El CGPJ insta a Justicia a poner en funcionamiento en 2018 los 87 juzgados creados y constituidos este año2017-12-21
El pleno del órgano de gobierno de los jueces aprueba el informe al proyecto de orden ministerial que dispone la fecha de entrada en funcionamiento de esos órganos judiciales

Autor Comunicación Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial considera “razonable, deseable y adecuado” que la puesta en funcionamiento de los 87 juzgados creados y constituidos por el Real Decreto 902/2017 se produzca en 2018, incluyendo la de los once que han quedado fuera del proyecto de orden ministerial por la que se dispone la fecha de entrada en funcionamiento de 76 juzgados correspondientes a la programación del año 2017.

El pleno del órgano de gobierno de los jueces ha aprobado hoy por unanimidad el informe a ese proyecto de orden ministerial, en el que se determina la entrada en funcionamiento de esos 76 juzgados en cinco fases: 17 lo harán el 31 de enero de 2018, 16 el 31 de marzo, 22 el 30 de junio, 13 el 30 de septiembre y otros 8 el 31 de diciembre del año que viene.

El informe del CGPJ, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, señala que “sería deseable que la puesta en funcionamiento de los juzgados comprendiera la totalidad de los creados y constituidos mediante el Real Decreto 902/2017. Esto es, los 76 a los que se refiere el proyecto de orden, pero también los restantes once cuya entrada en funcionamiento se encomienda a otra orden posterior, posiblemente ya en el año 2019, a pesar de referirse a juzgados en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de Cataluña, en los que urge especialmente la adecuación de su planta a las necesidades que acreditan, para la eficaz prestación del servicio de la Administración de Justicia”.

El texto dice también que “diferir la puesta en funcionamiento de una gran parte de las unidades correspondientes a la programación de 2017 a la segunda mitad del año 2018 y no ofrecer fecha de constitución para una parte de las creadas puede conducir a que aquellas unidades ya informadas como necesarias de presente para la correcta prestación del servicio de la Administración de Justicia, y que se ponían de manifiesto al Ministerio para su posible consideración en las programaciones ulteriores, vean dilatada su creación y por supuesto su entrada en funcionamiento más allá de lo razonable”.

El Consejo valora, en cualquier caso, la entrada en funcionamiento de las nuevas unidades judiciales en cuanto que “contribuirá a paliar la situación de desequilibrio existente en la planta judicial y parte de las deficiencias estructurales existente en la distribución de cargas de trabajo” y cree positivo que el cronograma de entrada en funcionamiento se establezca en una sola orden, ya que eso “va a permitir la gestión más transparente y eficaz de la cobertura de sus medios personales mediante la oportuna programación de los concursos ordinarios de provisión” y posibilitará aprobar con la suficiente previsión la especialización de alguno de los juzgados en determinadas materias (familia, capacidad de las personas, etcétera).

No obstante, el informe estima que sería conveniente que el cronograma “limitara a lo sumo a cuatro las fases de puesta en funcionamiento de los juzgados, suprimiendo la correspondiente al 31 de diciembre de 2018”, argumentando que “no deja de ser paradójico que unidades creadas y constituidas en la programación de 2017 vayan a entrar en funcionamiento real en el año 2019, al recaer su entrada en funcionamiento nominal en el último día de 2018, inhábil a efectos procesales”.

También cree conveniente el Consejo que la puesta en funcionamiento fijada para el 31 de enero de 2018 comprendiera, además de las ya previstas en esa fecha, “los juzgados creados y constituidos en el ámbito del Ministerio de Justicia que, sin embargo, se difieren para otras fases posteriores”. Se trata de unidades creadas o constituidas en las localidades de Albacete, Murcia, Guadalajara, Eivissa, León, Medina del Campo, Illescas, Navalmoral de la Mata, Cartagena, Talavera de la Reina y Toledo.

El informe del CGPJ concluye señalando que “la efectividad de los juzgados creados y constituidos determina la necesidad de asegurar que en la fecha de su puesta en funcionamiento estén dotados de los medios personales y materiales adecuados, para lo cual las Administraciones competentes en esta materia habrán de adoptar las decisiones oportunas”.

Los Juzgados especializados en cláusulas suelo celebrarán más de 6.000 vistas hasta finales de año2017-11-14
  • Desde su entrada en funcionamiento el pasado 1 de junio, estos órganos judiciales ya han celebrado casi 5.000 vistas o audiencias previas y dictado cerca de 3.500 sentencias
  • El número de demandas ingresadas hasta el pasado día 5 era de 118.419
  • El CGPJ evalúa hoy con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia las necesidades del plan de urgencia

Los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física tienen señaladas más de 6.000 vistas o audiencias previas para los meses de noviembre y diciembre.

Según los datos recabados por el CGPJ de los Tribunales Superiores de Justicia, estos órganos judiciales ya han celebrado desde su puesta en marcha, que tuvo lugar el pasado 1 de junio, casi 5.000 vistas. En las audiencias previas se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que estima procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen solo prueba documental, el asunto queda visto para sentencia. En caso contrario, es necesaria la celebración del juicio.

Además, los Juzgados especializados han dictado cerca de 3.500 sentencias en los cuatro meses que llevan en funcionamiento –el de agosto es inhábil-, cuando el tiempo medio de respuesta en la jurisdicción civil es de seis meses.

El número de demandas ingresadas hasta el pasado día 5 era de 118.419. La cifra incluye las demandas presentadas en los órganos judiciales de forma electrónica a través de LexNET en doce de las trece Comunidades Autónomas que tienen implantado este sistema -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja- y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esa información ha sido facilitada al Consejo General del Poder Judicial por el Ministerio de Justicia. En la Comunidad Valenciana se ha optado por ofrecer las cifras facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia, ya que un elevado número de demandas se presenta por otras vías.

Finalmente, la información correspondiente a las cuatro Comunidades Autónomas que no tienen LexNET –Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco- ha sido también proporcionada por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- que conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

De los Juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado desde su entrada en funcionamiento es el de Madrid, con 25.464. Le siguen el de Barcelona, con 10.362; y el de Valencia, con 5.745.

Datos sobre demandas registradas, vistas celebradas y señaladas y sentencias dictadas en los Juzgados especializados 

ANDALUCÍA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ALMERÍA

1.718

119

317

42

CÁDIZ

2.983

90

154

48

CÓRDOBA

1.897

48

72

-

GRANADA

3.073

114

102

21

HUELVA

2.387

0

48

4

JAÉN

2.283

84

135

59

MÁLAGA

4.098

27

172

13

SEVILLA

5.745

92

168

41

ANDALUCÍA

24.184

574

1.168

228

ARAGÓN

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

HUESCA

346

13

35

12

TERUEL

147

18

16

9

ZARAGOZA

3.229

231

125

180

ARAGÓN

3.722

262

176

201

ASTURIAS

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ASTURIAS

2.151

500

650

556

ASTURIAS

2.151

500

650

556

BALEARES

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

BALEARES

2.084

112

-

76

BALEARES

2.084

112

-

76

CANARIAS

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

LAS PALMAS

3.099

155

137

149

TENERIFE

3.538

50

87

35

CANARIAS

6.637

205

224

184

CANTABRIA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

CANTABRIA

1.277

118

91

75

CANTABRIA

1.277

118

91

75

CASTILLA Y LEÓN

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ÁVILA

345

108

-

-

BURGOS

753

67

97

61

LEÓN

2.135

186

140

140

PALENCIA

1.090

53

51

89

SALAMANCA

802

73

78

29

SEGOVIA

332

20

75

8

SORIA

173

25

50

12

VALLADOLID

2.151

64

104

92

ZAMORA

615

39

52

53

CASTILLA Y LEÓN

8.396

635

647

484

CASTILLA-LA MANCHA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ALBACETE

628

58

85

28

CIUDAD REAL

1.039

121

78

65

CUENCA

434

2

95

2

GUADALAJARA

867

28

44

19

TOLEDO

2.288

159

308

63

CASTILLA-LA MANCHA

5.256

368

610

177

CATALUÑA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

BARCELONA

10.362

102

168

75

GIRONA

953

-

150

27

LLEIDA

361

8

31

17

TARRAGONA

1.320

8

33

5

CATALUÑA

12.996

118

382

124

COMUNIDAD VALENCIANA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ALICANTE

3.307

120

110

117

CASTELLÓN

805

54

122

12

VALENCIA

4.719

346

-

162

C.VALENCIANA

8.831

520

232

291

EXTREMADURA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

BADAJOZ

1.764

132

176

98

CÁCERES

1.761

79

88

90

EXTREMADURA

3.525

211

264

188

GALICIA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

A CORUÑA

1.850

88

141

70

LUGO

194

52

56

23

OURENSE

419

28

61

19

PONTEVEDRA

2.198

124

121

87

GALICIA

4.661

292

379

199

MADRID

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

MADRID

25.464

301

1.136

245

MADRID

25.464

301

1.136

245

MURCIA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

MURCIA

2.309

4

62

8

MURCIA

2.309

4

62

8

NAVARRA (Territorio no LexNET)

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

NAVARRA

1.099

105

118

43

NAVARRA

1.099

105

118

43

PAÍS VASCO (Territorio no LexNET)

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ARABA-ÁLAVA

677

155

-

96

BIZKAIA

3.237

326

-

228

GIPUZKOA

1.135

103

-

45

PAÍS VASCO

5.049

584

-

369

LA RIOJA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

LA RIOJA

778

-

2

37

LA RIOJA

778

-

2

37

TOTAL ESPAÑA

País

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ESPAÑA

118.419

4.909

6.141

3.485

Nueva reunión de evaluación del plan de urgencia

Con objeto de evaluar la marcha del plan de urgencia hasta la fecha y de determinar las posibles necesidades del mismo, el Consejo General del Poder Judicial mantendrá a mediodía de hoy una reunión con representantes del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia.

El encuentro se produce después de que, el pasado lunes 6, el órgano de gobierno de los jueces estudiara con una representación de los jueces decanos el funcionamiento de los órganos judiciales especializados y las necesidades de medios personales y materiales.

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El Tribunal Supremo condena al Estado por incumplir su obligación de tramitar las solicitudes de asilo de 19.449 refugiados2018-07-13

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Estado español por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia y de Italia, establecidas en las Decisiones 2015/1523 y 2015/1601 del Consejo Europeo, por las que se le asignó un cupo de 19.449 personas durante dos años, desde el 25 de septiembre de 2015 hasta el 26 de septiembre de 2017, de las que solo ofertó un 12,85%.

El tribunal considera que las decisiones comunitarias incumplidas, que establecían medidas provisionales para acoger a los solicitantes de asilo procedentes de Italia y de Grecia, eran de carácter vinculante y obligatorio, por lo que el incumplimiento de las mismas implica “la condena al Estado español a continuar la tramitación en los términos previstos en las Decisiones y de conformidad con los acuerdos que en lo sucesivo adopten las instituciones comunitarias”.

La Sala estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo planteado por la Associació de Suport a Stop Mare Mortum contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada el 21 de abril de 2017 ante el Gobierno de España. Los recurrentes solicitaban en su demanda que se declarase que España había incumplido las obligaciones periódicas (ofertar plazas de reubicados, aprobar las listas enviadas y acoger a los reubicados), así como las obligaciones finales establecidas en las referidas Decisiones, y que se ordenase al Gobierno que cumpliese inmediatamente y con carácter urgente las citadas obligaciones.

Por su parte, el abogado del Estado se opuso a esta pretensión que consideraba carente de fundamento y puso de manifiesto que España estaba realizando las gestiones necesarias para reclamar y reubicar a los asilados que le habían sido asignados, pero que el procedimiento era laborioso porque había que verificar si todas las personas del cupo asignado reunían las condiciones precisas para su consideración como asiladas. Subsidiarimente, el abogado del Estado solicitaba que se planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar si corresponde en exclusiva a la Comisión Europea realizar el control del cumplimiento de las decisiones de emergencia o si también pueden hacerlo los tribunales nacionales.

El control del cumplimiento de las Decisiones no es exclusivo de la Comisión Europea

La Sala rechaza plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE y entiende que tiene competencia para ejercitar el control de la actividad de la Administración nacional en el cumplimiento y ejecución de las obligaciones derivadas de la normativa de la Unión. “Es cierto que la tarea de supervisar la observancia del derecho comunitario ha sido confiada a la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, por el artículo 211 TCE (antiguo artículo 155). Esta prerrogativa conlleva responsabilidades y obligaciones específicas de las cuales la Comisión no puede evadirse”, concluye el tribunal.

El tribunal explica que la Comisión dentro de sus prerrogativas tiene amplio margen de discrecionalidad sobre si llevar o no el asunto ante el Tribunal de Justicia. En este caso no se ha iniciado ningún procedimiento frente a España, lo que permite, según los magistrados, que el Tribunal Supremo pueda examinar y en su caso estimar la pretensión ejercitada.

Dada la eficacia directa de las Decisiones, resulta posible que “el control de su cumplimiento pueda realizarse por los tribunales nacionales, atendiendo a la acción ejercitada por personas o entidades legitimadas, posibilidad que no contradice los poderes y competencias de la Comisión para plantear, si lo considera oportuno y de forma potestativa, un procedimiento por incumplimiento frente al Estado miembro”, precisa la Sala.

Un 12,85% de las 19.449 reubicaciones a las que estaba obligada en dos años

Tras analizar las Decisiones citadas, la Sala señala que las cuotas de reubicación establecidas para España en un plazo de 24 meses -desde el 25 de septiembre de 2015 que entraron en vigor las Decisiones hasta el 26 de septiembre de 2017- eran del 12,15% del total de las reubicaciones comunitarias. Así, la aplicación de las Decisiones comunitarias conllevaba que España debería haber ofertado y reubicado a 13.086 solicitantes de asilo procedentes de Grecia y a 6.363 de Italia.

Recuerda que a pesar de que se preveía expresamente la posibilidad de que los Estados miembros solicitaran una reducción de su cuota de hasta un 30%, el Estado español decidió no acogerse a tal posibilidad. Consecuentemente, añade el tribunal, se concluye que España “ha incumplido sus obligaciones de ofertar y de hacer efectivas las reubicaciones a las que estaba obligada: transcurrido más de medio año del vencimiento del término, el informe de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) reconoce que el cumplimiento de las obligaciones finales es inferior al 13%”.

De dicho informe se desprende, según los magistrados, que a fecha de 4 de marzo de 2018, seis meses después de finalizar el plazo impuesto por las citadas Decisiones, de las 19.449 plazas que el Estado español estaba obligado a ofertar -y a reubicar efectivamente- únicamente había ofertado 2500 plazas (1875 de Grecia y 625 de Italia); únicamente un 12,85 % del total al que estaba obligada. Igualmente, indica la Sala, el informe de la OAR aportado por el Ministerio del Interior reconoce que, a fecha de 22 de marzo de 2018, el estado español sólo ha reubicado a 235 personas desde Italia y a 1124 desde Grecia; una cuota de cumplimiento inferior al 7%.

No obstante, el tribunal admite que el gobierno español ha realizado peticiones a Grecia e Italia que "no han merecido la respuesta obligada, lo que pone de relieve un elevado índice de incumplimiento en las labores de coordinación que las Decisiones exigen para un adecuado logro de sus objetivos".

Las dificultades administrativas no eximen de las obligaciones de reubicación

La Sala concluye que de los datos anteriores se desprende que el Estado español no ha cumplido en su integridad las Decisiones comunitarias, que son de carácter vinculante y obligatorio como se desprende no solo de su propia naturaleza jurídica sino de las propias Decisiones. Añade que la existencia de graves dificultades administrativas para el cumplimiento de tales obligaciones, que en el fondo parece plantear el abogado del Estado, "no puede constituir causa de exención de las mismas, dado que la citada Decisión, recoge medidas flexibilizadoras, que no han sido alegadas ni utilizadas por el Gobierno español”.

Señala que, como sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el escaso número de reubicaciones efectuadas puede explicarse por un conjunto de factores que el Consejo no podía prever en el momento en que adoptó dicha Decisión, en particular, la falta de cooperación de determinados Estados Miembros, sin embargo, "la falta de cumplimiento generalizado de las citadas Decisiones no constituye justificación de la conducta omisiva que en el recurso se denuncia", concluye la Sala.

La Sala rechaza que el hecho de que se trate de una medida provisional suponga que, superado el plazo previsto para su aplicación, no se pueda obligar a los Estados miembros a cumplir con sus compromisos, como sostiene el Abogado del Estado. En este sentido, destaca que la Unión Europea, en un documento de la Comisión, de 12 de abril de 2017, dentro del proceso de evaluación de la ejecución de las decisiones, subrayó que no iba a vacilar en hacer uso de los poderes que le otorgan los Tratados con respecto a aquellos que no hayan cumplido las obligaciones de las Decisiones del Consejo, señalando que la obligación legal de reubicar a quienes cumplen las obligaciones no cesará después de septiembre, una vez expirado el plazo de aplicación de las Decisiones.

Los Testigos de Jehová deben cumplir la normativa de datos personales con los datos que recogen puerta a puerta2018-07-12

El 17 de septiembre de 2013, la Tietosuojalautakunta (Comisión finlandesa de Protección de datos) prohibió a la Jehovan todistajat - uskonnollinen yhdyskunta (comunidad religiosa de los Testigos de Jehová en Finlandia) recoger o tratar datos personales durante la actividad de predicación puerta a puerta que llevan a cabo sus miembros si no se respetaban los requisitos legales para el tratamiento de esos datos.

En el curso de su actividad de predicación puerta a puerta, los miembros de dicha comunidad toman notas sobre las visitas hechas a personas que ni ellos mismos ni la comunidad conocen. Los datos recogidos pueden consistir en el nombre y la dirección de las personas visitadas, así como en información sobre sus convicciones religiosas y su situación familiar. Estos datos se recogen a modo de recordatorio, con el fin de poder recuperarlos para una posible visita posterior, sin que los interesados hayan dado su consentimiento ni hayan sido informados de ello. La comunidad de los Testigos de Jehová y las congregaciones que dependen de ella organizan y coordinan la actividad de predicación puerta a puerta de sus miembros, en particular elaborando mapas mediante los que distribuyen zonas entre los miembros predicadores y manteniendo fichas sobre los predicadores y el número de publicaciones de la comunidad que éstos difunden. Además, las congregaciones de la comunidad de los Testigos de Jehová llevan un registro de las personas que han manifestado el deseo de no recibir más visitas de los miembros predicadores; los datos personales que figuran en ese registro son utilizados por los miembros de la comunidad.

La petición de decisión prejudicial del Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia) se dirige esencialmente a determinar si la comunidad debe respetar la normativa de la Unión en materia de protección de datos 1 por el hecho de que sus miembros, cuando ejercen la actividad de predicación puerta a puerta, pueden tener que tomar notas que transcriben el contenido de sus conversaciones, en especial  sobre la orientación religiosa de las personas visitadas.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera, en primer lugar, que la actividad de predicación puerta a puerta llevada a cabo por miembros de la comunidad de los Testigos de Jehová no está comprendida entre las excepciones previstas en la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales. En concreto, no se trata de una actividad exclusivamente personal o doméstica a la que no resulte aplicable esa normativa. La circunstancia de que la actividad de predicación puerta a puerta esté protegida por el derecho fundamental a la libertad de conciencia y de religión, consagrado en el artículo 10, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no confiere a dicha actividad

1 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31), en relación con el artículo 10, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

carácter exclusivamente personal o doméstico, dado que está fuera de la esfera privada de un miembro predicador de una comunidad religiosa.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia recuerda que, no obstante, las normas de la Unión en materia de protección de datos personales sólo se aplican a los tratamientos manuales de los datos cuando éstos estén incluidos o destinados a ser incluidos en un fichero. En el presente asunto, dado que el tratamiento de datos personales no se efectúa de manera automatizada, se plantea la cuestión de si los datos tratados están incluidos o destinados a ser incluidos en un fichero. El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que el concepto de «fichero» comprende todo conjunto de datos personales recogidos durante una actividad de predicación puerta a puerta, y que incluyan nombres, direcciones y otra información relativa a las personas visitadas, siempre que los datos estén estructurados según criterios determinados que permitan, en la práctica, recuperarlos fácilmente para su utilización posterior. Para que dicho conjunto de datos esté comprendido en ese concepto no es preciso que incluya fichas, catálogos específicos u otros sistemas de búsqueda.

Por consiguiente, los tratamientos de datos personales que se efectúen en relación con la actividad de predicación puerta a puerta deben respetar la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales.

Por cuanto se refiere a quién puede ser considerado responsable del  tratamiento de datos personales, el Tribunal de Justicia recuerda que el concepto de «responsable del tratamiento» puede concernir a varios agentes que participen en ese tratamiento, cada uno de los cuales estará sujeto a la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales. Estos agentes pueden estar implicados en distintas etapas del tratamiento y en distintos grados, de modo que el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos debe evaluarse teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso concreto. El Tribunal de Justicia señala igualmente que ninguna disposición del Derecho de la Unión permite considerar que la determinación de la finalidad y de los medios del tratamiento deba efectuarse mediante instrucciones por escrito o consignas impartidas por el responsable del tratamiento. En cambio, una persona física o jurídica que, para sus propios fines, influye en el tratamiento de datos personales y participa, por tanto, en la determinación de la finalidad y de los medios de dicho tratamiento, puede ser considerada responsable del tratamiento.

Además, la responsabilidad conjunta de varios agentes no supone que cada uno de ellos tenga acceso a los datos personales.

En el presente asunto, resulta que, al organizar, coordinar y fomentar la actividad de predicación de sus miembros, la comunidad de los Testigos de Jehová determina junto con sus miembros predicadores la finalidad y los medios del tratamiento  de datos personales de las personas visitadas, extremo que, no obstante, deberá comprobar al órgano jurisdiccional finlandés a la vista de todas las circunstancias del caso. Este análisis no queda desvirtuado por el principio de autonomía organizativa de las comunidades religiosas garantizado por el artículo 17 TFUE.

El Tribunal de Justicia concluye que la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales permite considerar que una comunidad religiosa es responsable, junto con sus miembros predicadores, del tratamiento de los datos personales efectuado por estos últimos en relación con una actividad de predicación puerta a puerta organizada, coordinada y fomentada por dicha comunidad, sin que sea necesario que la comunidad en cuestión tenga acceso a los datos ni sea preciso demostrar que la comunidad ha impartido a sus miembros instrucciones por escrito o consignas respecto a ese tratamiento.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El Tribunal Supremo determina el alcance de la sentencia del Constitucional sobre la plusvalía2018-07-11

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al estimar que éste interpretó de manera correcta el ordenamiento jurídico al considerar que la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y, por tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) resultan constitucionales y, por consiguiente, los ingresos, debidos.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Aguallo, interpreta el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017. Considera, de una parte, que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que debe darse al fallo y fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, "adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial".

"En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar (…) que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE".

De otra parte, entiende que "el artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, ‘no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene’, o, dicho de otro modo, porque ‘impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)’”.

Es, precisamente, esta nulidad total del artículo 110.4 del TRLHL la que, de acuerdo con la Sala Tercera, "posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL".

En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva obtenida en la transmisión del terrero, considera el tribunal, en primer lugar, que corresponde "al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido"; en segundo término, que para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla" (como es, por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas); y, en tercer lugar, en fin, que aportada "por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía".

Finalmente, considera el tribunal que en la medida en que la existencia de una plusvalía real y efectiva resulta perfectamente constatable sobre la base del empleo de los medios de comprobación que establece la Ley General Tributaria en los artículos 105 y siguientes, medios que permiten rechazar que la norma autorice a la Administración para decidir con entera libertad el valor real del terreno onerosamente transmitido, no existe -en los casos en los que se liquida el IIVTNU- vulneración de la reserva de ley tributaria recogida en los artículos 31.3 y 133.1 CE, ni quiebra alguna del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).

El profesor del colegio Valdeluz de Madrid, condenado a casi 50 años de prisión por doce delitos de abusos sexuales2018-07-10
Los magistrados consideran probado que el acusado aprovechó que era un profesor querido y valorado y que su relación con sus alumnos y alumnas era cercana y cariñosa para satisfacer su deseo e impulso sexual. En los doce episodios de abuso sexual concurre, según la Sala, la circunstancia de prevalimiento por abuso de superioridad y, la mayoría de dichos abusos fueron continuados y algunos, agravados por la edad de las víctimas

Autor

Comunicación Poder Judicial

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al que fuera profesor del madrileño Colegio Valdeluz, Andrés D. D., a un total de 49 años, 5 meses y 21 días de prisión, como autor responsable de doce delitos de abusos sexuales.

Tras un estudio detallado del caso, el Tribunal concluye en la sentencia que el acusado era un profesor querido y valorado, y su relación con sus alumnos y alumnas era cercana y cariñosa; organizaba fiestas en la academia, así como viajes de estudios, y en verano, barbacoas en su casa, sintiendo por él todas las denunciantes una admiración superior a la normal.

Esa cercanía que tanto ponía en práctica, la aprovechó el acusado para tocarlas y satisfacer su deseo e impulso sexual, comenzando con besos, abrazos, cosquillas, hasta ir aumentando los toqueteos progresiva y gradualmente en el tiempo, poco a poco, llegando a manosear piernas hacia ingles y zona vulvar e interior de los muslos, espaldas, senos y nalgas, restregando en alguna ocasión su pene en sus espaldas o llevando el acusado la mano de alguna de ellas a su miembro, por fuera de la ropa; asimismo, llegó a introducir sus dedos en la vagina de algunas de ellas, escudándose muchas veces en la necesidad de llevar a cabo correcciones posturales mientras estaban sentadas tocando el piano.

En otras ocasiones, aprovechando la atención de los alumnos/as a la pantalla donde se proyectaban –en penumbra- audiovisuales musicales, llevaba a cabo también tocamientos sobre las menores, a quienes sentaba a su lado.

Individualizadamente la sentencia analiza la conducta que se llevó a cabo sobre cada una de las víctimas que se recogen en los hechos probados. Solamente sobre dos de ellas no se considera acreditada la conducta. En un caso dada la retractación total en el acto del juicio de cuanto había declarado hasta ahora en el sumario. En otro dada una insuficiencia de prueba a la luz de las exigencias que ya se han comentado; especialmente en cuanto a los elementos corroboradores.

Protección a las víctimas

En la vista oral del juicio, celebrado entre los días 21 de mayo y 12 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid, intervinieron, además del acusado, catorce víctimas/testigos, treinta y cinco testigos y cinco peritos. Por decisión previa del tribunal, con el acuerdo de las partes, se desarrolló la vista oral a puerta cerrada, a fin no solo de preservar la intimidad de las víctimas, sino también en protección del resto de derechos que les reconoce la Ley del Estatuto de la Víctima.

El Ministerio Fiscal solicitaba en conclusiones provisionales –y así lo mantuvo al elevarlas a definitivas- la condena del acusado como autor de 14 delitos de abusos sexuales, de los que trece fueron calificados como delitos continuados, solicitando por ellos las correspondientes penas, que ascendían a un total de 69 años de prisión, así como a las oportunas indemnizaciones a las víctimas. Tales conclusiones eran coincidentes con las formuladas por las distintas acusaciones particulares.

Por su parte, la defensa del acusado solicitó en todo momento su libre absolución, al igual que lo hizo la defensa del colegio Valdeluz.

El delito de abusos sexuales y la importancia de la prueba

Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid recuerdan que el delito de abusos sexuales aparece tipificado en el artículo 181 del Código Penal como la realización, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, de actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona.

La prueba en este tipo de delitos –y así ha sido en el presente proceso- se basa en gran medida en la declaración de la propia víctima, dadas las condiciones de discreción o privacidad de contexto en los que suelen desarrollarse buena parte de los delitos contra la libertad sexual.

El Tribunal establece en la sentencia del caso que no se trata, sin embargo, de que la declaración de la víctima, por sí sola, alcance sin más filtros el valor incriminatorio que debe superarse para vencer el derecho fundamental a la presunción de inocencia que rige en toda causa penal y que consagra el conocido artículo 24 de nuestra Constitución. De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, esa declaración ha de venir revestida de determinados elementos, que –en síntesis- exigen que el Tribunal valore por el resultado de la prueba, la persistencia, coherencia, verosimilitud, corroboración y ausencia de ánimo o elementos espurios.

La fundamentación jurídica de la sentencia analiza con detalle la prueba y tiene en cuenta asimismo los estudios doctrinales existentes en torno a la parcela de la victimología dedicada al fenómeno de los delitos contra la indemnidad sexual. Y recoge –especialmente en el FJ Cuarto- la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto al valor de la declaración de la víctima como prueba incriminatoria en este tipo de delitos.

Tras analizar con detenimiento todo el material probatorio, el tribunal descarta como no veraz la tesis del acusado quien sostiene que todo es fruto de una confabulación por venganza contra su esposa –también profesora de la academia musical- por el trato que daba a las alumnas, además de que exista una clara contaminación por el seguimiento mediático que ha tenido este caso.

Para la Sala, como se dice literalmente en el FJ 5º refiriéndose a las víctimas, todo esto “no les puede compensar al nivel que pretende el acusado, el altísimo coste emocional que supone denunciar y cuatro años más tarde desde la presentación de las denuncias, mantenerse firmes, hasta el punto de someterse a tratamientos psicológicos o retomarlos con esta revictimización”.

Por otra parte, no pasan inadvertidos al tribunal los testimonios de quienes en sus declaraciones narraron una experiencia normal en su estancia ya en el colegio o ya bien en la academia. Ello no debilita en absoluto la convicción incriminatoria que se desarrolla a lo largo de la sentencia. Habida cuenta del número de alumnos/as que tenía la actividad musical, es impensable que la conducta enjuiciada fuese una regla general.

Por todo ello la Sala estima que se han cometido por el acusado 12 Delitos de abuso sexual con prevalimiento por abuso de superioridad, la mayoría de ellos continuados y algunos agravados por la edad de las víctimas y la introducción de dedos.

El prevalimiento a que se refiere su apartado d) del artículo 183 Código Penal parte del aprovechamiento por parte del autor del delito en su ejecución de una relación de superioridad. Exige una cierta preeminencia del autor sobre la víctima y que esta ventaja haya sido utilizada o aprovechada por el autor para realizar el acto objeto de imputación.

Indemnización por daños morales y responsabilidad civil del colegio

La Sala declara no sólo la responsabilidad penal del acusado (prisión de casi 50 años), sino también su obligación de indemnizar a las víctimas por los daños morales que su conducta les produjo.

La sentencia declara asimismo la responsabilidad civil subsidiaria del colegio en cuyas instalaciones se ubicaba la academia de música y para el que también el acusado venía prestando servicio como profesor durante tantos años. Considera el tribunal que existió una clara “culpa in vigilando”, desestimando la pretensión de la defensa de la entidad docente de deslindar por completo la actividad que se desarrollaba en la academia y la que era propia del colegio. La relación entre ambos núcleos era tan intensa, y sus diferentes vínculos tan fuertes, que no puede exonerarse a la institución docente de esta responsabilidad indemnizatoria.

Abonado el pago de mayo del Turno de Oficio en el territorio del Ministerio de Justicia2018-07-09

La Dirección General del Tesoro ha efectuado el 4 de julio el pago correspondiente al mes de mayo de 2018 del Turno de Oficio que corresponde a los Colegios de Abogados de territorio común bajo competencia del Ministerio de Justicia.

El Consejo General de la Abogacía, que ha transferido a los Colegios de territorio común el importe correspondiente, confía en seguir con este ritmo de pagos mensuales, así como absorber este desfase de meses antes de acabar el año.

Desde hace meses y con los diferentes titulares del Departamento, se vienen manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia con el fin de agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, se ha conseguido que el Ministerio abone con carácter mensual las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita.

En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 que el Tesoro Público procedió a abonar el 18 de abril, la liquidación se efectuará con carácter mensual a partir de mayo, a excepción de enero y febrero de 2018 que se abonaron el 30 de mayo.

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No obstante, con ello no se soluciona el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado, así como el reconocimiento de nuevos módulos.

La Abogacía continuará trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El TC sobre ‘derecho al olvido’: buscar nombres propios en hemeroteca digital vulnera derechos fundamentales2018-06-29

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado por primera vez sobre el denominado ‘derecho al olvido’ y ha estimado el recurso de amparo interpuesto por dos ciudadanos juzgados en los años 80 por tráfico de drogas que consideran vulnerados sus derechos al honor, a la intimidad y a la protección de datos por el uso de las tecnologías de Internet, al aparecer sus nombres y apellidos en los buscadores de la hemeroteca de un periódico en su versión digital.

La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada María Luisa Balaguer, argumenta que “la prohibición de indexar los datos personales, en concreto los nombres y los apellidos de las personas recurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno del diario El País debe ser limitada, idónea, necesaria y proporcionada al fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos invocados”.

El Tribunal estima el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, de 15 de octubre de 2015, que reconoció el derecho al olvido digital de personas procesadas por implicación en un caso de tráfico y consumo de drogas en los años ochenta.

La Sala Civil rechazó la procedencia de eliminar los nombres y apellidos de la información recogida en la hemeroteca o que los datos personales contenidos en la información no puedan ser indexados por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca, pues consideró que estas medidas suponían una restricción excesiva de la libertad de información vinculada a la existencia de las hemerotecas digitales.

El objeto del recurso se contrae, según la sentencia de amparo, al análisis del contraste entre los preceptos constitucionales regulados en el artículo 18.4 de la Constitución, en relación con la garantía del derecho al honor, y a la intimidad de las personas (artículo 18.1 de la Carta Magna).

MODULAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

En ese sentido, el TC señala que es cierto que “la libertad de información constituye no sólo un derecho fundamental de cada persona sino también una garantía de la formación y existencia de una opinión pública libre y plural, capaz de adoptar decisiones políticas a través del ejercicio de los derechos de participación”, pero este derecho no es absoluto, sino que debe ser modulado por dos elementos.

Uno de estos elementos de modulación del derecho es el paso del tiempo a la hora de calibrar el impacto de la difusión de una noticia sobre el derecho a la intimidad del titular de ese derecho, y dos, la importancia de la digitalización de los documentos informativos, para facilitar el acceso a la información de todos los usuarios de Internet.

La sentencia explica que en estos casos “podría ponerse en duda la prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la intimidad de una persona que, pasado un lapso de tiempo, opta por solicitar que estos datos e información, que pudieron tener relevancia pública en su día, sean olvidados”. Para el Tribunal, “la universalización del acceso a las hemerotecas, como la universalización del acceso a la información a través de los motores de búsqueda, multiplica la injerencia en los derechos a la autodeterminación informativa y a la intimidad de los ciudadanos”.

En la resolución de este conflicto hay que tener en cuenta el equilibrio entre las libertades informativas y el derecho a la autodeterminación informativa, donde juega un papel importante el efecto del paso del tiempo sobre la función que desempeñan los medios de comunicación y, sobre la doble dimensión (informativa o investigadora) de esa función.

El fallo concluye afirmando que debe tenerse en cuenta que los motores de búsqueda internos de los sitios web cumplen la función de permitir el hallazgo y la divulgación de la noticia y que esa función queda garantizada aunque se suprima la posibilidad de efectuar la búsqueda acudiendo al nombre y apellidos de las personas en cuestión, que no tienen relevancia pública alguna.

Por tanto, “siempre será posible si existe una finalidad investigadora en la búsqueda de información alejada del mero interés periodístico en la persona investigada, localizar la noticia mediante una búsqueda temática, temporal, geográfica o de cualquier otro tipo”. No son necesarios los datos personales de los solicitantes del amparo, que nada agregan al interés de la noticia, bastando las iniciales del nombre y los apellidos.

El TSJ de Aragón inadmite la querella contra un juez porque no existen indicios de delito en la resolución que adoptó2018-06-28
Basan su decisión en que no es cierto que el Derecho Aragonés obligue a los tribunales a mantener a los hermanos bajo un mismo régimen de custodia

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Civil y Penal del TSJ de Aragón ha acordado inadmitir la querella presentada contra el juez de Fraga porque los hechos que los recurrentes atribuyen al magistrado no tienen, ni siquiera indiciariamente, la consideración de un delito de prevaricación judicial. Afirma el tribunal juzgador que la resolución que dictó está “ampliamente fundada”, y en ella aplica las normas civiles y procesales pertinentes al caso. Por ello, decretan el archivo de las actuaciones e imponen a los querellantes el pago de las costas causadas.

El auto de medidas provisionales dictado por el juez de Fraga, objeto de la querella, atribuía la guarda y custodia de una menor al padre y establecía un régimen de visitas para la madre, así como una pensión alimenticia a favor de la hija que debía ser satisfecha por la progenitora. En la querella presentada se argumentaba que, en su decisión, el juez no había tenido en cuenta la existencia de sus dos hermanas, de las cuales quedaba separada la menor.

Expresan los magistrados que el pronunciamiento del juez de Fraga es una medida provisional, sin que lo decidido en el auto sea una decisión definitiva sobre la situación en la que ha de quedar la menor respecto de sus progenitores y sus hermanas y recuerdan que “será en el procedimiento de derecho de familia, guarda, custodia y alimentos de hijos menores, en el que se adoptarán las medidas adecuadas, con plenitud de jurisdicción y tras la práctica de las pruebas que sean pertinentes”.

Señalan también que no es cierto que el Código de Derecho Foral Aragonés obligue a los tribunales a mantener a los hermanos bajo un mismo régimen 

de custodia y que existe “reiterada jurisprudencia” que avala que el juez pueda optar por dar un tratamiento diferenciado a los hermanos. En este sentido manifiestan que una “resolución injusta”, es aquélla que se aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles, careciendo de toda interpretación razonable, pero el concepto de prevaricación queda excluido “cuando el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión planteada, se decanta por alguna de las opciones posibles en aplicación de las normas, aun cuando pudiera ser considerada incorrecta posteriormente en la revisión pertinente en vía de recurso”.

Por estas razones, y en consonancia con el informe del Ministerio Fiscal que estima la inadmisión de la querella, el tribunal acuerda el archivo de las actuaciones.

La Abogacía pide igual trato y coordinación en la recepción de migrantes tanto en rescates en el mar como en las llegadas a puerto2018-06-27
  • Más de 300 abogados del Turno de Extranjería atendieron en las dos últimas semanas a los 3.000 migrantes llegados a la frontera sur y a bordo de la flotilla Aquarius en el puerto de Valencia

Tras la llegada masiva de más 3.000 migrantes a los puertos de Valencia, Cádiz, Almería, Málaga y Granada en las dos últimas semanas, el Consejo General de la Abogacía Española, con la finalidad de defender los derechos humanos de estas personas, pide un trato igual y la actuación conjunta y coordinada en el operativo de recepción de migrantes a nuestro territorio, tanto en cada rescate en el mar como en la llegada de embarcaciones a puerto.

La colaboración activa entre las diferentes Administraciones Públicas, las instituciones, organizaciones humanitarias y la Abogacía es el camino correcto para afrontar estos casos en que la coordinación y cooperación entre todos los agentes es vital. Pero, además, la Abogacía Institucional tiene la convicción de que esta forma de actuar debe aplicarse en cada rescate y llegada por mar de embarcaciones a nuestras costas. Tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como las organizaciones, asociaciones y la sociedad civil, conjuntamente con la Abogacía, han dado ejemplo de profesionalidad en la gestión de información y asistencia de las personas rescatadas en alta mar.

Durante los dos últimos fines de semana, más de 300 abogados pertenecientes al Turno de Oficio de Extranjería de los Colegios de Abogados Valencia, Alicante, Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Melilla han estado disponibles para prestar asistencia jurídica a los más de 3.000 migrantes que han llegado tanto en la flotilla del ‘Aquarius’ al puerto Valencia como en pateras a la frontera sur.

La Abogacía destaca la acertada decisión de ofrecer -mediante el período de reflexión de 45 días concedido a los 629 migrantes de la flotilla ‘Aquarius’- la oportunidad de decidir acerca de la conveniencia de solicitar o no protección internacional de asilo, así como la detección temprana de las situaciones de especial vulnerabilidad, pero señala que esa misma manera de actuar debe ofrecerse a las personas que llegan a nuestra frontera sur, para los que deben disponerse, además, condiciones dignas de acogida y atención.

La Abogacía Española quiere destacar que siempre estará presente en la llegada de migrantes a través de los Turnos especializados en Extranjería y Protección Internacional de cada Colegio de Abogados que corresponda.

El Tribunal Supremo condena por publicidad engañosa a una sociedad que ofrecía hipotecas “sin avales” y sin tener contrato laboral fijo 2018-06-26
La Sala Primera entiende que se ha vulnerado la normativa general sobre publicidad y la específica sobre publicidad financiera

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ausbanc Consumo contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que había descartado que un anuncio de la entidad de intermediación financiera Credit Services S.A. integrara un supuesto de publicidad ilícita.

El anuncio en cuestión, publicado en prensa escrita, contenía el nombre comercial de la entidad y tres referencias (“Hipoteca 100% Sin avales.- Sin estar fijo”, “Préstamos personales. Rápidos. Casi sin papeleo” y “Reunificación de deudas. Hasta 50% de ahorro mensual”), seguidas de la dirección y del teléfono de la empresa, que aparecía en caracteres destacados.

La Audiencia había considerado que el carácter esquemático del anuncio y la falta de información concreta sobre los productos ofertados lo hacían inhábil para inducir a error o modificar el comportamiento económico del consumidor. Sin embargo, la Sala Primera entiende que se ha vulnerado la normativa general sobre publicidad y la específica sobre publicidad financiera.

Según el Abogado General Wathelet, las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten a un Estado miembro denegar o revocar el estatuto de refugiado son compatibles con el Derecho de la Unión2018-06-25

Dado que la decisión de denegar o revocar el estatuto de refugiado no afecta a la condición de refugiado, un Estado miembro está obligado a garantizar al refugiado de que se trate el respeto de los derechos que le confiere la Convención de Ginebra

Asunto C-77/17

X, nacional de Costa de Marfil, solicitó asilo en Bélgica. Al haber sido condenado por diversos delitos particularmente graves antes de presentar su solicitud de asilo, las autoridades belgas consideraron que constituía un peligro para la sociedad y le denegaron la concesión del estatuto de refugiado. Esta decisión se adoptó en virtud de la normativa belga que traspone la Directiva de la Unión sobre los refugiados, 1 la cual permite a un Estado miembro denegar la concesión del estatuto de refugiado o revocar dicho estatuto cuando el interesado representa una amenaza para la seguridad o, al haber sido condenado mediante sentencia firme por un delito de especial gravedad, para la sociedad de ese Estado miembro. X interpuso recurso contra esta decisión ante el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería, Bélgica).

Asunto C-78/18

X, nacional de la República Democrática del Congo, obtuvo el reconocimiento de la condición de refugiado en Bélgica. Posteriormente fue condenado a una pena privativa de libertad por haber cometido delitos de especial gravedad. Al considerar que constituía un peligro para la sociedad, las autoridades nacionales le retiraron el estatuto de refugiado. X interpuso recurso contra esta decisión ante el Conseil du contentieux des étrangers.

Asunto C-391/16

La República Checa reconoció la condición de refugiado a M, individuo de origen checheno. M había sido condenado a una pena privativa de libertad en dicho Estado antes incluso de que se produjera dicho reconocimiento. Tras haber sido reconocido como refugiado en la República Checa, fue condenado de nuevo por un delito de especial gravedad. Al representar por esta razón un peligro para la seguridad de este Estado miembro y de sus ciudadanos, se le revocó el estatuto de refugiado en virtud de la ley checa que aplica la Directiva sobre los refugiados. M interpuso recurso contencioso-administrativo contra esta decisión ante los tribunales checos. Al ver desestimadas sus pretensiones, interpuso recurso de casación ante el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa).

En estos tres asuntos, el Conseil du contentieux des étrangers y el Nejvyšší správní soud han remitido al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales. En esencia, estos órganos jurisdiccionales piden al Tribunal de Justicia que dilucide si las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten a los Estados miembros denegar o revocar el estatuto de refugiado incumplen la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados 2 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra») y, en consecuencia, son inválidas a la luz de las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y del TFUE en virtud de las cuales la política común de asilo debe respetar esa Convención.

En sus conclusiones leídas hoy, el Abogado General Melchior Wathelet observa, para empezar, que las circunstancias en las que un Estado miembro puede denegar o revocar el estatuto de refugiado en virtud de esta Directiva corresponden a las circunstancias en las que la Convención de Ginebra autoriza la devolución de un refugiado. Sin embargo, el Abogado General recuerda que las obligaciones de los Estados miembros en materia de protección de los derechos fundamentales neutralizan en gran medida su facultad de devolver a un refugiado. Cuando un refugiado no pueda ser devuelto a pesar de constituir  una amenaza para la seguridad o la sociedad del Estado miembro de refugio, dicho Estado miembro dispone no obstante, en virtud de la Directiva sobre los refugiados, de la posibilidad de privarle de su estatuto de refugiado.

 

A continuación el Abogado General subraya que la denegación o la revocación del estatuto de refugiado no tienen como consecuencia privar a la persona de que se trate de la condición de refugiado. Según el Abogado General, del texto, de los objetivos y de la estructura general de esta Directiva se desprende que la condición de refugiado, por un lado, y el estatuto de refugiado, por otro, constituyen dos conceptos distintos. La condición de refugiado se deriva del mero hecho de que una persona cumpla los requisitos para ser considerado como tal, con independencia de cualquier reconocimiento por parte de un Estado miembro. Así, una persona sigue teniendo esta condición mientras cumpla esos requisitos. En cambio, el estatuto de refugiado, en el sentido de las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten su denegación o revocación, designa el goce de los derechos que emanan en principio del reconocimiento de la condición de refugiado con arreglo a dicha Directiva. El Abogado General observa que algunos de estos derechos (como el derecho a un permiso de residencia, al reconocimiento de las cualificaciones y a la asistencia sanitaria) no tienen equivalente en la Convención de Ginebra y que ésta únicamente garantiza otros derechos (como los de acceso al empleo, a la vivienda y a la asistencia social) a los refugiados que residen legalmente en el país de refugio.

En consecuencia, el Abogado General considera que la denegación o la revocación del estatuto de refugiado supone que el interesado no goza de los derechos previstos por la Directiva sobre los refugiados, o deja de hacerlo, a pesar de lo cual conserva la condición de refugiado y todos los derechos que la Convención de Ginebra garantiza a cualquier refugiado con independencia de la legalidad de su residencia (como los derechos a la no discriminación, al acceso a los tribunales y a la educación pública y a la protección contra la expulsión). Además, la denegación de la concesión del estatuto de refugiado no exime al Estado miembro de que se trate de su obligación de examinar la solicitud de asilo que se le ha presentado, y de reconocer, en su caso, la condición de refugiado del solicitante al finalizar dicho examen.

El Abogado General concluye a partir de ello que las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten a un Estado miembro denegar o revocar el estatuto de refugiado no incumplen la Convención de Ginebra, por lo que son compatibles con las disposiciones del TFUE y de la Carta.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El presidente del TS y del CGPJ urge una gran reforma organizativa de la Justicia ante la situación de colapso de muchos órganos judiciales2018-06-22
Carlos Lesmes afirma que más del 60 % de los Juzgados están “claramente sobrecargados” y dice que si la situación se prolonga “puede provocar que el propio sistema se resienta”. Lesmes confía en que la renovación de los veinte vocales del CGPJ y de su presidente, que se activará en unas semanas, se desarrolle “dentro de los plazos establecidos por la ley”. “El Poder Judicial está dando sobradas muestras de independencia y de responsabilidad a la hora de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el Estado de Derecho”, dice en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El presidente del TS y del CGPJ pide que se atiendan las “legítimas reivindicaciones” de los miembros de la Carrera Judicial para mejorar sus condiciones de trabajo

Autor Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha advertido hoy de la situación de “colapso” de muchos de los órganos judiciales españoles y ha urgido a “abordar las grandes reformas estructurales de nuestra Justicia, que siempre, por unos motivos u otros, acaban postergadas”.

“Mientras no se lleve a cabo una gran reforma organizativa de la Administración de Justicia, difícilmente serán superables las actuales ineficiencias que impiden que los grandes indicadores de asuntos pendientes, tasas de resolución o tiempos medios de respuesta experimenten mejoras significativas”, ha señalado Lesmes durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

El presidente del Poder Judicial, que ha dado cuenta del estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales con datos actualizados a 31 de diciembre de 2017, ha afirmado que el sistema de Justicia, “al menos en cuanto a la capacidad global para absorber con agilidad la carga de trabajo que entra, no ha experimentado grandes mejoras en los últimos años”.

“Nuestra litigiosidad sigue siendo elevada si la comparamos con la de los países de nuestro entorno, y aunque nuestros jueces, gracias a su esfuerzo, llevaban varios años siendo capaces, a nivel global, de resolver más asuntos de los que ingresaban, esta es una situación difícilmente sostenible en el tiempo”, ha señalado.

Lesmes también ha considerado “difícilmente soportables” las situaciones de colapso de buena parte de los órganos judiciales y ha recordado que, según un estudio realizado por el Servicio de Inspección del CGPJ, “casi el 60 por ciento de nuestros Juzgados se encuentran claramente sobrecargados”, mientras que otros no alcanzan la carga de trabajo fijada como asumible.

“Esta situación de colapso en muchos órganos y, en todo caso, de desequilibrio en el conjunto del sistema, si se mantiene prolongadamente en el tiempo, puede provocar que el propio sistema se resienta, como de hecho puede estar ocurriendo”, ha concluido.

Reformas pendientes

Ante esta situación, el presidente del TS y del CGPJ ha subrayado que “sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de nuestra Justicia”, que debería ir acompañada de la modernización de ciertos aspectos de la legislación procesal, “muy especialmente en el orden penal”.

“Sigue estando pendiente, sin perjuicio de la introducción de reformas parciales de cuya utilidad no dudo, la reforma global y definitiva de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es necesario estudiar el modelo en su conjunto, modernizar la investigación penal, estableciendo un nuevo diseño de enjuiciamiento criminal que conjugue adecuadamente, como en otros modelos de Derecho comparado, las garantías procesales con la celeridad”, ha dicho.

Lesmes también ha abogado por “seguir avanzando en la plena implantación de la digitalización de nuestra Justicia”, corrigiendo las deficiencias detectadas, y ha pedido no olvidar “la dotación de medios”.

“Hay que invertir en Justicia, y hacerlo de manera suficiente y con una adecuada planificación, aunando y coordinando esfuerzos entre las distintas Administraciones implicadas”, ha añadido.

Independencia judicial

El presidente del TS y del CGPJ ha señalado durante su intervención en el Congreso que “distintos acontecimientos han exigido del Consejo que, hasta en ocho ocasiones en los últimos nueve meses, haya hecho públicos comunicados o declaraciones institucionales exigiendo respeto por el principio de independencia de los jueces y recordando que se trata de una de las garantías más básicas que el Estado de Derecho proporciona a la propia sociedad”.

Además, el órgano de gobierno de los jueces ha estimado durante este mandato varias solicitudes de amparo elevadas por miembros de la Carrera Judicial, “una vez constatado que se estaban produciendo circunstancias que perturbaban gravemente el ejercicio independiente de la función jurisdiccional”.

Por todo ello, Lesmes ha instado a “prestar la máxima atención, siempre, a los principios de colaboración, respeto y lealtad institucional” y ha subrayado que “en nada y a nadie ayudan actitudes tendentes a desacreditar ante la sociedad la legitimidad de nuestras instituciones, pues la fortaleza de éstas está directamente vinculada con el progreso y la convivencia pacífica”.

“Así lo creemos en el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial y así lo hemos expresado públicamente siempre que ha sido necesario. Un Poder Judicial que ha dado y está dando sobradas muestras de independencia y de responsabilidad a la hora de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta nuestro Estado de Derecho”, ha concluido.

Mejorar las condiciones de trabajo de los jueces

El presidente del TS y del CGPJ también ha dicho ante los miembros de la Comisión de Justicia que es necesario “prestar la debida atención a las legítimas reivindicaciones que en estos momentos están reclamando los miembros de la Carrera Judicial” y que les llevaron recientemente a convocar una jornada de paro.

“Hay que mejorar, en la medida de lo posible, sus condiciones de trabajo y responder adecuadamente a la especial dificultad que entraña su labor, pues con ello estaremos favoreciendo la calidad de un servicio que es pieza fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho”, ha afirmado Lesmes, que ha citado, entre otras reivindicaciones, las retributivas y las relativas a la protección social, las cargas de trabajo o los medios materiales.

También ha hecho referencia a los permisos y licencias, recordando que se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto que restituye a los jueces los derechos perdidos en ese ámbito y confiando en que salga adelante “porque, simplemente, es lo justo”.

Por último, el presidente del Poder Judicial ha abogado por establecer un nuevo diseño de la Carrera Judicial –que deberá ser recogido por la Ley Orgánica del Poder Judicial- que favorezca y premie de manera real “la formación, la especialización y la excelencia, objetivando claramente los méritos que den acceso a las altas instancias judiciales y a los puestos gubernativos”.

Renovación del CGPJ

Carlos Lesmes ha anunciado que en unas semanas se activará el mecanismo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para proceder a la renovación de los veinte vocales que integran el órgano, quienes, una vez nombrados, habrán de elegir un nuevo presidente.

“La renovación de las instituciones, señorías, es necesaria. Por ello confiamos en que el proceso de renovación del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, proceso del que son protagonistas, precisamente, las Cortes Generales, se desarrolle con absoluta normalidad y dentro de los plazos establecidos por la ley”, ha dicho el presidente del TS y del CGPJ ante los diputados que integran la Comisión de Justicia.

Ante la finalización el próximo mes de diciembre del mandato del actual Consejo, Lesmes ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas para tratar de alcanzar los objetivos que trasladó a la Cámara en su primera comparecencia tras asumir el cargo.

Así, ha señalado que el CGPJ se ha convertido en un referente en materia de transparencia, recibiendo por ello el reconocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o del Consejo General de la Abogacía; y que ha cumplido con el mandato de austeridad que debe regir el funcionamiento de todas las instituciones públicas, como prueba la reducción de su presupuesto en el periodo 2013-2018 en un 8,21 por ciento –disminución que ha superado el 40 por ciento en las partidas destinadas a altos cargos-.

El presidente del TS y del CGPJ también ha recordado que el actual Consejo ha favorecido que el contacto con los miembros de la Carrera Judicial y con las asociaciones profesionales sea lo más directo y frecuente posible, manteniendo él mismo encuentros directos con más de 1.500 jueces y magistrados; y ha destacado el trabajo realizado en materia de protección social, con la puesta en marcha del primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial; o la regularización de la situación de los casi 400 jueces –el 8 por ciento del total- que al inicio de su mandato se encontraban en expectativa de destino.

Lesmes ha hecho referencia asimismo a iniciativas como la creación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), que en algo más de tres años de funcionamiento ha tramitado decenas de medidas de apoyo a los jueces y magistrados que investigan delitos de corrupción; al impulso dado a la formación de los miembros de la Carrera Judicial, especialmente en materias como la violencia de género, menores, cooperación internacional o discapacidad; o a que, por primera vez, los jueces españoles cuenten con un código ético propio –denominado “Principios de Ética Judicial”- en cuya elaboración participaron las asociaciones judiciales, miembros no asociados de la judicatura, expertos y representantes de los Tribunal Superior de Justicia.

Estos avances se han conseguido “gracias a la implicación y entrega demostradas por los vocales del Consejo, a quienes es justo agradecer el trabajo realizado”, ha dicho el presidente del Poder Judicial, que ha subrayado el alto nivel de acuerdo y consenso que ha existido en la institución, como demuestra que el 79 por ciento de los 1.202 acuerdos adoptados por el Pleno desde diciembre de 2013 lo hayan sido por unanimidad o asentimiento o que el 92 por ciento de los 216 nombramientos discrecionales efectuados hasta la fecha lo fueran por unanimidad o mayoría cualificada.

Requisitos para la condena en costas a la acusación particular2018-06-21
En fecha 11 de abril de 2018, la Sala II del Tribunal Supremo dictaba una Sentencia en la que ha sido Ponente Dña. Ana María Ferrer García por la que se establecen los requisitos que deben concurrir para que la acusación pueda ser condena al pago de las costas de la defensa cuando hay un pronunciamiento absolutorio.

Sergio Nuño Díez de la Lastra Martínez,
abogado penalista especialista en Derecho Procesal-Penal por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos.

El recurso de casación giraba en torno a la petición expresa realizada por la defensa en las conclusiones definitivas, donde además de solicitar una sentencia absolutoria, se solicitaba expresamente la condena en costas a la acusación particular, siendo atendida dicha pretensión por el Tribunal enjuiciador en sentencia.

La meritada sentencia dictada por el Tribunal Supremo afirma que para que la condena en costas a la acusación particular pueda ser estimada por el Tribunal, deben concurrir inicialmente dos requisitos procesales impuestos a la parte solicitante y un tercero que debe apreciar el Tribunal:

1. La condena en costas debe ser solicitada en el escrito de conclusiones provisionales o escrito de defensa.

2. La solicitud debe ser ratificada en las conclusiones definitivas por la defensa.

3. El Tribunal sentenciador debe apreciar una actuación temeraria o de mala fe en la acusación particular.

La meritada resolución razona que en relación al régimen de imposición de costas en el proceso penal, en los casos en que la condena a su abono se engarce con una actuación temeraria o de mala fe por parte de quien ha ejercitado la acción penal, la misma ha de ser introducida en el debate procesal en momento hábil, por imperativo del principio de rogación (SSTS, entre otras, 1845/2000 de 5 de diciembre, STS 1571/2003 de 25 de noviembre, 36/2006 de 25 de enero, 863/2014 de 11 de diciembre, 410/2016 de 12 de mayo, 682/2016 de 26 de julio o 522/2017 de 6 de julio).

Abandonada ya la concepción de las costas como sanción a favor de su carácter resarcitorio, y entendidas como compensación indemnizatoria por los gastos que se ha visto obligada a soportar la parte a quien el derecho ampara, su imposición queda sometida al principio dispositivo. Y solo si la pretensión se ha introducido en momento hábil, entendido como el último temporalmente idóneo el de la formulación de las conclusiones definitivas, goza la parte que pudiera verse afectada por esa petición de la posibilidad de instrumentalizar la defensa que estime oportuna en relación a la misma.

La resolución relaciona la necesidad de introducir la solicitud de condena en costas en las conclusiones provisionales con la posibilidad de que la parte afectada por la petición pueda organizar su defensa también respecto de esa cuestión y no generar con ello una posible indefensión al introducir nuevas cuestiones que varían los hechos ya conocidos y que fueron los tenidos en cuenta por las partes para la preparación del acto del juicio. Interpretación controvertida desde mi punto de vista, ya que la acusación en su papel de parte acusadora dentro del proceso nunca puede tener la consideración de defensa y por tanto, no podría sufrir indefensión. En todo caso, una vulneración del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva o de garantías del proceso como pudiese ser la igualdad de armas, pero esta cuestión bien merece otro artículo aparte.

Como plus a dicho formalismo impuesto a la parte que pretende solicitar la condena en costas a la parte acusadora en caso de absolución, se impone al Tribunal sentenciador la obligación de valorar y ponderar si la actuación llevar a cabo por la acusación supone contraria a la buena fe o pueda ser considerada como temeraria. Razona la citada sentencia en este sentido cuando afirma que además de las obligaciones impuestas a la parte solicitante, se requiere algo más: justificar que su actuación estaba inspirada por la mala fe, o desbordaba la mínima prudencia y mesura exigibles. Se entiende que sin un elemental fundamento, el ejercicio del derecho a constituirse en acusación se convierte en abuso con cuyas negativas consecuencias económicas no debe cargar el absuelto.

En palabras de la STS 847/2017 de 21 de diciembre, diferir la petición de condena en costas a la acusación al momento del informe, como forma de operar es inadecuada y no puede valorarse como el planteamiento válido de una pretensión dirigida al Tribunal. En primer lugar, porque las conclusiones provisionales y luego las definitivas son el lugar y momento oportunos para plantear pretensiones al Tribunal; en segundo lugar, porque conforme al artículo 737 de la LECrim, los informes de las partes se han de acomodar al contenido de sus conclusiones definitivas por lo que no es posible introducir en los informes nuevas conclusiones; y, en tercer lugar, porque, como consecuencia de lo anterior, el planteamiento de una pretensión en los informes finales implica que las partes que ya han intervenido carecen no solo de la oportunidad de proponer prueba sobre el particular, sino incluso, en ocasiones como la presente, de la posibilidad de contra argumentar y defenderse frente a la pretensión de la otra parte.

Por último, la resolución aclarar que el pronunciamiento de condena combatido vulneró el principio de rogación, y que la sentencia incurre en incongruencia al incluir pronunciamientos no pedidos por las partes legitimadas en exclusiva para hacerlo, que no pueden considerarse consecuencia legal inevitablemente anudada a alguna de sus pretensiones como sucede, por ejemplo, con las costas del condenado. La sentencia ha de resolver las cuestiones que hayan sido objeto de juicio (artículo 742 LECRIM). No puede extender sus pronunciamientos a cuestiones ni alegadas, ni debatidas, aunque pudieran haberlo sido. El diferente régimen material de costas en los procesos civil y penal arrastra también asimetrías en el tratamiento procesal.

Por tanto, si la petición no se realiza de forma expresa en el escrito de conclusiones provisionales, no se reitera en el momento de las conclusiones en el acto del juicio y además el Tribunal sentenciador no aprecia mala fe o temeridad en la actuación de la acusación particular, no se podrán imponer la condena en costas a la acusación particular aun habiendo sentencia absolutoria.

España, entre los países con menos reclamaciones y condenas en los tribunales europeos2018-06-20

En relación con su población, España figura entre los países con menos reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La ratio española de sentencias condenatorias del TEDH por habitante es similar a la de Alemania, Holanda o Reino Unido e inferior a la de Austria, Bélgica, Italia o Suiza. España está en la media europea en cuanto a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplimiento de los Tratados

España figura entre los países con menos reclamaciones y condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según los datos recogidos en el informe "España ante los tribunales de justicia europeos. Una visión a través de los datos estadísticos", que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha publicado hoy. 

El TEDH es un tribunal internacional competente para conocer de demandas individuales o estatales fundamentadas en violaciones de los derechos civiles y políticos enunciados en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que España firmó en 1977 y quedó ratificado el 26 de septiembre de 1979, una vez aprobado por las Cortes Generales. 

Las reclamaciones presentadas ante el TEDH se revisan para comprobar si incluyen toda la información necesaria y satisfacen los plazos legales. Superado ese filtro inicial, se asignan a una formación judicial, que puede ser un Comité (formado por tres jueces), una Cámara (7 jueces) o la Gran Cámara (17 jueces). A partir de ese momento, las reclamaciones pueden ser inadmitidas o resolverse mediante sentencia, a menudo tras ser acumuladas en un procedimiento. 

Entre 2014 y 2017, la media anual de reclamaciones con origen en España asignadas a una formación judicial fue de 622. Puesta en relación con la población del país, esa cifra arroja una ratio de 0,14 demandas asignadas por cada cien habitantes, muy inferior a la media del conjunto de los Estados firmantes del Convenio -0,64- y similar a la de Francia o Bélgica. 

Reclamaciones asignadas a una formación judicial en el TEDH (2014-2017) 

 

Reclamaciones asignadas a una formación judicial

Reclamaciones asignadas por cada 10.000 habitantes

 

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Albania

82

147

146

95

0,28

0,51

0,51

0,33

Alemania

1.026

789

676

586

0,13

0,10

0,08

0,07

Andorra

5

6

4

2

0,66

0,79

0,56

0,27

ARY de Macedonia

382

362

339

345

1,85

1,75

1,64

1,66

Armenia

156

122

753

356

0,52

0,40

2,51

1,19

Austria

315

261

236

228

0,37

0,30

0,27

0,26

Azerbaiyán

402

268

331

679

0,42

0,28

0,34

0,69

Bélgica

159

202

184

153

0,14

0,18

0,16

0,13

Bosnia-Herzegovina

667

908

1.030

866

1,74

2,37

2,93

2,47

Bulgaria

928

1.031

882

582

1,28

1,43

1,23

0,82

Chipre

55

32

33

31

0,64

0,38

0,39

0,36

Croacia

1.096

812

764

723

2,58

1,92

1,82

1,74

Dinamarca

66

44

47

58

0,12

0,08

0,08

0,10

Eslovenia

352

213

239

374

1,71

1,03

1,16

1,81

España

642

552

627

669

0,14

0,12

0,14

0,14

Estonia

187

190

206

156

1,42

1,45

1,57

1,19

Federación Rusa

8.913

6.003

5.587

7.957

0,62

0,42

0,39

0,55

Finlandia

185

177

196

181

0,34

0,32

0,36

0,33

Francia

1.142

1.087

916

887

0,17

0,16

0,14

0,13

Georgia

102

80

74

89

0,23

0,18

0,20

0,24

Grecia

585

457

337

422

0,54

0,42

0,31

0,39

Holanda

674

495

494

532

0,40

0,29

0,29

0,31

Hungría

2.403

4.234

5.568

1.952

2,43

4,30

5,66

1,99

Irlanda

33

18

26

54

0,07

0,04

0,06

0,11

Islandia

28

10

24

27

0,86

0,30

0,72

0,80

Italia

5.490

1.885

1.409

1.374

0,90

0,31

0,23

0,23

Letonia

298

244

255

275

1,49

1,23

1,30

1,41

Liechtenstein

12

13

10

9

3,24

3,51

2,63

2,37

Lituania

387

376

405

401

1,31

1,29

1,40

1,41

Luxemburgo

23

22

38

38

0,42

0,39

0,66

0,64

Malta

39

24

25

22

0,92

0,56

0,58

0,50

Mónaco

4

9

6

7

1,11

2,37

1,58

1,84

Montenegro

158

129

165

138

2,54

2,07

2,65

2,22

Noruega

141

73

90

123

0,28

0,14

0,17

0,23

Polonia

2.747

2.178

2.422

2.066

0,72

0,57

0,64

0,54

Portugal

252

233

152

197

0,24

0,22

0,15

0,19

Reino Unido

720

575

372

415

0,11

0,09

0,06

0,06

República Checa

370

340

338

385

0,35

0,32

0,32

0,36

República de Moldavia

1.101

1.011

834

758

3,09

2,84

2,35

2,13

República Eslovaca

324

353

309

425

0,60

0,65

0,57

0,78

Rumanía

4.425

4.604

8.192

6.509

2,22

2,32

4,15

3,31

San Marino

5

4

13

11

1,47

1,21

3,94

3,33

Serbia

2.786

1.235

1.330

1.431

3,90

1,74

1,88

2,03

Suecia

272

212

138

150

0,28

0,22

0,14

0,15

Suiza

304

318

258

266

0,37

0,39

0,31

0,32

Turquía

1.584

2.212

8.303

25.978

0,21

0,28

1,05

3,25

Ucrania

14.181

6.007

8.644

4.387

3,13

1,33

1,91

0,97

Total

56.208

40.557

53.427

63.369

0,68

0,49

0,65

0,76

En cuanto a las sentencias del TEDH en las que se declara que ha habido al menos alguna violación de los derechos enunciados en el Convenio, España también aparece entre los países con la ratio más baja en relación con su población, similar a la de Alemania, Holanda, Irlanda o Reino Unido e inferior a la de Estados como Austria, Bélgica, Italia, Portugal o Suiza. 

Sentencias dictadas por el TEDH (datos medios 2013-2017) 

 

2013-2017

 

Media de sentencias por año

Media de sentencias por año encontrando al menos una violación

Sentencias con al menos una violación por millón de habitantes

Albania

6,2

5,0

1,7

Alemania

12,8

4,6

0,1

Andorra

0,4

0,2

2,6

ARY de Macedonia

10,0

8,0

3,9

Armenia

8,2

7,4

2,5

Austria

12,8

8,0

0,9

Azerbaiyán

16,0

15,6

1,6

Bélgica

13,0

9,0

0,8

Bosnia-Herzegovina

6,0

5,2

1,5

Bulgaria

30,4

27,0

3,8

Chipre

2,6

2,2

2,6

Croacia

27,6

21,2

5,1

Dinamarca

1,4

0,2

0,0

Eslovenia

17,2

15,6

7,6

España

8,8

6,0

0,1

Estonia

4,8

3,4

2,6

Federación Rusa

181,4

173,0

2,4

Finlandia

5,0

2,8

0,5

Francia

24,0

16,4

0,2

Georgia

5,0

3,6

1,0

Grecia

44,2

40,4

3,8

Holanda

3,8

1,6

0,1

Hungría

40,2

38,2

3,9

Irlanda

1,0

0,6

0,1

Islandia

1,8

1,2

3,5

Italia

30,6

26,4

0,4

Letonia

13,2

10,6

5,4

Liechtenstein

0,8

0,6

15,9

Lituania

15,0

7,8

2,7

Luxemburgo

0,8

0,4

0,7

Malta

6,0

3,8

8,3

Mónaco

0,4

0,4

10,4

Montenegro

4,6

4,4

7,1

Noruega

2,6

1,2

0,2

Polonia

25,2

17,4

0,5

Portugal

16,2

14,4

1,4

Reino Unido

11,8

5,0

0,1

República Checa

7,0

3,0

0,3

República de Moldavia

20,2

17,6

5,0

República Eslovaca

13,2

12,6

2,3

Rumanía

82,8

71,0

3,6

San Marino

0,4

0,2

6,0

Serbia

21,2

19,4

2,8

Suecia

7,2

1,8

0,2

Suiza

12,2

5,8

0,7

Turquía

103,2

92,4

1.2

Ucrania

64,0

61,2

1.4

España y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

El ingreso en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 conllevó la aplicación en España de los textos de los Tratados y la sujeción al papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que controla la legalidad de los actos de las instituciones de la UE, vela por que los Estados miembros respeten las obligaciones establecidas en los Tratados e interpreta el Derecho de la Unión a solicitud de los jueces nacionales. 

El siguiente cuadro detalla el número de recursos por incumplimiento de los Estados elevados al TJUE en los últimos cinco años y los pone en relación con la población de cada uno de los países. La ratio española es inferior a la del conjunto de la Unión y similar a la de países como Alemania, Italia, Holanda o Suecia. 

Recursos elevados al TJUE por incumplimiento de los Estados (2013-2017) 

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

Recursos por millón de habitantes

Bélgica

3

6

1

-

3

0,23

Bulgaria

3

2

1

-

2

0,23

Rep. Checa

-

1

2

2

2

0,13

Dinamarca

-

2

-

1

-

0,10

Alemania

4

2

4

7

2

0,05

Estonia

3

1

-

-

-

0,61

Irlanda

-

3

1

-

3

0,29

Grecia

4

7

4

7

2

0,45

España

1

2

3

1

4

0,05

Francia

2

3

1

-

2

0,02

Croacia

-

-

-

-

2

0,10

Italia

5

3

1

-

3

0,04

Chipre

1

1

-

-

-

0,47

Letonia

-

1

-

-

-

0,10

Lituania

-

-

-

-

-

0,00

Luxemburgo

1

2

2

3

-

2,71

Hungría

1

1

1

-

3

0,12

Malta

-

1

1

-

-

0,87

Holanda

1

1

1

-

1

0,05

Austria

1

2

2

1

-

0,14

Polonia

8

4

2

4

3

0,11

Portugal

2

5

4

-

3

0,27

Rumanía

2

-

3

1

1

0,07

Eslovenia

3

1

1

1

2

0,77

Eslovaquia

2

-

-

1

1

0,15

Finlandia

3

2

-

1

-

0,22

Suecia

1

1

-

-

-

0,04

Reino Unido

3

3

2

1

2

0,03

TOTAL

54

57

37

31

41

0,09

En cuanto al resultado de las sentencias dictadas por el TJUE en esos recursos por incumplimiento de los Estados, España -con 0,07 sentencias estimatorias por millón de habitantes- se sitúa en la media europea, que es de 0,06. 

