Requisitos para la condena en costas a la acusación particular2018-06-21
En fecha 11 de abril de 2018, la Sala II del Tribunal Supremo dictaba una Sentencia en la que ha sido Ponente Dña. Ana María Ferrer García por la que se establecen los requisitos que deben concurrir para que la acusación pueda ser condena al pago de las costas de la defensa cuando hay un pronunciamiento absolutorio.

Sergio Nuño Díez de la Lastra Martínez,
abogado penalista especialista en Derecho Procesal-Penal por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos.

El recurso de casación giraba en torno a la petición expresa realizada por la defensa en las conclusiones definitivas, donde además de solicitar una sentencia absolutoria, se solicitaba expresamente la condena en costas a la acusación particular, siendo atendida dicha pretensión por el Tribunal enjuiciador en sentencia.

La meritada sentencia dictada por el Tribunal Supremo afirma que para que la condena en costas a la acusación particular pueda ser estimada por el Tribunal, deben concurrir inicialmente dos requisitos procesales impuestos a la parte solicitante y un tercero que debe apreciar el Tribunal:

1. La condena en costas debe ser solicitada en el escrito de conclusiones provisionales o escrito de defensa.

2. La solicitud debe ser ratificada en las conclusiones definitivas por la defensa.

3. El Tribunal sentenciador debe apreciar una actuación temeraria o de mala fe en la acusación particular.

La meritada resolución razona que en relación al régimen de imposición de costas en el proceso penal, en los casos en que la condena a su abono se engarce con una actuación temeraria o de mala fe por parte de quien ha ejercitado la acción penal, la misma ha de ser introducida en el debate procesal en momento hábil, por imperativo del principio de rogación (SSTS, entre otras, 1845/2000 de 5 de diciembre, STS 1571/2003 de 25 de noviembre, 36/2006 de 25 de enero, 863/2014 de 11 de diciembre, 410/2016 de 12 de mayo, 682/2016 de 26 de julio o 522/2017 de 6 de julio).

Abandonada ya la concepción de las costas como sanción a favor de su carácter resarcitorio, y entendidas como compensación indemnizatoria por los gastos que se ha visto obligada a soportar la parte a quien el derecho ampara, su imposición queda sometida al principio dispositivo. Y solo si la pretensión se ha introducido en momento hábil, entendido como el último temporalmente idóneo el de la formulación de las conclusiones definitivas, goza la parte que pudiera verse afectada por esa petición de la posibilidad de instrumentalizar la defensa que estime oportuna en relación a la misma.

La resolución relaciona la necesidad de introducir la solicitud de condena en costas en las conclusiones provisionales con la posibilidad de que la parte afectada por la petición pueda organizar su defensa también respecto de esa cuestión y no generar con ello una posible indefensión al introducir nuevas cuestiones que varían los hechos ya conocidos y que fueron los tenidos en cuenta por las partes para la preparación del acto del juicio. Interpretación controvertida desde mi punto de vista, ya que la acusación en su papel de parte acusadora dentro del proceso nunca puede tener la consideración de defensa y por tanto, no podría sufrir indefensión. En todo caso, una vulneración del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva o de garantías del proceso como pudiese ser la igualdad de armas, pero esta cuestión bien merece otro artículo aparte.

Como plus a dicho formalismo impuesto a la parte que pretende solicitar la condena en costas a la parte acusadora en caso de absolución, se impone al Tribunal sentenciador la obligación de valorar y ponderar si la actuación llevar a cabo por la acusación supone contraria a la buena fe o pueda ser considerada como temeraria. Razona la citada sentencia en este sentido cuando afirma que además de las obligaciones impuestas a la parte solicitante, se requiere algo más: justificar que su actuación estaba inspirada por la mala fe, o desbordaba la mínima prudencia y mesura exigibles. Se entiende que sin un elemental fundamento, el ejercicio del derecho a constituirse en acusación se convierte en abuso con cuyas negativas consecuencias económicas no debe cargar el absuelto.

En palabras de la STS 847/2017 de 21 de diciembre, diferir la petición de condena en costas a la acusación al momento del informe, como forma de operar es inadecuada y no puede valorarse como el planteamiento válido de una pretensión dirigida al Tribunal. En primer lugar, porque las conclusiones provisionales y luego las definitivas son el lugar y momento oportunos para plantear pretensiones al Tribunal; en segundo lugar, porque conforme al artículo 737 de la LECrim, los informes de las partes se han de acomodar al contenido de sus conclusiones definitivas por lo que no es posible introducir en los informes nuevas conclusiones; y, en tercer lugar, porque, como consecuencia de lo anterior, el planteamiento de una pretensión en los informes finales implica que las partes que ya han intervenido carecen no solo de la oportunidad de proponer prueba sobre el particular, sino incluso, en ocasiones como la presente, de la posibilidad de contra argumentar y defenderse frente a la pretensión de la otra parte.

Por último, la resolución aclarar que el pronunciamiento de condena combatido vulneró el principio de rogación, y que la sentencia incurre en incongruencia al incluir pronunciamientos no pedidos por las partes legitimadas en exclusiva para hacerlo, que no pueden considerarse consecuencia legal inevitablemente anudada a alguna de sus pretensiones como sucede, por ejemplo, con las costas del condenado. La sentencia ha de resolver las cuestiones que hayan sido objeto de juicio (artículo 742 LECRIM). No puede extender sus pronunciamientos a cuestiones ni alegadas, ni debatidas, aunque pudieran haberlo sido. El diferente régimen material de costas en los procesos civil y penal arrastra también asimetrías en el tratamiento procesal.

Por tanto, si la petición no se realiza de forma expresa en el escrito de conclusiones provisionales, no se reitera en el momento de las conclusiones en el acto del juicio y además el Tribunal sentenciador no aprecia mala fe o temeridad en la actuación de la acusación particular, no se podrán imponer la condena en costas a la acusación particular aun habiendo sentencia absolutoria.

España, entre los países con menos reclamaciones y condenas en los tribunales europeos2018-06-20

En relación con su población, España figura entre los países con menos reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La ratio española de sentencias condenatorias del TEDH por habitante es similar a la de Alemania, Holanda o Reino Unido e inferior a la de Austria, Bélgica, Italia o Suiza. España está en la media europea en cuanto a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplimiento de los Tratados

España figura entre los países con menos reclamaciones y condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según los datos recogidos en el informe "España ante los tribunales de justicia europeos. Una visión a través de los datos estadísticos", que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha publicado hoy. 

El TEDH es un tribunal internacional competente para conocer de demandas individuales o estatales fundamentadas en violaciones de los derechos civiles y políticos enunciados en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que España firmó en 1977 y quedó ratificado el 26 de septiembre de 1979, una vez aprobado por las Cortes Generales. 

Las reclamaciones presentadas ante el TEDH se revisan para comprobar si incluyen toda la información necesaria y satisfacen los plazos legales. Superado ese filtro inicial, se asignan a una formación judicial, que puede ser un Comité (formado por tres jueces), una Cámara (7 jueces) o la Gran Cámara (17 jueces). A partir de ese momento, las reclamaciones pueden ser inadmitidas o resolverse mediante sentencia, a menudo tras ser acumuladas en un procedimiento. 

Entre 2014 y 2017, la media anual de reclamaciones con origen en España asignadas a una formación judicial fue de 622. Puesta en relación con la población del país, esa cifra arroja una ratio de 0,14 demandas asignadas por cada cien habitantes, muy inferior a la media del conjunto de los Estados firmantes del Convenio -0,64- y similar a la de Francia o Bélgica. 

Reclamaciones asignadas a una formación judicial en el TEDH (2014-2017) 

 

Reclamaciones asignadas a una formación judicial

Reclamaciones asignadas por cada 10.000 habitantes

 

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Albania

82

147

146

95

0,28

0,51

0,51

0,33

Alemania

1.026

789

676

586

0,13

0,10

0,08

0,07

Andorra

5

6

4

2

0,66

0,79

0,56

0,27

ARY de Macedonia

382

362

339

345

1,85

1,75

1,64

1,66

Armenia

156

122

753

356

0,52

0,40

2,51

1,19

Austria

315

261

236

228

0,37

0,30

0,27

0,26

Azerbaiyán

402

268

331

679

0,42

0,28

0,34

0,69

Bélgica

159

202

184

153

0,14

0,18

0,16

0,13

Bosnia-Herzegovina

667

908

1.030

866

1,74

2,37

2,93

2,47

Bulgaria

928

1.031

882

582

1,28

1,43

1,23

0,82

Chipre

55

32

33

31

0,64

0,38

0,39

0,36

Croacia

1.096

812

764

723

2,58

1,92

1,82

1,74

Dinamarca

66

44

47

58

0,12

0,08

0,08

0,10

Eslovenia

352

213

239

374

1,71

1,03

1,16

1,81

España

642

552

627

669

0,14

0,12

0,14

0,14

Estonia

187

190

206

156

1,42

1,45

1,57

1,19

Federación Rusa

8.913

6.003

5.587

7.957

0,62

0,42

0,39

0,55

Finlandia

185

177

196

181

0,34

0,32

0,36

0,33

Francia

1.142

1.087

916

887

0,17

0,16

0,14

0,13

Georgia

102

80

74

89

0,23

0,18

0,20

0,24

Grecia

585

457

337

422

0,54

0,42

0,31

0,39

Holanda

674

495

494

532

0,40

0,29

0,29

0,31

Hungría

2.403

4.234

5.568

1.952

2,43

4,30

5,66

1,99

Irlanda

33

18

26

54

0,07

0,04

0,06

0,11

Islandia

28

10

24

27

0,86

0,30

0,72

0,80

Italia

5.490

1.885

1.409

1.374

0,90

0,31

0,23

0,23

Letonia

298

244

255

275

1,49

1,23

1,30

1,41

Liechtenstein

12

13

10

9

3,24

3,51

2,63

2,37

Lituania

387

376

405

401

1,31

1,29

1,40

1,41

Luxemburgo

23

22

38

38

0,42

0,39

0,66

0,64

Malta

39

24

25

22

0,92

0,56

0,58

0,50

Mónaco

4

9

6

7

1,11

2,37

1,58

1,84

Montenegro

158

129

165

138

2,54

2,07

2,65

2,22

Noruega

141

73

90

123

0,28

0,14

0,17

0,23

Polonia

2.747

2.178

2.422

2.066

0,72

0,57

0,64

0,54

Portugal

252

233

152

197

0,24

0,22

0,15

0,19

Reino Unido

720

575

372

415

0,11

0,09

0,06

0,06

República Checa

370

340

338

385

0,35

0,32

0,32

0,36

República de Moldavia

1.101

1.011

834

758

3,09

2,84

2,35

2,13

República Eslovaca

324

353

309

425

0,60

0,65

0,57

0,78

Rumanía

4.425

4.604

8.192

6.509

2,22

2,32

4,15

3,31

San Marino

5

4

13

11

1,47

1,21

3,94

3,33

Serbia

2.786

1.235

1.330

1.431

3,90

1,74

1,88

2,03

Suecia

272

212

138

150

0,28

0,22

0,14

0,15

Suiza

304

318

258

266

0,37

0,39

0,31

0,32

Turquía

1.584

2.212

8.303

25.978

0,21

0,28

1,05

3,25

Ucrania

14.181

6.007

8.644

4.387

3,13

1,33

1,91

0,97

Total

56.208

40.557

53.427

63.369

0,68

0,49

0,65

0,76

En cuanto a las sentencias del TEDH en las que se declara que ha habido al menos alguna violación de los derechos enunciados en el Convenio, España también aparece entre los países con la ratio más baja en relación con su población, similar a la de Alemania, Holanda, Irlanda o Reino Unido e inferior a la de Estados como Austria, Bélgica, Italia, Portugal o Suiza. 

Sentencias dictadas por el TEDH (datos medios 2013-2017) 

 

2013-2017

 

Media de sentencias por año

Media de sentencias por año encontrando al menos una violación

Sentencias con al menos una violación por millón de habitantes

Albania

6,2

5,0

1,7

Alemania

12,8

4,6

0,1

Andorra

0,4

0,2

2,6

ARY de Macedonia

10,0

8,0

3,9

Armenia

8,2

7,4

2,5

Austria

12,8

8,0

0,9

Azerbaiyán

16,0

15,6

1,6

Bélgica

13,0

9,0

0,8

Bosnia-Herzegovina

6,0

5,2

1,5

Bulgaria

30,4

27,0

3,8

Chipre

2,6

2,2

2,6

Croacia

27,6

21,2

5,1

Dinamarca

1,4

0,2

0,0

Eslovenia

17,2

15,6

7,6

España

8,8

6,0

0,1

Estonia

4,8

3,4

2,6

Federación Rusa

181,4

173,0

2,4

Finlandia

5,0

2,8

0,5

Francia

24,0

16,4

0,2

Georgia

5,0

3,6

1,0

Grecia

44,2

40,4

3,8

Holanda

3,8

1,6

0,1

Hungría

40,2

38,2

3,9

Irlanda

1,0

0,6

0,1

Islandia

1,8

1,2

3,5

Italia

30,6

26,4

0,4

Letonia

13,2

10,6

5,4

Liechtenstein

0,8

0,6

15,9

Lituania

15,0

7,8

2,7

Luxemburgo

0,8

0,4

0,7

Malta

6,0

3,8

8,3

Mónaco

0,4

0,4

10,4

Montenegro

4,6

4,4

7,1

Noruega

2,6

1,2

0,2

Polonia

25,2

17,4

0,5

Portugal

16,2

14,4

1,4

Reino Unido

11,8

5,0

0,1

República Checa

7,0

3,0

0,3

República de Moldavia

20,2

17,6

5,0

República Eslovaca

13,2

12,6

2,3

Rumanía

82,8

71,0

3,6

San Marino

0,4

0,2

6,0

Serbia

21,2

19,4

2,8

Suecia

7,2

1,8

0,2

Suiza

12,2

5,8

0,7

Turquía

103,2

92,4

1.2

Ucrania

64,0

61,2

1.4

España y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

El ingreso en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 conllevó la aplicación en España de los textos de los Tratados y la sujeción al papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que controla la legalidad de los actos de las instituciones de la UE, vela por que los Estados miembros respeten las obligaciones establecidas en los Tratados e interpreta el Derecho de la Unión a solicitud de los jueces nacionales. 

El siguiente cuadro detalla el número de recursos por incumplimiento de los Estados elevados al TJUE en los últimos cinco años y los pone en relación con la población de cada uno de los países. La ratio española es inferior a la del conjunto de la Unión y similar a la de países como Alemania, Italia, Holanda o Suecia. 

Recursos elevados al TJUE por incumplimiento de los Estados (2013-2017) 

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

Recursos por millón de habitantes

Bélgica

3

6

1

-

3

0,23

Bulgaria

3

2

1

-

2

0,23

Rep. Checa

-

1

2

2

2

0,13

Dinamarca

-

2

-

1

-

0,10

Alemania

4

2

4

7

2

0,05

Estonia

3

1

-

-

-

0,61

Irlanda

-

3

1

-

3

0,29

Grecia

4

7

4

7

2

0,45

España

1

2

3

1

4

0,05

Francia

2

3

1

-

2

0,02

Croacia

-

-

-

-

2

0,10

Italia

5

3

1

-

3

0,04

Chipre

1

1

-

-

-

0,47

Letonia

-

1

-

-

-

0,10

Lituania

-

-

-

-

-

0,00

Luxemburgo

1

2

2

3

-

2,71

Hungría

1

1

1

-

3

0,12

Malta

-

1

1

-

-

0,87

Holanda

1

1

1

-

1

0,05

Austria

1

2

2

1

-

0,14

Polonia

8

4

2

4

3

0,11

Portugal

2

5

4

-

3

0,27

Rumanía

2

-

3

1

1

0,07

Eslovenia

3

1

1

1

2

0,77

Eslovaquia

2

-

-

1

1

0,15

Finlandia

3

2

-

1

-

0,22

Suecia

1

1

-

-

-

0,04

Reino Unido

3

3

2

1

2

0,03

TOTAL

54

57

37

31

41

0,09

En cuanto al resultado de las sentencias dictadas por el TJUE en esos recursos por incumplimiento de los Estados, España -con 0,07 sentencias estimatorias por millón de habitantes- se sitúa en la media europea, que es de 0,06. 

Sentencias del TJUE en recursos por incumplimiento de los Estados 

 

Sentencias estimatorias

 

 

Estado miembro

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

Sentencias estimatorias por millón de habitantes 2013-2017

Bélgica

2

4

2

1

1

0,18

Bulgaria

-

1

2

1

1

0,14

República Checa

2

-

-

1

-

0,06

Dinamarca

1

1

1

-

-

0,10

Alemania

-

3

3

1

4

0,03

Estonia

-

-

-

-

-

0,00

Irlanda

3

-

-

-

1

0,17

Grecia

2

4

3

4

5

0,33

España

6

6

-

3

2

0,07

Francia

5

1

4

1

-

0,03

Croacia

-

-

-

-

-

0,00

Italia

7

6

2

1

-

0,05

Chipre

1

-

-

1

-

0,47

Letonia

-

-

1

-

-

0.10

Lituania

-

1

-

-

-

0,07

Luxemburgo

1

-

2

1

1

1,69

Hungría

1

2

-

1

1

0,10

Malta

-

-

-

-

-

0,00

Holanda

2

-

-

1

-

0,04

Austria

-

-

-

-

-

0,00

Polonia

4

4

3

2

-

0,07

Portugal

-

3

-

6

2

0,21

Rumanía

-

-

-

1

-

0,01

Eslovenia

1

-

1

-

1

0,29

Eslovaquia

1

-

-

-

-

0,04

Finlandia

-

-

-

-

-

0,00

Suecia

1

1

1

-

-

0,06

Reino Unido

-

4

1

1

1

0,02

TOTAL

40

41

26

27

20

0,06

El informe de la Sección de Estadística también detalla las cuestiones prejudiciales mediante las que los jueces nacionales se dirigen al TJUE para solicitar que éste precise una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión. 

Desde 1986, los jueces españoles han planteado un total de 460 cuestiones prejudiciales al TJUE, lo que representa el 5,3 por ciento de todas las presentadas ante el tribunal, un porcentaje que está por debajo del peso poblacional de España en la Unión Europea. 

En los últimos diez años, las materias por la que más veces han planteado los jueces españoles cuestión prejudicial son la de protección de consumidores (65) y política social (63). En cuanto a los órganos que en más ocasiones han elevado consultas al TJUE en ese mismo periodo (2008-2017), son el Tribunal Supremo (58), los Tribunales Superiores de Justicia (37), las Audiencias Provinciales (29) y los Juzgados de Primera Instancia (28).

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Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 85 personas en el primer trimestre del año2018-06-19
  • En los 17 procedimientos concluidos por este tipo de delitos en ese periodo
  • El 75 por ciento de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo fueron condenatorias

Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de 2018 un total de 17 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 85 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de los datos correspondientes a los tres primeros meses del año.

El repositorio es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. 

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción*

 

Personas acusadas

Procedimientos

Tribunal Supremo

0

0

Audiencia Nacional

0

0

Órganos centrales

0

0

Andalucía

22

4

Aragón

0

0

Asturias

0

0

Baleares

6

2

Canarias

0

0

Cantabria

0

0

Castilla-La Mancha

1

1

Castilla y León

1

1

Cataluña

0

0

Comunidad Valenciana

40

6

Extremadura

4

1

Galicia

0

0

Madrid

11

2

Murcia

0

0

Navarra

0

0

País Vasco

0

0

La Rioja

0

0

CC.AA.

85

17

TOTAL

85

17

*La tabla refleja el número de personas contra las que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

Un 75 por ciento de sentencias condenatorias

Entre los pasados 1 de enero y el 31 de marzo, los Juzgados y Tribunales dictaron 20 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 15 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 75 por ciento del total.

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

La distribución de sentencias dictadas por los órganos centrales y en las distintas Comunidades Autónomas es la siguiente:

Sentencias dictadas en procedimientos por corrupción

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

T.Supremo

0

0

0

0

0

A.Nacional

0

0

0

1

1

Ó.centrales

0

0

0

1

1

Andalucía

1

2

0

0

3

Aragón

0

0

0

1

1

Asturias

0

1

0

2

3

Baleares

1

0

0

0

1

Canarias

0

1

0

0

1

Cantabria

0

0

0

0

0

C.-La Mancha

0

1

0

0

1

C. y León

0

1

0

0

1

Cataluña

2

0

0

0

2

C.Valenciana

3

0

0

0

3

Extremadura

0

1

0

0

1

Galicia

0

0

0

1

1

Madrid

0

0

0

0

0

Murcia

0

0

1

0

1

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

0

0

0

0

0

La Rioja

0

0

0

0

0

CC.AA.

7

7

1

4

19

TOTAL

7

7

1

5

20

73 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de abril de este año había en el conjunto de España 73 penados –en 43 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 16 con el de cohecho- y once preventivos.

Acceda al repositorio de datos de procedimientos por delitos de corrupción en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/

Un juzgado de Huesca condena a Ryanair a devolver a una usuaria la prima de un seguro asociado a un vuelo cancelado2018-06-18
La magistrada considera dicha cláusula “abusiva y un enriquecimiento injusto”

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil 3 de Huesca ha condenado a la compañía aérea Ryanair a devolver la cuantía correspondiente a tres pólizas de seguros contratados por una usuaria. Tras la cancelación del vuelo, la compañía aérea devolvió a la usuaria la cantidad correspondiente a los billetes sin abonar la perteneciente a los seguros de viaje individual.

La magistrada considera no acreditada la exclusión legal que justifique que Ryanair, tras la cancelación de un vuelo, no proceda a la devolución de las primas del seguro asociado a ese viaje y supone “una cláusula abusiva y un enriquecimiento injusto al apropiarse de una cuantía que no responde a servicio efectivamente prestado”.

El Tribunal Supremo declara nulo el cese en los meses de verano de los profesores interinos de centros no universitarios2018-06-15
La Sala Tercera considera que dicha práctica vulnera el principio de no discriminación

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera nulo de pleno derecho el cese el 30 de junio de los profesores interinos de centros no universitarios que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, sin pagarles los meses de julio y agosto, al considerar que dicha práctica supone una vulneración del principio de no discriminación recogida en la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/707CE.

El tribunal estima el recurso de casación planteado por la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR), junto a 74 profesores interinos no universitarios que se encontraban en esta situación, contra la sentencia del TSJ de Murcia que, a su vez, consideró ajustado a derecho el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad. En su recurso, alegaban que la sentencia recurrida establecía una diferencia de trato arbitraria entre funcionarios interinos y de carrera, puesto que ante un mismo trabajo –curso escolar- unos no cobran las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto, pero otros sí.

Para el tribunal, la relación laboral entre el funcionario docente interino y la Administración educativa “queda truncada, a diferencia de lo que ocurre para el funcionario de carrera, cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de ese concreto puesto de trabajo para que el funcionario interino fue nombrado, que no son sólo las de estricto carácter lectivo, sino también otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio de curso escolar y que, además, contribuyen a la mejor preparación del profesorado y a la mejor o más eficaz prestación del servicio educativo, como pueden ser las de análisis del curso, elaboración de la memoria escolar, programación del curso siguiente, etc…, con las consiguientes reuniones del profesorado, de todo lo cual se priva al funcionario docente interino que fue nombrado para aquella situación”.

“Esas consecuencias nada deseables para la preparación del profesorado y para la más eficaz prestación del servicio educativo, se agravarían sobremanera si fuera cierta aquella práctica de la Administración educativa de acudir de nuevo en el siguiente curso escolar al nombramiento de funcionarios docentes interinos nombrados en el curso anterior y que fueron privados de realizar esas otras actividades”, concluye la Sala. En relación con la práctica administrativa, el tribunal considera oportuno indicar lo que califican los recurrentes en su demanda como “una monstruosidad prohibida por el Derecho Laboral” la de “contratar a un trabajador para que realice sus funciones mientras la empresa está abierta y, cuando ésta cierra en verano, despedirle y volverle a contratar en septiembre para no pagarle las retribuciones ubicadas en el periodo vacacional”.

Al mismo tiempo, señala algunos de los perjuicios que suponen para los afectados como la privación de retribuciones en los meses de julio y agosto, la disminución proporcional del número de días de vacaciones retribuidas, así como la incidencia en la cotización a la Seguridad Social y las consecuencias derivadas de ellas. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, explica que la desigualdad de trato en este proceso no está justificada por razones objetivas y añade que las consideraciones de índole presupuestaria no justifican la aplicación de una normativa nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores con contrato de duración determinada.

La Sala destaca que el Acuerdo Marco engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan. Y que, por tanto, las disposiciones contenidas en dicho acuerdo se aplican a los contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público. El tribunal precisa que su decisión afecta a estos profesores que se encuentran en la situación descrita pero no a los que son nombrados cuando el curso escolar ya ha avanzado por periodos inferiores a la duración de éste, denotando por ello una necesidad ocasional y transitoria.

La sentencia recoge la reiterada y uniforme doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha venido interpretando la Cláusula 4 del Acuerdo Marco por lo que la Sala entiende que no procede plantear una cuestión prejudicial al concluir que esa doctrina del TJUE es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y “conduce de modo inevitable a la conclusión que alcanzamos en esta sentencia”. Como consecuencia de ello, anula los números 1 y 2 del apartado Segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad.

El apartado 1 decía que se suspende el apartado sexto, “derechos retributivos”, del Acuerdo para la provisión de puestos de trabajo de los cuerpos docentes no universitarios, en régimen de interinidad en centros dependientes de dicha comunidad, publicado por Resolución de 6 de mayo de la Consejería de Hacienda. El apartado 2 establecía que la duración del nombramiento del personal docente interino se ajustará al tiempo que duren las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento y se mantendrá mientras persistan las razones de urgencia o necesidad que lo justificaron, cesando, como máximo el 30 de junio de cada año, por lo que en esa fecha se extinguirán los contratos vigentes del personal docente interino.

Una marca consistente en un color aplicado en la suela de un zapato no está comprendida en la prohibición de registro de las formas2018-06-14

Dicha marca no está constituida «exclusivamente por la forma» en el sentido de la Directiva sobre marcas

El Sr. Louboutin y Christian Louboutin SAS diseñan zapatos para mujer de tacón alto que tienen como particularidad una suela sistemáticamente revestida de rojo. En 2010, el Sr. Louboutin registró su marca en el Benelux, en la clase denominada «zapatos», que en 2013 sustituyó por la clase «zapatos de tacón alto». Según la descripción de la marca, ésta consiste en «el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)».

La sociedad Van Haren, que explota establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos, vendió durante 2012 zapatos de tacón alto para mujer con la suela revestida de color rojo. El Sr. Louboutin y su sociedad presentaron una demanda ante los tribunales neerlandeses con objeto de que se declarara que Van Haren había vulnerado su marca. Por su parte, Van Haren alegó que la marca de que se trata es nula. En efecto, la Directiva de la Unión sobre marcas enumera diversas causas de nulidad o de denegación de registro, entre ellas la relativa a los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto. [1] El rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos) decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia a este respecto. El rechtbank Den Haag considera que la marca controvertida está indisociablemente vinculada a una suela de zapato y se pregunta si, según la Directiva, el concepto de «forma» se limita a las características tridimensionales de un producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen, o si comprende también otras características, como el color.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera que, al no haber en la Directiva una definición del concepto de «forma», la determinación del significado de este término debe efectuarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente. El Tribunal de Justicia indica que del sentido usual del término no resulta que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma.

[1] Artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

El Tribunal de Justicia estima, además, que, si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue al registrar la marca no es proteger dicha forma, sino únicamente la aplicación de un color en un lugar específico del producto.

En el presente asunto, la marca no consiste en una forma específica de suela de zapatos de tacón alto, dado que su descripción indica expresamente que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que únicamente sirve para poner de relieve la posición del color rojo objeto del registro.

El Tribunal de Justicia añade que no cabe considerar que un signo, como el controvertido en el presente asunto, esté constituido «exclusivamente» por la forma cuando su objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacionalmente reconocido.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Mutualidad de la Abogacía aprueba por mayoría las cuentas de 2017 y los presupuestos para 20182018-06-13
  • En su 70 aniversario, la Mutualidad inmersa en una transformación digital para consolidar sus valores de liderazgo en el mercado asegurador
  • El presidente presentó a la Asamblea el futuro de la entidad con un nuevo plan estratégico quinquenal y la creación de un Comité Asesor, formado por Manuel Lagares; el que fuera vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin Génova; el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta; y José Miguel Rodriguez-Pardo, economista, actuario y exdirector general de BBVA Seguros.

El pasado 9 de junio, y con una identidad corporativa recién estrenada, se celebraba en el Auditorio del Museo Nacional Reina Sofía la 81 edición de la Asamblea General de la Mutualidad en la que se presentó la estrategia que seguirá la entidad para los próximos 5 años que, además, como novedad contará con un Comité Asesor en materia de inversiones.

