicar al casero la realización de las reparaciones que sean oportunas para conservar la habitabilidad de la vivienda. A este deber va ligado el de permitir la entrada a la vivienda al propietario y al personal que sea necesario para la realización de dichas reformas.

5.   No realizar obras ni actividades peligrosas

Por último, es conveniente conocer que como inquilino no se puede realizar obras que provoquen inestabilidad o inseguridad en la vivienda. De igual manera, no se podrán llevar a cabo actividades molestas, ilegales, nocivas o peligrosas.

5 derechos que tiene el casero

1. Derecho a recibir puntualmente el pago de la renta del alquiler que se haya acordado con el inquilino

Además, el casero tendrá derecho a recibir una fianza como garantía de que la vivienda le será devuelta en las mismas condiciones en las que se entregó al inquilino.

La cantidad de esta fianza, por lo general, será equivalente a una o a dos mensualidades de la renta. Aunque hay ocasiones en las que se pide más. Especialmente si la vivienda tiene mucho valor. Todo ello será negociable a la hora de redactar y firmar el contrato de arrendamiento.

2. Derecho a exigir al inquilino que repare los daños que este haya podido causar en la vivienda

Ya sea por un uso indebido del inmueble o por consecuencia del uso diario. No obstante, los daños estructurales del inmueble o los causados por otros vecinos que afecten a la habitabilidad de la vivienda, deberán ser sufragados por el casero.

3. Derecho a aumentar la renta del alquiler en función de lo que se haya especificado en el contrato

Muchos de los contratos de alquileres de vivienda que se formalizan cada año en España son de larga duración. Por ello, reclamador.es afirma que es conveniente que el arrendador introduzca en el contrato una cláusula que le permita modificar la cuantía de la renta cada año. Si no se introduce dicha cláusula en el contrato, el casero deberá cobrar el mismo importe en concepto de renta durante la duración del contrato. Esto le puede ocasionar un gran perjuicio, ya que es muy probable que el mercado del alquiler se encarezca y el casero no pueda aumentar el precio ni finalizar el contrato hasta pasados 3 años de la firma.

La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos 3 años de duración del contrato, le dará derecho al aumento de la renta aunque no estuviese pactado en contrato.

4. Derecho a suspender el sistema de prórrogas del contrato de alquiler cuando haya pasado el primer año de duración del contrato

Eso sí, el casero tendrá que comunicárselo al inquilino con, al menos, 30 días de antelación y, en cualquier caso, apelando a la cláusula de necesidad. Esto es, que se tiene la necesidad de disponer de la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí mismo o para sus familiares.

5. Derecho a solicitar la resolución judicial del contrato de alquiler si el inquilino no paga las rentas

O bien, si este subarrienda la vivienda sin el consentimiento del propietario o si el inquilino hace obras sin permiso. También, cuando el inquilino realice en la vivienda actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.

5 obligaciones que tiene el casero

1. Obligación de garantizar una vivienda habitable

El casero tendrá que mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad durante el tiempo que dure el contrato de alquiler.

2. Obligación de hacerse cargo de aquellas reparaciones urgentes que necesite la vivienda

Por ejemplo, deberá encargarse de averías en las instalaciones eléctricas del inmueble o de la caldera. El arrendador tendrá que reparar los daños o, por su parte, pagarle al inquilino los costes que él haya adelantado.

3. Obligación de no perturbar al arrendatario

El casero no podrá entrar en la vivienda sin previo aviso al inquilino. Tampoco podrá causar cualquier tipo de molestia al mismo.

4. Comunicar cualquier actualización que se produzca en la renta del alquiler

Cuando cambie la cantidad de la renta de alquiler, el propietario debe comunicárselo al inquilino con un mes de antelación como mínimo. Además, deberá justificar todos aquellos gastos que provoquen el aumento del alquiler pactado inicialmente.

5. Garantizar al inquilino un uso pacífico de la vivienda

El casero deberá garantizar al inquilino que ningún tercero reclamará judicialmente la posesión o utilización de la vivienda por disponer de mejor derecho.

 

Empresa absuelta porque la acusación no probó que no existía un plan de prevención de delitos en la organización2018-09-11

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza absuelve a la persona jurídica imputada, del delito continuado de estafa del que se le acusaba.

  • SAP Zaragoza, de 7 mayo 2018 (JUR 2018, 194106)

María Elduayen Ibáñez
Área Derecho Penal y Compliance. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A

En el concreto caso de autos, resulta evidente que por las acusaciones (Ministerio Fiscal y Acusación Particular) no se intentó acreditar si la mercantil imputada había implantado o no, dentro de su modelo y estructura de gestión y de organización, algún Plan de prevención de delitos de naturaleza económica; lo que, por si sólo, hace procedente dictar una sentencia absolutoria.

En segundo lugar, para que exista responsabilidad penal en las personas jurídicas, se exige, además, que conste una persona física que haya cometido un delito, dentro del ámbito de la organización empresarial. En este sentido y en el caso que nos ocupa, un examen de las actuaciones llevó a la conclusión de que toda la dirección social de la Mercantil estaba concentrada en una sola persona (ya fallecida) que estaba siempre en la empresa como el único socio, que dirigía toda la actividad y que era el único responsable real de la misma. La mercantil, en suma, era teóricamente una sociedad limitada, pero en la práctica era una sociedad unipersonal cuyo titular era el fallecido, y respecto del cual se archivaron las actuaciones por fallecimiento.

En términos más generales, y, por último, la Sala entiende que el instituto de la responsabilidad de las personas jurídicas exige dos realidades simultáneas; una persona física que, desde dentro de la empresa, comete el hecho delictivo y, al mismo tiempo, una persona jurídica, que, por su falta grave de control, posibilita o facilita la comisión del referido delito. En el caso de autos no consta que exista una tal persona física (pues, en verdad, no se indagó la eventual comisión de un delito de falsificación por parte del ya fallecido) y tampoco existe una tal persona jurídica; por cuanto tampoco se investigó la posible inexistencia de mecanismos de control, en los que podría haberse apoyado la pretensión acusatoria.

Un total de 50 jueces y magistrados optan a ser vocales en el próximo mandato del CGPJ2018-09-10

CGPJ

  • La Junta Electoral hace pública la lista de candidatos que reúnen los requisitos legalmente exigidos

Un total de 50 jueces y magistrados optan a las doce puestos de vocal de procedencia judicial en el próximo mandato del Consejo General del Poder Judicial, cuyo proceso de renovación se puso en marcha el pasado 3 de agosto. En 2013, el número de candidatos fue de 55.

La Junta Electoral regulada en el artículo 576 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha hecho pública hoy, tal y como establece el punto 7 de ese mismo precepto, la lista de candidatos que cumplen los requisitos legalmente exigidos, una vez que el pasado martes finalizó el plazo de un mes establecido para la presentación de solicitudes.

Los requisitos fijados en la LOPJ son los de estar en servicio activo en la Carrera Judicial y aportar el aval de veinticinco miembros de la Carrera, también en servicio activo, o el de una asociación judicial.

La lista de candidatos admitidos es la siguiente:

Avalados por la Asociación Profesional de la Magistratura

  • Abascal Junquera, Alejandro. Juzgado de Instrucción nº 4 de Fuenlabrada
  • López Soto, José Antonio. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Novelda
  • Martínez Ceyanes, María Pilar. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Oviedo
  • Montero Fernández, José Antonio. Sala Tercera del Tribunal Supremo
  • Moreno García, Juan Ángel. Audiencia Provincial de Madrid
  • Núñez Corral, José Luis. Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Vitoria-Gasteiz
  • Orga Larrés, José Carlos. Juzgado de Instrucción nº 3 de Logroño
  • Páez Martínez-Virel, José María. Juzgado Decano Exclusivo Único de Málaga
  • Rodríguez Vega, Luis. Audiencia Provincial de Barcelona
  • Rojo Beltrán, María Pilar Esther. Audiencia Provincial de Valencia
  • Serrano Frías, Isabel. Presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara
  • Vila Pariente, María de los Reyes. Juzgado de 1ª Instancia nº 29 de Sevilla

Avalados por la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria

  • Baena Sierra, José Antonio. Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Palma
  • Estévez Benito, Rafael. Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres
  • García de Yzaguirre, Mónica. Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife
  • Jaén Vallejo, Manuel María. Juzgado de lo Penal nº 4 de Getafe
  • Tardón Olmos, María. Audiencia Provincial de Madrid

Avalados por Juezas y Jueces para la Democracia

  • Erice Martínez, María Esther. Presidenta de la Audiencia de Navarra
  • Espinosa Casares, Ignacio. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja
  • Fernández Seijo, José María. Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona
  • Martín Verona, Ignacio. Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de Valladolid
  • Preciado Doménech, Carlos Hugo. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
  • Rosell Aguilar, María Victoria. Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria
  • Ruano Rodríguez, María Lucía. Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Madrid
  • Suárez-Mira Rodríguez, Carlos Manuel. Juzgado de lo Penal nº 2 de Ferrol

Avalados por Ágora Judicial

  • Figuera Lluch, Montserrat. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Avalados por miembros en activo de la Carrera Judicial

  • Andreu Miralles, Fernando. Juzgado Central de Instrucción nº 4 (43 avales)
  • Arozamena Laso, Ángel. Sala Tercera del Tribunal Supremo (54)
  • Avilés Palacios, Lucía. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Arenys de Mar (79)
  • Balerdi Múgica, José Manuel. Juzgado de lo Penal nº 2 de Huelva (64)
  • Ballesteros Martín, Javier Mariano. Audiencia Provincial de Madrid (57)
  • Calderón González, Jesús María. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (35)
  • de la Cueva Aleu, María Aurora. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (61)
  • Espinosa Conde, María Gema. Audiencia Provincial de Barcelona (309)
  • García Otero, César José. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias-Las Palmas de Gran Canaria (37)
  • González de la Varga, Susana. Juzgado de Instrucción nº 5 de Móstoles (49)
  • Gutiérrez Muñoz, Sonia Montserrate. Juzgado de lo Penal nº 16 de Barcelona (78)
  • Huerta Garicano, Inés María. Sala Tercera del Tribunal Supremo (43)
  • Íñiguez Hernández, Diego. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Bilbao (65)
  • Jiménez Hidalgo, Adoración. Juzgado de lo Social nº 3 de Granollers (79)
  • Martínez Mediavilla, José Eduardo. Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca (74)
  • Montalbán Huertas, Inmaculada. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (40)
  • Moreno Gómez, Virginia. Juzgado de lo Penal nº 1 de Girona (36)
  • Oliver Egea, Francisco Manuel. Juzgado de lo Penal nº 6 de Móstoles (92)
  • Renedo Juárez, María José. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (250)
  • del Riego Valledor, José María. Sala Tercera del Tribunal Supremo (44)
  • Sánchez Conesa, Raúl. Tribunal Superior de Justicia de Murcia (35)
  • del Ser López, Ana. Presidenta de la Audiencia Provincial de León (65)
  • Serna Calvo, María del Mar. Juzgado de lo Social nº 23 de Barcelona (75)
  • Villagrá Álvarez, David. Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Almería (34)

Una vez publicada la lista de candidatos que cumplen los requisitos legalmente exigidos, se abre un plazo para presentar impugnaciones, que serán resueltas por la propia Junta Electoral antes de la proclamación definitiva de las candidaturas, contra la que cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Transcurridos, en su caso, dichos plazos, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial remitirá las candidaturas definitivamente admitidas a los presidentes del Congreso y del Senado, a fin de que ambas Cámaras procedan a la designación de los vocales del turno judicial.

La LOPJ establece que en la designación de estos vocales las Cámaras tomarán en consideración el número de jueces y magistrados no afiliados y de afiliados a cada una de las distintas asociaciones judiciales.

Además, la selección que hagan las Cámaras deberá respetar la siguiente proporción: tres magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados con más de 25 años de antigüedad y seis jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Si no hubiera candidatos a vocales dentro de alguna de esas categorías, la vacante se destinará al siguiente grupo.

Exclusión de la candidatura de José Ricardo de Prada

La Junta Electoral ha acordado por unanimidad excluir la candidatura del magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada por no reunir los requisitos legales.

La exclusión se acuerda “por aplicación de lo dispuesto en el art. 573.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al no hallarse en servicio activo en la carrera judicial, según acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 6 de septiembre de 2018, que expresamente rechaza su solicitud de ser reingresado en el servicio activo”.

La Junta Electoral también señala que, “a efectos del art. 573.2 de dicha ley orgánica, aducido por el señor De Prada Solaesa, no resulta aplicable por cuanto el puesto que ocupa corresponde a actividad que viene ejerciendo en régimen de compatibilidad desde el año 2011, y la situación administrativa de servicios especiales que le fue reconocida en 2018 lo fue con carácter instrumental y por tiempo determinado, según manifiesta el propio interesado”.

Un trabajador desplazado está sujeto al régimen de la Seguridad Social del lugar de trabajo cuando sustituye a otro trabajador desplazado2018-09-07

La empresa austriaca Alpenrind explota un matadero en Salzburgo. Entre 2012 y 2014 Alpenrind empleó para el despiece y envasado de carne a trabajadores desplazados a Austria por la empresa húngara Martimpex. Antes y después de dicho período el trabajo era llevado a cabo por trabajadores de otra empresa húngara, Martin-Meat.

Respecto de unos 250 trabajadores desplazados por Martimpex entre el 1 de febrero de 2012 y el 13 de diciembre de 2013, la institución húngara de Seguridad Social expidió (en algunos casos con efectos retroactivos y en otros casos respecto de trabajadores cuya sujeción al seguro obligatorio austriaco ya había sido determinada por la institución austriaca de Seguridad Social) [1] certificados A1 [2] que acreditaban la aplicación del régimen húngaro de Seguridad Social.

La resolución de la institución austriaca de Seguridad Social por la que se determinaba la sujeción de los trabajadores al seguro obligatorio austriaco fue impugnada ante los tribunales austriacos.

En este contexto, el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria) [3] solicita al Tribunal de Justicia que precise las normas de la Unión en materia de coordinación de los sistemas de Seguridad Social y, concretamente, el efecto obligatorio del certificado A1. [4]

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que los certificados A1 expedidos por la institución competente de un Estado miembro (en el presente asunto, Hungría) vinculan [5] tanto a las instituciones de Seguridad Social como a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se lleve a cabo el trabajo (Austria) mientras dichos certificados no sean retirados ni invalidados por el Estado miembro en que fueron expedidos (Hungría). [6]

[1] La Salzburger Gebietskrankenkasse (Caja Regional de Enfermedad del Land de Salzburgo, Austria).
[2] Antes, certificado E 101.
[3] El Verwaltungsgerichtshof conoce en casación de un recurso interpuesto por la Salzburger Gebietskrankenkasse y el Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministro Federal austriaco de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección de los Consumidores).
[4] Reglamento (CE) n.° 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1, y corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en la redacción que le dio el Reglamento (UE) n.º 1244/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2010 (DO 2010, L 338, p. 35), y Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento n.º 883/2004 (DO 2009, L 284, p. 1), en la redacción que le dio el Reglamento n.º 1244/2010 (DO 2010, L 338, p. 35).
[5] Salvo en caso de fraude o de abuso: véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de febrero de 2018, Altun y otros (C-359/16; véase asimismo el CP n.° 10/18).
[6] Es pacífico que los certificados controvertidos no han sido retirados por la institución húngara competente ni invalidados por los órganos jurisdiccionales húngaros.

Lo mismo se aplica cuando, como sucede en el presente asunto, las autoridades competentes de los dos Estados miembros hayan sometido la cuestión a la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social y ésta haya concluido que los certificados habían sido expedidos indebidamente y debían retirarse. El Tribunal de Justicia observa sobre este punto que el papel que corresponde a la Comisión Administrativa en este marco se limita a conciliar las posturas de las autoridades competentes de los Estados miembros que le han planteado la cuestión, y que sus conclusiones tienen el valor de un dictamen.

Además, el Tribunal de Justicia declara que los certificados A1 pueden aplicarse retroactivamente aun cuando, en la fecha en que fueron expedidos, la institución competente del Estado miembro en que se desarrolle la actividad (Austria) ya hubiera decidido que el trabajador en cuestión quedaba sujeto al seguro obligatorio de dicho Estado miembro.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia declara que, en el supuesto de que un trabajador desplazado por su empleador a otro Estado miembro para llevar a cabo un trabajo sea sustituido por otro trabajador desplazado, a su vez, por otro empleador, el segundo trabajador no podrá quedar sujeto a la legislación del Estado miembro en que su empleador ejerza normalmente sus actividades.

Por norma general, los trabajadores quedan sujetos al régimen de Seguridad Social del Estado miembro en que trabajan, especialmente para garantizar del modo más eficaz posible la igualdad de trato de todas las personas que trabajen en el territorio de ese Estado miembro.

El legislador de la Unión únicamente contempla la posibilidad de que un trabajador desplazado siga sujeto al régimen de Seguridad Social del Estado miembro en que su empleador ejerza normalmente sus actividades cuando se cumplan determinados requisitos. El legislador ha excluido que ello pueda suceder cuando el trabajador desplazado esté sustituyendo a otra persona. Según el Tribunal de Justicia, dicha sustitución tiene lugar cuando un trabajador desplazado por su empresario para llevar a cabo un trabajo en otro Estado miembro es sustituido por otro trabajador desplazado, a su vez, por otro empresario.
Carece de relevancia a este respecto el hecho de que los empresarios de los dos trabajadores de que se trate tengan su domicilio social en el mismo Estado miembro o de que mantengan posibles vínculos personales u organizativos.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Grabar a un empleado sin su conocimiento, y sin que exista causa que lo justifique, vulnera el derecho a la intimidad del trabajador2018-09-06

Carlos Berlanga de la Pascua,
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla
Director de Redes Abogados

El Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, ha dictado una Sentencia pionera en España, al declarar nulo el despido de un trabajador que fue grabado en su puesto de trabajo, considerando que las imágenes se han obtenido vulnerando derechos fundamentales, al no contar con causa que justificara las grabaciones ni tener el consentimiento del trabajador.

En este caso, el puesto de trabajo coincidía con el espacio habilitado para los empleados para cambiarse de ropa al entrar y salir del trabajo, por lo que no sólo se vulneró su derecho a la protección de datos sino, especialmente, su derecho fundamental a la intimidad.

Las imágenes, admitidas como prueba, revelaron la vulneración del derecho a la intimidad del trabajador, tanto por el espacio físico que grababa, como por la falta de consentimiento, de información previa y por la indiscriminación temporal de las grabaciones, que se mantenían permanentemente en el puesto de trabajo desde una fecha indeterminada, sin causa justificada.

Esta Sentencia, en concordancia con la condena a España por el TEDH (Caso López Ribalda y otros), por la que el Tribunal Europeo obligó al estado a indemnizar a unas trabajadoras por permitir, en instancia judicial, el uso de las grabaciones sin tener la legitimación necesaria, en este caso respecto de la falta de información previa a las mismas, derecho reconocido por el art. 5 de la Ley Orgánica 13/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En mayo de este mismo año, un Juzgado de lo Social de Córdoba, no admitió como prueba unas grabaciones por carecer éstas de los requisitos de información y consentimiento previos, declarando el despido como improcedente, al no acreditarse los hechos imputados.

En este asunto, el Juzgado sí admitió las imágenes como prueba, y por ello ha entendido que cuando se incumplan estos parámetros de información, consentimiento o causa justificada, el despido se produce con violación de derechos fundamentales, calificándolo necesariamente como nulo, obligando a la inmediata readmisión del trabajador y condenando a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido.

Acceda a la sentencia 296/2018 del Juzgado de lo Social nº9 de Sevilla

Las 10 noticias jurídicas imprescindibles para volver bien informado de las vacaciones2018-09-05

Apenas quedan unos días para que finalice el verano, uno de los periodos de descanso más extensos para una gran parte de la población. Para todos aquellos que han desconectado y no han podido conocer las últimas novedades informativas y normativas  en el sector legal, les hacemos un repaso de las noticias más destacadas que han ocurrido en el mundo de la Justicia durante las vacaciones.

1.- LA MINISTRA DELGADO SE COMPROMETE A EJECUTAR LA SUBIDA DEL 30,8% DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AL TURNO DE OFICIO

La ministra de justicia, Dolores Delgado, expuso el 11 de julio en la Comisión de Justicia del Congreso, el conjunto de medidas que impulsará desde su departamento en lo que resta de legislatura. Entre ellas se encuentra uno de los principales ejes de estas normas en relación con los miembros jurídicos. Delgado anunció que en materia de justicia gratuita subirá un 30,8% en los Presupuestos Generales del Estado además de adaptar el actual Reglamento a la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita realizada en 2015.

La ministra indicó que con estas iniciativas pretende “articular una justicia que satisfaga las demandas de los ciudadanos en la medida que conforman los intereses generales”.

El Ministerio considera indispensable retomar el diálogo entre el Gobierno y las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia, así como con las organizaciones sindicales y todos los colectivos afectados. Cree necesario superar la actual situación de bloqueo y el sentimiento de desconfianza que se ha generado entre los profesionales de la Administración de Justicia y el Ejecutivo.

2.- EL GOBIERNO ADAPTA EL DERECHO NACIONAL AL REGLAMENTO GENERAL EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA ASEGURAR SU APLICACIÓN EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros aprobó el  27 de julio un Real Decreto-ley con medidas urgentes para adaptar el Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma de la Unión Europea aplicable desde el 25 de mayo que impuso importantes modificaciones en la legislación interna.

El Real Decreto-ley regula aspectos relacionados con la inspección, el régimen sancionador y el procedimiento de instrucción que son relevantes para la garantía efectiva del derecho a la protección de datos personales porque aportan la seguridad jurídica necesaria sin cuya existencia el modelo europeo de supervisión queda debilitado y, con él, las opciones de los ciudadanos de hacer valer su privacidad.

El Real Decreto-ley fija cuál es el personal competente para realizar las labores de investigación previstas en el RGPD y regula el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección. Asimismo, determina el régimen aplicable al personal de las autoridades de supervisión de otros Estados miembros de la Unión Europea que participen en actuaciones conjuntas de investigación.

3.- UNA TREINTENA DE COLEGIOS DE ABOGADOS YA SE HAN ADHERIDO AL CONVENIO PARA TRAMITAR ELECTRÓNICAMENTE EL EXPEDIENTE DE NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

Un total de 29 Colegios de Abogados se han adherido al convenio firmado con el Ministerio de Justicia para ofrecer el servicio de trámite electrónico del Expediente de Nacionalidad por residencia, de los cuales 12 ya han habilitado los recursos necesarios para poder ofrecerlo a sus colegiados. Concretamente, los Colegios de Madrid, Las Palmas y Cantabría han participado en la fase piloto con un grupo reducido de abogados para verificar el funcionamiento del servicio. Esta fase piloto tuvo lugar durante el primer trimestre.

Durante la fase piloto se tramitaron más de dos centenares de expedientes. Este documento, una vez completado por parte del abogado, pasa a la fase del cotejo por parte del Colegio. Esta participación del Colegio en la gestión y cotejo del expediente ha permitido a la Administración agilizar sus propios plazos de tramitación.

Esta aplicación, desarrollada por RedAbogacía, permite la tramitación de las solicitudes de nacionalidad por residencia por vía electrónica y la remisión de los expedientes a la Dirección General de los Registros y del Notariado, a través de la infraestructura tecnológica del Ministerio de Justicia gracias al convenio firmado entre el Consejo General de la Abogacía y dicho ministerio en julio de 2017.

4.- ABOGADOS CONSIDERAN QUE LAS DEVOLUCIONES DE LOS 116 MIGRANTES ES CONTRARIA EL DERECHO DE LA UE, PESE A LA VIOLENCIA AL SALTAR LA VALLA

Varios abogados expertos en Extrajería señalaron que la devolución del 24 de agosto de los 116 migrantes subsaharianos puede suponer una vulneración del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y otras normativas europeas porque es probable que no se haya garantizado “su derecho a ser escuchados” durante el proceso individual de asistencia e identificación al llegar a España.

Desde el Gobierno han justificado las devoluciones de los 116 migrantes –que se desarrollaron apenas 24 horas más tarde de su salto a la valla de Ceuta- por la “violencia” que utilizaron  los migrantes contra los agentes de la Guardia Civil durante el salto. “Humanidad no es permisividad”, ha dicho el ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha incidido en su legalidad porque se llevaron a cabo en virtud del Acuerdo de Readmisión firmado en 1992 entre España y Marruecos.

Si bien los expertos consultados coinciden en señalar que la aplicación de este acuerdo bilateral es “perfectamente legal”, también destacan el “poco tiempo” que duró el procedimiento de identificación y la asistencia letrada de los migrantes, lo que a su juicio pone entredicho su “calidad”. De hecho, subrayan que los propios letrados que asistieron a los migrantes son los que van a recurrir las devoluciones por la celeridad del proceso.

5.- EL TRIBUNAL SUPREMO CONDENA A ESPAÑA POR INCUMPLIR LAS SOLICITUDES DE ASILO DE REFUGIADOS.

El pasado 11 de julio la Sala de lo Contencioso-Administrativo condenó al Estado español por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo derefugiados procedentes de Grecia y de Italia. Las medidas fueron establecidas en las Decisiones del Consejo Europeo, por las que se le asignó a España un cupo de 19.449 personas durante dos años, desde el 25 de septiembre de 2015 hasta el 26 de septiembre de 2017, de las que solo ofertó un 12,85%.

El tribunal considera que las Decisiones comunitarias incumplidas, que establecían medidas provisionales para acoger a los solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia, eran de carácter vinculante y obligatorio, por lo que el incumplimiento de las mismas implica “la condena al Estado español a continuar la tramitación en los términos previstos en las Decisiones y de conformidad con los acuerdos que en lo sucesivo adopten las instituciones comunitarias”.

La Sala estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo planteado por la Associació de Suport a Stop Mare Mortum contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada el 21 de abril de 2017 ante el Gobierno de España. Los recurrentes solicitaban en su demanda que se declarase que España había incumplido las obligaciones periódicas (ofertar plazas de reubicados, aprobar las listas enviadas y acoger a los reubicados), así como las obligaciones finales establecidas en las Decisiones, y que se ordenase al Gobierno que cumpliese inmediatamente y con carácter urgente las citadas obligaciones.

6.- EL GOBIERNO APRUEBA EL REAL DECRETO-LEY PARA DESARROLLAR EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

Estas modificaciones devuelven a los Ayuntamientos las competencias en esta materia. También fortalecen la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. Igualmente, se recoge que la confirmación de las situaciones de violencia de género se amplié más allá de la sentencia o resolución judicial. Con esta iniciativa se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.

Tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado día 31 de julio, una de las medidas más urgentes para el cumplimiento del Pacto de Estado es la devolución de competencias en la materia a la Administración local, por ser la más cercana a las víctimas. La promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género entrarán a formar parte del catálogo de competencias propias gracias a la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, los fondos destinados a los programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los Ayuntamientos- 20 millones en el presente ejercicio y 40 millones de euros en 2019- se distribuirán vía transferencia finalista y directa, o a través de otras Entidades Locales.

7.- DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y EL TURNO DE OFICIO

El pasado día 12 de julio los Colegios de Abogados celebraron el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio en toda España con diferentes actos reivindicativos que ponen de manifiesto la importancia de este servicio fundamental que garantiza la igualdad en el acceso a la Justicia para todos los ciudadanos y ciudadanas. Este día, además, se defiende y divulga la labor realizada por más de 51.300 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio.

Con la finalidad de actuar como altavoz social y llamar la atención sobre la importancia de la Justicia Gratuita  en un Estado que se denomina social y democrático de derecho, el Consejo General de la Abogacía Española instituyó hace unos años el 12 de julio como día destinado a reconocer y reivindicar el papel de los abogados del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita.

Entre los actos que se celebraron en los Colegios de Abogados cabe destacar los izados de la bandera de la Justicia Gratuita, jornadas de puertas abiertas, distinciones por la defensa del Turno de Oficio, monólogos sobre la Justicia Gratuita, partidos de fútbol, caminatas y carreras, programas de radio en corporaciones colegiales, concursos de grafitis o talleres infantiles, entre otros. Como en años anteriores también se realizaron propuestas para ampliar el callejero de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio que ya cuenta con más de 30 localidades en toda España que tienen alguna calle, plaza o jardín dedicada al Turno de Oficio.

8.- EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA DICTAMINADO QUE LOS ENFERMOS MENTALES ABSUELTOS NO PUEDEN ESTAR EN PRISIÓN PROVISIONAL SIN SENTENCIA FIRME.

La sala segunda del Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia el pasado 18 de julio la que considera que un absuelto en primera instancia de un delito por presentar algún tipo de problema de salud mental no debe permanecer en prisión de forma provisional a la espera de la resolución de los posibles recursos.

La sentencia estima el recurso presentado por un hombre internado en el Centro Penitenciario de Córdoba, a la espera de la confirmación de una medida de seguridad impuesta.

El individuo fue absuelto por la Audiencia Provincial de Córdoba de un delito de homicidio agravado en grado de tentativa y de otro delito de violencia física simple o no habitual, al apreciar los jueces la eximente completa de trastorno mental. Mientras esperaba a que se resolvieran varios recursos, entre ellos el suyo propio, en instancias superiores, la Audiencia decidió que ingresara en la unidad psiquiátrica de la prisión de Córdoba hasta que la sentencia se hiciera firme. Sin embargo, en la citada cárcel no hay ninguna unidad de este tipo, por lo que fue recluido en la enfermería del centro.

Los magistrados han considerado que esto fue “una prisión encubierta, carente de absoluta cobertura legal y, por ello, vulneradora de su derecho a la libertad”. En este sentido, apuntan que debería haber ingresado en un hospital psiquiátrico penitenciario, pero recuerdan que en España tan solo hay dos, en Alicante y Sevilla. En este último terminó ingresado finalmente el acusado.

9.- FALLECE LUIS DEL CASTILLO ARAGÓN, DECANO EMÉRITO DEL ICAB Y EXPRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS PENAL INTERNACIONAL

El pasado 5 de agosto falleció el reconocido jurista Luis del Castillo Aragón, quien asumió el decanato del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) entre los años 2002 y 2003 y fue presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional (BPI-CAPI) de 2010 a 2014.

Luis del Castillo Aragón nació en Madrid en 1934 y se licenció en Derecho en 1956. Tres años más tarde trasladó su residencia a Barcelona, donde fue profesor de la Universidad de Barcelona desde 1960 hasta 1966, como adjunto a la Cátedra de Derecho Político. En 1975 fundó su propio despacho penalista en la ciudad condal.

Desde su incorporación como colegiado al ICAB, EN 1970, Luis del Castillo estuvo muy vinculado a la vida colegial. Colaboró estrechamente como ponente en la Comisión de Deontología, que posteriormente presidió. También fue vicedecano del Colegio desde 1997 a 2005; y ejerció como decano en 2002. También en 2002 fue elegido representante español del Colegio de Abogados del Tribunal Penal Internacional del BPI-CAPI.

10.- EL GOBIERNO APRUEBA LA CREACIÓN DE UN CONSEJO ASESOR PARA REVISAR LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aprobó la creación de un consejo asesor que revisará el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde un enfoque de género, a fin de que el nuevo texto normativo que se impulse atienda adecuadamente la realidad social actual.

Este consejo podrá, igualmente, pronunciarse sobre otras medidas y proyectos legislativos del Ministerio de Justicia y proponer las reformas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas exigencias planteadas por la sociedad en materia de género, particularmente en los ámbitos civil y penal.

Desde la aprobación de la Constitución Española se han llevado a cabo reformas normativas en diferentes ámbitos para introducir la igualdad de trato y de oportunidades y eliminar discriminaciones por razón de sexo. Recientemente, la ministra de Justicia subrayó el firme compromiso del Gobierno con esta demanda social. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 11 de julio defendió la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia porque “no hacerlo supondrá que continuemos impartiendo una Justicia deficiente y parcial, que trata igual a los que son desiguales y se aleja de la equidad a la que debemos aspirar como sociedad avanzada”.

El precio de la vivienda aumenta un 10,7% anual durante el segundo trimestre2018-09-04
  • Entre abril y junio se inscribieron 134.196 compraventas, un 12,4% más que en el mismo trimestre de 2017
  • Los tipos fijos de interés repuntan y se aplicaron en cuatro de cada diez hipotecas

El precio de la vivienda, calculado a través del Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (según metodología Case & Shiller aplicada a España), presenta un incremento anual del 10,7% en el segundo trimestre del año, continuando la senda de subida observada en los últimos trimestres. Con respecto al trimestre anterior, el aumento ha sido del 3%. El ritmo de crecimiento de los últimos trimestres deja un descenso acumulado del 16,9% desde los niveles máximos del índice, alcanzados en 2007. 

Compraventas inscritas

Según la Estadística Inmobiliaria del Colegio de Registradores correspondiente al segundo trimestre, entre abril y junio se inscribieron en los registros de la propiedad 134.196 compraventas de vivienda, un 4% más que en el trimestre anterior. Es el resultado trimestral más elevado desde el segundo trimestre de 2008. Con relación al segundo trimestre de 2017 el aumento fue del 12,4%.

En los últimos doce meses se han inscrito 494.263, el mayor resultado interanual desde el primer trimestre de 2009.

En vivienda nueva se registran en el segundo trimestre 22.659 compraventas, un 1,6% más que en el trimestre anterior, alcanzando el mayor resultado desde el primer trimestre de 2015. En vivienda usada se han registrado 111.537 compraventas, con un importante incremento intertrimestral del 4,5%, siendo la cifra absoluta más alta desde mediados de 2007.

 

Compras de extranjeros

La compra de vivienda por extranjeros se ha situado en el 12,9% de las compraventas, ligeramente por debajo del 13,1% del pasado trimestre, pero con un incremento en términos del número de compraventas debido al significativo aumento del número general de operaciones. Así, se han registrado alrededor de 17.100 compras de vivienda por extranjeros, frente a las poco más de 16.500 del primer trimestre. Las nacionalidades con mayor peso en la compra de vivienda por extranjeros han sido: británicos (14,9%), alemanes (7,6%), franceses (7%), belgas (6,4%), suecos (6,1%), rumanos (5,6%) e italianos (5,5%). En los últimos doce meses los extranjeros han registrado más de 64.600 compras de vivienda.

Las comunidades autónomas que durante el segundo trimestre han registrado un mayor número de compras de vivienda por ciudadanos extranjeros han sido Canarias, donde el 31,4% de las compraventas de la región han sido efectuadas por extranjeros, Baleares (29%), Comunidad Valenciana (26,5%) y Murcia (19,2%).

 

Características del crédito hipotecario

El endeudamiento hipotecario por vivienda se ha visto incrementado un 0,7% durante el segundo trimestre con relación al primero, alcanzando un resultado medio de 121.918 €. El incremento sobre el mismo trimestre de 2017 ha sido del 5,3%.

La contratación a tipo de interés fijo se incrementó hasta alcanzar el 39,7% de los nuevos créditos hipotecarios, desde el 37,3% del trimestre anterior,  quedando la contratación a tipo de interés variable en el 60,3%, que en prácticamente su totalidad (59,4% del total) utiliza como índice de referencia el euríbor.

Los tipos de interés de contratación inicial permanecen estables con tendencia ascendente, con un resultado medio en el último trimestre del 2,3% similar al trimestre precedente (ascendió  solo 0,04pp).

 

La duración media de los nuevos créditos hipotecarios se redujo ligeramente en el segundo trimestre, alcanzando los 23 años y 4 meses, cuatro meses menos que el trimestre anterior.

Los indicadores de accesibilidad se han deteriorado de nuevo  en el segundo trimestre después de la ligera mejora del primero. La cuota hipotecaria mensual media ha sido de 563,1€ y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial se ha situado en el 29,6%. Esto ha significado que la cuota hipotecaria mensual media se ha incrementado un 2,2% y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial ha aumentado en 0,6pp. Este deterioro se ha debido a factores tales como la reducción de los plazos medios de contratación  (-1,4),  el  aumento  de  los  tipos de  interés  (0,04 pp), y  al incremento  de  la hipoteca media (0,7%). El único factor positivo, insuficiente para contrarrestar los factores anteriores, fue el ligero incremento de los salarios, que crecieron el 0,20% durante el trimestre.

Impagos hipotecarios

Según la Estadística Registral Inmobiliaria, que también se puede consultar en el Portal de Precios de Vivienda (http://www.preciosdevivienda.es/registradores.html ), las certificaciones de vivienda por inicio de ejecución de hipoteca del segundo trimestre han sido 6.643, con una leve caída del 1,5% sobre el mismo trimestre de 2017. El 64,3% de las certificaciones ha correspondido a personas jurídicas, superando a las personas físicas, que alcanzaron el mínimo histórico (desde 2014 en que comenzó su publicación), con el 35,7% restante. En cuanto a la nacionalidad, el 3,1, ha correspondido a extranjeros, frente al 96,9% restante de nacionales.

Las daciones en pago han sido 1.709, con un descenso del 2,3% sobre el mismo trimestre de 2017. El 91,3% afectó a personas físicas, frente al 8,7% de personas jurídicas. Con respecto a la nacionalidad, el 11,9% de las daciones en pago han correspondido a extranjeros, frente al 88,1% restante de nacionales

Navas & Cusí advierte el “limbo jurídico” en el que se encuentran más de 900.000 hipotecas2018-09-03
  • Son las hipotecas constituidas desde que el 21 de marzo de 2016 se terminara el plazo de trasposición de la directiva hipotecaria
  • Navas & Cusí considera que dichas hipotecas fueron constituidas en un régimen legal no vigente privando al consumidor español de la protección jurídica que otorga la normativa europea
  • El retraso en la trasposición ha sido denunciado ante el TJUE con sede en Luxemburgo

Navas & Cusí

Más 900.000 hipotecas se encuentran en un “limbo jurídico” por haber sido constituidas con un régimen jurídico no vigente. Se trata de las hipotecas constituidas desde que el 21 de marzo de 2016 terminara el plazo de trasposición de la directiva hipotecaria. Según el INE, desde abril de 2016 a mayo de 2018 -último dato disponible- se constituyeron 886.384 hipotecas. A estas hay que sumar las firmadas desde mayo de 2018 y los últimos días del mes de marzo de 2016.

“Desde Navas & Cusí afirmamos que todas esas hipotecas tienen vicio de nulidad por haber sido constituidas sin aplicarse el sistema de garantías y protección al consumidor que establece la directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014”, afirma Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.

Siete días de reflexión antes de la firma

Navas explica que la directiva hipotecaria establece siete días de reflexión antes de la firma de la hipoteca, elimina los recargos por amortización anticipada y obliga al banco a informar de todas las ofertas existentes en el mercado. Además, limita severamente las ventas cruzadas de seguros de vida u otros productos, elimina los bonus bancarios ligados a la colocación y establece criterios de formación para los profesionales que intervengan. “Nada de esto se ha cumplido en las más de 900.000 hipotecas y el consumidor español no tiene por qué ser responsable de los retrasos injustificados de trasposición de las autoridades españolas”, señala el experto.

El socio-director de navascusi.com recuerda también que la doctrina de Luxemburgo es clara sobre el principio de primacía y efectividad del derecho europeo. “Las directivas europeas son plenamente vigentes y plenamente vigentes desde el momento en que se aprueban. La no trasposición no puede afectar a los principios de primacía y efectividad del derecho europeo como señala la sentencia Francovich y otras. Nuestro mismo Constitucional también reconoce la preeminencia o prioridad del derecho comunitario”.

No es la primera vez que el despacho Navas & Cusí lanza esta advertencia. Cuando hace dos veranos Economía abrió el anteproyecto de Ley Hipotecaria a consulta el bufete ya advirtió de las contingencias que una trasposición parcial -como se pretendía- podía tener en el consumidor bancario y en el sistema financiero. “Pero también lo advertimos en el mismo mes de abril de 2016, justo al finalizar el plazo de trasposición; y lo reiteramos en noviembre de 2017 cuando la Comisión decidió denunciar a España ante Luxemburgo por el retraso indebido en la trasposición”, apunta el socio-director de navascusi.com.

La sanción propuesta por Luxemburgo asciende a 105.991,6€ por cada día de retraso lo que elevaría la multa a más de 90 millones de euros. “El retraso irresponsable de las autoridades españolas tiene impactos muy negativos para la economía española, el sistema financiero y sobre todo para el consumidor bancario, despojado ilegítimamente del sistema europeo de protección; sólo los tribunales pueden solventar esta merma”, concluye el socio-director de navascusi.com

Hipotecas constituidas desde abril de 2016, según el INE http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=13896

El TJUE establece como tiempo de trabajo las guardias localizadas en el domicilio2018-08-31

Mabel Inda Errea

Área Fiscal y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A

  • Comentario a la STJUE 21 febrero 2018 (JUR 2018, 49309)
  • Tiempo de trabajo, guardias localizadas 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que el tiempo que un bombero voluntario belga pasa en su domicilio con la obligación de responder a su jefe en un plazo de breve de ocho minutos para prestar sus servicios de forma inmediata es tiempo de trabajo.

Supuesto de hecho

La sentencia se refiere al caso de un bombero voluntario, Rudy Matzak, de un pueblo de Bélgica, que compagina su actividad con otro empleo en una empresa privada. Matzak inició el procedimiento judicial contra el Ayuntamiento de la localidad en 2009 para obtener una indemnización por daños y perjuicios al considerar que sus servicios de guardia domiciliaria debían considerarse como tiempo de trabajo. El Tribunal de instancia estimó en gran parte la demanda del trabajador. No obstante, el Ayuntamiento interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Laboral Superior de Bruselas y éste planteó varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Criterio o «ratio decidendi»

El TJUE interpreta el artículo 2 de la Directiva Europea 2003/88 (LCEur 2003, 3868), donde se definen los conceptos "tiempo de trabajo" y "periodo de descanso", estableciendo que dichos conceptos no pueden ser determinados por los Estados miembros de forma diferente a la contenida en la Directiva, si bien, les permite adoptar disposiciones que establezcan una duración del tiempo de trabajo y periodos de descanso más favorables a los trabajadores.

Así mismo, el Tribunal aclara que sólo los integrantes de la Unión son los que pueden decidir en su Derecho nacional sobre la retribución de un trabajador durante el tiempo de trabajo y en periodo de descanso, teniendo ambos una calificación jurídica distinta, advirtiendo que en este último caso puede no remunerarse.

Los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de descanso» se excluyen mutuamente. Para que sea «tiempo de trabajo», el trabajador está obligado a hallarse físicamente presente en el lugar determinado por el empresario y a permanecer a disposición de éste para poder prestar sus servicios inmediatamente en caso de necesidad. En cambio, las guardias localizadas, es decir, estar accesible permanentemente sin estar presente en el lugar de trabajo no pueden recibir igual calificación, especialmente, porque "en esta situación el trabajador puede administrar su tiempo con menos limitaciones y dedicarse a sus intereses personales".

En el presente caso el tribunal considera que es tiempo de trabajo, ya que, por una parte, el bombero debía responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos y, por otra parte, estaba obligado a estar presente físicamente en el lugar determinado por el empresario, por lo que le limitaba de manera objetiva las posibilidades de dedicarse a sus intereses personales y sociales.

Por ello, aunque convendría cambiar la normativa y adaptarla, hasta entonces serán los órganos judiciales lo que estén obligados a realizar directamente una interpretación de la normativa nacional compatible con el criterio fijado por el TJUE.

Documentos relacionados:

  • Directiva Europea 2003/88/CE (LCEur 2003, 3868), de 4 de noviembre, por la que se regula determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

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Justicia pone en marcha un consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal2018-08-30

En la primera reunión celebrada hoy, la ministra Delgado les ha pedido ya un primer informe sobre la materia que permita contribuir con una propuesta cualificada al debate parlamentario abierto en el Congreso, que tramita una proposición de reforma de la LOPJ que en opinión del ministerio debería tener en cuenta la realidad social actual y la más moderna jurisprudencia sobre jurisdicción universal en consonancia con los tratados internacionales suscritos por España.

El consejo asesor está integrado por la ministra como presidenta, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, en calidad de vicepresidente, y los siguientes juristas:

  • José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde 1990 y actual juez internacional del Mecanismo Residual para Tribunales Internacionales.
  • Manuel Ollé Sesé, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Groupe d'Action Judiciaire de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
  • Manuel Miguel Vergara Céspedes, profesor de Derecho Penal en el Instituto de Empresa, asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR) y colaborador del Tribunal Penal Internacional.
  • Hernán Hormazábal Malarée, catedrático de Derecho Penal y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH). 

En materia de jurisdicción universal hay ya muchos avances en el marco del Derecho Internacional, pero el ministerio quiere dar un paso más porque este instrumento jurídico, fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos, puede ofrecer eficaces resultados en otros campos como la persecución de la criminalidad internacional organizada o los delitos contra el medio ambiente, entre otros supuestos.

Incorporar la sociedad civil

Con la creación de un consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal, la ministra Delgado cumple otro objetivo colateral, como es la incorporación de la sociedad civil, a través de expertos en la materia, al trabajo de gestación de determinadas iniciativas legislativas. El propósito es abrir la entrada en ese proceso prelegislativo a expertos que colaboren en la mejora de la legislación vigente, porque esa mejora sirve para conseguir un futuro más justo.

Con esa pretensión, el consejo asesor puesto en marcha este martes también estudiará en el futuro otros proyectos normativos o decisiones relevantes del ministerio que admitan una lectura desde la perspectiva de la jurisdicción universal, así como podrá proponer cualquier otra reforma de detalle que con ese objetivo considere justificada.

¿Es procedente el despido disciplinario de un trabajador por una conducta y actividad en redes sociales que daña la imagen de la empresa?2018-08-29
  • Incluye la sentencia

El Juzgado de lo Social de Palma de Mallorca, considera procedente el despido disciplinario de un trabajador de una cadena de ropa, por una conducta y actividad en redes sociales que dañaba la imagen de la empresa.

Blog LEXA: Jurisprudencia Laboral Novedosa

Supuesto de hecho:

  • El trabajador venía prestando sus servicios a la empresa, con categoría de dependiente, desde enero de 2017.
  • El trabajador publicó en Facebook unos comentarios e imágenes que la propia entidad Facebook eliminó por considerarlos inapropiado.
  • En fecha 28/04/2017, la empresa comunica al trabajador su despido disciplinario con efectos del mismo día, tras descubrir cómo en un foro se hacía referencia a la conducta mantenida por este trabajador en sus redes sociales, y fue identificado como tal porque en su perfil de Facebook consta además de su nombre y apellidos, y también su condición de empleado de la empresa.
  • En fecha 15/06/17 el trabajador interpone demanda por despido frente a la empresa ante el Juzgado de lo Social de Palma de Mallorca.

