La Comisión Europea presenta un nuevo plan para los derechos de los consumidores de la UE y propone excluir a los despachos de abogados2018-04-19

 

La Comisión Europea ha propuesto un nuevo acuerdo con el fin de garantizar que todos los consumidores europeos se beneficien de sus derechos con arreglo al Derecho de la Unión.

Aunque la UE ya tiene algunas de las normas más sólidas del mundo en materia de protección de los consumidores, casos recientes, como el escándalo del fraude del diésel, han puesto de manifiesto que es difícil hacerlas cumplir plenamente en la práctica. El nuevo acuerdo para los consumidores posibilitará que las entidades cualificadas realicen reclamaciones representativas en nombre de los consumidores y reforzará las facultades sancionadoras de las autoridades de los Estados miembros encargadas de la protección de los consumidores. Además, ampliará la protección de los consumidores cuando estén conectados a internet y aclarará el modo en que la legislación de la UE prohíbe las prácticas de calidad dual engañosas para los consumidores.

El nuevo acuerdo para los consumidores supondrá:

  1. Un refuerzo de los derechos de los consumidores en línea
  • Más transparencia en los mercados en línea
  • Más transparencia en los resultados de las búsquedas en las plataformas en línea
  1. El suministro a los consumidores de los instrumentos necesarios para ejercer sus derechos y obtener una compensación 
  • Reclamaciones representativas, de tipo europeo: en el marco del nuevo acuerdo para los consumidores, las entidades cualificadas, como, por ejemplo, una organización de consumidores, podrán obtener reparación, como una compensación, una sustitución o una indemnización, en nombre de un grupo de consumidores que hayan resultado perjudicados por prácticas comerciales ilegales. En algunos Estados miembros, los consumidores ya pueden presentar reclamaciones colectivas antes los tribunales, pero ahora esta opción existirá en todos los países de la UE. Esta propuesta de la Comisión también pretende apartar de estas demandas a los despachos de abogados limitándolas a las entidades que sin ánimo de lucro y que cumplan criterios estrictos de elegibilidad siendo revisados por una autoridad pública.
  • Mayor protección contra las prácticas comerciales desleales: el nuevo acuerdo para los consumidores garantizará que los consumidores de todos los Estados miembros tengan derecho a reclamar una reparación individual (por ejemplo, compensación financiera o resolución del contrato) cuando se vean afectados por prácticas comerciales desleales, tales como una comercialización agresiva o engañosa. Actualmente, esta protección varía en gran medida en la UE.
  1. El establecimiento de sanciones efectivas en caso de infracción de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores
  1. El tratamiento de la calidad dual de los productos de consumo
  1. Una mejora de las condiciones para las empresas

El nuevo acuerdo eliminará las cargas innecesarias para las empresas, entre otras cosas mediante la supresión de sus obligaciones en lo que respecta al derecho de desistimiento de los consumidores. Por ejemplo, los consumidores ya no podrán devolver los productos que hayan utilizado en lugar de haberlos simplemente probado, y los comerciantes ya no tendrán que reembolsar a los consumidores antes de haber recibido los productos devueltos.

Las nuevas normas también introducirán una mayor flexibilidad en la forma en que los comerciantes pueden comunicarse con los consumidores, permitiéndoles que utilicen también formularios en línea o chats en lugar del correo electrónico, siempre que los consumidores tengan acceso a las comunicaciones que mantengan con los comerciantes.

Las propuestas de la Comisión se debatirán en el Parlamento Europeo y en el Consejo.

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_es.htm

Las asociaciones de jueces y fiscales comunican al CGPJ la convocatoria de huelga el próximo 22 de mayo2018-04-18
  • Anuncian nuevos paros el 19 y 26 de abril y 3 y 10 de mayo por una mayor independencia judicial y modernización de la Justicia

Las principales asociaciones de jueces y de fiscales han comunicado formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a la Autoridad Laboral de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de huelga para el próximo 22 de mayo además de paros parciales de una hora los días 19 y 26 de abril y 3 y 10 del mes de mayo.

Así, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales informan en una nota de que se ha procedido de acuerdo a la legalidad vigente y en base a la convocatoria del pasado 5 de abril.

En ella, las asociaciones judiciales reclamaban el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial, mientras que las asociaciones de fiscales pedían, entre otras medidas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

De acuerdo con la nota difundida por la AJFV, “se ha puesto de manifiesto que se han intentado otras vías alternativas que han sido desatendidas hasta la fecha” y quedan ahora a la espera de la fijación de los servicios mínimos. El comité de huelga está integrado por los magistrados Manuel Almenar (APM), Natalia Velilla (AJFV), Ignacio González (JJD), Roberto Esteban (FJI), Cristina Dexeus (AF), Emilio Fernández (UPF) y Miguel Pallarés (APIF).

MOVILIZACIONES DESDE EL 5 DE ABRIL

Se trata de nuevas movilizaciones que se suman al calendario anunciado el pasado 5 de abril, día en que arrancaron los paros frente a las sedes judiciales de toda España en los que se leyeron las reivindicaciones de jueces y fiscales para la administración de justicia, recogidas en el documento ’14 propuesta para la mejora de la Justicia’, al que se han adherido más de 3.500 profesionales de la judicatura y la fiscalía.

En su comunicado del pasado 5 de abril las siete asociaciones tildaron de “decepcionante” la marcha de las negociaciones desde que el pasado 16 de junio dieron a conocer sus propuestas para la mejora de la justicia. Respecto a las Cortes, señalaron que “no parece haber una mayoría clara” en el Parlamento favorable a atender su petición de reforma del CGPJ “ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un pacto de estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto”.

En cuanto al Gobierno, le acusan de haber renunciado a incrementar el número de miembro de la carrera judicial y fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y recuerdan que “no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones”.

Los tribunales anulan multas de 290.000 euros de Competencia a los Colegios de Abogados por la territorialidad del Turno de Oficio2018-04-17
  • La Audiencia Nacional revoca las sanciones impuestas por la CNMC al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Guadalajara
  • El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima íntegramente el recurso planteado por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia como anteriormente lo hizo el TSJ de Andalucía

CGAE

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 60.000 euros impuesta en septiembre de 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo General de la Abogacía Española por restricción de la competencia en los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita al considerar que la multa no es conforme a derecho.

La misma Sala de la Audiencia Nacional, en sentencia de 26 de marzo de 2018, también ha revocado la sanción de 30.000 euros que la CNMC había impuesto en septiembre de 2015 al Colegio de Abogados de Guadalajara por el mismo motivo: la necesidad de que los abogados adscritos al Turno de Oficio tengan residencia y despacho abierto donde prestan el Servicio de Justicia Gratuita.

En ambas sentencias, la Audiencia Nacional considera que los Colegios de Abogados están obligados a “garantizar la rapidez y agilidad en la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita; de ahí la obligación de residencia y de disponer de despacho abierto” que tienen los abogados adscritos al Turno de Oficio. La Abogacía siempre ha defendido esta territorialidad como garantía de cercanía y proximidad al ciudadano.

La Audiencia Nacional también justifica la anulación de las multas de la CNMC en que el propio Colegio de Abogados asume la “posible declaración de responsabilidad de la actuación de su colegiado por lo que es necesario que sea miembro del Colegio en cuestión”.

Las sentencias –que condenan en costas a la CNMC- respaldan los argumentos del Consejo General de la Abogacía Española y del Colegio de Abogados de Guadalajara al considerar que la “prestación del Servicio de Justicia Gratuita se trata de una actividad en la que concurre un importante componente público y en el que el interés general aconseja la prestación de dicho servicio del modo más eficaz posible y manteniendo unos parámetros razonables de calidad”.

Además, la Audiencia Nacional asegura que en la prestación del servicio público de Justicia Gratuita “no existe un mercado libre” ya que el consumidor no puede elegir quien debe prestarle el servicio que demanda, los letrados no reciben honorarios por sus servicios sino una indemnización cuyo importe es determinado por las autoridades públicas y la llamada a la prestación del servicio es por medio de un turno, de una lista, en la que se producen llamamientos sucesivos.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

En el mismo sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia frente a la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia de 20 de Marzo de 2017, que le imponía una sanción de 100.000 euros por haberse negado a inscribir a una colegiada con despacho principal en Madrid en los turnos de oficio y asistencia al detenido de Bilbao, Getxo y Barakaldo.

La sentencia -que impone expresamente las costas del procedimiento a la Autoridad Vasca de la Competencia minoradas en un 50% de las que pudieran haberse causado- señala que “tratándose de un servicio profesional con connotaciones claras de servicio público y sin contenido económico, sin oferta profesional de servicios, ni libre fijación de remuneraciones u honorarios, no cabe hablar de un mercado de prestación de los mismos y la Ley de Defensa de la Competencia, por propia determinación de la Ley 2/1974 no es aplicable al caso.”