La Asamblea aprobó las cuentas de 2017 por 208 votos a favor, 13 votos en contra y 13 abstenciones y los presupuestos para 2018 por 236 votos a favor, 10 votos en contra y 9 abstenciones. Estos resultados avalan la solvencia y confianza de los mutualistas en la entidad, desde sus grandes cifras a partidas menores.

Coincidiendo con los 70 años de historia de la Mutualidad creada en 1948, su presidente Enrique Sanz Fernández-Lomana recordó que la compañía continúa siendo la primera entre las mutualidades de previsión social y ocupa el séptimo puesto por volumen de provisiones técnicas y el décimo por volumen de primas en el ranking del sector de los grupos de aseguradoras de vida que publica ICEA.

Resultados 2017

Fernández-Lomana presentó su informe basado en las mejoras económicas y financieras del pasado ejercicio, “en el que hemos dado respuesta a los desafíos del mercado” y también se han impulsado “cambios y reformas orientadas a mejorar el gobierno corporativo para lograr una gestión más eficiente”, señaló.

Así, como datos objetivos, ofreció las cifras de crecimiento durante 2017. Destacó que al final del año la Mutualidad contaba con 196.326 mutualistas, lo que supone que el censo ha seguido subiendo con respecto al ejercicio anterior. Esto ha hecho posible que la evolución de primas se haya situado en los 628,7 millones de euros, frente a los 598,4 millones del 2016.

La rentabilidad neta de las inversiones, con un 5,17% sobre los activos invertidos, “supera un año más la rentabilidad media del sector”, destacó el presidente, lo que va a permitir retribuir a los mutualistas con el 4,65%, añadió.

El presidente cifró, además, el incremento del volumen de ahorro gestionado en un 11,50% más que el año anterior, lo que en números absolutos supone un total de 6.624 millones de euros.

Como últimos datos del informe económico, Enrique Sanz, recalcó refiriéndose a los gastos de gestión que se han reducido hasta el 0,20%, frente al 0,22 del año anterior y “frente al 1,50% de media del mercado en las aseguradoras de vida y fondos de pensiones”.

El excedente del ejercicio, un total de 22,6 millones, que se acumulará a los fondos propios y alcanzará la cifra de 319 millones de euros, supone que “hemos multiplicado por 35 veces los fondos propios en los últimos 12 años, contribuyendo decisivamente a reforzar nuestra solvencia”, concluyó el presidente.

Banco Popular: batería de medidas legales y futuro sin efecto negativo

En cuanto a la inversión de la Mutualidad en el desaparecido Banco Popular, Fernández-Lomana precisó que la pérdida de la inversión está contabilizada en el ejercicio 2017 y en la rebaja de las expectativas iniciales de rentabilidad del ejercicio que ha pasado del 5 al 4,65%, por lo que ya no tendrá ningún efecto negativo en el futuro. Y “si recuperáramos nuestra inversión, los mutualistas verían incrementada la rentabilidad del ejercicio en que fuera contabilizada”, añadió.

El presidente también explicó la batería de medidas jurídicas que la Mutualidad ha puesto en marcha en defensa de sus intereses que pasan, entre otras, por la personación en el procedimiento penal seguido ante la Audiencia Nacional, sin que se descarte “el ejercicio de otras acciones de naturaleza administrativa o civil, tendentes a la recuperación de nuestra inversión”.

Solvencia más de dos veces por encima de lo exigido

El Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia que publica la entidad por segundo año consecutivo con el principal propósito de garantizar la transparencia hacia sus mutualistas y el mercado en general, muestra que la Mutualidad obtiene un Ratio de Solvencia del 223%. Este porcentaje indica que la entidad cuenta con unos fondos propios 2,23 veces superior a los exigidos por las normas aseguradoras.

Plan Estratégico: valores de siempre con liderazgo tecnológico

Con la transformación digital de fondo y para mantener las bases del modelo de negocio que han hecho posible situar a la Mutualidad donde está en estos 70 años conjugado con una organización moderna, innovadora y eficiente, el presidente explicó los objetivos del Plan Estratégico aprobado para los próximos 5 años, con el que se pretende mantener un crecimiento sostenido y sostenible de las principales magnitudes de la Mutualidad; buscar la máxima eficiencia de los sistemas, los procesos y la toma de decisiones; integrar este cambio cultural en toda la entidad; y ser una entidad transparente y que sea reconocida por su alto nivel de innovación tecnológica y corporativa.

Comité Asesor

La Asamblea también tuvo conocimiento de que la Mutualidad ha creado un órgano asesor formado por profesionales de prestigio, con experiencia y demostrada capacidad de liderazgo en el ámbito financiero y empresarial cuyo asesoramiento tendrá carácter consultivo y representativo.

El nuevo Comité está compuesto inicialmente por el catedrático y presidente del grupo de expertos para la última reforma fiscal de 2015, Manuel Lagares; el que fuera vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin Génova; el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta; y José Miguel Rodriguez-Pardo, economista, actuario y exdirector general de BBVA Seguros.

Refuerzo del Gobierno Corporativo

El presidente también explicó que junto con la anterior medida, la Mutualidad ha fortalecido las competencias de sus órganos de gobierno y ha adaptado su estructura “a las exigencias de un sector asegurador y de previsión cada día más exigente y complejo”.

Así se han incorporado profesionales cualificados del sector como es el caso de Laura Duque, directora de cumplimiento normativo y control interno.

El presupuesto 2018 mantiene la tendencia alcista

El director general, Rafael Navas Lanchas presentó el presupuesto para este año donde la previsión de crecimiento de las aportaciones de los mutualistas se situaría en el 2%, hasta llegar a los 641,3 millones de euros. Con ello, el volumen del ahorro gestionado llegará a los 7.295 millones, frente a los 6.624 del año pasado, un 10,12% más.

La rentabilidad prevista para 2018 se estima en un 4,72%, lo que dejaría la rentabilidad a favor de los mutualistas en el 4,25%.

Con estas cifras, según indicó el director general, el excedente podrá situarse en los 25 millones, con lo que la Mutualidad pasaría a tener unos fondos propios de 344 millones.

Avance a abril 2018

Estos datos van en la línea de los objetivos fijados por la entidad e incluso, como expuso Rafael Navas, en algunas partidas se van mejorando.

Es el caso del crecimiento del  ahorro gestionado que se ha situado en los 6.885 millones, un 10,35% más que a abril del año anterior.

Las aportaciones de los mutualistas suponen un total de 232,8 millones de euros, y por lo que respecta a los ingresos financieros netos, hay que destacar que se han situado en 121,7 millones, en línea con la rentabilidad a conseguir al cierre del ejercicio.

Los fondos buitre no podrán beneficiarse de la nueva Ley de desahucio exprés de ‘okupas’2018-06-12

La reciente aprobación del Congreso de la nueva Ley de desahucio exprés para los ‘okupas’ ilegales de viviendas pone sobre la mesa el debate sobre qué agentes del mercado son los más beneficiados de esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por CCAA, las viviendas ocupadas de forma ilegal en Asturias, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana son las que más valor pierden

La proposición que modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ocupaciones ilegales de viviendas persigue acabar con una tendencia que había ido al alza a partir de la crisis económica. La nueva Ley ya no sólo supone regular lo que se consideró "un procedimiento específico para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social", sino que del contenido del texto se han excluido a entidades privadas y gestoras de viviendas destinadas al alquiler social. Esto cierra la puerta a que entidades financieras y fondos buitre puedan beneficiarse de esta mayor rapidez en el proceso de desahucio de ‘okupas' para fines empresariales e inmobiliarios.

La ‘okupación' es uno de los principales problemas a los que un propietario de una vivienda se puede llegar a enfrentar, por lo que establecer un marco legal definido y ágil resulta de vital importancia para desencallar este tipo de situaciones. De hecho, según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, los propietarios que sufren la ocupación ilegal de sus viviendas en España deben aplicar un descuento medio de más de un 42% en el precio de venta del bien respecto a viviendas similares en su entorno que también estén en venta.

¿Quiénes podrán acogerse a la propuesta aprobada y cuánto tardará el desalojo?

Según el texto aprobado, las personas físicas que sean propietarias de una vivienda, así como entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas que sean propietarias o poseedoras de un inmueble social serán las que podrán solicitar la "inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella" en el caso de que ésta se halle ocupada sin su consentimiento.

"En el caso de admitirse la solicitud, la sentencia se haría efectiva en un plazo de menos de 20 días. Primero, se traslada la notificación a los ocupantes de la vivienda, que también afecta a todos aquellos que estén viviendo en el inmueble en ese momento. Sólo cabrá defensa de los ocupantes si poseyeran la titularidad de la vivienda o bien el demandante no dispusiera de la misma. Después, en el caso de que no se pudiese justificar su presencia en la vivienda por falta de titularidad o contrato de alquiler vigente, se ordenaría mediante auto la entrega inmediata de la vivienda a su legítimo propietario", indica Fernando Sanahuja, socio fundador de Sanahuja Miranda Abogados.

La nueva Ley indica que contra este auto no se podrá tramitar un nuevo recurso, mientras que el efecto de la sentencia sería inmediato en el caso de que el demandado no hubiera emitido ninguna respuesta al requerimiento en un plazo de cinco días. Además, el desahucio se podría realizar sin la necesidad de que transcurrieran los 20 días previstos por la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre que el demandante lo solicitara.

Por otra parte, el nuevo texto también tiene previsto que se pueda pedir la actuación de los servicios públicos competentes en materia de política social. No obstante, la proposición no es garantía de conseguir una alternativa para aquellas personas que sean desahuciadas de estas okupaciones, pues no dispone de vías de actuación en concreto para aquellas situaciones en las que las personas que van a ser desalojadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Lo que sí contempla es que las Administraciones públicas incorporen en sus protocolos en materia de vivienda medidas que ayuden a agilizar la coordinación y cooperación entre los diferentes organismos para poder evitar que se produzcan casos de exclusión residencial y dar la "respuesta adecuada y más rápida posible".

Entre las medidas que se contemplan para cubrir tales necesidades, se han detallado protocolos que asegurarán la creación de registros que incorporen información sobre el parque de viviendas sociales que estén disponibles en cada momento para albergar a personas y familias en riesgo de exclusión social.

¿Qué CC.AA salen más beneficiadas?

Según el mismo informe de Idealista mencionado anteriormente, Asturias es la comunidad autónoma en la que mayor bajada de precio se da en una vivienda ocupada que pretende venderse, pues los propietarios se ven obligados a realizar una bajada de más del 65% de su valor real de mercado. Le siguen País Vasco (-53,2%), Baleares (-52,2%) y la Comunidad Valenciana (-50,7%). Eso significa que los propietarios de viviendas que estén ubicadas en estas comunidades son los más beneficiados por esta nueva Ley de desahucios exprés en situaciones de ocupación.

La lista la siguen las comunidades de Castilla y León, donde la rebaja llega al 48,2%, seguida de Cantabria (-46,7%), Andalucía (-44,7%), La Rioja (-44,4%), Aragón (-42,1%), Canarias (-41,9), Galicia (-41,8%), Castilla-La Mancha (-41,3%) y Murcia (-41,2%). En el otro extremo, las autonomías donde menos va a influir de cara a la pérdida de valor de las vivienda ocupada son Navarra (-28,1%), Madrid (-35,3%), Extremadura (-36,6%) y Cataluña (-39,3%).

TS: la expulsión administrativa de España de un extranjero sólo procede por penas de más de un año de prisión2018-06-11

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido como doctrina jurisprudencial que la expulsión de España de un ciudadano extranjero por vía administrativa como consecuencia de una condena penal solo es procedente cuando la pena mínima prevista en el Código Penal para el delito por el que ha sido condenado sea superior a 1 año de prisión.

Al existir sentencias contradictorias de los Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas, la Sala establece cómo tiene que interpretarse el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) que regula la expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, del extranjero que haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

En primer lugar, la Sala establece que la pena a la que se refiere dicho artículo es la prevista en abstracto en el Código Penal para el delito cometido, y no la pena concreta impuesta al afectado en sentencia. Y en segundo término, indica que la referencia a la pena superior a un año, debe interpretarse como la pena mínima que recoja el Código para cada delito.

Textualmente, la doctrina jurisprudencial acordada por el Supremo señala que “el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) —y, en concreto, su inciso “delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año”— debe ser interpretado en el sentido de que el precepto se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente, si bien, sólo en aquellos supuestos en los que la totalidad de la pena establecida en el Código Penal sea “una pena privativa de libertad superior a un año”, esto es, excluyendo aquellos delitos en los que, con independencia del máximo previsto para la pena de privación de libertad, el mínimo, igualmente previsto, es de un año o menos”.

Del precepto, explica la sentencia, no se deduce ninguna referencia a la condena concreta que se le impusiera al ciudadano extranjero, sino que lo único que exige y requiere es que la sanción prevista en el Código Penal español para el delito por el que se le condena sea una pena privativa de libertad superior al año, aunque la pena privativa de libertad que se le haya impuesto sea inferior al año.

“Se trata de una infracción objetiva en la que la valoración subjetiva de los hechos determinantes de la condena penal ya fue realizada por el tribunal penal, y tal valoración, con el juego de grados, atenuantes o conformidades, pudo dar lugar a una concreta pena privativa de libertad inferior al año; pero tal valoración subjetiva no le corresponde realizarla, de nuevo, a la administración en el momento de la imposición de la sanción de expulsión, ya que el legislador sólo ha habilitado a la misma para la comprobación de que el delito, por el que el extranjero fue condenado, está sancionado, en el Código Penal español, con una pena privativa de libertad superior al año”, subraya la Sala.

El precepto, según los magistrados, no se refiere a la conducta sino al delito, por lo que la decisión se debe adoptar sin considerar si el hecho se consumó o quedó en tentativa o la incidencia de determinadas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pues la aplicación del mismo quedaría al arbitrio de que la acusación solicite mayor o menor pena o de que el tribunal del orden penal la imponga por encima o no de dicho umbral. En este contexto, la Sala se inclina por la interpretación de la “pena abstracta” o “pena tipo”, ya que si se aplica la contraria, “pena concreta”, se podría dar la circunstancia de que algún extranjero fuera expulsado al ser condenado penalmente por una pena superior a un año –por el juego y aplicación de las circunstancias agravantes concurrentes- por un delito que sólo tenga prevista en el Código Penal una pena de prisión inferior a un año. Recuerda el tribunal, además, que esta causa de expulsión recogida en el artículo 57.2 de la LOEX es una transposición de la normativa europea que ha sido decidida en un ámbito comunitario que no admite interpretaciones concretas en el ámbito del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro.

En la sentencia que fija la doctrina jurisprudencial, el Supremo resuelve el caso planteado por un ciudadano extranjero con una orden de expulsión de España, con prohibición de entrada durante siete años, como consecuencia de una sentencia firme a ocho meses de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad. El tribunal estima el recurso de casación del interesado y anula la orden de expulsión dictada por la Subdelegación de Gobierno de Sevilla, de 19 de noviembre de 2015, al considerar que dicho delito “ni estaba ni está sancionado” en el Código Penal tanto en el momento en el que ocurrieron los hechos –uno a tres años de prisión Ley Orgánica 10/1995- como en una reforma posterior –seis meses a tres años de prisión Ley Orgánica 1/2015- con una pena privativa de libertad superior a un año.

La sentencia incluye dos votos particulares firmados por los magistrados Rafael Fernández Valverde y José Juan Suay Rincón que expresan su discrepancia con el criterio de la mayoría sobre la interpretación del citado artículo. En concreto, defienden que la sanción a considerar no debería ser la prevista en el Código Penal para el delito por que ha sido condenado el ciudadano extranjero, como afirman los demás magistrados, sino la pena por la que, concretamente, es condenado.

La Abogacía Catalana celebra la aprobación definitiva en el Senado de la reforma legislativa que permitirá el desalojo por la vía rápida de pisos ocupados ilegalmente2018-06-08

CGAE

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los catorce Colegios de Abogados de Cataluña, celebra la aprobación definitiva en el Senado de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitirá el desalojo por la vía rápida de las viviendas propiedad de particulares, organizaciones y administraciones con fines sociales, que hayan sido ocupadas de forma ilegal. La propuesta de modificación legislativa fue elaborada por la Comisión de Normativa del Consell de l’Advocacia Catalana y el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ​​a instancias de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El PDeCat la presentó el pasado mes de abril en el Congreso, donde se aprobó, y hoy ha sido ratificada en el Senado, lo que supone su aprobación definitiva.

La propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil planteada por la Abogacía Catalana consiste en que, antes del juicio verbal, el juez pueda actuar de forma inmediata y ejercite el desalojo de la vivienda cuando la parte propietaria acredite su condición a través de un título. Si el ocupante, en cambio, no puede aportar ningún título de alquiler o propiedad que demuestre su legalidad, se procederá a ejecutar el lanzamiento sin tener que recurrir a la vía penal, donde los procesos se alargan entre dos y tres años. Con esta reforma el propietario podrá recuperar su vivienda en un plazo de unos dos meses.

Esta reforma legislativa está pensada para particulares, organizaciones y administraciones propietarias de viviendas para usos sociales que son ocupados ilegalmente, y para combatir las mafias que abusan de las personas vulnerables. No se podrán acoger a esta ley el resto de propietarios de viviendas, como los bancos o los fondos buitre.

La nueva ley entrará en vigor en un plazo de 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Abonado el pago de marzo del Turno de Oficio en el territorio del Ministerio de Justicia2018-06-07

La Dirección General del Tesoro ha efectuado el 4 de junio el pago correspondiente al mes de marzo de 2018 del Turno de Oficio que corresponde a los Colegios de Abogados de territorio común bajo competencia del Ministerio de Justicia.

El Consejo General de la Abogacía confía en seguir con este ritmo de pagos mensuales, así como absorber este desfase de meses antes de acabar el año.

Desde hace meses, se vienen manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia con el fin de agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, se ha conseguido que el Ministerio abone con carácter mensual las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita.

En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 que el Tesoro Público procedió a abonar el 18 de abril, la liquidación se efectuará con carácter mensual a partir de mayo, a excepción de enero y febrero de 2018 que se abonaron el 30 de mayo.

No obstante, con ello no se soluciona el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado, así como el reconocimiento de nuevos módulos.

La Abogacía continuará trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El Tribunal Supremo avala el límite de una licencia de VTC por cada 30 de taxi para asegurar el mantenimiento de éste como servicio de interés general2018-06-06
La Sala Tercera anula el requisito de que las empresas de VTC dispongan de una flota mínima de siete vehículos

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha avalado la imposición de limitaciones a la actividad de las VTC, siempre que sean necesarias y proporcionadas, como forma de garantizar el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano, para asegurar el mantenimiento del servicio del taxi como un servicio de interés general. Así, el tribunal considera ajustado a derecho y no discriminatorio el límite de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, así como la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80 por ciento de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización.

Por el contrario, el tribunal da la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y a las plataformas Uber y Unauto, en el requisito impuesto a las empresas de VTC de que dispongan al menos de una flota de siete vehículos dedicados a dicha actividad, ya que excluiría a los pequeños empresarios de su ejercicio sin razón de interés general o necesidad que lo justifique. Por ello, anula tal limitación.

Los magistrados recogen estos criterios en la sentencia que resuelve los recursos de la CNMC, Uber, Unauto y Maxi Mobility Spain (Cabify) contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y que estableció las referidas restricciones a la actividad de VTC. En la posición contraria, que respaldaba el Decreto, estaban la Administración del Estado, numerosas federaciones del taxi, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o la Asociación Española de la Economía Digital.

En primer término, la Sala rechaza declarar la pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso derivada de la aprobación por el Gobierno, después de celebrarse la vista de los recursos en el Tribunal Supremo (el pasado 17 de abril) del Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Señala que la revisión jurisdiccional de legalidad del Real Decreto impugnado no puede ser evitada por la aprobación del Real Decreto-Ley porque durante el periodo de vigencia (de 2 años y 5 meses) de los preceptos del primero, ahora derogados, han podido originar efectos que pudieran verse afectados por una eventual declaración de ilegalidad de los mismos.

El Supremo examina si las limitaciones del Real Decreto de noviembre de 2015 incumplen prohibiciones contenidas en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado o el ordenamiento europeo, como sostenían los recurrentes, quienes alegaban que no estaban amparadas por una razón imperiosa de interés general, eran desproporcionadas y discriminatorias, y por su carácter económico o finalidad de planificación del sector.

Proporción 1/30 VTC-Taxi y 80% servicios en el territorio de la autorización

Sobre la limitación de licencias VTC en relación al número de taxis, el Supremo destaca que “una vez admitida la justificación de preservar un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano a fin de asegurar una modalidad como la del taxi, la previsión de una proporción entre el número de licencias es sin duda medida idónea y proporcionada, sin que parezca fácil arbitrar una medida alternativa que pudiera ser menos restrictiva ni corresponda hacerlo en esta Sala”.

En cuanto a la concreta proporción de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, admite que la Administración no ha ofrecido una justificación razonada a esas cifras, pero considera que es ajustada a derecho y no discriminatoria, ya que los recurrentes tampoco han planteado una posible alternativa a la misma, y además se trata de un límite máximo y que puede ser rebajado por las administraciones competentes, permitiendo que haya más de una licencia VTC por cada 30.

La Sala también acepta la restricción de que el 80 por ciento de los servicios de VTC deban desarrollarse en el ámbito territorial de la comunidad autónoma donde está domiciliada su autorización. Esta limitación, señala el tribunal, tiene la finalidad de evitar que la utilización de autorizaciones de VTC en localidades de otras comunidades autónomas se convierta en una forma fraudulenta de incumplir la regla de la proporcionalidad. En cualquier caso, señala que en este punto tampoco la Administración ni la CNMC han justificado las razones de la proporción elegida (en el caso del Gobierno) o de la que sería adecuada (por los recurrentes).

En cuanto a los requisitos materiales relativos a los vehículos, la Sala tampoco estima el recurso de la CNMC al entender que también se exigen medidas análogas al servicio del taxi para asegurar los niveles de calidad y seguridad en los mismos.

Flota mínima de siete vehículos

Por el contrario, la Sala estima de forma parcial el recurso de la CNMC, de Uber y de Unauto, y anula por ser contraria a derecho la exigencia de una flota mínima de siete vehículos a las empresas que se dedican a esta actividad por entender que constituye una limitación a la actividad de VTC que excluye a pequeños empresarios del ejercicio de la misma y que carece, sin embargo, de una razón de interés general o de necesidad que la justifique.

La sentencia explica que el Real Decreto impugnado no obliga a tener una flota mínima de siete vehículos destinados al ejercicio de la actividad de VTC sino que, “simplemente, obliga a disponer de uno o más vehículos en las condiciones reglamentarias que se determinen, esto es, simplemente a disponer al menos de algún vehículo destinado a la actividad para la que se solicita autorización”. Para el tribunal, este requisito resulta por completo irrelevante desde la perspectiva de dicha razón de interés general, pues el equilibrio entre taxis y VTC no se ve ni favorecido ni perjudicado por esta exigencia ni tampoco lo justifica la seguridad de las transacciones comerciales.

Tampoco resultan convincentes para el tribunal las razones recogidas en la memoria de impacto normativa que se refieren a que dicha exigencia supone una mejor protección de los derechos de los usuarios o incrementa la seguridad de las transacciones financieras, ni por qué se iba a producir una constante aparición y desaparición de microempresas y por qué, de producirse tal circunstancia, se oscurecería la seguridad jurídica y económica en las relaciones comerciales. “Se trata de afirmaciones apodícticas carentes de explicación y que resultan desmentidas, por cierto, por la existencia de numerosos taxistas que son titulares exclusivamente de su licencia, sin que ello haya ocasionado tan perniciosas consecuencia”, subraya la Sala.

La Audiencia Nacional reconoce por primera vez un incremento salarial ligado a las cuentas de una segunda empresa2018-06-05

La empresa Eltec, en su día perteneciente al grupo T-Systems y hoy ligada a ella a través de contratos para servicios, ha sido condenada por la Audiencia Nacional a pagar a más de 100 trabajadores y trabajadoras, un variable económico dependiente de las cuentas de T-Systems y que se sitúa en torno a 1.000 euros de media por afectado.

En 2012, la empresa practicó una reducción salarial a toda la plantilla, que tenían derecho a recuperar si se cumplían ciertos parámetros. Estos parámetros iban ligados a cuentas y presupuestos tanto de Eltec como de T-Systems. En el caso de los ligados a Eltec, esos resultados no se cumplieron, pero sí en lo referente a los presupuestos positivos de T-Systems.

La Audiencia Nacional reconoce ahora, tras denuncia de la Federación de Industria de USO contra la empresa y contra los sindicatos CCOO y UGT, que Eltec debe abonar ese 25% de recuperación de salario ligado a las cuentas de T-Systems, aunque la empresa demandada ya no forme parte del mismo grupo que T-Systems ITC Iberia.

En los hechos probados, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional destaca que “en lo que respecta al 25% indexado al presupuesto de ITC, si se alcanza por dicha sociedad el resultado antes de impuestos presupuestado anualmente por la misma (…), se procedería a la distribución del 25% de la reducción salarial pactada (…) entre los afectados”. También considera probado que en 2015 el Grupo vende T-Systems Eltec, pero “el acuerdo de reducción salarial alcanzado el 29-10-2012 continúa aplicándose actualmente en Eltec IT Services SL.

Este pago anual de 2016 tiene exactamente la misma redacción para el pasado 2017 y futuros años, por lo que, una vez que la sentencia sea ratificada por el Tribunal Supremo, las cuentas positivas de T-Systems darán lugar a ese pago, y así sucesivamente.

Eltec IT Services es una compañía enfocada en la prestación de soluciones y servicios tecnológicos para la gestión, instalación, despliegue, soporte y mantenimiento de equipamiento y de infraestructuras TIC, cuenta con seis sedes principales repartidas en Comunidad de Madrid, Barcelona, Valencia y Euskadi, y más de 60 puntos de servicio, en todas las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. Los más de 200 afectados, con contrato en vigor en el citado 2012, están repartidos por todas ellas.

Tres de cada cuatro mujeres asesinadas por violencia de género en 2016 no habían presentado denuncia previa2018-06-04

En diez de las treinta y ocho sentencias dictadas por tribunales de Jurado y por las Audiencias Provinciales en el año 2016, relativas a homicidios y/o asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, consta la existencia de denuncias previas por violencia de género, según el Informe del Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial.

El Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que preside la vocal del CGPJ, Ángeles Carmona, ha aprobado en su reunión de hoy el Análisis sobre las sentencias dictadas en el año 2016, relativas a homicidios y/o asesinatos entre los miembros de la pareja o expareja y de menores a manos de sus progenitores.

El Grupo de expertos ha analizado 38 sentencias de crímenes por violencia de género, 10 sentencias de casos de muertes por violencia doméstica y 5 sentencias en procesos por asesinato de menores a manos de sus progenitores.

El Análisis de las sentencias por feminicidio dictadas por los órganos judiciales en el año 2016 constata el incremento de denuncias previas en los crímenes de género respecto al año anterior, aunque la cifra apenas alcanza el 26 por ciento del total.

El Grupo de Expertos indica que en el porcentaje del 74 por ciento de sentencias por feminicidio donde no constan denuncias previas, “a buen seguro había malos tratos no denunciados y que fueron ocultados”.

El Informe señala que es preciso fomentar la mejora en la información a todos los agentes implicados en Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y organismos centrales para que las víctimas conozcan sus derechos y los recursos a su disposición. También se incide en la necesidad de mejorar los canales de detección de riesgo en mujeres que acuden a centros sociales a recabar ayudas y no desean denunciar, y en hacer hincapié en los programas de información, prevención y mecanismos de protección a niños/as y adolescentes.

Incremento de la media de edad de las víctimas

 La media de edad de las víctimas de feminicidio en las sentencias dictadas en 2016 fue de 40 años, incrementándose respecto de 2015, en el que había sido de 32 años. Ninguna de las víctimas era menor de edad y la más joven tenía 20 años.

El Grupo de Expertos aboga por reforzar programas de información y sensibilización en los centros educativos, a fin de mejorar la prevención y protección de los/las jóvenes. También considera necesario fortalecer el apoyo a personas mayores en situación de dependencia, pues cada año se registran feminicidios de mujeres mayores a cargo de sus parejas masculinas.

Agravantes y atenuantes

 La agravante de parentesco fue la más aplicada, ya que así se recoge en el 92 por ciento de los casos de muertes por violencia de género, en un 52 por ciento en los casos de violencia doméstica y en el total de las sentencias dictadas cuando la víctima era un o una menor.

También han sido aplicadas agravantes de abuso de superioridad, reincidencia, alevosía y ensañamiento.

En cuanto a atenuantes, el trastorno o afectación mental fue apreciado en apenas un 10 por ciento de los casos, lo que demuestra la nula o reducida influencia de las disfunciones mentales en los crímenes de violencia de género. No fue apreciada esta atenuante en ningún supuesto de violencia doméstica y en un caso se aplicó como eximente completa en sentencias de menores, al apreciarse que la madre padecía esquizofrenia paranoide.

