La Abogacía recurre ante el TS el acuerdo del CGPJ que permite la cesión indiscriminada de datos de abogados a la Agencia Tributaria2017-10-24
  • El Consejo General de la Abogacía pide en su escrito la suspensión cautelar del acuerdo del Poder Judicial
  • La petición de la AEAT afecta a más de 23 millones de asuntos judiciales

(CGAE).- El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que permite la cesión a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de información sobre la participación de abogados y procuradores en los más de 23 millones de procedimientos judiciales tramitados durante los años 2014, 2015 y 2016.

Para la Abogacía Española, la solicitud de datos de la AEAT –identificación del abogado interviniente con indicación de nombre completo, NIF, número de colegiado, las fechas de inicio y de cese del procedimiento, naturaleza del mismo, el juzgado o tribunal donde se ha celebrado, localidad e importe de cada procedimiento judicial- vulnera el derecho a la protección de datos de carácter personal de todos y cada uno de los abogados afectados, lo que podría producir un daño irreversible por la cesión masiva de datos sin respeto a los principios de calidad y proporcionalidad exigidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Para evitar este daño irreversible, el Consejo General de la Abogacía Española ha pedido al Tribunal Supremo la suspensión cautelar del acuerdo de 20 de julio de 2017 del CGPJ con la finalidad de impedir la vulneración del derecho fundamental a la protección de datos de los abogados afectados por el requerimiento de la AEAT.

El acuerdo del CGPJ impugnado siembra de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de los 150.000 abogados colegiados con una recogida de datos generalizada y sin especificar la finalidad concreta. Además la cesión de datos a la AEAT vulnera el principio de calidad previsto en la normativa vigente que exige que los datos sujetos a tratamiento deben ser “adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad perseguida”.

Una medida de ese tipo puede no ser necesaria para garantizar el buen funcionamiento de los servicios de Policía Mediante decisión del jefe de la P2017-10-23

Una medida de ese tipo puede no ser necesaria para garantizar el buen funcionamiento de los servicios de Policía

Mediante decisión del jefe de la Policía helénica, se publicó una convocatoria para el ingreso en las Escuelas de la Policía griega en el año académico 2007/2008. Dicha convocatoria retomaba una disposición de la ley griega, en virtud de la cual todos los candidatos, independientemente de su sexo, deben tener una estatura mínima de 1 metro y 70 centímetros. La solicitud de participación en el concurso para el ingreso en la Escuela de Policía de la Sra. Maria-Eleni Kalliri fue denegada porque la aspirante no alcanzaba la estatura mínima prevista.

La Sra. Kalliri presentó entonces un recurso contra esa resolución ante el Dioikitikó  Efeteío Athinón (Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Apelación de Atenas), al considerar que había sufrido una discriminación por razón de sexo. El Dioikitikó Efeteío Athinón anuló la resolución, declarando que la ley griega era contraria al principio constitucional de igualdad entre hombres y mujeres.

El Ministro griego del Interior (Ypourgós Esoterikón) y el Ministro griego de Educación Nacional y de Asuntos Religiosos (Ypourgós Ethnikís Paideías kai Thriskevmáton) recurrieron esa resolución ante el Symvoúlio tis Epikrateías (Consejo de Estado, Grecia). Dicho órgano plantea al Tribunal de Justicia la cuestión de si el Derecho de la Unión 1 se opone a una normativa nacional que establece una estatura mínima idéntica para todos los candidatos, de sexo masculino o femenino, al concurso para el ingreso en la Escuela de Policía.

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara que la fijación de una estatura física mínima idéntica para todos los candidatos, de sexo masculino o femenino, constituye una discriminación indirecta, dado que perjudica a un número muy superior de personas de sexo femenino que de personas de sexo masculino.

Sin embargo, esa normativa no constituye una discriminación indirecta prohibida cuando concurren dos requisitos,  cuya existencia corresponde determinar al juez nacional: 1) que la normativa esté objetivamente justificada por un objetivo legítimo, como el de garantizar el carácter operativo y el buen funcionamiento de los servicios de Policía, 2 y 2) que los medios para alcanzar ese objetivo sean adecuados y necesarios.

A este respecto, si bien es cierto que el ejercicio de determinadas funciones de policía pueden requerir el empleo de la fuerza física e implicar una aptitud física particular, no lo es menos que otras funciones, como el auxilio al ciudadano o la regulación del tráfico, no precisan aparentemente de un esfuerzo físico elevado.

Por otra parte, aun suponiendo que todas las funciones ejercidas por la policía helénica exigieran una aptitud física particular, no parece que dicha aptitud esté necesariamente relacionada con la posesión de una estatura física mínima. En cualquier caso, el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la misión de la policía podría alcanzarse mediante medidas que no perjudicaran tanto a las mujeres, como una preselección de los candidatos que permita verificar sus capacidades físicas.

La Justicia reconoce el derecho de una trabajadora temporal de la Administración a trasladarse para atender a su hijo enfermo2017-10-19

CSIF

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reconocido por primera vez el derecho de una trabajadora temporal de la Junta de Andalucía a solicitar un cambio de puesto de trabajo por motivos de Salud Laboral, tal y como reconoce la sentencia, tras una denuncia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, se felicita de esta sentencia, pionera en el ámbito de la administración, por el avance que supone, tanto en las políticas de conciliación, como en el reconocimiento de los derechos del personal en situación temporal

En concreto, esta empleada pública de la delegación territorial de Cultura en Huelva pidió el traslado a una localidad de la provincia de Sevilla, su lugar de residencia, para poder atender a su hijo enfermo ya que, debido a su dolencia, necesita supervisión permanente y la administración regular de medicamentos.

En concreto, el tratamiento del menor contempla que “los padres o tutores deben supervisar durante todo el día la administración del medicamente, los análisis y la toma de alimentos”. Una situación que se complicaba ya que el centro de educación donde se encuentra el niño no cuenta con personal especializado o formado en este campo.

La trabajadora solicitó el cambio por motivos de Salud Laboral

Con esta situación, la trabajadora solicitó el cambio por motivos de Salud Laboral, una petición que fue denegada por la Junta de Andalucía y, posteriormente, por el Juzgado de lo Social de Huelva. Por ello, el sindicato CSIF elevó la denuncia ante el TSJA que acaba de pronunciarse y reconoce en una sentencia su derecho a pedir otro puesto de trabajo. El conflicto legal surgió por el tipo de contrato de la trabajadora, que es temporal, por lo que la Junta no le reconoce el derecho a traslado y, aludiendo a esta condición, se le denegó el cambio.

Sin embargo, la sentencia es clara en este sentido y recoge cómo estos trabajadores temporales “no pueden ver mermado ningún derecho laboral o sindical por el mero hecho de ostentar dicha condición”. Es más, se recuerda que en el Estatuto de los Trabajadores se establece que “los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con contratos de duración indefinida”. El juez ahonda en el caso y asegura que aunque los traslados, en el marco de los empleados públicos de la Junta de Andalucía, está reservado al personal fijo existen otras formas de movilidad por razones de salud, que es precisamente este caso, y que fue denegada para el cuidado del hijo de la trabajadora con la única razón de que era personal temporal.

Tal y como destaca CSIF, por primera vez una sentencia reconoce y equipara en derechos al personal temporal y el fijo de forma que “el tipo de contrato de los trabajadores no sea motivo para mermar derechos y más en una situación como ésta en la que se esgrimen motivos de Salud Laboral”.

El responsable provincial del sector de Administración General de la Junta de Andalucía, Manuel Antonio Conde, aplaude la sentencia y la califica de “éxito laboral y sindical de la Asesoría Jurídica de CSIF-Huelva” y asegura que “marca un importante precedente para los trabajadores dependientes de la Junta de Andalucía ya que garantiza derechos básicos para todos los empleados públicos con independencia del tipo de contrato que tengan. No era lógico que una trabajadora, por el mero hecho de ser temporal, no pudiera acceder a un cambio de puesto de trabajo para cuidar a su hijo menor enfermo”.

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 118 personas en el segundo trimestre del año2017-10-18

(CGPJ).- Los jueces y juezas españoles concluyeron en el segundo trimestre de 2017 un total de 30 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 118 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de la información correspondiente al segundo trimestre del año.

El repositorio, que fue presentado el pasado 12 de enero, es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. 

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción*

 

Personas acusadas

Procedimientos

Tribunal Supremo

0

0

Audiencia Nacional

5

2

Órganos centrales

5

2

Andalucía

60

11

Aragón

2

1

Asturias

7

3

Baleares

27

5

Canarias

1

1

Cantabria

1

1

Castilla-La Mancha

0

0

Castilla y León

0

0

Cataluña

6

3

Comunidad Valenciana

0

0

Extremadura

2

1

Galicia

5

1

Madrid

2

1

Murcia

0

0

Navarra

0

0

País Vasco

0

0

La Rioja

0

0

Comunidades Autónomas

113

28

TOTAL

118

30

*La tabla refleja el número de personas contra las que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

Un 69,8 por ciento de sentencias condenatorias

Entre los pasados 1 de abril y 30 de junio, los Juzgados y Tribunales dictaron 43 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 30 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 69,8 por ciento del total.

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

Sentencias dictadas en procedimientos por corrupción

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

T.Supremo

                    0

0

0

0

0

A.Nacional

0

1

1

0

2

Ó.centrales

0

1

1

0

2

Andalucía

1

3

1

6

11

Aragón

0

0

0

0

0

Asturias

0

0

0

1

1

Baleares

4

0

1

0

5

Canarias

0

2

1

2

5

Cantabria

0

0

0

0

0

C.-La Mancha

0

0

0

1

1

C. y León

2

1

0

1

4

Cataluña

2

0

0

0

2

C.Valenciana

2

1

0

0

3

Extremadura

0

1

0

0

1

Galicia

2

2

0

1

5

Madrid

0

1

0

1

2

Murcia

0

0

0

0

0

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

0

0

1

0

1

La Rioja

0

0

0

0

0

CC.AA.

13

11

4

13

41

TOTAL

13

12

5

13

43

60 condenados por sentencia firme por delitos de corrupción

El repositorio permite también conocer el número de personas condenadas por las sentencias dictadas por delitos relacionados con la corrupción que han adquirido firmeza en cada trimestre.

La cifra que recoge la base de datos, y que en este caso corresponde al tercer trimestre del año, es de 60 personas condenadas, según la información del Registro Central de Penados, dependiente del Ministerio de Justicia.

Los delitos que con mayor frecuencia aparecen en esas sentencias son, por este orden, los de malversación, prevaricación administrativa y prevaricación urbanística –es decir, delitos contra la ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y patrimonio histórico-.

78 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de octubre de este año había en el conjunto de España 78 penados –en 42 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 21 con el de cohecho- y doce preventivos.

Acceda al repositorio de datos de procedimientos por delitos de corrupción

El Defensor del Pueblo pide la reforma de la tributación de las costas judiciales ganadas por el consumidor2017-10-17

El 13 de octubre de 2017 el Defensor del Pueblo formuló las siguientes recomendaciones de modificación de la Ley del IRPF:

 

“Esta institución entiende que los argumentos trasladados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), no desvirtúan el criterio de que en la mayoría de las ocasiones no existe ganancia patrimonial alguna en el caso de pago de las costas judiciales al suponer el reembolso de unos gastos procesales en los que se ha incurrido.

 

Asimismo y dado que los intereses de demora judiciales se generan durante el tiempo que dura el proceso, su periodo de generación será el mismo que tarde en sustanciarse el procedimiento judicial, circunstancia que debería ser tenida en cuenta a efectos fiscales.

 

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 30 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, reguladora del Defensor del Pueblo, se ha procedido a elevar el problema a la Secretaría de Estado de Hacienda formulándole las siguientes:

 

RECOMENDACIONES

 

  1. “Estudiar la modificación de la tributación de las costas judiciales como ganancia patrimonial sujeta al IRPF de forma que se haga tributar exclusivamente la cantidad que exceda de los gastos del proceso.

 

  1. Arbitrar alguna reducción que tenga en cuenta la consideración de rendimiento irregular para los intereses de mora judiciales”.

 

 

La citada Recomendación está basada en la iniciativa del abogado Isaac Ibáñez García, iniciada el 5 de octubre de 2016. Las alegaciones se resumen en los siguientes argumentos:

 

Según la doctrina administrativa de la Dirección General de Tributos en relación con las costas judiciales ganadas en juicio, las mismas constituyen una ganancia patrimonial para las personas físicas (generalmente consumidores) no empresarios o profesionales, integrándose en la base imponible general. Sin embargo, los gastos de abogado y procurador pagados por el vencedor no podrán ser deducidos, pues son considerados “gastos debidos al consumo”. Es decir, los ciudadanos/consumidores deberán considerar las costas ganadas en la sentencia como una ganancia patrimonial, pero no podrán deducirse los gastos que son resarcidos por dichas costas. Contrasta este tratamiento con el que se otorga a los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades y a los empresarios o profesionales personas físicas en el IRPF, que sí pueden deducir dichos gastos, por lo que su tratamiento fiscal es neutro.

 

Se sostiene que la doctrina administrativa o, en su caso, la literalidad de la ley, vulneran los artículos 14 y 31 de la Constitución Española (principios de igualdad tributaria y capacidad económica).

 

Carece de toda justificación razonable no permitir deducir de la imputación fiscal de las costas ganadas los gastos que estas resarcen, pues ello supone gravar una renta ficticia, pues constituye una situación inexpresiva de capacidad económica.

 

Como ha reiterado el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 16 de febrero de 2017, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad nº 1012-2015, está vedado constitucionalmente gravar una renta ficticia. Para el Tribunal “en ningún caso podrá el legislador establecer un tributo tomando en consideración actos o hechos que no sean exponentes de una riqueza real o potencial”. Es decir, no podrá crear impuestos que afecten a “aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea, no ya potencial, sino inexistente, virtual o ficticia”. Vuelve a insistir también en que el principio de capacidad económica no sólo se predica del sistema tributario en su conjunto, sino que debe estar presente en cada concreto impuesto, en tanto que presupuesto mismo de la tributación. “’No caben en nuestro sistema –tiene afirmado el Tribunal- tributos que no recaigan sobre alguna fuente de capacidad económica”.

Anulados unos Valores Santander colocados a un notario2017-10-16
  • “Se hacen de manera velada alusiones a los presumibles peligros de la operación, pero son indicaciones inconexas e incompletas”, señala la sentencia
  • Concluye que el cliente no tuvo conocimiento “real y efectivo” de lo que contrataba y obliga al Santander a devolverle los 300.000 invertidos

El juzgado nº 3 de Santander anuló el pasado 22 de septiembre los Valores Santander contratados por un notario de Cantabria. La sentencia concluye que “se hacen de forma velada alusiones a los presumibles peligros de la operación, pero son indicaciones inconexas e incompletas”. Concluye además que “no consta que le explicaran las características reales y riesgos del producto”.

El Santander se defiende alegando que al ser el cliente un notario no puede alegar desconocimiento. La sentencia señala sin embargo que “el hecho de que sea notario no implica por si solo conocimientos expertos en materia financiera”.

Su defensa considera además que los Valores Santander eran un producto muy complejo. “Su valor estaba ligado a que se consumara la OPA sobre ABN Amro y aunque al principio parecía un depósito de alta remuneración, se trataba de obligaciones convertibles cuya rentabilidad sólo estaba ligado a que las acciones valieran más que el 116% del valor en inicio”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho bancario y financiero que ha dirigido la defensa.

El fallo insiste en que se trata de un producto “complejo y arriesgado” que habría obligado a la entidad a suministrar la información con “especial cuidado” porque “podría suponer la pérdida del capital”. La juez recuerda además que la Ley de Mercado de Valores vigente cuando se compraron los títulos, septiembre de 2007, señalaba el deber de diligencia y transparencia de los bancos “para que el cliente pueda tomar decisiones sobre inversiones con conocimiento de causa”.

Recuerda además que el art. 79 de la mencionada ley obligaba a las entidades a una gestión ordenada y prudente, “cuidando de los intereses del cliente como si fueran propios” y “haciendo hincapié en los riesgos que conlleva cada operación”. Es decir, concluye la juez, “un elevado estándar de obligaciones de buena fe, prudencia e información”. Navas lamenta que el banco abandonara sus obligaciones. “No se ofreció información imparcial, clara y no engañosa ni se advirtió de los riesgos”, lamenta el socio-director de navascusi.com.

El banco trata de defenderse alegando que el cliente es un inversor experimentado con larga experiencia en productos de riesgo. Del juicio se concluye que el cliente invirtió también en planes de pensiones, acciones, fondos de inversión, unit link, permutas financieras y productos estructurados. Sin embargo, la juez considera que la mayoría de esas inversiones fueron posteriores a la adquisición de los Valores Santander y en muchos casos no consta su nivel de riesgo.

Así que concluye que ante la “duda razonable”, es más adecuado considerarle un cliente minorista. Recuerda además la sentencia de 3 de mayo de 2016 de la Audiencia Provincial de Cantabria que señala que no se es experto financiero por tener inversiones previas si no se prueba que fue debidamente informado. “La experiencia es un indicio, pero no una prueba; lo relevante es que el banco ofrezca la información a la que está obligado a quien no tiene por qué tenerla y confía en él”, explica Navas.

Por otra parte, en el juicio quedó acreditado que la iniciativa de la contratación partió del empleado del banco. Aunque en el juicio afirmó que le informó de la naturaleza y riesgos del producto “no precisó qué riesgos le fueron explicados”, señala la sentencia. “No debió alertar de nada porque en el juicio no se acordaba de haber realizado simulaciones ni de haber alertado de que si la acción no estaba en un 116% de su valor se producirían pérdidas ni de que el pecio podía irse modificando como efectivamente ocurrió”, lamenta el socio-director de navascusi.com.

Por último, el Santander trata de apelar a la doctrina de los actos propios: el cliente convalidó su decisión porque nunca mostró su disconformidad. La sentencia responde recordando la doctrina del Supremo que señala que ni la percepción de liquidaciones positivas ni cancelación anticipada de contrato puede considerarse como actos convalidantes de un negocio genéticamente viciado”.

Con todo el fallo considera que el cliente cometió un error esencial y excusable que provocó una imagen de la realidad diferente de la que era. No sólo anula la adquisición de los Valores Santander sino del préstamo para su adquisición y una posterior pignoración de acciones. Aisladamente no lo habría anulado porque se le supone conocimiento por su profesión de notario. “Pero al estar ligados a los Valores Santander, admite la nulidad porque probablemente no habría contratado de no estar enganchado”, explica el socio-director de navascusi.com.