Consideraciones Jurídicas:

  • La cuestión litigiosa consiste en determinar si los hechos acreditados alcanzan gravedad suficiente para justificar una sanción tan grave como la del despido disciplinario.
  • El Juzgado considera significativo el hecho de que fuese la propia entidad Facebook quien eliminara el contenido al considerarlo inapropiado. Por ello, entiende que tales imágenes puedan resultar ofensivas o afectar la dignidad de las personas, y ello al margen de que, como manifestó el actor en el juicio, no comparta dichas ideas y se trate de "humor negro", como define el propio trabajador.
  • Por otro lado, el Juzgado entiende que la carta de despido tipifica con exactitud los hechos, y lo hace de conformidad con el contenido del convenio colectivo de aplicación, aludiendo además la empresa a su normativa interna (conocida y firmada por el trabajador) en el que la empresa comunica al mismo la necesidad de actuar sin ofensas ni atentados contra la dignidad de las personas cuando él mismo se identifica como empleado de la entidad.
  • Por tanto, resulta intrascendente que se acredite, o no, la existencia de un lucro personal del trabajador, o el haber causado daños a la empresa, pues basta que se produzca el quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral.
  • Además, el Juez alude a una sentencia del TS donde, en supuestos como este, se reconoce la posibilidad de que una empresa puede adoptar medidas disciplinarias respecto a hechos cometidos por un trabajador. aunque no se encuentre ni en tiempo ni en lugar de trabajo. porque en este tiempo ajeno a la jornada laboral, tampoco puede realizar actuaciones que redunden, directa o indirectamente, en perjuicio para la empresa.
  • Por todo ello, el Juzgado declara la procedencia del despido disciplinario.

Conclusión Lex@:

El Juzgado determina que, en el presente caso, existió un incumplimiento contractual consistente en desobediencia, con un evidente y notorio perjuicio para la empresa, así como la pérdida de confianza en la persona del trabajador, por lo que debe considerase que la calificación del despido ha de ser la de procedente, por cuanto la medida adoptada por el empresario es proporcionada en atención a las condiciones concurrentes y a las expresiones y contenidos proferidos por el trabajador en su cuenta de Facebook.

¿Quiere ver la sentencia núm. 74 JUR 2018 121686?

Desciende un 45% la solicitud de patentes nacionales el primer semestre respecto el mismo período de 2017, y ya son nueve años de caída2018-08-28

Según los datos de la OEPM del primer semestre del año

En el período 2009-2017, el total de solicitudes de patentes anuales en España ha pasado de 3.712 a 2.286, lo que supone un descenso del 38%.

Según los datos de la OEPM relativos al primer semestre del año, descienden las solicitudes de patentes nacionales un 45% respecto el mismo período del año pasado, siguiendo la tendencia descendente iniciada hace 9 años.

En ninguna Comunidad Autónoma se han superado los datos del mismo periodo (enero-junio) del año pasado. 

Las patentes solicitadas en España durante el primer semestre de 2018 han sido 805, un 45% menos que durante los mismos meses de 2017, tras un decrecimiento que se arrastra desde los inicios de la crisis, en 2008. Estas cifras se desprenden del análisis de los datos publicados por la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, hasta el mes de junio de 2018. 

Esta caída el primer semestre del año es mayor que en años anteriores 

Estos datos reflejan claramente el efecto de la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes el año pasado, que ha provocado que muchas empresas acelerasen sus proyectos el año pasado, año en el que se notó un repunte durante el mes de marzo, para obtener las patentes temiendo que fueran denegadas un el marco de la nueva Ley.

La Nueva Ley de Patentes, que ha entrado en vigor tras más de 30 años de vigencia de la anterior, armoniza los requisitos y los procedimientos de concesión con la mayoría de países industrializados y se adecua a las necesidades actuales, ofrece más seguridad y más fuerza legal. 

Según Jorge Isern, socio de Isern Patentes y Marcas "No obstante, esta caída queda en entredicho con los datos que demuestran que desde España en los últimos años ha aumentado el número de Patentes que se solicitan vía Convenio de la Oficina Europea de Patentes y que superan el número de solicitudes de Patentes españolas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas". 

Isern concluye que "a pesar de los datos, podemos confirmar que las empresas ya están inmersas en la recuperación, en Isern Patentes y Marcas percibimos un aumento del interés por patentar las innovaciones surgidas de estas empresas españolas, pero también crece el interés por tener a su alcance información tecnológica de su sector de manera constante a la hora de evaluar e iniciar nuevos proyectos, sobre todo desde la entrada en vigor de la Nueva Ley de Patentes". 

En este sentido Segio Larreina, Director de  Consultoría Estratégica, Innovación y Competitividad de Isern indica que el escenario económico, legal y tecnológico en que actualmente se mueven las empresas ha hecho aumentar los informes especializados a empresas que elabora su departamento a fin de ayudar a las empresas en su toma de decisiones estratégicas, minimizando la incertidumbre mediante la cuantificación de las posibilidades comerciales de un producto en un mercado, el impacto de una tecnología frente a lo existente y la posición frente a la competencia dibujando escenarios económicos para la explotación comercial de una invención o el desarrollo de nuevas líneas de investigación. 

Cuadro del número de patentes solicitadas por mes. Primer semestre 2012 a 2018

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

enero

214

214

196

191

179

175

111

febrero

290

271

230

215

205

240

130

marzo

325

263

297

255

244

688

159

abril

262

287

258

242

272

80

135

mayo

319

281

274

245

248

155

116

junio

276

267

216

261

272

151

154

TOTAL

1686

1583

1471

1409

1420

1489

805

Cuadro del número de patentes solicitadas por CCAA, de enero a junio 2013 a 2017

 

1r Sem. 2013

1r Sem. 2014

1r Sem. 2015

1r Sem. 2016

1r Sem. 2017

1r Sem. 2018

CCAA

         

 

Andalucía

222

247

202

243

244

108

Aragón

76

77

85

60

81

70

Asturias

23

18

12

25

15

13

Canarias

21

20

22

34

37

10

Cantabria

13

14

12

13

21

7

Castilla-La Mancha

35

30

41

31

37

21

Castilla-León

61

41

48

43

52

24

Catalunya

292

266

236

241

178

122

Com. Valenciana

186

148

155

197

166

94

Extremadura

14

12

30

19

12

5

Galicia

85

67

92

83

76

47

Illes Baleares

9

17

9

6

16

7

La Rioja

22

13

18

8

20

8

Madrid

279

287

240

242

217

138

Murcia

41

36

42

38

32

26

Navarra

47

39

28

22

32

20

País Vasco

88

83

77

60

45

44

Ceuta y Melilla

0

0

0

1

2

0

No residentes

69

56

60

54

206

41

TOTAL

1583

1471

1409

1420

1489

805

Isern concluye que "las empresas ya están inmersas en la recuperación, en el despacho hemos notado un aumento del interés por patentar las innovaciones surgidas de estas empresas españolas, pero también crece el interés por tener a su alcance información tecnológica de su sector de manera constante a la hora de evaluar e iniciar nuevos proyectos, y más ahora con la Nueva Ley de Patentes, que unifica el sistema de concesión de patentes con examen previo de novedad y actividad inventiva. Este aumento también se ha notado de manera paralela en el número de conflictos judiciales por infracción de patentes."

Aprobado un Real Decreto-ley que modifica la Ley de Memoria Histórica para la exhumación de Franco del Valle de Los Caídos2018-08-27

El Gobierno español aprobó el viernes la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del mausoleo monumental del Valle de los Caídos, ubicado a las afueras de Madrid, donde fue enterrado tras su muerte en 1975.

El trámite legal se realizará mediante la fórmula del real decreto, una medida extraordinaria destinada a situaciones de urgencia que tendrá que ser refrendada por mayoría simple en una votación parlamentaria para la que el Ejecutivo cuenta ya con los apoyos necesarios.

“El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley (...) para proceder a uno de los contenidos principales y preferentes de la Ley de Memoria Histórica, que es exhumar los restos del dictador Francisco Franco del lugar donde están las víctimas de la contienda”, dijo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El Real Decreto-ley introduce un apartado 3º al artículo 16 de la Ley de 2007 que lo consagra como un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje de los fallecidos en la guerra civil, disponiendo que solo los restos mortales de éstos podrán yacer en su recinto:

"En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda".

Para dar cumplimiento a este nuevo apartado del artículo 16, se incorpora la Disposición Adicional 6ª bis, que articula un procedimiento de exhumación y traslado legitimando al Consejo de Ministros para su incoación y resolución.

La vicepresidenta estableció un plazo máximo de 12 meses para la exhumación, aunque calculó que “contando con todos los plazos, iremos a final de año”.

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, declaró el jueves que se hará “sin informar del día en concreto” en una entrevista para la cadena de televisión Telecinco.

Apoyo garantizado en el congreso

El futuro del Valle de los Caídos -un monumento franquista en homenaje a los caídos durante la Guerra Civil- ha sido un tema recurrente en el debate político español en los últimos años.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez planea ahora convertirlo en un “espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”.

El anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica que protege y da cobertura a las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura militar de cuatro décadas.

El Congreso votó en 2017 a favor de exhumar los restos del dictador del mausoleo del Valle de los Caídos, aunque el Gobierno del entonces presidente conservador Mariano Rajoy no llevó a cabo ninguna medida al respecto.

La exhumación de los restos de Franco fue una de las principales propuestas de Sánchez, que llegó al poder tras una moción de censura en junio y cuenta con una exigua mayoría en el Congreso de los Diputados.

Los partidos que apoyaron a Sánchez en la moción de censura han anunciado su apoyo a la exhumación, con lo que la aprobación -que tendrá lugar en un plazo de 30 días- estaría garantizada, mientras que los dos partidos que se disputan los votos del electorado de derechas, Ciudadanos y el Partido Popular (PP), no han dejado claro su voto.

El PP ha anunciado que recurrirá el real decreto al Tribunal Constitucional por considerar que no se trata de una situación de urgencia.

“No vamos a votar a favor, vamos a recurrir el decreto y, cuando esté cerca el debate, decidiremos”, declaró el secretario general del PP, Pablo Casado, en una entrevista en la emisora de radio Onda Cero el viernes.

Los siete nietos del dictador, con los que el Gobierno ha intentado negociar el traslado de los restos de Franco, firmaron una carta conjunta en junio oponiéndose a la exhumación de los restos de su abuelo.

Sin embargo, la vía administrativa elegida por el Gobierno, el real decreto, impide que la familia pueda recurrir a la vía legal.

“La familia será oída y podrá disponer en un plazo de 15 días para poder hacerse cargo de los restos de su familiar”, declaró Calvo. “Si la familia no plantea ningún lugar, será el Gobierno quien decida a qué lugar digno y respetuoso se trasladarán los restos de Franco”.

Reuters contactó con Carmen Martínez Bordiú, la actual duquesa de Franco y la mayor de los siete nietos, pero rechazó realizar ningún comentario.

Acceda al Real Decreto-ley

Información adicional de Belén Carreño, editado por Rodrigo de Miguel y Tomás Cobos.

Verano en el TJUE: una de cal (contra España) y otra de...arena2018-08-24

El órgano jurisdiccional de la Unión Europea -otrora llamado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- nos ha ido deleitando a lo largo de este periodo estival con distintas resoluciones de marcado carácter tributario que merece la pena analizar, sobre todo porque una de ellas supone una reprimenda para nuestro país.

Será que el calor me trae recuerdos de westerns  como "Le llamaban Trinidad" o que se me ha reblandecido el cerebro, lo cierto es que ahora veo en los togados europeos el rostro del inolvidable Bud Spencer, afable con los inocentes pero dispuesto a liarse a mandobles si alguien se pasaba de la raya. La tentación de poder resolver cualquier disputa en el ámbito teórico de una forma tan clara e inmediata como en las películas de acción es grande, sin embargo el debate dialéctico no deja de ser fascinante, como veremos, pues el propio Tribunal de Justicia anula ahora la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2015 por el Tribunal General de la Unión Europea.

  • Asunto n.º C-128/16 P, sobre el Sistema Español de Arrendamiento Fiscal (SEAF):

Sin ánimo de extenderme demasiado merece la pena conocer los antecedentes de este tema para entender mejor la auténtica batalla campal que, involucrando a múltiples bandos, se ha extendido durante al menos ocho años. El problema toma forma ya en el año 2010 cuando varias asociaciones del sector naval de diversos países europeos firman una petición en contra del mal llamado SEAF, pues nunca fue concebido por el Estado español ni por ningún operador como un sistema, -que acaba materializándose en una denuncia-, dando lugar a una investigación y finalmente a la decisión de fecha 29 de junio del 2011, por la cual la Comisión dictaminó que "las medidas fiscales controvertidas eran incompatibles con el mercado interior", por considerarlas, en definitiva, una ayuda de Estado, exigiendo que el Reino de España debía "poner fin a este régimen [...] y recuperar las ayudas incompatibles de los inversores de las AIE [Agrupaciones de Interés Económico] que se hubieran beneficiado de ellas".

Cierto es que el conjunto de normas preexistentes al régimen actual -modificado en el año 2013 para adecuarlo justamente a las directrices marcadas desde Europa-,  permitía a las empresas que se acogían al mismo una ventaja fiscal por medio de las AIE (aprovechando el principio de transparencia fiscal de las mismas respecto de sus socios o partícipes y la transferencia de las pérdidas iniciales, acogiéndose además la entidad, en un segundo momento, al régimen de tributación por tonelaje -v. gráfico ilustrativo-), lo que en la práctica daba lugar a un descuento sobre el precio final de los buques de hasta el treinta por ciento; sin embargo todo este entramado contractual y societario ideado por las navieras, astilleros y los bancos no dejaba de ser una forma de ingeniería fiscal aprovechando el conjunto de normas vigentes en ese momento, sin que hubiesen sido dictadas por el legislador con tal fin, ni tampoco existiese un proceso de autorización discrecional por parte de las autoridades tributarias a la hora de permitir la amortización acelerada (parte importante de toda la estrategia de ahorro fiscal señalada) en favor de un sector industrial específico.

Así pues, la sentencia del 17 de diciembre del 2015 el TGUE anula, en un primer momento, la decisión de la Comisión principalmente porque considera que el órgano europeo ha errado en sus conclusiones ya que:

a) la parte que obtiene el beneficio de la SEAF son los partícipes de la AIE y no la agrupación misma (por efecto del régimen de transparencia fiscal aplicable a las mismas); y

b) no se trata de un beneficio selectivo, por lo que no vulneraría el Art. 107 del TFUE.  "Cuando se otorga, en idénticas condiciones, una ventaja a cualquier empresa que efectúe un cierto tipo de inversión que puede ser realizado por cualquier operador, esa ventaja tiene carácter general con respecto a esos operadores y no constituye una ayuda estatal".

Y es ahora el TJUE (en su sentencia del 25 de julio del 2018) el que se enfrenta a tal argumentación, basculando su resolución en favor de la Comisión, al considerar que las AIE sí son beneficiarias de la ventaja fiscal ("eran las AIE quienes, por una parte, solicitaban de la administración fiscal, de conformidad con el artículo 115, apartado 11, de la Ley del Impuesto de Sociedades, el beneficio de la amortización anticipada de activos y, por otra parte, eran quienes renunciaban al régimen ordinario del impuesto sobre sociedades y optaban por el régimen de tributación por tonelaje") y"por lo tanto, el SEAF implicaba el uso de recursos estatales en forma de una pérdida de ingresos fiscales y de intereses no percibidos".

Sobre decir que este varapalo es una mala noticia para los intereses de España y, desde luego, una vez expuestas todas las posiciones, a un servidor le resulta difícil determinar cuál de todas ellas es la acertada, y si, en efecto, la Comisión debió actuar como hizo desde un inicio, pero lo que, en mi humilde opinión, chirría en este tema es el elemento discrecional (que no parece existir) y que nunca pretendió el Estado facilitar una estructura o estrategia fiscal similar al SEAF.

Para terminar me planteo, una vez más, una reflexión que es recurrente cuando escribo sobre cuestiones jurídicas. Es evidente que en todo ordenamiento jurídico (ya sea nacional o supranacional) se necesita un sistema de recursos para depurar eventuales errores que se hubieran podido cometer a la hora de aplicar el derecho, no obstante a uno siempre le queda la duda de cuántas instancias serían las deseables para considerar el sistema cuasiperfecto o qué debe primar más si la eficacia o la seguridad jurídica. Esa es la sempiterna pregunta que siempre me queda sin responder.

El Gobierno aprobará esta semana medidas para exhumar al dictador Franco2018-08-23

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se prepara para aprobar este viernes una de sus medidas estrella desde que llegó al Gobierno el pasado 1 de junio: la exhumación del dictador Francisco Franco que yace en un mausoleo a las afueras de Madrid.

El equipo de Sánchez -que gobierna en minoría con 84 diputados de 350, gracias a una inesperada moción de censura- vendió desde su llegada esta propuesta como un golpe de efecto para fijar el cambio de su política a la izquierda.

En declaraciones a la Cadena SER, el ministro de Cultura, José Guirao, ha reconocido que el paso previo al traslado de los restos pasa por aprobar "un decreto ley que modifique puntualmente la ley de memoria histórica para evitar que cuestiones de demandas judiciales puedan impedir aplicar la medida cuanto antes".

La actuación se ha demorado más de lo previsto -desde Moncloa se barajó julio como fecha para la exhumación- por el difícil encaje legal de la maniobra ante la oposición de los herederos.

El Gobierno lleva meses intentando negociar con la nieta heredera del ducado de Franco -Carmen Martínez-Bordiú- y con sus seis hermanos el traslado de los restos del dictador desde su actual ubicación en el monumento conocido como Valle de los Caídos.

Sin embargo, la firme y pública oposición de los herederos al traslado -uno de ellos participó en el acto homenaje del inicio de la Guerra Civil el 18 de julio en el propio Valle de los Caídos- ha llevado al Gobierno a emprender los trámites para el traslado sin contar aún con el consentimiento de la familia.

Aprobada por el anterior Gobierno socialista en 2007, en España rige la Ley de Memoria Histórica que protege y da cobertura a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. El Consejo de Ministros introducirá artículos que, al amparo de esta ley, permitirían la exhumación de los restos del dictador.

No ha trascendido el destino que tendrán los restos del dictador, uno de los puntos que se trata de negociar con la familia hasta el último momento.

Por el reconocimiento y la dignidad del Turno de Oficio2018-08-22

Incluso en un Estado del bienestar avanzado y en una sociedad desarrollada como la española, no siempre es posible encontrar servicios públicos que funcionan de forma excelente, sin apenas quejas y a un coste realmente bajo; y, lo más, relevante, sustentando decisivos derechos constitucionales. Es el caso del Turno de Oficio.

Como máximo representante de la Abogacía madrileña, y cuando hace apenas unos días se ha celebrado el Día de la Justicia Gratuita, no puedo sino trasladar un mensaje exigente a las administraciones competentes para que sean conscientes de la labor de los abogados del turno y para que, en consecuencia, doten al sistema de medios suficientes y adecuados. Eso significa una retribución digna y puntual. Y eso debe ser consecuencia de la mejor valoración por todas las instituciones de unos profesionales altamente cualificados, que no buscan medallas ni protagonismos, sino que ejercen por verdadera vocación para dar garantías a la salvaguarda del derecho de defensa por los más desfavorecidos.

Desde mi responsabilidad no puedo sino manifestar ante esos compañeros y compañeras, y ante la propia sociedad, que el Colegio de Abogados de Madrid, sin reservas y sin tregua, se vuelca cada día para promover y alcanzar las mejores condiciones laborales de quienes llevan a cabo una labor admirable y sin reloj, imprescindible: a veces en las cárceles o las comisarías, en otras en los juzgados o los centros de internamiento de extranjeros... y en sus propios despachos.

No podemos permitir que existan desde los poderes actitudes desafectas o insensibles con el Turno, porque eso deja a ras de suelo los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en la Constitución.

Tutela judicial efectiva

Puede que haya una parte de la población que considere que el Turno es una carga para la Abogacía, pero, muy por el contrario, es un honor. Como letrados, no esperamos que se vea nuestro oficio en estos casos como una manifestación de solidaridad o caridad. Es mucho más que una cuestión de entrega y generosidad. Nos hallamos ante la ineludible obligación del Estado de hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, especialmente de las personas que carecen de recursos. Nada más, pero nada menos.

Los derechos otorgados a los ciudadanos son en muchas circunstancias el corolario evidente de la concepción asistencial del modo en que se organiza nuestra democracia. Y aquí, de las políticas sociales protegidas y que tienen como destinatarios a quienes acreditan insuficiencia de recursos para litigar y de ninguna manera pueden ver obstaculizado o laminado el acceso a un derecho fundamental por razón de su situación económica.

Nuestra sociedad es consciente, quizá no en toda su dimensión o con el deseable detalle, de la existencia de un amplísimo grupo de profesionales que ha demostrado desde la Transición lo que es capaz de aportar de forma voluntaria y, por regla, desinteresada. De ahí la legitimidad de las reivindicaciones del turno, que emanan directamente de la prueba de confianza que los letrados superan en cumplimiento de su deber y aferrados, invariablemente, a una admirable vocación de servicio.

¿Cuántos días de vacaciones pueden cogerse los españoles este agosto?2018-08-21

La duración mínima de las vacaciones es de 30 días naturales o de 22 días laborables, con independencia de si se trata de un contrato a tiempo parcial o completo

Los períodos vacacionales deben fijarse de común acuerdo entre la empresa y el trabajador y conocerse al menos con 2 meses de antelación.

Agosto de 2018 – Con la llegada del mes de agosto, muchos son los planes para disfrutar del buen tiempo y muchos los interrogantes que surgen a la hora de conocer al detalle cuáles son los derechos que cualquier trabajador tiene a la hora de poder disfrutar de sus vacaciones. En este sentido, el ordenamiento jurídico español vigente relativo a las vacaciones anuales queda reflejado en el Estatuto de los Trabajadores, que en su Artículo 38 señala que:

1. El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales.

2. El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones.

3. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.
 
“El período vacacional es fundamental tanto para el trabajador como para la empresa, pues el descanso es un elemento fundamental para el rendimiento de un empleado. Además, de estar bien organizados los periodos vacacionales de los trabajadores, la empresa podrá reducir al máximo el impacto de esa falta de personal en sus resultados, a la vez que evitará conflictos e insatisfacciones laborales”, afirma Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados.

Pese a la claridad del texto, existen ciertas dudas recurrentes que los trabajadores albergan en cuanto a la realización final de su período vacacional.


¿Cuántos días tengo si no he trabajado todo el año? ¿Y si estoy a media jornada?

Evidentemente, la duración de las vacaciones se fija legalmente con referencia al año completo, por lo que si el trabajador no ha desempeñado su actividad profesional durante todo el año, sólo tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente al periodo trabajado. Por otra parte, aunque un trabajador tenga un contrato a tiempo parcial o se le haya aplicado una reducción de jornada, la duración mínima de las vacaciones anuales es de 30 días naturales (incluyendo domingos y festivos) o de 22 días laborables (en la mayoría de convenios), por lo que los días de vacaciones seguirán siendo los mismos.

Eso sí, la retribución percibida por esos días sí que guardará proporción con las horas de trabajo diarias correspondientes. Es decir, que el trabajador a tiempo parcial recibirá durante las vacaciones el salario correspondiente a esta jornada parcial (inferior al salario del trabajador a tiempo completo) pero en ningún caso eso habrá de afectar al número de días de disfrute de las vacaciones.

¿Puedo elegir qué días me voy de vacaciones?

Los períodos de disfrute de las vacaciones deben fijarse de común acuerdo entre la empresa y el trabajador, y para ello se tendrá en cuenta lo establecido en los convenios colectivos sobre la planificación anual de las vacaciones.

Se recomienda llevar a cabo un calendario laboral anual de vacaciones, de modo que todos los trabajadores conozcan, al menos con 2 meses de antelación (salvo que el convenio colectivo por el que se rija su contrato establezca un plazo superior), en qué fechas disfrutarán sus vacaciones. Finalmente, y si a pesar de lo establecido en el Estatuto o en el convenio colectivo, no se pudiera llegar a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, éstos tendrían la posibilidad de remitirse al Juzgado de lo Social mediante un proceso especial y urgente específico para ello. La decisión del Juzgado en materia de vacaciones podrá recurrirse.
 
¿Qué pasa con bajas por maternidad o por enfermedad?

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en un período distinto al de la incapacidad temporal o el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural al que correspondan.



 

 

¿Cómo recuperar una vivienda okupada? ¿Qué vías hay? ¿ Qué novedades aporta la nueva regulación?2018-08-20

Viene siendo un problema real en la práctica inmobiliaria, la situación de ver ocupados los inmuebles por personas ajenas al propietario, y sin el consentimiento de este. Frente a esta problemática no existe una solución única, y ahora el legislador ha venido a desarrollar una de estas vías de solución.

¿Podemos recuperarlo extra judicialmente?

La primera cuestión que nos planteamos es buscar una vía judicial o extrajudicial. Algunos clientes, con esa intención de ahorrar algo en honorarios profesionales, prefieren hacer una primera aproximación a los nuevos ocupantes. Sin embargo, los supuestos en que logran una solución satisfactoria por una conversación amistosa, son procos frecuentes.  En mi experiencia, sólo existen dos posibilidades de lograr una solución extrajudicial con ciertas garantías de éxito: 1) en los casos en los que advertimos la ocupación en menos de 24 horas y podemos requerir el auxilio de la policía; 2) cuando ofrecemos algún emolumento a los nuevos ocupantes, para que amistosamente y enriquecidos, abandonen nuestra propiedad.  

Y judicialmente, ¿qué opciones tengo?

Superada la fase anterior, una vez abocados a la vía judicial, entonces, podemos optar por la vía penal o civil. 

En la vía penal, podemos optar por la vía del delito de usurpación, art. 245.2º CP. En estos casos, se exigirá que la autoría del delito sea dolosa, la ocupación se haga con vocación de permanencia, y conste la contraria voluntad del titular del inmueble a tal ocupación. Ahora bien, este delito tiene un tipo agravado, que sería el delito de allanamiento de morada del art. 202 CP, siempre que el inmueble ocupado sea la vivienda actual de alguna persona. También entra en juego, la posible eximente de estado de necesidad, ex art. 20.5º CP, pero en todo caso, el ocupante ilegal quedará afecto a la responsabilidad civil del desalojo, en virtud del art. 118 CP.

Sin embargo, esta vía puede ser tratada con desprecio por los juzgados, que vendrán a darle carpetazo, con la teoría de que Derecho Penal es el último medio que el Estado tiene para reprimir aquellas conductas más graves, y aunque esté tipificado, deciden que  el cauce civil es excluyente, y deciden no instruir los expedientes por la vía penal. Esto, que  la resistencia del funcionario a aplicar la ley es una conducta punible, sin embargo, esta postura ha llegado a ser defendida por alguna Audiencia Provincial. Afortunadamente, la doctrina y otras Audiencias Provinciales han venido a criticar este auto-investidura del juzgador como legislador. 

Otro problema procesal de la via penal, es la necesaria identificación de los ocupantes, algo superado en la vía civil (STS nº5518/2010), o la aparición de nuevos ocupantes a lo largo del proceso penal, de modo que la condena solo será efectiva para con los  ocupantes denunciados, haciendo inútil todo lo actuado. Frente a esto, podemos adoptar como garantía, solicitar una medida cautelar de desalojo, pero, lo cierto es que el juzgado no suele concederlo en los casos de ocupación de vivienda.

En la vía civil, encontramos otros cauces procesales distintos. Así, podemos implementar la vía de desahucio por precario, del art. 250.1.2ª LEC, pero es necesario que el ocupante fuera poseedor anterior en base a una relación previa, o bien, en base a una posesión consentida del propietario.

Por otra parte, encontramos el cauce del art. 250.1.7 LEC, siempre y cuando el propietario tenga su título inscrito en el Registro de la Propiedad, Art. 38 y 41 LH, por la protección que  se otorga a las titularidades inscritas frente a las no inscritas. Eso sí, deberá aportarse certificación registral actualizada de la titularidad del inmueble. En este procedimiento, tenemos como ventaja, que el art. 444.2 LEC exigirá para la oposición a la demanda, prestación de caución. A falta de ella, el juez dictará sentencia directamente. Pero vemos muchas posibilidades de acabar siendo recurridos en apelación, sin que se le exija, caución al ocupante-apelante, incoherentemente a lo que el legislador ha establecido en el caso del arrendamiento, art. 449 LEC.

En siguiente lugar, encontramos la tutela sumaria de la posesión que brinda el art. 250.1.4 LEC. Esta acción, tiene unas limitaciones procesales que limitan su acceso a determinados supuestos de hecho. Así, sólo es un cauce viable para quienes hayan sido perturbados en su posesión, (i) hace menos de un año, (ii) que fueran poseedores previos del inmueble, (iii) deben dirigirse contra el causante del despojo.

Este último es el procedimiento que ha sido objeto de reforma por la Ley 5/2018, de 11 de junio. En ella, se han introducido algunas mejoras, para evitar dilaciones injustificadas de perturbación de derechos. Así, el art. 477.3 LEC ahora prevé  expresamente la posibilidad de demandar a los "ignorados ocupantes" que se tendrán por notificados por el acto de comunicación que realicen in situ las fuerzas de seguridad del Estado mediante auxilio, y al mismo tiempo, el AUTO de requerimiento de desalojo tiene eficacia directa frente a cualquier ocupante, y en caso de no oponerse ni contestar a la demanda en 5 días, se dictará AUTO que no será recurrible.  Por otro lado, se limitan las causas de oposición a la oposición de título justo de posesión, y a falta del mismo, la resolución judicial será ejecutable sin esperar los 20 días que exige el art. 548 LEC. Entre las limitaciones de este procedimiento especial, hemos de añadir que sólo puede instarse por personas físicas o entidades sin ánimo de lucro, y sólo respecto a inmuebles que sean primera o segunda vivienda.

Por otra parte, no todo será celeridad. Se hace preceptiva la comunicación y participación de los Servicios sociales en el procedimiento. Si la participación del juzgado supone muchas veces, convertir un procedimiento sumario en eterno, la participación de un cuarto agente procesal, podrá  echar por tierra el esfuerzo legislador de la reforma. En todo caso, vemos en la práctica como la celeridad deseada por el legislador, queda frustrada por la actividad del juzgado, convirtiendo procedimientos sumarios como el monitorio, el desahucio por falta de pago, o estos casos de tutela de la posesión, en procedimientos excesivamente largos, y los abogados nos vemos a lidiar con la incomprensión del cliente, y la nuestra.

La Delegación de España en Eurojust tramitó información sobre 105 presos preventivos investigados por terrorismo yihadista y 27 condenados2018-08-17

MJ.- La Delegación de España en Eurojust recibió durante 2017 información sobre una veintena de sentencias dictadas por la Audiencia Nacional contra 34 acusados por delitos de terrorismo yihadista, 27 de los cuales fueron condenados. Hasta el 31 de diciembre del pasado año, se puso en su conocimiento información relativa a un total de 105 investigados en situación de prisión preventiva en causas por terrorismo yihadista, una cifra similar a la registrada en 2016 (104 presos preventivos) y sensiblemente superior a la de 2015 (74).

El número total de sentencias de terrorismo enviadas a Eurojust en 2017 ascendió a 50. De ellas, 20 correspondieron a procedimientos por yihadismo, 29 a causas seguidas contra acusados de pertenecer a la banda terrorista ETA y la última se refiere a "otros" actos de naturaleza terrorista. El número total de acusados enjuiciados ascendió a 86, de los cuales 68 fueron condenados y 18 resultaron absueltos. Sólo cinco del total de cincuenta sentencias enjuiciaron hechos que habían causado víctimas.

En 2016, la mayoría de los condenados sobre los que se remitió información a Eurojust (85) estaban relacionados con la banda terrorista ETA; 25 fueron sentenciados por actos de terrorismo de inspiración yihadista; uno de los condenados pertenecía al grupo Resistencia Galega y otro más, a los GRAPO. En 2015, se informó a Eurojust sobre 51 sentencias relacionadas con la organización terrorista ETA; 3 de terrorismo yihadista y una referida a otros tipos de actuaciones terroristas.

Estas cifras figuran en la Memoria de actividades del Miembro Nacional de España en Eurojust 2017 y forman parte de la información que periódicamente le remiten los corresponsales nacionales para asuntos de terrorismo en una materia sensible para la seguridad del Estado y que requiere de una colaboración intensa y eficaz. El intercambio de información judicial se realiza cada cuatro meses mediante informes (denominados "fichas") sobre las sentencias dictadas en delitos de terrorismo por la Audiencia Nacional; tales informes se actualizan con los pronunciamientos del Tribunal Supremo.

Obligación de informar

Los corresponsales nacionales (en la actualidad, una magistrada y una fiscal de la Audiencia Nacional) tienen la obligación de remitir a Eurojust, a través del Miembro Nacional, información relativa a la existencia de cualquier investigación o procedimiento judicial por delitos de terrorismo. En concreto, la identificación de las personas o entidades sujetas a dichas investigaciones; los actos objeto de investigación o enjuiciamiento y sus circunstancias específicas; la relación con otros casos de delitos de terrorismo; y las eventuales actuaciones que, en materia de cooperación jurídica internacional, se hayan podido cursar en relación con aquellas investigaciones y su resultado.

Además de las "fichas" con la información descrita, los corresponsales nacionales remiten al Miembro Nacional de España en Eurojust los autos de prisión provisional y modificación de la medida respecto a los investigados por delito de terrorismo yihadista, datos éstos que requieren un especial seguimiento y actualización por la naturaleza provisional de las medidas cautelares. A estas informaciones se añaden todas aquellas que sean requeridas de forma expresa por Eurojust y las que, debido a su interés, remitan los corresponsales nacionales por iniciativa propia.

Los datos son finalmente procesados por un analista de la Unidad Operativa de Eurojust con el fin de mejorar la respuesta en la lucha contra el terrorismo y de completar la contribución de Eurojust al informe de Europol sobre la situación y tendencias del fenómeno terrorista en la Unión Europea.

Según señala la Memoria de Actividades, España es "tradicionalmente, el Estado Miembro que más información facilita respecto de las contribuciones obligatorias en materia de terrorismo".

Tramitados 130 expedientes de víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils en el primer aniversario de los ataques2018-08-16

MI.- Un año después de los atentados de Barcelona y Cambrils, en los que fallecieron 16 personas y fueron heridas 137, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (DGAVT), dependiente del Ministerio del Interior, continúa recibiendo solicitudes de ayudas e indemnizaciones. De forma provisional, han sido tramitados 130 expedientes de los 407 generados, y el Estado ha destinado 9.800.000 euros a indemnizaciones y ayudas a las víctimas.

Una persona puede tener más de un expediente abierto, por ejemplo, uno de lesiones y otro de ayuda psicológica, por lo que el número de expedientes es superior al de afectados por el atentado. A esto se le añade que bastantes de los heridos se hallan de baja médica, por lo que no se les podrá realizar la pertinente evaluación hasta que obtengan el alta. Sucede lo mismo con los afectados psicológicos que aún no tengan un diagnóstico acreditativo de la secuela. En estos casos el reconocimiento como víctima se puede demorar en el tiempo, aunque estas personas ya están recibiendo ayudas específicas. En total, son 70 personas las que han recibido ya el reconocimiento legal de víctimas.

Causa abierta en la Audiencia Nacional

En relación con posibles acciones judiciales, los afectados extranjeros han sido informados por carta de que ya había una causa abierta en la Audiencia Nacional, y que la Fiscalía de ese tribunal era el órgano encargado de representarlos y no era necesario que se personasen.

Atención inmediata

La atención a las víctimas ha sido constante e inmediata desde el 17 de agosto. En la misma tarde que se produjo el atentado en Las Ramblas de Barcelona se activó al personal de la DGAVT. A primera hora de la mañana del día 18 de agosto se trasladó a Barcelona un equipo integrado fundamentalmente por trabajadores sociales con más de 15 años de experiencia en la atención a víctimas del terrorismo.

Este equipo se mantuvo en Barcelona de forma continuada hasta el 31 de agosto. Durante ese periodo se ocupó de la atención a los heridos y a los familiares de fallecidos. Sus tareas incluyeron el apoyo en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, la recepción en aeropuerto de familiares desplazados y la colaboración con consulados y embajadas para las repatriaciones. Todos los heridos hospitalizados, salvo los que recibieron el alta inmediata o al día siguiente al atentado, fueron visitados en los hospitales y se gestionaron las necesidades de alojamiento y desplazamiento de sus familiares.

Asimismo, desde el 22 al 29 de agosto estuvo operativa una Oficina de la DGAVT en la Delegación del Gobierno en Cataluña. Allí se informó presencialmente a las víctimas y a sus familias, así como al personal de los consulados, sobre cuestiones asistenciales, incluidas ayudas para presentar la solicitud de indemnización. Cerrada la oficina, la información y atención a las víctimas ha continuado desde la DGAVT, que ha coordinado las relaciones con consulados y embajadas, el consorcio de seguros y las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo.

Intervención posterior

Concluida la fase de intervención inmediata se asignó a cada familia de fallecidos y a cada herido un trabajador social de la DGAVT que se ha ocupado de su seguimiento individualizado, atendiendo sus demandas psicosociales y supervisando su situación psicológica para proponer, siempre de acuerdo con la víctima, la derivación a un profesional.

A lo largo de estos meses se han efectuado visitas domiciliarias a los heridos y a los familiares de fallecidos residentes en España. El personal de la DGAVT también ha realizado numerosas llamadas de seguimiento y gestiones con otras administraciones públicas y servicios de salud para asegurar la atención correcta a las víctimas, contabilizándose más de 700 intervenciones de este tipo.

Además de la asistencia psicológica inmediata facilitada por las distintas administraciones implicadas, el Ministerio del Interior ha asumido la atención psicológica continuada de 28 personas afectadas por los atentados a través de la Red Nacional de Psicólogos de Atención a Víctimas del Terrorismo.

De los 16 fallecidos en los atentados, a 12 se les han concedido las Grandes Cruces con las que son reconocidas las víctimas del terrorismo. No han recibido la condecoración cuatro fallecidos porque, a día de hoy, sus familiares no han presentado la solicitud o no han prestado su consentimiento para tramitarla de oficio.

Afectados extranjeros

Ciudadanos de 34 nacionalidades resultaron afectados por los atentados, según los listados facilitados por la Generalitat de Cataluña. De los 16 fallecidos, diez eran extranjeros, cinco españoles, y uno tenía doble nacionalidad. De las 137 personas heridas, 105 eran extranjeras.

Los heridos y los familiares de fallecidos que regresaron a su país de forma inmediata han sido informados de sus derechos bien sea de forma directa o a través de sus respectivos consulados.

Para facilitar la información se elaboró un documento sobre Ayudas e Indemnizaciones a Víctimas del Terrorismo que se tradujo al inglés. También se tradujeron al inglés y al francés las solicitudes de indemnización por daños personales, daños materiales, asistencia sanitaria y psicológica, y asistencia psicológica inmediata.

A estos afectados también se les ha ofrecido el abono de todas las terapias psicológicas que no estén a disposición de sus sistemas sanitarios.

El personal de la DGAVT ha contestado por escrito y telefónicamente a todas las dudas planteadas por las víctimas y afectados extranjeros sobre los trámites de presentación de las solicitudes, acreditación de su presencia en el lugar del atentado, los plazos, los documentos que deben acompañar y el procedimiento de tramitación de los expedientes. En algunos casos, estas consultas se han canalizado a través de las embajadas y consulados en España de los países de origen de las víctimas.

El TC dictamina que los enfermos mentales absueltos no pueden estar en prisión provisional sin sentencia firme2018-08-14

CGAE.- La sala segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha dictado la sentencia 2018/84, en la que considera que un absuelto en primera instancia de un delito por presentar algún tipo de problema de salud mental no debe permanecer en prisión de forma provisional a la espera de la resolución de los posibles recursos.

La sentencia estima el recurso presentado por un hombre internado en el Centro Penitenciario de Córdoba, a la espera de la confirmación de una medida de seguridad impuesta.

El individuo fue absuelto por la Audiencia Provincial de Córdoba de un delito de homicidio agravado en grado de tentativa y de otro delito de violencia física simple o no habitual, al apreciar los jueces la eximente completa de trastorno mental. Mientras esperaba a que se resolvieran varios recursos, entre ellos el suyo propio, en instancias superiores, la Audiencia decidió que ingresara en la unidad psiquiátrica de la prisión de Córdoba hasta que la sentencia se hiciera firme. Sin embargo, en la citada cárcel no hay ninguna unidad de este tipo, por lo que fue recluido en la enfermería del centro.

Los magistrados han considerado que esto fue “una prisión encubierta, carente de absoluta cobertura legal y, por ello, vulneradora de su derecho a la libertad”. En este sentido, apuntan que debería haber ingresado en un hospital psiquiátrico penitenciario, pero recuerdan que en España tan solo hay dos, en Alicante y Sevilla. En este último terminó ingresado finalmente el acusado.

En última instancia, el Constitucional insta a los legisladores “a poner fin a este delicado vacío normativo, regulando de manera pertinente la medida cautelar penal de internamiento en centro psiquiátrico”.

“Hasta tanto dicha norma con rango de Ley Orgánica se dicte, con una redacción que incluya los requisitos, garantías y condiciones necesaria para adoptar la medida de internamiento en centro psiquiátrico con la duración al efecto previsible, no cabe privar de libertad al acusado absuelto en sentencia por aplicación de una eximente por trastorno mental, mientras se resuelven el o los recursos interpuestos contra dicha resolución judicial, excepto si dicho internamiento se acuerda por el juez competente en un centro integrado en la red hospitalaria civil y no bajo el control de la Administración penitenciaria, que no tiene injerencia en este ámbito”, concluye el TC.

APDHA: es una práctica contraria a los Derechos Humanos

Ante esta sentencia, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha remarcado que este es un hecho que “llevan años denunciando”. Así, consideran que, en este caso, “el internamiento en un centro penitenciario una práctica contraria a los Derechos Humanos”.

Por ello, exigen a los juzgados que “requieran a la administración penitenciaria el cumplimiento de la ley en la interpretación del Tribunal Constitucional, para que ninguna persona con un problema de salud mental absuelta de una pena privativa de libertad se vea cumpliendo pena en un centro penitenciario que tiene un fin sancionador y no terapéutico“.

La asociación denuncia que el número de personas con enfermedad mental en prisión “no ha dejado de aumentar” en los últimos años, y ahora se sitúa en torno al 8%. “Desde la desaparición de los psiquiátricos no se han adoptado suficientes programas destinados a evitar la comisión de delitos, apoyar a las familias y a los enfermos, y menos aún para crear una red de centros psiquiátricos que pudieran acoger a los enfermos que hubieran cometido delitos a consecuencia de la enfermedad”, concluye la organización.

El Supremo considera preceptiva la prohibición de aproximación a la víctima a condenados por maltrato sin lesión2018-08-13

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido que la condena por el delito de maltrato de obra sin causar lesión, infligido a la pareja o expareja sentimental, y que puede ser castigado con penas de prisión de entre 6 meses y 1 año, debe llevar aparejada además de forma preceptiva la prohibición temporal de aproximación a la víctima. El tribunal destaca que es una interpretación acorde con la protección a las víctimas de violencia de género.

La sentencia fija así criterio en una cuestión donde las audiencias provinciales no habían mantenido una línea uniforme, y en la que tampoco la jurisprudencia de la propia Sala II del Supremo había sido unánime. Los magistrados han determinado que el delito de golpear o maltratar sin causar lesión (es decir, sin que se requiera una asistencia facultativa) a la esposa o exesposa, o persona ligada por análoga relación de afectividad, que está sancionado en el artículo 153 del Código Penal, debe entenderse comprendido en el artículo 57 del Código, lo que supone que conlleva de forma imperativa la pena accesoria de prohibición de aproximación a la víctima.

El artículo 57 del Código Penal establece como obligado, y no sólo potestativo del juez, la imposición de esta prohibición de aproximación a la víctima para los autores de delitos de homicidio, torturas, contra la libertad sexual o de lesiones, en los que la persona agredida sea la pareja o expareja.

Y el Supremo puntualiza que cuando habla de los delitos “de lesiones”, “esta última expresión no puede interpretarse desde un punto de vista puramente gramatical (…) porque cuando el artículo 57.1 enumera los delitos en general no lo hace en relación con delitos concretos, sino atendiendo a las rúbricas de los títulos del Libro II del Código Penal. De no entenderlo así, no cabría imponer las penas accesorias a delitos como el asesinato o la inducción al suicidio (ya que no son delitos de homicidio (…)”, indica la Sala.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, explica que la distinción que realiza el artículo 153 del Código entre el maltrato que causa lesión de carácter menos grave, y aquellos golpes y maltrato de obra que no causan lesión, “solo responde a un intento de diferenciar dos conductas lesivas que, como dijimos con anterioridad y de acuerdo con la Jurisprudencia de esta Sala, protegen idéntico bien jurídico: la integridad física y psíquica”.

Así, la consideración de que el delito de maltrato de obra no es genéricamente un delito «de lesiones» y, por tanto, no está incluido en el catálogo del artículo 57 del Código, “produciría una consecuencia incoherente”, ya que nunca podrían imponerse las penas de prohibición de aproximación a tal delito, ni de forma facultativa ni preceptiva, “pues, sencillamente, quedaría fuera de la relación de delitos contemplada en aquél”.

El tribunal añade otro argumento y es que el artículo 153 castiga con idénticas penas privativas de libertad y de derechos tanto al que causare a la víctima lesiones menos graves (que requieran una primera asistencia médica) como al que la maltratare de obra sin causarle lesión; y, sin embargo, si se entendiera que el delito de maltrato de obra sin lesión no está comprendido en el artículo 57, sólo al condenado por la primera infracción se le podría imponer la pena de prohibición de aproximación. Al condenado por la segunda, sin embargo, ni siquiera se le podría imponer con carácter facultativo.

La Sala subraya además que el artículo 153 del Código (introducido en 2015) es un delito enmarcado en la violencia de género que el legislador ha querido diferenciar claramente de otras figuras delictivas en las que las víctimas de las acciones descritas no son las mujeres unidas al agresor por los vínculos que en él se incluyen. De hecho, precisamente por esta razón, el maltrato de obra en él previsto -también el delito de lesiones- está castigado con penas más graves que el maltrato de obra ejercido sobre cualquier otro sujeto pasivo. “Cualquier interpretación pues que se haga del precepto debe estar inspirada en una mejor y más adecuada protección de las víctimas”, concluye la Sala.

Prohibición de aproximación durante 2 años

En el caso concreto examinado en su resolución, la Sala estima un recurso de la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que dejó sin efecto la prohibición de aproximación impuesta a un hombre que dio una bofetada y otros golpes a su pareja en una calle de Getafe, que le causaron contusiones y heridas por las que no recibió atención médica.

El Supremo repone la sentencia tal y como la dictó en primera instancia el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Getafe, que condenó al acusado a 9 meses de prisión, dos años de privación del derecho a tenencia y porte de armas, y prohibición de acercarse a menos de 500 metros a la víctima, a su domicilio, o su lugar de trabajo, durante dos años, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo tiempo.

El Pleno de la Abogacía condena las escuchas telefónicas a abogados y urge la ley del Derecho de Defensa para impedirlas2018-08-10

CGAE.- El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española -compuesto por los 83 decanos de Colegios de Abogados, los presidentes de los Consejos Autonómicos, el presidente de la Mutualidad de la Abogacía y 12 consejeros electivos- ha manifestado en una reciente reunión su más absoluto rechazo a la violación del Derecho a la Defensa y del secreto profesional en la investigación judicial del caso Lezo por la autorización de la grabación de conversaciones privadas de uno de los abogados con su cliente.