Sólo en una de las sentencias dictadas en 2016, se apreció la atenuante por consumo de alcohol y/o drogas, mientras que en el resto de procedimientos, en los que fue solicitada dicha atenuante por las defensas, no quedó demostrado que la adicción o ingesta disminuyera o anulara la capacidad de discernimiento del acusado.

Aumentó el número de muertes conexas en violencia de género

En los casos de violencia de género, y en conexión con el feminicidio, se registraron, según el Análisis de las sentencias de 2016, siete víctimas, cuatro de ellas mortales, de las que dos eran menores de edad, hijos de la pareja.

Según se recoge en las sentencias, ocho menores presenciaron el crimen de su madre y un total de 64 hijos/as -38, menores de edad-  debían recibir indemnización por responsabilidad civil.

El Grupo de Expertos señala que “son muchos los estudios que demuestran que haber sido testigo o víctima directa de las agresiones tiene consecuencias devastadoras para la salud psicológica de los menores”, por lo que incide en la necesidad de fortalecer los servicios sociales y sanitarios para la detección temprana y para la mejor protección y atención de los menores.

Incremento de los reconocimientos de hechos y entrega del autor

 En los casos de violencia de género, el Grupo de Expertos alerta del preocupante porcentaje de la entrega voluntaria del autor (un 40 por ciento) superior al registrado en las sentencias de años anteriores. Como ha venido incidiendo en otras ocasiones, propone valorar la supresión del beneficio penal de la atenuante prevista en el artículo 21 del Código Penal.

El Grupo de Expertos señala que en los delitos de asesinato u homicidio donde no existe relación de pareja, apenas se produce la circunstancia de que se entregue el autor del crimen. Ello demuestra “el tratamiento diferenciador que deben tener los estudios y medidas legales a adoptar en los crímenes de violencia de género”.

 Ausencia de impunidad

 De las 38 sentencias dictadas por feminicidio recayó fallo condenatorio en 37. De ellas, 30 fueron por asesinato y 7 por homicidio, lo que evidencia para el Grupo de Expertos, una especial agravación de los hechos, concretada en una mayor preparación de los mismos y en una mayor agresividad en su ejecución. La pena media privativa de libertad impuesta fue superior a 17 años.

La mayor parte de los homicidios o asesinatos de violencia de género que han dado lugar a las 37 sentencias condenatorias en 2016, son motivados por una relación de dominio del agresor varón, bien habiendo ejercido malos tratos sobre la víctima mortal con anterioridad, bien porque no admite que la víctima desee dejar la relación y salir de su esfera de control.

En materia de violencia doméstica, en un 40 por ciento de los casos, los hechos fueron calificados como asesinato, con una pena media privativa de libertad ligeramente superior a 12 años. Cuando la víctima fue menor de edad, todos los casos fueron calificados como asesinato y la pena media impuesta fue de 20 años.

Sentencias de violencia de género en el ámbito del Convenio de Estambul

 En este estudio se incluye por primera vez el análisis de 9 sentencias dictadas por homicidio y/o asesinato de una mujer a manos de un varón con el que no mantenía una relación de afectividad o parentesco, en los que el género de la víctima era lo que la hacía vulnerable.

Entre estos casos se encuentran, por ejemplo, supuestos de feminicidio no íntimo, consiguientes a agresiones sexuales, crímenes sucedidos en el ámbito del ejercicio de la prostitución y homicidios o asesinatos ocurridos en situaciones de robo con violencia. La relación entre víctima y autor del crimen es muy variable, contemplándose casos de compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, amigos, y otros supuestos en los que no pudo acreditarse la existencia de relación alguna.

En su Informe el Grupo de Expertos recuerda que en el Pacto de Estado contra la violencia de género se contiene una medida referida a la agravante de género y es la de recomendar la aplicación de la circunstancia 4ª del artículo 22 del Código Penal en todos aquellos casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos machistas o discriminatorios hacia la mujer en los casos de agresión sexual y abuso de los artículos 178 a 183 bis del Código Penal.

Ante la dificultad de apreciar la motivación de género en estos casos, se hace necesario, en opinión del Grupo de Expertos, “profundizar en los patrones de los hechos, las motivaciones y circunstancias concurrentes para poder ofrecer unos indicadores que permitan facilitar la apreciación de la agravante de género”.

Puede consultar el informe completo pinchando AQUÍ

El Tribunal Supremo aplica por primera vez perspectiva de género y condena por intento de asesinato, en lugar de homicidio, a hombre que asestó ocho puñaladas a su mujer2018-06-01

La Sala de lo Penal aplica la perspectiva de género y eleva de 12 a 16 años y 8 meses de prisión la condena impuesta. Destaca que convirtió su casa “en un escenario del miedo” y le priva de la patria potestad de su hija, que presenció el ataque

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez la perspectiva de género en un caso de intento de asesinato y maltrato de un hombre a su pareja. Así, ha elevado de 12 años a 16 años y 8 meses de prisión la pena impuesta al acusado al entender que el delito que cometió fue un asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco, en lugar de un homicidio intentado, al apreciar la existencia de alevosía en el agresor por la nula capacidad de defensa de la mujer a la que asestó ocho puñaladas delante de su hija.

En su sentencia, el tribunal analiza desde una perspectiva de género la acción desplegada por el hombre sobre la mujer, lo que supuso un aseguramiento de la acción agresiva. Para la Sala, en este supuesto, la defensa de la víctima fue inviable, lo que lleva a considerar la existencia de la alevosía, porque el ataque de forma desproporcionada hace ineficaz e imposible un mecanismo defensivo por la anulación absoluta de las posibilidades de defensa que, por el carácter sorpresivo del ataque, determina la concurrencia de esta acción alevosa que cualifica el delito en asesinato, y no en homicidio, y en este caso en grado de tentativa.

"Escenario del miedo"

El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por la víctima y el fiscal, y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que impuso al condenado una pena de 12 años por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa acabada (9 años y seis meses que ahora pasan a 14 años de prisión)-, y dos de maltrato habitual en el ámbito familiar (2 años y 8 meses de prisión que se quedan igual).

En cuanto a la condena por estos últimos delitos que ha sido confirmada, la sentencia, con ponencia del magistrado Vicente Magro Servet, indica que el maltrato habitual se configura con unas características de especial crueldad en el autor que en el círculo de su propio hogar familiar ejerce un maltrato prolongado en el tiempo, que crea una especie de "escenario del miedo", y que aunque se desdobla en actos aislados de hechos que pueden conllevar, individualmente considerados, una penalidad reducida, la reiteración en esos hechos provoca un doble daño en la víctima.

En este sentido, afirma que ese daño puede ser físico si se trata de agresiones que causan lesión o sin causarlas, o en expresiones que profiere el autor y constan probadas; como psíquico, por afectar a la psique de las víctimas, no solo las expresiones que se profieren, sino el maltrato físico habitual viniendo del autor del que vienen los hechos, que no se trata de un tercero ajeno a las víctimas, sino de la pareja de la víctima, o el padre de las mismas, lo que agrava el padecimiento de las víctimas de violencia de género y doméstica.

La Sala destaca que el retraso en denunciar el maltrato no supone merma en la credibilidad de las víctimas y afirma que éstas lo silencian por miedo, temor a una agresión mayor, o a que las maten. Pero ese silencio de las víctimas -añade la sentencia- no puede correr contra ellas cuando finalmente lo cuentan a raíz de un hecho más grave, como en este caso, y el autor les cuestiona el silencio como sinónimo de faltar a la verdad cuando relatan unos hechos de maltrato habitual.

Para el tribunal, no puede admitirse que el estado de pánico y terror que sufren las víctimas les suponga una "traba de credibilidad" cuando éstas deciden denunciarlo más tarde, ya que el retraso en denunciar hechos de violencia de género no es sinónimo de falsedad en una declaración, sino que es perfectamente admisible entender veraz esa declaración por las especiales características de los hechos de maltrato ante una especie de "síndrome de Estocolmo", como perfil típico en muchos casos de este tipo.

Privación de la patria potestad de su hija

A petición del fiscal, cuyo recurso ha sido estimado, la Sala ha acordado imponer a este hombre la pena de privación de la patria potestad de la hija de la pareja al haber presenciado el intento de asesinato. Una pena que no impuso la sentencia recurrida porque entendió que, pese a la gravedad de los hechos, no se había producido ningún comportamiento delictivo respecto a la menor para imponer una pena tan drástica.

En contra de este criterio, la sentencia explica que no es preciso que se produzca un ataque directo al menor para que se proceda la imposición de esta pena, sino que el ataque a la propia madre de este menor por su propio padre, y con la clara intención de acabar con su vida, determina la imposición de la pena interesada de privación para el ejercicio de la patria potestad, lo que supone la fijación de la vinculación de la relación directa entre la imposición de esta pena con el delito cometido y presenciado por la propia menor y en consecuencia la inexistencia de régimen de visitas ni ningún tipo de medida que implique contacto alguno con la menor.

El Abogado General Bot propone al Tribunal de Justicia que declare que el mero hecho de que un trabajador no haya solicitado tomar sus vacaciones no puede entrañar automáticamente la pérdida del derecho a compensación económica por las vacaciones no disfrutadas al extinguirse la relación laboral2018-05-31

Sin embargo, si el empresario demuestra que llevó a cabo las actuaciones necesarias para permitir a los trabajadores ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas y que, a pesar de las medidas adoptadas, el trabajador renunció de manera deliberada a ejercer ese derecho a pesar de gozar de esa posibilidad durante la relación laboral, dicho trabajador no puede reclamar la compensación

Tras finalizar su período de prácticas como preparación para el ejercicio de profesiones jurídicas (Rechtsreferendariat) en el Land de Berlín, el Sr. Sebastian W. Kreuziger solicitó que se le concediera una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas. En efecto, durante los últimos cinco meses de su período de prácticas había decidido no tomar vacaciones anuales retribuidas. Esa solicitud fue desestimada debido, en particular, a que la norma nacional aplicable [1] no prevé ese derecho a compensación. Según esa norma, tal como la interpretan ciertos tribunales nacionales, el derecho a vacaciones anuales retribuidas se extingue al final del período de devengo cuando el trabajador no haya solicitado ejercerlo durante dicho período. Esta extinción del derecho a vacaciones anuales retribuidas supone la pérdida del derecho a compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral. El Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandemburgo, Alemania), que conoce del recurso interpuesto por el Sr. Kreuziger, pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión se opone a esa legislación o práctica nacional.

El Sr. Tetsuji Shimizu fue contratado por el Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (una organización de Derecho privado sin ánimo de lucro) durante más de diez años en virtud de diversos contratos de duración determinada. El 23 de octubre de 2013 se le comunicó que su contrato no sería renovado. Al mismo tiempo, el Max-Planck-Gesellschaft le invitó a tomar sus vacaciones antes de que se extinguiera la relación laboral, a finales de diciembre de 2013. Comoquiera que solo tomó dos días de vacaciones, el Sr. Shimizu solicitó al Max-Planck-Gesellschaft el abono de una compensación por los 51 días de vacaciones anuales no disfrutados en los dos últimos años. Al denegar el Max-Planck-Gesellschaft esa solicitud, el Sr. Shimizu interpuso recurso ante los tribunales de lo laboral alemanes. El Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania) explica que, según la normativa alemana aplicable al Sr. Shimizu, [2] el trabajador debe solicitar tomar sus vacaciones, indicando sus preferencias respecto de las fechas de éstas, para no perder su derecho a vacaciones cuando finalice el período de devengo, sin obtener ninguna compensación. El Bundesarbeitsgericht pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión se opone a dicha normativa, y, en caso afirmativo, si la misma respuesta se aplica en un litigio entre dos particulares.

[1] Verordnung über den Erholungsurlaub der Beamten und Richter (Reglamento relativo a las vacaciones de funcionarios y jueces), de 26 de abril de 1988 (GVBl. 1988, p. 846).

[2] Bundesurlaubsgesetz (Ley federal sobre vacaciones), de 8 de enero de 1963 (BGBl. 1963, p. 2), en su versión de 7 de mayo de 2002 (BGBl. 2002 I, p. 1529).

En sus conclusiones leídas hoy, el Abogado General Yves Bot recuerda, ante todo, que, según la Directiva relativa al tiempo de trabajo, [3] los trabajadores dispondrán de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. La finalidad de este derecho es permitir que los trabajadores descansen y dispongan de un período de ocio y esparcimiento. El abono de una compensación económica a fin de sustituir el período mínimo de vacaciones anuales retribuidas sólo es posible en caso de extinción de la relación laboral.

El Abogado General se remite asimismo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el derecho a vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio particularmente importante del Derecho social de la Unión. Una vez adquirido, no puede extinguirse a la conclusión del período de devengo o de un período de aplazamiento fijado por el Derecho nacional, cuando el trabajador no haya podido disfrutar de sus vacaciones. De este modo, un trabajador que, por causas ajenas a su voluntad, no haya estado en condiciones de ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas antes de extinguirse la relación laboral tiene derecho a una compensación económica.

El Abogado General propone al Tribunal de Justicia, en particular, que responda que la Directiva se opone a legislaciones o prácticas nacionales, como las controvertidas, en virtud de las cuales un trabajador pierde su derecho a compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral en caso de que no hubiera solicitado disfrutar de las vacaciones mientras estuvo en activo y no demuestre que no pudo tomar dichas vacaciones por causas ajenas a su voluntad, sin determinar con carácter previo si el empresario ofreció efectivamente a dicho trabajador la posibilidad de ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

Además, el Abogado General propone responder que, cuando un órgano jurisdiccional nacional conoce de un litigio relativo al derecho de un trabajador a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral, deberá comprobar si el empresario ha demostrado que adoptó las medidas apropiadas para garantizar a dicho trabajador la posibilidad de ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas durante esa relación. Si el empresario demuestra que llevó a cabo las actuaciones necesarias y que, pese a las medidas que adoptó, el trabajador renunció de manera deliberada y consciente a ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas a pesar de gozar de esa posibilidad, dicho trabajador no puede reclamar, al amparo de la Directiva, el abono de una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral.

En apoyo de esta solución, el Abogado General recuerda que, según el Tribunal de Justicia, la Directiva establece la regla de que el trabajador deberá normalmente poder disfrutar de un descanso efectivo, en aras de una protección eficaz de su seguridad y su salud.

Según el Abogado General, el empresario tiene una responsabilidad particular a fin de que los trabajadores sujetos a su dirección ejerzan efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas. De este modo, el empresario ha de adoptar medidas de organización concretas que permitan a los trabajadores ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas. Concretamente, debe informar a los trabajadores en tiempo oportuno de que, si no disfrutan efectivamente de sus vacaciones, corren el riesgo de perderlas al final del período de devengo o del período de aplazamiento autorizado. También ha de informarles de que, si no disfrutan de sus vacaciones durante la relación laboral, teniendo efectivamente esa posibilidad, no podrán invocar el derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral. Sin embargo, la obligación que recae en el empresario no puede llegar al extremo de exigirle que obligue a sus trabajadores a utilizar efectivamente los períodos de descanso que les corresponden.

[3] Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).

El Abogado General considera que procede velar por que los trabajadores no puedan utilizar la posibilidad de sustituir el periodo mínimo de vacaciones anuales retribuidas por una compensación económica en caso de extinción de la relación laboral -prevista por la Directiva- como un instrumento que permita acumular días de vacaciones anuales retribuidas con vistas a percibir una remuneración por ellos al extinguirse la relación laboral. A este respecto, el Abogado General subraya que la protección de la salud y de la seguridad del trabajador no responde únicamente al interés individual del trabajador, sino también al interés de su empresario y al interés general.

Por lo que respecta a la situación del Sr. Kreuziger, el Abogado General indica que, si de las comprobaciones realizadas por el tribunal nacional resulta que el Land de Berlín, en su calidad de empleador del Sr. Kreuziger, puso a éste en condiciones de ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas y que, pese a ello, el Sr. Kreuziger no quiso tomar sus vacaciones antes de superar la prueba oral del segundo examen de Estado, dicho órgano jurisdiccional podrá estimar que la denegación de esa compensación es procedente.
En lo que atañe a la problemática que plantea el hecho de que una Directiva únicamente vincula a los Estados miembros, quienes deben transponerla en el Derecho nacional, y, por lo tanto, en principio, no puede aplicarse directamente en un litigio entre particulares (como el que opone al Sr. Shimizu y al Max-Planck-Gesellschaft), el Abogado General señala que el derecho a vacaciones anuales retribuidas también está garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. [4]

Según el Abogado General, en la medida en que la Carta garantiza a un trabajador el derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral cuando dicho trabajador no haya estado en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas durante esa relación, puede ser invocada directamente por el trabajador en un litigio contra su empresario a fin de excluir la aplicación de una norma nacional que impide el abono de tal compensación. [5]

En lo tocante a la situación concreta del Sr. Shimizu, el Abogado General observa que, aunque la apreciación final de este extremo corresponde al Bundesarbeitsgericht, duda de que pueda estimarse que el Max-Planck Gesellschaft haya llevado a cabo las actuaciones necesarias para que el Sr. Shimizu estuviera en condiciones de disfrutar las vacaciones anuales retribuidas a las que tenía derecho. En efecto, la única medida que consta en los autos es la invitación, dirigida por el Max-Planck Gesellschaft al Sr. Shimizu, el 23 de octubre de 2013, a tomar sus vacaciones, al tiempo que éste tuvo conocimiento de que su contrato de trabajo no sería renovado. Habida cuenta del breve período comprendido entre la fecha de adopción de esa medida y la fecha de finalización del contrato de duración determinada del Sr. Shimizu, a saber, el 31 de diciembre de 2013, dicha medida resulta extemporánea, lo que, en opinión del Abogado General, impide que pueda considerarse apropiada para permitir al trabajador ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

[4] Artículo 31, apartado 2, de la Carta.

[5] Para una explicación más detallada en relación con el efecto directo del artículo 31, apartado 2, de la Carta, véase el CP n.º 70/18 de hoy sobre las conclusiones del Sr. Bot presentadas en los asuntos acumulados C-569/16, Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer, y C-570/16, Volker Willmeroth als Inhaber der TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn.

Reconocido como accidente laboral el ocurrido tras parar a comprar volviendo del trabajo2018-05-30

La Sala 4ª del Tribunal Supremo ha reconocido como accidente de trabajo el sufrido por una trabajadora tras parar a comprar en un centro comercial volviendo del trabajo.

La trabajadora prestaba servicios para una conocida empresa como auxiliar de ayuda a domicilio. El día que sufrió el accidente, al acabar su jornada de trabajo al mediodía, en lugar de coger directamente el autobús en el que solía desplazarse de vuelta a casa se dirigió a un supermercado de un centro comercial cercano y tras la compra se encaminó de nuevo a la parada del autobús para ir a su domicilio. Tras subir al autobús este realizó un brusco frenazo, a consecuencia del cual la trabajadora sufrió lesiones que fueron calificadas por la Mutua y por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS como de carácter común.

Después de un largo proceso, en el que la trabajadora, disconforme con el no reconocimiento como laboral de los daños sufridos, interpuso sucesivas demandas ante los Tribunales Superiores de Justicia, siendo estas desestimadas, finalmente el Tribunal Supremo la ha dado la razón, reconociendo el hecho lesivo ocurrido como accidente de trabajo in itinere.

Recordemos que un accidente in itinere es aquel que sucede al ir o al volver del trabajo. En el caso descrito la cuestión a resolver es si se rompe o no el nexo causal entre el trabajo y el daño sufrido por el hecho de que la trabajadora acudiera brevemente al centro comercial a realizar la compra para luego continuar el recorrido de vuelta a casa.

Concretamente, el Tribunal Supremo tiene en cuenta diversos criterios de otras sentencias en esta materia, siguiendo algunos como los siguientes:

  • El nexo causal trabajo-daño sufrido no se rompe si la conducta normal de la persona responde a patrones usuales de convivencia o comportamiento de las gentes.
  • La cualidad de accidente de trabajo no debe excluirse por la posibilidad de alguna gestión intermedia razonable.
  • Se admite la razonabilidad de ampliaciones en la acción protectora ligada al concepto de accidente de trabajo in itinere atendiendo a criterios de normalidad dentro de los que se produce una conexión también normal entre el desplazamiento y el trabajo.

Conforme a estos criterios, el Tribunal Supremo en sentencia firme resuelve la duda sobre el origen laboral o no del daño estimando que no puede entenderse que hay una ruptura del nexo causal, en tanto que la demora por la realización de una compra es una gestión razonable que responde a patrones usuales de comportamiento y a criterios de normalidad de conducta. En base a ello, asienta que los daños sufridos por la trabajadora derivan de accidente de trabajo in itinere.

El TSJ de la Comunidad Valenciana anula parcialmente el decreto del Consell y devuelve a los colegios concertados las aulas suprimidas 2018-05-29

La Sala de lo Contencioso estima parcialmente 13 recursos contra la norma autonómica y obliga a mantener las aulas concertadas que Educación no renovó. Los magistrados reconocen el derecho de la Conselleria a no concertar, pero le impiden suprimir aulas por decreto mientras los conciertos estén en vigor

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado parcialmente cinco recursos interpuestos contra el decreto de la Conselleria de Educación que regula la enseñanza concertada y contra el reglamento que fija los criterios para el acceso o renovación de los mismos.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo avala la legalidad de parte de la norma recurrida, reconoce que la Generalitat Valenciana “no está obligada a concertar”; admite que si la Administración autonómica “opta por los conciertos, no está obligada a la gratuidad total” pero precisa que, en el caso de la enseñanza no obligatoria, “si opta por los conciertos, debe someterse a la normativa básica del Estado” que impide extinguir por Decreto conciertos que siguen vigentes y obliga a renovarlos si los centros educativos cumplen los requisitos exigidos por la norma.

“La Adminsitración, mientras lo centros cumplan con los requisitos establecidos en las normas, debe mantenerlos (…). La extinción unilateral por Decreto no se regula como causa de extinción (…). La razón es obvia, es contraria a Derecho”, señala la Sala en sus resoluciones en las que establece que la Administración Autonómica “no sólo no puede extinguirlos unilateralmente, sino que debe renovarlos siempre que (el colegio) siga cumplimiento los requisitos que marca el precepto”.

El Estado, arguyen los magistrados, “ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas la opción de formalizar conciertos para las enseñanazas no obligatorais. Significa lo expuesto, que corresponde a cada Comunidad Autónoma la decisión de formalizar o no conciertos en estos niveles de enseñanza”.

Pero, “una vez que ha decidido formalizar conciertos para las enseñanzas no obligatorias (…) queda vinculada al régimen básico del Estado para los conciertos”. La Generalitat “no puede escudarse en que no está obligada a concertar”.

De este modo, el TSJ da la razón, en algunas de sus pretensiones, a los recurrentes que impugnaron la disposición general del decreto.

La Sala avala la legalidad de parte de la norma recurrida y ampara a la Conselleria de Educación en su decisión de suprimir los conciertos de Formación Profesional Básica por falta de alumnado matriculado.

Los magistrados consideran que tales artículos no vulneran los derechos de las familias en segundas o posteriores opciones, ni discriminan a los alumnos que opten por la enseñanza concertada respecto de la pública.

Tampoco consideran contrario a derecho el artículo que limita, vía Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana, las unidades que han de concertarse cada curso.

En base a estas cinco sentencias, el TSJ ha resuelto los casos particulares de ocho centros educativos que habían recurrido la no renovación o reducción del número de aulas que tenían concertadas.

La Sala estima los recursos de ocho colegios y les reconoce el derecho a conservar las aulas concertadas que la Generalitat no les renovó.

“Para poder reducir una unidad, la Administración debe ofrecer una motivación sólida, suficiente y debidamente justificada”. “En el supuesto que nos ocupa”, señala el Tribunal en relación a la decisión de la Conselleria de reducir las aulas concertadas con el Colegio El Pilar de Valencia, “se ha limitado a rellenar unos impresos. El Tribunal no tiene forma de comprobar cómo se han distribuido las unidades, criterios seguidos que puedan ser verificados, cómo se ubicarían hipotéticamente en la zona los alumnos cuya unidad se suprime (…). Ni existe motivación ni mucho menos (la decisión) está debidamente justificada como exige nuestro Alto Tribunal”.

Un juzgado de lo Social de Cáceres concede la incapacidad permanente total a un obrero que no estaba dado de alta en el INSS2018-05-28

El Juzgado de lo Social 1 de Cáceres ha concedido la incapacidad permanente total a un peón agrícola que permaneció 24 meses sin estar inscrito como demandante de empleo en el INSS por haberse dedicado al cuidado de sus padres gravemente enfermos.

El juzgado considera, con criterio humanizador, que el trabajador estuvo todo ese tiempo sin inscribirse por las graves enfermedades de sus padres a los que tenía que atender personalmente además de su propia enfermedad. Considera que no actuó con desidia sino por motivo de las circunstancias familiares y propias que concurrían, teniendo además en cuenta la dilatada trayectoria profesional del mismo.

La magistrada le ha declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual. La sentencia fue confirmada por la Sala de lo Social el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Pleno de la Abogacía Europea en Praga2018-05-25

El Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, ha celebrado su pleno de mayo en Praga (Chequia), en honor a su Presidente 2018, Antonin Mokry. Los temas que han destacado dentro de la agenda han sido el acceso a la Justicia, Brexit, Convención europea de la Abogacía, formación, inteligencia artificial aplicada a la profesión, deontología, futuro de la Fundación de los abogados europeos, jurisprudencia europea reciente de importancia para la profesión, fiscalidad, Derecho de sociedades y Estado de Derecho en Polonia.

Entre los posicionamientos aprobados, cabe destacar la interpretación del Código Deontológico, de su modelo y de los principios básicos para la profesión. Respecto a la Convención de la Abogacía, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado iniciar la redacción, encargando su primer borrador al Comité GR-J de Cooperación Jurídica. Por último, cabe destacar la aprobación de las cuentas de CCBE en 2017, presentadas por el Comité de finanzas, último acto de Iñigo Nagore, que acaba su mandato como presidente del mencionado comité.

Asimismo, en torno a esta sesión plenaria, CCBE ha celebrado varias reuniones de sus Comités y Grupos de Trabajo. Y también coincidiendo con estas reuniones, se ha celebrado en Praga el Foro de Innovación de Servicios Jurídicos – el Tercer Foro anual de servicios jurídicos innovadores se ha centrado en tres áreas principales: Visiones Tecnológicas / Empresariales / Europeas. La conferencia ha reunido a expertos sobre estos temas en un solo escenario y ante abogados, empresarios y profesionales de los sectores implicados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores se reúne con las profesiones colegiadas para su contribución en la implementación de la Agenda 20302018-05-24

A iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), como Presidencia del Grupo de Alto Nivel para la implementación de la Agenda 2030, ha tenido lugar en la mañana de hoy una jornada organizada por el mismo Ministerio, Unión Profesional (UP) y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) titulada Profesiones por el común con la Agenda 2030 como herramienta de trabajo.

El objetivo principal con el que se ha convocado a las profesiones colegiadas de España ha sido el de profundizar en la labor desempeñada por sus corporaciones colegiales en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el plan de acción más ambicioso a favor de las personas, el planeta y la prosperidad hasta 2030, así como de informarles sobre el proceso de preparación del examen voluntario nacional al que se presenta nuestro país el próximo mes de julio.

Presidida por la presidenta de UP, Victoria Ortega y por el presidente de la UPCI, Luis Vilches, la jornada ha sido introducida en la materia por Cristina Pérez, directora general de políticas de desarrollo sostenible y Juan Francisco Montalbán, embajador en misión especial para la Agenda 2030, dependientes ambos departamentos institucionales del MAEC.

Profesiones por el común con la Agenda 2030

En la apertura de este encuentro, Victoria Ortega ha señalado la labor que las profesiones colegiadas están llevando a cabo en lo que respecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde los anteriormente denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) —planteados en el año 2000 y reformulados en el 2015 con el propósito de incluir a la sociedad civil e incrementar la calidad de lo exigido—. Los profesionales, como parte activa de la sociedad civil, están especialmente implicados en el cuidado y desarrollo de la ciudadanía; y cuya labor queda reflejada en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. «Sin las profesiones no tendríamos el mundo que tenemos, ni podríamos avanzar al mundo que queremos», ha recalcado la presidenta de UP.

Luis Vilches hizo hincapié en la necesidad de trabajar de forma conjunta por la sociedad civil de la que UP y UPCI forman parte, así como la Administración y el Gobierno, tal y como esta jornada demuestra. La UPCI ha apoyado totalmente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se han ofrecido a seguir trabajando en su desarrollo. En línea con esta idea, Vilches ha trasladado la labor conjunta realizada con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad desde hace tres años para la consecución de un Pacto de Estado por la Industria en el que participen sociedad civil, sector privado, sindicatos y partidos políticos, con el objetivo de que la contribución de la industria al PIB sea, al menos, del 20% en próximas legislaturas. Todo ello con el objetivo de crear un empleo de calidad y estable y, por ende, mejorar la economía española.