Así que el fallo anula la colocación de los Valores Santander y operaciones vinculadas, obliga al banco a devolver al cliente los 300.000€ invertidos y condena a la entidad al pago de las costas. “Se hace justicia por colocar un producto de alto riesgo sin explicación detallada ni advertencia de sus riesgos”, concluye Navas.

El Congreso da el primer paso para derogar la prisión permanente revisable por no cumplir principios constitucionales2017-10-13

(CGAE).- El Congreso de los Diputados ha comenzado el procedimiento parlamentario para derogar la prisión permanente revisable, introducida en la última reforma del Código Penal gracias a la mayoría absoluta que antes ostentaba el PP. La oposición, que ya recurrió esta pena en el Tribunal Constitucional, coincide en considerar que no cumple con los principios constitucionales de reinserción social y reeducación de los delincuentes.

Esta iniciativa de reforma, que se ha debatido este martes en el Pleno a propuesta del PNV, ha recibido el apoyo de la oposición, mientras que el PP y su socio electoral de Unión del Pueblo Navarro (UPN) siguen pensando que cumple a la perfección con los principios que marca la Constitución.

Precisamente, el diputado ‘popular’ Leopoldo Barreda ha apuntado que sería “más lógico” esperar a que el tribunal de garantías se pronuncie y dicte sentencia al respecto y ha afirmado que esta proposición de Ley no puede ser aceptada porque tiene “consecuencias concretas para los ciudadanos”.

A su juicio, el PNV propone reducir las penas para “los autores de los crímenes más execrables”, como puede ser asesinato en serie, terrorismo o cometidos por grupos organizados, lo que considera que no sería una buena reforma porque no podrían afrontar “las miradas de las víctimas”.

“¿Los terroristas de Barcelona se merecen penas más benévolas?”

“¿De verdad creen que los ciudadanos desean la reducción del tiempo de condena, qué terroristas como los de Barcelona se merecen penas más benévolas?, ha preguntado Barreda. Asimismo, ha señalado que el actual código penal da una “respuesta proporcional y constitucional a los delitos de mayor gravedad”, por lo que no cree necesario que haya que “aprender” del sistema penal de Venezuela, “aunque tenga muchos admiradores en esta cámara”.

En esta misma línea se ha expresado el diputado de UPN Carlos Salvador, que ha aprovechado su intervención para reprochar al PNV que no apoyasen “en el pasado” ninguna de las leyes que se aprobaron “para acabar con ETA”.

No obstante, la oposición se ha mostrado contrario a lo establecido en la reforma del Código Penal de 2015 y los representantes de Compromís, EH Bildu, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y PSOE han anunciado durante el debate su apoyo a la iniciativa del PNV.

Daño al consenso constitucional

Según ha dicho el peneuvista Mikel Legarda, la prisión permanente revisable, una de las medidas estrellas del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, “daña uno de los grandes consensos constitucionales”, pues no cumple con el principio de proporcionalidad “que debe guiar todas las decisiones de política criminal”: el “principio de humanización de la pena, orientada a la reeducación y reinserción social”.

En su iniciativa, el PNV argumenta que su inclusión en el Código Penal fue “una de las decisiones político-criminales más importantes desde el restablecimiento de un sistema jurídico político de libertades en el año 1978”, pero “no está justificada desde razones de política criminal”.

Para EH Bildu la reforma que se hizo en 2015 del Código Penal es “menos garantista” que la anterior del 2010. Por ello, la diputada vasca Marian Beitialarrangoitia ha pedido que se haya una modificación de la normativa de “mayor calado” para que las leyes “dejen de utilizarse con fines políticos”, “para ilegalizar partidos y acusar de sedición”; en definitiva para “dejar de criminalizar la disidencia política en todas sus expresiones”.

“Debemos atenernos al texto constitucional y no sólo utilizarlo para aquello que nos interese”, ha aseverado el representante de Compromís Enric Bataller, que ha comparado la revisión permanente revisable con una “condena a pudrirse y no a resocializarse”.

Bataller ha destacado que esta medida fue impuesta por la “agonía del PP en 2015” y ha señalado que ahora está la oportunidad para “revertir” una norma penal que, en su consideración, “no tiene coherencia y es un texto hipertrofiado, muchas veces confuso en el que todo el tiempo sufren los derechos básicos nacidos de la Constitución”.

“Resucitar” algo que derogó primo de rivera

“El PP es un partido profundamente reaccionario. Nos dieron una patada al año 1928, en plena dictadura de Primo de Rivera que abolió la cadena perpetua”, ha enfatizado el diputado de la formación morada Eduardo Santos. “Lo que fue capaz de derogar una dictadura lo resucitaron ustedes”, ha reprochado al PP.

Al mismo tiempo, ha recalcado que la revisión de las penas no garantizará la reinserción del condenado, ya que se revisará su situación cuando se haya cumplido entre 25 y 30 años de prisión. “Se salieron ustedes por la puerta grande del marco europeo de derechos humanos”, ha añadido.

Por su parte, el PSOE ha defendido que la prisión permanente revisable es “innecesaria, inoportuna y está mal concebida”: “Vencimos a ETA sin ella”, ha dicho. Según el diputado socialista Juan Carlos Campo, el PP aprobó esta medida por el “miedo”. Además, ha precisado que la “propia denominación” de lo que ahora se pretende derogar es una “contradicción”.

Denominación “amable”

Por último, la secretaria cuarta de la Mesa del Congreso y diputada de Ciudadanos, Patricia Reyes, ha hecho una exposición sobre lo que ha denominado “populismo punitivo” o “demagogia punitiva”, acusando al PP de reformar el Código Penal de este modo. Según Reyes, la demagogia y el populismo caminan en paralelo y se “echan una mano si es necesario”.

En este sentido, ha apostillado que la prisión permanente es “demagoga hasta en su denominación”, pues le pusieron este nombre que “sonará más amable”, en vez de “cadena perpetua”. Así, ha agregado que “la cadena perpetua entra en contradicción con los valores que introduce la Carta Magna”, como el principio de humanidad que incluye la reinserción social.

Reyes ha terminado su intervención pidiendo respeto a la Constitución porque “ha proporcionado la convivencia política entre españoles durante décadas, no se crean superiores a ella”.

Victoria Ortega: “La Justicia Gratuita es indispensable para el desarrollo sostenible”2017-10-11

(CGAE).-  “Sólo con el libre ejercicio de la abogacía se puede garantizar el libre acceso a la Justicia”, destacó Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, durante la inauguración del Encuentro sobre el acceso a la Justicia en la Unión Europea que se enmarca en el ciclo de conferencias ‘Acceso Universal a la Justicia’.

El ciclo, que organiza el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Fondo ODS), el Consejo General de la Abogacía Española y la Universidad de Navarra, aborda el derecho de acceso a la Justicia en cuatro encuentros desde la perspectiva de las Naciones Unidas y de las regiones de Europa, Latinoamérica y África respectivamente.

En la conferencia ‘Acceso Universal a la Justicia en la Unión Europea’, que se celebró en el Consejo General de la Abogacía Española, la presidenta de la Abogacía destacó que “la universalización del acceso a la Justicia es imprescindible para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y hacer realidad el progreso social y la paz; no podemos consentir que las desigualdades sociales se traduzcan en un desigual acceso a los tribunales”.

“La asistencia jurídica gratuita para las personas sin recursos suficientes es, además de una obligación moral, indispensable para el desarrollo sostenible. En España, el acceso universal a la Justicia se garantiza por casi de 47.000 abogados y abogadas adscritos al Turno de Oficio para defender los derechos de las personas con menos recursos, tanto ante tribunales nacionales como europeos”. Por ello, exigió Victoria Ortega a las administraciones públicas “el reconocimiento social y las retribuciones justas que su importante labor merece”.

Durante su intervención, la presidenta de la Abogacía aseguró que “sólo con el libre ejercicio de la abogacía se puede garantizar el libre acceso a la Justicia. Por ello, la Abogacía Española es miembro fundador del Observatorio Internacional de Abogados en Riesgo, cuyo objetivo principal es la defensa de los abogados víctimas de amenazas, torturas o cualquier otro tipo de maltrato, así como la denuncia de las situaciones que atenten contra el derecho de defensa”.

Objetivo 16 de la Agenda para el desarrollo sostenible de ONU

En la conferencia ‘Acceso Universal a la Justicia en la Unión Europea’, la directora de desarrollo del Fondo ODS, Paloma Durán, destacó por su parte la importancia del Objetivo 16 (facilitar la Justicia para todos) en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y reconoció que “este objetivo es imprescindible para la estabilidad social”. En este sentido, explicó que el Fondo ODS es “un mecanismo creado en la ONU para, entre otras cosas, lograr involucrar a todos los actores de la Justicia a implementar la Agenda de Sostenibilidad”, afirmó Paloma Durán.

Igualmente, Durán explicó cómo desde el Fondo ODS se ha organizado este ciclo de encuentros para discutir el acceso universal a la Justicia “teniendo en cuenta en el estudio los diferentes escenarios, pero también los actores que están implicados en cada una de las regiones y países, cada uno con sus propias circunstancias”. El Fondo ODS es un “mecanismo creado en la ONU para involucrar a todos los actores de la Justicia a implementar la agenda de sostenibilidad”, afirmó Paloma Durán.

En el primer encuentro, que se celebró en Nueva York durante el ‘Foro Político sobre Desarrollo Sostenible’, participaron representantes de la ONU, despachos de abogados y especialistas internacionales en Derecho, además de expertos de los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado.

El análisis del acceso universal a la Justicia desde las perspectivas internacional, europea, latinoamericana y africana permitirá elaborar un informe final para abordar el objetivo 16 (facilitar el acceso a la Justicia para todos) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Con el fin de promover los objetivos fijados en esta Agenda, Naciones Unidas creó en 2014 el Fondo ODS, un mecanismo de cooperación al desarrollo establecido que contó con una aportación inicial del Gobierno de España. El Fondo ODS trabaja con las diferentes agencias de la ONU para llevar a cabo proyectos e iniciativas concretas de desarrollo sostenible y desarrolla programas conjuntos contra la pobreza en sus múltiples formas, donde participan todos los actores del desarrollo: desde agencias de Naciones Unidas, gobiernos nacionales y locales, hasta representantes del mundo académico, organizaciones civiles y empresas.

Justicia eficaz e independiente

Por su parte el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, Jorge Noval, destacó que “sin un sistema de Justicia eficaz e independiente no resulta posible el respeto de los derechos fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho, que se mencionan como valores fundamentales en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea”.

El decano explicó que con estos encuentros se pretende “sentar las bases de un diagnóstico preciso para elaborar una propuesta que contribuya a una mayor concienciación de los problemas que se afrontan y a una eliminación de los obstáculos existentes, para que todas las personas accedan en la Unión Europea a la Justicia, con una atención particular a grupos como los niños y los migrantes”.

La Justicia como servicio público

Stéphane Leyenberger, jefe de la División de Independencia y Eficiencia de la Justicia de la Dirección General de Derechos Humanos y Estado de Derecho del Consejo de Europa (CEPEJ), aseguró durante su ponencia que el objetivo principal de CEPEJ es promover la Justicia como servicio público.

Su intervención comenzó recordando que el Consejo de Europa concedió en octubre de 2014 el Premio ‘Balanza de Cristal de la Justicia’ al Consejo General de la Abogacía Española por el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita que permite al ciudadano agilizar, con total seguridad, la petición de Justicia Gratuita ante los Colegios de Abogados. Reconoció que “los abogados son una pieza fundamental para el acceso de los ciudadanos a la Justicia”.

“En la mayoría de los estados europeos se está produciendo un aumento en el presupuesto asignado al sistema judicial”, aseguró durante el encuentro Stéphane  Leyenberger, aunque advirtió que “continúan existiendo restricciones presupuestarias en países del sur de Europa, como España, Grecia o Portugal”.

“No hay Estado de Derecho si los ciudadanos no pueden tener un fácil acceso a la Justicia”, aseguró Leyenberger quien destacó que la media destinada a la Justicia en los presupuestos europeos es de 60 euros per cápita, pero existen grandes desigualdades. En España este importe alcanza los 88 euros, mientras que en Italia son 73, Francia (64) y Suecia (103). Existe una tendencia en la UE para que los usuarios también contribuyan a mantener el sistema judicial. Sólo Francia y Luxemburgo tienen libre acceso a la Justicia. Puso el ejemplo de Austria, donde los ingresos de lo aportado por los ciudadanos supera en un 20% el coste operativo de la Justicia, sobre todo porque incluye los gastos de Registros de la propiedad y mercantiles.

Sobre la asistencia jurídica gratuita, Leyenberger recordó que todos los estados europeos tienen Justicia gratuita para los más necesitados en el proceso penal y casi todos en la jurisdicción civil. Sin embargo, existen unos grandes desequilibrios en Europa, mientras que en España el 6% del presupuesto en Justicia va asistencia jurídica gratuita en otros países es muy superior como Irlanda (36%), Noruega (44%) y el Reino Unido que supera el 50%, sobre todo por el importe destinado al turno de oficio en Gales e Irlanda del Norte. En Europa, la media de gasto en Justicia gratuita es de 9 euros per cápita.

“No hay uniformidad en Europa, pero cada vez más se desarrollan este tipo de sistemas y se dedican fondos más allá del turno de oficio, como es la mediación y la ejecución”, según el responsable de CEPEJ.

En relación al ejercicio de la abogacía, Leyenberger destacó las distintas formas de ejercer la profesión reconociendo que cuantos más abogados hay en un país existe más posibilidad de vivir del Turno de Oficio poniendo como ejemplo Grecia, Italia y Portugal y ”hasta cierto punto en España”. En estos sistemas “la profesión está bastante bien organizada por los consejos generales de las diferentes abogacías”, reconoció Stepháne Leyenberger.

Finalizó su intervención destacando que según un estudio de CEPEJ no existe una conexión real entre el nivel tecnológico y sus resultados en la Justicia “no son más eficaces los que tienen la mejor tecnología”. La aplicación al acceso a la Justicia de los avances tecnológicos “nos debe permitir llegar al objetivo, pero no ser el objetivo”.

La Fundación Bill y Melinda Gates, Kathrine Switzer, Chika Oduah y Albert Parés, Premio Derechos Humanos de la Abogacia 20172017-10-10

(CGAE).- La Fundación Bill y Melinda Gates, la atleta Kathrine Switzer y la periodista nigeriana Chika Oduah han sido galardonados con los Premios Derechos Humanos de la Abogacía 2017, que concede el Consejo General de la Abogacía Española a través de la Fundación Abogacía y que este año estaban dedicados, como convocatoria extraordinaria, a la igualdad de género. El Premio “Nacho de la Mata”, creado en 2012 para reconocer la labor de personas o instituciones en favor de la infancia más desfavorecida ha recaído en Albert Parés, activista por los derechos de los inmigrantes y especialmente de los menores no acompañados.

Hacia la igualdad por las estadísticas

En su XIX Edición, el Jurado de los Premios Derechos Humanos ha concedido el premio en la categoría de Instituciones a la Fundación Bill y Melinda Gates, que destinó 71,3 millones de euros para acabar con la brecha de género en las estadísticas. Solo un tercio de los países tiene organismos que recopilan cifras desagregadas por género, lo que dificulta los avances hacia la igualdad, ya que los datos son la primera herramienta para resolver un problema.

Cuántas mujeres y niñas se ocupan en trabajos no remunerados y el trabajo doméstico, cuántas sufren violencia de género, cuál es el número de las que tienen activos, y de quienes tienen acceso a agua limpia… En un buen número de lugares esas cifras permanecen ocultas. Las mujeres y las niñas son también invisibles en las estadísticas de la mayoría de los países en desarrollo. Una realidad que dificulta aún más el avance hacia la igualdad. Si no lo mides, no existe.

Además de esta iniciativa, la Fundación Bill y Melinda Gates lleva a cabo proyectos para el desarrollo de la mujer en los países más desfavorecidos, a través de programas agrícolas con perspectiva de género, políticas de planificación familiar y apoyo a la maternidad, entre otras acciones.

Una foto icónica por la igualdad en el deporte

En la categoría de Personas, el Premio Derechos Humanos de la Abogacía Española ha recaído en Kathrine Switzer, maratoniana en una época en la que las mujeres aún estaban consideradas demasiado débiles o frágiles como para competir en igualdad con los hombres, fue la primera mujer en colgarse un dorsal en el maratón de Boston de 1967. Lo hizo en secreto, utilizando sus iniciales (K. V. Switzer) para ocultar su verdadera identidad, y adelantándose cinco años al reconocimiento oficial de la maratón de Boston para con las mujeres. La foto intentando ser apartada por la fuerza de la competición es un icono de la igualdad en el deporte. Finalmente, gracias a la ayuda de otros corredores que la protegieron para que no la apartaran, logró acabarla, con el ya mítico dorsal 261 y cruzó meta en 4 horas y 20 minutos. Cinco años más tarde, el maratón de Boston cambió su normativa para admitir la participación de mujeres.

Switzer, que ahora es comentarista de televisión, ha escrito varios libros y apadrina eventos deportivos, preside la Fundación sin fines de lucro, 261 Fearless,  dedicada a que cientos de mujeres se unan a través de la creación de clubes de corredoras, oportunidades de educación, plataformas de comunicación y eventos deportivos.

La lucha contra Boko Haram y el machismo ancestral desde dentro

El Jurado ha concedido el premio en la categoría de Medios de Comunicación a la periodista nigeriana, que ha recorrido las zonas del país africano controladas por Boko Haram para conocer el verdadero alcance de sus secuestros y amenazas a las niñas de la región, y denuncia con su trabajo el machismo de la sociedad de su país.

Oduah, licenciada en Periodismo y Antropología, regresó a Nigeria tras haber salido de allí a los dos años, cuando sus padres emigraron a Estados Unidos, y lo hizo para informar al mundo sobre las miserias pero también la vitalidad de Nigeria. Es una de las pocas reporteras que han recorrido el estado de Borno, al noreste de Nigeria, donde se esconde la guerrilla. Sus reportajes han sido publicados por 'The New York Times', 'The Atlantic' o 'Al Jazeera'. Visita distintas ciudades para hablar sobre la situación de la mujer en Nigeria, marcada por un ancestral machismo, las leyes de los islamistas que la condenan a una vida de esclavitud y la captación de jóvenes para ser explotadas sexualmente en Occidente. Un país donde, como relata Oduah, los camareros solo saludan al hombre cuando entra en un restaurante y en el que, si una mujer es abofeteada en un cine, la gente le pregunta qué le ha hecho a su marido o a su novio para merecer tal maltrato, que sucede en público sin que nadie se ponga nunca de parte de la víctima.