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Estas dos sentencias se suman a la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, en abril de 2016, dio la razón al Colegio de Abogados de Málaga que consideró plenamente válidos los argumentos jurídicos defendidos por el Consejo General de la Abogacía Española y por el Colegio de Abogados de Málaga frente a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que consideró como práctica anticompetitiva la fijación de restricciones de carácter territorial para el acceso de los profesionales de la abogacía al Servicio de Asistencia Gratuita. El tribunal no sólo anuló la multa de 98.215 euros sino que condenó en costas a la Agencia.

El Consejo General de la Abogacía Española, que respaldó en todo momento -por decisión de su Pleno- la actuación del Colegio de Málaga por entender que la decisión de este Colegio y de todos los demás respeta plenamente la legislación vigente y la normativa en materia de defensa de la competencia, se congratuló de que con la citada sentencia se haya reconocido que la prestación del servicio público de justicia gratuita, que realizan más de  45.300 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, con inmediatez y urgencia, de forma modélica y que atiende a cerca de un millón de ciudadanos cada año en España, “es una actividad administrativa sujeta a derecho administrativo”.

Condenados a dos años de cárcel los propietarios de una copistería por fotocopiar obras completas sin autorización2018-04-16

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a los dos responsables de una copistería de Salamanca por fotocopiar libros enteros sin la autorización del autor.

Según informa la Gaceta de Salamanca, los acusados, J.I.P.R. Y A.A.F., han aceptado una pena de dos años de prisión cada uno, así como el pago de 54.000 euros en concepto de indemnización y otro 6000 euros más por las costas del juicio, además de 12 meses de multa a razón de seis euros día, como autores de un delito contra la propiedad intelectual.

El citado medio añade que la Fiscalía ha informado favorablemente a la suspensión de la pena de prisión durante un plazo de dos años suspensión condicionada al pago de la responsabilidad civil, aunque de manera fraccionada.

Además se ordena la destrucción de las copias ilegales y se retira la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de manera que los acusados podrán continuar con su actividad.

Acusados inicialmente a penas de hasta cuatro años de prisión y 185.000 euros de indemnización, finalmente fiscal y acusación particular han tenido en cuenta el reconocimiento de los hechos por su parte lo que ha propiciado la rebaja en la condena.

Tras el acuerdo de ambos acusados con la pena y el compromiso de hacer frente a los pagos determinados, la Audiencia ha declarado la firmeza de la sentencia condenatoria contra ambos.

El contrainterrogatorio, si breve, dos veces bueno2018-04-13

Cuando hablamos de brevedad en sala tenemos la tendencia a pensar, no sin razón, en la duración del informe oral; sin embargo, aquel manjar tan apetecible para los jueces, es igualmente predicable al interrogatorio, y más específicamente al contrainterrogatorio del testigo adverso.

Efectivamente, sin perjuicio del indudable agradecimiento que recibiremos del juez, y que se materializará en una mayor y centrada atención a nuestro interrogatorio, lo cierto es que igualmente concurren una serie de razones que favorecen la habilidad del abogado, de realizar un interrogatorio breve al testigo adverso.

Será pues objeto del presente post, el examen de la misma. 

Para ello hemos de partir del principio esencial en materia de litigación que afirma que sólo se procede a interrogar cuando se tiene un objetivo que desde el punto de vista probatorio resulta relevante y que, en la práctica, tiene visos de ser alcanzable; siendo los objetivos del contrainterrogatorio, desvirtuar la credibilidad y/o el testimonio del testigo.

Consecuentemente, para poder lograr un contraexamen breve es imprescindible que contemos con un objetivo relevante y posible; de lo contrario, mejor no interrogar.

Partiendo de esta idea, debemos considerar que el testigo, sea cual sea su naturaleza (falso voluntario, falso involuntario, neutral, etc.), durante el contrainterrogatorio tratará de mantenerse y persistir en el testimonio que ya ha presentado en el interrogatorio directo previo, por lo que, salvo que obtengamos algún resultado, su versión de los hechos tenderá a perpetuarse ante los intentos del interrogador de obtener algún resultado. Por lo tanto, un interrogatorio que no lo obtenga y se prolongue debido a los continuos intentos infructuosos del abogado, constituye un error que, contrariamente a lo deseado, reforzará el testimonio. De ello se deriva que si no se alcanzan los objetivos previstos, hay que desistir de los mismos y concluir o, en su caso, pasar a otro objetivo.

Lo anterior, lógicamente, no desmerece que si se van obteniendo resultados, se prolongue lo necesario.

Otro factor a considerar es el hecho de que la brevedad del interrogatorio es inversamente proporcional a la importancia del testimonio adverso; de este modo, un interrogatorio breve, incluso aunque no alcancemos nuestros objetivos, tenderá a reducir la importancia del testimonio al igual que un interrogatorio extenso sin logro de objetivos puede ser devastador para quien interroga.

Nuevamente, la excepción reside en el supuesto de que  un prolongado interrogatorio acabe coronándose con un impactante éxito.

En cuanto a la temática del interrogatorio, para que sea breve, deberá cubrir todos los objetivos propuestos, si bien deberá concentrarse en las temáticas esenciales de los que depende nuestro caso y abordarlas con prontitud y eficacia; de ello se sigue que durante el mismo habremos de excluir tratar sobre hechos accesorios, secundarios u otros ya acreditados por otro medio de prueba, lo que facilitará alcanzar la brevedad necesaria.

Respecto a las preguntas, la sensación de celeridad que contribuye a la brevedad se alcanza con el auxilio de preguntas cortas, sencillas y que abarquen un solo punto, o lo que es lo mismo, un tema por pregunta excluyendo las preguntas compuestas. Otra regla esencial para evitar que el interrogatorio se prolongue, es proscribir la consabida repetición de preguntas o reformulación de las mismas.

Finalmente, es sabido que durante el contrainterrogatorio, el abogado debe llevar el absoluto control del mismo, y ello se consigue dándole un mayor ritmo (velocidad) a las preguntas, verdadero heraldo de la brevedad.

En definitiva, cuando decidamos abordar el contrainterrogatorio, debemos desarrollarlo lo más rápidamente posible, dándole una duración cuyo límite residirá en la cobertura de los objetivos planteados, hayamos o no alcanzado el éxito de los mismos.

El Tribunal Supremo declara nula la Orden de Cultura sobre las tarifas de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual2018-04-12
La Sala Tercera estima que omitió el análisis del impacto de la norma en la familia

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas contra la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

El alto tribunal declara nula la citada Orden por haber infringido en su tramitación, y más en concreto en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, la “Disposición adicional décima. Impacto de las normas en la familia”, de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, que establece que “las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia”.

La Memoria de análisis de impacto normativo de la Orden omitió el análisis del impacto de la norma en la familia, lo que fue advertido en su dictamen por el Consejo de Estado.

Por ello, el Supremo declara la nulidad de la Orden por vulneración de la norma imperativa de rango legal que contiene aquella Disposición adicional décima, “pues la ‘familia’ -y más aún, como es normal o habitual, la que integra entre sus componentes hijos e/o hijas menores de edad sobre los que los progenitores, tutores o cuidadores ejercen derechos pero también cumplen o han de cumplir deberes inherentes a la relación jurídica trabada entre unos y otros- es potencial afectada, directamente y/o por repercusión, de las tarifas generales que lleguen a determinarse según la metodología que aprueba la Orden Ministerial impugnada, y siendo ello así, no alcanzamos a ver cuál pueda ser la justificación de aquella total omisión en la memoria de análisis de impacto normativo”, señala la sentencia.

Argumentan que el hecho de que la “familia” como tal “no ejerza en principio una actividad económica que requiera disponer de alguno o algunos de los derechos que integran el amplio y diverso abanico de la “propiedad intelectual”, no es razón suficiente para descartar aquella potencial afectación ni para justificar por tanto la omisión que nos ocupa”.

Las investigaciones concluyen que el fallo de LexNET no afectó a expedientes judiciales2018-04-11

CGPJ y AEPD confirman que no se vieron afectados ficheros jurisdiccionales ni documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía.

​Una vez que se han hecho públicas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sus conclusiones sobre la investigación relativa al incidente de seguridad del sistema LexNET que se produjo el pasado mes de julio de 2017, ha quedado probado que el fallo no afectó a ficheros jurisdiccionales ni a expedientes completos y que los documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía no estuvieron expuestos en momento alguno. Puesto que en LexNET no existen expedientes completos, el número de documentos que se vieron afectados fue muy limitado y se estima que el número de buzones que pudo verse perjudicado apenas fue el 0,1%.