El Pleno del Consejo muestra su respaldo a los acuerdos de la Comisión Permanente y del Colegio de Abogados de Madrid ya que el secreto profesional como parte esencial del derecho de defensa tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente que, además, adquiere una dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en la profesión de abogado.

Gravísimo atentado contra el Estado de Derecho

El Pleno considera que las escuchas telefónicas a abogados son un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho y que estos procedimientos ponen en peligro el Derecho a la Defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales que no pueden limitarse o someterse a ponderación en aras de la investigación penal. La posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad.

Para evitar estos hechos, el Pleno de la Abogacía Española considera inaplazable y urgente completar el sistema de tutela judicial efectiva mediante la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que desarrolle nuestro sistema de defensa jurídica. Por ello, el Pleno solicita a la ministra de Justicia que impulse la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa presentado al anterior equipo ministerial, una norma que pretende recoger en un único texto legal el conjunto de las garantías de la defensa de la ciudadanía, que cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios.

La Rioja acoge las ‘IV Jornadas de Tesorería de Colegios y Consejos de la Abogacía’2018-08-09
  • Esta edición se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en Logroño

CGAE.- Las IV Jornadas de Tesorería de Colegios y Consejos de la Abogacía, organizadas por el Colegio de Abogados de La Rioja y la Abogacía Española, se celebrarán los días 19 y 20 de septiembre en Logroño. El tema principal de esta edición se centrará en el análisis de la prestación de servicios desde el Colegio visto en sus dos vertientes pública o privada.

Asimismo, habrá talleres prácticos que permitirán a los asistentes acercarse a materias como la realización de auditorías económicas y financieras orientadas al cumplimiento de la Responsabilidad Social Corporativa, la adopción de acuerdos con entidades para la prestación de servicios para colegiados o aplicación de descuentos.

Las Jornadas comenzarán el miércoles 19 de septiembre de 2018 a las 9.30 con la inauguración. Seguidamente, a las 10.00 de la mañana, dará comienzo la primera ponencia moderada por Rafael Bonmatí Llorens, tesorero de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Valencia, en la que se tratarán entre otras cuestiones el papel que juegan los Colegios en relación con los contratos, convenios y subvenciones de la Administración Pública o si las competencias delegadas deben ser financiadas con subvenciones, entre otros.

A las 12.00 está prevista la segunda mesa redonda, moderada por José María Cid Monrealen, decano del Colegio de Abogados de La Rioja. En ella se abordarán las implicaciones en la gestión colegial respecto de la justificación de subvenciones, con casos prácticos de aplicación según territorio; así como, la fiscalidad de los Colegios de Abogados. En horario vespertino, a las 16.00 horas, comenzarán los talleres prácticos, con Adolfo Estébanez Velasco, gerente de la Abogacía Española, como moderador.

El jueves 20 de septiembre está previsto que la jornada se centre en abordar los servicios de naturaleza privada que ofrecen los distintos Colegios de Abogados. Para ello, a las 9.30 se realizará una primera ponencia a cargo de Manuel Albiac Cruxent, decano del Colegio de Abogados de Tarragona. En la que se tratará, entre otras cuestiones, la Seguridad jurídica, como un factor clave para generar confianza.

A las 11.30 comenzará la segunda mesa redonda, moderada por María José Valgañón Valgañón, tesorera del Colegio de Abogados de La Rioja, en la que se tratarán los mecanismos de sostenimiento y financiación de los Colegios y la responsabilidad de las Juntas de Gobierno en la gestión económica.

Consulta el programa inscríbete en las IV Jornadas de Tesorería de Colegios y Consejos de la Abogacía.

La Delegación de España en Eurojust tramitó 368 casos operativos en 20172018-08-08

Pool Moncloa

La Delegación de España en Eurojust tramitó en 2017 un total de 368 casos operativos, 120 a raíz de solicitudes de cooperación internacional formuladas por autoridades judiciales españolas y 248 a petición de autoridades judiciales extranjeras que reclamaron asistencia judicial española.

A estas cifras hay que sumar los 86 expedientes temporales de trabajo abiertos al recibir información susceptible de dar lugar a la apertura de un caso, con intercambio de datos personales, pero que finalmente no llegaron a registrarse como tales ante el Colegio de Eurojust.

Los 368 casos operativos abiertos en 2017 suponen un incremento de un 19,6% sobre los 296 tramitados el año anterior. Estas cifras aparecen recogidas en la Memoria de Actividades del Miembro Nacional de España en Eurojust 2017, Francisco Jiménez-Villarejo Fernández, máximo responsable de la delegación que califica los resultados como "muy satisfactorios" ya que reflejan que la delegación española fue el pasado año una de las más activas de Eurojust no solo por el número de casos en los que intervino, "también por la calidad del trabajo operativo desarrollado".

Competencias

La Delegación de España en Eurojust tramita aquellas solicitudes de cooperación internacional formuladas por las autoridades judiciales españolas, así como cuando la administración judicial española es requerida por el resto de las 27 delegaciones nacionales representadas en el organismo europeo. Además, hay que añadir los casos abiertos por los Fiscales de Enlace de Eurojust con Suiza, Noruega y EEUU, países no integrados en la red europea pero que disponen de un estatus especial de colaboración. Y a todo ello hay que sumar también los expedientes temporales de trabajo.

De los 120 expedientes promovidos por la Justicia española, 27 iban dirigidos a Alemania, 19 a Francia, 18 a Reino Unido e Italia, respectivamente, 16 casos a Bélgica y 13 casos a Rumania, Portugal y Países Bajos. El resto de las iniciativas españolas se repartió entre las restantes delegaciones de los veintisiete Estados miembros de Eurojust. Respecto de las tipologías delictivas, la mayoría de los casos abiertos por España están relacionados con el delito de blanqueo de capitales (27 casos), investigaciones contra organizaciones o grupos criminales (24 casos), tráfico de drogas (21 casos) y otras tipologías defraudadoras (19 casos).

Sobre las solicitudes pasivas, la Justicia española fue la cuarta más requerida de asistencia con 248 casos, tras Alemania (376 casos), Reino Unido (290 casos) y Francia (270 casos). Alemania es el país que más peticiones de colaboración dirigió a los tribunales españoles (32), seguida de Italia (24) y Países Bajos (23). Respecto a los delitos investigados, destacan el tráfico de drogas (70 casos) y los fraudes y estafas (57 casos). Les siguen un cajón de sastre integrado con diferentes modalidades delictivas, al que siguen el blanqueo de capitales, como categoría delictiva transversal con treinta y cinco casos y el delito de pertenencia a grupo u organización criminal con treinta y un casos, como categorías delictivas más frecuentes.

Eurojust fue creado en 2002 con el objetivo de apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades judiciales nacionales en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza en la Unión Europea. Cada uno de los 28 Estados miembros de la UE nombra a un representante de alto nivel para trabajar en su sede de La Haya. Ese miembro nacional cuenta a su vez con una serie de colaboradores que forman la delegación, que en el caso de la española participó en 2017 en sesenta reuniones de coordinación de las 302 organizadas en Eurojust, así como en siete de los diecisiete centros de coordinación organizados en 2017.

Una apuesta europea

La evolución del número de casos en Eurojust es de un constante y mantenido incremento de estos desde su creación en 2002. El número total de casos abiertos creció de los 2.306 en 2016 a 2.550 casos en 2017, 306 más, lo que supone un aumento de un 10,6%, a los que habría que añadir los 148 casos nuevos abiertos por los fiscales de enlace de Suiza, EEUU y Noruega, con lo que en realidad el número de casos abiertos por el Colegio de Eurojust ascendió el pasado año a un total de 2.698 casos.

Con los 368 casos activos, el 14,4% del total, la española se convierte en la quinta delegación con más trabajo de Eurojust, por detrás de Alemania (610 casos, el 23,9 por ciento del total), Italia (460 casos, el 18 por ciento), Francia (400 casos, el 15,7) y Reino Unido (372 casos, el 14,6).

Los juzgados y tribunales españoles pueden recurrir a Eurojust: 

  • Cuando haya que coordinar las investigaciones preliminares entre dos o más Estados.
  • Cuando se constate la existencia de investigaciones paralelas y sea necesario intercambiar información para determinar la preferencia por investigaciones separadas o por concentrar las investigaciones en un solo Estado. Alternativamente: cuando sea preciso prevenir o resolver conflictos de jurisdicción.
  • Cuando concurran solicitudes de entrega por la vía de la Orden de Detención Europea y se requiera ayuda para decidir la preferencia de entrega.
  • Cuando fuere necesario coordinar la adopción de medidas provisionales en varios Estados al mismo tiempo (entradas y registros, intervenciones telefónicas, decomisos...).
  • Cuando pueda constituirse un Equipo Conjunto de Investigación entre varios Estados y se necesite contar con el apoyo financiero y la participación de Eurojust.
  • En situaciones de urgencia teniendo en cuenta el cumplimiento de plazos y situaciones personales.
  • Con carácter subsidiario, cuando el resto de los canales de comunicación (Magistrado de enlace o cualquier red judicial) no han sido operativos.
  • Cuando sea preciso recabar información adicional en el marco de procedimientos de consulta que exijan contactos o reuniones para tratar de desbloquear el obstáculo o impedimento existente.
  • Cuando surjan consultas legales que resulten complicadas de resolver a nivel nacional y que necesiten de discusión entre los Estados implicados.
  • En relación con terceros Estados, siempre que las exigencias de coordinación o auxilio en general justifiquen el valor añadido de la intervención de Eurojust.
El Gobierno aprueba el Real Decreto-ley para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género2018-08-07

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

Estas modificaciones devuelven a los Ayuntamientos las competencias en esta materia. También fortalecen la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. Igualmente, se recoge que la confirmación de las situaciones de violencia de género se amplíe más allá de la sentencia o resolución judicial. Con esta iniciativa se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.

Tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 31 de julio, una de las medidas más urgentes para el cumplimiento del Pacto de Estado es la devolución de competencias en la materia a la Administración local, por ser la más cercana a las víctimas. La promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género entrarán a formar parte del catálogo de competencias propias gracias a la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, los fondos destinados a los programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los Ayuntamientos -20 millones en el presente ejercicio y 40 millones de euros en 2019- se distribuirán vía transferencia finalista y directa, o a través de otras Entidades Locales.

La protección de los menores constituye uno de los ejes más importantes del Pacto de Estado. Por ello, el Real Decreto-ley incluye una modificación en el artículo 156 de Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté acusado en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.

Por otro lado, la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género aprobada fortalece la tutela judicial para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. Además, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

En relación con las ayudas reguladas en el artículo 27 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, el Real Decreto-ley posibilita que dichas ayudas sean compatibles con otras de carácter autonómico o local.

Por último, y en línea con el artículo 18.3 del Convenio de Consejo de Europa que exige no subordinar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio de acciones legales o declaración contra el autor, el Real Decreto-ley modifica la Ley integral para ampliar los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial, diseñarán de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación.

El Tribunal Supremo confirma la pena de tres meses de prisión a un brigada del ejército por imprudencia por las graves lesiones que sufrió un cabo de la UME2018-08-06
El brigada dirigía un entrenamiento de rescate en aguas rápidas en el que un cabo primero quedó tetrapléjico tras permanecer atrapado bajo el agua durante unos diez minutos

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres meses de prisión impuesta a un brigada del Ejército de Tierra por delito contra la eficacia del servicio (en su modalidad de producir lesiones por imprudencia), cometido cuando dirigía un entrenamiento de rescate en aguas rápidas por parte de la Unidad Militar de Emergencias, en el que un cabo primero quedó tetrapléjico tras permanecer atrapado bajo el agua durante unos diez minutos. El suceso ocurrió en marzo de 2010 en aguas del Tajo cerca de Ocentejo (Guadalajara).

El TS mantiene también la absolución del entonces jefe del Batallón de Intervención de Emergencias de la UME y de un comandante, para quienes la familia de la víctima pedía una condena por negligencia o imprudencia, por infringir normas de seguridad personal y de atención sanitaria previstas en este tipo de ejercicios.

La sentencia ratificada, que dictó en enero de 2017 el Tribunal Militar Central, también condena al brigada, con responsabilidad subsidiaria del Estado, a abonar 808.000 euros de indemnización al cabo afectado, en situación de gran invalidez por el daño cerebral sufrido que le hace completamente dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria, según la resolución.

Asimismo, tendrá que pagar, con responsabilidad subsidiaria del Estado, una indemnización de 30.000 euros tanto al padre como a la madre del militar. Además, el Supremo estima parcialmente el recurso planteado por la pareja de hecho del cabo, y eleva la indemnización reconocida a esta mujer de 15.000 a 30.000 euros, al entender que el Tribunal Militar Central no tuvo en cuenta el daño moral sufrido por la misma.

El Supremo desestima el recurso del brigada que sostenía que no había vulnerado el deber de cuidado que le era exigible y que la Sala de instancia no había valorado adecuadamente la concurrencia de un comportamiento negligente de la víctima, que él consideraba que podría conceptuarse como un caso de “autopuesta en peligro”.

Los magistrados contestan que la concurrencia de la culpa de la propia víctima ya se tomó expresamente en consideración por el Tribunal de Instancia para calificar de simple la negligencia del recurrente, “pero sin que pueda excluir su responsabilidad penal, ya que su comportamiento contribuyó de modo notorio al incremento del riesgo, y con ello a la producción del resultado”.

Agrega que la conducta del recurrente, “de naturaleza omisiva, estuvo desprovista del deber de cuidado exigible al no hacer lo que le incumbía y era esperable desde su posición de garante de la indemnidad física de los diecisiete militares participantes en el ejercicio de técnicas de rescate de víctimas en aguas rápidas, puestos a su cargo por ser el Jefe responsable de la Unidad desplazada para dicho ejercicio, al haber descuidado deberes relevantes con incidencia efectiva en el resultado fatal producido”.

Confirmada la absolución de dos jefes de batallón

La Sala desestima también la petición de las acusaciones particulares de que se revocasen las absoluciones dictadas por el Tribunal Militar Central para el entonces teniente coronel jefe del Batallón de Intervención de Emergencias de la UME y para el comandante jefe de la Sección de Operaciones de la Plana Mayor, y se les condenase por negligencia o imprudencia profesional. Entendían que ambos incumplieron obligaciones bien en cuanto a las normas de apoyo sanitario del ejercicio o por el hecho de que los participantes no contaban con todos los elementos de seguridad, ya que no todos disponían de chalecos de rescate (entre ellos, el cabo afectado).

El Supremo explica que, según doctrina constitucional, está vedado al tribunal condenar a quienes han sido absueltos en la instancia partiendo de una reconsideración de los hechos probados para establecer su ausencia de culpabilidad. En relación a la absolución del entonces teniente coronel jefe del Batallón, recuerda el TS que la Sala de instancia, basándose en los dictámenes de los peritos médicos, recalcó que “la presencia de los apoyos sanitarios previstos en las normas (en todo caso, de difícil acceso al lugar de los hechos) no hubiera ni siquiera minimizado las gravísimas lesiones del Cabo 1º, lesiones producidas por el tiempo que permaneció bajo el agua, período de tiempo que…..si supera ciertos límites hace independiente el apoyo sanitario del que se disponga en ese momento”. Valoración probatoria que, resalta el Supremo, no se puede revisar en perjuicio del reo.

Y en cuanto a la actuación del comandante, indica la sentencia, entre otros aspectos, que el ámbito de la imprudencia punible “no alcanza supuestos en los que la intervención de terceros, tanto en el caso actual la de la víctima como la del suboficial que se encontraba presente cuando ocurrió el hecho, tiene una relevancia decisiva en la producción del daño, no previsible ni evitable por el jefe militar que simplemente controla a distancia la realización del ejercicio”.

Voto particular: el jefe del batallón debió ser condenado

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la han dictado que considera que el teniente coronel jefe del Batallón (hoy general de Brigada) debió ser condenado por delito de negligencia profesional o imprudencia, y que no debió aminorarse la indemnización en favor del lesionado como hizo la Sala de instancia, ya que considera que su conducta no tuvo nada que ver con la grave infracción del deber de cuidado que se cometió al ordenarse la realización del ejercicio de alto riesgo.

El Tribunal Supremo confirma la legalidad de la colegiación de oficio para evitar el ejercicio irregular de los profesionales2018-08-03

El sistema de los colegios profesionales en España prevé el requisito de colegiación para aquellos profesionales cuyo ejercicio afecta a derechos de los ciudadanos introduciendo el cumplimiento de normas específicas de la profesión tanto a las exigencias de titulación como al cumplimiento de un código deontológico. Los colegios profesionales tienen atribuida por ley la función deontológica, siendo los colegiados, los sujetos obligados al cumplimiento de la normas recogidas en el código deontológico. Sin embargo, esta aplicación se viene planteando por extensión a los profesionales, que debiendo estar colegiados, no cumplen dicho requisito. La función deontológica, en su vertiente disciplinaria,  implica asimismo un régimen de faltas y sanciones para hacerlo efectivo.

La colegiación es una garantía para los propios colegiados y para los beneficiarios de los servicios que éstos prestan. Sin embargo, se  viene dando en ocasiones, que hay personas con un título académico que ejercen una profesión, sin estar colegiado, cuando está previsto el requisito de colegiación. Este tipo de ejercicio es el que se denomina irregular puesto que está afectando negativamente a los derechos ciudadanos por no estar bajo el control legalmente previsto.

Este ejercicio irregular ha venido siendo contemplado por la doctrina y particularmente por el Tribunal Supremo, que en algunas sentencias (STS de 11 de noviembre de 1992 -RJ 1992/8667-y STC 8 de marzo de 1996 -RJ 1996/2267-), ha explicitado que «dicha potestad disciplinaria- de los colegios profesionales- debe entenderse de modo amplio, de manera que suponga un robustecimiento de los poderes públicos del Colegio profesional». Ello nos lleva a contemplar la aplicación de la potestad disciplinaria de los colegios profesionales a aquellos que ejercen la profesión correspondiente sin estar colegiados.

Esta cuestión ha sido tratada también en diversas ocasiones por la doctrina y en particular, fue recogida en el estudio «La función deontológica de las organizaciones colegiales y su impacto económico y social. Garantía de los derechos de los consumidores y usuarios» (Unión Profesional. Diciembre 2016). En él se contemplan como sujetos de aplicación del código deontológico tanto los colegiados como lo que pudieran ejercer la profesión irregularmente.

ÚLTIMA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El asunto se ha puesto nuevamente de manifiesto con motivo de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio del 2018 en la que se determina que el Reglamento de Régimen Interior del Colegio de Ópticos y Optometristas del Colegio de la Comunidad Valenciana, responde a la legalidad en cuanto que prevé la apertura de un expediente instando de oficio la colegiación, en la medida que este «no se dirige a imponer o sustituir la voluntad del interesado en la decisión de ejercer la profesión colegiada sino a exigir que quien ha decidido y se halla en el ejercicio de la misma se sujete a la obligación de colegiación legalmente establecida y ello en virtud de las facultades que la Ley atribuye al colegio profesional en garantía y tutela del interés público valorado por el legislador al establecer tal obligación de colegiación».

Se presentó en junio pasado una proposición de Ley de modificación de la Ley de colegios profesionales de la Comunidad Valenciana, actualmente en trámite, que atribuye la potestad sancionadora en el caso del ejercicio irregular (de profesiones colegiadas sin estar colegiado), a la administración pública competente.

Según establece la exposición de motivos «la normativa autonómica valenciana debe dar respuesta a una situación no deseable como es que las personas con sanción firme de no ejercicio de la profesión colegiada o personas que ejercen la profesión sin cumplir con el requisito de colegiación obligatoria, cuando la normativa que la regule lo exija, continúe ejerciendo». Se pretende por tanto garantizar la eficacia del mandato legal y proteger los derechos ciudadanos posibilitando la eficacia de las sanciones impuestas.

Un juzgado contencioso de Oviedo determina que el empadronamiento no puede ser un requisito excluyente para acceder a las becas municipales de comedor2018-08-02
La sentencia señala que el lugar de trabajo del padre, que le dio acceso al colegio, equivale al lugar de residencia para que le asignen este tipo de ayudas

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo ha dictado una sentencia en la que determina que todos los niños que estudien en los colegios públicos del municipio tienen derecho a las becas de comedores que otorga el Ayuntamiento si cumplen los requisitos exigidos, con independencia de que estén empadronados en el municipio o no. La sentencia estima las pretensiones de los padres de un menor empadronado en Lugo de Llanera, donde reside la familia, y que acude a clase a un centro de Oviedo, donde trabaja uno de sus progenitores.

La pareja recurrió el pasado 27 de abril el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital del Principado que desestimaba el recurso de reposición presentado por ellos mismos anteriormente en contra de la resolución de la convocatoria de becas para comedores escolares.

En la resolución el magistrado reconoce el derecho de los reclamantes "a que su solicitud de ayuda de comedor escolar sea admitida y tramitada recibiendo, en caso de cumplir el resto de requisitos, la subvención que proceda". Para el juez, "si el objetivo de las ayudas es garantizar el acceso de todos los niños a los comedores escolares de los colegios del municipio, no tiene sentido hacer diferenciaciones entre los que están empadronados y los que no, e incluso dejar fuera de la convocatoria a los menores que tengan una situación económica peor a la del resto".

Conciliación

Además, toma en consideración la "realidad social" de la región, en la que no es "infrecuente" que para conciliar la vida laboral y familiar los niños acudan a centros escolares que no les corresponden atendiendo a su lugar de residencia, sino a otro más próximo al trabajo de sus padres. De hecho, el juez destaca que ese dato, el de la ubicación del centro de trabajo de los progenitores, es equivalente a la dirección del domicilio como criterio de admisión a un colegio.

La sentencia refleja que sería "un contrasentido que niños que asisten a un mismo comedor y que están sentados en la misma mesa" sean diferenciados cuando la situación económica de sus familias es similar. El juez entiende que los alumnos superan "criterios de admisión que, una vez cumplidos, se considera que deben situar a los niños en igualdad de condiciones". Los demandantes consideraban en su demanda que el Ayuntamiento estaba vulnerando "el principio de igualdad".

Más de 3.100 abogados ya tramitan online las reclamaciones de sus clientes por accidentes de tráfico2018-08-01
  • Los abogados que realicen tramitaciones dentro del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita no deberán abonar los gastos de reclamación (1 euro) o de certificado (3 euros)

Más de 3.110 abogados ya están tramitando las reclamaciones de sus clientes sobre accidentes de tráfico de forma online, con un total de 5.713 solicitudes realizadas desde enero de 2018.

Desde el 1 de enero de 2018, los abogados están tramitando por vía telemática ante las aseguradoras las reclamaciones de sus clientes para el pago de indemnizaciones por accidentes de tráfico con daños personales. Este programa contribuye a reducir la litigiosidad por siniestros de circulación con víctimas.

Siete meses después de la puesta en funcionamiento de este servicio 3.110 abogados se han dado de alta para tramitar on line las reclamaciones de sus clientes por accidentes de tráfico. Así mismo, los 83 Colegios de Abogados existentes en España cuentan con abogados que se han dado de alta en este sistema de tramitación electrónica. Hasta finales de julio se han realizado por los abogados un total de 5.713 reclamaciones de clientes, de las cuales 5.687 son con lesionado y 26 con fallecidos; y se han solicitado 368 certificados de la solicitud.

El Consejo General de la Abogacía Española y UNESPA han desarrollado, a través de la empresa informática TIREA, una plataforma que permite a los letrados comunicarse de forma telemática y segura con las aseguradoras de los vehículos que se han visto implicados en un siniestro de circulación con víctimas.

Hay que recordar que la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, modifica el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el RD Legislativo 8/2004 de 29 de octubre estableciendo en su artículo 7.1 la obligación, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, de comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda.

Hasta la fecha, 28 entidades aseguradoras se han dado de alta en el servicio, de las cuales Mapfre España ha recibido 1.358 reclamaciones; Allianz, 821 y Axa Seguros, 496, siendo las tres aseguradoras con más reclamaciones.

El coste del servicio para el abogado es de 1 euro por expediente que se inicie y 3 euros por certificado para aportar en juicio, cantidades que incluyen el IVA. Los abogados que actúen dentro del Turno de Oficio están exentos de abonar los gastos de reclamación o certificado.

MÁS INFORMACIÓN PARA ABOGADOS SOBRE EL SERVICIO

Extinción de pensión alimenticia a hijo mayor de edad discapacitado2018-07-31

Gloria Sánchez Castrillo

Área Derecho Privado. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A.
Editora. Área de Derecho Privado-Redacción-Legal & T&A

  • Sentencia TS (Sala de lo Civil) núm. 666/2017, de 13 de diciembre (RJ 2017, 5406).
  • Alimentos a hijos; discapacidad; incapacidad absoluta; mayoría de edad.

El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por un progenitor discapacitado que carece de medios para, una vez atendidas sus necesidades más perentorias, cumplir con la obligación de pagar la pensión de alimentos a favor de su hijo, mayor de edad y también discapacitado.

  • Supuesto de hecho

    Se solicita la supresión o reducción de los alimentos fijados en el convenio regulador de separación a favor de un hijo mayor de edad. El alimentante es una persona afectada de una incapacidad absoluta para toda actividad laboral por la que percibe una pensión. El hijo trabaja a pesar de la minusvalía física acreditada que padece.

  • Criterio o ratio decidendi

    La situación de discapacidad de un hijo mayor de edad no determina por sí misma la extinción o modificación de los alimentos que los padres deben prestarle y deberán equipararse a los que se entregan a los menores siempre que concurran las circunstancias de convivencia en la casa y ausencia de recursos económicos.

    El motivo principal es superar una condición de precariedad mediante un apoyo económico complementario y siempre con la posibilidad de que los alimentos pudieran ser atendidos por el alimentante recibiéndole y atendiéndole en su propia casa, pues lo que se pretende es complementar la situación personal por la que atraviesan en un determinado momento para integrarles en el mundo laboral, social y económico mediante estas medidas de apoyo.

    Dichas premisas no se dan en el caso analizado. Por un lado, el hijo mayor de edad sí trabaja a pesar de la minusvalía física acreditada, pues esta situación en ningún caso ha influido en el desarrollo de su formación; y por otro lado quien le alimenta es una persona afectada por una incapacidad absoluta para toda actividad laboral por la que percibe una pensión, razones que justifican la extinción de la prestación alimenticia fijada a su cargo.

  • Documentos relacionados

    Normativa considerada

    • Arts. 146, 147, 152 del Código Civil (LEG 1889, 27).

    Sentencias a favor

    • STS Sala de lo Civil nº 372/2014, de 7 julio (RJ 2014, 3540).
    • STS Sala de lo Civil nº 296/2015, de 2 junio (RJ 2015, 3159).

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Un juzgado de Granada condena a cinco años de prisión a una madre por sustracción de menores por no entregar a sus hijos al padre2018-07-30
Además, no podrá ejercer la patria potestad durante seis años

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a Juana R. a cincos años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, a dos años y seis meses de prisión por cada uno de ellos, además de la privación del ejercicio de la patria potestad durante seis años respecto de sus hijos y a que indemnice a su expareja con 30.000 euros.

El juez considera que Juana R. “era sabedora de la obligación que tenía de entregar los menores al padre y de forma consciente y deliberada lo incumplió. Y el argumento de haber huido para protegerse ella y proteger a sus hijos de malos tratos cuando éstos no han sido refrendados por una resolución judicial que los declare probados, carece de virtualidad justificadora”.

Así, considera que la acusada ha incurrido en el delito de sustracción de menores en sus dos modalidades. “En un primer momento, en mayo de 2016, cuando traslada a los menores desde Italia, donde residían habitualmente en compañía de ella y el padre, a España, bajo el pretexto de ver al resto de sus familiares, pero adopta la decisión de no volver ni devolverlos a aquel país, aunque a su expareja se la va manifestando de forma progresivamente meditada, primero bajo el achaque de no hallarse bien, para al fin manifestarle de forma expresa que no iba a volver con los niños”.

Y también con el incumplimiento de resolución judicial, cuando en julio de 2017, “cuando hay una resolución judicial firme del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada que le impone la inmediata devolución de los menores, y, de forma deliberada y consciente, vuelve a mostrar su voluntad de no entregarlos”.

Junto a ello, la sentencia considera que la acusada “no ha acreditado haber sufrido malos tratos entre 2009 y 2016, ni siquiera haberlos denunciado”. Para el juez, “no es creíble la certeza de los hechos contenidos en esta denuncia, porque ningún Juzgado ha declarado la veracidad de los mismos. Porque la misma se interpone en un tiempo en el que ya se ha dado inicio a ese conjunto de actuaciones llevadas a cabo por la acusada para consolidar su decisión de no volver y no entregar a los niños. Cuando las denuncias por malos tratos se interponen de forma coetánea a un proceso de separación o por disputas sobre guarda y custodia o bienes, se exige un análisis cauteloso, sobre todo si en ellas se relatan hechos pasados, que se pudieron denunciar antes”, indica. Además, redunda en que “ni siquiera aporta dato alguno indiciario de haber tenido lugar alguno de ellos, a nivel incluso de haberlo contado a familiares o allegados”.

Y sobre todo, concluye, “pesa a la hora de restar credibilidad a su alegación de huir del maltrato, el hecho de que la perito forense haya concluido que no ha apreciado en el menor vestigios de maltrato ni de haberlos presenciado hacia la persona de la madre”.

La sentencia considera probado que Juana R. se encontraba unida sentimentalmente a F., unión de la que nacieron dos hijos. Tras haber residido en España, donde la pareja estuvo temporalmente separada en 2009 en que F. resultó condenado por un delito de malos tratos, decidieron reconciliarse y en 2012 se marcharon a Italia donde de común acuerdo fijaron la residencia familiar, y allí los menores fueron escolarizados y quedaron registrados como residentes.

En mayo de 2016 Juana se trasladó a Granada con los dos menores manifestando que lo hacía para visitar a la familia y mostrando intención de volver nuevamente en un mes a la residencia familiar.

Llegada la fecha de vuelta, relata la sentencia “no lo hizo y el 12 de julio de 2016 interpuso denuncia por malos tratos contra F. en el Juzgado de Violencia 2 de Granada, manifestando antes a este que se hallaba enferma y no iba a volver en la fecha prevista, cuando en realidad había adoptado la decisión de no retornar con los dos hijos” a Italia. Esta decisión se la hizo llegar a él el día 2 de agosto de 2016 cuando expresamente le manifestó su negativa a volver a Italia con los niños a los que escolarizó en el curso escolar 2016/17 en Maracena. Por estas fechas la acusada, continúa la sentencia, remite dos correos electrónicos a su expareja el 16 de agosto y el 30 de agosto de 2016, en los que le manifiesta que llame a los niños cuando quiera y los puede ver en Granada.

En esa situación, la expareja promovió y obtuvo, ante el Tribunal de Cagliari, la guarda y custodia provisional de los dos menores el 23 de junio de 2017; y promovió procedimiento de devolución de menores ante el Ministerio de Justicia de Italia, invocando el convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 y el Estado italiano lo remitió al Ministerio de Justicia español, y este, al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que en fecha 14 de diciembre de 2016, dictó sentencia en la que acordó la inmediata restitución de los menores a Italia como Estado de residencia habitual de los dos, sentencia confirmada por la Audiencia de Granada.

Juana R. desatendió el auto de ejecución forzosa de dicha sentencia y un nuevo requerimiento, “sin que la acusada se presentara ni diera explicación sobre su inasistencia”. En dichas circunstancias, el 26 de julio de 2017, Juana R. “decide ocultarse en compañía de los dos menores en lugar desconocido para todas las autoridades y agentes intervinientes, quienes trataron de localizarlos en diversos domicilios de familiares y allegados, sin conseguirlo, motivando que F. interpusiera denuncia por desaparición de los niños”.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada, que tramitó la causa, ordenó nuevamente la inmediata entrega de los dos, que finalmente tuvo lugar el 28 de agosto de 2017, cuando la acusada compareció asistida de ellos a la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, donde los menores fueron entregados a F., “bajo llantos al principio por no querer separarse de la madre, si bien estos cesaron cuando empezaron a tomar contacto con el padre”.

La sentencia concluye en sus hechos probados que “salvo el episodio de malos tratos ocurrido en 2009, no se ha acreditado ningún otro posterior, ni en el mayor de los dos hijos se han detectado desajustes sicológicos relacionados con malos tratos contra él o por haberlos presenciado hacia la persona de la madre, ni se ha apreciado que la restitución al contexto paterno, suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica.”

El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General sobre el «sistema español de arrendamiento fiscal»2018-07-27

TJUE

El Tribunal General había anulado la Decisión de la Comisión según la cual este régimen constituía una ayuda de Estado ilegal

A partir de mayo de 2006, la Comisión recibió varias denuncias contra el denominado «sistema español de arrendamiento fiscal» («SEAF»). En esas denuncias se afirmaba que este sistema permitía que las compañías navieras obtuvieran unos descuentos de entre un 20 % y un 30 % al adquirir buques construidos por astilleros españoles, en detrimento de las ventas de los astilleros de otros Estados miembros.

El SEAF se basaba en una estructura jurídica y financiera ad hoc organizada por un banco, que actuaba como intermediario entre una compañía naviera (comprador) y un astillero (vendedor). El banco hacía intervenir en la venta del buque a una sociedad de arrendamiento financiero (leasing) y a una agrupación de interés económico (AIE) constituida por el banco. Este último vendía a inversores participaciones de la AIE, que tomaba en arrendamiento el buque de la sociedad de arrendamiento financiero desde el inicio de su construcción, para arrendarlo posteriormente a la compañía naviera mediante un contrato de fletamento a casco desnudo. La finalidad de este montaje era generar ventajas fiscales en favor de los inversores agrupados en la AIE y trasladar parte de estas ventajas (entre el 85 % y el 90 %) a la compañía naviera en forma de un descuento sobre el precio del buque, mientras que los inversores conservaban los demás beneficios fiscales como rendimiento de su inversión (un 10 %-15 %). Las ventajas eran el resultado de cinco medidas fiscales, aplicables a los contratos de arrendamiento financiero (amortización acelerada y -con autorización previa- amortización anticipada de determinados bienes), a las AIE (transparencia fiscal) y a las actividades marítimas (régimen especial de tributación por tonelaje).

Mediante Decisión de 17 de julio de 2013, [1] la Comisión estimó que tres de las cinco medidas fiscales examinadas constituían una ayuda de Estado a las AIE y a sus inversores, ejecutada ilegalmente por España desde el 1 de enero de 2002. [2] La ayuda fue declarada parcialmente incompatible con el mercado interior. Por respeto al principio de seguridad jurídica, la Comisión sólo exigió que se recuperase la ayuda concedida a determinadas operaciones. Esta recuperación se ordenó únicamente de los inversores, sin que estos beneficiarios pudieran transferir a otras personas la carga de la recuperación de la ayuda.

[1] Decisión 2014/200/UE de la Comisión, de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP n.º 137/06) ejecutada por España - Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero, también conocidos como Sistema español de arrendamiento fiscal (DO 2014, L 114, p. 1) (véase el comunicado IP-13-706 de la Comisión).

[2] España modificó algunas disposiciones fiscales aplicables al SEAF en 2012, antes de que se adoptara la Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2013. A la vista de las modificaciones introducidas, la Comisión estimó que las nuevas normas no constituían una ayuda de Estado en su Decisión de 20 de noviembre de 2012 sobre la ayuda estatal SA.34736 (12/N), referente a la aplicación por el Reino de España de un sistema fiscal que permite la amortización anticipada de determinados activos adquiridos mediante un contrato de leasing (DO 2012 C 384, p. 1) (véase el comunicado IP-12-1241 de la Comisión). El Tribunal General de la Unión Europea desestimó un recurso contra esta Decisión en su sentencia de 9 de diciembre de 2014, Netherlands Maritime Technology Association/Comisión (T-140/13). Esta sentencia fue objeto de un recurso de casación que fue desestimado por el Tribunal de Justicia (asunto C-100/15 P, Netherlands Maritime Technology Association/Comisión).

España, Lico Leasing (establecimiento financiero que invirtió en un cierto número de AIE que participaron en el SEAF) y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (sociedad que coopera con los astilleros pequeños y medianos para la adecuada consecución de sus fines industriales) solicitaron al Tribunal General de la Unión Europea que anulase esta Decisión de la Comisión. [3] Mediante sentencia de 17 de diciembre de 2015, [4] el Tribunal General anuló dicha Decisión. La Comisión solicitó entonces al Tribunal de Justicia la anulación de la sentencia del Tribunal General. [5]

Mediante su sentencia dictada hoy el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General y ordena devolver el asunto a este último Tribunal.

El Tribunal de Justicia indica, en primer lugar, que el Tribunal General aplicó erróneamente el artículo 107 TFUE, apartado 1, sobre las ayudas de Estado prohibidas. En efecto, el Tribunal General concluyó que las AIE no podían ser las beneficiarias de una ayuda de Estado por el único motivo de que, debido a la transparencia fiscal de estas agrupaciones, eran los inversores, y no las AIE, quienes se habían beneficiado de las ventajas fiscales y económicas derivadas de las medidas fiscales en cuestión. Ahora bien, dado que las AIE ejercían una actividad económica, constituían empresas en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Eran las AIE quienes, por una parte, solicitaban a la administración tributaria que se les concediera la amortización anticipada de activos arrendados, y era a ellas a quienes se les concedía dicho beneficio y, por otra parte, eran las AIE quienes renunciaban al régimen ordinario del impuesto sobre sociedades y optaban por el régimen de tributación por tonelaje. También eran las AIE quienes conseguían las ventajas fiscales en dos fases, mediante la combinación de las medidas fiscales en cuestión. Si bien es cierto que las ventajas económicas resultantes se transferían íntegramente a los socios de las AIE, no lo es menos que las medidas fiscales controvertidas se aplicaban a las AIE y que éstas eran las beneficiarias directas de las ventajas derivadas de dichas medidas. Estas ventajas favorecían la actividad de adquisición de buques mediante contratos de arrendamiento, concretamente con vistas a su fletamento a casco desnudo y su posterior reventa, actividad que ejercían las AIE. Al descartar que las AIE pudieran ser las beneficiarias de ayudas de Estado atendiendo únicamente a su forma jurídica y a las normas relativas a la tributación de los beneficios vinculados a éstas, el Tribunal General no tuvo en cuenta la jurisprudencia según la cual la calificación de una medida como «ayuda de Estado» no puede depender del estatuto jurídico de las empresas afectadas ni de las técnicas utilizadas.

El Tribunal de Justicia señala que el análisis llevado a cabo por el Tribunal General en su sentencia se basa en la premisa errónea de que sólo los inversores, y no las AIE, podían considerarse beneficiarios de las ventajas derivadas de las medidas fiscales controvertidas. Por consiguiente, el requisito relativo a la selectividad se examinó erróneamente con respecto a los inversores, y no con respecto a las AIE. Además, en su examen de este requisito, el Tribunal General se basó también en dos sentencias que había dictado el 7 de noviembre de 2014 (asuntos Banco Santander y Santusa/Comisión y Autogrill España/Comisión), [6] que el Tribunal de Justicia anuló posteriormente mediante sentencia de 21 de diciembre de 2016. [7] Por tanto, el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar que las ventajas obtenidas por los inversores que participaron en las operaciones del SEAF no podían considerarse selectivas por el hecho de que podía participar en ellas, en las mismas condiciones, cualquier empresa sin distinción, sin haber averiguado si la Comisión había demostrado que, debido a sus efectos concretos, las medidas fiscales controvertidas establecían un tratamiento diferenciado entre operadores, cuando los operadores que se beneficiaban de las ventajas fiscales y los que estaban excluidos de las mismas se encontraban en una situación fáctica y jurídica comparable en relación con el objetivo perseguido por dicho régimen fiscal.
[3] Existen en total otros 63 asuntos pendientes ante el Tribunal General contra esta Decisión de la Comisión.
[4] Sentencia de 17 de diciembre de 2015, España/Comisión y Lico Leasing, S.A., y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A./Comisión (asuntos acumulados T-515/13 y T-719/13; véase el CP n.º 150/15).

[5] 34 entidades de crédito, sociedades y compañías navieras españolas han intervenido en el recurso de casación.

[6] Sentencias del Tribunal General de 7 de noviembre de 2014 (asuntos Banco Santander y Santusa/Comisión (T-399/11) y Autogrill España/Comisión T-219/10; véase también el CP n.º 145/14).

[7] Sentencia de Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/World Duty Free Group y otros (asuntos acumulados C-20/15 P y C-21/15 P, véase también el CP n.º 139/16). Los asuntos fueron devueltos al Tribunal General.

Por último, el Tribunal de Justicia declara que, al contrario de lo que consideró el Tribunal General, la Decisión de la Comisión no adolece de falta de motivación ni de motivación contradictoria.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

Un trabajador autónomo podrá cobrar la pensión de jubilación y compatibilizarlo con la gestión de su propia empresa2018-07-26

El Juzgado de lo Social Nº 3 de Oviedo ha dictado una sentencia en la que le reconoce a un autónomo asturiano el derecho a percibir una pensión de jubilación del 100% y compatibilizarla con su trabajo como gestor de su propia empresa. Este derecho se le reconocía, desde la reforma de la ley de septiembre del año pasado, a aquellos autónomos que mantuvieran, al menos, a un trabajador en nómina. Pero desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solía interponerse una problemática recurrente, y es que dicho trabajador o trabajadores debían estar contratados a nombre del autónomo y no de una sociedad.

  • Incluye la sentencia

Llegado a la edad para exigir una pensión por jubilación, la INSS le denegó al autónomo asturiano la pensión por no tener trabajadores contratados a su nombre. Tras un primer recurso, la resolución administrativa emitida desde la Seguridad Social solo le reconoció una pensión de jubilación del 50% mientras fuera compatibilizada con el trabajo de gerente en su propia empresa.

La sentencia del juzgado ovetense, que no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de Lo Social del TSJA, afirma por el contrario que la interpretación hecha por el INSS es "contraria a la finalidad legislativa misma de la ley, además de no ser resultante del tenor literal de la norma".

Vea la sentencia Jdo Social 3 Oviedo 17 julio 2018-1

La Abogacía condena las escuchas telefónicas a abogados y urge la ley del Derecho de Defensa para evitarlas2018-07-25
  • La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española denuncia la violación del secreto profesional en la investigación judicial del ‘caso Lezo’

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su más absoluto rechazo a la violación del Derecho a la Defensa y del secreto profesional en la investigación judicial del ‘caso Lezo’ después de que se autorizara la grabación de conversaciones privadas de uno de los abogados con su cliente, el empresario Juan Miguel Villar Mir.

La Abogacía considera que es un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho y que estos procedimientos, que la ley reserva de forma claramente restrictiva para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado, no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, ya que ponen en peligro el Derecho a la Defensa, recogido en el artículo 24 de la Constitución, y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales que no pueden limitarse o someterse a ponderación en aras de la investigación penal.

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía muestra su apoyo al amparo colegial que el Colegio de Abogados de Madrid concedió al letrado el pasado 2 de julio ya que el secreto profesional como parte esencial del derecho de defensa tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente que, además, adquiere una dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en la profesión de abogado. El abogado está eximido de denunciar y declarar como testigo en relación con los hechos que su cliente le hubiera confiado en su calidad de defensor, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Está fuera de toda duda que las grabaciones, cuando son empleadas como medio de investigación en un proceso penal, implican un altísimo grado de injerencia pública en el círculo de derechos fundamentales que nuestro sistema constitucional garantiza a cualquier ciudadano. La posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad.

Para evitar estos hechos, la Abogacía Española considera inaplazable y urgente completar el sistema de tutela judicial efectiva mediante la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que desarrolle nuestro sistema de defensa jurídica. Sin defensa efectiva no puede haber contradicción ni igualdad de las partes en el proceso ni, por tanto, Justicia y sin Justicia no puede haber Estado de Derecho, no puede haber ni siquiera democracia.

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española solicita a la ministra de Justicia que impulse la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa presentado al anterior equipo ministerial, una norma que pretende recoger en un único texto legal el conjunto de las garantías de la defensa de la ciudadanía, que cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios.

Un paso adelante, pero mucho por hacer para dignificar la Justicia Gratuita2018-07-24

Por Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

La Justicia Gratuita sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro Estado de Derecho. Y no porque no funcione de forma eficiente gracias al excelente trabajo de 51.000 abogados y a la labor de organización y coordinación de los 83 Colegios de Abogados, sino porque unos y otros no tienen el reconocimiento político y social necesario para que su trabajo, se desarrolle en unas condiciones dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica.

En los últimos meses, después de un arduo trabajo con el Ministerio de Justicia –al que agradezco públicamente su disposición al diálogo institucional-, se han conseguido avances importantes en lo que afecta a la Justicia Gratuita en el llamado territorio común, es decir, en aquellas comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. En concreto se han revisado –a expensas de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018- los honorarios que cobran los abogados de oficio que subirán en torno al 30 por ciento –un incremento del 35 por ciento que afectará a los procesos civiles y penales a los que dedican su esfuerzo mayoritariamente los abogados del Turno y un 20 por ciento para el resto de asuntos- después de permanecer intocados durante 15 años. De la misma manera se ha conseguido que las liquidaciones de los Colegios se hagan cada mes en lugar de cada trimestre y, lo que es verdaderamente importante, que  los pagos por parte del Ministerio de Justicia también se hagan mensualmente. Así se evitará que, en ocasiones, muchos abogados se pasen tres, seis meses y hasta más de un año sin cobrar, como sucede todavía en algunas comunidades autónomas.

Son dos pasos muy importantes, que el ministro ratificó personalmente ante el Pleno del Consejo a mediados de mayo, y que suponen una sustancial mejora de las indemnizaciones, pero solo reducen una injusticia histórica y no solucionan el problema de la deficiente retribución del Turno. Por eso, tanto el Consejo como los Colegios de Abogados seguimos exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento real del IPC acumulado así como el reconocimiento de nuevos módulos y el abono de las guardias.

BAREMOS SIN ACTUALIZAR, RETRASOS…

Hablamos de territorio común, pero lo hacemos también del resto de comunidades autónomas. La situación es muy diversa, pero los problemas son similares en algunas autónomas: baremos sin actualizar desde hace años, retrasos en los pagos, falta de medios… De norte a sur y de este a oeste, con escasas excepciones, que también se recogen. Pero no tiene sentido que por el mismo servicio un abogado de la misma cualificación y experiencia cobre cantidades distintas según la comunidad autónoma en la que trabaje. Y no se trata, por supuesto, de igualar a la baja ni tampoco de ajustarse a los precios de mercado, sino de buscar una remuneración realmente digna. He dicho en muchas ocasiones que a los abogados lo que les interesa es que el cliente vaya a su despacho y pague conforme a lo que dicta el mercado, por cierto cada vez más exigente. Si está en el Turno de Oficio es más por un convencimiento moral y por una exigencia deontológica que por una cuestión puramente crematística.