Un abogado comprometido con la infancia inmigrante

Albert Parés, Premio “Nacho de la Mata” en 2017, es un abogado social defensor de los derechos de la infancia y en especial de los menores no acompañados migrantes y creador de la Asociación Noves Vies para velar por la defensa y promoción de los derechos humanos. Desde esta entidad sin ánimo de lucro tratan de mejorar la situación de los menores inmigrantes no acompañados, que tras cumplir la mayoría de edad se ven abandonados y excluidos por la administración. La Asociación fue galardonada con el Premio Solidaridad 2015 otorgado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña. En ella realiza tareas de abogado, activismo social y político y tareas de formación.

Forma parte del Colegio de la Abogacía de Barcelona, participa en el turno de oficio de extranjería y asesora en el CIE de Barcelona. Ha destacado por su trabajo de forma desinteresada en la denuncia jurídica de la vulneración de los derechos de los menores no acompañados. Su figura ha sido clave en la defensa de los derechos en las reagrupaciones familiares sin garantías que se llevaron a cabo desde Cataluña principalmente en los años 2005-2006, y luchó para conseguir que los menores pudieran tener un abogado de oficio en todo el proceso jurídico de entrar en el sistema de protección.

Los XIX premios de la Abogacía

En esta edición se han presentado 76 candidaturas, 30 en la categoría de personas, 27 en la de instituciones y 16 en la de medios de comunicación y 3 al Premio “Nacho de la Mata”. La ceremonia de entrega de galardones de los XIX Premios Derechos Humanos de la Abogacía, tendrá lugar el 14 de diciembre en Madrid, en el transcurso de la Conferencia Anual de la Abogacía.

El Jurado estuvo compuesto por Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía; Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo; Carmen Sánchez-Cortés, secretaria de Estado de Justicia; Francisco Fernández-Marugán, Defensor del Pueblo; Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores; Cristina Llop, consejera del Consejo General de la Abogacía Española (en representación de Mara Monreal, presidenta de la Confederación Española de la Abogacía Joven); Carles McCragh, vicepresidente de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española; Enrique Sanz, consejero del Consejo General de la Abogacía Española y presidente de la Mutualidad (en representación de Ramón Jaúdenes López de Castro, secretario general del Consejo General de la Abogacía Española; Antonio de Simón, asesor del presidente del Consejo de Estado; Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces; Sonia Gumpert, patrona de la Fundación Abogacía Española (en representación de Luis Delgado de Molina, representante del Capítulo Español de la Federación Interamericana de Abogados FIA); Javier Bauluz (premiado el año anterior); Viviana Waisman, presidenta de Women´s Link Worldwide (premiada el año anterior) y Carlos Carnicer, presidente de Honor de la Fundación Abogacía Española (premiado el año anterior).

José Palazón, también premiado el año anterior, no estuvo presente en la reunión del jurado, pero delegó su voto en Javier Caballero, consejero del Consejo General de la Abogacía Española.

Revocada la absolución del tuitero que insultó a la presidenta del Parlamento de Navarra2017-10-09

(CGPJ).- La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha revocado la sentencia absolutoria del hombre que insultó en Twitter a la presidenta del Parlamento de Navarra y le ha condenado a una multa de 1.260 euros por un delito de injurias graves con publicidad.

El 23 de abril de 2016, sobre las 8.04 horas, el inculpado publicó el siguiente tuit con una mención directa a Ainhoa Aznárez: ”Es usted una hija de la gran puta, amiga de asesinos. Terrorista torturadora”. Este mensaje fue retuiteado en al menos una ocasión.

La presidenta del Parlamento presentó denuncia ante la Policía Foral el 25 de abril, si bien, según consideró probado en la sentencia el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona, “no se presentó al acto del juicio pese a estar legalmente citada”.

En la sentencia absolutoria, el magistrado exponía que “si la denunciante hubiera tenido a bien comparecer en el juicio, el resultado de la sentencia podría haber sido muy diferente”.

El juez explicaba que su voluntaria falta de asistencia al juicio, sin alegar motivo alguno, generaba “una sombra de duda” que podía ser interpretada, de conformidad con el principio in dubio pro reo, a favor del acusado”.

Al respecto, el juez señalaba que desconocía si las expresiones vertidas habían lesionado la dignidad de la denunciante, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, y, por otra parte, ignoraba si su voluntaria falta de asistencia al juicio se debía a que perdonaba al autor confeso de las expresiones injuriosas enjuiciadas.

El Ministerio Fiscal recurrió la sentencia absolutoria al considerar que las expresiones son ofensivas y lesionan la dignidad de la persona, y quien las profirió lo hizo con intención de injuriar.

La Sección Primera de la Audiencia concluye en este sentido que resulta “evidente” que la expresión vertida en el mensaje de Twitter no tiene una intencionalidad de crítica o sátira política, sino que es objetivamente injuriosa y con ánimo de ofender.

Para la Audiencia, al concurrir los elementos exigidos en el delito de injurias, no hay motivo para valorar la procedencia de la comparecencia en el juicio de la persona destinataria de la expresión injuriosa.

Paralizado un desahucio por demora abusiva2017-10-06

(Legal Today).- El juzgado de primera instancia nº 5 de Orense ha admitido la petición de paralización de ejecución hipotecaria formulada por Navas & Cusí, despacho especializado en derecho bancario, financiero y europeo. La petición estaba motivada en la existencia de cláusula de demora del 14% considera como abusiva.

El auto del pasado 28 de septiembre admite la existencia de abusividad al situarse por encima de 3 veces el tipo de interés legal del dinero, tope máximo fijado por la disposición transitoria segunda de la Ley 1/2013. “Era una abusividad de libro sobre todo ahora que los tipos de interés están prácticamente en cero”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.

La juez justifica su decisión en la directiva sobre derechos del consumidor que señala que las cláusulas abusivas serán nulas y deberán de darse por no puestas. La resolución de Luxemburgo del 14 de marzo de 2013 señala además que dichas cláusulas prerredactadas e impuestas deben de ser consideradas nulas porque causan un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones.

El banco argumenta que Luxemburgo no permite anular las cláusulas que afectan al objeto principal del contrato porque no le corresponde valorar la competitividad de la oferta. Sin embargo, la sentencia recuerda que la sentencia del Supremo del 9 de mayo de 2013 señala que aunque afecte al objeto principal del contrato “no afecta al control de abusividad”.

También recuerda la sentencia del Alto Tribunal del 18 de junio de 2012 que señala que el juez debe realizar control de inclusión y transparencia para garantizar que el consumidor pueda conocer la carga económica que asume. “La falta de transparencia y el abuso de confianza son por desgracia mucho más frecuentes de lo que nos pensamos”, señala Navas.

La juez no sólo admite la abusividad de la cláusula de demora sino también sus consecuencias. Eso significa que se deben de recalcular las cantidades cobradas de más. No sólo eso sino que causa oposición a una ejecución hipotecaria. Así lo señala el art. 695.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución es motivo suficiente para paralizar la ejecución. “Es lo que ha pasado en este caso: la abusividad es de libro como lo es que habiendo abusividad no puede haber desahucio”, explica Navas, quien explica que esto es así desde que el 14 de mayo de 2013 entró en vigor la Ley1/2013 de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social.

La sentencia concluye con la condena en costas al banco por su oposición. “Una sentencia importante que pone orden en las ejecuciones hipotecarias y frena las pretensiones del sector bancario de ejecutar fuera de lo marcado por el ordenamiento jurídico”, concluye Navas.

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Los consejeros piden a las empresas una mayor celeridad en la transformación de los Consejos de Administración2017-10-05

El 60% de los consejeros entrevistados considera que la transformación de sus Consejos no va todo lo rápido que debería. El 58% de los encuestados asegura que la diversidad del Consejo contribuye directamente a la mejora de los resultados de la compañía. Las ciberamenazas y la gestión del talento, ganan peso en las agendas de los Consejos.

Las compañías cotizadas españolas están acometiendo la transformación de sus Consejos de Administración para adaptarlos al nuevo entorno empresarial. Sin embargo, la velocidad del cambio es todavía insuficiente. Así se desprende del informe Consejos de Administración de Empresas Cotizadas 2017, elaborado por PwC, a partir de entrevistas con 50 miembros de más de 60 Consejos de Administración de compañías españolas. El 60% de los consejeros entrevistados considera que la transformación de sus Consejos no va todo lo rápido que debería, a pesar del que el 72% reconoce que están trabajando activamente para conseguirlo.

En cuanto a la transformación/renovación del Consejo, ¿en qué medida está de acuerdo con estas observaciones?

El informe analiza la transformación de los Consejos de Administración entendida esta desde tres puntos de vista: los nuevos temas a los que deben hacer frente, las capacidades que necesitar para hacerlo y la renovación de sus miembros. En este sentido, los consejeros creen, en mayor o menor medida, que deben dedicarle más tiempo a la gestión del talento –según el 73% de los encuestados-, a los asuntos relacionados con la ciberseguridad y los riesgos tecnológicos (66%), a la planificación estratégica (65%) y a la gestión de la sucesión (65%). En los dos primeros casos, como consecuencia del impacto que la digitalización y del desarrollo de las nuevas tecnologías están teniendo en el entorno empresarial. De hecho, el estudio pregunta específicamente por el grado de involucración de los Consejos en materia de ciberataques, inversión en tecnologías de la información o implantación de grandes proyectos tecnológicos y, en todos los casos, sus respuestas revelan que estamos hablando de una implicación parcial.

¿A qué aspectos debe dedicar el Consejo más tiempo?

Para poder acometer todos estos y otros muchos asuntos, los consejeros creen que es necesario contar con un Consejo de Administración lo más diverso posible -en sentido amplio y no solo referido a la diversidad de género-, como elemento necesario para garantizar su independencia y poder retar las propuestas de la dirección. Así el 58% de los encuestados asegura que la diversidad del Consejo contribuye directamente a la mejora de los resultados de la compañía y un 72% afirma que refuerza su eficiencia.

 Cuando se les interroga sobre qué tipos de diversidad son más importantes, los consejeros citan, en primer lugar, la diversidad de conocimientos, seguida de mentalidad –consejeros con amplitud de miras para enfrentarse a los problemas-  y, en tercer lugar, la diversidad de género.

Los conocimientos y las experiencias más valoradas por los consejeros son los relacionados con las finanzas (62%) y con el sector de actividad de la compañía (56%). Unas repuestas que se explican por la cada vez mayor complejidad del contexto económico en el que se mueven las empresas y que les exige mayor capacidad para leer e interpretar sus finanzas. Pierden peso respecto a nuestro informe de 2016, los conocimientos relacionados con la estrategia, que el año pasado fueron los más valorados. Por el contrario, se aprecia un aumento de la importancia de la experiencia y conocimientos en materia de tecnologías de la información, digitalización y ciberseguridad, que suben de la novena a la sexta posición.

Conocimientos y experiencias más valoradas por los consejeros

A la hora de acometer la renovación de los consejos es importante tener en cuenta las fuentes que se utilizan para reclutar a los nuevos consejeros. El informe revela que en España, como en otros países de nuestro entorno, las compañías utilizan principalmente  las recomendaciones de otros miembros del Consejo (70%), seguida de los cazatalentos (66%), que en los últimos tiempos están ganando peso en estos procesos de búsqueda. En EEUU, por ejemplo, son ya la primera fuente de búsqueda.

En materia de sucesión, ¿en qué medida está de acuerdo con estas observaciones?

La gestión de la sucesión del CEO, de los principales directivos y de los propios consejeros es una cuestión clave para asegurar el buen gobierno de las compañías. Y las respuestas de los entrevistados ponen de manifiesto que una mayoría es consciente de la necesidad de afrontar estos cambios de forma planificada (76%). Concretamente, el 93% estima que es importante limitar el tiempo de permanencia en el Consejo para mantener la independencia y el 72% está de acuerdo con fijar un límite de edad para los consejeros. Además, un 59% considera que no dedican suficiente tiempo a la sucesión del CEO o del presidente.

Para Ramón Abella, socio responsable de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de PwC, “los consejeros son consciente de que en el actual entorno deben ser capaces de enfrentarse a los nuevos retos desde múltiples perspectivas, lo cual exige Consejos de Administración más diversos, con más competencias y con más recursos para poder ejercer su función supervisora con éxito”.

El TS confirma una resolución autonómica que declaró la caducidad de autorización de una empresa para construir y explotar un casino en Mallorca2017-10-04

(CGPJ).- La Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado los autos del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que denegaron a la sociedad Gran Casino Teatro Balear su petición de suspensión cautelar de la resolución de la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria, de 31 de agosto de 2015, por la que se declaró la caducidad de autorización para la instalación y explotación de un casino de juego en la isla de Mallorca.

La sociedad citada tiene presentado recurso contencioso-administrativo ante el TSJ balear contra esa decisión del Gobierno autonómico, y mientras éste se resuelve, solicitó como medida cautelar que fuese suspendido para evitar perjuicios y que el recurso pierda su finalidad.

Según explicó el TSJ balear en sus autos, la Administración autonómica declaró la caducidad de la autorización para la instalación y explotación de un casino porque la entidad autorizada no cumplió con la condición que fijaba un plazo máximo para la apertura del casino de doce meses, apertura que tampoco se produjo en el plazo de prórroga luego concedido.

Y frente al alegato de la recurrente de que no había podido cumplir la condición por causas ajenas a su voluntad –en concreto, porque el Ayuntamiento de Palma no le había otorgado la preceptiva licencia municipal-, el auto del TSJ balear señaló que “...con independencia de lo que se resuelva en sentencia, no procede acceder a la medida cautelar por la sencilla razón de que no es necesaria para la ejecutividad de la eventual sentencia estimatoria de la demanda...”, pues “...si finalmente se estima la demanda y se declara que es disconforme a derecho la declaración de caducidad, dicha sentencia sería perfectamente ejecutable y desplegaría sus efectos, pues la autorización autonómica no estaría caducada”.

Partiendo así de que la adopción de la medida cautelar no es necesaria para asegurar la ejecución de la sentencia, el auto ahora confirmado destacó que no se puede acceder a lo que constituiría una sentencia anticipada y que, por el contrario, de accederse a la medida cautelar y acordarse la ineficacia de la caducidad de la autorización -permitiendo que la autorización despliegue todos sus efectos- “sí se causarían perjuicios de difícil reparación si luego se dicta sentencia desestimatoria, pues entretanto, se habría permitido una actividad que carecía de las necesarias autorizaciones por tenerlas caducadas. Y termina el auto señalando que se pretende obtener por la vía cautelar lo que precisamente es el debate mismo de la cuestión de fondo”.

Para el Supremo, frente a lo que opina la sociedad recurrente, el TSJ balear “ha llevado a cabo la necesaria ponderación de los intereses” y ha expuesto las razones por las que considera que si se adoptase la medida cautelar pretendida, permitiendo que la autorización despliegue todos sus efectos, se causarían perjuicios de difícil reparación si luego se dicta sentencia desestimatoria, pues entretanto, se habría permitido en ese período de tiempo una actividad carente de las necesarias autorizaciones.

La tecnología, los grandes operadores, el control de la calidad de los servicios jurídicos no tradicionales, pilares de la Abogacía2017-10-03
  • Según la abogada y socia del Bufete Escura, María José Esteban, “la revolución en la calidad va asociada a la tecnología”

El congreso de Hispajuris a través de su socio en Barcelona Bufete Escura, que se celebró la semana pasada, se centró en el análisis de la profesión de la abogacía en la actualidad y sus tendencias.

En primer lugar la abogada y socia de Bufete Escura, Doctora en Economía y Administración de Empresas y Profesora Asociada en ESADE Business & Law School María José Esteban ha hablado de la situación de la abogacía en el marco de la globalización. Esteban ha recordado que “a finales de los años 90 emergió la abogacía global liderada por el Reino Unido y los Estados Unidos con avances en las tecnologías de la información y las comunicaciones, la desregulación económico financiera y la consolidación de un mercado mundial” y ha añadido que la crisis financiera global del 2008 provocó despidos masivos de abogados en Reino Unido y los Estados Unidos, “cosa que no sucedió en un primer momento en España”. En este sentido Esteban ha afirmado que “los cambios estructurales son evidentes ahora con nuevos objetivos de calidad, un desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías, cambios en el marco normativo, un desplazamiento del poder económico en el mundo y una evolución del modelo de negocio global con nuevos entrantes”. Asimismo, Esteban ha apuntado que “la revolución en la calidad va asociada a la tecnología”. Por otro lado ha explicado los cambios en el marco normativo de la abogacía, entre los cuales “la tendencia a la liberalización del mercado de servicios jurídicos con una reducción de las restricciones a las estructuras empresariales que los bufetes de abogados pueden adoptar con estructuras alternativas y sociedades multidisciplinares”. También ha destacado “la reducción de las actividades reservadas a los abogados” y “la creación de organismos independientes para controlar la profesión”. Además ha subrayado “el desplazamiento del poder económico y del mercado jurídico hacia los países del sur y del este”. Esteban ha concluido que “ahora nadie pone en duda la revolución de la calidad de los servicios jurídicos, la configuración del mercado de servicios legales mucho más orientada al proceso, digitalizada y sistematizada y la entrada de nuevos competidores con una evolución normativa y económica internacional que refuerza esta situación”. Ha concluido que estamos observando “una concentración del sector jurídico en grandes operadores, un control de la calidad de los servicios jurídicos no tradicionales y una irrupción de nuevos operadores, especialmente vinculados al sector de las nuevas tecnologías”.

A continuación, el economista experto en gestión y dirección de despachos y Director general y socio fundador de Amado Consultores Jordi Amado ha abordado el relevo generacional en las firmas de abogados. Amado ha afirmado que “el sector jurídico en España es muy atomizado en el que diferenciarse y crecer resulta muy difícil”. En relación al relevo generacional, Amado ha apuntado que “si no se planifica la sucesión, los despachos se estancan y no evolucionan” y es por ello que ha apuntado la necesidad de “definir una hoja de ruta entendida como un proceso largo y flexible que debe saberse comunicar y que debe dejarse por escrito”. Amado ha explicado que la sucesión “empieza con la identificación de los posibles compradores o sucesores dando prioridad a los profesionales a nivel interno” y ha añadido la importancia de tener en cuenta “el cambio en la forma de dirigir el despacho pasando de un modelo personalista a un modelo más participativo”. También ha recordado que se debe “ayudar y preparar al sucesor o futuros socios y líderes”, a la vez que ha afirmado que “cabe recordar siempre que el despacho tiene un valor fundamentado en el fondo de comercio, el equipo profesional, el tipo de servicio, la tecnología y la marca”. En un proceso de transmisión a profesionales a nivel interno es necesario “identificar a los que son clave y establecer una evaluación constante marcando objetivos”, mientras que en un proceso de venta del despacho a compradores externos se debe considerar “cuándo es el momento de vender, visionar el proceso de venta, valorar el despacho y tener en cuenta fórmulas alternativas como las fusiones y alianzas”. Amado ha concluido que el “día después” del relevo y/o jubilación “se tiene que ver como una nueva etapa entendida como un mundo de colores”.