La AEPD reconoce que el Ministerio de Justicia ha colaborado con total transparencia, lealtad y respeto institucional en las investigaciones y desde el primer momento reconoció el fallo que, debido a un error de programación y control en una actualización de LexNET por parte de la empresa que desarrolla el sistema, permitía a los usuarios acreditados con certificado digital y tras una serie de acciones, acceder al buzón de un tercero. Dado que el error informático que se produjo afectó a determinados ficheros no jurisdiccionales, se ha declarado una infracción automática en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Un total de 140 usuarios accedieron de forma irregular a 150 buzones que no les pertenecían y visualizaron 1.023 mensajes de forma no autorizada, aunque no descargaron contenidos. Fueron 74 los que sí lo hicieron de 431 mensajes consistentes en notificaciones ya practicadas y limitadas a los 60 días anteriores. La Agencia da por probado que no se podían manipular documentos, acceder a comunicaciones que no hubieran sido abiertas previamente por el usuario legítimo, ni presentar escritos en nombre de otros usuarios, así como que no pudieron visualizarse mensajes anteriores a 60 días dado que el sistema borra los datos de forma automática.

Constata asimismo, los esfuerzos realizados por el Ministerio de Justicia para mitigar el incidente de seguridad y evitar situaciones similares en el futuro. El Ministerio ha diseñado 69 medidas correctivas y preventivas, de las que 55 ya se han implementado y el resto se encuentra en fase de desarrollo y pruebas. Todo ello hace que hoy LexNET sea mucho más seguro que antes del incidente.

Con anterioridad han archivado el expediente de investigación sin infracción alguna, tanto el Consejo General del Poder Judicial, como el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, supervisor de servicios no cualificados de entrega electrónica certificada como es LexNET.

Con la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos concluyen las actuaciones que las diferentes autoridades con competencias y los servicios de inspección del Ministerio han venido realizando sobre el incidente de LexNET.  

El Gobierno intensificará el control de las contrataciones formativas, a tiempo parcial y temporales injustificadas2018-04-10

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó nuevas medidas para intensificar el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos. A tal fin dio luz verde al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, un Plan que, según explicó el Ejecutivo, “identifica a la Inspección como la institución pública para la garantía de la calidad del empleo”. El documento ya tiene su traducción normativa por medio del Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, que fue publicado en el BOE del pasado sábado.

El Plan Estratégico recoge las actuaciones de las que se dotará a la inspección para intensificar el control. Entre otras cabe destacar: el incremento de los "recursos humanos suficientes en número, altamente cualificados y especializados en materias concretas". En este sentido se prevé el despliegue de los nuevos subinspectores laborales de la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo y la potenciación de la Escuela de Inspección. La norma se enmarca en la Agenda integral para la calidad del empleo del Gobierno y se estructura en cuatro ejes: organización, calidad en el servicio, eficacia en la actuación y asistencia y mediación. Fija además nada menos que doce objetivos y cien líneas de actuación para los próximos años.

El refuerzo de los medios humanos constituye una prolongación del implementado desde la aprobación en 2012 del Plan de Lucha contra el Fraude. Según informó el Gobierno, desde esa fecha  y con el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo en marcha se habrán incorporado una cifra de hasta 845 nuevos Inspectores y Subinspectores. Añade que gracias a una "coordinación más intensa en la lucha contra el fraude entre la Inspección de Trabajo, otros organismos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas han mejorado la eficacia de las actuaciones inspectoras".

Detectados 519.056 empleos irregulares desde 2012

En cifras y durante estos últimos seis años se han aflorado 519.056 empleos irregulares, que eran empleos sin derechos; se han detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones. Así mismo se ha logrado la conversión de más de más de 359.191 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos. El impacto económico global estimado es de 21.198 millones de euros.

Organismo Autónomo de nueva creación

El Real Decreto 192/2018 desarrolla la Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fue aprobada durante la pasada legislatura.

La piedra angular del nuevo modelo organizativo de la Inspección de Trabajo establecido por dicha Ley era la transformación de la actual Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un Organismo Autónomo de nueva creación, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos Estatutos han sido aprobados por este Real Decreto. De hecho, dicho Organismos Estatal será además el encargado del despliegue y de la completa ejecución del Plan Estratégico 2018-2020. Integrará a todo el personal que hasta ahora presta servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, unos 3.000 empleados públicos entre Inspectores, Subinspectores y personal de apoyo. Asimismo, estará desplegado en las 17 Comunidades Autónomas, en todas las provincias españolas, y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Accede al Real Decreto 192/2018

Nueva sentencia del TS declarando de utilidad pública a una asociación deportiva2018-04-09

El reconocimiento de la condición de utilidad pública de una entidad sin ánimo de lucro, y más en el caso de las organizaciones deportivas, es uno de los principales puntos a tener en cuenta en el asesoramiento jurídico a este tipo de organizaciones.

Para valorar la importancia de dicho reconocimiento, mencionar el cambio jurisprudencial que obtuvo el despacho Gros Monserrat Abogados en el año 2011 por parte del Tribunal Supremo. Éste, con sentencia del 22 de noviembre de 2011, declaró de utilidad pública al “Club Natació Manresa”, fijando por consiguiente, que la trascendencia social de la actividad desarrollada por la entidad, implica que nos encontremos ante un supuesto merecedor de la calificación de utilidad pública.

Hasta ese momento, se aplicaba estrictamente la normativa reguladora, en el que el informe favorable a tal pronunciamiento de la Agencia Tributaria se postulaba como preceptivo. No obstante, a partir de la doctrina del Tribunal Supremo aplicada en la referida sentencia, se empezó a cuestionar tal carácter preceptivo y vinculante del informe de la Agencia Tributaria, que realizaba una interpretación muy restrictiva del concepto de “interés general”.

De esta forma, según la Agencia Tributaria, la mayoría de las solicitudes deben de desestimarse puesto que según la misma no quedaba garantizado el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, relativo a que las finalidades estatutarias de la entidad tendieran a promover el interés general, manifestando básicamente que tales entidades desarrollaban actividades empresariales consistentes en la prestación de servicios mediante contraprestación económica, con lo que los servicios prestados por éstas no irían dirigidos a beneficiar directamente a una colectividad genérica de personas.

No obstante, Francesc Costa, socio del despacho Gros Monserrat Abogados y quien lideró estas impugnaciones ante el Alto Tribunal, argumentó frente a los requerimientos de la Hacienda pública, que el hecho de llevar a cabo una explotación económica no motiva per se que no pueda considerarse que los fines estatutarios de una entidad sin ánimo de lucro tienden a promover el interés general.

Por consiguiente el Tribunal Supremo fijó que el hecho de llevar a cabo una actividad económica por parte de la asociación en ningún caso puede privarle de la consideración de entidad de utilidad pública, por cuanto que lo fundamental es la falta de ánimo de lucro de la misma y los recursos derivados de la explotación económica son necesarios para el desarrollo de la actividad al reinvertirse en ella.

El hecho que la asociación pueda restringir el acceso a ciertas actividades a terceros, no implica que no se esté cumpliendo  con los requisitos de beneficiar a la colectividad, ya que en algunos casos deberá restringirse el acceso a las actividades para garantizar la seguridad de los usuarios. Del mismo modo, exigir el pago de entrada o matrícula para tal actividad no implica incumplir este requisito, ya que tal precio se reinvierte en la consecución de las finalidades sociales, careciendo de ánimo de lucro.

Recientemente, y como ya ocurrió en 2011, el despacho Gros Monserrat Abogados ha vuelto a obtener la declaración de utilidad pública para una nueva organización deportiva, con sentencia del Tribunal Supremo del pasado 22 de marzo de 2018. Esta sentencia, acogiendo los argumentos de la referida sentencia de 22 de noviembre de 20011, reitera que “no cabe entender que a prestación onerosa de un servicio conduzca necesariamente a conceptuar que la asociación que lo presta carezca de interés general, por cuanto que para ello habrá que tener en cuenta las actividades que realiza para el cumplimiento de su objeto social, si éstas redundan en beneficio de la colectividad, y del destino que se aplican a los ingresos que la entidad pudiera obtener”.

Carácter reglado de la actuación administrativa

Asimismo, la referida sentencia, reitera y consagra un principio de vital importancia en este asunto ya apuntado en las sentencias dictadas en el mes de octubre de 2015, que no es otro que el carácter reglado de la actuación administrativa, de forma que “aunque el artículo 32 de la LO 1/2002 establezca que las asociaciones “podrán ser declaradas de utilidad pública” cuando cumplan con los requisitos establecidos, la utilización de la expresión “podrán” no podrá llevar a pensar que nos encontramos ante una potestad discrecional, pues se trata aquí de un procedimiento reglado, de forma que las asociaciones que cumplan con los requisitos establecidos en la norma han de recibir la calificación de utilidad pública en caso que la soliciten”.