Sentencias del TJUE en recursos por incumplimiento de los Estados 

 

Sentencias estimatorias

 

 

Estado miembro

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

Sentencias estimatorias por millón de habitantes 2013-2017

Bélgica

2

4

2

1

1

0,18

Bulgaria

-

1

2

1

1

0,14

República Checa

2

-

-

1

-

0,06

Dinamarca

1

1

1

-

-

0,10

Alemania

-

3

3

1

4

0,03

Estonia

-

-

-

-

-

0,00

Irlanda

3

-

-

-

1

0,17

Grecia

2

4

3

4

5

0,33

España

6

6

-

3

2

0,07

Francia

5

1

4

1

-

0,03

Croacia

-

-

-

-

-

0,00

Italia

7

6

2

1

-

0,05

Chipre

1

-

-

1

-

0,47

Letonia

-

-

1

-

-

0.10

Lituania

-

1

-

-

-

0,07

Luxemburgo

1

-

2

1

1

1,69

Hungría

1

2

-

1

1

0,10

Malta

-

-

-

-

-

0,00

Holanda

2

-

-

1

-

0,04

Austria

-

-

-

-

-

0,00

Polonia

4

4

3

2

-

0,07

Portugal

-

3

-

6

2

0,21

Rumanía

-

-

-

1

-

0,01

Eslovenia

1

-

1

-

1

0,29

Eslovaquia

1

-

-

-

-

0,04

Finlandia

-

-

-

-

-

0,00

Suecia

1

1

1

-

-

0,06

Reino Unido

-

4

1

1

1

0,02

TOTAL

40

41

26

27

20

0,06

El informe de la Sección de Estadística también detalla las cuestiones prejudiciales mediante las que los jueces nacionales se dirigen al TJUE para solicitar que éste precise una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión. 

Desde 1986, los jueces españoles han planteado un total de 460 cuestiones prejudiciales al TJUE, lo que representa el 5,3 por ciento de todas las presentadas ante el tribunal, un porcentaje que está por debajo del peso poblacional de España en la Unión Europea. 

En los últimos diez años, las materias por la que más veces han planteado los jueces españoles cuestión prejudicial son la de protección de consumidores (65) y política social (63). En cuanto a los órganos que en más ocasiones han elevado consultas al TJUE en ese mismo periodo (2008-2017), son el Tribunal Supremo (58), los Tribunales Superiores de Justicia (37), las Audiencias Provinciales (29) y los Juzgados de Primera Instancia (28).

¿Quiere leer la sentencia?

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 85 personas en el primer trimestre del año2018-06-19
  • En los 17 procedimientos concluidos por este tipo de delitos en ese periodo
  • El 75 por ciento de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo fueron condenatorias

Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de 2018 un total de 17 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 85 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de los datos correspondientes a los tres primeros meses del año.

El repositorio es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. 

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción*

 

Personas acusadas

Procedimientos

Tribunal Supremo

0

0

Audiencia Nacional

0

0

Órganos centrales

0

0

Andalucía

22

4

Aragón

0

0

Asturias

0

0

Baleares

6

2

Canarias

0

0

Cantabria

0

0

Castilla-La Mancha

1

1

Castilla y León

1

1

Cataluña

0

0

Comunidad Valenciana

40

6

Extremadura

4

1

Galicia

0

0

Madrid

11

2

Murcia

0

0

Navarra

0

0

País Vasco

0

0

La Rioja

0

0

CC.AA.

85

17

TOTAL

85

17

*La tabla refleja el número de personas contra las que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

Un 75 por ciento de sentencias condenatorias

Entre los pasados 1 de enero y el 31 de marzo, los Juzgados y Tribunales dictaron 20 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 15 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 75 por ciento del total.

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

La distribución de sentencias dictadas por los órganos centrales y en las distintas Comunidades Autónomas es la siguiente:

Sentencias dictadas en procedimientos por corrupción

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

T.Supremo

0

0

0

0

0

A.Nacional

0

0

0

1

1

Ó.centrales

0

0

0

1

1

Andalucía

1

2

0

0

3

Aragón

0

0

0

1

1

Asturias

0

1

0

2

3

Baleares

1

0

0

0

1

Canarias

0

1

0

0

1

Cantabria

0

0

0

0

0

C.-La Mancha

0

1

0

0

1

C. y León

0

1

0

0

1

Cataluña

2

0

0

0

2

C.Valenciana

3

0

0

0

3

Extremadura

0

1

0

0

1

Galicia

0

0

0

1

1

Madrid

0

0

0

0

0

Murcia

0

0

1

0

1

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

0

0

0

0

0

La Rioja

0

0

0

0

0

CC.AA.

7

7

1

4

19

TOTAL

7

7

1

5

20

73 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de abril de este año había en el conjunto de España 73 penados –en 43 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 16 con el de cohecho- y once preventivos.

Acceda al repositorio de datos de procedimientos por delitos de corrupción en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/

Un juzgado de Huesca condena a Ryanair a devolver a una usuaria la prima de un seguro asociado a un vuelo cancelado2018-06-18
La magistrada considera dicha cláusula “abusiva y un enriquecimiento injusto”

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil 3 de Huesca ha condenado a la compañía aérea Ryanair a devolver la cuantía correspondiente a tres pólizas de seguros contratados por una usuaria. Tras la cancelación del vuelo, la compañía aérea devolvió a la usuaria la cantidad correspondiente a los billetes sin abonar la perteneciente a los seguros de viaje individual.

La magistrada considera no acreditada la exclusión legal que justifique que Ryanair, tras la cancelación de un vuelo, no proceda a la devolución de las primas del seguro asociado a ese viaje y supone “una cláusula abusiva y un enriquecimiento injusto al apropiarse de una cuantía que no responde a servicio efectivamente prestado”.

El Tribunal Supremo declara nulo el cese en los meses de verano de los profesores interinos de centros no universitarios2018-06-15
La Sala Tercera considera que dicha práctica vulnera el principio de no discriminación

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera nulo de pleno derecho el cese el 30 de junio de los profesores interinos de centros no universitarios que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, sin pagarles los meses de julio y agosto, al considerar que dicha práctica supone una vulneración del principio de no discriminación recogida en la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/707CE.

El tribunal estima el recurso de casación planteado por la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR), junto a 74 profesores interinos no universitarios que se encontraban en esta situación, contra la sentencia del TSJ de Murcia que, a su vez, consideró ajustado a derecho el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad. En su recurso, alegaban que la sentencia recurrida establecía una diferencia de trato arbitraria entre funcionarios interinos y de carrera, puesto que ante un mismo trabajo –curso escolar- unos no cobran las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto, pero otros sí.

Para el tribunal, la relación laboral entre el funcionario docente interino y la Administración educativa “queda truncada, a diferencia de lo que ocurre para el funcionario de carrera, cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de ese concreto puesto de trabajo para que el funcionario interino fue nombrado, que no son sólo las de estricto carácter lectivo, sino también otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio de curso escolar y que, además, contribuyen a la mejor preparación del profesorado y a la mejor o más eficaz prestación del servicio educativo, como pueden ser las de análisis del curso, elaboración de la memoria escolar, programación del curso siguiente, etc…, con las consiguientes reuniones del profesorado, de todo lo cual se priva al funcionario docente interino que fue nombrado para aquella situación”.

“Esas consecuencias nada deseables para la preparación del profesorado y para la más eficaz prestación del servicio educativo, se agravarían sobremanera si fuera cierta aquella práctica de la Administración educativa de acudir de nuevo en el siguiente curso escolar al nombramiento de funcionarios docentes interinos nombrados en el curso anterior y que fueron privados de realizar esas otras actividades”, concluye la Sala. En relación con la práctica administrativa, el tribunal considera oportuno indicar lo que califican los recurrentes en su demanda como “una monstruosidad prohibida por el Derecho Laboral” la de “contratar a un trabajador para que realice sus funciones mientras la empresa está abierta y, cuando ésta cierra en verano, despedirle y volverle a contratar en septiembre para no pagarle las retribuciones ubicadas en el periodo vacacional”.

Al mismo tiempo, señala algunos de los perjuicios que suponen para los afectados como la privación de retribuciones en los meses de julio y agosto, la disminución proporcional del número de días de vacaciones retribuidas, así como la incidencia en la cotización a la Seguridad Social y las consecuencias derivadas de ellas. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, explica que la desigualdad de trato en este proceso no está justificada por razones objetivas y añade que las consideraciones de índole presupuestaria no justifican la aplicación de una normativa nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores con contrato de duración determinada.

La Sala destaca que el Acuerdo Marco engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan. Y que, por tanto, las disposiciones contenidas en dicho acuerdo se aplican a los contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público. El tribunal precisa que su decisión afecta a estos profesores que se encuentran en la situación descrita pero no a los que son nombrados cuando el curso escolar ya ha avanzado por periodos inferiores a la duración de éste, denotando por ello una necesidad ocasional y transitoria.

La sentencia recoge la reiterada y uniforme doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha venido interpretando la Cláusula 4 del Acuerdo Marco por lo que la Sala entiende que no procede plantear una cuestión prejudicial al concluir que esa doctrina del TJUE es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y “conduce de modo inevitable a la conclusión que alcanzamos en esta sentencia”. Como consecuencia de ello, anula los números 1 y 2 del apartado Segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad.

El apartado 1 decía que se suspende el apartado sexto, “derechos retributivos”, del Acuerdo para la provisión de puestos de trabajo de los cuerpos docentes no universitarios, en régimen de interinidad en centros dependientes de dicha comunidad, publicado por Resolución de 6 de mayo de la Consejería de Hacienda. El apartado 2 establecía que la duración del nombramiento del personal docente interino se ajustará al tiempo que duren las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento y se mantendrá mientras persistan las razones de urgencia o necesidad que lo justificaron, cesando, como máximo el 30 de junio de cada año, por lo que en esa fecha se extinguirán los contratos vigentes del personal docente interino.

Una marca consistente en un color aplicado en la suela de un zapato no está comprendida en la prohibición de registro de las formas2018-06-14

Dicha marca no está constituida «exclusivamente por la forma» en el sentido de la Directiva sobre marcas

El Sr. Louboutin y Christian Louboutin SAS diseñan zapatos para mujer de tacón alto que tienen como particularidad una suela sistemáticamente revestida de rojo. En 2010, el Sr. Louboutin registró su marca en el Benelux, en la clase denominada «zapatos», que en 2013 sustituyó por la clase «zapatos de tacón alto». Según la descripción de la marca, ésta consiste en «el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)».

La sociedad Van Haren, que explota establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos, vendió durante 2012 zapatos de tacón alto para mujer con la suela revestida de color rojo. El Sr. Louboutin y su sociedad presentaron una demanda ante los tribunales neerlandeses con objeto de que se declarara que Van Haren había vulnerado su marca. Por su parte, Van Haren alegó que la marca de que se trata es nula. En efecto, la Directiva de la Unión sobre marcas enumera diversas causas de nulidad o de denegación de registro, entre ellas la relativa a los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto. [1] El rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos) decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia a este respecto. El rechtbank Den Haag considera que la marca controvertida está indisociablemente vinculada a una suela de zapato y se pregunta si, según la Directiva, el concepto de «forma» se limita a las características tridimensionales de un producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen, o si comprende también otras características, como el color.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera que, al no haber en la Directiva una definición del concepto de «forma», la determinación del significado de este término debe efectuarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente. El Tribunal de Justicia indica que del sentido usual del término no resulta que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma.

[1] Artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

El Tribunal de Justicia estima, además, que, si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue al registrar la marca no es proteger dicha forma, sino únicamente la aplicación de un color en un lugar específico del producto.

En el presente asunto, la marca no consiste en una forma específica de suela de zapatos de tacón alto, dado que su descripción indica expresamente que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que únicamente sirve para poner de relieve la posición del color rojo objeto del registro.

El Tribunal de Justicia añade que no cabe considerar que un signo, como el controvertido en el presente asunto, esté constituido «exclusivamente» por la forma cuando su objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacionalmente reconocido.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Mutualidad de la Abogacía aprueba por mayoría las cuentas de 2017 y los presupuestos para 20182018-06-13
  • En su 70 aniversario, la Mutualidad inmersa en una transformación digital para consolidar sus valores de liderazgo en el mercado asegurador
  • El presidente presentó a la Asamblea el futuro de la entidad con un nuevo plan estratégico quinquenal y la creación de un Comité Asesor, formado por Manuel Lagares; el que fuera vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin Génova; el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta; y José Miguel Rodriguez-Pardo, economista, actuario y exdirector general de BBVA Seguros.

El pasado 9 de junio, y con una identidad corporativa recién estrenada, se celebraba en el Auditorio del Museo Nacional Reina Sofía la 81 edición de la Asamblea General de la Mutualidad en la que se presentó la estrategia que seguirá la entidad para los próximos 5 años que, además, como novedad contará con un Comité Asesor en materia de inversiones.

La Asamblea aprobó las cuentas de 2017 por 208 votos a favor, 13 votos en contra y 13 abstenciones y los presupuestos para 2018 por 236 votos a favor, 10 votos en contra y 9 abstenciones. Estos resultados avalan la solvencia y confianza de los mutualistas en la entidad, desde sus grandes cifras a partidas menores.

Coincidiendo con los 70 años de historia de la Mutualidad creada en 1948, su presidente Enrique Sanz Fernández-Lomana recordó que la compañía continúa siendo la primera entre las mutualidades de previsión social y ocupa el séptimo puesto por volumen de provisiones técnicas y el décimo por volumen de primas en el ranking del sector de los grupos de aseguradoras de vida que publica ICEA.

Resultados 2017

Fernández-Lomana presentó su informe basado en las mejoras económicas y financieras del pasado ejercicio, “en el que hemos dado respuesta a los desafíos del mercado” y también se han impulsado “cambios y reformas orientadas a mejorar el gobierno corporativo para lograr una gestión más eficiente”, señaló.

Así, como datos objetivos, ofreció las cifras de crecimiento durante 2017. Destacó que al final del año la Mutualidad contaba con 196.326 mutualistas, lo que supone que el censo ha seguido subiendo con respecto al ejercicio anterior. Esto ha hecho posible que la evolución de primas se haya situado en los 628,7 millones de euros, frente a los 598,4 millones del 2016.

La rentabilidad neta de las inversiones, con un 5,17% sobre los activos invertidos, “supera un año más la rentabilidad media del sector”, destacó el presidente, lo que va a permitir retribuir a los mutualistas con el 4,65%, añadió.

El presidente cifró, además, el incremento del volumen de ahorro gestionado en un 11,50% más que el año anterior, lo que en números absolutos supone un total de 6.624 millones de euros.

Como últimos datos del informe económico, Enrique Sanz, recalcó refiriéndose a los gastos de gestión que se han reducido hasta el 0,20%, frente al 0,22 del año anterior y “frente al 1,50% de media del mercado en las aseguradoras de vida y fondos de pensiones”.

El excedente del ejercicio, un total de 22,6 millones, que se acumulará a los fondos propios y alcanzará la cifra de 319 millones de euros, supone que “hemos multiplicado por 35 veces los fondos propios en los últimos 12 años, contribuyendo decisivamente a reforzar nuestra solvencia”, concluyó el presidente.

Banco Popular: batería de medidas legales y futuro sin efecto negativo

En cuanto a la inversión de la Mutualidad en el desaparecido Banco Popular, Fernández-Lomana precisó que la pérdida de la inversión está contabilizada en el ejercicio 2017 y en la rebaja de las expectativas iniciales de rentabilidad del ejercicio que ha pasado del 5 al 4,65%, por lo que ya no tendrá ningún efecto negativo en el futuro. Y “si recuperáramos nuestra inversión, los mutualistas verían incrementada la rentabilidad del ejercicio en que fuera contabilizada”, añadió.

El presidente también explicó la batería de medidas jurídicas que la Mutualidad ha puesto en marcha en defensa de sus intereses que pasan, entre otras, por la personación en el procedimiento penal seguido ante la Audiencia Nacional, sin que se descarte “el ejercicio de otras acciones de naturaleza administrativa o civil, tendentes a la recuperación de nuestra inversión”.

Solvencia más de dos veces por encima de lo exigido

El Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia que publica la entidad por segundo año consecutivo con el principal propósito de garantizar la transparencia hacia sus mutualistas y el mercado en general, muestra que la Mutualidad obtiene un Ratio de Solvencia del 223%. Este porcentaje indica que la entidad cuenta con unos fondos propios 2,23 veces superior a los exigidos por las normas aseguradoras.

Plan Estratégico: valores de siempre con liderazgo tecnológico

Con la transformación digital de fondo y para mantener las bases del modelo de negocio que han hecho posible situar a la Mutualidad donde está en estos 70 años conjugado con una organización moderna, innovadora y eficiente, el presidente explicó los objetivos del Plan Estratégico aprobado para los próximos 5 años, con el que se pretende mantener un crecimiento sostenido y sostenible de las principales magnitudes de la Mutualidad; buscar la máxima eficiencia de los sistemas, los procesos y la toma de decisiones; integrar este cambio cultural en toda la entidad; y ser una entidad transparente y que sea reconocida por su alto nivel de innovación tecnológica y corporativa.

Comité Asesor

La Asamblea también tuvo conocimiento de que la Mutualidad ha creado un órgano asesor formado por profesionales de prestigio, con experiencia y demostrada capacidad de liderazgo en el ámbito financiero y empresarial cuyo asesoramiento tendrá carácter consultivo y representativo.

El nuevo Comité está compuesto inicialmente por el catedrático y presidente del grupo de expertos para la última reforma fiscal de 2015, Manuel Lagares; el que fuera vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin Génova; el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta; y José Miguel Rodriguez-Pardo, economista, actuario y exdirector general de BBVA Seguros.

Refuerzo del Gobierno Corporativo

El presidente también explicó que junto con la anterior medida, la Mutualidad ha fortalecido las competencias de sus órganos de gobierno y ha adaptado su estructura “a las exigencias de un sector asegurador y de previsión cada día más exigente y complejo”.

Así se han incorporado profesionales cualificados del sector como es el caso de Laura Duque, directora de cumplimiento normativo y control interno.

El presupuesto 2018 mantiene la tendencia alcista

El director general, Rafael Navas Lanchas presentó el presupuesto para este año donde la previsión de crecimiento de las aportaciones de los mutualistas se situaría en el 2%, hasta llegar a los 641,3 millones de euros. Con ello, el volumen del ahorro gestionado llegará a los 7.295 millones, frente a los 6.624 del año pasado, un 10,12% más.

La rentabilidad prevista para 2018 se estima en un 4,72%, lo que dejaría la rentabilidad a favor de los mutualistas en el 4,25%.

Con estas cifras, según indicó el director general, el excedente podrá situarse en los 25 millones, con lo que la Mutualidad pasaría a tener unos fondos propios de 344 millones.

Avance a abril 2018

Estos datos van en la línea de los objetivos fijados por la entidad e incluso, como expuso Rafael Navas, en algunas partidas se van mejorando.

Es el caso del crecimiento del  ahorro gestionado que se ha situado en los 6.885 millones, un 10,35% más que a abril del año anterior.

Las aportaciones de los mutualistas suponen un total de 232,8 millones de euros, y por lo que respecta a los ingresos financieros netos, hay que destacar que se han situado en 121,7 millones, en línea con la rentabilidad a conseguir al cierre del ejercicio.

Los fondos buitre no podrán beneficiarse de la nueva Ley de desahucio exprés de ‘okupas’2018-06-12

La reciente aprobación del Congreso de la nueva Ley de desahucio exprés para los ‘okupas’ ilegales de viviendas pone sobre la mesa el debate sobre qué agentes del mercado son los más beneficiados de esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por CCAA, las viviendas ocupadas de forma ilegal en Asturias, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana son las que más valor pierden

La proposición que modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ocupaciones ilegales de viviendas persigue acabar con una tendencia que había ido al alza a partir de la crisis económica. La nueva Ley ya no sólo supone regular lo que se consideró "un procedimiento específico para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social", sino que del contenido del texto se han excluido a entidades privadas y gestoras de viviendas destinadas al alquiler social. Esto cierra la puerta a que entidades financieras y fondos buitre puedan beneficiarse de esta mayor rapidez en el proceso de desahucio de ‘okupas' para fines empresariales e inmobiliarios.

La ‘okupación' es uno de los principales problemas a los que un propietario de una vivienda se puede llegar a enfrentar, por lo que establecer un marco legal definido y ágil resulta de vital importancia para desencallar este tipo de situaciones. De hecho, según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, los propietarios que sufren la ocupación ilegal de sus viviendas en España deben aplicar un descuento medio de más de un 42% en el precio de venta del bien respecto a viviendas similares en su entorno que también estén en venta.

¿Quiénes podrán acogerse a la propuesta aprobada y cuánto tardará el desalojo?

Según el texto aprobado, las personas físicas que sean propietarias de una vivienda, así como entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas que sean propietarias o poseedoras de un inmueble social serán las que podrán solicitar la "inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella" en el caso de que ésta se halle ocupada sin su consentimiento.

"En el caso de admitirse la solicitud, la sentencia se haría efectiva en un plazo de menos de 20 días. Primero, se traslada la notificación a los ocupantes de la vivienda, que también afecta a todos aquellos que estén viviendo en el inmueble en ese momento. Sólo cabrá defensa de los ocupantes si poseyeran la titularidad de la vivienda o bien el demandante no dispusiera de la misma. Después, en el caso de que no se pudiese justificar su presencia en la vivienda por falta de titularidad o contrato de alquiler vigente, se ordenaría mediante auto la entrega inmediata de la vivienda a su legítimo propietario", indica Fernando Sanahuja, socio fundador de Sanahuja Miranda Abogados.

La nueva Ley indica que contra este auto no se podrá tramitar un nuevo recurso, mientras que el efecto de la sentencia sería inmediato en el caso de que el demandado no hubiera emitido ninguna respuesta al requerimiento en un plazo de cinco días. Además, el desahucio se podría realizar sin la necesidad de que transcurrieran los 20 días previstos por la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre que el demandante lo solicitara.

Por otra parte, el nuevo texto también tiene previsto que se pueda pedir la actuación de los servicios públicos competentes en materia de política social. No obstante, la proposición no es garantía de conseguir una alternativa para aquellas personas que sean desahuciadas de estas okupaciones, pues no dispone de vías de actuación en concreto para aquellas situaciones en las que las personas que van a ser desalojadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Lo que sí contempla es que las Administraciones públicas incorporen en sus protocolos en materia de vivienda medidas que ayuden a agilizar la coordinación y cooperación entre los diferentes organismos para poder evitar que se produzcan casos de exclusión residencial y dar la "respuesta adecuada y más rápida posible".

Entre las medidas que se contemplan para cubrir tales necesidades, se han detallado protocolos que asegurarán la creación de registros que incorporen información sobre el parque de viviendas sociales que estén disponibles en cada momento para albergar a personas y familias en riesgo de exclusión social.

¿Qué CC.AA salen más beneficiadas?

Según el mismo informe de Idealista mencionado anteriormente, Asturias es la comunidad autónoma en la que mayor bajada de precio se da en una vivienda ocupada que pretende venderse, pues los propietarios se ven obligados a realizar una bajada de más del 65% de su valor real de mercado. Le siguen País Vasco (-53,2%), Baleares (-52,2%) y la Comunidad Valenciana (-50,7%). Eso significa que los propietarios de viviendas que estén ubicadas en estas comunidades son los más beneficiados por esta nueva Ley de desahucios exprés en situaciones de ocupación.

La lista la siguen las comunidades de Castilla y León, donde la rebaja llega al 48,2%, seguida de Cantabria (-46,7%), Andalucía (-44,7%), La Rioja (-44,4%), Aragón (-42,1%), Canarias (-41,9), Galicia (-41,8%), Castilla-La Mancha (-41,3%) y Murcia (-41,2%). En el otro extremo, las autonomías donde menos va a influir de cara a la pérdida de valor de las vivienda ocupada son Navarra (-28,1%), Madrid (-35,3%), Extremadura (-36,6%) y Cataluña (-39,3%).

TS: la expulsión administrativa de España de un extranjero sólo procede por penas de más de un año de prisión2018-06-11

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido como doctrina jurisprudencial que la expulsión de España de un ciudadano extranjero por vía administrativa como consecuencia de una condena penal solo es procedente cuando la pena mínima prevista en el Código Penal para el delito por el que ha sido condenado sea superior a 1 año de prisión.

Al existir sentencias contradictorias de los Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas, la Sala establece cómo tiene que interpretarse el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) que regula la expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, del extranjero que haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

En primer lugar, la Sala establece que la pena a la que se refiere dicho artículo es la prevista en abstracto en el Código Penal para el delito cometido, y no la pena concreta impuesta al afectado en sentencia. Y en segundo término, indica que la referencia a la pena superior a un año, debe interpretarse como la pena mínima que recoja el Código para cada delito.

Textualmente, la doctrina jurisprudencial acordada por el Supremo señala que “el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) —y, en concreto, su inciso “delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año”— debe ser interpretado en el sentido de que el precepto se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente, si bien, sólo en aquellos supuestos en los que la totalidad de la pena establecida en el Código Penal sea “una pena privativa de libertad superior a un año”, esto es, excluyendo aquellos delitos en los que, con independencia del máximo previsto para la pena de privación de libertad, el mínimo, igualmente previsto, es de un año o menos”.

Del precepto, explica la sentencia, no se deduce ninguna referencia a la condena concreta que se le impusiera al ciudadano extranjero, sino que lo único que exige y requiere es que la sanción prevista en el Código Penal español para el delito por el que se le condena sea una pena privativa de libertad superior al año, aunque la pena privativa de libertad que se le haya impuesto sea inferior al año.

“Se trata de una infracción objetiva en la que la valoración subjetiva de los hechos determinantes de la condena penal ya fue realizada por el tribunal penal, y tal valoración, con el juego de grados, atenuantes o conformidades, pudo dar lugar a una concreta pena privativa de libertad inferior al año; pero tal valoración subjetiva no le corresponde realizarla, de nuevo, a la administración en el momento de la imposición de la sanción de expulsión, ya que el legislador sólo ha habilitado a la misma para la comprobación de que el delito, por el que el extranjero fue condenado, está sancionado, en el Código Penal español, con una pena privativa de libertad superior al año”, subraya la Sala.

El precepto, según los magistrados, no se refiere a la conducta sino al delito, por lo que la decisión se debe adoptar sin considerar si el hecho se consumó o quedó en tentativa o la incidencia de determinadas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pues la aplicación del mismo quedaría al arbitrio de que la acusación solicite mayor o menor pena o de que el tribunal del orden penal la imponga por encima o no de dicho umbral. En este contexto, la Sala se inclina por la interpretación de la “pena abstracta” o “pena tipo”, ya que si se aplica la contraria, “pena concreta”, se podría dar la circunstancia de que algún extranjero fuera expulsado al ser condenado penalmente por una pena superior a un año –por el juego y aplicación de las circunstancias agravantes concurrentes- por un delito que sólo tenga prevista en el Código Penal una pena de prisión inferior a un año. Recuerda el tribunal, además, que esta causa de expulsión recogida en el artículo 57.2 de la LOEX es una transposición de la normativa europea que ha sido decidida en un ámbito comunitario que no admite interpretaciones concretas en el ámbito del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro.

En la sentencia que fija la doctrina jurisprudencial, el Supremo resuelve el caso planteado por un ciudadano extranjero con una orden de expulsión de España, con prohibición de entrada durante siete años, como consecuencia de una sentencia firme a ocho meses de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad. El tribunal estima el recurso de casación del interesado y anula la orden de expulsión dictada por la Subdelegación de Gobierno de Sevilla, de 19 de noviembre de 2015, al considerar que dicho delito “ni estaba ni está sancionado” en el Código Penal tanto en el momento en el que ocurrieron los hechos –uno a tres años de prisión Ley Orgánica 10/1995- como en una reforma posterior –seis meses a tres años de prisión Ley Orgánica 1/2015- con una pena privativa de libertad superior a un año.

La sentencia incluye dos votos particulares firmados por los magistrados Rafael Fernández Valverde y José Juan Suay Rincón que expresan su discrepancia con el criterio de la mayoría sobre la interpretación del citado artículo. En concreto, defienden que la sanción a considerar no debería ser la prevista en el Código Penal para el delito por que ha sido condenado el ciudadano extranjero, como afirman los demás magistrados, sino la pena por la que, concretamente, es condenado.

La Abogacía Catalana celebra la aprobación definitiva en el Senado de la reforma legislativa que permitirá el desalojo por la vía rápida de pisos ocupados ilegalmente2018-06-08

CGAE

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los catorce Colegios de Abogados de Cataluña, celebra la aprobación definitiva en el Senado de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitirá el desalojo por la vía rápida de las viviendas propiedad de particulares, organizaciones y administraciones con fines sociales, que hayan sido ocupadas de forma ilegal. La propuesta de modificación legislativa fue elaborada por la Comisión de Normativa del Consell de l’Advocacia Catalana y el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ​​a instancias de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El PDeCat la presentó el pasado mes de abril en el Congreso, donde se aprobó, y hoy ha sido ratificada en el Senado, lo que supone su aprobación definitiva.

La propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil planteada por la Abogacía Catalana consiste en que, antes del juicio verbal, el juez pueda actuar de forma inmediata y ejercite el desalojo de la vivienda cuando la parte propietaria acredite su condición a través de un título. Si el ocupante, en cambio, no puede aportar ningún título de alquiler o propiedad que demuestre su legalidad, se procederá a ejecutar el lanzamiento sin tener que recurrir a la vía penal, donde los procesos se alargan entre dos y tres años. Con esta reforma el propietario podrá recuperar su vivienda en un plazo de unos dos meses.

Esta reforma legislativa está pensada para particulares, organizaciones y administraciones propietarias de viviendas para usos sociales que son ocupados ilegalmente, y para combatir las mafias que abusan de las personas vulnerables. No se podrán acoger a esta ley el resto de propietarios de viviendas, como los bancos o los fondos buitre.

La nueva ley entrará en vigor en un plazo de 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Abonado el pago de marzo del Turno de Oficio en el territorio del Ministerio de Justicia2018-06-07

La Dirección General del Tesoro ha efectuado el 4 de junio el pago correspondiente al mes de marzo de 2018 del Turno de Oficio que corresponde a los Colegios de Abogados de territorio común bajo competencia del Ministerio de Justicia.

El Consejo General de la Abogacía confía en seguir con este ritmo de pagos mensuales, así como absorber este desfase de meses antes de acabar el año.

Desde hace meses, se vienen manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia con el fin de agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, se ha conseguido que el Ministerio abone con carácter mensual las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita.

En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 que el Tesoro Público procedió a abonar el 18 de abril, la liquidación se efectuará con carácter mensual a partir de mayo, a excepción de enero y febrero de 2018 que se abonaron el 30 de mayo.

No obstante, con ello no se soluciona el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado, así como el reconocimiento de nuevos módulos.

La Abogacía continuará trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El Tribunal Supremo avala el límite de una licencia de VTC por cada 30 de taxi para asegurar el mantenimiento de éste como servicio de interés general2018-06-06
La Sala Tercera anula el requisito de que las empresas de VTC dispongan de una flota mínima de siete vehículos

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha avalado la imposición de limitaciones a la actividad de las VTC, siempre que sean necesarias y proporcionadas, como forma de garantizar el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano, para asegurar el mantenimiento del servicio del taxi como un servicio de interés general. Así, el tribunal considera ajustado a derecho y no discriminatorio el límite de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, así como la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80 por ciento de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización.

Por el contrario, el tribunal da la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y a las plataformas Uber y Unauto, en el requisito impuesto a las empresas de VTC de que dispongan al menos de una flota de siete vehículos dedicados a dicha actividad, ya que excluiría a los pequeños empresarios de su ejercicio sin razón de interés general o necesidad que lo justifique. Por ello, anula tal limitación.

Los magistrados recogen estos criterios en la sentencia que resuelve los recursos de la CNMC, Uber, Unauto y Maxi Mobility Spain (Cabify) contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y que estableció las referidas restricciones a la actividad de VTC. En la posición contraria, que respaldaba el Decreto, estaban la Administración del Estado, numerosas federaciones del taxi, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o la Asociación Española de la Economía Digital.

En primer término, la Sala rechaza declarar la pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso derivada de la aprobación por el Gobierno, después de celebrarse la vista de los recursos en el Tribunal Supremo (el pasado 17 de abril) del Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Señala que la revisión jurisdiccional de legalidad del Real Decreto impugnado no puede ser evitada por la aprobación del Real Decreto-Ley porque durante el periodo de vigencia (de 2 años y 5 meses) de los preceptos del primero, ahora derogados, han podido originar efectos que pudieran verse afectados por una eventual declaración de ilegalidad de los mismos.

El Supremo examina si las limitaciones del Real Decreto de noviembre de 2015 incumplen prohibiciones contenidas en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado o el ordenamiento europeo, como sostenían los recurrentes, quienes alegaban que no estaban amparadas por una razón imperiosa de interés general, eran desproporcionadas y discriminatorias, y por su carácter económico o finalidad de planificación del sector.

Proporción 1/30 VTC-Taxi y 80% servicios en el territorio de la autorización

Sobre la limitación de licencias VTC en relación al número de taxis, el Supremo destaca que “una vez admitida la justificación de preservar un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano a fin de asegurar una modalidad como la del taxi, la previsión de una proporción entre el número de licencias es sin duda medida idónea y proporcionada, sin que parezca fácil arbitrar una medida alternativa que pudiera ser menos restrictiva ni corresponda hacerlo en esta Sala”.

En cuanto a la concreta proporción de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, admite que la Administración no ha ofrecido una justificación razonada a esas cifras, pero considera que es ajustada a derecho y no discriminatoria, ya que los recurrentes tampoco han planteado una posible alternativa a la misma, y además se trata de un límite máximo y que puede ser rebajado por las administraciones competentes, permitiendo que haya más de una licencia VTC por cada 30.

La Sala también acepta la restricción de que el 80 por ciento de los servicios de VTC deban desarrollarse en el ámbito territorial de la comunidad autónoma donde está domiciliada su autorización. Esta limitación, señala el tribunal, tiene la finalidad de evitar que la utilización de autorizaciones de VTC en localidades de otras comunidades autónomas se convierta en una forma fraudulenta de incumplir la regla de la proporcionalidad. En cualquier caso, señala que en este punto tampoco la Administración ni la CNMC han justificado las razones de la proporción elegida (en el caso del Gobierno) o de la que sería adecuada (por los recurrentes).

En cuanto a los requisitos materiales relativos a los vehículos, la Sala tampoco estima el recurso de la CNMC al entender que también se exigen medidas análogas al servicio del taxi para asegurar los niveles de calidad y seguridad en los mismos.

Flota mínima de siete vehículos

Por el contrario, la Sala estima de forma parcial el recurso de la CNMC, de Uber y de Unauto, y anula por ser contraria a derecho la exigencia de una flota mínima de siete vehículos a las empresas que se dedican a esta actividad por entender que constituye una limitación a la actividad de VTC que excluye a pequeños empresarios del ejercicio de la misma y que carece, sin embargo, de una razón de interés general o de necesidad que la justifique.

La sentencia explica que el Real Decreto impugnado no obliga a tener una flota mínima de siete vehículos destinados al ejercicio de la actividad de VTC sino que, “simplemente, obliga a disponer de uno o más vehículos en las condiciones reglamentarias que se determinen, esto es, simplemente a disponer al menos de algún vehículo destinado a la actividad para la que se solicita autorización”. Para el tribunal, este requisito resulta por completo irrelevante desde la perspectiva de dicha razón de interés general, pues el equilibrio entre taxis y VTC no se ve ni favorecido ni perjudicado por esta exigencia ni tampoco lo justifica la seguridad de las transacciones comerciales.

Tampoco resultan convincentes para el tribunal las razones recogidas en la memoria de impacto normativa que se refieren a que dicha exigencia supone una mejor protección de los derechos de los usuarios o incrementa la seguridad de las transacciones financieras, ni por qué se iba a producir una constante aparición y desaparición de microempresas y por qué, de producirse tal circunstancia, se oscurecería la seguridad jurídica y económica en las relaciones comerciales. “Se trata de afirmaciones apodícticas carentes de explicación y que resultan desmentidas, por cierto, por la existencia de numerosos taxistas que son titulares exclusivamente de su licencia, sin que ello haya ocasionado tan perniciosas consecuencia”, subraya la Sala.

La Audiencia Nacional reconoce por primera vez un incremento salarial ligado a las cuentas de una segunda empresa2018-06-05

La empresa Eltec, en su día perteneciente al grupo T-Systems y hoy ligada a ella a través de contratos para servicios, ha sido condenada por la Audiencia Nacional a pagar a más de 100 trabajadores y trabajadoras, un variable económico dependiente de las cuentas de T-Systems y que se sitúa en torno a 1.000 euros de media por afectado.

En 2012, la empresa practicó una reducción salarial a toda la plantilla, que tenían derecho a recuperar si se cumplían ciertos parámetros. Estos parámetros iban ligados a cuentas y presupuestos tanto de Eltec como de T-Systems. En el caso de los ligados a Eltec, esos resultados no se cumplieron, pero sí en lo referente a los presupuestos positivos de T-Systems.

La Audiencia Nacional reconoce ahora, tras denuncia de la Federación de Industria de USO contra la empresa y contra los sindicatos CCOO y UGT, que Eltec debe abonar ese 25% de recuperación de salario ligado a las cuentas de T-Systems, aunque la empresa demandada ya no forme parte del mismo grupo que T-Systems ITC Iberia.

En los hechos probados, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional destaca que “en lo que respecta al 25% indexado al presupuesto de ITC, si se alcanza por dicha sociedad el resultado antes de impuestos presupuestado anualmente por la misma (…), se procedería a la distribución del 25% de la reducción salarial pactada (…) entre los afectados”. También considera probado que en 2015 el Grupo vende T-Systems Eltec, pero “el acuerdo de reducción salarial alcanzado el 29-10-2012 continúa aplicándose actualmente en Eltec IT Services SL.

Este pago anual de 2016 tiene exactamente la misma redacción para el pasado 2017 y futuros años, por lo que, una vez que la sentencia sea ratificada por el Tribunal Supremo, las cuentas positivas de T-Systems darán lugar a ese pago, y así sucesivamente.

Eltec IT Services es una compañía enfocada en la prestación de soluciones y servicios tecnológicos para la gestión, instalación, despliegue, soporte y mantenimiento de equipamiento y de infraestructuras TIC, cuenta con seis sedes principales repartidas en Comunidad de Madrid, Barcelona, Valencia y Euskadi, y más de 60 puntos de servicio, en todas las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. Los más de 200 afectados, con contrato en vigor en el citado 2012, están repartidos por todas ellas.

Tres de cada cuatro mujeres asesinadas por violencia de género en 2016 no habían presentado denuncia previa2018-06-04

En diez de las treinta y ocho sentencias dictadas por tribunales de Jurado y por las Audiencias Provinciales en el año 2016, relativas a homicidios y/o asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, consta la existencia de denuncias previas por violencia de género, según el Informe del Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial.

El Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que preside la vocal del CGPJ, Ángeles Carmona, ha aprobado en su reunión de hoy el Análisis sobre las sentencias dictadas en el año 2016, relativas a homicidios y/o asesinatos entre los miembros de la pareja o expareja y de menores a manos de sus progenitores.

El Grupo de expertos ha analizado 38 sentencias de crímenes por violencia de género, 10 sentencias de casos de muertes por violencia doméstica y 5 sentencias en procesos por asesinato de menores a manos de sus progenitores.

El Análisis de las sentencias por feminicidio dictadas por los órganos judiciales en el año 2016 constata el incremento de denuncias previas en los crímenes de género respecto al año anterior, aunque la cifra apenas alcanza el 26 por ciento del total.

El Grupo de Expertos indica que en el porcentaje del 74 por ciento de sentencias por feminicidio donde no constan denuncias previas, “a buen seguro había malos tratos no denunciados y que fueron ocultados”.

El Informe señala que es preciso fomentar la mejora en la información a todos los agentes implicados en Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y organismos centrales para que las víctimas conozcan sus derechos y los recursos a su disposición. También se incide en la necesidad de mejorar los canales de detección de riesgo en mujeres que acuden a centros sociales a recabar ayudas y no desean denunciar, y en hacer hincapié en los programas de información, prevención y mecanismos de protección a niños/as y adolescentes.

Incremento de la media de edad de las víctimas

 La media de edad de las víctimas de feminicidio en las sentencias dictadas en 2016 fue de 40 años, incrementándose respecto de 2015, en el que había sido de 32 años. Ninguna de las víctimas era menor de edad y la más joven tenía 20 años.

El Grupo de Expertos aboga por reforzar programas de información y sensibilización en los centros educativos, a fin de mejorar la prevención y protección de los/las jóvenes. También considera necesario fortalecer el apoyo a personas mayores en situación de dependencia, pues cada año se registran feminicidios de mujeres mayores a cargo de sus parejas masculinas.

Agravantes y atenuantes

 La agravante de parentesco fue la más aplicada, ya que así se recoge en el 92 por ciento de los casos de muertes por violencia de género, en un 52 por ciento en los casos de violencia doméstica y en el total de las sentencias dictadas cuando la víctima era un o una menor.

También han sido aplicadas agravantes de abuso de superioridad, reincidencia, alevosía y ensañamiento.

En cuanto a atenuantes, el trastorno o afectación mental fue apreciado en apenas un 10 por ciento de los casos, lo que demuestra la nula o reducida influencia de las disfunciones mentales en los crímenes de violencia de género. No fue apreciada esta atenuante en ningún supuesto de violencia doméstica y en un caso se aplicó como eximente completa en sentencias de menores, al apreciarse que la madre padecía esquizofrenia paranoide.

Sólo en una de las sentencias dictadas en 2016, se apreció la atenuante por consumo de alcohol y/o drogas, mientras que en el resto de procedimientos, en los que fue solicitada dicha atenuante por las defensas, no quedó demostrado que la adicción o ingesta disminuyera o anulara la capacidad de discernimiento del acusado.

Aumentó el número de muertes conexas en violencia de género

En los casos de violencia de género, y en conexión con el feminicidio, se registraron, según el Análisis de las sentencias de 2016, siete víctimas, cuatro de ellas mortales, de las que dos eran menores de edad, hijos de la pareja.

Según se recoge en las sentencias, ocho menores presenciaron el crimen de su madre y un total de 64 hijos/as -38, menores de edad-  debían recibir indemnización por responsabilidad civil.

El Grupo de Expertos señala que “son muchos los estudios que demuestran que haber sido testigo o víctima directa de las agresiones tiene consecuencias devastadoras para la salud psicológica de los menores”, por lo que incide en la necesidad de fortalecer los servicios sociales y sanitarios para la detección temprana y para la mejor protección y atención de los menores.

Incremento de los reconocimientos de hechos y entrega del autor

 En los casos de violencia de género, el Grupo de Expertos alerta del preocupante porcentaje de la entrega voluntaria del autor (un 40 por ciento) superior al registrado en las sentencias de años anteriores. Como ha venido incidiendo en otras ocasiones, propone valorar la supresión del beneficio penal de la atenuante prevista en el artículo 21 del Código Penal.

El Grupo de Expertos señala que en los delitos de asesinato u homicidio donde no existe relación de pareja, apenas se produce la circunstancia de que se entregue el autor del crimen. Ello demuestra “el tratamiento diferenciador que deben tener los estudios y medidas legales a adoptar en los crímenes de violencia de género”.

 Ausencia de impunidad

 De las 38 sentencias dictadas por feminicidio recayó fallo condenatorio en 37. De ellas, 30 fueron por asesinato y 7 por homicidio, lo que evidencia para el Grupo de Expertos, una especial agravación de los hechos, concretada en una mayor preparación de los mismos y en una mayor agresividad en su ejecución. La pena media privativa de libertad impuesta fue superior a 17 años.

La mayor parte de los homicidios o asesinatos de violencia de género que han dado lugar a las 37 sentencias condenatorias en 2016, son motivados por una relación de dominio del agresor varón, bien habiendo ejercido malos tratos sobre la víctima mortal con anterioridad, bien porque no admite que la víctima desee dejar la relación y salir de su esfera de control.

En materia de violencia doméstica, en un 40 por ciento de los casos, los hechos fueron calificados como asesinato, con una pena media privativa de libertad ligeramente superior a 12 años. Cuando la víctima fue menor de edad, todos los casos fueron calificados como asesinato y la pena media impuesta fue de 20 años.

Sentencias de violencia de género en el ámbito del Convenio de Estambul

 En este estudio se incluye por primera vez el análisis de 9 sentencias dictadas por homicidio y/o asesinato de una mujer a manos de un varón con el que no mantenía una relación de afectividad o parentesco, en los que el género de la víctima era lo que la hacía vulnerable.

Entre estos casos se encuentran, por ejemplo, supuestos de feminicidio no íntimo, consiguientes a agresiones sexuales, crímenes sucedidos en el ámbito del ejercicio de la prostitución y homicidios o asesinatos ocurridos en situaciones de robo con violencia. La relación entre víctima y autor del crimen es muy variable, contemplándose casos de compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, amigos, y otros supuestos en los que no pudo acreditarse la existencia de relación alguna.

En su Informe el Grupo de Expertos recuerda que en el Pacto de Estado contra la violencia de género se contiene una medida referida a la agravante de género y es la de recomendar la aplicación de la circunstancia 4ª del artículo 22 del Código Penal en todos aquellos casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos machistas o discriminatorios hacia la mujer en los casos de agresión sexual y abuso de los artículos 178 a 183 bis del Código Penal.

Ante la dificultad de apreciar la motivación de género en estos casos, se hace necesario, en opinión del Grupo de Expertos, “profundizar en los patrones de los hechos, las motivaciones y circunstancias concurrentes para poder ofrecer unos indicadores que permitan facilitar la apreciación de la agravante de género”.

Puede consultar el informe completo pinchando AQUÍ

El Tribunal Supremo aplica por primera vez perspectiva de género y condena por intento de asesinato, en lugar de homicidio, a hombre que asestó ocho puñaladas a su mujer2018-06-01

La Sala de lo Penal aplica la perspectiva de género y eleva de 12 a 16 años y 8 meses de prisión la condena impuesta. Destaca que convirtió su casa “en un escenario del miedo” y le priva de la patria potestad de su hija, que presenció el ataque

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez la perspectiva de género en un caso de intento de asesinato y maltrato de un hombre a su pareja. Así, ha elevado de 12 años a 16 años y 8 meses de prisión la pena impuesta al acusado al entender que el delito que cometió fue un asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco, en lugar de un homicidio intentado, al apreciar la existencia de alevosía en el agresor por la nula capacidad de defensa de la mujer a la que asestó ocho puñaladas delante de su hija.

En su sentencia, el tribunal analiza desde una perspectiva de género la acción desplegada por el hombre sobre la mujer, lo que supuso un aseguramiento de la acción agresiva. Para la Sala, en este supuesto, la defensa de la víctima fue inviable, lo que lleva a considerar la existencia de la alevosía, porque el ataque de forma desproporcionada hace ineficaz e imposible un mecanismo defensivo por la anulación absoluta de las posibilidades de defensa que, por el carácter sorpresivo del ataque, determina la concurrencia de esta acción alevosa que cualifica el delito en asesinato, y no en homicidio, y en este caso en grado de tentativa.

"Escenario del miedo"

El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por la víctima y el fiscal, y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que impuso al condenado una pena de 12 años por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa acabada (9 años y seis meses que ahora pasan a 14 años de prisión)-, y dos de maltrato habitual en el ámbito familiar (2 años y 8 meses de prisión que se quedan igual).

En cuanto a la condena por estos últimos delitos que ha sido confirmada, la sentencia, con ponencia del magistrado Vicente Magro Servet, indica que el maltrato habitual se configura con unas características de especial crueldad en el autor que en el círculo de su propio hogar familiar ejerce un maltrato prolongado en el tiempo, que crea una especie de "escenario del miedo", y que aunque se desdobla en actos aislados de hechos que pueden conllevar, individualmente considerados, una penalidad reducida, la reiteración en esos hechos provoca un doble daño en la víctima.

En este sentido, afirma que ese daño puede ser físico si se trata de agresiones que causan lesión o sin causarlas, o en expresiones que profiere el autor y constan probadas; como psíquico, por afectar a la psique de las víctimas, no solo las expresiones que se profieren, sino el maltrato físico habitual viniendo del autor del que vienen los hechos, que no se trata de un tercero ajeno a las víctimas, sino de la pareja de la víctima, o el padre de las mismas, lo que agrava el padecimiento de las víctimas de violencia de género y doméstica.

La Sala destaca que el retraso en denunciar el maltrato no supone merma en la credibilidad de las víctimas y afirma que éstas lo silencian por miedo, temor a una agresión mayor, o a que las maten. Pero ese silencio de las víctimas -añade la sentencia- no puede correr contra ellas cuando finalmente lo cuentan a raíz de un hecho más grave, como en este caso, y el autor les cuestiona el silencio como sinónimo de faltar a la verdad cuando relatan unos hechos de maltrato habitual.

Para el tribunal, no puede admitirse que el estado de pánico y terror que sufren las víctimas les suponga una "traba de credibilidad" cuando éstas deciden denunciarlo más tarde, ya que el retraso en denunciar hechos de violencia de género no es sinónimo de falsedad en una declaración, sino que es perfectamente admisible entender veraz esa declaración por las especiales características de los hechos de maltrato ante una especie de "síndrome de Estocolmo", como perfil típico en muchos casos de este tipo.

Privación de la patria potestad de su hija

A petición del fiscal, cuyo recurso ha sido estimado, la Sala ha acordado imponer a este hombre la pena de privación de la patria potestad de la hija de la pareja al haber presenciado el intento de asesinato. Una pena que no impuso la sentencia recurrida porque entendió que, pese a la gravedad de los hechos, no se había producido ningún comportamiento delictivo respecto a la menor para imponer una pena tan drástica.

En contra de este criterio, la sentencia explica que no es preciso que se produzca un ataque directo al menor para que se proceda la imposición de esta pena, sino que el ataque a la propia madre de este menor por su propio padre, y con la clara intención de acabar con su vida, determina la imposición de la pena interesada de privación para el ejercicio de la patria potestad, lo que supone la fijación de la vinculación de la relación directa entre la imposición de esta pena con el delito cometido y presenciado por la propia menor y en consecuencia la inexistencia de régimen de visitas ni ningún tipo de medida que implique contacto alguno con la menor.

El Abogado General Bot propone al Tribunal de Justicia que declare que el mero hecho de que un trabajador no haya solicitado tomar sus vacaciones no puede entrañar automáticamente la pérdida del derecho a compensación económica por las vacaciones no disfrutadas al extinguirse la relación laboral2018-05-31

Sin embargo, si el empresario demuestra que llevó a cabo las actuaciones necesarias para permitir a los trabajadores ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas y que, a pesar de las medidas adoptadas, el trabajador renunció de manera deliberada a ejercer ese derecho a pesar de gozar de esa posibilidad durante la relación laboral, dicho trabajador no puede reclamar la compensación

Tras finalizar su período de prácticas como preparación para el ejercicio de profesiones jurídicas (Rechtsreferendariat) en el Land de Berlín, el Sr. Sebastian W. Kreuziger solicitó que se le concediera una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas. En efecto, durante los últimos cinco meses de su período de prácticas había decidido no tomar vacaciones anuales retribuidas. Esa solicitud fue desestimada debido, en particular, a que la norma nacional aplicable [1] no prevé ese derecho a compensación. Según esa norma, tal como la interpretan ciertos tribunales nacionales, el derecho a vacaciones anuales retribuidas se extingue al final del período de devengo cuando el trabajador no haya solicitado ejercerlo durante dicho período. Esta extinción del derecho a vacaciones anuales retribuidas supone la pérdida del derecho a compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral. El Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandemburgo, Alemania), que conoce del recurso interpuesto por el Sr. Kreuziger, pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión se opone a esa legislación o práctica nacional.

El Sr. Tetsuji Shimizu fue contratado por el Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (una organización de Derecho privado sin ánimo de lucro) durante más de diez años en virtud de diversos contratos de duración determinada. El 23 de octubre de 2013 se le comunicó que su contrato no sería renovado. Al mismo tiempo, el Max-Planck-Gesellschaft le invitó a tomar sus vacaciones antes de que se extinguiera la relación laboral, a finales de diciembre de 2013. Comoquiera que solo tomó dos días de vacaciones, el Sr. Shimizu solicitó al Max-Planck-Gesellschaft el abono de una compensación por los 51 días de vacaciones anuales no disfrutados en los dos últimos años. Al denegar el Max-Planck-Gesellschaft esa solicitud, el Sr. Shimizu interpuso recurso ante los tribunales de lo laboral alemanes. El Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania) explica que, según la normativa alemana aplicable al Sr. Shimizu, [2] el trabajador debe solicitar tomar sus vacaciones, indicando sus preferencias respecto de las fechas de éstas, para no perder su derecho a vacaciones cuando finalice el período de devengo, sin obtener ninguna compensación. El Bundesarbeitsgericht pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión se opone a dicha normativa, y, en caso afirmativo, si la misma respuesta se aplica en un litigio entre dos particulares.

[1] Verordnung über den Erholungsurlaub der Beamten und Richter (Reglamento relativo a las vacaciones de funcionarios y jueces), de 26 de abril de 1988 (GVBl. 1988, p. 846).

[2] Bundesurlaubsgesetz (Ley federal sobre vacaciones), de 8 de enero de 1963 (BGBl. 1963, p. 2), en su versión de 7 de mayo de 2002 (BGBl. 2002 I, p. 1529).

En sus conclusiones leídas hoy, el Abogado General Yves Bot recuerda, ante todo, que, según la Directiva relativa al tiempo de trabajo, [3] los trabajadores dispondrán de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. La finalidad de este derecho es permitir que los trabajadores descansen y dispongan de un período de ocio y esparcimiento. El abono de una compensación económica a fin de sustituir el período mínimo de vacaciones anuales retribuidas sólo es posible en caso de extinción de la relación laboral.

El Abogado General se remite asimismo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el derecho a vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio particularmente importante del Derecho social de la Unión. Una vez adquirido, no puede extinguirse a la conclusión del período de devengo o de un período de aplazamiento fijado por el Derecho nacional, cuando el trabajador no haya podido disfrutar de sus vacaciones. De este modo, un trabajador que, por causas ajenas a su voluntad, no haya estado en condiciones de ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas antes de extinguirse la relación laboral tiene derecho a una compensación económica.

El Abogado General propone al Tribunal de Justicia, en particular, que responda que la Directiva se opone a legislaciones o prácticas nacionales, como las controvertidas, en virtud de las cuales un trabajador pierde su derecho a compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral en caso de que no hubiera solicitado disfrutar de las vacaciones mientras estuvo en activo y no demuestre que no pudo tomar dichas vacaciones por causas ajenas a su voluntad, sin determinar con carácter previo si el empresario ofreció efectivamente a dicho trabajador la posibilidad de ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

Además, el Abogado General propone responder que, cuando un órgano jurisdiccional nacional conoce de un litigio relativo al derecho de un trabajador a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral, deberá comprobar si el empresario ha demostrado que adoptó las medidas apropiadas para garantizar a dicho trabajador la posibilidad de ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas durante esa relación. Si el empresario demuestra que llevó a cabo las actuaciones necesarias y que, pese a las medidas que adoptó, el trabajador renunció de manera deliberada y consciente a ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas a pesar de gozar de esa posibilidad, dicho trabajador no puede reclamar, al amparo de la Directiva, el abono de una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral.

En apoyo de esta solución, el Abogado General recuerda que, según el Tribunal de Justicia, la Directiva establece la regla de que el trabajador deberá normalmente poder disfrutar de un descanso efectivo, en aras de una protección eficaz de su seguridad y su salud.

Según el Abogado General, el empresario tiene una responsabilidad particular a fin de que los trabajadores sujetos a su dirección ejerzan efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas. De este modo, el empresario ha de adoptar medidas de organización concretas que permitan a los trabajadores ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas. Concretamente, debe informar a los trabajadores en tiempo oportuno de que, si no disfrutan efectivamente de sus vacaciones, corren el riesgo de perderlas al final del período de devengo o del período de aplazamiento autorizado. También ha de informarles de que, si no disfrutan de sus vacaciones durante la relación laboral, teniendo efectivamente esa posibilidad, no podrán invocar el derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral. Sin embargo, la obligación que recae en el empresario no puede llegar al extremo de exigirle que obligue a sus trabajadores a utilizar efectivamente los períodos de descanso que les corresponden.

[3] Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).

El Abogado General considera que procede velar por que los trabajadores no puedan utilizar la posibilidad de sustituir el periodo mínimo de vacaciones anuales retribuidas por una compensación económica en caso de extinción de la relación laboral -prevista por la Directiva- como un instrumento que permita acumular días de vacaciones anuales retribuidas con vistas a percibir una remuneración por ellos al extinguirse la relación laboral. A este respecto, el Abogado General subraya que la protección de la salud y de la seguridad del trabajador no responde únicamente al interés individual del trabajador, sino también al interés de su empresario y al interés general.

Por lo que respecta a la situación del Sr. Kreuziger, el Abogado General indica que, si de las comprobaciones realizadas por el tribunal nacional resulta que el Land de Berlín, en su calidad de empleador del Sr. Kreuziger, puso a éste en condiciones de ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas y que, pese a ello, el Sr. Kreuziger no quiso tomar sus vacaciones antes de superar la prueba oral del segundo examen de Estado, dicho órgano jurisdiccional podrá estimar que la denegación de esa compensación es procedente.
En lo que atañe a la problemática que plantea el hecho de que una Directiva únicamente vincula a los Estados miembros, quienes deben transponerla en el Derecho nacional, y, por lo tanto, en principio, no puede aplicarse directamente en un litigio entre particulares (como el que opone al Sr. Shimizu y al Max-Planck-Gesellschaft), el Abogado General señala que el derecho a vacaciones anuales retribuidas también está garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. [4]

Según el Abogado General, en la medida en que la Carta garantiza a un trabajador el derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral cuando dicho trabajador no haya estado en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas durante esa relación, puede ser invocada directamente por el trabajador en un litigio contra su empresario a fin de excluir la aplicación de una norma nacional que impide el abono de tal compensación. [5]

En lo tocante a la situación concreta del Sr. Shimizu, el Abogado General observa que, aunque la apreciación final de este extremo corresponde al Bundesarbeitsgericht, duda de que pueda estimarse que el Max-Planck Gesellschaft haya llevado a cabo las actuaciones necesarias para que el Sr. Shimizu estuviera en condiciones de disfrutar las vacaciones anuales retribuidas a las que tenía derecho. En efecto, la única medida que consta en los autos es la invitación, dirigida por el Max-Planck Gesellschaft al Sr. Shimizu, el 23 de octubre de 2013, a tomar sus vacaciones, al tiempo que éste tuvo conocimiento de que su contrato de trabajo no sería renovado. Habida cuenta del breve período comprendido entre la fecha de adopción de esa medida y la fecha de finalización del contrato de duración determinada del Sr. Shimizu, a saber, el 31 de diciembre de 2013, dicha medida resulta extemporánea, lo que, en opinión del Abogado General, impide que pueda considerarse apropiada para permitir al trabajador ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

[4] Artículo 31, apartado 2, de la Carta.

[5] Para una explicación más detallada en relación con el efecto directo del artículo 31, apartado 2, de la Carta, véase el CP n.º 70/18 de hoy sobre las conclusiones del Sr. Bot presentadas en los asuntos acumulados C-569/16, Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer, y C-570/16, Volker Willmeroth als Inhaber der TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn.

Reconocido como accidente laboral el ocurrido tras parar a comprar volviendo del trabajo2018-05-30

La Sala 4ª del Tribunal Supremo ha reconocido como accidente de trabajo el sufrido por una trabajadora tras parar a comprar en un centro comercial volviendo del trabajo.

La trabajadora prestaba servicios para una conocida empresa como auxiliar de ayuda a domicilio. El día que sufrió el accidente, al acabar su jornada de trabajo al mediodía, en lugar de coger directamente el autobús en el que solía desplazarse de vuelta a casa se dirigió a un supermercado de un centro comercial cercano y tras la compra se encaminó de nuevo a la parada del autobús para ir a su domicilio. Tras subir al autobús este realizó un brusco frenazo, a consecuencia del cual la trabajadora sufrió lesiones que fueron calificadas por la Mutua y por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS como de carácter común.

Después de un largo proceso, en el que la trabajadora, disconforme con el no reconocimiento como laboral de los daños sufridos, interpuso sucesivas demandas ante los Tribunales Superiores de Justicia, siendo estas desestimadas, finalmente el Tribunal Supremo la ha dado la razón, reconociendo el hecho lesivo ocurrido como accidente de trabajo in itinere.

Recordemos que un accidente in itinere es aquel que sucede al ir o al volver del trabajo. En el caso descrito la cuestión a resolver es si se rompe o no el nexo causal entre el trabajo y el daño sufrido por el hecho de que la trabajadora acudiera brevemente al centro comercial a realizar la compra para luego continuar el recorrido de vuelta a casa.

Concretamente, el Tribunal Supremo tiene en cuenta diversos criterios de otras sentencias en esta materia, siguiendo algunos como los siguientes:

  • El nexo causal trabajo-daño sufrido no se rompe si la conducta normal de la persona responde a patrones usuales de convivencia o comportamiento de las gentes.
  • La cualidad de accidente de trabajo no debe excluirse por la posibilidad de alguna gestión intermedia razonable.
  • Se admite la razonabilidad de ampliaciones en la acción protectora ligada al concepto de accidente de trabajo in itinere atendiendo a criterios de normalidad dentro de los que se produce una conexión también normal entre el desplazamiento y el trabajo.

Conforme a estos criterios, el Tribunal Supremo en sentencia firme resuelve la duda sobre el origen laboral o no del daño estimando que no puede entenderse que hay una ruptura del nexo causal, en tanto que la demora por la realización de una compra es una gestión razonable que responde a patrones usuales de comportamiento y a criterios de normalidad de conducta. En base a ello, asienta que los daños sufridos por la trabajadora derivan de accidente de trabajo in itinere.

El TSJ de la Comunidad Valenciana anula parcialmente el decreto del Consell y devuelve a los colegios concertados las aulas suprimidas 2018-05-29

La Sala de lo Contencioso estima parcialmente 13 recursos contra la norma autonómica y obliga a mantener las aulas concertadas que Educación no renovó. Los magistrados reconocen el derecho de la Conselleria a no concertar, pero le impiden suprimir aulas por decreto mientras los conciertos estén en vigor

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado parcialmente cinco recursos interpuestos contra el decreto de la Conselleria de Educación que regula la enseñanza concertada y contra el reglamento que fija los criterios para el acceso o renovación de los mismos.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo avala la legalidad de parte de la norma recurrida, reconoce que la Generalitat Valenciana “no está obligada a concertar”; admite que si la Administración autonómica “opta por los conciertos, no está obligada a la gratuidad total” pero precisa que, en el caso de la enseñanza no obligatoria, “si opta por los conciertos, debe someterse a la normativa básica del Estado” que impide extinguir por Decreto conciertos que siguen vigentes y obliga a renovarlos si los centros educativos cumplen los requisitos exigidos por la norma.

“La Adminsitración, mientras lo centros cumplan con los requisitos establecidos en las normas, debe mantenerlos (…). La extinción unilateral por Decreto no se regula como causa de extinción (…). La razón es obvia, es contraria a Derecho”, señala la Sala en sus resoluciones en las que establece que la Administración Autonómica “no sólo no puede extinguirlos unilateralmente, sino que debe renovarlos siempre que (el colegio) siga cumplimiento los requisitos que marca el precepto”.

El Estado, arguyen los magistrados, “ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas la opción de formalizar conciertos para las enseñanazas no obligatorais. Significa lo expuesto, que corresponde a cada Comunidad Autónoma la decisión de formalizar o no conciertos en estos niveles de enseñanza”.

Pero, “una vez que ha decidido formalizar conciertos para las enseñanzas no obligatorias (…) queda vinculada al régimen básico del Estado para los conciertos”. La Generalitat “no puede escudarse en que no está obligada a concertar”.

De este modo, el TSJ da la razón, en algunas de sus pretensiones, a los recurrentes que impugnaron la disposición general del decreto.

La Sala avala la legalidad de parte de la norma recurrida y ampara a la Conselleria de Educación en su decisión de suprimir los conciertos de Formación Profesional Básica por falta de alumnado matriculado.

Los magistrados consideran que tales artículos no vulneran los derechos de las familias en segundas o posteriores opciones, ni discriminan a los alumnos que opten por la enseñanza concertada respecto de la pública.

Tampoco consideran contrario a derecho el artículo que limita, vía Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana, las unidades que han de concertarse cada curso.

En base a estas cinco sentencias, el TSJ ha resuelto los casos particulares de ocho centros educativos que habían recurrido la no renovación o reducción del número de aulas que tenían concertadas.

La Sala estima los recursos de ocho colegios y les reconoce el derecho a conservar las aulas concertadas que la Generalitat no les renovó.

“Para poder reducir una unidad, la Administración debe ofrecer una motivación sólida, suficiente y debidamente justificada”. “En el supuesto que nos ocupa”, señala el Tribunal en relación a la decisión de la Conselleria de reducir las aulas concertadas con el Colegio El Pilar de Valencia, “se ha limitado a rellenar unos impresos. El Tribunal no tiene forma de comprobar cómo se han distribuido las unidades, criterios seguidos que puedan ser verificados, cómo se ubicarían hipotéticamente en la zona los alumnos cuya unidad se suprime (…). Ni existe motivación ni mucho menos (la decisión) está debidamente justificada como exige nuestro Alto Tribunal”.

Un juzgado de lo Social de Cáceres concede la incapacidad permanente total a un obrero que no estaba dado de alta en el INSS2018-05-28

El Juzgado de lo Social 1 de Cáceres ha concedido la incapacidad permanente total a un peón agrícola que permaneció 24 meses sin estar inscrito como demandante de empleo en el INSS por haberse dedicado al cuidado de sus padres gravemente enfermos.

El juzgado considera, con criterio humanizador, que el trabajador estuvo todo ese tiempo sin inscribirse por las graves enfermedades de sus padres a los que tenía que atender personalmente además de su propia enfermedad. Considera que no actuó con desidia sino por motivo de las circunstancias familiares y propias que concurrían, teniendo además en cuenta la dilatada trayectoria profesional del mismo.

La magistrada le ha declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual. La sentencia fue confirmada por la Sala de lo Social el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Pleno de la Abogacía Europea en Praga2018-05-25

El Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, ha celebrado su pleno de mayo en Praga (Chequia), en honor a su Presidente 2018, Antonin Mokry. Los temas que han destacado dentro de la agenda han sido el acceso a la Justicia, Brexit, Convención europea de la Abogacía, formación, inteligencia artificial aplicada a la profesión, deontología, futuro de la Fundación de los abogados europeos, jurisprudencia europea reciente de importancia para la profesión, fiscalidad, Derecho de sociedades y Estado de Derecho en Polonia.

Entre los posicionamientos aprobados, cabe destacar la interpretación del Código Deontológico, de su modelo y de los principios básicos para la profesión. Respecto a la Convención de la Abogacía, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado iniciar la redacción, encargando su primer borrador al Comité GR-J de Cooperación Jurídica. Por último, cabe destacar la aprobación de las cuentas de CCBE en 2017, presentadas por el Comité de finanzas, último acto de Iñigo Nagore, que acaba su mandato como presidente del mencionado comité.

Asimismo, en torno a esta sesión plenaria, CCBE ha celebrado varias reuniones de sus Comités y Grupos de Trabajo. Y también coincidiendo con estas reuniones, se ha celebrado en Praga el Foro de Innovación de Servicios Jurídicos – el Tercer Foro anual de servicios jurídicos innovadores se ha centrado en tres áreas principales: Visiones Tecnológicas / Empresariales / Europeas. La conferencia ha reunido a expertos sobre estos temas en un solo escenario y ante abogados, empresarios y profesionales de los sectores implicados.

El Ministerio de Asuntos Exteriores se reúne con las profesiones colegiadas para su contribución en la implementación de la Agenda 20302018-05-24

A iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), como Presidencia del Grupo de Alto Nivel para la implementación de la Agenda 2030, ha tenido lugar en la mañana de hoy una jornada organizada por el mismo Ministerio, Unión Profesional (UP) y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) titulada Profesiones por el común con la Agenda 2030 como herramienta de trabajo.

El objetivo principal con el que se ha convocado a las profesiones colegiadas de España ha sido el de profundizar en la labor desempeñada por sus corporaciones colegiales en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el plan de acción más ambicioso a favor de las personas, el planeta y la prosperidad hasta 2030, así como de informarles sobre el proceso de preparación del examen voluntario nacional al que se presenta nuestro país el próximo mes de julio.

Presidida por la presidenta de UP, Victoria Ortega y por el presidente de la UPCI, Luis Vilches, la jornada ha sido introducida en la materia por Cristina Pérez, directora general de políticas de desarrollo sostenible y Juan Francisco Montalbán, embajador en misión especial para la Agenda 2030, dependientes ambos departamentos institucionales del MAEC.

Profesiones por el común con la Agenda 2030

En la apertura de este encuentro, Victoria Ortega ha señalado la labor que las profesiones colegiadas están llevando a cabo en lo que respecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde los anteriormente denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) —planteados en el año 2000 y reformulados en el 2015 con el propósito de incluir a la sociedad civil e incrementar la calidad de lo exigido—. Los profesionales, como parte activa de la sociedad civil, están especialmente implicados en el cuidado y desarrollo de la ciudadanía; y cuya labor queda reflejada en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. «Sin las profesiones no tendríamos el mundo que tenemos, ni podríamos avanzar al mundo que queremos», ha recalcado la presidenta de UP.

Luis Vilches hizo hincapié en la necesidad de trabajar de forma conjunta por la sociedad civil de la que UP y UPCI forman parte, así como la Administración y el Gobierno, tal y como esta jornada demuestra. La UPCI ha apoyado totalmente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se han ofrecido a seguir trabajando en su desarrollo. En línea con esta idea, Vilches ha trasladado la labor conjunta realizada con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad desde hace tres años para la consecución de un Pacto de Estado por la Industria en el que participen sociedad civil, sector privado, sindicatos y partidos políticos, con el objetivo de que la contribución de la industria al PIB sea, al menos, del 20% en próximas legislaturas. Todo ello con el objetivo de crear un empleo de calidad y estable y, por ende, mejorar la economía española.

Profesiones y Objetivos de Desarrollo Sostenible

La reunión de todas las profesiones colegiadas en este acto supone la oportunidad de ofrecer una visión transversal y cooperativa para continuar trabajando, por un lado, la consecución de objetivos concretos, y por otro, en favor del común, proponiendo la «consecución del acceso universal a los servicios profesionales como garantía de un Estado democrático, compartiendo esfuerzos para llegar a la consecución real de dichos objetivos», tal y como ha especificado Ortega en su intervención. Asimismo, pretenden que esta iniciativa sea el comienzo de una interlocución que se fortalezca con el tiempo, ya que solamente se puede avanzar, también en el terreno de los ODS, contando con las profesiones. «Como instituciones inclusivas, las organizaciones colegiales favorecen la defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, y la redistribución de la renta y la riqueza», advertía la presidenta de Unión Profesional.

Durante sus intervenciones, tanto el embajador como la directora general, han explicado la hoja de ruta a seguir para lo que se ha diseñado un borrador de Plan de Acción con un horizonte temporal limitado (2018-2020) con el que se pretende impulsar urgentemente aspectos clave, a la vez que sentar las bases fundamentales para trazar la senda 2020-2030. Juan Francisco Montalbán ha querido referirse a la necesidad de consolidación de la alianza con los colegios profesionales y llegar de esta manera a los colegiados, a la sociedad: «La Agenda 2030 no es más que una manera ordenada de debatir políticas públicas, dando respuestas a la sociedad».

Cristina Pérez, por su parte, ha destacado que «la Agenda 2030 es transformadora, evolutiva y tiene carácter universal», motivando a las corporaciones colegiales a cumplir con su papel de «actor dual: objeto y sujeto de la Agenda 2030». Este impulso, «solo será eficaz si va acompañado de un proceso de deliberación, participación y diálogo entre todos los niveles de la administración y que involucra a todos los actores sociales (entre los que se encuentran las profesiones) y al parlamento», han señalado desde el Ministerio.