Finalmente, el abogado miembro del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, de la New York State Bar Association, de la American Bar Association y de la International Bar Association Charles C. Coward Bates ha disertado sobre la globalización de la profesión de abogado destacando que esta globalización “se está acelerando” debido a factores como “las tecnologías de la información, las telecomunicaciones, la digitalización, internet, el e-money, el e-banking, el big data, la inteligencia artificial, el blockchain y los avances en el transporte”. Coward Bates ha recordado que tradicionalmente los abogados han aportado “capacidad de persuasión, así como conocimiento de la ley y de los procesos y gestiones”, pero que actualmente lo prioritario es “el criterio del abogado”. Ha afirmado que “los factores que más están incidiendo a nivel jurídico son los que permiten la organización, transmisión y trato del conocimiento” y ha añadido que “el trabajo del abogado está basado en el conocimiento, la persuasión y el criterio, aspectos que no son materiales sino conceptuales”. Coward Bates ha señalado que las máquinas descubren cosas que los humanos no, por ejemplo tabulan las horas que tardan los diferentes jueces en resolver los asuntos. Ha concluido que “el ejercicio del derecho tiene muchos elementos locales pero no es inmune a los elementos que aceleran la globalización” y ha recomendado “concentrarse en los servicios que resisten a la ‘comoditización’ y especializarse en un aspecto del derecho y aprovechar y profundizar en las ventajas de formar parte de una red”.

El encuentro fue inaugurado por el representante de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona Frederic Munné y por el presidente de Hispajuris, Fernando Escura, quien destacó que “Hispajuris se posiciona como una firma especializada en el ámbito local muy conocedor de los diferentes sectores empresariales y con un enfoque de captación de pymes como su cliente principal”.

La Audiencia Nacional rechaza la suspensión cautelar de la venta del Banco Popular al Santander2017-10-02

(CGPJ).- La Sala de Lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha rechazado suspender de forma cautelar la venta del Banco Popular al Banco Santander, tal y como habían solicitado varios particulares en sus recursos contenciosos presentados contra la resolución de 7 de junio de 2017 del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que acordó las medidas necesarias para ejecutar la venta de la entidad, siguiendo lo acordado por La Junta Única de Resolución (JUR).

La Sección Quinta de esta Sala rechaza las peticiones de suspensión cautelar al considerar que el acuerdo del FROB dimana de una decisión de la JUR, un organismo europeo del sistema financiero, que valoró con anterioridad las graves dificultades de la entidad y por tanto una suspensión cautelar dejaría sin efecto la decisión de la JUR. Los jueces consideran que los perjuicios invocados se deben residenciar en otros tribunales europeos, competentes sobre la JUR.

Como medida cautelar, el recurrente solicitaba la suspensión de los efectos de la resolución que adoptó la Comisión Rectora del FROB el 7 de junio de 2017, consistente en la venta del negocio del Banco Popular al Banco de Santander y pedía también que se anotara de forma preventiva su recurso contencioso-administrativo en el Registro Mercantil. Las dos peticiones han sido rechazadas.

Carácter instrumental del FROB

Sobre la petición de la suspensión de la venta, la Sala, después de analizar los requisitos legales necesarios para acordar una medida cautelar de suspensión considera que ha sido la JUR, y no el FROB, el organismo que ha valorado las graves dificultades en las que se encontraba la entidad, la inexistencia de perspectivas razonables de que otras medidas alternativas del sector privado puedan impedir su inviabilidad en un plazo razonable así como la necesidad de esa medida para el interés público por lo que, según el tribunal, “ la paralización pretendida, incluso si se tratara de la misma venta, dejaría sin efecto la decisión de la JUR y mantendría unas circunstancias que los organismos europeos han considerado que hacen inviable la entidad y conllevan un riesgo para el interés público”.

Por otro lado, la Sala admite, y así lo explica, que la ejecución de las medidas contenidas en el acto recurrido pueden generar perjuicios, “si no de imposible, sí de muy difícil reparación, pero tales perjuicios, que además, en este caso, han de circunscribirse a los que afectan a la parte recurrente -por más que esta parte se arrogue los de los trabajadores o los del propio Banco Popular- son imputables directamente a la decisión de la JUR, que según se acaba de decir es la que ha decidido la venta”. El tribunal argumenta que el papel del FROB es de carácter instrumental y que los perjuicios invocados deben residenciarse en la sede judicial correspondiente, teniendo en cuenta que la decisión ha sido adoptada por la JUR.

En relación con la segunda petición, de inscribir el recurso en el Registro Mercantil para publicitar la pendencia de la impugnación y que los posibles perjudicados conozcan la existencia de un litigio, la Sala también lo rechaza porque entiende que el público en general, a través de los medios de comunicación ha podido conocer tanto las decisiones adoptadas en relación con el Banco Popular como la impugnación de las mismas ante tribunales españoles y europeos.

En orden a esa publicidad, la Sala informa a través de esta Oficina de Comunicación que a día de hoy se han registrado más de 250 recursos, que incluyen a más de 6.000 recurrentes de diferentes perfiles, desde personas físicas, jurídicas, asociaciones o fundaciones. El plazo para interponer recurso finaliza el lunes a las 15:00 horas.

Tres años de prisión para un abogado que prometió a clientes extranjeros permisos de residencia a través de contratos falsos2017-09-29

(Actualidad Jurídica Aranzadi 933).- El acusado, haciendo uso de su condición de abogado, ideó un plan del que se lucró, contratando como becarios a abogados jóvenes que eran despedidos al poco tiempo, para cursar cientos de solicitudes en nombre de extranjeros no residentes legalmente en España, a quienes prometió la obtención de permisos de residencia y trabajo. En las solicitudes, los extranjeros figuraban como trabajadores de empresas ad hoc que carecían de actividad alguna. Como las solicitudes se apoyaban en esas ofertas de trabajo inexistentes eran denegadas sistemáticamente.

El TS estima de forma parcial el recurso de casación interpuesto por el condenado contra el fallo de la AP de Madrid que le impuso seis años de prisión por un delito de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento oficial; concluye que no es posible condenar al recurrente por un delito de falsedad en documento oficial, pero sí por una falsedad en documento privado ya que muchas de las solicitudes no llegaron a presentarse ante la Delegación del Gobierno en Madrid, y se realizaron con “la exclusiva finalidad de estafar al cliente del despacho haciéndole creer que se había presentado el documento, cuando no era así”.

Y en relación con las solicitudes que sí se presentaron, la Sala no aprecia ninguna falsedad porque los sellos eran auténticos y la mejor o peor condición o solvencia de las empresas para las que se solicitaba el permiso administrativo de residencia, no constituyen este delito. Este delito, explica la sentencia, queda absorbido por el de estafa que la Sala, en este caso, considera que fue continuada y que no puede mantenerse en el tipo agravado, como hizo la Audiencia Provincial de Madrid por entender que la defraudación alcanzó los 50.000 euros, pues los perjuicios declarados apenas llegaron a los 3.500 euros. Como consecuencia de ello, la Sala fija la pena en tres años de prisión y no en seis como estableció la sentencia recurrida.

STS, de 21 julio 2017 (RJ 2017, 3524)

La nueva Ley Hipotecaria acabará con las prácticas bancarias que originaron las subprime2017-09-28
  • La nueva Ley Hipotecaria española, que se aprobará este mes, llega en un momento en el que se han cumplido 10 años de la crisis de las hipotecas subprime en EEUU
  • En España se siguen notando los efectos de esa crisis, con más de 63.000 desahucios registrados el año pasado

Hace diez años que estalló en Estados Unidos la crisis de las hipotecas subprime o hipotecas ‘basura’, conocidas así porque se concedieron a personas de escasa solvencia a altos tipos de interés. Por esta razón, en el mes de agosto de 2007 daba comienzo la crisis económica a nivel mundial más profunda desde el ‘crac del 29’, lo que provocó fuertes caídas en las bolsas de todo el mundo. Ante esta situación, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra acordaron de forma coordinada inyectar 400.000 millones de euros para generar liquidez.

En España los efectos de la crisis hipotecaria estadounidense llegaron meses después pero con idénticos efectos devastadores, razón por las novedades que van incluidas en el nuevo texto de la reforma de la Ley Hipotecaria española, que será aprobada por el Gobierno este mes de septiembre. El principal objetivo es evitar la concesión de hipotecas a particulares que no acrediten la solvencia necesaria para hacer frente a las cuotas hipotecarias.

"Todo el sistema ha aprendido de sus errores, no sólo los bancos. Tras una crisis devastadora a todos los niveles, instituciones, los poderes judicial y político, bancos y consumidores saben de la importancia de conocer lo que se firma en el momento de la concesión de una hipoteca y del ‘efecto dominó' que puede tener en la economía no pagar las cuotas de un préstamo hipotecario recibido", indica Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados.

Así pues, en el anteproyecto de la nueva Ley Hipotecaria se quiere poner punto y final a las prácticas bancarias que llevaron a la crisis de las hipotecas subprime, eliminando cualquier opción de que haya cláusulas abusivas en los contratos o intereses de demora. Además, se limitarán las comisiones en un hipotético vencimiento anticipado de la hipoteca o en la modificación del tipo de interés de referencia del contrato.

No obstante, en España se siguen notando los efectos de esa crisis. El año pasado se produjeron más de 63.000 desahucios en nuestro país, un 6,4% menos que en 2015. Aun así, se trata de la cifra más baja en los últimos cuatro años, pues en los años 2013, 2014 y 2015 se superaron los 67.000 desahucios anuales.

Además, en el horizonte a corto plazo está la respuesta del Tribunal de Justicia de la UE al Tribunal Supremo español sobre cómo actuar en casos de cláusulas de vencimiento anticipado e intereses de demora, que llegará presumiblemente a finales de año. A partir del fallo del TJUE se tendrá la oportunidad de adaptar la nueva legislación al criterio europeo y actualizar de forma definitiva el marco legal español de protección al consumidor bancario.

El Tribunal Supremo rechaza una querella por prevaricación contra magistrados del Tribunal Constitucional2017-09-27

(CGPJ).- La Sala II del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite y archivado la querella por delito de prevaricación judicial formulada por la Associació Llibertat, Democracia i Justicia contra el actual presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, su expresidente Francisco Pérez de los Cobos y otros seis magistrados del mismo tribunal, por haber dictado las sentencias, del año 2016, que rechazaron los recursos de inconstitucionalidad de la Generalitat de Catalunya y el Gobierno vasco contra la reforma de 2015 de la Ley del TC que, entre otros aspectos, faculta a este tribunal a tomar medidas ante el incumplimiento de sus sentencias, como suspender en sus funciones a autoridades o imponer multas coercitivas.

El Supremo, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, basa su rechazo de la querella en que los hechos no son constitutivos de delito. Argumenta que “los extensos razonamientos de la querella están plagados de infundados juicios de valor, especulaciones, conjeturas (que no son indicios según equivocada asimilación presente en la querella) huérfanas de sustento e interpretaciones sesgadas”.

El auto expone que la querella “desprende un poco disimulable aroma de intencionalidad política; la que la entidad atribuye a los querellados: parece pretender por esta vía oblicua y absolutamente distorsionadora que la jurisdicción penal revise la decisión adoptada, tras los procedimientos legales establecidos y de forma legítima y razonada, por el órgano que en nuestro estado de derecho tiene atribuida con exclusividad la función de contrastar las leyes emanadas del Parlamento, órgano donde reside la soberanía nacional, con los principios, valores y normas constitucionales”.

Para el Supremo, “flaco favor se haría a la democracia y a la justicia -a las que quiere rendir tributo la asociación- dando pábulo a este tipo de estrategias pseudojurídicas que chocan frontalmente con lo establecido en el art. 4.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional según la redacción proveniente de la reforma operada por virtud de la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo: “Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado”.

Expone el auto que es “atrevimiento jurídico” el intento de los querellantes de rebajar las exigencias del delito de prevaricación cuando nos enfrentamos a la jurisdicción constitucional con el argumento de que no existe otra vía para revisar sus resoluciones. “La jurisdicción penal sería de esa forma el paliativo ante la ausencia de una posibilidad de impugnación. Disparatado”, indican los magistrados.

El Supremo resalta que “desviar cualquier discrepancia jurídica sobre temas debatibles y que pueden ser más o menos controvertidos hacia un problema de derecho penal; o erigir la opinión más o menos abierta o tímida, y siempre respetable, de cualquier académico o grupo de académicos o de un organismo internacional, oficial o extragubernamental, en criterio decisorio para calificar una decisión jurisdiccional de ¡deliberadamente injusta! a los efectos de exigir responsabilidad penal constituye una temeridad que no puede escapar a la apreciación de los promotores de esta querella”.

El Supremo debe resolver la nulidad de las multidivisas deficientemente informadas2017-09-26
  • Hay cerca de 60.000 afectados, la mayoría de Bankinter y Barclays (hoy CaixaBank), principalmente entre ejecutivos de multinacionales, funcionarios y personal de compañías aéreas
  • El Supremo ya calificó la multidivisa como derivado financiero en junio de 2015
  • Luxemburgo ha vuelto a reiterar que si no hay una correcta información, la cláusula debe ser considerada abusiva y por tanto nula.

El Tribunal Supremo comenzó la deliberación sobre la hipoteca multidivisa el pasado miércoles, día 20. Resuelve el caso de una multidivisa de Barclays (hoy CaixaBank), pero su fallo sentará jurisprudencia sobre las cerca de 60.000 hipotecas multidivisa existentes en España.

"La sentencia de Luxemburgo de este miércoles 20 deja poco margen al Supremo: aquellas hipotecas que se hayan comercializado sin que el consumidor medio pueda entender el riesgo que asume, debe considerarse abusivas y por tanto, nulas", señala Juan Ignacio Navas, socio-director del despacho Navas & Cusí, especializado en derecho financiero, bancario y europeo.

Navas recuerda además que el Tribunal Europeo de Justicia de Unión Europea (TJUE) ya se había manifestado en el mismo sentido en abril de 2014. El Supremo fue más allá y en junio de 2015 calificó las hipotecas multidivisa como "derivado financiero" puesto que la cuota depende de un subyacente variable como el tipo de cambio. "Al riesgo de tipo de variación de tipo de interés hay que sumar el riesgo de fluctuación del tipo de cambio pudiendo ocurrió que pasado un tiempo, el cliente deba más de inicialmente prestado", rezaba el fallo.

"Una tesis que nuestro despacho ya había mantenido un año antes en el manual sobre Cómo conseguir la nulidad parcial de la hipoteca multidivisa de Thomson Reuters", recuerda el socio-director de navascusi.com

Sin embargo, en diciembre de 2015 el TJUE emitió otra resolución en la que concluía que los préstamos multidivisa no debían de ser considerados como derivado financiero, una sentencia que han esgrimido los bancos españoles en todos los juicios celebrados desde entonces. Algunas audiencias provinciales han concluido que lejos de existir contradicción entre ambas sentencias, son complementarias porque -en su interpretación- la justicia nacional puede aplicar un plus de protección sobre el cliente.

"En todo caso, la directiva comunitaria considera que las multidivisas deben de restringirse a clientes profesionales o que residan en el lugar de la moneda extranjera o que tengan sus ingresos en dicha moneda. Y recordamos que la directiva hipotecaria está vigente aunque España no la haya traspuesto a tiempo por negligencia gubernamental o legislativa", explica Navas.

El experto considera además, "incluso sin directiva comunitaria", Luxemburgo marca una clara "línea roja": la obligación de información que tiene el banco. Que -recuerda Navas- "debe de interpretarse de manera extensiva, es decir, garantizando que el consumidor medio es capaz de comprender los riesgos que asume; ¿cuántos de los clientes de multidivisa fueron conscientes a la firma de que podían acabar debiendo más dinero del que les prestaron a pesar de pagar religiosamente sus cuotas?", se pregunta el experto.

Por eso el experto considera que sentencia del Supremo "dará esperanzas a los miles de afectados". Eso sí, reclama que "se dote adecuadamente" a los juzgados especiales cláusulas suelo, que serán los que deban de conocer los casos de las multidivisas. "Mantener la actual infradotación puede afectar gravemente a la tutela judicial efectiva", concluye el experto.

El Tribunal Supremo exime a un banco de devolver las cantidades anticipadas a cuenta por el comprador de una vivienda que no se entregó a tiempo2017-09-25

(CGPJ).- La Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente su presidente, Francisco Marín Castán, ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que acordó estimar el recurso de apelación interpuesto por el demandante -particular comprador de una vivienda- y, en consecuencia, revocar la sentencia de primera instancia estimatoria parcial de la demanda.

El procedimiento tiene su origen en la demanda planteada por el comprador de una vivienda sobre plano sometida al régimen de la Ley 57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, por incumplir la promotora su obligación de entregar la vivienda en plazo.

La demanda se dirigió no solo frente a la promotora sino también frente a la entidad de crédito (actualmente Kutxabank), en la que se había abierto la cuenta especial para ingreso de las cantidades anticipadas por los compradores de las viviendas de la promoción.

En primera instancia se consideró que la entidad de crédito no tenía obligación de responder solidariamente de las cantidades entregadas a cuenta por el comprador, mientras que la Audiencia Provincial entendió que sí debía de responder. En concreto, se discute en casación si Kutxabank debe de responder solidariamente con la vendedora-promotora, de la devolución de las cantidades anticipadas pese a haber abierto la cuenta especial prevista en dicha ley, en concreto si esa cuenta especial estaba o no debidamente garantizada.

La sentencia del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la entidad bancaria, basándose en que ésta abrió la cuenta especial de la promotora legalmente exigida para el ingreso de las cantidades anticipadas por los compradores y en que la cuenta se encontraba garantizada mediante una póliza colectiva de afianzamiento suscrita por la promotora y una aseguradora, a quien el banco comunicó la apertura de la cuenta especial, por lo que no incurrió en la responsabilidad del art. 1-2.ª de la Ley 57/1968, pues cumplió con todo aquello que le era exigible.

Además, declara la Sala que no cabe argumentar que la compañía de seguros anunciase que iba a proceder a la anulación de la póliza en un plazo de 30 días naturales porque, además de no constar destinatario en el documento en que se hace dicho anuncio, el mismo carece de fecha, por lo que no hay razón alguna para entender que el banco recibiera dicho anuncio antes de admitir ingresos a cuenta del comprador demandante.