Del mismo modo, el Tribunal Supremo recuerda a la Agencia Tributaria que para la considerar de interés general una actividad, “lo determinante no es la obtención de un beneficio económico, sino el destino al que éste va dirigido”, de forma que “no cabe equiparar interés general con gratuidad o ausencia de ánimo de lucro; del mismo modo que no existe equivalencia entre ánimo de lucro y contraprestación de servicios prestados”.

Finalmente, en la sentencia referida, se destaca que las actividades que realiza la entidad, de promoción y fomento del deporte, redundan en beneficio de la colectividad y tienden a promover el interés general, parafraseando de forma brillante distintos párrafos del artículo 1 de la Ley 10/1990 del deporte, en el que se establece que la práctica del deporte “como factor fundamental de la formación y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes públicos del Estado”; concluyendo que según el artículo 1.3 de la referida ley, “el Estado reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de promoción desarrollada por las Asociaciones deportivas”. Evidentemente, una de las formas de las que dispone el Estado para reconocer y estimular tales acciones es reconocer la condición de utilidad pública a las entidades que la llevan a cabo.

El Gobierno solo destina a Justicia el 1,06% del presupuesto para campañas institucionales2018-04-06

750.000 de un total de 71,56 millones de euros, esa es la cantidad que el Ejecutivo ha asignado al Ministerio de Justicia con cargo al Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2018. Dicho de otra forma, contempla para las tres campañas asignadas al Ministerio el 1,06% de la inversión institucional para el ejercicio en curso.

El Plan, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes, concentra en cinco ministerios el 90% del total del esfuerzo presupuestario: Energía, Turismo y Agenda Digital; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Interior; Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y Hacienda y Función Pública. El organismo que más campañas planificará es el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con un total de 49.

Las tres campañas de Justicia

Cada una de las tres campañas que se desplegarán desde el Ministerio de Justicia tienen asignado un presupuesto de 250.000 euros. Este es el detalle de cada una de ellas:

  • Un nuevo Registro Civil al servicio de los ciudadanos. Su objetivo es: dar a conocer entre los ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España, el nuevo Registro Civil electrónico que otorgará a cada ciudadano un código personal a partir del cual todos sus hechos vitales (inscripción de nacimientos o defunciones, bodas, concesión de nacionalidad) estarán ordenados de forma cronológica y permitirá la simplificación de numerosos trámites a efectos de prestaciones de la seguridad social, deducciones fiscales, identidad a efectos policiales y de seguridad, censo y servicios sanitarios.
  • Algo está cambiando en la Justicia. Su objetivo es: informar sobre la transformación de los tradicionales juzgados con expedientes en papel que serán sustituidos por juzgados digitales con nuevos servicios electrónicos que gradualmente estarán a disposición de profesionales y ciudadanos.
  • La mediación también es justicia. Su objetivo es: sensibilizar a ciudadanos y empresas sobre el uso de la mediación como forma de resolver los conflictos de manera más rápida y económica, responsabilizándose de su solución.

Un total de 102 campañas

En el Plan se recoge información detallada de cada una de las 102 campañas institucionales que serán desarrolladas en 2018 por los ministerios, organismos y entidades públicas, con especificación de objetivos de cada campaña, coste previsible, aplicación presupuestaria, periodo de ejecución, herramientas de comunicación a utilizar, difusión, públicos a los que se dirigen, idioma, evaluación a realizar y medidas de accesibilidad previstas.

Las campañas de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y al cuidado del entorno acaparan algo más de un 76% de la inversión institucional. Se centrarán en ámbitos como: seguridad vial; ahorro y eficiencia energética; alimentación e información alimentaria; protección y conservación de la naturaleza y de los recursos naturales; tenencia de animales, consumo y buen uso del agua; cambio climático; reciclado; estilos de vida y alimentación saludables; salud; vacunación frente a la gripe; prevención del VIH; uso prudente de los antibióticos; prevención del consumo de alcohol y tabaco; envejecimiento activo e inclusión personas con enfermedad mental. Además, se desplegarán campañas específicas para la promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos; servicio exterior; estudiantes Erasmus, fiscalidad; mediación en la justicia; difusión de las políticas de empleo; tarjeta social universal; bono social energético; ayudas de la PAC; promoción de la corresponsabilidad y violencia de género.

Acceda al Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2018

El Tribunal Supremo destaca que la libertad de expresión no ampara la venganza por una denuncia penal previa2018-04-05
La Sala Primera resuelve que sí hubo intromisión ilegítima por parte del director de una publicación digital

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara que el director de prnoticias.com, y E-Contenidos S.L., como editora de dicha publicación digital, cometieron una intromisión ilegítima en el derecho al honor de I.L., director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, por varios artículos y comentarios periodísticos del director publicados entre enero y marzo de 2014. El TS condena a los demandados a pagar solidariamente una indemnización de 10.000 euros, y a difundir el fallo en la página web de la publicación y en una cuenta de twitter del periodista.

El Supremo ha valorado el tono general vejatorio de los textos enjuiciados así como el hecho de que existiera una denuncia penal previa de I.L. contra el director de la publicación por delito de amenazas condicionales. La Sala destaca al respecto que la libertad de expresión en un periódico digital no ampara la venganza por una denuncia penal previa del demandante contra el demandado.

Para el alto tribunal, en este caso “no se aprecia tanto la comunicación pública de opiniones sobre un asunto de interés general cuanto la venganza del propio Sr. por haber sido denunciado y valiéndose para ello de su condición de director de un periódico digital, finalidad que no puede quedar amparada por la libertad de expresión”.

El Supremo estima el recurso planteado por el director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que había dado la razón al demandado, confirmando íntegramente el fallo inicial del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid, que apreció la intromisión en el derecho al honor y estableció la indemnización.

En ese sentido, el Supremo considera que la cuantía de la indemnización se confirma “porque la de 10.000 euros no resulta desproporcionada a la vista del número e intensidad de las ofensas, constitutivas de una auténtica campaña de desprestigio del demandante desde su periódico digital”. Recuerda el alto tribunal que, en sus mensajes, dudaba de los orígenes de I.L. y mencionaba a sus hijos. Asimismo, hay una identificación inequívoca en los artículos del destinatario de las vejaciones mediante la coincidencia de un personaje de ficción con su primer apellido.

El Supremo explica que son hechos no discutidos que demandante y demandado mantuvieron una relación de amistad que cesó en noviembre de 2011 cuando se produjo la denuncia por hechos que dieron lugar a un asunto penal. En los hechos probados de la sentencia de noviembre de 2011 de un Juzgado de lo Penal de Madrid, se decía que el director de la publicación le convocó a una reunión en su despacho como director de prnoticias.com, y allí le amenazó con revelar información que supuestamente podría incriminar penalmente al presidente del Consejo General de Enfermería si no accedía a pagarle 300.000 euros, conversación que grabó con su móvil.

Archivos asociados

Los abogados ya pueden tramitar online su declaración del IRPF 2017 y de sus clientes con el carné ACA2018-04-04
  • El 4 de abril de 2018 se inicia el plazo de presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2017

El carné colegial con firma electrónica ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía) habilita a los abogados para la realización de trámites telemáticos con las Administraciones Públicas, siempre con plena validez jurídica y de modo análogo a la firma manuscrita en el entorno tradicional.

  • Los abogados pueden modificar y presentar su declaración de Renta 2017 y de sus clientes por Internet: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio (24 horas).
  • También se puede modificar y presentar su declaración de Renta 2017 por teléfono: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio.
  • Centro de Atención Telefónica: 901 200 345 y 91 535 68 13 (atención personal, de L a V, de 9 a 21h).
  • Además se puede modificar y presentar la declaración de Patrimonio 2017 por Internet: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio.

Hay que tener en cuenta las siguientes fechas:

  • 27-06-2018 Último día para presentar sus declaraciones de Renta y Patrimonio 2017 si el resultado es a ingresar y quiere domiciliar el ingreso.
  • 02-07-2018 Último día para presentar sus declaraciones de Renta y Patrimonio 2017
  • 05-11-2018  Último día para realizar el ingreso del segundo plazo de la cuota del impuesto sobre la Renta 2017, si se fraccionó el pago

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

Renta WEB es el servicio de ayuda para tramitar y presentar la declaración de Renta de todos los contribuyentes, incluidos los que obtengan rendimientos de actividades económicas. Una vez que  el abogado se haya identificado, podrá consultar por Internet sus datos fiscales, que le servirán para la obtención de la declaración que se genera a través del servicio Renta WEB. La gran mayoría de datos fiscales se incorporan automáticamente, aunque usted puede modificarlos o incorporar datos nuevos desde Renta WEB.