La jornada Profesiones por el común con la Agenda 2030 como herramienta de trabajo fue clausurada por los presidentes de las asociaciones que agrupan a los Consejos Generales y Colegios Nacionales de profesiones, Victoria Ortega y Luis Vilches, instando a los asistentes a continuar el camino trazado por el Ministerio, y así superar el examen voluntario del próximo mes de julio, que se presentará ante Naciones Unidas, lo que significará que las profesiones han podido contribuir a la consecución de unos objetivos globales que terminen con la pobreza, protejan el planeta y aseguren prosperidad para todos.

La abogacía madrileña espera que la nueva Consejería de Justicia acometa la actualización de los baremos del Turno de Oficio en esta misma legislatura2018-05-23
  • Así lo ha manifestado el decano José María Alonso tras la toma de posesión de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid

En representación de los cerca de 78.000 profesionales adscritos al Colegio de Abogados de Madrid, el decano José María Alonso y la vicedecana Begoña Castro han asistido a la toma de posesión de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid.

Tras el acto, celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol en presencia de autoridades como la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, las ministras María Dolores de Cospedal y Fátima Báñez, o los expresidentes madrileños Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón, Alonso ha valorado muy positivamente la inminente puesta en marcha de una consejería dedicada en exclusiva a la Justicia.

“Desde la abogacía madrileña estamos muy satisfechos con la creación de esta nueva Consejería”, ha señalado el decano, pues “la justicia es un elemento fundamental no sólo para la seguridad jurídica de los ciudadanos sino para el desarrollo económico de la Comunidad de Madrid”.

De la nueva consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, Alonso espera que tenga en especial consideración al mundo de la abogacía: “los abogados somos un elemento fundamental del funcionamiento de la justicia y, por tanto, debemos ser tratados en el mismo plano que los demás operadores jurídicos”, ha afirmado.

Respecto a la agenda de trabajo del nuevo organismo durante el año que queda de legislatura, el decano del ICAM confía en que se acometa de una vez la revisión de los baremos del Turno de Oficio, que permanecen congelados desde el año 2003. “El Turno de Oficio presta un servicio constitucionalmente recogido que es fundamental para los ciudadanos, y tiene que ser remunerado conforme a criterios de mercado”, ha explicado.

En ese sentido, y desde el convencimiento de que la Comunidad de Madrid es consciente de esta necesidad, “el Colegio de Abogados de Madrid va a ser especialmente beligerante en la defensa de los abogados del Turno, que tan importante servicio prestan a la ciudadanía madrileña”, ha concluido Alonso.

Catalá anuncia un incremento del 30% de los honorarios de los letrados del Turno de Oficio2018-05-22
  • La subida será del 35 o del 20% según los diferentes asuntos tramitados por Asistencia Jurídica Gratuita y afectará a la práctica totalidad de los expedientes tramitados
  • La subida de los baremos, anunciada por el ministro de Justicia, será efectiva tras la aprobación de los Presupuestos de 2018
  • La Abogacía continúa exigiendo mejoras que respeten la dignidad de los profesionales y que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de la ciudadanía y no un bien de mercado

CGAE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado durante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, al que asisten los 83 decanos de los Colegios de Abogados y los 12 consejeros electivos, que una vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se incrementará un 30% de media los baremos que reciben los abogados adscritos al Turno de Oficio, como respuesta a las demandas y negociaciones con el Consejo, en representación de los 83 Colegios de Abogados.

El ministro ha destacado que la subida afectará al 99% de los expedientes tramitados por Justicia Gratuita con una subida que variará entre el 35%, especialmente en las jurisdicciones penal y civil, y el 20% para el resto de asuntos. Catalá ha afirmado que estas medidas se aplicarán inmediatamente tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, prevista para antes de que finalice junio. El detalle de las subidas se negociará en las próximas semanas.

El Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados, en el ejercicio de su función legítima y democrática de representación, defensa de los derechos de los abogados y de la dignidad de la profesión, han venido denunciando que la actual retribución del Turno de Oficio –en determinadas comunidades autónomas y, sobre, todo en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia- supone una falta de reconocimiento tanto a la labor de los más de 51.000 abogados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita como del servicio público de Justicia Gratuita reconocido en la Constitución.

Durante meses, se han venido manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia para agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, ya se ha conseguido el abono mensual de las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita. En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 y el abono antes de finalizar mayo de los meses de enero, febrero y marzo, la liquidación de las indemnizaciones en el territorio competencia del Ministerio de Justicia se efectuará con carácter mensual.

No obstante, con este anuncio del ministro de Justicia no se soluciona de forma total el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado así como el reconocimiento de nuevos módulos y el abono de las guardias. El ministro se ha mostrado partidario de ir armonizando paulatinamente los baremos para que no haya grandes diferencias entre lo que se cobra en distintos lugares de España.

La Justicia Gratuita es un servicio con protección constitucional que prestan eficientemente más de 51.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de España, garantizando la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes.

Los abogados de oficio son los auténticos protagonistas del servicio, y deben desarrollar su función en condiciones dignas, con garantías de percibir siempre el cobro por cada actuación y asegurando una retribución digna, tal y como prevé la propia exposición de motivos de la actual Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.

La Abogacía continua trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos y que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de  la ciudadanía y no un bien de mercado.

El TSJ de Canarias homologa una subida salarial a todas las camareras de piso de una cadena hotelera en Las Palmas2018-05-21
La cadena hotelera RIU llega a un acuerdo con los sindicatos ante el TSJC para acabar en cinco años con la brecha salarial por razón del sexo

Autor Comunicación Poder Judicial

La cadena hotelera RIU ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, homologado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, para abonarle a todas sus camareras de piso en la provincia de Las Palmas un plus mensual de 100 euros brutos a través de un plan quinquenal, con el fin de mitigar la brecha salarial por razón de sexo.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas ha dictado el auto que homologa el pacto extraprocesal alcanzado entre CCOO, UGT y el Frente Sindical Obrero y los hoteles de RIU en Las Palmas el 13 de marzo de 2018 para que los agentes sociales desistieran en la demanda mediante la cual exigían a la cadena el “cese en su trato de discriminación salarial entre las camareras de pisos y el resto de los empleados dentro de las diferentes categorías profesionales encuadradas en el nivel salarial IV del Convenio de Hostelería de la Provincia de Las Palmas”.

En aplicación de este acuerdo, a las camareras de pisos de RIU se les abonará, con efectos de 1 de enero de 2018, un plus en concepto de incentivo que alcanzará los 100 euros brutos en el año 2023, y que se desglosa como sigue: 60 euros brutos al mes en 2018; 70 en 2019; 80 en 2020; 90 en 2021, 95 en 2022, y finalmente 100 euros brutos en 2023.

El pacto es de obligado cumplimiento en los hoteles Riu Palmeras, Riu Palace Maspalomas, Riu Palace Oasis, Riu Palace Meloneras, Club Hotel Riu Gran Canaria, Riu Palace Tres Islas, Riu Palace Jandía, Riu Palace Paraíso Lanzarote Resort, Club Hotel Riu Oliva Beach, Riu Don Miguel, Club Hotel Riu Vistamar, Club Hotel Riu Papayas Flamingo y Hotel Calypso.

Según el Abogado General Szpunar, el Tribunal de Justicia no es competente para responder a las preguntas formuladas por la autoridad judicial que emite una orden de detención europea sobre la cuestión de si la autoridad de ejecución puede negarse a ejecutar dicha orden2018-05-18

La autoridad que emite la orden no puede reemplazar a la autoridad de ejecución formulando al Tribunal de Justicia preguntas que sólo esta última tiene derecho a formular en el marco del procedimiento de remisión prejudicial

AY es un ciudadano húngaro, presidente de una sociedad húngara, contra el cual se ha incoado un procedimiento penal en Croacia. Se sospecha que accedió a pagar una cantidad de dinero considerable a un alto cargo de Croacia a cambio de la celebración de un acuerdo entre la citada sociedad húngara y el Gobierno croata.

A raíz de la apertura de una investigación contra  AY en Croacia por  corrupción activa,  las autoridades croatas solicitaron en varias ocasiones a las autoridades húngaras competentes (por primera vez el 10 de junio de 2011) que les facilitaran asistencia jurídica internacional tomando declaración a AY en calidad de sospechoso y entregándole una citación. Aunque las autoridades húngaras no accedieron a estas solicitudes, iniciaron también una investigación para comprobar si se había cometido un delito contra la integridad de la vida pública en forma de corrupción activa a nivel internacional, con arreglo al Código Penal húngaro. Esa investigación se archivó el 20 de enero de 2012 porque se consideró que los hechos cometidos no eran constitutivos de delito. Sin embargo, la investigación de las autoridades húngaras no se había abierto contra AY en calidad de sospechoso, sino únicamente en relación con el supuesto delito, y en el curso de dicha investigación AY sólo fue interrogado como testigo.

El 1 de octubre de 2013, tras la adhesión de Croacia a la Unión Europea, las autoridades croatas emitieron una orden de detención europea contra AY. No obstante, las autoridades húngaras denegaron la ejecución de esa orden de detención aduciendo que ya se había puesto fin en Hungría al procedimiento criminal relativo a los mismos hechos en que se basaba la orden de detención.

El 15 de diciembre de 2015, el Županijski Sud u Zagrebu (Tribunal de condado de Zagreb, Croacia), ante el que se sustanciaba el procedimiento penal contra AY, dictó una segunda orden de detención europea contra éste. Las autoridades húngaras se negaron a adoptar resolución formal alguna con respecto a esta segunda orden de detención por considerar que no era legalmente posible detener a AY en Hungría ni iniciar un nuevo procedimiento para ejecutar dicha orden.

En esas circunstancias, el tribunal croata pregunta, esencialmente, al Tribunal de Justicia, si la Decisión marco relativa a la orden de detención europea 1 permite que la autoridad competente de un Estado miembro no ejecute una orden de ese tipo basándose en el hecho de que en dicho Estado ya se ha puesto fin al procedimiento criminal por los mismos hechos especificados en la orden de detención, aun cuando la persona contra la que se emitió la orden sólo haya tenido en ese procedimiento la condición de testigo, y no la de sospechoso o acusado. El tribunal croata desea saber asimismo si una autoridad nacional está obligada a adoptar una decisión sobre toda orden de detención europea que se le transmita, a pesar de que ya haya tomado una decisión con respecto a una orden de detención europea previa relativa a la misma persona y al mismo procedimiento penal.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Maciej Szpunar indica que, en este asunto, el tribunal croata que emitió la orden de detención europea de que se trata desea obtener orientaciones sobre los derechos y obligaciones de las autoridades húngaras, que son las autoridades encargadas de dar ejecución a esa orden. El Abogado General opina que no son necesarias para que el tribunal croata pueda continuar con el procedimiento sustanciado ante él las respuestas del Tribunal de Justicia a las preguntas sobre si las autoridades húngaras tienen derecho (o, en su caso están obligadas) a no ejecutar la orden de detención de que se trata, con arreglo a la Decisión marco. En este contexto, el Abogado General pone de relieve que, desde un punto de vista jurídico, las respuestas del Tribunal de Justicia no afectarían a la cuestión de si ese tribunal nacional mantiene o retira la orden de detención, ya que incumbe a este último tribunal adoptar finalmente una decisión al respecto, con independencia de esas respuestas.

Además, el Abogado General recalca que, en definitiva, el presente asunto se refiere a la interpretación de la legislación húngara a la luz de las disposiciones de la Decisión marco, tarea que incumbe a las autoridades húngaras, que son quienes deben adoptar una decisión sobre la orden de detención. A este respecto, el Abogado General indica que el tribunal croata en cuestión no puede reemplazar a las autoridades húngaras competentes formulando al Tribunal de Justicia preguntas sobre este tema en el marco del procedimiento de remisión prejudicial.

El Abogado General considera, por tanto, que el Tribunal de Justicia carece de competencia para responder a las cuestiones relativas a los derechos y obligaciones de las autoridades húngaras competentes para decidir sobre la ejecución de la orden de detención de que se trata.

Por último, el Abogado General estima que las autoridades de los Estados miembros están obligadas a adoptar una decisión sobre toda orden de detención europea, incluso cuando ya hayan tomado una decisión sobre una orden de detención anterior relativa a la misma persona y al mismo procedimiento penal.

1 Decisión marco 2002/584/JHA del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1).

Un juez de lo mercantil de Sevilla acuerda la resolución de 20 contratos firmados por ‘El Barrio’ con una compañía para la edición musical de sus canciones2018-05-17
El cantante considera “incumplidas” por la entidad demandada sus obligaciones de distribuir la obra

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha acordado la resolución contractual de 20 contratos firmados entre los años 1996 y 2011 por el cantautor gaditano conocido como ‘El Barrio’ con una compañía para la edición musical de sus canciones al considerar “incumplidas” por la entidad demandada sus obligaciones de distribuir la obra y también sus obligaciones dimanantes de los sistemas instaurados para el preceptivo control del número de ejemplares tirados.

‘El Barrio’ ejerció una acción de resolución contractual por incumplimiento reiterado por la entidad demandada de sus obligaciones derivadas de estos 20 contratos de edición musical, y en concreto la no recaudación y liquidación de los derechos de autor por explotación de las obras, del derecho de sincronización y del derecho de reproducción mecánica en el extranjero.

A todo ello se añade, según la demanda, el incumplimiento de las obligaciones de satisfacer la remuneración estipulada, de reproducir la obra en la forma convenida, de someter las pruebas de tirada al autor, de proceder a distribuir la obra, y de asegurar a la obra una explotación continuada y una difusión comercial.

Frente a ello, la compañía demandada alegó no haber incurrido en incumplimiento de sus obligaciones derivadas de los contratos de edición.

En la sentencia, el juez de lo Mercantil declara incumplidas por la entidad demandada sus obligaciones de distribuir la obra y sus obligaciones dimanantes de los sistemas instaurados para el preceptivo control del número de ejemplares tirados.

En este sentido, el magistrado recuerda que la representación legal del artista atribuyó al editor un incumplimiento de su obligación de distribuir la obra al no realizarla en los plazos pactados, frente a lo que la compañía “no ha realizado ningún tipo de alegación o argumentación más allá de referencias genéricas que no tienen relación con el cumplimiento de su obligación de distribuir la obra en forma y en el plazo marcado por los correspondientes contratos, manifestando que su ausencia se basa en la falta de mercado de las partituras o que no suelen ser objeto de explotación comercial”, lo cual “no puede constituir justificación válida para dejar de dar cumplimiento a sus obligaciones”.

Asimismo, el juez considera que la entidad demandada “no ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones” sobre control de tirada, procedimientos de control de certificación de datos y el de numeración o contraseñado de los ejemplares de cada edición, “ausencia de prueba que determina el incumplimiento de la carga que le corresponde”, por lo que el juez estima también la resolución contractual de los contratos por esta causa.

La resolución contractual de los contratos analizados operará desde el día 12 de marzo de 2013, excepción hecha de cinco de los contratos cuya resolución operará desde la fecha de presentación de la demanda.

Condenan al Concello de Ourense a autorizar la instalación de un ascensor sobre suelo público municipal 2018-05-16

Con el objetivo de dotar de ascensor a edificios de viviendas antiguos que carecen de él la normativa permite en supuestos excepcionales la construcción del ascensor sobre suelo público

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense ha condenado al Concello de esta ciudad a aceptar la instalación de un ascensor en la fachada de un edificio, con la consiguiente ocupación del dominio público municipal.

En una sentencia pionera, se obliga al Ayuntamiento a aplicar la normativa estatal de accesibilidad que, para dotar de ascensor a edificios de viviendas antiguos que carecen de él, permite en supuestos excepcionales la construcción del ascensor sobre suelo público.

Se trata de un edificio de viviendas de cinco plantas, sin ascensor, en el que reside gente mayor con problemas de accesibilidad. El inmueble carece de patio interior, y para poder instalar el ascensor por dentro del edificio habría que realizar una obra desproporcionadamente compleja, derribando parte de las viviendas. Dadas estas circunstancias, el magistrado condena al Ayuntamiento a aceptar la opción de instalación del ascensor por la fachada exterior del edificio, sobre suelo público. El fallo no ha sido apelado por ninguna de las partes, por lo que el mismo es firme.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dicta sentencia sobre la acumulación en jornadas completas del permiso de lactancia2018-05-15

Una sentencia de la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo, ha declarado que existe derecho a la acumulación en jornadas completas del permiso de lactancia. Es la primera sentencia del Supremo dictada por un tribunal formado íntegramente por magistradas.

La resolución expone que el permiso por lactancia natural es un derecho necesario relativo, que se concreta en poder ausentarse del trabajo una hora, con los incrementos proporcionales en casos de lactancia múltiple.

La negociación colectiva o el pacto individual pueden mejorar este derecho y/o fijar que la hora de ausencia de trabajo pueda ser sustituida por una reducción de jornada en media hora. También puede establecer que el permiso sea acumulado en jornadas completas, al garantizarse también con ello la mejor protección y atención del recién nacido, que es lo que persigue la norma. En ambos supuestos el Convenio Colectivo puede fijar los términos de estas opciones. En todo caso y por lo que se refiere a la acumulación en jornadas completas, ésta debe calcularse, al menos, sobre la hora de ausencia y no sobre la otra opción -de sustitución por reducción de jornada.

Esta es la primera sentencia dictada por una Sala del Tribunal Supremo formada exclusivamente por magistradas. El tribunal que ha dictado la sentencia ha estado formado por las magistradas, de izquierda a derecha: María Lourdes Arastey, María Luisa Segoviano, Milagros Calvo, Rosa Virolés y María Luz García Paredes (ponente).

El Tribunal Supremo confirma que las rutas del aeropuerto de Madrid-Barajas aprobadas en 2004 no vulneran los derechos de los vecinos de la urbanización Fuente del Fresno2018-05-14

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que los procedimientos de salida y maniobras de aproximación del aeropuerto Madrid-Barajas, aprobados por Acuerdo de la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento (CIDEFO) de 16 de abril de 2004, para la determinación de los correspondientes al campo de vuelos una vez que estuviesen operativas las nuevas pistas tras la ampliación, no vulneran los derechos fundamentales de los vecinos de la urbanización Fuente del Fresno.

El tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios de Chalets y Parcelas de Fuente del Fresno contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 29 de octubre de 2015, que consideró acreditado que dichas rutas, que fueron aprobadas en la resolución impugnada, no infringen las normas sobre huellas sonoras y límites de emisiones sonoras, por lo que descartó la vulneración de derechos fundamentales alegada por los recurrentes.

La sentencia recurrida rechazó los argumentos de esta asociación que denunció en su demanda que los aviones al despegar y al aterrizar del aeropuerto de Madrid-Barajas, aplicando las rutas establecidas en esta resolución, producían contaminación acústica y sometían a los residentes en esta urbanización, como a los de otras del norte del aeropuerto, a niveles de ruido ilegítimamente elevados.

La Sala sostiene que la sentencia impugnada no ha infringido los derechos a la dignidad de las personas, a la integridad física, a la intimidad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a la libre circulación de los recurrentes al concluir, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que, en este supuesto, los niveles de ruido producido por el sobrevuelo de los aviones por la urbanización Fuente del Fresno “no resultan excesivos ni desproporcionados”, en cuanto se encuentran dentro de los parámetros admitidos por las normas sobre huellas sonoras y límites de emisiones sonoras, tras valorar las pruebas que, a su juicio, no demuestran que se hayan superado los niveles definidos en la Declaración de Impacto Ambiental.

Una sentencia reconoce el fraude en la venta de libros a domicilio2018-05-11

El despacho de Hispajuris en Santander, Aesyr & Abogados, ha logrado que se reconozca el fraude en la venta de libros a domicilio con la anulación por parte del Juzgado de Primera Instancia nº4 de Santander de un contrato de compraventa de libros junto con la financiación del mismo.

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La forma de actuación de este tipo de empresas es siempre la misma, contactan con personas mayores a las que abordan en su domicilio cuando se encuentran solas. Una vez en la vivienda, les engatusan con ofertas y regalos para que firmen los contratos por los que se les hace entrega de diferentes objetos tales como enciclopedias, DVD o colecciones de arte. Junto con el contrato de compra se les hace firmar otro de financiación que les obliga al pago de un crédito que supera con creces el precio del objeto financiado.

Este modo de operar fue el seguido con la clienta del despacho de Ángel E. Sánchez Resina, la cual suscribió un elevado contrato de financiación con una editorial por una enciclopedia. Se interpuso demanda frente a la editorial y la financiera solicitando que se anulase el contrato y se restituyeran las cantidades abonadas. El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander, en su sentencia del 8 de marzo, estimó íntegramente la demanda por no cumplir las empresas demandas con las exigencias que impone la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Concretamente, indica la sentencia que el contrato contraviene el art. 97 de la LGDCU al no identificar de manera precisa los bienes que se adquieren con el mismo, como también exigen los artículos 1261 y 1273 del Código Civil. Del mismo modo, el contrato no recogía las exigencias del art. 102 de la LDGCU en relación con el desistimiento. El contrato, en palabras de la propia sentencia "resulta de difícil lectura", algo contrario a los principios básicos de la contratación. Además, no se identificaba de forma correcta la dirección del empresario. Todos estos incumplimientos han llevado a que se declare la nulidad del contrato y, en virtud del artículo 1303 del Código Civil, los contratantes deban restituirse recíprocamente los elementos objetos del contrato.

Según el abogado Ángel E. Sánchez y Resina, "estos casos no sólo se han dado en Cantabria, sino que hay procedimientos idénticos en distintas comunidades autónomas" y "la similitud en los hechos ha propiciado que el Ministerio Fiscal haya iniciado diligencias de investigación por poder estar ante casos de estafa por ser el perfil del contratante siempre el mismo, personas mayores, que viven solas y carecen de recursos".

En el despacho de Hispajuris en Santander hay actualmente en proceso varios asuntos sobre hechos similares, por lo que apunta que hay una amplia pluralidad de afectados a nivel nacional.

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El Abogado General Wahl propone que el Tribunal de Justicia declare que la legislación nacional que obliga al destinatario de un servicio a prestar una fianza para asegurar el cobro de una multa que, en su caso, se imponga a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro por incumplimiento de una disposición de la legislación laboral nacional es contraria al Derecho de la Unión2018-05-10

La Directiva de Servicios se opone a una medida de esta índole, que, en cualquier caso, iría más allá de lo necesario para que las autoridades nacionales puedan verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social

Čepelnik es una sociedad de responsabilidad limitada establecida en Eslovenia, que prestó servicios de construcción al Sr. Vavti por valor de 12 200 EUR. Los servicios fueron prestados en un establecimiento propiedad del Sr. Vavti situado en Austria, cerca de la frontera con Eslovenia, mediante el desplazamiento de trabajadores. El Sr. Vavti pagó a Čepelnik un anticipo de 7 000 EUR.

En 2016 la policía financiera austriaca llevó a cabo una inspección en la obra e imputó a Čepelnik dos infracciones administrativas. En primer lugar, en el caso de dos trabajadores desplazados, Čepelnik no había comunicado el inicio de su actividad con arreglo a lo dispuesto en la Ley de adaptación de la normativa relativa al contrato de trabajo (en lo sucesivo, «AVRAG», en sus siglas en alemán). En segundo lugar, Čepelnik no había presentado la documentación salarial en lengua alemana relativa a cuatro trabajadores desplazados. Inmediatamente después de la inspección, la policía financiera impuso al Sr. Vavti una retención del pago y solicitó a la autoridad administrativa competente, la Bezirksmannschaft Völkermarkt (Presidencia del Distrito de Völkermarkt; en lo sucesivo, «BHM Völkermarkt», Austria) que le exigiera la prestación de una fianza, con el objeto de garantizar el pago de una posible multa que podría imponerse en un futuro procedimiento contra Čepelnik, en función del resultado de la inspección. La policía financiera propuso que el importe de la fianza se fijase en un importe equivalente al saldo pendiente, es decir, 5 200 EUR. La BHM Völkermarkt impuso la fianza solicitada, alegando que «habida cuenta de que la sociedad […] del prestador de servicios está establecida en Eslovenia [...], cabe presumir que será muy complicado, si no imposible, instruir un procedimiento sancionador y ejecutar las sanciones». El Sr. Vavti prestó la fianza.

Se inició un procedimiento de infracción contra Čepelnik en relación con las presuntas infracciones administrativas. Mediante resoluciones de octubre de 2016, se impusieron a Čepelnik multas de 1 000 EUR y 8 000 EUR, por presuntas infracciones de la AVRAG.

Al culminar los trabajos, Čepelnik facturó al Sr. Vavti 5 000 EUR para liquidar el saldo pendiente. El Sr. Vavti rehusó el pago, alegando haber pagado el saldo pendiente a BHM Völkermarkt, de conformidad con la resolución administrativa de dicha autoridad. Čepelnik interpuso entonces una demanda contra el Sr. Vavti, a fin de cobrar el saldo pendiente.

La Directiva de Servicios [1] establece, en particular, que los Estados miembros respetarán el derecho de los prestadores a prestar servicios en un Estado miembro distinto de aquel en el que estén establecidos. Además, los Estados miembros no podrán imponer al destinatario requisitos que restrinjan la utilización de servicios prestados por un prestador establecido en otro Estado miembro. Esta Directiva no afecta al Derecho laboral nacional […] que sea conforme al Derecho [de la Unión].

En este contexto el Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno sodišče Pliberk (Tribunal de Distrito de Bleiburg, Austria) pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión prohíbe a los Estados miembros imponer al comitente nacional una retención del pago y la prestación de una fianza por el importe del precio pendiente de la obra contratada cuando el único objetivo que se persigue con la retención del pago y la prestación de la fianza es asegurar el cobro de la multa que, en su caso, pueda imponerse, a través de un procedimiento separado, a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Nils Wahl considera, en primer lugar, que la Directiva de Servicios es aplicable en este asunto. Dado que el objetivo legal de esta medida es garantizar, en beneficio del Tesoro Público, la ejecución de las sanciones que las autoridades públicas puedan imponer en el futuro a un prestador de servicios, y que la medida no se le impone al autor de la supuesta infracción, sino a la otra parte contractual, no puede considerarse amparada por la excepción prevista en la Directiva de Servicios para el «Derecho laboral». En segundo lugar, el Abogado General observa que, independientemente de que adolezca o no de carácter discriminatorio, una medida de esta índole, por su propia naturaleza, puede, por un lado, disuadir a los clientes austriacos de adquirir servicios de proveedores establecidos en el extranjero y, por otro lado, disuadir a los prestadores establecidos en otros Estados miembros de ofrecer sus servicios en Austria con carácter temporal. Por lo tanto, esta medida constituye una restricción que, en principio, está prohibida por la Directiva de Servicios. En tercer lugar, el Abogado General examina si dicha medida puede justificarse y considera que las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los prestadores de servicios pueden justificarse únicamente con arreglo a determinadas condiciones que se establecen en esa Directiva. No obstante, las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los destinatarios de servicios, en principio, no pueden justificarse.

Por todas estas razones el Abogado General concluye que una medida de este tipo es incompatible con la Directiva de Servicios.

Esta conclusión no sería diferente aunque el Tribunal de Justicia examinase la compatibilidad de esta medida con el artículo 56 TFUE, relativo a la libre prestación de servicios.

En efecto, una restricción a la libre prestación de servicios sólo puede admitirse cuando persiga un objetivo legítimo compatible con los Tratados y esté justificada por razones imperiosas de interés general, si bien, en tal caso, debe ser adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido y no ir más allá de lo necesario para lograrlo.

Según el Abogado General, el objetivo de permitir a las autoridades nacionales verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social (que es la justificación invocada por el Gobierno austriaco) constituye una razón imperiosa de interés general que puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios. No obstante, cabe preguntarse si la medida persigue de forma auténtica y coherente el objetivo. En su opinión, la medida es, en cualquier caso, desproporcionada, pues va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo propuesto.

[1] Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en lo sucesivo, «Directiva de Servicios») (DO 2006, L 376, p. 36).

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Directiva de Servicios se opone a una medida de esta índole, que, en cualquier caso, iría más allá de lo necesario para que las autoridades nacionales puedan verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social

Čepelnik es una sociedad de responsabilidad limitada establecida en Eslovenia, que prestó servicios de construcción al Sr. Vavti por valor de 12 200 EUR. Los servicios fueron prestados en un establecimiento propiedad del Sr. Vavti situado en Austria, cerca de la frontera con Eslovenia, mediante el desplazamiento de trabajadores. El Sr. Vavti pagó a Čepelnik un anticipo de 7 000 EUR.

En 2016 la policía financiera austriaca llevó a cabo una inspección en la obra e imputó a Čepelnik dos infracciones administrativas. En primer lugar, en el caso de dos trabajadores desplazados, Čepelnik no había comunicado el inicio de su actividad con arreglo a lo dispuesto en la Ley de adaptación de la normativa relativa al contrato de trabajo (en lo sucesivo, «AVRAG», en sus siglas en alemán). En segundo lugar, Čepelnik no había presentado la documentación salarial en lengua alemana relativa a cuatro trabajadores desplazados. Inmediatamente después de la inspección, la policía financiera impuso al Sr. Vavti una retención del pago y solicitó a la autoridad administrativa competente, la Bezirksmannschaft Völkermarkt (Presidencia del Distrito de Völkermarkt; en lo sucesivo, «BHM Völkermarkt», Austria) que le exigiera la prestación de una fianza, con el objeto de garantizar el pago de una posible multa que podría imponerse en un futuro procedimiento contra Čepelnik, en función del resultado de la inspección. La policía financiera propuso que el importe de la fianza se fijase en un importe equivalente al saldo pendiente, es decir, 5 200 EUR. La BHM Völkermarkt impuso la fianza solicitada, alegando que «habida cuenta de que la sociedad […] del prestador de servicios está establecida en Eslovenia [...], cabe presumir que será muy complicado, si no imposible, instruir un procedimiento sancionador y ejecutar las sanciones». El Sr. Vavti prestó la fianza.

Se inició un procedimiento de infracción contra Čepelnik en relación con las presuntas infracciones administrativas. Mediante resoluciones de octubre de 2016, se impusieron a Čepelnik multas de 1 000 EUR y 8 000 EUR, por presuntas infracciones de la AVRAG.

Al culminar los trabajos, Čepelnik facturó al Sr. Vavti 5 000 EUR para liquidar el saldo pendiente. El Sr. Vavti rehusó el pago, alegando haber pagado el saldo pendiente a BHM Völkermarkt, de conformidad con la resolución administrativa de dicha autoridad. Čepelnik interpuso entonces una demanda contra el Sr. Vavti, a fin de cobrar el saldo pendiente.

La Directiva de Servicios [1] establece, en particular, que los Estados miembros respetarán el derecho de los prestadores a prestar servicios en un Estado miembro distinto de aquel en el que estén establecidos. Además, los Estados miembros no podrán imponer al destinatario requisitos que restrinjan la utilización de servicios prestados por un prestador establecido en otro Estado miembro. Esta Directiva no afecta al Derecho laboral nacional […] que sea conforme al Derecho [de la Unión].

En este contexto el Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno sodišče Pliberk (Tribunal de Distrito de Bleiburg, Austria) pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión prohíbe a los Estados miembros imponer al comitente nacional una retención del pago y la prestación de una fianza por el importe del precio pendiente de la obra contratada cuando el único objetivo que se persigue con la retención del pago y la prestación de la fianza es asegurar el cobro de la multa que, en su caso, pueda imponerse, a través de un procedimiento separado, a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Nils Wahl considera, en primer lugar, que la Directiva de Servicios es aplicable en este asunto. Dado que el objetivo legal de esta medida es garantizar, en beneficio del Tesoro Público, la ejecución de las sanciones que las autoridades públicas puedan imponer en el futuro a un prestador de servicios, y que la medida no se le impone al autor de la supuesta infracción, sino a la otra parte contractual, no puede considerarse amparada por la excepción prevista en la Directiva de Servicios para el «Derecho laboral». En segundo lugar, el Abogado General observa que, independientemente de que adolezca o no de carácter discriminatorio, una medida de esta índole, por su propia naturaleza, puede, por un lado, disuadir a los clientes austriacos de adquirir servicios de proveedores establecidos en el extranjero y, por otro lado, disuadir a los prestadores establecidos en otros Estados miembros de ofrecer sus servicios en Austria con carácter temporal. Por lo tanto, esta medida constituye una restricción que, en principio, está prohibida por la Directiva de Servicios. En tercer lugar, el Abogado General examina si dicha medida puede justificarse y considera que las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los prestadores de servicios pueden justificarse únicamente con arreglo a determinadas condiciones que se establecen en esa Directiva. No obstante, las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los destinatarios de servicios, en principio, no pueden justificarse.

Por todas estas razones el Abogado General concluye que una medida de este tipo es incompatible con la Directiva de Servicios.

Esta conclusión no sería diferente aunque el Tribunal de Justicia examinase la compatibilidad de esta medida con el artículo 56 TFUE, relativo a la libre prestación de servicios.

En efecto, una restricción a la libre prestación de servicios sólo puede admitirse cuando persiga un objetivo legítimo compatible con los Tratados y esté justificada por razones imperiosas de interés general, si bien, en tal caso, debe ser adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido y no ir más allá de lo necesario para lograrlo.

Según el Abogado General, el objetivo de permitir a las autoridades nacionales verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social (que es la justificación invocada por el Gobierno austriaco) constituye una razón imperiosa de interés general que puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios. No obstante, cabe preguntarse si la medida persigue de forma auténtica y coherente el objetivo. En su opinión, la medida es, en cualquier caso, desproporcionada, pues va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo propuesto.

[1] Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en lo sucesivo, «Directiva de Servicios») (DO 2006, L 376, p. 36).

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Audiencia Nacional anula el despido colectivo de los 43 trabajadores de Air Berlin en España2018-05-09

La Audiencia Nacional ha estimado la petición de la USO de considerar nulo el despido colectivo de los 43 trabajadores que prestaban el servicio de call-center en España para la compañía aérea alemana Air Berlin, y que fueron incluidos en el concurso de acreedores presentado en Alemania, pero no en España.

Los empleados (41 en Palma de Mallorca, 1 en Madrid y 1 en Barcelona) fueron despedidos en noviembre, sin negociación con la Comisión designada a tal efecto por los trabajadores, y con el mínimo legal de indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades.

Los servicios jurídicos de la USO presentaron la impugnación del despido colectivo al estimar que no había fundamentos de derecho para ello en España, ya que el concurso de acreedores solo se había presentado en Alemania a pesar de tener plantilla en España. La letrada María Eugenia Moreno afirma además que “durante todo el proceso, la compañía no ha querido sentarse a negociar y ponía todas las trabas posibles a la defensa de los trabajadores, entregando la documentación en inglés a pesar de tener su centro de trabajo en España”. Igualmente, “ha sido imposible estimar las ganancias que Air Berlin ha obtenido de los contratos de compraventa de sus diferentes líneas de negocio, así como de las subastas de los activos, que ha incluido hasta el interior de los aviones. Algunos de estos materiales podrían haber actuado como garantía del pago de los trabajadores”, continúa Moreno.

Ahora, Air Berlin está condenada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional a reincorporar a los 43 trabajadores. Al no haber centro de trabajo, puede comenzar el incidente de no readmisión, pero en todo caso se anula el despido colectivo de noviembre y los trabajadores tendrán derecho a percibir tanto las nóminas devengadas desde entonces como una indemnización de 45 días por año trabajo, en lugar de los 20 días impuestos por la aérea alemana.

Indemnización a cliente de compañía telefónica incluida en un fichero de morosos por no pagar penalizaciones2018-05-08
  • Incluye la sentencia

El Juzgado de Primera Instancia de Lena en sentencia de 26 de enero de 2017, declaró que la inclusión de la cliente en unos ficheros de morosos fue irregular y constituía una vulneración de su derecho al honor. Dicha sentencia fue recurrida en apelación, declarando la Audiencia Provincial de Oviedo, en sentencia de 21 de junio 2017, que dicha inclusión no fue ilícita. Finalmente, el Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de marzo destaca que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, como ocurrió en este caso, reponiendo la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia de Lena.

Irune Agorreta Martínez
Área Derecho Privado. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A.

La compañía telefónica le reclamaba una deuda de 200€ con la que la cliente no estaba de acuerdo y le comunicaron que si no pagaba incluirían sus datos en unos ficheros de solvencia patrimonial, tal y como ocurrió.  Los datos de esos ficheros se pasaron a varias entidades de crédito, y cuando la mujer fue a solicitar una tarjeta de crédito a una de ellas, se la denegaron al estar incluida en un archivo de morosos.

El Supremo destaca que al no estar la cliente de acuerdo con la reclamación de la deuda, el impago no puede ser por sí solo un indicativo de la falta de solvencia y que no se pueden incluir en esos ficheros los datos de aquellos que legítimamente discrepan del acreedor en cuanto a la existencia y cuantía de la deuda.

La Sala explica que el hecho de que la cliente pagara únicamente las partidas de la facturación que considera correctas, no puede ser interpretada como un reconocimiento de la veracidad de la deuda sino todo lo contrario, porque no ha aprovechado las incorrecciones de las partidas para dejar de pagar por completo los servicios.

Así pues, al reponerse la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia, se indemniza con 10.000€, al considerarse además que la cantidad se ajusta a los parámetros establecidos en la jurisprudencia.

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Según el Abogado General Tanchev, está sometida a control jurisdiccional la respuesta legislativa a una sentencia del Tribunal de Justicia relativa al carácter abusivo de cláusulas contractuales por falta de claridad2018-05-07

En febrero de 2008, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss celebraron con un banco húngaro un contrato de préstamo denominado en francos suizos (CHF). Con arreglo a dicho contrato, aunque las cuotas mensuales de devolución del préstamo debían pagarse en forintos húngaros (HUF), el importe de dichas cuotas se calculaba a partir del tipo de cambio vigente entre HUF y CHF. Asimismo, los prestatarios aceptaron asumir el riesgo relativo a las posibles fluctuaciones del tipo de cambio entre esas dos monedas.

El tipo de cambio experimentó posteriormente cambios considerables en perjuicio de los prestatarios, lo que se tradujo en un aumento significativo de sus cuotas mensuales. En mayo de 2013, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss emprendieron acciones legales contra OTP Bank y OTP Factoring, empresa esta última a la que se habían cedido los créditos derivados del contrato de préstamo. En el marco de este procedimiento judicial, se suscitó la cuestión de si la cláusula contractual que obligaba a los prestatarios a soportar el riesgo del tipo de cambio podría considerarse abusiva en el sentido de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores [1] y, en consecuencia, no vinculante para los prestatarios, por no haber sido redactada por el banco en cuestión de manera clara y comprensible.

Mientras tanto, Hungría aprobó en 2014 leyes por las que se eliminaban de los contratos de préstamo denominados en divisas determinadas cláusulas abusivas, se convertían virtualmente en HUF todas las deudas pendientes de los consumidores derivadas de esos contratos, y se introducían otras modificaciones en el contenido de las relaciones jurídicas de las partes de los contratos en cuestión. Esas Leyes tenían también por objeto dar cumplimiento a una resolución de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) acerca de la falta de adecuación con la Directiva de determinadas cláusulas incorporadas a contratos de préstamo denominados en divisas [2] (esta resolución fue adoptada a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Kásler). [3] No obstante, las nuevas leyes mantuvieron el riesgo del tipo de cambio sobre el prestatario.

Dado que, según la Directiva, las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas no están comprendidas en su ámbito de aplicación, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital, Hungría), quien conoce del asunto de la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss, pregunta al Tribunal de Justicia si el juez nacional puede examinar el carácter abusivo de una cláusula carente de claridad que hace recaer en el prestatario el riesgo del tipo de cambio a pesar de que el legislador húngaro haya confirmado la validez de esta cláusula.

[1] Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).

[2] Resolución n.º 2/2014.

[3] Sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13) (véase el CP n.º 66/14).

En sus conclusiones hechas públicas hoy, el Abogado General Evgeni Tanchev recuerda que la exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva de las cláusulas que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en los contratos en cuestión.

No obstante, esta consideración no rige respecto de las medidas legislativas, como las leyes húngaras antes mencionadas, aprobadas después de la fecha en que se celebró el contrato correspondiente y con el objetivo específico de dar ejecución a una resolución judicial que declara el incumplimiento de la Directiva.En este sentido, el Abogado General considera que la excepción en cuestión se concibió con el fin de garantizar que se permitiera a los Estados miembros mantener o introducir normas que fuesen más allá del ámbito de las medidas de protección que contempla la Directiva, si bien los Estados miembros tienen vedado reducir el nivel de protección que confieren esas disposiciones.

Asimismo, el Abogado General destaca que la respuesta legislativa de un Estado miembro a una resolución del Tribunal de Justicia por la que se declara que una normativa o una práctica nacional es incompatible con la Directiva no puede sustraerse del control judicial, ya que dicha sustracción sería contraria a las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que garantizan un elevado nivel de protección de los consumidores y el derecho a la tutela judicial efectiva.

En estas circunstancias, el Abogado General propone que una cláusula que ha pasado a formar parte de un contrato de préstamo denominado en divisas mediante una iniciativa legislativa y que hace recaer desde el principio el riesgo del tipo de cambio sobre el prestatario no refleja disposiciones legales o reglamentarias imperativas en el sentido de la Directiva. En consecuencia, cuando esa cláusula no haya sido formulada dentro del contrato de manera clara y comprensible, el juez nacional puede examinar si constituye una cláusula abusiva que no vincula al consumidor.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Condenan por estafa y falsedad a cuatro hermanos que simulaban padecer la enfermedad de catatonia2018-05-04
Fingían estar enfermos para cobrar pensiones por invalidez de la Seguridad Social. La Audiencia de Las Palmas declara prescritos los delitos del médico que les ayudó con recetas e informes

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a distintas penas que oscilan entre los tres años y seis meses y los veintiún meses de cárcel por un delito de estafa en concurso medial con un delito de falsedad a cuatro hermanos residentes en Gran Canaria que entre 2006 y 2009 simularon graves dolencias ante la Inspección Médica -entre otros cuadros patológicos, la catatonia, un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por anomalías motoras- con el fin de obtener las más altas prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por incapacidad laboral “lo más severa posible”.

Según detalla el fallo, los imputados lograron engañar a los médicos del Ministerio de Trabajo en algunos casos de forma natural, simplemente simulando enfermedades, pero en otros valiéndose de “la ingesta de productos médicos y/o farmacológicos”.

La sentencia declara probado que entre 2006 y 2009, los cuatro hermanos, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio de la arcas públicas, “se confabularon para, en la medida de su situación laboral y personal, y previa tramitación de los oportunos expedientes administrativos ante el INSS, obtener la declaración de incapacidad más severa posible, que les permitiera obtener las prestaciones sociales en función del grado de incapacidad alcanzado, simulando para ello unos padecimientos que no se correspondían en absoluto con su situación clínica bien por no existir en modo alguno, bien por ser exacerbados -de manera natural o con la ayuda de la ingesta de productos médicos y/o farmacológicos-” .

La resolución judicial absuelve al médico que les ayudó a consumar el fraude, al considerar que los delitos de estafa agravada y falsedad de los que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal están prescritos en la actualidad.

Además de la condena penal, la sentencia obliga a los acusados a abonar a la Seguridad Social indemnizaciones por un valor total de 86.237 euros, a la mutualidad Muprespa en 14.374 euros y a la entidad Mapfre con 172.365 euros.

Contra la decisión judicial cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

¿Puede la empresa registrar el bolso de sus empleadas a la salida del trabajo, por haber constatado la dirección la desaparición de determinados productos de la empresa?2018-05-03
  • Incluye la sentencia

El TSJ de Baleares desestima el recurso interpuesto por una empresa contra la sentencia del Juzgado que estimaba la demanda de una trabajadora a la que se le había registrado el bolso a la salida del trabajo, condenando a la empresa al abono de una indemnización de 1.000 euros por haber vulnerado el derecho a la intimidad de la empleada.

Supuesto de hecho:

  • La trabajadora venía prestando servicios para una empresa de catering en el comedor de un hospital público.
  • La empresa había constatado la desaparición de determinados productos de alimentación, unos días antes de proceder al registro de la empleada.
  • A la salida del trabajo, la trabajadora y otra compañera fueron registradas en la salida al parking, por dos responsables de la empresa, en presencia de los delegados de personal, sin que se les hallara en posesión de ningún producto.
  • Frente a dicha actuación, interpuso la trabajadora demanda por vulneración de su derecho a la intimidad contra la empresa, que fue estimada por el Juzgado de lo Social.
  • Contra la sentencia del Juzgado interpuso la representación de la empresa el presente recurso de suplicación.

Consideraciones jurídicas:

  • El Tribunal analiza si la actuación empresarial es vulneradora del derecho a la intimidad y al honor de la trabajadora.
  • En este sentido, el Tribunal parte de la base de que, si bien no resulta discutible que la empresa deba emprender medidas de averiguación o preventivas, a efectos de evitar cualquier sustracción de productos que son objeto de la misma actividad empresarial, no cualquier medio de indagación puede estar amparado en los parámetros legales marcados en el artículo 18 del ET.
  • En primer lugar, señala que el artículo 18 del ET constituye un precepto sustantivo que regula la forma de realizar los registros, con los requisitos que han de cumplirse suficientemente, trasladando de forma práctica al ámbito laboral los derechos fundamentales que la Constitución contiene, como son el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen.
  • Por tanto, la medida debe someterse a una ponderación de los derechos en confrontación, tanto el interés legítimo de la empresa de conocer los posibles autores de un hecho como, de otro lado, los derechos antes mencionados cuando el registro no es efectuado por un agente de la autoridad.
  • El TSJ señala que lo más relevante en este caso es el lugar en que se produce el control, en la medida en que un lugar público puede incidir de forma irremediable en la reputación de la persona registrada, por lo que afirma que el registro debería haber sido efectuado en un sitio diferente a aquel de tránsito del hospital, a efectos de suficiente garantía y de adecuación.
  • Añade que el juicio de idoneidad tampoco puede ser superado, en la medida en que la actuación empresarial tiene lugar casi dos semanas después de haberse producido la desaparición constatada por el responsable, período en que no se procedió a realizar ninguna actuación investigadora.
  • Por todo lo anterior, el TSJ concluye que la empresa pudo utilizar medidas menos lesivas de los derechos de las empleadas (mediante el control después de cada turno de los productos almacenados, o la instalación de cámaras de videovigilancia), por lo que considera que la actuación empresarial vulneró el derecho fundamental de la empleada.

Conclusión Lex@:

En definitiva, el Tribunal considera que la medida empresarial consistente en registrar los bolsos de las empleadas en la salida del parking del centro de trabajo, resulta lesiva para los derechos fundamentales de la empleada, en la medida en que el registro se produce en un lugar de tránsito del hospital, pudiendo afectar a la reputación de la empleada, y señalando que la empresa podía haber utilizado métodos menos lesivos.

¿Quiere leer la sentencia?

La Audiencia de Sevilla impone condenas de 12 y 18 meses de cárcel a dos hombres acusados de simular un accidente de tráfico para cobrar del seguro2018-05-02
El tribunal condena también a seis meses de prisión a la pareja de uno de ellos por mentir en el juicio al asegurar que el siniestro se había producido

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto penas de un año de cárcel y un año y medio de prisión, respectivamente, a dos hombres acusados de simular un accidente de tráfico en abril del año 2014 para cobrar del seguro.

En la sentencia, fechada el día 24 de abril, el tribunal condena a uno de los acusados a seis meses de cárcel y el pago de una multa de 270 euros por un delito de estafa procesal tentada, a seis meses de prisión y el pago de 540 euros de multa por un delito de falsedad en documento mercantil, y a seis meses de cárcel y multa de 270 euros por un delito de falso testimonio.

Del mismo modo, el segundo de los acusados ha aceptado seis meses de cárcel y 540 euros de multa por un delito de falsedad en documento mercantil y otros seis meses de prisión y 270 euros de multa por el delito de falso testimonio. Además, el tribunal ha condenado a seis meses de cárcel y 270 euros de multa a la pareja de uno de ellos por falso testimonio.

La Sección Primera considera probado que los dos principales condenados, en día no precisado pero próximo y anterior al 11 de abril de 2014, se pusieron de acuerdo para suscribir una declaración amistosa de un accidente “que no se había producido” entre la motocicleta de uno de ellos y el turismo del que era propietario el segundo de los acusados.

En la declaración amistosa, se hizo constar que el accidente había tenido lugar el 11 de abril de 2014 en la A-49, a la altura de Castilleja de la Cuesta, por alcance trasero del turismo a la motocicleta, tras lo que, con la declaración amistosa del accidente suscrita por ambos acusados, uno de ellos, “aparentando tener derecho y con clara intención de enriquecerse injustamente engañando a la Administración de Justicia”, interpuso demanda de juicio verbal de reclamación de daños de su vehículo por importe de 4.969,86 euros y por 821,59 euros por los desperfectos supuestamente causados contra la compañía aseguradora.

Convocada la vista oral para el 13 de abril de 2015, el entonces demandante, “sabedor de lo irreal de sus manifestaciones, mantuvo que el accidente había ocurrido y narró una colisión inexistente provocada por el vehículo del otro acusado”, quien a su vez mantuvo esta versión de los hechos “con manifiesta maledicencia pese a ser advertido de las consecuencias de su falta de veracidad”.

La acusada, por su parte, “conocedora de lo incierto de sus afirmaciones e igualmente advertida de las consecuencias de la falta de sinceridad, mantuvo que el accidente había ocurrido, que acudió a socorrer a su pareja y que abandonaron el lugar en la motocicleta y en otro vehículo tras recoger diversas piezas”. La demanda fue desestimada por sentencia de 24 de septiembre de 2015 y confirmada en febrero de 2016 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial, que acordó deducir testimonio de todo lo actuado por si los hechos fueran constitutivos de infracción penal.

La Audiencia concede a los acusados la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por el plazo de dos años, con la advertencia de que durante dicho plazo “no vuelvan a cometer nuevo delito por el que resulten condenados, en cuyo caso, dará lugar a la posible revocación de la suspensión y al cumplimiento de la pena de prisión, en su caso”.

La sentencia ya es firme tras la conformidad mostrada por los acusados con las penas solicitadas por la Fiscalía y después de que los mismos expresaran su decisión de no recurrir el fallo.

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Lionel Messi puede registrar su marca «MESSI» para artículos y prendas de vestir deportivos2018-04-30

El renombre del jugador de fútbol neutraliza las similitudes gráficas y fonéticas entre su marca y la marca «MASSI» de una sociedad española

En agosto de 2011, el jugador de fútbol Lionel Andrés Messi Cuccittini solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la marca de la Unión que se reproduce seguidamente para prendas de vestir, calzado y artículos de gimnasia y deporte:

En noviembre de 2011 el Sr. Jaime Masferrer Coma formuló oposición al registro de la marca del Sr. Messi, invocando la existencia de riesgo de confusión con las marcas denominativas de la Unión «MASSI», registradas, entre otros productos, para prendas de vestir, calzado, cascos para ciclistas, trajes de protección y guantes (los derechos sobre estas marcas fueron transferidos en mayo de 2012 a la sociedad J.M.-E.V. e hijos). [1] En 2013 la EUIPO estimó la oposición. El Sr. Messi interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución dictada. En abril de 2014 la EUIPO desestimó el recurso, por considerar, esencialmente, que existía riesgo de confusión entre las marcas. Concluyó que las marcas en cuestión son similares porque sus elementos dominantes, constituidos por los términos «MASSI» y «MESSI», son prácticamente idénticos en los planos gráfico y fonético, de modo que una eventual diferencia conceptual solo sería percibida, en su caso, por una parte del público pertinente.

El Sr. Messi no consideró satisfactoria la resolución de la EUIPO, por lo que solicitó su anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea. [2]

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General anula la resolución de la EUIPO.

Para empezar, el Tribunal General señala que los signos que componen las marcas en conflicto presentan una similitud media en el plano gráfico, debido a que el elemento dominante de la marca del Sr. Messi es extremadamente similar al elemento denominativo presente en la marca MASSI. A continuación, el Tribunal General confirma la conclusión de la EUIPO de que los signos en conflicto son muy similares a nivel fonético. En cambio, el Tribunal General considera que la

[1]La iaoiead sarte eurrnteen oto uno dearsane l ribunl Geneal(antoT-2/17

[2]El uadorde fúbolbrailñoNear tabin esparteen n anto e rsate teórganojuriioal(uo T-795/17).

EUIPO incurrió en error al comparar los signos en el plano conceptual. El Tribunal General estima que es erróneo considerar que el Sr. Messi  únicamente goza de renombre entre el  público interesado en el fútbol y en el deporte en general. Observa que este jugador de fútbol es una personalidad pública muy conocida, a la que a menudo puede verse en la televisión y de la que habitualmente se habla en la televisión y en la radio. Señala que la EUIPO debería haber examinado si una parte significativa del público pertinente no podría establecer una asociación conceptual entre el término «messi» y el apellido del célebre jugador de fútbol. Por último, el Tribunal General indica que se ha de tener en cuenta que los productos designados por las marcas en conflicto entre los que podría existir riesgo de confusión, aun cuando no se limiten al ámbito del fútbol, son, concretamente, artículos y prendas de vestir deportivos. Por ello parece poco probable que el consumidor medio de estos productos no asocie directamente, en la gran mayoría de los casos, el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol. Añade que, si bien es posible que algunos consumidores nunca hayan oído hablar del Sr. Messi o no recuerden haberlo hecho, no se tratará del típico consumidor medio que compra artículos o prendas de vestir deportivos.

El Tribunal General concluye que, aun cuando los signos en conflicto sean globalmente similares, las diferencias conceptuales existentes entre ellos son tales que neutralizan las similitudes gráficas y fonéticas señaladas. En efecto, el Tribunal General considera que una parte significativa del público pertinente asociará el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol y, en consecuencia, percibirá el término «massi» como un término conceptualmente diferente. Estima que el grado de similitud entre las marcas no es lo suficientemente elevado como para poder considerar que el público pertinente pueda creer que los productos en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por lo tanto, declara que la EUIPO concluyó erróneamente que el uso de la marca «MESSI» para prendas de vestir, artículos de gimnasia o de deporte y aparatos e instrumentos de protección podía crear en el consumidor un riesgo de confusión con la marca «MASSI».

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

La Mutualidad cierra 2017 con un crecimiento del ahorro gestionado del 11,50% y una rentabilidad neta del 5,17%2018-04-27

CGAE

El presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernandez-Lomana, acompañado por el Director General de la institución, Rafael Navas Lanchas, el Secretario de la Junta de Gobierno, Antonio Albanés Membrillo y el Vocal adjunto al presidente para relaciones Institucionales, Joaquín García-Romanillos Valverde, han presentado los resultados de la Memoria de actividades y el Balance de gestión del pasado ejercicio 2017, así como el presupuesto para 2018.

La Mutualidad de la Abogacía  ha cerrado sus cuentas del ejercicio 2017 con un superávit de 22,7  millones de euros. El  volumen de las aportaciones ingresadas se ha elevado hasta alcanzar los 624,7 millones  de euros, frente a los 598,4 millones del año 2016.

Este excedente se va a acumular íntegramente a reservas, reforzando de este  modo los fondos de solvencia. Los fondos propios alcanzarán, con esta aportación adicional, los 319,6 millones, un 7,62% más que el año anterior.

Hay que destacar que la rentabilidad neta de las inversiones se ha situado en el 5,17% sobre los activos invertidos, lo que permite retribuir a los mutualistas con el 4,65% (90% de la rentabilidad obtenida).

También ha crecido el número de mutualistas que ha alcanzado los 196.326 al final del ejercicio.

Estas dos magnitudes, el número de mutualistas y el aumento del nivel de cobertura de ahorro, junto con la rentabilidad asignada han elevado en un 11,50% el ahorro gestionado, que ha llegado a los 6.624 millones de euros.

Por otra parte, el ratio de los gastos de gestión sobre el ahorro gestionado  se ha situado en el 0,20%, reduciéndose con respecto del año anterior que fue del 0,22%, y frente al 1,5% del sector asegurador y de los fondos de pensiones. Este logro es  consecuencia de la especialización de la Mutualidad por trabajar directamente con los mutualistas y gracias a una gestión marcada por un estricto criterio de austeridad.

Desglose de las inversiones

Al cierre de 2017, el valor contable de las inversiones ascendía a 7.665  millones de euros, con un aumento del 9,92% frente al año anterior. De ellos, 567 millones corresponden a inversiones inmobiliarias, y los restantes 7.098 millones a inversiones financieras y tesorería.

Dentro del conjunto de la cartera, un 72,58%, (5.564 millones de euros), está invertido en bonos de renta fija, con una elevada rentabilidad media, superior al 5%; un 7,40%, (567 millones de euros), son inmuebles; el 5,85 está invertido en renta variable (acciones y fondos por importe de 448,1 millones de euros); y, finalmente, un 14,16% (1.085,9 millones de euros) corresponde a otros activos financieros y tesorería.

Ratio de Solvencia

La Mutualidad  continuó en 2017 situada por encima del ratio medio de solvencia del sector de seguros de vida y  supera en 2,23 veces los requisitos mínimos de Solvencia II exigidos por la normativa aseguradora.

PRESUPUESTO 2018

Para el presente ejercicio, la Mutualidad se propone conseguir una serie de mejoras en torno a tres cuestiones principales: las aportaciones de los mutualistas, el volumen de ahorro y la rentabilidad.

En lo que respecta a las aportaciones, se prevé que el crecimiento sea más moderado que en años anteriores alcanzando un 2%, hasta situarse en los 641,3 millones de euros. Con ello, el volumen del ahorro gestionado llegará a los 7.295 millones, frente a los 6.624 del año pasado, lo que representa un 10,12% más.

La rentabilidad prevista para 2018 se estima en un 4,72%, lo que dejaría la rentabilidad a favor de los mutualistas en el 4,25%.

Asimismo, como consecuencia de nuevos proyectos encaminados a mejorar los procesos y la transparencia de la Entidad, así como la próxima puesta en marcha de un nuevo Plan Estratégico para los próximos 5 años, los gastos comerciales y de administración podrían crecer hasta un 8,65%. No obstante gracias al aumento del ahorro gestionado se mantendrá el mismo ratio de gastos del 0,20% que en el año 2017.

Con estas cifras, el excedente podrá situarse en los 25 millones, con lo que la Mutualidad pasaría a tener unos fondos propios de 321,4 millones.

RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017

De enero a marzo de 2018, el importe de las aportaciones de los mutualistas ha sido de 164,7 millones de euros.

El ahorro gestionado se ha situado en los 6.823 millones al cierre del primer trimestre del año en curso.

El ratio de gastos sobre ahorro gestionado se mantiene en el 0,20%, en consonancia con el cierre del ejercicio pasado.

Finalmente hay que destacar que la rentabilidad anualizada estimada al cierre del ejercicio se sitúa en el 3,65%, con el objetivo final del 4,72% presupuestada y que permitirá otorgar a los mutualistas el 4,25%.

Hewlett Packard puede registrar las letras HP como marca de la Unión2018-04-26

En 1996 y 2009, la sociedad americana HP Hewlett Packard Group consiguió que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) registrara como marcas de la Unión, respectivamente, el signo denominativo HP y el signo figurativo reproducido a continuación para distintos productos y servicios (entre otros, cartuchos e impresoras):

 

 

En 2015, la sociedad polaca Senetic solicitó la anulación de dichos registros alegando, en particular, que las marcas controvertidas eran descriptivas y carecían de carácter distintivo. La EUIPO desestimó los recursos de nulidad de Senetic, quien acudió entonces al Tribunal General de la Unión Europea para que anulara las resoluciones de la EUIPO.

Mediante sus sentencias de hoy, el Tribunal General desestima los recursos de Senetic y confirma de ese modo que Hewlett Packard puede registrar el signo denominativo HP y el signo figurativo antes reproducido como marcas de la Unión.
Por lo que respecta a la alegación de que las marcas impugnadas ―compuestas por dos letras (H y P)― son meramente descriptivas como consecuencia de que se suelen emplear signos de dos letras para describir a los productos y servicios tecnológicos controvertidos, el Tribunal General declara que no cabe afirmar en general que una marca es descriptiva simplemente porque consista en una o dos letras. El Tribunal General considera además que los documentos justificativos aportados por Senetic no permiten establecer una relación suficientemente directa y concreta entre el signo HP y los servicios y productos controvertidos.

En cuanto a que las marcas impugnadas estén compuestas por elementos totalmente carentes de carácter distintivo, el Tribunal General declara que no suele emplearse la combinación de las dos letras que constituyen las marcas impugnadas, y que dicha combinación tampoco se percibe simplemente como una indicación carente de carácter distintivo, máxime cuando el público pertinente puede entender el signo HP como una referencia a los nombres Hewlett y Packard, apellidos de los fundadores de la empresa.

Por último, el Tribunal General señala que Senetic no ha aportado pruebas que demuestren que Hewlett Packard tuvo conocimiento de la existencia de la comercialización por Senetic o por otros terceros de algunos de los productos y servicios en cuestión con un signo similar o idéntico. De los documentos presentados ante el Tribunal General también resulta que Senetic no ha demostrado que, cuando se presentó la solicitud de registro de las marcas impugnadas, un tercero utilizase realmente signos idénticos o similares para comercializar sus productos o servicios. Además, Senetic tampoco ha precisado de qué tercero, de qué signo y de qué productos o servicios se trataba.

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

El Tribunal General de la Unión Europea confirma la decisión de la Comisión de no presentar una propuesta legislativa en el marco de la iniciativa ciudadana europea «Uno de nosotros»2018-04-25

La sentencia declara que la Comisión motivó suficientemente su decisión y que no incurrió en error manifiesto al apreciar la situación jurídica

Según el Tratado UE, un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, procedentes como mínimo de un cuarto de los Estados miembros, puede tomar la iniciativa de invitar a la Comisión a que, en el ámbito de sus atribuciones, proponga al legislador de la Unión adoptar un acto jurídico para los fines de la aplicación de los Tratados («iniciativa ciudadana europea»). Para poder empezar a recoger el número de firmas de apoyo requerido, los organizadores de la iniciativa ciudadana europea deben registrarla ante la Comisión, que examinará, en particular, su objeto y sus objetivos.

En 2012, la Comisión registró la propuesta de iniciativa ciudadana europea denominada «Uno de nosotros». El objetivo de esta iniciativa es prohibir y poner fin a la financiación por parte de la Unión de actividades que suponen la destrucción de embriones humanos (en particular, en los ámbitos de investigación, ayuda al desarrollo y salud pública), incluida la financiación directa o indirecta del aborto. Una vez registrada, la iniciativa reunió el millón de firmas requerido antes de ser presentada oficialmente a la Comisión a principios de 2014. El 28 de mayo de 2014, la Comisión adoptó una comunicación en la que expresó su decisión de no adoptar ninguna medida.

Los organizadores de la iniciativa no consideraron satisfactoria la comunicación de la Comisión y solicitaron su anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea.

En su sentencia de hoy, el Tribunal General considera, para empezar, que los organizadores de la iniciativa ―a diferencia de la entidad denominada «European Citizens’ Initiative One of Us», que no está dotada de personalidad jurídica― pueden, como personas físicas, interponer un recurso contra la comunicación de la Comisión de 28 de mayo de 2014, debido a que dicha comunicación produce efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a sus intereses, al modificar de forma caracterizada su situación jurídica.

En cuanto al fondo, el Tribunal General recuerda que los Tratados han conferido a la Comisión el cuasimonopolio de la iniciativa legislativa. Según el Tribunal General, el ejercicio del derecho de iniciativa ciudadana europea no implica que la Comisión esté obligada a presentar una propuesta de acto jurídico. Una interpretación en sentido contrario llevaría a privar a la Comisión de cualquier margen de apreciación en el ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa cuando se presentara una iniciativa ciudadana europea.

Por otra parte, el Tribunal General considera que la comunicación de la Comisión está suficientemente motivada. En particular, la Comisión señaló que, dado que el gasto de la Unión debe ser conforme a los Tratados de la Unión y a la Carta de los Derechos Fundamentales, el Derecho de la Unión asegura que todos los gastos de la Unión, incluidos los realizados en los ámbitos de investigación, cooperación al desarrollo y salud pública, respeten la dignidad humana, el derecho a la vida y el derecho a la integridad de la persona. La Comisión explicó, además, que la actual legislación de la Unión ya responde a una serie de importantes solicitudes de los organizadores de la iniciativa, como la de que la Unión no financie la destrucción de embriones humanos y la de que establezca controles adecuados. En último lugar, la Comisión adujo que la ayuda que el sector sanitario de los países en desarrollo recibe de la Unión contribuye de forma sustancial a reducir el número de abortos a través del acceso a unos servicios seguros y de calidad, y que la prohibición de la financiación del aborto en los países en desarrollo limitaría la capacidad de la Unión para alcanzar los fines establecidos en materia de cooperación al desarrollo, en particular los relativos a la salud materna.

Por último, el Tribunal General señala que la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación. Estima que el enfoque de la Comisión no adolece de tal error, puesto que no sólo tuvo en cuenta el derecho a la vida y a la dignidad humana de los embriones humanos, sino también las necesidades de la investigación con células estaminales, que puede servir para el tratamiento de enfermedades actualmente incurables o potencialmente mortales, como la enfermedad de Parkinson, la diabetes, la apoplejía, las cardiopatías y la ceguera. El Tribunal General considera, asimismo, que la Comisión demostró que hay una relación entre los abortos de riesgo y la mortalidad materna, lo que la llevó a concluir, sin cometer un error manifiesto de apreciación, que la prohibición de financiación del aborto limitaría la capacidad de la Unión para conseguir el objetivo de reducir la mortalidad materna.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Un juzgado de Bilbao libera a unos padres de pagar un aval por el crédito hipotecario de su hijo2018-04-24
La juez ha considerado que los avalistas no fueron informados por parte de la entidad de manera suficiente sobre las consecuencias que tenía lo que estaban firmando

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia (Refuerzo) número 11 de Bilbao ha librado a unos padres de abonar el aval hipotecario de su hijo al considerar que el banco fue poco transparente y, consecuentemente, ha decretado, la "nulidad radical" de la cláusula. La juez ha considerado que los avalistas no fueron informados por parte de la entidad de manera suficiente sobre las consecuencias que tenía lo que estaban firmando, por lo que ha entendido que la cláusula que les designaba como avalistas es abusiva y, por tanto, nula.

El caso juzgado en Bilbao era el de un joven con ingresos discretos e inestables que, cuando pidió en diciembre de 2005 una hipoteca, la entidad requirió como garantía del préstamo el aval de sus padres y de sus hermanos. Cuando el hipotecado empezó a tener problemas para pagar, el banco escribió a sus progenitores advirtiéndoles de que podría embargar su vivienda. Ante este aviso, el padre del joven, ante el miedo a perder su propia vivienda, empezó a abonar las cuotas de la hipoteca de su hijo.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Refuerzo de Bilbao ha fallado a favor de esa familia de Barakaldo al entender que el aval era abusivo y que el banco "no explicó bien a los padres y hermanos" lo que éste implicaba.

Los agentes comerciales tienen derecho a la indemnización y a la reparación del perjuicio establecidas incluso si la terminación del contrato de agencia se produce durante el período de prueba2018-04-23

En 2011, la sociedad DTT celebró con la sociedad CMR un contrato de agencia comercial según el cual CMR debía vender veinticinco viviendas unifamiliares al año por cuenta de DTT. Este contrato establecía un período de prueba de doce meses y cada una de las partes podía resolver el contrato durante este período respetando un plazo de preaviso. Aproximadamente seis meses después de la celebración de dicho contrato, DTT lo resolvió por el motivo de que CMR solo había realizado una venta en cinco meses y de que, por tanto, no se había cumplido el objetivo establecido en el contrato.

CMR pretende obtener de DTT una indemnización compensatoria en reparación del perjuicio resultante de la terminación del contrato de agencia comercial. Según una Directiva de la Unión, [1] tras la terminación del contrato, el agente comercial tiene derecho a una indemnización o a la reparación del perjuicio. Tiene derecho a la reparación del perjuicio que le ocasione la terminación de sus relaciones con el empresario cuando esta terminación 1) prive a este agente (en este caso, CMR) de las comisiones de las que hubiera podido beneficiarse con una ejecución normal del contrato a la vez que le hubiese facilitado al empresario (en este caso, DTT) unos beneficios sustanciales y/o 2) no permita a dicho agente comercial amortizar los gastos que hubiere realizado para la ejecución del contrato aconsejado por el empresario. El agente tiene derecho a una indemnización cuando 1) haya aportado nuevos clientes al empresario o haya desarrollado sensiblemente las operaciones con los clientes existentes y cuando dicha actividad pueda reportar todavía ventajas sustanciales al empresario y 2) cuando el pago de dicha indemnización sea equitativo, habida cuenta de todas las circunstancias, en particular de las comisiones que el agente comercial pierda y que resulten de las operaciones con dichos clientes.

[1] Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los Derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (DO 1986, L 382, p. 17).

La Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), que conoce del litigio entre CMR y DTT, pregunta al Tribunal de Justicia si el artículo de la Directiva que establece esta indemnización o reparación se aplica también cuando la terminación del contrato de agencia comercial se produce durante el período de prueba, dado que la Directiva no hace referencia a dicho período.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia observa en primer lugar que, dado que la Directiva no regula la estipulación de un período de prueba, ese período está sujeto a la libertad contractual de las partes y, como tal, no está prohibido por la Directiva.

El Tribunal de Justicia señala a continuación que, sobre la base de una interpretación de los términos de la Directiva, los regímenes de indemnización y reparación que esta Directiva establece no pretenden sancionar la extinción del contrato, sino compensar al agente comercial por sus prestaciones anteriores de las que el empresario sigue beneficiándose con posterioridad a la terminación de las relaciones contractuales o por los gastos en que haya incurrido a efectos de dichas prestaciones. Por consiguiente, dicho agente no puede ser privado de la indemnización o de la reparación por el único motivo de que la terminación del contrato de agencia comercial tuvo lugar durante el período de prueba, si se cumplen los requisitos enunciados en la Directiva. De ello se desprende que el derecho a la indemnización y a la reparación del perjuicio ocasionado es aplicable incluso si la terminación de la relación contractual entre el empresario y el agente comercial se produce durante el período de prueba.

El Tribunal de Justicia precisa que esta conclusión está respaldada por la finalidad de la Directiva, que consiste, en particular, en proteger los intereses del agente comercial en sus relaciones con el empresario, y que, a la vista de esta finalidad, no puede admitirse una interpretación de esta Directiva que pueda resultar en perjuicio del agente. En efecto, supeditar la concesión de una indemnización al hecho de que se haya estipulado o no un período de prueba en el contrato de agencia comercial, sin tener en cuenta el rendimiento del agente comercial o los gastos en que haya incurrido, iría en perjuicio del agente comercial, que se vería privado de toda indemnización por el único motivo de que el contrato que le vincula al empresario incluye un período de prueba.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Primera sentencia condenatoria firme en España por acciones del Banco Popular2018-04-20

El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo ha dictado sentencia tras escasos cuatro meses de procedimiento contra el Banco Popular en la que ha resultado ser la primera sentencia condenatoria firme en España por este tema. Así, se condena a devolver la cantidad invertida correspondiente a 1.963 acciones a la demandante, que actualmente es ex empleada de la entidad bancaria.

  • La juez considera que la empleada afectada de la entidad no habría adquirido las acciones si llega a conocer el verdadero estado económico del banco
  • La Asociación ACOREO CONSUMIDORES REUNIDOS, que ha llevado el procedimiento, prevé miles de demandas

Manuel Noval Pato, abogado del pleito y que lleva la defensa jurídica de los socios de ACOREO CONSUMIDORES REUNIDOS en Asturias, explica que "Banco Popular publicitaba una imagen económica que no era real, con el objetivo de atraer la inversión. De haberse conocido la difícil situación real en la que se encontraba el banco, y que desembocó, sólo un año después, en su intervención y venta por un euro a otra entidad, no se habrían adquirido las acciones, ni por mi cliente, ni por nadie en su sano juicio".