A estos argumentos suma la Sala que treinta pagos mensuales a cuenta no fueron ingresados ni en la cuenta especial ni en ninguna otra de Kutxabank, además de que, conforme a su doctrina, no cabe negar la eficacia de una póliza colectiva de afianzamiento por no haberse emitido los certificados o pólizas individuales. En definitiva, la responsabilidad de la entidad bancaria se limita al cumplimiento de las obligaciones que le impone el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 y no cabe declarar que siempre tenga que actuar como garante del avalista o del asegurador.

LexNET Justicia recomienda no actualizar la nueva versión de Java 1.92017-09-22

(CGAE).- La Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia ha hecho pública una nota en la que informa de que hoy jueves, 21 de septiembre, se comenzará a desplegar la nueva versión de Java 1.9 por iniciativa del fabricante (Oracle). “La instalación de esta versión, señala la nota, impide el uso de LexNET Justicia”.

Esta versión contiene bastantes cambios con respecto a las anteriores por lo que se recomienda que no se actualice, de momento, para evitar incompatibilidades con las aplicaciones web que hacen uso de la firma electrónica desde el navegador web.

La configuración por defecto del panel de control de Java tiene activado el check de aplicar actualizaciones de forma automática. Para evitar que se aplique, el Ministerio recomienda seguir los siguientes pasos:

El Ministerio recuerda que si tienes cualquier consulta o incidencia puedes ponerte en contacto con el equipo de soporte a través de http://lexnetjusticia.gob.es, seleccionando la pestaña “Contacto” y pulsando sobre el vínculo de “incidencia”.

La juez ve indicios para juzgar a 10 exdirectivos y exempleados de Osasuna por delitos contra la Hacienda foral2017-09-21

(CGPJ).- La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona considera que existen indicios para juzgar por delitos contra la Hacienda Pública, por defraudación del IVA y del IRPF, a diez exdirectivos y exempleados de Osasuna por las cuotas supuestamente defraudadas en los ejercicios fiscales de 2011, 2012, 2013 y 2014.

En un auto que es recurrible y en el que da por finalizada la instrucción, la juez mantiene la imputación contra el Club Atlético Osasuna como persona jurídica, como sujeto tributario obligado principal, así como contra los expresidentes Pachi Izco y Miguel Archanco, el exgerente Ángel Vizcay, los exdirectivos Juan Antonio Pascual, José Manuel Purroy, Sancho Bandrés, Jesús Peralta y Jesús Manuel Ganuza, el exconable Tomás López y el exdirector general José Gómez.

La magistrada emplaza al fiscal y las acusaciones personadas a que en diez días soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.

En la resolución, la juez ha acordado el archivo de la causa respecto de dos exdirectivos investigados, Íñigo Sanciñena y José Luis Roldán, el primero porque dejó la directiva el 6 de mayo de 2010 y el segundo porque formó parte de la misma entre el 5 de julio de 2012 y el 29 de agosto de 2013 y en ese periodo de tiempo no se aprobó cuenta alguna.

La causa se abrió en virtud de una querella interpuesta por la Hacienda Tributaria de Navarra como consecuencia de actuaciones de comprobación e investigación. Según el informe definitivo presentado por los peritos, las cuantías dejadas de ingresar por parte de Osasuna son las siguientes: en concepto de IVA 1.382.460,20 euros en 2010; 1.093.242,77 € en 2011; 1.867.700,19 € en 2012 y 704.383,18 € en 2013.

Respecto al IRPF, los peritos establecen las subsiguientes cantidades: 1.280.753,70 € en 2010; 547.451,14 en 2011 y 572.214,66 en 2012.

Según detalla la juez, los estatutos del club vigentes en el período investigado establecen entre las funciones de la junta directiva la de contratar los servicios de jugadores, técnicos, empleados y demás personal de servicio, establecer sus condiciones de fichaje y otros emolumentos, así como fijar precios de abonos y entradas y la de satisfacer impuestos, contribuciones y demás tributos.

Por su parte, según los citados estatutos, las atribuciones del gerente son las de informar y asesorar en cuantas cuestiones administrativas, deportivas, reglamentarias y estatutarias se le requiera, advirtiendo de las posibles irregularidades que se pudieran cometer por parte de los distintos órganos del club, y controlar los ingresos y gastos que tenga por cualquier concepto.

La juez asegura que, conforme a las diligencias practicadas, era “público y notorio que Osasuna no declaraba ni pagaba el IVA de taquillas, abonos, palcos y boxes, hasta el punto de que era objeto de advertencia por el auditor al realizar la auditoría de las cuentas y así se continuó realizando hasta octubre de 2013”.

“Consta además que no solo los jugadores, sino diversos empleados del club con diferentes encargos y cometidos tenían un contrato ‘oficial’ y un anexo donde se indicaba las cantidades que se iban a abonar en metálico y por tanto permaneciendo ajenas al modelo 190 que debía presentarse a Hacienda”, sostiene la magistrada.

Según la juez, cualquier miembro de la junta directiva podía acceder al expediente correspondiente y comprobar el total de los emolumentos y las cantidades que permanecían ajenas a tributación. Pero, añade, no solo los miembros de la junta directiva son presuntamente responsables de ello, sino también el gerente Ángel Vizcay, “por mucho que haya intentado hacer ver que carecía prácticamente de competencias en el club”, como se desprende por ejemplo del hecho de que los contratos aportados por Osasuna consten firmados en nombre del club por el presidente y por él.

Y lo mismo, prosigue, ha de decirse respecto de Tomás López y José Gómez. “Ellos han reconocido expresamente conocer que existían conceptos por los que no se tributaba, que no se pagaba el IVA de palcos, boxes, etc. y que además de los contratos oficiales existían los anexos en B. Incluso ellos cobraron cantidades en metálico sin declarar”, recalca la magistrada, que apunta que López “era el encargado de realizar la contabilidad y presentar las declaraciones fiscales, lo que realizaba conforme a las instrucciones recibidas de Gómez, y éste a su vez del gerente y del presidente”.

En opinión del Abogado General Wathelet, la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la pro2017-09-20

La cláusula no implica una discriminación basada en la nacionalidad, es compatible con el procedimiento de remisión prejudicial y no menoscaba ni el orden de competencias fijado por los Tratados ni la autonomía del sistema jurídico de la Unión

En 1991, la antigua Checoslovaquia y los Países Bajos celebraron un acuerdo para el fomento y la protección de las inversiones [1](«TBI»). [2] Este acuerdo dispone que las controversias entre un Estado contratante y un inversor del otro Estado contratante serán dirimidas mediante acuerdo amistoso o, en su defecto, por un tribunal arbitral.

A raíz de la disolución de Checoslovaquia en 1993, Eslovaquia se subrogó en los derechos y obligaciones de este país derivados del acuerdo.

En 2004, Eslovaquia abrió el mercado del seguro de enfermedad a los inversores privados. Achmea, una empresa perteneciente a un grupo asegurador neerlandés, estableció en Eslovaquia una filial (Union Healthcare) para ofrecer en ese país seguros de enfermedad privados.  Sin embargo, en 2006, Eslovaquia dejó parcialmente sin efecto la liberalización del mercado de seguros de enfermedad y, en particular, prohibió la distribución de beneficios derivados de la actividad del seguro de enfermedad y la venta de carteras de seguros.

En 2008, Achmea inició un procedimiento de arbitraje contra Eslovaquia con arreglo al TBI, por estimar que las prohibiciones mencionadas eran contrarias al acuerdo. En 2012, el tribunal arbitral constató que Eslovaquia había vulnerado efectivamente el TBI y la condenó a pagar a Achmea una indemnización por daños y perjuicios de unos 22,1 millones de euros.

Eslovaquia interpuso entonces ante los tribunales alemanes [3] un recurso de anulación contra el laudo del tribunal arbitral, alegando que la cláusula de arbitraje contenida en el TBI es contraria a diversas disposiciones del Tratado FUE. [4]

El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania), que conoce del recurso de casación interpuesto en este asunto, pregunta al Tribunal de Justicia si la cláusula de arbitraje impugnada por Eslovaquia es compatible con el Tratado FUE.

La República Checa, Estonia, Grecia, España, Italia, Chipre, Letonia, Hungría, Polonia, Rumanía y la Comisión Europea han presentado observaciones en apoyo de la postura de Eslovaquia, mientras que Alemania, Francia, Países Bajos, Austria y Finlandia afirman que la cláusula controvertida y, de modo más general, las cláusulas similares corrientemente utilizadas en los 196 TBI vigentes entre los Estados miembros de la UE son válidas.

En las conclusiones que ha presentado hoy, el Abogado General  Melchior Wathelet señala, primero, que la cláusula controvertida no supone una discriminación basada en la nacionalidad, prohibida por el Derecho de la Unión y, en consecuencia, no infringe el artículo 18 TFUE. En efecto, si bien sólo los inversores neerlandeses están facultados por la cláusula para acudir al tribunal arbitral al objeto de dirimir una controversia relativa a una inversión realizada en Eslovaquia, los inversores de la mayoría de los Estados miembros restantes disfrutan de una protección equivalente sobre la base de los TBI que sus respectivos Estados miembros de origen han celebrado con Eslovaquia. A este respecto, el Abogado General subraya que los inversores procedentes de un Estado miembro que no haya celebrado un TBI con Eslovaquia tampoco sufren una discriminación en razón de su nacionalidad, como consecuencia de la cláusula controvertida. El Abogado General precisa que el Tratado FUE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exigen que los inversores que procedan de un Estado miembro distinto de Eslovaquia y que se encuentren en territorio eslovaco en una situación regida por el Derecho de la Unión sean tratados del mismo modo que los inversores eslovacos, pero no que los inversores de un tercer Estado miembro.

A continuación, el Abogado General considera que el tribunal arbitral constituido sobre la base de la cláusula controvertida es un órgano jurisdiccional común a los Países Bajos y Eslovaquia, habilitado para dirigirse al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial. El origen de este tribunal arbitral se encuentra en disposiciones legales vinculantes (especialmente, las del TBI celebrado entre los Países Bajos y Checoslovaquia), forma parte de un sistema de arbitraje establecido por ambos Estados miembros, dispone de jurisdicción obligatoria para conocer de los litigios en materia de inversiones en el marco de procedimientos contradictorios y adopta sus decisiones, con total independencia e imparcialidad, en aplicación de normas jurídicas. Por consiguiente, según el Abogado General, el sistema de arbitraje no queda al margen del ámbito de aplicación del procedimiento de remisión prejudicial establecido en el artículo 267 TFUE y es, por tanto, compatible con dicho artículo. Además, en ese caso, el sistema de arbitraje no puede menoscabar el artículo 344 TFUE, que exige que los Estados miembros sometan las controversias relativas a la interpretación o a la aplicación de los Tratados al mecanismo de resolución que éstos prevén, ni el orden de competencias fijado por los Tratados, ni, en consecuencia, la autonomía del sistema jurídico de la Unión.

Por último, en el caso de que el Tribunal de Justicia declare que el sistema de arbitraje en cuestión queda al margen del ámbito de aplicación del procedimiento de remisión prejudicial, el Abogado General señala que la exigencia prevista por el artículo 344 TFUE atañe únicamente a las controversias que oponen un Estado miembro a otro o a la Unión. Por lo tanto, las controversias entre un inversor y un Estado miembro no están contempladas por dicho artículo.

Asimismo, el Abogado General estima que, aun cuando el Derecho de la Unión forme parte del Derecho aplicable a las controversias surgidas entre los inversores neerlandeses y Eslovaquia, esta circunstancia no implica que esas controversias se refieran a la interpretación o a la aplicación de los Tratados. En este contexto, el Abogado General refuta el argumento de la Comisión de que el Derecho de la Unión ofrece a los inversores, fundamentalmente a través de las libertades fundamentales y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una protección completa en materia de inversiones. En opinión del Abogado General, el ámbito de aplicación del TBI es más amplio que el de los Tratados UE y FUE y las garantías de protección de las inversiones previstas por el acuerdo son distintas de las concedidas por el Derecho de la Unión sin ser incompatibles con este Derecho.

Por estos motivos, el Abogado General considera que la cláusula controvertida no menoscaba el orden de competencias fijado por los Tratados ni, por tanto, la autonomía del sistema jurídico de la Unión.

[1]  Acuerdo para el fomento y la protección recíprocos de las inversiones entre el Reino de los Países Bajos y la República Federal Checa y Eslovaca.

[2] Tratado Bilateral de Inversión.

[3]  Dado que el lugar del arbitraje era Fráncfort (Alemania), los tribunales alemanes son competentes para verificar la legalidad de la decisión arbitral.

[4] Se trata de los artículos 18 TFUE, 267 TFUE y 344 TFUE.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El TSJ de Navarra anula dos artículos que regulaban jefaturas de libre designación en el Servicio Navarro de Salud2017-09-19

(CGPJ).- El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado tres artículos de la normativa foral que regulaban el nombramiento por libre designación de determinadas jefaturas de direcciones del Servicio Navarro de Salud (SNS), así como la posibilidad de que cualquier profesional sanitario pudiera ser nombrado director de Atención Primaria.

En la sentencia, que puede ser recurrida, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN estima una demanda interpuesta por el Sindicato Médico de Navarra contra dos artículos —20.2 y 22 (apartados 1, 3 y 4)— del Decreto foral 171/2015 por el que se aprobaron los estatutos del SNS.

Respecto al artículo 20.2, que regulaba el nombramiento y cese de las direcciones del equipo de Atención Primaria, la cuestión litigiosa estriba en determinar si esas funciones son cuestiones relativas a la “gestión” y, por ende, las puede realizar cualquier profesional sanitario o, por el contrario, esas labores de inspección, evaluación, acreditación y planificación exigen contar con unos conocimientos científicos y técnicos adecuados y, por tanto, una titulación en Medicina.

La Sala, que se inclina por esta última tesis, estima que para el ejercicio de esos cargos se requiere una labor profesional, directiva, valorativa y técnica que excede de la gestión administrativa.

Por otra parte, los tres apartados anulados del artículo 22 eran los referentes a las jefaturas de los servicios no asistenciales, las jefaturas de sección y unidad no asistenciales, la dirección del Banco de Sangre y Tejidos de Navarra y las jefaturas de sección y área de Enfermería.

En su descargo, la Administración foral se limitó a señalar que no necesitaba justificar ni motivar nada a este respecto.

Sin embargo, el Tribunal entiende que Salud no puede utilizar el sistema de libre designación de forma “omnímoda e injustificada”. En el presente caso, recalca la Sala, no existe ni la más mínima justificación del sistema de libre elección acordado.

La Fundación publica el informe “España ante la tortura y los malos tratos”2017-09-18

La Fundación Abogacía Española ha elaborado un informe titulado España ante la tortura y los malos tratos en el que se analizan las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en las que se condena a España por no investigar casos de tortura.

El TEDH ha dictado 9 sentencias condenatorias por violación del art. 3 CEDH, en su vertiente procesal, esto es, por insuficiencia de la investigación oficial de denuncias de torturas y malos tratos. Del total, 8 están relacionadas con una detención incomunicada por delitos de terrorismo y una con un supuesto de maltrato policial sin detención. En su jurisprudencia, el tribunal señala además que  la situación de particular vulnerabilidad de las personas detenidas en régimen de incomunicación en España exige como contraprestación un riguroso sistema de prevención de todo abuso policial.

Con carácter general, el TEDH recuerda que, cuando un individuo afirma de manera argumentada haber sufrido malos tratos de manos de la policía o de otros servicios equiparables del Estado, debe hacerse una investigación oficial eficaz. A todo ello hay que sumar los pronunciamientos de los mecanismos de protección de derechos humanos del Consejo de Europa y Naciones Unidas  que han emitido recomendaciones expresas a España.

En este contexto, hay que destacar que este año se han dictado en España tres sentencias que coinciden con el sentido de las recomendaciones y  ratifican de alguna manera los argumentos esgrimidos por el TEDH respecto de las investigaciones llevadas a cabo. Por un lado, en una sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de junio de 2016, se anuló por primera vez una sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional por no haber admitido una prueba pericial psicológica practicada de acuerdo al  Protocolo de Estambul. Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en sentencias dictadas el 18 de julio y 19 de septiembre de 2016 respectivamente, otorgó amparo ordenando retrotraer las actuaciones para que los Juzgados de Instrucción correspondientes en  cada caso dicten una nueva resolución por considerar que no había existido una investigación judicial suficiente de los hechos denunciados.

A la luz de estas últimas resoluciones, parece que algo se empieza a moverse en el sistema de justicia y los tribunales empiezan a adherirse a la tesis del TEDH respecto de las carencias de las investigaciones llevadas a cabo en España.

ESFUERZO E IMPLICACIÓN DE LA ABOGACÍA

La tortura y los malos tratos no pueden seguir siendo un eterno secreto a voces. La Fundación Abogacía Española quiere aprovechar la ocasión para instar a todos los órganos de administración de justicia a quienes corresponde garantizar la protección de los derechos fundamentales a que desarrollen de manera efectiva las recomendaciones y el cumplimiento de las sentencias a las que se hace referencia.

El propósito del Informe es facilitar esta tarea y ofrecer para ello un análisis sistemático de la información relativa a los pronunciamientos que afectan a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité para la Prevención de la Tortura, pertenecientes al Consejo de Europa; el Comité contra la Tortura y Comité de Derechos Humanos pertenecientes a Naciones Unidas y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

El informe se suma a la Guía de actuación frente a torturas, malos tratos, inhumanos o degradantes publicada en diciembre de 2014 por la Fundación Abogacía Española, diseñada con la vocación de convertirse en una herramienta útil para orientar en los aspectos prácticos y teóricos la labor de la abogacía.

INFORME COMPLETO

Un despido colectivo no siempre puede considerarse un ‘caso excepcional’ que permita despedir a una trabajadora embarazada2017-09-15

El 9 de enero de 2013, la compañía española Bankia S.A. inició un período de consultas con los representantes de los trabajadores con vistas a proceder a un despido colectivo. El 8 de febrero de 2013, la comisión negociadora alcanzó un acuerdo en el que se establecían los criterios que debían aplicarse para la selección de los trabajadores que iban a ser despedidos y de aquellos que conservarían su empleo en Bankia.

El 13 de noviembre de 2013, Bankia envió una carta a la Sra. Porras Guisado, quien estaba embarazada en ese momento, por la que se le notificaba la extinción de su contrato de trabajo con arreglo al acuerdo de la comisión negociadora. La carta de despido exponía, en particular, que en el caso concreto de la provincia en la que ella prestaba servicios era necesario un profundo ajuste de la plantilla, y que en el proceso de valoración realizado en la entidad durante el período de consultas la puntuación que ella había obtenido se encontraba entre las más bajas de la provincia.