Gracias a esta herramienta tecnológica, cada año son más los abogados y abogadas que presentan las declaraciones del IRPF y la de sus clientes por internet, de forma segura y autenticada utilizando la firma electrónica ACA, sin necesidad de desplazarse a la Agencia Tributaria.

Los abogados deben tener en cuenta que la presentación electrónica por Internet podrá realizarse por certificado electrónico colegial ACA, con DNI electrónico,  Cl@ve PIN o número de referencia.

Como novedad, la Agencia Tributaria ha puesto este año en marcha la app de la Agencia Tributaria para dispositivos móviles que se encuentra disponible de forma gratuita en las plataformas oficiales de descarga de Android y Apple desde el 15 de marzo.

Hay que tener en cuenta la siguiente configuración para poder usar correctamente la aplicación:

  • Se requiere que el dispositivo tenga conexión a internet, ya sea mediante wifi o datos.
  • El dispositivo tiene que estar protegido por un patrón de seguridad de acceso. El usuario podrá escoger entre los distintos sistemas de bloqueo de su dispositivo: pin, huella dactilar, patrón de desbloqueo, etc.

GARANTÍA PROFESIONAL

En las últimas campañas de la Renta, los abogados españoles presentaron más de 30.000 declaraciones del IRPF con firma electrónica ACA, convirtiéndose en el primer prestador de servicios de certificación privado, sólo superado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT),

El uso de la firma electrónica de abogado para la relación con la Administración Pública está cada vez más extendido, debido en parte a la publicación de la Ley de Administración Electrónica (11/2007), que entró en vigor a finales de 2009 y da derecho a los ciudadanos a la realización de trámites electrónicos con la Administración Pública.

Por otro lado, la Agencia Tributaria (AEAT) ha comenzado a imponer la tramitación telemática y desde el 01 de enero de 2014 ha impuesto que todas las autoliquidaciones y declaraciones anuales del Impuesto del Valor Añadido (IVA) se tengan que formalizar a través de Internet (Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre).

OTROS TRÁMITES CON ACA

  • Pago de impuestos como el IVA
  • Informe de la vida laboral
  • Consulta del Catastro
  • Para comunicaciones seguras: Buro SMS, correo electrónico firmado
  • Para firma de documentos.
  • Para acceder a todos los servicios de RedAbogacía

Más información sobre las Administraciones Públicas con las que se puede hacer trámites telemáticos con ACA en http://www.abogacia.es/servicios-abogacia/

PARA PRESENTAR DECLARACIONES DE CLIENTES

Los abogados también pueden utilizar el carné colegial con firma electrónica ACA para presentar las declaraciones de sus clientes. Consulte en su Colegio de Abogados si tiene firmado el Convenio de Colaboración Social con la Agencia Tributaria para realizar este trámite.

Como realizar mi declaración de la Renta con ACA:

  • Hay que tener la firma electrónica en vigor y haber instalado el software de la tarjeta ACA y del lector.
  • Introducir el carné colegial en el lector de tarjetas
  • Entrar en www.agenciatributaria.es y seguir los pasos indicados
  • Para consultas técnicas que surjan, contactar con 91 150 10 03 / 93 014 10 01 el mail de contacto: soporte.tecnico@redabogacia.org
    La atención es en horario de lunes a viernes: 10:00-14:30 y 16:30-20:00, sábados: 10:00-14:30
Los Consejos Generales de la Abogacía y de los Procuradores piden al Gobierno que apruebe con urgencia las medidas para reformar la Justicia2018-04-03
  • La Abogacía y la Procura muestran su plena disposición para que se coloque a la Justicia entre las prioridades del Estado, haya o no Pacto de Estado
  • El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que impulsaría las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados

El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España reclaman al Gobierno que apruebe con urgencia las 103 medidas acordadas por la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados para colocar de una vez a la Justicia entre las prioridades del Estado.

El pasado lunes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció a través de una nota de prensa que el “Gobierno asume las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados, las hace suyas y va a trabajar para impulsarlas con los colectivos profesionales”.

Tanto la Abogacía como la Procura -como actores imprescindibles en la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos- consideran necesario que se aborde de forma definitiva una reforma profunda y duradera como verdadera solución de los problemas de los ciudadanos y de la sociedad.

Las dos instituciones muestran su plena disposición para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia y el resto de colectivos profesionales para conseguir que el proceso de modernización de la Justicia sea una realidad en el menor plazo posible.

Al considerar que la Justicia eficiente y de calidad, con el ciudadano como centro, es una cuestión de Estado, la Abogacía recuerda que en diciembre de 2016 envió a todos los colectivos que participan en la Administración de Justicia el documento ‘Elementos para una propuesta de Pacto de Estado por el Futuro de la Justicia’, que se aprobó en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado el 24 de noviembre de 2016. También la Procura celebró el pasado día 19 de marzo, un Foro Debate Procuradores en esta misma línea. En ese sentido Abogacía y Procura reiteran la práctica unanimidad de todos los operadores jurídicos en el diagnóstico de la situación y llaman a todos los partidos a retomar el diálogo para alcanzar un Pacto de Estado y no perder otra legislatura sin alcanzarlo. Ese diálogo, no obstante, no debe frenar la aplicación o puesta en marcha de todas aquellas medidas que hayan sido consensuadas y que gocen de un acuerdo mayoritario.

Los Consejos de la Abogacía y de la Procura señalan que de acuerdo con la voluntad expresada por el ministro de Justicia de alcanzar acuerdos en materia salarial y en los ámbitos formativos y de promoción profesional de los distintos colectivos de la Justicia, el Turno de Oficio y los abogados y procuradores que lo atienden deben ser también un objetivo prioritario y urgente de mejora.

El Tribunal Superior inadmite el recurso de la Universidad de Navarra contra la convocatoria de becas del Gobierno foral para el curso 2016-172018-03-28
Los magistrados consideran que carece de legitimación para impugnar al no ser la Universidad de Navarra la beneficiaria de las ayudas, sino los alumnos

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha inadmitido el recurso interpuesto por la Universidad de Navarra contra la convocatoria de becas para el curso 2016-17 al concluir que este centro carece de legitimación para impugnar la convocatoria porque no es directamente beneficiario de las ayudas, puesto que los beneficiarios son los alumnos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN asegura que la universidad no ostenta derecho alguno para solicitar la subvención y “carece de la facultad de representación de sus alumnos”. “El derecho a la obtención de las becas convocadas es un derecho que se ostenta con carácter personal y, dependiendo del tipo de beca de que se trate, por una serie de circunstancias que deben concurrir en el solicitante y del nivel de renta de la unidad familiar del alumno, no por el mero hecho de ser alumno universitario”, remarca el Tribunal.

Según precisa la Sala, el hecho de ser expresamente mencionada en la convocatoria general de becas no le confiere la legitimación activa, puesto que si se lee con detenimiento la convocatoria toda ella viene referida a los alumnos, y con mención expresa a los alumnos de la Universidad de Navarra, no a la propia Universidad de Navarra como destinataria de algún modo de la convocatoria.

Respecto a la repercusión negativa derivada del recorte en la cuantía de las becas a los alumnos de la Universidad de Navarra que puede ocasionar la pérdida de alumnos, los magistrados resaltan que la demandante no acredita este extremo, sino que lo deduce como una consecuencia evidente de la convocatoria de becas impugnada, por lo que tampoco cabe reconocerle legitimación activa basada en este perjuicio. En este punto, recuerda la Sala que la jurisprudencia exige que la parte demandante que sostiene su legitimación activa demuestre que el acto que se impugna le afecta a su esfera jurídica de intereses de un modo efectivo y acreditado, y no meramente hipotético, potencial y futuro.

Asimismo, la universidad alegaba en su recurso que el recorte afectaba directamente a la Universidad de Navarra por el hecho de que las cantidades entregadas a los alumnos en concepto de beca solo pudieran ser destinadas a la finalidad para la que se concedieron, esto es, para que los beneficiarios pagaran los derechos de matrícula.

Además, añadía la entidad recurrente, si se recortan las becas a alumnos que no tienen recursos para afrontar los gastos a los que ya se han comprometido, se les hace incurrir en un riesgo de impago de las matrículas, por lo que también esta resolución afecta directamente a los intereses patrimoniales de la Universidad de Navarra en cuanto a que un problema de pagos de un alumno es un problema también para la Universidad.