Los datos que aporta el Observatorio de Justicia Gratuita son una radiografía exacta de la situación de la Justicia Gratuita: 51.000 abogados –casi la mitad exacta mujeres- al servicio de los ciudadanos 365 días al año, 24 horas al día en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de España garantizando la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes para ejercer su legítimo e imprescindible derecho de defensa. La retribución media que es de 133,5 euros por expediente no solo es muy baja sino que decrece respecto a 2016. La inversión en Justicia Gratuita es de 5,22 euros por ciudadano y año, lo que representa el 0,021 del PIB nacional. No son cifras que puedan asustar a nadie, todo lo contrario. Y, sin embargo, la satisfacción media del usuario es muy alta, como demuestra la encuesta de Metroscopia que publicamos en este mismo Observatorio: “la labor profesional del abogado de oficio es percibida por quienes se benefician de ella, como una asistencia de gran calidad y eficacia: de forma ampliamente mayoritaria los usuarios consideran que la atención prestada es buena (80%) y que el horario de atención y el trabajo desempeñado por los abogados son adecuados (71%)”.

También es importante señalar que durante 2017, los Colegios de Abogados tramitaron de forma telemática más de 676.000 solicitudes de Justicia Gratuita presentadas por los ciudadanos. Y lo hicieron gracias a un Expediente Electrónico puesto en marcha y sostenido por la Abogacía.

Tres cuestiones para  destacar también en este Observatorio. En primer lugar las recomendaciones del Grupo de Expertos externo mayoritariamente al Consejo con propuestas independientes y fáciles de aplicar que mejorarían la Justicia Gratuita.

En segundo lugar el Anexo I, la Ley de Justicia Gratuita de Aragón que, después de muchos problemas en ese territorio, demuestra que se pueden hacer bien las cosas, poniendo a los ciudadanos en el objetivo y contando con los que ejercen su trabajo con responsabilidad y eficiencia: los abogados y sus Colegios.

Y, por último, el Anexo II, un interesante artículo que explica como los tribunales –la Audiencia Nacional y los TSJ del País Vasco y de Andalucía-  han anulado cuatro resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que sancionaban con casi 300.000 euros al Consejo General de la Abogacía y a tres Colegios de Abogados (Málaga, Guadalajara y Bizkaia) por una supuesta e inexistente restricción de la competencia en los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.

El Consejo y los Colegios defendemos y garantizamos que la asistencia jurídica gratuita tiene que estar prestada con eficiencia por abogados adecuadamente preparados, con una cierta experiencia profesional y desde la cercanía.  Las sentencias confirman lo que sostiene la Abogacía: “la prestación del Servicio de Justicia Gratuita no es una función que desempeñen los Colegios de Abogados como libre ejercicio de servicios profesionales sino que se trata de una actividad en la que concurre un importante componente público y en el que el interés general aconseja la prestación de dicho servicio del modo más eficaz posible y manteniendo unos parámetros razonables de calidad.” Es decir, se trata de un servicio profesional con connotaciones claras de servicio público, y sin contenido económico, sin oferta profesional de servicios, ni libre fijación de remuneraciones u honorarios. Ni cabe hablar de un “mercado” de prestación de los mismos ni la Ley de Defensa de la Competencia, por propia determinación de la Ley 2/1974, es aplicable al caso, como han dejado claro los tribunales.

Tenemos muchas cosas que mejorar en la Justicia Gratuita, pero no son, precisamente, las que sancionaba, desproporcionada e injustamente, la CNMC. El Marcador de la Justicia Europea 2018, que elabora la Comisión Europea cada año, destaca la calidad y accesibilidad del servicio de asistencia jurídica gratuita de España, garantizada para los ciudadanos. Europa reconoce, valora y aplaude el excelente trabajo de nuestros abogados de oficio. Vamos a seguir trabajando para merecer y extender este reconocimiento.

El CGPJ aprueba las ternas de candidatos a cuatro plazas de magistrado del Tribunal Supremo2018-07-23

Una de las plazas es de la Sala Tercera y fue convocada por la jubilación del magistrado Manuel Vicente Garzón. Las otras tres son de la Sala Segunda, todas ellas correspondientes al turno de especialistas

CGPJ.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy las ternas de candidatos a cuatro plazas de magistrado del Tribunal Supremo: una en la Sala Tercera, para cubrir la vacante producida por la jubilación del magistrado Manuel Vicente Garzón Herrero; y las otras tres en la Sala Segunda, todas ellas correspondientes –como la anterior- al turno de especialistas. 

De los veintidós aspirantes a la plaza de la Sala Tercera, que fue convocada por acuerdo de la Comisión Permanente del pasado 26 de abril, han sido seleccionados, por unanimidad, los siguientes candidatos: 

-      Dimitry Berberoff Ayuda, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Actualmente director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

-      Ignacio de la Cueva Aleu, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

-      Ana Isabel Martín Valero, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

-      Fernando de Mateo Menéndez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

-      Juan Pedro Quintana Carretera, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

-      Berta María Santillán Pedrosa, magistrada de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

-      José Santos Gómez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla

Candidatos a la Sala Segunda 

La Comisión Permanente también ha aprobado las ternas de candidatos a las tres plazas del turno previsto en el artículo 344 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) convocadas en la Sala Segunda por acuerdo del pasado 3 de mayo, a las que podían optar todos los magistrados con diez años de servicios en órganos especializados de la jurisdicción penal. 

La decisión de abrir la convocatoria a quienes cumplieran ese requisito, así como a los que reunieran los establecidos por la disposición transitoria duodécima de la LOPJ, obedeció al escaso número de potenciales candidatos que resultaría de limitarla a quienes accedieron a la categoría de magistrado mediante las correspondientes pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal convocadas en su día. 

En la actualidad, solo doce magistrados cumplen ese requisito, de los que dos ya tienen la condición de magistrado del Tribunal Supremo y otros cuatro sirven en órganos de la jurisdicción civil. Habrían sido por tanto solo seis los posibles aspirantes a las plazas. 

Dos de las plazas corresponden a las vacantes producidas por el fallecimiento del magistrado José Manuel Maza Martin y por el nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido Tourón; mientras que la tercera, en el momento de la convocatoria, tenía como objeto cubrir la vacante dejada por el entonces fiscal general del Estado, Julián Artemio Sánchez Melgar, mientras éste permaneciera en la situación de servicios especiales. 

Pese a que Sánchez Melgar ha reingresado al servicio activo y se ha incorporado a su destino en el Tribunal Supremo, la plaza se ha mantenido en el concurso dado que a la fecha de su cese como fiscal general del Estado –que fue publicado por el Boletín del Estado el pasado 22 de junio- ya había concluido el plazo de presentación de candidaturas. El magistrado que obtenga la plaza quedará adscrito a la Sala Segunda y se le adjudicará la primera vacante de titular que se produzca. 

De los 34 aspirantes, han sido seleccionados, también por unanimidad, los siguientes candidatos: 

Plaza de magistrado de la Sala Segunda vacante por el nombramiento para otro cargo de Cándido Conde-Pumpido: 

-      Ángel Luis Hurtado Adrián, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

-      Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

-      Eduardo Porres Ortiz de Urbina, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid

-      Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

-      María Félix Tena Aragón, presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres

-      Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional 

Plaza de magistrado de la Sala Segunda vacante por el fallecimiento de José Manuel Maza: 

-      Manuel Caballero-Bonald Campuzano, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga

-      Manuela Fernández Prado, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

-      Javier Hernández García, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona

-      Carmen Lamela Díaz, magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3

-      Jaime Requena Juliani, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

-      Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba 

Plaza de magistrado de la Sala Segunda convocada al encontrarse Julián Sánchez Melgar en la situación de servicios especiales: 

-      Jesús María Barrientos Pacho, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

-      Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

-      Enrique López López, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional

-      Susana Polo García, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

-      Leopoldo Puente Segura, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

-      Ignacio Subijana Zunzunegui, presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa 

Los nombramientos serán decididos por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que debatirá y votará las candidaturas elevadas por la Comisión Permanente, así como cualquier otra propuesta por los vocales del órgano de gobierno de los jueces haciendo uso de la facultad que les otorga el artículo 16.6 del Reglamento 1/2010, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

El Consejo General de la Abogacía convoca la XX Edición del Premio Derechos Humanos dedicados de forma extraordinaria a la ‘Prevención y Lucha contra los Delitos de Odio’2018-07-20

CGAE

El Consejo General de la Abogacía Española, a través de la Fundación Abogacía Española, ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la XX Edición de los Premios Derechos Humanos, que este año estarán dedicados a la prevención y lucha contra los delitos de odio. Con carácter excepcional para la convocatoria de 2018, todas las candidaturas de esta edición en las categorías de Persona, Institución y Medio de Comunicación, deberán referirse a acciones o personas que tengan como referencia educar, prevenir, denunciar y luchar contra los delitos de odio contra cualquier colectivo.

La presentación de candidaturas, abierta a todas las personas o instituciones relacionadas con el mundo del derecho, finaliza el 17 de septiembre y los premios se entregarán en el marco de un acto solemne del Consejo General de la Abogacía Española. Las bases pueden consultarse en  www.abogacia.es .

Premiados de años anteriores

Entre los premiados en años anteriores figuran la atleta Kathrine Switzer, el Proyecto CAPRE de los Salesianos de Medellín, la periodista Chika Oduah, el Equipo Olímpico de Refugiados de los Juegos de Rio 2016, Ibrahim al Hussein, Women´s Link Worldwide, Javier Bauluz, Carlos Carnicer, Francisca Sauquillo, la Congregación de Adoratrices de Almería, los misioneros Juan José Aguirre y Aurelio Gazzera, la Ciudad Escuela de los Muchachos (CEMU), Henrique Cymerman, la jueza guatemalteca Iris Yassmín Barrios, Cáritas y Banco de Alimentos, la Corte Penal Internacional, Federico Mayor Zaragoza, Almudena Ariza, la Asociación Madres de Srebrenica, el jesuita Jesús María Alemany, los abogados iraníes Mohammed Mostafaeí, Nasrin Sotoudeh y Javid Houtan, la Organización de los Pueblos Indígenas Mepha´a, el abogado experto en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, Juan Ignacio de la Mata, la abogada india Ela Bhatt, fundadora de SEWA, la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas, los trabajos de reinserción en los centros penitenciarios españoles, los ex rehenes de las FARC, Ingrid Betancourt y William Pérez, la coordinadora de la Asociación “Nuestras hijas de regreso a casa” de Ciudad Juárez, Marisela Ortiz, la esclava nigerina Hadijatou Mani, el director de la orquesta West-Eastern Divan, Daniel Barenboim, la presidenta de la Red Europea de Lucha contra las mutilaciones sexuales, Khady Koita, el Monasterio Mater Dei de Nampula (Mozambique), el Padre Jaime Garralda, fundador de Horizontes Abiertos, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el patrón y la tripulación del pesquero “Francisco y Catalina”, Amnistía Internacional, Vicente Ferrer, los ex defensores del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda y Joaquín Ruiz-Giménez, los periodistas Yolanda Álvarez (El Mundo), Mónica Bernabé (El Mundo), Angels Barceló (SER), Rosa Isela Pérez, Gervasio Sánchez, Carla Fibla (SER), Nicolás Castellano (SER), José Naranjo (La Provincia), el programa “Con todos los acentos” (La 2), Luis de Vega (ABC), Carmen Sarmiento (TVE), Marisa Goñi, Felipe Armendáriz y Matías Vallés (Diario de Mallorca), Manuel Leguineche, el espacio “12 meses, 12 causas”, de Tele5...

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de una enfermera de urgencias a cobrar la prestación por riesgo durante la lactancia natural2018-07-19

CGPJ.- La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una enfermera de urgencias del SUMMA 112 a cobrar la prestación por riesgo durante la lactancia natural, que le denegó la Seguridad Social al haberse acreditado que en su puesto de trabajo existen riesgos que pueden tener incidencia en la lactancia. El tribunal estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la trabajadora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, al igual que el juzgado de lo Social nº de Toledo, confirmó la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que le denegó el cobro de dicha prestación por no ser considerado su trabajo una actividad de riesgo.

La enfermera trabaja en la Unidad de Asistencia Domiciliaria Rural de urgencias médicas en Castilla-La Mancha. El 13 de febrero de 2012 tuvo un hijo al que, por razones médicas, se aconsejó la alimentación mediante lactancia exclusivamente natural. Cuando acabó la licencia por maternidad solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la prestación de riesgo por lactancia natural, que le fue denegada por las razones citadas. El informe de evaluación de riesgos de su puesto de trabajo que se realizó, aludía sólo a riesgos genéricos (no específicos) por el manejo de productos químicos (alcohol, lejía), los cortes y pinchazos con material utilizado en limpieza y desinfección, la exposición a agentes químicos y biológicos (fluidos corporales, vómitos sangre…) y la carga mental por trabajo nocturno y a turnos. Tras su reincorporación posterior a la baja por parto, solicitó dos permisos sucesivos hasta el 31 de julio de 2012 y una excedencia por cuidado de hijo hasta el 13 de noviembre de 2012. Antes, se le reconoció la prestación por riesgo durante el embarazo con este hijo y con otro anterior.

La cuestión que se plantea la Sala de lo Social en esta sentencia, con ponencia de la magistrada María Lourdes Arastey, es si la demandante tiene o no derecho a la prestación de riesgo durante el periodo de lactancia natural, tratándose de una enfermera que presta servicios en la Unidad de Asistencia Domiciliaria Rural de un Servicio autonómico de urgencias médicas, durante 120 días al año, en turnos de 17 y 24 horas, realizando tareas de asistencia sanitaria en domicilio y, excepcionalmente, en la vía pública en las situaciones de emergencia que lo requieran.

La sentencia explica que la situación que protege esta prestación es la que se produce cuando existen riesgos para la lactancia natural que obligan a la empresa a suspender el contrato mientras el menor no alcance nueve meses si no ha podido adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo ni cambiar a la trabajadora de puesto de trabajo. A partir de ahí, el tribunal constata que en este caso no consta declaración en este sentido de la empresa, aunque sí se acredita que no ofreció modificación de condiciones ni recolocación alguna, habiéndose cubierto el periodo indicado mediante el disfrute de permisos y de excedencia por cuidado de hijo. Esto evidencia, según la Sala, “el apartamiento de la prestación de servicios por el periodo coincidente con el de lactancia materna protegida; sin que, por otra parte, la Entidad Gestora justificara la denegación en otra causa distinta que la inexistencia de riesgos.

Revisión de doctrina

La Sala revisa su doctrina y la ajusta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de octubre de 2017, caso Otero Ramos, que impone al empresario el deber de determinar, directamente o por medio de los servicios de prevención, la evaluación del riesgo de las trabajadoras en periodo de lactancia, lo que requiere un examen específico de la situación de la trabajadora que tenga en cuenta su situación individual para determinar si su salud o la de su hijo están expuestas a un riesgo. Por ello, afirma que cuando no se realiza esta evaluación se priva a la afectada y a su hijo de la protección que debería otorgársele. “Por tanto, no se puede tratar del mismo modo a una trabajadora en periodo de lactancia que a cualquier trabajador”, concluye la Sala que, además, añade que la falta de evaluación supone para el TJUE un trato menos favorable a una mujer, vinculado a la lactancia, y constituye una discriminación por razón de sexo.

Como consecuencia de ello, señala que “en este caso se realizó una evaluación de riesgos que recoge todos aquéllos que concurren en el puesto de la recurrente; pero que, no obstante, no hace particular mención ni precisión sobre la afectación de las condiciones del puesto sobre la eventual situación de lactancia de la trabajadora”. Ante tal escenario no se puede sostener que la demanda esté huérfana de prueba de la existencia de riesgos específicos, según la sentencia, ya que de la propia evaluación de riesgos se deduce que “concurren circunstancias que, aceptada su incidencia sobre cualquier trabajador, tienen particular repercusión en el caso de la mujer en periodo de lactancia y, frente a tal apreciación que cabe hacer sin necesidad de especiales conocimientos técnicos, como el riesgo de contagio por contacto con fluidos humanos diversos, habrá de ser la parte que niega la existencia de la situación de riesgo durante la lactancia la que haya de desarrollar la actividad probatoria en contrario”.

Por ello, frente a la justificación de la denegación de la prestación por parte del INSS basada exclusivamente en no considerar el trabajo de la actora una actividad de riesgo, la constatación del listado de riesgos comunes de dicha actividad basta, en un caso como este, para sostener que ninguna duda cabe del efecto que algunos de ellos tiene sobre la lactancia materna, sin que la falta precisa de evaluación de tal eventualidad pueda situar a la trabajadora en una posición de exclusión del acceso a la protección, señalan los magistrados.

Relevancia del trabajo a turnos y/o nocturno en la protección de la lactancia natural

La Sala destaca que no sólo el listado de los Anexos del Reglamento de los Servicios de Prevención no es exhaustivo, sino que la delimitación de la contingencia en el caso de la lactancia natural no es fácil porque lo que se busca es la constatación de que la lactancia se ve dificultado o impedida por el mero desempeño de la actividad laboral. Desde esa óptica, afirma el tribunal, no bastará con que exista un peligro de transmisión de enfermedades de la madre al hijo, puesto que tan perjudicial puede ser dicho contagio como la imposibilidad real de que el menor realice las imprescindibles tomas alimentarias.

Por eso, afirma que la influencia de los tiempos de trabajo sobre la efectividad de la lactancia natural no puede desdeñarse como elemento de influencia en la calidad y cantidad del amamantamiento so pena de incurrir en la contravención de la propia finalidad protectora buscada.

De ahí que, en caso de trabajo a turnos o con horarios y jornadas que impidan la alimentación regular del menor, sea necesario tomar en consideración la efectiva puesta a disposición de la trabajadora de las condiciones necesarias que permitan la extracción y conservación de la leche materna. “No cabe, pues, limitar la perspectiva de la presencia de riesgos a la exposición a contaminantes transmisibles por vía de la leche materna, porque con ello se estaría pervirtiendo el objetivo de la norma que pretende salvaguardar el mantenimiento de la lactancia natural en aquellos casos en que la madre haya optado por esa vía de alimentación del hijo”, subraya el tribunal.

La inversión en Justicia Gratuita sólo crece el 1,9% en 2017 frente a un mayor incremento de asuntos atendidos2018-07-17
  • La inversión en Justicia Gratuita alcanzó los 243,2 millones de euros, mientras que lo asuntos atendidos superaron los 1,8 millones, un 2,3% más
  • La inversión media por ciudadano es de 5,22 euros por año y la retribución media del abogado del Turno de Oficio se reduce a 133,5 euros por expediente
  • Hay 51.308 abogados y abogadas inscritos en el Turno de Oficio, un 13 % más que en 2016
  • 676.027 expedientes electrónicos de Justicia Gratuita
  • El Comité de Expertos considera necesario, entre otras actuaciones, ampliar las especialidades del Turno de Oficio, revisar el marco legal de la Justicia Gratuita para actualizar compensaciones o extender los Servicios de Orientación Jurídica a la población en riesgo de exclusión.
  • El 85% de los usuarios del Turno de Oficio valora de forma positiva la Justicia Gratuita.

La inversión total que las Administraciones Públicas destinaron en 2017 a la Asistencia Jurídica Gratuita alcanzó los 243,2 millones de euros, un incremento del 1,9% con respecto a 2016 cuando se invirtieron 238,7 millones de euros en este servicio imprescindible para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Esta leve recuperación de la inversión total en Justicia Gratuita se produce tras varios años de disminución o de estancamiento de las inversiones en Asistencia Jurídica Gratuita que han pasado de 254,5 millones de euros en 2011 a los 243,2 millones en 2017 con un descenso de casi el 5% y una reducción de más de 11 millones de euros en seis años. En buena medida este leve incremento obedece a la recuperación parcial de los baremos en algunas comunidades autónomas que sufrieron recortes durante la crisis de hasta el 40% en algunos casos.

La Asistencia Jurídica Gratuita, servicio recientemente valorado de forma muy positiva por el Cuadro de Indicadores de la Justicia que elabora la Comisión Europea, supone una inversión media por ciudadano de 5,22 euros por año, un 1,7% más que en 2016 (5,13 euros). La retribución media que percibe el abogado del Turno de Oficio por cada expediente se reduce a 133,5 euros cuando en 2016 la indemnización recibida por cada letrado era de 134,5 euros, incluyendo la atención 24 horas al día y 365 días al año.

 

LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN, EN EL TURNO DE OFICIO

El Turno de Oficio acapara en 2017 la mayor parte de la inversión con 166,4 millones de euros (68,4% del total del gasto en Justicia Gratuita) y un incremento del 1,7% con respecto a 2016. Dentro del Turno de Oficio, la jurisdicción con mayor inversión es la Penal con 93,6 millones de euros y más del 56% del gasto total destinado a este servicio. A continuación, se encuentra Civil con 46,3 millones de euros (28%), Contencioso-Administrativo con 6 millones (3,7%) y Social con 4,4 millones y el 2,7% de la inversión total en Turno de Oficio.

La Asistencia Letrada al Detenido aumenta un 2% alcanzando 45,7 millones de euros; mientras que la compensación que perciben los Colegios de Abogados por los Gastos de Infraestructura suponen 22,4 millones de euros con una clara tendencia a la estabilización de este gasto por la implantación del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita que reduce los costes y rebaja notablemente los tiempos de tramitación de documentación por los ciudadanos.

En Violencia de Género continúa la tendencia de subida de años anteriores con un incremento del 3,7% con respecto a 2016 y un importe que supera los 8,6 millones de euros.

 

CATALUÑA, MADRID Y ANDALUCÍA SUMAN EL 55% DE LA INVERSIÓN

Cataluña, como en años anteriores, es la comunidad autónoma que más invierte en Justicia Gratuita con 54,8 millones de euros y un incremento de casi el 3% con respecto a 2016. En segundo lugar se encuentra Madrid con 40,3 millones y un incremento del 6%. Hay que tener en cuenta que en 2017 esta autonomía ha recuperado el 7% de los baremos del Turno de Oficio tras la fuerte reducción (20%) de 2012. A continuación se encuentra Andalucía que invierte 39,6 millones con una subida del 4,6% y Valencia que sube un leve 0,2% hasta los 24,8 millones de euros.

Canarias y País Vasco ocupan los siguientes puestos con una inversión en Justicia Gratuita de 13,7 y 13,4 millones respectivamente. Las tres comunidades autónomas con mayor inversión (Cataluña, Madrid y Andalucía) alcanzan un total de 134,7 millones de euros lo que supone más del 55% del gasto a nivel de todo el Estado.

De los importes certificados en relación con el PIB regional cabe destacar, según el Informe ‘Inversión en Justicia. Inversión en Justicia Gratuita’ elaborado por la Universidad Carlos III, la existencia de un primer grupo formado por Cataluña, Canarias y Andalucía (además de Ceuta y Melilla) con inversiones en Justicia Gratuita por encima del nivel nacional; un segundo grupo formado por Madrid, Valencia, Asturias, Extremadura y Murcia con valores próximos al nivel del Estado y un tercer grupo con valores por debajo del nivel nacional formado por Galicia, País Vasco, Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, Aragón y La Rioja, siendo estas dos últimas comunidades autónomas la que se encuentran más alejadas del nivel nacional.

MÁS DE 1,8 MILLONES DE ASUNTOS ATENDIDOS

Durante 2017 los 83 Colegios de Abogados con presencia en toda España atendieron 1.822.419 asuntos del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita lo que supone un incremento del 2,3% con respecto a 2016 cuando se gestionaron 1.781.886. Hay que destacar que cada uno de los 800.000 expedientes remitidos por los Colegios de Abogados a las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita ha podido generar diversos asuntos por la presentación de incidentes procesales, la interposición de recursos, la generación de nuevos procedimientos.

Teniendo en cuenta los diferentes servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, el 62,4% por ciento de los asuntos, más de 1.136.000, son del Turno de Oficio, mientras que casi 628.000 corresponden a la Asistencia Letrada al Detenido (34,5%). El Servicio de Violencia de Género atendió en 2017 casi 58.000 asuntos que suponen más del 3% del total atendido.

Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma con más asuntos atendidos. En 2017 tramitó más de 403.000 solicitudes de ciudadanos superando el 22% del total gestionado a nivel nacional. A continuación se encuentra Cataluña con 343.000 asuntos que suponen casi el 19% del total.

Los ciudadanos tramitaron en 2017 a través de los Colegios de Abogados o mediante presentación de escrito en los juzgados 975.405 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita. Los 83 Colegios de Abogados –tras el análisis pertinente de estas solicitudes – remitieron casi 800.000 expedientes a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (organismos dependientes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia), de los que se ratificaron una media del 84%.

UN 13% MÁS DE ABOGADAS ADSCRITAS AL TURNO DE OFICIO

Los abogados adscritos a 31 de diciembre de 2017 al Turno de Oficio fueron 51.308, lo que supone un incremento del 13% con respecto a 2016 cuando había 45.348 letrados registrados en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Como novedad en este XII Observatorio de Justicia Gratuita se ofrece el dato de los letrados adscritos al Servicio de Extranjería donde hay 10.672 abogados.

Continúa aumentando el número de abogadas adscritas al Turno de Oficio alcanzando ya el 48% con 24.502 letradas, un 15% más que en 2016 cuando había 21.314 mujeres. Por otro lado, más de 20.100 abogadas atienden el Servicio de Asistencia Letrada al Detenido (48% del total).

 

En Violencia de Género, el número de mujeres adscritas a este servicio supera con creces al de hombres, con 12.399 letradas -54% del total- frente a los 10.570 abogados registrados en el Servicio de Violencia de Género. El número de abogadas también supera al de hombres en el Servicio de Extranjería, de los 10.672 letrados 5.486 son mujeres (51%).

A 31 de diciembre de 2017, los 83 Colegios de Abogados tenían censados 144.212 letrados ejercientes, lo que supone que el 36% de los abogados y abogadas esté adscrito al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Este porcentaje supone un importante incremento con respecto a los datos de 31 de diciembre de 2016, cuando el 32% de los letrados estaba adscrito al Turno de Oficio.

Por otro lado, el número de quejas realizadas en los Colegios de Abogados por los ciudadanos en 2017 fue de 6.294, de las que 4.634 fueron archivadas y 228 acabaron convirtiéndose en expedientes sancionadores a abogados del Turno de Oficio.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE JUSTICIA GRATUITA: MÁS DE 676.000 SOLICITUDES

Los ciudadanos tramitaron por vía telemática 676.027 solicitudes de Justicia Gratuita en 2017, lo que supone un incremento de casi el 6% con respecto a 2016, cuando los Colegios de Abogados tramitaron 640.115 solicitudes con esta herramienta tecnológica.

Estos datos confirman que, año tras año, el uso que hacen los ciudadanos del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita continúa consolidándose. De hecho, desde 2010 –cuando se tramitaron más de 200.000 expedientes electrónicos- se ha triplicado con creces el número de solicitudes gestionadas con esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española y puesta a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, estatales y autonómicas, que se caracteriza por proporcionar una agilización notable del acceso a un derecho fundamental del ciudadano como es la Justicia Gratuita, facilitar sus trámites, a la vez que supone un ahorro de costes para la Administración.

En 2017, Andalucía, con 135.090 solicitudes, fue la comunidad autónoma que más expedientes electrónicos generó, seguida de Madrid con 106.926, Valencia 97.318 y Cataluña en la que se tramitaron 88.792 expedientes a través de las corporaciones colegiales.

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS

El Comité de Expertos que participa en el Observatorio de Justicia Gratuita, formado mayoritariamente por personalidades ajenas al mundo de la abogacía, elabora sus Recomendaciones con las finalidades de alcanzar un Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita más eficiente, que cuente con una mayor sostenibilidad económica, que se oriente hacia una mayor calidad y que garantice los derechos de las personas más desfavorecidas.

Los expertos consideran, entre otras actuaciones, que es necesario:

  • Ampliar las especialidades del Turno de Oficio para hacer frente a las nuevas demandas y problemas sociales
  • Revisar el marco legal y reglamentario de Justicia Gratuita para actualizar –respetando las competencias autonómicas- las compensaciones económicas de los 51.300 letrados
  • Crear un organismo de seguimiento y observación del sistema propiciando la homogeneización de los criterios de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita
  • Extender los Servicios de Orientación Jurídica a sectores de la población que se encuentran en situaciones de marginalidad o en riesgo de exclusión. 
El Tribunal General de la Unión Europea condena respectivamente al Parlamento Europeo y al BEI a abonar una indemnización por daños y perjuicios de 10 000 euros a unos empleados víctimas de acoso psicológico2018-07-16

En este contexto, el Tribunal General precisa la extensión del control jurisdiccional que le corresponde en materia de acoso psicológico y la obligación de las instituciones de abrir procedimientos disciplinarios cuando el acoso esté probado

En el asunto T-275/17, una antigua eurodiputada contrató a una asistente parlamentaria para el resto de su mandato, que expiraba en mayo de 2014. El 7 de noviembre de 2013, la eurodiputada solicitó al Parlamento Europeo que rescindiera el contrato, entre otras razones porque su asistente había decidido no venir a trabajar durante una semana entera sin haber solicitado permiso para ello. La eurodiputada indicaba en su solicitud que, al reprochárselo a su asistente, esta última la había insultado y a continuación había desaparecido.

Después de que el Parlamento hubo rescindido el contrato en diciembre de 2013, la asistente presentó una solicitud de asistencia en virtud del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, [1] alegando que había sufrido acoso psicológico por parte de la eurodiputada, consistente en humillaciones, amenazas, muestras de desprecio, insultos y gritos.

El Parlamento desestimó esta solicitud considerando que los acontecimientos controvertidos se habían producido en un contexto de fuerte tensión entre las dos interesadas. A juicio del Parlamento, aunque la utilización de un lenguaje duro era, en sí, lamentable, a veces resultaba difícil no utilizarlo en el ambiente de trabajo estresante propio de la actividad parlamentaria.

En el asunto T-377/17, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) contrató a una empleada el 1 de abril de 2008. A raíz de la llegada de un nuevo director en octubre de 2014, se reestructuró el servicio en el que esta empleada desempeñaba sus funciones y se disolvió el equipo del que ella era responsable. Dos años más tarde, esta empleada presentó ante el BEI una denuncia en la que calificaba de acoso psicológico el comportamiento para con ella del nuevo director. Esencialmente, la empleada acusaba al nuevo director de haber puesto fin brutalmente a su carrera privándola sin razón de un puesto de responsabilidad, de haberla denigrado, de haber utilizado expresiones inapropiadas, agresivas, despreciativas y acusatorias, de haberle ocultado información, de no haberle ofrecido indicaciones sobre cómo valoraba sus prestaciones profesionales y de haberla desfavorecido en comparación con otras personas.

El BEI sólo reconoció parcialmente el acoso psicológico sufrido por la empleada, a causa de algunos de los hechos alegados. Indicó entonces al nuevo director que, si se presentaba una nueva denuncia en su contra, le abriría un procedimiento disciplinario. Por otra parte, el BEI pidió al nuevo director que presentara excusas formales a la empleada por el sufrimiento que le había causado y encargó al servicio de recursos humanos que estudiara la posibilidad de ofrecer asesoramiento profesional al nuevo director sobre su estilo de gestión y de comunicación. Por último, el BEI indicó a la empleada que el procedimiento debía seguir siendo estrictamente confidencial, incluso en el interior de la entidad.

[1] Artículo 24 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea.

Insatisfechas con las decisiones respectivas del Parlamento Europeo y del BEI, ambas empleadas las impugnaron ante el Tribunal General de la Unión Europea y solicitaron una indemnización por daños y perjuicios.

En sus sentencias dictadas hoy, el Tribunal General reconoce que las dos empleadas de que se trata sufrieron acoso psicológico y condena respectivamente al Parlamento y al BEI a abonar a cada una de ellas una indemnización por daños y perjuicios de 10 000 euros.

El Tribunal General comienza por recordar [2] que el concepto de «acoso psicológico» se aplica a toda conducta abusiva que se materialice mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos que se produzcan de manera duradera, repetitiva o sistemática, lo que implica que el acoso psicológico debe considerarse un proceso que se desarrolla necesariamente a lo largo del tiempo y requiere la existencia de actuaciones repetidas o continuadas e intencionales, y no accidentales. Además, esos comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos deben producir el efecto de menoscabar la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona. A este respecto, el Tribunal General precisa que en este campo no considera oportuno limitarse a un control del error manifiesto en la apreciación de los hechos, sino que, por el contrario, debe proceder a un control completo de los hechos a la luz de los dos requisitos antes citados.

Por lo que respecta al asunto T-275/17, tras considerar que, pese a su condición de miembros de una institución, los eurodiputados están obligados a respetar la dignidad y la salud de sus colaboradores, el Tribunal General señala que los hechos alegados por la asistente parlamentaria han sido corroborados por testigos y que, en definitiva, ni el Parlamento ni la eurodiputada han negado su veracidad. A continuación, el Tribunal General hace constar que el tenor de las expresiones utilizadas por la eurodiputada contra su asistente y, sobre todo, su especial vulgaridad constituyen una denigración tanto de la propia persona de la asistente como de su trabajo. El comportamiento de la eurodiputada resulta, pues, abusivo y no puede considerarse en absoluto una actitud digna de un miembro de una institución de la Unión.

Por otra parte, el Tribunal General estima que el carácter abusivo del comportamiento controvertido de la eurodiputada no puede considerarse atenuado por la proximidad de las relaciones entre ella y su asistente ni tampoco por el clima de tensión que reinaba en el equipo de asistentes parlamentarios al servicio de la eurodiputada. Deduce de ello que, al considerar que el comportamiento de la eurodiputada no era abusivo, el Parlamento incurrió en un error de apreciación de los hechos, y además manifiesto, en relación con la definición del acoso psicológico.

En lo referente a la indemnización, el Tribunal General recuerda que la víctima de acoso psicológico en el seno de una institución de la Unión debe dirigirse a los tribunales nacionales para exigir una indemnización a su acosador, acción judicial para la cual la institución empleadora puede eventualmente ofrecer un apoyo económico, en virtud de su deber de asistencia. Así pues, el Tribunal General otorga a la asistente parlamentaria una indemnización por daños y perjuicios de 10 000 euros únicamente debido a la duración irrazonable de la tramitación de su solicitud de asistencia (incluyendo la realización de la investigación administrativa).

Por lo que respecta al asunto T-377/17, el Tribunal General consideró en primer lugar que el BEI cometió un error de Derecho al exigir, para considerar aplicable el concepto de «acoso psicológico» a un comportamiento, que este último se repitiera de modo idéntico, independientemente del efecto acumulativo de los demás comportamientos denunciados en el menoscabo de la autoestima y de la confianza en sí mismo de su destinataria. En efecto, el BEI se abstuvo de examinar si cada uno de los comportamientos de que se acusaba al nuevo director había podido, sumado a los demás, causar objetivamente un menoscabo a la autoestima y a la confianza en sí misma de la empleada. Así pues, en lo que se refiere a los comportamientos que a juicio del BEI no constituían acoso psicológico, el Tribunal General concluye que el BEI deberá examinar de nuevo los diferentes comportamientos del nuevo director con objeto de determinar si, considerados en conjunto, constituyen un acoso psicológico.

[2] Sentencia del Tribunal General de 29 de junio de 2018, HF/Parlamento, T-218/17.

A continuación, el Tribunal General declara que, al decidir que no se abriría un procedimiento disciplinario contra el nuevo director salvo en caso de reincidencia en un plazo de tres años, el BEI adoptó medidas insuficientes e inapropiadas atendiendo a la gravedad del caso, al menos en lo que se respecta a la respuesta inmediata que deben recibir unos comportamientos calificados de acoso psicológico por el propio BEI En efecto, por una parte, esa sanción contra un comportamiento de acoso psicológico probado queda supeditada a que se detecte un nuevo comportamiento reprensible, a pesar de que, llegado el caso, el que se detecte dependería de la decisión aleatoria de la nueva víctima de presentar o no una denuncia al amparo de la política de defensa de la dignidad en el trabajo. Por otra parte, dada la gravedad intrínseca de todo comportamiento de acoso psicológico, esa sanción no se ajusta a los objetivos de las normas aplicables en el BEI en materia de dignidad en el trabajo.

Por último, el Tribunal General estima que el BEI no podía exigir respecto de su decisión y de la carta de excusas del nuevo director un nivel de confidencialidad tal que se prohibiera a la empleada revelar a terceros la existencia de esos documentos y su contenido: en efecto, exigir a una víctima de acoso psicológico que guarde silencio sobre la existencia de esos hechos tiene como consecuencia impedir que ésta saque partido de las comprobaciones efectuadas por la institución de que se trate -por ejemplo, en una eventual acción judicial ante un tribunal nacional contra la persona que la acosó. Además, esa interpretación es contraria al objetivo de prevenir y sancionar todo acoso psicológico en el interior de las instituciones de la Unión, cuando el acoso moral constituye una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. Ese silencio indebidamente exigido a la víctima por el B.E.I. es la razón por la que el Tribunal General otorga a la empleada de que se trata una indemnización por daños y perjuicios de 10 000 euros.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

El Tribunal Supremo condena al Estado por incumplir su obligación de tramitar las solicitudes de asilo de 19.449 refugiados2018-07-13

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Estado español por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia y de Italia, establecidas en las Decisiones 2015/1523 y 2015/1601 del Consejo Europeo, por las que se le asignó un cupo de 19.449 personas durante dos años, desde el 25 de septiembre de 2015 hasta el 26 de septiembre de 2017, de las que solo ofertó un 12,85%.

El tribunal considera que las decisiones comunitarias incumplidas, que establecían medidas provisionales para acoger a los solicitantes de asilo procedentes de Italia y de Grecia, eran de carácter vinculante y obligatorio, por lo que el incumplimiento de las mismas implica “la condena al Estado español a continuar la tramitación en los términos previstos en las Decisiones y de conformidad con los acuerdos que en lo sucesivo adopten las instituciones comunitarias”.

La Sala estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo planteado por la Associació de Suport a Stop Mare Mortum contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada el 21 de abril de 2017 ante el Gobierno de España. Los recurrentes solicitaban en su demanda que se declarase que España había incumplido las obligaciones periódicas (ofertar plazas de reubicados, aprobar las listas enviadas y acoger a los reubicados), así como las obligaciones finales establecidas en las referidas Decisiones, y que se ordenase al Gobierno que cumpliese inmediatamente y con carácter urgente las citadas obligaciones.

Por su parte, el abogado del Estado se opuso a esta pretensión que consideraba carente de fundamento y puso de manifiesto que España estaba realizando las gestiones necesarias para reclamar y reubicar a los asilados que le habían sido asignados, pero que el procedimiento era laborioso porque había que verificar si todas las personas del cupo asignado reunían las condiciones precisas para su consideración como asiladas. Subsidiarimente, el abogado del Estado solicitaba que se planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar si corresponde en exclusiva a la Comisión Europea realizar el control del cumplimiento de las decisiones de emergencia o si también pueden hacerlo los tribunales nacionales.

El control del cumplimiento de las Decisiones no es exclusivo de la Comisión Europea

La Sala rechaza plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE y entiende que tiene competencia para ejercitar el control de la actividad de la Administración nacional en el cumplimiento y ejecución de las obligaciones derivadas de la normativa de la Unión. “Es cierto que la tarea de supervisar la observancia del derecho comunitario ha sido confiada a la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, por el artículo 211 TCE (antiguo artículo 155). Esta prerrogativa conlleva responsabilidades y obligaciones específicas de las cuales la Comisión no puede evadirse”, concluye el tribunal.

El tribunal explica que la Comisión dentro de sus prerrogativas tiene amplio margen de discrecionalidad sobre si llevar o no el asunto ante el Tribunal de Justicia. En este caso no se ha iniciado ningún procedimiento frente a España, lo que permite, según los magistrados, que el Tribunal Supremo pueda examinar y en su caso estimar la pretensión ejercitada.

Dada la eficacia directa de las Decisiones, resulta posible que “el control de su cumplimiento pueda realizarse por los tribunales nacionales, atendiendo a la acción ejercitada por personas o entidades legitimadas, posibilidad que no contradice los poderes y competencias de la Comisión para plantear, si lo considera oportuno y de forma potestativa, un procedimiento por incumplimiento frente al Estado miembro”, precisa la Sala.

Un 12,85% de las 19.449 reubicaciones a las que estaba obligada en dos años

Tras analizar las Decisiones citadas, la Sala señala que las cuotas de reubicación establecidas para España en un plazo de 24 meses -desde el 25 de septiembre de 2015 que entraron en vigor las Decisiones hasta el 26 de septiembre de 2017- eran del 12,15% del total de las reubicaciones comunitarias. Así, la aplicación de las Decisiones comunitarias conllevaba que España debería haber ofertado y reubicado a 13.086 solicitantes de asilo procedentes de Grecia y a 6.363 de Italia.

Recuerda que a pesar de que se preveía expresamente la posibilidad de que los Estados miembros solicitaran una reducción de su cuota de hasta un 30%, el Estado español decidió no acogerse a tal posibilidad. Consecuentemente, añade el tribunal, se concluye que España “ha incumplido sus obligaciones de ofertar y de hacer efectivas las reubicaciones a las que estaba obligada: transcurrido más de medio año del vencimiento del término, el informe de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) reconoce que el cumplimiento de las obligaciones finales es inferior al 13%”.

De dicho informe se desprende, según los magistrados, que a fecha de 4 de marzo de 2018, seis meses después de finalizar el plazo impuesto por las citadas Decisiones, de las 19.449 plazas que el Estado español estaba obligado a ofertar -y a reubicar efectivamente- únicamente había ofertado 2500 plazas (1875 de Grecia y 625 de Italia); únicamente un 12,85 % del total al que estaba obligada. Igualmente, indica la Sala, el informe de la OAR aportado por el Ministerio del Interior reconoce que, a fecha de 22 de marzo de 2018, el estado español sólo ha reubicado a 235 personas desde Italia y a 1124 desde Grecia; una cuota de cumplimiento inferior al 7%.

No obstante, el tribunal admite que el gobierno español ha realizado peticiones a Grecia e Italia que "no han merecido la respuesta obligada, lo que pone de relieve un elevado índice de incumplimiento en las labores de coordinación que las Decisiones exigen para un adecuado logro de sus objetivos".

Las dificultades administrativas no eximen de las obligaciones de reubicación

La Sala concluye que de los datos anteriores se desprende que el Estado español no ha cumplido en su integridad las Decisiones comunitarias, que son de carácter vinculante y obligatorio como se desprende no solo de su propia naturaleza jurídica sino de las propias Decisiones. Añade que la existencia de graves dificultades administrativas para el cumplimiento de tales obligaciones, que en el fondo parece plantear el abogado del Estado, "no puede constituir causa de exención de las mismas, dado que la citada Decisión, recoge medidas flexibilizadoras, que no han sido alegadas ni utilizadas por el Gobierno español”.

Señala que, como sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el escaso número de reubicaciones efectuadas puede explicarse por un conjunto de factores que el Consejo no podía prever en el momento en que adoptó dicha Decisión, en particular, la falta de cooperación de determinados Estados Miembros, sin embargo, "la falta de cumplimiento generalizado de las citadas Decisiones no constituye justificación de la conducta omisiva que en el recurso se denuncia", concluye la Sala.

La Sala rechaza que el hecho de que se trate de una medida provisional suponga que, superado el plazo previsto para su aplicación, no se pueda obligar a los Estados miembros a cumplir con sus compromisos, como sostiene el Abogado del Estado. En este sentido, destaca que la Unión Europea, en un documento de la Comisión, de 12 de abril de 2017, dentro del proceso de evaluación de la ejecución de las decisiones, subrayó que no iba a vacilar en hacer uso de los poderes que le otorgan los Tratados con respecto a aquellos que no hayan cumplido las obligaciones de las Decisiones del Consejo, señalando que la obligación legal de reubicar a quienes cumplen las obligaciones no cesará después de septiembre, una vez expirado el plazo de aplicación de las Decisiones.

Los Testigos de Jehová deben cumplir la normativa de datos personales con los datos que recogen puerta a puerta2018-07-12

El 17 de septiembre de 2013, la Tietosuojalautakunta (Comisión finlandesa de Protección de datos) prohibió a la Jehovan todistajat - uskonnollinen yhdyskunta (comunidad religiosa de los Testigos de Jehová en Finlandia) recoger o tratar datos personales durante la actividad de predicación puerta a puerta que llevan a cabo sus miembros si no se respetaban los requisitos legales para el tratamiento de esos datos.

En el curso de su actividad de predicación puerta a puerta, los miembros de dicha comunidad toman notas sobre las visitas hechas a personas que ni ellos mismos ni la comunidad conocen. Los datos recogidos pueden consistir en el nombre y la dirección de las personas visitadas, así como en información sobre sus convicciones religiosas y su situación familiar. Estos datos se recogen a modo de recordatorio, con el fin de poder recuperarlos para una posible visita posterior, sin que los interesados hayan dado su consentimiento ni hayan sido informados de ello. La comunidad de los Testigos de Jehová y las congregaciones que dependen de ella organizan y coordinan la actividad de predicación puerta a puerta de sus miembros, en particular elaborando mapas mediante los que distribuyen zonas entre los miembros predicadores y manteniendo fichas sobre los predicadores y el número de publicaciones de la comunidad que éstos difunden. Además, las congregaciones de la comunidad de los Testigos de Jehová llevan un registro de las personas que han manifestado el deseo de no recibir más visitas de los miembros predicadores; los datos personales que figuran en ese registro son utilizados por los miembros de la comunidad.

La petición de decisión prejudicial del Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia) se dirige esencialmente a determinar si la comunidad debe respetar la normativa de la Unión en materia de protección de datos 1 por el hecho de que sus miembros, cuando ejercen la actividad de predicación puerta a puerta, pueden tener que tomar notas que transcriben el contenido de sus conversaciones, en especial  sobre la orientación religiosa de las personas visitadas.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera, en primer lugar, que la actividad de predicación puerta a puerta llevada a cabo por miembros de la comunidad de los Testigos de Jehová no está comprendida entre las excepciones previstas en la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales. En concreto, no se trata de una actividad exclusivamente personal o doméstica a la que no resulte aplicable esa normativa. La circunstancia de que la actividad de predicación puerta a puerta esté protegida por el derecho fundamental a la libertad de conciencia y de religión, consagrado en el artículo 10, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no confiere a dicha actividad

1 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31), en relación con el artículo 10, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

carácter exclusivamente personal o doméstico, dado que está fuera de la esfera privada de un miembro predicador de una comunidad religiosa.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia recuerda que, no obstante, las normas de la Unión en materia de protección de datos personales sólo se aplican a los tratamientos manuales de los datos cuando éstos estén incluidos o destinados a ser incluidos en un fichero. En el presente asunto, dado que el tratamiento de datos personales no se efectúa de manera automatizada, se plantea la cuestión de si los datos tratados están incluidos o destinados a ser incluidos en un fichero. El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que el concepto de «fichero» comprende todo conjunto de datos personales recogidos durante una actividad de predicación puerta a puerta, y que incluyan nombres, direcciones y otra información relativa a las personas visitadas, siempre que los datos estén estructurados según criterios determinados que permitan, en la práctica, recuperarlos fácilmente para su utilización posterior. Para que dicho conjunto de datos esté comprendido en ese concepto no es preciso que incluya fichas, catálogos específicos u otros sistemas de búsqueda.