La Sra. Porras Guisado presentó una demanda impugnando su despido ante el Juzgado de lo Social nº 1 de Mataró (Barcelona), el cual se pronunció a favor de Bankia. La Sra. Porras Guisado recurrió entonces ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el cual solicitó al Tribunal de Justicia que interpretara la prohibición de despido de trabajadoras embarazadas y, más en particular, que indicara cómo debía interpretarse esa prohibición en el marco de un procedimiento de despido colectivo.

En sus conclusiones presentadas hoy, la Abogado General Sra. Sharpston sostiene, en primer lugar, que la Directiva de maternidad [1] protege a las trabajadoras «durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final del permiso de maternidad», aunque aún no hayan informado de su estado al empresario. La excepción que permite el despido de la trabajadora embarazada sólo es aplicable en casos excepcionales no inherentes a su estado. Por otra parte, la Directiva sobre despidos colectivos [2] regula los despidos producidos en el marco de los despidos colectivos y define estos últimos como «los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores».

Por lo que se refiere a la interacción entre los dos instrumentos normativos, la Abogado General estima que las condiciones en las que se admite el despido de una trabajadora embarazada, a saber «casos excepcionales no inherentes a su estado admitidos por las legislaciones y/o prácticas nacionales», no deben interpretarse en el sentido de que se corresponden exactamente con la expresión «uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores». En el contexto de la Directiva sobre despidos colectivos existen situaciones que se consideran, efectivamente, excepcionales. No obstante, ello no significa que cualquier despido colectivo sea un «caso excepcional» a efectos de la Directiva de maternidad. En consecuencia, corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si, en este caso, el despido colectivo puede calificarse como «caso excepcional» para apreciar si es aplicable la excepción a la prohibición de despido.

La Abogado General considera igualmente que, para que opere la excepción basada en la existencia de «casos excepcionales» que hacen posible el despido de una trabajadora embarazada, no basta con invocar motivos que afecten a su puesto en caso de despido colectivo -ni, por otra parte, fuera de este contexto-, sino que, además, en la práctica no debe haber realmente posibilidad de recolocar a la trabajadora embarazada en otro puesto de trabajo adecuado.

La Abogado General precisa que el concepto de «recolocación en otro puesto de trabajo» no equivale al de «permanecer en la empresa». La recolocación en otro puesto de trabajo es posible si éste queda vacante o si se crea una vacante transfiriendo a otro trabajador a otro puesto y asignando a la trabajadora el puesto que ha quedado de este modo vacante, mientras que la permanencia en la empresa significa que, sin importar cómo, la trabajadora embarazada conservará su empleo. A este respecto, la Directiva de maternidad no exige a los Estados miembros que adopten expresamente disposiciones que concedan prioridad de permanencia en la empresa a las trabajadoras embarazadas en caso de despido colectivo: si el Derecho nacional ha incorporado correctamente la Directiva de maternidad, la legislación nacional resultante debe garantizar normalmente que una trabajadora embarazada conserve efectivamente su empleo en caso de despido colectivo.

La Abogado General también estima que la Directiva de maternidad exige a los Estados miembros que ofrezcan a las trabajadoras embarazadas tanto protección contra el despido en sí (tutela preventiva), como protección contra las consecuencias de un despido prohibido que se ha producido a pesar de todo (tutela reparativa). En este contexto, la Abogado General afirma que la normativa española aplicable parece establecer que un despido ilegal es «nulo de pleno Derecho». Así pues, parece que esa normativa ofrece una tutela reparativa más que una tutela preventiva. De ser eso cierto, la legislación española no cumpliría los requisitos de la Directiva.

Finalmente, la Abogado General concluye que, para que un preaviso de despido se ajuste a los requisitos previstos en la Directiva de maternidad, éste deberá formalizarse por escrito y poner de manifiesto los motivos, debidamente justificados en relación con casos excepcionales no inherentes al embarazo que admiten el despido. En el contexto de un despido colectivo, no cumpliría este criterio un preaviso de despido que se limita a exponer los motivos generales que justifican los despidos, así como los criterios de selección, sin explicar por qué es admisible el despido de una trabajadora embarazada, dado que las circunstancias específicas del despido colectivo en cuestión hacen de éste un «caso excepcional».

[1] Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia (Décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO 1992, L 348, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva de maternidad»). En el momento de los hechos del litigio examinado, la versión aplicable era la modificada por la Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007 (DO 2007, L 165, p. 21).

[2] Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DO 1998, L 225, p. 16; en lo sucesivo, «Directiva sobre despidos colectivos»).

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La prohibición anticipada de la pesca de atún rojo por parte de la Comisión en 2008 no puede dar lugar a ninguna indemnización en favor de los pes2017-09-14

Según el Tribunal de Justicia, el recurso interpuesto por los pescadores italianos ante el Tribunal General era manifiestamente infundado, puesto que invocan en su beneficio un plazo del que los pescadores españoles disfrutaron de manera ilegal.

El Sr. Salvatore Aniello Pappalardo y varias sociedades italianas son propietarios de barcos autorizados a practicar la pesca de atún rojo con redes de cerco. Se les atribuyeron cuotas para la pesca de dicha especie para el año 2008. Mediante un Reglamento de 2008, [1]la Comisión decidió que la pesca de atún rojo, autorizada normalmente hasta el 30 de junio de 2008, quedaba prohibida a partir del 16 de junio de 2008 para los atuneros cerqueros que enarbolen pabellón de Grecia, Francia, Italia, Chipre y Malta (artículo 1) y a partir del 23 de junio de 2008 para los que enarbolen pabellón de España (artículo 2). En la medida en que las prohibiciones establecidas en ese Reglamento surtían efectos en fechas diferentes para los atuneros cerqueros españoles y para los demás, el Tribunal de Justicia declaró la nulidad parcial de dicho Reglamento, limitada a su artículo 2. [2]

En 2013, el Sr. Pappalardo y las sociedades interesadas interpusieron ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso de indemnización en el que solicitaban más de 6,5 millones de euros de indemnización por el perjuicio supuestamente sufrido, alegando que el Reglamento había originado una discriminación en su perjuicio.

En la sentencia recurrida, [3]el Tribunal General desestimó el recurso, considerando que el hecho de imponer dos fechas diferentes de prohibición de la pesca, por un lado para los atuneros cerqueros griegos, franceses, italianos, chipriotas y malteses, y por otro lado para los españoles, no constituye en sí mismo una violación manifiesta del principio de no discriminación. En efecto, el Reglamento de 2008 obedece al objetivo de interés general de evitar una amenaza grave para la conservación y la recuperación de la población de atún rojo en el Atlántico Este y en el Mar Mediterráneo, [4]y no al objetivo de proteger las prerrogativas ligadas a la actividad económica de pesca de determinados atuneros cerqueros en relación con otros.

El Sr. Pappalardo y las sociedades interesadas interpusieron entonces un recurso de casación pidiendo al Tribunal de Justicia que anulase la sentencia del Tribunal General y estimase su pretensión de indemnización del perjuicio. Mediante su recurso de casación, reprochan al Tribunal General haber incurrido en un error de Derecho en su análisis del principio de fuerza de cosa juzgada, al haber declarado el Tribunal General, en un auto anterior, [5]que no procedía pronunciarse sobre el recurso de Italia dirigido a la anulación del artículo 1 del Reglamento, puesto que dicho Reglamento se había anulado en su totalidad. El Sr. Pappalardo y las sociedades afectadas también reprochan al Tribunal General haber incurrido en un error de Derecho al aplicar el requisito relativo al comportamiento ilegal de la Comisión.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación señalando, en primer lugar, que la fuerza de cosa juzgada sólo afecta a los extremos de hecho y de Derecho que hayan sido efectiva o necesariamente resueltos por una resolución judicial. Por consiguiente, como el Tribunal General no se pronunció sobre el fondo en el auto antes citado sobre el recurso interpuesto por Italia con el fin de que se anulara el Reglamento de 2008, no se le puede reprochar haber incurrido en un error de Derecho por haber examinado, en la sentencia recurrida, la demanda de indemnización de las recurrentes sobre la base de las sentencias AJD Tuna y Buono y Giordano. 6 Además, dicho auto no genera derecho a expectativas legítimas por parte del Sr. Pappalardo y de las sociedades interesadas.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia subraya que el principio de igualdad de trato debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad, conforme al cual nadie puede invocar en su beneficio una ilegalidad cometida en favor de otro. Por consiguiente, el hecho de que los atuneros cerqueros que enarbolan pabellón español hayan disfrutado ilegalmente de una semana adicional de pesca no justifica un derecho de indemnización en beneficio de los atuneros griegos, franceses, italianos, chipriotas y malteses.

Habida cuenta de que la ilicitud de que adolece dicho Reglamento, cometida en beneficio de los atuneros españoles, no afecta a la situación del Sr. Pappalardo y de las sociedades recurrentes, éstos no pueden prevalerse de ella.

[1] Reglamento (CE) n.º 530/2008 de la Comisión, de 12 de junio de 2008, por el que se establecen medidas de emergencia aplicables a los atuneros cerqueros que capturan atún rojo en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45° O, y en el Mar Mediterráneo (DO 2008, L 155, p. 9).

[2] Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2011, AJD Tuna (C-221/09, véase el CP n.º 22/11). El alcance de

dicha sentencia fue confirmado por la sentencia Buono y otros/Comisión y Syndicat des thoniers méditerranéens y otros/Comisión (asuntos acumulados C-12/13 P y C-13/13 P, véase el CP n.º 137/14).

[3]Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2016, Pappalardo y otros/Comisión (T-316/13, véase el CP n.º 46/16).

[4] Sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2014, Giordano/Comisión (C-611/12 P), y Buono, antes citada.

[5] Auto de 14 de febrero de 2012 en el asunto Italia/Comisión (T-305/08).

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

¿Puede una filial oponerse a la comercialización de productos de su marca?2017-09-13

Según el Abogado General, el Derecho de la Unión se opone a que se invoque el derecho exclusivo si, debido a la existencia de vínculos económicos entre los titulares respectivos, estas marcas se encuentran bajo un control único y Schweppes tiene la posibilidad de determinar directa o indirectamente los productos en los que se coloca la marca Schweppes en el Reino Unido y de controlar su calidad.

La sociedad Schweppes International Ltd. es titular de la marca «Schweppes» en España, país en el que la sociedad Schweppes S.A. tiene un derecho exclusivo para la explotación de esta marca. [1] En 2014, Schweppes S.A. presentó una demanda por infracción del derecho de marca contra Red Paralela por haber importado y comercializado en España botellas de tónica de la marca «Schweppes» procedentes del Reino Unido. En este país la marca «Schweppes» pertenece a Coca-Cola, que adquirió los derechos por cesión. [2]

Schweppes S.A. considera que estos actos son ilegales, dado que las botellas de tónica no han sido fabricadas y comercializadas por ella misma o con su consentimiento, sino por Coca-Cola, que no tiene ningún vínculo con el grupo Orangina Schweppes. Sostiene que, dada la identidad de los signos y de los productos de que se trata, el consumidor no será capaz de distinguir la procedencia empresarial de dichas botellas. Red Paralela se ha defendido contra esta demanda por infracción del derecho de marca invocando el agotamiento de este derecho por consentimiento tácito respecto de los productos con la marca SCHWEPPES procedentes de Estados miembros de la Unión Europea en los que Coca-Cola es titular de la marca. Además, Red Paralela afirma que es innegable que existen vínculos jurídicos y económicos entre Coca-Cola y Schweppes International en la explotación común del signo «Schweppes» como marca universal.

En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona se ha dirigido al Tribunal de Justicia para que éste determine si el Derecho de la Unión [3]se opone a que Schweppes S.A. invoque el derecho exclusivo del que disfruta en virtud de la normativa española para oponerse a la importación o a la comercialización en España de productos «Schweppes» procedentes del Reino Unido, país donde la marca pertenece a Coca-Cola.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Paolo Mengozzi comienza recordando que el Tribunal de Justicia ya ha precisado que el principio del agotamiento del derecho conferido por la marca «opera cuando el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación son idénticos o cuando, incluso siendo personas distintas, están económicamente vinculados», [4]situación en la que se encuentran el fabricante y su concesionario, el cedente de la licencia y su licenciatario, o las sociedades que pertenecen a un mismo grupo.  El Tribunal  de Justicia ha estimado que en esos casos los productos designados con la marca se fabrican bajo el control de la misma entidad, de modo que su libre circulación no cuestiona la función de la marca.

En opinión del Abogado General, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, lo que importa no es tanto la naturaleza de las relaciones que mantienen estas entidades, sino el hecho de que, gracias a ellas, la marca se encuentra bajo control único. A este respecto, el Abogado General considera que este criterio puede cubrir no sólo los supuestos mencionados por el Tribunal de Justicia, en los que el uso de la marca está bajo el control de una sola persona (el cedente de la licencia o el fabricante) o de una entidad que constituye una unidad económica, sino también las situaciones en la que el uso de la marca está sometido al control conjunto de dos personas distintas -cada una titular de derechos reconocidos a nivel nacional- que actúan, en la explotación de la marca, como un único centro de intereses. En estas situaciones, la unicidad del control excluye que puedan invocarse las normativas nacionales en materia de Derecho de marcas para restringir la circulación de los productos de que se trate.

Por otro lado, el Abogado General considera que, a efectos de la aplicación del principio del agotamiento del derecho de marca, los titulares de marcas paralelas surgidas de la fragmentación de una marca única pueden considerarse «vinculados económicamente» cuando coordinan sus políticas comerciales al objeto de ejercer un control conjunto sobre el uso de sus marcas respectivas. Sin embargo, para que se produzca el agotamiento del derecho es necesario que el control único sobre la marca proporcione a las entidades que lo ejercen la facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los que se ha estampado la marca, así como de controlar su calidad.

En cuanto a la prueba de que existe una coordinación entre los titulares de las marcas paralelas que puede dar lugar a una unicidad de control, el Abogado General considera que la carga de la prueba recae, en principio, sobre el importador paralelo. En situaciones como las examinadas en este caso, aunque resultaría excesivo solicitar al importador paralelo que aporte la prueba del control único, sí debe en todo caso presentar un conjunto de indicios precisos y concordantes que permitan inferir la existencia de ese control. En presencia de un conjunto de indicios precisos y concordantes, el titular que desee oponerse a la importación en su territorio de los productos de que se trate deberá demostrar que no ha tenido lugar ningún acuerdo o coordinación con el titular de la marca en el Estado de exportación para someter la marca a un control único.

Por último, el Abogado General concluye que el Derecho de la Unión se opone a que se invoque el derecho exclusivo, cuando de los vínculos económicos existentes entre el titular de la marca en el Estado de importación y el titular de la marca en el Estado de exportación resulte que estas marcas están bajo control único y que el titular de la marca en el Estado de importación tiene la facultad de determinar directa o indirectamente los productos sobre los que se estampa la marca en el Estado de exportación y de controlar su calidad. En este contexto, corresponderá al juez nacional, a la luz de todas las circunstancias del caso de autos y tras aclarar los vínculos que unen a los titulares de las marcas paralelas (Schweppes International y Coca-Cola), examinar si se cumplen los requisitos para el agotamiento del derecho de Schweppes International en relación con las botellas de tónica en cuestión.

 

[1]Schweppes  International  Ltd  y  Schweppes,S.A.  son  filiales,  inglesa  y  española,  respectivamente,  de  Orangina Schweppes Holding, sociedad a la cabeza de Orangina Schweppes Group.

[2] En Europa, Cadbury Schweppes (actualmente Orangina Schweppes Group) fue durante años titular única de los diferentes registros nacionales del signo «Schweppes». Sin embargo, en 1999 cedió al grupo Coca-Cola los derechos

relativos a las marcas «Schweppes» en trece Estados miembros del Espacio Económico Europeo, entre los que se encuentra el Reino Unido, conservando la titularidad de estos derechos en los otros dieciocho Estados.

[3] Artículo 36 TFUE y artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25). 

[4]Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger (C-9/93). Es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

 

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y

La compensación debida a los pasajeros en caso de cancelación o gran retraso de un vuelo con conexión debe calcularse en función de la distancia a2017-09-12

El hecho de que, debido a la conexión, la distancia efectivamente recorrida por ese vuelo sea superior a la distancia entre los aeropuertos de salida y de llegada no incide en el cálculo de la compensación

 Las Sras. Birgit Bossen, Anja Bossen y Gudula Gräßmann se trasladaron de Roma a Hamburgo via Bruselas mediante un vuelo operado por Brussels Airlines. Dado que su vuelo llegó a Hamburgo con un retraso de tres horas y cincuenta minutos respecto a la hora de llegada inicialmente prevista, interpusieron un recurso ante el Amtsgericht Hamburg (Tribunal Civil y Penal de Hamburgo, Alemania) con el fin de obtener la compensación prevista por el Reglamento de la Unión sobre compensación a los pasajeros aéreos. [1]

Este Reglamento, tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia, establece en particular que, en caso de retraso de tres horas o más, los pasajeros tendrán derecho a una compensación de 250 euros para los vuelos de hasta 1 500 kilómetros y de 400 euros para los vuelos de más de 1 500 kilómetros que conecten dos Estados miembros.

En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional alemán pregunta al Tribunal de Justicia si, en el caso de un vuelo efectuado con correspondencia, la distancia total de vuelo corresponde a la distancia entre el aeropuerto de salida y el aeropuerto de llegada (a saber, en el presente caso, 1 326 kilómetros entre Roma y Hamburgo) o bien si debe calcularse en función de la distancia recorrida efectivamente (a saber, en el presente caso, 1 656 kilómetros, es decir 1 173 kilómetros para la distancia entre Roma y Bruselas y 483 kilómetros entre Bruselas y Hamburgo). De la respuesta a esta cuestión dependerá la cuantía de la compensación adeudada a las pasajeras afectadas.

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara en primer lugar que, en el marco del derecho a la compensación, el Reglamento no diferencia en función de que los pasajeros afectados alcancen su destino final mediante un vuelo directo o mediante vuelos de conexión. El Tribunal de Justicia deduce de ello que, en ambos casos, los pasajeros deben ser tratados de igual modo en lo que respecta al cálculo del importe de la compensación.

En este contexto, el Tribunal de Justicia señala al respecto que las diferentes escalas de la compensación previstas por el Reglamento reflejan las diferencias en la intensidad de las molestias que sufren los pasajeros por no haber tenido la posibilidad de reorganizar libremente su desplazamiento y evitar así la pérdida de tiempo derivada de la cancelación o gran retraso de su vuelo.