El Tribunal Superior, sin embargo, estima que “nuevamente se trata de daños temidos, potenciales, en absoluto acreditados y que no tienen por qué ocurrir, de hecho la propia Universidad habla de riesgo de impago de matrículas; riesgo que no tiene por qué materializarse, puesto que las becas son una ayuda a los estudios, no están destinadas a sufragar íntegramente los mismos”.

Condenan a una empresa a indemnizar a una trabajadora que cobró menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo2018-03-27
La Sala de lo Social del TSJA confirma la sentencia de un Juzgado de lo Social que había condenado a la empresa por discriminación salarial por razón de sexo

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Málaga ha confirmado íntegramente la sentencia de un Juzgado de lo Social que condenó a una empresa a indemnizar con 35.000 euros a una trabajadora que los demandó por cobrar menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo. La trabajadora alegó una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación al percibir una retribuciones inferiores a las que se le abonan a los otros responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones.

El Juzgado de lo Social número 2 de Málaga condenó a la empresa demandada a restituir el derecho de la trabajadora a percibir el salario del resto de responsables de departamento y condenó a la empresa a abonar la indemnización de 35.000 euros por el concepto de los daños y perjuicios sufridos por tal improcedente comportamiento empresarial.

La sentencia del TSJA recoge que la trabajadora, durante los años 2010 a 2017 “ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros responsables de departamento, habiendo llegado a dicha conclusión el Magistrado de instancia tras analizar los diferentes recibos de salarios y justificantes de retribuciones”.

La trabajadora demandó a la empresa al sentirse discriminada salarialmente respecto de sus compañeros de trabajo varones que ostentaban el mismo puesto de trabajo de responsable de departamento.

La sentencia señala que “no toda desigualdad de trato supone una infracción del contenido del artículo 14 de la Constitución Española, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas”.

Así, se recoge que la trabajadora durante los años 2014, 2015 y 2016 ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros cuatro responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones, pues en el año 2014 la demandante percibió un total de 37.897, 60 euros, mientras que el resto de sus compañeros de idéntica categoría percibieron una retribuciones comprendidas entre los 39.622,56 euros y los 41.122,64 euros, incrementándose dichas diferencias en el año 2015 (la actora percibió 37.897, 60 euros frente a los 42.022 € de sus compañeros) y en el año 2016 (38.047 euros de la actora frente a 43.650,04 euros de uno de sus compañeros y 48.950,12 euros de los tres restantes).

Asimismo, prosigue la sentencia, “consta probado que la cantidad abonada a la actora en concepto de incentivo era inferior a la satisfecha al resto de los responsables de departamento, existiendo unas diferencias que en los dos últimos años ha llegado a superar los 2000 euros".

Primera condena en Canarias a pena de prisión permanente revisable2018-03-26
El tinerfeño S.D. de 24 años, fue declarado culpable por un jurado de asesinato con alevosía y ensañamiento sobre víctima especialmente vulnerable

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado la primera sentencia emitida en Canarias en la que se condena a un justiciable a prisión permanente revisable: se trata del caso de S.D.G., el joven de 24 años que el 14 de enero de 2016 mató a un hombre de 66 años en Icod de los Vinos.

La resolución, dictada por la magistrada de la Sección Quinta de la Audiencia tinerfeña Lucía Machado, da forma jurídica al veredicto emitido por el jurado encargado del caso la semana pasada, y en consecuencia declara probado que sobre las 12.30 horas del día 14 de enero de 2016, S.D.G. fue al domicilio de S.V.L.G. situado en la calle Adelfas nº 4 del barrio de El Mayorazgo (Icod de los Vinos) y una vez dentro de la casa, con la intención de acabar con su vida, “le asestó puñaladas y golpes con diversos objetos hasta causarle la muerte por la grave pérdida de sangre”.

La sentencia detalla: S.D.G “se presentó en casa de S.V.L.G. y, de forma sorpresiva e inesperada, se abalanzó sobre él portando un cuchillo y empujándolo hasta el final del pasillo, lo que provocó que cayera al suelo y quedara tumbado boca arriba, consciente de que con todo ello se aseguraba deliberadamente de causarle la muerte sin el peligro que para su integridad física pudiera provenir de una defensa por parte de S.V.L.G.”.

El acusado, sigue la resolución, propinó a su víctima “más de 30 puñaladas con el cuchillo que llevaba y otros que cogió de le vivienda, clavándoselos en el abdomen, el tórax y el cuello y provocándole heridas cortantes y también heridas penetrantes que alcanzaron el paquete vascular del cuello, el corazón, los pulmones, meso y asa intestinal y le propinó numeroso golpes en la cara con objetos contundentes que encontró en la casa (un palo, una figura de perro, otro de cerámica y una piedra) causándole heridas inciso contusas en la cara, fractura-hundimiento nasal y maxilar y rotura de piezas dentarias, sabiendo que con ello le sometía a padecimientos innecesarios o sufrimientos más intensos que los precisos para causarle la muerte con el único propósito de aumentar de manera deliberada e inhumanamente su sufrimiento antes de que muriese”.

El TSJ de Madrid recuerda a los jueces que deben evitar en los desahucios que los menores de edad queden desprotegidos2018-03-23
Estima parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Octava de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA y ha ordenado al juez que autorizó la entrada en el domicilio para llevar a cabo el desalojo que rectifique la parte dispositiva del auto e incluya en éste cautelas encaminadas a evitar situaciones de desprotección ante la eventual presencia de menores en la familia, con la advertencia de que se informe a los servicios sociales correspondientes para recabar su necesaria colaboración.

Con su decisión, los jueces, según se refleja en la sentencia, se apartan “respetuosamente” de la doctrina del Tribunal Supremo y señalan que el juicio de ponderación que se ha de adoptar en los supuestos de presencia de menores en los desalojos no afecta a la decisión de entrada, sino a la manera en que la administración debe ejecutar la misma.

El Tribunal Supremo, en un caso similar, ordenó al juzgado retrotraer las actuaciones al momento anterior a la solicitud de desalojo por parte del IVIMA para no lesionar la debida protección jurídica de los derechos e intereses de los menores de edad en el proceso de desahucio, y ordenó también que se dictase una resolución suficientemente motivada que ponderase su situación personal, social y familiar, en la que, sin entrar en juicio acerca de la aplicación del principio de proporcionalidad, se respondiera, teniendo en cuenta los datos y elementos disponibles, sobre la afectación de los derechos e intereses de los menores afectados por la decisión judicial.

La Sala del TSJ de Madrid entiende, sin embargo, que las circunstancias personales de precariedad y necesidad, por “muy atendibles que puedan ser en los ámbitos propios de los servicios sociales asistenciales de la administración”, no pueden servir para paralizar la concesión de entrada solicitada, ya que esta circunstancia convertiría al juez que tramita el asunto “no en un juez garante de la inviolabilidad del domicilio y de la ejecutividad del acto, sino en un juez revisor del acto mismo, alterando el sistema de ejecutividad de los actos administrativos”, al que sólo se le permitiría adoptar medidas en orden a la ejecución de entrada tendentes a la protección efectiva del menor.

En el asunto presente, se trata de una mujer que reside en una vivienda propiedad del IVIMA con una hija menor de edad, nacida en el año 2002, sobre la que perdió el derecho de uso tras el fallecimiento de su marido en 2004 al extinguirse la relación contractual.

Límites al poder disciplinario del empresario: ejercicio exclusivo frente a conductas tipificadas en convenio colectivo2018-03-22

La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León de fecha 23 de junio de 2017, revocó la Sentencia del juzgador de instancia que vino a estimar la sanción impuesta por la Empresa a su empleado –oficial de tercera-. Dicha medida se articuló sobre la base de que el trabajador se desplazase al centro de trabajo donde habitualmente prestaba sus servicios conduciendo un automóvil, todo ello a pesar de la existencia de un informe emitido por la mutua que alertó específicamente de las limitaciones que presentaba el mismo en cuanto al manejo de vehículos a motor.

En este contexto, la Sentencia que nos ocupa analiza la idoneidad de la sanción impuesta por la Entidad demandada a uno de sus trabajadores -demandante- y que concluyó con la suspensión de empleo y sueldo de hasta 50 días frente mismo, todo ello por la comisión de una falta tipificada como muy grave. Concretamente, de la propia carta de sanción notificada al demandante se extrae que el incumplimiento que se le imputa radicó en el hecho de que este se desplazase a su centro de trabajo conduciendo un vehículo, a pesar de ser conocedor de sus limitaciones al respecto y en contra de las advertencias efectuadas reiteradamente por sus responsables.