Por consiguiente, los tratamientos de datos personales que se efectúen en relación con la actividad de predicación puerta a puerta deben respetar la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales.

Por cuanto se refiere a quién puede ser considerado responsable del  tratamiento de datos personales, el Tribunal de Justicia recuerda que el concepto de «responsable del tratamiento» puede concernir a varios agentes que participen en ese tratamiento, cada uno de los cuales estará sujeto a la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales. Estos agentes pueden estar implicados en distintas etapas del tratamiento y en distintos grados, de modo que el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos debe evaluarse teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso concreto. El Tribunal de Justicia señala igualmente que ninguna disposición del Derecho de la Unión permite considerar que la determinación de la finalidad y de los medios del tratamiento deba efectuarse mediante instrucciones por escrito o consignas impartidas por el responsable del tratamiento. En cambio, una persona física o jurídica que, para sus propios fines, influye en el tratamiento de datos personales y participa, por tanto, en la determinación de la finalidad y de los medios de dicho tratamiento, puede ser considerada responsable del tratamiento.

Además, la responsabilidad conjunta de varios agentes no supone que cada uno de ellos tenga acceso a los datos personales.

En el presente asunto, resulta que, al organizar, coordinar y fomentar la actividad de predicación de sus miembros, la comunidad de los Testigos de Jehová determina junto con sus miembros predicadores la finalidad y los medios del tratamiento  de datos personales de las personas visitadas, extremo que, no obstante, deberá comprobar al órgano jurisdiccional finlandés a la vista de todas las circunstancias del caso. Este análisis no queda desvirtuado por el principio de autonomía organizativa de las comunidades religiosas garantizado por el artículo 17 TFUE.

El Tribunal de Justicia concluye que la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales permite considerar que una comunidad religiosa es responsable, junto con sus miembros predicadores, del tratamiento de los datos personales efectuado por estos últimos en relación con una actividad de predicación puerta a puerta organizada, coordinada y fomentada por dicha comunidad, sin que sea necesario que la comunidad en cuestión tenga acceso a los datos ni sea preciso demostrar que la comunidad ha impartido a sus miembros instrucciones por escrito o consignas respecto a ese tratamiento.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El Tribunal Supremo determina el alcance de la sentencia del Constitucional sobre la plusvalía2018-07-11

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al estimar que éste interpretó de manera correcta el ordenamiento jurídico al considerar que la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y, por tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) resultan constitucionales y, por consiguiente, los ingresos, debidos.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Aguallo, interpreta el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017. Considera, de una parte, que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que debe darse al fallo y fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, "adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial".

"En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar (…) que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE".

De otra parte, entiende que "el artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, ‘no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene’, o, dicho de otro modo, porque ‘impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)’”.

Es, precisamente, esta nulidad total del artículo 110.4 del TRLHL la que, de acuerdo con la Sala Tercera, "posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL".

En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva obtenida en la transmisión del terrero, considera el tribunal, en primer lugar, que corresponde "al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido"; en segundo término, que para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla" (como es, por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas); y, en tercer lugar, en fin, que aportada "por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía".

Finalmente, considera el tribunal que en la medida en que la existencia de una plusvalía real y efectiva resulta perfectamente constatable sobre la base del empleo de los medios de comprobación que establece la Ley General Tributaria en los artículos 105 y siguientes, medios que permiten rechazar que la norma autorice a la Administración para decidir con entera libertad el valor real del terreno onerosamente transmitido, no existe -en los casos en los que se liquida el IIVTNU- vulneración de la reserva de ley tributaria recogida en los artículos 31.3 y 133.1 CE, ni quiebra alguna del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).

El profesor del colegio Valdeluz de Madrid, condenado a casi 50 años de prisión por doce delitos de abusos sexuales2018-07-10
Los magistrados consideran probado que el acusado aprovechó que era un profesor querido y valorado y que su relación con sus alumnos y alumnas era cercana y cariñosa para satisfacer su deseo e impulso sexual. En los doce episodios de abuso sexual concurre, según la Sala, la circunstancia de prevalimiento por abuso de superioridad y, la mayoría de dichos abusos fueron continuados y algunos, agravados por la edad de las víctimas

Autor

Comunicación Poder Judicial

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al que fuera profesor del madrileño Colegio Valdeluz, Andrés D. D., a un total de 49 años, 5 meses y 21 días de prisión, como autor responsable de doce delitos de abusos sexuales.

Tras un estudio detallado del caso, el Tribunal concluye en la sentencia que el acusado era un profesor querido y valorado, y su relación con sus alumnos y alumnas era cercana y cariñosa; organizaba fiestas en la academia, así como viajes de estudios, y en verano, barbacoas en su casa, sintiendo por él todas las denunciantes una admiración superior a la normal.

Esa cercanía que tanto ponía en práctica, la aprovechó el acusado para tocarlas y satisfacer su deseo e impulso sexual, comenzando con besos, abrazos, cosquillas, hasta ir aumentando los toqueteos progresiva y gradualmente en el tiempo, poco a poco, llegando a manosear piernas hacia ingles y zona vulvar e interior de los muslos, espaldas, senos y nalgas, restregando en alguna ocasión su pene en sus espaldas o llevando el acusado la mano de alguna de ellas a su miembro, por fuera de la ropa; asimismo, llegó a introducir sus dedos en la vagina de algunas de ellas, escudándose muchas veces en la necesidad de llevar a cabo correcciones posturales mientras estaban sentadas tocando el piano.

En otras ocasiones, aprovechando la atención de los alumnos/as a la pantalla donde se proyectaban –en penumbra- audiovisuales musicales, llevaba a cabo también tocamientos sobre las menores, a quienes sentaba a su lado.

Individualizadamente la sentencia analiza la conducta que se llevó a cabo sobre cada una de las víctimas que se recogen en los hechos probados. Solamente sobre dos de ellas no se considera acreditada la conducta. En un caso dada la retractación total en el acto del juicio de cuanto había declarado hasta ahora en el sumario. En otro dada una insuficiencia de prueba a la luz de las exigencias que ya se han comentado; especialmente en cuanto a los elementos corroboradores.

Protección a las víctimas

En la vista oral del juicio, celebrado entre los días 21 de mayo y 12 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid, intervinieron, además del acusado, catorce víctimas/testigos, treinta y cinco testigos y cinco peritos. Por decisión previa del tribunal, con el acuerdo de las partes, se desarrolló la vista oral a puerta cerrada, a fin no solo de preservar la intimidad de las víctimas, sino también en protección del resto de derechos que les reconoce la Ley del Estatuto de la Víctima.

El Ministerio Fiscal solicitaba en conclusiones provisionales –y así lo mantuvo al elevarlas a definitivas- la condena del acusado como autor de 14 delitos de abusos sexuales, de los que trece fueron calificados como delitos continuados, solicitando por ellos las correspondientes penas, que ascendían a un total de 69 años de prisión, así como a las oportunas indemnizaciones a las víctimas. Tales conclusiones eran coincidentes con las formuladas por las distintas acusaciones particulares.

Por su parte, la defensa del acusado solicitó en todo momento su libre absolución, al igual que lo hizo la defensa del colegio Valdeluz.

El delito de abusos sexuales y la importancia de la prueba

Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid recuerdan que el delito de abusos sexuales aparece tipificado en el artículo 181 del Código Penal como la realización, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, de actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona.

La prueba en este tipo de delitos –y así ha sido en el presente proceso- se basa en gran medida en la declaración de la propia víctima, dadas las condiciones de discreción o privacidad de contexto en los que suelen desarrollarse buena parte de los delitos contra la libertad sexual.

El Tribunal establece en la sentencia del caso que no se trata, sin embargo, de que la declaración de la víctima, por sí sola, alcance sin más filtros el valor incriminatorio que debe superarse para vencer el derecho fundamental a la presunción de inocencia que rige en toda causa penal y que consagra el conocido artículo 24 de nuestra Constitución. De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, esa declaración ha de venir revestida de determinados elementos, que –en síntesis- exigen que el Tribunal valore por el resultado de la prueba, la persistencia, coherencia, verosimilitud, corroboración y ausencia de ánimo o elementos espurios.

La fundamentación jurídica de la sentencia analiza con detalle la prueba y tiene en cuenta asimismo los estudios doctrinales existentes en torno a la parcela de la victimología dedicada al fenómeno de los delitos contra la indemnidad sexual. Y recoge –especialmente en el FJ Cuarto- la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto al valor de la declaración de la víctima como prueba incriminatoria en este tipo de delitos.

Tras analizar con detenimiento todo el material probatorio, el tribunal descarta como no veraz la tesis del acusado quien sostiene que todo es fruto de una confabulación por venganza contra su esposa –también profesora de la academia musical- por el trato que daba a las alumnas, además de que exista una clara contaminación por el seguimiento mediático que ha tenido este caso.

Para la Sala, como se dice literalmente en el FJ 5º refiriéndose a las víctimas, todo esto “no les puede compensar al nivel que pretende el acusado, el altísimo coste emocional que supone denunciar y cuatro años más tarde desde la presentación de las denuncias, mantenerse firmes, hasta el punto de someterse a tratamientos psicológicos o retomarlos con esta revictimización”.

Por otra parte, no pasan inadvertidos al tribunal los testimonios de quienes en sus declaraciones narraron una experiencia normal en su estancia ya en el colegio o ya bien en la academia. Ello no debilita en absoluto la convicción incriminatoria que se desarrolla a lo largo de la sentencia. Habida cuenta del número de alumnos/as que tenía la actividad musical, es impensable que la conducta enjuiciada fuese una regla general.

Por todo ello la Sala estima que se han cometido por el acusado 12 Delitos de abuso sexual con prevalimiento por abuso de superioridad, la mayoría de ellos continuados y algunos agravados por la edad de las víctimas y la introducción de dedos.

El prevalimiento a que se refiere su apartado d) del artículo 183 Código Penal parte del aprovechamiento por parte del autor del delito en su ejecución de una relación de superioridad. Exige una cierta preeminencia del autor sobre la víctima y que esta ventaja haya sido utilizada o aprovechada por el autor para realizar el acto objeto de imputación.

Indemnización por daños morales y responsabilidad civil del colegio

La Sala declara no sólo la responsabilidad penal del acusado (prisión de casi 50 años), sino también su obligación de indemnizar a las víctimas por los daños morales que su conducta les produjo.

La sentencia declara asimismo la responsabilidad civil subsidiaria del colegio en cuyas instalaciones se ubicaba la academia de música y para el que también el acusado venía prestando servicio como profesor durante tantos años. Considera el tribunal que existió una clara “culpa in vigilando”, desestimando la pretensión de la defensa de la entidad docente de deslindar por completo la actividad que se desarrollaba en la academia y la que era propia del colegio. La relación entre ambos núcleos era tan intensa, y sus diferentes vínculos tan fuertes, que no puede exonerarse a la institución docente de esta responsabilidad indemnizatoria.

Abonado el pago de mayo del Turno de Oficio en el territorio del Ministerio de Justicia2018-07-09

La Dirección General del Tesoro ha efectuado el 4 de julio el pago correspondiente al mes de mayo de 2018 del Turno de Oficio que corresponde a los Colegios de Abogados de territorio común bajo competencia del Ministerio de Justicia.

El Consejo General de la Abogacía, que ha transferido a los Colegios de territorio común el importe correspondiente, confía en seguir con este ritmo de pagos mensuales, así como absorber este desfase de meses antes de acabar el año.

Desde hace meses y con los diferentes titulares del Departamento, se vienen manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia con el fin de agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, se ha conseguido que el Ministerio abone con carácter mensual las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita.

En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 que el Tesoro Público procedió a abonar el 18 de abril, la liquidación se efectuará con carácter mensual a partir de mayo, a excepción de enero y febrero de 2018 que se abonaron el 30 de mayo.

Más información:

No obstante, con ello no se soluciona el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado, así como el reconocimiento de nuevos módulos.

La Abogacía continuará trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El TC sobre ‘derecho al olvido’: buscar nombres propios en hemeroteca digital vulnera derechos fundamentales2018-06-29

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado por primera vez sobre el denominado ‘derecho al olvido’ y ha estimado el recurso de amparo interpuesto por dos ciudadanos juzgados en los años 80 por tráfico de drogas que consideran vulnerados sus derechos al honor, a la intimidad y a la protección de datos por el uso de las tecnologías de Internet, al aparecer sus nombres y apellidos en los buscadores de la hemeroteca de un periódico en su versión digital.

La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada María Luisa Balaguer, argumenta que “la prohibición de indexar los datos personales, en concreto los nombres y los apellidos de las personas recurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno del diario El País debe ser limitada, idónea, necesaria y proporcionada al fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos invocados”.

El Tribunal estima el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, de 15 de octubre de 2015, que reconoció el derecho al olvido digital de personas procesadas por implicación en un caso de tráfico y consumo de drogas en los años ochenta.

La Sala Civil rechazó la procedencia de eliminar los nombres y apellidos de la información recogida en la hemeroteca o que los datos personales contenidos en la información no puedan ser indexados por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca, pues consideró que estas medidas suponían una restricción excesiva de la libertad de información vinculada a la existencia de las hemerotecas digitales.

El objeto del recurso se contrae, según la sentencia de amparo, al análisis del contraste entre los preceptos constitucionales regulados en el artículo 18.4 de la Constitución, en relación con la garantía del derecho al honor, y a la intimidad de las personas (artículo 18.1 de la Carta Magna).

MODULAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

En ese sentido, el TC señala que es cierto que “la libertad de información constituye no sólo un derecho fundamental de cada persona sino también una garantía de la formación y existencia de una opinión pública libre y plural, capaz de adoptar decisiones políticas a través del ejercicio de los derechos de participación”, pero este derecho no es absoluto, sino que debe ser modulado por dos elementos.

Uno de estos elementos de modulación del derecho es el paso del tiempo a la hora de calibrar el impacto de la difusión de una noticia sobre el derecho a la intimidad del titular de ese derecho, y dos, la importancia de la digitalización de los documentos informativos, para facilitar el acceso a la información de todos los usuarios de Internet.

La sentencia explica que en estos casos “podría ponerse en duda la prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la intimidad de una persona que, pasado un lapso de tiempo, opta por solicitar que estos datos e información, que pudieron tener relevancia pública en su día, sean olvidados”. Para el Tribunal, “la universalización del acceso a las hemerotecas, como la universalización del acceso a la información a través de los motores de búsqueda, multiplica la injerencia en los derechos a la autodeterminación informativa y a la intimidad de los ciudadanos”.

En la resolución de este conflicto hay que tener en cuenta el equilibrio entre las libertades informativas y el derecho a la autodeterminación informativa, donde juega un papel importante el efecto del paso del tiempo sobre la función que desempeñan los medios de comunicación y, sobre la doble dimensión (informativa o investigadora) de esa función.

El fallo concluye afirmando que debe tenerse en cuenta que los motores de búsqueda internos de los sitios web cumplen la función de permitir el hallazgo y la divulgación de la noticia y que esa función queda garantizada aunque se suprima la posibilidad de efectuar la búsqueda acudiendo al nombre y apellidos de las personas en cuestión, que no tienen relevancia pública alguna.

Por tanto, “siempre será posible si existe una finalidad investigadora en la búsqueda de información alejada del mero interés periodístico en la persona investigada, localizar la noticia mediante una búsqueda temática, temporal, geográfica o de cualquier otro tipo”. No son necesarios los datos personales de los solicitantes del amparo, que nada agregan al interés de la noticia, bastando las iniciales del nombre y los apellidos.

El TSJ de Aragón inadmite la querella contra un juez porque no existen indicios de delito en la resolución que adoptó2018-06-28
Basan su decisión en que no es cierto que el Derecho Aragonés obligue a los tribunales a mantener a los hermanos bajo un mismo régimen de custodia

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Civil y Penal del TSJ de Aragón ha acordado inadmitir la querella presentada contra el juez de Fraga porque los hechos que los recurrentes atribuyen al magistrado no tienen, ni siquiera indiciariamente, la consideración de un delito de prevaricación judicial. Afirma el tribunal juzgador que la resolución que dictó está “ampliamente fundada”, y en ella aplica las normas civiles y procesales pertinentes al caso. Por ello, decretan el archivo de las actuaciones e imponen a los querellantes el pago de las costas causadas.

El auto de medidas provisionales dictado por el juez de Fraga, objeto de la querella, atribuía la guarda y custodia de una menor al padre y establecía un régimen de visitas para la madre, así como una pensión alimenticia a favor de la hija que debía ser satisfecha por la progenitora. En la querella presentada se argumentaba que, en su decisión, el juez no había tenido en cuenta la existencia de sus dos hermanas, de las cuales quedaba separada la menor.

Expresan los magistrados que el pronunciamiento del juez de Fraga es una medida provisional, sin que lo decidido en el auto sea una decisión definitiva sobre la situación en la que ha de quedar la menor respecto de sus progenitores y sus hermanas y recuerdan que “será en el procedimiento de derecho de familia, guarda, custodia y alimentos de hijos menores, en el que se adoptarán las medidas adecuadas, con plenitud de jurisdicción y tras la práctica de las pruebas que sean pertinentes”.

Señalan también que no es cierto que el Código de Derecho Foral Aragonés obligue a los tribunales a mantener a los hermanos bajo un mismo régimen 

de custodia y que existe “reiterada jurisprudencia” que avala que el juez pueda optar por dar un tratamiento diferenciado a los hermanos. En este sentido manifiestan que una “resolución injusta”, es aquélla que se aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles, careciendo de toda interpretación razonable, pero el concepto de prevaricación queda excluido “cuando el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión planteada, se decanta por alguna de las opciones posibles en aplicación de las normas, aun cuando pudiera ser considerada incorrecta posteriormente en la revisión pertinente en vía de recurso”.

Por estas razones, y en consonancia con el informe del Ministerio Fiscal que estima la inadmisión de la querella, el tribunal acuerda el archivo de las actuaciones.

La Abogacía pide igual trato y coordinación en la recepción de migrantes tanto en rescates en el mar como en las llegadas a puerto2018-06-27
  • Más de 300 abogados del Turno de Extranjería atendieron en las dos últimas semanas a los 3.000 migrantes llegados a la frontera sur y a bordo de la flotilla Aquarius en el puerto de Valencia

Tras la llegada masiva de más 3.000 migrantes a los puertos de Valencia, Cádiz, Almería, Málaga y Granada en las dos últimas semanas, el Consejo General de la Abogacía Española, con la finalidad de defender los derechos humanos de estas personas, pide un trato igual y la actuación conjunta y coordinada en el operativo de recepción de migrantes a nuestro territorio, tanto en cada rescate en el mar como en la llegada de embarcaciones a puerto.

La colaboración activa entre las diferentes Administraciones Públicas, las instituciones, organizaciones humanitarias y la Abogacía es el camino correcto para afrontar estos casos en que la coordinación y cooperación entre todos los agentes es vital. Pero, además, la Abogacía Institucional tiene la convicción de que esta forma de actuar debe aplicarse en cada rescate y llegada por mar de embarcaciones a nuestras costas. Tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como las organizaciones, asociaciones y la sociedad civil, conjuntamente con la Abogacía, han dado ejemplo de profesionalidad en la gestión de información y asistencia de las personas rescatadas en alta mar.

Durante los dos últimos fines de semana, más de 300 abogados pertenecientes al Turno de Oficio de Extranjería de los Colegios de Abogados Valencia, Alicante, Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Melilla han estado disponibles para prestar asistencia jurídica a los más de 3.000 migrantes que han llegado tanto en la flotilla del ‘Aquarius’ al puerto Valencia como en pateras a la frontera sur.

La Abogacía destaca la acertada decisión de ofrecer -mediante el período de reflexión de 45 días concedido a los 629 migrantes de la flotilla ‘Aquarius’- la oportunidad de decidir acerca de la conveniencia de solicitar o no protección internacional de asilo, así como la detección temprana de las situaciones de especial vulnerabilidad, pero señala que esa misma manera de actuar debe ofrecerse a las personas que llegan a nuestra frontera sur, para los que deben disponerse, además, condiciones dignas de acogida y atención.

La Abogacía Española quiere destacar que siempre estará presente en la llegada de migrantes a través de los Turnos especializados en Extranjería y Protección Internacional de cada Colegio de Abogados que corresponda.

El Tribunal Supremo condena por publicidad engañosa a una sociedad que ofrecía hipotecas “sin avales” y sin tener contrato laboral fijo 2018-06-26
La Sala Primera entiende que se ha vulnerado la normativa general sobre publicidad y la específica sobre publicidad financiera

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ausbanc Consumo contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que había descartado que un anuncio de la entidad de intermediación financiera Credit Services S.A. integrara un supuesto de publicidad ilícita.

El anuncio en cuestión, publicado en prensa escrita, contenía el nombre comercial de la entidad y tres referencias (“Hipoteca 100% Sin avales.- Sin estar fijo”, “Préstamos personales. Rápidos. Casi sin papeleo” y “Reunificación de deudas. Hasta 50% de ahorro mensual”), seguidas de la dirección y del teléfono de la empresa, que aparecía en caracteres destacados.

La Audiencia había considerado que el carácter esquemático del anuncio y la falta de información concreta sobre los productos ofertados lo hacían inhábil para inducir a error o modificar el comportamiento económico del consumidor. Sin embargo, la Sala Primera entiende que se ha vulnerado la normativa general sobre publicidad y la específica sobre publicidad financiera.

Según el Abogado General Wathelet, las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten a un Estado miembro denegar o revocar el estatuto de refugiado son compatibles con el Derecho de la Unión2018-06-25

Dado que la decisión de denegar o revocar el estatuto de refugiado no afecta a la condición de refugiado, un Estado miembro está obligado a garantizar al refugiado de que se trate el respeto de los derechos que le confiere la Convención de Ginebra

Asunto C-77/17

X, nacional de Costa de Marfil, solicitó asilo en Bélgica. Al haber sido condenado por diversos delitos particularmente graves antes de presentar su solicitud de asilo, las autoridades belgas consideraron que constituía un peligro para la sociedad y le denegaron la concesión del estatuto de refugiado. Esta decisión se adoptó en virtud de la normativa belga que traspone la Directiva de la Unión sobre los refugiados, 1 la cual permite a un Estado miembro denegar la concesión del estatuto de refugiado o revocar dicho estatuto cuando el interesado representa una amenaza para la seguridad o, al haber sido condenado mediante sentencia firme por un delito de especial gravedad, para la sociedad de ese Estado miembro. X interpuso recurso contra esta decisión ante el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería, Bélgica).

Asunto C-78/18

X, nacional de la República Democrática del Congo, obtuvo el reconocimiento de la condición de refugiado en Bélgica. Posteriormente fue condenado a una pena privativa de libertad por haber cometido delitos de especial gravedad. Al considerar que constituía un peligro para la sociedad, las autoridades nacionales le retiraron el estatuto de refugiado. X interpuso recurso contra esta decisión ante el Conseil du contentieux des étrangers.

Asunto C-391/16

La República Checa reconoció la condición de refugiado a M, individuo de origen checheno. M había sido condenado a una pena privativa de libertad en dicho Estado antes incluso de que se produjera dicho reconocimiento. Tras haber sido reconocido como refugiado en la República Checa, fue condenado de nuevo por un delito de especial gravedad. Al representar por esta razón un peligro para la seguridad de este Estado miembro y de sus ciudadanos, se le revocó el estatuto de refugiado en virtud de la ley checa que aplica la Directiva sobre los refugiados. M interpuso recurso contencioso-administrativo contra esta decisión ante los tribunales checos. Al ver desestimadas sus pretensiones, interpuso recurso de casación ante el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa).

En estos tres asuntos, el Conseil du contentieux des étrangers y el Nejvyšší správní soud han remitido al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales. En esencia, estos órganos jurisdiccionales piden al Tribunal de Justicia que dilucide si las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten a los Estados miembros denegar o revocar el estatuto de refugiado incumplen la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados 2 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra») y, en consecuencia, son inválidas a la luz de las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y del TFUE en virtud de las cuales la política común de asilo debe respetar esa Convención.

En sus conclusiones leídas hoy, el Abogado General Melchior Wathelet observa, para empezar, que las circunstancias en las que un Estado miembro puede denegar o revocar el estatuto de refugiado en virtud de esta Directiva corresponden a las circunstancias en las que la Convención de Ginebra autoriza la devolución de un refugiado. Sin embargo, el Abogado General recuerda que las obligaciones de los Estados miembros en materia de protección de los derechos fundamentales neutralizan en gran medida su facultad de devolver a un refugiado. Cuando un refugiado no pueda ser devuelto a pesar de constituir  una amenaza para la seguridad o la sociedad del Estado miembro de refugio, dicho Estado miembro dispone no obstante, en virtud de la Directiva sobre los refugiados, de la posibilidad de privarle de su estatuto de refugiado.

 

A continuación el Abogado General subraya que la denegación o la revocación del estatuto de refugiado no tienen como consecuencia privar a la persona de que se trate de la condición de refugiado. Según el Abogado General, del texto, de los objetivos y de la estructura general de esta Directiva se desprende que la condición de refugiado, por un lado, y el estatuto de refugiado, por otro, constituyen dos conceptos distintos. La condición de refugiado se deriva del mero hecho de que una persona cumpla los requisitos para ser considerado como tal, con independencia de cualquier reconocimiento por parte de un Estado miembro. Así, una persona sigue teniendo esta condición mientras cumpla esos requisitos. En cambio, el estatuto de refugiado, en el sentido de las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten su denegación o revocación, designa el goce de los derechos que emanan en principio del reconocimiento de la condición de refugiado con arreglo a dicha Directiva. El Abogado General observa que algunos de estos derechos (como el derecho a un permiso de residencia, al reconocimiento de las cualificaciones y a la asistencia sanitaria) no tienen equivalente en la Convención de Ginebra y que ésta únicamente garantiza otros derechos (como los de acceso al empleo, a la vivienda y a la asistencia social) a los refugiados que residen legalmente en el país de refugio.

En consecuencia, el Abogado General considera que la denegación o la revocación del estatuto de refugiado supone que el interesado no goza de los derechos previstos por la Directiva sobre los refugiados, o deja de hacerlo, a pesar de lo cual conserva la condición de refugiado y todos los derechos que la Convención de Ginebra garantiza a cualquier refugiado con independencia de la legalidad de su residencia (como los derechos a la no discriminación, al acceso a los tribunales y a la educación pública y a la protección contra la expulsión). Además, la denegación de la concesión del estatuto de refugiado no exime al Estado miembro de que se trate de su obligación de examinar la solicitud de asilo que se le ha presentado, y de reconocer, en su caso, la condición de refugiado del solicitante al finalizar dicho examen.

El Abogado General concluye a partir de ello que las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten a un Estado miembro denegar o revocar el estatuto de refugiado no incumplen la Convención de Ginebra, por lo que son compatibles con las disposiciones del TFUE y de la Carta.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El presidente del TS y del CGPJ urge una gran reforma organizativa de la Justicia ante la situación de colapso de muchos órganos judiciales2018-06-22
Carlos Lesmes afirma que más del 60 % de los Juzgados están “claramente sobrecargados” y dice que si la situación se prolonga “puede provocar que el propio sistema se resienta”. Lesmes confía en que la renovación de los veinte vocales del CGPJ y de su presidente, que se activará en unas semanas, se desarrolle “dentro de los plazos establecidos por la ley”. “El Poder Judicial está dando sobradas muestras de independencia y de responsabilidad a la hora de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el Estado de Derecho”, dice en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El presidente del TS y del CGPJ pide que se atiendan las “legítimas reivindicaciones” de los miembros de la Carrera Judicial para mejorar sus condiciones de trabajo

Autor Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha advertido hoy de la situación de “colapso” de muchos de los órganos judiciales españoles y ha urgido a “abordar las grandes reformas estructurales de nuestra Justicia, que siempre, por unos motivos u otros, acaban postergadas”.

“Mientras no se lleve a cabo una gran reforma organizativa de la Administración de Justicia, difícilmente serán superables las actuales ineficiencias que impiden que los grandes indicadores de asuntos pendientes, tasas de resolución o tiempos medios de respuesta experimenten mejoras significativas”, ha señalado Lesmes durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

El presidente del Poder Judicial, que ha dado cuenta del estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales con datos actualizados a 31 de diciembre de 2017, ha afirmado que el sistema de Justicia, “al menos en cuanto a la capacidad global para absorber con agilidad la carga de trabajo que entra, no ha experimentado grandes mejoras en los últimos años”.

“Nuestra litigiosidad sigue siendo elevada si la comparamos con la de los países de nuestro entorno, y aunque nuestros jueces, gracias a su esfuerzo, llevaban varios años siendo capaces, a nivel global, de resolver más asuntos de los que ingresaban, esta es una situación difícilmente sostenible en el tiempo”, ha señalado.

Lesmes también ha considerado “difícilmente soportables” las situaciones de colapso de buena parte de los órganos judiciales y ha recordado que, según un estudio realizado por el Servicio de Inspección del CGPJ, “casi el 60 por ciento de nuestros Juzgados se encuentran claramente sobrecargados”, mientras que otros no alcanzan la carga de trabajo fijada como asumible.

“Esta situación de colapso en muchos órganos y, en todo caso, de desequilibrio en el conjunto del sistema, si se mantiene prolongadamente en el tiempo, puede provocar que el propio sistema se resienta, como de hecho puede estar ocurriendo”, ha concluido.

Reformas pendientes

Ante esta situación, el presidente del TS y del CGPJ ha subrayado que “sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de nuestra Justicia”, que debería ir acompañada de la modernización de ciertos aspectos de la legislación procesal, “muy especialmente en el orden penal”.

“Sigue estando pendiente, sin perjuicio de la introducción de reformas parciales de cuya utilidad no dudo, la reforma global y definitiva de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es necesario estudiar el modelo en su conjunto, modernizar la investigación penal, estableciendo un nuevo diseño de enjuiciamiento criminal que conjugue adecuadamente, como en otros modelos de Derecho comparado, las garantías procesales con la celeridad”, ha dicho.

Lesmes también ha abogado por “seguir avanzando en la plena implantación de la digitalización de nuestra Justicia”, corrigiendo las deficiencias detectadas, y ha pedido no olvidar “la dotación de medios”.

“Hay que invertir en Justicia, y hacerlo de manera suficiente y con una adecuada planificación, aunando y coordinando esfuerzos entre las distintas Administraciones implicadas”, ha añadido.

Independencia judicial

El presidente del TS y del CGPJ ha señalado durante su intervención en el Congreso que “distintos acontecimientos han exigido del Consejo que, hasta en ocho ocasiones en los últimos nueve meses, haya hecho públicos comunicados o declaraciones institucionales exigiendo respeto por el principio de independencia de los jueces y recordando que se trata de una de las garantías más básicas que el Estado de Derecho proporciona a la propia sociedad”.

Además, el órgano de gobierno de los jueces ha estimado durante este mandato varias solicitudes de amparo elevadas por miembros de la Carrera Judicial, “una vez constatado que se estaban produciendo circunstancias que perturbaban gravemente el ejercicio independiente de la función jurisdiccional”.

Por todo ello, Lesmes ha instado a “prestar la máxima atención, siempre, a los principios de colaboración, respeto y lealtad institucional” y ha subrayado que “en nada y a nadie ayudan actitudes tendentes a desacreditar ante la sociedad la legitimidad de nuestras instituciones, pues la fortaleza de éstas está directamente vinculada con el progreso y la convivencia pacífica”.

“Así lo creemos en el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial y así lo hemos expresado públicamente siempre que ha sido necesario. Un Poder Judicial que ha dado y está dando sobradas muestras de independencia y de responsabilidad a la hora de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta nuestro Estado de Derecho”, ha concluido.

Mejorar las condiciones de trabajo de los jueces

El presidente del TS y del CGPJ también ha dicho ante los miembros de la Comisión de Justicia que es necesario “prestar la debida atención a las legítimas reivindicaciones que en estos momentos están reclamando los miembros de la Carrera Judicial” y que les llevaron recientemente a convocar una jornada de paro.

“Hay que mejorar, en la medida de lo posible, sus condiciones de trabajo y responder adecuadamente a la especial dificultad que entraña su labor, pues con ello estaremos favoreciendo la calidad de un servicio que es pieza fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho”, ha afirmado Lesmes, que ha citado, entre otras reivindicaciones, las retributivas y las relativas a la protección social, las cargas de trabajo o los medios materiales.

También ha hecho referencia a los permisos y licencias, recordando que se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto que restituye a los jueces los derechos perdidos en ese ámbito y confiando en que salga adelante “porque, simplemente, es lo justo”.

Por último, el presidente del Poder Judicial ha abogado por establecer un nuevo diseño de la Carrera Judicial –que deberá ser recogido por la Ley Orgánica del Poder Judicial- que favorezca y premie de manera real “la formación, la especialización y la excelencia, objetivando claramente los méritos que den acceso a las altas instancias judiciales y a los puestos gubernativos”.

Renovación del CGPJ

Carlos Lesmes ha anunciado que en unas semanas se activará el mecanismo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para proceder a la renovación de los veinte vocales que integran el órgano, quienes, una vez nombrados, habrán de elegir un nuevo presidente.

“La renovación de las instituciones, señorías, es necesaria. Por ello confiamos en que el proceso de renovación del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, proceso del que son protagonistas, precisamente, las Cortes Generales, se desarrolle con absoluta normalidad y dentro de los plazos establecidos por la ley”, ha dicho el presidente del TS y del CGPJ ante los diputados que integran la Comisión de Justicia.

Ante la finalización el próximo mes de diciembre del mandato del actual Consejo, Lesmes ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas para tratar de alcanzar los objetivos que trasladó a la Cámara en su primera comparecencia tras asumir el cargo.

Así, ha señalado que el CGPJ se ha convertido en un referente en materia de transparencia, recibiendo por ello el reconocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o del Consejo General de la Abogacía; y que ha cumplido con el mandato de austeridad que debe regir el funcionamiento de todas las instituciones públicas, como prueba la reducción de su presupuesto en el periodo 2013-2018 en un 8,21 por ciento –disminución que ha superado el 40 por ciento en las partidas destinadas a altos cargos-.

El presidente del TS y del CGPJ también ha recordado que el actual Consejo ha favorecido que el contacto con los miembros de la Carrera Judicial y con las asociaciones profesionales sea lo más directo y frecuente posible, manteniendo él mismo encuentros directos con más de 1.500 jueces y magistrados; y ha destacado el trabajo realizado en materia de protección social, con la puesta en marcha del primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial; o la regularización de la situación de los casi 400 jueces –el 8 por ciento del total- que al inicio de su mandato se encontraban en expectativa de destino.

Lesmes ha hecho referencia asimismo a iniciativas como la creación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), que en algo más de tres años de funcionamiento ha tramitado decenas de medidas de apoyo a los jueces y magistrados que investigan delitos de corrupción; al impulso dado a la formación de los miembros de la Carrera Judicial, especialmente en materias como la violencia de género, menores, cooperación internacional o discapacidad; o a que, por primera vez, los jueces españoles cuenten con un código ético propio –denominado “Principios de Ética Judicial”- en cuya elaboración participaron las asociaciones judiciales, miembros no asociados de la judicatura, expertos y representantes de los Tribunal Superior de Justicia.

Estos avances se han conseguido “gracias a la implicación y entrega demostradas por los vocales del Consejo, a quienes es justo agradecer el trabajo realizado”, ha dicho el presidente del Poder Judicial, que ha subrayado el alto nivel de acuerdo y consenso que ha existido en la institución, como demuestra que el 79 por ciento de los 1.202 acuerdos adoptados por el Pleno desde diciembre de 2013 lo hayan sido por unanimidad o asentimiento o que el 92 por ciento de los 216 nombramientos discrecionales efectuados hasta la fecha lo fueran por unanimidad o mayoría cualificada.

Requisitos para la condena en costas a la acusación particular2018-06-21
En fecha 11 de abril de 2018, la Sala II del Tribunal Supremo dictaba una Sentencia en la que ha sido Ponente Dña. Ana María Ferrer García por la que se establecen los requisitos que deben concurrir para que la acusación pueda ser condena al pago de las costas de la defensa cuando hay un pronunciamiento absolutorio.

Sergio Nuño Díez de la Lastra Martínez,
abogado penalista especialista en Derecho Procesal-Penal por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos.

El recurso de casación giraba en torno a la petición expresa realizada por la defensa en las conclusiones definitivas, donde además de solicitar una sentencia absolutoria, se solicitaba expresamente la condena en costas a la acusación particular, siendo atendida dicha pretensión por el Tribunal enjuiciador en sentencia.

La meritada sentencia dictada por el Tribunal Supremo afirma que para que la condena en costas a la acusación particular pueda ser estimada por el Tribunal, deben concurrir inicialmente dos requisitos procesales impuestos a la parte solicitante y un tercero que debe apreciar el Tribunal:

1. La condena en costas debe ser solicitada en el escrito de conclusiones provisionales o escrito de defensa.

2. La solicitud debe ser ratificada en las conclusiones definitivas por la defensa.

3. El Tribunal sentenciador debe apreciar una actuación temeraria o de mala fe en la acusación particular.

La meritada resolución razona que en relación al régimen de imposición de costas en el proceso penal, en los casos en que la condena a su abono se engarce con una actuación temeraria o de mala fe por parte de quien ha ejercitado la acción penal, la misma ha de ser introducida en el debate procesal en momento hábil, por imperativo del principio de rogación (SSTS, entre otras, 1845/2000 de 5 de diciembre, STS 1571/2003 de 25 de noviembre, 36/2006 de 25 de enero, 863/2014 de 11 de diciembre, 410/2016 de 12 de mayo, 682/2016 de 26 de julio o 522/2017 de 6 de julio).

Abandonada ya la concepción de las costas como sanción a favor de su carácter resarcitorio, y entendidas como compensación indemnizatoria por los gastos que se ha visto obligada a soportar la parte a quien el derecho ampara, su imposición queda sometida al principio dispositivo. Y solo si la pretensión se ha introducido en momento hábil, entendido como el último temporalmente idóneo el de la formulación de las conclusiones definitivas, goza la parte que pudiera verse afectada por esa petición de la posibilidad de instrumentalizar la defensa que estime oportuna en relación a la misma.

La resolución relaciona la necesidad de introducir la solicitud de condena en costas en las conclusiones provisionales con la posibilidad de que la parte afectada por la petición pueda organizar su defensa también respecto de esa cuestión y no generar con ello una posible indefensión al introducir nuevas cuestiones que varían los hechos ya conocidos y que fueron los tenidos en cuenta por las partes para la preparación del acto del juicio. Interpretación controvertida desde mi punto de vista, ya que la acusación en su papel de parte acusadora dentro del proceso nunca puede tener la consideración de defensa y por tanto, no podría sufrir indefensión. En todo caso, una vulneración del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva o de garantías del proceso como pudiese ser la igualdad de armas, pero esta cuestión bien merece otro artículo aparte.

Como plus a dicho formalismo impuesto a la parte que pretende solicitar la condena en costas a la parte acusadora en caso de absolución, se impone al Tribunal sentenciador la obligación de valorar y ponderar si la actuación llevar a cabo por la acusación supone contraria a la buena fe o pueda ser considerada como temeraria. Razona la citada sentencia en este sentido cuando afirma que además de las obligaciones impuestas a la parte solicitante, se requiere algo más: justificar que su actuación estaba inspirada por la mala fe, o desbordaba la mínima prudencia y mesura exigibles. Se entiende que sin un elemental fundamento, el ejercicio del derecho a constituirse en acusación se convierte en abuso con cuyas negativas consecuencias económicas no debe cargar el absuelto.

En palabras de la STS 847/2017 de 21 de diciembre, diferir la petición de condena en costas a la acusación al momento del informe, como forma de operar es inadecuada y no puede valorarse como el planteamiento válido de una pretensión dirigida al Tribunal. En primer lugar, porque las conclusiones provisionales y luego las definitivas son el lugar y momento oportunos para plantear pretensiones al Tribunal; en segundo lugar, porque conforme al artículo 737 de la LECrim, los informes de las partes se han de acomodar al contenido de sus conclusiones definitivas por lo que no es posible introducir en los informes nuevas conclusiones; y, en tercer lugar, porque, como consecuencia de lo anterior, el planteamiento de una pretensión en los informes finales implica que las partes que ya han intervenido carecen no solo de la oportunidad de proponer prueba sobre el particular, sino incluso, en ocasiones como la presente, de la posibilidad de contra argumentar y defenderse frente a la pretensión de la otra parte.

Por último, la resolución aclarar que el pronunciamiento de condena combatido vulneró el principio de rogación, y que la sentencia incurre en incongruencia al incluir pronunciamientos no pedidos por las partes legitimadas en exclusiva para hacerlo, que no pueden considerarse consecuencia legal inevitablemente anudada a alguna de sus pretensiones como sucede, por ejemplo, con las costas del condenado. La sentencia ha de resolver las cuestiones que hayan sido objeto de juicio (artículo 742 LECRIM). No puede extender sus pronunciamientos a cuestiones ni alegadas, ni debatidas, aunque pudieran haberlo sido. El diferente régimen material de costas en los procesos civil y penal arrastra también asimetrías en el tratamiento procesal.

Por tanto, si la petición no se realiza de forma expresa en el escrito de conclusiones provisionales, no se reitera en el momento de las conclusiones en el acto del juicio y además el Tribunal sentenciador no aprecia mala fe o temeridad en la actuación de la acusación particular, no se podrán imponer la condena en costas a la acusación particular aun habiendo sentencia absolutoria.

España, entre los países con menos reclamaciones y condenas en los tribunales europeos2018-06-20

En relación con su población, España figura entre los países con menos reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La ratio española de sentencias condenatorias del TEDH por habitante es similar a la de Alemania, Holanda o Reino Unido e inferior a la de Austria, Bélgica, Italia o Suiza. España está en la media europea en cuanto a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplimiento de los Tratados

España figura entre los países con menos reclamaciones y condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según los datos recogidos en el informe "España ante los tribunales de justicia europeos. Una visión a través de los datos estadísticos", que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha publicado hoy. 

El TEDH es un tribunal internacional competente para conocer de demandas individuales o estatales fundamentadas en violaciones de los derechos civiles y políticos enunciados en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que España firmó en 1977 y quedó ratificado el 26 de septiembre de 1979, una vez aprobado por las Cortes Generales. 

Las reclamaciones presentadas ante el TEDH se revisan para comprobar si incluyen toda la información necesaria y satisfacen los plazos legales. Superado ese filtro inicial, se asignan a una formación judicial, que puede ser un Comité (formado por tres jueces), una Cámara (7 jueces) o la Gran Cámara (17 jueces). A partir de ese momento, las reclamaciones pueden ser inadmitidas o resolverse mediante sentencia, a menudo tras ser acumuladas en un procedimiento. 

Entre 2014 y 2017, la media anual de reclamaciones con origen en España asignadas a una formación judicial fue de 622. Puesta en relación con la población del país, esa cifra arroja una ratio de 0,14 demandas asignadas por cada cien habitantes, muy inferior a la media del conjunto de los Estados firmantes del Convenio -0,64- y similar a la de Francia o Bélgica. 

Reclamaciones asignadas a una formación judicial en el TEDH (2014-2017) 

 

Reclamaciones asignadas a una formación judicial

Reclamaciones asignadas por cada 10.000 habitantes

 

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Albania

82

147

146

95

0,28

0,51

0,51

0,33

Alemania

1.026

789

676

586

0,13

0,10

0,08

0,07

Andorra

5

6

4

2

0,66

0,79

0,56

0,27

ARY de Macedonia

382

362

339

345

1,85

1,75

1,64

1,66

Armenia

156

122

753

356

0,52

0,40

2,51

1,19

Austria

315

261

236

228

0,37

0,30

0,27

0,26

Azerbaiyán

402

268

331

679

0,42

0,28

0,34

0,69

Bélgica

159

202

184

153

0,14

0,18

0,16

0,13

Bosnia-Herzegovina

667

908

1.030

866

1,74

2,37

2,93

2,47

Bulgaria

928

1.031

882

582

1,28

1,43

1,23

0,82

Chipre

55

32

33

31

0,64

0,38

0,39

0,36

Croacia

1.096

812

764

723

2,58

1,92

1,82

1,74

Dinamarca

66

44

47

58

0,12

0,08

0,08

0,10

Eslovenia

352

213

239

374

1,71

1,03

1,16

1,81

España

642

552

627

669

0,14

0,12

0,14

0,14

Estonia

187

190

206

156

1,42

1,45

1,57

1,19

Federación Rusa

8.913

6.003

5.587

7.957

0,62

0,42

0,39

0,55

Finlandia

185

177

196

181

0,34

0,32

0,36

0,33

Francia

1.142

1.087

916

887

0,17

0,16

0,14

0,13

Georgia

102

80

74

89

0,23

0,18

0,20

0,24

Grecia

585

457

337

422

0,54

0,42

0,31

0,39

Holanda

674

495

494

532

0,40

0,29

0,29

0,31

Hungría

2.403

4.234

5.568

1.952

2,43

4,30

5,66

1,99

Irlanda

33

18

26

54

0,07

0,04

0,06

0,11

Islandia

28

10

24

27

0,86

0,30

0,72

0,80

Italia

5.490

1.885

1.409

1.374

0,90

0,31

0,23

0,23

Letonia

298

244

255

275

1,49

1,23

1,30

1,41

Liechtenstein

12

13

10

9

3,24

3,51

2,63

2,37

Lituania

387

376

405

401

1,31

1,29

1,40

1,41

Luxemburgo

23

22

38

38

0,42

0,39

0,66

0,64

Malta

39

24

25

22

0,92

0,56

0,58

0,50

Mónaco

4

9

6

7

1,11

2,37

1,58

1,84

Montenegro

158

129

165

138

2,54

2,07

2,65

2,22

Noruega

141

73

90

123

0,28

0,14

0,17

0,23

Polonia

2.747

2.178

2.422

2.066

0,72

0,57

0,64

0,54

Portugal

252

233

152

197

0,24

0,22

0,15

0,19

Reino Unido

720

575

372

415

0,11

0,09

0,06

0,06

República Checa

370

340

338

385

0,35

0,32

0,32

0,36

República de Moldavia

1.101

1.011

834

758

3,09

2,84

2,35

2,13

República Eslovaca

324

353

309

425

0,60

0,65

0,57

0,78

Rumanía

4.425

4.604

8.192

6.509

2,22

2,32

4,15

3,31

San Marino

5

4

13

11

1,47

1,21

3,94

3,33

Serbia

2.786

1.235

1.330

1.431

3,90

1,74

1,88

2,03

Suecia

272

212

138

150

0,28

0,22

0,14

0,15

Suiza

304

318

258

266

0,37

0,39

0,31

0,32

Turquía

1.584

2.212

8.303

25.978

0,21

0,28

1,05

3,25

Ucrania

14.181

6.007

8.644

4.387

3,13

1,33

1,91

0,97

Total

56.208

40.557

53.427

63.369

0,68

0,49

0,65

0,76

En cuanto a las sentencias del TEDH en las que se declara que ha habido al menos alguna violación de los derechos enunciados en el Convenio, España también aparece entre los países con la ratio más baja en relación con su población, similar a la de Alemania, Holanda, Irlanda o Reino Unido e inferior a la de Estados como Austria, Bélgica, Italia, Portugal o Suiza. 