Los hechos se remontan al 20 de junio de 2016. Por aquel entonces, una empleada del Banco Popular adquirió casi dos mil acciones creyendo que se trataba de una sociedad solvente y que la inversión no presentaría la problemática de otros productos bancarios. Sin embargo, en unos cuantos meses, llegó el desengaño generalizado (con la pérdida de la inversión), que llevó a la accionista a la delicada situación de demandar a su propio banco.

Se trata de la primera sentencia condenatoria firme en España por este tema, ya que este mismo año, en febrero de 2018, un Juzgado de Bilbao desestimó una demanda interpuesta contra el Banco Popular, en la que se reclamaban 5.265 euros por la ampliación de capital de 2016. La sentencia fue un duro golpe para miles de afectados: el juez decía que las acciones eran un "producto sencillo" en el que cualquiera sabe que "se puede ganar o perder", y que no se había acreditado que la información publicitaria del banco tuviera "inexactitudes". Hoy, sin embargo, la situación ha dado un giro radical en favor de los perjudicados por la compra de acciones del Banco Popular. Y esta vez el escenario judicial no ha sido Bilbao, sino Oviedo, donde se ha condenado al Banco Popular, en la primera sentencia firme de España (que no admite recurso alguno). En este sentido, desde la Asociación ACOREO CONSUMIDORES REUNIDOS creen que este fallo sentará un precedente por lo que esperan miles de demandas al respecto.

Según indica Noval, el éxito de este asunto se debe "fundamentalmente, a que aportamos a la demanda un dictamen pericial, que ha sido contrastado laboriosamente por la juzgadora".

Tal y como refleja la juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo en su sentencia: "la imagen de solvencia publicitada y divulgada no se correspondía con la situación económico financiera real, pues, como resulta del informe pericial aportado con la demanda, de haberse reflejado en sus cuentas la realidad respecto a sus activos morosos e inmobiliarios y haber hecho las coberturas y valoraciones correctas, los resultados del período 2009 a 2016 hubieran sido muy distintos, con sustanciales pérdidas".

La Comisión Europea presenta un nuevo plan para los derechos de los consumidores de la UE y propone excluir a los despachos de abogados2018-04-19

 

La Comisión Europea ha propuesto un nuevo acuerdo con el fin de garantizar que todos los consumidores europeos se beneficien de sus derechos con arreglo al Derecho de la Unión.

Aunque la UE ya tiene algunas de las normas más sólidas del mundo en materia de protección de los consumidores, casos recientes, como el escándalo del fraude del diésel, han puesto de manifiesto que es difícil hacerlas cumplir plenamente en la práctica. El nuevo acuerdo para los consumidores posibilitará que las entidades cualificadas realicen reclamaciones representativas en nombre de los consumidores y reforzará las facultades sancionadoras de las autoridades de los Estados miembros encargadas de la protección de los consumidores. Además, ampliará la protección de los consumidores cuando estén conectados a internet y aclarará el modo en que la legislación de la UE prohíbe las prácticas de calidad dual engañosas para los consumidores.

El nuevo acuerdo para los consumidores supondrá:

  1. Un refuerzo de los derechos de los consumidores en línea
  • Más transparencia en los mercados en línea
  • Más transparencia en los resultados de las búsquedas en las plataformas en línea
  1. El suministro a los consumidores de los instrumentos necesarios para ejercer sus derechos y obtener una compensación 
  • Reclamaciones representativas, de tipo europeo: en el marco del nuevo acuerdo para los consumidores, las entidades cualificadas, como, por ejemplo, una organización de consumidores, podrán obtener reparación, como una compensación, una sustitución o una indemnización, en nombre de un grupo de consumidores que hayan resultado perjudicados por prácticas comerciales ilegales. En algunos Estados miembros, los consumidores ya pueden presentar reclamaciones colectivas antes los tribunales, pero ahora esta opción existirá en todos los países de la UE. Esta propuesta de la Comisión también pretende apartar de estas demandas a los despachos de abogados limitándolas a las entidades que sin ánimo de lucro y que cumplan criterios estrictos de elegibilidad siendo revisados por una autoridad pública.
  • Mayor protección contra las prácticas comerciales desleales: el nuevo acuerdo para los consumidores garantizará que los consumidores de todos los Estados miembros tengan derecho a reclamar una reparación individual (por ejemplo, compensación financiera o resolución del contrato) cuando se vean afectados por prácticas comerciales desleales, tales como una comercialización agresiva o engañosa. Actualmente, esta protección varía en gran medida en la UE.
  1. El establecimiento de sanciones efectivas en caso de infracción de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores
  1. El tratamiento de la calidad dual de los productos de consumo
  1. Una mejora de las condiciones para las empresas

El nuevo acuerdo eliminará las cargas innecesarias para las empresas, entre otras cosas mediante la supresión de sus obligaciones en lo que respecta al derecho de desistimiento de los consumidores. Por ejemplo, los consumidores ya no podrán devolver los productos que hayan utilizado en lugar de haberlos simplemente probado, y los comerciantes ya no tendrán que reembolsar a los consumidores antes de haber recibido los productos devueltos.

Las nuevas normas también introducirán una mayor flexibilidad en la forma en que los comerciantes pueden comunicarse con los consumidores, permitiéndoles que utilicen también formularios en línea o chats en lugar del correo electrónico, siempre que los consumidores tengan acceso a las comunicaciones que mantengan con los comerciantes.

Las propuestas de la Comisión se debatirán en el Parlamento Europeo y en el Consejo.

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_es.htm

Las asociaciones de jueces y fiscales comunican al CGPJ la convocatoria de huelga el próximo 22 de mayo2018-04-18
  • Anuncian nuevos paros el 19 y 26 de abril y 3 y 10 de mayo por una mayor independencia judicial y modernización de la Justicia

Las principales asociaciones de jueces y de fiscales han comunicado formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a la Autoridad Laboral de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de huelga para el próximo 22 de mayo además de paros parciales de una hora los días 19 y 26 de abril y 3 y 10 del mes de mayo.

Así, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales informan en una nota de que se ha procedido de acuerdo a la legalidad vigente y en base a la convocatoria del pasado 5 de abril.

En ella, las asociaciones judiciales reclamaban el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial, mientras que las asociaciones de fiscales pedían, entre otras medidas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

De acuerdo con la nota difundida por la AJFV, “se ha puesto de manifiesto que se han intentado otras vías alternativas que han sido desatendidas hasta la fecha” y quedan ahora a la espera de la fijación de los servicios mínimos. El comité de huelga está integrado por los magistrados Manuel Almenar (APM), Natalia Velilla (AJFV), Ignacio González (JJD), Roberto Esteban (FJI), Cristina Dexeus (AF), Emilio Fernández (UPF) y Miguel Pallarés (APIF).

MOVILIZACIONES DESDE EL 5 DE ABRIL

Se trata de nuevas movilizaciones que se suman al calendario anunciado el pasado 5 de abril, día en que arrancaron los paros frente a las sedes judiciales de toda España en los que se leyeron las reivindicaciones de jueces y fiscales para la administración de justicia, recogidas en el documento ’14 propuesta para la mejora de la Justicia’, al que se han adherido más de 3.500 profesionales de la judicatura y la fiscalía.

En su comunicado del pasado 5 de abril las siete asociaciones tildaron de “decepcionante” la marcha de las negociaciones desde que el pasado 16 de junio dieron a conocer sus propuestas para la mejora de la justicia. Respecto a las Cortes, señalaron que “no parece haber una mayoría clara” en el Parlamento favorable a atender su petición de reforma del CGPJ “ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un pacto de estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto”.

En cuanto al Gobierno, le acusan de haber renunciado a incrementar el número de miembro de la carrera judicial y fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y recuerdan que “no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones”.

Los tribunales anulan multas de 290.000 euros de Competencia a los Colegios de Abogados por la territorialidad del Turno de Oficio2018-04-17
  • La Audiencia Nacional revoca las sanciones impuestas por la CNMC al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Guadalajara
  • El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima íntegramente el recurso planteado por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia como anteriormente lo hizo el TSJ de Andalucía

CGAE

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 60.000 euros impuesta en septiembre de 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo General de la Abogacía Española por restricción de la competencia en los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita al considerar que la multa no es conforme a derecho.

La misma Sala de la Audiencia Nacional, en sentencia de 26 de marzo de 2018, también ha revocado la sanción de 30.000 euros que la CNMC había impuesto en septiembre de 2015 al Colegio de Abogados de Guadalajara por el mismo motivo: la necesidad de que los abogados adscritos al Turno de Oficio tengan residencia y despacho abierto donde prestan el Servicio de Justicia Gratuita.

En ambas sentencias, la Audiencia Nacional considera que los Colegios de Abogados están obligados a “garantizar la rapidez y agilidad en la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita; de ahí la obligación de residencia y de disponer de despacho abierto” que tienen los abogados adscritos al Turno de Oficio. La Abogacía siempre ha defendido esta territorialidad como garantía de cercanía y proximidad al ciudadano.

La Audiencia Nacional también justifica la anulación de las multas de la CNMC en que el propio Colegio de Abogados asume la “posible declaración de responsabilidad de la actuación de su colegiado por lo que es necesario que sea miembro del Colegio en cuestión”.

Las sentencias –que condenan en costas a la CNMC- respaldan los argumentos del Consejo General de la Abogacía Española y del Colegio de Abogados de Guadalajara al considerar que la “prestación del Servicio de Justicia Gratuita se trata de una actividad en la que concurre un importante componente público y en el que el interés general aconseja la prestación de dicho servicio del modo más eficaz posible y manteniendo unos parámetros razonables de calidad”.

Además, la Audiencia Nacional asegura que en la prestación del servicio público de Justicia Gratuita “no existe un mercado libre” ya que el consumidor no puede elegir quien debe prestarle el servicio que demanda, los letrados no reciben honorarios por sus servicios sino una indemnización cuyo importe es determinado por las autoridades públicas y la llamada a la prestación del servicio es por medio de un turno, de una lista, en la que se producen llamamientos sucesivos.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

En el mismo sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia frente a la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia de 20 de Marzo de 2017, que le imponía una sanción de 100.000 euros por haberse negado a inscribir a una colegiada con despacho principal en Madrid en los turnos de oficio y asistencia al detenido de Bilbao, Getxo y Barakaldo.

La sentencia -que impone expresamente las costas del procedimiento a la Autoridad Vasca de la Competencia minoradas en un 50% de las que pudieran haberse causado- señala que “tratándose de un servicio profesional con connotaciones claras de servicio público y sin contenido económico, sin oferta profesional de servicios, ni libre fijación de remuneraciones u honorarios, no cabe hablar de un mercado de prestación de los mismos y la Ley de Defensa de la Competencia, por propia determinación de la Ley 2/1974 no es aplicable al caso.”

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Estas dos sentencias se suman a la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, en abril de 2016, dio la razón al Colegio de Abogados de Málaga que consideró plenamente válidos los argumentos jurídicos defendidos por el Consejo General de la Abogacía Española y por el Colegio de Abogados de Málaga frente a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que consideró como práctica anticompetitiva la fijación de restricciones de carácter territorial para el acceso de los profesionales de la abogacía al Servicio de Asistencia Gratuita. El tribunal no sólo anuló la multa de 98.215 euros sino que condenó en costas a la Agencia.

El Consejo General de la Abogacía Española, que respaldó en todo momento -por decisión de su Pleno- la actuación del Colegio de Málaga por entender que la decisión de este Colegio y de todos los demás respeta plenamente la legislación vigente y la normativa en materia de defensa de la competencia, se congratuló de que con la citada sentencia se haya reconocido que la prestación del servicio público de justicia gratuita, que realizan más de  45.300 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, con inmediatez y urgencia, de forma modélica y que atiende a cerca de un millón de ciudadanos cada año en España, “es una actividad administrativa sujeta a derecho administrativo”.

Condenados a dos años de cárcel los propietarios de una copistería por fotocopiar obras completas sin autorización2018-04-16

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a los dos responsables de una copistería de Salamanca por fotocopiar libros enteros sin la autorización del autor.

Según informa la Gaceta de Salamanca, los acusados, J.I.P.R. Y A.A.F., han aceptado una pena de dos años de prisión cada uno, así como el pago de 54.000 euros en concepto de indemnización y otro 6000 euros más por las costas del juicio, además de 12 meses de multa a razón de seis euros día, como autores de un delito contra la propiedad intelectual.

El citado medio añade que la Fiscalía ha informado favorablemente a la suspensión de la pena de prisión durante un plazo de dos años suspensión condicionada al pago de la responsabilidad civil, aunque de manera fraccionada.

Además se ordena la destrucción de las copias ilegales y se retira la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de manera que los acusados podrán continuar con su actividad.

Acusados inicialmente a penas de hasta cuatro años de prisión y 185.000 euros de indemnización, finalmente fiscal y acusación particular han tenido en cuenta el reconocimiento de los hechos por su parte lo que ha propiciado la rebaja en la condena.

Tras el acuerdo de ambos acusados con la pena y el compromiso de hacer frente a los pagos determinados, la Audiencia ha declarado la firmeza de la sentencia condenatoria contra ambos.

El contrainterrogatorio, si breve, dos veces bueno2018-04-13

Cuando hablamos de brevedad en sala tenemos la tendencia a pensar, no sin razón, en la duración del informe oral; sin embargo, aquel manjar tan apetecible para los jueces, es igualmente predicable al interrogatorio, y más específicamente al contrainterrogatorio del testigo adverso.

Efectivamente, sin perjuicio del indudable agradecimiento que recibiremos del juez, y que se materializará en una mayor y centrada atención a nuestro interrogatorio, lo cierto es que igualmente concurren una serie de razones que favorecen la habilidad del abogado, de realizar un interrogatorio breve al testigo adverso.

Será pues objeto del presente post, el examen de la misma. 

Para ello hemos de partir del principio esencial en materia de litigación que afirma que sólo se procede a interrogar cuando se tiene un objetivo que desde el punto de vista probatorio resulta relevante y que, en la práctica, tiene visos de ser alcanzable; siendo los objetivos del contrainterrogatorio, desvirtuar la credibilidad y/o el testimonio del testigo.

Consecuentemente, para poder lograr un contraexamen breve es imprescindible que contemos con un objetivo relevante y posible; de lo contrario, mejor no interrogar.

Partiendo de esta idea, debemos considerar que el testigo, sea cual sea su naturaleza (falso voluntario, falso involuntario, neutral, etc.), durante el contrainterrogatorio tratará de mantenerse y persistir en el testimonio que ya ha presentado en el interrogatorio directo previo, por lo que, salvo que obtengamos algún resultado, su versión de los hechos tenderá a perpetuarse ante los intentos del interrogador de obtener algún resultado. Por lo tanto, un interrogatorio que no lo obtenga y se prolongue debido a los continuos intentos infructuosos del abogado, constituye un error que, contrariamente a lo deseado, reforzará el testimonio. De ello se deriva que si no se alcanzan los objetivos previstos, hay que desistir de los mismos y concluir o, en su caso, pasar a otro objetivo.

Lo anterior, lógicamente, no desmerece que si se van obteniendo resultados, se prolongue lo necesario.

Otro factor a considerar es el hecho de que la brevedad del interrogatorio es inversamente proporcional a la importancia del testimonio adverso; de este modo, un interrogatorio breve, incluso aunque no alcancemos nuestros objetivos, tenderá a reducir la importancia del testimonio al igual que un interrogatorio extenso sin logro de objetivos puede ser devastador para quien interroga.

Nuevamente, la excepción reside en el supuesto de que  un prolongado interrogatorio acabe coronándose con un impactante éxito.

En cuanto a la temática del interrogatorio, para que sea breve, deberá cubrir todos los objetivos propuestos, si bien deberá concentrarse en las temáticas esenciales de los que depende nuestro caso y abordarlas con prontitud y eficacia; de ello se sigue que durante el mismo habremos de excluir tratar sobre hechos accesorios, secundarios u otros ya acreditados por otro medio de prueba, lo que facilitará alcanzar la brevedad necesaria.

Respecto a las preguntas, la sensación de celeridad que contribuye a la brevedad se alcanza con el auxilio de preguntas cortas, sencillas y que abarquen un solo punto, o lo que es lo mismo, un tema por pregunta excluyendo las preguntas compuestas. Otra regla esencial para evitar que el interrogatorio se prolongue, es proscribir la consabida repetición de preguntas o reformulación de las mismas.

Finalmente, es sabido que durante el contrainterrogatorio, el abogado debe llevar el absoluto control del mismo, y ello se consigue dándole un mayor ritmo (velocidad) a las preguntas, verdadero heraldo de la brevedad.

En definitiva, cuando decidamos abordar el contrainterrogatorio, debemos desarrollarlo lo más rápidamente posible, dándole una duración cuyo límite residirá en la cobertura de los objetivos planteados, hayamos o no alcanzado el éxito de los mismos.

El Tribunal Supremo declara nula la Orden de Cultura sobre las tarifas de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual2018-04-12
La Sala Tercera estima que omitió el análisis del impacto de la norma en la familia

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas contra la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

El alto tribunal declara nula la citada Orden por haber infringido en su tramitación, y más en concreto en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, la “Disposición adicional décima. Impacto de las normas en la familia”, de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, que establece que “las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia”.

La Memoria de análisis de impacto normativo de la Orden omitió el análisis del impacto de la norma en la familia, lo que fue advertido en su dictamen por el Consejo de Estado.

Por ello, el Supremo declara la nulidad de la Orden por vulneración de la norma imperativa de rango legal que contiene aquella Disposición adicional décima, “pues la ‘familia’ -y más aún, como es normal o habitual, la que integra entre sus componentes hijos e/o hijas menores de edad sobre los que los progenitores, tutores o cuidadores ejercen derechos pero también cumplen o han de cumplir deberes inherentes a la relación jurídica trabada entre unos y otros- es potencial afectada, directamente y/o por repercusión, de las tarifas generales que lleguen a determinarse según la metodología que aprueba la Orden Ministerial impugnada, y siendo ello así, no alcanzamos a ver cuál pueda ser la justificación de aquella total omisión en la memoria de análisis de impacto normativo”, señala la sentencia.

Argumentan que el hecho de que la “familia” como tal “no ejerza en principio una actividad económica que requiera disponer de alguno o algunos de los derechos que integran el amplio y diverso abanico de la “propiedad intelectual”, no es razón suficiente para descartar aquella potencial afectación ni para justificar por tanto la omisión que nos ocupa”.

Las investigaciones concluyen que el fallo de LexNET no afectó a expedientes judiciales2018-04-11

CGPJ y AEPD confirman que no se vieron afectados ficheros jurisdiccionales ni documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía.

​Una vez que se han hecho públicas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sus conclusiones sobre la investigación relativa al incidente de seguridad del sistema LexNET que se produjo el pasado mes de julio de 2017, ha quedado probado que el fallo no afectó a ficheros jurisdiccionales ni a expedientes completos y que los documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía no estuvieron expuestos en momento alguno. Puesto que en LexNET no existen expedientes completos, el número de documentos que se vieron afectados fue muy limitado y se estima que el número de buzones que pudo verse perjudicado apenas fue el 0,1%.

La AEPD reconoce que el Ministerio de Justicia ha colaborado con total transparencia, lealtad y respeto institucional en las investigaciones y desde el primer momento reconoció el fallo que, debido a un error de programación y control en una actualización de LexNET por parte de la empresa que desarrolla el sistema, permitía a los usuarios acreditados con certificado digital y tras una serie de acciones, acceder al buzón de un tercero. Dado que el error informático que se produjo afectó a determinados ficheros no jurisdiccionales, se ha declarado una infracción automática en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Un total de 140 usuarios accedieron de forma irregular a 150 buzones que no les pertenecían y visualizaron 1.023 mensajes de forma no autorizada, aunque no descargaron contenidos. Fueron 74 los que sí lo hicieron de 431 mensajes consistentes en notificaciones ya practicadas y limitadas a los 60 días anteriores. La Agencia da por probado que no se podían manipular documentos, acceder a comunicaciones que no hubieran sido abiertas previamente por el usuario legítimo, ni presentar escritos en nombre de otros usuarios, así como que no pudieron visualizarse mensajes anteriores a 60 días dado que el sistema borra los datos de forma automática.

Constata asimismo, los esfuerzos realizados por el Ministerio de Justicia para mitigar el incidente de seguridad y evitar situaciones similares en el futuro. El Ministerio ha diseñado 69 medidas correctivas y preventivas, de las que 55 ya se han implementado y el resto se encuentra en fase de desarrollo y pruebas. Todo ello hace que hoy LexNET sea mucho más seguro que antes del incidente.

Con anterioridad han archivado el expediente de investigación sin infracción alguna, tanto el Consejo General del Poder Judicial, como el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, supervisor de servicios no cualificados de entrega electrónica certificada como es LexNET.

Con la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos concluyen las actuaciones que las diferentes autoridades con competencias y los servicios de inspección del Ministerio han venido realizando sobre el incidente de LexNET.  

El Gobierno intensificará el control de las contrataciones formativas, a tiempo parcial y temporales injustificadas2018-04-10

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó nuevas medidas para intensificar el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos. A tal fin dio luz verde al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, un Plan que, según explicó el Ejecutivo, “identifica a la Inspección como la institución pública para la garantía de la calidad del empleo”. El documento ya tiene su traducción normativa por medio del Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, que fue publicado en el BOE del pasado sábado.

El Plan Estratégico recoge las actuaciones de las que se dotará a la inspección para intensificar el control. Entre otras cabe destacar: el incremento de los "recursos humanos suficientes en número, altamente cualificados y especializados en materias concretas". En este sentido se prevé el despliegue de los nuevos subinspectores laborales de la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo y la potenciación de la Escuela de Inspección. La norma se enmarca en la Agenda integral para la calidad del empleo del Gobierno y se estructura en cuatro ejes: organización, calidad en el servicio, eficacia en la actuación y asistencia y mediación. Fija además nada menos que doce objetivos y cien líneas de actuación para los próximos años.

El refuerzo de los medios humanos constituye una prolongación del implementado desde la aprobación en 2012 del Plan de Lucha contra el Fraude. Según informó el Gobierno, desde esa fecha  y con el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo en marcha se habrán incorporado una cifra de hasta 845 nuevos Inspectores y Subinspectores. Añade que gracias a una "coordinación más intensa en la lucha contra el fraude entre la Inspección de Trabajo, otros organismos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas han mejorado la eficacia de las actuaciones inspectoras".

Detectados 519.056 empleos irregulares desde 2012

En cifras y durante estos últimos seis años se han aflorado 519.056 empleos irregulares, que eran empleos sin derechos; se han detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones. Así mismo se ha logrado la conversión de más de más de 359.191 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos. El impacto económico global estimado es de 21.198 millones de euros.

Organismo Autónomo de nueva creación

El Real Decreto 192/2018 desarrolla la Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fue aprobada durante la pasada legislatura.

La piedra angular del nuevo modelo organizativo de la Inspección de Trabajo establecido por dicha Ley era la transformación de la actual Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un Organismo Autónomo de nueva creación, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos Estatutos han sido aprobados por este Real Decreto. De hecho, dicho Organismos Estatal será además el encargado del despliegue y de la completa ejecución del Plan Estratégico 2018-2020. Integrará a todo el personal que hasta ahora presta servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, unos 3.000 empleados públicos entre Inspectores, Subinspectores y personal de apoyo. Asimismo, estará desplegado en las 17 Comunidades Autónomas, en todas las provincias españolas, y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Accede al Real Decreto 192/2018

Nueva sentencia del TS declarando de utilidad pública a una asociación deportiva2018-04-09

El reconocimiento de la condición de utilidad pública de una entidad sin ánimo de lucro, y más en el caso de las organizaciones deportivas, es uno de los principales puntos a tener en cuenta en el asesoramiento jurídico a este tipo de organizaciones.

Para valorar la importancia de dicho reconocimiento, mencionar el cambio jurisprudencial que obtuvo el despacho Gros Monserrat Abogados en el año 2011 por parte del Tribunal Supremo. Éste, con sentencia del 22 de noviembre de 2011, declaró de utilidad pública al “Club Natació Manresa”, fijando por consiguiente, que la trascendencia social de la actividad desarrollada por la entidad, implica que nos encontremos ante un supuesto merecedor de la calificación de utilidad pública.

Hasta ese momento, se aplicaba estrictamente la normativa reguladora, en el que el informe favorable a tal pronunciamiento de la Agencia Tributaria se postulaba como preceptivo. No obstante, a partir de la doctrina del Tribunal Supremo aplicada en la referida sentencia, se empezó a cuestionar tal carácter preceptivo y vinculante del informe de la Agencia Tributaria, que realizaba una interpretación muy restrictiva del concepto de “interés general”.

De esta forma, según la Agencia Tributaria, la mayoría de las solicitudes deben de desestimarse puesto que según la misma no quedaba garantizado el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, relativo a que las finalidades estatutarias de la entidad tendieran a promover el interés general, manifestando básicamente que tales entidades desarrollaban actividades empresariales consistentes en la prestación de servicios mediante contraprestación económica, con lo que los servicios prestados por éstas no irían dirigidos a beneficiar directamente a una colectividad genérica de personas.

No obstante, Francesc Costa, socio del despacho Gros Monserrat Abogados y quien lideró estas impugnaciones ante el Alto Tribunal, argumentó frente a los requerimientos de la Hacienda pública, que el hecho de llevar a cabo una explotación económica no motiva per se que no pueda considerarse que los fines estatutarios de una entidad sin ánimo de lucro tienden a promover el interés general.

Por consiguiente el Tribunal Supremo fijó que el hecho de llevar a cabo una actividad económica por parte de la asociación en ningún caso puede privarle de la consideración de entidad de utilidad pública, por cuanto que lo fundamental es la falta de ánimo de lucro de la misma y los recursos derivados de la explotación económica son necesarios para el desarrollo de la actividad al reinvertirse en ella.

El hecho que la asociación pueda restringir el acceso a ciertas actividades a terceros, no implica que no se esté cumpliendo  con los requisitos de beneficiar a la colectividad, ya que en algunos casos deberá restringirse el acceso a las actividades para garantizar la seguridad de los usuarios. Del mismo modo, exigir el pago de entrada o matrícula para tal actividad no implica incumplir este requisito, ya que tal precio se reinvierte en la consecución de las finalidades sociales, careciendo de ánimo de lucro.

Recientemente, y como ya ocurrió en 2011, el despacho Gros Monserrat Abogados ha vuelto a obtener la declaración de utilidad pública para una nueva organización deportiva, con sentencia del Tribunal Supremo del pasado 22 de marzo de 2018. Esta sentencia, acogiendo los argumentos de la referida sentencia de 22 de noviembre de 20011, reitera que “no cabe entender que a prestación onerosa de un servicio conduzca necesariamente a conceptuar que la asociación que lo presta carezca de interés general, por cuanto que para ello habrá que tener en cuenta las actividades que realiza para el cumplimiento de su objeto social, si éstas redundan en beneficio de la colectividad, y del destino que se aplican a los ingresos que la entidad pudiera obtener”.

Carácter reglado de la actuación administrativa

Asimismo, la referida sentencia, reitera y consagra un principio de vital importancia en este asunto ya apuntado en las sentencias dictadas en el mes de octubre de 2015, que no es otro que el carácter reglado de la actuación administrativa, de forma que “aunque el artículo 32 de la LO 1/2002 establezca que las asociaciones “podrán ser declaradas de utilidad pública” cuando cumplan con los requisitos establecidos, la utilización de la expresión “podrán” no podrá llevar a pensar que nos encontramos ante una potestad discrecional, pues se trata aquí de un procedimiento reglado, de forma que las asociaciones que cumplan con los requisitos establecidos en la norma han de recibir la calificación de utilidad pública en caso que la soliciten”.

Del mismo modo, el Tribunal Supremo recuerda a la Agencia Tributaria que para la considerar de interés general una actividad, “lo determinante no es la obtención de un beneficio económico, sino el destino al que éste va dirigido”, de forma que “no cabe equiparar interés general con gratuidad o ausencia de ánimo de lucro; del mismo modo que no existe equivalencia entre ánimo de lucro y contraprestación de servicios prestados”.

Finalmente, en la sentencia referida, se destaca que las actividades que realiza la entidad, de promoción y fomento del deporte, redundan en beneficio de la colectividad y tienden a promover el interés general, parafraseando de forma brillante distintos párrafos del artículo 1 de la Ley 10/1990 del deporte, en el que se establece que la práctica del deporte “como factor fundamental de la formación y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes públicos del Estado”; concluyendo que según el artículo 1.3 de la referida ley, “el Estado reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de promoción desarrollada por las Asociaciones deportivas”. Evidentemente, una de las formas de las que dispone el Estado para reconocer y estimular tales acciones es reconocer la condición de utilidad pública a las entidades que la llevan a cabo.

El Gobierno solo destina a Justicia el 1,06% del presupuesto para campañas institucionales2018-04-06

750.000 de un total de 71,56 millones de euros, esa es la cantidad que el Ejecutivo ha asignado al Ministerio de Justicia con cargo al Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2018. Dicho de otra forma, contempla para las tres campañas asignadas al Ministerio el 1,06% de la inversión institucional para el ejercicio en curso.

El Plan, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes, concentra en cinco ministerios el 90% del total del esfuerzo presupuestario: Energía, Turismo y Agenda Digital; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Interior; Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y Hacienda y Función Pública. El organismo que más campañas planificará es el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con un total de 49.

Las tres campañas de Justicia

Cada una de las tres campañas que se desplegarán desde el Ministerio de Justicia tienen asignado un presupuesto de 250.000 euros. Este es el detalle de cada una de ellas:

  • Un nuevo Registro Civil al servicio de los ciudadanos. Su objetivo es: dar a conocer entre los ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España, el nuevo Registro Civil electrónico que otorgará a cada ciudadano un código personal a partir del cual todos sus hechos vitales (inscripción de nacimientos o defunciones, bodas, concesión de nacionalidad) estarán ordenados de forma cronológica y permitirá la simplificación de numerosos trámites a efectos de prestaciones de la seguridad social, deducciones fiscales, identidad a efectos policiales y de seguridad, censo y servicios sanitarios.
  • Algo está cambiando en la Justicia. Su objetivo es: informar sobre la transformación de los tradicionales juzgados con expedientes en papel que serán sustituidos por juzgados digitales con nuevos servicios electrónicos que gradualmente estarán a disposición de profesionales y ciudadanos.
  • La mediación también es justicia. Su objetivo es: sensibilizar a ciudadanos y empresas sobre el uso de la mediación como forma de resolver los conflictos de manera más rápida y económica, responsabilizándose de su solución.

Un total de 102 campañas

En el Plan se recoge información detallada de cada una de las 102 campañas institucionales que serán desarrolladas en 2018 por los ministerios, organismos y entidades públicas, con especificación de objetivos de cada campaña, coste previsible, aplicación presupuestaria, periodo de ejecución, herramientas de comunicación a utilizar, difusión, públicos a los que se dirigen, idioma, evaluación a realizar y medidas de accesibilidad previstas.

Las campañas de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y al cuidado del entorno acaparan algo más de un 76% de la inversión institucional. Se centrarán en ámbitos como: seguridad vial; ahorro y eficiencia energética; alimentación e información alimentaria; protección y conservación de la naturaleza y de los recursos naturales; tenencia de animales, consumo y buen uso del agua; cambio climático; reciclado; estilos de vida y alimentación saludables; salud; vacunación frente a la gripe; prevención del VIH; uso prudente de los antibióticos; prevención del consumo de alcohol y tabaco; envejecimiento activo e inclusión personas con enfermedad mental. Además, se desplegarán campañas específicas para la promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos; servicio exterior; estudiantes Erasmus, fiscalidad; mediación en la justicia; difusión de las políticas de empleo; tarjeta social universal; bono social energético; ayudas de la PAC; promoción de la corresponsabilidad y violencia de género.

Acceda al Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2018

El Tribunal Supremo destaca que la libertad de expresión no ampara la venganza por una denuncia penal previa2018-04-05
La Sala Primera resuelve que sí hubo intromisión ilegítima por parte del director de una publicación digital

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara que el director de prnoticias.com, y E-Contenidos S.L., como editora de dicha publicación digital, cometieron una intromisión ilegítima en el derecho al honor de I.L., director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, por varios artículos y comentarios periodísticos del director publicados entre enero y marzo de 2014. El TS condena a los demandados a pagar solidariamente una indemnización de 10.000 euros, y a difundir el fallo en la página web de la publicación y en una cuenta de twitter del periodista.

El Supremo ha valorado el tono general vejatorio de los textos enjuiciados así como el hecho de que existiera una denuncia penal previa de I.L. contra el director de la publicación por delito de amenazas condicionales. La Sala destaca al respecto que la libertad de expresión en un periódico digital no ampara la venganza por una denuncia penal previa del demandante contra el demandado.

Para el alto tribunal, en este caso “no se aprecia tanto la comunicación pública de opiniones sobre un asunto de interés general cuanto la venganza del propio Sr. por haber sido denunciado y valiéndose para ello de su condición de director de un periódico digital, finalidad que no puede quedar amparada por la libertad de expresión”.

El Supremo estima el recurso planteado por el director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que había dado la razón al demandado, confirmando íntegramente el fallo inicial del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid, que apreció la intromisión en el derecho al honor y estableció la indemnización.

En ese sentido, el Supremo considera que la cuantía de la indemnización se confirma “porque la de 10.000 euros no resulta desproporcionada a la vista del número e intensidad de las ofensas, constitutivas de una auténtica campaña de desprestigio del demandante desde su periódico digital”. Recuerda el alto tribunal que, en sus mensajes, dudaba de los orígenes de I.L. y mencionaba a sus hijos. Asimismo, hay una identificación inequívoca en los artículos del destinatario de las vejaciones mediante la coincidencia de un personaje de ficción con su primer apellido.

El Supremo explica que son hechos no discutidos que demandante y demandado mantuvieron una relación de amistad que cesó en noviembre de 2011 cuando se produjo la denuncia por hechos que dieron lugar a un asunto penal. En los hechos probados de la sentencia de noviembre de 2011 de un Juzgado de lo Penal de Madrid, se decía que el director de la publicación le convocó a una reunión en su despacho como director de prnoticias.com, y allí le amenazó con revelar información que supuestamente podría incriminar penalmente al presidente del Consejo General de Enfermería si no accedía a pagarle 300.000 euros, conversación que grabó con su móvil.

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Los abogados ya pueden tramitar online su declaración del IRPF 2017 y de sus clientes con el carné ACA2018-04-04
  • El 4 de abril de 2018 se inicia el plazo de presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2017

El carné colegial con firma electrónica ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía) habilita a los abogados para la realización de trámites telemáticos con las Administraciones Públicas, siempre con plena validez jurídica y de modo análogo a la firma manuscrita en el entorno tradicional.

  • Los abogados pueden modificar y presentar su declaración de Renta 2017 y de sus clientes por Internet: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio (24 horas).
  • También se puede modificar y presentar su declaración de Renta 2017 por teléfono: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio.
  • Centro de Atención Telefónica: 901 200 345 y 91 535 68 13 (atención personal, de L a V, de 9 a 21h).
  • Además se puede modificar y presentar la declaración de Patrimonio 2017 por Internet: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio.

Hay que tener en cuenta las siguientes fechas:

  • 27-06-2018 Último día para presentar sus declaraciones de Renta y Patrimonio 2017 si el resultado es a ingresar y quiere domiciliar el ingreso.
  • 02-07-2018 Último día para presentar sus declaraciones de Renta y Patrimonio 2017
  • 05-11-2018  Último día para realizar el ingreso del segundo plazo de la cuota del impuesto sobre la Renta 2017, si se fraccionó el pago

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

Renta WEB es el servicio de ayuda para tramitar y presentar la declaración de Renta de todos los contribuyentes, incluidos los que obtengan rendimientos de actividades económicas. Una vez que  el abogado se haya identificado, podrá consultar por Internet sus datos fiscales, que le servirán para la obtención de la declaración que se genera a través del servicio Renta WEB. La gran mayoría de datos fiscales se incorporan automáticamente, aunque usted puede modificarlos o incorporar datos nuevos desde Renta WEB.

Gracias a esta herramienta tecnológica, cada año son más los abogados y abogadas que presentan las declaraciones del IRPF y la de sus clientes por internet, de forma segura y autenticada utilizando la firma electrónica ACA, sin necesidad de desplazarse a la Agencia Tributaria.

Los abogados deben tener en cuenta que la presentación electrónica por Internet podrá realizarse por certificado electrónico colegial ACA, con DNI electrónico,  Cl@ve PIN o número de referencia.

Como novedad, la Agencia Tributaria ha puesto este año en marcha la app de la Agencia Tributaria para dispositivos móviles que se encuentra disponible de forma gratuita en las plataformas oficiales de descarga de Android y Apple desde el 15 de marzo.

Hay que tener en cuenta la siguiente configuración para poder usar correctamente la aplicación:

  • Se requiere que el dispositivo tenga conexión a internet, ya sea mediante wifi o datos.
  • El dispositivo tiene que estar protegido por un patrón de seguridad de acceso. El usuario podrá escoger entre los distintos sistemas de bloqueo de su dispositivo: pin, huella dactilar, patrón de desbloqueo, etc.

GARANTÍA PROFESIONAL

En las últimas campañas de la Renta, los abogados españoles presentaron más de 30.000 declaraciones del IRPF con firma electrónica ACA, convirtiéndose en el primer prestador de servicios de certificación privado, sólo superado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT),

El uso de la firma electrónica de abogado para la relación con la Administración Pública está cada vez más extendido, debido en parte a la publicación de la Ley de Administración Electrónica (11/2007), que entró en vigor a finales de 2009 y da derecho a los ciudadanos a la realización de trámites electrónicos con la Administración Pública.

Por otro lado, la Agencia Tributaria (AEAT) ha comenzado a imponer la tramitación telemática y desde el 01 de enero de 2014 ha impuesto que todas las autoliquidaciones y declaraciones anuales del Impuesto del Valor Añadido (IVA) se tengan que formalizar a través de Internet (Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre).

OTROS TRÁMITES CON ACA

  • Pago de impuestos como el IVA
  • Informe de la vida laboral
  • Consulta del Catastro
  • Para comunicaciones seguras: Buro SMS, correo electrónico firmado
  • Para firma de documentos.
  • Para acceder a todos los servicios de RedAbogacía

Más información sobre las Administraciones Públicas con las que se puede hacer trámites telemáticos con ACA en http://www.abogacia.es/servicios-abogacia/

PARA PRESENTAR DECLARACIONES DE CLIENTES

Los abogados también pueden utilizar el carné colegial con firma electrónica ACA para presentar las declaraciones de sus clientes. Consulte en su Colegio de Abogados si tiene firmado el Convenio de Colaboración Social con la Agencia Tributaria para realizar este trámite.

Como realizar mi declaración de la Renta con ACA:

  • Hay que tener la firma electrónica en vigor y haber instalado el software de la tarjeta ACA y del lector.
  • Introducir el carné colegial en el lector de tarjetas
  • Entrar en www.agenciatributaria.es y seguir los pasos indicados
  • Para consultas técnicas que surjan, contactar con 91 150 10 03 / 93 014 10 01 el mail de contacto: soporte.tecnico@redabogacia.org
    La atención es en horario de lunes a viernes: 10:00-14:30 y 16:30-20:00, sábados: 10:00-14:30
Los Consejos Generales de la Abogacía y de los Procuradores piden al Gobierno que apruebe con urgencia las medidas para reformar la Justicia2018-04-03
  • La Abogacía y la Procura muestran su plena disposición para que se coloque a la Justicia entre las prioridades del Estado, haya o no Pacto de Estado
  • El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que impulsaría las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados

El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España reclaman al Gobierno que apruebe con urgencia las 103 medidas acordadas por la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados para colocar de una vez a la Justicia entre las prioridades del Estado.

El pasado lunes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció a través de una nota de prensa que el “Gobierno asume las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados, las hace suyas y va a trabajar para impulsarlas con los colectivos profesionales”.

Tanto la Abogacía como la Procura -como actores imprescindibles en la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos- consideran necesario que se aborde de forma definitiva una reforma profunda y duradera como verdadera solución de los problemas de los ciudadanos y de la sociedad.

Las dos instituciones muestran su plena disposición para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia y el resto de colectivos profesionales para conseguir que el proceso de modernización de la Justicia sea una realidad en el menor plazo posible.

Al considerar que la Justicia eficiente y de calidad, con el ciudadano como centro, es una cuestión de Estado, la Abogacía recuerda que en diciembre de 2016 envió a todos los colectivos que participan en la Administración de Justicia el documento ‘Elementos para una propuesta de Pacto de Estado por el Futuro de la Justicia’, que se aprobó en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado el 24 de noviembre de 2016. También la Procura celebró el pasado día 19 de marzo, un Foro Debate Procuradores en esta misma línea. En ese sentido Abogacía y Procura reiteran la práctica unanimidad de todos los operadores jurídicos en el diagnóstico de la situación y llaman a todos los partidos a retomar el diálogo para alcanzar un Pacto de Estado y no perder otra legislatura sin alcanzarlo. Ese diálogo, no obstante, no debe frenar la aplicación o puesta en marcha de todas aquellas medidas que hayan sido consensuadas y que gocen de un acuerdo mayoritario.

Los Consejos de la Abogacía y de la Procura señalan que de acuerdo con la voluntad expresada por el ministro de Justicia de alcanzar acuerdos en materia salarial y en los ámbitos formativos y de promoción profesional de los distintos colectivos de la Justicia, el Turno de Oficio y los abogados y procuradores que lo atienden deben ser también un objetivo prioritario y urgente de mejora.

El Tribunal Superior inadmite el recurso de la Universidad de Navarra contra la convocatoria de becas del Gobierno foral para el curso 2016-172018-03-28
Los magistrados consideran que carece de legitimación para impugnar al no ser la Universidad de Navarra la beneficiaria de las ayudas, sino los alumnos

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha inadmitido el recurso interpuesto por la Universidad de Navarra contra la convocatoria de becas para el curso 2016-17 al concluir que este centro carece de legitimación para impugnar la convocatoria porque no es directamente beneficiario de las ayudas, puesto que los beneficiarios son los alumnos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN asegura que la universidad no ostenta derecho alguno para solicitar la subvención y “carece de la facultad de representación de sus alumnos”. “El derecho a la obtención de las becas convocadas es un derecho que se ostenta con carácter personal y, dependiendo del tipo de beca de que se trate, por una serie de circunstancias que deben concurrir en el solicitante y del nivel de renta de la unidad familiar del alumno, no por el mero hecho de ser alumno universitario”, remarca el Tribunal.

Según precisa la Sala, el hecho de ser expresamente mencionada en la convocatoria general de becas no le confiere la legitimación activa, puesto que si se lee con detenimiento la convocatoria toda ella viene referida a los alumnos, y con mención expresa a los alumnos de la Universidad de Navarra, no a la propia Universidad de Navarra como destinataria de algún modo de la convocatoria.

Respecto a la repercusión negativa derivada del recorte en la cuantía de las becas a los alumnos de la Universidad de Navarra que puede ocasionar la pérdida de alumnos, los magistrados resaltan que la demandante no acredita este extremo, sino que lo deduce como una consecuencia evidente de la convocatoria de becas impugnada, por lo que tampoco cabe reconocerle legitimación activa basada en este perjuicio. En este punto, recuerda la Sala que la jurisprudencia exige que la parte demandante que sostiene su legitimación activa demuestre que el acto que se impugna le afecta a su esfera jurídica de intereses de un modo efectivo y acreditado, y no meramente hipotético, potencial y futuro.

Asimismo, la universidad alegaba en su recurso que el recorte afectaba directamente a la Universidad de Navarra por el hecho de que las cantidades entregadas a los alumnos en concepto de beca solo pudieran ser destinadas a la finalidad para la que se concedieron, esto es, para que los beneficiarios pagaran los derechos de matrícula.

Además, añadía la entidad recurrente, si se recortan las becas a alumnos que no tienen recursos para afrontar los gastos a los que ya se han comprometido, se les hace incurrir en un riesgo de impago de las matrículas, por lo que también esta resolución afecta directamente a los intereses patrimoniales de la Universidad de Navarra en cuanto a que un problema de pagos de un alumno es un problema también para la Universidad.

El Tribunal Superior, sin embargo, estima que “nuevamente se trata de daños temidos, potenciales, en absoluto acreditados y que no tienen por qué ocurrir, de hecho la propia Universidad habla de riesgo de impago de matrículas; riesgo que no tiene por qué materializarse, puesto que las becas son una ayuda a los estudios, no están destinadas a sufragar íntegramente los mismos”.

Condenan a una empresa a indemnizar a una trabajadora que cobró menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo2018-03-27
La Sala de lo Social del TSJA confirma la sentencia de un Juzgado de lo Social que había condenado a la empresa por discriminación salarial por razón de sexo

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Málaga ha confirmado íntegramente la sentencia de un Juzgado de lo Social que condenó a una empresa a indemnizar con 35.000 euros a una trabajadora que los demandó por cobrar menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo. La trabajadora alegó una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación al percibir una retribuciones inferiores a las que se le abonan a los otros responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones.

El Juzgado de lo Social número 2 de Málaga condenó a la empresa demandada a restituir el derecho de la trabajadora a percibir el salario del resto de responsables de departamento y condenó a la empresa a abonar la indemnización de 35.000 euros por el concepto de los daños y perjuicios sufridos por tal improcedente comportamiento empresarial.

La sentencia del TSJA recoge que la trabajadora, durante los años 2010 a 2017 “ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros responsables de departamento, habiendo llegado a dicha conclusión el Magistrado de instancia tras analizar los diferentes recibos de salarios y justificantes de retribuciones”.

La trabajadora demandó a la empresa al sentirse discriminada salarialmente respecto de sus compañeros de trabajo varones que ostentaban el mismo puesto de trabajo de responsable de departamento.

La sentencia señala que “no toda desigualdad de trato supone una infracción del contenido del artículo 14 de la Constitución Española, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas”.

Así, se recoge que la trabajadora durante los años 2014, 2015 y 2016 ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros cuatro responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones, pues en el año 2014 la demandante percibió un total de 37.897, 60 euros, mientras que el resto de sus compañeros de idéntica categoría percibieron una retribuciones comprendidas entre los 39.622,56 euros y los 41.122,64 euros, incrementándose dichas diferencias en el año 2015 (la actora percibió 37.897, 60 euros frente a los 42.022 € de sus compañeros) y en el año 2016 (38.047 euros de la actora frente a 43.650,04 euros de uno de sus compañeros y 48.950,12 euros de los tres restantes).

Asimismo, prosigue la sentencia, “consta probado que la cantidad abonada a la actora en concepto de incentivo era inferior a la satisfecha al resto de los responsables de departamento, existiendo unas diferencias que en los dos últimos años ha llegado a superar los 2000 euros".

Primera condena en Canarias a pena de prisión permanente revisable2018-03-26
El tinerfeño S.D. de 24 años, fue declarado culpable por un jurado de asesinato con alevosía y ensañamiento sobre víctima especialmente vulnerable

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado la primera sentencia emitida en Canarias en la que se condena a un justiciable a prisión permanente revisable: se trata del caso de S.D.G., el joven de 24 años que el 14 de enero de 2016 mató a un hombre de 66 años en Icod de los Vinos.

La resolución, dictada por la magistrada de la Sección Quinta de la Audiencia tinerfeña Lucía Machado, da forma jurídica al veredicto emitido por el jurado encargado del caso la semana pasada, y en consecuencia declara probado que sobre las 12.30 horas del día 14 de enero de 2016, S.D.G. fue al domicilio de S.V.L.G. situado en la calle Adelfas nº 4 del barrio de El Mayorazgo (Icod de los Vinos) y una vez dentro de la casa, con la intención de acabar con su vida, “le asestó puñaladas y golpes con diversos objetos hasta causarle la muerte por la grave pérdida de sangre”.

La sentencia detalla: S.D.G “se presentó en casa de S.V.L.G. y, de forma sorpresiva e inesperada, se abalanzó sobre él portando un cuchillo y empujándolo hasta el final del pasillo, lo que provocó que cayera al suelo y quedara tumbado boca arriba, consciente de que con todo ello se aseguraba deliberadamente de causarle la muerte sin el peligro que para su integridad física pudiera provenir de una defensa por parte de S.V.L.G.”.

El acusado, sigue la resolución, propinó a su víctima “más de 30 puñaladas con el cuchillo que llevaba y otros que cogió de le vivienda, clavándoselos en el abdomen, el tórax y el cuello y provocándole heridas cortantes y también heridas penetrantes que alcanzaron el paquete vascular del cuello, el corazón, los pulmones, meso y asa intestinal y le propinó numeroso golpes en la cara con objetos contundentes que encontró en la casa (un palo, una figura de perro, otro de cerámica y una piedra) causándole heridas inciso contusas en la cara, fractura-hundimiento nasal y maxilar y rotura de piezas dentarias, sabiendo que con ello le sometía a padecimientos innecesarios o sufrimientos más intensos que los precisos para causarle la muerte con el único propósito de aumentar de manera deliberada e inhumanamente su sufrimiento antes de que muriese”.

El TSJ de Madrid recuerda a los jueces que deben evitar en los desahucios que los menores de edad queden desprotegidos2018-03-23
Estima parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Octava de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA y ha ordenado al juez que autorizó la entrada en el domicilio para llevar a cabo el desalojo que rectifique la parte dispositiva del auto e incluya en éste cautelas encaminadas a evitar situaciones de desprotección ante la eventual presencia de menores en la familia, con la advertencia de que se informe a los servicios sociales correspondientes para recabar su necesaria colaboración.

Con su decisión, los jueces, según se refleja en la sentencia, se apartan “respetuosamente” de la doctrina del Tribunal Supremo y señalan que el juicio de ponderación que se ha de adoptar en los supuestos de presencia de menores en los desalojos no afecta a la decisión de entrada, sino a la manera en que la administración debe ejecutar la misma.

El Tribunal Supremo, en un caso similar, ordenó al juzgado retrotraer las actuaciones al momento anterior a la solicitud de desalojo por parte del IVIMA para no lesionar la debida protección jurídica de los derechos e intereses de los menores de edad en el proceso de desahucio, y ordenó también que se dictase una resolución suficientemente motivada que ponderase su situación personal, social y familiar, en la que, sin entrar en juicio acerca de la aplicación del principio de proporcionalidad, se respondiera, teniendo en cuenta los datos y elementos disponibles, sobre la afectación de los derechos e intereses de los menores afectados por la decisión judicial.

La Sala del TSJ de Madrid entiende, sin embargo, que las circunstancias personales de precariedad y necesidad, por “muy atendibles que puedan ser en los ámbitos propios de los servicios sociales asistenciales de la administración”, no pueden servir para paralizar la concesión de entrada solicitada, ya que esta circunstancia convertiría al juez que tramita el asunto “no en un juez garante de la inviolabilidad del domicilio y de la ejecutividad del acto, sino en un juez revisor del acto mismo, alterando el sistema de ejecutividad de los actos administrativos”, al que sólo se le permitiría adoptar medidas en orden a la ejecución de entrada tendentes a la protección efectiva del menor.

En el asunto presente, se trata de una mujer que reside en una vivienda propiedad del IVIMA con una hija menor de edad, nacida en el año 2002, sobre la que perdió el derecho de uso tras el fallecimiento de su marido en 2004 al extinguirse la relación contractual.

Límites al poder disciplinario del empresario: ejercicio exclusivo frente a conductas tipificadas en convenio colectivo2018-03-22

La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León de fecha 23 de junio de 2017, revocó la Sentencia del juzgador de instancia que vino a estimar la sanción impuesta por la Empresa a su empleado –oficial de tercera-. Dicha medida se articuló sobre la base de que el trabajador se desplazase al centro de trabajo donde habitualmente prestaba sus servicios conduciendo un automóvil, todo ello a pesar de la existencia de un informe emitido por la mutua que alertó específicamente de las limitaciones que presentaba el mismo en cuanto al manejo de vehículos a motor.

En este contexto, la Sentencia que nos ocupa analiza la idoneidad de la sanción impuesta por la Entidad demandada a uno de sus trabajadores -demandante- y que concluyó con la suspensión de empleo y sueldo de hasta 50 días frente mismo, todo ello por la comisión de una falta tipificada como muy grave. Concretamente, de la propia carta de sanción notificada al demandante se extrae que el incumplimiento que se le imputa radicó en el hecho de que este se desplazase a su centro de trabajo conduciendo un vehículo, a pesar de ser conocedor de sus limitaciones al respecto y en contra de las advertencias efectuadas reiteradamente por sus responsables.

Efectivamente, en la propia resolución invocada, consta acreditado que el trabajador tendría conocimiento, desde el pasado mes de marzo de 2016, del contenido de un informe emitido por la mutua el día 10 de marzo de 2016, por el que habría sido considerado -entre otras limitaciones- incapacitado para conducir vehículos a motor. Pues bien, a pesar del diagnóstico médico anteriormente descrito, lo cierto es que el trabajador acudió en varias ocasiones a trabajar manejando su propio vehículo.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la empresa optó por notificar al trabajador un requerimiento en el mes de abril de ese mismo año, con el objeto de disuadirle de continuar incurriendo en dicha conducta contraria a lo estipulado médicamente y que, por otro, lado implicaba en última instancia, el riesgo de que la mercantil demandada pudiera resultar responsable de cualquier accidente "in itinere" protagonizado por el mismo en el futuro. No obstante lo anterior, el comportamiento del actor persistió en los meses de junio y julio hasta en 3 ocasiones. Dicha circunstancia, sumada a un eventual rendimiento inferior al resto de trabajadores, precipitó que la empresa sancionase al trabajador imponiéndole la referida sanción de 50 días de suspensión de empleo y sueldo, notificada el pasado día 15 de julio de 2016, todo ello por incurrir en "una manifiesta transgresión de la buena fe contractual, un engaño manifiesto y una desobediencia a una orden dada por su superior".

Pues bien, al margen de otras cuestiones planteadas por la parte recurrente -trabajador- y que no gozaron del recorrido esperado por el mismo, la cuestión objeto de debate de la Sentencia del TSJ de Castilla y León se centró en determinar si la sanción debiera ser declarada nula o, subsidiariamente improcedente.

A este respecto, el fundamento de la nulidad se articuló sobre la base de la existencia de una eventual vulneración de su garantía de indemnidad. El trabajador, en este punto, argumentó la existencia de un nexo causal que conectaba la reclamación de cantidad por la que solicitaba el abono de pagas extraordinarias supuestamente adeudadas por la empresa y que interpuesto en julio de 2016 y la represalia adoptada por la Empresa, materializada en la sanción notificada en ese mismo mes de julio de 2016 -y que trae causa en el recurso analizado-. Pues bien, al hilo de lo anterior, la Sentencia razonó la inexistencia de una vulneración del principio de la garantía de indemnidad en los términos expuestos por la defensa del empleado, al concurrir -según lo invocado en los Hechos Probados- una sanción grave previa a la reclamación de las pagas extraordinarias, en el mes de abril. Dicha circunstancia, se traduciría en que la empresa habría recurrido a la medida, no con ánimo punitivo, si no para denunciar determinadas conductas intolerables desde el punto de vista disciplinario de la misma tal y como hizo en aquella otra ocasión -abril 2016-. Por tanto, la pretensión del recurrente quedaría desvirtuada, precisamente, por la existencia previa a la reclamación de cantidad de otra sanción por la comisión de una falta grave.

Por último -y quizá el análisis más llamativo de la resolución que nos ocupa- se vino a valorar en el Fundamento Jurídico Sexto la procedencia o no de la sanción muy grave objeto de impugnación, teniendo en cuenta que el Magistrado no cuestionó los hechos aparentemente constitutivos de la conducta censurada por la empresa -traslado del trabajador a su puesto de trabajo en vehículo a motor propio, a pesar del informe médico y las constantes advertencias de sus responsables-. En este sentido y dejando al margen la imputación de la eventual disminución del rendimiento de trabajo alegado en la carta de despido por falta de prueba, razona el Juzgador que procede estimar el recurso y revocar la sanción. En efecto, al margen de la certeza de la conducta del recurrente contraria a las órdenes de la mercantil demandada, concluyó el TSJ de Castilla la Mancha que, dicho comportamiento, no tenía cabida en el marco del contrato de trabajo al constituir los desplazamientos y el medio para efectuarlos decisiones y cuestiones ajenas al ámbito laboral y propias de la vida personal del trabajador.

Por tanto, la cuestión verdaderamente trascendental y que vino a determinar la viabilidad o no de la sanción, radicó en que la conducta tipificada por la empresa como desobediencia y engaño manifiesto a los superiores no tendría consideración de falta, precisamente por tratarse de conductas ajenas al ámbito de organización y dirección del empresario y que, por consiguiente, no serían objeto de sanción en virtud del Convenio Colectivo aplicable. A mayor abundamiento, expone el juzgador que si lo verdaderamente preocupante para el empleador -según lo consignado en el propio escrito de sanción- radicaba en el riesgo que este asumía ante un eventual accidente "in itinere" de su trabajador, precisamente por conducir con las limitaciones detectadas por la mutua, en tal caso, de acontecer el siniestro, la responsabilidad de la empresa derivado del mismo debiera sustanciarse conforme a lo previsto en la Ley General de la Seguridad Social. Precisamente, para entrar a valorar la eventual exclusión de la consideración de accidente de trabajo debido a la existencia de dolo o imprudencia temeraria de quien lo padece en el contexto laboral -art. 156,4 b) de la LGSS, debiera sustanciarse el correspondiente procedimiento en materia de Seguridad Social, vía esta la adecuada para abordar tal cuesitón.

Un 47% de empresas ya se decanta por el arbitraje como método alternativo idóneo para la resolución de disputas2018-03-21
  • Roca Junyent, Comillas ICADE y la ACC presentan el primer Estudio sobre Arbitraje en España con el objetivo de ayudar a conocer y mejorar esta práctica en España
  • De las empresas encuestadas, un 89% considera el arbitraje como el método idóneo para disputas internacionales, y un 78% ven de forma positiva el futuro del arbitraje en España
  • Las principales usuarias del arbitraje son grandes empresas, predominantemente del sector energético

Roca Junyent, Comillas ICADE y la Association Corporate Counsel Europe (ACC) presentaron recientemente el Primer Estudio de Arbitraje en España, en el que se analiza este procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos jurídicos como alternativa en la determinación de disputas entre compañías.

Del estudio se desprende que el arbitraje comienza a ser un método asentado de resolución de disputas en España, aunque todavía tiene un largo recorrido si tenemos en cuenta su utilización en otras jurisdicciones. En todo caso, y pese a que el 53% de las empresas encuestadas sigue prefiriendo acudir a la jurisdicción ordinaria, el arbitraje es ya una práctica extendida en el 47% restante de compañías, bien como instrumento único o junto con otros métodos de resolución alternativa. Las principales usuarias del arbitraje son grandes empresas, es decir, aquellas con una facturación superior a los 5.000 millones de euros. Predominantemente, estas compañías pertenecen al sector energético y hacen uso de esta práctica de forma mayoritaria en disputas internacionales.

La principal impulsora del informe, Marlen Estévez, Socia de Litigación & Arbitraje de Roca Junyent,  señala sobre la naturaleza del estudio que “resulta esencial identificar los principales beneficios y ventajas del arbitraje, así como reconocer campos de mejora de esta práctica con el fin de poder adaptarla a las necesidades reales de sus destinatarias, las empresas”. Por su parte, Javier Ramírez, miembro del Consejo de Dirección y chair of advocacy de ACC Europe, añade que “este primer estudio sobre Arbitraje en España es muy importante porque identifica los puntos fuertes y las áreas de mejora no desde el punto de vista de los árbitros, los abogados de despacho o las instituciones arbitrales, sino desde la perspectiva de los usuarios principales del arbitraje, las empresas, de quienes depende la decisión sobre la utilización o no de este método de resolución alternativa de disputas”.

En este sentido, los resultados de la encuesta indican que las empresas perciben como principales ventajas de esta práctica la especialización y conocimiento técnico sobre la materia objeto de arbitraje, la cualificación exigida al árbitro, así como en la rapidez del procedimiento. No obstante, las compañías también identifican desventajas, entre las que destacan la carestía del procedimiento, la tendencia habitual de los árbitros a tomar decisiones salomónicas y la ausencia de jurisprudencia que pueda utilizarse en otras disputas.

Las instituciones arbitrales son el órgano principal en la ejecución de esta práctica y en relación con esto, la elección de una u otra institución depende en gran medida, según los datos arrojados por el estudio, de la experiencia de la institución en la administración de arbitrajes, de la garantía de imparcialidad e independencia en el nombramiento de árbitros y de la especialización de la institución arbitral en el tipo de conflicto en particular.

La mayoría de las empresas tienden a elegir un tribunal arbitral en lugar de decantarse por la elección de un Árbitro Único, siendo las principales característica que en su opinión tiene que reunir un árbitro el conocimiento del derecho aplicable, el conocimiento de las cuestiones técnicas y el prestigio. Lo que pone en evidencia que lo que más valoran las empresas a la hora de decantarse por el arbitraje es la posibilidad de escoger árbitros especialistas en la materia objeto de controversia.

La efectividad de la que goza el arbitraje en España queda confirmada con los datos que arroja el estudio. En este sentido, la mayoría de empresas indica que el porcentaje de éxito de los procedimientos de oposición a la ejecución de un laudo y de anulación de un laudo es menor al 10%. El motivo más frecuente para solicitar la anulación de un laudo es la vulneración del orden público.

Iñigo Navarro, Decano de Comillas ICADE ha resaltado que “el arbitraje tiene un tremendo atractivo, sobre todo para la resolución de conflictos internacionales, ya que aporta a las partes una mayor confianza sobre el proceso, sobre las reglas que se aplicaran y dan seguridad sobre el resultado final, además de economizar tiempo”.

En cuanto a las cortes arbitrales cabe señalar que las más utilizadas en España son la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y la Corte Española de Arbitraje, si bien a nivel internacional la más utilizada es la CCI. Ahora bien, cabe destacar que con carácter general las cortes internacionales han resultado mejor valoradas que las nacionales por sus usuarias, quizás porque para las empresas los elementos más importantes a la hora de inclinarse por la elección de una determinada corte arbitral son la experiencia de la institución en la administración de arbitrajes, la garantía de imparcialidad e independencia en el nombramiento de los árbitros y la especialización de la institución arbitral en el tipo de disputa en particular.

Un 89% de las compañías considera que el arbitraje es el método idóneo para la resolución de disputas internacionales. Asimismo, una amplia mayoría de participantes (78%) ven positivamente el futuro del arbitraje en España, un porcentaje que se eleva al 81% entre las empresas que han intervenido en algún procedimiento arbitral en los últimos cinco años. De ahí, que los autores de este estudio entiendan que es el momento adecuado para potenciar iniciativas como la consistente en la creación de una corte arbitral internacional española de referencia.

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 411 personas en 20172018-03-20
En los 97 procedimientos concluidos por este tipo de delitos el año pasado. El 73,8 de las 126 sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción fueron condenatorias. En el último trimestre de 2017, se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 97 personas en 20 procedimientos y se notificaron 26 sentencias, de las que 18 fueron condenatorias

Autor Comunicación Poder Judicial

Los jueces y juezas españoles concluyeron en 2017 un total de 97 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 411 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo. 

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, al que se han incorporado los correspondientes al último trimestre de 2017. 

El repositorio, que permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción mediante la actualización trimestral de la información sobre sus principales indicadores (personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.), es de acceso público en la web www.poderjudicial.es en el siguiente enlace: 

www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/ 

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.  

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º). 

De los 97 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 20 corresponden al último trimestre de 2017. 

Procedimientos por delitos de corrupción 

 

1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

2

2

0

0

4

          Total órganos centrales

2

2

0

0

4

Andalucía

5

11

1

5

22

Aragón

0

1

0

0

1

Asturias

0

3

1

0

4

Baleares

2

5

1

0

8

Canarias

2

1

5

3

11

Cantabria

1

1

0

2

4

Castilla-La Mancha

0

0

1

0

1

Castilla y León

3

0

2

5

10

Cataluña

5

3

3

0

11

Comunidad Valenciana

1

0

4

5

10

Extremadura

1

1

1

0

3

Galicia

0

1

1

0

2

Madrid

3

1

0

0

4

Murcia

1

0

0

0

1

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

1

0

0

0

1

La Rioja

0

0

0

0

0

                         Total CC.AA.

25

28

20

20

93

TOTAL

27

30

20

20

97

*Procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo en los que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o procesamiento 

 

En cuanto a las personas acusadas en esos procedimientos -un total de 411-, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 97 de ellas en el último trimestre del año pasado. 

Personas acusadas en procedimientos por delitos de corrupción 

 

1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

6

5

0

0

11

          Total órganos centrales

6

5

0

0

11

Andalucía

18

60

1

65

144

Aragón

0

2

0

0

2

Asturias

0

7

4

0

11

Baleares

8

27

5

0

40

Canarias

20

1

24

3

48

Cantabria

2

1

0

3

6

Castilla-La Mancha

0

0

3

0

3

Castilla y León

9

0

8

16

33

Cataluña

12

6

23

0

41

Comunidad Valenciana

3

0

16

10

29

Extremadura

9

2

1

0

12

Galicia

0

5

14

0

19

Madrid

5

2

0

0

7

Murcia

2

0

0

0

2

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

3

0

0

0

3

La Rioja

0

0

0

0

0

                         Total CC.AA.

91

113

99

97

400

TOTAL

97

118

99

97

411

*Acusados y/o procesados en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo 

 

Un 73,8 por ciento de sentencias condenatorias 

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 93 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento del total. 

Sentencias en procedimientos por corrupción dictadas en 2017 

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

1T 2017

8

11

9

8

36

2T 2017

13

12

5

13

43

3T 2017

9

6

2

4

21

4T 2017

8

6

4

8

26

TOTAL

38

35

20

33

126

 

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados). 

El repositorio permite consultar también los datos de las 26 sentencias notificadas en el cuarto trimestre de 2017 –de las que 18 fueron condenatorias- desglosados por Comunidades Autónomas. 

Sentencias por corrupción por CC.AA. (cuarto trimestre de 2016) 

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

0

1

0

0

1

Total órganos centrales

0

1

0

0

1

Andalucía

0

1

2

2

5

Aragón

0

0

0

1

1

Asturias

0

0

0

0

0

Baleares

6

0

1

0

7

Canarias

0

0

1

1

2

Cantabria

0

0

0

0

0

Castilla-La Mancha

0

0

0

0

0

Castilla y León

1

0

0

0

1

Cataluña

1

0

0

1

2

Comunidad Valenciana

0

2

0

1

3

Extremadura

0

0

0

1

1

Galicia

0

0

0

0

0

Madrid

0

1

0

0

1

Murcia

0

1

0

1

2

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

0

0

0

0

0

La Rioja

0

0

0

0

0

Total CC.AA.

8

5

4

8

25

TOTAL

8

6

4

8

26

El 98,3 por ciento de las más de 9.000 sentencias dictadas en 2017 por los juzgados especializados en cláusulas abusivas fueron favorables al cliente2018-03-19
En 22 de las 50 provincias españolas, el cien por cien de las resoluciones notificadas el año pasado fueron estimatorias. El número de sentencias dictadas, que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre fue de 1.230, se incrementó hasta las 8.096 en el último trimestre del año. El total de asuntos ingresados en estos órganos judiciales en el segundo semestre de 2017 fue de 138.156, a los que hay que sumar los casi 16.000 recibidos entre el 1 y el 30 de junio

Autor Comunicación Poder Judicial

El 98,3 por ciento de las 9.326 sentencias dictadas el año pasado por los Juzgados de Primera Instancia especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fueron favorables al cliente. 

Así lo revelan los datos contenidos en el anexo sobre cláusulas suelo que la Comisión Nacional de Estadística Judicial acordó incorporar a los boletines estadísticos el año pasado y que los letrados de la Administración de Justicia comenzaron a cumplimentar en el tercer trimestre de 2017. El primer plan de urgencia sobre cláusulas abusivas había entrado en funcionamiento un mes antes, el 1 de junio. 

El plan consistía en la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- para conocer de manera exclusiva y no excluyente de esta clase de asuntos, que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa. 

La información recogida muestra que el número de sentencias dictadas por los juzgados especializados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, teniendo en cuenta que los órganos judiciales se dedicaron fundamentalmente a la tramitación de las demandas ingresadas y que el mes de agosto es inhábil en la jurisdicción civil, fue de 1.230, de las que el 99, 3 por ciento fueron estimatorias. 

La cifra de resoluciones notificadas se incrementó notablemente en el siguiente trimestre, el último del año, alcanzando las 8.906, de las que el 98,1 por ciento fueron favorables al cliente. 

 

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

España

1.230

99,3 %

8.096

98,1 %

El total de asuntos ingresados en los juzgados especializados en el segundo semestre de 2017 fue de 138.156. A esta cifra hay que añadir los 15.801 que tuvieron entrada entre el 1 y el 30 de junio, periodo que queda fuera del recogido en los boletines estadísticos. 

Un cien por cien de sentencias estimatorias en 22 provincias 

La información recogida refleja asimismo que en 22 de las 50 provincias españolas el porcentaje de sentencias favorables al cliente fue del cien por cien en 2017. 

Así, todas las resoluciones dictadas el año pasado fueron estimatorias en Albacete, Ávila, Barcelona, Badajoz, Cantabria, Castellón, Córdoba, Girona, Huelva, Huesca, Lugo, Lleida, Málaga, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Toledo y Zamora. 

Los siguientes cuadros muestran el número de sentencias dictadas en los juzgados especializados de cada provincia en el tercer y el cuarto trimestre de 2017 y el porcentaje de ellas que fueron estimatorias. 

ANDALUCÍA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Almería

5

100 %

102

97,1 %

Cádiz

13

92,3 %

128

95,3 %

Córdoba

0

-

38

100 %

Granada

2

100 %

85

87,1 %

Huelva

0

-

43

100 %

Jaén

19

94,7 %

102

93,1 %

Málaga

0

-

91

100 %

Sevilla

4

100 %

132

96,2 %

 

ARAGÓN

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Huesca

2

100 %

26

100 %

Teruel

4

100 %

47

97,9 %

Zaragoza

112

99,1 %

228

98,7 %

 

ASTURIAS

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Asturias

173

100 %

819

98,9 %

 

ILLES BALEARS

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Illes Balears

62

96,8 %

90

93,3 %

 

CANARIAS

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Las Palmas

76

100 %

178

98,9 %

S.C. de Tenerife

7

100 %

189

100 %

 

CANTABRIA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Cantabria

17

100 %

121

100 %

 

CASTILLA-LA MANCHA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Albacete

0

-

18

100 %

Ciudad Real

12

100 %

141

96,5 %

Cuenca

2

100 %

3

100 %

Guadalajara

0

-

48

95,8 %

Toledo

11

100 %

266

100 %

 

CASTILLA Y LEÓN

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Ávila

0

-

35

100 %

Burgos

14

100 %

136

97,1 %

León

60

100 %

458

99,8 %

Palencia

28

100 %

112

100 %

Salamanca

15

100 %

105

100 %

Segovia

8

100 %

28

100 %

Soria

9

100 %

52

100 %

Valladolid

2

100 %

189

99,5 %

Zamora

14

100 %

202

100 %

 

CATALUÑA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Barcelona

15

100 %

195

100 %

Girona

13

100 %

164

100 %

Lleida

14

100 %

62

100 %

Tarragona

5

100 %

25

96,0 %

 

COMUNIDAD VALENCIANA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Alicante

39

100 %

193

94,8 %

Castellón

0

-

117

100 %

Valencia

46

100 %

491

95,5 %

 

EXTREMADURA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Badajoz

3

100 %

220

100 %

Cáceres

53

100 %

164

95,7 %

 

GALICIA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

A Coruña

17

100 %

144

91,7 %

Lugo

12

100 %

72

100 %

Ourense

0

-

79

98,7 %

Pontevedra

41

100 %

131

96,9 %

 

MADRID

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Madrid

105

99,0 %

799

97,5 %

 

REGIÓN DE MURCIA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Murcia

0

-

77

100 %

 

NAVARRA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Navarra

17

100 %

98

100 %

 

PAÍS VASCO

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Araba-Álava

57

96,5 %

150

98,0 %

Bizkaia

101

99,0 %

355

98,9 %

Gipuzkoa

19

100 %

142

99,3 %

 

LA RIOJA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

La Rioja

2

100 %

206

98,1 %

El juez acuerda en un auto que continúe el proceso de contratación de la Plaza de Toros de Zaragoza2018-03-19
El magistrado considera que es improcedente que se paralice el expediente de licitación y aclara que el auto dictado no trata de dilucidar, en este momento, el fondo del asunto si no que analiza la procedencia o no de adoptar la medida cautelar

Autor Comunicación Poder Judicial

En un auto dictado esta mañana el magistrado del juzgado de lo Contencioso nº 3 de Zaragoza ha levantado la medida cautelarísima dictada el pasado día 6 de marzo que paralizaba el proceso de contratación del Coso de la Misericordia y deniega la adopción de una medida cautelar. Por tanto, en su resolución el juez deja sin efecto la suspensión y acuerda que el proceso de contratación de la Plaza de Toros por parte de la Diputación Provincial de Zaragoza siga adelante.