Profesiones y Objetivos de Desarrollo Sostenible

La reunión de todas las profesiones colegiadas en este acto supone la oportunidad de ofrecer una visión transversal y cooperativa para continuar trabajando, por un lado, la consecución de objetivos concretos, y por otro, en favor del común, proponiendo la «consecución del acceso universal a los servicios profesionales como garantía de un Estado democrático, compartiendo esfuerzos para llegar a la consecución real de dichos objetivos», tal y como ha especificado Ortega en su intervención. Asimismo, pretenden que esta iniciativa sea el comienzo de una interlocución que se fortalezca con el tiempo, ya que solamente se puede avanzar, también en el terreno de los ODS, contando con las profesiones. «Como instituciones inclusivas, las organizaciones colegiales favorecen la defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, y la redistribución de la renta y la riqueza», advertía la presidenta de Unión Profesional.

Durante sus intervenciones, tanto el embajador como la directora general, han explicado la hoja de ruta a seguir para lo que se ha diseñado un borrador de Plan de Acción con un horizonte temporal limitado (2018-2020) con el que se pretende impulsar urgentemente aspectos clave, a la vez que sentar las bases fundamentales para trazar la senda 2020-2030. Juan Francisco Montalbán ha querido referirse a la necesidad de consolidación de la alianza con los colegios profesionales y llegar de esta manera a los colegiados, a la sociedad: «La Agenda 2030 no es más que una manera ordenada de debatir políticas públicas, dando respuestas a la sociedad».

Cristina Pérez, por su parte, ha destacado que «la Agenda 2030 es transformadora, evolutiva y tiene carácter universal», motivando a las corporaciones colegiales a cumplir con su papel de «actor dual: objeto y sujeto de la Agenda 2030». Este impulso, «solo será eficaz si va acompañado de un proceso de deliberación, participación y diálogo entre todos los niveles de la administración y que involucra a todos los actores sociales (entre los que se encuentran las profesiones) y al parlamento», han señalado desde el Ministerio.

La jornada Profesiones por el común con la Agenda 2030 como herramienta de trabajo fue clausurada por los presidentes de las asociaciones que agrupan a los Consejos Generales y Colegios Nacionales de profesiones, Victoria Ortega y Luis Vilches, instando a los asistentes a continuar el camino trazado por el Ministerio, y así superar el examen voluntario del próximo mes de julio, que se presentará ante Naciones Unidas, lo que significará que las profesiones han podido contribuir a la consecución de unos objetivos globales que terminen con la pobreza, protejan el planeta y aseguren prosperidad para todos.

La abogacía madrileña espera que la nueva Consejería de Justicia acometa la actualización de los baremos del Turno de Oficio en esta misma legislatura2018-05-23
  • Así lo ha manifestado el decano José María Alonso tras la toma de posesión de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid

En representación de los cerca de 78.000 profesionales adscritos al Colegio de Abogados de Madrid, el decano José María Alonso y la vicedecana Begoña Castro han asistido a la toma de posesión de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid.

Tras el acto, celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol en presencia de autoridades como la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, las ministras María Dolores de Cospedal y Fátima Báñez, o los expresidentes madrileños Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón, Alonso ha valorado muy positivamente la inminente puesta en marcha de una consejería dedicada en exclusiva a la Justicia.

“Desde la abogacía madrileña estamos muy satisfechos con la creación de esta nueva Consejería”, ha señalado el decano, pues “la justicia es un elemento fundamental no sólo para la seguridad jurídica de los ciudadanos sino para el desarrollo económico de la Comunidad de Madrid”.

De la nueva consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, Alonso espera que tenga en especial consideración al mundo de la abogacía: “los abogados somos un elemento fundamental del funcionamiento de la justicia y, por tanto, debemos ser tratados en el mismo plano que los demás operadores jurídicos”, ha afirmado.

Respecto a la agenda de trabajo del nuevo organismo durante el año que queda de legislatura, el decano del ICAM confía en que se acometa de una vez la revisión de los baremos del Turno de Oficio, que permanecen congelados desde el año 2003. “El Turno de Oficio presta un servicio constitucionalmente recogido que es fundamental para los ciudadanos, y tiene que ser remunerado conforme a criterios de mercado”, ha explicado.

En ese sentido, y desde el convencimiento de que la Comunidad de Madrid es consciente de esta necesidad, “el Colegio de Abogados de Madrid va a ser especialmente beligerante en la defensa de los abogados del Turno, que tan importante servicio prestan a la ciudadanía madrileña”, ha concluido Alonso.

Catalá anuncia un incremento del 30% de los honorarios de los letrados del Turno de Oficio2018-05-22
  • La subida será del 35 o del 20% según los diferentes asuntos tramitados por Asistencia Jurídica Gratuita y afectará a la práctica totalidad de los expedientes tramitados
  • La subida de los baremos, anunciada por el ministro de Justicia, será efectiva tras la aprobación de los Presupuestos de 2018
  • La Abogacía continúa exigiendo mejoras que respeten la dignidad de los profesionales y que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de la ciudadanía y no un bien de mercado

CGAE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado durante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, al que asisten los 83 decanos de los Colegios de Abogados y los 12 consejeros electivos, que una vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se incrementará un 30% de media los baremos que reciben los abogados adscritos al Turno de Oficio, como respuesta a las demandas y negociaciones con el Consejo, en representación de los 83 Colegios de Abogados.

El ministro ha destacado que la subida afectará al 99% de los expedientes tramitados por Justicia Gratuita con una subida que variará entre el 35%, especialmente en las jurisdicciones penal y civil, y el 20% para el resto de asuntos. Catalá ha afirmado que estas medidas se aplicarán inmediatamente tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, prevista para antes de que finalice junio. El detalle de las subidas se negociará en las próximas semanas.

El Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados, en el ejercicio de su función legítima y democrática de representación, defensa de los derechos de los abogados y de la dignidad de la profesión, han venido denunciando que la actual retribución del Turno de Oficio –en determinadas comunidades autónomas y, sobre, todo en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia- supone una falta de reconocimiento tanto a la labor de los más de 51.000 abogados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita como del servicio público de Justicia Gratuita reconocido en la Constitución.

Durante meses, se han venido manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia para agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, ya se ha conseguido el abono mensual de las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita. En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 y el abono antes de finalizar mayo de los meses de enero, febrero y marzo, la liquidación de las indemnizaciones en el territorio competencia del Ministerio de Justicia se efectuará con carácter mensual.

No obstante, con este anuncio del ministro de Justicia no se soluciona de forma total el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado así como el reconocimiento de nuevos módulos y el abono de las guardias. El ministro se ha mostrado partidario de ir armonizando paulatinamente los baremos para que no haya grandes diferencias entre lo que se cobra en distintos lugares de España.

La Justicia Gratuita es un servicio con protección constitucional que prestan eficientemente más de 51.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de España, garantizando la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes.

Los abogados de oficio son los auténticos protagonistas del servicio, y deben desarrollar su función en condiciones dignas, con garantías de percibir siempre el cobro por cada actuación y asegurando una retribución digna, tal y como prevé la propia exposición de motivos de la actual Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.

La Abogacía continua trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos y que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de  la ciudadanía y no un bien de mercado.

El TSJ de Canarias homologa una subida salarial a todas las camareras de piso de una cadena hotelera en Las Palmas2018-05-21
La cadena hotelera RIU llega a un acuerdo con los sindicatos ante el TSJC para acabar en cinco años con la brecha salarial por razón del sexo

Autor Comunicación Poder Judicial

La cadena hotelera RIU ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, homologado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, para abonarle a todas sus camareras de piso en la provincia de Las Palmas un plus mensual de 100 euros brutos a través de un plan quinquenal, con el fin de mitigar la brecha salarial por razón de sexo.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas ha dictado el auto que homologa el pacto extraprocesal alcanzado entre CCOO, UGT y el Frente Sindical Obrero y los hoteles de RIU en Las Palmas el 13 de marzo de 2018 para que los agentes sociales desistieran en la demanda mediante la cual exigían a la cadena el “cese en su trato de discriminación salarial entre las camareras de pisos y el resto de los empleados dentro de las diferentes categorías profesionales encuadradas en el nivel salarial IV del Convenio de Hostelería de la Provincia de Las Palmas”.

En aplicación de este acuerdo, a las camareras de pisos de RIU se les abonará, con efectos de 1 de enero de 2018, un plus en concepto de incentivo que alcanzará los 100 euros brutos en el año 2023, y que se desglosa como sigue: 60 euros brutos al mes en 2018; 70 en 2019; 80 en 2020; 90 en 2021, 95 en 2022, y finalmente 100 euros brutos en 2023.

El pacto es de obligado cumplimiento en los hoteles Riu Palmeras, Riu Palace Maspalomas, Riu Palace Oasis, Riu Palace Meloneras, Club Hotel Riu Gran Canaria, Riu Palace Tres Islas, Riu Palace Jandía, Riu Palace Paraíso Lanzarote Resort, Club Hotel Riu Oliva Beach, Riu Don Miguel, Club Hotel Riu Vistamar, Club Hotel Riu Papayas Flamingo y Hotel Calypso.

Según el Abogado General Szpunar, el Tribunal de Justicia no es competente para responder a las preguntas formuladas por la autoridad judicial que emite una orden de detención europea sobre la cuestión de si la autoridad de ejecución puede negarse a ejecutar dicha orden2018-05-18

La autoridad que emite la orden no puede reemplazar a la autoridad de ejecución formulando al Tribunal de Justicia preguntas que sólo esta última tiene derecho a formular en el marco del procedimiento de remisión prejudicial

AY es un ciudadano húngaro, presidente de una sociedad húngara, contra el cual se ha incoado un procedimiento penal en Croacia. Se sospecha que accedió a pagar una cantidad de dinero considerable a un alto cargo de Croacia a cambio de la celebración de un acuerdo entre la citada sociedad húngara y el Gobierno croata.

A raíz de la apertura de una investigación contra  AY en Croacia por  corrupción activa,  las autoridades croatas solicitaron en varias ocasiones a las autoridades húngaras competentes (por primera vez el 10 de junio de 2011) que les facilitaran asistencia jurídica internacional tomando declaración a AY en calidad de sospechoso y entregándole una citación. Aunque las autoridades húngaras no accedieron a estas solicitudes, iniciaron también una investigación para comprobar si se había cometido un delito contra la integridad de la vida pública en forma de corrupción activa a nivel internacional, con arreglo al Código Penal húngaro. Esa investigación se archivó el 20 de enero de 2012 porque se consideró que los hechos cometidos no eran constitutivos de delito. Sin embargo, la investigación de las autoridades húngaras no se había abierto contra AY en calidad de sospechoso, sino únicamente en relación con el supuesto delito, y en el curso de dicha investigación AY sólo fue interrogado como testigo.

El 1 de octubre de 2013, tras la adhesión de Croacia a la Unión Europea, las autoridades croatas emitieron una orden de detención europea contra AY. No obstante, las autoridades húngaras denegaron la ejecución de esa orden de detención aduciendo que ya se había puesto fin en Hungría al procedimiento criminal relativo a los mismos hechos en que se basaba la orden de detención.

El 15 de diciembre de 2015, el Županijski Sud u Zagrebu (Tribunal de condado de Zagreb, Croacia), ante el que se sustanciaba el procedimiento penal contra AY, dictó una segunda orden de detención europea contra éste. Las autoridades húngaras se negaron a adoptar resolución formal alguna con respecto a esta segunda orden de detención por considerar que no era legalmente posible detener a AY en Hungría ni iniciar un nuevo procedimiento para ejecutar dicha orden.

En esas circunstancias, el tribunal croata pregunta, esencialmente, al Tribunal de Justicia, si la Decisión marco relativa a la orden de detención europea 1 permite que la autoridad competente de un Estado miembro no ejecute una orden de ese tipo basándose en el hecho de que en dicho Estado ya se ha puesto fin al procedimiento criminal por los mismos hechos especificados en la orden de detención, aun cuando la persona contra la que se emitió la orden sólo haya tenido en ese procedimiento la condición de testigo, y no la de sospechoso o acusado. El tribunal croata desea saber asimismo si una autoridad nacional está obligada a adoptar una decisión sobre toda orden de detención europea que se le transmita, a pesar de que ya haya tomado una decisión con respecto a una orden de detención europea previa relativa a la misma persona y al mismo procedimiento penal.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Maciej Szpunar indica que, en este asunto, el tribunal croata que emitió la orden de detención europea de que se trata desea obtener orientaciones sobre los derechos y obligaciones de las autoridades húngaras, que son las autoridades encargadas de dar ejecución a esa orden. El Abogado General opina que no son necesarias para que el tribunal croata pueda continuar con el procedimiento sustanciado ante él las respuestas del Tribunal de Justicia a las preguntas sobre si las autoridades húngaras tienen derecho (o, en su caso están obligadas) a no ejecutar la orden de detención de que se trata, con arreglo a la Decisión marco. En este contexto, el Abogado General pone de relieve que, desde un punto de vista jurídico, las respuestas del Tribunal de Justicia no afectarían a la cuestión de si ese tribunal nacional mantiene o retira la orden de detención, ya que incumbe a este último tribunal adoptar finalmente una decisión al respecto, con independencia de esas respuestas.

Además, el Abogado General recalca que, en definitiva, el presente asunto se refiere a la interpretación de la legislación húngara a la luz de las disposiciones de la Decisión marco, tarea que incumbe a las autoridades húngaras, que son quienes deben adoptar una decisión sobre la orden de detención. A este respecto, el Abogado General indica que el tribunal croata en cuestión no puede reemplazar a las autoridades húngaras competentes formulando al Tribunal de Justicia preguntas sobre este tema en el marco del procedimiento de remisión prejudicial.

El Abogado General considera, por tanto, que el Tribunal de Justicia carece de competencia para responder a las cuestiones relativas a los derechos y obligaciones de las autoridades húngaras competentes para decidir sobre la ejecución de la orden de detención de que se trata.

Por último, el Abogado General estima que las autoridades de los Estados miembros están obligadas a adoptar una decisión sobre toda orden de detención europea, incluso cuando ya hayan tomado una decisión sobre una orden de detención anterior relativa a la misma persona y al mismo procedimiento penal.

1 Decisión marco 2002/584/JHA del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1).

Un juez de lo mercantil de Sevilla acuerda la resolución de 20 contratos firmados por ‘El Barrio’ con una compañía para la edición musical de sus canciones2018-05-17
El cantante considera “incumplidas” por la entidad demandada sus obligaciones de distribuir la obra

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha acordado la resolución contractual de 20 contratos firmados entre los años 1996 y 2011 por el cantautor gaditano conocido como ‘El Barrio’ con una compañía para la edición musical de sus canciones al considerar “incumplidas” por la entidad demandada sus obligaciones de distribuir la obra y también sus obligaciones dimanantes de los sistemas instaurados para el preceptivo control del número de ejemplares tirados.

‘El Barrio’ ejerció una acción de resolución contractual por incumplimiento reiterado por la entidad demandada de sus obligaciones derivadas de estos 20 contratos de edición musical, y en concreto la no recaudación y liquidación de los derechos de autor por explotación de las obras, del derecho de sincronización y del derecho de reproducción mecánica en el extranjero.

A todo ello se añade, según la demanda, el incumplimiento de las obligaciones de satisfacer la remuneración estipulada, de reproducir la obra en la forma convenida, de someter las pruebas de tirada al autor, de proceder a distribuir la obra, y de asegurar a la obra una explotación continuada y una difusión comercial.

Frente a ello, la compañía demandada alegó no haber incurrido en incumplimiento de sus obligaciones derivadas de los contratos de edición.

En la sentencia, el juez de lo Mercantil declara incumplidas por la entidad demandada sus obligaciones de distribuir la obra y sus obligaciones dimanantes de los sistemas instaurados para el preceptivo control del número de ejemplares tirados.

En este sentido, el magistrado recuerda que la representación legal del artista atribuyó al editor un incumplimiento de su obligación de distribuir la obra al no realizarla en los plazos pactados, frente a lo que la compañía “no ha realizado ningún tipo de alegación o argumentación más allá de referencias genéricas que no tienen relación con el cumplimiento de su obligación de distribuir la obra en forma y en el plazo marcado por los correspondientes contratos, manifestando que su ausencia se basa en la falta de mercado de las partituras o que no suelen ser objeto de explotación comercial”, lo cual “no puede constituir justificación válida para dejar de dar cumplimiento a sus obligaciones”.

Asimismo, el juez considera que la entidad demandada “no ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones” sobre control de tirada, procedimientos de control de certificación de datos y el de numeración o contraseñado de los ejemplares de cada edición, “ausencia de prueba que determina el incumplimiento de la carga que le corresponde”, por lo que el juez estima también la resolución contractual de los contratos por esta causa.

La resolución contractual de los contratos analizados operará desde el día 12 de marzo de 2013, excepción hecha de cinco de los contratos cuya resolución operará desde la fecha de presentación de la demanda.

Condenan al Concello de Ourense a autorizar la instalación de un ascensor sobre suelo público municipal 2018-05-16

Con el objetivo de dotar de ascensor a edificios de viviendas antiguos que carecen de él la normativa permite en supuestos excepcionales la construcción del ascensor sobre suelo público

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense ha condenado al Concello de esta ciudad a aceptar la instalación de un ascensor en la fachada de un edificio, con la consiguiente ocupación del dominio público municipal.

En una sentencia pionera, se obliga al Ayuntamiento a aplicar la normativa estatal de accesibilidad que, para dotar de ascensor a edificios de viviendas antiguos que carecen de él, permite en supuestos excepcionales la construcción del ascensor sobre suelo público.

Se trata de un edificio de viviendas de cinco plantas, sin ascensor, en el que reside gente mayor con problemas de accesibilidad. El inmueble carece de patio interior, y para poder instalar el ascensor por dentro del edificio habría que realizar una obra desproporcionadamente compleja, derribando parte de las viviendas. Dadas estas circunstancias, el magistrado condena al Ayuntamiento a aceptar la opción de instalación del ascensor por la fachada exterior del edificio, sobre suelo público. El fallo no ha sido apelado por ninguna de las partes, por lo que el mismo es firme.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dicta sentencia sobre la acumulación en jornadas completas del permiso de lactancia2018-05-15

Una sentencia de la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo, ha declarado que existe derecho a la acumulación en jornadas completas del permiso de lactancia. Es la primera sentencia del Supremo dictada por un tribunal formado íntegramente por magistradas.

La resolución expone que el permiso por lactancia natural es un derecho necesario relativo, que se concreta en poder ausentarse del trabajo una hora, con los incrementos proporcionales en casos de lactancia múltiple.

La negociación colectiva o el pacto individual pueden mejorar este derecho y/o fijar que la hora de ausencia de trabajo pueda ser sustituida por una reducción de jornada en media hora. También puede establecer que el permiso sea acumulado en jornadas completas, al garantizarse también con ello la mejor protección y atención del recién nacido, que es lo que persigue la norma. En ambos supuestos el Convenio Colectivo puede fijar los términos de estas opciones. En todo caso y por lo que se refiere a la acumulación en jornadas completas, ésta debe calcularse, al menos, sobre la hora de ausencia y no sobre la otra opción -de sustitución por reducción de jornada.

Esta es la primera sentencia dictada por una Sala del Tribunal Supremo formada exclusivamente por magistradas. El tribunal que ha dictado la sentencia ha estado formado por las magistradas, de izquierda a derecha: María Lourdes Arastey, María Luisa Segoviano, Milagros Calvo, Rosa Virolés y María Luz García Paredes (ponente).

El Tribunal Supremo confirma que las rutas del aeropuerto de Madrid-Barajas aprobadas en 2004 no vulneran los derechos de los vecinos de la urbanización Fuente del Fresno2018-05-14

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que los procedimientos de salida y maniobras de aproximación del aeropuerto Madrid-Barajas, aprobados por Acuerdo de la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento (CIDEFO) de 16 de abril de 2004, para la determinación de los correspondientes al campo de vuelos una vez que estuviesen operativas las nuevas pistas tras la ampliación, no vulneran los derechos fundamentales de los vecinos de la urbanización Fuente del Fresno.

El tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios de Chalets y Parcelas de Fuente del Fresno contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 29 de octubre de 2015, que consideró acreditado que dichas rutas, que fueron aprobadas en la resolución impugnada, no infringen las normas sobre huellas sonoras y límites de emisiones sonoras, por lo que descartó la vulneración de derechos fundamentales alegada por los recurrentes.

La sentencia recurrida rechazó los argumentos de esta asociación que denunció en su demanda que los aviones al despegar y al aterrizar del aeropuerto de Madrid-Barajas, aplicando las rutas establecidas en esta resolución, producían contaminación acústica y sometían a los residentes en esta urbanización, como a los de otras del norte del aeropuerto, a niveles de ruido ilegítimamente elevados.

La Sala sostiene que la sentencia impugnada no ha infringido los derechos a la dignidad de las personas, a la integridad física, a la intimidad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a la libre circulación de los recurrentes al concluir, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que, en este supuesto, los niveles de ruido producido por el sobrevuelo de los aviones por la urbanización Fuente del Fresno “no resultan excesivos ni desproporcionados”, en cuanto se encuentran dentro de los parámetros admitidos por las normas sobre huellas sonoras y límites de emisiones sonoras, tras valorar las pruebas que, a su juicio, no demuestran que se hayan superado los niveles definidos en la Declaración de Impacto Ambiental.

Una sentencia reconoce el fraude en la venta de libros a domicilio2018-05-11

El despacho de Hispajuris en Santander, Aesyr & Abogados, ha logrado que se reconozca el fraude en la venta de libros a domicilio con la anulación por parte del Juzgado de Primera Instancia nº4 de Santander de un contrato de compraventa de libros junto con la financiación del mismo.

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La forma de actuación de este tipo de empresas es siempre la misma, contactan con personas mayores a las que abordan en su domicilio cuando se encuentran solas. Una vez en la vivienda, les engatusan con ofertas y regalos para que firmen los contratos por los que se les hace entrega de diferentes objetos tales como enciclopedias, DVD o colecciones de arte. Junto con el contrato de compra se les hace firmar otro de financiación que les obliga al pago de un crédito que supera con creces el precio del objeto financiado.

Este modo de operar fue el seguido con la clienta del despacho de Ángel E. Sánchez Resina, la cual suscribió un elevado contrato de financiación con una editorial por una enciclopedia. Se interpuso demanda frente a la editorial y la financiera solicitando que se anulase el contrato y se restituyeran las cantidades abonadas. El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander, en su sentencia del 8 de marzo, estimó íntegramente la demanda por no cumplir las empresas demandas con las exigencias que impone la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Concretamente, indica la sentencia que el contrato contraviene el art. 97 de la LGDCU al no identificar de manera precisa los bienes que se adquieren con el mismo, como también exigen los artículos 1261 y 1273 del Código Civil. Del mismo modo, el contrato no recogía las exigencias del art. 102 de la LDGCU en relación con el desistimiento. El contrato, en palabras de la propia sentencia "resulta de difícil lectura", algo contrario a los principios básicos de la contratación. Además, no se identificaba de forma correcta la dirección del empresario. Todos estos incumplimientos han llevado a que se declare la nulidad del contrato y, en virtud del artículo 1303 del Código Civil, los contratantes deban restituirse recíprocamente los elementos objetos del contrato.

Según el abogado Ángel E. Sánchez y Resina, "estos casos no sólo se han dado en Cantabria, sino que hay procedimientos idénticos en distintas comunidades autónomas" y "la similitud en los hechos ha propiciado que el Ministerio Fiscal haya iniciado diligencias de investigación por poder estar ante casos de estafa por ser el perfil del contratante siempre el mismo, personas mayores, que viven solas y carecen de recursos".

En el despacho de Hispajuris en Santander hay actualmente en proceso varios asuntos sobre hechos similares, por lo que apunta que hay una amplia pluralidad de afectados a nivel nacional.

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El Abogado General Wahl propone que el Tribunal de Justicia declare que la legislación nacional que obliga al destinatario de un servicio a prestar una fianza para asegurar el cobro de una multa que, en su caso, se imponga a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro por incumplimiento de una disposición de la legislación laboral nacional es contraria al Derecho de la Unión2018-05-10

La Directiva de Servicios se opone a una medida de esta índole, que, en cualquier caso, iría más allá de lo necesario para que las autoridades nacionales puedan verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social

Čepelnik es una sociedad de responsabilidad limitada establecida en Eslovenia, que prestó servicios de construcción al Sr. Vavti por valor de 12 200 EUR. Los servicios fueron prestados en un establecimiento propiedad del Sr. Vavti situado en Austria, cerca de la frontera con Eslovenia, mediante el desplazamiento de trabajadores. El Sr. Vavti pagó a Čepelnik un anticipo de 7 000 EUR.

En 2016 la policía financiera austriaca llevó a cabo una inspección en la obra e imputó a Čepelnik dos infracciones administrativas. En primer lugar, en el caso de dos trabajadores desplazados, Čepelnik no había comunicado el inicio de su actividad con arreglo a lo dispuesto en la Ley de adaptación de la normativa relativa al contrato de trabajo (en lo sucesivo, «AVRAG», en sus siglas en alemán). En segundo lugar, Čepelnik no había presentado la documentación salarial en lengua alemana relativa a cuatro trabajadores desplazados. Inmediatamente después de la inspección, la policía financiera impuso al Sr. Vavti una retención del pago y solicitó a la autoridad administrativa competente, la Bezirksmannschaft Völkermarkt (Presidencia del Distrito de Völkermarkt; en lo sucesivo, «BHM Völkermarkt», Austria) que le exigiera la prestación de una fianza, con el objeto de garantizar el pago de una posible multa que podría imponerse en un futuro procedimiento contra Čepelnik, en función del resultado de la inspección. La policía financiera propuso que el importe de la fianza se fijase en un importe equivalente al saldo pendiente, es decir, 5 200 EUR. La BHM Völkermarkt impuso la fianza solicitada, alegando que «habida cuenta de que la sociedad […] del prestador de servicios está establecida en Eslovenia [...], cabe presumir que será muy complicado, si no imposible, instruir un procedimiento sancionador y ejecutar las sanciones». El Sr. Vavti prestó la fianza.

Se inició un procedimiento de infracción contra Čepelnik en relación con las presuntas infracciones administrativas. Mediante resoluciones de octubre de 2016, se impusieron a Čepelnik multas de 1 000 EUR y 8 000 EUR, por presuntas infracciones de la AVRAG.

Al culminar los trabajos, Čepelnik facturó al Sr. Vavti 5 000 EUR para liquidar el saldo pendiente. El Sr. Vavti rehusó el pago, alegando haber pagado el saldo pendiente a BHM Völkermarkt, de conformidad con la resolución administrativa de dicha autoridad. Čepelnik interpuso entonces una demanda contra el Sr. Vavti, a fin de cobrar el saldo pendiente.

La Directiva de Servicios [1] establece, en particular, que los Estados miembros respetarán el derecho de los prestadores a prestar servicios en un Estado miembro distinto de aquel en el que estén establecidos. Además, los Estados miembros no podrán imponer al destinatario requisitos que restrinjan la utilización de servicios prestados por un prestador establecido en otro Estado miembro. Esta Directiva no afecta al Derecho laboral nacional […] que sea conforme al Derecho [de la Unión].

En este contexto el Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno sodišče Pliberk (Tribunal de Distrito de Bleiburg, Austria) pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión prohíbe a los Estados miembros imponer al comitente nacional una retención del pago y la prestación de una fianza por el importe del precio pendiente de la obra contratada cuando el único objetivo que se persigue con la retención del pago y la prestación de la fianza es asegurar el cobro de la multa que, en su caso, pueda imponerse, a través de un procedimiento separado, a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Nils Wahl considera, en primer lugar, que la Directiva de Servicios es aplicable en este asunto. Dado que el objetivo legal de esta medida es garantizar, en beneficio del Tesoro Público, la ejecución de las sanciones que las autoridades públicas puedan imponer en el futuro a un prestador de servicios, y que la medida no se le impone al autor de la supuesta infracción, sino a la otra parte contractual, no puede considerarse amparada por la excepción prevista en la Directiva de Servicios para el «Derecho laboral». En segundo lugar, el Abogado General observa que, independientemente de que adolezca o no de carácter discriminatorio, una medida de esta índole, por su propia naturaleza, puede, por un lado, disuadir a los clientes austriacos de adquirir servicios de proveedores establecidos en el extranjero y, por otro lado, disuadir a los prestadores establecidos en otros Estados miembros de ofrecer sus servicios en Austria con carácter temporal. Por lo tanto, esta medida constituye una restricción que, en principio, está prohibida por la Directiva de Servicios. En tercer lugar, el Abogado General examina si dicha medida puede justificarse y considera que las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los prestadores de servicios pueden justificarse únicamente con arreglo a determinadas condiciones que se establecen en esa Directiva. No obstante, las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los destinatarios de servicios, en principio, no pueden justificarse.