Sentencias dictadas por el TEDH (datos medios 2013-2017) 

 

2013-2017

 

Media de sentencias por año

Media de sentencias por año encontrando al menos una violación

Sentencias con al menos una violación por millón de habitantes

Albania

6,2

5,0

1,7

Alemania

12,8

4,6

0,1

Andorra

0,4

0,2

2,6

ARY de Macedonia

10,0

8,0

3,9

Armenia

8,2

7,4

2,5

Austria

12,8

8,0

0,9

Azerbaiyán

16,0

15,6

1,6

Bélgica

13,0

9,0

0,8

Bosnia-Herzegovina

6,0

5,2

1,5

Bulgaria

30,4

27,0

3,8

Chipre

2,6

2,2

2,6

Croacia

27,6

21,2

5,1

Dinamarca

1,4

0,2

0,0

Eslovenia

17,2

15,6

7,6

España

8,8

6,0

0,1

Estonia

4,8

3,4

2,6

Federación Rusa

181,4

173,0

2,4

Finlandia

5,0

2,8

0,5

Francia

24,0

16,4

0,2

Georgia

5,0

3,6

1,0

Grecia

44,2

40,4

3,8

Holanda

3,8

1,6

0,1

Hungría

40,2

38,2

3,9

Irlanda

1,0

0,6

0,1

Islandia

1,8

1,2

3,5

Italia

30,6

26,4

0,4

Letonia

13,2

10,6

5,4

Liechtenstein

0,8

0,6

15,9

Lituania

15,0

7,8

2,7

Luxemburgo

0,8

0,4

0,7

Malta

6,0

3,8

8,3

Mónaco

0,4

0,4

10,4

Montenegro

4,6

4,4

7,1

Noruega

2,6

1,2

0,2

Polonia

25,2

17,4

0,5

Portugal

16,2

14,4

1,4

Reino Unido

11,8

5,0

0,1

República Checa

7,0

3,0

0,3

República de Moldavia

20,2

17,6

5,0

República Eslovaca

13,2

12,6

2,3

Rumanía

82,8

71,0

3,6

San Marino

0,4

0,2

6,0

Serbia

21,2

19,4

2,8

Suecia

7,2

1,8

0,2

Suiza

12,2

5,8

0,7

Turquía

103,2

92,4

1.2

Ucrania

64,0

61,2

1.4

España y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

El ingreso en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 conllevó la aplicación en España de los textos de los Tratados y la sujeción al papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que controla la legalidad de los actos de las instituciones de la UE, vela por que los Estados miembros respeten las obligaciones establecidas en los Tratados e interpreta el Derecho de la Unión a solicitud de los jueces nacionales. 

El siguiente cuadro detalla el número de recursos por incumplimiento de los Estados elevados al TJUE en los últimos cinco años y los pone en relación con la población de cada uno de los países. La ratio española es inferior a la del conjunto de la Unión y similar a la de países como Alemania, Italia, Holanda o Suecia. 

Recursos elevados al TJUE por incumplimiento de los Estados (2013-2017) 

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

Recursos por millón de habitantes

Bélgica

3

6

1

-

3

0,23

Bulgaria

3

2

1

-

2

0,23

Rep. Checa

-

1

2

2

2

0,13

Dinamarca

-

2

-

1

-

0,10

Alemania

4

2

4

7

2

0,05

Estonia

3

1

-

-

-

0,61

Irlanda

-

3

1

-

3

0,29

Grecia

4

7

4

7

2

0,45

España

1

2

3

1

4

0,05

Francia

2

3

1

-

2

0,02

Croacia

-

-

-

-

2

0,10

Italia

5

3

1

-

3

0,04

Chipre

1

1

-

-

-

0,47

Letonia

-

1

-

-

-

0,10

Lituania

-

-

-

-

-

0,00

Luxemburgo

1

2

2

3

-

2,71

Hungría

1

1

1

-

3

0,12

Malta

-

1

1

-

-

0,87

Holanda

1

1

1

-

1

0,05

Austria

1

2

2

1

-

0,14

Polonia

8

4

2

4

3

0,11

Portugal

2

5

4

-

3

0,27

Rumanía

2

-

3

1

1

0,07

Eslovenia

3

1

1

1

2

0,77

Eslovaquia

2

-

-

1

1

0,15

Finlandia

3

2

-

1

-

0,22

Suecia

1

1

-

-

-

0,04

Reino Unido

3

3

2

1

2

0,03

TOTAL

54

57

37

31

41

0,09

En cuanto al resultado de las sentencias dictadas por el TJUE en esos recursos por incumplimiento de los Estados, España -con 0,07 sentencias estimatorias por millón de habitantes- se sitúa en la media europea, que es de 0,06. 

Sentencias del TJUE en recursos por incumplimiento de los Estados 

 

Sentencias estimatorias

 

 

Estado miembro

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

Sentencias estimatorias por millón de habitantes 2013-2017

Bélgica

2

4

2

1

1

0,18

Bulgaria

-

1

2

1

1

0,14

República Checa

2

-

-

1

-

0,06

Dinamarca

1

1

1

-

-

0,10

Alemania

-

3

3

1

4

0,03

Estonia

-

-

-

-

-

0,00

Irlanda

3

-

-

-

1

0,17

Grecia

2

4

3

4

5

0,33

España

6

6

-

3

2

0,07

Francia

5

1

4

1

-

0,03

Croacia

-

-

-

-

-

0,00

Italia

7

6

2

1

-

0,05

Chipre

1

-

-

1

-

0,47

Letonia

-

-

1

-

-

0.10

Lituania

-

1

-

-

-

0,07

Luxemburgo

1

-

2

1

1

1,69

Hungría

1

2

-

1

1

0,10

Malta

-

-

-

-

-

0,00

Holanda

2

-

-

1

-

0,04

Austria

-

-

-

-

-

0,00

Polonia

4

4

3

2

-

0,07

Portugal

-

3

-

6

2

0,21

Rumanía

-

-

-

1

-

0,01

Eslovenia

1

-

1

-

1

0,29

Eslovaquia

1

-

-

-

-

0,04

Finlandia

-

-

-

-

-

0,00

Suecia

1

1

1

-

-

0,06

Reino Unido

-

4

1

1

1

0,02

TOTAL

40

41

26

27

20

0,06

El informe de la Sección de Estadística también detalla las cuestiones prejudiciales mediante las que los jueces nacionales se dirigen al TJUE para solicitar que éste precise una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión. 

Desde 1986, los jueces españoles han planteado un total de 460 cuestiones prejudiciales al TJUE, lo que representa el 5,3 por ciento de todas las presentadas ante el tribunal, un porcentaje que está por debajo del peso poblacional de España en la Unión Europea. 

En los últimos diez años, las materias por la que más veces han planteado los jueces españoles cuestión prejudicial son la de protección de consumidores (65) y política social (63). En cuanto a los órganos que en más ocasiones han elevado consultas al TJUE en ese mismo periodo (2008-2017), son el Tribunal Supremo (58), los Tribunales Superiores de Justicia (37), las Audiencias Provinciales (29) y los Juzgados de Primera Instancia (28).

¿Quiere leer la sentencia?

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 85 personas en el primer trimestre del año2018-06-19
  • En los 17 procedimientos concluidos por este tipo de delitos en ese periodo
  • El 75 por ciento de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo fueron condenatorias

Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de 2018 un total de 17 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 85 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de los datos correspondientes a los tres primeros meses del año.

El repositorio es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. 

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción*

 

Personas acusadas

Procedimientos

Tribunal Supremo

0

0

Audiencia Nacional

0

0

Órganos centrales

0

0

Andalucía

22

4

Aragón

0

0

Asturias

0

0

Baleares

6

2

Canarias

0

0

Cantabria

0

0

Castilla-La Mancha

1

1

Castilla y León

1

1

Cataluña

0

0

Comunidad Valenciana

40

6

Extremadura

4

1

Galicia

0

0

Madrid

11

2

Murcia

0

0

Navarra

0

0

País Vasco

0

0

La Rioja

0

0

CC.AA.

85

17

TOTAL

85

17

*La tabla refleja el número de personas contra las que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

Un 75 por ciento de sentencias condenatorias

Entre los pasados 1 de enero y el 31 de marzo, los Juzgados y Tribunales dictaron 20 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 15 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 75 por ciento del total.

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

La distribución de sentencias dictadas por los órganos centrales y en las distintas Comunidades Autónomas es la siguiente:

Sentencias dictadas en procedimientos por corrupción

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

T.Supremo

0

0

0

0

0

A.Nacional

0

0

0

1

1

Ó.centrales

0

0

0

1

1

Andalucía

1

2

0

0

3

Aragón

0

0

0

1

1

Asturias

0

1

0

2

3

Baleares

1

0

0

0

1

Canarias

0

1

0

0

1

Cantabria

0

0

0

0

0

C.-La Mancha

0

1

0

0

1

C. y León

0

1

0

0

1

Cataluña

2

0

0

0

2

C.Valenciana

3

0

0

0

3

Extremadura

0

1

0

0

1

Galicia

0

0

0

1

1

Madrid

0

0

0

0

0

Murcia

0

0

1

0

1

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

0

0

0

0

0

La Rioja

0

0

0

0

0

CC.AA.

7

7

1

4

19

TOTAL

7

7

1

5

20

73 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de abril de este año había en el conjunto de España 73 penados –en 43 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 16 con el de cohecho- y once preventivos.

Acceda al repositorio de datos de procedimientos por delitos de corrupción en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/

Un juzgado de Huesca condena a Ryanair a devolver a una usuaria la prima de un seguro asociado a un vuelo cancelado2018-06-18
La magistrada considera dicha cláusula “abusiva y un enriquecimiento injusto”

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil 3 de Huesca ha condenado a la compañía aérea Ryanair a devolver la cuantía correspondiente a tres pólizas de seguros contratados por una usuaria. Tras la cancelación del vuelo, la compañía aérea devolvió a la usuaria la cantidad correspondiente a los billetes sin abonar la perteneciente a los seguros de viaje individual.

La magistrada considera no acreditada la exclusión legal que justifique que Ryanair, tras la cancelación de un vuelo, no proceda a la devolución de las primas del seguro asociado a ese viaje y supone “una cláusula abusiva y un enriquecimiento injusto al apropiarse de una cuantía que no responde a servicio efectivamente prestado”.

El Tribunal Supremo declara nulo el cese en los meses de verano de los profesores interinos de centros no universitarios2018-06-15
La Sala Tercera considera que dicha práctica vulnera el principio de no discriminación

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera nulo de pleno derecho el cese el 30 de junio de los profesores interinos de centros no universitarios que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, sin pagarles los meses de julio y agosto, al considerar que dicha práctica supone una vulneración del principio de no discriminación recogida en la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/707CE.

El tribunal estima el recurso de casación planteado por la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR), junto a 74 profesores interinos no universitarios que se encontraban en esta situación, contra la sentencia del TSJ de Murcia que, a su vez, consideró ajustado a derecho el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad. En su recurso, alegaban que la sentencia recurrida establecía una diferencia de trato arbitraria entre funcionarios interinos y de carrera, puesto que ante un mismo trabajo –curso escolar- unos no cobran las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto, pero otros sí.

Para el tribunal, la relación laboral entre el funcionario docente interino y la Administración educativa “queda truncada, a diferencia de lo que ocurre para el funcionario de carrera, cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de ese concreto puesto de trabajo para que el funcionario interino fue nombrado, que no son sólo las de estricto carácter lectivo, sino también otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio de curso escolar y que, además, contribuyen a la mejor preparación del profesorado y a la mejor o más eficaz prestación del servicio educativo, como pueden ser las de análisis del curso, elaboración de la memoria escolar, programación del curso siguiente, etc…, con las consiguientes reuniones del profesorado, de todo lo cual se priva al funcionario docente interino que fue nombrado para aquella situación”.

“Esas consecuencias nada deseables para la preparación del profesorado y para la más eficaz prestación del servicio educativo, se agravarían sobremanera si fuera cierta aquella práctica de la Administración educativa de acudir de nuevo en el siguiente curso escolar al nombramiento de funcionarios docentes interinos nombrados en el curso anterior y que fueron privados de realizar esas otras actividades”, concluye la Sala. En relación con la práctica administrativa, el tribunal considera oportuno indicar lo que califican los recurrentes en su demanda como “una monstruosidad prohibida por el Derecho Laboral” la de “contratar a un trabajador para que realice sus funciones mientras la empresa está abierta y, cuando ésta cierra en verano, despedirle y volverle a contratar en septiembre para no pagarle las retribuciones ubicadas en el periodo vacacional”.

Al mismo tiempo, señala algunos de los perjuicios que suponen para los afectados como la privación de retribuciones en los meses de julio y agosto, la disminución proporcional del número de días de vacaciones retribuidas, así como la incidencia en la cotización a la Seguridad Social y las consecuencias derivadas de ellas. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, explica que la desigualdad de trato en este proceso no está justificada por razones objetivas y añade que las consideraciones de índole presupuestaria no justifican la aplicación de una normativa nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores con contrato de duración determinada.

La Sala destaca que el Acuerdo Marco engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan. Y que, por tanto, las disposiciones contenidas en dicho acuerdo se aplican a los contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público. El tribunal precisa que su decisión afecta a estos profesores que se encuentran en la situación descrita pero no a los que son nombrados cuando el curso escolar ya ha avanzado por periodos inferiores a la duración de éste, denotando por ello una necesidad ocasional y transitoria.

La sentencia recoge la reiterada y uniforme doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha venido interpretando la Cláusula 4 del Acuerdo Marco por lo que la Sala entiende que no procede plantear una cuestión prejudicial al concluir que esa doctrina del TJUE es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y “conduce de modo inevitable a la conclusión que alcanzamos en esta sentencia”. Como consecuencia de ello, anula los números 1 y 2 del apartado Segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad.

El apartado 1 decía que se suspende el apartado sexto, “derechos retributivos”, del Acuerdo para la provisión de puestos de trabajo de los cuerpos docentes no universitarios, en régimen de interinidad en centros dependientes de dicha comunidad, publicado por Resolución de 6 de mayo de la Consejería de Hacienda. El apartado 2 establecía que la duración del nombramiento del personal docente interino se ajustará al tiempo que duren las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento y se mantendrá mientras persistan las razones de urgencia o necesidad que lo justificaron, cesando, como máximo el 30 de junio de cada año, por lo que en esa fecha se extinguirán los contratos vigentes del personal docente interino.

Una marca consistente en un color aplicado en la suela de un zapato no está comprendida en la prohibición de registro de las formas2018-06-14

Dicha marca no está constituida «exclusivamente por la forma» en el sentido de la Directiva sobre marcas

El Sr. Louboutin y Christian Louboutin SAS diseñan zapatos para mujer de tacón alto que tienen como particularidad una suela sistemáticamente revestida de rojo. En 2010, el Sr. Louboutin registró su marca en el Benelux, en la clase denominada «zapatos», que en 2013 sustituyó por la clase «zapatos de tacón alto». Según la descripción de la marca, ésta consiste en «el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)».

La sociedad Van Haren, que explota establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos, vendió durante 2012 zapatos de tacón alto para mujer con la suela revestida de color rojo. El Sr. Louboutin y su sociedad presentaron una demanda ante los tribunales neerlandeses con objeto de que se declarara que Van Haren había vulnerado su marca. Por su parte, Van Haren alegó que la marca de que se trata es nula. En efecto, la Directiva de la Unión sobre marcas enumera diversas causas de nulidad o de denegación de registro, entre ellas la relativa a los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto. [1] El rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos) decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia a este respecto. El rechtbank Den Haag considera que la marca controvertida está indisociablemente vinculada a una suela de zapato y se pregunta si, según la Directiva, el concepto de «forma» se limita a las características tridimensionales de un producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen, o si comprende también otras características, como el color.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera que, al no haber en la Directiva una definición del concepto de «forma», la determinación del significado de este término debe efectuarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente. El Tribunal de Justicia indica que del sentido usual del término no resulta que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma.

[1] Artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

El Tribunal de Justicia estima, además, que, si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue al registrar la marca no es proteger dicha forma, sino únicamente la aplicación de un color en un lugar específico del producto.

En el presente asunto, la marca no consiste en una forma específica de suela de zapatos de tacón alto, dado que su descripción indica expresamente que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que únicamente sirve para poner de relieve la posición del color rojo objeto del registro.

El Tribunal de Justicia añade que no cabe considerar que un signo, como el controvertido en el presente asunto, esté constituido «exclusivamente» por la forma cuando su objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacionalmente reconocido.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Mutualidad de la Abogacía aprueba por mayoría las cuentas de 2017 y los presupuestos para 20182018-06-13
  • En su 70 aniversario, la Mutualidad inmersa en una transformación digital para consolidar sus valores de liderazgo en el mercado asegurador
  • El presidente presentó a la Asamblea el futuro de la entidad con un nuevo plan estratégico quinquenal y la creación de un Comité Asesor, formado por Manuel Lagares; el que fuera vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin Génova; el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta; y José Miguel Rodriguez-Pardo, economista, actuario y exdirector general de BBVA Seguros.

El pasado 9 de junio, y con una identidad corporativa recién estrenada, se celebraba en el Auditorio del Museo Nacional Reina Sofía la 81 edición de la Asamblea General de la Mutualidad en la que se presentó la estrategia que seguirá la entidad para los próximos 5 años que, además, como novedad contará con un Comité Asesor en materia de inversiones.

La Asamblea aprobó las cuentas de 2017 por 208 votos a favor, 13 votos en contra y 13 abstenciones y los presupuestos para 2018 por 236 votos a favor, 10 votos en contra y 9 abstenciones. Estos resultados avalan la solvencia y confianza de los mutualistas en la entidad, desde sus grandes cifras a partidas menores.

Coincidiendo con los 70 años de historia de la Mutualidad creada en 1948, su presidente Enrique Sanz Fernández-Lomana recordó que la compañía continúa siendo la primera entre las mutualidades de previsión social y ocupa el séptimo puesto por volumen de provisiones técnicas y el décimo por volumen de primas en el ranking del sector de los grupos de aseguradoras de vida que publica ICEA.

Resultados 2017

Fernández-Lomana presentó su informe basado en las mejoras económicas y financieras del pasado ejercicio, “en el que hemos dado respuesta a los desafíos del mercado” y también se han impulsado “cambios y reformas orientadas a mejorar el gobierno corporativo para lograr una gestión más eficiente”, señaló.

Así, como datos objetivos, ofreció las cifras de crecimiento durante 2017. Destacó que al final del año la Mutualidad contaba con 196.326 mutualistas, lo que supone que el censo ha seguido subiendo con respecto al ejercicio anterior. Esto ha hecho posible que la evolución de primas se haya situado en los 628,7 millones de euros, frente a los 598,4 millones del 2016.

La rentabilidad neta de las inversiones, con un 5,17% sobre los activos invertidos, “supera un año más la rentabilidad media del sector”, destacó el presidente, lo que va a permitir retribuir a los mutualistas con el 4,65%, añadió.

El presidente cifró, además, el incremento del volumen de ahorro gestionado en un 11,50% más que el año anterior, lo que en números absolutos supone un total de 6.624 millones de euros.

Como últimos datos del informe económico, Enrique Sanz, recalcó refiriéndose a los gastos de gestión que se han reducido hasta el 0,20%, frente al 0,22 del año anterior y “frente al 1,50% de media del mercado en las aseguradoras de vida y fondos de pensiones”.

El excedente del ejercicio, un total de 22,6 millones, que se acumulará a los fondos propios y alcanzará la cifra de 319 millones de euros, supone que “hemos multiplicado por 35 veces los fondos propios en los últimos 12 años, contribuyendo decisivamente a reforzar nuestra solvencia”, concluyó el presidente.

Banco Popular: batería de medidas legales y futuro sin efecto negativo

En cuanto a la inversión de la Mutualidad en el desaparecido Banco Popular, Fernández-Lomana precisó que la pérdida de la inversión está contabilizada en el ejercicio 2017 y en la rebaja de las expectativas iniciales de rentabilidad del ejercicio que ha pasado del 5 al 4,65%, por lo que ya no tendrá ningún efecto negativo en el futuro. Y “si recuperáramos nuestra inversión, los mutualistas verían incrementada la rentabilidad del ejercicio en que fuera contabilizada”, añadió.

El presidente también explicó la batería de medidas jurídicas que la Mutualidad ha puesto en marcha en defensa de sus intereses que pasan, entre otras, por la personación en el procedimiento penal seguido ante la Audiencia Nacional, sin que se descarte “el ejercicio de otras acciones de naturaleza administrativa o civil, tendentes a la recuperación de nuestra inversión”.

Solvencia más de dos veces por encima de lo exigido

El Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia que publica la entidad por segundo año consecutivo con el principal propósito de garantizar la transparencia hacia sus mutualistas y el mercado en general, muestra que la Mutualidad obtiene un Ratio de Solvencia del 223%. Este porcentaje indica que la entidad cuenta con unos fondos propios 2,23 veces superior a los exigidos por las normas aseguradoras.

Plan Estratégico: valores de siempre con liderazgo tecnológico

Con la transformación digital de fondo y para mantener las bases del modelo de negocio que han hecho posible situar a la Mutualidad donde está en estos 70 años conjugado con una organización moderna, innovadora y eficiente, el presidente explicó los objetivos del Plan Estratégico aprobado para los próximos 5 años, con el que se pretende mantener un crecimiento sostenido y sostenible de las principales magnitudes de la Mutualidad; buscar la máxima eficiencia de los sistemas, los procesos y la toma de decisiones; integrar este cambio cultural en toda la entidad; y ser una entidad transparente y que sea reconocida por su alto nivel de innovación tecnológica y corporativa.

Comité Asesor

La Asamblea también tuvo conocimiento de que la Mutualidad ha creado un órgano asesor formado por profesionales de prestigio, con experiencia y demostrada capacidad de liderazgo en el ámbito financiero y empresarial cuyo asesoramiento tendrá carácter consultivo y representativo.

El nuevo Comité está compuesto inicialmente por el catedrático y presidente del grupo de expertos para la última reforma fiscal de 2015, Manuel Lagares; el que fuera vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin Génova; el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta; y José Miguel Rodriguez-Pardo, economista, actuario y exdirector general de BBVA Seguros.

Refuerzo del Gobierno Corporativo

El presidente también explicó que junto con la anterior medida, la Mutualidad ha fortalecido las competencias de sus órganos de gobierno y ha adaptado su estructura “a las exigencias de un sector asegurador y de previsión cada día más exigente y complejo”.

Así se han incorporado profesionales cualificados del sector como es el caso de Laura Duque, directora de cumplimiento normativo y control interno.

El presupuesto 2018 mantiene la tendencia alcista

El director general, Rafael Navas Lanchas presentó el presupuesto para este año donde la previsión de crecimiento de las aportaciones de los mutualistas se situaría en el 2%, hasta llegar a los 641,3 millones de euros. Con ello, el volumen del ahorro gestionado llegará a los 7.295 millones, frente a los 6.624 del año pasado, un 10,12% más.

La rentabilidad prevista para 2018 se estima en un 4,72%, lo que dejaría la rentabilidad a favor de los mutualistas en el 4,25%.

Con estas cifras, según indicó el director general, el excedente podrá situarse en los 25 millones, con lo que la Mutualidad pasaría a tener unos fondos propios de 344 millones.

Avance a abril 2018

Estos datos van en la línea de los objetivos fijados por la entidad e incluso, como expuso Rafael Navas, en algunas partidas se van mejorando.

Es el caso del crecimiento del  ahorro gestionado que se ha situado en los 6.885 millones, un 10,35% más que a abril del año anterior.

Las aportaciones de los mutualistas suponen un total de 232,8 millones de euros, y por lo que respecta a los ingresos financieros netos, hay que destacar que se han situado en 121,7 millones, en línea con la rentabilidad a conseguir al cierre del ejercicio.

Los fondos buitre no podrán beneficiarse de la nueva Ley de desahucio exprés de ‘okupas’2018-06-12

La reciente aprobación del Congreso de la nueva Ley de desahucio exprés para los ‘okupas’ ilegales de viviendas pone sobre la mesa el debate sobre qué agentes del mercado son los más beneficiados de esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por CCAA, las viviendas ocupadas de forma ilegal en Asturias, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana son las que más valor pierden

La proposición que modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ocupaciones ilegales de viviendas persigue acabar con una tendencia que había ido al alza a partir de la crisis económica. La nueva Ley ya no sólo supone regular lo que se consideró "un procedimiento específico para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social", sino que del contenido del texto se han excluido a entidades privadas y gestoras de viviendas destinadas al alquiler social. Esto cierra la puerta a que entidades financieras y fondos buitre puedan beneficiarse de esta mayor rapidez en el proceso de desahucio de ‘okupas' para fines empresariales e inmobiliarios.

La ‘okupación' es uno de los principales problemas a los que un propietario de una vivienda se puede llegar a enfrentar, por lo que establecer un marco legal definido y ágil resulta de vital importancia para desencallar este tipo de situaciones. De hecho, según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, los propietarios que sufren la ocupación ilegal de sus viviendas en España deben aplicar un descuento medio de más de un 42% en el precio de venta del bien respecto a viviendas similares en su entorno que también estén en venta.

¿Quiénes podrán acogerse a la propuesta aprobada y cuánto tardará el desalojo?

Según el texto aprobado, las personas físicas que sean propietarias de una vivienda, así como entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas que sean propietarias o poseedoras de un inmueble social serán las que podrán solicitar la "inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella" en el caso de que ésta se halle ocupada sin su consentimiento.

"En el caso de admitirse la solicitud, la sentencia se haría efectiva en un plazo de menos de 20 días. Primero, se traslada la notificación a los ocupantes de la vivienda, que también afecta a todos aquellos que estén viviendo en el inmueble en ese momento. Sólo cabrá defensa de los ocupantes si poseyeran la titularidad de la vivienda o bien el demandante no dispusiera de la misma. Después, en el caso de que no se pudiese justificar su presencia en la vivienda por falta de titularidad o contrato de alquiler vigente, se ordenaría mediante auto la entrega inmediata de la vivienda a su legítimo propietario", indica Fernando Sanahuja, socio fundador de Sanahuja Miranda Abogados.

La nueva Ley indica que contra este auto no se podrá tramitar un nuevo recurso, mientras que el efecto de la sentencia sería inmediato en el caso de que el demandado no hubiera emitido ninguna respuesta al requerimiento en un plazo de cinco días. Además, el desahucio se podría realizar sin la necesidad de que transcurrieran los 20 días previstos por la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre que el demandante lo solicitara.

Por otra parte, el nuevo texto también tiene previsto que se pueda pedir la actuación de los servicios públicos competentes en materia de política social. No obstante, la proposición no es garantía de conseguir una alternativa para aquellas personas que sean desahuciadas de estas okupaciones, pues no dispone de vías de actuación en concreto para aquellas situaciones en las que las personas que van a ser desalojadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Lo que sí contempla es que las Administraciones públicas incorporen en sus protocolos en materia de vivienda medidas que ayuden a agilizar la coordinación y cooperación entre los diferentes organismos para poder evitar que se produzcan casos de exclusión residencial y dar la "respuesta adecuada y más rápida posible".

Entre las medidas que se contemplan para cubrir tales necesidades, se han detallado protocolos que asegurarán la creación de registros que incorporen información sobre el parque de viviendas sociales que estén disponibles en cada momento para albergar a personas y familias en riesgo de exclusión social.

¿Qué CC.AA salen más beneficiadas?

Según el mismo informe de Idealista mencionado anteriormente, Asturias es la comunidad autónoma en la que mayor bajada de precio se da en una vivienda ocupada que pretende venderse, pues los propietarios se ven obligados a realizar una bajada de más del 65% de su valor real de mercado. Le siguen País Vasco (-53,2%), Baleares (-52,2%) y la Comunidad Valenciana (-50,7%). Eso significa que los propietarios de viviendas que estén ubicadas en estas comunidades son los más beneficiados por esta nueva Ley de desahucios exprés en situaciones de ocupación.

La lista la siguen las comunidades de Castilla y León, donde la rebaja llega al 48,2%, seguida de Cantabria (-46,7%), Andalucía (-44,7%), La Rioja (-44,4%), Aragón (-42,1%), Canarias (-41,9), Galicia (-41,8%), Castilla-La Mancha (-41,3%) y Murcia (-41,2%). En el otro extremo, las autonomías donde menos va a influir de cara a la pérdida de valor de las vivienda ocupada son Navarra (-28,1%), Madrid (-35,3%), Extremadura (-36,6%) y Cataluña (-39,3%).

TS: la expulsión administrativa de España de un extranjero sólo procede por penas de más de un año de prisión2018-06-11

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido como doctrina jurisprudencial que la expulsión de España de un ciudadano extranjero por vía administrativa como consecuencia de una condena penal solo es procedente cuando la pena mínima prevista en el Código Penal para el delito por el que ha sido condenado sea superior a 1 año de prisión.

Al existir sentencias contradictorias de los Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas, la Sala establece cómo tiene que interpretarse el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) que regula la expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, del extranjero que haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

En primer lugar, la Sala establece que la pena a la que se refiere dicho artículo es la prevista en abstracto en el Código Penal para el delito cometido, y no la pena concreta impuesta al afectado en sentencia. Y en segundo término, indica que la referencia a la pena superior a un año, debe interpretarse como la pena mínima que recoja el Código para cada delito.

Textualmente, la doctrina jurisprudencial acordada por el Supremo señala que “el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) —y, en concreto, su inciso “delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año”— debe ser interpretado en el sentido de que el precepto se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente, si bien, sólo en aquellos supuestos en los que la totalidad de la pena establecida en el Código Penal sea “una pena privativa de libertad superior a un año”, esto es, excluyendo aquellos delitos en los que, con independencia del máximo previsto para la pena de privación de libertad, el mínimo, igualmente previsto, es de un año o menos”.

Del precepto, explica la sentencia, no se deduce ninguna referencia a la condena concreta que se le impusiera al ciudadano extranjero, sino que lo único que exige y requiere es que la sanción prevista en el Código Penal español para el delito por el que se le condena sea una pena privativa de libertad superior al año, aunque la pena privativa de libertad que se le haya impuesto sea inferior al año.

“Se trata de una infracción objetiva en la que la valoración subjetiva de los hechos determinantes de la condena penal ya fue realizada por el tribunal penal, y tal valoración, con el juego de grados, atenuantes o conformidades, pudo dar lugar a una concreta pena privativa de libertad inferior al año; pero tal valoración subjetiva no le corresponde realizarla, de nuevo, a la administración en el momento de la imposición de la sanción de expulsión, ya que el legislador sólo ha habilitado a la misma para la comprobación de que el delito, por el que el extranjero fue condenado, está sancionado, en el Código Penal español, con una pena privativa de libertad superior al año”, subraya la Sala.

El precepto, según los magistrados, no se refiere a la conducta sino al delito, por lo que la decisión se debe adoptar sin considerar si el hecho se consumó o quedó en tentativa o la incidencia de determinadas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pues la aplicación del mismo quedaría al arbitrio de que la acusación solicite mayor o menor pena o de que el tribunal del orden penal la imponga por encima o no de dicho umbral. En este contexto, la Sala se inclina por la interpretación de la “pena abstracta” o “pena tipo”, ya que si se aplica la contraria, “pena concreta”, se podría dar la circunstancia de que algún extranjero fuera expulsado al ser condenado penalmente por una pena superior a un año –por el juego y aplicación de las circunstancias agravantes concurrentes- por un delito que sólo tenga prevista en el Código Penal una pena de prisión inferior a un año. Recuerda el tribunal, además, que esta causa de expulsión recogida en el artículo 57.2 de la LOEX es una transposición de la normativa europea que ha sido decidida en un ámbito comunitario que no admite interpretaciones concretas en el ámbito del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro.

En la sentencia que fija la doctrina jurisprudencial, el Supremo resuelve el caso planteado por un ciudadano extranjero con una orden de expulsión de España, con prohibición de entrada durante siete años, como consecuencia de una sentencia firme a ocho meses de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad. El tribunal estima el recurso de casación del interesado y anula la orden de expulsión dictada por la Subdelegación de Gobierno de Sevilla, de 19 de noviembre de 2015, al considerar que dicho delito “ni estaba ni está sancionado” en el Código Penal tanto en el momento en el que ocurrieron los hechos –uno a tres años de prisión Ley Orgánica 10/1995- como en una reforma posterior –seis meses a tres años de prisión Ley Orgánica 1/2015- con una pena privativa de libertad superior a un año.

La sentencia incluye dos votos particulares firmados por los magistrados Rafael Fernández Valverde y José Juan Suay Rincón que expresan su discrepancia con el criterio de la mayoría sobre la interpretación del citado artículo. En concreto, defienden que la sanción a considerar no debería ser la prevista en el Código Penal para el delito por que ha sido condenado el ciudadano extranjero, como afirman los demás magistrados, sino la pena por la que, concretamente, es condenado.

La Abogacía Catalana celebra la aprobación definitiva en el Senado de la reforma legislativa que permitirá el desalojo por la vía rápida de pisos ocupados ilegalmente2018-06-08

CGAE

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los catorce Colegios de Abogados de Cataluña, celebra la aprobación definitiva en el Senado de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitirá el desalojo por la vía rápida de las viviendas propiedad de particulares, organizaciones y administraciones con fines sociales, que hayan sido ocupadas de forma ilegal. La propuesta de modificación legislativa fue elaborada por la Comisión de Normativa del Consell de l’Advocacia Catalana y el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ​​a instancias de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El PDeCat la presentó el pasado mes de abril en el Congreso, donde se aprobó, y hoy ha sido ratificada en el Senado, lo que supone su aprobación definitiva.

La propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil planteada por la Abogacía Catalana consiste en que, antes del juicio verbal, el juez pueda actuar de forma inmediata y ejercite el desalojo de la vivienda cuando la parte propietaria acredite su condición a través de un título. Si el ocupante, en cambio, no puede aportar ningún título de alquiler o propiedad que demuestre su legalidad, se procederá a ejecutar el lanzamiento sin tener que recurrir a la vía penal, donde los procesos se alargan entre dos y tres años. Con esta reforma el propietario podrá recuperar su vivienda en un plazo de unos dos meses.

Esta reforma legislativa está pensada para particulares, organizaciones y administraciones propietarias de viviendas para usos sociales que son ocupados ilegalmente, y para combatir las mafias que abusan de las personas vulnerables. No se podrán acoger a esta ley el resto de propietarios de viviendas, como los bancos o los fondos buitre.

La nueva ley entrará en vigor en un plazo de 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Abonado el pago de marzo del Turno de Oficio en el territorio del Ministerio de Justicia2018-06-07

La Dirección General del Tesoro ha efectuado el 4 de junio el pago correspondiente al mes de marzo de 2018 del Turno de Oficio que corresponde a los Colegios de Abogados de territorio común bajo competencia del Ministerio de Justicia.

El Consejo General de la Abogacía confía en seguir con este ritmo de pagos mensuales, así como absorber este desfase de meses antes de acabar el año.

Desde hace meses, se vienen manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia con el fin de agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, se ha conseguido que el Ministerio abone con carácter mensual las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita.

En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 que el Tesoro Público procedió a abonar el 18 de abril, la liquidación se efectuará con carácter mensual a partir de mayo, a excepción de enero y febrero de 2018 que se abonaron el 30 de mayo.

No obstante, con ello no se soluciona el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado, así como el reconocimiento de nuevos módulos.

La Abogacía continuará trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El Tribunal Supremo avala el límite de una licencia de VTC por cada 30 de taxi para asegurar el mantenimiento de éste como servicio de interés general2018-06-06
La Sala Tercera anula el requisito de que las empresas de VTC dispongan de una flota mínima de siete vehículos

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha avalado la imposición de limitaciones a la actividad de las VTC, siempre que sean necesarias y proporcionadas, como forma de garantizar el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano, para asegurar el mantenimiento del servicio del taxi como un servicio de interés general. Así, el tribunal considera ajustado a derecho y no discriminatorio el límite de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, así como la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80 por ciento de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización.

Por el contrario, el tribunal da la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y a las plataformas Uber y Unauto, en el requisito impuesto a las empresas de VTC de que dispongan al menos de una flota de siete vehículos dedicados a dicha actividad, ya que excluiría a los pequeños empresarios de su ejercicio sin razón de interés general o necesidad que lo justifique. Por ello, anula tal limitación.

Los magistrados recogen estos criterios en la sentencia que resuelve los recursos de la CNMC, Uber, Unauto y Maxi Mobility Spain (Cabify) contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y que estableció las referidas restricciones a la actividad de VTC. En la posición contraria, que respaldaba el Decreto, estaban la Administración del Estado, numerosas federaciones del taxi, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o la Asociación Española de la Economía Digital.

En primer término, la Sala rechaza declarar la pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso derivada de la aprobación por el Gobierno, después de celebrarse la vista de los recursos en el Tribunal Supremo (el pasado 17 de abril) del Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Señala que la revisión jurisdiccional de legalidad del Real Decreto impugnado no puede ser evitada por la aprobación del Real Decreto-Ley porque durante el periodo de vigencia (de 2 años y 5 meses) de los preceptos del primero, ahora derogados, han podido originar efectos que pudieran verse afectados por una eventual declaración de ilegalidad de los mismos.

El Supremo examina si las limitaciones del Real Decreto de noviembre de 2015 incumplen prohibiciones contenidas en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado o el ordenamiento europeo, como sostenían los recurrentes, quienes alegaban que no estaban amparadas por una razón imperiosa de interés general, eran desproporcionadas y discriminatorias, y por su carácter económico o finalidad de planificación del sector.

Proporción 1/30 VTC-Taxi y 80% servicios en el territorio de la autorización

Sobre la limitación de licencias VTC en relación al número de taxis, el Supremo destaca que “una vez admitida la justificación de preservar un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano a fin de asegurar una modalidad como la del taxi, la previsión de una proporción entre el número de licencias es sin duda medida idónea y proporcionada, sin que parezca fácil arbitrar una medida alternativa que pudiera ser menos restrictiva ni corresponda hacerlo en esta Sala”.

En cuanto a la concreta proporción de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, admite que la Administración no ha ofrecido una justificación razonada a esas cifras, pero considera que es ajustada a derecho y no discriminatoria, ya que los recurrentes tampoco han planteado una posible alternativa a la misma, y además se trata de un límite máximo y que puede ser rebajado por las administraciones competentes, permitiendo que haya más de una licencia VTC por cada 30.

La Sala también acepta la restricción de que el 80 por ciento de los servicios de VTC deban desarrollarse en el ámbito territorial de la comunidad autónoma donde está domiciliada su autorización. Esta limitación, señala el tribunal, tiene la finalidad de evitar que la utilización de autorizaciones de VTC en localidades de otras comunidades autónomas se convierta en una forma fraudulenta de incumplir la regla de la proporcionalidad. En cualquier caso, señala que en este punto tampoco la Administración ni la CNMC han justificado las razones de la proporción elegida (en el caso del Gobierno) o de la que sería adecuada (por los recurrentes).

En cuanto a los requisitos materiales relativos a los vehículos, la Sala tampoco estima el recurso de la CNMC al entender que también se exigen medidas análogas al servicio del taxi para asegurar los niveles de calidad y seguridad en los mismos.

Flota mínima de siete vehículos

Por el contrario, la Sala estima de forma parcial el recurso de la CNMC, de Uber y de Unauto, y anula por ser contraria a derecho la exigencia de una flota mínima de siete vehículos a las empresas que se dedican a esta actividad por entender que constituye una limitación a la actividad de VTC que excluye a pequeños empresarios del ejercicio de la misma y que carece, sin embargo, de una razón de interés general o de necesidad que la justifique.

La sentencia explica que el Real Decreto impugnado no obliga a tener una flota mínima de siete vehículos destinados al ejercicio de la actividad de VTC sino que, “simplemente, obliga a disponer de uno o más vehículos en las condiciones reglamentarias que se determinen, esto es, simplemente a disponer al menos de algún vehículo destinado a la actividad para la que se solicita autorización”. Para el tribunal, este requisito resulta por completo irrelevante desde la perspectiva de dicha razón de interés general, pues el equilibrio entre taxis y VTC no se ve ni favorecido ni perjudicado por esta exigencia ni tampoco lo justifica la seguridad de las transacciones comerciales.

Tampoco resultan convincentes para el tribunal las razones recogidas en la memoria de impacto normativa que se refieren a que dicha exigencia supone una mejor protección de los derechos de los usuarios o incrementa la seguridad de las transacciones financieras, ni por qué se iba a producir una constante aparición y desaparición de microempresas y por qué, de producirse tal circunstancia, se oscurecería la seguridad jurídica y económica en las relaciones comerciales. “Se trata de afirmaciones apodícticas carentes de explicación y que resultan desmentidas, por cierto, por la existencia de numerosos taxistas que son titulares exclusivamente de su licencia, sin que ello haya ocasionado tan perniciosas consecuencia”, subraya la Sala.

La Audiencia Nacional reconoce por primera vez un incremento salarial ligado a las cuentas de una segunda empresa2018-06-05

La empresa Eltec, en su día perteneciente al grupo T-Systems y hoy ligada a ella a través de contratos para servicios, ha sido condenada por la Audiencia Nacional a pagar a más de 100 trabajadores y trabajadoras, un variable económico dependiente de las cuentas de T-Systems y que se sitúa en torno a 1.000 euros de media por afectado.

En 2012, la empresa practicó una reducción salarial a toda la plantilla, que tenían derecho a recuperar si se cumplían ciertos parámetros. Estos parámetros iban ligados a cuentas y presupuestos tanto de Eltec como de T-Systems. En el caso de los ligados a Eltec, esos resultados no se cumplieron, pero sí en lo referente a los presupuestos positivos de T-Systems.

La Audiencia Nacional reconoce ahora, tras denuncia de la Federación de Industria de USO contra la empresa y contra los sindicatos CCOO y UGT, que Eltec debe abonar ese 25% de recuperación de salario ligado a las cuentas de T-Systems, aunque la empresa demandada ya no forme parte del mismo grupo que T-Systems ITC Iberia.

En los hechos probados, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional destaca que “en lo que respecta al 25% indexado al presupuesto de ITC, si se alcanza por dicha sociedad el resultado antes de impuestos presupuestado anualmente por la misma (…), se procedería a la distribución del 25% de la reducción salarial pactada (…) entre los afectados”. También considera probado que en 2015 el Grupo vende T-Systems Eltec, pero “el acuerdo de reducción salarial alcanzado el 29-10-2012 continúa aplicándose actualmente en Eltec IT Services SL.

Este pago anual de 2016 tiene exactamente la misma redacción para el pasado 2017 y futuros años, por lo que, una vez que la sentencia sea ratificada por el Tribunal Supremo, las cuentas positivas de T-Systems darán lugar a ese pago, y así sucesivamente.

Eltec IT Services es una compañía enfocada en la prestación de soluciones y servicios tecnológicos para la gestión, instalación, despliegue, soporte y mantenimiento de equipamiento y de infraestructuras TIC, cuenta con seis sedes principales repartidas en Comunidad de Madrid, Barcelona, Valencia y Euskadi, y más de 60 puntos de servicio, en todas las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. Los más de 200 afectados, con contrato en vigor en el citado 2012, están repartidos por todas ellas.

Tres de cada cuatro mujeres asesinadas por violencia de género en 2016 no habían presentado denuncia previa2018-06-04

En diez de las treinta y ocho sentencias dictadas por tribunales de Jurado y por las Audiencias Provinciales en el año 2016, relativas a homicidios y/o asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, consta la existencia de denuncias previas por violencia de género, según el Informe del Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial.

El Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que preside la vocal del CGPJ, Ángeles Carmona, ha aprobado en su reunión de hoy el Análisis sobre las sentencias dictadas en el año 2016, relativas a homicidios y/o asesinatos entre los miembros de la pareja o expareja y de menores a manos de sus progenitores.

El Grupo de expertos ha analizado 38 sentencias de crímenes por violencia de género, 10 sentencias de casos de muertes por violencia doméstica y 5 sentencias en procesos por asesinato de menores a manos de sus progenitores.

El Análisis de las sentencias por feminicidio dictadas por los órganos judiciales en el año 2016 constata el incremento de denuncias previas en los crímenes de género respecto al año anterior, aunque la cifra apenas alcanza el 26 por ciento del total.

El Grupo de Expertos indica que en el porcentaje del 74 por ciento de sentencias por feminicidio donde no constan denuncias previas, “a buen seguro había malos tratos no denunciados y que fueron ocultados”.

El Informe señala que es preciso fomentar la mejora en la información a todos los agentes implicados en Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y organismos centrales para que las víctimas conozcan sus derechos y los recursos a su disposición. También se incide en la necesidad de mejorar los canales de detección de riesgo en mujeres que acuden a centros sociales a recabar ayudas y no desean denunciar, y en hacer hincapié en los programas de información, prevención y mecanismos de protección a niños/as y adolescentes.

Incremento de la media de edad de las víctimas

 La media de edad de las víctimas de feminicidio en las sentencias dictadas en 2016 fue de 40 años, incrementándose respecto de 2015, en el que había sido de 32 años. Ninguna de las víctimas era menor de edad y la más joven tenía 20 años.

El Grupo de Expertos aboga por reforzar programas de información y sensibilización en los centros educativos, a fin de mejorar la prevención y protección de los/las jóvenes. También considera necesario fortalecer el apoyo a personas mayores en situación de dependencia, pues cada año se registran feminicidios de mujeres mayores a cargo de sus parejas masculinas.

Agravantes y atenuantes

 La agravante de parentesco fue la más aplicada, ya que así se recoge en el 92 por ciento de los casos de muertes por violencia de género, en un 52 por ciento en los casos de violencia doméstica y en el total de las sentencias dictadas cuando la víctima era un o una menor.

También han sido aplicadas agravantes de abuso de superioridad, reincidencia, alevosía y ensañamiento.

En cuanto a atenuantes, el trastorno o afectación mental fue apreciado en apenas un 10 por ciento de los casos, lo que demuestra la nula o reducida influencia de las disfunciones mentales en los crímenes de violencia de género. No fue apreciada esta atenuante en ningún supuesto de violencia doméstica y en un caso se aplicó como eximente completa en sentencias de menores, al apreciarse que la madre padecía esquizofrenia paranoide.

Sólo en una de las sentencias dictadas en 2016, se apreció la atenuante por consumo de alcohol y/o drogas, mientras que en el resto de procedimientos, en los que fue solicitada dicha atenuante por las defensas, no quedó demostrado que la adicción o ingesta disminuyera o anulara la capacidad de discernimiento del acusado.

Aumentó el número de muertes conexas en violencia de género

En los casos de violencia de género, y en conexión con el feminicidio, se registraron, según el Análisis de las sentencias de 2016, siete víctimas, cuatro de ellas mortales, de las que dos eran menores de edad, hijos de la pareja.

Según se recoge en las sentencias, ocho menores presenciaron el crimen de su madre y un total de 64 hijos/as -38, menores de edad-  debían recibir indemnización por responsabilidad civil.