En concreto, el acto administrativo que se impugnó fue el referido a los pliegos del expediente de contratación y no los actos administrativos que se puedan adoptar a lo largo del mismo, pliegos referidos al contrato de servicios de organización, programación y gestión de los espectáculos taurinos junto con los servicios complementarios de explotación del bar y alquiler de almohadillas del Coso de La Misericordia durante las temporadas taurinas 2018, 2019, 2020 y 2021.

El magistrado considera inviable que se paralice el procedimiento y expresa en su resolución que el recurrente ha solicitado la suspensión del procedimiento a finales de febrero, una vez que los interesados ya han formulado sus proposiciones, cuando la convocatoria se hizo pública a primeros de enero.

Ante la argumentación de la parte recurrente de que existen actuaciones fraudulentas, tiene en cuenta el juzgador que “sin tramitación del procedimiento de contratación y selección del adjudicatario, no es posible la ejecución del contrato, que la parte recurrente considera un perjuicio. Como he indicado, el daño se deriva de la paralización, no de la continuación del procedimiento” (Fundamento Derecho V).

Hacer notar también que “si bien consta en este momento procesal que se impugnan los pliegos, no es menos cierto que aún no se conoce los concretos motivos de impugnación de los mismos, ya que no se ha formulado la demanda” y matiza que “en este auto no se analiza el fondo del asunto, es decir, no se trata de dilucidar si el acto administrativo impugnado es o no ajustado a Derecho. Se trata de analizar la procedencia o no de adoptar la medida cautelar”.

En este sentido y valorando los intereses en juego considera el magistrado que “es oportuno que se celebren los festejos taurinos de todo tipo, desde las corridas de toros, como símbolo más patente y afamado de la misma, hasta las propias vaquillas matutinas, en las que multitud de jóvenes disfrutan del riesgo y la emoción de estos festejos”.
Frente este auto que deniega la medida cautelar cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-administrativo) en el plazo de 15 días.

Las acusaciones y las defensas aún cometen errores en los juicios penales contra las personas jurídicas2018-03-15

DAAS Corporate Defense, la red de despachos especializados la defensa penal corporativa, ha analizado la jurisprudencia y la sistemática legal del compliance en una sesión celebrada el pasado 1 de marzo en Madrid con el fiscal de delitos económicos de A Coruña, Juan Antonio Frago.

Pedro López-Graña, director jurídico de DAAS Corporate Defense introdujo el seminario con unas pinceladas sobre la situación del compliance y el trabajo de la red de despachos para profundizar en la formación de sus asociados en materia de compliance con el objetivo de "mantener los altos estándares de calidad de asesoramiento a los clientes en un aspecto tan relevante para las empresas."

El seminario comenzó con una ponencia de Juan Antonio Frago en la que analizó en profundidad la fase procesal de la persona jurídica haciendo un pormenorizado repaso a las distintas fases de instrucción y enjuiciamiento y esbozando un panorama de los numerosos aspectos técnico-jurídicos sobre "cuestiones de competencia" (artículo 14 bis LECr); "Derecho de Defensa" (artículo 119 y 120 LECr); especialidades sobre la "declaración de la persona jurídica"  (artículo 409 bis LECr); "Entradas y Registros"  (artículo 554.4 LECr) y "procedimiento contra reos ausentes" (artículo 839 bis LECr); y otras cuestiones de interés respecto a la fase de enjuiciamiento (artículos 786 bis y 787.8 LECr).

La exposición eminentemente práctica del fiscal Frago despertó gran interés en el selecto aforo de los socios de la red de despachos especializados en compliance, especialmente cuando el fiscal explicó las distintos errores que se han ido detectando en la práctica judicial y los diferentes puntos que pueden ser de interés y sobre los cuales deben poner especial atención tanto las acusaciones como las defensas.

La jornada finalizó con un amplio debate en el cual los asistentes plantearon sus dudas, preguntas e incluso discrepancias entre los diferentes letrados participantes y el fiscal.

Pedro Sánchez, director ejecutivo de DAAS Corporate Defense, remarcó que este formato resulta de especial utilidad para los abogados que acuden porque permite aclarar dudas, generar estrategias e incluso "interrogar" a un fiscal en cuestiones prácticas y de enorme actualidad e importancia.

DAAS Compliance desarrolla este modelo de seminarios en diferentes ciudades españolas, acercando el concepto de compliance a abogados penalistas, abogados de empresas y a los directivos interesados en conocer y prevenir los riesgos de delitos económicos de las personas jurídicas.

Aranzadi Fusión Empresas ofrece el mayor nivel de seguridad

La segunda conclusión deviene de la anterior y se materializa en una realidad que no siempre se tiene en cuenta: el nivel de seguridad de la información que ofrecen los servidores de las compañías especializadas en soluciones digitales dista mucho de ser uniforme. En esta materia, los clientes de Thomson Reuters que utilizan Aranzadi Fusión Empresas tienen garantizada el mayor nivel de seguridad para su información. Esto es debido a que la aplicación se encuentra alojada en uno de los DataCenter corporativos de Thomson Reuters que cuenta con la ISO 27001 (referente a la seguridad de la información) y la ISO 9001 (referente a la calidad).

Adicionalmente, nuestras aplicaciones son testeadas con diferentes escáneres por parte de un proveedor externo experto en seguridad (Veracode) que se encargan de detectar posibles vulnerabilidades como pueden ser SQL Injection o Cross-Site Scripting (XSS). Estos escáneres se encargan de asegurar que nuestras aplicaciones cumplen con los requisitos que son necesarios para evitar cualquier problema referente a la seguridad de los datos almacenados por nuestros clientes.

Conoce Aranzadi Fusión Empresas

Los Colegios de Abogados no pactan ni recomiendan precios ni honorarios2018-03-14
  • Rotunda disconformidad del Consejo General de la Abogacía Española con la sanción de la CNMC a nueve Colegios

El Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su absoluta disconformidad con la sanción de 1,455 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 9 Colegios de Abogados de distintas provincias por, supuestamente, realizar “una recomendación colectiva de precios” tras los juicios de afectados contra Bankia por la salida a Bolsa de la entidad en 2011.

El Consejo General de la Abogacía Española reitera que no es cierto que los Colegios Profesionales hayan realizado recomendación de precios ni directa ni indirectamente. Los honorarios de los abogados en España se fijan libremente, cuestión que es pública y notoria.

El expediente abierto por la CNMC tiene como origen una denuncia presentada por Bankia, entidad que, tras perder numerosos juicios, ha tenido que afrontar el pago de las costas judiciales, es decir los honorarios de los abogados y los derechos de los procuradores y de los peritos de los consumidores, que tuvieron que acudir a los juzgados como única forma de resarcirse de la inversión realizada en la salida a Bolsa en 2011.

La determinación de las costas judiciales no se produce únicamente cuando ha perdido el asunto el Banco, también se determina en los casos en los que la entidad bancaria gana el asunto. Y su importe no lo fijan los Colegios de Abogados sino los juzgados y tribunales con un informe que los Colegios de Abogados deben emitir con carácter obligatorio, de acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es evidente que la Ley de Colegios profesionales habilita a los Colegios de Abogados para aprobar criterios orientadores, con arreglo a los cuales deben emitir informe en los procedimientos de tasación de costas y jura de cuentas, para que, en cada caso, se determine por el órgano judicial el correspondiente importe de los honorarios de los abogados.

El conocimiento de esos criterios orientativos en cuanto pueden ser determinantes para el conocimiento de los costes reales de un procedimiento judicial es una garantía para el consumidor y un derecho que está reconocido en la “Carta de los derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”, que fue aprobada con el respaldo unánime de todos los partidos integrantes del “Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia” formalizado en mayo de  2001 que señala expresamente que “el ciudadano tiene derecho a ser informado por su abogado y por su procurador, con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un órgano judicial, sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas del proceso y sobre su cuantía estimada.

La resolución de la CNMC va en contra, no solo de la Ley y de la Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo sino que también supone una modificación de la inicial propuesta de resolución emitida por el órgano de instrucción. El Consejo de la CNMC decidió desoír la “Propuesta de Resolución de Archivo” emitida por la propia Dirección de Competencia de la CNMC, que instruyó el asunto, y dictó un Acuerdo de Recalificación “por infracción muy grave”.

Esta resolución no es firme y varios de los 9 Colegios sancionados han anunciado ya su decisión de interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en la que contarán con el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española, que espera que las autoridades judiciales dejen sin contenido el acuerdo de la CNMC. El Consejo pone de manifiesto que crear incertidumbre en el desarrollo de un servicio público poniendo trabas a la misión que, por ley, tienen encomendada los  Colegios de Abogados va a provocar graves perjuicios al ciudadano y al propio desarrollo de la administración de justicia.

COMUNICADO DEL COLEGIO LA ABOGACÍA DE BARCELONA

COMUNICADO DEL COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE BIZKAIA

COMUNICADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE A CORUÑA

El TC recuerda a la Policía que un detenido tiene derecho a conocer de forma inmediata las pruebas que hay contra él2018-03-13
  • El caso lo ha llevado un letrado del Turno de Oficio
  • Es la primera sentencia en este sentido desde que se reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015

El Tribunal Constitucional ha amparado a un hombre que alegó que su derecho a la libertad personal fue vulnerado por la Policía al no informarle de forma suficiente sobre las pruebas que pesaban contra él para su detención y, por tanto, le impidió preparar bien su defensa durante el interrogatorio policial.

Se trata de la primera sentencia que el tribunal de garantías dicta en este sentido después de que la se reformase la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) en 2015 e incorporase las directivas europeas dirigidas a garantizar los derechos de las personas detenidas.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de W.S., al que se le asignó un letrado de oficio, al considerar que ese derecho constitucional no fue respetado porque se omitieron datos que relacionaban al sospechoso con la comisión de un delito y que podían haber sido de utilidad para su abogado con el objetivo de “cuestionar fundadamente” su arresto.

La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido relata que los hechos se produjeron en Madrid, la madrugada del 15 de mayo de 2016, cuando W.S. fue detenido, junto a otros jóvenes, por su presunta participación en una reyerta en la que hubo varios heridos.

Tras su detención, el recurrente fue informado de sus derechos y se le indicó que el arresto se debía a su presunta participación en un delito de lesiones y a su presencia en el lugar de los hechos.

EXAMEN DE LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICAN LA DETENCIÓN

El abogado que le fue asignado solicitó poder*examinar los “elementos que justifican la legalidad” de la detención*después de que la Policía le negara el atestado. El Juzgado de guardia pero el Juzgado de guardia rechazó iniciar el procedimiento para acceder a esta información.

Pero según afirma la demanda, no fue informado de que varios testigos avisaron a la Policía de que se estaba produciendo una reyerta; y que los detenidos huyeron del lugar cuando llegaron los agentes; uno de ellos tiró al suelo un machete de grandes dimensiones.

La resolución del Tribunal Constitucional recuerda que el artículo 17.3 de la Constitución establece que toda persona detenida tiene derecho a “ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible no sólo de los derechos que le asisten, sino también de las razones de su detención”.

Además, tras la reforma de la LeCrim, se reconoce que también se debe de dar a conocer a los arrestados el “procedimiento” que pueden seguir para recurrir su detención y el derecho “de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención”.

En este sentido, la sentencia subraya que esto no implica que la persona detenida pueda tener acceso a todo el contenido del atestado; sino que “únicamente cobra sentido” y se reconoce el conocimiento de aquéllas actuaciones policiales que sean “esenciales para impugnar la legalidad de la detención”. La resolución explica que el informe policial puede recoger información sobre terceras personas no detenidas o sobre líneas de investigación cuyo conocimiento por uno de los posibles implicados pondría en peligro la operación policial.

POR ESCRITO, DE FORMA INMEDIATA Y COMPRENSIBLE

Por otro lado, de la LeCrim se entiende que los agentes son responsables de informar al detenido por escrito “de forma inmediata y comprensible, no solo de los derechos que durante tal condición le corresponden, sino también de los hechos que se le atribuyen y de las razones objetivas sobre las que se apoya su privación de libertad”.

Añade, el Tribunal Constitucional que si el detenido lo solicita, también deben proporcionarle el acceso a los documentos o elementos de las actuaciones “en los que se apoye materialmente” su detención.

Por todo ello, el tribunal de garantías acuerda declarar la nulidad del auto del Juzgado de guardia que denegó el inicio del procedimiento de ‘habeas corpus’ y aclara en su sentencia que el recurso de amparo se estima no porque no hubiera motivos para detener al recurrente, sino porque, existiendo esos motivos, no fueron comunicados ni al detenido ni a su abogado.

El cumplimiento normativo y la ciberseguridad, principales retos legales para las empresas españolas2018-03-12

La dificultad de asegurar el cumplimiento normativo encabeza la lista de preocupaciones legales que afrontan las empresas, un 76% de las cuales apuesta por la asesoría jurídica interna para resolver también otros desafíos como la ciberseguridad o la morosidad. Así lo revela el Observatorio Legal de la Empresa en España, elaborado por Deloitte, que ha sido presentado hoy en el Colegio de Abogados de Madrid en un acto presidido por el decano José María Alonso y el socio director de Deloitte Legal y diputado del ICAM, Luis Fernando Guerra.

Tras dar la bienvenida a los numerosos asistentes al acto, el decano ha manifestado la importancia de acercarse al mundo empresarial para reclamar el papel que la abogacía tiene que tener en la sociedad civil. “El Colegio puede ayudar muchísimo a los abogados de empresa en todas las áreas que les preocupen, como la defensa del secreto profesional”, ha señalado el decano, “aquí van a tener una ayuda cuando vean que su libre asesoramiento dentro de una compañía se pueda ver afectado”.

Uno de los compromisos de la actual Junta de Gobierno es fomentar el acercamiento al Colegio de los abogados de empresa, “un colectivo tradicionalmente alejado de la institución”, ha explicado Luis Fernando Guerra. Para ello, “nada mejor” que presentar en la Biblioteca del Colegio un estudio que busca “conocer la estructura, necesidades y perspectivas del área jurídica de las empresas españolas”, ha afirmado Guerra.

Según los resultados del Observatorio Legal de la Empresa en España, los factores de riesgo de naturaleza legal que más preocupan a las empresas españolas son la dificultad de asegurar el cumplimiento normativo (68%), la ciberseguridad (36%) y el riesgo de morosidad (33%).

El informe también destaca la existencia de una correlación significativa entre el tamaño de la empresa y el hecho de que disponga o no de departamento legal: mientras que todas las compañías que facturan más de 300 millones de euros disponen de departamento legal interno, un 62% de las que no alcanzan ese volumen de negocio carece de dicho departamento. Esta correlación también aplica a la fuerza de trabajo: a mayor tamaño, mayor es el número de profesionales que ejercen el asesoramiento legal.

Respecto a la fuerza laboral de la asesoría jurídica interna en España, se ha mantenido estable en los últimos años, siendo lo más habitual contar con un equipo de entre uno y tres profesionales. Sólo el 13% cuenta con equipos de más de diez personas, concentrándose en las empresas con facturación superior a los 3.000 millones de euros. Teniendo en cuenta el sector de actividad, los departamentos de asesoría jurídica más voluminosos se encuentran en el sector de seguros.

El papel de las asesorías jurídicas internas

Tras la presentación de las conclusiones generales del estudio, el acto ha continuado con una mesa redonda moderada por José María Elías, socio de Deloitte Legal, en la que han intervenido Isabela Pérez, vicepresidenta de Legal Iberia BU & Integration and Development de Coca Cola European Partners, y Alex Bermúdez, Director Corporativo del Área de Asesoría Jurídica de Eulen.

En opinión de los ponentes, la hiperregulación, la falta de armonización, la escala y presencia internacional cada vez mayores de las empresas y su aversión al riesgo son algunos de los factores que hacen de las asesorías jurídicas internas un actor cada vez más importante en el día a día de las compañías.

Para Isabela Pérez, la figura de la asesoría jurídica interna es fundamental para que la información jurídica de una compañía esté centralizada. “Cada vez hay más necesidad de que el asesor jurídico conozca el funcionamiento de la empresa”, ha señalado, y si bien comparten objetivos con el resto de departamentos, los asesores jurídicos están “más enfocados a medio plazo en la sostenibilidad de la compañía”.

Actuando de forma preventiva y con un enfoque “largoplacista”, los asesores jurídicos pueden prevenir errores que comprometan los nuevos negocios y la cuenta de resultados de las compañías, ha afirmado Álex Bermúdez. Por tanto, la asesoría jurídica interna no debe verse como un coste sino como un retorno, ya que mitiga riesgos y aporta seguridad y garantías a las empresas, ha añadido el ponente.

Respecto a la posibilidad de combinar la asesoría jurídica interna con un proveedor legal ajeno a la empresa, el asesor externo es visto como una figura complementaria que aporta especialización, apoyo en entornos con cierta inseguridad jurídica y una cierta dosis de imparcialidad.

El Observatorio Legal de la Empresa en España forma parte del nº 51 del Barómetro de Empresas, elaborado por Deloitte tras consultar a 276 compañías cuya facturación conjunta supera el billón de euros y que emplean a más de un millón de personas.

El Tribunal Supremo considera discriminatorio no dar de alta en Seguridad Social a una embarazada en situación de riesgo que había sido seleccionada de la bolsa de trabajo2018-03-09
El tribunal aborda el caso planteado por una enfermera que había sido seleccionada de la bolsa de trabajo y había sido nombrada para una sustitución en un hospital de Santiago, pero no empezó a desempeñar sus funciones al encontrarse en situación de riesgo por embarazo

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de una resolución de la Dirección Provincial de Álava de la Tesorería General de la Seguridad Social, dictada el 13 de enero de 2014, que anuló el alta laboral de una enfermera que, pese a que había sido contratada para una interinidad, no pudo incorporarse por encontrarse en situación de riesgo por embarazo, al considerar que supone una discriminación por razón de sexo que lesiona el artículo 14 de la Constitución.

Esa solución de la Tesorería General de la Seguridad Social -añade la Sala- “supone tanto como negar la plena integración de la mujer embarazada, a todos los efectos, en una bolsa de trabajo, pues cuando llega su turno, y resulta seleccionada, nombrada y contratada, se impide su alta laboral al concurrir una situación de riesgo por embarazo, por no haber iniciado la prestación de servicios. Lo que pone de manifiesto el carácter discriminatorio por razón de sexo, pues trunca, de entrada, sus posibilidades laborales, situando a la mujer en una situación de desventaja por el riesgo asociado a la maternidad en general y al embarazo en particular”.

El tribunal aborda el caso planteado por esta enfermera, en situación de riesgo por embarazo, que había sido seleccionada de la bolsa de trabajo y había sido nombrada para una sustitución en el Hospital Universitario Araba, sede Santiago, pero no empezó a desempeñar sus funciones al encontrarse en situación de riesgo por embarazo. La Tesorería General de la Seguridad Social de Álava, mediante resolución de 13 de enero de 2014, anuló el alta laboral basándose en un informe de la Inspección de Trabajo que concluyó que esta mujer carecía de aptitud para ser contratada debido a esa circunstancia. Ello suponía que podía mantener su puesto en la lista de la bolsa de trabajo para que al recuperar la aptitud pudiera incorporarse a la nueva vacante. Pero al estar suspendida su demanda de empleo, no pudo presentarse a un proceso selectivo, aunque cumplía los requisitos formativos y profesionales. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vitoria anuló dicha resolución por no ser conforme a derecho; decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ahora por el Tribunal Supremo en esta sentencia, con ponencia de la magistrada María del Pilar Teso.

Por una parte, la Sala se plantea si este supuesto -alta de una mujer embarazada en situación de riesgo que, únicamente por esa circunstancia, no puede iniciar de forma efectiva una actividad, pese a haber generado el derecho a ser contratada- es compatible con el artículo 7.1 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos en la Seguridad Social. Este artículo establece que la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce a la persona que “inicia una actividad o se encuentra en una situación conexa con la misma, su condición de comprendida en el campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social que proceda en función de la naturaleza de dicha actividad o situación, con los derechos y obligaciones correspondientes”.

Por otra parte, se trata la interpretación del artículo 134 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 (artículo 186 de la actual LGSS de 2015) que dispone, que “a los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se considera situación protegida el periodo de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados”.

De acuerdo con su propia jurisprudencia, la del Tribunal Constitucional y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la conclusión a la que llega la Sala es que el acto administrativo de alta se vincula, con carácter general, “al inicio de la actividad laboral”, pero también puede ampliarse a “una situación conexa a la misma, como sucede en este caso en que ya se había contratado y dado de alta, a la mujer en situación de riesgo por embarazo”.

De modo que la anulación del alta, -explican los magistrados- parte de una interpretación de los citados artículos 184 del TR de la LGSS y 7 del Reglamento General citado, que “limita las legítimas expectativas de la mujer, fundado en las circunstancias antes referidas, lo que lesiona el artículo 14 de la CE, por la restricción de los derechos y expectativas vinculadas a la maternidad, que comportan consecuencias negativas y perjudiciales para la embarazada que, por razón de la biología, afecta únicamente a la mujer. Teniendo en cuenta que el reconocimiento de esos derechos, y la protección y garantías dispensadas por el ordenamiento jurídico, se encuentran concebidas para compensar las dificultades y desventajas que agravan de modo significativo la posición laboral de la mujer por causa de la maternidad”.

En su sentencia, afirma que la administración “no realizó una interpretación conforme a los principios del ordenamiento jurídico que proscriben el establecimiento de limitaciones por razón de sexo, debido a su carácter atentatorio a la dignidad del ser humano” (artículos 10.1 y 14 de la Constitución Española) y afirma que corresponde a los poderes públicos “promover no sólo la igualdad formal, sino también la igualdad real y efectiva, impidiendo que la maternidad sitúe a la mujer en una situación de desventaja”.

Condenado un hotel por computar la baja de maternidad de una trabajadora como enfermedad2018-03-08

La empresa negó a una trabajadora de baja el salario por los días que había dedicado a su hijo, asimilándolos a una incapacidad

Un juzgado de Las Palmas ha condenado a una empresa hotelera del sur de Gran Canaria por negarle a una trabajadora compensaciones que le correspondía al estar de baja por maternidad. La empresa argumentaba que no había asistido al trabajo por incapacidad transitoria (enfermedad).

El Juzgado de lo Social número siete de Las Palmas ha estimado la demanda de una camarera de pisos de un hotel del Sur de Gran Canaria que se acogió durante seis días a su derecho a la baja por maternidad y no percibió la compensación que le correspondía, al entender la empresa que se había ausentado de su puesto por incapacidad transitoria.

La resolución judicial -contra la que no cabe recurso alguno- censura que la demandada asimilara la maternidad a una enfermedad, declara el derecho de la trabajadora al disfrute de los días que la empresa no le había abonado y condena a la hotelera a "estar y pasar por tal declaración".

Con independencia de la lectura errónea que la empresa hizo del convenio colectivo de hostelería de la provincia de Las Palmas, para asimilar la maternidad a una enfermedad, el fallo dictado por el magistrado Ramón Toubes incide en la "dimensión constitucional" del hecho de que la empresa dejara "de lado" cualquier "ponderación y valoración de la importancia que para la efectividad del derecho a la no discriminación por razón de sexo pudiera tener su actuación".

El juez subraya: "Puede concluirse que la limitación de un derecho ligado a la efectiva conciliación de la vida familiar y laboral, que garantiza el derecho al empleo de las trabajadoras con responsabilidades familiares y el respecto al principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, puede discriminar por razón de sexo".

La sentencia afirma que el hecho de que la empresa pretendiera "asimilar la maternidad a una enfermedad" supone "obviamente" una interpretación restrictiva del ejercicio de sus derechos y "una discriminación indirecta de las mujeres trabajadoras".

La sentencia concluye con una cita de Nuria Chinchilla, doctora en Económicas y Empresariales: "La maternidad no es una enfermedad, sino un enriquecimiento no sólo personal, sino también para la empresa, porque se desarrollan competencias que después se utilizan en el trabajo: más sensibilidad hacia los demás,, la capacidad de negociar, de organizarse...mil conocimientos".

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¿Lesiona la libertad sindical el hecho de supeditar el uso sindical de las listas de distribución corporativa a la previa autorización empresarial y conocimiento del contenido del correo?2018-03-07
  • Incluye la sentencia

El TS resuelve un recurso de casación declarando la existencia de lesión de la libertad sindical por el hecho de supeditar el uso sindical de las listas de distribución corporativa a la previa autorización empresarial y conocimiento del contenido del correo por otro.

Supuesto de hecho

  • Por la representación de FESIBAC-C.G.T., se presentó demanda de conflicto colectivo de la que conoció la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, solicitando la declaración de nulidad de dos preceptos del Convenio en cuestión.
  • En concreto, se solicita la nulidad de la disposición que supedita el derecho al uso sindical de las listas de distribución corporativa a la previa autorización empresarial y conocimiento del contenido del correo.
  • En este sentido, la cláusula 7, apartado D) del I Convenio Colectivo de I Convenio Colectivo de las empresas, con fecha 10 de abril de 2.013, (BOE 28 de junio de 2.013), establecía: "La empresa, previamente a autorizar el uso de las listas, deberá conocer los textos y contenidos de las comunicaciones".
  • La demanda fue desestimada por la Sala de la Audiencia Nacional, motivo por el que el sindicato interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Consideraciones jurídicas:

  • El Tribunal establece que la negativa a la puesta a disposición de los instrumentos de transmisión de información existentes en la empresa que constituya una mera resistencia pasiva, no justificada en razones productivas o en razones financieras, lesiona el derecho de libertad sindical.
  • En este sentido, el Supremo afirma que el derecho a informar a los representados, afiliados o no, forma parte del contenido esencial del derecho fundamental, puesto que la transmisión de noticias de interés sindical, el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores, es el fundamento de la participación, permitiendo el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales.
  • Por lo expuesto, la Sala considera que el empresario tiene obligación de no obstaculizar injustificada o arbitrariamente el ejercicio del derecho de libertad sindical en su vertiente de actividad sindical, en cualquiera de sus distintas manifestaciones. De esta forma, el flujo de la información sindical resultará perjudicado si el empleo de los instrumentos prácticos o medios materiales que pueden favorecerla es obstruido injustificadamente por el empresario.
  • Asimismo, recuerda que el Tribunal Constitucional viene considerando que no todo incumplimiento de cualquier precepto referido al mismo es susceptible de infringir el derecho de libertad sindical constitucionalmente protegido, sino que tal violación del derecho fundamental se dará cuando dichos impedimentos u obstaculizaciones existan y no obedezcan a razones justificadas, produciéndose una restricción de la libertad sindical que pueda considerarse arbitraria, contraria a la Ley o injustificada.
  • Por todo lo expuesto, el Tribunal entiende que, en este caso, debe declararse la nulidad de la cláusula 7 D) del Convenio de empresa,  por cuanto restringe el derecho a la libertad sindical de manera arbitraria e injustificada, al exigir el conocimiento y autorización empresariales del contenido de las comunicaciones entre sindicatos y trabajadores.

Conclusión Lex@:

El Tribunal Supremo entiende que es nulo, por vulnerar el derecho a la libertad sindical, el precepto convencional que supedita el uso sindical de las listas de distribución corporativa a la previa autorización empresarial y conocimiento del contenido del correo, puesto que dicha actuación constituye una limitación arbitraria e injustificada al mencionado derecho.

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El juez confirma una sanción a Correos por no darle crema solar a los carteros2018-03-06

La autoridad judicial ha confirmado parcialmente la sanción impuesta por la inspección de trabajo autonómica a Correos por no suministrar crema de protección frente al sol a los carteros en Canarias.

El Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos contra la sanción de 8.196 euros que le impuso la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y vivienda del Gobierno de Canarias en noviembre de 2016 por no incluir en la evaluación de riesgos laborales el asociado a la exposición a las radiaciones solares de los carteros con vehículo y de “a pie”.

La autoridad judicial confirma la sanción al considerar tal omisión una falta “grave”, pero reduce la cuantía de la multa a 5.120 euros.

Según recapitula el fallo, la inspección autonómica sancionó a Correos tras confirmar en dos inspecciones de trabajo en septiembre de 2015 y enero de 2016 que en la evaluación de riesgos laborales no se contemplaba el de la exposición a radiaciones solares de los funcionarios que trabajaban en la calle.

Correos acudió a la jurisdicción laboral contra la decisión de la Administración autonómica, y entre otras cuestiones alegó que ya entregaba a sus empleados ropa de trabajo para la época de verano y “gorras”.

Por su parte, la Inspección autonómica replicó que el artículo 6 del Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, establece en la llamada “lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual” los protectores de la piel, cremas de protección y pomadas”.

A la vista de dicha regulación, enfatiza el magistrado Ramón Toubes, “debemos coincidir con la Inspección en que el riesgo a la radiación solar ha de ser tenido en cuenta en la evaluación de riesgos, no alcanzando a entenderse las resistencias de la entidad actora”.

La sentencia es susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El juez anula el requerimiento de Educación a una funcionaria del certificado negativo del Registro de Delincuentes Sexuales por no ser ajustado a Derecho2018-03-05

Autor Comunicación Poder Judicial

El magistrado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Zaragoza considera que no es ajustado a Derecho exigir a la profesora demandante el certificado negativo de antecedentes penales por delitos sexuales. Se basa para ello en que el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, que crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales, tiene determinados aspectos contrarios a la Constitución y a otras reglas de nuestro Ordenamiento jurídico.

La sentencia parte de que la inhabilitación de profesionales que trabajen con menores tras haber sido condenados por delitos sexuales, en general, no es contraria a Derecho. Pero tras el análisis de las medidas concretas del Real Decreto 1110/2015 llega a la conclusión de que éste no se ajusta al Ordenamiento jurídico.

Con su sentencia, el magistrado no ha anulado el Real Decreto, ni tampoco ha invalidado el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Legalmente no lo puede hacer, ya que la competencia, en su caso es, del Tribunal Supremo.

El magistrado sí puede analizar un acto administrativo concreto (en este caso el requerimiento de aportación del certificado negativo de delitos sexuales), y sobre la base de la ilegalidad del Reglamento, anular dicho acto administrativo. Con posterioridad, deberá plantearse ante el propio Tribunal Supremo si el Real Decreto es o no ajustado al Ordenamiento jurídico.

La inhabilitación de los delincuentes sexuales

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, introdujo en nuestro Ordenamiento Jurídico la inhabilitación de los delincuentes sexuales para profesiones o actividades en contacto con menores, mediante la implantación de un Registro Central de Delincuentes Sexuales. Ya en el Real Decreto 1110/2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales se fija el régimen de esta inhabilitación, incluyendo no sólo los delitos cometidos sobre menores, sino también los delitos cometidos sobre adultos. Se fija una inhabilitación automática, que en los casos de delitos sobre menores llega a los 30 años tras el cumplimiento de las correspondientes penas.

El sistema del Registro Central de Delincuentes Sexuales, para evitar el contacto con menores, parte de que la Administración o los empleadores, no pueden recabar directamente la información del Registro, sino que se exige el previo consentimiento del interesado, o la aportación por él del certificado negativo.

La Dirección General de Personal de la DGA, requirió a una profesora la aportación del certificado negativo. Dicha profesora recurrió dicha actuación, alegando la inconstitucionalidad del sistema y la ilegalidad del Real Decreto 1110/2015. Ante la postura de la Administración, finalmente la funcionaria formuló recurso en vía judicial. En el proceso judicial intervienen la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Administración General del Estado (dado que se cuestiona la validez de un Real Decreto). La sentencia se ha dictado con fecha 19 de febrero de 2018.

La sentencia considera que la Ley 26/2015 no es inconstitucional. Sin embargo, de un atento examen del Real Decreto llega a la conclusión de que se opone, en varios aspectos, a la Constitución y al propio Código Penal.

La disposición de la Ley venía ya exigida por dos disposiciones de orden internacional o supranacional, consecuente con las obligaciones asumidas por el Reino de España en este marco:

-Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007, –Convenio de Lanzarote– donde se plasma el compromiso de contribuir eficazmente al objetivo común de proteger a los niños contra la explotación y el abuso sexual. Ratificado por España mediante Instrumento de 22 de julio de 2010 (BOE nº 274, de 12 de noviembre de 2010).

-Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (DOCE L 335/1, de 12 de diciembre de 2011).

No obstante, pese a que estos textos se limitan a los delitos sexuales cometidos sobre menores, en la legislación española se amplía a los delitos sexuales cometidos sobre adultos, para prohibir que, con posterioridad, trabajen con menores.

Los motivos de invalidez del Real Decreto

La sentencia considera inválido el Real Decreto por los siguientes razonamientos:

A.- El Rango normativo y la reserva de Ley.- No es suficiente con introducir la regulación sobre el Registro Central de Delincuentes Sexuales en un mero Real Decreto, ya que se afecta con la regulación del mismo a determinaciones sobre derechos y libertades y sobre la prohibición o inhabilitación para el ejercicio de profesiones y actividades que exigen su regulación por una disposición con rango de Ley. Esta indicación ya se plasmaba en el correspondiente informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el Proyecto de Real Decreto.

B.- La contradicción de la regulación contenida en el Real Decreto con el Código Penal.- Vulneración del principio de jerarquía normativa.- Efectivamente, si se comparara el texto del Código Penal con el texto del Real Decreto 1110/2015, se comprueba que éste es muy diferente de aquél. P.e., el Real Decreto finalmente aprobado, cosa que no hacía el Proyecto, ha introducido un sistema de prolongación de la inhabilitación más allá de los plazos de cancelación de antecedentes penales fijados en el Código Penal.

C.- Se vulnera la regulación por Ley de los antecedentes penales y sus efectos.-

D.- Se vulnera el principio de proporcionalidad.- El Real Decreto 1110/2015 no respeta en absoluto el principio de proporcionalidad, ya que:

-no existe ninguna relación entre la gravedad del hecho y la reacción del Ordenamiento jurídico, en la medida en que se limita el derecho al ejercicio de actividades y profesiones, y consiguientemente se registran los datos de personas condenadas, por cualquier clase de delito de naturaleza sexual contra menores o adultos;

-el plazo de cancelación de los datos inscritos en el registro es idéntico sea cual sea el delito cometido por un adulto contra un menor;

-los plazos de cancelación de los datos inscritos en el registro, y consiguientemente la limitación de los derechos, se prolongan mucho más allá de los plazos de cancelación de antecedentes penales cuando el delito haya sido cometido por un adulto contra un menor;

-no exista posibilidad alguna de cancelar los datos inscritos en el Registro antes de que haya trascurrido dicho plazo.

-no sólo no se comprueba si realmente la persona condenada es un peligro para los menores, sino que el Ordenamiento jurídico ni siquiera da opción a dicha comprobación.

E.- La retroactividad que se fija para el sistema del Real Decreto 1110/2015 es contraria al art. 9.3 de la Constitución, que fija la regla de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

En otro orden de cosas, la sentencia también considera que determinados argumentos de la parte recurrente, como p.e. sobre la privacidad de los funcionarios, no son atendibles.

La consecuencia jurídica de la sentencia

La consecuencia jurídica que dispone la sentencia es la anulación del concreto acto administrativo de la Administración autonómica; o sea, el requerimiento del certificado negativo a la profesora en cuestión. La sentencia es apelable ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo) por las dos Administraciones personadas: Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Administración General del Estado. También cabe la posibilidad de que el asunto llegue finalmente al Tribunal Supremo, que es el que tendrá la última palabra sobre la legalidad o no del Real Decreto 1110/2015.

Se debe aclarar finalmente, que la sentencia se limita a anular un concreto acto administrativo, no un Real Decreto. Lo natural será que se plantee una cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Supremo no una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

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Condena a Orange por facturar periodos completos cuando el servicio había dejado de prestarse con anterioridad2018-03-02
La sentencia declara que la emisión de facturas por el periodo completo preestablecido en los casos en que el servicio se haya dejado de prestar antes de que concluya ese plazo "es abusiva y, por tanto, ilícita"

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda promovida por el Ministerio Fiscal contra Orange Espagne y le condena por la emisión de facturas "abusivas y, por tanto ilícitas”. La sentencia tiene su origen en la demanda que presentó la Fiscalía contra la empresa de telefonía por emitir "reiteradamente" facturas contra los consumidores y usuarios en las que se les reclamaba la cuota correspondiente al periodo completo de la facturación previamente determinado. Lo hacía a pesar de que el servicio prestado a los clientes había finalizado antes de que se completase ese periodo. Así se recogía en la demanda del Ministerio Público, quien alegó que, como consecuencia de esta práctica, los consumidores "pagan doblemente".

La sentencia declara que la emisión de facturas por el periodo completo preestablecido en los casos en que el servicio se haya dejado de prestar antes de que concluya ese plazo "es abusiva y, por tanto, ilícita, así como la inclusión en un fichero de solvencia patrimonial de los clientes que no abonen las mencionadas facturas". La magistrada condena a la empresa a abstenerse de repetir las mencionadas prácticas.

La resolución judicial indica que "los pronunciamientos declarativos de la sentencia afectarán a las personas físicas o jurídicas que incurran en la misma práctica, aunque no hayan sido parte en el proceso". El fallo no es firme y contra él cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

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Una sentencia reconoce la incapacidad permanente en grado de gran invalidez a un enfermo con sensibilidad química múltiple2018-03-01
  • Se trata de la segunda sentencia dictada en este sentido. Las dos defendidas por la letrada Yolanda Bermejo, socia de Domingo Monforte Abogados Asociados.
  • Este fallo judicial supone una nueva esperanza a los enfermos afectados por esta patología considerada rara.

El juzgado de lo Social, número 16, de Valencia ha dictado una sentencia que reconoce una incapacidad permanente en grado de gran invalidez a un enfermo que padece un cuadro clínico de sensibilidad química múltiple y electromagnética.

Es la segunda vez que los Tribunales reconocen a los enfermos con sensibilidad electromagnética y síndrome de sensibilidad química múltiple, una enfermedad considerada rara, el derecho a percibir, además de una prestación del 100% de su base reguladora, un complemento para poder pagar a una tercera persona que les asista. Una reivindicación de estos pacientes que se ven obligados a vivir aislados por los graves efectos, que la exposición a productos químicos ambientales y electromagnéticos, provocan en su salud.

En las dos sentencias ha ejercido la defensa Yolanda Bermejo Ferrer, abogada especializada en derecho laboral y socia profesional de Domingo Monforte Abogados Asociados.

Una vida truncada por la enfermedad

El demandante tiene 52 años y es ingeniero de profesión. En el año 2013 le fue diagnosticado un síndrome de fatiga crónica y fue declarado en situación de incapacidad permanente en grado total para la profesión habitual. La enfermedad se complicó con un cuadro clínico de fibromialgia, sensibilidad electromagnética y síndrome de sensibilidad química múltiple y, en julio del 2017, pidió una revisión del grado de incapacidad que le fue denegada.

Ahora el Tribunal corrige esa decisión al considerar que las patologías que padece obliga al demandante a vivir aislado. Necesita ayuda para realizar tareas cotidianas, como trámites administrativos o bancarios y también la limpieza de la casa, de la ropa y de su propio aseo personal. La sentencia considera probado que, primero, "la situación del demandante se ha agravado y, segundo, no está capacitado para realizar ninguna actividad laboral. La declaración de Incapacidad permanente absoluta es, pues, inevitable". Además la "aparición de otras patologías han determinado que el solicitante precise la ayuda de terceras personas para prácticamente la totalidad de las actividades básicas de la vida diaria" haciéndolo, por tanto merecedor del Grado de Gran Invalidez.

USO consigue que el síndrome del túnel carpiano sea enfermedad profesional en el sector de limpieza2018-02-28

Una sentencia del Juzgado de lo Social Nº2 de Santander ha calificado como enfermedad profesional el “síndrome del túnel carpiano” a una limpiadora. Esta sentencia, novedosa en Cantabria, es un importante precedente jurídico de cara a que esta enfermedad -muy frecuente entre las más de 6.000 personas que pertenecen al sector en la región- deje de ser declarada como contingencia común en los procesos de incapacidad temporal.

La demanda fue interpuesta por el sindicato USO contra la Dirección Provincial del INSS al dictar esta una resolución que confirmaba como enfermedad común la baja de una trabajadora de la limpieza de Valdecilla, perteneciente a la empresa Ferrovial, por una dolencia del túnel carpiano. Además del INSS también fueron demandadas la TGSS, Mutua Universal Mugenat y Ferrovial Servicios, S.A. El letrado de USO que defendió a la trabajadora fue Pedro Méndez Gautier.

El INSS centró su defensa en que en el Real Decreto 1299/2006, que enumera las enfermedades profesionales y la lista de los sectores laborales afectados, no se encuentra registrado el sector de la limpieza en relación a la dolencia del “síndrome del túnel carpiano.

Por su parte, la defensa jurídica de la trabajadora, aportó reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en casación de sentencia que mantiene que “para saber si nos encontramos ante una enfermedad profesional, habrá que analizar si el causante reúne los tres requisitos que la norma exige para ello: que la enfermedad se haya contraído a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena, que se trate de alguna de las actividades que reglamentariamente se determinan, y que esté provocada por la acción de elementos y sustancias que se determinen para cada enfermedad”. A ese respecto, el Tribunal Supremo concluye asentando que aún cuando no está expresamente incluida en la enumeración de actividades capaces de producir la enfermedad profesional las tareas que desempeña una limpiadora podrían tener encaje en otras profesiones o actividades que sí están reconocidas como contingencia profesional.

La titular del Juzgado Nº2, Nuria Perchin, estimó la demanda formulada por la trabajadora asumiendo en su sentencia la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. En base a ello declaró que el proceso de incapacidad temporal que había sido iniciado por la trabajadora derivaba de enfermedad profesional y condenó a todas las partes demandadas (INSS, TGSS, Mutua Universal Mugenat y Ferrovial Servicios, S.A.) a pasar por tal declaración con las consecuencias legales correspondientes.

El caso descrito supone un destacado precedente jurídico en Cantabria en un sector especialmente numeroso como es el de la limpieza, en el cual esta patología se encuentra ampliamente extendida en la población trabajadora que presta servicio en el mismo, con el perjuicio y sufrimiento que lleva asociado para quienes la padecen y conviven con ella. En consecuencia, es una vía abierta a que en un futuro situaciones similares de limpiadoras y limpiadores afectados en la región por esta patología a causa del trabajo sean calificadas como enfermedad profesional.

¿Es legal descargar obras protegidas a través de torrents?2018-02-27

Los sistemas torrent constituyen un formato de archivo que sirve para compartir gran cantidad de datos entre diversos usuarios. No todos los archivos que se comparten de este modo son obras protegidas por derechos de autor, también es frecuentemente utilizado para realizar trabajos en grupo, enviar fotografías o vídeos familiares, etc. Sin embargo, gran cantidad de películas y canciones viajan cada día a través de torrents entre unos y otros usuarios, constituyendo un sistema idóneo para acciones de piratería.

La descarga a través de internet de obras protegidas por propiedad intelectual sin autorización expresa de los titulares de los derechos no es legal en España, independientemente del sistema técnico que utilicemos para dicha descarga.

Para que exista delito, es necesario que la infracción de derechos se produzca con ánimo de lucro, según lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, por tanto, generalmente la conducta del usuario que descarga una película o una canción no es constitutiva de delito.

Sin embargo, sí podemos estar ante un ilícito de carácter civil por infracción de la normativa en propiedad intelectual, especialmente el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

La peculiaridad de los sistemas torrents es que todos los usuarios reciben obras y al mismo tiempo todos los usuarios ponen las mismas a disposición del resto de participantes de la red de comunicación.

La comunicación pública en Internet en su modalidad de puesta a disposición solo puede realizarse por el legítimo titular de los derechos, por lo tanto, compartir películas o canciones a través de torrets sería una conducta ilícita y, como tal, el usuario podría ser condenado al pago de una indemnización.

Mayor dificultad presenta la prueba del hecho cometido y, sobre todo, los perjuicios derivados del mismo. Habría que determinar, en primer lugar, quiénes son los usuarios que han participado del sistema, compartiendo la obra. La identificación puede hacerse a través de la IP, pero no siempre es fácil, pues diferentes usuarios han podido estar utilizando una misma IP.

Además, no es fácil determinar cuáles son los perjuicios sufridos por el titular de los derechos, pues no todos aquellos que han descargado la obra la habrían adquirido por el canal legal.

Por último, cabe señalar que adquirir obras protegidas por propiedad intelectual a través de estos sistemas no está exento de ciertos riesgos, pues junto con ellos, en ocasiones viajan gran cantidad de virus que pueden poner en riesgo nuestros sistemas informáticos, así como la información contenida en nuestros equipos.

La Audiencia Nacional da la razón a UGT FICA en la demanda de conflicto colectivo interpuesta contra Tragsa2018-02-26

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en la demanda de conflicto colectivo que interpuso en su día contra la empresa Transformaciones Agrarias, SA (Tragsa) con relación al derecho que tienen los trabajadores acogidos a la jubilación anticipada al "premio de jubilación". Frente a la postura mantenida por otros sindicatos, que se opusieron a interponer la demanda, UGT FICA mantuvo su posición, ratificada ahora por la Audiencia Nacional, al considerar que en el cese de los trabajadores que acceden a la jubilación parcial, debe tormarse como cuantía la que figura en la tabla del convenio (artículo 56) a la edad que tenga el trabajador en el momento de su acceso a la jubilación parcial. Esa cantidad debe multiplicarse por el número de años de permanencia del trabajador en la empresa y, a la cantidad obtenida, aplicarle el porcentaje con el que se accede jubilación parcial (normalmente el 75%), y abonarla en el momento de acceso a la jubilación parcial. 

La Sala de lo Social descarta que la indemnización por cese sea cubierta por póliza de seguro y también de que se trate de un gasto de acción social. Por el contrario, sostiene que se trata de una mejora voluntaria de la Seguridad Social que persigue incentivar las jubilaciones totales, ordinarias y anticipadas y también las jubilaciones parciales, por lo que no forma parte de la masa salarial, y por ello, no ve limitación legal que impida el cumplimiento de esta obligación por parte de la empresa.

UGT FICA muestra su satisfacción por el fallo de la sentencia, que ratifica las tesis mantenidas por la Federación desde el inicio del conflicto, y viene a reconocer un derecho de los trabajadores y trabajadoras de Trasgsa al que UGT FICA no renunció y ha defendido hasta el final.​

El tiempo de guardia domiciliaria de un trabajador que debe responder a las llamadas del empresario en un plazo de tiempo breve debe considerarse «tiempo de trabajo»2018-02-23

La obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de tiempo breve limitan considerablemente las posibilidades que tiene un trabajador de dedicarse a otras actividades

El servicio de protección contra incendios de la ciudad de Nivelles (Bélgica) está compuesto por bomberos profesionales y voluntarios. Estos últimos participan en las intervenciones y garantizan también guardias y permanencias. El Sr. Rudy Matzak adquirió la condición de bombero voluntario en 1981. También trabaja para una empresa privada. En 2009, el Sr. Matzak entabló un procedimiento judicial contra la ciudad de Nivelles en el que solicitaba, entre otras cosas, una indemnización de daños y perjuicios por sus servicios de guardia domiciliaria, que, en su opinión, deben considerarse tiempo de trabajo.

La cour du travail de Bruxelles (Tribunal Laboral Superior de Bruselas), que conoce del litigio en segunda instancia, decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. En esencia, desea saber si los servicios de guardia domiciliaria pueden considerarse comprendidos en la definición de tiempo de trabajo en el sentido del Derecho de la Unión. 1

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia destaca, en primer lugar, que los Estados miembros no pueden establecer excepciones, con respecto a determinadas categorías de bomberos contratados por los servicios públicos de protección contra incendios, al conjunto de obligaciones derivadas de las disposiciones de la Directiva, entre las que figuran los conceptos de

«tiempo de trabajo» y de «período de descanso».

La Directiva tampoco permite a los Estados miembros mantener o adoptar una definición del concepto de «tiempo de trabajo» distinta de la que en ella se contiene. En efecto, aunque la Directiva establece que los Estados miembros tienen la facultad de aplicar o de introducir disposiciones más favorables a la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, esta facultad no puede aplicarse a la definición del concepto de «tiempo de trabajo». Esta afirmación resulta corroborada por la finalidad de la Directiva, que tiene por objeto garantizar que las definiciones que ésta proporciona no puedan recibir una interpretación variable en función de los Derechos nacionales.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia recuerda que los Estados miembros siguen teniendo la facultad de adoptar, en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, disposiciones que establezcan una duración del tiempo de trabajo y de los períodos de descanso más favorable para los trabajadores que la determinada por esta Directiva.

El Tribunal de Justicia recuerda igualmente que la Directiva no regula la cuestión de la retribución de los trabajadores, aspecto que es ajeno a la competencia de la Unión. Así pues, los Estados

1  Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).

miembros pueden establecer en su Derecho nacional que la retribución de un trabajador durante el «tiempo de trabajo» no sea la misma que la de un trabajador en «período de descanso», hasta el punto de que pueden no reconocer retribución alguna durante este último período.

Por último, el Tribunal de Justicia aclara que el tiempo de guardia que un trabajador pasa en su domicilio con la obligación de responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos —plazo que restringe considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades— debe considerarse «tiempo de trabajo». A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el factor determinante para la calificación de «tiempo de trabajo», en el sentido de la Directiva, es el hecho de que el trabajador esté obligado a hallarse físicamente presente en el lugar determinado por el empresario y a permanecer a disposición de éste para poder prestar sus servicios inmediatamente en caso de necesidad.

En este asunto, resulta que el Sr. Matzak no sólo debía estar localizable durante sus tiempos de guardia. Por una parte, debía responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos y, por otra parte, estaba obligado a estar presente físicamente en el lugar determinado por el empresario.

El Tribunal de Justicia considera que, aunque en este caso dicho lugar sea el domicilio del Sr. Matzak y no su lugar de trabajo, la obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que, desde un punto de vista geográfico y temporal, supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de ocho minutos limitan de manera objetiva las posibilidades que tiene un trabajador que se encuentra en la situación del Sr. Matzak de dedicarse a sus intereses personales y sociales. Habida cuenta de tales limitaciones, la situación del Sr. Matzak se distingue de la de un trabajador que, durante su servicio de guardia, simplemente deba estar a disposición de su empresario a fin de que éste pueda localizarlo.

El TC anula la norma foral de Gipuzkoa que elimina el pago del ITP y AJD a la comunidad islámica2018-02-22

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y, como consecuencia de ello, ha declarado inconstitucional y nulo el art. 4.2.d) de la Norma Foral de las Juntas Generales de Gipuzkoa 13/2012, que eliminó la exención del pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para “la Iglesia Católica y las iglesias y confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español”. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Santiago Martínez-Vares.

La sentencia examina, en concreto, si la supresión de la exención del pago del citado impuesto para la comunidad islámica vulnera el derecho de libertad religiosa (art. 16.1 CE), pues la cuestión de inconstitucionalidad se formuló en un procedimiento judicial iniciado a instancias de una comunidad musulmana de Elgoibar.

Según la doctrina constitucional, la competencia que la Constitución atribuye en exclusiva al Estado para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos (art.

149.1.1 CE) abarca, cuando se trata de la libertad religiosa, a las medidas que éste adopte con el fin de "promover las condiciones para que esa libertad fundamental sea real y efectiva". En otras palabras, el citado derecho, consagrado por la Constitución, ampara la libertad religiosa y,

al mismo tiempo, obliga al Estado, "sin perjuicio de la neutralidad" del mismo, a "mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones".

De este modo, explica la sentencia, no solo se encomienda al legislador estatal la tarea de materializar esos acuerdos de cooperación, sino también la de "facilitar la práctica efectiva de las creencias religiosas y de sus actos de culto, así como la participación de los ciudadanos en los mismos, a través de medidas como son la concesión de un régimen fiscal especial para las iglesias, confesiones y comunidades que las representan". La exención del pago de determinados impuestos a las confesiones religiosas es, por tanto, una medida que el Estado adopta en ejercicio de la competencia exclusiva que le atribuye el art. 149.1.1 CE para garantizar el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad.

El Tribunal llega a la conclusión de que la norma foral cuestionada, en la medida en que elimina la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sobre los bienes y derechos de la Comisión Islámica de España y de sus Comunidades miembros, va en contra del contenido del acuerdo de cooperación suscrito por el Estado con la Comisión Islámica de España. Y, en consecuencia, vulnera la competencia que, en virtud del art. 149.1.1 CE tiene el Estado para garantizar el ejercicio de la libertad religiosa (art. 16.1 CE) en condiciones de igualdad.

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“El informe oral es un trámite procesal de enorme importancia”2018-02-21

Abogado, escritor, ponente y formador, Óscar Fernández León desafía al tiempo para sacar todo el jugo de las 24 horas de día. Colaborador activo y muy seguido en Legal Today, cuenta con un blog en este portal jurídico con más de trescientas colaboraciones, por cierto, todas ellas seguidas muy de cerca por sus incondicionales. Ahora toca libro nuevo, el décimo, que lleva por título Arte y técnica del alegato en juicio (Thomson Reuters Aranzadi).

¿Qué nos vamos a encontrar en Arte y técnica del alegato en juicio?

La obra recoge las conversaciones que mantienen Juan, un abogado veterano, y Alicia, una joven abogada, en el contexto del proceso de aprendizaje de esta última. A través de un total de doce reuniones semanales, profesor y alumna compartirán los aspectos más importantes para la construcción y exposición del alegato en una sala de justicia.

A medida que avanzan las clases, ambos van profundizando en la teoría y en la práctica de este trámite de tanta importancia, y así irán recorriendo aquellos aspectos más controvertidos del mismo, alcanzándose así respuestas a dudas y cuestiones que, hoy más que nunca, necesitan de respuestas claras.

¿Podríamos denominar al informe oral como ‘órgano vital' del abogado?

En mi opinión, basada en mi propia experiencia y en lo que he podido conocer de terceros, el informe oral es un trámite procesal de enorme importancia, y ello debido a factores como la actual tendencia a la oralidad de los procesos, lo que implica que si el legislador ha confiado en dicha oralidad, materializada de modo expreso en el trámite de informe o conclusiones,  será porque este se considera un trámite adecuado, conveniente y útil para la consecución del fin último que es la impartición de Justicia.

Relacionado con lo anterior, el informe oral es el único ejercicio argumentativo que realiza el abogado durante el procedimiento una vez practicada la prueba, de modo que es la única oportunidad de la que dispone para sugerir al juez sus conclusiones sobre la prueba presentada, ensamblando las diversas piezas del resultado probatorio. De hecho, los propios jueces reconocen que incluso teniendo clara la posible decisión del pleito, durante el informe oral han encontrado alguna idea, valoración o argumento que les ha hecho recapacitar y cambiar el sentido de la decisión. En este sentido, nuestra intervención puede apuntalar o modificar el planteamiento por el que inicialmente se inclina el juez.

En su libro alude a la importancia de conocer al juez. ¿Por qué pone el acento en este punto?

Para responder a esta cuestión hemos de partir de afirmar que no hay dos jueces iguales, y ello es así ya que los jueces son seres humanos con sus circunstancias personales que influirán necesariamente en la forma de gestionar el desarrollo del juicio y las interacciones con las personas que intervienen en el mismo (abogados, fiscales, testigos, público, etc.).

Por lo tanto, si la figura del juez juega un papel importante como auditorio de nuestro alegato, es lógico pensar que a mayor conocimiento que disponga el abogado de un perfil completo del juez y de la forma en la que gestiona este trámite, más fluido será el desarrollo del acto judicial, sin perjuicio de disponer de más posibilidades de alcanzar la atención del mismo.

Finalmente, cuando hablamos de conocer al juez nos referimos a la gestión procesal, la personalidad del juez en sala y la experiencia del juez en el objeto del pleito.

¿Presenta solidez la construcción del discurso de los abogados de hoy en día?

En nuestro país tenemos a muy buenos oradores que elaboran y exponen magníficos informes, pero lo cierto es que hay un gran margen de mejora en el colectivo a través del aprendizaje de las técnicas asociadas a la creación de este peculiar discurso.

Creo firmemente que mejorando la técnica de los abogados el informe oral irá progresivamente revitalizándose.

¿Cómo se ha de elaborar un buen informe oral?

Un buen informe oral, es decir, aquel elaborado con el objetivo puesto en la persuasión y convencimiento del juez, debe disponer de diversas características que lo hagan acreedor de una completa atención e interés de éste durante su exposición.  Entre estas pautas podemos incluir que sea técnicamente solvente, estructurado, conciso, claro, breve, flexible o adaptable y atractivo.

¿Qué es más peligroso en sala: improvisar o el llamado miedo escénico?

El miedo escénico es una reacción del organismo que surge como consecuencia de pensamientos limitadores que tenemos acerca de nuestra actuación frente a grupos, o lo que es lo mismo, la respuesta psicofísica del organismo, generalmente intensa, que surge como consecuencia de pensamientos anticipatorios catastróficos sobre la situación real o imaginaria de hablar en público. Esta situación es muy frecuente cuando los abogados intervienen en sus primeros juicios.

Improvisar es hacer algo llevado de la acción del momento, un hacer de pronto, sin estudio ni preparación alguna, y haciendo uso de los medios que en ese momento tenemos a mano.

En mi opinión el temor escénico es más peligroso, si bien existen técnicas y acciones que pueden ayudarnos a reducirlo, mientras que la improvisación debe ser resuelta con ingenio y habilidad y, sobre todo, con previsión. De hecho, los abogados decimos que la mejor improvisación es la "improvisación preparada".

La ayuda del Ejecutivo a la Abogacía y la Procura para la asistencia jurídica gratuita se distribuirá mensualmente2018-02-20

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó el pasado viernes el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 37,6 millones de euros en el ejercicio de 2018 al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y al Consejo General de Procuradores de España en materia de asistencia jurídica gratuita y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de delitos. La partida presupuestaria destinada a este fin es prácticamente idéntica a la de hace un año, que fue de 37, 4 millones de euros.

Si bien no hay novedades en la cuantía, no ocurre lo mismo con los plazos de distribución de la ayuda, que efectuará mensualmente, en lugar de una vez finalizado cada trimestre como se venía haciendo hasta ahora. Según informó el Ejecutivo, "se trata de una iniciativa ampliamente demandada por la Abogacía y la Procura para agilizar la percepción de sus correspondientes retribuciones y permitir que los profesionales puedan cobrar con más inmediatez". De hecho, hace ahora un año se anunció que se había constituido un grupo de trabajo entre el Ministerio de Justicia y el CGAE, "a fin de impulsar medidas que permitan mejorar la eficacia en la gestión de la Justicia gratuita acortando los tiempos de tramitación".

276.695 asuntos en 2017

El pago de las subvenciones se distribuirá entre los colegios del ámbito territorial del Ministerio de Justicia en función del número de actuaciones profesionales realizadas y de los baremos establecidos. Cabe destacar que en 2017 se atendieron 276.695 asuntos mediante el servicio de asistencia jurídica gratuita en el territorio gestionado por el Ministerio, de los cuales 22.360 fueron asuntos relativos a violencia de género.

33,9 millones para el CGAE

En cuanto al reparto, el CGAE percibirá 33,9 millones de euros, por los 2,8 destinados al Consejo General de Procuradores para la prestación de la asistencia jurídica gratuita. La aprobación del Real Decreto es necesaria ya que, a pesar de que los Presupuestos se encuentran prorrogados, la prórroga no se extiende a este tipo de subvenciones directas y es necesaria la aprobación de una norma para el mantenimiento de este gasto una vez vencido el ejercicio económico. La tramitación de este Real Decreto se realiza a través del procedimiento previsto en la Ley General de Subvenciones que establece que podrán concederse ayudas de forma directa para supuestos en los que se acrediten razones de interés público, social o humanitario.

Los servicios que se financian con cargo a esta subvención son:

  • El asesoramiento previo a quienes quieran reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses.
  • La asistencia por parte de un abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, así como la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial.

Asistencia psicológica

Por lo que respecta a la asistencia psicológica a las víctimas de delitos, se destinarán 914.000 euros para la atención especializada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, así como para el apoyo en la emisión de informes periciales. Estas subvenciones se articularán mediante la firma de convenios de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

El total de personas atendidas el pasado año por los profesionales de la psicología en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia fue de 32.881.

Una sentencia anula doce cláusulas en cuatro hipotecas del mismo cliente2018-02-19
  • Los préstamos se destinaron a la compra de locales comerciales y viviendas
  • El demandante se encontraba en situación de desempleo en el momento de suscribir los préstamos

Un juzgado de Ronda ha condenado a Cajasur en una contundente sentencia, anulando “de un solo golpe” hasta tres cláusulas en cada una de las cuatro hipotecas de un mismo cliente. Es decir, se ha declarado la nulidad de un total de 12 cláusulas hipotecarias, y todo ello en el mismo procedimiento.

Según ha explicado el abogado que ha llevado la dirección de este asunto, Francisco Orozco, el fallo de este Juzgado ha declarado nulas cláusulas como la “manida” cláusula suelo, el interés de demora o la cláusula de gastos de formalización, siendo además procedente, en este último caso, la devolución total de todos los gastos. Las estipulaciones de todas las escrituras de préstamo eran idénticas, por lo que el procedimiento se ha simplificado al aplicar la misma doctrina a todas las hipotecas.

Los cuatro préstamos habían sido suscritos por la misma persona, un vecino de Ronda, cuyo capital se destinó a la compra de distintos locales comerciales y viviendas. La entidad bancaria mantenía que el cliente no poseía la condición de consumidor, sino que se trataba de un empresario y que, por tanto, no le resultaría de aplicación la normativa en la materia. Algo que fue negado categóricamente por la defensa del cliente, quién acreditó que, al momento de suscribir los préstamos, el demandante se encontraba en situación de desempleo, independientemente del uso que en el futuro el prestatario quisiera dar a los inmuebles.

Además, según ha podido explicar el abogado Francisco Orozco, experto en Derecho Hipotecario, “la normativa comunitaria exige que el juez analice todas las circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se suscribe el préstamo”, por lo que lo importante no sería la condición del deudor del préstamo, sino determinar si el destino era empresarial o particular, como ha ocurrido en este caso. 

El pronunciamiento del este Juzgado malagueño contempla, además de las declaraciones de nulidad, la devolución de las cantidades cobradas en aplicación de todas estas cláusulas, más los intereses legales, a lo que habría que sumar las costas del procedimiento. Todo ello, podría superar la cifra de 40.000 euros que Cajasur deberá abonar a este cliente.

El letrado ha expresado su satisfacción con la sentencia, y ha declarado que, en su experiencia, “los bancos están perdiendo la inmensa mayoría de procedimientos judiciales que dilucidan la nulidad de cláusulas en hipotecas firmadas entre los años 2001-2012”. Francisco Orozco cree que “las entidades prefieren litigar antes que devolver el dinero voluntariamente, pues parece que les resulta más rentable pagar intereses y costas judiciales antes que proceder a una devolución general en todas las hipotecas”.  

Se designan las Comisiones evaluadoras de la prueba de acceso a la Abogacía para 20182018-02-16

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 9 de la Orden PRA/1174/2017, de 30 de noviembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2018, se designan a los miembros titulares y suplentes de las Comisiones que evaluarán la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. Para su nombramiento se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En función del número de aspirantes presentados, procedentes de las distintas universidades y escuelas de práctica jurídica del conjunto de las comunidades autónomas españolas, se designan ocho comisiones evaluadoras en las siguientes comunidades autónomas: Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Murcia, Galicia, Islas Canarias y Comunidad Valenciana.

Los miembros de las Comisiones evaluadoras podrán ser recusados de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el Secretario General de la Administración de Justicia.

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https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-A-2018-2094.pdf

Un juez de Sevilla reconoce el derecho de los ciudadanos españoles a la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios2018-02-15
Concede la tarjeta de familiar de residente de la Unión Europea al hijo no comunitario, menor de 21 años, de un ciudadano español

Autor Comunicación Poder Judicial

El juez de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla ha reconocido el derecho de los ciudadanos españoles a la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios al considerar que “el derecho a fundar una familia, el derecho a vivir en familia, es innegable que es un derecho que corresponde a todos los españoles que debe ser protegido por los poderes públicos, de tal modo que el establecimiento de requisitos para su ejercicio se debe realizar por una norma con rango de ley”, un requisito que “no se cumple con la normativa española” que regula dicho derecho

En la sentencia, el magistrado analiza el caso del hijo no comunitario y menor de 21 años de un ciudadano español que solicitó a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla la tarjeta de familiar de residente de la Unión Europea y precisa que, en este caso, el objeto del debate se centra en determinar si es aplicable el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

En este sentido, recuerda que una sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2017 consideraba que era aplicable a los ciudadanos españoles el artículo 7 del Real Decreto, pero el juez discrepa y considera que en este caso no procede aplicar dicho artículo “en cuanto que establece a los ciudadanos españoles una serie de requisitos” económicos “para la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios sin que exista una ley que dé cobertura a dicha normativa”.

El juez asevera que “el derecho a la reagrupación familiar de ciudadano no comunitario ejercido por españoles carece de cobertura legal, en cuanto que no está previsto ni en las normas comunitarias ni, lógicamente en la ley de extranjería, a pesar que se insinúe que se aplicará la norma más favorable”.

Así, añade que el artículo 8.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos “expresamente exige que las injerencias de las autoridades públicas en la vida privada y familiar esté prevista por una norma con rango de ley, requisito que no se cumple con la normativa española que regula el derecho a la reagrupación familiar de no comunitarios por ciudadanos españoles, en cuanto que está prevista en una normativa reglamentaria, como es un Real Decreto y una Orden Ministerial carente de toda cobertura legal”.

Según expone el juez, “en el ordenamiento jurídico español, si bien el Tribunal Constitucional considera que no se trata de un derecho fundamental y que no se reconoce el derecho a la vida familiar en los mismos términos que la jurisprudencia del TEDH viene interpretando el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no significa que este artículo no sea aplicable en lo que se refiere a que toda injerencia de los poderes públicos en la vida familiar estableciendo requisitos debe estar prevista en una norma con rango de ley”.

El magistrado afirma que “dejar en manos de la Administración el establecimiento mediante una Orden ministerial de los requisitos para el ejercicio de un derecho como la reagrupación familiar que afecta a la vida y a la dignidad de la persona no se corresponde con las normas internacionales, ni con los principios que rigen la Constitución española”, ya que “el derecho a fundar una familia, el derecho a vivir en familia, es innegable que es un derecho que corresponde a todos los españoles que debe ser protegido por los poderes públicos, de tal modo que el establecimiento de requisitos para su ejercicio se debe realizar por una norma con rango de ley”.

“El derecho a la reagrupación familiar, que no es otro que el derecho a vivir en familia, es un derecho reconocido en el artículo 39 y 10 de la Constitución”, concluye el magistrado, que anula la resolución impugnada “por no ser ajustada a Derecho” y ordena a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla conceder la autorización solicitada por el recurrente.

Un juzgado libera a un matrimonio de todas sus deudas por la Ley de Segunda Oportunidad2018-02-14

·         Se trata de la primera cancelación de deudas que se consigue en la provincia

La titular del juzgado de Primera Instancia de Girona ha aplicado a un matrimonio rumano establecido en la ciudad catalana la Ley de Segunda Oportunidad de 2015 que permite liberar a particulares y autónomos de sus deudas y ha dictado la exoneración de la totalidad del pasivo insatisfecho.

El auto señala que los deudores cumplen los requisitos que exige la ley para poder acogerse al Beneficio de Exoneración total del Pasivo Insatisfecho (BEPI) por su baja capacidad económica. El matrimonio solicitó así acogerse al "beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos" y el administrador concursal no se opuso, por lo que el juez ha acordado la concesión del beneficio de exoneración en un auto con fecha 8 de febrero de 2018 contra el que no cabe recurso y siendo el primer caso de este tipo que se resuelve en Girona. Los responsables de Repara tu Deuda, primera compañía que aplica la Ley de la Segunda Oportunidad en España, explican que el matrimonio rumano, Costel Remus y Ionela María Moldovan, llegó a España en 2012 y ambos encontraron trabajo. “Al poco tiempo -narran- ella se quedó sin empleo y empezaron a solicitar pequeños créditos para ir sobreviviendo hasta que llegó un punto en el que no podían devolverlos”. El importe global de las deudas que llegaron a aglutinar entre ambos superaba los 24.000 euros llegando a deber a más de 15 bancos y entidades financieras.

Así pasó el tiempo hasta que se encontraron con las nóminas embargadas y “cada vez que consultaban el saldo que tenían pendiente con sus acreedores veían que aumentaba exponencialmente”. 

Sin propiedades, familia ni ayuda a la que acogerse y con todas las vías de acceso a crédito cerradas, estaban a punto de volver a su país, pero entonces decidieron iniciar un expediente de liberación de deudas, “que ha culminado con la anulación de las mismas gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad”. 

Esta ley, que entró en vigor en julio de 2015, permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe, e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores con la mediación de un juez y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda parcial o total.

“Todavía se trata de una vía poco conocida", señala Alicia García, socia de Repara tu Deuda. “No sólo por los ciudadanos sino incluso por abogados y jueces". De todos modos, cada vez son más personas las que conocen y se acogen a este procedimiento, que “abre una perspectiva de esperanza” para que aquellas personas que se han arruinado consigan empezar de cero sin tener que arrastrar una situación de insolvencia durante toda su vida. 

El Gobierno impulsa el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales para reforzar la seguridad jurídica2018-02-13

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha impulsado el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales por la que se traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los secretos comerciales.

Esta Directiva tiene por objeto armonizar la legislación en la materia de los Estados miembros de la Unión y fomentar la competitividad al establecer normas mínimas comunes en materia de protección de los titulares de secretos empresariales frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de los mismos y frente a la explotación no consentida de mercancías infractoras.

Se pretende, por un lado, garantizar que la competitividad de las empresas europeas que se basa en información empresarial no divulgada esté protegida de manera adecuada y, por otro, mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.

Las empresas están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad que comprometen la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que por su labor de innovación le corresponden. En consecuencia, la creatividad empresarial se puede ver desincentivada con los consiguientes efectos para la inversión y el buen funcionamiento del mercado.

Nuestro país cuenta con una regulación moderna en esta materia que entronca con las pautas europeas que garantizan el respeto a la propiedad industrial y ofrece medios adecuados para su tutela judicial. Actualmente la protección del secreto empresarial en España se realiza mediante cláusulas de confidencialidad en los contratos celebrados con otros operadores económicos, pactos de confidencialidad incluidos en los contratos de los trabajadores de la empresa y a través de la Ley de Competencia Desleal.

El Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales regula aquellos aspectos procesales que permiten ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas efectivas para la tutela judicial de su posición jurídica a través de un sistema de acciones robusto y de un proceso eficaz y respetuoso con las garantías de justicia y equidad pero desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable.

Las acciones de defensa de los secretos empresariales habrán de aplicarse de forma proporcionada y evitando tanto la creación de obstáculos al libre comercio, como su ejercicio de forma abusiva o de mala fe. El marco jurídico se refuerza así con medidas en tres aspectos:

  • Incorpora una serie de reglas al objeto de preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial.
  • Ofrece un marco normativo para que el demandante pueda preparar el ejercicio de su acción garantizándose así el derecho a la tutela judicial efectiva a través del desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, medidas para acceder a las fuentes de prueba en poder del futuro demandado o de terceros y, en su caso, de medidas de aseguramiento de las mismas.
  • Incorpora reglas singulares en materia de medidas cautelares para asegurar la eficacia de su acción y evitar de manera inmediata la revelación, uso u obtención ilícita del secreto empresarial.
El Tribunal Supremo condena a una compañía de seguros de salud a pagar a una asegurada intereses de mora por mala práctica médica2018-02-12

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado un recurso contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz que denegó la imposición de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) a la compañía de seguros de salud demandada.