Por todas estas razones el Abogado General concluye que una medida de este tipo es incompatible con la Directiva de Servicios.

Esta conclusión no sería diferente aunque el Tribunal de Justicia examinase la compatibilidad de esta medida con el artículo 56 TFUE, relativo a la libre prestación de servicios.

En efecto, una restricción a la libre prestación de servicios sólo puede admitirse cuando persiga un objetivo legítimo compatible con los Tratados y esté justificada por razones imperiosas de interés general, si bien, en tal caso, debe ser adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido y no ir más allá de lo necesario para lograrlo.

Según el Abogado General, el objetivo de permitir a las autoridades nacionales verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social (que es la justificación invocada por el Gobierno austriaco) constituye una razón imperiosa de interés general que puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios. No obstante, cabe preguntarse si la medida persigue de forma auténtica y coherente el objetivo. En su opinión, la medida es, en cualquier caso, desproporcionada, pues va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo propuesto.

[1] Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en lo sucesivo, «Directiva de Servicios») (DO 2006, L 376, p. 36).

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Directiva de Servicios se opone a una medida de esta índole, que, en cualquier caso, iría más allá de lo necesario para que las autoridades nacionales puedan verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social

Čepelnik es una sociedad de responsabilidad limitada establecida en Eslovenia, que prestó servicios de construcción al Sr. Vavti por valor de 12 200 EUR. Los servicios fueron prestados en un establecimiento propiedad del Sr. Vavti situado en Austria, cerca de la frontera con Eslovenia, mediante el desplazamiento de trabajadores. El Sr. Vavti pagó a Čepelnik un anticipo de 7 000 EUR.

En 2016 la policía financiera austriaca llevó a cabo una inspección en la obra e imputó a Čepelnik dos infracciones administrativas. En primer lugar, en el caso de dos trabajadores desplazados, Čepelnik no había comunicado el inicio de su actividad con arreglo a lo dispuesto en la Ley de adaptación de la normativa relativa al contrato de trabajo (en lo sucesivo, «AVRAG», en sus siglas en alemán). En segundo lugar, Čepelnik no había presentado la documentación salarial en lengua alemana relativa a cuatro trabajadores desplazados. Inmediatamente después de la inspección, la policía financiera impuso al Sr. Vavti una retención del pago y solicitó a la autoridad administrativa competente, la Bezirksmannschaft Völkermarkt (Presidencia del Distrito de Völkermarkt; en lo sucesivo, «BHM Völkermarkt», Austria) que le exigiera la prestación de una fianza, con el objeto de garantizar el pago de una posible multa que podría imponerse en un futuro procedimiento contra Čepelnik, en función del resultado de la inspección. La policía financiera propuso que el importe de la fianza se fijase en un importe equivalente al saldo pendiente, es decir, 5 200 EUR. La BHM Völkermarkt impuso la fianza solicitada, alegando que «habida cuenta de que la sociedad […] del prestador de servicios está establecida en Eslovenia [...], cabe presumir que será muy complicado, si no imposible, instruir un procedimiento sancionador y ejecutar las sanciones». El Sr. Vavti prestó la fianza.

Se inició un procedimiento de infracción contra Čepelnik en relación con las presuntas infracciones administrativas. Mediante resoluciones de octubre de 2016, se impusieron a Čepelnik multas de 1 000 EUR y 8 000 EUR, por presuntas infracciones de la AVRAG.

Al culminar los trabajos, Čepelnik facturó al Sr. Vavti 5 000 EUR para liquidar el saldo pendiente. El Sr. Vavti rehusó el pago, alegando haber pagado el saldo pendiente a BHM Völkermarkt, de conformidad con la resolución administrativa de dicha autoridad. Čepelnik interpuso entonces una demanda contra el Sr. Vavti, a fin de cobrar el saldo pendiente.

La Directiva de Servicios [1] establece, en particular, que los Estados miembros respetarán el derecho de los prestadores a prestar servicios en un Estado miembro distinto de aquel en el que estén establecidos. Además, los Estados miembros no podrán imponer al destinatario requisitos que restrinjan la utilización de servicios prestados por un prestador establecido en otro Estado miembro. Esta Directiva no afecta al Derecho laboral nacional […] que sea conforme al Derecho [de la Unión].

En este contexto el Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno sodišče Pliberk (Tribunal de Distrito de Bleiburg, Austria) pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión prohíbe a los Estados miembros imponer al comitente nacional una retención del pago y la prestación de una fianza por el importe del precio pendiente de la obra contratada cuando el único objetivo que se persigue con la retención del pago y la prestación de la fianza es asegurar el cobro de la multa que, en su caso, pueda imponerse, a través de un procedimiento separado, a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Nils Wahl considera, en primer lugar, que la Directiva de Servicios es aplicable en este asunto. Dado que el objetivo legal de esta medida es garantizar, en beneficio del Tesoro Público, la ejecución de las sanciones que las autoridades públicas puedan imponer en el futuro a un prestador de servicios, y que la medida no se le impone al autor de la supuesta infracción, sino a la otra parte contractual, no puede considerarse amparada por la excepción prevista en la Directiva de Servicios para el «Derecho laboral». En segundo lugar, el Abogado General observa que, independientemente de que adolezca o no de carácter discriminatorio, una medida de esta índole, por su propia naturaleza, puede, por un lado, disuadir a los clientes austriacos de adquirir servicios de proveedores establecidos en el extranjero y, por otro lado, disuadir a los prestadores establecidos en otros Estados miembros de ofrecer sus servicios en Austria con carácter temporal. Por lo tanto, esta medida constituye una restricción que, en principio, está prohibida por la Directiva de Servicios. En tercer lugar, el Abogado General examina si dicha medida puede justificarse y considera que las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los prestadores de servicios pueden justificarse únicamente con arreglo a determinadas condiciones que se establecen en esa Directiva. No obstante, las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los destinatarios de servicios, en principio, no pueden justificarse.

Por todas estas razones el Abogado General concluye que una medida de este tipo es incompatible con la Directiva de Servicios.

Esta conclusión no sería diferente aunque el Tribunal de Justicia examinase la compatibilidad de esta medida con el artículo 56 TFUE, relativo a la libre prestación de servicios.

En efecto, una restricción a la libre prestación de servicios sólo puede admitirse cuando persiga un objetivo legítimo compatible con los Tratados y esté justificada por razones imperiosas de interés general, si bien, en tal caso, debe ser adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido y no ir más allá de lo necesario para lograrlo.

Según el Abogado General, el objetivo de permitir a las autoridades nacionales verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social (que es la justificación invocada por el Gobierno austriaco) constituye una razón imperiosa de interés general que puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios. No obstante, cabe preguntarse si la medida persigue de forma auténtica y coherente el objetivo. En su opinión, la medida es, en cualquier caso, desproporcionada, pues va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo propuesto.

[1] Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en lo sucesivo, «Directiva de Servicios») (DO 2006, L 376, p. 36).

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Audiencia Nacional anula el despido colectivo de los 43 trabajadores de Air Berlin en España2018-05-09

La Audiencia Nacional ha estimado la petición de la USO de considerar nulo el despido colectivo de los 43 trabajadores que prestaban el servicio de call-center en España para la compañía aérea alemana Air Berlin, y que fueron incluidos en el concurso de acreedores presentado en Alemania, pero no en España.

Los empleados (41 en Palma de Mallorca, 1 en Madrid y 1 en Barcelona) fueron despedidos en noviembre, sin negociación con la Comisión designada a tal efecto por los trabajadores, y con el mínimo legal de indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades.

Los servicios jurídicos de la USO presentaron la impugnación del despido colectivo al estimar que no había fundamentos de derecho para ello en España, ya que el concurso de acreedores solo se había presentado en Alemania a pesar de tener plantilla en España. La letrada María Eugenia Moreno afirma además que “durante todo el proceso, la compañía no ha querido sentarse a negociar y ponía todas las trabas posibles a la defensa de los trabajadores, entregando la documentación en inglés a pesar de tener su centro de trabajo en España”. Igualmente, “ha sido imposible estimar las ganancias que Air Berlin ha obtenido de los contratos de compraventa de sus diferentes líneas de negocio, así como de las subastas de los activos, que ha incluido hasta el interior de los aviones. Algunos de estos materiales podrían haber actuado como garantía del pago de los trabajadores”, continúa Moreno.

Ahora, Air Berlin está condenada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional a reincorporar a los 43 trabajadores. Al no haber centro de trabajo, puede comenzar el incidente de no readmisión, pero en todo caso se anula el despido colectivo de noviembre y los trabajadores tendrán derecho a percibir tanto las nóminas devengadas desde entonces como una indemnización de 45 días por año trabajo, en lugar de los 20 días impuestos por la aérea alemana.

Indemnización a cliente de compañía telefónica incluida en un fichero de morosos por no pagar penalizaciones2018-05-08
  • Incluye la sentencia

El Juzgado de Primera Instancia de Lena en sentencia de 26 de enero de 2017, declaró que la inclusión de la cliente en unos ficheros de morosos fue irregular y constituía una vulneración de su derecho al honor. Dicha sentencia fue recurrida en apelación, declarando la Audiencia Provincial de Oviedo, en sentencia de 21 de junio 2017, que dicha inclusión no fue ilícita. Finalmente, el Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de marzo destaca que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, como ocurrió en este caso, reponiendo la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia de Lena.

Irune Agorreta Martínez
Área Derecho Privado. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A.

La compañía telefónica le reclamaba una deuda de 200€ con la que la cliente no estaba de acuerdo y le comunicaron que si no pagaba incluirían sus datos en unos ficheros de solvencia patrimonial, tal y como ocurrió.  Los datos de esos ficheros se pasaron a varias entidades de crédito, y cuando la mujer fue a solicitar una tarjeta de crédito a una de ellas, se la denegaron al estar incluida en un archivo de morosos.

El Supremo destaca que al no estar la cliente de acuerdo con la reclamación de la deuda, el impago no puede ser por sí solo un indicativo de la falta de solvencia y que no se pueden incluir en esos ficheros los datos de aquellos que legítimamente discrepan del acreedor en cuanto a la existencia y cuantía de la deuda.

La Sala explica que el hecho de que la cliente pagara únicamente las partidas de la facturación que considera correctas, no puede ser interpretada como un reconocimiento de la veracidad de la deuda sino todo lo contrario, porque no ha aprovechado las incorrecciones de las partidas para dejar de pagar por completo los servicios.

Así pues, al reponerse la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia, se indemniza con 10.000€, al considerarse además que la cantidad se ajusta a los parámetros establecidos en la jurisprudencia.

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Según el Abogado General Tanchev, está sometida a control jurisdiccional la respuesta legislativa a una sentencia del Tribunal de Justicia relativa al carácter abusivo de cláusulas contractuales por falta de claridad2018-05-07

En febrero de 2008, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss celebraron con un banco húngaro un contrato de préstamo denominado en francos suizos (CHF). Con arreglo a dicho contrato, aunque las cuotas mensuales de devolución del préstamo debían pagarse en forintos húngaros (HUF), el importe de dichas cuotas se calculaba a partir del tipo de cambio vigente entre HUF y CHF. Asimismo, los prestatarios aceptaron asumir el riesgo relativo a las posibles fluctuaciones del tipo de cambio entre esas dos monedas.

El tipo de cambio experimentó posteriormente cambios considerables en perjuicio de los prestatarios, lo que se tradujo en un aumento significativo de sus cuotas mensuales. En mayo de 2013, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss emprendieron acciones legales contra OTP Bank y OTP Factoring, empresa esta última a la que se habían cedido los créditos derivados del contrato de préstamo. En el marco de este procedimiento judicial, se suscitó la cuestión de si la cláusula contractual que obligaba a los prestatarios a soportar el riesgo del tipo de cambio podría considerarse abusiva en el sentido de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores [1] y, en consecuencia, no vinculante para los prestatarios, por no haber sido redactada por el banco en cuestión de manera clara y comprensible.

Mientras tanto, Hungría aprobó en 2014 leyes por las que se eliminaban de los contratos de préstamo denominados en divisas determinadas cláusulas abusivas, se convertían virtualmente en HUF todas las deudas pendientes de los consumidores derivadas de esos contratos, y se introducían otras modificaciones en el contenido de las relaciones jurídicas de las partes de los contratos en cuestión. Esas Leyes tenían también por objeto dar cumplimiento a una resolución de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) acerca de la falta de adecuación con la Directiva de determinadas cláusulas incorporadas a contratos de préstamo denominados en divisas [2] (esta resolución fue adoptada a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Kásler). [3] No obstante, las nuevas leyes mantuvieron el riesgo del tipo de cambio sobre el prestatario.

Dado que, según la Directiva, las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas no están comprendidas en su ámbito de aplicación, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital, Hungría), quien conoce del asunto de la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss, pregunta al Tribunal de Justicia si el juez nacional puede examinar el carácter abusivo de una cláusula carente de claridad que hace recaer en el prestatario el riesgo del tipo de cambio a pesar de que el legislador húngaro haya confirmado la validez de esta cláusula.

[1] Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).

[2] Resolución n.º 2/2014.

[3] Sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13) (véase el CP n.º 66/14).

En sus conclusiones hechas públicas hoy, el Abogado General Evgeni Tanchev recuerda que la exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva de las cláusulas que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en los contratos en cuestión.

No obstante, esta consideración no rige respecto de las medidas legislativas, como las leyes húngaras antes mencionadas, aprobadas después de la fecha en que se celebró el contrato correspondiente y con el objetivo específico de dar ejecución a una resolución judicial que declara el incumplimiento de la Directiva.En este sentido, el Abogado General considera que la excepción en cuestión se concibió con el fin de garantizar que se permitiera a los Estados miembros mantener o introducir normas que fuesen más allá del ámbito de las medidas de protección que contempla la Directiva, si bien los Estados miembros tienen vedado reducir el nivel de protección que confieren esas disposiciones.

Asimismo, el Abogado General destaca que la respuesta legislativa de un Estado miembro a una resolución del Tribunal de Justicia por la que se declara que una normativa o una práctica nacional es incompatible con la Directiva no puede sustraerse del control judicial, ya que dicha sustracción sería contraria a las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que garantizan un elevado nivel de protección de los consumidores y el derecho a la tutela judicial efectiva.

En estas circunstancias, el Abogado General propone que una cláusula que ha pasado a formar parte de un contrato de préstamo denominado en divisas mediante una iniciativa legislativa y que hace recaer desde el principio el riesgo del tipo de cambio sobre el prestatario no refleja disposiciones legales o reglamentarias imperativas en el sentido de la Directiva. En consecuencia, cuando esa cláusula no haya sido formulada dentro del contrato de manera clara y comprensible, el juez nacional puede examinar si constituye una cláusula abusiva que no vincula al consumidor.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Condenan por estafa y falsedad a cuatro hermanos que simulaban padecer la enfermedad de catatonia2018-05-04
Fingían estar enfermos para cobrar pensiones por invalidez de la Seguridad Social. La Audiencia de Las Palmas declara prescritos los delitos del médico que les ayudó con recetas e informes

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a distintas penas que oscilan entre los tres años y seis meses y los veintiún meses de cárcel por un delito de estafa en concurso medial con un delito de falsedad a cuatro hermanos residentes en Gran Canaria que entre 2006 y 2009 simularon graves dolencias ante la Inspección Médica -entre otros cuadros patológicos, la catatonia, un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por anomalías motoras- con el fin de obtener las más altas prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por incapacidad laboral “lo más severa posible”.

Según detalla el fallo, los imputados lograron engañar a los médicos del Ministerio de Trabajo en algunos casos de forma natural, simplemente simulando enfermedades, pero en otros valiéndose de “la ingesta de productos médicos y/o farmacológicos”.

La sentencia declara probado que entre 2006 y 2009, los cuatro hermanos, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio de la arcas públicas, “se confabularon para, en la medida de su situación laboral y personal, y previa tramitación de los oportunos expedientes administrativos ante el INSS, obtener la declaración de incapacidad más severa posible, que les permitiera obtener las prestaciones sociales en función del grado de incapacidad alcanzado, simulando para ello unos padecimientos que no se correspondían en absoluto con su situación clínica bien por no existir en modo alguno, bien por ser exacerbados -de manera natural o con la ayuda de la ingesta de productos médicos y/o farmacológicos-” .

La resolución judicial absuelve al médico que les ayudó a consumar el fraude, al considerar que los delitos de estafa agravada y falsedad de los que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal están prescritos en la actualidad.

Además de la condena penal, la sentencia obliga a los acusados a abonar a la Seguridad Social indemnizaciones por un valor total de 86.237 euros, a la mutualidad Muprespa en 14.374 euros y a la entidad Mapfre con 172.365 euros.

Contra la decisión judicial cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

¿Puede la empresa registrar el bolso de sus empleadas a la salida del trabajo, por haber constatado la dirección la desaparición de determinados productos de la empresa?2018-05-03
  • Incluye la sentencia

El TSJ de Baleares desestima el recurso interpuesto por una empresa contra la sentencia del Juzgado que estimaba la demanda de una trabajadora a la que se le había registrado el bolso a la salida del trabajo, condenando a la empresa al abono de una indemnización de 1.000 euros por haber vulnerado el derecho a la intimidad de la empleada.

Supuesto de hecho:

  • La trabajadora venía prestando servicios para una empresa de catering en el comedor de un hospital público.
  • La empresa había constatado la desaparición de determinados productos de alimentación, unos días antes de proceder al registro de la empleada.
  • A la salida del trabajo, la trabajadora y otra compañera fueron registradas en la salida al parking, por dos responsables de la empresa, en presencia de los delegados de personal, sin que se les hallara en posesión de ningún producto.
  • Frente a dicha actuación, interpuso la trabajadora demanda por vulneración de su derecho a la intimidad contra la empresa, que fue estimada por el Juzgado de lo Social.
  • Contra la sentencia del Juzgado interpuso la representación de la empresa el presente recurso de suplicación.

Consideraciones jurídicas:

  • El Tribunal analiza si la actuación empresarial es vulneradora del derecho a la intimidad y al honor de la trabajadora.
  • En este sentido, el Tribunal parte de la base de que, si bien no resulta discutible que la empresa deba emprender medidas de averiguación o preventivas, a efectos de evitar cualquier sustracción de productos que son objeto de la misma actividad empresarial, no cualquier medio de indagación puede estar amparado en los parámetros legales marcados en el artículo 18 del ET.
  • En primer lugar, señala que el artículo 18 del ET constituye un precepto sustantivo que regula la forma de realizar los registros, con los requisitos que han de cumplirse suficientemente, trasladando de forma práctica al ámbito laboral los derechos fundamentales que la Constitución contiene, como son el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen.
  • Por tanto, la medida debe someterse a una ponderación de los derechos en confrontación, tanto el interés legítimo de la empresa de conocer los posibles autores de un hecho como, de otro lado, los derechos antes mencionados cuando el registro no es efectuado por un agente de la autoridad.
  • El TSJ señala que lo más relevante en este caso es el lugar en que se produce el control, en la medida en que un lugar público puede incidir de forma irremediable en la reputación de la persona registrada, por lo que afirma que el registro debería haber sido efectuado en un sitio diferente a aquel de tránsito del hospital, a efectos de suficiente garantía y de adecuación.
  • Añade que el juicio de idoneidad tampoco puede ser superado, en la medida en que la actuación empresarial tiene lugar casi dos semanas después de haberse producido la desaparición constatada por el responsable, período en que no se procedió a realizar ninguna actuación investigadora.
  • Por todo lo anterior, el TSJ concluye que la empresa pudo utilizar medidas menos lesivas de los derechos de las empleadas (mediante el control después de cada turno de los productos almacenados, o la instalación de cámaras de videovigilancia), por lo que considera que la actuación empresarial vulneró el derecho fundamental de la empleada.

Conclusión Lex@:

En definitiva, el Tribunal considera que la medida empresarial consistente en registrar los bolsos de las empleadas en la salida del parking del centro de trabajo, resulta lesiva para los derechos fundamentales de la empleada, en la medida en que el registro se produce en un lugar de tránsito del hospital, pudiendo afectar a la reputación de la empleada, y señalando que la empresa podía haber utilizado métodos menos lesivos.

¿Quiere leer la sentencia?

La Audiencia de Sevilla impone condenas de 12 y 18 meses de cárcel a dos hombres acusados de simular un accidente de tráfico para cobrar del seguro2018-05-02
El tribunal condena también a seis meses de prisión a la pareja de uno de ellos por mentir en el juicio al asegurar que el siniestro se había producido

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto penas de un año de cárcel y un año y medio de prisión, respectivamente, a dos hombres acusados de simular un accidente de tráfico en abril del año 2014 para cobrar del seguro.

En la sentencia, fechada el día 24 de abril, el tribunal condena a uno de los acusados a seis meses de cárcel y el pago de una multa de 270 euros por un delito de estafa procesal tentada, a seis meses de prisión y el pago de 540 euros de multa por un delito de falsedad en documento mercantil, y a seis meses de cárcel y multa de 270 euros por un delito de falso testimonio.

Del mismo modo, el segundo de los acusados ha aceptado seis meses de cárcel y 540 euros de multa por un delito de falsedad en documento mercantil y otros seis meses de prisión y 270 euros de multa por el delito de falso testimonio. Además, el tribunal ha condenado a seis meses de cárcel y 270 euros de multa a la pareja de uno de ellos por falso testimonio.

La Sección Primera considera probado que los dos principales condenados, en día no precisado pero próximo y anterior al 11 de abril de 2014, se pusieron de acuerdo para suscribir una declaración amistosa de un accidente “que no se había producido” entre la motocicleta de uno de ellos y el turismo del que era propietario el segundo de los acusados.

En la declaración amistosa, se hizo constar que el accidente había tenido lugar el 11 de abril de 2014 en la A-49, a la altura de Castilleja de la Cuesta, por alcance trasero del turismo a la motocicleta, tras lo que, con la declaración amistosa del accidente suscrita por ambos acusados, uno de ellos, “aparentando tener derecho y con clara intención de enriquecerse injustamente engañando a la Administración de Justicia”, interpuso demanda de juicio verbal de reclamación de daños de su vehículo por importe de 4.969,86 euros y por 821,59 euros por los desperfectos supuestamente causados contra la compañía aseguradora.

Convocada la vista oral para el 13 de abril de 2015, el entonces demandante, “sabedor de lo irreal de sus manifestaciones, mantuvo que el accidente había ocurrido y narró una colisión inexistente provocada por el vehículo del otro acusado”, quien a su vez mantuvo esta versión de los hechos “con manifiesta maledicencia pese a ser advertido de las consecuencias de su falta de veracidad”.

La acusada, por su parte, “conocedora de lo incierto de sus afirmaciones e igualmente advertida de las consecuencias de la falta de sinceridad, mantuvo que el accidente había ocurrido, que acudió a socorrer a su pareja y que abandonaron el lugar en la motocicleta y en otro vehículo tras recoger diversas piezas”. La demanda fue desestimada por sentencia de 24 de septiembre de 2015 y confirmada en febrero de 2016 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial, que acordó deducir testimonio de todo lo actuado por si los hechos fueran constitutivos de infracción penal.

La Audiencia concede a los acusados la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por el plazo de dos años, con la advertencia de que durante dicho plazo “no vuelvan a cometer nuevo delito por el que resulten condenados, en cuyo caso, dará lugar a la posible revocación de la suspensión y al cumplimiento de la pena de prisión, en su caso”.

La sentencia ya es firme tras la conformidad mostrada por los acusados con las penas solicitadas por la Fiscalía y después de que los mismos expresaran su decisión de no recurrir el fallo.

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Lionel Messi puede registrar su marca «MESSI» para artículos y prendas de vestir deportivos2018-04-30

El renombre del jugador de fútbol neutraliza las similitudes gráficas y fonéticas entre su marca y la marca «MASSI» de una sociedad española

En agosto de 2011, el jugador de fútbol Lionel Andrés Messi Cuccittini solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la marca de la Unión que se reproduce seguidamente para prendas de vestir, calzado y artículos de gimnasia y deporte:

En noviembre de 2011 el Sr. Jaime Masferrer Coma formuló oposición al registro de la marca del Sr. Messi, invocando la existencia de riesgo de confusión con las marcas denominativas de la Unión «MASSI», registradas, entre otros productos, para prendas de vestir, calzado, cascos para ciclistas, trajes de protección y guantes (los derechos sobre estas marcas fueron transferidos en mayo de 2012 a la sociedad J.M.-E.V. e hijos). [1] En 2013 la EUIPO estimó la oposición. El Sr. Messi interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución dictada. En abril de 2014 la EUIPO desestimó el recurso, por considerar, esencialmente, que existía riesgo de confusión entre las marcas. Concluyó que las marcas en cuestión son similares porque sus elementos dominantes, constituidos por los términos «MASSI» y «MESSI», son prácticamente idénticos en los planos gráfico y fonético, de modo que una eventual diferencia conceptual solo sería percibida, en su caso, por una parte del público pertinente.

El Sr. Messi no consideró satisfactoria la resolución de la EUIPO, por lo que solicitó su anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea. [2]

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General anula la resolución de la EUIPO.

Para empezar, el Tribunal General señala que los signos que componen las marcas en conflicto presentan una similitud media en el plano gráfico, debido a que el elemento dominante de la marca del Sr. Messi es extremadamente similar al elemento denominativo presente en la marca MASSI. A continuación, el Tribunal General confirma la conclusión de la EUIPO de que los signos en conflicto son muy similares a nivel fonético. En cambio, el Tribunal General considera que la

[1]La iaoiead sarte eurrnteen oto uno dearsane l ribunl Geneal(antoT-2/17

[2]El uadorde fúbolbrailñoNear tabin esparteen n anto e rsate teórganojuriioal(uo T-795/17).

EUIPO incurrió en error al comparar los signos en el plano conceptual. El Tribunal General estima que es erróneo considerar que el Sr. Messi  únicamente goza de renombre entre el  público interesado en el fútbol y en el deporte en general. Observa que este jugador de fútbol es una personalidad pública muy conocida, a la que a menudo puede verse en la televisión y de la que habitualmente se habla en la televisión y en la radio. Señala que la EUIPO debería haber examinado si una parte significativa del público pertinente no podría establecer una asociación conceptual entre el término «messi» y el apellido del célebre jugador de fútbol. Por último, el Tribunal General indica que se ha de tener en cuenta que los productos designados por las marcas en conflicto entre los que podría existir riesgo de confusión, aun cuando no se limiten al ámbito del fútbol, son, concretamente, artículos y prendas de vestir deportivos. Por ello parece poco probable que el consumidor medio de estos productos no asocie directamente, en la gran mayoría de los casos, el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol. Añade que, si bien es posible que algunos consumidores nunca hayan oído hablar del Sr. Messi o no recuerden haberlo hecho, no se tratará del típico consumidor medio que compra artículos o prendas de vestir deportivos.

El Tribunal General concluye que, aun cuando los signos en conflicto sean globalmente similares, las diferencias conceptuales existentes entre ellos son tales que neutralizan las similitudes gráficas y fonéticas señaladas. En efecto, el Tribunal General considera que una parte significativa del público pertinente asociará el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol y, en consecuencia, percibirá el término «massi» como un término conceptualmente diferente. Estima que el grado de similitud entre las marcas no es lo suficientemente elevado como para poder considerar que el público pertinente pueda creer que los productos en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por lo tanto, declara que la EUIPO concluyó erróneamente que el uso de la marca «MESSI» para prendas de vestir, artículos de gimnasia o de deporte y aparatos e instrumentos de protección podía crear en el consumidor un riesgo de confusión con la marca «MASSI».

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

La Mutualidad cierra 2017 con un crecimiento del ahorro gestionado del 11,50% y una rentabilidad neta del 5,17%2018-04-27

CGAE

El presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernandez-Lomana, acompañado por el Director General de la institución, Rafael Navas Lanchas, el Secretario de la Junta de Gobierno, Antonio Albanés Membrillo y el Vocal adjunto al presidente para relaciones Institucionales, Joaquín García-Romanillos Valverde, han presentado los resultados de la Memoria de actividades y el Balance de gestión del pasado ejercicio 2017, así como el presupuesto para 2018.

La Mutualidad de la Abogacía  ha cerrado sus cuentas del ejercicio 2017 con un superávit de 22,7  millones de euros. El  volumen de las aportaciones ingresadas se ha elevado hasta alcanzar los 624,7 millones  de euros, frente a los 598,4 millones del año 2016.

Este excedente se va a acumular íntegramente a reservas, reforzando de este  modo los fondos de solvencia. Los fondos propios alcanzarán, con esta aportación adicional, los 319,6 millones, un 7,62% más que el año anterior.