Efectivamente, en la propia resolución invocada, consta acreditado que el trabajador tendría conocimiento, desde el pasado mes de marzo de 2016, del contenido de un informe emitido por la mutua el día 10 de marzo de 2016, por el que habría sido considerado -entre otras limitaciones- incapacitado para conducir vehículos a motor. Pues bien, a pesar del diagnóstico médico anteriormente descrito, lo cierto es que el trabajador acudió en varias ocasiones a trabajar manejando su propio vehículo.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la empresa optó por notificar al trabajador un requerimiento en el mes de abril de ese mismo año, con el objeto de disuadirle de continuar incurriendo en dicha conducta contraria a lo estipulado médicamente y que, por otro, lado implicaba en última instancia, el riesgo de que la mercantil demandada pudiera resultar responsable de cualquier accidente "in itinere" protagonizado por el mismo en el futuro. No obstante lo anterior, el comportamiento del actor persistió en los meses de junio y julio hasta en 3 ocasiones. Dicha circunstancia, sumada a un eventual rendimiento inferior al resto de trabajadores, precipitó que la empresa sancionase al trabajador imponiéndole la referida sanción de 50 días de suspensión de empleo y sueldo, notificada el pasado día 15 de julio de 2016, todo ello por incurrir en "una manifiesta transgresión de la buena fe contractual, un engaño manifiesto y una desobediencia a una orden dada por su superior".

Pues bien, al margen de otras cuestiones planteadas por la parte recurrente -trabajador- y que no gozaron del recorrido esperado por el mismo, la cuestión objeto de debate de la Sentencia del TSJ de Castilla y León se centró en determinar si la sanción debiera ser declarada nula o, subsidiariamente improcedente.

A este respecto, el fundamento de la nulidad se articuló sobre la base de la existencia de una eventual vulneración de su garantía de indemnidad. El trabajador, en este punto, argumentó la existencia de un nexo causal que conectaba la reclamación de cantidad por la que solicitaba el abono de pagas extraordinarias supuestamente adeudadas por la empresa y que interpuesto en julio de 2016 y la represalia adoptada por la Empresa, materializada en la sanción notificada en ese mismo mes de julio de 2016 -y que trae causa en el recurso analizado-. Pues bien, al hilo de lo anterior, la Sentencia razonó la inexistencia de una vulneración del principio de la garantía de indemnidad en los términos expuestos por la defensa del empleado, al concurrir -según lo invocado en los Hechos Probados- una sanción grave previa a la reclamación de las pagas extraordinarias, en el mes de abril. Dicha circunstancia, se traduciría en que la empresa habría recurrido a la medida, no con ánimo punitivo, si no para denunciar determinadas conductas intolerables desde el punto de vista disciplinario de la misma tal y como hizo en aquella otra ocasión -abril 2016-. Por tanto, la pretensión del recurrente quedaría desvirtuada, precisamente, por la existencia previa a la reclamación de cantidad de otra sanción por la comisión de una falta grave.

Por último -y quizá el análisis más llamativo de la resolución que nos ocupa- se vino a valorar en el Fundamento Jurídico Sexto la procedencia o no de la sanción muy grave objeto de impugnación, teniendo en cuenta que el Magistrado no cuestionó los hechos aparentemente constitutivos de la conducta censurada por la empresa -traslado del trabajador a su puesto de trabajo en vehículo a motor propio, a pesar del informe médico y las constantes advertencias de sus responsables-. En este sentido y dejando al margen la imputación de la eventual disminución del rendimiento de trabajo alegado en la carta de despido por falta de prueba, razona el Juzgador que procede estimar el recurso y revocar la sanción. En efecto, al margen de la certeza de la conducta del recurrente contraria a las órdenes de la mercantil demandada, concluyó el TSJ de Castilla la Mancha que, dicho comportamiento, no tenía cabida en el marco del contrato de trabajo al constituir los desplazamientos y el medio para efectuarlos decisiones y cuestiones ajenas al ámbito laboral y propias de la vida personal del trabajador.

Por tanto, la cuestión verdaderamente trascendental y que vino a determinar la viabilidad o no de la sanción, radicó en que la conducta tipificada por la empresa como desobediencia y engaño manifiesto a los superiores no tendría consideración de falta, precisamente por tratarse de conductas ajenas al ámbito de organización y dirección del empresario y que, por consiguiente, no serían objeto de sanción en virtud del Convenio Colectivo aplicable. A mayor abundamiento, expone el juzgador que si lo verdaderamente preocupante para el empleador -según lo consignado en el propio escrito de sanción- radicaba en el riesgo que este asumía ante un eventual accidente "in itinere" de su trabajador, precisamente por conducir con las limitaciones detectadas por la mutua, en tal caso, de acontecer el siniestro, la responsabilidad de la empresa derivado del mismo debiera sustanciarse conforme a lo previsto en la Ley General de la Seguridad Social. Precisamente, para entrar a valorar la eventual exclusión de la consideración de accidente de trabajo debido a la existencia de dolo o imprudencia temeraria de quien lo padece en el contexto laboral -art. 156,4 b) de la LGSS, debiera sustanciarse el correspondiente procedimiento en materia de Seguridad Social, vía esta la adecuada para abordar tal cuesitón.

Un 47% de empresas ya se decanta por el arbitraje como método alternativo idóneo para la resolución de disputas2018-03-21
  • Roca Junyent, Comillas ICADE y la ACC presentan el primer Estudio sobre Arbitraje en España con el objetivo de ayudar a conocer y mejorar esta práctica en España
  • De las empresas encuestadas, un 89% considera el arbitraje como el método idóneo para disputas internacionales, y un 78% ven de forma positiva el futuro del arbitraje en España
  • Las principales usuarias del arbitraje son grandes empresas, predominantemente del sector energético

Roca Junyent, Comillas ICADE y la Association Corporate Counsel Europe (ACC) presentaron recientemente el Primer Estudio de Arbitraje en España, en el que se analiza este procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos jurídicos como alternativa en la determinación de disputas entre compañías.

Del estudio se desprende que el arbitraje comienza a ser un método asentado de resolución de disputas en España, aunque todavía tiene un largo recorrido si tenemos en cuenta su utilización en otras jurisdicciones. En todo caso, y pese a que el 53% de las empresas encuestadas sigue prefiriendo acudir a la jurisdicción ordinaria, el arbitraje es ya una práctica extendida en el 47% restante de compañías, bien como instrumento único o junto con otros métodos de resolución alternativa. Las principales usuarias del arbitraje son grandes empresas, es decir, aquellas con una facturación superior a los 5.000 millones de euros. Predominantemente, estas compañías pertenecen al sector energético y hacen uso de esta práctica de forma mayoritaria en disputas internacionales.

La principal impulsora del informe, Marlen Estévez, Socia de Litigación & Arbitraje de Roca Junyent,  señala sobre la naturaleza del estudio que “resulta esencial identificar los principales beneficios y ventajas del arbitraje, así como reconocer campos de mejora de esta práctica con el fin de poder adaptarla a las necesidades reales de sus destinatarias, las empresas”. Por su parte, Javier Ramírez, miembro del Consejo de Dirección y chair of advocacy de ACC Europe, añade que “este primer estudio sobre Arbitraje en España es muy importante porque identifica los puntos fuertes y las áreas de mejora no desde el punto de vista de los árbitros, los abogados de despacho o las instituciones arbitrales, sino desde la perspectiva de los usuarios principales del arbitraje, las empresas, de quienes depende la decisión sobre la utilización o no de este método de resolución alternativa de disputas”.

En este sentido, los resultados de la encuesta indican que las empresas perciben como principales ventajas de esta práctica la especialización y conocimiento técnico sobre la materia objeto de arbitraje, la cualificación exigida al árbitro, así como en la rapidez del procedimiento. No obstante, las compañías también identifican desventajas, entre las que destacan la carestía del procedimiento, la tendencia habitual de los árbitros a tomar decisiones salomónicas y la ausencia de jurisprudencia que pueda utilizarse en otras disputas.

Las instituciones arbitrales son el órgano principal en la ejecución de esta práctica y en relación con esto, la elección de una u otra institución depende en gran medida, según los datos arrojados por el estudio, de la experiencia de la institución en la administración de arbitrajes, de la garantía de imparcialidad e independencia en el nombramiento de árbitros y de la especialización de la institución arbitral en el tipo de conflicto en particular.

La mayoría de las empresas tienden a elegir un tribunal arbitral en lugar de decantarse por la elección de un Árbitro Único, siendo las principales característica que en su opinión tiene que reunir un árbitro el conocimiento del derecho aplicable, el conocimiento de las cuestiones técnicas y el prestigio. Lo que pone en evidencia que lo que más valoran las empresas a la hora de decantarse por el arbitraje es la posibilidad de escoger árbitros especialistas en la materia objeto de controversia.