La sentencia de primera instancia había condenado a dicha aseguradora al pago de una indemnización de 58.680,16 euros a una mujer por los daños causados a consecuencia de la mala praxis médica de un profesional.

La sentencia cuenta con el voto particular de un magistrado.

La incapacitación de una persona sólo puede obtenerse mediante sentencia judicial2018-02-09

La incapacitación judicial civil es el sistema previsto en la legislación para proteger a una persona y su patrimonio en el caso de que se demuestre su incapacidad. Así, incapacitar a una persona es una negación mediante sentencia dictada por un juez de la capacidad de obrar por sí misma, es decir, de la capacidad o aptitud para llevar a cabo de manera eficaz y válida actos jurídicos, ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Es en este contexto, algunas personas ven legalmente limitada su capacidad de decisión mediante una resolución judicial que trata de establecer ciertos límites que les protejan de potenciales abusos por parte de terceras personas. Así pues, este tipo de medida se contempla en aquellas personas que padezcan:

  • Una enfermedad mental grave.
  • Discapacidad intelectual.
  • Un deterioro cognitivo grave.

El marco legal en esta materia queda establecido en el art. 199 y siguientes del Código Civil. Así, el Art. 199 indica que "nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley", siendo causas de incapacitación "las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma" (Art. 200).

Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados, recuerda que "una sentencia que declare la incapacitación de una persona fijará unos límites claros de ésta y determinará el régimen de tutela o guarda de la persona incapacitada a una tercera persona. Además, si la persona fuera menor de edad continuará bajo el régimen de patria potestad, que se prorrogará, si se mantiene la incapacitación, al llegar a la mayoría de edad".

No obstante, no todo el mundo puede solicitar la incapacitación de una persona. La legitimación activa para instar el proceso de incapacitación judicial civil indica que, conforme al art. 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), aquellos autorizados para solicitar la incapacitación serán:

  • La propia persona afectada.
  • Descendientes, ascendientes o hermanos del presunto incapaz.
  • El cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable.
  • Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela del presunto incapaz cuando este fuere.
  • El Ministerio Fiscal.

La iniciación del proceso de incapacitación judicial se produce, conforme al art. 399.1 de la LEC, por interposición de la demanda. Ésta deberá acompañarse de la pertinente documentación, correspondiente a representación, acreditación del parentesco o afinidad con la persona afectada y dictámenes médicos o psiquiátricos que avalen la pretensión de incapacitación.

¿Cuánto gana un abogado?2018-02-08
  • La categoría de Director experimenta una ligera subida, mientras que en el salario del resto de categorías se observa un moderado descenso
  • El año 2017 ha experimentado una bajada de salarios, generalizada, aunque  bastante moderada (en torno al 2,3%) con una única subida en la categoría de Director
  • Las Big Four continúan liderando el mercado en términos salariales mientras que  los despachos internacionales se reajustan al mercado

SIGNIUM, firma internacional de Executive Search y Leadership Advisory Services, ha presentado, en colaboración con el IE Law School, la XIII edición del Análisis comparativo de las retribuciones en los despachos de abogados en España.

El encuentro ha estado presidido por Ignacio Bao, Chairman of the Board de Signium, y Carlos de la Pedraja, Vice Decano & General Manager del IE Law School. Leticia de Laiglesia, Associate Principal de Signium, ha sido la encargada de presentar los resultados del estudio.

Según Ignacio Bao, “en 2017 se observa una ligera bajada de las retribuciones de todas las categorías de abogados con respecto a años anteriores. Sin embargo, el variable experimenta cambios significativos con subidas en las categorías más altas. También destacar cómo en los despachos nacionales, los salarios son más elevados durante los primeros cinco años de actividad laboral en comparación con los internacionales, mientras que éstos tienen las retribuciones mayores en los cinco años posteriores”.

Leticia de Laiglesia añade que “en términos generales, podemos afirmar que existe una tendencia continuista con respecto al ejercicio pasado con un cierto optimismo en algunas categorías”.

Principales conclusiones

  • Las Big Four continúan liderando el mercado en términos salariales mientras que los despachos internacionales se reajustan al mercado.
  • Por tercer año consecutivo el salario en la categoría de Director sigue aumentando frente al resto de categorías cuyos salarios decrecen ligeramente.
  • El 2017 ha tenido una bajada de salarios, generalizada, aunque bastante moderada (en torno al 2,3%) con una única subida en la categoría de Director, si bien no demasiado significativa. Dicha bajada se aprecia en la retribución fija, siendo especialmente acentuada en las categorías intermedias y altas (en torno al 3%).
  • En la retribución fija ha habido escasa variación. Sin embargo, los variables han experimentado cambios significativos con subidas en las categorías de Asociado y Director, siendo en esta última cercana al 4%.
  • Big Four: tras un 2016 de subidas en todas las categorías, se aprecia un aumento moderado siendo más significativo en el caso de los Directores.
  • Boutiques: tras el notable aumento experimentado en 2016 respecto al año anterior, en 2017 ha habido una estabilización generalizada con subidas moderadas, siendo la más acentuada la de los Directores. La excepción viene marcada en las boutiques por la categoría de los becarios, que tras varios años de ligero decremento, en 2017 ha experimentado un significativo aumento cercano al 17%.
  • La retribución de los Paralegals ha experimentado un aumento cercano al 9% frente al decremento cercano al 10% del año anterior. En todo caso, es una figura potenciada principalmente por los despachos internacionales, y que no termina de implantarse en nuestro país.
  • Con respecto a la retribución no dineraria, la tendencia en este ámbito, al igual que los años anteriores,  es  continuista  y  se  repiten  los  mismos  esquemas  de  beneficios.  Una  de  las principales tendencias es la inclusión de seguros de salud y la implementación de planes de retribución flexible. Las Big Four continúan siendo las más innovadoras y las que más beneficios no dinerarios ofrecen.

¿Quieres ver el informe?

Sobre el estudio

El documento recoge la situación actual del mercado en materia retributiva de los abogados que integran los principales despachos en España, analizando las bandas salariales de las diferentes categorías profesionales y comparándolos con estos mismos datos, de años anteriores.

Para realizar el estudio se han tenido en cuenta tanto los despachos nacionales e internacionales como las divisiones de Tax & Legal de las Big Four, con más de 50 profesionales. Así como las boutiques legales con entre 20 y 50 profesionales. Lo que supone analizar las retribuciones que afectan a más de 6.500 profesionales.

Los datos corresponden a la remuneración para las categorías de Becario, Junior, Asociado, Asociado Senior y Director.

El estudio recoge una vez más los resultados comparativos de la retribución dineraria pero también incluye elementos de la retribución no dineraria (tickets restaurante, cheques guardería, seguro médico, seguro de vida, móvil, clases de idiomas, parking, alquiler de vivienda, cuotas de gimnasio, formación…).

USO logra una sentencia que refuerza el derecho a la reincorporación tras una excedencia2018-02-07

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha emitido una sentencia en la que se facilita el retorno al puesto de trabajo a una trabajadora de Semark Group, una vez concluido el periodo de excedencia, a consecuencia de la presentación de un recurso de suplicación por parte de nuestro sindicato, tras una primera demanda que desestimó las peticiones de la empleada. Para el TSJC, el derecho del retorno del trabajador en excedencia se sitúa por encima de los acuerdos adoptados en la negociación colectiva y es preferente a la existencia de contratación temporal o a tiempo parcial en la empresa.

El hecho juzgado es la negativa de la empresa de distribución Semark Group, propietaria de los supermercados Lupa, a la reincorporación de una trabajadora a jornada completa que había solicitado una excedencia voluntaria en el año 2014 y con fecha de reincorporación en enero de 2017. La dirección de la empresa denegó la petición de la trabajadora de incorporarse a su trabajo por “ausencia de puesto vacante”, algo muy común en este tipo de permisos y que suele dejar al trabajador con pocas opciones.

Tras varias peticiones, la empresa le ofreció a la trabajadora un puesto de media jornada en un comercio de nueva apertura en La Rioja, que fue rechazado. Finalmente, la empresa le ofrece otros puestos en establecimientos de Santander, también a media jornada, tras insistir en que no existen plazas vacantes en puestos de igual o similar categoría profesional. El asunto se traslada al Juzgado de lo Social nº 4 de Santander, que falla desestimando íntegramente la demanda de la trabajadora.

Tras estos hechos, se interpone recurso de suplicación al TSJC, que emite sentencia a través del ponente magistrado D. Ramón Gimeno Lahoz, que revoca la sentencia en primera instancia y falla el reingreso de la trabajadora en la empresa, tras constatarse que la empresa ha llevado a cabo contratos temporales de trabajo a jornada completa. El magistrado considera que la existencia de contrataciones temporales y/o a media jornada en la empresa evidencia “la existencia de necesidad de mano de obra permanente en la empresa” y que, frente a ello, “no cabe aceptar que los trabajadores temporales o a tiempo parcial tengan un derecho preferente frente a la demandante”. La sentencia afirma que la preferencia de la demandante “juega de forma decisiva ante la existencia de puestos de trabajo, por más que la transformación de empleo precario viniera impuesta por compromisos colectivos” (acordada en la negociación colectiva). El ponente se muestra duro con el comportamiento de la empresa y le subraya que el reingreso del trabajador “es una obligación empresarial que no puede ser desconocida por meros formulismos”. La sentencia concluye afirmando que “lo relevante no es el puesto de trabajo, sino la categoría, que debe ser igual o similar”.

Sentencia TSJC Excedencia Semark

Un juzgado obliga a readmitir a una mujer despedida por ausentarse para ir a un juicio por violencia de género 2018-02-06

El Juzgado de lo Social número 33 de Madrid ha declarado nulo el despido de una mujer que se ausentó de su puesto de trabajo para acudir a un juicio como víctima de violencia de género, y obliga a la empresa a readmitirla en su puesto y a abonar la cantidad de 23.000 euros por los daños materiales y morales ocasionados.

Ante estos hechos cobra más sentido el nuevo servicio #NOSPREOCUPATUVIDA que CSIF junto a CEP y asociaciones de referencia en la lucha contra la violencia de género como ALMA, AIVIG, AMAR Y NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO, ha puesto en funcionamiento en los centros laborales.

¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género están siendo despedidas o tienen dificultades para poder ejercer sus derechos laborales y son revictimizadas?
¿Cuántas de ellas ni siquiera tienen la acreditación de victima porque no han cursado la denuncia?
¿Cuántas de ellas llegan a denunciar los hechos como en este caso se ha hecho?
Todas estas preguntas no tienen respuesta, no hay datos, no hay protección no hay ayuda.

CSIF, CEP, AIVIG, ALMA, AMAR Y NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO SUMAN SUS FUERZAS CONTRA ESTA INJUSTICIA Y OFRECEN A LAS VICTIMAS ESTE SERVICIO.

Reclamamos que el PACTO DE ESTADO se aplique, reclamamos que nuestros delegados y delegadas sindicales se reconozcan legalmente, como ya se ha hecho en la Administración Pública de la Región de Murcia, para que detecten, vigilen y acompañen a las víctimas y no se repitan casos como este.

CSIF pretende cubrir el vacío asistencial que existe en los centros de trabajo ante este tipo de situaciones, que expone aún más a la víctima a peligros innecesarios en colaboración con expertos de asociaciones con trayectoria en este ámbito como ALMA, AMAR, NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO O AIVIG.

¿Cómo debe facturar un abogado o una firma de abogados un encargo profesional para ser rentable? ¿Cómo calcular el Umbral Mínimo de Rentabilidad (UMR) de un abogado o una firma?2018-02-05

Hubo un tiempo en que los abogados no hablaban de honorarios. Otros se encargaban de esa tarea. Quien operaba con la Justicia, no podía “ensuciarse” con el dinero. Eran los tiempos en que estaba prohibida la cuota Litis. También estaba prohibida la publicidad. No hace mucho de eso. Mucho menos de lo que pensáis.

Pero lo cierto es que hemos pasado al otro extremo.

¿Cuántos habéis sufrido que perdáis un encargo por precio? ¿Cuántos os habéis encontrado con abogados (o firmas) que llevan gratis un encargo profesional para captar el cliente, para ganar experiencia?

¿Recordais esta reciente noticia? ...

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/AENA-Enaire-Perez-Llorca-Uria_Menendez-Garrigues_Abogados-Cuatrecasas_0_718428199.html

¿Cómo sabemos cuándo una firma pierde dinero en una propuesta? ¿Cómo conocer en qué punto comienza nuestra rentabilidad positiva? ¿Dónde está el Umbral Mínimo de Rentabilidad de una firma de Abogados?

Comencemos distinguiendo: "Rentabilidad" no es lo mismo que "Umbral Mínimo de Rentabilidad". 

La "Rentabilidad" puede ser positiva o negativa. El UMR determina en qué punto la Rentabilidad comienza a ser positiva.

UMBRAL MÍNIMO DE RENTABILIDAD. (UMR)

El UMR hay que calcularlo partiendo de todos los gastos de un periodo. Pongamos 800K desde el (01/01) al (31/12).

Lo razonable es dividir el total de gastos por una cifra de horas que permita establecer el ratio/hora a partir del cual la firma de abogados no pierda dinero.

La pregunta es ¿por qué cifra hay que dividirlo?

PRIMERA PREGUNTA ¿Hay que incorporar (en el denominador) en el cálculo, las horas que "potencialmente" un socio es capaz de facturar a clientes en un periodo de tiempo?

La pregunta no es baladí, porque los socios "normalmente" no tienen salario y solo disfrutan de los beneficios. Y puede parecer paradójico que el cálculo del UMR,  el socio compute a efectos de la estimación de horas que es capaz de facturar, pero no compute en los gastos porque no tiene salario.

¿Por qué cifra hay que dividir los gastos totales? ¿Por todas las horas potencialmente facturables? ¿o por todas las horas, incluidas las no facturables?

Sin duda alguna, es necesario  - para conocer el UMR -  incorporar las horas de los socios, pese a que éstos, no generen costes salariales.

Un abogado trabaja (razonablemente) 8 horas al día, 200 días al año. Si, si, ya se que los estáis leyendo esto, estáis convencidos de trabajar 24X365, pero seamos serios, poned los pies en la tierra: Estamos hablando de dinero, no de lo que os duele la abogacía.

En el numerador hay que poner la cifra de gastos. Y en el denominador, las horas totales de cada trabajador, incluyendo las que un socio es capaz de trabajar.

Y ahora vamos con la segunda pregunta:

¿Debemos tener en cuenta todas las horas que trabaje cada trabajador (aprox 1600 horas: 200 días/año X 8 horas/día? ¿O solo las horas potencialmente facturables a clientes?

Es posible que la pregunta sea, a priori, difícil de entender. Y quizás la mejor forma de buscar la respuesta a esta pregunta es partir del contraste de dos ejemplos extremos:

Ejemplo 1:

Imaginad que tenemos una plantilla de 20 personas. 1 abogado y 19 administrativos. Y que los gastos anuales son 800K. ¿Es razonable pensar que el UMR sale de dividir el total de gastos por el número de horas total de la plantilla (20 empleados X 8 horas X 200 días laborables) 32.000 horas? ¿800K/32K? ¿25 euros/hora?

Ejemplo 2:

Ahora imaginad que la composición de la plantilla fuera 19 abogados y 1 administrativo?

¿El UMR es idéntico? Teóricamente sí. A partir de 25 euros/hora, teóricamente, se ganaría dinero.

¿Cómo es posible?

El UMR es idéntico, si, pero falta otro factor a considerar. Para saber si una propuesta de honorarios es rentable, o no, deben cumplirse dos requisitos:

(1) Que sea superior al UMR de la firma

(2) Que se consigan facturar, en un año, horas suficientes para cubrir los gastos.

Conclusión:

(1) El UMR sería 25 euros/hora, pero lo cierto es que el UMR por si solo no es un ratio suficiente. Pues la cifra del UMR es efectivamente 25 euros/hora, pero solo si los RRHH que tengo disponibles en la firma, me permiten alcanzar la facturación mínima.

(2) Tenemos por tanto que enlazar esa magnitud con el número de horas necesarios para cubrir costes.

¿Puede solicitar el comprador la nulidad de una cláusula suelo si se ha subrogado en un préstamo promotor? 2018-02-01

El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a dictar sentencia a favor de los consumidores en materia de cláusulas suelo, incluso en casos de subrogaciones en préstamos de promotoras por falta de información precontractual por parte de la entidad financiera.


“Esto afecta a quien se ha subrogado, es decir, ha efectuado un cambio en la persona del deudor o del acreedor. La subrogación de la persona del deudor ocurre, en la mayoría de los casos, cuando compramos una vivienda que ya tiene constituida una hipoteca por una promotora inmobiliaria o por su anterior propietario. En estos casos el comprador se subroga en la posición de la promotora o del anterior propietario y asume parte del pago de dicho préstamo”, explica Lucía Gómez Barba, abogada del despacho de abogados y economistas Sanahuja Miranda.


Estas situaciones son de lo más frecuente, como también lo es el hecho de que dicho préstamo hipotecario tenga incluido entre su clausulado un tipo mínimo de interés o, lo que es lo mismo, la famosa cláusula suelo.


“Hasta ahora, lo que alegaban las entidades financieras era que correspondía a la promotora o al anterior propietario informar al comprador de la existencia de dicha cláusula, por lo que eludían todo tipo de responsabilidad al respecto”, explica Gómez Barba.


Sin embargo, el Alto Tribunal ha revocado dichas alegaciones en su Sentencia nº 643/2017, rec. 514/2015, de 24 de noviembre de 2017 (Sala 1ª), según la cual “el hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que este se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato. Una parte considerable de las compras de vivienda en construcción o recién construida se financia mediante la subrogación del comprador en el préstamo hipotecario concedido al promotor, con modificación, en su caso, de algunas de sus condiciones. Si se eximiera a la entidad financiera de esa exigencia de suministrar la información necesaria para asegurar la transparencia de las cláusulas que regulan el objeto principal del contrato, se privaría de eficacia la garantía que para el cumplimiento de los fines de la Directiva 93/13/CEE (EDL 1993/15910) y la legislación nacional que la desarrolla supone el control de transparencia.”

“Una vez más se exige a las entidades financieras una información clara y transparente al consumidor a la hora de contratar un préstamo hipotecario”, explica -categórica- Gómez Barba.


Asimismo, el Tribunal Supremo dictó Sentencia nº 649/2017, rec. 683/2015, de 29 de noviembre de 2017 (Sala 1ª), en la que se aclara que “el sujeto que predispone no necesariamente será el sujeto denominado legalmente como predisponente en la relación contractual, sino que lo será quien incorpore cláusulas predispuestas al contrato. Si la ley exigiera que, para poder aplicar la normativa protectora, el predisponente debiera ser el autor material del contenido contractual, a éste le sería fácil eludir el régimen legal de condiciones generales mediante el encargo de la redacción a un tercero”.


En los casos de subrogación, ha sido la entidad financiera quien predispuso la cláusula suelo, en tanto que el elemento de la imposición supone, simplemente, que las condiciones generales pasan a formar parte del contrato a iniciativa de la propia entidad, correspondiendo a ésta cumplir su obligación de información clara y transparente al prestatario, es decir, el comprador debe de disponer de toda la información sobre la mesa antes de firmar un préstamo hipotecario.

Y es que, en atención a los fines de la Directiva 93/13/CEE, de la que se hace eco el Tribunal Supremo en ambos pronunciamientos, reviste de una gran importancia para todo consumidor disponer de toda la información sobre las condiciones contractuales antes de la firma del propio contrato. Debe ser el propio consumidor quien decida si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por la entidad financiera, aunque hubieran sido firmadas en un primer momento con la promotora.


En este contexto, la abogada Gómez Barba indica que “si existían temores a la hora de reclamar la eliminación de una cláusula suelo de un préstamo hipotecario y la devolución de las cantidades pagadas de más como consecuencia de su aplicación, el Tribunal Supremo se ha ocupado de aclarar dichas dudas, siendo por lo tanto perfectamente viable la interposición de demanda judicial aunque te hayas subrogado en un préstamo hipotecario firmado inicialmente por una promotora inmobiliaria”.

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de dos viudas de un soldado marroquí polígamo en el Sáhara a compartir la pensión de viudedad2018-01-31

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido el derecho a cobrar la pensión de viudedad a las dos esposas de un ciudadano marroquí polígamo que sirvió para el ejército español en el Sáhara y que percibía una paga con cargo al Estado español. La pensión, que sí tenía reconocida la primera mujer, se distribuirá a partes iguales entre las dos viudas.  El tribunal estima el recurso de casación presentado por la segunda esposa del fallecido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la resolución administrativa que le había denegado el derecho a cobrar la citada pensión.

La Sala Tercera no cuestiona su propia doctrina que fijó que la poligamia es contraria al orden público español, pero precisa que este criterio no puede aplicarse a este caso concreto porque es el propio Estado español el que, como sujeto de derecho internacional  y a pesar de la proscripción del matrimonio polígamo en nuestro ordenamiento jurídico, admite un determinado efecto a dicho matrimonio en el artículo 23 del Convenio de Seguridad Social firmado entre España y Marruecos el 8 de noviembre de 1979.  Ese artículo dispone que “la pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuida, en su caso, por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la legislación marroquí, beneficiarias de dicha prestación”.

La Sala señala que ese artículo, por la posición jerárquica que tiene en nuestro ordenamiento jurídico y por el reconocimiento que le otorga el artículo 96 de la Constitución española, “permite que por vía interpretativa” se pueda ampliar o extender la condición de beneficiarias en el régimen de clases pasivas del Estado a todas las esposas que estuvieran simultáneamente casadas, en una situación de poligamia, con el fallecido, que percibía una pensión con cargo al Estado español, y que fuesen beneficiarias de la misma según la legislación marroquí.

Por ello, el tribunal concluye que la situación de poligamia del fallecido “no impide, por razones de orden público, el reconocimiento del derecho a una pensión de viudedad  a favor de todas las esposas que, de acuerdo con su ley personal, estuvieran simultáneamente casadas con el causante perceptor de una pensión con cargo al Estado español”. Para calcular el importe que corresponde a cada una de las esposas, el tribunal se basa en ese mismo artículo -23 del citado Convenio- que acuerda que la única pensión de viudedad que se reconozca se dividirá por partes iguales entre las beneficiarias de acuerdo con la legislación marroquí.

 

Voto particular

 

La sentencia incluye un voto particular firmado por los magistrados José Luis Requero y Jorge Rodríguez-Zapata en el que expresan sus discrepancias con la interpretación que la mayoría realiza del Convenio  de Seguridad Social firmado entre España y Marruecos. En la misma línea que el abogado del Estado, que se opuso a la concesión de la pensión por ser la poligamia contraria al orden público, los magistrados defienden una aplicación restrictiva de dicho Convenio “pues lo contrario implica reconocer un derecho para quien ha estado unido matrimonialmente no ya bajo una forma matrimonial no reconocida en España, sino que se asienta sobre una base constitutiva de delito por ser contrario al sistema de valores que protege el ordenamiento español”.

Añaden que la situación social de España cuando se firmó el Convenio es muy distinta a la situación actual y señala que hoy día son varios millones las personas, que proceden de países de religión musulmana,  que viven legalmente en España. “Es necesario posibilitar su integración, lo que es compatible con la idea de que su acogida en España no debe implicar la renuncia a sus costumbres ni a su religión, pero dentro de los límites que marca nuestra cultura y nuestro sistema de valores, lo que tiene su reflejo en el orden público constitucional que protege la dignidad de la mujer”, subrayan los magistrados en su voto.

El juez de lo Penal es competente en concursos de delitos que sumados superen los 5 años, según el TS2018-01-30

La Sala II del Tribunal Supremo ha establecido que, en caso de concurso medial de delitos, cuando las penas de prisión señaladas en abstracto en cada uno de los delitos que integran el concurso no supere los cinco años, aunque la suma de las previstas en una y otras infracciones excedan de esa cifra, la competencia para su enjuiciamiento corresponde al juez de lo Penal.

Así lo ha establecido la Sala II en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional adoptado el pasado 12 de diciembre, que se recoge ahora en una sentencia que por primera vez aplica dicho acuerdo. La sentencia desestima un recurso de la Fiscalía contra un auto de la Audiencia de Pontevedra que estableció su falta de competencia, y remitió al Juzgado de lo Penal, un caso en el que la Fiscalía acusaba por delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos (castigado en abstracto con pena de 1 a 4 años de prisión), en concurso medial con delito de estafa (sancionado con pena de 6 meses a 3 años de prisión.

El Supremo explica que en los supuestos concursales, sea cualesquiera la regla específica de aplicación de la pena, la competencia la fija y determina la penalidad abstracta prevista para cada delito que integra el concurso; “siendo la alternativa propuesta por el Ministerio Fiscal, atender a la suma de la máxima prevista para cada infracción, un parámetro que no viene especificado ni en la norma sustantiva ni en la procesal”.

Recuerda la sentencia que respecto de las penas de prisión, el Juez de lo Penal, aunque sólo conozca de delitos castigados con pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años, no es infrecuente que imponga penas superiores, en supuestos de concurso real, pudiendo llegar a fijar un límite de cumplimiento (artículo 76 del Código Penal) de quince años de prisión (como consecuencia del triplo de la más grave).

Es decir, que “la competencia deferida al Juez Penal, no imposibilita la imposición de penas superior a cinco años, sino enjuiciar delitos (no concursos) cuya pena abstracta de prisión, exceda de cinco años”. Para el alto tribunal, nada obsta a que como consecuencia de un concreto concurso medial, la pena de prisión que imponga el Juez de lo Penal, sea superior a cinco años, sea siete, ocho u otra cifra hasta diez años.

El Constitucional sólo permite la investidura de Puigdemont si es en persona2018-01-29

MADRID (Reuters) - El Tribunal Constitucional condicionó la investidura de Carles Puigdemont como presidente catalán programada para el próximo martes a que reciba la autorización previa de la justicia española y se encuentre presente en el Parlamento regional.

“No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura como candidato a presidente de la Generalitat a través de medios telemáticos ni por sustitución de otro parlamentario”, dijo el alto tribunal tras la decisión adoptada por unanimidad.

El Constitucional respondió así cautelarmente al recurso presentado la víspera por el Gobierno español, aunque no decidirá si admite a trámite la impugnación que solicita el Ejecutivo central hasta que no escuche a todas las partes en los próximos diez días y haya resuelto sus dudas al respecto.

Para ello el tribunal admitirá que Puigdemont y los diputados electos de JxCat que como él están huidos de la justicia española se personen ante un juez, únicamente para que puedan ejercer su derecho de defensa.

En su cuenta de Twitter, Puigdemont celebró la resolución del tribunal. “Hasta el TC ha rechazado el fraude de ley que pretendía la Moncloa”, dijo.

“Más de uno debería pensar en rectificar y hacer política de una vez”, añadió en alusión a Rajoy, que en su cuenta en la red de micromensajería respondía que “todos los demócratas tenemos la obligación de respetar las decisiones de los tribunales”.

El ex presidente catalán, acusado de sedición y rebelión entre otros delitos, se autoexilió en octubre a Bélgica a raíz de la declaración unilateral de independencia que llevó al Gobierno central a cesar al Govern en pleno y convocar elecciones anticipadas en Cataluña.

Los comicios reflejaron la profundidad de la fractura de la sociedad catalana y revalidaron la mayoría independentista del Parlament a pesar de que los unionistas de Ciudadanos fueron la fuerza más votada. El partido de Puigdemont, JXC, fue el que que obtuvo mayor número de escaños, motivo por el que fue propuesto como candidato a president por los grupos soberanistas.

El Gobierno de Mariano Rajoy impugnó esta semana la candidatura de Puigdemont en un intento apresurado por frenar la vuelta del político independentista a la Generalitat, yendo incluso en contra del criterio del Consejo de Estado.

CCOO abre nueva vía contra las prolongaciones de jornada en el Tribunal de Justicia de la UE2018-01-26

Tras admitir las alegaciones de CCOO, la Audiencia Nacional plantea al Tribunal de Justicia de la UE que se pronuncie sobre la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo del artículo 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores definiendo si la no obligatoriedad para las empresas de llevar el registro diario de la jornada es contraria a lo establecido en la carta de derechos Fundamentales de la UE y en diversos artículos de las directivas y del Consejo del Parlamento Europeo.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado un Auto con fecha 19 de enero de 2018, en virtud del cual se ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, basándose en la Directiva 2003/88 relativa a determinados aspectos de ordenación del tiempo de trabajo y la Directiva 89/391 relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo consideró que, en virtud del art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, no es necesario que la empresa tenga un registro donde conste la jornada de cada trabajador día a día y, por tanto, sea obligatoria la existencia de un resumen mensual donde se totalice y se refleje la jornada trabajada cada día, así como que tampoco resulta obligatorio la entrega de este resumen mensual de cada trabajador a los representantes legales de los trabajadores, de conformidad con la disposición adicional 3ª del Real Decreto 1561/95 de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo.

El contenido de esta sentencia, independientemente de su acierto jurídico, ha supuesto socialmente un estimulo a muchas empresas para que se continúe con la practica social de realización de horas extraordinarias que no se pagan, ni se declaran ni se cotizan por ellas, y que muchos trabajadores hagan jornadas u horas que no cobran, dado que no existe un control objetivo y fehaciente de las jornadas que trabajan, accesible a la Inspección de Trabajo y a la representación legal de los trabajadores.

De ahí la importancia que tiene esta cuestión prejudicial, que se plantea en un conflicto colectivo promovido por la Federación de Servicios de CCOO contra la entidad financiera Deutsche Bank SAE.

Ya en la citada demanda se sugería que los mandatos del derecho comunitario y la exigencia de aplicar medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores, implicaban la adopción de instrumentos que verifiquen el cumplimiento efectivo de la jornada legal y que pongan coto a los abusos en los excesos de jornada no declarada ni retribuida y, en este sentido, en la propia demanda se sugería que el sistema de registro de la jornada diaria a que se refiere el 35.5 debía ser aplicado con carácter general, como único método para establecer cuando existen horas extras y cuando no.

Asimismo, en la demanda se planteaba que si solo se implanta el registro cuando se hacen horas extras, no se implantará en la práctica ni en la realidad ningún registro cuando estas horas extras no se declaren ni se coticen por ellas.

Por ello, el Auto analiza con detenimiento el contenido de las Directivas Comunitarias y las interpretaciones efectuadas hasta ahora y plantea que el único medio de comprobar si se excede o no la jornada de trabajo es el registro diario de la misma durante el periodo de referencia, que es anual. Asimismo, establece que el propio art. 12.4 del Estatuto de los Trabajadores impone en este caso con absoluta claridad la obligación de registrar la jornada diaria de los trabajadores a tiempo parcial, sucediendo lo mismo con los trabajadores móviles, de la marina mercante y ferroviarios y, por lo tanto, la conclusión racional consiste en que para comprobar si se producen o no excesos de jornada el instrumento a utilizar es el registro diario de la misma.

Igualmente, el Auto plantea que este registro es la manera de comprobar este exceso por parte de los representantes de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo, y a la vez es la manera de garantizar la efectividad del cumplimento de los mandatos relativos a ordenación del tiempo de trabajo previstos en la Directiva.

Por ello el Auto formula tres interrogantes que deben ser resueltos por el TJUE como cuestión previa (prejudicial) para poder resolver la pretensión sobre obligación de registro diario de la jornada:

El primero es si debe entenderse que por parte del Reino de España a través de los arts. 34 y 35 del Estatuto, según viene siendo interpretado por la doctrina jurisprudencial, ha adoptado o no las medidas necesarias para garantizar la efectividad de las limitaciones de la duración de la jornada de trabajo y del descanso semanal y diario, que establecen los arts. 3, 5 y 6 de la Directiva 2003/88.

El segundo consiste en si deben interpretarse las normas comunitarias en el sentido de que se oponen a una normativa nacional interna, como la contenida en los arts. 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores, en los términos en que estas dos disposiciones legales han sido interpretadas por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, y si no cabe deducir de este derecho comunitario que resulta exigible no solo a los trabajadores a tiempo parcial, ferroviarios, de marina mercante y de trabajadores móviles, sino también a los de tiempo completo, la existencia de un control diario de la jornada trabajada.

El tercer interrogante es si debe entenderse que el mandato perentorio dirigido a los Estados miembros, de limitar la duración de la jornada de trabajo de todos los trabajadores en general, implica la necesidad de utilizar un sistema de verificación de los excesos de jornada, como el establecido para los trabajadores a tiempo parcial, móviles y ferroviarios y que según el Tribunal Supremo no está establecido para los trabajadores a tiempo completo.

¿Quiere leer el auto?

Un comercio deberá pagar 22.000 euros por vender un móvil con fotografías personales de un usuario anterior2018-01-25

El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander ha condenado a una cadena de electrodomésticos al pago de una indemnización de 22.000 euros por exponer en un stand para su venta un teléfono móvil reacondicionado que contenía archivos fotográficos de una usuaria anterior.

En una sentencia recientemente notificada, el titular del Juzgado estima la demanda presentada por la propietaria de las imágenes, quien conoció que sus fotografías estaban expuestas al público porque una amiga vio el aparato a la venta.

Según testificó quien descubrió las imágenes, con una simple manipulación del teléfono se podía acceder a numerosos archivos fotográficos de su amiga, en algunos de los cuales, además, aparecían sus hermanos, menores de edad.

No pudo vaciar el teléfono antes de devolverlo

Según explica la sentencia, el padre de la demandante adquirió un teléfono en junio de 2014 que al poco tiempo sufrió una avería, por lo que fue repuesto por otro terminal.

En las semanas siguientes se volvió a averiar y la cadena le proporcionó un tercer teléfono.

Tras ser utilizado por la demandante, en septiembre de ese mismo año se estropeó y la mujer decidió devolverlo y recuperar el dinero pagado por él.

El terminal fue entregado en el comercio con todos los datos y fotografías de la que fue su usuaria hasta ese momento, ya que la avería consistía precisamente en que no podía encenderse.

Tras ser reparado, el aparato fue expuesto al público como teléfono restaurado, y en febrero del año siguiente una amiga de la usuaria contactó con la demandante porque el teléfono móvil que estaba viendo en un expositor del comercio tenía fotografías suyas y de sus familiares.

Al conocer esta circunstancia, la titular de las imágenes presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, que sancionó a la cadena con 2.000 euros, y la demanda de reclamación de cantidad que estima la sentencia ahora notificada.

Grave intromisión ilegítima en su honor

La demandante reclamaba una indemnización a la cadena de electrodomésticos por considerar que había realizado una intromisión ilegítima en su honor al poner a la venta un móvil con sus fotos sin su autorización.

Por el contrario, el comercio alegó que sólo se quedaron en la memoria del teléfono dos fotografías –lo que fue negado después por la testigo- y que la propietaria de las mismas exponía esas mismas fotos y otras en una red social.

Consideraba el demandado que la infracción era mínima, que no podía hablarse de perjuicio y que la cantidad reclamada era excesiva.

Sin embargo, el juez rechaza las tesis del comercio y sigue el criterio del Tribunal Supremo, que confirmó la condena a una cadena de supermercados a pagar 12.000 euros por poner a la venta un ordenador con la fotografía de un menor como salvapantallas, imagen que pertenecía al hijo del anterior comprador, que había devuelto el computador porque no se podía encender.

Explica el magistrado de Instancia nº 7 que poner a la venta el teléfono “mostrando gran variedad de fotos familiares de su anterior usuaria sin su consentimiento e incumpliendo su obligación de previo borrado supone una grave intromisión ilegítima en su honor” y “vulnera claramente su intimidad”.

Fotografías colgadas en una red social

Por otro lado, en respuesta a la alegación del comercio de que la usuaria muestra públicamente imágenes suyas en una red social, señala la sentencia que en ningún caso justifica que lo haga el establecimiento.

“Publicar algunas fotos en un perfil público de una red social no implica una renuncia general a la intimidad y la propia imagen, ni tampoco una autorización universal para el uso de sus imágenes captadas en cualquier momento, situación o dispositivo”, explica el juez.

Y añade que “para el uso público y comercial de cualquier imagen personal debe existir un consentimiento expreso del afectado”.

Por último, se refiere el magistrado a la responsabilidad sobre el borrado de las imágenes. Considera que “no se puede imputar a la demandante imprudencia alguna por no haber vaciado la memoria de su móvil antes de devolverlo, toda vez que su avería consistía en que no podía ser encendido, por lo que la única responsabilidad debe recaer en la demandada”.

Así, decide estimar la demanda y fijar una indemnización de 22.000 euros: 6.000 para la usuaria y 16.000 para sus padres, por la vulneración del derecho de imagen de los hermanos menores de edad de la demandante.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

Reconocido como accidente de trabajo el acoso psicológico de alumnos hacia una profesora2018-01-24

La justicia ha reconocido como accidente de trabajo la baja laboral de una profesora de Educación Secundaria ocasionada a raíz del hostigamiento psicológico ejercido hacia ella por varios alumnos de un instituto situado en Peñafiel (Valladolid). La sentencia en sí es especialmente relevante, ya que si bien no es firme, supone un precedente para que trabajadoras y trabajadores dedicadas a la docencia u a otras profesiones con riesgo por agresiones (ejemplos: profesionales sanitarios, personal de seguridad, etc.) vean reconocidos en un futuro daños similares como accidentes de trabajo.

La Sentencia procede del Juzgado de lo Social número 1 de Palencia. En el primer trimestre del curso escolar 2016/2017, la profesora emite numerosos partes de incidencia sobre varios de sus alumnos. Uno de ellos es expulsado reiteradamente, llegando a ser condenado por el Juzgado de Menores de Valladolid como autor de un delito leve de amenazas hacia la docente en cuestión. Concretamente, en los partes de incidencias sobre este alumno la profesora manifiesta que interrumpe constantemente sus clases, sale de ellas sin permiso, le falta al respeto de forma continuada e incluso le ha llegado a decir que ya ha logrado en otro centro que una profesora se marchara y que la siguiente va a ser ella.

El 9 de enero de 2017 la profesora inicia baja laboral con un diagnóstico de ansiedad, según el parte médico, el cual indica también problemas laborales, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, irritabilidad, alteración del sueño y miedo a regresar al puesto de trabajo. La Inspección Médica le informa sobre la posibilidad de acceder al protocolo de actuación ante situaciones de violencia en el trabajo si lo requiere.

En marzo de 2017, la Junta de Castilla y León emite un parte interno de comunicación de accidente por “imposibilidad psicológica de afrontar tareas docentes” y solicita a Ibermutuamur que en el caso descrito atienda a la trabajadora por accidente de trabajo al ejercer tareas de docencia. El INSS declara de carácter común el proceso de incapacidad temporal de la trabajadora, al entender que no se aprecia una conclusión concluyente entre el diagnóstico del estado de ansiedad y el desempeño de su actividad laboral.

La trabajadora, en desacuerdo con la decisión del INSS, interpone demanda judicial en defensa de sus derechos. El Juzgado de lo Social número 1 de Palencia considera las pruebas documentales presentadas por la demandante (integradas por el parte médico aportado, los partes de incidencias y la denuncia ante la Fiscalía de Menores), los testimonios de sus compañeros de trabajo ratificando la conflictividad de algunos de los alumnos, así como el hecho de que la Junta de Castilla y León -como empleadora– reconoce la situación de conflicto en el ámbito laboral por supuesta existencia de situaciones de violencia en el trabajo. En base a ello estima probado que sí existe relación causal entre el daño sufrido (ansiedad) y el trabajo realizado por la profesora, considerándolo accidente de origen laboral y condenando a las partes demandadas (en este caso, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, Ibermutuamur, el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social) a satisfacer las prestaciones derivadas de la contingencia profesional.

En relación a lo anteriormente indicado, cabe señalar la importancia de sentencias como la descrita en el contexto laboral presente, fuertemente sacudido por la intolerable crueldad de la violencia en el trabajo y por la tendencia de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social y el INSS desde la entrada en vigor de la actual normativa en materia de incapacidad temporal a poner trabas al reconocimiento de daños de origen laboral.

La Federación de Enseñanza de la USO considera que esta sentencia viene a reforzar el papel del profesor como autoridad en el centro educativo y defiende que es necesario que se ampare desde un punto de vista legal la autoridad del profesor para que sea la ley la que refuerce esta autoridad y que no tengan que ser los tribunales quienes reconozcan esa autoridad. Esta ley debe reconocer a todo el profesorado en su conjunto, con independencia de la naturaleza jurídica del centro en el que desempeñe sus funciones, defienden desde FEUSO.

El Sepblac tramitó 4.990 operaciones sospechosas en 2016, un 4,9% más que el año anterior 2018-01-23

obligados.

 

Las estadísticas publicadas ponen de relieve la creciente conciencia de los diferentes sectores en la necesidad de prevenir estos delitos.

Las comunicaciones por indicio remitidas por parte de las entidades financieras suponen el 78,6% del total en 2016. En el caso de los bancos, los asuntos remitidos al Sepblac ascienden a 2.646.

La configuración del sistema financiero español se ha visto directamente afectada por el proceso de reestructuración bancaria, lo que ha tenido su reflejo directo en las cifras sobre comunicaciones remitidas al Sepblac. De ahí que las cajas de ahorros solo hayan enviado cinco comunicaciones por indicio en 2016, lo que viene motivado por la práctica desaparición de esta clase de entidades.

Las entidades no financieras reportaron el 18,5% del total de las comunicaciones en 2016. Durante los últimos años, se ha producido un incremento paulatino por parte de estas entidades profesionales de carácter no financiero, que en 2016 han aumentado un 41% frente al ejercicio precedente, hasta alcanzar las 922 comunicaciones. En especial, los notarios y registradores siguen desempeñando un importante papel en el sistema español de prevención de blanqueo de capitales.

No solamente las comunicaciones y alertas de operaciones proceden de entidades privadas, sino que el número de alertas generadas por los organismos públicos sigue creciendo de forma significativa en los últimos dos años. En 2016, alcanzaron las 94, lo que supone un incremento del 88% frente al año previo y mucho más elevado que las 12 comunicaciones de 2012.

En cuanto a los informes de inteligencia distribuidos por el Sepblac a otras autoridades y organismos, destaca el alza en el envío de información a la Policía Nacional (2.663 comunicaciones, un 12% más), a la Guardia Civil (1.376 comunicaciones, un 4,5% más) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (1.084 comunicaciones, en línea con 2015).

Por lo que se refiere al ámbito de investigación por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el número de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales varía muy ligeramente entre 2012 y 2014, con un incremento total en este periodo de cuatro años de un 10%. En 2015 y 2016 este número se ha incrementado un 10% respecto a 2014 y casi un 25% respecto de 2012, según la información facilitada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha publicado estas estadísticas, referidas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por cuarto año consecutivo. Los datos son aportados por diferentes agencias y organismos, entre los que se encuentra el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

La Comisión de Prevención, presidida por la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y participada por diferentes agencias, instituciones y departamentos como el Banco de España, el Ministerio del Interior, la AEAT, la AEPD o el Consejo General del Poder Judicial, es el máximo órgano de coordinación de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de la que depende el Sepblac.

El Sepblac es la Unidad de Inteligencia Financiera española y la Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se trata de un organismo inter-agencia, en el que se encuentran destinados empleados del Ministerio de Economía, Banco de España, Agencia Tributaria, Policía y Guardia Civil.

El Tribunal Supremo rebaja la pena a una enfermera que accedió al historial clínico de su exyerno obcecada por la seguridad de sus nietos2018-01-22

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado a 2 años de prisión, 4 años de inhabilitación absoluta y multa de 1.080 euros la condena impuesta a una enfermera de un centro de salud de Cáceres que, obcecada por la seguridad de sus nietos, accedió a los historiales clínicos del padre de los menores –fruto de una relación anterior con la hija de la procesada- y de su esposa –que eran médicos anestesistas- para comprobar si tenían problemas de adicciones. La Sala considera que “los estímulos tan poderosos por los que actuaba, no sólo no contrarían las normas socioculturales, sino que atienden a un bien normativo constitucionalizado como es el interés del menor, y además actúa ante la creencia de un peligro inminente y constante, creencia pues de una causa de justificación”.

La Sala de lo Penal ha estimado el recurso de casación interpuesto por la condenada y ha anulado de forma parcial la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que le impuso una pena de 3 años y 8 meses de prisión, 5 años de inhabilitación y multa de 2190 euros por dos delitos continuados de descubrimiento de secretos cometidos por funcionario público, con las atenuantes de obcecación y reparación del daño. Por el contrario, ha desestimado los recursos interpuestos por el matrimonio cuyos historiales consultó la enfermera sin permiso.

La sentencia recurrida consideró probado que la condenada, que era enfermera en el Centro de Salud “Manuel Encinas” de Cáceres, accedió en más de un centenar de ocasiones, desde 2011 y hasta 2015, al historial clínico del padre de sus nietos y de su esposa, que trabajaban como anestesistas en el Servicio Extremeño de Salud. Él tenía problemas de adicciones por las que estuvo de baja y de las que tuvo que ser tratado por el Equipo de Salud Mental.

Todo ello generó en la acusada una intensa preocupación por el bienestar de sus nietos cuando se encontraban en compañía de su padre, temiendo por la seguridad de éstos, llegando a convertirse en una verdadera obsesión, que le producía un importante estado de ansiedad, según los hechos probados. Con el ánimo de tratar de proteger a los dos menores, accedió a los historiales clínicos de ambos facultativos, ya que la acusada sospechaba que la mujer también tenía adicciones, sin que haya quedado acreditado que hubiera trasladado dicha información a terceros. La acusada depositó en el juzgado 1.200 de los 1.500 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Cáceres en concepto de responsabilidad civil.

En su recurso, la enfermera condenada había pedido la rebaja de la pena en dos grados y no en uno como hizo la sentencia recurrida atendiendo al número y a la entidad de las atenuantes aplicadas. El tribunal explica que la sentencia recurrida, aunque apreció las dos atenuantes, omitió en su motivación elementos que revelan una menor culpabilidad y una relevante menor antijuridicidad, por lo que accede a la petición de la defensa, fijando la nueva pena en la que había solicitado el Ministerio Fiscal en la instancia.

La Sala afirma que las omisiones que tienen “más trascendencia” se produjeron en la relevancia e intensidad de la atenuante de obcecación, cuando la propia sentencia recurrida indica que la acusada presenta “un proceso adaptativo con ánimo bajo y ansiedad, secundario a problemas familiares, que requirió tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos e incapacidad laboral, añadiendo que, desde entonces, el trastorno se ha agudizado en varias ocasiones, continuando en la actualidad con tratamiento farmacológico; de donde concluye que ciertamente, es difícil de comprender e interpretar la conducta realizada por la acusada a lo largo de los años en que de forma continuada vino accediendo a los historiales clínicos de los querellantes, haciéndolo ya de una forma que no cabría sino calificar de obsesiva y propia de una fijación cuasi enfermiza”.

El tribunal recuerda que la propia resolución recurrida es la que narra que la acusada actuaba movida por un estado obsesivo que ha terminado afectando a su conducta, desconectándola de los parámetros de la normalidad, funcionando como tal la creencia de la que las adicciones del padre de su nieto y las que también atribuía a su pareja, como explicó en el plenario, iban a suponer un peligro inminente y constante para sus nietos, temiendo por la seguridad de éstos ante comportamientos desajustados que pudieran protagonizar aquéllos. Sobre todo, precisa la Sala, cuando en el propio relato de hechos probados contiene que el acceso a los datos reservados, lo realizaba con el ánimo de tratar de proteger a sus nietos.

¿Pueden ser sometidos a las contribuciones sociales francesas los rendimientos del patrimonio?2018-01-19

En varias sentencias dictadas en 2000 [1] y en 2015, [2] el Tribunal de Justicia examinó si dos contribuciones sociales francesas (la contribución social generalizada -«CSG»- y la contribución para el reembolso de la deuda social -«CRDS»-) podían gravar los salarios, las pensiones, las prestaciones de desempleo y los rendimientos del patrimonio de trabajadores que, a pesar de residir en Francia, estaban sujetos a la legislación de seguridad social de otro Estado miembro (generalmente porque ejercían una actividad profesional en este último Estado).

El Tribunal de Justicia declaró que las dos contribuciones referidas tenían una relación directa y suficientemente relevante con la seguridad social, ya que su objeto específico y directo era financiar la seguridad social francesa o amortizar los déficits del régimen general de seguridad social francés. Estimó que la recaudación de dichas contribuciones a cargo de los trabajadores afectados era incompatible tanto con la prohibición de acumulación de las legislaciones aplicables en materia de seguridad social (Reglamento n.º 1408/71) [3] como con la libre circulación de los trabajadores y la libertad de establecimiento. En efecto, dado que las personas afectadas están sujetas, en su calidad de trabajadores migrantes, a la seguridad social en el Estado miembro en el que están empleados, sus rendimientos, ya provengan de una relación laboral ya de su patrimonio, no pueden ser sometidos en el Estado miembro de residencia (en este caso, Francia) a gravámenes que presenten una relación directa y suficientemente relevante con las ramas de la seguridad social.

En el marco de la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2015, la administración tributaria francesa reembolsó los gravámenes recaudados indebidamente. No obstante, precisó que el derecho a reembolso quedaba reservado únicamente a las personas físicas afiliadas a los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE) y de Suiza, excluyendo de este modo a las personas físicas afiliadas a un régimen de seguridad social en un tercer Estado.

En el presente asunto, el Conseil d'État francés plantea ante el Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial con el fin de que se determine si dicha exclusión es conforme al Derecho de la Unión. Concretamente, la persona que desea obtener el reembolso de los gravámenes impuestos a los rendimientos de su patrimonio (rendimientos inmobiliarios y plusvalía obtenida por la venta de un inmueble) es un nacional francés, el Sr. Frédéric Jahin, que reside y trabaja en China, país en el que está afiliado a un régimen privado de seguridad social.

1[1] Sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de febrero de 2000, Comisión/Francia (asuntos C-34/98 y C-169/98; véase CP n.º 9/00).
[2] Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 2015, de Ruyter (asunto C-623/13; véase el CP n.º 22/15).
[3] Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), modificado, a su vez, por el Reglamento (CE) n.º 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO 2006 L 392, p. 1).

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia considera que la exclusión de que se trata constituye una restricción a la libre circulación de capitales, dado que los nacionales de la Unión afiliados a un régimen de seguridad social de otro Estado miembro de la UE o del EEE o de Suiza disfrutan de un trato fiscal más favorable (en forma de exención o de reembolso de los gravámenes citados) que el reservado a los nacionales franceses que residen en un tercer Estado y están afiliados a un régimen de seguridad social en dicho Estado (en este caso, China).

No obstante, el Tribunal de Justicia estima que esta restricción está justificada en el presente asunto, en la medida en que existe una diferencia objetiva entre, por una parte, un nacional francés que, como es el caso del Sr. Jahin, reside en un tercer Estado en el que está afiliado a un régimen de seguridad social y, por otra parte, un ciudadano de la Unión afiliado a un régimen de seguridad social de otro Estado miembro, puesto que sólo este último puede beneficiarse del principio de unicidad de la legislación en materia de seguridad social, en razón de su desplazamiento en el interior de la Unión. Al no haber hecho uso de la libertad de circulación en el seno de la Unión, el Sr. Jahin no puede invocar dicho principio. De ello resulta que los rendimientos del patrimonio de los nacionales franceses que trabajan en un Estado que no sea un Estado miembro de la UE o del EEE o Suiza pueden someterse a las contribuciones sociales francesas.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La vía judicial es el último recurso para reclamar infracciones laborales2018-01-18

La relación entre empleado y trabajador no es siempre sencilla, pues si bien ambas partes buscan hacer lo mejor para que la empresa funcione, también tratan de luchar por sus propios intereses, algo que a menudo se ha de resolver con asesoría legal de por medio.

Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados, recuerda que, según el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, “son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional para el empleo, de trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente ley”.

En este sentido, a la hora de realizar una reclamación laboral, los pasos a seguir no siempre son los mismos, aunque el trabajador cuenta con vías de actuación suficientes como para solucionar el conflicto.

1.       Representantes de los trabajadores. El primer paso siempre debería ser el de tratar de solucionar el conflicto dentro de la propia empresa con la mediación de los representantes de los trabajadores, que han de hacer que se cumplan las normas en derechos laborales. Además, los sindicatos también pueden poner a disposición del trabajador mecanismos para denunciar, por lo que si es posible utilizar también esta vía, debería hacerse.

2.       Buzón de lucha contra el fraude laboral. La página web que el Ministerio de Empleo pone este buzón a disposición del ciudadano para que pueda notificar de forma anónima las infracciones o conductas fraudulentas que detecte en su empresa. La información que se envía mediante esta plataforma llega a Inspección de Trabajo para su análisis y poner en marcha los procedimientos oportunos.

 3.       Denunciar ante la Inspección de Trabajo. En este caso el sujeto que la presente deberá identificarse. Este organismo está encargado de velar por que se cumplan las leyes en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y cuenta con tres formas de actuar:

  • Por iniciativa propia.
  • Por petición de otros órganos administrativos.
  • Por denuncia de los ciudadanos.

4.    Vía judicial. La última opción para reclamar los derechos laborales de los ciudadanos en su entorno laboral es a través de los Juzgados de lo Social. Deberá presentarse la "Papeleta de conciliación laboral", documento necesario para demandar a la empresa por infracción laboral y comenzar con el proceso judicial.

El CGPJ aprueba las ternas de candidatos a tres plazas de magistrado del Tribunal Supremo2018-01-17

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó el lunes las ternas de candidatos a tres plazas de magistrados del Tribunal Supremo: una en la Sala Segunda, vacante por la jubilación de José Ramón Soriano Soriano; otra en la Sala Tercera, vacante por la jubilación de Pedro José Yagüe Gil; y una más en la Sala Cuarta, vacante por la jubilación de José Luis Gilolmo López. 

Para la primera de las plazas, correspondiente al turno de carrera judicial previsto en los artículos 343 y 344 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la terna está compuesta por los siguientes candidatos: 

  • Manuela Fernández Prado, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
  • Javier Hernández García, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona
  • Ángel Luis Hurtado Adrián, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
  • Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid
  • Vicente Magro Servet, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid
  • Susana Polo García, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

Abstención del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ 

La Comisión Permanente también aprobó la terna de candidatos a una plaza de magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de especialistas previsto en los artículos 343 y 344 a) de la LOPJ.

En este caso, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no ha intervenido en la selección de los candidatos, ya que previamente ha presentado un escrito comunicando su decisión de abstenerse de participar “en todo acto, trámite o decisión” relacionados con este proceso selectivo por razón de su amistad con uno de los aspirantes, Fernando Román García, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.2.c) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

 Lesmes ya se abstuvo de participar, por los mismos motivos, en el procedimiento de elección de un magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que tuvo lugar en enero de 2016, puesto al que también optó Román y para el que el Pleno del CGPJ eligió a Rafael Toledano Cantero. 

La terna aprobada para la plaza convocada está compuesta por los siguientes candidatos: 

  • Jesús María Calderón González, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • José Luis Gil Ibáñez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • Fernando de Mateo Menéndez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • Fernando Román García, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • María Alicia Sánchez Cordero, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • Santiago-Pablo Soldevila Fragoso, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 

Candidatos a magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 

Por último, la Comisión Permanente aprobó la terna de candidatos a una plaza de magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, correspondiente al turno general  previsto en los artículos 343 y 344 b) de la LOPJ. 

Los candidatos seleccionados son los siguientes: 

  • Ricardo Bodas Martín, magistrado de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
  • María Luz García Paredes, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
  • Juan Carlos Iturri Gárate, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
  • Francisco Javier Lluch Corell, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
  • Juan Molins García-Atance, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
  • Sara María Pose Vidal, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

El Pleno del CGPJ elegirá a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo en su reunión del próximo día 25.

Las aseguradoras ofrecen indemnizaciones a la baja en la mayoría de los casos por accidente2018-01-16

Reclamar una indemnización a una compañía de seguros en caso de accidente de tráfico no siempre resulta sencillo, pues las aseguradoras acostumbran a ofrecer cantidades insuficientes por las lesiones sufridas y, además, aplican procesos de análisis de cada caso muy minuciosos para evitar situaciones de fraude. En este sentido, en el supuesto de haber sido víctima de un accidente de tráfico, la reclamación tendrá que estar basada en dos elementos clave: la culpabilidad y la gravedad de las lesiones.

Por un lado, la culpabilidad o no del asegurado en el accidente será el factor que decidirá si hay caso o no, es decir, si puede reclamar una indemnización o no. Para ello será necesario contar con el parte de la autoridad competente, o bien con un parte amistoso correctamente cumplimentado y firmado por las partes. También tendrán importancia los testimonios de eventuales testigos, así como las fotografías que se puedan haber tomado en el momento y lugar del accidente. Por otra parte, el informe de urgencias será una prueba de mucho peso a la hora de llevar a cabo la reclamación de indemnización por lesiones.

“Suele ser habitual que las aseguradoras ofrezcan indemnizaciones insuficientes a las personas que han sido víctimas de algún accidente de tráfico aprovechándose de su falta de conocimientos sobre la materia y sobre los baremos de compensación económica entre los que se mueven estas compañías dependiendo de las lesiones sufridas. Por eso es importante contar con el correspondiente asesoramiento legal a la hora de realizar la reclamación”, indica Fernando Sanahuja, abogado y socio de Sanahuja Miranda.

¿Cuáles son los pasos a seguir para recibir una indemnización?

  • Reclamar a la compañía aseguradora del vehículo causante y hacerle entrega de los correspondientes informes médicos de los que se disponga.
  • Recibir la visita de los servicios médicos de la aseguradora a la que se le está reclamando la indemnización. Este paso será obligatorio.
  • Una vez el asegurado haya sido sometido a las correspondientes pruebas médicas, la aseguradora le hará llegar una oferta desglosada basada en el informe médico realizado por la compañía.

En el caso de que no se estuviera conforme con la propuesta de indemnización recibida, el asegurado podría acudir al Instituto de Medicina Legal, donde de forma imparcial se analizarán las lesiones y se emitirá un informe que pagará la aseguradora. Si el documento diera más importancia a las lesiones, se debería renegociar una nueva indemnización al alza. En el caso de no estar conformes con el informe del Instituto de Medicina Legal, el reclamante podría solicitar los servicios de un perito para fundamentar su estrategia legal por la vía judicial.

Eso sí, el reclamante tendrá que saber en todo momento que un intento de fraude a la compañía de seguros puede llegar a acarrear penas de prisión. De hecho, el de automóviles es el segmento en el que son más habituales los intentos de fraude por la simulación de robo de vehículos (4 de cada 100 casos) o por tratar de agravar los daños o lesiones corporales producidas en un accidente (6 de cada 100).

Un despacho logra una sentencia pionera en España a favor de un empresario contra Hacienda2018-01-15
  • El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz da la razón a un empresario que había recibido la visita de una inspección de la Agencia Tributaria, en este caso, con autorización judicial previa para la entrada
  • Lo novedoso de esta sentencia es que, a pesar de que existía un auto judicial previo autorizando la entrada, por diversos motivos, las actuaciones han sido consideradas ilegales por lesionar los derechos del contribuyente.

La firma gaditana, Alfonso Jiménez Abogados, ha obtenido una sentencia por la que se anulan las actuaciones realizadas por la Inspección de Hacienda, en concreto el volcado de datos informáticos en la sede de la empresa, y se establece la obligación de devolver los datos obtenidos al empresario.

En este caso, la Administración Tributaria realizó una visita a la sede social de una empresa de la provincia de Cádiz, dentro de un procedimiento inspector, habiendo obtenido previamente autorización judicial de entrada y estando presente el representante de la sociedad, procediendo a intervenir los equipos informáticos, tras las indicaciones recibidas de los representantes de la administración tributaria, en el sentido de que no cabía oposición a la actuación porque había sido autorizada previamente por el órgano judicial oportuno.

Tras la actuación del bufete gaditano, el Juzgado, inicialmente, aprobó la adopción de medidas cautelares, impidiendo a la Inspección el poder examinar los datos tomados de los ordenadores durante el transcurso del procedimiento.

Posteriormente, en el proceso principal, se ha logrado obtener el dictado de una sentencia por la que se anula la actuación de la Agencia Tributaria por haberse excedido en sus atribuciones, y ordenando la devolución de los datos tomados de sus ordenadores.

Cabe recordar que Hacienda puede acceder sin problema legal a los ordenadores de una empresa y extraer toda la información que considere relevante para realizar la inspección. No obstante, queda fuera de esta posibilidad de acceso directo aquellos ordenadores que se encuentren en el “domicilio constitucionalmente protegido”, para lo que hace falta, o el consentimiento previo y expreso del titular para el acceso de la inspección o, en su defecto, la correspondiente orden judicial.

“Articularemos las medidas necesarias para aliviar la situación de dificultad y de desamparo que están sufriendo muchos compañeros”2018-01-12

La del pasado 13 de diciembre fue una jornada agridulce para José María Alonso. La alegría por haber logrado el apoyo de la Abogacía Madrileña para ser su nuevo decano, se vio en parte ensombrecida por los tristes incidentes acaecidos en el hall del hotel, por la presunta agresión física y verbal que sufrió la decana saliente, Sonia Gumpert. A la espera de lo que sobre estos hechos resuelvan los tribunales, Alonso, que desarrolla su actividad profesional como socio de Baker Mckenzie, prefiere mirar hacia el futuro y comenzar a trabajar desde el minuto uno “para que los resultados de nuestra gestión sean percibidos a la mayor brevedad por la Abogacía madrileña”.

¿Qué balance puede ofrecernos acerca de la campaña electoral y la propia jornada de las elecciones?

Pues fíjese, es mi deber y mi responsabilidad superar las diferencias entre compañeros que se han podido manifestar en campaña y mirar adelante. ¿Habría preferido que determinadas formas o acusaciones infundadas no hubiesen estado presentes semana tras semana? Pero pienso que precisamente uno de los elementos que contribuyeron a que nuestra candidatura tuviese el apoyo mayoritario de la Abogacía madrileña, fue un estilo claro y un discurso permanentemente positivo y constructivo que nos permitió visualizar nuestro programa como el más completo y el más ambicioso. De la jornada electoral quiero hacer la reflexión de un índice de participación manifiestamente mejorable que desde este preciso momento, y a esta Junta de Gobierno,  llevará a poner todos los medios para que en los próximos comicios sea más o mucho más elevado.

¿Cuál es su versión de lo ocurrido el 13 de diciembre y la denuncia por agresión que ha terminado en los tribunales?

En relación con los desgraciados hechos denunciados en el hall del hotel, lo primero que quiero dejar claro es que fueron enteramente ajenos al limpio desarrollo del proceso electoral. Desde luego, esta Junta de Gobierno quiere manifestar su más enérgica condena de toda forma de violencia verbal o física que se haya podido producir, máxime, y por razones obvias y evidentes, si ha podido afectar a la que ha sido primera autoridad de la institución colegial. Esta Junta de Gobierno entrante no puede sino quedar a expensas de lo que decidan las autoridades judiciales competentes en relación con dicho lamentable episodio, en la medida de que la incoación de un procedimiento penal impide la iniciación de cualquier otra actuación sobre la misma materia.

Se está instalando una auténtica controversia en las elecciones al ICAM, más después de este desgraciado episodio. ¿Cree que esto puede llegar a modificar los proyectos que tiene en su programa como decano?

En absoluto. Como he anunciado, esta Junta de Gobierno va a afrontar de manera inmediata, con libertad de criterio y decisión, los hechos producidos, que son graves y trascendentes al afectar negativamente al Colegio como institución y a la Abogacía en su conjunto. Dicho esto, créame que, empezando por este Decano, estamos llenos de ilusión, estamos llenos de ideas, no tenemos tiempo que perder. Este proyecto de cambio está en marcha desde este preciso instante, y los resultados de nuestra gestión tienen que ser percibidos a la mayor brevedad por la Abogacía madrileña. Es nuestro compromiso y es nuestro contrato.

De más de 77.000 abogados que están en el censo, acudieron a votar menos de 6.000, con una bajada importante en la participación respecto a las anteriores elecciones. ¿Qué reflexión le merece esto?

Como le he anunciado, queremos y creemos en que el colegiado se involucre verdaderamente en la vida del ICAM. Pero para eso hay muchas cosas que cambiar. Cuando el abogado vea que la institución le resulta útil, que le está devolviendo y con creces lo que aporta con una cuota que cuesta tanto pagar en muchos casos, entonces nos aseguraremos de que la movilización en los futuros comicios sea algo casi natural, que venga por inercia. Ahora bien, no le quepa la menor duda que esta Junta de Gobierno trabajará activamente para introducir las adecuadas modificaciones en el sistema de voto por correo y telemático con un solo fin: facilitar el ejercicio del derecho al voto, porque así le daremos una mayor profundidad democrática al Colegio, y porque así todos saldremos ganando.

En su equipo de gobierno hay varios miembros de grandes firmas, y es algo de lo que se han servido sus adversarios durante la campaña para evidenciar que no sabrán ocuparse del abogado más modesto. ¿Qué puede decir al respecto?

Hasta puedo llegar a comprender que, en campaña, se haya abusado de la propaganda respecto de determinadas cuestiones dejando a un lado la verdad de los hechos. Pero es una satisfacción que la mayoría de colegiados haya distinguido lo primero de lo segundo. En primer lugar, nuestra idea es la de hacer más grande y más importante un ICAM que sea solidario, muy humano. En segundo término, eso significa que vamos a articular todas las medidas posibles y necesarias para aliviar la situación de dificultad y de desamparo que están sufriendo muchos compañeros, y ante los que vamos a ser especialmente sensibles, y este Decano en primera persona. Pero es que le termino diciendo, por ir directo a su pregunta, que esas grandes firmas a las que usted se refiere se han comprometido con esta nueva Junta de Gobierno a ayudar generosa y altruistamente en el Colegio a aportar su talento, su know how y sus mejores profesionales para que vuelquen su experiencia y aporten sus activos, por ejemplo, en algo tan decisivo como la formación.

La vicedecana, Begoña Castro, formó parte del equipo de Gobierno de Gumpert. ¿Se prevé alguna continuidad?

Lo dije en campaña y lo repito. Nuestra intención en absoluto pasa por eso que se llama levantar alfombras o por hacer una auditoría de las cuentas del ICAM, como se llegó a publicar sin fundamento, porque las cuentas están auditadas. Dicho lo cual, las cosas que funcionan bien en el ICAM por supuesto que las mantendremos y en todo caso las potenciaremos. Y hay cosas que no funcionan, muchas. El mandato que tenemos es el de cambiarlas desde una vocación de transformación y de progreso que es la que siempre me ha guiado profesionalmente.

¿Qué cree que el anterior equipo haya hecho muy bien en beneficio de los abogados de Madrid?

Pues mire, seguramente el anterior equipo ha puesto todo su empeño, todos sus conocimientos, y ha dado lo mejor de sí para mejorar el Colegio. Y aquello que constatemos que se ha hecho muy bien y que ha sido muy beneficioso, como usted señala, no dude que lo mantendremos.

¿Cuál será su innovación más fuerte en el Colegio?

Quizá le sorprenda lo que le voy a responder, pero lo más innovador es y será nuestra actitud. Nuestra visión y nuestra misión de convertir la Abogacía madrileña, con mayúsculas, en uno de los poderes más relevantes, más influyentes de la sociedad madrileña y española. Si nuestra actitud nos convierte en un actor fuerte y respetado, el logro de todos cuantos objetivos planteamos en el programa vendrán por añadidura. Winston Churchill decía que "la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia". Empecemos por ahí.

¿Qué planes tiene para con el Turno de Oficio?

Mejoraremos las condiciones en las que los abogados del turno prestan su servicio y la calidad del mismo. Propugnaremos que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita sea nuevamente reformada. Alcanzaremos mejoras de los baremos retributivos de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia y los plazos de pago. Tanto el Decano como el Defensor del Abogado estarán a plena disposición de los letrados ante posibles disfunciones en la colaboración con los órganos judiciales, Fiscalía, comisarías de Policía y comandancias de la Guardia Civil. En nuestro programa recogemos sustancialmente las propuestas de Altodo: las más completas y eficaces.

¿Y para la formación, y los jóvenes?

La Agrupación de Jóvenes Abogados tendrá voz y voto por vez primera. Firmaremos convenios con Universidades, estableceremos programas de mentoring con letrados experimentados y de prestigio, facilitaremos las condiciones para que puedan sufragar sus gastos de establecimiento y formación. Y facilitaremos el pago de cuotas, flexibilizando y haciendo descuentos progresivos para aquellos letrados que justifiquen falta de recursos. Los jóvenes son una de nuestras principales fuentes de motivación. Respecto del Centro de Formación, elevaremos su calidad, lo prestigiaremos. Será el referente de la Abogacía en formación. La Escuela de Práctica Jurídica será reconocida como un centro de excelencia educativa. Para el profesorado va a constituir un verdadero orgullo dar clases en el ICAM. Se realizarán exhaustivos procesos de selección y evaluación para contar con los mejores profesores disponibles. Mejoraremos la oferta para formar a colegiados con perfiles competitivos y actualizados a las demandas del sector y del mercado. Nuestro objetivo es socializar el Centro de Formación.

¿Tiene previsto crear nuevas secciones?

Es muy probable, pero primero hay que revisar las ya existentes; analizar su conveniencia; ver su nivel de funcionamiento; e introducir los cambios que sean necesarios.  Una vez hecho esto, valoraremos la oportunidad o no de crear nuevas secciones.  Lo importante no es que haya muchas, sino que las que haya funcionen con un alto nivel de excelencia y que sean verdaderamente útiles para los que formen parte de ellas.

Las aseguradoras ofrecen indemnizaciones a la baja en la mayoría de los casos por accidente2018-01-11

Reclamar una indemnización a una compañía de seguros en caso de accidente de tráfico no siempre resulta sencillo, pues las aseguradoras acostumbran a ofrecer cantidades insuficientes por las lesiones sufridas y, además, aplican procesos de análisis de cada caso muy minuciosos para evitar situaciones de fraude. En este sentido, en el supuesto de haber sido víctima de un accidente de tráfico, la reclamación tendrá que estar basada en dos elementos clave: la culpabilidad y la gravedad de las lesiones.

Por un lado, la culpabilidad o no del asegurado en el accidente será el factor que decidirá si hay caso o no, es decir, si puede reclamar una indemnización o no. Para ello será necesario contar con el parte de la autoridad competente, o bien con un parte amistoso correctamente cumplimentado y firmado por las partes. También tendrán importancia los testimonios de eventuales testigos, así como las fotografías que se puedan haber tomado en el momento y lugar del accidente. Por otra parte, el informe de urgencias será una prueba de mucho peso a la hora de llevar a cabo la reclamación de indemnización por lesiones.

“Suele ser habitual que las aseguradoras ofrezcan indemnizaciones insuficientes a las personas que han sido víctimas de algún accidente de tráfico aprovechándose de su falta de conocimientos sobre la materia y sobre los baremos de compensación económica entre los que se mueven estas compañías dependiendo de las lesiones sufridas. Por eso es importante contar con el correspondiente asesoramiento legal a la hora de realizar la reclamación”, indica Fernando Sanahuja, abogado y socio de Sanahuja Miranda.

¿Cuáles son los pasos a seguir para recibir una indemnización?

  • Reclamar a la compañía aseguradora del vehículo causante y hacerle entrega de los correspondientes informes médicos de los que se disponga.
  • Recibir la visita de los servicios médicos de la aseguradora a la que se le está reclamando la indemnización. Este paso será obligatorio.
  • Una vez el asegurado haya sido sometido a las correspondientes pruebas médicas, la aseguradora le hará llegar una oferta desglosada basada en el informe médico realizado por la compañía.