Hay que destacar que la rentabilidad neta de las inversiones se ha situado en el 5,17% sobre los activos invertidos, lo que permite retribuir a los mutualistas con el 4,65% (90% de la rentabilidad obtenida).

También ha crecido el número de mutualistas que ha alcanzado los 196.326 al final del ejercicio.

Estas dos magnitudes, el número de mutualistas y el aumento del nivel de cobertura de ahorro, junto con la rentabilidad asignada han elevado en un 11,50% el ahorro gestionado, que ha llegado a los 6.624 millones de euros.

Por otra parte, el ratio de los gastos de gestión sobre el ahorro gestionado  se ha situado en el 0,20%, reduciéndose con respecto del año anterior que fue del 0,22%, y frente al 1,5% del sector asegurador y de los fondos de pensiones. Este logro es  consecuencia de la especialización de la Mutualidad por trabajar directamente con los mutualistas y gracias a una gestión marcada por un estricto criterio de austeridad.

Desglose de las inversiones

Al cierre de 2017, el valor contable de las inversiones ascendía a 7.665  millones de euros, con un aumento del 9,92% frente al año anterior. De ellos, 567 millones corresponden a inversiones inmobiliarias, y los restantes 7.098 millones a inversiones financieras y tesorería.

Dentro del conjunto de la cartera, un 72,58%, (5.564 millones de euros), está invertido en bonos de renta fija, con una elevada rentabilidad media, superior al 5%; un 7,40%, (567 millones de euros), son inmuebles; el 5,85 está invertido en renta variable (acciones y fondos por importe de 448,1 millones de euros); y, finalmente, un 14,16% (1.085,9 millones de euros) corresponde a otros activos financieros y tesorería.

Ratio de Solvencia

La Mutualidad  continuó en 2017 situada por encima del ratio medio de solvencia del sector de seguros de vida y  supera en 2,23 veces los requisitos mínimos de Solvencia II exigidos por la normativa aseguradora.

PRESUPUESTO 2018

Para el presente ejercicio, la Mutualidad se propone conseguir una serie de mejoras en torno a tres cuestiones principales: las aportaciones de los mutualistas, el volumen de ahorro y la rentabilidad.

En lo que respecta a las aportaciones, se prevé que el crecimiento sea más moderado que en años anteriores alcanzando un 2%, hasta situarse en los 641,3 millones de euros. Con ello, el volumen del ahorro gestionado llegará a los 7.295 millones, frente a los 6.624 del año pasado, lo que representa un 10,12% más.

La rentabilidad prevista para 2018 se estima en un 4,72%, lo que dejaría la rentabilidad a favor de los mutualistas en el 4,25%.

Asimismo, como consecuencia de nuevos proyectos encaminados a mejorar los procesos y la transparencia de la Entidad, así como la próxima puesta en marcha de un nuevo Plan Estratégico para los próximos 5 años, los gastos comerciales y de administración podrían crecer hasta un 8,65%. No obstante gracias al aumento del ahorro gestionado se mantendrá el mismo ratio de gastos del 0,20% que en el año 2017.

Con estas cifras, el excedente podrá situarse en los 25 millones, con lo que la Mutualidad pasaría a tener unos fondos propios de 321,4 millones.

RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017

De enero a marzo de 2018, el importe de las aportaciones de los mutualistas ha sido de 164,7 millones de euros.

El ahorro gestionado se ha situado en los 6.823 millones al cierre del primer trimestre del año en curso.

El ratio de gastos sobre ahorro gestionado se mantiene en el 0,20%, en consonancia con el cierre del ejercicio pasado.

Finalmente hay que destacar que la rentabilidad anualizada estimada al cierre del ejercicio se sitúa en el 3,65%, con el objetivo final del 4,72% presupuestada y que permitirá otorgar a los mutualistas el 4,25%.

Hewlett Packard puede registrar las letras HP como marca de la Unión2018-04-26

En 1996 y 2009, la sociedad americana HP Hewlett Packard Group consiguió que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) registrara como marcas de la Unión, respectivamente, el signo denominativo HP y el signo figurativo reproducido a continuación para distintos productos y servicios (entre otros, cartuchos e impresoras):

 

 

En 2015, la sociedad polaca Senetic solicitó la anulación de dichos registros alegando, en particular, que las marcas controvertidas eran descriptivas y carecían de carácter distintivo. La EUIPO desestimó los recursos de nulidad de Senetic, quien acudió entonces al Tribunal General de la Unión Europea para que anulara las resoluciones de la EUIPO.

Mediante sus sentencias de hoy, el Tribunal General desestima los recursos de Senetic y confirma de ese modo que Hewlett Packard puede registrar el signo denominativo HP y el signo figurativo antes reproducido como marcas de la Unión.
Por lo que respecta a la alegación de que las marcas impugnadas ―compuestas por dos letras (H y P)― son meramente descriptivas como consecuencia de que se suelen emplear signos de dos letras para describir a los productos y servicios tecnológicos controvertidos, el Tribunal General declara que no cabe afirmar en general que una marca es descriptiva simplemente porque consista en una o dos letras. El Tribunal General considera además que los documentos justificativos aportados por Senetic no permiten establecer una relación suficientemente directa y concreta entre el signo HP y los servicios y productos controvertidos.

En cuanto a que las marcas impugnadas estén compuestas por elementos totalmente carentes de carácter distintivo, el Tribunal General declara que no suele emplearse la combinación de las dos letras que constituyen las marcas impugnadas, y que dicha combinación tampoco se percibe simplemente como una indicación carente de carácter distintivo, máxime cuando el público pertinente puede entender el signo HP como una referencia a los nombres Hewlett y Packard, apellidos de los fundadores de la empresa.

Por último, el Tribunal General señala que Senetic no ha aportado pruebas que demuestren que Hewlett Packard tuvo conocimiento de la existencia de la comercialización por Senetic o por otros terceros de algunos de los productos y servicios en cuestión con un signo similar o idéntico. De los documentos presentados ante el Tribunal General también resulta que Senetic no ha demostrado que, cuando se presentó la solicitud de registro de las marcas impugnadas, un tercero utilizase realmente signos idénticos o similares para comercializar sus productos o servicios. Además, Senetic tampoco ha precisado de qué tercero, de qué signo y de qué productos o servicios se trataba.

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

El Tribunal General de la Unión Europea confirma la decisión de la Comisión de no presentar una propuesta legislativa en el marco de la iniciativa ciudadana europea «Uno de nosotros»2018-04-25

La sentencia declara que la Comisión motivó suficientemente su decisión y que no incurrió en error manifiesto al apreciar la situación jurídica

Según el Tratado UE, un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, procedentes como mínimo de un cuarto de los Estados miembros, puede tomar la iniciativa de invitar a la Comisión a que, en el ámbito de sus atribuciones, proponga al legislador de la Unión adoptar un acto jurídico para los fines de la aplicación de los Tratados («iniciativa ciudadana europea»). Para poder empezar a recoger el número de firmas de apoyo requerido, los organizadores de la iniciativa ciudadana europea deben registrarla ante la Comisión, que examinará, en particular, su objeto y sus objetivos.

En 2012, la Comisión registró la propuesta de iniciativa ciudadana europea denominada «Uno de nosotros». El objetivo de esta iniciativa es prohibir y poner fin a la financiación por parte de la Unión de actividades que suponen la destrucción de embriones humanos (en particular, en los ámbitos de investigación, ayuda al desarrollo y salud pública), incluida la financiación directa o indirecta del aborto. Una vez registrada, la iniciativa reunió el millón de firmas requerido antes de ser presentada oficialmente a la Comisión a principios de 2014. El 28 de mayo de 2014, la Comisión adoptó una comunicación en la que expresó su decisión de no adoptar ninguna medida.

Los organizadores de la iniciativa no consideraron satisfactoria la comunicación de la Comisión y solicitaron su anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea.

En su sentencia de hoy, el Tribunal General considera, para empezar, que los organizadores de la iniciativa ―a diferencia de la entidad denominada «European Citizens’ Initiative One of Us», que no está dotada de personalidad jurídica― pueden, como personas físicas, interponer un recurso contra la comunicación de la Comisión de 28 de mayo de 2014, debido a que dicha comunicación produce efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a sus intereses, al modificar de forma caracterizada su situación jurídica.

En cuanto al fondo, el Tribunal General recuerda que los Tratados han conferido a la Comisión el cuasimonopolio de la iniciativa legislativa. Según el Tribunal General, el ejercicio del derecho de iniciativa ciudadana europea no implica que la Comisión esté obligada a presentar una propuesta de acto jurídico. Una interpretación en sentido contrario llevaría a privar a la Comisión de cualquier margen de apreciación en el ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa cuando se presentara una iniciativa ciudadana europea.

Por otra parte, el Tribunal General considera que la comunicación de la Comisión está suficientemente motivada. En particular, la Comisión señaló que, dado que el gasto de la Unión debe ser conforme a los Tratados de la Unión y a la Carta de los Derechos Fundamentales, el Derecho de la Unión asegura que todos los gastos de la Unión, incluidos los realizados en los ámbitos de investigación, cooperación al desarrollo y salud pública, respeten la dignidad humana, el derecho a la vida y el derecho a la integridad de la persona. La Comisión explicó, además, que la actual legislación de la Unión ya responde a una serie de importantes solicitudes de los organizadores de la iniciativa, como la de que la Unión no financie la destrucción de embriones humanos y la de que establezca controles adecuados. En último lugar, la Comisión adujo que la ayuda que el sector sanitario de los países en desarrollo recibe de la Unión contribuye de forma sustancial a reducir el número de abortos a través del acceso a unos servicios seguros y de calidad, y que la prohibición de la financiación del aborto en los países en desarrollo limitaría la capacidad de la Unión para alcanzar los fines establecidos en materia de cooperación al desarrollo, en particular los relativos a la salud materna.

Por último, el Tribunal General señala que la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación. Estima que el enfoque de la Comisión no adolece de tal error, puesto que no sólo tuvo en cuenta el derecho a la vida y a la dignidad humana de los embriones humanos, sino también las necesidades de la investigación con células estaminales, que puede servir para el tratamiento de enfermedades actualmente incurables o potencialmente mortales, como la enfermedad de Parkinson, la diabetes, la apoplejía, las cardiopatías y la ceguera. El Tribunal General considera, asimismo, que la Comisión demostró que hay una relación entre los abortos de riesgo y la mortalidad materna, lo que la llevó a concluir, sin cometer un error manifiesto de apreciación, que la prohibición de financiación del aborto limitaría la capacidad de la Unión para conseguir el objetivo de reducir la mortalidad materna.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Un juzgado de Bilbao libera a unos padres de pagar un aval por el crédito hipotecario de su hijo2018-04-24
La juez ha considerado que los avalistas no fueron informados por parte de la entidad de manera suficiente sobre las consecuencias que tenía lo que estaban firmando

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia (Refuerzo) número 11 de Bilbao ha librado a unos padres de abonar el aval hipotecario de su hijo al considerar que el banco fue poco transparente y, consecuentemente, ha decretado, la "nulidad radical" de la cláusula. La juez ha considerado que los avalistas no fueron informados por parte de la entidad de manera suficiente sobre las consecuencias que tenía lo que estaban firmando, por lo que ha entendido que la cláusula que les designaba como avalistas es abusiva y, por tanto, nula.

El caso juzgado en Bilbao era el de un joven con ingresos discretos e inestables que, cuando pidió en diciembre de 2005 una hipoteca, la entidad requirió como garantía del préstamo el aval de sus padres y de sus hermanos. Cuando el hipotecado empezó a tener problemas para pagar, el banco escribió a sus progenitores advirtiéndoles de que podría embargar su vivienda. Ante este aviso, el padre del joven, ante el miedo a perder su propia vivienda, empezó a abonar las cuotas de la hipoteca de su hijo.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Refuerzo de Bilbao ha fallado a favor de esa familia de Barakaldo al entender que el aval era abusivo y que el banco "no explicó bien a los padres y hermanos" lo que éste implicaba.

Los agentes comerciales tienen derecho a la indemnización y a la reparación del perjuicio establecidas incluso si la terminación del contrato de agencia se produce durante el período de prueba2018-04-23

En 2011, la sociedad DTT celebró con la sociedad CMR un contrato de agencia comercial según el cual CMR debía vender veinticinco viviendas unifamiliares al año por cuenta de DTT. Este contrato establecía un período de prueba de doce meses y cada una de las partes podía resolver el contrato durante este período respetando un plazo de preaviso. Aproximadamente seis meses después de la celebración de dicho contrato, DTT lo resolvió por el motivo de que CMR solo había realizado una venta en cinco meses y de que, por tanto, no se había cumplido el objetivo establecido en el contrato.

CMR pretende obtener de DTT una indemnización compensatoria en reparación del perjuicio resultante de la terminación del contrato de agencia comercial. Según una Directiva de la Unión, [1] tras la terminación del contrato, el agente comercial tiene derecho a una indemnización o a la reparación del perjuicio. Tiene derecho a la reparación del perjuicio que le ocasione la terminación de sus relaciones con el empresario cuando esta terminación 1) prive a este agente (en este caso, CMR) de las comisiones de las que hubiera podido beneficiarse con una ejecución normal del contrato a la vez que le hubiese facilitado al empresario (en este caso, DTT) unos beneficios sustanciales y/o 2) no permita a dicho agente comercial amortizar los gastos que hubiere realizado para la ejecución del contrato aconsejado por el empresario. El agente tiene derecho a una indemnización cuando 1) haya aportado nuevos clientes al empresario o haya desarrollado sensiblemente las operaciones con los clientes existentes y cuando dicha actividad pueda reportar todavía ventajas sustanciales al empresario y 2) cuando el pago de dicha indemnización sea equitativo, habida cuenta de todas las circunstancias, en particular de las comisiones que el agente comercial pierda y que resulten de las operaciones con dichos clientes.

[1] Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los Derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (DO 1986, L 382, p. 17).

La Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), que conoce del litigio entre CMR y DTT, pregunta al Tribunal de Justicia si el artículo de la Directiva que establece esta indemnización o reparación se aplica también cuando la terminación del contrato de agencia comercial se produce durante el período de prueba, dado que la Directiva no hace referencia a dicho período.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia observa en primer lugar que, dado que la Directiva no regula la estipulación de un período de prueba, ese período está sujeto a la libertad contractual de las partes y, como tal, no está prohibido por la Directiva.

El Tribunal de Justicia señala a continuación que, sobre la base de una interpretación de los términos de la Directiva, los regímenes de indemnización y reparación que esta Directiva establece no pretenden sancionar la extinción del contrato, sino compensar al agente comercial por sus prestaciones anteriores de las que el empresario sigue beneficiándose con posterioridad a la terminación de las relaciones contractuales o por los gastos en que haya incurrido a efectos de dichas prestaciones. Por consiguiente, dicho agente no puede ser privado de la indemnización o de la reparación por el único motivo de que la terminación del contrato de agencia comercial tuvo lugar durante el período de prueba, si se cumplen los requisitos enunciados en la Directiva. De ello se desprende que el derecho a la indemnización y a la reparación del perjuicio ocasionado es aplicable incluso si la terminación de la relación contractual entre el empresario y el agente comercial se produce durante el período de prueba.

El Tribunal de Justicia precisa que esta conclusión está respaldada por la finalidad de la Directiva, que consiste, en particular, en proteger los intereses del agente comercial en sus relaciones con el empresario, y que, a la vista de esta finalidad, no puede admitirse una interpretación de esta Directiva que pueda resultar en perjuicio del agente. En efecto, supeditar la concesión de una indemnización al hecho de que se haya estipulado o no un período de prueba en el contrato de agencia comercial, sin tener en cuenta el rendimiento del agente comercial o los gastos en que haya incurrido, iría en perjuicio del agente comercial, que se vería privado de toda indemnización por el único motivo de que el contrato que le vincula al empresario incluye un período de prueba.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Primera sentencia condenatoria firme en España por acciones del Banco Popular2018-04-20

El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo ha dictado sentencia tras escasos cuatro meses de procedimiento contra el Banco Popular en la que ha resultado ser la primera sentencia condenatoria firme en España por este tema. Así, se condena a devolver la cantidad invertida correspondiente a 1.963 acciones a la demandante, que actualmente es ex empleada de la entidad bancaria.

  • La juez considera que la empleada afectada de la entidad no habría adquirido las acciones si llega a conocer el verdadero estado económico del banco
  • La Asociación ACOREO CONSUMIDORES REUNIDOS, que ha llevado el procedimiento, prevé miles de demandas

Manuel Noval Pato, abogado del pleito y que lleva la defensa jurídica de los socios de ACOREO CONSUMIDORES REUNIDOS en Asturias, explica que "Banco Popular publicitaba una imagen económica que no era real, con el objetivo de atraer la inversión. De haberse conocido la difícil situación real en la que se encontraba el banco, y que desembocó, sólo un año después, en su intervención y venta por un euro a otra entidad, no se habrían adquirido las acciones, ni por mi cliente, ni por nadie en su sano juicio".

Los hechos se remontan al 20 de junio de 2016. Por aquel entonces, una empleada del Banco Popular adquirió casi dos mil acciones creyendo que se trataba de una sociedad solvente y que la inversión no presentaría la problemática de otros productos bancarios. Sin embargo, en unos cuantos meses, llegó el desengaño generalizado (con la pérdida de la inversión), que llevó a la accionista a la delicada situación de demandar a su propio banco.

Se trata de la primera sentencia condenatoria firme en España por este tema, ya que este mismo año, en febrero de 2018, un Juzgado de Bilbao desestimó una demanda interpuesta contra el Banco Popular, en la que se reclamaban 5.265 euros por la ampliación de capital de 2016. La sentencia fue un duro golpe para miles de afectados: el juez decía que las acciones eran un "producto sencillo" en el que cualquiera sabe que "se puede ganar o perder", y que no se había acreditado que la información publicitaria del banco tuviera "inexactitudes". Hoy, sin embargo, la situación ha dado un giro radical en favor de los perjudicados por la compra de acciones del Banco Popular. Y esta vez el escenario judicial no ha sido Bilbao, sino Oviedo, donde se ha condenado al Banco Popular, en la primera sentencia firme de España (que no admite recurso alguno). En este sentido, desde la Asociación ACOREO CONSUMIDORES REUNIDOS creen que este fallo sentará un precedente por lo que esperan miles de demandas al respecto.

Según indica Noval, el éxito de este asunto se debe "fundamentalmente, a que aportamos a la demanda un dictamen pericial, que ha sido contrastado laboriosamente por la juzgadora".

Tal y como refleja la juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo en su sentencia: "la imagen de solvencia publicitada y divulgada no se correspondía con la situación económico financiera real, pues, como resulta del informe pericial aportado con la demanda, de haberse reflejado en sus cuentas la realidad respecto a sus activos morosos e inmobiliarios y haber hecho las coberturas y valoraciones correctas, los resultados del período 2009 a 2016 hubieran sido muy distintos, con sustanciales pérdidas".

La Comisión Europea presenta un nuevo plan para los derechos de los consumidores de la UE y propone excluir a los despachos de abogados2018-04-19

 

La Comisión Europea ha propuesto un nuevo acuerdo con el fin de garantizar que todos los consumidores europeos se beneficien de sus derechos con arreglo al Derecho de la Unión.

Aunque la UE ya tiene algunas de las normas más sólidas del mundo en materia de protección de los consumidores, casos recientes, como el escándalo del fraude del diésel, han puesto de manifiesto que es difícil hacerlas cumplir plenamente en la práctica. El nuevo acuerdo para los consumidores posibilitará que las entidades cualificadas realicen reclamaciones representativas en nombre de los consumidores y reforzará las facultades sancionadoras de las autoridades de los Estados miembros encargadas de la protección de los consumidores. Además, ampliará la protección de los consumidores cuando estén conectados a internet y aclarará el modo en que la legislación de la UE prohíbe las prácticas de calidad dual engañosas para los consumidores.

El nuevo acuerdo para los consumidores supondrá:

  1. Un refuerzo de los derechos de los consumidores en línea
  • Más transparencia en los mercados en línea
  • Más transparencia en los resultados de las búsquedas en las plataformas en línea
  1. El suministro a los consumidores de los instrumentos necesarios para ejercer sus derechos y obtener una compensación 
  • Reclamaciones representativas, de tipo europeo: en el marco del nuevo acuerdo para los consumidores, las entidades cualificadas, como, por ejemplo, una organización de consumidores, podrán obtener reparación, como una compensación, una sustitución o una indemnización, en nombre de un grupo de consumidores que hayan resultado perjudicados por prácticas comerciales ilegales. En algunos Estados miembros, los consumidores ya pueden presentar reclamaciones colectivas antes los tribunales, pero ahora esta opción existirá en todos los países de la UE. Esta propuesta de la Comisión también pretende apartar de estas demandas a los despachos de abogados limitándolas a las entidades que sin ánimo de lucro y que cumplan criterios estrictos de elegibilidad siendo revisados por una autoridad pública.
  • Mayor protección contra las prácticas comerciales desleales: el nuevo acuerdo para los consumidores garantizará que los consumidores de todos los Estados miembros tengan derecho a reclamar una reparación individual (por ejemplo, compensación financiera o resolución del contrato) cuando se vean afectados por prácticas comerciales desleales, tales como una comercialización agresiva o engañosa. Actualmente, esta protección varía en gran medida en la UE.
  1. El establecimiento de sanciones efectivas en caso de infracción de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores
  1. El tratamiento de la calidad dual de los productos de consumo
  1. Una mejora de las condiciones para las empresas

El nuevo acuerdo eliminará las cargas innecesarias para las empresas, entre otras cosas mediante la supresión de sus obligaciones en lo que respecta al derecho de desistimiento de los consumidores. Por ejemplo, los consumidores ya no podrán devolver los productos que hayan utilizado en lugar de haberlos simplemente probado, y los comerciantes ya no tendrán que reembolsar a los consumidores antes de haber recibido los productos devueltos.

Las nuevas normas también introducirán una mayor flexibilidad en la forma en que los comerciantes pueden comunicarse con los consumidores, permitiéndoles que utilicen también formularios en línea o chats en lugar del correo electrónico, siempre que los consumidores tengan acceso a las comunicaciones que mantengan con los comerciantes.

Las propuestas de la Comisión se debatirán en el Parlamento Europeo y en el Consejo.

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_es.htm

Las asociaciones de jueces y fiscales comunican al CGPJ la convocatoria de huelga el próximo 22 de mayo2018-04-18
  • Anuncian nuevos paros el 19 y 26 de abril y 3 y 10 de mayo por una mayor independencia judicial y modernización de la Justicia

Las principales asociaciones de jueces y de fiscales han comunicado formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a la Autoridad Laboral de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de huelga para el próximo 22 de mayo además de paros parciales de una hora los días 19 y 26 de abril y 3 y 10 del mes de mayo.

Así, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales informan en una nota de que se ha procedido de acuerdo a la legalidad vigente y en base a la convocatoria del pasado 5 de abril.

En ella, las asociaciones judiciales reclamaban el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial, mientras que las asociaciones de fiscales pedían, entre otras medidas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

De acuerdo con la nota difundida por la AJFV, “se ha puesto de manifiesto que se han intentado otras vías alternativas que han sido desatendidas hasta la fecha” y quedan ahora a la espera de la fijación de los servicios mínimos. El comité de huelga está integrado por los magistrados Manuel Almenar (APM), Natalia Velilla (AJFV), Ignacio González (JJD), Roberto Esteban (FJI), Cristina Dexeus (AF), Emilio Fernández (UPF) y Miguel Pallarés (APIF).

MOVILIZACIONES DESDE EL 5 DE ABRIL

Se trata de nuevas movilizaciones que se suman al calendario anunciado el pasado 5 de abril, día en que arrancaron los paros frente a las sedes judiciales de toda España en los que se leyeron las reivindicaciones de jueces y fiscales para la administración de justicia, recogidas en el documento ’14 propuesta para la mejora de la Justicia’, al que se han adherido más de 3.500 profesionales de la judicatura y la fiscalía.

En su comunicado del pasado 5 de abril las siete asociaciones tildaron de “decepcionante” la marcha de las negociaciones desde que el pasado 16 de junio dieron a conocer sus propuestas para la mejora de la justicia. Respecto a las Cortes, señalaron que “no parece haber una mayoría clara” en el Parlamento favorable a atender su petición de reforma del CGPJ “ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un pacto de estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto”.

En cuanto al Gobierno, le acusan de haber renunciado a incrementar el número de miembro de la carrera judicial y fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y recuerdan que “no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones”.

Los tribunales anulan multas de 290.000 euros de Competencia a los Colegios de Abogados por la territorialidad del Turno de Oficio2018-04-17
  • La Audiencia Nacional revoca las sanciones impuestas por la CNMC al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Guadalajara
  • El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima íntegramente el recurso planteado por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia como anteriormente lo hizo el TSJ de Andalucía

CGAE

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 60.000 euros impuesta en septiembre de 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo General de la Abogacía Española por restricción de la competencia en los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita al considerar que la multa no es conforme a derecho.

La misma Sala de la Audiencia Nacional, en sentencia de 26 de marzo de 2018, también ha revocado la sanción de 30.000 euros que la CNMC había impuesto en septiembre de 2015 al Colegio de Abogados de Guadalajara por el mismo motivo: la necesidad de que los abogados adscritos al Turno de Oficio tengan residencia y despacho abierto donde prestan el Servicio de Justicia Gratuita.

En ambas sentencias, la Audiencia Nacional considera que los Colegios de Abogados están obligados a “garantizar la rapidez y agilidad en la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita; de ahí la obligación de residencia y de disponer de despacho abierto” que tienen los abogados adscritos al Turno de Oficio. La Abogacía siempre ha defendido esta territorialidad como garantía de cercanía y proximidad al ciudadano.

La Audiencia Nacional también justifica la anulación de las multas de la CNMC en que el propio Colegio de Abogados asume la “posible declaración de responsabilidad de la actuación de su colegiado por lo que es necesario que sea miembro del Colegio en cuestión”.

Las sentencias –que condenan en costas a la CNMC- respaldan los argumentos del Consejo General de la Abogacía Española y del Colegio de Abogados de Guadalajara al considerar que la “prestación del Servicio de Justicia Gratuita se trata de una actividad en la que concurre un importante componente público y en el que el interés general aconseja la prestación de dicho servicio del modo más eficaz posible y manteniendo unos parámetros razonables de calidad”.

Además, la Audiencia Nacional asegura que en la prestación del servicio público de Justicia Gratuita “no existe un mercado libre” ya que el consumidor no puede elegir quien debe prestarle el servicio que demanda, los letrados no reciben honorarios por sus servicios sino una indemnización cuyo importe es determinado por las autoridades públicas y la llamada a la prestación del servicio es por medio de un turno, de una lista, en la que se producen llamamientos sucesivos.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

En el mismo sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia frente a la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia de 20 de Marzo de 2017, que le imponía una sanción de 100.000 euros por haberse negado a inscribir a una colegiada con despacho principal en Madrid en los turnos de oficio y asistencia al detenido de Bilbao, Getxo y Barakaldo.

La sentencia -que impone expresamente las costas del procedimiento a la Autoridad Vasca de la Competencia minoradas en un 50% de las que pudieran haberse causado- señala que “tratándose de un servicio profesional con connotaciones claras de servicio público y sin contenido económico, sin oferta profesional de servicios, ni libre fijación de remuneraciones u honorarios, no cabe hablar de un mercado de prestación de los mismos y la Ley de Defensa de la Competencia, por propia determinación de la Ley 2/1974 no es aplicable al caso.”

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Estas dos sentencias se suman a la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, en abril de 2016, dio la razón al Colegio de Abogados de Málaga que consideró plenamente válidos los argumentos jurídicos defendidos por el Consejo General de la Abogacía Española y por el Colegio de Abogados de Málaga frente a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que consideró como práctica anticompetitiva la fijación de restricciones de carácter territorial para el acceso de los profesionales de la abogacía al Servicio de Asistencia Gratuita. El tribunal no sólo anuló la multa de 98.215 euros sino que condenó en costas a la Agencia.

El Consejo General de la Abogacía Española, que respaldó en todo momento -por decisión de su Pleno- la actuación del Colegio de Málaga por entender que la decisión de este Colegio y de todos los demás respeta plenamente la legislación vigente y la normativa en materia de defensa de la competencia, se congratuló de que con la citada sentencia se haya reconocido que la prestación del servicio público de justicia gratuita, que realizan más de  45.300 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, con inmediatez y urgencia, de forma modélica y que atiende a cerca de un millón de ciudadanos cada año en España, “es una actividad administrativa sujeta a derecho administrativo”.

Condenados a dos años de cárcel los propietarios de una copistería por fotocopiar obras completas sin autorización2018-04-16

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a los dos responsables de una copistería de Salamanca por fotocopiar libros enteros sin la autorización del autor.

Según informa la Gaceta de Salamanca, los acusados, J.I.P.R. Y A.A.F., han aceptado una pena de dos años de prisión cada uno, así como el pago de 54.000 euros en concepto de indemnización y otro 6000 euros más por las costas del juicio, además de 12 meses de multa a razón de seis euros día, como autores de un delito contra la propiedad intelectual.