La efectividad de la que goza el arbitraje en España queda confirmada con los datos que arroja el estudio. En este sentido, la mayoría de empresas indica que el porcentaje de éxito de los procedimientos de oposición a la ejecución de un laudo y de anulación de un laudo es menor al 10%. El motivo más frecuente para solicitar la anulación de un laudo es la vulneración del orden público.

Iñigo Navarro, Decano de Comillas ICADE ha resaltado que “el arbitraje tiene un tremendo atractivo, sobre todo para la resolución de conflictos internacionales, ya que aporta a las partes una mayor confianza sobre el proceso, sobre las reglas que se aplicaran y dan seguridad sobre el resultado final, además de economizar tiempo”.

En cuanto a las cortes arbitrales cabe señalar que las más utilizadas en España son la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y la Corte Española de Arbitraje, si bien a nivel internacional la más utilizada es la CCI. Ahora bien, cabe destacar que con carácter general las cortes internacionales han resultado mejor valoradas que las nacionales por sus usuarias, quizás porque para las empresas los elementos más importantes a la hora de inclinarse por la elección de una determinada corte arbitral son la experiencia de la institución en la administración de arbitrajes, la garantía de imparcialidad e independencia en el nombramiento de los árbitros y la especialización de la institución arbitral en el tipo de disputa en particular.

Un 89% de las compañías considera que el arbitraje es el método idóneo para la resolución de disputas internacionales. Asimismo, una amplia mayoría de participantes (78%) ven positivamente el futuro del arbitraje en España, un porcentaje que se eleva al 81% entre las empresas que han intervenido en algún procedimiento arbitral en los últimos cinco años. De ahí, que los autores de este estudio entiendan que es el momento adecuado para potenciar iniciativas como la consistente en la creación de una corte arbitral internacional española de referencia.

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 411 personas en 20172018-03-20
En los 97 procedimientos concluidos por este tipo de delitos el año pasado. El 73,8 de las 126 sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción fueron condenatorias. En el último trimestre de 2017, se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 97 personas en 20 procedimientos y se notificaron 26 sentencias, de las que 18 fueron condenatorias

Autor Comunicación Poder Judicial

Los jueces y juezas españoles concluyeron en 2017 un total de 97 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 411 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo. 

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, al que se han incorporado los correspondientes al último trimestre de 2017. 

El repositorio, que permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción mediante la actualización trimestral de la información sobre sus principales indicadores (personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.), es de acceso público en la web www.poderjudicial.es en el siguiente enlace: 

www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/ 

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.  

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º). 

De los 97 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 20 corresponden al último trimestre de 2017. 

Procedimientos por delitos de corrupción 

 

1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

2

2

0

0

4

          Total órganos centrales

2

2

0

0

4

Andalucía

5

11

1

5

22

Aragón

0

1

0

0

1

Asturias

0

3

1

0

4

Baleares

2

5

1

0

8

Canarias

2

1

5

3

11

Cantabria

1

1

0

2

4

Castilla-La Mancha

0

0

1

0

1

Castilla y León

3

0

2

5

10

Cataluña

5

3

3

0

11

Comunidad Valenciana

1

0

4

5

10

Extremadura

1

1

1

0

3

Galicia

0

1

1

0

2

Madrid

3

1

0

0

4

Murcia

1

0

0

0

1

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

1

0

0

0

1

La Rioja

0

0

0

0

0

                         Total CC.AA.

25

28

20

20

93

TOTAL

27

30

20

20

97

*Procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo en los que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o procesamiento 

 

En cuanto a las personas acusadas en esos procedimientos -un total de 411-, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 97 de ellas en el último trimestre del año pasado. 

Personas acusadas en procedimientos por delitos de corrupción 

 

1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

6

5

0

0

11

          Total órganos centrales

6

5

0

0

11

Andalucía

18

60

1

65

144

Aragón

0

2

0

0

2

Asturias

0

7

4

0

11

Baleares

8

27

5

0

40

Canarias

20

1

24

3

48

Cantabria

2

1

0

3

6

Castilla-La Mancha

0

0

3

0

3

Castilla y León

9

0

8

16

33

Cataluña

12

6

23

0

41

Comunidad Valenciana

3

0

16

10

29

Extremadura

9

2

1

0

12

Galicia

0

5

14

0

19

Madrid

5

2

0

0

7

Murcia

2

0

0

0

2

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

3

0

0

0

3

La Rioja

0

0

0

0

0

                         Total CC.AA.

91

113

99

97

400

TOTAL

97

118

99

97

411

*Acusados y/o procesados en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo 

 

Un 73,8 por ciento de sentencias condenatorias 

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 93 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento del total. 

Sentencias en procedimientos por corrupción dictadas en 2017 

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

1T 2017

8

11

9

8

36

2T 2017

13

12

5

13

43

3T 2017

9

6

2

4

21

4T 2017

8

6

4

8

26

TOTAL

38

35

20

33

126

 

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados). 

El repositorio permite consultar también los datos de las 26 sentencias notificadas en el cuarto trimestre de 2017 –de las que 18 fueron condenatorias- desglosados por Comunidades Autónomas. 

Sentencias por corrupción por CC.AA. (cuarto trimestre de 2016) 

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

0

1

0

0

1

Total órganos centrales

0

1

0

0

1

Andalucía

0

1

2

2

5

Aragón

0

0

0

1

1

Asturias

0

0

0

0

0

Baleares

6

0

1

0

7

Canarias

0

0

1

1

2

Cantabria

0

0

0

0

0

Castilla-La Mancha

0

0

0

0

0

Castilla y León

1

0

0

0

1

Cataluña

1

0

0

1

2

Comunidad Valenciana

0

2

0

1

3

Extremadura

0

0

0

1

1

Galicia

0

0

0

0

0

Madrid

0

1

0

0

1

Murcia

0

1

0

1

2

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

0

0

0

0

0

La Rioja

0

0

0

0

0

Total CC.AA.

8

5

4

8

25

TOTAL

8

6

4

8

26

El juez acuerda en un auto que continúe el proceso de contratación de la Plaza de Toros de Zaragoza2018-03-19
El magistrado considera que es improcedente que se paralice el expediente de licitación y aclara que el auto dictado no trata de dilucidar, en este momento, el fondo del asunto si no que analiza la procedencia o no de adoptar la medida cautelar

Autor Comunicación Poder Judicial

En un auto dictado esta mañana el magistrado del juzgado de lo Contencioso nº 3 de Zaragoza ha levantado la medida cautelarísima dictada el pasado día 6 de marzo que paralizaba el proceso de contratación del Coso de la Misericordia y deniega la adopción de una medida cautelar. Por tanto, en su resolución el juez deja sin efecto la suspensión y acuerda que el proceso de contratación de la Plaza de Toros por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza siga adelante.

En concreto, el acto administrativo que se impugnó fue el referido a los pliegos del expediente de contratación y no los actos administrativos que se puedan adoptar a lo largo del mismo, pliegos referidos al contrato de servicios de organización, programación y gestión de los espectáculos taurinos junto con los servicios complementarios de explotación del bar y alquiler de almohadillas del Coso de La Misericordia durante las temporadas taurinas 2018, 2019, 2020 y 2021.

El magistrado considera inviable que se paralice el procedimiento y expresa en su resolución que el recurrente ha solicitado la suspensión del procedimiento a finales de febrero, una vez que los interesados ya han formulado sus proposiciones, cuando la convocatoria se hizo pública a primeros de enero.

Ante la argumentación de la parte recurrente de que existen actuaciones fraudulentas, tiene en cuenta el juzgador que “sin tramitación del procedimiento de contratación y selección del adjudicatario, no es posible la ejecución del contrato, que la parte recurrente considera un perjuicio. Como he indicado, el daño se deriva de la paralización, no de la continuación del procedimiento” (Fundamento Derecho V).

Hacer notar también que “si bien consta en este momento procesal que se impugnan los pliegos, no es menos cierto que aún no se conoce los concretos motivos de impugnación de los mismos, ya que no se ha formulado la demanda” y matiza que “en este auto no se analiza el fondo del asunto, es decir, no se trata de dilucidar si el acto administrativo impugnado es o no ajustado a Derecho. Se trata de analizar la procedencia o no de adoptar la medida cautelar”.

En este sentido y valorando los intereses en juego considera el magistrado que “es oportuno que se celebren los festejos taurinos de todo tipo, desde las corridas de toros, como símbolo más patente y afamado de la misma, hasta las propias vaquillas matutinas, en las que multitud de jóvenes disfrutan del riesgo y la emoción de estos festejos”.
Frente este auto que deniega la medida cautelar cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-administrativo) en el plazo de 15 días.