En el caso de que no se estuviera conforme con la propuesta de indemnización recibida, el asegurado podría acudir al Instituto de Medicina Legal, donde de forma imparcial se analizarán las lesiones y se emitirá un informe que pagará la aseguradora. Si el documento diera más importancia a las lesiones, se debería renegociar una nueva indemnización al alza. En el caso de no estar conformes con el informe del Instituto de Medicina Legal, el reclamante podría solicitar los servicios de un perito para fundamentar su estrategia legal por la vía judicial.

Eso sí, el reclamante tendrá que saber en todo momento que un intento de fraude a la compañía de seguros puede llegar a acarrear penas de prisión. De hecho, el de automóviles es el segmento en el que son más habituales los intentos de fraude por la simulación de robo de vehículos (4 de cada 100 casos) o por tratar de agravar los daños o lesiones corporales producidas en un accidente (6 de cada 100).

Jausas interpone la primera demanda contra el Banco Santander “por enriquecimiento injusto” en la compra del Banco Popular2018-01-10

El despacho de abogados JAUSAS interpuso el pasado lunes en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid la primera demanda contra el Banco Santander “por enriquecimiento injusto” en la compra del Banco Popular.

La demanda, bajo la dirección letrada del socio del área de Litigación Bancaria de JAUSAS, Jordi Ruiz de Villa, fue interpuesta por una persona viuda de 80 años de edad, jubilada desde 2002 que a lo largo de su vida profesional había ahorrado 50.000.-€ y en 2011 los invirtió en un bono de Banco Popular cuyos rendimientos debían complementar su pensión. Como consecuencia de la resolución del Banco Popular, los bonos fueron convertidos en acciones y vendidos (junto al resto de acciones) por un euro al banco Santander.

En la demanda se alega que el precio pagado por el Banco Santander era desproporcionadamente bajo porque el Banco Popular era y es un banco solvente, que, si se vio afectado por un proceso de resolución, fue por un problema de liquidez, no de solvencia. Según se especifica en la demanda, el Banco Santander aprovechó las limitaciones de la subasta dentro del proceso de resolución y, al quedarse como único postor, ofreció un precio irrisorio, muy por debajo del valor de mercado del Banco Popular, “causando un empobrecimiento” a todos los inversores que habían confiado en la entidad.

Según la demanda, el valor del banco se encuentra en el entorno de 4.500 millones de euros, a la vista de los diversos puntos de vista analizados, como son: el consenso de los analistas (en especial del propio Banco Santander) antes de la resolución, la valoración que se infiere de la presentación del propio Banco Santander tras la adquisición (4.265 millones de euros) y el incremento de valor de la acción del banco Santander tras la adquisición (4.634 millones de euros).

Por el contrario, lo que el Banco pagó no fue un euro, como se suele publicar, sino menos 2.030 millones de euros, ya que pagó un euro al tiempo que se cancelaban deudas del banco por importe de 2.030 millones de euros.

Como prueba de la descomunal desproporción entre lo pagado por el banco y su valor de mercado es que, el día antes de la resolución, había ofertas por valor de 2000 millones de euros (sin cancelar 2.030 millones de deuda).

Todo ello justifica la petición de que el Banco Santander indemnice a la demandante con el valor de los bonos a fecha 23 de mayo de 2017 (justo antes del descalabro de

la cotización) o subsidiariamente el 6 de junio de 2017 (el día antes de la resolución).

Para que exista enriquecimiento injusto es necesario que concurran tres elementos: el enriquecimiento de una persona (en este caso el Banco Santander) el correlativo empobrecimiento de otra (en este caso los tenedores de bonos y acciones) y la inexistencia de causa jurídica que justifique la atribución patrimonial.

Respecto de este último punto, el Tribunal Supremo viene admitiendo la existencia de enriquecimiento injusto en algunos casos, como por ejemplo en una subasta de un inmueble si se atribuye en subasta a un precio muy bajo y posteriormente se vende con grandes plusvalías al poco tiempo.

A juicio de Jordi Ruiz de Villa, “La constitución no ampara un principio de capitalismo puro en el que rigen y se incentivan operaciones mercantiles alejadas de la equidad que responden únicamente a una lógica de maximización de beneficios”, y posteriormente, añade “cuando al amparo de situaciones convulsas se pretende que un banco se beneficie con miles de millones de euros empobreciendo a más de 300.000 familias, el derecho tiene que reaccionar e indemnizar a los afectados por el empobrecimiento que han sufrido.”

Serveis Ferroviaris de Mallorca, condenado por vulnerar el derecho a huelga tras demanda de uso2018-01-09

Illes Balears ha visto reconocido, mediante sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Palma, el derecho de los trabajadores de los Serveis Ferroviaris de Mallorca a recibir los descuentos salariales que se les habían aplicado por ejercer su derecho a la huelga entre los meses de septiembre y noviembre de 2016.

En esas fechas, fueron convocados 18 paros parciales de una hora y diez minutos. Sin embargo, la empresa SFM descontó a los trabajadores que los secundaron horas completas de su salario e incluso la parte proporcional del descanso semanal en función de sus propios cálculos, no del tiempo efectivo del paro. La USO interpuso una demanda por vulneración del artículo 28.2 de la Constitución Española, que recoge el derecho fundamental al ejercicio de huelga, por considerar que este descuento salarial constituía una represalia encubierta por haber secundado las convocatorias.

La sentencia emitida por la mencionada Sala de lo Social es rotunda al declarar que “la empresa ha vulnerado la huelga (…) al efectuar el descuento salarial por horas enteras y no por las fracciones de tiempo que efectivamente participaron en la misma”, por lo que condena “a reponer a los trabajadores en las cuantías correspondientes”.

Desde USO-Illes Balears, consideran que “el Govern debería ser más responsable con los derechos fundamentales de los trabajadores; no solo de SFM, sino del resto de personal dependiente de la Comunidad Autónoma”.

Subirán hasta cinco impuestos en 2018 con la actualización de los valores catastrales2018-01-08

Ayming, grupo internacional de Consultoría en la mejora del rendimiento empresarial, ha puesto de relieve en el día de hoy cómo afectará la actualización de los valores catastrales para 2018, tras la publicación el pasado 30  de diciembre en el BOE  del Real Decreto Ley 20/2017. Hasta cinco impuestos podrían verse afectados al alza.

La cantidad que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) subirá en 2018 en 1.296 municipios españoles, mientras que bajará en 534 localidades. Entre los municipios que revisarán al alza sus inmuebles figuran Valencia, Teruel, Logroño, Huesca, Huelva, Cádiz y Badajoz.

Los coeficientes de actualización de valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, quedan fijados para 2018 con arreglo al siguiente cuadro:

 

 

“La aprobación de estos coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018 supone una medida que tiene repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ya que dicho impuesto se devenga el 1 de enero de cada año natural”,- ha declarado David García Vázquez, Responsable Fiscal de Ayming.

“Si tenemos un contribuyente que tiene un bien urbano en un municipio cuya ponencia de valores es del año 1990 (cuyo coeficiente de actualización catastral es de 1,08) y cuyo valor catastral es de 200.000 euros (suponiendo un tipo de gravamen del 0,075), va a pagar 120 euros más respecto al año 2017”,- prosiguió.

Por otro lado, indirectamente la subida del valor catastral va afectar a otra serie de tributos relacionados con bienes inmuebles para los que la determinación de la base imponible de estos impuestos, influye de forma más o menos directa la determinación del valor catastral. Entre otros podemos citar que en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por ese mismo inmueble que tiene el contribuyente, si no se trata de su residencia habitual y suponiendo que tiene un valor catastral de 200.0000 euros, va a tener que declarar una imputación de renta inmobiliaria en el IRPF de 4.320 euros, en vez de 4.000 euros.

“Tenemos que tener en cuenta, comentó David García Vázquez, que en el IRPF la determinación de la renta inmobiliaria imputable que corresponda a cada uno de los inmuebles urbanos, se realiza mediante la aplicación de los siguientes porcentajes: 1) con carácter general el 2% del valor catastral del bien; 2) el 1,1 % en los siguientes supuestos: 2.1- inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido revisados, modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general y hayan entrado en vigor en el período impositivo o en el plazo de los diez períodos impositivos anteriores; 2.2-inmuebles que carezcan de valor catastral o éste no se hubiera notificado al contribuyente, la renta a imputar será el 1,1% sobre el 50% del mayor de los siguientes valores: el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos, o el precio, contraprestación o valor de la adquisición”.

Otros impuestos que pueden verse afectados son el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En estos impuestos, en la gran mayoría de Comunidades Autónomas de este país, la base imponible se determina por el valor que se establece en el catastro, multiplicado por los coeficientes fijados por cada Administración Autonómica. Así ocurre entre otras, en las siguientes Comunidades Autónomas de nuestro país: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, País Vasco.

A modo de ejemplo, si transmitimos un bien inmueble urbano cuyo valor catastral es de 200.000 euros, si tenemos que aplicar un coeficiente de actualización del 1,08 y aplicando un tipo impositivo del ITP del 6%, supone que el comprador va tener que pagar 960 euros más que si el mismo bien hubiese sido vendido a finales del 2017.

Finalmente, no debemos olvidar un impuesto muy polémico en el momento actual como es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente denominado plusvalía, cuya base imponible de este impuesto se determina por el valor catastral que tiene el suelo. De tal manera que, si tenemos un contribuyente que tiene un bien que adquiere en el año 2.000 con un valor catastral del suelo de 60.000 euros, aplicando un coeficiente de actualización catastral del 1,08, de venderlo a finales del año 2017 a venderlo a comienzos del 2017, va suponer que aproximadamente tenga que pagar 1.231.20  euros más, si para el citado cálculo del IIVTNU solo tenemos en cuenta la normativa reguladora del IIVTNU que establece la Ley de Haciendas Locales.

Haciendo recopilación de todos los impuestos citados y teniendo en cuenta el supuesto práctico planteado, la subida del valor catastral en este caso puede suponer casi 1.500 euros de ingresos para las arcas de las distintas administraciones de nuestro país. Si extrapolamos este resultado para los 1.296 municipios afectados y teniendo en cuenta el número de bienes inmuebles que puede existir en cada municipio, podemos llegar hacernos una ligera idea del impacto económico que puede plantear esta medida. Por ello, David García Vázquez aconseja que se revise el cálculo del valor catastral de los inmuebles, ya que como hemos podido ver, las consecuencias tributarias de que el valor esté mal calculado no solo afecta exclusivamente para determinar la cuota tributaria del IBI, sino que pueden verse afectados otra serie de tributos como los citados.

Los concursos de acreedores aumentan en Madrid y descienden en Barcelona en 20172018-01-05
  • El número de procedimientos de insolvencia declarados y concluidos en el mismo auto se ha incrementado un 4% en la Ciudad Condal y un 16% en Madrid con respecto a 2016.
  • Según el informe anual elaborado por Insolnet sobre Nombramientos de Administración Concursal, se agudiza la diferencia de activo concursado entre Madrid y Barcelona.

(Insolnet).- El Estudio de Nombramientos de Administración Concursal de 2017 señala que el número de concursos de acreedores publicados en el BOE ha sido dispar. En concreto, durante 2017 la actividad concursal descendió un 23% en la Ciudad Condal y aumentó un 9% en Madrid, en comparación con 2016.

Este trabajo lo ha llevado a cabo Insolnet Soluciones Concursales, sociedad profesional especializada en la prestación de servicios en el ámbito de la insolvencia, que realiza un balance anual y analiza el desarrollo de los procedimientos de insolvencia en Madrid y Barcelona, los territorios que concentran el mayor volumen de procesos concursales a nivel nacional.

Además, los procedimientos de insolvencia declarados y concluidos en el mismo auto se han incrementado un 4% en Barcelona y un 16% en Madrid. En total, el número de concursos declarados y concluidos alcanzaron durante el pasado año la cifra de 244 en Barcelona, lo que supone un 40% del total de sociedades concursadas, y de 159 en Madrid, lo que representa el 23% del total de sociedades concursadas.

Por su parte, el número de concursos de personas físicas deudoras declaradas insolventes durante 2017 ha sido de 167 en Barcelona y de 71 en Madrid. Pese al incremento con respecto a 2016, desde Insolnet apuntan que dichas cifras “no hacen más que constatar el fracaso de la reforma implantada, denominada de la segunda oportunidad”.

Disparidad del activo concursado en Madrid y Barcelona
              
En cuanto al activo de las empresas concursadas, el informe anual arroja una diferencia muy acusada entre Madrid y Barcelona. Según la información disponible de las últimas cuentas anuales depositadas en los Registros Mercantiles, el activo de las tres primeras empresas concursadas de Madrid durante 2017 fue de: 789.021.394,00 €, 492.334.594,00 € y 356.374.394,00 €, mientras que en Barcelona el tamaño de los activos fue de: 84.571.502,00 €, 47.319.880 € y 29.131.160,00€.

En total, las diez empresas concursadas con mayor activo en la capital representan el 64% del total de los activos concursados, frente al 42% que supone el tamaño de los activos concursados de las diez empresas de la Ciudad Condal.  

Condenados tres acusados de fraude a la Hacienda pública en la gestión del carbón de mina La Camocha2018-01-04
El Penal 2 de Gijón rebaja las penas que se habían impuesto en el primer juicio celebrado con otra magistrada, que fue anulado por la Audiencia Provincial en junio de 2016

Autor Comunicación Poder Judicial

El magistrado titular del Juzgado de lo penal número 2 de Gijón, ha condenado a tres de los acusados por el fraude de subvenciones de Mina La Camocha entre 1998 y 2000, absolviendo a la cuarta encausada. El fallo rebaja las penas que se habían impuesto a todos los acusados en el primer juicio celebrado con otra magistrada, que quedó anulado por la Audiencia Provincial en junio de 2016.

La sentencia, que no es firme, condena al ex presidente de Mina La Camocha a tres penas de 2 años y 6 meses de prisión cada una por sendos delitos contra la Hacienda Pública, uno por cada año en que se cometió el fraude. Al apoderado de Trabajos y Explotaciones y Hullas del Coto Quirós, empresas implicadas en la trama, el juez les impone tres penas de un año y nueve meses de prisión por cada uno de los tres delitos, mientras que al administrador de Hullas del Coto Quirós, le impone un año y nueve meses de prisión por el delito de 1998, la misma condena por el delito de 1999 y ocho meses de cárcel por el de 2000. La cuarta acusada, una empleada de Mina La Camocha, ha quedado absuelta.

El magistrado también impone a cada uno de los tres condenados multas que suman 16,16 millones de euros, que se pueden convertir en otros 27 meses de prisión para cada uno de ellos si no son abonadas y solidariamente les condena a indemnizar al Estado con otros 16,16 millones de euros,que es el importe de las subvenciones defraudadas al vender a la térmica de Aboño carbón ajeno a Mina La Camocha como producción propia. Además, se condena a Mina La Camocha –sociedad inactiva que se encuentra en liquidación derivada de un concurso de acreedores– como responsable civil subsidiaria, a devolver esa cantidad al Estado en el caso de que no lo hagan los condenados.

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Condenados tres acusados de fraude a la Hacienda pública en la gestión del carbón de mina La Camocha2018-01-03

El magistrado titular del Juzgado de lo penal número 2 de Gijón, ha condenado a tres de los acusados por el fraude de subvenciones de Mina La Camocha entre 1998 y 2000, absolviendo a la cuarta encausada. El fallo rebaja las penas que se habían impuesto a todos los acusados en el primer juicio celebrado con otra magistrada, que quedó anulado por la Audiencia Provincial en junio de 2016.

La sentencia, que no es firme, condena al ex presidente de Mina La Camocha a tres penas de 2 años y 6 meses de prisión cada una por sendos delitos contra la Hacienda Pública, uno por cada año en que se cometió el fraude. Al apoderado de Trabajos y Explotaciones y Hullas del Coto Quirós, empresas implicadas en la trama, el juez les impone tres penas de un año y nueve meses de prisión por cada uno de los tres delitos, mientras que al administrador de Hullas del Coto Quirós, le impone un año y nueve meses de prisión por el delito de 1998, la misma condena por el delito de 1999 y ocho meses de cárcel por el de 2000. La cuarta acusada, una empleada de Mina La Camocha, ha quedado absuelta.

El magistrado también impone a cada uno de los tres condenados multas que suman 16,16 millones de euros, que se pueden convertir en otros 27 meses de prisión para cada uno de ellos si no son abonadas y solidariamente les condena a indemnizar al Estado con otros 16,16 millones de euros,que es el importe de las subvenciones defraudadas al vender a la térmica de Aboño carbón ajeno a Mina La Camocha como producción propia. Además, se condena a Mina La Camocha –sociedad inactiva que se encuentra en liquidación derivada de un concurso de acreedores– como responsable civil subsidiaria, a devolver esa cantidad al Estado en el caso de que no lo hagan los condenados.

El CGPJ aprueba un nuevo plan sobre cláusulas suelo para 2018 con 55 juzgados especializados2018-01-02

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el diseño del nuevo plan de especialización de juzgados en materia de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física que entrará en vigor el próximo 1 de enero, con una vigencia de seis meses.

El plan sustituye al que se puso en marcha el pasado 1 de junio, que consistió en la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia -uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que en los últimos siete meses han conocido de manera exclusiva y no excluyente de esta clase de asuntos, que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

La adopción de un nuevo plan responde a la evolución que han seguido estos asuntos -que a fecha de 17 de diciembre arroja un total de 156.862 demandas en todo el territorio nacional-, que en caso de no atribuirse a órganos especializados supondría una carga inasumible para el resto de los juzgados; a la próxima entrada en funcionamiento de 77 juzgados creados y constituidos en 2017 y al análisis de la carga de trabajo que han tenido los órganos judiciales especializados, que hasta ahora han conocido de estos asuntos de manera exclusiva y no excluyente.

Además, se han tomado en consideración los compromisos adquiridos en materia de refuerzos por las Administraciones con competencias en materia de Justicia.

El nuevo plan permitirá, manteniendo la atribución de la competencia exclusiva a determinados juzgados, establecer, en su caso, también la excluyente en aquellas provincias en las que el impacto del reparto del resto de los asuntos entre los órganos judiciales del orden civil lo permita.

De este modo, donde allí se determine tanto los refuerzos ya adscritos en el marco del plan de urgencia que ahora expira -que se mantienen en todos los casos- como el juez titular, el letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios del Juzgado "nodriza" se dedicarán a la materia objeto de especialización, si bien estos últimos seguirán tramitando los asuntos ordinarios que ya han tenido entrada.

Esto supone que el número de jueces que conocerán de este tipo de demandas se incrementará en casi medio centenar, ya que hasta ahora los titulares de los órganos especializados atendían el reparto ordinario, mientras los refuerzos que constituían los denominados "Juzgados bis" tramitaban las demandas sobre cláusulas suelo. También aumentará la cifra de letrados de la Administración de Justicia dedicados a esta materia.

La Comisión Permanente ha establecido qué Juzgados tendrán competencia exclusiva y excluyente, mientras que en otros órganos serán las Salas de Gobierno de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia las que determinen el grado de exención de reparto ordinario.

Otra novedad consiste en que, en algunas provincias, la materia objeto de especialización pasará a ser asumida por juzgados de nueva creación desde la fecha de su entrada en funcionamiento. De este modo, desde ese día será un órgano judicial sin asuntos pendientes el que pase a conocer de las demandas de nuevo ingreso, mientras que las anteriores seguirán siendo tramitadas por el órgano especializado en el anterior plan.

Por último, el número de juzgados especializados pasa de 54 a 55, al incorporarse uno más en Canarias, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Fuerteventura.

VOTO EN CONTRA DE GRANDE-MARLASKA

El nuevo plan ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda. El vocal Fernando Grande-Marlaska ha votado en contra y ha anunciado la formulación de un voto particular.

LISTADO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS

ANDALUCÍA

Provincia de Almería:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Almería en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 30 de junio de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Almería de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Cádiz:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 2 de Cádiz de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Córdoba:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Córdoba en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 31 de marzo de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Córdoba de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Granada:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 9 de Granada de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Huelva:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Huelva en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 30 de junio de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Huelva de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Jaén:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 2 de Jaén de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Málaga:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Málaga en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 31 de marzo de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Málaga de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Sevilla:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Sevilla en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 30 de junio de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 29 de Sevilla de manera exclusiva y excluyente.

ARAGÓN

Provincia de Huesca:

  • Juzgado de Primera  Instancia e instrucción nº 5 de Huesca de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Teruel:

  • Juzgado de Primera  Instancia e instrucción nº 3 de Teruel de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Zaragoza:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 12 de Zaragoza de manera exclusiva y excluyente.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Provincia de Asturias:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 6 de Oviedo de manera exclusiva, y excluyente en un 80% en materia civil.

CANARIAS

Lanzarote:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 1 de Arrecife de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Las Palmas de Gran Canaria:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria de manera exclusiva y excluyente.
  • Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Fuerteventura de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Tenerife:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 1 de San Cristóbal de la Laguna de manera exclusiva y excluyente.

CANTABRIA       

Provincia de Santander:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 2 de Santander de manera exclusiva y excluyente.

CASTILLA Y LEÓN      

Provincia de Ávila:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 2 de Ávila de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Burgos:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 4 de Burgos de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Palencia:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 2 de Palencia de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de León:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 7 de León de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Salamanca:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 9 de Salamanca de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Segovia:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 1 de Segovia de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Soria:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 4 de Soria de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Valladolid:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 4 de Valladolid de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Zamora:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 6 de Zamora de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

CASTILLA - LA MANCHA

Provincia de Albacete:

  • Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil nº 3 de Albacete de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Ciudad Real:

  • Juzgado de Primera  Instancia e instrucción nº 3 de Ciudad Real de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Cuenca:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 4 de Cuenca de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Guadalajara:

  • Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil nº 4 de Guadalajara en de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Toledo:

  • Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil e Instrucción nº 1 de Toledo de manera exclusiva y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando hasta ahora.

CATALUÑA

Provincia de Barcelona:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 50 de Barcelona de manera exclusiva y excluyente en materia civil manteniendo los concursos de personas físicas.

Provincia de Girona:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 3 de Girona de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Lleida:

  • Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil nº 6 de Lleida de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Tarragona:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 8 de Tarragona de manera exclusiva y excluyente.

EXTREMADURA

Provincia de Badajoz:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 2 de Mérida de manera exclusiva, y excluyente en materia civil al 50%.

Provincia de Cáceres:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 5 de Cáceres de manera exclusiva, y excluyente en materia civil al 25%. 

GALICIA   

Provincia de A Coruña:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 7 de A Coruña manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Lugo:

  • Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil nº 2 de Lugo de manera exclusiva, y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando hasta ahora.

Provincia de Ourense:

  • Juzgado de Primera Instancia y Mercantil nº 4 de Ourense  en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 31 de enero de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Ourense de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Pontevedra:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 14 de Vigo de manera exclusiva y excluyente.

ISLAS BALEARES

Palma de Mallorca:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 17 de Palma de manera exclusiva y excluyente.

Ibiza:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 2 de Ibiza de manera exclusiva, y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando.

Menorca:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 3 de Mahón de manera exclusiva, y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando.
  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 1 de Ciutadella de manera exclusiva, y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando.

LA RIOJA

Provincia de La Rioja:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 7 de Logroño de manera exclusiva y excluyente.

MADRID

Provincia de Madrid:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 101 de Madrid de manera exclusiva, y excluyente con mantenimiento de la competencia en ejecuciones de laudos arbitrales.

REGIÓN DE MURCIA

Provincia de Murcia:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Murcia en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 31 de marzo de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Murcia de manera exclusiva y excluyente.

NAVARRA

Provincia de Navarra:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 7 de Pamplona de manera exclusiva y excluyente.

PAÍS VASCO

Provincia de Araba / Álava:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 5 de Vitoria-Gasteiz de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Gipuzkoa / Guipúzcoa:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Donostia - San Sebastián de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Bizkaia / Vizcaya:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Bilbao en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 30 de junio de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Bilbao de manera exclusiva y excluyente.

COMUNIDAD VALENCIANA

Provincia de Alicante:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 5 de Alicante de manera exclusiva, y excluyente en materia civil al 25%.

Provincia de Castellón:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 6 de Castellón de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Valencia:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 25 de Valencia de manera exclusiva, y excluyente.
La Audiencia Nacional condena a TRAGSATEC a pagar el Plus de Convenio al personal temporal de niveles 1 y 22017-12-29

Tras el juicio celebrado el pasado 29 de noviembre, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, de fecha 11 de diciembre de 2017, a favor de la demanda que la Confederación General del Trabajo interpuso el 21 de octubre y por la que se declara el derecho de los trabajadores contratados a partir de 2014 a percibir el complemento Plus de Convenio regulado en el artículo 38 del Convenio de Ingeniería. La empresa ha sido condenada al pago adeudado a los trabajadores contratados desde el 1 de enero de 2014 en los niveles 1 y 2 del artículo 33 del Convenio: licenciados y titulados de segundo y tercer ciclo universitario, analistas, diplomados y titulados de primer ciclo universitario y jefe superior.

La sentencia se fundamenta en que el Convenio de Ingeniería no distingue entre personal indefinido y temporal, estando prohibido el establecimiento de diferencias en el trato de los trabajadores y quedando acreditado que en las autorizaciones de masa salarial se incluye el Plus de Convenio, sin distinción alguna entre personal indefinido y temporal.

La Audiencia Nacional concluye que la Dirección de esta empresa, forzando su interpretación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE), no puede limitar el pago del Plus de Convenio haciendo una diferenciación para determinar la masa salarial entre contratos indefinidos  y temporales, cuando la propia ley no lo distingue.

 Reclamación del pago del Plus de Convenio con carácter retroactivo

La Dirección tiene que tomar ahora una decisión sobre la sentencia, pudiendo acatarla y proceder al pago del Plus de Convenio o recurrirla al Tribunal Supremo. CGT, una vez que conozca esto, convocará una asamblea de afectados y afectadas en los locales de Madrid, con la presencia de sus abogados, para informar de los trámites a realizar y resolver las dudas que se puedan presentar.

 Otra victoria más contra la discriminación y la actitud ilícita de la Dirección

Por segunda vez, la Confederación General del Trabajo, pone fin a la discriminación de trato al personal temporal que aplica la Dirección del Grupo Tragsa y que cuenta con la inacción, y en ocasiones con la colaboración explícita, de los sindicatos CCOO y UGT. La primera fue para el acceso al Fondo de Asistencia Social (FAS) y, la segunda, esta que nos ocupa en relación al cobro del Plus de Convenio.

 UGT miente a los trabajadores y las trabajadoras

En un comunicado distribuido a la plantilla, UGT asegura que interpuso la denuncia del Plus de Convenio en la Audiencia Nacional y que esta le da la razón. Esto es totalmente falso y se puede comprobar en la propia sentencia.

UGT y CCOO integran la Comisión Paritaria del Convenio de Ingeniería y son conocedores de esta situación de primera mano y desde el primer momento, pero no han hecho nada por cambiarlo. Han sido los trabajadores y las trabajadoras quienes nos lo han hecho saber a CGT y, a partir de ahí, hemos analizado el caso e interpuesto la demanda.

La denuncia se presentó hace unos meses tras conocer una escandalosa sentencia que ponía al descubierto una forma de financiación del Grupo Tragsa al sindicato UGT, según la cual se pagaba el salario de varios liberados sindicales de UGT con dinero de esta empresa pública, algo sobre lo que este sindicato guarda silencio.

La Justicia Europea considera que la actividad de Uber es un servicio de transportes regulable por los Estados2017-12-28

El TJUE ha dictado sentencia en el asunto C-434/15, Asociación Profesional Élite Taxi c. Uber Systems Spain, S.L. El servicio de puesta en contacto con conductores no profesionales prestado por Uber está comprendido en los servicios en el ámbito de los transportes.  En consecuencia, los Estados miembros pueden regular los requisitos de prestación de dicho servicio.

La plataforma electrónica Uber presta, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, un servicio remunerado de puesta en contacto de conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean realizar desplazamientos urbanos. En 2014, una asociación profesional de taxistas de la ciudad de Barcelona interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de dicha ciudad, en la que solicitaba que se declarase que las actividades de Uber Systems Spain, sociedad vinculada a Uber Technologies (en lo sucesivo, conjuntamente, «Uber»), constituyen prácticas engañosas y actos de competencia desleal.

En efecto, ni Uber Systems Spain ni los conductores –no profesionales– de los vehículos en cuestión disponen de las licencias y autorizaciones previstas en el Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona. Para comprobar si las prácticas de Uber pueden calificarse de desleales e incumplen
la normativa española en materia de competencia, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona considera necesario que se dilucide si Uber debe disponer de una autorización administrativa previa. A tal fin, a su juicio ha de determinarse si los servicios prestados por esta sociedad deben considerarse servicios de transporte, servicios propios de la sociedad de la información o una combinación de ambos tipos de servicios.

Efectivamente, de la calificación empleada dependerá la posibilidad de imponer a dicha sociedad la obligación de disponer de una autorización
administrativa previa. En particular, si el servicio prestado por Uber está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior o de la Directiva sobre el comercio electrónico las prácticas de Uber no podrán ser consideradas desleales.

Mediante su sentencia dictada, el TJUE declara que ha de considerarse que un servicio de intermediación como el controvertido, que tiene por objeto poner en contacto, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte, y, por lo tanto, ha de calificarse de «servicio en el ámbito de los transportes», a efectos del Derecho de la Unión. En consecuencia, un servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación de la libre prestación de servicios en general, así como del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior y de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico.

De ello se desprende que, en el estado actual del Derecho de la Unión, incumbe a los Estados miembros regular las condiciones de prestación de estos servicios, siempre que se respeten las normas generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El TJUE considera, para empezar, que el servicio prestado por Uber no se limita a un servicio de intermediación consistente en poner en contacto, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a un conductor no profesional que utiliza su propio vehículo con una persona que desea realizar un desplazamiento urbano. En efecto, en esta situación, el prestador de ese servicio de intermediación crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano, que hace accesible concretamente mediante herramientas informáticas y cuyo funcionamiento general organiza en favor de las personas que deseen recurrir a esta oferta para realizar un desplazamiento urbano.

El TJUE señala a este respecto que la aplicación que proporciona Uber es indispensable tanto para los conductores como para las personas que desean realizar un desplazamiento urbano. También pone de manifiesto que Uber ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores.

Por consiguiente, el TJUE estima que debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de «servicio de la sociedad de la información», sino a la de «servicio en el ámbito de los transportes».

El TJUE declara que, en consecuencia, la Directiva sobre el comercio electrónico no es aplicable a un servicio de esta índole, que también está excluido del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior. Por la misma razón, el servicio controvertido no está incluido en la esfera de la libre prestación de servicios en general, sino en la política común de transportes. Ahora bien, los servicios de transporte urbano no colectivo y los servicios indisociablemente vinculados a ellos, como el servicio de intermediación prestado por Uber, no han dado lugar a la adopción de normas sobre la base de esta política.

Una docena de Colegios de Abogados celebra elecciones en diciembre2017-12-27

El pasado 13 de diciembre, la candidatura  liderada por José María Alonso Puig resultó ganadora en las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid con un total de 4.406 votos. (Más información)

El 15 de diciembre se celebraron en Huesca y en Gipúzkoa elecciones a decano. En el Colegio de Abogados de Huesca al cierre de candidaturas no se recibió ninguna candidatura alternativa por lo que ha resultado electo Ángel García Bernués. Mª Lourdes Maiztegui González, decana del Colegio de Abogados de Gipúzkoa resultó reelegida por segunda vez.

Julián Sanz Gómez se convirtió el pasado 19 de diciembre en nuevo decano de los abogados de Segovia  al alzarse como vencedor de las elecciones en las que se medía con Juan Luis Figueredo Alonso. (Más información)

En Palencia se celebraron elecciones el 20 de diciembre. Santiago González Recio se mantendrá los próximos cinco años como decano del Colegio de Abogados de Palencia. Logró el apoyo de 121 abogados ejercientes y de 18 ya retirados. (Más información)

El Colegio de Abogados de Toledo tiene nuevo decano. Ángel José Cervantes se impuso en las elecciones celebradas el pasado jueves a José Luis Chorot por doce votos de diferencia. En total votaron 848 colegiados.

Después de ocho años de mandato de José Muelas Cerezuela al frente del Colegio de Abogados de Cartagena, le toma el testigo Antonio Navarro Selfa, tras hacerse con la mayoría de los votos en primera y única vuelta.

El Colegio de Abogados de Orihuela ha reelegido decano a Manuel Almarcha por tercera vez, recibiendo el apoyo mayoritario de los letrados, obteniendo un total de 549 votos.

Francisco Rabuñal ha renovado su cargo como decano del Colegio de Abogados de Santiago tras una pugna por la candidatura en la que tuvo como oponentes a Ulises Bértolo y Mariano Sierra.

El actual decano de Zamora, Norberto Martín-Anero, no obstante, continuará en el cargo, habiendo sido proclamado automáticamente a falta de otra candidatura, al cierre del plazo para su presentación, que se cumplió el día 5 de diciembre.

En Tortosa se celebraron elecciones el pasado 22 de diciembre resultando reelegido el actual decano, Francisco Javier Faura Sanmartín.

El Colegio de Abogados de Albacete celebrará elecciones el próximo 28 de diciembre. El actual decano, Julio Gabino García Bueno, no se presenta a la reelección. Hay dos candidatos.

El TUE dictamina que se le exija una licencia a Uber para operar en la UE, en línea de lo que defiende UGT2017-12-26
  • Además de un servicio de intermediación, es un servicio de transporte, por lo que no se beneficia del principio de libre prestación de servicios de las normas comunitarias
  • El Juzgado Mercantil de Barcelona presentó en agosto de 2015 una petición para dilucidar si las prácticas de esta plataforma eran desleales e ilegales en España

En el día de hoy, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que la plataforma de transporte Uber es un servicio de intermediación y transporte al que se le debe exigir una licencia para operar en los Estados miembros de la UE.

En concreto, el Juzgado Mercantil de Barcelona presentó en agosto de 2015 una petición al TUE para dictaminar si las prácticas de Uber podrían calificarse de desleales e incumplir la normativa española en materia de competencia.

Ante esto, la respuesta del tribunal europeo es contundente: "es un servicio de intermediación, que tiene por objeto conectar, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte y, por lo tanto, ha de calificarse de "servicio en el ámbito de los transportes", a efectos del artículo 58 del TFUE".

Para UGT esta plataforma presta un servicio de intermediación que se integra en un servicio global cuyo elemento principal es el servicio de transporte. Además, es cada Estado quien tiene que regular la prestación de estos servicios, ya que el TUE señala que como los servicios de transporte urbano no colectivo no han dado lugar a la adopción de normas comunes por parte de las instituciones de la Unión, incumbe a los Estados miembros regular las condiciones de prestación de dichos servicios de intermediación.

No solo intermediación

Uber no se limita únicamente a un ámbito de intermediación, sino que pertenece al del transporte, por lo que no se beneficia del principio de libre prestación de servicios que las normas comunitarias garantizan al campo de la Sociedad de la Información.

Uber crea una oferta de servicios de transporte urbano cuyo funcionamiento general organiza en favor de personas que desean recurrir a esta oferta. El servicio se basa en la selección de conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo a los que se proporciona una aplicación sin la cual no estarían en condiciones de prestar el servicio.

El tribunal también destaca que Uber ejerce una influencia decisiva en las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores (precio máximo de la carrera, recepción del precio y transmisión de una parte al conductor, control sobre la calidad de los vehículos e idoneidad del comportamiento de los conductores, entre otras).

Isabel Araque, Secretaria Confederal de UGT
El TJUE falla a favor del permiso de residencia de un trabajador de otro Estado que ha perdido su empleo2017-12-22

El Sr. Florea Gusa, nacional rumano, entró en el territorio de Irlanda en 2007. De 2008 a 2012, trabajó como escayolista autónomo y abonó en Irlanda sus impuestos, los seguros sociales y demás tributos que gravan su renta.

En 2012, el Sr. Gusa abandonó su actividad, alegando la falta de trabajo debida a la desaceleración económica. Al no contar ya con más ingresos, presentó una solicitud con el fin de que se le concediera un subsidio para demandantes de empleo. Esa solicitud fue denegada debido a que el Sr. Gusa no había demostrado que siguiese teniendo derecho de residencia en Irlanda. En efecto, se consideró que el Sr. Gusa había perdido su condición de trabajador por cuenta propia desde el momento en que dejó de trabajar como escayolista autónomo, y que, por tanto, ya no cumplía los requisitos establecidos en la Directiva de libre circulación [1] para la concesión del derecho de residencia.

No obstante, el artículo 7 de la Directiva dispone que el ciudadano de la Unión que ya no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia y, por consiguiente, el derecho de residencia en el Estado miembro de acogida, en cuatro casos. Uno de ellos se refiere a la situación en la que el ciudadano «[ha] quedado en paro involuntario [...], tras haber estado empleado durante más de un año». El Sr. Gusa considera que, con arreglo a esa disposición, conserva la condición de trabajador por cuenta propia y, en consecuencia, el derecho de residencia en Irlanda. Por su parte, las autoridades irlandesas estiman que esa disposición se aplica únicamente a quienes han ejercido una actividad por cuenta ajena.

La Court of Appeal (Tribunal de Apelación, Irlanda), que conoce del asunto en apelación, pregunta al Tribunal de Justicia si la expresión «habiendo quedado en paro involuntario [...], tras haber estado empleado durante más de un año», que figura en la Directiva, abarca únicamente a quienes han quedado en situación de paro involuntario tras haber ejercido una actividad por cuenta ajena durante más de un año o si se aplica también a quienes se encuentran en una situación comparable tras haber trabajado como autónomos durante ese tiempo.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera que del tenor de la disposición examinada no cabe deducir que ésta abarque únicamente la situación de quienes hayan dejado de ejercer una actividad por cuenta ajena y excluya a quienes hayan dejado de ejercer una actividad por cuenta propia.

En efecto, el Tribunal de Justicia indica que existen divergencias entre las distintas versiones lingüísticas de la Directiva. En algunas de esas versiones se hace referencia, esencialmente, al ejercicio de una actividad por cuenta ajena, mientras que en otras el legislador de la Unión emplea más bien la formulación neutra de «actividad profesional».

El Tribunal de Justicia recuerda que, en caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de un acto, la disposición en cuestión debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad del acto.

A este respecto, el Tribunal de Justicia señala, para empezar, que el objeto de la Directiva es definir las condiciones de ejercicio del derecho de libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros. Para ello, la Directiva distingue la situación de los ciudadanos económicamente activos de la de los ciudadanos inactivos y de la de los estudiantes. En cambio, no distingue entre los ciudadanos que ejercen una actividad por cuenta ajena y los que ejercen una actividad por cuenta propia en el Estado miembro de acogida.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia pone de relieve que la Directiva se propone superar el enfoque que caracterizaba las directivas anteriores, que se referían por separado a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.

Por último, el Tribunal de Justicia considera que una interpretación restrictiva de la disposición examinada (es decir, una interpretación que se refiriese únicamente a quienes han ejercido una actividad por cuenta ajena) establecería una diferencia de trato no justificada entre quienes han dejado de ejercer una actividad por cuenta ajena y quienes han dejado de ejercer una actividad por cuenta propia, puesto que, al igual que un trabajador por cuenta ajena, que puede perder involuntariamente su trabajo, quien ha trabajado como autónomo puede verse obligado a abandonar esa actividad. Por tanto, esa persona podría hallarse en una situación de vulnerabilidad comparable a la de un trabajador por cuenta ajena que ha sido despedido.

Esa diferencia de trato estaría aún menos justificada si conllevase tratar a quien ha ejercido una actividad por cuenta propia durante más de un año en el Estado miembro de acogida y ha contribuido al sistema social y tributario de ese Estado miembro del mismo modo que a quien busca su primer empleo en dicho Estado miembro, sin haber ejercido nunca una actividad económica ni cotizado al sistema social y tributario del Estado en cuestión.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que el nacional de un Estado miembro que, tras haber residido legalmente y ejercido una actividad como trabajador por cuenta propia en otro Estado miembro alrededor de cuatro años, ha abandonado esa actividad debido a la falta de trabajo por causas ajenas a su voluntad conserva la condición de trabajador por cuenta propia a los efectos de la Directiva.

[1] Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores DO 2004, L 229, p. 35).

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

¿Qué control legal pueden ejercer las empresas sobre sus empleados en el uso dispositivos electrónicos?2017-12-21

El uso de dispositivos electrónicos por parte de los trabajadores en su horario laboral es una cuestión que ha ocasionado casos judiciales que se han debido resolver en los tribunales españoles. Así pues, es cada vez más frecuente que las organizaciones notifiquen por escrito a sus trabajadores la prohibición de utilizar para asuntos personales durante la jornada de trabajo el ordenador, los móviles, internet o cualquier otro dispositivo puesto a su disposición para la actividad laboral. De hecho, en muchas compañías se realizan comprobaciones periódicas sobre el uso que se hace de estos medios para evitar situaciones abusivas.

 En este sentido, el control que ejercen las empresas sobre la forma de usar las herramientas puestas a disposición del trabajador puede suponer una vulneración del derecho a la intimidad, por lo que tanto empleador como empleado han de conocer bien los límites del marco jurídico que delimita este asunto.
 
Así, la Constitución Española señala el derecho a la intimidad como uno de los derechos fundamentales protegidos por el Artículo 18:

  • 18.1: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.
  • 18.3: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
  • 18.4: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

 Por su parte, el Estatuto de los Trabajadores establece, también en su Artículo 18 (‘Inviolabilidad de la persona del trabajador’) que “sólo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible”.

No obstante, el propio Estatuto de los Trabajadores establece en su Artículo 20.3 que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad”.

 Eva Gómez, abogada especialista en Derecho Laboral de Sanahuja Miranda, indica que, pese a la claridad del marco jurídico existente sobre estas cuestiones, “este tipo de casos suelen tener muchos matices a tener en cuenta debido a la particularidad de cada caso, la relación entre empleado y empleador, el tipo de organización o el rendimiento del empleado en cuestión, por lo que es necesario estudiar en profundidad qué derechos pueden haberse visto vulnerados y de qué forma. De hecho, existen sentencias firmes que se han decidido dependiendo del convenio colectivo aplicable al sector profesional concreto del demandante”.
 
Así pues, la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2007 estableció que el control por parte del empleador de los dispositivos electrónicos utilizados por los empleados deben seguir los criterios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad, justificación, ponderación y equilibrio. De hecho, fue la primera sentencia que mencionó el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que regula el derecho a la vida privada y familiar. Así, esta sentencia resolvió el conflicto entre la aplicación del artículo 18 del ET y la potestad de vigilancia y control del empresario establecida en el artículo 20.3 del ET, indicándose en la misma  que el control del uso de los medios informáticos facilitados por el empresario no se regula por el artículo 18, sino por el artículo 20.3 del ET.

Además, otras sentencias como la del Tribunal Constitucional de diciembre de 2012 avalan una actuación de control al empleado por parte de la empresa en el caso de que ésta acceda a ficheros creados por el trabajador en un dispositivo de uso común. Así, el control de medios informáticos no vulnerará los derechos fundamentales siempre y cuando se informe previamente a los empleados y sus representantes legales de que los medios son propiedad de la empresa y que estarán sujetos a mecanismos de control por parte de la propia organización.

Uralita tendrá que indemnizar con más de 2 millones de euros a unos vecinos afectados por el amianto de su fábrica de Cerdanyola del Vallès 2017-12-20

Se trata de la primera resolución judicial que hace responsable a URALITA de las enfermedades y defunciones de personas sin vinculación laboral directa con la empresa causadas por la exposición al amianto procedente del que fue su mayor centro productivo en España, en funcionamiento entre los años 1907 y 1997.

Para las abogadas del Colectivo Ronda responsables de la sentencia, Esther Pérez y Esther Costa, “se trata de una resolución pionera que reconoce, por primera vez, el legado de muerte y padecimiento que la empresa URALITA ha dejado en las localidades donde se asentó”.

 La resolución hace pues responsable directa a URALITA de las enfermedades causadas por la exposición al amianto de las decenas de demandantes de las localidades colindantes de Ripollet y Cerdanyola del Vallès, donde la conocida multinacional situó la que llegó a ser su mayor fábrica en España.

 Así lo ha establecido por primera vez la Audiencia Provincial de Madrid a instancias de Colectivo Ronda, responsable de una demanda colectiva que exigía el reconocimiento de la responsabilidad de la empresa sobre las patologías, incluidas diversas formas de cáncer, derivadas de la inhalación de fibras de amianto por parte de personas que eran familiares de trabajadores o, sin serlo, personas que residían o trabajaban en las cercanías de la fábrica.

 De este modo, la Audiencia de Madrid revoca la Sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de Primera Instancia 96 de Madrid en diciembre de 2015 que condenó a la empresa por la afectación sobre las personas que habían convivido con trabajadores de la fábrica, pero desestimaba la responsabilidad respecto a la inhalación de fibras de amianto por parte de los vecinos cuya causa de exposición había sido mantener su residencia o lugar de trabajo en las proximidades de la fábrica. 

Condena por emisiones sin el control adecuado

 La Audiencia Provincial considera que “se ha estudiado científicamente que la mayor exposición a la inhalación de fibras de amianto en las localidades de Cerdanyola del Vallès y Ripollet ha provocado en dichas poblaciones una mayor incidencia de las enfermedades relacionadas con la inhalación de fibras de amianto”. Y ello como consecuencia de que “la demandada Uralita, conociendo el peligro que conllevaba la utilización e inhalación de las fibras de amianto, no actuó con la diligencia exigible al emitir sin el control adecuado al ambiente exterior las fibras de amianto de su explotación industrial, con lo que incurrió en responsabilidad civil de carácter extracontractual por los daños causados en las poblaciones circundantes de Cerdanyola del Vallès y Ripollet al inhalar sus habitantes las fibras de amianto emitidas al ambiente exterior sin el debido control por la actividad industrial desarrollada por la demandada»

Lo que se ha vivido en Cerdanyola y Ripollet, como sucede en otras localidades donde se establecieron grades fábricas dedicadas a la fabricación y manipulación de fibrocemento y derivados, como es el caso de Castelldefels,  es un verdadero drama que, desgraciadamente, perdurará durante décadas -explican las abogadas- y que hasta ahora no gozaba del reconocimiento merecido, pues únicamente se consideraba probada la responsabilidad de las empresas en lo que atañe a sus extrabajadores y a las personas que convivían con ellas, expuestas al amianto por la negativa de Uralita a hacerse cargo de la limpieza de la ropa de trabajo, doble taquilla, y demás incumplimientos”.

Una sentencia histórica

Las localidades de Cerdanyola del Vallès y Ripollet han sido consideradas a menudo la «zona cero» del amianto en España por la extrema incidencia de las enfermedades causadas por el amianto entre su población. Mientras lo habitual es que estas enfermedades no afecten más de 10 personas por año y millón de habitantes, esta cifra se eleva hasta 95 en el caso de Ripollet y Cerdanyola.

 Una proporción que todavía aumenta más si atendemos a la incidencia del cáncer de pleura o mesotelioma, enfermedad mortal y sin esperanza de cura cuya única causa posible es la exposición al amianto, que no se da más más que entre uno y tres casos por millón de habitantes.

En la zona que acogió a URALITA, esta cifra se eleva hasta los 47 casos por millón.

Para las abogadas de Colectivo Ronda, “afortunadamente, hace ya años que existe una sólida jurisprudencia que establece la responsabilidad de URALITA por las dolencias y las defunciones de sus exempleados y familiares al haber existido una permanente vulneración de la normativa laboral de protección de la salud, pero no había nada parecido respecto a los denominados pasivos ambientales, que han pagado con la salud y la vida el mero hecho de vivir junto a unas fábricas donde se actuó con reiterado desprecio hacia la obligación de impedir que las fibras de amianto fueran expelidas al exterior. Esta sentencia acaba con la impunidad al respecto”.

Un criterio que comparte la Audiencia Provincial al constatar que “Uralita S.A no ha acreditado suficientemente en autos que la misma adoptara por su parte no ya las medidas a que legalmente viniera obligada, sino aquellas que conforme a los conocimientos habidos en el momento en el que debieron producirse los hechos litigiosos, entre 1962 y 1992, debían haberse adoptado con una diligencia y cuidado que le era exigible al venir desarrollando su actividad productiva con materiales que conocía ya desde al menos 1940 eran especialmente peligrosos”.

El Tribunal Constitucional profundiza la exclusión sanitaria y limita la capacidad de las comunidades autónomas para prestar asistencia sanitaria universal2017-12-19
  • El Tribunal Constitucional anula la normativa vasca que garantizaba el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012, en particular las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
  • La Sentencia dista de ser unánime, como muestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces.
  • Varias organizaciones denuncian que la Sentencia 134/2017 contraviene “obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por la reforma de 2012”.

Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y semFYC denuncian que la Sentencia 134/2017 del Tribunal Constitucional contraviene obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto-Ley 16/2012.

La reciente sentencia pone en riesgo la salud de miles de personas que viven en Euskadi y en las Comunidades Autónomas (CCAA) que han adoptado normas orientadas a proteger la universalidad del sistema sanitario que han sido recurridas por el Gobierno central.  Esta sentencia anula varias disposiciones de la normativa vasca que garantizaba la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos autonómicos, a las personas excluidas por el Real Decreto-Ley, principalmente personas inmigrantes en situación irregular.

Restricción de las competencias autonómicas para otorgar asistencia sanitaria por encima de los mínimos establecidos por el RDL 16/2012

La sentencia establece que las normas autonómicas no pueden ampliar el universo de personas que reciben asistencia sanitaria por encima de los límites determinados por el RDL 16/2012 aun cuando éstas asuman el costo de estas mejoras y sin poner en riesgo los términos mínimos establecidos por el Estado para el ámbito estatal. Al restringir esa posibilidad por parte de las CCAA, el Tribunal Constitucional (TC) corta la línea vital que ha permitido a las personas migrantes en situación administrativa irregular recibir servicios de salud. Para las organizaciones firmantes, el impedir que las CCAA puedan ir más allá de un mínimo de protección básico a nivel estatal atenta contra el deber del Estado español de adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr de forma progresiva la plena efectividad de los derechos sociales, tal como lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ratificado por España.

De este modo, la sentencia desoye las obligaciones en materia de derechos humanos, ignora el derecho internacional e impone una camisa de fuerza que impedirá que las CCAA adopten normativa que amplíe el ámbito de protección de los derechos sociales en ejercicio legítimo de sus competencias.

Asimismo, las organizaciones lamentan que el TC haya abandonado la doctrina que había asumido en su auto 239/2012 sobre esta misma causa, en el que afirma que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.  Sobre la base de este argumento, el TC permitió que Euskadi siguiese garantizando la atención sanitaria a personas migrantes, hasta que se adoptase esta sentencia.

Las organizaciones destacan que la sentencia dista de ser unánime, como demuestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces, y presenta interpretaciones controvertidas. Así, tal y como señalan la magistrada y los magistrados disidentes, el Tribunal Constitucional se aparta de su propia jurisprudencia, elaborando una nueva interpretación de lo que es un estándar mínimo aplicable al ámbito estatal en un techo máximo para las Comunidades Autónomas, restringiendo indebidamente, las competencias autonómicas para ampliar el nivel de protección sanitaria en su ámbito territorial. 

Asimismo, cuatro de los cinco magistrados en su voto disidente, muestran su preocupación porque “la vía informal” de mejora de la legislación básica en materia de sanidad constituya el único recurso del que pueden disponer las CCAA para procurar combatir la exclusión social derivada de una política restrictiva. Y ello, en opinión de las organizaciones, con la consiguiente merma en la seguridad jurídica de los derechos de un colectivo que se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad social y económica.

Las organizaciones recuerdan que varios mecanismos de derechos humanos han establecido que el RDL 16/2012 que generó la exclusión sanitaria es contrario a las obligaciones de España bajo los tratados que regulan estos derechos, por tratarse de una medida regresiva injustificada y discriminatoria. Así lo consideraron organismos como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Comité Europeo de Derechos Sociales y seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas y del Consejo de Europa quienes recomendaron al Estado español su inmediata reforma. Cinco años después, el Gobierno central sigue haciendo oídos sordos a estas recomendaciones. Más aún, a través de esta sentencia, el TC impide al País Vasco corregir el carácter discriminatorio de la norma estatal.

Consecuencias “catastróficas” para la vida de las personas excluidas del sistema sanitario

Si el TC mantiene esta argumentación en cada uno de los recursos de constitucionalidad pendientes de ser dirimidos por este Tribunal, las consecuencias pueden ser catastróficas para la vida y la salud de las poblaciones excluidas del sistema sanitario.

Tal como sostiene uno de los jueces en su voto disidente, las comunidades autónomas, a través de normativa autonómica o de prácticas administrativas han ido configurando, de modo progresivo, un sistema de prestación asistencial que ha venido a extender el ámbito subjetivo de cobertura a sectores excluidos y vulnerables. En estos cinco años, 14 comunidades han ampliado la cobertura asistencial a personas excluidas por el Real Decreto Ley, mientras que otras han dado órdenes internas de atender a todas las personas que  acudan a los servicios de salud públicos, independientemente de su situación administrativa. Estas medidas, si bien resultan insuficientes para poner fin a la injusticia de la exclusión sanitaria, han permitido paliar algunos de los efectos más dramáticos de la misma, permitiendo a muchas personas recibir una atención que les resulta imprescindible.

Pese a este “cordón sanitario” autonómico, la asistencia sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley distaba de ser adecuada. REDER ha documentado  - entre enero de 2014 y agosto de 2017 - más de 3.784 personas que no han podido acceder a servicios de asistencia sanitaria a pesar de tener derecho a recibir dichos servicios (ya sea dentro del marco del RDL 16/2012 o amparados en las normativas autonómicas). Se trata, en su gran mayoría, de inmigrantes en situación irregular, incluidas 158 mujeres embarazadas, 270 menores de edad y 364 casos de denegación de atención o facturación indebida de urgencias.  Varios de estos casos se han podido resolver gracias a que la mayoría de las autonomías, bien sea por iniciativa propia o como resultado de la ardua labor de denuncia de organizaciones de la sociedad civil, han otorgado protección sanitaria a las personas excluidas.

La urgencia de restablecer el sistema de sanidad universal en España

La sentencia 134/17 sella la tendencia regresiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la salud en España, profundiza la exclusión sanitaria contra los grupos más vulnerables de la sociedad y pone en riesgo la vida de estas personas. 

Frente a este escenario, las organizaciones firmantes redoblarán sus esfuerzos ante las instancias internacionales pertinentes para evidenciar y paliar los impactos del RDL 16/2012, y de esta sentencia en particular. En este sentido, estas organizaciones recuerdan que la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer  las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública sin restricciones a todas las personas que viven en España. Tras la sentencia del TC la puesta en marcha de estas medidas es más urgente que nunca. 

El Consejo General de la Abogacía condena por unanimidad la agresión a Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid2017-12-18
  • La búsqueda de la concordia y la convivencia pacífica caracterizan la labor de la abogacía para superar los conflictos exclusivamente mediante la palabra, lo que resulta incompatible con cualquier muestra de violencia

El Pleno del Consejo General de la Abogacía, reunido hoy en Madrid, ha aprobado por unanimidad una declaración de apoyo -leída por la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega- a la decana de Madrid y vicepresidenta primera del Consejo, Sonia Gumpert, ante la agresión sufrida durante el escrutinio de votos en las recientes elecciones al decanato del ICAM:

TEXTO DE LA DECLARACIÓN

“Ante la agresión sufrida por la consejera y decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, interpretando el sentir de todos los miembros de este Consejo General de la Abogacía Española quiero poner de manifiesto nuestro unánime apoyo, afecto y solidaridad ante unos hechos de todo punto inadmisibles, que condenamos y rechazamos con absoluta firmeza y que transmiten a la sociedad una imagen totalmente alejada e incompatible con los principios que rigen nuestra profesión.

Si algo caracteriza a la Abogacía es la búsqueda de la concordia y la convivencia pacífica con respeto a los derechos y libertades fundamentales, encaminada siempre a la superación de todo conflicto exclusivamente mediante la palabra, lo que resulta incompatible con cualquier muestra de violencia. Por ello, si la violencia siempre es rechazable, lo es más en este caso que se ha ejercido contra una decana, representante de todo el colectivo de la abogacía, en ejercicio de sus funciones.

Este Consejo General, y yo misma como presidenta, nos ponemos a disposición de nuestra compañera para el apoyo y colaboración que estime conveniente en el ejercicio de las acciones que considere oportuno plantear”.

El Tribunal Supremo establece que Hacienda no puede cobrar el IRPF a estudiantes becados que pasen más de 183 días al año en el extranjero2017-12-15

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido que la permanencia fuera del territorio nacional durante más de 183 días a lo largo de un año como consecuencia del disfrute de una beca de estudios no puede considerarse como una ausencia esporádica de las que, según el artículo 9.1.a de la Ley del IRPF, computan como periodo de permanencia en territorio español a efectos de ser considerado contribuyente como residente habitual en España.

En cinco sentencias dictadas en los últimos días, el Supremo rechaza otros tantos recursos del abogado del Estado contra resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que dieron la razón a cinco estudiantes becados en el extranjero por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), y obligaron a Hacienda a devolverles con intereses el dinero que el ICEX les retuvo en su día a cuenta del IRPF (entre 2.000 y 10.000 euros, según cada caso) por ejercicios en los que estuvieron más de 183 días anuales becados en el extranjero.

El Supremo ha fijado en sus sentencias la interpretación correcta de los artículos 8.1.a) y 9.1.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el primero de los cuales establece que son contribuyentes por dicho impuesto las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español, y el segundo que indica que se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español, y añade que “para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país”.

La interpretación del Supremo es, primero, que “la permanencia fuera del territorio nacional durante más de 183 días a lo largo del año natural como consecuencia del disfrute de una beca de estudios, no puede considerarse como una ausencia esporádica a los efectos del artículo 9.1.a) de Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, esto es, a fin de determinar la permanencia en España por tiempo superior a 183 días durante el año natural y, con ello, su residencia habitual en España”.

Y segundo, que “el concepto de ausencias esporádicas debe atender exclusivamente al dato objetivo de la duración o intensidad de la permanencia fuera del territorio español, sin que para su concurrencia pueda ser vinculado a la presencia de un elemento volitivo o intencional que otorgue prioridad a la voluntad del contribuyente de establecerse de manera ocasional fuera del territorio español, con clara intención de retorno al lugar de partida”.

La cena de empresa podría suponer tu despido disciplinario2017-12-14

En estos días que restan hasta Nochebuena, es normal que las empresas celebren las tradicionales comidas o cenas de Navidad, en las que se reúnen en torno a la mesa compañeros y jefes que comen y beben por igual. Esas fiestas suelen ser momentos de diversión y hasta desenfreno, que pueden dejar posteriormente situaciones no tan agradables. En esas comidas o cenas con "barra libre" es posible que alguno de los trabajadores se tome una copa de más y termine realizando actos o comentarios inapropiados. Desde Legálitas recordamos algunas situaciones que pueden tener consecuencias legales en estas celebraciones navideñas.

Actos y comentarios inapropiados

Si, por efecto del alcohol o por cualquier otro motivo, uno de los comensales se excede en sus actos o comentarios, llegando a insultar a un compañero de trabajo, puede enfrentarse a un despido o una sanción. Para que esa situación producida durante la celebración navideña prospere como despido disciplinario, esa actuación del comensal debería considerarse como grave, por ejemplo, si hubiera agredido, ofendido verbalmente o amenazado a otro compañero presente durante la cena o comida o bien el trabajador debería haber sido amonestado anteriormente por una situación similar.

Embriaguez

Sin entrar a valorar la imagen que puede dejar aquel o aquellos trabajadores que llegan al estado de embriaguez durante la celebración con sus compañeros y superiores, para que una empresa pueda argumentar un despido de un trabajador por embriaguez esta situación debe darse de manera habitual y repercutir en sus tareas diarias, es decir, ese momento puntual de embriaguez que se puede producir durante la reunión informal fuera del lugar de trabajo no es motivo de despido, siendo muy probable ante tal situación que el juez considere ese despido como una sanción desproporcionada, considerando en tal caso el despido como improcedente.

No menos importante es recordar las tasas de alcohol permitidas al volante y las sanciones que lleva aparejado superar los límites marcados en la ley. Los conductores en general, incluyendo a los conductores de bicicletas, no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0.25 miligramos por litro en aire espirado o con una tasa de alcohol en sangre superior a 0.5 gramos por litro. Los conductores con menos de dos años de carné, así como lo  conductores  profesionales,  tienen  unas  tasas  diferentes,  no  pudiendo  ser  estas superiores a 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado o de 0,15 miligramos por litro.

Con relación a la cuantía de las multas por alcoholemia, estas ascienden a 500 euros y la pérdida de 4 o 6 puntos del carné de conducir y a 1.000 euros y la pérdida de 4 o 6 puntos si el conductor ya hubiera sido multado por alcoholemia en el año inmediatamente anterior o hubiera superado el doble de la tasa permitida

Si se superan los 0,60 miligramos por litro en aire espirado o 1,2 gramos por litro en sangre, el conductor se enfrentará a una pena de cárcel de 3 a 6 meses o una multa de 6 a 12 meses o a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, a la privación del derecho a conducir entre uno y cuatro años.

Publicación de fotografías de la celebración

Hoy en día es habitual que en esas fiestas se hagan fotografías y se compartan en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales. Pero qué pasa si no queremos que esas fotos se difundan en internet o si por la publicación de esas imágenes la empresa nos despide. Para publicar una fotografía de otra persona en redes sociales, siempre que a través de ella se le pueda identificar, es necesario tener su consentimiento. El consentimiento no es obligatorio que sea explícito, si alguien posa para una foto se entiende implícitamente que está consintiendo para la realización de la misma. No obstante, puede darse el caso de que la persona no sepa que esa foto va a ser posteriormente compartida en redes sociales, por lo que ese consentimiento no alcanzaría a la publicación.

Además, hay que tener en cuenta que el consentimiento es revocable, por tanto, si una vez publicada la fotografía se desea que la misma desaparezca, se puede solicitar al autor que la elimine de sus redes sociales.

Si esas imágenes llegaran a ser vistas por alguno de los superiores de la empresa, esto no debería ser motivo de despido para el trabajador. Pero ¿qué ocurre si se trata de una grabación de video en la que el comensal aparece insultando o criticando a sus compañeros o jefes. En esta situación, el artículo 54.2c del Estatuto de los Trabajadores recoge que se considerara, entre otros motivos, un despido como disciplinario cuando se ofenda al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos, por lo tanto, el empresario podría despedir al trabajador como disciplinario, es decir, no tendrá derecho a indemnización.

Las sanciones a los trabajadores

Lo cierto es que los convenios colectivos suelen recoger sanciones a los trabajadores que cometan alguna falta, estando estas mismas definidas desde leves a muy graves con sanciones de suspensión de empleo y sueldo que pueden ser desde dos días hasta varios meses, según la gravedad de los hechos.

José María Alonso gana las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid2017-12-14

El presidente de Baker Mckenzie, José María Alonso, se proclamó anoche ganador de las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid. Con 40 años de ejercicio a sus espaldas, Alonso obtuvo la victoria en el voto presencial. En una campaña marcada por la polémica, la participación, de un 7,69%, ha sido inferior a la de las elecciones de 2012, cuando acudió a las urnas el 13,9% de los 77.000 colegiados.

La jornada electoral estuvo marcada por la presunta agresión física y verbal que sufrió la decana saliente, Sonia Gumpert, quien anunció que presentará un escrito ante la Junta Electoral y una denuncia ante la Policía Nacional. En concreto, Gumpert afirma haber sido a sido agredida por el fundador del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), Alejandro Pintó, a quien también acusa de haberla amenazado de muerte tras los comicios de la institución que se han celebrado este miércoles. La versión de Pintó es radicalmente distinta a la de Gumpert y afirma haber sido él el agredido.

Profunda transformación

El programa del nuevo decano, que se incluye en la página web electoral, pretende liderar el profundo proceso de transformación que necesita la profesión. "He dirigido durante casi 15 años dos de las primeras firmas de abogados de este país, y creo que ha llegado el momento en mi vida de dar un paso adelante y tratar de devolver a la profesión y a mis compañeros algo de lo mucho que me han dado a lo largo de estos años".

Según indica Alonso, sus "grandes obsesiones" son tres:

  • Que la Abogacía madrileña ocupe en la sociedad civil y frente a las instituciones el papel relevante que debe ocupar.
  • Que el Colegio se gestione bajo criterios de máxima excelencia, ética, transparencia y eficacia.
  • Que ponga en el centro de todas sus actuaciones al colegiado, especialmente a los más desfavorecidos.

Biografía del nuevo decano

Según refiere la página web de Baker Mckenzie, José María Alonso es el socio director del departamento de Litigación y Arbitraje en Madrid y miembro del Steering Committee del Global Arbitration Practice Group, del Steering Committee del European Disputes Practice Group de la Firma y del Steering Committee Latam/Spain. Alonso ha dirigido la oficina de Baker McKenzie en Madrid desde el 1 de julio de 2013 hasta el 1 de octubre de 2017. Asimismo, se encuentra posicionado en la banda 1 del directorio legal Chambers & Partners desde el año 2007. José María Alonso se incorporó a Baker McKenzie el 1 de marzo de 2012. Anteriormente, en J&A Garrigues fue director del departamento Procesal y de Arbitraje de 1982 a 2000, socio director de 2000 a 2009 y coordinador del área de Arbitraje Internacional y responsable de Relaciones Internacionales entre 2009 y 2011.

Resultados por candidaturas:

  • José María Alonso Puig: 4.406 votos
  • Javier Fernando Íscar de Hoyos: 3.880 votos
  • Nicolás González-Cuéllar Serrano: 1.301 votos
  • Luz Elena Jara Vera: 1.039 votos
  • Manuel Valero Yáñez: 709 votos
  • Begoña Trigo Aparicio: 86 votos
  • Sebastián Gómez Marfil: 30 votos
  • Carlos Alberto Bustillos López: 8 votos

Nueva Junta de Gobierno del ICAM

  • Decano: José María Alonso
  • Vicedecano: Begoña Castro
  • Diputado nº2: Ángela Cerrillos
  • Diputado nº3: Eugenio Ribón
  • Diputado nº4: Lola Fernández
  • Diputado nº5: Juan Gonzalo Ospina
  • Diputado nº6: Manuel Martín
  • Diputado nº7: Luis Fernando Guerra
  • Diputado nº8: Raúl Ochoa
  • Diputado nº9: María Segimón
  • Diputado nº10: Esther Montalvá
  • Secretario: José Ignacio Monedero
  • Tesorera: Mabel Zapata
  • Bibliotecario: Emilio Ramírez
Las empresas en España piden que se reduzca la incertidumbre en las negociaciones sobre el Brexit2017-12-13
  • Nuevos aranceles, barreras aduaneras, divergencia regulatoria, dificultad de movimiento de trabajadores e incertidumbre ante el proceso son las principales preocupaciones de las empresas, según un estudio del Council of British Chambers of Commerce in Europeen 18 países europeos
  • Los empresarios en España reclaman al Gobierno liderazgo en la negociación, defender los grandes intereses bilaterales y que se escuche la posición de las compañías, especialmente de las Pymes

La Cámara de Comercio Británica en España, con la colaboración de Ketchum Public Affairs y Herbert Smith Freehills, presentó anteayer en la sede madrileña de este bufete el estudio Brexit Ambition, que recoge el alcance, inquietudes y riesgos que supone para empresas de 18 países de Europa el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), cuyas conclusiones fueron posteriormente debatidas en una mesa redonda compuesta por reputados expertos, incluido diplomáticos, juristas y miembros de la Administración, a la que asistieron medio centenar de representantes de empresas.

Según se desprende del estudio, los empresarios europeos de compañías con intereses tanto en el Reino Unido como en la UE muestran una gran preocupación, ya que consideran que no se les está teniendo en cuenta en las negociaciones. Por ello, reclaman a gobiernos y a los equipos negociadores que avancen de forma urgente en acuerdos comerciales para tratar de disipar la gran incertidumbre existente sobre el futuro post Brexit. El CEO de Ketchum Public Affairs, José Ramón Caso, que fue el encargado de presentar las conclusiones del informe, afirmó que “los empresarios lamentan que el actual esquema negociador por fases establecido por la Unión Europea ha añadido más incertidumbre”.

Entre las grandes preocupaciones transversales entre sectores económicos que han destacado el centenar de empresas consultadas destacan los nuevos aranceles que se podrían crear, las barreras aduaneras, la divergencia regulatoria y la dificultad de movimiento de trabajadores en proyectos transfronterizos. “Todo ello, en economías tan integradas como las europeas, podría suponer un retroceso de décadas, desde el punto de vista de los empresarios participantes y generaría, además, un aumento en sus costes que sería trasladado finalmente a los consumidores”, subrayó Caso.

Para afrontar con garantías este cambio económico tan importante, el sector empresarial europeo reclama que se establezca un periodo de transición en el que adaptarse al nuevo contexto comercial, regulatorio, laboral y político entre ambos espacios. Para el catedrático de Derecho Internacional Público y de la UE y consultor académico de Herbert Smith Freehills, Antonio Pastor, “hacen falta periodos transitorios. El Brexit tiene una gran complejidad jurídica, porque Reino Unido va a dejar de estar inmerso en el derecho de la UE, y los tratados internacionales y los acuerdos bilaterales tendrán muchas dificultades, cuya complicación ya está en los propios acuerdos de retirada y transición. Por ahora, la duda es el papel concreto que van a jugar individualmente los estados miembros”.

El embajador británico en España, Simon Manley, también apuesta por un periodo transitorio. “Tenemos que trabajar para eliminar esta incertidumbre y poder llegar pronto a la segunda fase ya prevista, para que las Administraciones y empresas puedan prepararse para el futuro de la relación entre Reino Unido y la UE. Espero que podamos garantizar los derechos de los ciudadanos y evitar los aranceles y trabas”, afirmó.

A pesar de lo incierto del resultado de las negociaciones, los empresarios europeos tienen claro, según refleja el estudio, que el Reino Unido continuará siendo una economía fundamental para el resto de países europeos, especialmente en cuestiones como investigación, I+D, acceso a servicios financieros y de seguros y como puerta de entrada a los mercados internacionales. “Para los directivos consultados, la City de Londres es un ecosistema no trasladable a otra ciudad europea”, asegura Caso.

El estudio en España

Los líderes empresariales participantes en el estudio en España reclaman al Gobierno de Mariano Rajoy que exista un flujo constate de interlocución con el sector empresarial, y en concreto con las Pymes, durante el proceso de negociación. También manifiestan la necesidad de que, dados los grandes intereses bilaterales con el Reino Unido, el Ejecutivo defienda un acuerdo lo más favorable posible y tome el liderazgo de las negociaciones, de forma que los grandes impulsos no se descarguen únicamente en Francia y Alemania. Gran Bretaña fue en 2016 el primer inversor europeo directo en España. Algunos empresarios también solicitan a los negociadores que se cierre primero un acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos, para no convertirlos en moneda de cambios para los aspectos comerciales.

Del mismo modo que sus colegas europeos, los directivos españoles mostraron su preocupación por la incertidumbre total sobre el resultado del Brexit en estos momentos. Las nuevas barreras aduaneras, la falta de armonización de estándares de bienes y servicios o las injerencias de EEUU y China en la negociación también son aspectos que podrían impactar muy negativamente en la competitividad de las empresas en España.

Para el director general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Pascual Marco, “una de las grandes preocupaciones del Gobierno es saber transmitir bien a nuestras empresas que es un proceso que puede ser traumático”. Sin embargo, Marco advirtió que “la Administración está preparada y coordinada para informar y ayudar a las empresas. Además, sabemos que, en este tema, tenemos que ser lo más transparente posible y dar toda la información de la que disponemos”. El director general añadió que “el Gobierno es optimista de cara a la reunión del próximo 15 de diciembre del Consejo Europeo, máxime tras el preacuerdo alcanzado el pasado sábado, y donde se analizarán los progresos hasta la fecha para ver si se pasa ya a una segunda fase”.