El Grupo de Expertos señala que “son muchos los estudios que demuestran que haber sido testigo o víctima directa de las agresiones tiene consecuencias devastadoras para la salud psicológica de los menores”, por lo que incide en la necesidad de fortalecer los servicios sociales y sanitarios para la detección temprana y para la mejor protección y atención de los menores.

Incremento de los reconocimientos de hechos y entrega del autor

 En los casos de violencia de género, el Grupo de Expertos alerta del preocupante porcentaje de la entrega voluntaria del autor (un 40 por ciento) superior al registrado en las sentencias de años anteriores. Como ha venido incidiendo en otras ocasiones, propone valorar la supresión del beneficio penal de la atenuante prevista en el artículo 21 del Código Penal.

El Grupo de Expertos señala que en los delitos de asesinato u homicidio donde no existe relación de pareja, apenas se produce la circunstancia de que se entregue el autor del crimen. Ello demuestra “el tratamiento diferenciador que deben tener los estudios y medidas legales a adoptar en los crímenes de violencia de género”.

 Ausencia de impunidad

 De las 38 sentencias dictadas por feminicidio recayó fallo condenatorio en 37. De ellas, 30 fueron por asesinato y 7 por homicidio, lo que evidencia para el Grupo de Expertos, una especial agravación de los hechos, concretada en una mayor preparación de los mismos y en una mayor agresividad en su ejecución. La pena media privativa de libertad impuesta fue superior a 17 años.

La mayor parte de los homicidios o asesinatos de violencia de género que han dado lugar a las 37 sentencias condenatorias en 2016, son motivados por una relación de dominio del agresor varón, bien habiendo ejercido malos tratos sobre la víctima mortal con anterioridad, bien porque no admite que la víctima desee dejar la relación y salir de su esfera de control.

En materia de violencia doméstica, en un 40 por ciento de los casos, los hechos fueron calificados como asesinato, con una pena media privativa de libertad ligeramente superior a 12 años. Cuando la víctima fue menor de edad, todos los casos fueron calificados como asesinato y la pena media impuesta fue de 20 años.

Sentencias de violencia de género en el ámbito del Convenio de Estambul

 En este estudio se incluye por primera vez el análisis de 9 sentencias dictadas por homicidio y/o asesinato de una mujer a manos de un varón con el que no mantenía una relación de afectividad o parentesco, en los que el género de la víctima era lo que la hacía vulnerable.

Entre estos casos se encuentran, por ejemplo, supuestos de feminicidio no íntimo, consiguientes a agresiones sexuales, crímenes sucedidos en el ámbito del ejercicio de la prostitución y homicidios o asesinatos ocurridos en situaciones de robo con violencia. La relación entre víctima y autor del crimen es muy variable, contemplándose casos de compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, amigos, y otros supuestos en los que no pudo acreditarse la existencia de relación alguna.

En su Informe el Grupo de Expertos recuerda que en el Pacto de Estado contra la violencia de género se contiene una medida referida a la agravante de género y es la de recomendar la aplicación de la circunstancia 4ª del artículo 22 del Código Penal en todos aquellos casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos machistas o discriminatorios hacia la mujer en los casos de agresión sexual y abuso de los artículos 178 a 183 bis del Código Penal.

Ante la dificultad de apreciar la motivación de género en estos casos, se hace necesario, en opinión del Grupo de Expertos, “profundizar en los patrones de los hechos, las motivaciones y circunstancias concurrentes para poder ofrecer unos indicadores que permitan facilitar la apreciación de la agravante de género”.

Puede consultar el informe completo pinchando AQUÍ

El Tribunal Supremo aplica por primera vez perspectiva de género y condena por intento de asesinato, en lugar de homicidio, a hombre que asestó ocho puñaladas a su mujer2018-06-01

La Sala de lo Penal aplica la perspectiva de género y eleva de 12 a 16 años y 8 meses de prisión la condena impuesta. Destaca que convirtió su casa “en un escenario del miedo” y le priva de la patria potestad de su hija, que presenció el ataque

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez la perspectiva de género en un caso de intento de asesinato y maltrato de un hombre a su pareja. Así, ha elevado de 12 años a 16 años y 8 meses de prisión la pena impuesta al acusado al entender que el delito que cometió fue un asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco, en lugar de un homicidio intentado, al apreciar la existencia de alevosía en el agresor por la nula capacidad de defensa de la mujer a la que asestó ocho puñaladas delante de su hija.

En su sentencia, el tribunal analiza desde una perspectiva de género la acción desplegada por el hombre sobre la mujer, lo que supuso un aseguramiento de la acción agresiva. Para la Sala, en este supuesto, la defensa de la víctima fue inviable, lo que lleva a considerar la existencia de la alevosía, porque el ataque de forma desproporcionada hace ineficaz e imposible un mecanismo defensivo por la anulación absoluta de las posibilidades de defensa que, por el carácter sorpresivo del ataque, determina la concurrencia de esta acción alevosa que cualifica el delito en asesinato, y no en homicidio, y en este caso en grado de tentativa.

"Escenario del miedo"

El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por la víctima y el fiscal, y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que impuso al condenado una pena de 12 años por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa acabada (9 años y seis meses que ahora pasan a 14 años de prisión)-, y dos de maltrato habitual en el ámbito familiar (2 años y 8 meses de prisión que se quedan igual).

En cuanto a la condena por estos últimos delitos que ha sido confirmada, la sentencia, con ponencia del magistrado Vicente Magro Servet, indica que el maltrato habitual se configura con unas características de especial crueldad en el autor que en el círculo de su propio hogar familiar ejerce un maltrato prolongado en el tiempo, que crea una especie de "escenario del miedo", y que aunque se desdobla en actos aislados de hechos que pueden conllevar, individualmente considerados, una penalidad reducida, la reiteración en esos hechos provoca un doble daño en la víctima.

En este sentido, afirma que ese daño puede ser físico si se trata de agresiones que causan lesión o sin causarlas, o en expresiones que profiere el autor y constan probadas; como psíquico, por afectar a la psique de las víctimas, no solo las expresiones que se profieren, sino el maltrato físico habitual viniendo del autor del que vienen los hechos, que no se trata de un tercero ajeno a las víctimas, sino de la pareja de la víctima, o el padre de las mismas, lo que agrava el padecimiento de las víctimas de violencia de género y doméstica.

La Sala destaca que el retraso en denunciar el maltrato no supone merma en la credibilidad de las víctimas y afirma que éstas lo silencian por miedo, temor a una agresión mayor, o a que las maten. Pero ese silencio de las víctimas -añade la sentencia- no puede correr contra ellas cuando finalmente lo cuentan a raíz de un hecho más grave, como en este caso, y el autor les cuestiona el silencio como sinónimo de faltar a la verdad cuando relatan unos hechos de maltrato habitual.

Para el tribunal, no puede admitirse que el estado de pánico y terror que sufren las víctimas les suponga una "traba de credibilidad" cuando éstas deciden denunciarlo más tarde, ya que el retraso en denunciar hechos de violencia de género no es sinónimo de falsedad en una declaración, sino que es perfectamente admisible entender veraz esa declaración por las especiales características de los hechos de maltrato ante una especie de "síndrome de Estocolmo", como perfil típico en muchos casos de este tipo.

Privación de la patria potestad de su hija

A petición del fiscal, cuyo recurso ha sido estimado, la Sala ha acordado imponer a este hombre la pena de privación de la patria potestad de la hija de la pareja al haber presenciado el intento de asesinato. Una pena que no impuso la sentencia recurrida porque entendió que, pese a la gravedad de los hechos, no se había producido ningún comportamiento delictivo respecto a la menor para imponer una pena tan drástica.

En contra de este criterio, la sentencia explica que no es preciso que se produzca un ataque directo al menor para que se proceda la imposición de esta pena, sino que el ataque a la propia madre de este menor por su propio padre, y con la clara intención de acabar con su vida, determina la imposición de la pena interesada de privación para el ejercicio de la patria potestad, lo que supone la fijación de la vinculación de la relación directa entre la imposición de esta pena con el delito cometido y presenciado por la propia menor y en consecuencia la inexistencia de régimen de visitas ni ningún tipo de medida que implique contacto alguno con la menor.

El Abogado General Bot propone al Tribunal de Justicia que declare que el mero hecho de que un trabajador no haya solicitado tomar sus vacaciones no puede entrañar automáticamente la pérdida del derecho a compensación económica por las vacaciones no disfrutadas al extinguirse la relación laboral2018-05-31

Sin embargo, si el empresario demuestra que llevó a cabo las actuaciones necesarias para permitir a los trabajadores ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas y que, a pesar de las medidas adoptadas, el trabajador renunció de manera deliberada a ejercer ese derecho a pesar de gozar de esa posibilidad durante la relación laboral, dicho trabajador no puede reclamar la compensación

Tras finalizar su período de prácticas como preparación para el ejercicio de profesiones jurídicas (Rechtsreferendariat) en el Land de Berlín, el Sr. Sebastian W. Kreuziger solicitó que se le concediera una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas. En efecto, durante los últimos cinco meses de su período de prácticas había decidido no tomar vacaciones anuales retribuidas. Esa solicitud fue desestimada debido, en particular, a que la norma nacional aplicable [1] no prevé ese derecho a compensación. Según esa norma, tal como la interpretan ciertos tribunales nacionales, el derecho a vacaciones anuales retribuidas se extingue al final del período de devengo cuando el trabajador no haya solicitado ejercerlo durante dicho período. Esta extinción del derecho a vacaciones anuales retribuidas supone la pérdida del derecho a compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral. El Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandemburgo, Alemania), que conoce del recurso interpuesto por el Sr. Kreuziger, pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión se opone a esa legislación o práctica nacional.

El Sr. Tetsuji Shimizu fue contratado por el Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (una organización de Derecho privado sin ánimo de lucro) durante más de diez años en virtud de diversos contratos de duración determinada. El 23 de octubre de 2013 se le comunicó que su contrato no sería renovado. Al mismo tiempo, el Max-Planck-Gesellschaft le invitó a tomar sus vacaciones antes de que se extinguiera la relación laboral, a finales de diciembre de 2013. Comoquiera que solo tomó dos días de vacaciones, el Sr. Shimizu solicitó al Max-Planck-Gesellschaft el abono de una compensación por los 51 días de vacaciones anuales no disfrutados en los dos últimos años. Al denegar el Max-Planck-Gesellschaft esa solicitud, el Sr. Shimizu interpuso recurso ante los tribunales de lo laboral alemanes. El Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania) explica que, según la normativa alemana aplicable al Sr. Shimizu, [2] el trabajador debe solicitar tomar sus vacaciones, indicando sus preferencias respecto de las fechas de éstas, para no perder su derecho a vacaciones cuando finalice el período de devengo, sin obtener ninguna compensación. El Bundesarbeitsgericht pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión se opone a dicha normativa, y, en caso afirmativo, si la misma respuesta se aplica en un litigio entre dos particulares.

[1] Verordnung über den Erholungsurlaub der Beamten und Richter (Reglamento relativo a las vacaciones de funcionarios y jueces), de 26 de abril de 1988 (GVBl. 1988, p. 846).

[2] Bundesurlaubsgesetz (Ley federal sobre vacaciones), de 8 de enero de 1963 (BGBl. 1963, p. 2), en su versión de 7 de mayo de 2002 (BGBl. 2002 I, p. 1529).

En sus conclusiones leídas hoy, el Abogado General Yves Bot recuerda, ante todo, que, según la Directiva relativa al tiempo de trabajo, [3] los trabajadores dispondrán de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. La finalidad de este derecho es permitir que los trabajadores descansen y dispongan de un período de ocio y esparcimiento. El abono de una compensación económica a fin de sustituir el período mínimo de vacaciones anuales retribuidas sólo es posible en caso de extinción de la relación laboral.

El Abogado General se remite asimismo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el derecho a vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio particularmente importante del Derecho social de la Unión. Una vez adquirido, no puede extinguirse a la conclusión del período de devengo o de un período de aplazamiento fijado por el Derecho nacional, cuando el trabajador no haya podido disfrutar de sus vacaciones. De este modo, un trabajador que, por causas ajenas a su voluntad, no haya estado en condiciones de ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas antes de extinguirse la relación laboral tiene derecho a una compensación económica.

El Abogado General propone al Tribunal de Justicia, en particular, que responda que la Directiva se opone a legislaciones o prácticas nacionales, como las controvertidas, en virtud de las cuales un trabajador pierde su derecho a compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral en caso de que no hubiera solicitado disfrutar de las vacaciones mientras estuvo en activo y no demuestre que no pudo tomar dichas vacaciones por causas ajenas a su voluntad, sin determinar con carácter previo si el empresario ofreció efectivamente a dicho trabajador la posibilidad de ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

Además, el Abogado General propone responder que, cuando un órgano jurisdiccional nacional conoce de un litigio relativo al derecho de un trabajador a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral, deberá comprobar si el empresario ha demostrado que adoptó las medidas apropiadas para garantizar a dicho trabajador la posibilidad de ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas durante esa relación. Si el empresario demuestra que llevó a cabo las actuaciones necesarias y que, pese a las medidas que adoptó, el trabajador renunció de manera deliberada y consciente a ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas a pesar de gozar de esa posibilidad, dicho trabajador no puede reclamar, al amparo de la Directiva, el abono de una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral.

En apoyo de esta solución, el Abogado General recuerda que, según el Tribunal de Justicia, la Directiva establece la regla de que el trabajador deberá normalmente poder disfrutar de un descanso efectivo, en aras de una protección eficaz de su seguridad y su salud.

Según el Abogado General, el empresario tiene una responsabilidad particular a fin de que los trabajadores sujetos a su dirección ejerzan efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas. De este modo, el empresario ha de adoptar medidas de organización concretas que permitan a los trabajadores ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas. Concretamente, debe informar a los trabajadores en tiempo oportuno de que, si no disfrutan efectivamente de sus vacaciones, corren el riesgo de perderlas al final del período de devengo o del período de aplazamiento autorizado. También ha de informarles de que, si no disfrutan de sus vacaciones durante la relación laboral, teniendo efectivamente esa posibilidad, no podrán invocar el derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral. Sin embargo, la obligación que recae en el empresario no puede llegar al extremo de exigirle que obligue a sus trabajadores a utilizar efectivamente los períodos de descanso que les corresponden.

[3] Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).

El Abogado General considera que procede velar por que los trabajadores no puedan utilizar la posibilidad de sustituir el periodo mínimo de vacaciones anuales retribuidas por una compensación económica en caso de extinción de la relación laboral -prevista por la Directiva- como un instrumento que permita acumular días de vacaciones anuales retribuidas con vistas a percibir una remuneración por ellos al extinguirse la relación laboral. A este respecto, el Abogado General subraya que la protección de la salud y de la seguridad del trabajador no responde únicamente al interés individual del trabajador, sino también al interés de su empresario y al interés general.

Por lo que respecta a la situación del Sr. Kreuziger, el Abogado General indica que, si de las comprobaciones realizadas por el tribunal nacional resulta que el Land de Berlín, en su calidad de empleador del Sr. Kreuziger, puso a éste en condiciones de ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas y que, pese a ello, el Sr. Kreuziger no quiso tomar sus vacaciones antes de superar la prueba oral del segundo examen de Estado, dicho órgano jurisdiccional podrá estimar que la denegación de esa compensación es procedente.
En lo que atañe a la problemática que plantea el hecho de que una Directiva únicamente vincula a los Estados miembros, quienes deben transponerla en el Derecho nacional, y, por lo tanto, en principio, no puede aplicarse directamente en un litigio entre particulares (como el que opone al Sr. Shimizu y al Max-Planck-Gesellschaft), el Abogado General señala que el derecho a vacaciones anuales retribuidas también está garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. [4]

Según el Abogado General, en la medida en que la Carta garantiza a un trabajador el derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral cuando dicho trabajador no haya estado en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas durante esa relación, puede ser invocada directamente por el trabajador en un litigio contra su empresario a fin de excluir la aplicación de una norma nacional que impide el abono de tal compensación. [5]

En lo tocante a la situación concreta del Sr. Shimizu, el Abogado General observa que, aunque la apreciación final de este extremo corresponde al Bundesarbeitsgericht, duda de que pueda estimarse que el Max-Planck Gesellschaft haya llevado a cabo las actuaciones necesarias para que el Sr. Shimizu estuviera en condiciones de disfrutar las vacaciones anuales retribuidas a las que tenía derecho. En efecto, la única medida que consta en los autos es la invitación, dirigida por el Max-Planck Gesellschaft al Sr. Shimizu, el 23 de octubre de 2013, a tomar sus vacaciones, al tiempo que éste tuvo conocimiento de que su contrato de trabajo no sería renovado. Habida cuenta del breve período comprendido entre la fecha de adopción de esa medida y la fecha de finalización del contrato de duración determinada del Sr. Shimizu, a saber, el 31 de diciembre de 2013, dicha medida resulta extemporánea, lo que, en opinión del Abogado General, impide que pueda considerarse apropiada para permitir al trabajador ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

[4] Artículo 31, apartado 2, de la Carta.

[5] Para una explicación más detallada en relación con el efecto directo del artículo 31, apartado 2, de la Carta, véase el CP n.º 70/18 de hoy sobre las conclusiones del Sr. Bot presentadas en los asuntos acumulados C-569/16, Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer, y C-570/16, Volker Willmeroth als Inhaber der TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn.

Reconocido como accidente laboral el ocurrido tras parar a comprar volviendo del trabajo2018-05-30

La Sala 4ª del Tribunal Supremo ha reconocido como accidente de trabajo el sufrido por una trabajadora tras parar a comprar en un centro comercial volviendo del trabajo.

La trabajadora prestaba servicios para una conocida empresa como auxiliar de ayuda a domicilio. El día que sufrió el accidente, al acabar su jornada de trabajo al mediodía, en lugar de coger directamente el autobús en el que solía desplazarse de vuelta a casa se dirigió a un supermercado de un centro comercial cercano y tras la compra se encaminó de nuevo a la parada del autobús para ir a su domicilio. Tras subir al autobús este realizó un brusco frenazo, a consecuencia del cual la trabajadora sufrió lesiones que fueron calificadas por la Mutua y por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS como de carácter común.

Después de un largo proceso, en el que la trabajadora, disconforme con el no reconocimiento como laboral de los daños sufridos, interpuso sucesivas demandas ante los Tribunales Superiores de Justicia, siendo estas desestimadas, finalmente el Tribunal Supremo la ha dado la razón, reconociendo el hecho lesivo ocurrido como accidente de trabajo in itinere.

Recordemos que un accidente in itinere es aquel que sucede al ir o al volver del trabajo. En el caso descrito la cuestión a resolver es si se rompe o no el nexo causal entre el trabajo y el daño sufrido por el hecho de que la trabajadora acudiera brevemente al centro comercial a realizar la compra para luego continuar el recorrido de vuelta a casa.

Concretamente, el Tribunal Supremo tiene en cuenta diversos criterios de otras sentencias en esta materia, siguiendo algunos como los siguientes:

  • El nexo causal trabajo-daño sufrido no se rompe si la conducta normal de la persona responde a patrones usuales de convivencia o comportamiento de las gentes.
  • La cualidad de accidente de trabajo no debe excluirse por la posibilidad de alguna gestión intermedia razonable.
  • Se admite la razonabilidad de ampliaciones en la acción protectora ligada al concepto de accidente de trabajo in itinere atendiendo a criterios de normalidad dentro de los que se produce una conexión también normal entre el desplazamiento y el trabajo.

Conforme a estos criterios, el Tribunal Supremo en sentencia firme resuelve la duda sobre el origen laboral o no del daño estimando que no puede entenderse que hay una ruptura del nexo causal, en tanto que la demora por la realización de una compra es una gestión razonable que responde a patrones usuales de comportamiento y a criterios de normalidad de conducta. En base a ello, asienta que los daños sufridos por la trabajadora derivan de accidente de trabajo in itinere.

El TSJ de la Comunidad Valenciana anula parcialmente el decreto del Consell y devuelve a los colegios concertados las aulas suprimidas 2018-05-29

La Sala de lo Contencioso estima parcialmente 13 recursos contra la norma autonómica y obliga a mantener las aulas concertadas que Educación no renovó. Los magistrados reconocen el derecho de la Conselleria a no concertar, pero le impiden suprimir aulas por decreto mientras los conciertos estén en vigor

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado parcialmente cinco recursos interpuestos contra el decreto de la Conselleria de Educación que regula la enseñanza concertada y contra el reglamento que fija los criterios para el acceso o renovación de los mismos.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo avala la legalidad de parte de la norma recurrida, reconoce que la Generalitat Valenciana “no está obligada a concertar”; admite que si la Administración autonómica “opta por los conciertos, no está obligada a la gratuidad total” pero precisa que, en el caso de la enseñanza no obligatoria, “si opta por los conciertos, debe someterse a la normativa básica del Estado” que impide extinguir por Decreto conciertos que siguen vigentes y obliga a renovarlos si los centros educativos cumplen los requisitos exigidos por la norma.

“La Adminsitración, mientras lo centros cumplan con los requisitos establecidos en las normas, debe mantenerlos (…). La extinción unilateral por Decreto no se regula como causa de extinción (…). La razón es obvia, es contraria a Derecho”, señala la Sala en sus resoluciones en las que establece que la Administración Autonómica “no sólo no puede extinguirlos unilateralmente, sino que debe renovarlos siempre que (el colegio) siga cumplimiento los requisitos que marca el precepto”.

El Estado, arguyen los magistrados, “ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas la opción de formalizar conciertos para las enseñanazas no obligatorais. Significa lo expuesto, que corresponde a cada Comunidad Autónoma la decisión de formalizar o no conciertos en estos niveles de enseñanza”.

Pero, “una vez que ha decidido formalizar conciertos para las enseñanzas no obligatorias (…) queda vinculada al régimen básico del Estado para los conciertos”. La Generalitat “no puede escudarse en que no está obligada a concertar”.

De este modo, el TSJ da la razón, en algunas de sus pretensiones, a los recurrentes que impugnaron la disposición general del decreto.

La Sala avala la legalidad de parte de la norma recurrida y ampara a la Conselleria de Educación en su decisión de suprimir los conciertos de Formación Profesional Básica por falta de alumnado matriculado.

Los magistrados consideran que tales artículos no vulneran los derechos de las familias en segundas o posteriores opciones, ni discriminan a los alumnos que opten por la enseñanza concertada respecto de la pública.

Tampoco consideran contrario a derecho el artículo que limita, vía Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana, las unidades que han de concertarse cada curso.

En base a estas cinco sentencias, el TSJ ha resuelto los casos particulares de ocho centros educativos que habían recurrido la no renovación o reducción del número de aulas que tenían concertadas.

La Sala estima los recursos de ocho colegios y les reconoce el derecho a conservar las aulas concertadas que la Generalitat no les renovó.

“Para poder reducir una unidad, la Administración debe ofrecer una motivación sólida, suficiente y debidamente justificada”. “En el supuesto que nos ocupa”, señala el Tribunal en relación a la decisión de la Conselleria de reducir las aulas concertadas con el Colegio El Pilar de Valencia, “se ha limitado a rellenar unos impresos. El Tribunal no tiene forma de comprobar cómo se han distribuido las unidades, criterios seguidos que puedan ser verificados, cómo se ubicarían hipotéticamente en la zona los alumnos cuya unidad se suprime (…). Ni existe motivación ni mucho menos (la decisión) está debidamente justificada como exige nuestro Alto Tribunal”.

Un juzgado de lo Social de Cáceres concede la incapacidad permanente total a un obrero que no estaba dado de alta en el INSS2018-05-28

El Juzgado de lo Social 1 de Cáceres ha concedido la incapacidad permanente total a un peón agrícola que permaneció 24 meses sin estar inscrito como demandante de empleo en el INSS por haberse dedicado al cuidado de sus padres gravemente enfermos.

El juzgado considera, con criterio humanizador, que el trabajador estuvo todo ese tiempo sin inscribirse por las graves enfermedades de sus padres a los que tenía que atender personalmente además de su propia enfermedad. Considera que no actuó con desidia sino por motivo de las circunstancias familiares y propias que concurrían, teniendo además en cuenta la dilatada trayectoria profesional del mismo.

La magistrada le ha declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual. La sentencia fue confirmada por la Sala de lo Social el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Pleno de la Abogacía Europea en Praga2018-05-25

El Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, ha celebrado su pleno de mayo en Praga (Chequia), en honor a su Presidente 2018, Antonin Mokry. Los temas que han destacado dentro de la agenda han sido el acceso a la Justicia, Brexit, Convención europea de la Abogacía, formación, inteligencia artificial aplicada a la profesión, deontología, futuro de la Fundación de los abogados europeos, jurisprudencia europea reciente de importancia para la profesión, fiscalidad, Derecho de sociedades y Estado de Derecho en Polonia.

Entre los posicionamientos aprobados, cabe destacar la interpretación del Código Deontológico, de su modelo y de los principios básicos para la profesión. Respecto a la Convención de la Abogacía, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado iniciar la redacción, encargando su primer borrador al Comité GR-J de Cooperación Jurídica. Por último, cabe destacar la aprobación de las cuentas de CCBE en 2017, presentadas por el Comité de finanzas, último acto de Iñigo Nagore, que acaba su mandato como presidente del mencionado comité.

Asimismo, en torno a esta sesión plenaria, CCBE ha celebrado varias reuniones de sus Comités y Grupos de Trabajo. Y también coincidiendo con estas reuniones, se ha celebrado en Praga el Foro de Innovación de Servicios Jurídicos – el Tercer Foro anual de servicios jurídicos innovadores se ha centrado en tres áreas principales: Visiones Tecnológicas / Empresariales / Europeas. La conferencia ha reunido a expertos sobre estos temas en un solo escenario y ante abogados, empresarios y profesionales de los sectores implicados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores se reúne con las profesiones colegiadas para su contribución en la implementación de la Agenda 20302018-05-24

A iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), como Presidencia del Grupo de Alto Nivel para la implementación de la Agenda 2030, ha tenido lugar en la mañana de hoy una jornada organizada por el mismo Ministerio, Unión Profesional (UP) y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) titulada Profesiones por el común con la Agenda 2030 como herramienta de trabajo.

El objetivo principal con el que se ha convocado a las profesiones colegiadas de España ha sido el de profundizar en la labor desempeñada por sus corporaciones colegiales en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el plan de acción más ambicioso a favor de las personas, el planeta y la prosperidad hasta 2030, así como de informarles sobre el proceso de preparación del examen voluntario nacional al que se presenta nuestro país el próximo mes de julio.

Presidida por la presidenta de UP, Victoria Ortega y por el presidente de la UPCI, Luis Vilches, la jornada ha sido introducida en la materia por Cristina Pérez, directora general de políticas de desarrollo sostenible y Juan Francisco Montalbán, embajador en misión especial para la Agenda 2030, dependientes ambos departamentos institucionales del MAEC.

Profesiones por el común con la Agenda 2030

En la apertura de este encuentro, Victoria Ortega ha señalado la labor que las profesiones colegiadas están llevando a cabo en lo que respecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde los anteriormente denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) —planteados en el año 2000 y reformulados en el 2015 con el propósito de incluir a la sociedad civil e incrementar la calidad de lo exigido—. Los profesionales, como parte activa de la sociedad civil, están especialmente implicados en el cuidado y desarrollo de la ciudadanía; y cuya labor queda reflejada en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. «Sin las profesiones no tendríamos el mundo que tenemos, ni podríamos avanzar al mundo que queremos», ha recalcado la presidenta de UP.

Luis Vilches hizo hincapié en la necesidad de trabajar de forma conjunta por la sociedad civil de la que UP y UPCI forman parte, así como la Administración y el Gobierno, tal y como esta jornada demuestra. La UPCI ha apoyado totalmente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se han ofrecido a seguir trabajando en su desarrollo. En línea con esta idea, Vilches ha trasladado la labor conjunta realizada con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad desde hace tres años para la consecución de un Pacto de Estado por la Industria en el que participen sociedad civil, sector privado, sindicatos y partidos políticos, con el objetivo de que la contribución de la industria al PIB sea, al menos, del 20% en próximas legislaturas. Todo ello con el objetivo de crear un empleo de calidad y estable y, por ende, mejorar la economía española.

Profesiones y Objetivos de Desarrollo Sostenible

La reunión de todas las profesiones colegiadas en este acto supone la oportunidad de ofrecer una visión transversal y cooperativa para continuar trabajando, por un lado, la consecución de objetivos concretos, y por otro, en favor del común, proponiendo la «consecución del acceso universal a los servicios profesionales como garantía de un Estado democrático, compartiendo esfuerzos para llegar a la consecución real de dichos objetivos», tal y como ha especificado Ortega en su intervención. Asimismo, pretenden que esta iniciativa sea el comienzo de una interlocución que se fortalezca con el tiempo, ya que solamente se puede avanzar, también en el terreno de los ODS, contando con las profesiones. «Como instituciones inclusivas, las organizaciones colegiales favorecen la defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, y la redistribución de la renta y la riqueza», advertía la presidenta de Unión Profesional.

Durante sus intervenciones, tanto el embajador como la directora general, han explicado la hoja de ruta a seguir para lo que se ha diseñado un borrador de Plan de Acción con un horizonte temporal limitado (2018-2020) con el que se pretende impulsar urgentemente aspectos clave, a la vez que sentar las bases fundamentales para trazar la senda 2020-2030. Juan Francisco Montalbán ha querido referirse a la necesidad de consolidación de la alianza con los colegios profesionales y llegar de esta manera a los colegiados, a la sociedad: «La Agenda 2030 no es más que una manera ordenada de debatir políticas públicas, dando respuestas a la sociedad».

Cristina Pérez, por su parte, ha destacado que «la Agenda 2030 es transformadora, evolutiva y tiene carácter universal», motivando a las corporaciones colegiales a cumplir con su papel de «actor dual: objeto y sujeto de la Agenda 2030». Este impulso, «solo será eficaz si va acompañado de un proceso de deliberación, participación y diálogo entre todos los niveles de la administración y que involucra a todos los actores sociales (entre los que se encuentran las profesiones) y al parlamento», han señalado desde el Ministerio.

La jornada Profesiones por el común con la Agenda 2030 como herramienta de trabajo fue clausurada por los presidentes de las asociaciones que agrupan a los Consejos Generales y Colegios Nacionales de profesiones, Victoria Ortega y Luis Vilches, instando a los asistentes a continuar el camino trazado por el Ministerio, y así superar el examen voluntario del próximo mes de julio, que se presentará ante Naciones Unidas, lo que significará que las profesiones han podido contribuir a la consecución de unos objetivos globales que terminen con la pobreza, protejan el planeta y aseguren prosperidad para todos.

La abogacía madrileña espera que la nueva Consejería de Justicia acometa la actualización de los baremos del Turno de Oficio en esta misma legislatura2018-05-23
  • Así lo ha manifestado el decano José María Alonso tras la toma de posesión de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid

En representación de los cerca de 78.000 profesionales adscritos al Colegio de Abogados de Madrid, el decano José María Alonso y la vicedecana Begoña Castro han asistido a la toma de posesión de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid.

Tras el acto, celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol en presencia de autoridades como la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, las ministras María Dolores de Cospedal y Fátima Báñez, o los expresidentes madrileños Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón, Alonso ha valorado muy positivamente la inminente puesta en marcha de una consejería dedicada en exclusiva a la Justicia.

“Desde la abogacía madrileña estamos muy satisfechos con la creación de esta nueva Consejería”, ha señalado el decano, pues “la justicia es un elemento fundamental no sólo para la seguridad jurídica de los ciudadanos sino para el desarrollo económico de la Comunidad de Madrid”.

De la nueva consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, Alonso espera que tenga en especial consideración al mundo de la abogacía: “los abogados somos un elemento fundamental del funcionamiento de la justicia y, por tanto, debemos ser tratados en el mismo plano que los demás operadores jurídicos”, ha afirmado.

Respecto a la agenda de trabajo del nuevo organismo durante el año que queda de legislatura, el decano del ICAM confía en que se acometa de una vez la revisión de los baremos del Turno de Oficio, que permanecen congelados desde el año 2003. “El Turno de Oficio presta un servicio constitucionalmente recogido que es fundamental para los ciudadanos, y tiene que ser remunerado conforme a criterios de mercado”, ha explicado.

En ese sentido, y desde el convencimiento de que la Comunidad de Madrid es consciente de esta necesidad, “el Colegio de Abogados de Madrid va a ser especialmente beligerante en la defensa de los abogados del Turno, que tan importante servicio prestan a la ciudadanía madrileña”, ha concluido Alonso.

Catalá anuncia un incremento del 30% de los honorarios de los letrados del Turno de Oficio2018-05-22
  • La subida será del 35 o del 20% según los diferentes asuntos tramitados por Asistencia Jurídica Gratuita y afectará a la práctica totalidad de los expedientes tramitados
  • La subida de los baremos, anunciada por el ministro de Justicia, será efectiva tras la aprobación de los Presupuestos de 2018
  • La Abogacía continúa exigiendo mejoras que respeten la dignidad de los profesionales y que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de la ciudadanía y no un bien de mercado

CGAE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado durante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, al que asisten los 83 decanos de los Colegios de Abogados y los 12 consejeros electivos, que una vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se incrementará un 30% de media los baremos que reciben los abogados adscritos al Turno de Oficio, como respuesta a las demandas y negociaciones con el Consejo, en representación de los 83 Colegios de Abogados.

El ministro ha destacado que la subida afectará al 99% de los expedientes tramitados por Justicia Gratuita con una subida que variará entre el 35%, especialmente en las jurisdicciones penal y civil, y el 20% para el resto de asuntos. Catalá ha afirmado que estas medidas se aplicarán inmediatamente tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, prevista para antes de que finalice junio. El detalle de las subidas se negociará en las próximas semanas.

El Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados, en el ejercicio de su función legítima y democrática de representación, defensa de los derechos de los abogados y de la dignidad de la profesión, han venido denunciando que la actual retribución del Turno de Oficio –en determinadas comunidades autónomas y, sobre, todo en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia- supone una falta de reconocimiento tanto a la labor de los más de 51.000 abogados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita como del servicio público de Justicia Gratuita reconocido en la Constitución.

Durante meses, se han venido manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia para agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, ya se ha conseguido el abono mensual de las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita. En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 y el abono antes de finalizar mayo de los meses de enero, febrero y marzo, la liquidación de las indemnizaciones en el territorio competencia del Ministerio de Justicia se efectuará con carácter mensual.

No obstante, con este anuncio del ministro de Justicia no se soluciona de forma total el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado así como el reconocimiento de nuevos módulos y el abono de las guardias. El ministro se ha mostrado partidario de ir armonizando paulatinamente los baremos para que no haya grandes diferencias entre lo que se cobra en distintos lugares de España.

La Justicia Gratuita es un servicio con protección constitucional que prestan eficientemente más de 51.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de España, garantizando la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes.

Los abogados de oficio son los auténticos protagonistas del servicio, y deben desarrollar su función en condiciones dignas, con garantías de percibir siempre el cobro por cada actuación y asegurando una retribución digna, tal y como prevé la propia exposición de motivos de la actual Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.

La Abogacía continua trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos y que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de  la ciudadanía y no un bien de mercado.

El TSJ de Canarias homologa una subida salarial a todas las camareras de piso de una cadena hotelera en Las Palmas2018-05-21
La cadena hotelera RIU llega a un acuerdo con los sindicatos ante el TSJC para acabar en cinco años con la brecha salarial por razón del sexo

Autor Comunicación Poder Judicial

La cadena hotelera RIU ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, homologado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, para abonarle a todas sus camareras de piso en la provincia de Las Palmas un plus mensual de 100 euros brutos a través de un plan quinquenal, con el fin de mitigar la brecha salarial por razón de sexo.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas ha dictado el auto que homologa el pacto extraprocesal alcanzado entre CCOO, UGT y el Frente Sindical Obrero y los hoteles de RIU en Las Palmas el 13 de marzo de 2018 para que los agentes sociales desistieran en la demanda mediante la cual exigían a la cadena el “cese en su trato de discriminación salarial entre las camareras de pisos y el resto de los empleados dentro de las diferentes categorías profesionales encuadradas en el nivel salarial IV del Convenio de Hostelería de la Provincia de Las Palmas”.

En aplicación de este acuerdo, a las camareras de pisos de RIU se les abonará, con efectos de 1 de enero de 2018, un plus en concepto de incentivo que alcanzará los 100 euros brutos en el año 2023, y que se desglosa como sigue: 60 euros brutos al mes en 2018; 70 en 2019; 80 en 2020; 90 en 2021, 95 en 2022, y finalmente 100 euros brutos en 2023.

El pacto es de obligado cumplimiento en los hoteles Riu Palmeras, Riu Palace Maspalomas, Riu Palace Oasis, Riu Palace Meloneras, Club Hotel Riu Gran Canaria, Riu Palace Tres Islas, Riu Palace Jandía, Riu Palace Paraíso Lanzarote Resort, Club Hotel Riu Oliva Beach, Riu Don Miguel, Club Hotel Riu Vistamar, Club Hotel Riu Papayas Flamingo y Hotel Calypso.

Según el Abogado General Szpunar, el Tribunal de Justicia no es competente para responder a las preguntas formuladas por la autoridad judicial que emite una orden de detención europea sobre la cuestión de si la autoridad de ejecución puede negarse a ejecutar dicha orden2018-05-18

La autoridad que emite la orden no puede reemplazar a la autoridad de ejecución formulando al Tribunal de Justicia preguntas que sólo esta última tiene derecho a formular en el marco del procedimiento de remisión prejudicial

AY es un ciudadano húngaro, presidente de una sociedad húngara, contra el cual se ha incoado un procedimiento penal en Croacia. Se sospecha que accedió a pagar una cantidad de dinero considerable a un alto cargo de Croacia a cambio de la celebración de un acuerdo entre la citada sociedad húngara y el Gobierno croata.

A raíz de la apertura de una investigación contra  AY en Croacia por  corrupción activa,  las autoridades croatas solicitaron en varias ocasiones a las autoridades húngaras competentes (por primera vez el 10 de junio de 2011) que les facilitaran asistencia jurídica internacional tomando declaración a AY en calidad de sospechoso y entregándole una citación. Aunque las autoridades húngaras no accedieron a estas solicitudes, iniciaron también una investigación para comprobar si se había cometido un delito contra la integridad de la vida pública en forma de corrupción activa a nivel internacional, con arreglo al Código Penal húngaro. Esa investigación se archivó el 20 de enero de 2012 porque se consideró que los hechos cometidos no eran constitutivos de delito. Sin embargo, la investigación de las autoridades húngaras no se había abierto contra AY en calidad de sospechoso, sino únicamente en relación con el supuesto delito, y en el curso de dicha investigación AY sólo fue interrogado como testigo.

El 1 de octubre de 2013, tras la adhesión de Croacia a la Unión Europea, las autoridades croatas emitieron una orden de detención europea contra AY. No obstante, las autoridades húngaras denegaron la ejecución de esa orden de detención aduciendo que ya se había puesto fin en Hungría al procedimiento criminal relativo a los mismos hechos en que se basaba la orden de detención.

El 15 de diciembre de 2015, el Županijski Sud u Zagrebu (Tribunal de condado de Zagreb, Croacia), ante el que se sustanciaba el procedimiento penal contra AY, dictó una segunda orden de detención europea contra éste. Las autoridades húngaras se negaron a adoptar resolución formal alguna con respecto a esta segunda orden de detención por considerar que no era legalmente posible detener a AY en Hungría ni iniciar un nuevo procedimiento para ejecutar dicha orden.

En esas circunstancias, el tribunal croata pregunta, esencialmente, al Tribunal de Justicia, si la Decisión marco relativa a la orden de detención europea 1 permite que la autoridad competente de un Estado miembro no ejecute una orden de ese tipo basándose en el hecho de que en dicho Estado ya se ha puesto fin al procedimiento criminal por los mismos hechos especificados en la orden de detención, aun cuando la persona contra la que se emitió la orden sólo haya tenido en ese procedimiento la condición de testigo, y no la de sospechoso o acusado. El tribunal croata desea saber asimismo si una autoridad nacional está obligada a adoptar una decisión sobre toda orden de detención europea que se le transmita, a pesar de que ya haya tomado una decisión con respecto a una orden de detención europea previa relativa a la misma persona y al mismo procedimiento penal.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Maciej Szpunar indica que, en este asunto, el tribunal croata que emitió la orden de detención europea de que se trata desea obtener orientaciones sobre los derechos y obligaciones de las autoridades húngaras, que son las autoridades encargadas de dar ejecución a esa orden. El Abogado General opina que no son necesarias para que el tribunal croata pueda continuar con el procedimiento sustanciado ante él las respuestas del Tribunal de Justicia a las preguntas sobre si las autoridades húngaras tienen derecho (o, en su caso están obligadas) a no ejecutar la orden de detención de que se trata, con arreglo a la Decisión marco. En este contexto, el Abogado General pone de relieve que, desde un punto de vista jurídico, las respuestas del Tribunal de Justicia no afectarían a la cuestión de si ese tribunal nacional mantiene o retira la orden de detención, ya que incumbe a este último tribunal adoptar finalmente una decisión al respecto, con independencia de esas respuestas.

Además, el Abogado General recalca que, en definitiva, el presente asunto se refiere a la interpretación de la legislación húngara a la luz de las disposiciones de la Decisión marco, tarea que incumbe a las autoridades húngaras, que son quienes deben adoptar una decisión sobre la orden de detención. A este respecto, el Abogado General indica que el tribunal croata en cuestión no puede reemplazar a las autoridades húngaras competentes formulando al Tribunal de Justicia preguntas sobre este tema en el marco del procedimiento de remisión prejudicial.

El Abogado General considera, por tanto, que el Tribunal de Justicia carece de competencia para responder a las cuestiones relativas a los derechos y obligaciones de las autoridades húngaras competentes para decidir sobre la ejecución de la orden de detención de que se trata.

Por último, el Abogado General estima que las autoridades de los Estados miembros están obligadas a adoptar una decisión sobre toda orden de detención europea, incluso cuando ya hayan tomado una decisión sobre una orden de detención anterior relativa a la misma persona y al mismo procedimiento penal.

1 Decisión marco 2002/584/JHA del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1).

Un juez de lo mercantil de Sevilla acuerda la resolución de 20 contratos firmados por ‘El Barrio’ con una compañía para la edición musical de sus canciones2018-05-17
El cantante considera “incumplidas” por la entidad demandada sus obligaciones de distribuir la obra

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha acordado la resolución contractual de 20 contratos firmados entre los años 1996 y 2011 por el cantautor gaditano conocido como ‘El Barrio’ con una compañía para la edición musical de sus canciones al considerar “incumplidas” por la entidad demandada sus obligaciones de distribuir la obra y también sus obligaciones dimanantes de los sistemas instaurados para el preceptivo control del número de ejemplares tirados.

‘El Barrio’ ejerció una acción de resolución contractual por incumplimiento reiterado por la entidad demandada de sus obligaciones derivadas de estos 20 contratos de edición musical, y en concreto la no recaudación y liquidación de los derechos de autor por explotación de las obras, del derecho de sincronización y del derecho de reproducción mecánica en el extranjero.

A todo ello se añade, según la demanda, el incumplimiento de las obligaciones de satisfacer la remuneración estipulada, de reproducir la obra en la forma convenida, de someter las pruebas de tirada al autor, de proceder a distribuir la obra, y de asegurar a la obra una explotación continuada y una difusión comercial.

Frente a ello, la compañía demandada alegó no haber incurrido en incumplimiento de sus obligaciones derivadas de los contratos de edición.

En la sentencia, el juez de lo Mercantil declara incumplidas por la entidad demandada sus obligaciones de distribuir la obra y sus obligaciones dimanantes de los sistemas instaurados para el preceptivo control del número de ejemplares tirados.

En este sentido, el magistrado recuerda que la representación legal del artista atribuyó al editor un incumplimiento de su obligación de distribuir la obra al no realizarla en los plazos pactados, frente a lo que la compañía “no ha realizado ningún tipo de alegación o argumentación más allá de referencias genéricas que no tienen relación con el cumplimiento de su obligación de distribuir la obra en forma y en el plazo marcado por los correspondientes contratos, manifestando que su ausencia se basa en la falta de mercado de las partituras o que no suelen ser objeto de explotación comercial”, lo cual “no puede constituir justificación válida para dejar de dar cumplimiento a sus obligaciones”.

Asimismo, el juez considera que la entidad demandada “no ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones” sobre control de tirada, procedimientos de control de certificación de datos y el de numeración o contraseñado de los ejemplares de cada edición, “ausencia de prueba que determina el incumplimiento de la carga que le corresponde”, por lo que el juez estima también la resolución contractual de los contratos por esta causa.

La resolución contractual de los contratos analizados operará desde el día 12 de marzo de 2013, excepción hecha de cinco de los contratos cuya resolución operará desde la fecha de presentación de la demanda.

Condenan al Concello de Ourense a autorizar la instalación de un ascensor sobre suelo público municipal 2018-05-16

Con el objetivo de dotar de ascensor a edificios de viviendas antiguos que carecen de él la normativa permite en supuestos excepcionales la construcción del ascensor sobre suelo público

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense ha condenado al Concello de esta ciudad a aceptar la instalación de un ascensor en la fachada de un edificio, con la consiguiente ocupación del dominio público municipal.

En una sentencia pionera, se obliga al Ayuntamiento a aplicar la normativa estatal de accesibilidad que, para dotar de ascensor a edificios de viviendas antiguos que carecen de él, permite en supuestos excepcionales la construcción del ascensor sobre suelo público.

Se trata de un edificio de viviendas de cinco plantas, sin ascensor, en el que reside gente mayor con problemas de accesibilidad. El inmueble carece de patio interior, y para poder instalar el ascensor por dentro del edificio habría que realizar una obra desproporcionadamente compleja, derribando parte de las viviendas. Dadas estas circunstancias, el magistrado condena al Ayuntamiento a aceptar la opción de instalación del ascensor por la fachada exterior del edificio, sobre suelo público. El fallo no ha sido apelado por ninguna de las partes, por lo que el mismo es firme.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dicta sentencia sobre la acumulación en jornadas completas del permiso de lactancia2018-05-15

Una sentencia de la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo, ha declarado que existe derecho a la acumulación en jornadas completas del permiso de lactancia. Es la primera sentencia del Supremo dictada por un tribunal formado íntegramente por magistradas.

La resolución expone que el permiso por lactancia natural es un derecho necesario relativo, que se concreta en poder ausentarse del trabajo una hora, con los incrementos proporcionales en casos de lactancia múltiple.

La negociación colectiva o el pacto individual pueden mejorar este derecho y/o fijar que la hora de ausencia de trabajo pueda ser sustituida por una reducción de jornada en media hora. También puede establecer que el permiso sea acumulado en jornadas completas, al garantizarse también con ello la mejor protección y atención del recién nacido, que es lo que persigue la norma. En ambos supuestos el Convenio Colectivo puede fijar los términos de estas opciones. En todo caso y por lo que se refiere a la acumulación en jornadas completas, ésta debe calcularse, al menos, sobre la hora de ausencia y no sobre la otra opción -de sustitución por reducción de jornada.