A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que la naturaleza del vuelo (vuelo directo o vuelo con conexión) no tiene impacto sobre la intensidad de la molestia sufrida por los pasajeros. Por tanto, al establecer el importe de la compensación en el caso de un vuelo con conexión, sólo procede tomar en consideración la distancia a vuelo de pájaro (distancia ortodrómica) que recorrería un vuelo directo entre el aeropuerto de salida y el aeropuerto de llegada. El hecho de que, debido a la conexión, la distancia efectivamente recorrida sea superior a la distancia entre los aeropuertos de salida y llegada no incide en el cálculo de la compensación.

[1] Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran  retraso  de  los  vuelos,  y  se  deroga  el  Reglamento  (CEE)  n.º 295/91 (DO 2004, L 46, p. 1).

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Audiencia de Navarra vuelve a rechazar la puesta en libertad de los cinco acusados por la supuesta violación grupal de los Sanfermines2017-09-11

(CGPJ).- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha ratificado su decisión del pasado 14 de julio y ha acordado mantener en prisión a los cinco acusados por la supuesta violación de una joven madrileña de 18 años la madrugada del 7 de julio de 2016 en Pamplona.

En cinco autos, que son firmes, la Sección Segunda, el tribunal que va a juzgar el asunto, ha desestimado los recursos de súplica interpuestos por las defensas de los procesados.

En las resoluciones, adoptadas por dos votos contra uno, el tribunal se remite a la argumentación expuesta en julio para mantener en prisión a los cinco encausados. Para dos de los tres magistrados, “concurren los riesgos que configuran las finalidades constitucionalmente legitimadoras de la prisión provisional”, lo que determina “que no pueda estimarse adecuada otra medida menos gravosa para la libertad personal a fin de conjurar tanto el peligro de eludir la acción de la justicia, como el riesgo de reiteración delictiva, relacionada con la presunta dinámica comisiva en una actuación grupal”.

Estos autos desestimatorios cuentan igualmente con el voto particular del magistrado que ya abogó en julio por la libertad provisional con fianza de los acusados con la adopción de medidas cautelares. Este juez insiste en tachar de “inconsistentes e insuficientes” los argumentos de sus compañeros de sala y subraya asimismo “el déficit de motivación” sobre el riesgo de fuga y la reiteración delictiva. 

Catalá aborda con abogados, procuradores y graduados sociales los desafíos del nuevo curso2017-09-08

(MJ).-El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunió ayer con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez; y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Javier San Martín; con quienes ha abordado los proyectos e iniciativas que está llevando a cabo su departamento para seguir avanzando en la reforma de la Justicia.

Durante el encuentro, el ministro ha defendido el objetivo inaplazable de la transformación digital de la Administración de Justicia como uno de los proyectos estratégicos del Ministerio. Catalá ha destacado la normalidad en el funcionamiento del sistema LexNET tras la oleada de ciberataques que el 1 de septiembre sufrió la red de Telefónica que le presta servicio. De hecho, en los primeros cuatro días hábiles del mes de septiembre la presentación de demandas se ha incrementado un 51% respecto al mismo periodo de 2016 y la presentación de escritos lo ha hecho en un 27%.

El ministro ha manifestado, no obstante, la intención de seguir mejorando la funcionalidad, seguridad y prestaciones del sistema que utilizan 230.000 profesionales de todo el territorio para la realización de comunicaciones electrónicas con los juzgados. Catalá ha expresado asimismo su voluntad de reforzar el diálogo institucional con los colectivos de profesionales en relación a esta materia a través de reuniones mensuales de seguimiento del funcionamiento de las comunicaciones electrónicas que presidirá el secretario general de la Administración de Justicia.

Además, el ministro ha abordado con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, el proyecto de adaptación del vigente Estatuto General de la Abogacía Española a las sucesivas novedades normativas y jurisprudenciales que se han producido desde su aprobación en el año 2001. También se ha puesto sobre la mesa el proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, en cuyo texto se está trabajando con la Abogacía. El ministro ha informado que se está elaborando el borrador del anteproyecto de la ley que introducirá el catálogo de derechos y deberes del ciudadano y de los abogados. Se han revisado también los trabajos preparatorios para la redacción del borrador del anteproyecto de la reforma de la Ley de Tasas Judiciales que permitirá cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional.

En materia de asistencia jurídica gratuita, el ministro ha señalado que se está abordando el nuevo proyecto de reglamento del servicio que supondrá, entre otros aspectos, la simplificación de la tramitación y la agilización del pago de la justicia gratuita, la constitución de una comisión consultiva y una regulación más amplia de los procedimientos transfronterizos. Además, está previsto modificar los requisitos de formación y especialización necesarios para la prestación de esta asistencia por parte de los profesionales.

Entre otros asuntos, el ministro ha informado al presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, de que se está trabajando en el borrador de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que supondrá la reforma de la ejecución civil y el refuerzo de la figura del procurador en la realización de actos en este orden jurisdiccional.

Asimismo, el ministro ha abordado con los representantes de los colegios de profesionales la modificación del actual sistema de acceso a la profesión de abogado, procurador y graduado social.

El magistrado Ricardo Conde toma posesión como Promotor de la Acción Disciplinaria2017-09-07

(CGPJ).- El magistrado Ricardo Conde Díez tomó ayer posesión de su cargo como Promotor de la Acción Disciplinaria, en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Consejo General del Poder Judicial y presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes.

 

Conde, que fue elegido por el Pleno del CGPJ el pasado 26 de julio, ingresó en la Carrera Judicial en 1990 y tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almendralejo. Posteriormente ha ejercido la actividad jurisdiccional en Juzgados de Primera Instancia de Barcelona y de Madrid y, desde febrero de este año, en la Audiencia de Cuenca.

 

El nuevo Promotor de la Acción Disciplinaria fue jefe de sección del Servicio de Formación Continua del Consejo General del Poder Judicial entre julio de 2010 y enero de 2012, cuando fue nombrado director general de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, cargo en el que cesó a petición propia el 25 de noviembre de 2016.

 

Además, ha sido presidente del Consejo Médico Forense (2014-2016), de la Comisión Nacional para el uso forense del ADN (2012-2016) y de la Comisión Técnica Nacional para sucesos con víctimas múltiples (2013-2015) y miembro del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2012-2016), del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (2012-2016) y de la Comisión de Control del plan de pensiones de la Administración General del Estado (2012-2016).

 

Conde cuenta con experiencia docente como profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, ha participado como ponente en distintos cursos y seminarios y es autor de varias publicaciones jurídicas.

Ricardo Conde sucede en el cargo al magistrado José Sierra Fernández, a quien la Comisión Permanente designó el pasado 25 de mayo para que lo ejerciera hasta que se cubriera la vacante producida por la renuncia de su anterior titular, el magistrado del Tribunal Supremo Antonio Jesús Fonseca-Herrero.

 

Mientras desempeñe el puesto, en el que ejercerá exclusivamente las funciones inherentes a su cargo, Conde permanecerá en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial y tendrá la consideración honorífica de magistrado del Tribunal Supremo.

 

Art. 607 LOPJ

El Promotor de la Acción Disciplinaria es el encargado de la instrucción de los expedientes disciplinarios a los miembros de la Carrera Judicial, según establece el artículo 607 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Su mandato coincide con el del Consejo que lo nombra y solo puede ser cesado por incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes, apreciados por el Pleno mediante mayoría absoluta.

El Consejo General de la Abogacía rechaza las sospechas generalizadas de la Agencia Tributaria sobre los abogados2017-09-06

(CGAE).- El Consejo General de la Abogacía Española sostiene que la autorización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los tribunales y juzgados faciliten a la Agencia Tributaria (AEAT) datos relativos a la actuación de cada abogado y procurador en los procedimientos judiciales de 2014, 2015 y 2016 siembra de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de todos los abogados procesalistas y se basa en un concepto – la “trascendencia tributaria”- ambiguo y jurídicamente indeterminado.

Para la Abogacía Española, la solicitud de datos de la AEAT –identificación del abogado interviniente con indicación de nombre completo, NIF, número de colegiado, las fechas de inicio y de cese del procedimiento, naturaleza del mismo, el juzgado o tribunal donde se ha celebrado, localidad e importe de cada procedimiento judicial- es un requerimiento sumamente escueto, carente de motivación y falto de concreción, por más que se refiere a información desprovista de contenido tributario.

Este mecanismo de recopilación generalizado de carácter masivo, sin la adecuada justificación y por ello sin amparo en el marco normativo, se hace, además, sobre casi 23 millones de asuntos judiciales de los que la Agencia Tributaria ya dispone de completa información.

Los abogados, como cualquier otro profesional, están sometidos a las normas de tributación legalmente establecidas y cumplen escrupulosamente con sus obligaciones fiscales, por lo que esta solicitud de la AEAT sobre asuntos que están en los juzgados y tribunales por innecesaria, redundante y desproporcionada no hace sino extender la sospecha sobre un colectivo determinado como son los profesionales de la Abogacía.

Por otra parte, cuando la Agencia Tributaria ha requerido una información semejante a determinados Colegios de Abogados, los tribunales económico-administrativos han resuelto que eran contrarias a la legalidad.

Por todo ello, el Consejo General de la Abogacía Española estudiará la impugnación del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial y la solicitud de suspensión cautelar del mismo, aunque se congratula de que el CGPJ se haya opuesto a que también se faciliten los datos del cliente, tal como pedía la Agencia Tributaria.

El Tribunal Supremo anula la designación de un abogado de oficio al apreciar “falta absoluta de defensa” en su recurso de casación2017-09-05

(CGPJ).- La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado la designación de abogado de oficio a un recurrente en casación al apreciar “una falta absoluta de defensa” en su recurso, que califica como “collage de consideraciones jurídicas” “carentes de ligazón discursiva” y “huérfanas” de correspondencia con las objeciones que plantea, sosteniendo en ocasiones “una cosa y su contraria”. El Alto Tribunal interesa el nombramiento de un nuevo abogado para el condenado, que deberá interponer el recurso que corresponda.

Según explica el Supremo en un auto, “la voluntad del condenado de que su condena sea revisada judicialmente se ha saldado con la presentación meramente formal o aparente de un recurso”, ya que “la específica actuación profesional desplegada, por desatender el análisis de la realidad fáctica y jurídica plasmada en la sentencia, no posibilita la revisión de la sentencia condenatoria en los términos que son inherentes al desacuerdo expresado por el acusado”.

La sentencia recurrida fue dictada el 17 de octubre de 2016 por la Audiencia Provincial de Barcelona, y condenó al acusado a 12 años y medio de prisión por delito continuado de agresión sexual; y a otros 3 años de prisión por delito continuado de abusos sexuales. El acusado, pese a haber reconocido los hechos en el juicio oral, reclamó un abogado que recurriese en su nombre el pronunciamiento de condena, concretamente, si era o no pertinente que la sentencia declare una doble responsabilidad criminal desde una misma continuidad delictiva.

Ante la solicitud del condenado para recurrir, se designó abogado del turno de oficio por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El Supremo ha decidido anular esa designación a la vista del recurso presentado, y ordenado que se nombre otro abogado de oficio. El tribunal explica que la mejor o peor calidad jurídica de los escritos es algo extraño al juzgador, salvo flagrante infracción del principio de defensa como ocurre en este concreto caso.

“Solamente en los casos , como el que es objeto de esta resolución judicial, en donde se aprecia una falta absoluta de defensa, puede el Tribunal dar traslado al correspondiente Colegio de Abogados para que designe un nuevo colegiado que instrumentalice en términos sustanciales el derecho de defensa que a toda parte corresponde”, dice la Sala.

El Tribunal destaca la labor del turno de oficio

Por otro lado, el Supremo quiere destacar en su auto la labor del turno de oficio, actividad desempeñada mediante la organización de los colegios de abogados, “que sin duda contribuye no solamente a realzar la calidad de la defensa, sino a proporcionar la universalidad de la misma”.

El auto recuerda la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que pone de manifiesto que la mera designación de un letrado no garantiza por sí misma la efectividad del auxilio, ya que, de lo contrario, si el abogado eludiese sus deberes de defensa, se amenazaría con convertir la asistencia jurídica gratuita en una palabra vacía. Por ello, las autoridades nacionales competentes están obligados a intervenir cuando el abogado de oficio fracase de forma manifiesta en su defensa.

La resolución destaca que los colegios profesionales de abogados, en satisfacción del interés público que justifica la naturaleza de su personalidad, deben recoger las peticiones de defensa de oficio y canalizarlas hacia aquellos profesionales que satisfagan las necesidades de capacitación y compromiso que, con sujeción a los mínimos establecidos por el Ministerio de Justicia, ellos mismos establezcan. Además, subraya que el Estatuto General de la Abogacía Española atribuye a los colegios un control del desempeño de todo abogado así como la depuración de las responsabilidades disciplinarias en que hubiera podido incurrir.

También indica el auto que, por más que la misión de velar por la presencia del derecho de defensa en el proceso penal corresponda al Tribunal Constitucional, no se excluye la obligación de su tutela general por los tribunales de justicia (como dice el artículo 41.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), siendo estos quienes están en condiciones de examinar si la defensa fue intrínsecamente adecuada o idónea.

Las grandes empresas deberán detallar por ley información no financiera2017-09-04

El Gobierno dio el pasado viernes un primer paso para transponer la Directiva europea que obliga a las grandes empresas a la divulgación de determinada información no financiera. El texto, todavía en fase de Anteproyecto de Ley, recibió el visto bueno del Consejo de Ministros, que lo remitirá ahora al Consejo de Estado para  recibir dictamen antes de su aprobación como proyecto de ley y posterior tramitación parlamentaria.

(legaltoday.com).-  La norma UE objeto de transposición es la Directiva 2014/95, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos que modifica la anterior con el objetivo de incrementar la transparencia entre las empresas europeas en materia no financiera. Esta información deberá incorporarse al informe de gestión de la empresa o en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.

A la espera de su redacción final como ley, el Anteproyecto modifica el artículo 49 del Código de Comercio, los artículos 252 y 540 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas con un doble objetivo:

  • Aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas en lo relativo a cuestiones sociales y medioambientales, así como información sobre el personal, el respeto a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción. La finalidad es identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad.
  • Ampliar el contenido exigido en el informe anual de gobierno corporativo que publican las sociedades anónimas cotizadas, incluyendo la divulgación de las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su consejo de administración en cuestiones de edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.

¿Qué entiende la norma pro grandes empresas?

Según informó el Gobierno, estos cambios normativos afectan a empresas grandes con consideración de entidad de interés público que reúnan los siguientes requisitos. Bien empresas cuyo número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a quinientos. Bien empresas que durante dos ejercicios consecutivos reúna al menos dos de las siguientes circunstancias:

•             Que el total de las partidas del activo sea superior a veinte millones de euros.

•             Que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los cuarenta millones de euros.

•             Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.

Información medioambiental, social y de personal

En concreto, en lo que atañe a cuestiones medioambientales, la Directiva Europea señala que las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y, en su caso, la salud y la seguridad, el uso de la energía, las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo del agua y la contaminación atmosférica.

Respecto a las cuestiones sociales y relativas a personal, la información hará referencia a las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales. En relación con los derechos humanos, se incluirá información sobre prevención y medidas, así como en lo relativo a corrupción.

Catalá comparece en el Congreso, donde califica LexNET como “cerrado y seguro”2017-09-01

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comparecido este jueves a petición propia en la sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para, según sus palabras, “explicar el proyecto de transformación digital de la Justicia y las medidas de refuerzo de LexNET”.

Ante los fallos que se produjeron el 27 de julio en el sistema LexNET y el consiguiente revuelo, Catalá ha señalado que se ha de dotar a LexNET de la máxima seguridad y eficiencia. "Necesitamos una Justicia que hable, se entienda y se gestione en digital. Es un cambio cultural inevitable, indispensable e inaplazable", ha afirmado. El titular de Justicia ha puesto la vista en el futuro. "El reto es construir un sistema de gestión procesal común e invito a las CCAA a que se sumen a un proyecto compartido y útil para todos", ha añadido el ministro, quien se ha referido a LexNet como un sistema "cerrado y seguro" que, si se utiliza de forma legal y ética, es imposible acceder a información ajena al usuario.

Catalá ha añadido que un error de programación del software hizo que un profesional de la justicia pudiera acceder bajo determinadas circunstancias muy concretas al buzón de otro profesional.

Según palabras del propio ministro, el Ministerio detectó 49 intentos de acceso por parte de profesionales a la información de otros perfiles, “todos ellos infructuosos y perfectamente identificados”.

La oposición, tanto el PSOE y Ciudadanos como ERC y el Grupo Mixto, habían solicitado en la sesión de la Diputación Permanente del pasado 24 de agosto esta comparecencia extraordinaria para recibir explicaciones acerca de los fallos de seguridad y que durante varias horas permitieron el acceso público a documentos de causas judiciales abiertas.

Consejo de Ministros

Cabe recordar que el Consejo de Ministros del viernes pasado aprobó un total de tres acuerdos encaminados la mejora de la transformación digital de la Administración de Justicia. Por medio de los dos primeros acuerdos se autoriza una inversión de 55,2 millones de euros para la adquisición de equipamiento y contratación de servicios destinados a la mejora de los sistemas informáticos en el ámbito del Ministerio de Justicia. El tercer acuerdo tiene por objeto formalizar los criterios de reparto y distribución de un crédito de seis millones de euros entre las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia.

Seguridad reforzada con Aranzadi Fusión

El nuevo modelo exige no solo un profundo conocimiento de LexNet, sino que requerirá que nuestras herramientas de trabajo se integren y sincronicen con la aplicación. En este sentido, Aranzadi Fusión, de Thomson Reuters, es el primer ecosistema legal en la nube homologado por el Ministerio con el 100% de la funcionalidad de LexNet y que ofrece una  respuesta global para resolver todas las necesidades del trabajo diario, integrando todo lo necesario en una única herramienta accesible desde cualquier lugar y con un único acceso.

Gracias a esta homologación, Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales, ha dado un paso más con Aranzadi Fusión para facilitar la imprescindible transformación digital de los despachos.

Ahora, gracias a la integración de LexNet en Aranzadi Fusión, el profesional jurídico podrá, entre otras actuaciones,

  • Presentar escritos iniciadores y de trámite.
  • Realizar subsanaciones.
  • Recibir y descargar notificaciones.
  • Incorporar automáticamente a cada expediente los certificados digitales de presentación y recepción de documentos...
  • Todo ello directamente desde su aplicación de Fusión, sin depender del acceso a la plataforma de LexNet externa.

A la agilidad y accesibilidad que ya suponía disponer en la nube de toda la documentación, Fusión añade ahora la eficiencia y seguridad de la integración de LexNet, con la garantía de estar homologada por el Ministerio de Justicia.

Pide información de Aranzadi Fusión

Se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones relacionadas con paraísos fiscales2017-08-31

Para los períodos impositivos que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2015, tuvo lugar una reforma global y completa de la normativa del Impuesto sobre Sociedades. Esta reforma se concretó en la aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y en el desarrollo que de la misma se realiza por el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.