El citado medio añade que la Fiscalía ha informado favorablemente a la suspensión de la pena de prisión durante un plazo de dos años suspensión condicionada al pago de la responsabilidad civil, aunque de manera fraccionada.

Además se ordena la destrucción de las copias ilegales y se retira la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de manera que los acusados podrán continuar con su actividad.

Acusados inicialmente a penas de hasta cuatro años de prisión y 185.000 euros de indemnización, finalmente fiscal y acusación particular han tenido en cuenta el reconocimiento de los hechos por su parte lo que ha propiciado la rebaja en la condena.

Tras el acuerdo de ambos acusados con la pena y el compromiso de hacer frente a los pagos determinados, la Audiencia ha declarado la firmeza de la sentencia condenatoria contra ambos.

El contrainterrogatorio, si breve, dos veces bueno2018-04-13

Cuando hablamos de brevedad en sala tenemos la tendencia a pensar, no sin razón, en la duración del informe oral; sin embargo, aquel manjar tan apetecible para los jueces, es igualmente predicable al interrogatorio, y más específicamente al contrainterrogatorio del testigo adverso.

Efectivamente, sin perjuicio del indudable agradecimiento que recibiremos del juez, y que se materializará en una mayor y centrada atención a nuestro interrogatorio, lo cierto es que igualmente concurren una serie de razones que favorecen la habilidad del abogado, de realizar un interrogatorio breve al testigo adverso.

Será pues objeto del presente post, el examen de la misma. 

Para ello hemos de partir del principio esencial en materia de litigación que afirma que sólo se procede a interrogar cuando se tiene un objetivo que desde el punto de vista probatorio resulta relevante y que, en la práctica, tiene visos de ser alcanzable; siendo los objetivos del contrainterrogatorio, desvirtuar la credibilidad y/o el testimonio del testigo.

Consecuentemente, para poder lograr un contraexamen breve es imprescindible que contemos con un objetivo relevante y posible; de lo contrario, mejor no interrogar.

Partiendo de esta idea, debemos considerar que el testigo, sea cual sea su naturaleza (falso voluntario, falso involuntario, neutral, etc.), durante el contrainterrogatorio tratará de mantenerse y persistir en el testimonio que ya ha presentado en el interrogatorio directo previo, por lo que, salvo que obtengamos algún resultado, su versión de los hechos tenderá a perpetuarse ante los intentos del interrogador de obtener algún resultado. Por lo tanto, un interrogatorio que no lo obtenga y se prolongue debido a los continuos intentos infructuosos del abogado, constituye un error que, contrariamente a lo deseado, reforzará el testimonio. De ello se deriva que si no se alcanzan los objetivos previstos, hay que desistir de los mismos y concluir o, en su caso, pasar a otro objetivo.

Lo anterior, lógicamente, no desmerece que si se van obteniendo resultados, se prolongue lo necesario.

Otro factor a considerar es el hecho de que la brevedad del interrogatorio es inversamente proporcional a la importancia del testimonio adverso; de este modo, un interrogatorio breve, incluso aunque no alcancemos nuestros objetivos, tenderá a reducir la importancia del testimonio al igual que un interrogatorio extenso sin logro de objetivos puede ser devastador para quien interroga.

Nuevamente, la excepción reside en el supuesto de que  un prolongado interrogatorio acabe coronándose con un impactante éxito.

En cuanto a la temática del interrogatorio, para que sea breve, deberá cubrir todos los objetivos propuestos, si bien deberá concentrarse en las temáticas esenciales de los que depende nuestro caso y abordarlas con prontitud y eficacia; de ello se sigue que durante el mismo habremos de excluir tratar sobre hechos accesorios, secundarios u otros ya acreditados por otro medio de prueba, lo que facilitará alcanzar la brevedad necesaria.

Respecto a las preguntas, la sensación de celeridad que contribuye a la brevedad se alcanza con el auxilio de preguntas cortas, sencillas y que abarquen un solo punto, o lo que es lo mismo, un tema por pregunta excluyendo las preguntas compuestas. Otra regla esencial para evitar que el interrogatorio se prolongue, es proscribir la consabida repetición de preguntas o reformulación de las mismas.

Finalmente, es sabido que durante el contrainterrogatorio, el abogado debe llevar el absoluto control del mismo, y ello se consigue dándole un mayor ritmo (velocidad) a las preguntas, verdadero heraldo de la brevedad.

En definitiva, cuando decidamos abordar el contrainterrogatorio, debemos desarrollarlo lo más rápidamente posible, dándole una duración cuyo límite residirá en la cobertura de los objetivos planteados, hayamos o no alcanzado el éxito de los mismos.

El Tribunal Supremo declara nula la Orden de Cultura sobre las tarifas de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual2018-04-12
La Sala Tercera estima que omitió el análisis del impacto de la norma en la familia

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas contra la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

El alto tribunal declara nula la citada Orden por haber infringido en su tramitación, y más en concreto en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, la “Disposición adicional décima. Impacto de las normas en la familia”, de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, que establece que “las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia”.

La Memoria de análisis de impacto normativo de la Orden omitió el análisis del impacto de la norma en la familia, lo que fue advertido en su dictamen por el Consejo de Estado.

Por ello, el Supremo declara la nulidad de la Orden por vulneración de la norma imperativa de rango legal que contiene aquella Disposición adicional décima, “pues la ‘familia’ -y más aún, como es normal o habitual, la que integra entre sus componentes hijos e/o hijas menores de edad sobre los que los progenitores, tutores o cuidadores ejercen derechos pero también cumplen o han de cumplir deberes inherentes a la relación jurídica trabada entre unos y otros- es potencial afectada, directamente y/o por repercusión, de las tarifas generales que lleguen a determinarse según la metodología que aprueba la Orden Ministerial impugnada, y siendo ello así, no alcanzamos a ver cuál pueda ser la justificación de aquella total omisión en la memoria de análisis de impacto normativo”, señala la sentencia.

Argumentan que el hecho de que la “familia” como tal “no ejerza en principio una actividad económica que requiera disponer de alguno o algunos de los derechos que integran el amplio y diverso abanico de la “propiedad intelectual”, no es razón suficiente para descartar aquella potencial afectación ni para justificar por tanto la omisión que nos ocupa”.

Las investigaciones concluyen que el fallo de LexNET no afectó a expedientes judiciales2018-04-11

CGPJ y AEPD confirman que no se vieron afectados ficheros jurisdiccionales ni documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía.

​Una vez que se han hecho públicas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sus conclusiones sobre la investigación relativa al incidente de seguridad del sistema LexNET que se produjo el pasado mes de julio de 2017, ha quedado probado que el fallo no afectó a ficheros jurisdiccionales ni a expedientes completos y que los documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía no estuvieron expuestos en momento alguno. Puesto que en LexNET no existen expedientes completos, el número de documentos que se vieron afectados fue muy limitado y se estima que el número de buzones que pudo verse perjudicado apenas fue el 0,1%.

La AEPD reconoce que el Ministerio de Justicia ha colaborado con total transparencia, lealtad y respeto institucional en las investigaciones y desde el primer momento reconoció el fallo que, debido a un error de programación y control en una actualización de LexNET por parte de la empresa que desarrolla el sistema, permitía a los usuarios acreditados con certificado digital y tras una serie de acciones, acceder al buzón de un tercero. Dado que el error informático que se produjo afectó a determinados ficheros no jurisdiccionales, se ha declarado una infracción automática en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Un total de 140 usuarios accedieron de forma irregular a 150 buzones que no les pertenecían y visualizaron 1.023 mensajes de forma no autorizada, aunque no descargaron contenidos. Fueron 74 los que sí lo hicieron de 431 mensajes consistentes en notificaciones ya practicadas y limitadas a los 60 días anteriores. La Agencia da por probado que no se podían manipular documentos, acceder a comunicaciones que no hubieran sido abiertas previamente por el usuario legítimo, ni presentar escritos en nombre de otros usuarios, así como que no pudieron visualizarse mensajes anteriores a 60 días dado que el sistema borra los datos de forma automática.

Constata asimismo, los esfuerzos realizados por el Ministerio de Justicia para mitigar el incidente de seguridad y evitar situaciones similares en el futuro. El Ministerio ha diseñado 69 medidas correctivas y preventivas, de las que 55 ya se han implementado y el resto se encuentra en fase de desarrollo y pruebas. Todo ello hace que hoy LexNET sea mucho más seguro que antes del incidente.

Con anterioridad han archivado el expediente de investigación sin infracción alguna, tanto el Consejo General del Poder Judicial, como el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, supervisor de servicios no cualificados de entrega electrónica certificada como es LexNET.

Con la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos concluyen las actuaciones que las diferentes autoridades con competencias y los servicios de inspección del Ministerio han venido realizando sobre el incidente de LexNET.  

El Gobierno intensificará el control de las contrataciones formativas, a tiempo parcial y temporales injustificadas2018-04-10

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó nuevas medidas para intensificar el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos. A tal fin dio luz verde al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, un Plan que, según explicó el Ejecutivo, “identifica a la Inspección como la institución pública para la garantía de la calidad del empleo”. El documento ya tiene su traducción normativa por medio del Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, que fue publicado en el BOE del pasado sábado.

El Plan Estratégico recoge las actuaciones de las que se dotará a la inspección para intensificar el control. Entre otras cabe destacar: el incremento de los "recursos humanos suficientes en número, altamente cualificados y especializados en materias concretas". En este sentido se prevé el despliegue de los nuevos subinspectores laborales de la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo y la potenciación de la Escuela de Inspección. La norma se enmarca en la Agenda integral para la calidad del empleo del Gobierno y se estructura en cuatro ejes: organización, calidad en el servicio, eficacia en la actuación y asistencia y mediación. Fija además nada menos que doce objetivos y cien líneas de actuación para los próximos años.

El refuerzo de los medios humanos constituye una prolongación del implementado desde la aprobación en 2012 del Plan de Lucha contra el Fraude. Según informó el Gobierno, desde esa fecha  y con el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo en marcha se habrán incorporado una cifra de hasta 845 nuevos Inspectores y Subinspectores. Añade que gracias a una "coordinación más intensa en la lucha contra el fraude entre la Inspección de Trabajo, otros organismos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas han mejorado la eficacia de las actuaciones inspectoras".

Detectados 519.056 empleos irregulares desde 2012

En cifras y durante estos últimos seis años se han aflorado 519.056 empleos irregulares, que eran empleos sin derechos; se han detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones. Así mismo se ha logrado la conversión de más de más de 359.191 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos. El impacto económico global estimado es de 21.198 millones de euros.

Organismo Autónomo de nueva creación

El Real Decreto 192/2018 desarrolla la Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fue aprobada durante la pasada legislatura.

La piedra angular del nuevo modelo organizativo de la Inspección de Trabajo establecido por dicha Ley era la transformación de la actual Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un Organismo Autónomo de nueva creación, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos Estatutos han sido aprobados por este Real Decreto. De hecho, dicho Organismos Estatal será además el encargado del despliegue y de la completa ejecución del Plan Estratégico 2018-2020. Integrará a todo el personal que hasta ahora presta servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, unos 3.000 empleados públicos entre Inspectores, Subinspectores y personal de apoyo. Asimismo, estará desplegado en las 17 Comunidades Autónomas, en todas las provincias españolas, y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Accede al Real Decreto 192/2018

Nueva sentencia del TS declarando de utilidad pública a una asociación deportiva2018-04-09

El reconocimiento de la condición de utilidad pública de una entidad sin ánimo de lucro, y más en el caso de las organizaciones deportivas, es uno de los principales puntos a tener en cuenta en el asesoramiento jurídico a este tipo de organizaciones.

Para valorar la importancia de dicho reconocimiento, mencionar el cambio jurisprudencial que obtuvo el despacho Gros Monserrat Abogados en el año 2011 por parte del Tribunal Supremo. Éste, con sentencia del 22 de noviembre de 2011, declaró de utilidad pública al “Club Natació Manresa”, fijando por consiguiente, que la trascendencia social de la actividad desarrollada por la entidad, implica que nos encontremos ante un supuesto merecedor de la calificación de utilidad pública.

Hasta ese momento, se aplicaba estrictamente la normativa reguladora, en el que el informe favorable a tal pronunciamiento de la Agencia Tributaria se postulaba como preceptivo. No obstante, a partir de la doctrina del Tribunal Supremo aplicada en la referida sentencia, se empezó a cuestionar tal carácter preceptivo y vinculante del informe de la Agencia Tributaria, que realizaba una interpretación muy restrictiva del concepto de “interés general”.

De esta forma, según la Agencia Tributaria, la mayoría de las solicitudes deben de desestimarse puesto que según la misma no quedaba garantizado el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, relativo a que las finalidades estatutarias de la entidad tendieran a promover el interés general, manifestando básicamente que tales entidades desarrollaban actividades empresariales consistentes en la prestación de servicios mediante contraprestación económica, con lo que los servicios prestados por éstas no irían dirigidos a beneficiar directamente a una colectividad genérica de personas.

No obstante, Francesc Costa, socio del despacho Gros Monserrat Abogados y quien lideró estas impugnaciones ante el Alto Tribunal, argumentó frente a los requerimientos de la Hacienda pública, que el hecho de llevar a cabo una explotación económica no motiva per se que no pueda considerarse que los fines estatutarios de una entidad sin ánimo de lucro tienden a promover el interés general.

Por consiguiente el Tribunal Supremo fijó que el hecho de llevar a cabo una actividad económica por parte de la asociación en ningún caso puede privarle de la consideración de entidad de utilidad pública, por cuanto que lo fundamental es la falta de ánimo de lucro de la misma y los recursos derivados de la explotación económica son necesarios para el desarrollo de la actividad al reinvertirse en ella.

El hecho que la asociación pueda restringir el acceso a ciertas actividades a terceros, no implica que no se esté cumpliendo  con los requisitos de beneficiar a la colectividad, ya que en algunos casos deberá restringirse el acceso a las actividades para garantizar la seguridad de los usuarios. Del mismo modo, exigir el pago de entrada o matrícula para tal actividad no implica incumplir este requisito, ya que tal precio se reinvierte en la consecución de las finalidades sociales, careciendo de ánimo de lucro.

Recientemente, y como ya ocurrió en 2011, el despacho Gros Monserrat Abogados ha vuelto a obtener la declaración de utilidad pública para una nueva organización deportiva, con sentencia del Tribunal Supremo del pasado 22 de marzo de 2018. Esta sentencia, acogiendo los argumentos de la referida sentencia de 22 de noviembre de 20011, reitera que “no cabe entender que a prestación onerosa de un servicio conduzca necesariamente a conceptuar que la asociación que lo presta carezca de interés general, por cuanto que para ello habrá que tener en cuenta las actividades que realiza para el cumplimiento de su objeto social, si éstas redundan en beneficio de la colectividad, y del destino que se aplican a los ingresos que la entidad pudiera obtener”.

Carácter reglado de la actuación administrativa

Asimismo, la referida sentencia, reitera y consagra un principio de vital importancia en este asunto ya apuntado en las sentencias dictadas en el mes de octubre de 2015, que no es otro que el carácter reglado de la actuación administrativa, de forma que “aunque el artículo 32 de la LO 1/2002 establezca que las asociaciones “podrán ser declaradas de utilidad pública” cuando cumplan con los requisitos establecidos, la utilización de la expresión “podrán” no podrá llevar a pensar que nos encontramos ante una potestad discrecional, pues se trata aquí de un procedimiento reglado, de forma que las asociaciones que cumplan con los requisitos establecidos en la norma han de recibir la calificación de utilidad pública en caso que la soliciten”.

Del mismo modo, el Tribunal Supremo recuerda a la Agencia Tributaria que para la considerar de interés general una actividad, “lo determinante no es la obtención de un beneficio económico, sino el destino al que éste va dirigido”, de forma que “no cabe equiparar interés general con gratuidad o ausencia de ánimo de lucro; del mismo modo que no existe equivalencia entre ánimo de lucro y contraprestación de servicios prestados”.

Finalmente, en la sentencia referida, se destaca que las actividades que realiza la entidad, de promoción y fomento del deporte, redundan en beneficio de la colectividad y tienden a promover el interés general, parafraseando de forma brillante distintos párrafos del artículo 1 de la Ley 10/1990 del deporte, en el que se establece que la práctica del deporte “como factor fundamental de la formación y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes públicos del Estado”; concluyendo que según el artículo 1.3 de la referida ley, “el Estado reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de promoción desarrollada por las Asociaciones deportivas”. Evidentemente, una de las formas de las que dispone el Estado para reconocer y estimular tales acciones es reconocer la condición de utilidad pública a las entidades que la llevan a cabo.

El Gobierno solo destina a Justicia el 1,06% del presupuesto para campañas institucionales2018-04-06

750.000 de un total de 71,56 millones de euros, esa es la cantidad que el Ejecutivo ha asignado al Ministerio de Justicia con cargo al Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2018. Dicho de otra forma, contempla para las tres campañas asignadas al Ministerio el 1,06% de la inversión institucional para el ejercicio en curso.

El Plan, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes, concentra en cinco ministerios el 90% del total del esfuerzo presupuestario: Energía, Turismo y Agenda Digital; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Interior; Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y Hacienda y Función Pública. El organismo que más campañas planificará es el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con un total de 49.

Las tres campañas de Justicia

Cada una de las tres campañas que se desplegarán desde el Ministerio de Justicia tienen asignado un presupuesto de 250.000 euros. Este es el detalle de cada una de ellas:

  • Un nuevo Registro Civil al servicio de los ciudadanos. Su objetivo es: dar a conocer entre los ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España, el nuevo Registro Civil electrónico que otorgará a cada ciudadano un código personal a partir del cual todos sus hechos vitales (inscripción de nacimientos o defunciones, bodas, concesión de nacionalidad) estarán ordenados de forma cronológica y permitirá la simplificación de numerosos trámites a efectos de prestaciones de la seguridad social, deducciones fiscales, identidad a efectos policiales y de seguridad, censo y servicios sanitarios.
  • Algo está cambiando en la Justicia. Su objetivo es: informar sobre la transformación de los tradicionales juzgados con expedientes en papel que serán sustituidos por juzgados digitales con nuevos servicios electrónicos que gradualmente estarán a disposición de profesionales y ciudadanos.
  • La mediación también es justicia. Su objetivo es: sensibilizar a ciudadanos y empresas sobre el uso de la mediación como forma de resolver los conflictos de manera más rápida y económica, responsabilizándose de su solución.

Un total de 102 campañas

En el Plan se recoge información detallada de cada una de las 102 campañas institucionales que serán desarrolladas en 2018 por los ministerios, organismos y entidades públicas, con especificación de objetivos de cada campaña, coste previsible, aplicación presupuestaria, periodo de ejecución, herramientas de comunicación a utilizar, difusión, públicos a los que se dirigen, idioma, evaluación a realizar y medidas de accesibilidad previstas.

Las campañas de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y al cuidado del entorno acaparan algo más de un 76% de la inversión institucional. Se centrarán en ámbitos como: seguridad vial; ahorro y eficiencia energética; alimentación e información alimentaria; protección y conservación de la naturaleza y de los recursos naturales; tenencia de animales, consumo y buen uso del agua; cambio climático; reciclado; estilos de vida y alimentación saludables; salud; vacunación frente a la gripe; prevención del VIH; uso prudente de los antibióticos; prevención del consumo de alcohol y tabaco; envejecimiento activo e inclusión personas con enfermedad mental. Además, se desplegarán campañas específicas para la promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos; servicio exterior; estudiantes Erasmus, fiscalidad; mediación en la justicia; difusión de las políticas de empleo; tarjeta social universal; bono social energético; ayudas de la PAC; promoción de la corresponsabilidad y violencia de género.

Acceda al Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2018

El Tribunal Supremo destaca que la libertad de expresión no ampara la venganza por una denuncia penal previa2018-04-05
La Sala Primera resuelve que sí hubo intromisión ilegítima por parte del director de una publicación digital

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara que el director de prnoticias.com, y E-Contenidos S.L., como editora de dicha publicación digital, cometieron una intromisión ilegítima en el derecho al honor de I.L., director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, por varios artículos y comentarios periodísticos del director publicados entre enero y marzo de 2014. El TS condena a los demandados a pagar solidariamente una indemnización de 10.000 euros, y a difundir el fallo en la página web de la publicación y en una cuenta de twitter del periodista.

El Supremo ha valorado el tono general vejatorio de los textos enjuiciados así como el hecho de que existiera una denuncia penal previa de I.L. contra el director de la publicación por delito de amenazas condicionales. La Sala destaca al respecto que la libertad de expresión en un periódico digital no ampara la venganza por una denuncia penal previa del demandante contra el demandado.

Para el alto tribunal, en este caso “no se aprecia tanto la comunicación pública de opiniones sobre un asunto de interés general cuanto la venganza del propio Sr. por haber sido denunciado y valiéndose para ello de su condición de director de un periódico digital, finalidad que no puede quedar amparada por la libertad de expresión”.

El Supremo estima el recurso planteado por el director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que había dado la razón al demandado, confirmando íntegramente el fallo inicial del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid, que apreció la intromisión en el derecho al honor y estableció la indemnización.

En ese sentido, el Supremo considera que la cuantía de la indemnización se confirma “porque la de 10.000 euros no resulta desproporcionada a la vista del número e intensidad de las ofensas, constitutivas de una auténtica campaña de desprestigio del demandante desde su periódico digital”. Recuerda el alto tribunal que, en sus mensajes, dudaba de los orígenes de I.L. y mencionaba a sus hijos. Asimismo, hay una identificación inequívoca en los artículos del destinatario de las vejaciones mediante la coincidencia de un personaje de ficción con su primer apellido.

El Supremo explica que son hechos no discutidos que demandante y demandado mantuvieron una relación de amistad que cesó en noviembre de 2011 cuando se produjo la denuncia por hechos que dieron lugar a un asunto penal. En los hechos probados de la sentencia de noviembre de 2011 de un Juzgado de lo Penal de Madrid, se decía que el director de la publicación le convocó a una reunión en su despacho como director de prnoticias.com, y allí le amenazó con revelar información que supuestamente podría incriminar penalmente al presidente del Consejo General de Enfermería si no accedía a pagarle 300.000 euros, conversación que grabó con su móvil.

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Los abogados ya pueden tramitar online su declaración del IRPF 2017 y de sus clientes con el carné ACA2018-04-04
  • El 4 de abril de 2018 se inicia el plazo de presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2017

El carné colegial con firma electrónica ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía) habilita a los abogados para la realización de trámites telemáticos con las Administraciones Públicas, siempre con plena validez jurídica y de modo análogo a la firma manuscrita en el entorno tradicional.

  • Los abogados pueden modificar y presentar su declaración de Renta 2017 y de sus clientes por Internet: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio (24 horas).
  • También se puede modificar y presentar su declaración de Renta 2017 por teléfono: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio.
  • Centro de Atención Telefónica: 901 200 345 y 91 535 68 13 (atención personal, de L a V, de 9 a 21h).
  • Además se puede modificar y presentar la declaración de Patrimonio 2017 por Internet: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio.

Hay que tener en cuenta las siguientes fechas:

  • 27-06-2018 Último día para presentar sus declaraciones de Renta y Patrimonio 2017 si el resultado es a ingresar y quiere domiciliar el ingreso.
  • 02-07-2018 Último día para presentar sus declaraciones de Renta y Patrimonio 2017
  • 05-11-2018  Último día para realizar el ingreso del segundo plazo de la cuota del impuesto sobre la Renta 2017, si se fraccionó el pago

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

Renta WEB es el servicio de ayuda para tramitar y presentar la declaración de Renta de todos los contribuyentes, incluidos los que obtengan rendimientos de actividades económicas. Una vez que  el abogado se haya identificado, podrá consultar por Internet sus datos fiscales, que le servirán para la obtención de la declaración que se genera a través del servicio Renta WEB. La gran mayoría de datos fiscales se incorporan automáticamente, aunque usted puede modificarlos o incorporar datos nuevos desde Renta WEB.

Gracias a esta herramienta tecnológica, cada año son más los abogados y abogadas que presentan las declaraciones del IRPF y la de sus clientes por internet, de forma segura y autenticada utilizando la firma electrónica ACA, sin necesidad de desplazarse a la Agencia Tributaria.

Los abogados deben tener en cuenta que la presentación electrónica por Internet podrá realizarse por certificado electrónico colegial ACA, con DNI electrónico,  Cl@ve PIN o número de referencia.

Como novedad, la Agencia Tributaria ha puesto este año en marcha la app de la Agencia Tributaria para dispositivos móviles que se encuentra disponible de forma gratuita en las plataformas oficiales de descarga de Android y Apple desde el 15 de marzo.

Hay que tener en cuenta la siguiente configuración para poder usar correctamente la aplicación:

  • Se requiere que el dispositivo tenga conexión a internet, ya sea mediante wifi o datos.
  • El dispositivo tiene que estar protegido por un patrón de seguridad de acceso. El usuario podrá escoger entre los distintos sistemas de bloqueo de su dispositivo: pin, huella dactilar, patrón de desbloqueo, etc.

GARANTÍA PROFESIONAL

En las últimas campañas de la Renta, los abogados españoles presentaron más de 30.000 declaraciones del IRPF con firma electrónica ACA, convirtiéndose en el primer prestador de servicios de certificación privado, sólo superado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT),

El uso de la firma electrónica de abogado para la relación con la Administración Pública está cada vez más extendido, debido en parte a la publicación de la Ley de Administración Electrónica (11/2007), que entró en vigor a finales de 2009 y da derecho a los ciudadanos a la realización de trámites electrónicos con la Administración Pública.

Por otro lado, la Agencia Tributaria (AEAT) ha comenzado a imponer la tramitación telemática y desde el 01 de enero de 2014 ha impuesto que todas las autoliquidaciones y declaraciones anuales del Impuesto del Valor Añadido (IVA) se tengan que formalizar a través de Internet (Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre).

OTROS TRÁMITES CON ACA

  • Pago de impuestos como el IVA
  • Informe de la vida laboral
  • Consulta del Catastro
  • Para comunicaciones seguras: Buro SMS, correo electrónico firmado
  • Para firma de documentos.
  • Para acceder a todos los servicios de RedAbogacía

Más información sobre las Administraciones Públicas con las que se puede hacer trámites telemáticos con ACA en http://www.abogacia.es/servicios-abogacia/

PARA PRESENTAR DECLARACIONES DE CLIENTES

Los abogados también pueden utilizar el carné colegial con firma electrónica ACA para presentar las declaraciones de sus clientes. Consulte en su Colegio de Abogados si tiene firmado el Convenio de Colaboración Social con la Agencia Tributaria para realizar este trámite.

Como realizar mi declaración de la Renta con ACA:

  • Hay que tener la firma electrónica en vigor y haber instalado el software de la tarjeta ACA y del lector.
  • Introducir el carné colegial en el lector de tarjetas
  • Entrar en www.agenciatributaria.es y seguir los pasos indicados
  • Para consultas técnicas que surjan, contactar con 91 150 10 03 / 93 014 10 01 el mail de contacto: soporte.tecnico@redabogacia.org
    La atención es en horario de lunes a viernes: 10:00-14:30 y 16:30-20:00, sábados: 10:00-14:30
Los Consejos Generales de la Abogacía y de los Procuradores piden al Gobierno que apruebe con urgencia las medidas para reformar la Justicia2018-04-03
  • La Abogacía y la Procura muestran su plena disposición para que se coloque a la Justicia entre las prioridades del Estado, haya o no Pacto de Estado
  • El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que impulsaría las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados

El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España reclaman al Gobierno que apruebe con urgencia las 103 medidas acordadas por la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados para colocar de una vez a la Justicia entre las prioridades del Estado.

El pasado lunes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció a través de una nota de prensa que el “Gobierno asume las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados, las hace suyas y va a trabajar para impulsarlas con los colectivos profesionales”.

Tanto la Abogacía como la Procura -como actores imprescindibles en la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos- consideran necesario que se aborde de forma definitiva una reforma profunda y duradera como verdadera solución de los problemas de los ciudadanos y de la sociedad.

Las dos instituciones muestran su plena disposición para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia y el resto de colectivos profesionales para conseguir que el proceso de modernización de la Justicia sea una realidad en el menor plazo posible.

Al considerar que la Justicia eficiente y de calidad, con el ciudadano como centro, es una cuestión de Estado, la Abogacía recuerda que en diciembre de 2016 envió a todos los colectivos que participan en la Administración de Justicia el documento ‘Elementos para una propuesta de Pacto de Estado por el Futuro de la Justicia’, que se aprobó en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado el 24 de noviembre de 2016. También la Procura celebró el pasado día 19 de marzo, un Foro Debate Procuradores en esta misma línea. En ese sentido Abogacía y Procura reiteran la práctica unanimidad de todos los operadores jurídicos en el diagnóstico de la situación y llaman a todos los partidos a retomar el diálogo para alcanzar un Pacto de Estado y no perder otra legislatura sin alcanzarlo. Ese diálogo, no obstante, no debe frenar la aplicación o puesta en marcha de todas aquellas medidas que hayan sido consensuadas y que gocen de un acuerdo mayoritario.