Esta es la primera sentencia dictada por una Sala del Tribunal Supremo formada exclusivamente por magistradas. El tribunal que ha dictado la sentencia ha estado formado por las magistradas, de izquierda a derecha: María Lourdes Arastey, María Luisa Segoviano, Milagros Calvo, Rosa Virolés y María Luz García Paredes (ponente).

El Tribunal Supremo confirma que las rutas del aeropuerto de Madrid-Barajas aprobadas en 2004 no vulneran los derechos de los vecinos de la urbanización Fuente del Fresno2018-05-14

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que los procedimientos de salida y maniobras de aproximación del aeropuerto Madrid-Barajas, aprobados por Acuerdo de la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento (CIDEFO) de 16 de abril de 2004, para la determinación de los correspondientes al campo de vuelos una vez que estuviesen operativas las nuevas pistas tras la ampliación, no vulneran los derechos fundamentales de los vecinos de la urbanización Fuente del Fresno.

El tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios de Chalets y Parcelas de Fuente del Fresno contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 29 de octubre de 2015, que consideró acreditado que dichas rutas, que fueron aprobadas en la resolución impugnada, no infringen las normas sobre huellas sonoras y límites de emisiones sonoras, por lo que descartó la vulneración de derechos fundamentales alegada por los recurrentes.

La sentencia recurrida rechazó los argumentos de esta asociación que denunció en su demanda que los aviones al despegar y al aterrizar del aeropuerto de Madrid-Barajas, aplicando las rutas establecidas en esta resolución, producían contaminación acústica y sometían a los residentes en esta urbanización, como a los de otras del norte del aeropuerto, a niveles de ruido ilegítimamente elevados.

La Sala sostiene que la sentencia impugnada no ha infringido los derechos a la dignidad de las personas, a la integridad física, a la intimidad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a la libre circulación de los recurrentes al concluir, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que, en este supuesto, los niveles de ruido producido por el sobrevuelo de los aviones por la urbanización Fuente del Fresno “no resultan excesivos ni desproporcionados”, en cuanto se encuentran dentro de los parámetros admitidos por las normas sobre huellas sonoras y límites de emisiones sonoras, tras valorar las pruebas que, a su juicio, no demuestran que se hayan superado los niveles definidos en la Declaración de Impacto Ambiental.

Una sentencia reconoce el fraude en la venta de libros a domicilio2018-05-11

El despacho de Hispajuris en Santander, Aesyr & Abogados, ha logrado que se reconozca el fraude en la venta de libros a domicilio con la anulación por parte del Juzgado de Primera Instancia nº4 de Santander de un contrato de compraventa de libros junto con la financiación del mismo.

  • Incluye la sentencia

La forma de actuación de este tipo de empresas es siempre la misma, contactan con personas mayores a las que abordan en su domicilio cuando se encuentran solas. Una vez en la vivienda, les engatusan con ofertas y regalos para que firmen los contratos por los que se les hace entrega de diferentes objetos tales como enciclopedias, DVD o colecciones de arte. Junto con el contrato de compra se les hace firmar otro de financiación que les obliga al pago de un crédito que supera con creces el precio del objeto financiado.

Este modo de operar fue el seguido con la clienta del despacho de Ángel E. Sánchez Resina, la cual suscribió un elevado contrato de financiación con una editorial por una enciclopedia. Se interpuso demanda frente a la editorial y la financiera solicitando que se anulase el contrato y se restituyeran las cantidades abonadas. El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander, en su sentencia del 8 de marzo, estimó íntegramente la demanda por no cumplir las empresas demandas con las exigencias que impone la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Concretamente, indica la sentencia que el contrato contraviene el art. 97 de la LGDCU al no identificar de manera precisa los bienes que se adquieren con el mismo, como también exigen los artículos 1261 y 1273 del Código Civil. Del mismo modo, el contrato no recogía las exigencias del art. 102 de la LDGCU en relación con el desistimiento. El contrato, en palabras de la propia sentencia "resulta de difícil lectura", algo contrario a los principios básicos de la contratación. Además, no se identificaba de forma correcta la dirección del empresario. Todos estos incumplimientos han llevado a que se declare la nulidad del contrato y, en virtud del artículo 1303 del Código Civil, los contratantes deban restituirse recíprocamente los elementos objetos del contrato.

Según el abogado Ángel E. Sánchez y Resina, "estos casos no sólo se han dado en Cantabria, sino que hay procedimientos idénticos en distintas comunidades autónomas" y "la similitud en los hechos ha propiciado que el Ministerio Fiscal haya iniciado diligencias de investigación por poder estar ante casos de estafa por ser el perfil del contratante siempre el mismo, personas mayores, que viven solas y carecen de recursos".

En el despacho de Hispajuris en Santander hay actualmente en proceso varios asuntos sobre hechos similares, por lo que apunta que hay una amplia pluralidad de afectados a nivel nacional.

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El Abogado General Wahl propone que el Tribunal de Justicia declare que la legislación nacional que obliga al destinatario de un servicio a prestar una fianza para asegurar el cobro de una multa que, en su caso, se imponga a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro por incumplimiento de una disposición de la legislación laboral nacional es contraria al Derecho de la Unión2018-05-10

La Directiva de Servicios se opone a una medida de esta índole, que, en cualquier caso, iría más allá de lo necesario para que las autoridades nacionales puedan verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social

Čepelnik es una sociedad de responsabilidad limitada establecida en Eslovenia, que prestó servicios de construcción al Sr. Vavti por valor de 12 200 EUR. Los servicios fueron prestados en un establecimiento propiedad del Sr. Vavti situado en Austria, cerca de la frontera con Eslovenia, mediante el desplazamiento de trabajadores. El Sr. Vavti pagó a Čepelnik un anticipo de 7 000 EUR.

En 2016 la policía financiera austriaca llevó a cabo una inspección en la obra e imputó a Čepelnik dos infracciones administrativas. En primer lugar, en el caso de dos trabajadores desplazados, Čepelnik no había comunicado el inicio de su actividad con arreglo a lo dispuesto en la Ley de adaptación de la normativa relativa al contrato de trabajo (en lo sucesivo, «AVRAG», en sus siglas en alemán). En segundo lugar, Čepelnik no había presentado la documentación salarial en lengua alemana relativa a cuatro trabajadores desplazados. Inmediatamente después de la inspección, la policía financiera impuso al Sr. Vavti una retención del pago y solicitó a la autoridad administrativa competente, la Bezirksmannschaft Völkermarkt (Presidencia del Distrito de Völkermarkt; en lo sucesivo, «BHM Völkermarkt», Austria) que le exigiera la prestación de una fianza, con el objeto de garantizar el pago de una posible multa que podría imponerse en un futuro procedimiento contra Čepelnik, en función del resultado de la inspección. La policía financiera propuso que el importe de la fianza se fijase en un importe equivalente al saldo pendiente, es decir, 5 200 EUR. La BHM Völkermarkt impuso la fianza solicitada, alegando que «habida cuenta de que la sociedad […] del prestador de servicios está establecida en Eslovenia [...], cabe presumir que será muy complicado, si no imposible, instruir un procedimiento sancionador y ejecutar las sanciones». El Sr. Vavti prestó la fianza.

Se inició un procedimiento de infracción contra Čepelnik en relación con las presuntas infracciones administrativas. Mediante resoluciones de octubre de 2016, se impusieron a Čepelnik multas de 1 000 EUR y 8 000 EUR, por presuntas infracciones de la AVRAG.

Al culminar los trabajos, Čepelnik facturó al Sr. Vavti 5 000 EUR para liquidar el saldo pendiente. El Sr. Vavti rehusó el pago, alegando haber pagado el saldo pendiente a BHM Völkermarkt, de conformidad con la resolución administrativa de dicha autoridad. Čepelnik interpuso entonces una demanda contra el Sr. Vavti, a fin de cobrar el saldo pendiente.

La Directiva de Servicios [1] establece, en particular, que los Estados miembros respetarán el derecho de los prestadores a prestar servicios en un Estado miembro distinto de aquel en el que estén establecidos. Además, los Estados miembros no podrán imponer al destinatario requisitos que restrinjan la utilización de servicios prestados por un prestador establecido en otro Estado miembro. Esta Directiva no afecta al Derecho laboral nacional […] que sea conforme al Derecho [de la Unión].

En este contexto el Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno sodišče Pliberk (Tribunal de Distrito de Bleiburg, Austria) pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión prohíbe a los Estados miembros imponer al comitente nacional una retención del pago y la prestación de una fianza por el importe del precio pendiente de la obra contratada cuando el único objetivo que se persigue con la retención del pago y la prestación de la fianza es asegurar el cobro de la multa que, en su caso, pueda imponerse, a través de un procedimiento separado, a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Nils Wahl considera, en primer lugar, que la Directiva de Servicios es aplicable en este asunto. Dado que el objetivo legal de esta medida es garantizar, en beneficio del Tesoro Público, la ejecución de las sanciones que las autoridades públicas puedan imponer en el futuro a un prestador de servicios, y que la medida no se le impone al autor de la supuesta infracción, sino a la otra parte contractual, no puede considerarse amparada por la excepción prevista en la Directiva de Servicios para el «Derecho laboral». En segundo lugar, el Abogado General observa que, independientemente de que adolezca o no de carácter discriminatorio, una medida de esta índole, por su propia naturaleza, puede, por un lado, disuadir a los clientes austriacos de adquirir servicios de proveedores establecidos en el extranjero y, por otro lado, disuadir a los prestadores establecidos en otros Estados miembros de ofrecer sus servicios en Austria con carácter temporal. Por lo tanto, esta medida constituye una restricción que, en principio, está prohibida por la Directiva de Servicios. En tercer lugar, el Abogado General examina si dicha medida puede justificarse y considera que las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los prestadores de servicios pueden justificarse únicamente con arreglo a determinadas condiciones que se establecen en esa Directiva. No obstante, las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los destinatarios de servicios, en principio, no pueden justificarse.

Por todas estas razones el Abogado General concluye que una medida de este tipo es incompatible con la Directiva de Servicios.

Esta conclusión no sería diferente aunque el Tribunal de Justicia examinase la compatibilidad de esta medida con el artículo 56 TFUE, relativo a la libre prestación de servicios.

En efecto, una restricción a la libre prestación de servicios sólo puede admitirse cuando persiga un objetivo legítimo compatible con los Tratados y esté justificada por razones imperiosas de interés general, si bien, en tal caso, debe ser adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido y no ir más allá de lo necesario para lograrlo.

Según el Abogado General, el objetivo de permitir a las autoridades nacionales verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social (que es la justificación invocada por el Gobierno austriaco) constituye una razón imperiosa de interés general que puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios. No obstante, cabe preguntarse si la medida persigue de forma auténtica y coherente el objetivo. En su opinión, la medida es, en cualquier caso, desproporcionada, pues va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo propuesto.

[1] Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en lo sucesivo, «Directiva de Servicios») (DO 2006, L 376, p. 36).

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Directiva de Servicios se opone a una medida de esta índole, que, en cualquier caso, iría más allá de lo necesario para que las autoridades nacionales puedan verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social

Čepelnik es una sociedad de responsabilidad limitada establecida en Eslovenia, que prestó servicios de construcción al Sr. Vavti por valor de 12 200 EUR. Los servicios fueron prestados en un establecimiento propiedad del Sr. Vavti situado en Austria, cerca de la frontera con Eslovenia, mediante el desplazamiento de trabajadores. El Sr. Vavti pagó a Čepelnik un anticipo de 7 000 EUR.

En 2016 la policía financiera austriaca llevó a cabo una inspección en la obra e imputó a Čepelnik dos infracciones administrativas. En primer lugar, en el caso de dos trabajadores desplazados, Čepelnik no había comunicado el inicio de su actividad con arreglo a lo dispuesto en la Ley de adaptación de la normativa relativa al contrato de trabajo (en lo sucesivo, «AVRAG», en sus siglas en alemán). En segundo lugar, Čepelnik no había presentado la documentación salarial en lengua alemana relativa a cuatro trabajadores desplazados. Inmediatamente después de la inspección, la policía financiera impuso al Sr. Vavti una retención del pago y solicitó a la autoridad administrativa competente, la Bezirksmannschaft Völkermarkt (Presidencia del Distrito de Völkermarkt; en lo sucesivo, «BHM Völkermarkt», Austria) que le exigiera la prestación de una fianza, con el objeto de garantizar el pago de una posible multa que podría imponerse en un futuro procedimiento contra Čepelnik, en función del resultado de la inspección. La policía financiera propuso que el importe de la fianza se fijase en un importe equivalente al saldo pendiente, es decir, 5 200 EUR. La BHM Völkermarkt impuso la fianza solicitada, alegando que «habida cuenta de que la sociedad […] del prestador de servicios está establecida en Eslovenia [...], cabe presumir que será muy complicado, si no imposible, instruir un procedimiento sancionador y ejecutar las sanciones». El Sr. Vavti prestó la fianza.

Se inició un procedimiento de infracción contra Čepelnik en relación con las presuntas infracciones administrativas. Mediante resoluciones de octubre de 2016, se impusieron a Čepelnik multas de 1 000 EUR y 8 000 EUR, por presuntas infracciones de la AVRAG.

Al culminar los trabajos, Čepelnik facturó al Sr. Vavti 5 000 EUR para liquidar el saldo pendiente. El Sr. Vavti rehusó el pago, alegando haber pagado el saldo pendiente a BHM Völkermarkt, de conformidad con la resolución administrativa de dicha autoridad. Čepelnik interpuso entonces una demanda contra el Sr. Vavti, a fin de cobrar el saldo pendiente.

La Directiva de Servicios [1] establece, en particular, que los Estados miembros respetarán el derecho de los prestadores a prestar servicios en un Estado miembro distinto de aquel en el que estén establecidos. Además, los Estados miembros no podrán imponer al destinatario requisitos que restrinjan la utilización de servicios prestados por un prestador establecido en otro Estado miembro. Esta Directiva no afecta al Derecho laboral nacional […] que sea conforme al Derecho [de la Unión].

En este contexto el Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno sodišče Pliberk (Tribunal de Distrito de Bleiburg, Austria) pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión prohíbe a los Estados miembros imponer al comitente nacional una retención del pago y la prestación de una fianza por el importe del precio pendiente de la obra contratada cuando el único objetivo que se persigue con la retención del pago y la prestación de la fianza es asegurar el cobro de la multa que, en su caso, pueda imponerse, a través de un procedimiento separado, a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Nils Wahl considera, en primer lugar, que la Directiva de Servicios es aplicable en este asunto. Dado que el objetivo legal de esta medida es garantizar, en beneficio del Tesoro Público, la ejecución de las sanciones que las autoridades públicas puedan imponer en el futuro a un prestador de servicios, y que la medida no se le impone al autor de la supuesta infracción, sino a la otra parte contractual, no puede considerarse amparada por la excepción prevista en la Directiva de Servicios para el «Derecho laboral». En segundo lugar, el Abogado General observa que, independientemente de que adolezca o no de carácter discriminatorio, una medida de esta índole, por su propia naturaleza, puede, por un lado, disuadir a los clientes austriacos de adquirir servicios de proveedores establecidos en el extranjero y, por otro lado, disuadir a los prestadores establecidos en otros Estados miembros de ofrecer sus servicios en Austria con carácter temporal. Por lo tanto, esta medida constituye una restricción que, en principio, está prohibida por la Directiva de Servicios. En tercer lugar, el Abogado General examina si dicha medida puede justificarse y considera que las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los prestadores de servicios pueden justificarse únicamente con arreglo a determinadas condiciones que se establecen en esa Directiva. No obstante, las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los destinatarios de servicios, en principio, no pueden justificarse.

Por todas estas razones el Abogado General concluye que una medida de este tipo es incompatible con la Directiva de Servicios.

Esta conclusión no sería diferente aunque el Tribunal de Justicia examinase la compatibilidad de esta medida con el artículo 56 TFUE, relativo a la libre prestación de servicios.

En efecto, una restricción a la libre prestación de servicios sólo puede admitirse cuando persiga un objetivo legítimo compatible con los Tratados y esté justificada por razones imperiosas de interés general, si bien, en tal caso, debe ser adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido y no ir más allá de lo necesario para lograrlo.

Según el Abogado General, el objetivo de permitir a las autoridades nacionales verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social (que es la justificación invocada por el Gobierno austriaco) constituye una razón imperiosa de interés general que puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios. No obstante, cabe preguntarse si la medida persigue de forma auténtica y coherente el objetivo. En su opinión, la medida es, en cualquier caso, desproporcionada, pues va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo propuesto.

[1] Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en lo sucesivo, «Directiva de Servicios») (DO 2006, L 376, p. 36).

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Audiencia Nacional anula el despido colectivo de los 43 trabajadores de Air Berlin en España2018-05-09

La Audiencia Nacional ha estimado la petición de la USO de considerar nulo el despido colectivo de los 43 trabajadores que prestaban el servicio de call-center en España para la compañía aérea alemana Air Berlin, y que fueron incluidos en el concurso de acreedores presentado en Alemania, pero no en España.

Los empleados (41 en Palma de Mallorca, 1 en Madrid y 1 en Barcelona) fueron despedidos en noviembre, sin negociación con la Comisión designada a tal efecto por los trabajadores, y con el mínimo legal de indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades.

Los servicios jurídicos de la USO presentaron la impugnación del despido colectivo al estimar que no había fundamentos de derecho para ello en España, ya que el concurso de acreedores solo se había presentado en Alemania a pesar de tener plantilla en España. La letrada María Eugenia Moreno afirma además que “durante todo el proceso, la compañía no ha querido sentarse a negociar y ponía todas las trabas posibles a la defensa de los trabajadores, entregando la documentación en inglés a pesar de tener su centro de trabajo en España”. Igualmente, “ha sido imposible estimar las ganancias que Air Berlin ha obtenido de los contratos de compraventa de sus diferentes líneas de negocio, así como de las subastas de los activos, que ha incluido hasta el interior de los aviones. Algunos de estos materiales podrían haber actuado como garantía del pago de los trabajadores”, continúa Moreno.

Ahora, Air Berlin está condenada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional a reincorporar a los 43 trabajadores. Al no haber centro de trabajo, puede comenzar el incidente de no readmisión, pero en todo caso se anula el despido colectivo de noviembre y los trabajadores tendrán derecho a percibir tanto las nóminas devengadas desde entonces como una indemnización de 45 días por año trabajo, en lugar de los 20 días impuestos por la aérea alemana.

Indemnización a cliente de compañía telefónica incluida en un fichero de morosos por no pagar penalizaciones2018-05-08
  • Incluye la sentencia

El Juzgado de Primera Instancia de Lena en sentencia de 26 de enero de 2017, declaró que la inclusión de la cliente en unos ficheros de morosos fue irregular y constituía una vulneración de su derecho al honor. Dicha sentencia fue recurrida en apelación, declarando la Audiencia Provincial de Oviedo, en sentencia de 21 de junio 2017, que dicha inclusión no fue ilícita. Finalmente, el Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de marzo destaca que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, como ocurrió en este caso, reponiendo la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia de Lena.

Irune Agorreta Martínez
Área Derecho Privado. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A.

La compañía telefónica le reclamaba una deuda de 200€ con la que la cliente no estaba de acuerdo y le comunicaron que si no pagaba incluirían sus datos en unos ficheros de solvencia patrimonial, tal y como ocurrió.  Los datos de esos ficheros se pasaron a varias entidades de crédito, y cuando la mujer fue a solicitar una tarjeta de crédito a una de ellas, se la denegaron al estar incluida en un archivo de morosos.

El Supremo destaca que al no estar la cliente de acuerdo con la reclamación de la deuda, el impago no puede ser por sí solo un indicativo de la falta de solvencia y que no se pueden incluir en esos ficheros los datos de aquellos que legítimamente discrepan del acreedor en cuanto a la existencia y cuantía de la deuda.

La Sala explica que el hecho de que la cliente pagara únicamente las partidas de la facturación que considera correctas, no puede ser interpretada como un reconocimiento de la veracidad de la deuda sino todo lo contrario, porque no ha aprovechado las incorrecciones de las partidas para dejar de pagar por completo los servicios.

Así pues, al reponerse la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia, se indemniza con 10.000€, al considerarse además que la cantidad se ajusta a los parámetros establecidos en la jurisprudencia.

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Según el Abogado General Tanchev, está sometida a control jurisdiccional la respuesta legislativa a una sentencia del Tribunal de Justicia relativa al carácter abusivo de cláusulas contractuales por falta de claridad2018-05-07

En febrero de 2008, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss celebraron con un banco húngaro un contrato de préstamo denominado en francos suizos (CHF). Con arreglo a dicho contrato, aunque las cuotas mensuales de devolución del préstamo debían pagarse en forintos húngaros (HUF), el importe de dichas cuotas se calculaba a partir del tipo de cambio vigente entre HUF y CHF. Asimismo, los prestatarios aceptaron asumir el riesgo relativo a las posibles fluctuaciones del tipo de cambio entre esas dos monedas.

El tipo de cambio experimentó posteriormente cambios considerables en perjuicio de los prestatarios, lo que se tradujo en un aumento significativo de sus cuotas mensuales. En mayo de 2013, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss emprendieron acciones legales contra OTP Bank y OTP Factoring, empresa esta última a la que se habían cedido los créditos derivados del contrato de préstamo. En el marco de este procedimiento judicial, se suscitó la cuestión de si la cláusula contractual que obligaba a los prestatarios a soportar el riesgo del tipo de cambio podría considerarse abusiva en el sentido de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores [1] y, en consecuencia, no vinculante para los prestatarios, por no haber sido redactada por el banco en cuestión de manera clara y comprensible.

Mientras tanto, Hungría aprobó en 2014 leyes por las que se eliminaban de los contratos de préstamo denominados en divisas determinadas cláusulas abusivas, se convertían virtualmente en HUF todas las deudas pendientes de los consumidores derivadas de esos contratos, y se introducían otras modificaciones en el contenido de las relaciones jurídicas de las partes de los contratos en cuestión. Esas Leyes tenían también por objeto dar cumplimiento a una resolución de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) acerca de la falta de adecuación con la Directiva de determinadas cláusulas incorporadas a contratos de préstamo denominados en divisas [2] (esta resolución fue adoptada a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Kásler). [3] No obstante, las nuevas leyes mantuvieron el riesgo del tipo de cambio sobre el prestatario.

Dado que, según la Directiva, las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas no están comprendidas en su ámbito de aplicación, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital, Hungría), quien conoce del asunto de la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss, pregunta al Tribunal de Justicia si el juez nacional puede examinar el carácter abusivo de una cláusula carente de claridad que hace recaer en el prestatario el riesgo del tipo de cambio a pesar de que el legislador húngaro haya confirmado la validez de esta cláusula.

[1] Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).

[2] Resolución n.º 2/2014.

[3] Sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13) (véase el CP n.º 66/14).

En sus conclusiones hechas públicas hoy, el Abogado General Evgeni Tanchev recuerda que la exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva de las cláusulas que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en los contratos en cuestión.

No obstante, esta consideración no rige respecto de las medidas legislativas, como las leyes húngaras antes mencionadas, aprobadas después de la fecha en que se celebró el contrato correspondiente y con el objetivo específico de dar ejecución a una resolución judicial que declara el incumplimiento de la Directiva.En este sentido, el Abogado General considera que la excepción en cuestión se concibió con el fin de garantizar que se permitiera a los Estados miembros mantener o introducir normas que fuesen más allá del ámbito de las medidas de protección que contempla la Directiva, si bien los Estados miembros tienen vedado reducir el nivel de protección que confieren esas disposiciones.

Asimismo, el Abogado General destaca que la respuesta legislativa de un Estado miembro a una resolución del Tribunal de Justicia por la que se declara que una normativa o una práctica nacional es incompatible con la Directiva no puede sustraerse del control judicial, ya que dicha sustracción sería contraria a las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que garantizan un elevado nivel de protección de los consumidores y el derecho a la tutela judicial efectiva.

En estas circunstancias, el Abogado General propone que una cláusula que ha pasado a formar parte de un contrato de préstamo denominado en divisas mediante una iniciativa legislativa y que hace recaer desde el principio el riesgo del tipo de cambio sobre el prestatario no refleja disposiciones legales o reglamentarias imperativas en el sentido de la Directiva. En consecuencia, cuando esa cláusula no haya sido formulada dentro del contrato de manera clara y comprensible, el juez nacional puede examinar si constituye una cláusula abusiva que no vincula al consumidor.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Condenan por estafa y falsedad a cuatro hermanos que simulaban padecer la enfermedad de catatonia2018-05-04
Fingían estar enfermos para cobrar pensiones por invalidez de la Seguridad Social. La Audiencia de Las Palmas declara prescritos los delitos del médico que les ayudó con recetas e informes

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a distintas penas que oscilan entre los tres años y seis meses y los veintiún meses de cárcel por un delito de estafa en concurso medial con un delito de falsedad a cuatro hermanos residentes en Gran Canaria que entre 2006 y 2009 simularon graves dolencias ante la Inspección Médica -entre otros cuadros patológicos, la catatonia, un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por anomalías motoras- con el fin de obtener las más altas prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por incapacidad laboral “lo más severa posible”.

Según detalla el fallo, los imputados lograron engañar a los médicos del Ministerio de Trabajo en algunos casos de forma natural, simplemente simulando enfermedades, pero en otros valiéndose de “la ingesta de productos médicos y/o farmacológicos”.

La sentencia declara probado que entre 2006 y 2009, los cuatro hermanos, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio de la arcas públicas, “se confabularon para, en la medida de su situación laboral y personal, y previa tramitación de los oportunos expedientes administrativos ante el INSS, obtener la declaración de incapacidad más severa posible, que les permitiera obtener las prestaciones sociales en función del grado de incapacidad alcanzado, simulando para ello unos padecimientos que no se correspondían en absoluto con su situación clínica bien por no existir en modo alguno, bien por ser exacerbados -de manera natural o con la ayuda de la ingesta de productos médicos y/o farmacológicos-” .

La resolución judicial absuelve al médico que les ayudó a consumar el fraude, al considerar que los delitos de estafa agravada y falsedad de los que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal están prescritos en la actualidad.

Además de la condena penal, la sentencia obliga a los acusados a abonar a la Seguridad Social indemnizaciones por un valor total de 86.237 euros, a la mutualidad Muprespa en 14.374 euros y a la entidad Mapfre con 172.365 euros.

Contra la decisión judicial cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

¿Puede la empresa registrar el bolso de sus empleadas a la salida del trabajo, por haber constatado la dirección la desaparición de determinados productos de la empresa?2018-05-03
  • Incluye la sentencia

El TSJ de Baleares desestima el recurso interpuesto por una empresa contra la sentencia del Juzgado que estimaba la demanda de una trabajadora a la que se le había registrado el bolso a la salida del trabajo, condenando a la empresa al abono de una indemnización de 1.000 euros por haber vulnerado el derecho a la intimidad de la empleada.

Supuesto de hecho:

  • La trabajadora venía prestando servicios para una empresa de catering en el comedor de un hospital público.
  • La empresa había constatado la desaparición de determinados productos de alimentación, unos días antes de proceder al registro de la empleada.
  • A la salida del trabajo, la trabajadora y otra compañera fueron registradas en la salida al parking, por dos responsables de la empresa, en presencia de los delegados de personal, sin que se les hallara en posesión de ningún producto.
  • Frente a dicha actuación, interpuso la trabajadora demanda por vulneración de su derecho a la intimidad contra la empresa, que fue estimada por el Juzgado de lo Social.
  • Contra la sentencia del Juzgado interpuso la representación de la empresa el presente recurso de suplicación.

Consideraciones jurídicas:

  • El Tribunal analiza si la actuación empresarial es vulneradora del derecho a la intimidad y al honor de la trabajadora.
  • En este sentido, el Tribunal parte de la base de que, si bien no resulta discutible que la empresa deba emprender medidas de averiguación o preventivas, a efectos de evitar cualquier sustracción de productos que son objeto de la misma actividad empresarial, no cualquier medio de indagación puede estar amparado en los parámetros legales marcados en el artículo 18 del ET.
  • En primer lugar, señala que el artículo 18 del ET constituye un precepto sustantivo que regula la forma de realizar los registros, con los requisitos que han de cumplirse suficientemente, trasladando de forma práctica al ámbito laboral los derechos fundamentales que la Constitución contiene, como son el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen.
  • Por tanto, la medida debe someterse a una ponderación de los derechos en confrontación, tanto el interés legítimo de la empresa de conocer los posibles autores de un hecho como, de otro lado, los derechos antes mencionados cuando el registro no es efectuado por un agente de la autoridad.
  • El TSJ señala que lo más relevante en este caso es el lugar en que se produce el control, en la medida en que un lugar público puede incidir de forma irremediable en la reputación de la persona registrada, por lo que afirma que el registro debería haber sido efectuado en un sitio diferente a aquel de tránsito del hospital, a efectos de suficiente garantía y de adecuación.
  • Añade que el juicio de idoneidad tampoco puede ser superado, en la medida en que la actuación empresarial tiene lugar casi dos semanas después de haberse producido la desaparición constatada por el responsable, período en que no se procedió a realizar ninguna actuación investigadora.
  • Por todo lo anterior, el TSJ concluye que la empresa pudo utilizar medidas menos lesivas de los derechos de las empleadas (mediante el control después de cada turno de los productos almacenados, o la instalación de cámaras de videovigilancia), por lo que considera que la actuación empresarial vulneró el derecho fundamental de la empleada.

Conclusión Lex@:

En definitiva, el Tribunal considera que la medida empresarial consistente en registrar los bolsos de las empleadas en la salida del parking del centro de trabajo, resulta lesiva para los derechos fundamentales de la empleada, en la medida en que el registro se produce en un lugar de tránsito del hospital, pudiendo afectar a la reputación de la empleada, y señalando que la empresa podía haber utilizado métodos menos lesivos.

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La Audiencia de Sevilla impone condenas de 12 y 18 meses de cárcel a dos hombres acusados de simular un accidente de tráfico para cobrar del seguro2018-05-02
El tribunal condena también a seis meses de prisión a la pareja de uno de ellos por mentir en el juicio al asegurar que el siniestro se había producido

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto penas de un año de cárcel y un año y medio de prisión, respectivamente, a dos hombres acusados de simular un accidente de tráfico en abril del año 2014 para cobrar del seguro.

En la sentencia, fechada el día 24 de abril, el tribunal condena a uno de los acusados a seis meses de cárcel y el pago de una multa de 270 euros por un delito de estafa procesal tentada, a seis meses de prisión y el pago de 540 euros de multa por un delito de falsedad en documento mercantil, y a seis meses de cárcel y multa de 270 euros por un delito de falso testimonio.

Del mismo modo, el segundo de los acusados ha aceptado seis meses de cárcel y 540 euros de multa por un delito de falsedad en documento mercantil y otros seis meses de prisión y 270 euros de multa por el delito de falso testimonio. Además, el tribunal ha condenado a seis meses de cárcel y 270 euros de multa a la pareja de uno de ellos por falso testimonio.

La Sección Primera considera probado que los dos principales condenados, en día no precisado pero próximo y anterior al 11 de abril de 2014, se pusieron de acuerdo para suscribir una declaración amistosa de un accidente “que no se había producido” entre la motocicleta de uno de ellos y el turismo del que era propietario el segundo de los acusados.

En la declaración amistosa, se hizo constar que el accidente había tenido lugar el 11 de abril de 2014 en la A-49, a la altura de Castilleja de la Cuesta, por alcance trasero del turismo a la motocicleta, tras lo que, con la declaración amistosa del accidente suscrita por ambos acusados, uno de ellos, “aparentando tener derecho y con clara intención de enriquecerse injustamente engañando a la Administración de Justicia”, interpuso demanda de juicio verbal de reclamación de daños de su vehículo por importe de 4.969,86 euros y por 821,59 euros por los desperfectos supuestamente causados contra la compañía aseguradora.

Convocada la vista oral para el 13 de abril de 2015, el entonces demandante, “sabedor de lo irreal de sus manifestaciones, mantuvo que el accidente había ocurrido y narró una colisión inexistente provocada por el vehículo del otro acusado”, quien a su vez mantuvo esta versión de los hechos “con manifiesta maledicencia pese a ser advertido de las consecuencias de su falta de veracidad”.

La acusada, por su parte, “conocedora de lo incierto de sus afirmaciones e igualmente advertida de las consecuencias de la falta de sinceridad, mantuvo que el accidente había ocurrido, que acudió a socorrer a su pareja y que abandonaron el lugar en la motocicleta y en otro vehículo tras recoger diversas piezas”. La demanda fue desestimada por sentencia de 24 de septiembre de 2015 y confirmada en febrero de 2016 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial, que acordó deducir testimonio de todo lo actuado por si los hechos fueran constitutivos de infracción penal.

La Audiencia concede a los acusados la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por el plazo de dos años, con la advertencia de que durante dicho plazo “no vuelvan a cometer nuevo delito por el que resulten condenados, en cuyo caso, dará lugar a la posible revocación de la suspensión y al cumplimiento de la pena de prisión, en su caso”.

La sentencia ya es firme tras la conformidad mostrada por los acusados con las penas solicitadas por la Fiscalía y después de que los mismos expresaran su decisión de no recurrir el fallo.

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Lionel Messi puede registrar su marca «MESSI» para artículos y prendas de vestir deportivos2018-04-30

El renombre del jugador de fútbol neutraliza las similitudes gráficas y fonéticas entre su marca y la marca «MASSI» de una sociedad española

En agosto de 2011, el jugador de fútbol Lionel Andrés Messi Cuccittini solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la marca de la Unión que se reproduce seguidamente para prendas de vestir, calzado y artículos de gimnasia y deporte:

En noviembre de 2011 el Sr. Jaime Masferrer Coma formuló oposición al registro de la marca del Sr. Messi, invocando la existencia de riesgo de confusión con las marcas denominativas de la Unión «MASSI», registradas, entre otros productos, para prendas de vestir, calzado, cascos para ciclistas, trajes de protección y guantes (los derechos sobre estas marcas fueron transferidos en mayo de 2012 a la sociedad J.M.-E.V. e hijos). [1] En 2013 la EUIPO estimó la oposición. El Sr. Messi interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución dictada. En abril de 2014 la EUIPO desestimó el recurso, por considerar, esencialmente, que existía riesgo de confusión entre las marcas. Concluyó que las marcas en cuestión son similares porque sus elementos dominantes, constituidos por los términos «MASSI» y «MESSI», son prácticamente idénticos en los planos gráfico y fonético, de modo que una eventual diferencia conceptual solo sería percibida, en su caso, por una parte del público pertinente.

El Sr. Messi no consideró satisfactoria la resolución de la EUIPO, por lo que solicitó su anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea. [2]

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General anula la resolución de la EUIPO.

Para empezar, el Tribunal General señala que los signos que componen las marcas en conflicto presentan una similitud media en el plano gráfico, debido a que el elemento dominante de la marca del Sr. Messi es extremadamente similar al elemento denominativo presente en la marca MASSI. A continuación, el Tribunal General confirma la conclusión de la EUIPO de que los signos en conflicto son muy similares a nivel fonético. En cambio, el Tribunal General considera que la

[1]La iaoiead sarte eurrnteen oto uno dearsane l ribunl Geneal(antoT-2/17

[2]El uadorde fúbolbrailñoNear tabin esparteen n anto e rsate teórganojuriioal(uo T-795/17).

EUIPO incurrió en error al comparar los signos en el plano conceptual. El Tribunal General estima que es erróneo considerar que el Sr. Messi  únicamente goza de renombre entre el  público interesado en el fútbol y en el deporte en general. Observa que este jugador de fútbol es una personalidad pública muy conocida, a la que a menudo puede verse en la televisión y de la que habitualmente se habla en la televisión y en la radio. Señala que la EUIPO debería haber examinado si una parte significativa del público pertinente no podría establecer una asociación conceptual entre el término «messi» y el apellido del célebre jugador de fútbol. Por último, el Tribunal General indica que se ha de tener en cuenta que los productos designados por las marcas en conflicto entre los que podría existir riesgo de confusión, aun cuando no se limiten al ámbito del fútbol, son, concretamente, artículos y prendas de vestir deportivos. Por ello parece poco probable que el consumidor medio de estos productos no asocie directamente, en la gran mayoría de los casos, el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol. Añade que, si bien es posible que algunos consumidores nunca hayan oído hablar del Sr. Messi o no recuerden haberlo hecho, no se tratará del típico consumidor medio que compra artículos o prendas de vestir deportivos.

El Tribunal General concluye que, aun cuando los signos en conflicto sean globalmente similares, las diferencias conceptuales existentes entre ellos son tales que neutralizan las similitudes gráficas y fonéticas señaladas. En efecto, el Tribunal General considera que una parte significativa del público pertinente asociará el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol y, en consecuencia, percibirá el término «massi» como un término conceptualmente diferente. Estima que el grado de similitud entre las marcas no es lo suficientemente elevado como para poder considerar que el público pertinente pueda creer que los productos en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por lo tanto, declara que la EUIPO concluyó erróneamente que el uso de la marca «MESSI» para prendas de vestir, artículos de gimnasia o de deporte y aparatos e instrumentos de protección podía crear en el consumidor un riesgo de confusión con la marca «MASSI».

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

La Mutualidad cierra 2017 con un crecimiento del ahorro gestionado del 11,50% y una rentabilidad neta del 5,17%2018-04-27

CGAE

El presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernandez-Lomana, acompañado por el Director General de la institución, Rafael Navas Lanchas, el Secretario de la Junta de Gobierno, Antonio Albanés Membrillo y el Vocal adjunto al presidente para relaciones Institucionales, Joaquín García-Romanillos Valverde, han presentado los resultados de la Memoria de actividades y el Balance de gestión del pasado ejercicio 2017, así como el presupuesto para 2018.

La Mutualidad de la Abogacía  ha cerrado sus cuentas del ejercicio 2017 con un superávit de 22,7  millones de euros. El  volumen de las aportaciones ingresadas se ha elevado hasta alcanzar los 624,7 millones  de euros, frente a los 598,4 millones del año 2016.

Este excedente se va a acumular íntegramente a reservas, reforzando de este  modo los fondos de solvencia. Los fondos propios alcanzarán, con esta aportación adicional, los 319,6 millones, un 7,62% más que el año anterior.

Hay que destacar que la rentabilidad neta de las inversiones se ha situado en el 5,17% sobre los activos invertidos, lo que permite retribuir a los mutualistas con el 4,65% (90% de la rentabilidad obtenida).

También ha crecido el número de mutualistas que ha alcanzado los 196.326 al final del ejercicio.

Estas dos magnitudes, el número de mutualistas y el aumento del nivel de cobertura de ahorro, junto con la rentabilidad asignada han elevado en un 11,50% el ahorro gestionado, que ha llegado a los 6.624 millones de euros.

Por otra parte, el ratio de los gastos de gestión sobre el ahorro gestionado  se ha situado en el 0,20%, reduciéndose con respecto del año anterior que fue del 0,22%, y frente al 1,5% del sector asegurador y de los fondos de pensiones. Este logro es  consecuencia de la especialización de la Mutualidad por trabajar directamente con los mutualistas y gracias a una gestión marcada por un estricto criterio de austeridad.

Desglose de las inversiones

Al cierre de 2017, el valor contable de las inversiones ascendía a 7.665  millones de euros, con un aumento del 9,92% frente al año anterior. De ellos, 567 millones corresponden a inversiones inmobiliarias, y los restantes 7.098 millones a inversiones financieras y tesorería.

Dentro del conjunto de la cartera, un 72,58%, (5.564 millones de euros), está invertido en bonos de renta fija, con una elevada rentabilidad media, superior al 5%; un 7,40%, (567 millones de euros), son inmuebles; el 5,85 está invertido en renta variable (acciones y fondos por importe de 448,1 millones de euros); y, finalmente, un 14,16% (1.085,9 millones de euros) corresponde a otros activos financieros y tesorería.

Ratio de Solvencia

La Mutualidad  continuó en 2017 situada por encima del ratio medio de solvencia del sector de seguros de vida y  supera en 2,23 veces los requisitos mínimos de Solvencia II exigidos por la normativa aseguradora.

PRESUPUESTO 2018

Para el presente ejercicio, la Mutualidad se propone conseguir una serie de mejoras en torno a tres cuestiones principales: las aportaciones de los mutualistas, el volumen de ahorro y la rentabilidad.

En lo que respecta a las aportaciones, se prevé que el crecimiento sea más moderado que en años anteriores alcanzando un 2%, hasta situarse en los 641,3 millones de euros. Con ello, el volumen del ahorro gestionado llegará a los 7.295 millones, frente a los 6.624 del año pasado, lo que representa un 10,12% más.

La rentabilidad prevista para 2018 se estima en un 4,72%, lo que dejaría la rentabilidad a favor de los mutualistas en el 4,25%.

Asimismo, como consecuencia de nuevos proyectos encaminados a mejorar los procesos y la transparencia de la Entidad, así como la próxima puesta en marcha de un nuevo Plan Estratégico para los próximos 5 años, los gastos comerciales y de administración podrían crecer hasta un 8,65%. No obstante gracias al aumento del ahorro gestionado se mantendrá el mismo ratio de gastos del 0,20% que en el año 2017.

Con estas cifras, el excedente podrá situarse en los 25 millones, con lo que la Mutualidad pasaría a tener unos fondos propios de 321,4 millones.

RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017

De enero a marzo de 2018, el importe de las aportaciones de los mutualistas ha sido de 164,7 millones de euros.

El ahorro gestionado se ha situado en los 6.823 millones al cierre del primer trimestre del año en curso.

El ratio de gastos sobre ahorro gestionado se mantiene en el 0,20%, en consonancia con el cierre del ejercicio pasado.

Finalmente hay que destacar que la rentabilidad anualizada estimada al cierre del ejercicio se sitúa en el 3,65%, con el objetivo final del 4,72% presupuestada y que permitirá otorgar a los mutualistas el 4,25%.

Hewlett Packard puede registrar las letras HP como marca de la Unión2018-04-26

En 1996 y 2009, la sociedad americana HP Hewlett Packard Group consiguió que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) registrara como marcas de la Unión, respectivamente, el signo denominativo HP y el signo figurativo reproducido a continuación para distintos productos y servicios (entre otros, cartuchos e impresoras):

 

 

En 2015, la sociedad polaca Senetic solicitó la anulación de dichos registros alegando, en particular, que las marcas controvertidas eran descriptivas y carecían de carácter distintivo. La EUIPO desestimó los recursos de nulidad de Senetic, quien acudió entonces al Tribunal General de la Unión Europea para que anulara las resoluciones de la EUIPO.

Mediante sus sentencias de hoy, el Tribunal General desestima los recursos de Senetic y confirma de ese modo que Hewlett Packard puede registrar el signo denominativo HP y el signo figurativo antes reproducido como marcas de la Unión.
Por lo que respecta a la alegación de que las marcas impugnadas ―compuestas por dos letras (H y P)― son meramente descriptivas como consecuencia de que se suelen emplear signos de dos letras para describir a los productos y servicios tecnológicos controvertidos, el Tribunal General declara que no cabe afirmar en general que una marca es descriptiva simplemente porque consista en una o dos letras. El Tribunal General considera además que los documentos justificativos aportados por Senetic no permiten establecer una relación suficientemente directa y concreta entre el signo HP y los servicios y productos controvertidos.

En cuanto a que las marcas impugnadas estén compuestas por elementos totalmente carentes de carácter distintivo, el Tribunal General declara que no suele emplearse la combinación de las dos letras que constituyen las marcas impugnadas, y que dicha combinación tampoco se percibe simplemente como una indicación carente de carácter distintivo, máxime cuando el público pertinente puede entender el signo HP como una referencia a los nombres Hewlett y Packard, apellidos de los fundadores de la empresa.

Por último, el Tribunal General señala que Senetic no ha aportado pruebas que demuestren que Hewlett Packard tuvo conocimiento de la existencia de la comercialización por Senetic o por otros terceros de algunos de los productos y servicios en cuestión con un signo similar o idéntico. De los documentos presentados ante el Tribunal General también resulta que Senetic no ha demostrado que, cuando se presentó la solicitud de registro de las marcas impugnadas, un tercero utilizase realmente signos idénticos o similares para comercializar sus productos o servicios. Además, Senetic tampoco ha precisado de qué tercero, de qué signo y de qué productos o servicios se trataba.

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

El Tribunal General de la Unión Europea confirma la decisión de la Comisión de no presentar una propuesta legislativa en el marco de la iniciativa ciudadana europea «Uno de nosotros»2018-04-25

La sentencia declara que la Comisión motivó suficientemente su decisión y que no incurrió en error manifiesto al apreciar la situación jurídica

Según el Tratado UE, un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, procedentes como mínimo de un cuarto de los Estados miembros, puede tomar la iniciativa de invitar a la Comisión a que, en el ámbito de sus atribuciones, proponga al legislador de la Unión adoptar un acto jurídico para los fines de la aplicación de los Tratados («iniciativa ciudadana europea»). Para poder empezar a recoger el número de firmas de apoyo requerido, los organizadores de la iniciativa ciudadana europea deben registrarla ante la Comisión, que examinará, en particular, su objeto y sus objetivos.

En 2012, la Comisión registró la propuesta de iniciativa ciudadana europea denominada «Uno de nosotros». El objetivo de esta iniciativa es prohibir y poner fin a la financiación por parte de la Unión de actividades que suponen la destrucción de embriones humanos (en particular, en los ámbitos de investigación, ayuda al desarrollo y salud pública), incluida la financiación directa o indirecta del aborto. Una vez registrada, la iniciativa reunió el millón de firmas requerido antes de ser presentada oficialmente a la Comisión a principios de 2014. El 28 de mayo de 2014, la Comisión adoptó una comunicación en la que expresó su decisión de no adoptar ninguna medida.

Los organizadores de la iniciativa no consideraron satisfactoria la comunicación de la Comisión y solicitaron su anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea.

En su sentencia de hoy, el Tribunal General considera, para empezar, que los organizadores de la iniciativa ―a diferencia de la entidad denominada «European Citizens’ Initiative One of Us», que no está dotada de personalidad jurídica― pueden, como personas físicas, interponer un recurso contra la comunicación de la Comisión de 28 de mayo de 2014, debido a que dicha comunicación produce efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a sus intereses, al modificar de forma caracterizada su situación jurídica.

En cuanto al fondo, el Tribunal General recuerda que los Tratados han conferido a la Comisión el cuasimonopolio de la iniciativa legislativa. Según el Tribunal General, el ejercicio del derecho de iniciativa ciudadana europea no implica que la Comisión esté obligada a presentar una propuesta de acto jurídico. Una interpretación en sentido contrario llevaría a privar a la Comisión de cualquier margen de apreciación en el ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa cuando se presentara una iniciativa ciudadana europea.

Por otra parte, el Tribunal General considera que la comunicación de la Comisión está suficientemente motivada. En particular, la Comisión señaló que, dado que el gasto de la Unión debe ser conforme a los Tratados de la Unión y a la Carta de los Derechos Fundamentales, el Derecho de la Unión asegura que todos los gastos de la Unión, incluidos los realizados en los ámbitos de investigación, cooperación al desarrollo y salud pública, respeten la dignidad humana, el derecho a la vida y el derecho a la integridad de la pers