Precisamente, el estudio refleja espacios para el optimismo en la clase empresarial española respecto al Brexit, que ha conllevado el impulso de proyecto de e-commerce en algunas empresas para intentar llegar a nuevos mercados, o consolidar su presencia en otros, y compensar así posibles efectos negativos en su negocio en el Reino Unido. Otras compañías están aprovechando este periodo de replanteamiento estratégico para transformar sus modelos de negocio o sus procesos de funcionamiento como intento de adaptarse mejor a los nuevos tiempos. Además, hay empresas relevantes con negocio en ambas áreas que ven en el Brexit una posible oportunidad para los próximos años, aunque dependiendo de la nueva legislación que se obtenga de la negociación.

Para el expolítico, diplomático y presidente de Rupérez International, Javier Rupérez, “el daño con el Brexit está hecho y es difícil paliarlo, pero no debemos hacer concesiones al que se va y ha creado el problema sin ninguna razón para hacerlo, que es el Reino Unido. Esto tiene mala solución, y es inevitable sufrir las consecuencias. Lo importante es prepararnos lo mejor posible”.

La proporcionalidad como medida de las obligaciones tributarias formales2017-12-12

Antes o después, la mayoría de nosotros hemos oído alguna vez una de esas frases que pretenden sintetizar la teoría aristotélica de la virtud, y que vienen a decir que “en el término medio se halla la virtud” o que “en el equilibrio se encuentra la virtud”.

Y estoy seguro de que en ese "nosotros" también se encuentra nuestro legislador tributario, quien seguramente sabe que el referido principio aristotélico también inspira y, de hecho, cimenta nuestro ordenamiento jurídico tributario, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria ("La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios."), así como en el artículo 169 y en el artículo 178 del mismo texto legal en materia de recaudación y de potestad sancionadora, respectivamente.

En síntesis, el principio de proporcionalidad supone que la aplicación de las normas tributarias debe guardar la proporcionalidad entre los fines que persigue (recaudatorios y tuitivos del ordenamiento jurídico tributario) y los medios que emplea para alcanzar dichos fines, y que en gran medida se hallan constituidos por la "colaboración" que deben prestar los propios contribuyentes a la AEAT.

Ahora bien, a la vista del amplísimo abanico de obligaciones formales que nuestro actual sistema tributario impone a los contribuyentes, he llegado a la conclusión de que el legislador tributario y este su humilde servidor no comparten el mismo rasero para ponderar la proporcionalidad y el peso del conjunto de las obligaciones tributarias formales que la empresa española debe cumplir anualmente.

Y llego a tal conclusión en un día como hoy en el que, además de conmemorar El milagro de Empel junto con mi mujer y mi hija (y de cambiar pañales, limpiar mocos de un otoño de sequía, hacer y dar papillas y biberones, entre otros menesteres), y de plasmar por escrito esta reflexión, he invertido parte del día ("y lo que te rondaré morena" durante este puente) en trabajar para la AEAT....

Ruego a quienes lean este post que no vean en el mismo ni una queja, ni un reproche, ni nada similar, pues servidor se gana (felizmente) la vida velando por el correcto cumplimiento de todas esas obligaciones formales por parte de la empresa para la que trabaja (amén de las obligaciones materiales, como no puede ser de otra manera). La razón de compartir ahora esta reflexión, y no otra más propia de estas fechas tan entrañables es, simple y llanamente, que ahora puedo echar la vista atrás (y ver el calendario de lo que queda de mes) y hacer balance del tiempo invertido a lo largo del año (y de lo que invertiré en lo que queda del mismo) en el cumplimiento de las obligaciones formales derivadas de nuestra legislación fiscal.

Hacer una relación, más o menos rigurosa, de las obligaciones formales que hemos tenido que afrontar a lo largo de este año sería tan farragoso que nos podrían dar las uvas e, incluso, llegar hasta San Antón, por lo que no los aburriré con semejante "tesis". Ahora bien, yo creo que todos los asiduos a este foro y, por supuesto, todos los que nos ganamos el pan con estos menesteres sabemos perfectamente que los dos grandes protagonistas del año en materia de obligaciones formales han sido el Suministro Inmediato de Información (SII) y el Informe País por país (CBCR).

Personalmente, no he tenido que enfrentarme al SII, pero sí he sido testigo directo (tan directo como que mi mesa se encuentra a escasos 5 metros de la mesa del responsable de implementar el SII en la empresa en la que trabajo) de lo que ha supuesto implementar el SII en una gran empresa: dedicación casi absoluta durante la mayor parte del año tanto de miembros del departamento de gestión tributaria como del departamento de tecnologías de la información de la empresa, además de los costes necesarios para adaptar el sistema informático de la empresa a los requerimientos tecnológicos del SII y, por último, la contratación de una persona que se dedica, en exclusiva, a la cumplimentación de las obligaciones que exige el nuevo sistema con periodicidad diaria.

Por otro lado, de lo que sí puedo hablar en primera persona es del tiempo invertido en la cumplimentación del conjunto de obligaciones de información sobre operaciones con entidades vinculadas, tanto a nivel nacional como internacional: Master File del Grupo en España, coordinación información para la cumplimentación de declaraciones informativas domésticas y para la formación de los archivos locales o "local files" en los países en donde el Grupo se encuentra presente, e información sobre operaciones con entidades vinculadas que se incluyó tanto en la declaración del Impuesto sobre Sociedades como a través del nuevo modelo 232 (Declaración informativa de operaciones vinculadas) que se presentó el pasado mes de noviembre. Y, por supuesto, puedo hablar en primera persona del tiempo invertido en recabar, cotejar, contrastar y verificar toda la información que se debe incluir en el Informe país por país (modelo 231) que se debe presentar ante la AEAT antes de que Ramón García y Anne Igartiburu se coman la última uva...

Por cierto, me gustaría recordar la importancia capital que tendrá el CBCR en el futuro, y que no todo el mundo parece atisbar: si bien la información que se aporte a través del CBCR no podrá (o no debería) servir de base para que la administración tributaria (española o extranjera) practique regularizaciones de la política de precios de transferencia de los Grupos multinacionales, sí permitirá a la AEAT (i) hacer una mejor selección de los contribuyentes a inspeccionar, (ii) hacer fiscalizaciones más eficaces puesto que se centrarán directamente en las áreas y operaciones de riesgo según los nuevos parámetros de BEPS, y (iii) realizar un análisis de la evolución de la actividad económica - nacional e internacional - de los Grupos multinacionales a lo largo del tiempo, además de recabar y compartir información específica con otras administraciones tributarias, lo que se traducirá en fiscalizaciones de Grupos multinacionales en distintas jurisdicciones de manera simultánea. Comprenderán ustedes, por tanto, que sea necesario contrastar cada dato que se va a incluir en el CBCR, pues en el futuro será fundamental poder explicar, y soportar adecuadamente, la información que se va a proporcionar a la AEAT y, por medio de ésta, a las administraciones tributarias de los países en donde se encuentren presentes los Grupos multinacionales.

En fin, es del todo punto evidente que nuestro legislador tributario atesora conocimientos infinitamente superiores a los míos en materia de política tributaria y asumo (o quiero pensar) que, en términos de macroeconomía, el abanico de obligaciones tributarias formales que alberga nuestro ordenamiento jurídico tributario se encuentra en plena consonancia con el principio de proporcionalidad que consagra nuestra Ley General Tributaria, pero lo cierto y verdadero es que las empresas tienen que destinar una parte muy considerable de sus recursos al cumplimiento de obligaciones formales (por no hablar del cumplimiento de las obligaciones materiales que, además, entrañan la complejidad de determinar el importe de la deuda tributaria a satisfacer, con todo lo que ello conlleva) que les impone nuestro sistema positivo de derecho fiscal, que es otra forma de decir que una gran parte de los recursos empresariales "trabajamos" una gran parte del año para la Administración Tributaria.

La opinión expresada en este post es exclusiva de su autor, y en modo alguno puede imputarse o atribuirse a ninguna persona o entidad de su entorno profesional.

Un proveedor de productos de lujo puede prohibir a sus distribuidores autorizados vender los productos en una plataforma tercera de Internet como Amazon2017-12-11

Esta prohibición resulta adecuada y no va en principio más allá de lo necesario para preservar la imagen de lujo de los productos
Coty Germany vende productos cosméticos de lujo en Alemania. Con el fin de preservar su imagen de lujo, comercializa algunas de sus marcas mediante un sistema de distribución selectiva, es decir, de distribuidores autorizados. Los puntos de venta de éstos deben cumplir varios requisitos relativos al entorno, acondicionamiento y disposición. Además, los distribuidores autorizados pueden vender en Internet los productos de que se trata, siempre que utilicen su propio escaparate electrónico o plataformas de terceros no autorizadas si la intervención de éstas no es perceptible para los consumidores. En cambio, tienen expresamente prohibido vender en línea los productos mediante plataformas de terceros que operen de forma evidente frente a los consumidores.
Coty Germany interpuso recurso ante los tribunales nacionales contra uno de sus distribuidores autorizados, Parfümerie Akzente, a fin de que, con arreglo a dicha cláusula contractual, se le prohibiera distribuir los productos de Coty a través de la plataforma «amazon.de». Al albergar dudas sobre la licitud de dicha cláusula a la luz del Derecho de la Unión en materia de competencia, el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania) preguntó al Tribunal de Justicia sobre este particular.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia, haciendo referencia a su reiterada jurisprudencia, [1] precisa, en primer lugar, que un sistema de distribución selectiva de productos de lujo dirigido, con carácter principal, a preservar la imagen de lujo de esos productos no incumple la prohibición de prácticas colusorias establecida en el Derecho de la competencia de la Unión, [2] siempre que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la elección de los revendedores debe hacerse en función de criterios objetivos de carácter cualitativo, establecidos de modo uniforme respecto a todos los revendedores potenciales, y aplicados de forma no discriminatoria, y (ii) los criterios exigidos no deben ir más allá de lo necesario.
El Tribunal de Justicia recuerda en este contexto que la calidad de productos de lujo no sólo resulta de sus características materiales, sino también del aura y de la imagen de prestigio que les confieren una sensación de lujo. Esta sensación constituye un elemento esencial de dichos productos, en la medida en que los consumidores pueden así distinguirlos de otros productos parecidos. Por lo tanto, un perjuicio causado a dicha sensación de lujo puede afectar a la propia calidad de estos productos.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia señala que la prohibición de prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión no se opone a una cláusula contractual como la controvertida, que prohíbe a los distribuidores autorizados de un sistema de distribución selectiva de productos de lujo dirigido, con carácter principal, a preservar la imagen de lujo de dichos productos, recurrir de manera evidente a plataformas de terceros para vender en Internet los productos de que se trata, si se cumplen los siguientes requisitos: (i) dicha cláusula debe pretender preservar la imagen de lujo de esos productos, (ii) debe establecerse de modo uniforme y aplicarse de forma no discriminatoria y (iii) debe ser proporcionada al objetivo perseguido. Corresponde al Oberlandesgericht comprobar si ello es así en este caso.
El Tribunal de Justicia observa a este respecto que, sin perjuicio de las comprobaciones por parte del Oberlandesgericht, la cláusula controvertida resulta lícita.
En efecto, ha quedado acreditado que la cláusula contractual controvertida pretende preservar la imagen de lujo y de prestigio de los productos de Coty. Por otra parte, de los documentos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que el Oberlandesgericht considera que dicha cláusula es objetiva y uniforme y que se aplica sin discriminación a todos los distribuidores autorizados.
Además, según el Tribunal de Justicia, la prohibición impuesta por un proveedor de productos de lujo a sus distribuidores autorizados de recurrir de forma evidente a plataformas de terceros para vender en Internet dichos productos resulta adecuada para preservar la imagen de lujo de éstos.
Esa prohibición tampoco parece ir más allá de lo necesario para preservar la imagen de lujo de los productos. En particular, habida cuenta de la inexistencia de una relación contractual entre el proveedor y las plataformas de terceros que le permita exigir que éstas cumplan las condiciones de calidad impuestas a sus distribuidores autorizados, no cabe considerar que la autorización concedida a dichos distribuidores de recurrir a tales plataformas a condición de que éstas respondan a las exigencias de calidad predefinidas sea tan eficaz como la prohibición en cuestión.
Por último, en el supuesto de que el Oberlandesgericht concluya que la cláusula controvertida queda incluida, en principio, en la prohibición de prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia observa que no cabe excluir que dicha cláusula pueda beneficiarse de una exención por categorías. [3]
En efecto, en circunstancias como las del presente caso, la prohibición controvertida de recurrir de manera evidente a terceras empresas para las ventas por Internet no constituye una restricción de la clientela ni una restricción de las ventas pasivas a los usuarios finales, restricciones éstas que quedan excluidas, de entrada, de la posibilidad de beneficiarse de una exención por categorías, ya que corren el riesgo de producir graves efectos contrarios a la competencia.

[1] El Tribunal de Justicia subraya que la sentencia Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (C-439/09, véase también el CP n.º 110/11) no pretendía establecer una declaración de principio según la cual la protección de la imagen de lujo ya no podría justificar en lo sucesivo una restricción de la competencia, como la resultante de la existencia de un sistema de distribución selectiva, respecto de todo producto ―en particular, los productos de lujo―, y modificar así la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia había considerado que la necesidad de preservar la imagen de prestigio de los productos cosméticos y de higiene corporal de que se trataba en dicho asunto no constituía una exigencia legítima que justificara una prohibición absoluta de venta de esos productos en Internet.

[2] Artículo 101 TFUE, apartado 1.

[3] Con arreglo al Reglamento (UE) n.º 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO 2010, L 102, p. 1).

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Audiencia Provincial de Murcia absuelve de un delito contra el medio ambiente a los seis acusados por los vertidos al río Segura2017-12-07

(CGPJ).- La sentencia de la Audiencia de Murcia señala que en el caso de Juan Cánovas y Román Garrido, se retiraron las acusaciones con carácter previo. Para otros cuatro acusados, la Sala estima que el delito contra el medio ambiente habría prescrito

Notificada hoy, la sentencia, además, acoge una de las cuestiones previas planteadas por las defensas, al entender que nos encontramos con una investigación prospectiva sobre vertidos, que excede mucho de la denuncia inicial, no acotándose el ámbito subjetivo ni territorial. Y por ello, se procede a la absolución de la totalidad de los acusados.

La resolución explica que, una concreta denuncia contra la actuación de la empresa responsable del tratamiento de aguas urbanas en la ciudad de Murcia y del propio ayuntamiento, dio lugar a abrir una investigación general sobre la gravísima situación de las aguas del río Segura afectadas por una intensa contaminación desde hacía décadas y sobre la generalidad de los vertidos, en Murcia y fuera de Murcia.

No obstante, en el cuarto fundamento jurídico, la Sala deja constancia de la "extrema gravedad" de la situación que originó el presente procedimiento. Y califica de inaudito tener que llegar a este estado de desastre medioambiental y a la incoación de diversos procedimientos judiciales para proceder a revertir la situación que padecía.

La juez de cláusulas suelo de Córdoba estima la nulidad de gastos hipotecarios, interés de demora y vencimiento anticipado en las primeras once sentencias notificadas2017-12-05
Antes de que finalice el año, alrededor de otras 30 sentencias sobre clausulas suelo estarán también notificadas

Autor: Comunicación Poder Judicial

La juez de Primera Instancia nº 9 bis, especializada en cláusulas suelo, ha notificado hoy las once primeras sentencias de los casos que han sido ya enjuiciados, en las que se estima la nulidad de gastos hipotecarios, el vencimiento anticipado y el interés de la demanda -cuando supere dos veces el interés del dinero-.

En materia de gastos, los bancos tendrán que restituir las cantidades aportadas, excepto el importe de la transmisión patrimonial que lo sigue pagando el cliente.

La juez no condena en costas a los bancos en ocho de estas sentencias, mientras que en tres de ellas -por allanamiento- sí que se condena en costas.

Antes de que finalice el año, alrededor de otras 30 sentencias sobre clausulas suelo estarán también notificadas.

El Tribunal Supremo establece que los bancos deben informar sobre las cláusulas suelo a los consumidores que se subrogan a un préstamo promotor2017-12-01

CGPJ

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que desestimó la demanda interpuesta por un consumidor que interesó la nulidad de la cláusula suelo del préstamo promotor en el que se había subrogado y posteriormente novado.

En el préstamo promotor, la cláusula suelo era del 3,5 %, mientras que en la escritura de subrogación -de octubre de 2006- era del 4%. En el año 2009 se novaron distintas condiciones del préstamo -ampliación del plazo de 30 a 40 años y carencia de pago de capital durante cuatro años, intereses y comisiones, así como rebaja de la cláusula suelo al 3%-.

Banco Popular renunció en la audiencia previa a discutir el carácter de la cláusula como condición general de la contratación, por lo que la afirmación de la Audiencia Provincial de que el contrato fue negociado no es suficientemente precisa como para llegar a la conclusión de que la cláusula suelo también lo fuera.

La sala recuerda que las cláusulas suelo del Banco Popular ya fueron declaradas nulas por sentencia de pleno de 23 de diciembre de 2015, y recuerda también su doctrina -sentencia de pleno de 8 de junio de 2017- de que, pese a la inexistencia de cosa juzgada de las acciones colectivas sobre las individuales, la regla general será determinar en estas últimas la abusividad de la cláusula, salvo circunstancias excepcionales como el perfil del cliente o la información precontractual suministrada por el banco.

El hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que este se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato.

En otro caso, la obligación de información precontractual del predisponente se convertiría en una obligación del adherente de procurarse dicha información, lo que resulta opuesto a la doctrina de la Sala Primera y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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El Tribunal Supremo revoca una condena a Antena 3 Televisión por un reportaje de cámara oculta2017-11-30

(CGPJ).- La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha revocado la condena impuesta por la Audiencia de Baleares a Antena 3 Televisión por vulneración del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de un experto en ‘coaching’ de quien emitió en 2010 un reportaje con cámara oculta grabado en su consulta en Mallorca cuya finalidad era denunciar determinadas prácticas pseudomédicas atribuidas a dicha persona.

El Supremo estima el recurso de la cadena al considerar que no existió intromisión ilegítima en los citados derechos del demandante al prevalecer en este caso las libertades de expresión e información ante el interés general de las informaciones sobre personas que se atribuyan poderes curativos y se lucren con su actividad. Entiende el tribunal que son legítimas las advertencias sobre ese tipo de actividades, y concluye que “la información fue veraz porque el demandante se atribuía unos poderes curativos, a modo de don especial, que podía generar falsas esperanzas en personas enfermas, quienes además pagaban al demandante cantidades muy considerables y a las que se incitaba a alejarse de su familia y círculos más cercanos”.

De ese modo, se anula la condena a Antena 3 a pagar una indemnización de 92.000 euros al demandante, así como la que se impuso a la Asociación de Prevención Sectaria ‘Red Une’, por el contenido de varios correos electrónicos sobre la misma persona, que fue de 12.000 euros, al estimarse también el recurso de ‘Red Une’.

Respecto al procedimiento de la cámara oculta, la sentencia recuerda que la doctrina de la Sala es que “puede no ser ilegítimo si resulta proporcionado al interés público de los hechos registrados”, “pues no cabe descartar que mediante el mismo se descubran hechos delictivos”, como en casos de corrupción política o económica, que “deban ser conocidos y transmitidos a la opinión pública con la contundencia y poder expresivo inherentes a la grabación de la imagen y la voz”.

Añade que esa proporcionalidad entre fines y medios se dio en este caso, en primer lugar porque el reportaje grabado no fue una iniciativa de la cadena, sino que partió de la información ofrecida por una fuente objetiva y fiable como era la asociación Red Une, entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad era «prevenir e informar a los ciudadanos sobre grupos peligrosos, sectas o actividades equiparables».

Asimismo, previamente esta asociación había tenido conocimiento de las actividades del demandante a través de la información que le había facilitado un familiar directo de una de sus clientes, por lo que no cabe negar que la emisión en antena del reportaje y su difusión ulterior en informativos y página web fue precedida de una labor seria de contraste, a partir de fuentes objetivas y fiables.

Y por último, la información divulgada fue veraz en lo esencial, por más que la edición propia de los programas de investigación diera lugar a que se alterara el orden en que fueron grabadas algunas imágenes o se optara por sintetizar el mensaje mediante la proyección de los pasajes más relevantes, “pues nada de lo que se omitió habría llevado a un espectador medio a conclusiones distintas de las que podía obtener a partir de los datos que sí fueron objeto de emisión, esto es, que existían indicios objetivos, notorios, evidentes, de que (el demandante) podía estar lucrándose mediante una organización dirigida a engañar a personas con graves problemas de salud, que la medicina no puede solucionar, ofreciéndoles el resultado seguro de supuestas terapias alternativas carentes de base científica”, indica el Supremo.

Primera demanda en España para que la ansiedad derivada de trabajar con amianto sea reconocida enfermedad profesional2017-11-29

Cinco trabajadores de la empresa Honeywell, actualmente ubicada en la Zona Franca de Barcelona, han interpuesto ​la primera demanda que se presenta en España reclamando el reconocimiento como enfermedad profesional de los trastornos de ansiedad y depresión que sufren muchas de las personas que han trabajado expuestas al amianto. Estas personas se enfrentan a la perspectiva de pasar el resto de su vida sometidos a revisiones médicas anuales para detectar la eventual aparición de algunas de las patologías potencialmente mortales que el amianto puede causar. Honeywell acumula en lo que va de año 17 sentencias -incluyendo resoluciones del Tribunal Supremo- que responsabilizan a la empresa de las defunciones y enfermedades de ex-trabajadores provocadas por la exposición al amianto en condiciones de falta de seguridad.

La demanda, que ha sido confeccionada por Colectivo Ronda con el apoyo de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña (AVAAC), tiene un precedente directo en una sentencia dictada en junio de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de París.

Indemnización a 80 empleados

En aquella ocasión, el Alto Tribunal parisino impuso a BOSCH - empresa que absorbió la división francesa de Honeywell- la obligación de indemnizar a 80 empleados de la antigua Honeywell por “lesiones de ansiedad” en relación con la exposición al amianto que habían sufrido estos empleados.

Los trabajadores de Honeywell responsables de la demanda trabajaron diariamente, al igual que el resto de sus compañeros, en permanente contacto con el amianto, un producto que la multinacional usó en la fabricación de las pastillas de freno hasta el año 2002, cuando se hizo efectiva en España la prohibición vigente en el resto de Europa desde dos años antes de utilizar o comercializar el amianto. Con anterioridad a esta fecha, el amianto se empleó en la fábrica de Honeywell de forma masiva y en situación de permanente incumplimiento de la normativa específica de protección de la salud de los trabajadores expuestos al amianto. Así al menos lo consideran las 17 sentencias, la mayoría ya firmes, que a lo largo de este año  han condenado a la empresa por incumplimientos en materia de protección de la salud laboral vinculados a las enfermedades y defunciones de trabajadores que formaron parte de la plantilla de Honeywell.

La evidencia del reiterado incumplimiento de la obligación por parte de Honeywell de adoptar las pertinentes medidas de prevención contribuye de forma plenamente comprensible a acentuar la angustia de los trabajadores que aún no han enfermado pero pueden hacerlo a corto, medio o largo plazo pues las enfermedades vinculadas a la exposición al amianto presentan largos periodos de latencia, habitualmente de entre 20 y 40 años. Siendo así, para miles y miles de trabajadores que estuvieron en contacto con el amianto antes de su prohibición en 2002 o que han seguido estándolo con posterioridad, la larga latencia de las enfermedades supone vivir con la angustia permanente de saber que en cualquier momento podrían empezar a desarrollar una patología mortal. Algunas de las más habituales, como es el caso del mesotelioma o cáncer de pleura, presentan una esperanza de vida que sólo en el 20% de los casos llega a los dos años, siendo inferior para el resto de víctimas.

Convivimos a diario con el miedo. Y el peor momento son estas revisiones anuales. Esperar el resultado y confiar que será negativo, que tendremos un año más de tregua antes de volver a pasar por este trance. Y nosotros aún tenemos suerte, nos hacen estas revisiones. La mayoría de personas que han estado expuestas al amianto no se benefician de estas revisiones o, incluso, ni siquiera saben que inhalaban amianto o que este material es peligroso. Pero, en cualquier caso, resulta muy angustioso saber que hasta 2040 no podremos estar seguros de no llevar en los pulmones nuestra sentencia de muerte”, explica José Luis Gómez, vicepresidente de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña (AVAAC) y uno de los trabajadores que ha impulsado esta demanda pionera.

La ansiedad es un problema de salud con efectos constatables sobre nuestro bienestar y la integridad física del organismo”, explica Àlex Tisminetzky, abogado del Colectivo Ronda que asesora a los demandantes.Y, como tal, resulta perfectamente exigible que las empresas que han expuesto sus trabajadores al amianto sin adoptar las pertinentes medidas de seguridad, se hagan cargo de indemnizar estas personas por el sufrimiento de una vida entera de angustia. Además, aquellas personas que han desarrollado episodios de depresión y crisis de ansiedad graves por este sufrimiento, deberían ver reconocidas sus afectaciones psicológicas con el mismo trato que se da a cualquier patología de origen laboral”.

La ‘tarifa plana' de la Seguridad Social de 2014 no es aplicable a contratos indefinidos que ya lo eran en empresas subrogadas2017-11-28

CGPJ

La Sala III ha dictado una sentencia en la que establece que la reducción en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida prevista en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, conocida como ‘tarifa plana’, “no es aplicable en los casos en los que no hay creación de empleo indefinido neto, porque la contratación indefinida efectuada afecta  a trabajadores que ya estaban contratados con el mismo carácter indefinido en empresas de las que el empleador interesado es sucesor en virtud de una subrogación dimanante de convenio colectivo”.

El Tribunal Supremo desestima el recurso planteado por una empresa vizcaína, Garibaldi S.A., contra la resolución de la Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social que le denegó en 2015 la bonificación de la ‘tarifa plana’ en relación a 85 trabajadores dados de alta como indefinidos desde el 1 de enero de 2015, y que eran subrogados de empresas en las que ya tenían contratos indefinidos y de las que habían causado baja en diciembre de 2014.

La sentencia recuerda que el párrafo c) del  apartado dos del artículo único del RDL 3/2014 exige como requisito para acceder a las bonificaciones de la Seguridad Social “celebrar contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo total de la empresa”.

Por ello, añade el Alto Tribunal, “en los casos en los que la contratación indefinida efectuada se refiera a trabajadores que ya estaban contratados con el mismo carácter indefinido en compañías salientes, de las que la empresa interesada -o entrante- asume los contratos por mandato del convenio colectivo del sector es evidente que no ha habido incremento del nivel de empleo indefinido, por lo que no puede entenderse que les sea de aplicación la bonificación por “tarifa plana”.

Desciende un 39,4% el total de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo2017-11-27

El número total de procedimientos fue de 2.571, que supone un descenso del 37,6% respecto a 2016. Los procedimientos finalizados con acuerdo representan el 89,4%, frente al 10,6% que lo hizo sin acuerdo.

En cuanto al número de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo en los nueve primeros meses de 2017 es de 38.938, 25.297 menos que en el mismo periodo de 2016, lo que supone un descenso del 39,4%.
Tal y como recoge la Estadística de Regulación de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del total de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo, los que vieron reducida su jornada fueron 4.687, 1.572 menos que en el mismo periodo de 2016, que representa una reducción del 25,1%.

Los trabajadores afectados por suspensiones de contrato hasta septiembre de 2017 se situaron en 19.041, 19.992 menos en relación con el mismo período del año anterior, lo que equivale a un descenso del 51,2%.
El número de afectados por despidos colectivos fue de 15.210 trabajadores, que supone un descenso de 3.733, un 19,7% menos respecto al mismo período de 2016.

Por comunidades autónomas el número de trabajadores afectados por despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada ha bajado en 16 de ellas. Los mayores descensos en términos relativos se han producido en Aragón (-84,9%), La Rioja (-73,5%), Galicia (-56,7%), Extremadura (-53,8%) y Ceuta y Melilla (-53,5%). Por el contrario los aumentos corresponden a Canarias (45,4%) y Navarra (7,4%).

La Audiencia de Valencia establece que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en una hipoteca ha de pagarlo el consumidor2017-11-24
  • Por primera vez el Tribunal imputa al prestatario el abono de este gravamen
  • La Sección Novena anula por abusivas las cláusulas que repercuten sobre el cliente otros gastos del contrato de préstamo hipotecario

(CGPJ).- La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado parcialmente la demanda de un consumidor y ha anulado varias cláusulas del contrato de préstamo hipotecario suscrito con una entidad bancaria por considerarlas abusivas.

La Sala considera que las cláusulas que imputan al prestatario los gastos por vencimiento anticipado, los de tasación y los aranceles notariales y registrales son abusivas. Mantiene, no obstante, que el Impuesto de Actos jurídicos Documentados, conforme a la normativa tributaria vigente, ha de pagarlo el consumidor.

Se trata del primer pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Valencia en este sentido. La Sección Novena está especializada en Mercantil y asume los asuntos relacionados con las condiciones generales de contratación. Por este motivo esta Sección de la Audiencia verá la práctica totalidad de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia sobre cláusulas abusivas en contratos de préstamo hipotecario.

El Tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la entidad financiera contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 5 de la capital y revoca la condena impuesta por éste al banco para que devolviera al consumidor el dinero pagado por el Impuestos de Actos Jurídicos Documentadios.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Gonzalo Caruana, señala que "Con independencia de que la sentencia de 23/12/2015 del Tribunal Supremo no tiene por objeto ni ha dispuesto fijar la atribución del sujeto pasivo de tal impuesto en la prestamista, conforme a la normativa específica tributaria (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y resoluciones judiciales que la han interpretado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, resulta fijado que el sujeto pasivo es el prestatario; razón por la cual, colocados los actores al momento de la contratación, ellos debían abonar el mentado impuesto, por lo que no procede que el mismo sea a cargo de ...S.A."

La decisión de la Sección Novena de la Audiencia de Valencia sobre este impuesto "se alinea con la posición absolutamente mayoritaria en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales que han enjuiciado la acción de restitución anudada a la de nulidad de tal clase de pacto en préstamos hipotecarios". En el mismo sentido ya se han pronunciado las Audiencias Provinciales de Pontevedra, Oviedo, A Coruña, Palencia, La Rioja, Cantabria y Alicante.

El Tribunal Supremo considera discriminatorio el trato dado por la Seguridad Social a los religiosos protestantes respecto a los católicos2017-11-23

(CGPJ).- La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha declarado nulo parte del Real Decreto 839/2015, de 21 de septiembre, que regula las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, por constituir un trato discriminatorio que vulnera el principio de igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución y el mismo artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (prohibición de la discriminación).

El Alto Tribunal estima así parcialmente un recurso planteado por dicha Federación. La sentencia anula concretamente la disposición adicional segunda del Real Decreto, donde se regula el reconocimiento inicial de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, y muerte y supervivencia. Indica que la regulación prevista para los ministros de las Iglesias Evangélicas o Adventista es distinta respecto a los clérigos de la Iglesia Católica, pese a que el Estado ha asimilado a ambos al trabajo por cuenta ajena, lo que supone una discriminación.

La sentencia explica que el Estado ha asimilado a las personas que ejercieron un ministerio religioso al trabajo por cuenta ajena, tanto en el caso de los clérigos de la Iglesia Católica, como en el los ministros de culto de las Iglesias Evangélicas o de la Iglesia Adventista -que son las contempladas en el Real Decreto-, y partiendo de esa situación de identidad sustancial, esas personas deben tener un trato homogéneo a los efectos de acreditar periodos de cotización para obtener determinadas prestaciones.

Así, recuerda que a los clérigos de la Iglesia Católica que hubieren cesado en el ejercicio del ministerio religioso (con independencia de las razones o causas para ello --secularización, abandono de la profesión religiosa--) se les permite alcanzar el máximo de cotización de 35 años, sumados a los periodos efectivamente cotizados, y los que desempeñaron análogo ministerio de culto en otras confesiones religiosas como la Iglesia Evangélica o la iglesia Adventista, ven limitada esta posibilidad a cubrir, exclusivamente, el periodo mínimo de carencia de las diferentes prestaciones.

La sentencia explica que el principio constitucional de igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución y prohibición de discriminación del artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos proscriben introducir desigualdades de trato entre situaciones que puedan considerarse iguales, como es el caso de los clérigos de las distintas religiones, en el ámbito concreto examinado.

El Tribunal Supremo declara desierto el recurso de Miguel Blesa contra la sentencia que le condenó por 'tarjetas black'2017-11-22

(CGPJ).- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado desierto el recurso de casación interpuesto en su día por el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa de la Parra contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 23 de febrero de 2017, que le condenó a seis años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida en relación con el uso de las “tarjetas black” de la entidad financiera, y como responsable civil solidario del pago de los 9,3 millones de euros que se cargaron a dichas tarjetas durante su periodo al frente de la Caja (2003-2010).

En el auto, acuerda también el archivo de las actuaciones respecto de dicho recurrente y ordena que se comunique la decisión a la Audiencia Nacional “a los efectos de la declaración de firmeza de la sentencia y de su ejecución en los términos del fallo dictado en su día, sin perjuicio de declarar extinguida la responsabilidad criminal por fallecimiento del reo”.

La Sala explica que tras el fallecimiento del expresidente de Caja Madrid, que fue comunicada al tribunal por el procurador de Miguel Blesa el 28 de julio de 2017, sus herederos podían personarse en el mismo para continuar con el recurso de casación interpuesto por el fallecido contra la sentencia condenatoria. Sin embargo, afirma la Sala, el procurador “no ha aportado poder de los herederos para sostener el recurso, por lo que debido al tiempo transcurrido, el recurso debe tenerse por desistido y debe declararse desierto”. Esta declaración, subraya la Sala, supone la firmeza de la sentencia de instancia, lo que se comunicará al tribunal sentenciador para su ejecución, sin perjuicio de que la responsabilidad criminal deba tenerse por extinguida por fallecimiento del reo.

Por otro lado, la Sala de lo Penal continúa la tramitación de los recursos de casación interpuestos por los otros recurrentes –condenados y acusaciones- contra la sentencia de la Audiencia Nacional por el uso de las “tarjetas black”. A día de hoy no está fijada la fecha para la deliberación y fallo de los mismos.

El Tribunal Supremo establece que conducir habiendo perdido todos los puntos es delito y no falta administrativa2017-11-21

(CGPJ).- La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha establecido que conducir con el permiso sin vigencia por pérdida de todos los puntos es delito y no una falta administrativa. El alto tribunal explica que el delito contra la seguridad vial, del artículo 384 del Código Penal, aplicable al caso, no requiere un elemento adicional de poner en un riesgo concreto la seguridad vial, y basta con la puesta en peligro en abstracto que supone conducir sin las condiciones legales para ello.

El Supremo, en tres recientes sentencias, fija este criterio que era compartido por la práctica totalidad de las audiencias provinciales, excepto la de Toledo, que consideraba que para que existiese el delito del artículo 384.1 del Código Penal la acción de conducir un vehículo a motor o ciclomotor, careciendo de permiso de conducir por pérdida total de los puntos asignados legalmente, se requería que en la conducción el autor infringiese algún precepto reglamentario que ponga en riesgo la seguridad vial, dado que en otro caso la acción solo constituía una infracción administrativa.

La cuestión que se planteó el Supremo consistía, por consiguiente, en determinar si el delito de conducción con permiso caducado por pérdida de puntos, es un delito de riesgo abstracto o concreto, esto es, si requiere la puesta en peligro de modo concreto del bien jurídico protegido (la seguridad vial) o es suficiente con la puesta en peligro «in abstracto».

El Supremo resuelve que se da este segundo supuesto. “La pérdida de puntos del permiso de conducción por las sanciones recibidas, es indicativo de que se carece de las características adecuadas para conducir un vehículo en tanto que el conductor desprecia las normas de circulación legalmente dispuestas para ello, y tal desprecio ha puesto reiteradamente en peligro el bien jurídico protegido, optando el legislador por definir este tipo legal que suprime la vigencia de su permiso de circulación, obtenido regularmente en su día”, dice el Supremo.

Conductor con carné español sin puntos y permiso portugués

En uno de los tres casos resueltos, el Supremo examina el caso de un conductor que cuando fue sorprendido conduciendo, a pesar de tener cancelado el permiso de conducir español por pérdida de puntos, ostentaba un permiso de conducir portugués que había sido obtenido mediante canje. Los hechos ocurrieron en una carretera navarra, donde el acusado fue interceptado por agentes de la Policía foral.

El canje del permiso de conducir se regula a nivel europeo por la Directiva 91/439 del Consejo, de julio de 1991, junto a la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006.

Para el Supremo, en el caso enjuiciado estamos en presencia de un fraude de ley. “Al amparo de tal disposición, puede obtenerse el canje del permiso de conducción para aquellas personas que residan más de medio año en otro Estado miembro de la UE, pero lo que no puede conseguirse es contar con dos permisos de conducir, uno caducado por pérdida de puntos, y otro perteneciente a país distinto del que se conduce cuando se es sorprendido sin vigencia por pérdida de puntos”, indican los magistrados.

El que se haya obtenido el canje no puede impedir las disposiciones sancionadoras de tal manera que aquella que determina la imposición de una sanción de privación de la autorización administrativa de conducir vehículos por pérdida de puntos en uno de los Estados, pueda dejar de aplicarse.
“De todo ello resulta que no pueden detentarse dos permisos, y usar el que convenga en cada momento, sobre todo cuando se circula por un Estado cuyas autoridades impiden tal conducción como consecuencia de las infracciones cometidas, que acarrean la caducidad de su vigencia por pérdida total de puntos”, indica la resolución.

En ese sentido, recuerda que lo que se imputaba al acusado no era conducir sin permiso, situación en la que la titularidad del permiso portugués haría la conducta atípica, sino que se le acusa de conducir en España cuando media resolución firme de pérdida de vigencia del permiso de conducción, conducta típica que concurre en el caso que nos ocupa.

En suma, “no puede pretenderse por el hecho de detentar el referido permiso portugués mediante canje, al ser residente en el extranjero, ser de mejor condición que el resto de ciudadanos nacionales que tienen únicamente el permiso de conducir español; si pierde, como perdió, la vigencia del permiso de conducir en España no puede su conducta quedar impune, máxime teniendo en cuenta que el acusado conocía perfectamente cómo funciona el sistema de pérdida de vigencia, al habérsele retirado en dos ocasiones anteriores, y en esta tercera sencillamente se adelantó a la resolución de la Jefatura de Tráfico”.

Las condenas impuestas en los tres casos van desde 5 meses de prisión, para este último acusado, a multas pecuniarias de entre 2.160 y 6.000 euros.

El Tribunal Supremo estima un recurso de la Generalitat de Cataluña contra la gestión de las subvenciones en materia de medio ambiente por la Admini2017-11-20
La Sala tercera recuerda que, como regla general, esta competencia corresponde a las Comunidades Autónomas

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 596/2015 que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales o entidades del Tercer Sector que desarrollen actividades de interés general y social en la protección del medio ambiente.

La Generalitat argumentaba que la gestión de este tipo de subvenciones en materia de medio ambiente corresponde a las comunidades autónomas y no al Administración central.

El Supremo da la razón al Govern catalán y recuerda su sentencia de 21 de julio de 2016, referida al Real Decreto 699/2013 sobre la misma materia, donde indicó que, como regla general, la gestión de subvenciones en materia medioambiental corresponde a las Comunidades Autónomas.

Aplicando el mismo criterio, el alto tribunal anula dos artículos del Real Decreto 596/2015, entre ellos el que designa al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como órgano competente para la gestión de estas subvenciones, tanto la evaluación y examen de las solicitudes como la concesión o no, decisión ésta última que se reservaba al ministro de Medio Ambiente o en quien él delegase.

El Tribunal Supremo declara nulo el Reglamento de la Carrera Diplomática2017-11-17

(CGPJ).- La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha declarado nulo el Real Decreto 638/2014, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Carrera Diplomática, ya que el Proyecto de Reglamento debió ser sometido a negociación colectiva y el incumplimiento de este requisito es causa de nulidad. La Sala estima así el recurso interpuesto por el Sindicato Independiente del Servicio Exterior del Estado (SISEX).

El Supremo destaca que, según su jurisprudencia dicha negociación es obligatoria, y su omisión, conforme al artículo 37.1 c) del Estatuto Básico del Empleado Público, determina la nulidad.

El abogado vino a sostener, según explica la sentencia, que esa negociación existió con la invitación efectuada por la Administración mediante cartas y correos electrónicos y con la participación de ADE (Asociación de Diplomáticos Españoles) en grupos de trabajo. Así, aunque no se convocara formalmente la negociación del proyecto, materialmente se produjo y, si SISEX no intervino en ella, fue, según esta parte, porque no quiso.

El alto tribunal indica, primero, que ni en el expediente ni en las actuaciones hay constancia de que se ofreciera a SISEX participar en las actuaciones que describe el abogado del Estado. Pero incluso aceptando los hechos descritos por dicha parte, la conclusión que se impone no cambia, según subraya el TS.

“La negociación contemplada por el Estatuto Básico del Empleado es un derecho de las organizaciones sindicales y no cuestión de invitación más o menos informal (…) hace falta que “se haya ofrecido a los representantes de los funcionarios, a través de un debate realizado en condiciones de igualdad y realmente contradictorio, la posibilidad de participar en el proceso de formación de la decisión administrativa que esté legalmente sujeta a la necesidad de dicha negociación”.

La negociación colectiva, explica la sentencia, no consiste pues en la consulta o en la mera audiencia. No se satisface con cualquier intercambio de información ni con la presentación de ideas o sugerencias. Tampoco se identifica, por tanto, con la participación en unos grupos de trabajo informales ni se satisface por contar con el parecer de la organización más representativa.

“La negociación colectiva requiere una mínima formalización. En los supuestos en los que la exige el legislador, debe dar lugar a un trámite o fase en el procedimiento en la que se convoque a todos los legitimados para participar en ella a negociar con la Administración. No comporta, naturalmente, la aceptación de las posiciones sindicales pero sí implica la posibilidad de que se expongan y debatan en las condiciones de igualdad y contradicción señaladas. Y no consta que se haya obrado así en este caso”, resume la sentencia.

El Tribunal Supremo declara la nulidad parcial de una hipoteca multidivisa por falta de transparencia2017-11-16
La Sala de lo Civil entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por los prestatarios contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la demanda en la que solicitaban la nulidad de las cláusulas multidivisa de un préstamo hipotecario concertado con Barclays Bank.

La Sala estima que las cláusulas cuestionadas no superan el control de transparencia y casa la sentencia recurrida, declarando la nulidad parcial del préstamo y la eliminación de las referencias a la denominación en divisas del préstamo, que queda como un préstamo concedido en euros y amortizado en euros.

En este sentido, entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar, y que la nulidad parcial es posible por el régimen contractual previsto en el préstamo hipotecario.

Se adjunta nota de la Sala de lo Civil.

El CGPJ informa a Justicia y las Comunidades Autónomas de su previsión de necesidades en los juzgados de cláusulas suelo para 20182017-11-15
  • El Consejo estima que, en total, harán falta 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados
  • El Ministerio de Justicia tomará una decisión sobre la continuidad del plan de urgencia una vez estudie la información facilitada por el órgano de gobierno de los jueces
  • Las Comunidades Autónomas piden una “hoja de ruta” en la que se establezcan de manera clara y estable las necesidades para la segunda fase del plan

El Consejo General del Poder Judicial informa al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia de su previsión de necesidades para 2018 en los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

La estimación -calculada a partir de las necesidades comunicadas por los Tribunales Superiores de Justicia, los informes del Servicio de Inspección sobre la evolución estadística del número de demandas ingresadas y la comparación con los asuntos de carácter ordinario en la jurisdicción civil- es que el año que viene se precisarán un total de 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados.

También serían necesarios 23 letrados de la Administración de Justicia a tiempo completo y otros 29 a tiempo parcial, según la información facilitada hoy a los representantes de las Administraciones en la reunión mantenida con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; los vocales de la Comisión Permanente y el vocal Gerardo Martínez Tristán, coordinador del plan de urgencia puesto en marcha el pasado 1 de junio.

Este consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- que conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados las cláusulas suelo y otros asuntos como vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El plan de urgencia fue aprobado con una vigencia inicial de siete meses, hasta el próximo 31 de diciembre, y su continuidad más allá de esa fecha precisa del informe favorable del Ministerio de Justicia, según lo establecido en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha asistido hoy a la reunión de coordinación, ha anunciado que estudiará la información facilitada este lunes por el CGPJ y que en un plazo breve se pronunciará sobre la prórroga del plan.

Si se aprueba la continuidad del mismo, se convocará a una nueva reunión, con carácter inmediato, a las Comunidades Autónomas, que han mostrado su disposición a facilitar los medios personales y materiales precisos para esa segunda fase del plan en función de su disponibilidad presupuestaria, aunque han reclamado una “hoja de ruta” en la que se fijen de manera clara y estable esas necesidades.

Más participación de los jueces titulares

Durante la reunión de hoy, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha agradecido el esfuerzo desarrollado hasta ahora por las Administraciones y ha destacado los efectos positivos que ha tenido el plan de urgencia, como la uniformidad en la respuesta a las demandas de los ciudadanos, la mayor productividad de los Juzgados y el “refuerzo indirecto” que la especialización de órganos ha supuesto para el resto de los de la jurisdicción civil.

También ha destacado que en el encuentro mantenido la semana pasada con una representación de los jueces decanos quedó de manifiesto su respaldo al plan y, en respuesta a la petición de éstos y de las Comunidades Autónomas, se ha comprometido a dotar de estabilidad a las medidas que se acuerden “como garantía para las Administraciones prestacionales”.

Lesmes también ha anunciado que el CGPJ se plantea un “cambio cualitativo importante” en relación con la participación de los jueces y magistrados titulares de los órganos especializados, mediante la aplicación de medidas como la exención de reparto o el autorrefuerzo, en vista de los buenos resultados cosechados en aquellos Juzgados donde ya se han puesto en práctica.

También se fomentarán otras iniciativas con la finalidad de facilitar la unificación de criterios, como grupos de trabajo y encuentros de jueces de órganos especializados y de magistrados de las Audiencias Provinciales y de éstos con letrados de la Administración de Justicia o un tesauro que el Centro de Documentación Judicial pondrá a su disposición.

Los asistentes a la reunión han coincidido en que el tipo de litigiosidad al que se enfrentan los Juzgados especializados “ha venido para quedarse” y han destacado la importancia que tendrán los pronunciamientos de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo sobre las cuestiones que hoy se están resolviendo en primera instancia y sobre asuntos como el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), que el alto tribunal examinará por primera vez el próximo día 22.

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Los Juzgados especializados en cláusulas suelo celebrarán más de 6.000 vistas hasta finales de año2017-11-14
  • Desde su entrada en funcionamiento el pasado 1 de junio, estos órganos judiciales ya han celebrado casi 5.000 vistas o audiencias previas y dictado cerca de 3.500 sentencias
  • El número de demandas ingresadas hasta el pasado día 5 era de 118.419
  • El CGPJ evalúa hoy con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia las necesidades del plan de urgencia

Los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física tienen señaladas más de 6.000 vistas o audiencias previas para los meses de noviembre y diciembre.

Según los datos recabados por el CGPJ de los Tribunales Superiores de Justicia, estos órganos judiciales ya han celebrado desde su puesta en marcha, que tuvo lugar el pasado 1 de junio, casi 5.000 vistas. En las audiencias previas se fija el objeto del litigio, las partes proponen prueba y el juez admite las que estima procedentes para resolver el pleito planteado. Si las partes proponen solo prueba documental, el asunto queda visto para sentencia. En caso contrario, es necesaria la celebración del juicio.

Además, los Juzgados especializados han dictado cerca de 3.500 sentencias en los cuatro meses que llevan en funcionamiento –el de agosto es inhábil-, cuando el tiempo medio de respuesta en la jurisdicción civil es de seis meses.

El número de demandas ingresadas hasta el pasado día 5 era de 118.419. La cifra incluye las demandas presentadas en los órganos judiciales de forma electrónica a través de LexNET en doce de las trece Comunidades Autónomas que tienen implantado este sistema -Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia y La Rioja- y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Esa información ha sido facilitada al Consejo General del Poder Judicial por el Ministerio de Justicia. En la Comunidad Valenciana se ha optado por ofrecer las cifras facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia, ya que un elevado número de demandas se presenta por otras vías.

Finalmente, la información correspondiente a las cuatro Comunidades Autónomas que no tienen LexNET –Cantabria, Cataluña, Navarra y el País Vasco- ha sido también proporcionada por los respectivos Tribunales Superiores de Justicia.

El pasado 1 de junio se puso en marcha el plan de urgencia aprobado por el Consejo General del Poder Judicial ante el previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo.

El plan consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- que conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

Estos asuntos se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

De los Juzgados especializados, el que más demandas ha ingresado desde su entrada en funcionamiento es el de Madrid, con 25.464. Le siguen el de Barcelona, con 10.362; y el de Valencia, con 5.745.

Datos sobre demandas registradas, vistas celebradas y señaladas y sentencias dictadas en los Juzgados especializados 

ANDALUCÍA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ALMERÍA

1.718

119

317

42

CÁDIZ

2.983

90

154

48

CÓRDOBA

1.897

48

72

-

GRANADA

3.073

114

102

21

HUELVA

2.387

0

48

4

JAÉN

2.283

84

135

59

MÁLAGA

4.098

27

172

13

SEVILLA

5.745

92

168

41

ANDALUCÍA

24.184

574

1.168

228

ARAGÓN

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

HUESCA

346

13

35

12

TERUEL

147

18

16

9

ZARAGOZA

3.229

231

125

180

ARAGÓN

3.722

262

176

201

ASTURIAS

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ASTURIAS

2.151

500

650

556

ASTURIAS

2.151

500

650

556

BALEARES

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

BALEARES

2.084

112

-

76

BALEARES

2.084

112

-

76

CANARIAS

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

LAS PALMAS

3.099

155

137

149

TENERIFE

3.538

50

87

35

CANARIAS

6.637

205

224

184

CANTABRIA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

CANTABRIA

1.277

118

91

75

CANTABRIA

1.277

118

91

75

CASTILLA Y LEÓN

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ÁVILA

345

108

-

-

BURGOS

753

67

97

61

LEÓN

2.135

186

140

140

PALENCIA

1.090

53

51

89

SALAMANCA

802

73

78

29

SEGOVIA

332

20

75

8

SORIA

173

25

50

12

VALLADOLID

2.151

64

104

92

ZAMORA

615

39

52

53

CASTILLA Y LEÓN

8.396

635

647

484

CASTILLA-LA MANCHA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ALBACETE

628

58

85

28

CIUDAD REAL

1.039

121

78

65

CUENCA

434

2

95

2

GUADALAJARA

867

28

44

19

TOLEDO

2.288

159

308

63

CASTILLA-LA MANCHA

5.256

368

610

177

CATALUÑA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

BARCELONA

10.362

102

168

75

GIRONA

953

-

150

27

LLEIDA

361

8

31

17

TARRAGONA

1.320

8

33

5

CATALUÑA

12.996

118

382

124

COMUNIDAD VALENCIANA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ALICANTE

3.307

120

110

117

CASTELLÓN

805

54

122

12

VALENCIA

4.719

346

-

162

C.VALENCIANA

8.831

520

232

291

EXTREMADURA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

BADAJOZ

1.764

132

176

98

CÁCERES

1.761

79

88

90

EXTREMADURA

3.525

211

264

188

GALICIA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

A CORUÑA

1.850

88

141

70

LUGO

194

52

56

23

OURENSE

419

28

61

19

PONTEVEDRA

2.198

124

121

87

GALICIA

4.661

292

379

199

MADRID

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

MADRID

25.464

301

1.136

245

MADRID

25.464

301

1.136

245

MURCIA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

MURCIA

2.309

4

62

8

MURCIA

2.309

4

62

8

NAVARRA (Territorio no LexNET)

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

NAVARRA

1.099

105

118

43

NAVARRA

1.099

105

118

43

PAÍS VASCO (Territorio no LexNET)

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ARABA-ÁLAVA

677

155

-

96

BIZKAIA

3.237

326

-

228

GIPUZKOA

1.135

103

-

45

PAÍS VASCO

5.049

584

-

369

LA RIOJA

Provincia

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

LA RIOJA

778

-

2

37

LA RIOJA

778

-

2

37

TOTAL ESPAÑA

País

Asuntos ingresados

Vistas celebradas

Vistas señaladas

Sentencias

ESPAÑA

118.419

4.909

6.141

3.485

Nueva reunión de evaluación del plan de urgencia

Con objeto de evaluar la marcha del plan de urgencia hasta la fecha y de determinar las posibles necesidades del mismo, el Consejo General del Poder Judicial mantendrá a mediodía de hoy una reunión con representantes del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia.

El encuentro se produce después de que, el pasado lunes 6, el órgano de gobierno de los jueces estudiara con una representación de los jueces decanos el funcionamiento de los órganos judiciales especializados y las necesidades de medios personales y materiales.

Si quieres estar al día, conoce los detalles de este curso sobre Cláusulas suelo y devolución de los gastos de hipoteca

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal2017-11-13

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos que adaptará nuestra legislación a las disposiciones del Reglamento UE 2016/679, introduciendo novedades y mejoras en la regulación de este derecho fundamental en nuestro país.

Este Reglamento Europeo que se aplicará a partir del próximo 25 de mayo de 2018, recoge como uno de sus principales objetivos acabar con la fragmentación existente en las distintas normativas de los países comunitarios. Además, persigue la adaptación de las normas de protección de datos a la rápida evolución tecnológica y los fenómenos derivados del desarrollo de la sociedad de la información y la globalización.

En el caso de España, donde la protección de datos es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución, se recogen novedades tanto en el régimen de consentimiento como en los tratamientos y en la introducción de nuevas figuras y procedimientos.

Adelanta a los 13 años la edad de consentimiento para el tratamiento de datos en consonancia con la normativa de otros países de nuestro entorno. Además, se tomará en cuenta el tratamiento de los datos correspondientes a personas fallecidas en base a la solicitud de sus herederos, se excluye la figura del consentimiento tácito que se sustituye por una acción afirmativa y expresa por parte del afectado y se recoge manifiestamente el deber de confidencialidad. En caso de una inexactitud en los datos personales obtenidos de forma directa, se excluye la imputabilidad del responsable de su tratamiento si éste ha adoptado todas las medidas razonables para su rectificación o supresión.

En las cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos, incorpora el principio de transparencia en cuanto al derecho de los afectados a ser informados sobre dicho tratamiento y contempla de forma expresa los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.

Para evitar situaciones discriminatorias, se mantiene la prohibición de almacenar datos de especial protección, como ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, origen racial o étnico y creencias. En estas categorías, el solo consentimiento del interesado no basta para dar viabilidad al tratamiento.

Además, introduce algunos supuestos en los que el legislador contempla como presunción, la prevalencia del interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en cumplimiento de determinados requisitos, como en el caso de los sistemas de información crediticia. Igualmente, regula situaciones en las que se aprecia la existencia de interés público, como los relacionados con la videovigilancia y sistemas de exclusión publicitaria (listas Robinson), la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado.

Entre las novedades, destaca la potenciación de la figura del delegado de protección de datos, persona física o jurídica cuya designación ha de ser comunicada a la autoridad competente, que mantendrá relación con la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). Por su parte, la AEPD se configura como autoridad administrativa independiente cuyas relaciones con el Gobierno se realizan a través del Ministerio de Justicia. Se establece la necesaria cooperación y coordinación con las correspondientes autoridades autonómicas de protección de datos.

En relación con el procedimiento, promueve la existencia de mecanismos de autorregulación tanto en el sector público como en el privado e introduce la obligación de bloqueo que garantiza que los datos queden a disposición de un tribunal, el Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes (como la AEPD) para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas de su tratamiento, evitando así que se puedan borrar para encubrir el incumplimiento.

En el caso de España, la adaptación de nuestra legislación al Reglamento General de Protección de Datos hace necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica en sustitución de la actual, cuyas normas y desarrollo deberán ser revisadas y adaptadas para evitar contradicciones. Igualmente, la AEPD deberá desarrollar cuestiones concretas que el reglamento comunitario remite a las autoridades nacionales de control y tendrá que revisar sus tratamientos de datos personales para adaptarlos a esas exigencias.

Este reglamento atiende a nuevas circunstancias provocadas fundamentalmente por el aumento de los flujos transfronterizos de los datos personales como consecuencia de la actividad del mercado interior, teniendo en cuenta que la rápida evolución tecnológica y la globalización han provocado que esos datos sean un recurso fundamental para la sociedad de la información.

Ante esta situación, han aumentado los riesgos inherentes a que las informaciones sobre los individuos se hayan multiplicado de forma exponencial siendo más accesibles y más fáciles de procesar, al tiempo que se ha hecho más difícil el control de su uso y destino.

El descanso semanal de los trabajadores no tiene que concederse necesariamente el día siguiente a seis días de trabajo consecutivos2017-11-10

Puede concederse cualquier día dentro de cada período de siete días

El Sr. António Fernando Maio Marques da Rosa estuvo empleado de 1991 a 2014 en la sociedad Varzim Sol - Turismo, Jogo e Animação SA («Varzim Sol»), que posee y explota un casino en Portugal. El casino está abierto todos los días, a excepción del 24 de diciembre, desde la tarde hasta la madrugada siguiente. En 2008 y 2009 hubo ocasiones en que el Sr. Maio Marques da Rosa trabajó durante siete días consecutivos. A partir de 2010, Varzim Sol modificó la organización de los horarios laborales de manera que sus empleados no trabajaran más de 6 días consecutivos. Al extinguirse su contrato de trabajo, en marzo de 2014, el Sr. Maio Marques da Rosa entabló una demanda contra Varzim Sol con objeto de que se declarara, en esencia, que dicha empresa no le había concedido los días de descanso obligatorios a los que consideraba tener derecho. A este respecto, solicitó que se le abonara una compensación correspondiente a la remuneración pertinente de las horas extraordinarias trabajadas.

La Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo[1] establece que todos los trabajadores disfrutarán, por cada período de siete días, de un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas, a las que se añaden 11 horas de descanso diario.

Al albergar dudas en cuanto a la interpretación de la Directiva, el Tribunal da Relação do Porto (Audiencia de Oporto) pregunta al Tribunal de Justicia si el período mínimo de descanso semanal ininterrumpido de 24 horas al que tiene derecho el trabajador debe ser concedido como muy tarde el día siguiente a un período de seis días consecutivos de trabajo[2].

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que el Derecho de la Unión no exige que el período mínimo de descanso semanal se conceda como muy tarde el día siguiente a un período de seis días consecutivos de trabajo, sino que se conceda dentro de cada período de siete días.

El Tribunal de Justicia considera, para empezar, que la expresión «por cada período de siete días» no contiene remisión alguna al Derecho nacional de los Estados miembros, por lo que constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión, que debe interpretarse de manera uniforme.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia procede a analizar el tenor, el contexto y los objetivos de la Directiva. En lo que respecta a su tenor, el Tribunal de Justicia declara que de los propios términos de la Directiva se infiere que los Estados miembros tienen la obligación de garantizar que se conceda a todo trabajador, dentro de un período de siete días, un período mínimo de descanso ininterrumpido de 24 horas (a las que se añaden las 11 horas de descanso diario establecidas), pero no precisa el momento en que debe concederse ese período mínimo de descanso.

En lo que concierne, a continuación, al contexto en el que se insertan los términos «por cada período de siete días», el Tribunal de Justicia estima que dicho período podría considerarse un período de referencia, es decir, un período fijo durante el cual debe concederse determinado número de horas consecutivas de descanso, con independencia del momento en que éstas se concedan.

Por último, en lo concerniente a los objetivos de la Directiva, el Tribunal de Justicia recuerda que el fin perseguido por ésta es proteger eficazmente la seguridad y la salud de los trabajadores. Así pues, todo trabajador debe disfrutar de períodos de descanso adecuados. No obstante, la Directiva permite cierta flexibilidad a la hora de aplicar sus disposiciones, de manera que confiere a los Estados miembros un margen de maniobra para determinar el momento en el que debe concederse ese período mínimo. Esta interpretación puede beneficiar al trabajador, ya que permite que se le concedan varios días de descanso consecutivos al término de un período de referencia y al comienzo del siguiente.

Para terminar, el Tribunal de Justicia señala que la Directiva se limita a establecer normas mínimas de protección del trabajador en materia de ordenación del tiempo de trabajo. En consecuencia, los Estados miembros pueden aplicar o introducir disposiciones más favorables para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, o favorecer o permitir la aplicación de convenios colectivos o de acuerdos celebrados entre agentes sociales que sean más beneficiosos.

[1] Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9). Esta Directiva codificó, con efectos a partir del 2 de agosto de 2004, las disposiciones de la Directiva 93/104/CE del Consejo, de 23 de noviembre de 1993, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 1993, L 307, p. 18), modificada por la Directiva 2000/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 2000 (DO 2000, L 195, p. 41).
[2] Los Gobiernos portugués, húngaro, polaco, finlandés y sueco, así como la Comisión Europea, presentaron observaciones en este asunto.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Principales novedades de la nueva ley de reformas urgentes del trabajo autónomo2017-11-09

(Juncal Fernández Sancha, miembro del equipo jurídico de Lexa Laboral Online y abogada laboralista de Castiella Abogados).- El día 25 de octubre de 2017 fue publicada en el B.O.E. la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. La nueva Ley entró en vigor el pasado día 26 de octubre, a excepción de una serie de artículos que entrarán en vigor el día 1 de enero de 2018 y el día 1 de marzo de 2018.

Pues bien, en el presente artículo se incluye una breve referencia a las principales novedades que incorpora esta nueva Ley.

1. Nuevo régimen de recargos por ingreso fuera de plazo (art. 30 LGSS).

Ahora, se distinguen dos tipos de recargo: Uno del 10%, en caso de abonar las cuotas debidas dentro del 1º mes natural siguiente al del vencimiento; y otro del 20% en caso de abonar las cuotas debidas a partir del 2º mes natural siguiente al del vencimiento.

2. Cotización en supuestos de pluriactividad de trabajadores autónomos (art. 313 LGSS).

Los trabajadores autónomos que coticen por contingencias comunes en régimen de pluriactividad, tendrán derecho al reintegro del 50 % por ciento del exceso en que sus cotizaciones superen la cuantía que se establezca a tal efecto por la LPGE para cada ejercicio, con el tope del 50 % de las cuotas ingresadas en este régimen especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria. En tales supuestos, la devolución del exceso se realizará de oficio por la TGSS.

3. Extensión de la cuota reducida para los autónomos que emprendan o reemprendan una actividad (art. 31 Estatuto del trabajo autónomo).

Se amplía a doce meses, frente a los seis actuales, el período de duración de la cuota reducida (la llamada Tarifa Plana) para los autónomos que causen alta inicial por primera vez en el sistema de Seguridad Social. Asimismo, la bonificación siguiente a la tarifa plana se amplía hasta los 24 meses (frente a los 18 anteriores). Para acceder a dicho beneficios se exigen que no haya habido alta en TGSS como autónomo en los últimos 2 años (frente a los 5 años anteriores). Por otro lado, para aquellos trabajadores que reemprendan su actividad por cuenta propia, para obtener esta cuota reducida, se reduce a tres años, frente a los cinco actuales, el requisito de no encontrarse previamente de alta en el sistema de Seguridad Social.

4. Bonificación a los trabajadores por cuenta propia por conciliación de la vida profesional y familiar (art. 30 del Estatuto del trabajo autónomo).

Se incrementa de 7 a 12 años la edad de los menores a cargo que posibilitan el acceso a la bonificación, por un plazo de hasta doce meses, del 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes.

5. Bonificaciones a las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo (nuevo art. 38 bis del Estatuto del trabajo autónomo).

Se establece una bonificación para las trabajadoras autónomas que, habiendo cesado su actividad por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en los 2 años siguientes al cese. En estos casos, la cuota por contingencias comunes quedará fijada en 50 euros mensuales durante los 12 primeros meses (o del 80%, en caso de que hubiesen optado por una base superior a la mínima).

6. Deducibilidad en el IRPF de los gastos de suministros y de los gastos de manutención (art. 30.2 de la Ley del IRPF).

Con la entrada en vigor de esta Ley, los trabajadores autónomos podrán deducirse gastos de suministros y manutención vinculados a su actividad. En este sentido, en relación con los suministros, se podrá aplicar una reducción del 30 por ciento sobre la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior. Por otro lado, para la deducibilidad de los gastos de manutención, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 1) Que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería; y 2) que se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago.

7. Equiparación a efectos de las contingencias derivadas de accidente de trabajo in itinere (art. 316.2 LGSS).

Se incluye dentro del concepto de accidente de trabajo, el sufrido por el trabajador autónomo al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional. A estos efectos, se entenderá como "lugar de la prestación" el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales.

8. Bonificación por la contratación de familiares (DA 7ª).

Se crea una nueva bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social del 100 % durante un período de 12 meses, en el supuesto de contratación indefinida, como trabajadores por cuenta ajena, de su cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive.

9. Modificación del Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos (art. 46 del RD 84/1996).

Con la nueva Ley, tal y como se establece en el Preámbulo, se permite que hasta tres altas y tres bajas en el RETA dentro de cada año natural tengan efectos desde el momento de inicio o de cese en la actividad, en lugar de por meses completos.

10. Modificación del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social (nuevo art. 43 bis y art. 45).

Los trabajadores autónomos podrán cambiar hasta cuatro veces al año la base de cotización, eligiendo otra dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio.

11. Domiciliación obligatoria para el pago de cuotas (DA 8ª del Reglamento general de recaudación).

Se establecen como supuestos de domiciliación obligatoria el pago de cuotas en los siguientes Regímenes: RETA, Régimen Especial de los Trabajadores del Mar y Sistema Especial para Empleados de Hogar.

12. Compatibilidad de la realización de trabajos por cuenta propia con la percepción de una pensión de jubilación contributiva (art. 214 LGSS).

En relación con la compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo autónomo, si se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo autónomo alcanzará al 100 %.

13. Encuadramiento de hijos con discapacidad (DA 10ª del Estatuto del trabajo autónomo).

Se reduce el grado de discapacidad exigido (que se fijará en el intervalo entre el 33% y el 65%) a los hijos del trabajador autónomo, mayores de 30 años, afectados por una discapacidad física o sensorial, a efectos de permitir que sean contratados por aquel como trabajador por cuenta ajena. Y, es que, hasta ahora, únicamente podían beneficiarse por la contratación de personas con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o personas con discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

14. Objetivos a alcanzar en el futuro..

Por último, la nueva Ley incluye una serie de artículos en los que se fijan los siguientes objetivos a alcanzar en el futuro: La oferta formativa para trabajadores autónomos; La paulatina conversión de las reducciones de cuotas de la Seguridad Social, en bonificaciones; El estudio de la definición del concepto de "habitualidad", que determina la incorporación de un trabajador al RETA; La determinación de los diferentes elementos que hagan posible la implantación de un sistema de cotización a tiempo parcial para los trabajadores autónomos; y el estudio de la posibilidad de acceso a la jubilación parcial de los trabajadores autónomos, incluida la posibilidad de contratar parcialmente o por tiempo completo a un nuevo trabajador para garantizar el relevo generacional en los supuestos de trabajadores autónomos que no cuentan con ningún empleado.

El Tribunal Supremo confirma la primera condena dictada por un delito de tráfico ilegal de órganos2017-11-08

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado las penas de hasta seis años de prisión por un delito de tráfico ilegal de órganos principales humanos impuestas por la Audiencia Provincial de Barcelona a los tres miembros de una familia y a un amigo que ofrecieron 6.000 euros a un ciudadano marroquí en situación irregular en España, que vivía de la mendicidad, por el trasplante de uno de sus riñones a uno de los condenados, que estaba enfermo.

Para el Tribunal Supremo, no es admisible una actuación por vía de hecho “dirigida a procurarse un órgano a espaldas del ordenamiento y de los principios que lo informan y que dan razón de ser al sistema público de trasplantes diseñado según los principios básicos de actuación de altruismo, gratuidad, solidaridad y objetividad en la asignación de los órganos para el trasplante”.

La Sala destaca que el delito de tráfico de órganos, que fue introducido en el año 2010, “no trata solo de proteger la salud o la integridad física de las personas, sino que el objeto de protección va más allá; destinado a proteger la integridad física, desde luego, pero también las condiciones de dignidad de las personas, evitando que las mismas por sus condicionamientos económicos puedan ser cosificadas, tratadas como un objeto detentador de órganos que, por su bilateralidad o por su no principalidad, pueden ser objeto de tráfico”. Añade que el propio sistema nacional de trasplantes establece un sistema nacional altruista y solidario para la obtención y distribución de órganos para su trasplante a enfermos que lo necesiten.

Enfermedad renal

Los hechos recogidos en la sentencia recurrida relatan que el condenado Toni padecía una enfermedad renal y que, después de someterse a sesiones de diálisis, se le preparó para un trasplante de riñón. Se le informó de la regulación existente y su expediente fue remitido al hospital de Bellvitge. Como no tenía tarjeta sanitaria, se hacía pasar por su hermano Django, también condenado, cada vez que iba al médico. El padre y sus dos hijos, con la ayuda de Oussama, planearon aligerar el tiempo para el trasplante renal buscando a un donante compatible con el enfermo para que a cambio de una cantidad de dinero se presentara ante los médicos como un amigo de la familia y someterse al trasplante de riñón contraviniendo los requisitos legales que exigen que el donante preste su consentimiento de forma expresa, libre, consciente y desinteresada.

El donante era un ciudadano marroquí, en situación irregular en España, con problemas para expresarse en español, que pedía limosna y vivía en una casa ocupada por personas sin techo en L’Hospitalet de l’Infant, Tarragona. Aceptó someterse al trasplante de uno de sus riñones a cambio de 6000 euros y acudió al hospital donde se comprobó que era compatible con el enfermo. Después le llevaron a la Notaría para firmar una escritura pública en la que manifestaba que era amigo de Toni y la autorización para el trasplante, que iba a realizar de forma gratuita y por amistad. Sin embargo, el donante se arrepintió y se negó a firmar en la Notaría. Después el padre, su hijo Django y Oussama fueron a buscarle a la vivienda y, además de insultarle, le golpearon por su negativa al trasplante, causándole lesiones.

El padre y jefe del clan familiar fue condenado por un delito de tráfico de órganos pero también por coacciones por lo que en su caso la pena es de seis años y seis meses de prisión. Su hijo Django, a seis años de prisión por un delito de tráfico de órganos y otro delito de usurpación de estado civil. La pena para su hijo, Toni, el que necesitaba el trasplante, por estos mismos delitos es inferior –cuatro años y medio de prisión- al aplicarse un subtipo atenuado del delito de tráfico de órganos por ser el receptor. Por último, el amigo que buscó el donante fue condenado a seis años de prisión por un delito de tráfico de órganos.

La Sala rechaza la situación de necesidad alegada por el condenado enfermo en uno de los motivos de su recurso. Sobre este particular, afirma que fue el sistema de salud pública el que planteó el “remedio” a su enfermedad con el trasplante. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, señala que aunque el condenado había sido informado de la existencia del sistema público de trasplante, decidió no seguirlo y buscó un órgano de una persona que por su necesidad económica accedía a la intervención a cambio de dinero.

El Tribunal Supremo anula los acuerdos que rebajen cláusulas suelo nulas2017-11-07
  • Si la cláusula suelo es nula, no es subsanable mediante acuerdo posterior
  • “Aviso para bancos navegantes”, señala Juan Ignacio navas, socio-director de Navas & Cusí
  • Anula una sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra por considerar que no había garantizado el derecho de defensa del cliente

El Tribunal Supremo resolvió el pasado 17 de octubre que los acuerdos entre banco y cliente para rebajar la cláusula suelo son nulos siempre que se haya considerado la cláusula suelo como abusiva por falta de transparencia. “La nulidad no es susceptible de subsanación por convalidación o novación”, señala la sentencia.

“La sentencia es muy relevante porque supone un verdadero aviso para bancos navegantes que pretendan eludir sus responsabilidades pactando con sus client