Los Consejos de la Abogacía y de la Procura señalan que de acuerdo con la voluntad expresada por el ministro de Justicia de alcanzar acuerdos en materia salarial y en los ámbitos formativos y de promoción profesional de los distintos colectivos de la Justicia, el Turno de Oficio y los abogados y procuradores que lo atienden deben ser también un objetivo prioritario y urgente de mejora.

El Tribunal Superior inadmite el recurso de la Universidad de Navarra contra la convocatoria de becas del Gobierno foral para el curso 2016-172018-03-28
Los magistrados consideran que carece de legitimación para impugnar al no ser la Universidad de Navarra la beneficiaria de las ayudas, sino los alumnos

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha inadmitido el recurso interpuesto por la Universidad de Navarra contra la convocatoria de becas para el curso 2016-17 al concluir que este centro carece de legitimación para impugnar la convocatoria porque no es directamente beneficiario de las ayudas, puesto que los beneficiarios son los alumnos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN asegura que la universidad no ostenta derecho alguno para solicitar la subvención y “carece de la facultad de representación de sus alumnos”. “El derecho a la obtención de las becas convocadas es un derecho que se ostenta con carácter personal y, dependiendo del tipo de beca de que se trate, por una serie de circunstancias que deben concurrir en el solicitante y del nivel de renta de la unidad familiar del alumno, no por el mero hecho de ser alumno universitario”, remarca el Tribunal.

Según precisa la Sala, el hecho de ser expresamente mencionada en la convocatoria general de becas no le confiere la legitimación activa, puesto que si se lee con detenimiento la convocatoria toda ella viene referida a los alumnos, y con mención expresa a los alumnos de la Universidad de Navarra, no a la propia Universidad de Navarra como destinataria de algún modo de la convocatoria.

Respecto a la repercusión negativa derivada del recorte en la cuantía de las becas a los alumnos de la Universidad de Navarra que puede ocasionar la pérdida de alumnos, los magistrados resaltan que la demandante no acredita este extremo, sino que lo deduce como una consecuencia evidente de la convocatoria de becas impugnada, por lo que tampoco cabe reconocerle legitimación activa basada en este perjuicio. En este punto, recuerda la Sala que la jurisprudencia exige que la parte demandante que sostiene su legitimación activa demuestre que el acto que se impugna le afecta a su esfera jurídica de intereses de un modo efectivo y acreditado, y no meramente hipotético, potencial y futuro.

Asimismo, la universidad alegaba en su recurso que el recorte afectaba directamente a la Universidad de Navarra por el hecho de que las cantidades entregadas a los alumnos en concepto de beca solo pudieran ser destinadas a la finalidad para la que se concedieron, esto es, para que los beneficiarios pagaran los derechos de matrícula.

Además, añadía la entidad recurrente, si se recortan las becas a alumnos que no tienen recursos para afrontar los gastos a los que ya se han comprometido, se les hace incurrir en un riesgo de impago de las matrículas, por lo que también esta resolución afecta directamente a los intereses patrimoniales de la Universidad de Navarra en cuanto a que un problema de pagos de un alumno es un problema también para la Universidad.

El Tribunal Superior, sin embargo, estima que “nuevamente se trata de daños temidos, potenciales, en absoluto acreditados y que no tienen por qué ocurrir, de hecho la propia Universidad habla de riesgo de impago de matrículas; riesgo que no tiene por qué materializarse, puesto que las becas son una ayuda a los estudios, no están destinadas a sufragar íntegramente los mismos”.

Condenan a una empresa a indemnizar a una trabajadora que cobró menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo2018-03-27
La Sala de lo Social del TSJA confirma la sentencia de un Juzgado de lo Social que había condenado a la empresa por discriminación salarial por razón de sexo

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Málaga ha confirmado íntegramente la sentencia de un Juzgado de lo Social que condenó a una empresa a indemnizar con 35.000 euros a una trabajadora que los demandó por cobrar menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo. La trabajadora alegó una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación al percibir una retribuciones inferiores a las que se le abonan a los otros responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones.

El Juzgado de lo Social número 2 de Málaga condenó a la empresa demandada a restituir el derecho de la trabajadora a percibir el salario del resto de responsables de departamento y condenó a la empresa a abonar la indemnización de 35.000 euros por el concepto de los daños y perjuicios sufridos por tal improcedente comportamiento empresarial.

La sentencia del TSJA recoge que la trabajadora, durante los años 2010 a 2017 “ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros responsables de departamento, habiendo llegado a dicha conclusión el Magistrado de instancia tras analizar los diferentes recibos de salarios y justificantes de retribuciones”.

La trabajadora demandó a la empresa al sentirse discriminada salarialmente respecto de sus compañeros de trabajo varones que ostentaban el mismo puesto de trabajo de responsable de departamento.

La sentencia señala que “no toda desigualdad de trato supone una infracción del contenido del artículo 14 de la Constitución Española, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas”.

Así, se recoge que la trabajadora durante los años 2014, 2015 y 2016 ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros cuatro responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones, pues en el año 2014 la demandante percibió un total de 37.897, 60 euros, mientras que el resto de sus compañeros de idéntica categoría percibieron una retribuciones comprendidas entre los 39.622,56 euros y los 41.122,64 euros, incrementándose dichas diferencias en el año 2015 (la actora percibió 37.897, 60 euros frente a los 42.022 € de sus compañeros) y en el año 2016 (38.047 euros de la actora frente a 43.650,04 euros de uno de sus compañeros y 48.950,12 euros de los tres restantes).

Asimismo, prosigue la sentencia, “consta probado que la cantidad abonada a la actora en concepto de incentivo era inferior a la satisfecha al resto de los responsables de departamento, existiendo unas diferencias que en los dos últimos años ha llegado a superar los 2000 euros".

Primera condena en Canarias a pena de prisión permanente revisable2018-03-26
El tinerfeño S.D. de 24 años, fue declarado culpable por un jurado de asesinato con alevosía y ensañamiento sobre víctima especialmente vulnerable

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado la primera sentencia emitida en Canarias en la que se condena a un justiciable a prisión permanente revisable: se trata del caso de S.D.G., el joven de 24 años que el 14 de enero de 2016 mató a un hombre de 66 años en Icod de los Vinos.

La resolución, dictada por la magistrada de la Sección Quinta de la Audiencia tinerfeña Lucía Machado, da forma jurídica al veredicto emitido por el jurado encargado del caso la semana pasada, y en consecuencia declara probado que sobre las 12.30 horas del día 14 de enero de 2016, S.D.G. fue al domicilio de S.V.L.G. situado en la calle Adelfas nº 4 del barrio de El Mayorazgo (Icod de los Vinos) y una vez dentro de la casa, con la intención de acabar con su vida, “le asestó puñaladas y golpes con diversos objetos hasta causarle la muerte por la grave pérdida de sangre”.

La sentencia detalla: S.D.G “se presentó en casa de S.V.L.G. y, de forma sorpresiva e inesperada, se abalanzó sobre él portando un cuchillo y empujándolo hasta el final del pasillo, lo que provocó que cayera al suelo y quedara tumbado boca arriba, consciente de que con todo ello se aseguraba deliberadamente de causarle la muerte sin el peligro que para su integridad física pudiera provenir de una defensa por parte de S.V.L.G.”.

El acusado, sigue la resolución, propinó a su víctima “más de 30 puñaladas con el cuchillo que llevaba y otros que cogió de le vivienda, clavándoselos en el abdomen, el tórax y el cuello y provocándole heridas cortantes y también heridas penetrantes que alcanzaron el paquete vascular del cuello, el corazón, los pulmones, meso y asa intestinal y le propinó numeroso golpes en la cara con objetos contundentes que encontró en la casa (un palo, una figura de perro, otro de cerámica y una piedra) causándole heridas inciso contusas en la cara, fractura-hundimiento nasal y maxilar y rotura de piezas dentarias, sabiendo que con ello le sometía a padecimientos innecesarios o sufrimientos más intensos que los precisos para causarle la muerte con el único propósito de aumentar de manera deliberada e inhumanamente su sufrimiento antes de que muriese”.

El TSJ de Madrid recuerda a los jueces que deben evitar en los desahucios que los menores de edad queden desprotegidos2018-03-23
Estima parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Octava de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA y ha ordenado al juez que autorizó la entrada en el domicilio para llevar a cabo el desalojo que rectifique la parte dispositiva del auto e incluya en éste cautelas encaminadas a evitar situaciones de desprotección ante la eventual presencia de menores en la familia, con la advertencia de que se informe a los servicios sociales correspondientes para recabar su necesaria colaboración.

Con su decisión, los jueces, según se refleja en la sentencia, se apartan “respetuosamente” de la doctrina del Tribunal Supremo y señalan que el juicio de ponderación que se ha de adoptar en los supuestos de presencia de menores en los desalojos no afecta a la decisión de entrada, sino a la manera en que la administración debe ejecutar la misma.

El Tribunal Supremo, en un caso similar, ordenó al juzgado retrotraer las actuaciones al momento anterior a la solicitud de desalojo por parte del IVIMA para no lesionar la debida protección jurídica de los derechos e intereses de los menores de edad en el proceso de desahucio, y ordenó también que se dictase una resolución suficientemente motivada que ponderase su situación personal, social y familiar, en la que, sin entrar en juicio acerca de la aplicación del principio de proporcionalidad, se respondiera, teniendo en cuenta los datos y elementos disponibles, sobre la afectación de los derechos e intereses de los menores afectados por la decisión judicial.

La Sala del TSJ de Madrid entiende, sin embargo, que las circunstancias personales de precariedad y necesidad, por “muy atendibles que puedan ser en los ámbitos propios de los servicios sociales asistenciales de la administración”, no pueden servir para paralizar la concesión de entrada solicitada, ya que esta circunstancia convertiría al juez que tramita el asunto “no en un juez garante de la inviolabilidad del domicilio y de la ejecutividad del acto, sino en un juez revisor del acto mismo, alterando el sistema de ejecutividad de los actos administrativos”, al que sólo se le permitiría adoptar medidas en orden a la ejecución de entrada tendentes a la protección efectiva del menor.

En el asunto presente, se trata de una mujer que reside en una vivienda propiedad del IVIMA con una hija menor de edad, nacida en el año 2002, sobre la que perdió el derecho de uso tras el fallecimiento de su marido en 2004 al extinguirse la relación contractual.

Límites al poder disciplinario del empresario: ejercicio exclusivo frente a conductas tipificadas en convenio colectivo2018-03-22

La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León de fecha 23 de junio de 2017, revocó la Sentencia del juzgador de instancia que vino a estimar la sanción impuesta por la Empresa a su empleado –oficial de tercera-. Dicha medida se articuló sobre la base de que el trabajador se desplazase al centro de trabajo donde habitualmente prestaba sus servicios conduciendo un automóvil, todo ello a pesar de la existencia de un informe emitido por la mutua que alertó específicamente de las limitaciones que presentaba el mismo en cuanto al manejo de vehículos a motor.

En este contexto, la Sentencia que nos ocupa analiza la idoneidad de la sanción impuesta por la Entidad demandada a uno de sus trabajadores -demandante- y que concluyó con la suspensión de empleo y sueldo de hasta 50 días frente mismo, todo ello por la comisión de una falta tipificada como muy grave. Concretamente, de la propia carta de sanción notificada al demandante se extrae que el incumplimiento que se le imputa radicó en el hecho de que este se desplazase a su centro de trabajo conduciendo un vehículo, a pesar de ser conocedor de sus limitaciones al respecto y en contra de las advertencias efectuadas reiteradamente por sus responsables.

Efectivamente, en la propia resolución invocada, consta acreditado que el trabajador tendría conocimiento, desde el pasado mes de marzo de 2016, del contenido de un informe emitido por la mutua el día 10 de marzo de 2016, por el que habría sido considerado -entre otras limitaciones- incapacitado para conducir vehículos a motor. Pues bien, a pesar del diagnóstico médico anteriormente descrito, lo cierto es que el trabajador acudió en varias ocasiones a trabajar manejando su propio vehículo.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la empresa optó por notificar al trabajador un requerimiento en el mes de abril de ese mismo año, con el objeto de disuadirle de continuar incurriendo en dicha conducta contraria a lo estipulado médicamente y que, por otro, lado implicaba en última instancia, el riesgo de que la mercantil demandada pudiera resultar responsable de cualquier accidente "in itinere" protagonizado por el mismo en el futuro. No obstante lo anterior, el comportamiento del actor persistió en los meses de junio y julio hasta en 3 ocasiones. Dicha circunstancia, sumada a un eventual rendimiento inferior al resto de trabajadores, precipitó que la empresa sancionase al trabajador imponiéndole la referida sanción de 50 días de suspensión de empleo y sueldo, notificada el pasado día 15 de julio de 2016, todo ello por incurrir en "una manifiesta transgresión de la buena fe contractual, un engaño manifiesto y una desobediencia a una orden dada por su superior".

Pues bien, al margen de otras cuestiones planteadas por la parte recurrente -trabajador- y que no gozaron del recorrido esperado por el mismo, la cuestión objeto de debate de la Sentencia del TSJ de Castilla y León se centró en determinar si la sanción debiera ser declarada nula o, subsidiariamente improcedente.

A este respecto, el fundamento de la nulidad se articuló sobre la base de la existencia de una eventual vulneración de su garantía de indemnidad. El trabajador, en este punto, argumentó la existencia de un nexo causal que conectaba la reclamación de cantidad por la que solicitaba el abono de pagas extraordinarias supuestamente adeudadas por la empresa y que interpuesto en julio de 2016 y la represalia adoptada por la Empresa, materializada en la sanción notificada en ese mismo mes de julio de 2016 -y que trae causa en el recurso analizado-. Pues bien, al hilo de lo anterior, la Sentencia razonó la inexistencia de una vulneración del principio de la garantía de indemnidad en los términos expuestos por la defensa del empleado, al concurrir -según lo invocado en los Hechos Probados- una sanción grave previa a la reclamación de las pagas extraordinarias, en el mes de abril. Dicha circunstancia, se traduciría en que la empresa habría recurrido a la medida, no con ánimo punitivo, si no para denunciar determinadas conductas intolerables desde el punto de vista disciplinario de la misma tal y como hizo en aquella otra ocasión -abril 2016-. Por tanto, la pretensión del recurrente quedaría desvirtuada, precisamente, por la existencia previa a la reclamación de cantidad de otra sanción por la comisión de una falta grave.

Por último -y quizá el análisis más llamativo de la resolución que nos ocupa- se vino a valorar en el Fundamento Jurídico Sexto la procedencia o no de la sanción muy grave objeto de impugnación, teniendo en cuenta que el Magistrado no cuestionó los hechos aparentemente constitutivos de la conducta censurada por la empresa -traslado del trabajador a su puesto de trabajo en vehículo a motor propio, a pesar del informe médico y las constantes advertencias de sus responsables-. En este sentido y dejando al margen la imputación de la eventual disminución del rendimiento de trabajo alegado en la carta de despido por falta de prueba, razona el Juzgador que procede estimar el recurso y revocar la sanción. En efecto, al margen de la certeza de la conducta del recurrente contraria a las órdenes de la mercantil demandada, concluyó el TSJ de Castilla la Mancha que, dicho comportamiento, no tenía cabida en el marco del contrato de trabajo al constituir los desplazamientos y el medio para efectuarlos decisiones y cuestiones ajenas al ámbito laboral y propias de la vida personal del trabajador.

Por tanto, la cuestión verdaderamente trascendental y que vino a determinar la viabilidad o no de la sanción, radicó en que la conducta tipificada por la empresa como desobediencia y engaño manifiesto a los superiores no tendría consideración de falta, precisamente por tratarse de conductas ajenas al ámbito de organización y dirección del empresario y que, por consiguiente, no serían objeto de sanción en virtud del Convenio Colectivo aplicable. A mayor abundamiento, expone el juzgador que si lo verdaderamente preocupante para el empleador -según lo consignado en el propio escrito de sanción- radicaba en el riesgo que este asumía ante un eventual accidente "in itinere" de su trabajador, precisamente por conducir con las limitaciones detectadas por la mutua, en tal caso, de acontecer el siniestro, la responsabilidad de la empresa derivado del mismo debiera sustanciarse conforme a lo previsto en la Ley General de la Seguridad Social. Precisamente, para entrar a valorar la eventual exclusión de la consideración de accidente de trabajo debido a la existencia de dolo o imprudencia temeraria de quien lo padece en el contexto laboral -art. 156,4 b) de la LGSS, debiera sustanciarse el correspondiente procedimiento en materia de Seguridad Social, vía esta la adecuada para abordar tal cuesitón.

Un 47% de empresas ya se decanta por el arbitraje como método alternativo idóneo para la resolución de disputas2018-03-21
  • Roca Junyent, Comillas ICADE y la ACC presentan el primer Estudio sobre Arbitraje en España con el objetivo de ayudar a conocer y mejorar esta práctica en España
  • De las empresas encuestadas, un 89% considera el arbitraje como el método idóneo para disputas internacionales, y un 78% ven de forma positiva el futuro del arbitraje en España
  • Las principales usuarias del arbitraje son grandes empresas, predominantemente del sector energético

Roca Junyent, Comillas ICADE y la Association Corporate Counsel Europe (ACC) presentaron recientemente el Primer Estudio de Arbitraje en España, en el que se analiza este procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos jurídicos como alternativa en la determinación de disputas entre compañías.

Del estudio se desprende que el arbitraje comienza a ser un método asentado de resolución de disputas en España, aunque todavía tiene un largo recorrido si tenemos en cuenta su utilización en otras jurisdicciones. En todo caso, y pese a que el 53% de las empresas encuestadas sigue prefiriendo acudir a la jurisdicción ordinaria, el arbitraje es ya una práctica extendida en el 47% restante de compañías, bien como instrumento único o junto con otros métodos de resolución alternativa. Las principales usuarias del arbitraje son grandes empresas, es decir, aquellas con una facturación superior a los 5.000 millones de euros. Predominantemente, estas compañías pertenecen al sector energético y hacen uso de esta práctica de forma mayoritaria en disputas internacionales.

La principal impulsora del informe, Marlen Estévez, Socia de Litigación & Arbitraje de Roca Junyent,  señala sobre la naturaleza del estudio que “resulta esencial identificar los principales beneficios y ventajas del arbitraje, así como reconocer campos de mejora de esta práctica con el fin de poder adaptarla a las necesidades reales de sus destinatarias, las empresas”. Por su parte, Javier Ramírez, miembro del Consejo de Dirección y chair of advocacy de ACC Europe, añade que “este primer estudio sobre Arbitraje en España es muy importante porque identifica los puntos fuertes y las áreas de mejora no desde el punto de vista de los árbitros, los abogados de despacho o las instituciones arbitrales, sino desde la perspectiva de los usuarios principales del arbitraje, las empresas, de quienes depende la decisión sobre la utilización o no de este método de resolución alternativa de disputas”.

En este sentido, los resultados de la encuesta indican que las empresas perciben como principales ventajas de esta práctica la especialización y conocimiento técnico sobre la materia objeto de arbitraje, la cualificación exigida al árbitro, así como en la rapidez del procedimiento. No obstante, las compañías también identifican desventajas, entre las que destacan la carestía del procedimiento, la tendencia habitual de los árbitros a tomar decisiones salomónicas y la ausencia de jurisprudencia que pueda utilizarse en otras disputas.

Las instituciones arbitrales son el órgano principal en la ejecución de esta práctica y en relación con esto, la elección de una u otra institución depende en gran medida, según los datos arrojados por el estudio, de la experiencia de la institución en la administración de arbitrajes, de la garantía de imparcialidad e independencia en el nombramiento de árbitros y de la especialización de la institución arbitral en el tipo de conflicto en particular.

La mayoría de las empresas tienden a elegir un tribunal arbitral en lugar de decantarse por la elección de un Árbitro Único, siendo las principales característica que en su opinión tiene que reunir un árbitro el conocimiento del derecho aplicable, el conocimiento de las cuestiones técnicas y el prestigio. Lo que pone en evidencia que lo que más valoran las empresas a la hora de decantarse por el arbitraje es la posibilidad de escoger árbitros especialistas en la materia objeto de controversia.

La efectividad de la que goza el arbitraje en España queda confirmada con los datos que arroja el estudio. En este sentido, la mayoría de empresas indica que el porcentaje de éxito de los procedimientos de oposición a la ejecución de un laudo y de anulación de un laudo es menor al 10%. El motivo más frecuente para solicitar la anulación de un laudo es la vulneración del orden público.

Iñigo Navarro, Decano de Comillas ICADE ha resaltado que “el arbitraje tiene un tremendo atractivo, sobre todo para la resolución de conflictos internacionales, ya que aporta a las partes una mayor confianza sobre el proceso, sobre las reglas que se aplicaran y dan seguridad sobre el resultado final, además de economizar tiempo”.

En cuanto a las cortes arbitrales cabe señalar que las más utilizadas en España son la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y la Corte Española de Arbitraje, si bien a nivel internacional la más utilizada es la CCI. Ahora bien, cabe destacar que con carácter general las cortes internacionales han resultado mejor valoradas que las nacionales por sus usuarias, quizás porque para las empresas los elementos más importantes a la hora de inclinarse por la elección de una determinada corte arbitral son la experiencia de la institución en la administración de arbitrajes, la garantía de imparcialidad e independencia en el nombramiento de los árbitros y la especialización de la institución arbitral en el tipo de disputa en particular.

Un 89% de las compañías considera que el arbitraje es el método idóneo para la resolución de disputas internacionales. Asimismo, una amplia mayoría de participantes (78%) ven positivamente el futuro del arbitraje en España, un porcentaje que se eleva al 81% entre las empresas que han intervenido en algún procedimiento arbitral en los últimos cinco años. De ahí, que los autores de este estudio entiendan que es el momento adecuado para potenciar iniciativas como la consistente en la creación de una corte arbitral internacional española de referencia.

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 411 personas en 20172018-03-20
En los 97 procedimientos concluidos por este tipo de delitos el año pasado. El 73,8 de las 126 sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción fueron condenatorias. En el último trimestre de 2017, se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 97 personas en 20 procedimientos y se notificaron 26 sentencias, de las que 18 fueron condenatorias

Autor Comunicación Poder Judicial

Los jueces y juezas españoles concluyeron en 2017 un total de 97 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 411 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo. 

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, al que se han incorporado los correspondientes al último trimestre de 2017. 

El repositorio, que permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción mediante la actualización trimestral de la información sobre sus principales indicadores (personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.), es de acceso público en la web www.poderjudicial.es en el siguiente enlace: 

www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/ 

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.  

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º). 

De los 97 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 20 corresponden al último trimestre de 2017. 

Procedimientos por delitos de corrupción 

 

1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

2

2

0

0

4

          Total órganos centrales

2

2

0

0

4

Andalucía

5

11

1

5

22

Aragón

0

1

0

0

1

Asturias

0

3

1

0

4

Baleares

2

5

1

0

8

Canarias

2

1

5

3

11

Cantabria

1

1

0

2

4

Castilla-La Mancha

0

0

1

0

1

Castilla y León

3

0

2

5

10

Cataluña

5

3

3

0

11

Comunidad Valenciana

1

0

4

5

10

Extremadura

1

1

1

0

3

Galicia

0

1

1

0

2

Madrid

3

1

0

0

4

Murcia

1

0

0

0

1

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

1

0

0

0

1

La Rioja

0

0

0

0

0

                         Total CC.AA.

25

28

20

20

93

TOTAL

27

30

20

20

97

*Procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo en los que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o procesamiento 

 

En cuanto a las personas acusadas en esos procedimientos -un total de 411-, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 97 de ellas en el último trimestre del año pasado. 

Personas acusadas en procedimientos por delitos de corrupción 

 

1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

6

5

0

0

11

          Total órganos centrales

6

5

0

0

11

Andalucía

18

60

1

65

144

Aragón

0

2

0

0

2

Asturias

0

7

4

0

11

Baleares

8

27

5

0

40

Canarias

20

1

24

3

48

Cantabria

2

1

0

3

6

Castilla-La Mancha

0

0

3

0

3

Castilla y León

9

0

8

16

33

Cataluña

12

6

23

0

41

Comunidad Valenciana

3

0

16

10

29

Extremadura

9

2

1

0

12

Galicia

0

5

14

0

19

Madrid

5

2

0

0

7

Murcia

2

0

0

0

2

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

3

0

0

0

3

La Rioja

0

0

0

0

0

                         Total CC.AA.

91

113

99

97

400

TOTAL

97

118

99

97

411

*Acusados y/o procesados en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo 

 

Un 73,8 por ciento de sentencias condenatorias 

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 93 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento del total. 

Sentencias en procedimientos por corrupción dictadas en 2017 

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

1T 2017

8

11

9

8

36

2T 2017

13

12

5

13

43

3T 2017

9

6

2

4

21

4T 2017

8

6

4

8

26

TOTAL

38

35

20

33

126

 

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados). 

El repositorio permite consultar también los datos de las 26 sentencias notificadas en el cuarto trimestre de 2017 –de las que 18 fueron condenatorias- desglosados por Comunidades Autónomas. 

Sentencias por corrupción por CC.AA. (cuarto trimestre de 2016) 

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

0

1

0

0

1

Total órganos centrales

0

1

0

0

1

Andalucía

0

1

2

2

5

Aragón

0

0

0

1

1

Asturias

0

0

0

0

0

Baleares

6

0

1

0

7

Canarias

0

0

1

1

2

Cantabria

0

0

0

0

0

Castilla-La Mancha

0

0

0

0

0

Castilla y León

1

0

0

0

1

Cataluña

1

0

0

1

2

Comunidad Valenciana

0

2

0

1

3

Extremadura

0

0

0

1

1

Galicia

0

0

0

0

0

Madrid

0

1

0

0

1

Murcia

0

1

0

1

2

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

0

0

0

0

0

La Rioja

0

0

0

0

0

Total CC.AA.

8

5

4

8

25

TOTAL

8

6

4

8

26

El juez acuerda en un auto que continúe el proceso de contratación de la Plaza de Toros de Zaragoza2018-03-19
El magistrado considera que es improcedente que se paralice el expediente de licitación y aclara que el auto dictado no trata de dilucidar, en este momento, el fondo del asunto si no que analiza la procedencia o no de adoptar la medida cautelar

Autor Comunicación Poder Judicial

En un auto dictado esta mañana el magistrado del juzgado de lo Contencioso nº 3 de Zaragoza ha levantado la medida cautelarísima dictada el pasado día 6 de marzo que paralizaba el proceso de contratación del Coso de la Misericordia y deniega la adopción de una medida cautelar. Por tanto, en su resolución el juez deja sin efecto la suspensión y acuerda que el proceso de contratación de la Plaza de Toros por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza siga adelante.

En concreto, el acto administrativo que se impugnó fue el referido a los pliegos del expediente de contratación y no los actos administrativos que se puedan adoptar a lo largo del mismo, pliegos referidos al contrato de servicios de organización, programación y gestión de los espectáculos taurinos junto con los servicios complementarios de explotación del bar y alquiler de almohadillas del Coso de La Misericordia durante las temporadas taurinas 2018, 2019, 2020 y 2021.

El magistrado considera inviable que se paralice el procedimiento y expresa en su resolución que el recurrente ha solicitado la suspensión del procedimiento a finales de febrero, una vez que los interesados ya han formulado sus proposiciones, cuando la convocatoria se hizo pública a primeros de enero.

Ante la argumentación de la parte recurrente de que existen actuaciones fraudulentas, tiene en cuenta el juzgador que “sin tramitación del procedimiento de contratación y selección del adjudicatario, no es posible la ejecución del contrato, que la parte recurrente considera un perjuicio. Como he indicado, el daño se deriva de la paralización, no de la continuación del procedimiento” (Fundamento Derecho V).

Hacer notar también que “si bien consta en este momento procesal que se impugnan los pliegos, no es menos cierto que aún no se conoce los concretos motivos de impugnación de los mismos, ya que no se ha formulado la demanda” y matiza que “en este auto no se analiza el fondo del asunto, es decir, no se trata de dilucidar si el acto administrativo impugnado es o no ajustado a Derecho. Se trata de analizar la procedencia o no de adoptar la medida cautelar”.

En este sentido y valorando los intereses en juego considera el magistrado que “es oportuno que se celebren los festejos taurinos de todo tipo, desde las corridas de toros, como símbolo más patente y afamado de la misma, hasta las propias vaquillas matutinas, en las que multitud de jóvenes disfrutan del riesgo y la emoción de estos festejos”.
Frente este auto que deniega la medida cautelar cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-administrativo) en el plazo de 15 días.