En el ámbito de las operaciones vinculadas, la Ley del Impuesto sobre Sociedades presentó novedades en relación con la documentación específica a elaborar por las entidades afectadas, regulando un contenido simplificado para aquellas entidades o grupos de entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros, y no siendo necesaria en relación con determinadas operaciones. Esta

documentación específica fue objeto de desarrollo en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. No obstante, hay que tener en cuenta que la obligación de documentación es una obligación distinta e independiente de la obligación de información, que es la obligación objeto de desarrollo de esta orden ministerial.

También fue novedosa la restricción del perímetro de vinculación en el ámbito de la relación socio-sociedad, que hasta ese momento, venía definido por un 5 por ciento de participación o un 1 por ciento de participación para el caso de valores que coticen en un mercado regulado.

Con la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades quedó fijado en el 25 por ciento de Participación.

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Las noticias imprescindibles para volver bien informado de las vacaciones2017-08-30

(CGAE).- El verano está llegando a su fin por mucho que nos cueste asumirlo. Se acabaron los días de playa, las siestas en la tumbona y la desconexión. Para todos aquellos que lo han aprovechado, hacemos un repaso de las noticias más destacadas que han ocurrido en el mundo de la Justicia durante las vacaciones.

1.- LA ABOGACÍA ESPAÑOLA CONDENA LOS ATENTADOS DE CATALUÑA Y LOS COLEGIOS DE ABOGADOS OFRECEN ORIENTACIÓN A LAS VÍCTIMAS

El Consejo General de la Abogacía Española emitió un comunicado el pasado 18 de agosto en el que condenó enérgicamente los atentados terroristas perpetrados el 17 de agosto en Las Ramblas de Barcelona y durante la siguiente madrugada en la localidad tarraconense de Cambrils, y se solidarizó con las víctimas y sus familiares, tachando el ataque terrorista como un ataque a la libertad y la diversidad.

Desde el Consell de l’Advocacia Catalana, los catorce Colegios de Abogados de Catalunya se han ofrecido a las víctimas y familiares de los atentados terroristas para orientarlos sobre los derechos que les confiere el Estatuto de la Víctima del delito. Asimismo, recuerdan que los afectados por estos casos tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, y que la ley les garantiza una asistencia inmediata en los procesos judiciales que lleven causa. El Colegio de Abogados de Madrid ha querido coordinarse con el Colegio de Barcelona para dar la máxima cobertura y asistencia jurídica a las víctimas del atentado de Barcelona.

Ante algunas manifestaciones publicadas por algunos medios de comunicación, tras los atentados de Barcelona y Cambrils, que resultan confusas hacia el ejercicio de la profesión de abogado/a, el Consejo General de la Abogacía Española, en coordinación con el Consejo de Colegios de Abogados de Cataluña, el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y el Colegio de Abogados de Girona, han reivindicado a través de un comunicado el valor del Derecho de Defensa como pilar fundamental en un Estado de Derecho, defendiendo así los intereses de todos los ciudadanos.

2.- FALLO DE SEGURIDAD EN LA PLATAFORMA LexNET JUSTICIA

El 27 de julio se produjo un fallo de seguridad debido a un error de programación en LexNET Justicia que obligó al Ministerio de Justicia a suspender el funcionamiento de la plataforma, desde las 16.30 del viernes 28 de julio hasta las 20.30 del domingo 30.

El Consejo General de la Abogacía Española pidió al Ministerio el restablecimiento del servicio en el menor plazo de tiempo posible para evitar prejuicios a los profesionales. Así mismo, la Abogacía exigió al Ministerio de Justicia en el mismo comunicado que reforzara las medidas de seguridad en el tratamiento de datos en LexNET Justicia para evitar fallos en el futuro. La Abogacía requirió al Ministerio de Justicia información completa y depuración de responsabilidades.

El Ministerio de Justicia informó en una nota de prensa del restablecimiento de LexNET Justicia el domingo 30 a las 20:25 horas. Según Justicia, el viernes se decidió la “parada técnica para estabilizar la versión actual de LexNET Justicia y realizar trabajos de mantenimiento del sistema tras los problemas identificados el pasado jueves”.

El Gobierno accedió a celebrar una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia del Congreso el jueves 31 de agosto, para que el ministro Rafael Catalá explique el proyecto de transformación digital de su departamento y dé cuenta de los fallos detectados en el sistema de comunicaciones LexNET Justicia.

3.- EL CASO JUANA RIVAS Y SU ASESORA LEGAL

El Consejo General de la Abogacía Española, ante las múltiples consultas recibidas con relación a si María Francisca Granados actúa en calidad de abogada de Juana Rivas, aclaró en un comunicado que María Francisca Granados no figura inscrita en la actualidad como colegiada en el Censo de Letrados de ningún Colegio de Abogados de España.

María Francisca Granados no ostenta por tanto la condición de letrada, por lo que no está legitimada para ejercer ninguna de las funciones inherentes al ejercicio profesional de la abogacía. En consecuencia, cualquier actuación suya en este ámbito se encontraría al margen del debido control deontológico y de cumplimiento de los deberes profesionales que realizan los Colegios de Abogados y este Consejo General, dentro de las misiones que tienen encomendadas.

4.- PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Subcomisión del Congreso que estudia un Pacto contra la Violencia de Género aprobó el lunes 24 de julio por unanimidad un total de 200 medidas, con 1.000 millones de euros de presupuesto para los próximos cinco años.

Entre las medidas acordadas, destaca la que permitirá a los servicios sociales y sanitarios acreditar a víctimas de violencia de género que no hayan presentado denuncia; o la introducción de asignaturas obligatorias y evaluables sobre violencia de género en las carreras del ámbito judicial, educativo, sanitario y policial.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicó el jueves 3 de agosto el Informe aprobado por la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad, así como de los votos particulares presentados al mismo.

5.- MÁS DE 408.000 BENEFICIADOS DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

La utilización del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita sigue incrementándose durante 2017 ya que hubo 408.668 solicitudes de ciudadanos que utilizaron hasta el 31 de julio esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española que agiliza de forma segura el acceso a un derecho fundamental como es la Justicia Gratuita.

Esta cifra supera casi en un 5% a la de usuarios que utilizaron el sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, en los siete primeros meses del año pasado (389.289 expedientes). Todo apunta a que se generarán más de 640.000 Expedientes Electrónicos de Justicia Gratuita en 2017 con el consiguiente ahorro de tiempo y costes económicos.

6.- CONVOCADA LA SEGUNDA PRUEBA DE ACCESO A LA PROFESIÓN DE ABOGADO DEL 2017

El Ministerio de Justicia convocó el pasado 28 de julio, la segunda prueba de evaluación para la acreditación de la capacitación profesional para el acceso a la profesión de Abogado dirigida a comprobar la formación suficiente para el ejercicio de la profesión, el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales y en particular la adquisición de las competencias previstas en los cursos de formación impartidos por Universidades o Escuelas de práctica jurídica debidamente acreditadas.

7.- CICLO SOBRE CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

El pasado 18 de julio, el Consejo General de la Abogacía Española, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), organizó una jornada dentro del ciclo ciberseguridad y abogacía. En ella, expertos juristas analizaron los retos a los que se enfrentan los abogados en materia de ciberseguridad y cómo afrontarlos.

Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, subrayó en la jornada la importancia de la confianza en el ejercicio de la abogacía, añadiendo que “para que un cliente confíe en nosotros como profesionales de la justicia, la seguridad debe presidir todas nuestras acciones y por eso es imprescindible que tengamos la mejor formación de la mano de los expertos’.

El 20 de julio tuvo lugar una segunda jornada sobre protección de datos en la que participó el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien destacó en la inauguración los “muchos años de trabajo necesarios debido a la necesidad de poner de acuerdo a 27 países para aprobar el Reglamento Europeo de Protección de datos, que tiene una alta calidad técnica, y que ha supuesto un esfuerzo de armonización en Europa y será el inicio de una nueva cultura porque está orientado a la prevención y al fortalecimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos”.

8.- DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y EL TURNO DE OFICIO

El pasado 12 de julio el Consejo General de la Abogacía Española, los Colegios de abogados, los Consejos Autonómicos e instituciones de la abogacía conmemoraron el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. Se realizaron diferentes actos reivindicativos para poner de manifiesto la importancia de este servicio fundamental que garantiza la igualdad en el acceso a la Justicia para todos los ciudadanos. Cada 12 de julio, además, se defiende y divulga la labor realizada por más de 45.300 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.

Entre los actos que se celebraron en los Colegios de Abogados cabe destacar izados de la bandera de Justicia Gratuita, jornadas de puertas abiertas, distinciones por la defensa del Turno de Oficio, monólogos sobre la Justicia Gratuita, partidos de fútbol, caminatas y carreras, programa de radio en corporaciones colegiales … Como en años anteriores también se realizaron propuestas para ampliar el callejero de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio que ya cuenta con 30 localidades en toda España con tienen alguna calle, plaza o jardín dedicada al Turno de Oficio.

Los enfermeros no pueden vacunar sin la prescripción previa del médico2017-08-29

(SATSE).- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco ha dictado una sentencia por la que confirma la suspensión de la Instrucción del Servicio Vasco de Salud cuyo objetivo no era otro que obligar a los enfermeros a vacunar a la población sin necesidad de exigir una prescripción médica previa individualizada, una premisa contraria al Real Decreto 954/2015 que regula la prescripción enfermera.

La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por SATSE y el Consejo General de Enfermería, ha mostrado su satisfacción porque la Justicia refrende lo que ya venía advirtiendo desde la aprobación, en diciembre de 2015, del Real Decreto de prescripción enfermera: los cambios en el texto, introducidos a espaldas de la Enfermería, han tenido efectos perversos para el normal funcionamiento del sistema sanitario, convirtiendo en “ilegales” actuaciones cotidianas que garantizan el correcto y normal funcionamiento del sistema sanitario y la colaboración entre los distintos profesionales.

La Mesa advierte que, al poner en marcha lo dispuesto por el Tribunal, los usuarios del Sistema de Salud tendrán que ser previamente valorados por el médico para que los enfermeros puedan administrar una vacuna, lo que va a acentuar, aún más si cabe, los problemas en la atención sanitaria hacia ciudadanos y pacientes, dado que, por otro lado, no se puede inducir a los profesionales, ya sean enfermeros o médicos, a mantener una actitud que provoque su inseguridad jurídica por acción o por omisión, respectivamente.

La Mesa de la Profesión Enfermera sigue trabajando con la profesión médica y sus legítimos representantes, y con el Ministerio de Sanidad, en el seno del Foro de las Profesiones Sanitarias de dicho ministerio, para resolver la situación.

Asimismo, ha enviado cartas a la ministra de Sanidad y a los consejeros de Sanidad de las CC.AA, informando de la sentencia y sus consecuencias, y sigue ofreciendo a todas las partes su mejor disponibilidad para, de forma dialogada y consensuada, alcanzar el necesario acuerdo que restablezca la normalidad, garantizando la seguridad de los pacientes y tratando de evitar innecesarios conflictos interprofesionales. Ahora resulta más urgente si cabe la necesidad de alcanzar el consenso necesario y modificar el Real Decreto, apunta.

Según la Mesa, sólo la modificación de este Real Decreto devolverá a médicos y enfermeros la seguridad jurídica para propiciar el trabajo en equipo interdisciplinar garantizando los derechos de los pacientes. Mientras no sea así, si un enfermero administra una vacuna sin que exista una prescripción previa del médico, estará vulnerando la legalidad y realizando una actividad que es competencia de otro profesional, y por tanto podría estar cometiendo un delito de intrusismo profesional, concluye.

La sentencia del TSJ del País Vasco viene a refrendar un anterior Auto, dictado en noviembre de 2016 por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Victoria-Gasteiz, que acordaba la suspensión cautelar de  una Instrucción del Servicio Vasco de Salud que determinaba que los enfermeros del Servicio Vasco de Salud tenían la obligación de vacunar a los pacientes sin necesidad de exigir una prescripción médica individualizada de cada vacuna.

Inversión de 55 millones en mejoras informáticas en el ámbito del Ministerio de Justicia2017-08-28

El Consejo de Ministros aprobó el viernes dos Acuerdos por los que autoriza una inversión de 55,2 millones de euros para la adquisición de equipamiento y contratación de servicios destinados a la mejora de los sistemas informáticos en el ámbito del Ministerio de Justicia.

Equipamiento para el Centro de Proceso de Datos

Respecto al primero de estos acuerdos, se destinan más de 36 millones de euros a la adquisición del necesario equipamiento para el Centro de Proceso de Datos de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia. El equipamiento se estructura en tres bloques diferentes como son la adquisición de servidores físicos de alto y medio rendimiento y evolución de la plataforma de virtualización, la solución de almacenamiento de alto rendimiento en alta disponibilidad y la potenciación y ampliación de la capacidad de la plataforma de "backup".

El nuevo equipo resulta imprescindible para afrontar la transformación digital de la Justicia, ya que los avances en la misma, especialmente con la implantación y generalización de la solución Justicia Digital, han supuesto un gran crecimiento en el volumen de datos. Ello exige incrementar los recursos, dotando a la citada Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia de una infraestructura más robusta. La mayor parte irá a parar al ámbito general de la Administración de Justicia, con una inversión de 32,6 millones de euros.

Los bienes objeto de este contrato cuya entrega no debe ser superior a dos meses, han sido declarados de contratación centralizada. Ello implica que para su adquisición solo es necesaria la selección especificada y justificada de los mismos. En este caso, se ha propuesto para su adquisición a la empresa Hewlett-Packard Servicios España S.L. por tratarse de la única que dispone de las referencias necesarias en su catálogo.

Servicios de operación de las aplicaciones

Por otra parte, el segundo de los acuerdos autorizados hoy supone una inversión de 19,1 millones de euros para la contratación, mediante procedimiento de licitación abierto, de servicios de operación de las aplicaciones y servicios de la Administración de Justicia y de las infraestructuras tecnológicas y de comunicaciones asociadas a las mismas. Este contrato, que incluye el mantenimiento y las acciones preventivas, correctivas y evolutivas sobre el hardware y el software, tiene una duración de un año prorrogable durante un máximo de nueve meses. La finalidad es disponer de un servicio que permita la normal prestación de estas funciones simplificando la gestión y ejecutando los proyectos de actualización y mejora, así como la resolución de incidencias, peticiones o problemas.

La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia depende de la Secretaría de Estado de Justicia y desempeña un papel relevante en el proceso de modernización de la Administración de Justicia, ya que ostenta las competencias relativas al suministro y mantenimiento de las infraestructuras necesarias para desarrollar los proyectos tecnológicos diseñados para llevar a cabo la transformación del sistema de Justicia, dotándolo de mayor agilidad y eficacia.

Ambos contratos se enmarcan en las actuaciones precisas para avanzar en el proceso de transformación digital de la Justicia. Inciden en la mejora de los servicios tecnológicos que se prestan a la Administración de Justicia en un contexto de disponibilidad absoluta durante las veinticuatro horas de todos los días del año, con todas las garantías, requisitos tecnológicos y rendimiento necesarios.

Premio al mejor trabajo sobre colegios profesionales y ejercicio de las profesiones convocado por la Unión Interprofesional 2017-08-25
  • Para consultar las bases completas de la convocatoria, pinchar aquí
  • Los trabajos deberán presentarse antes del 2 de octubre

(ICAM).- El mejor artículo, ensayo o libro sobre colegios profesionales y ejercicio de las profesiones podrá ser reconocido con el 1º Premio para Profesionales Colegiados convocado por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM).

Dotado con 1.000 euros y un diploma de reconocimiento, a este premio podrán optar profesionales colegiados de cualquier Colegio Profesional de España que hayan publicado un trabajo sobre esta temática en el estado español entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.

Los trabajos que opten al premio deberán presentarse en la Secretaría Técnica de la UICM (C/Serrano, 9, 1ª planta), bien presencialmente, por mensajero o por correo certificado, o a través de su envío al correo electrónico secretariatecnica@uicm.org antes del 2 de octubre. 

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los Colegios Profesionales de esta Comunidad, así como a aquellos nacionales que tienen sede en Madrid, con el objetivo fundamental de promocionar la función social de las profesiones y de quienes las ejercen. La decana del Colegio, Sonia Gumpert, es presidenta de la UICM desde abril de 2013. 

“La transformación digital es obligada si no queremos quedarnos atrás y fuera del mercado”2017-08-24

La primera mujer que preside el Consejo General de la Abogacía Española nació en Palencia en 1958. Victoria Ortega, doctora en Derecho por la Universidad de Valladolid y abogada en ejercicio desde 1981, ha sido decana del Colegio de Abogados de Cantabria entre 2000 y 2008, vicepresidenta del Consejo General de la Abogacía Española entre 2002 y 2008 y secretaria general de este organismo desde febrero de 2011 hasta diciembre de 2015, fecha en la que abandonó el cargo para concurrir a las elecciones que ganó en enero de 2016. Ortega resultó elegida como nueva presidenta por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española por 47 votos de un total de 83 emitidos, de los cuales sólo uno fue en blanco. Victoria Ortega obtuvo la mayoría absoluta con el 56,62% de los votos de los decanos de los Colegios de Abogados.

La presidenta de la Abogacía Española es además una de los doce consejeros electivos del Consejo, elegida por el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española en febrero de 2009 y reelegida en marzo de 2014. Ha sido vocal de la Comisión Institucional para la determinación, estudio y propuesta de los elementos esenciales de la nueva Ley de Planta y Demarcación Judicial del Ministerio de Justicia, creada en mayo de 2010. En cuanto a su actividad académica, Victoria Ortega Benito es profesora titular de Derecho Procesal en la Universidad de Cantabria desde 1992, y ha realizado diversas publicaciones y textos monográficos sobre Derecho Procesal y Administrativo.

¿Impone respeto representar a los miembros de 83 colegios de abogados?

Supone un orgullo y una gran responsabilidad. Representar una profesión como la Abogacía, esencial para el sostenimiento del Estado de Derecho y para la defensa de los derechos de la ciudadanía es una gran responsabilidad. Haber sido elegida por mis compañeros para este cargo es un orgullo, y ambas cosas un compromiso conmigo misma, con mis compañeros y compañeras y con la ciudanía, pues trabajar para lograr una Abogacía mejor, no es sino trabajar para una Justicia mejor y, por lo tanto, para una sociedad mejor.

¿Qué supone haber roto el techo de cristal y ser la primera mujer que preside esta institución?

El día que me eligieron dije que ser la primera mujer que preside la Abogacía Española suponía para mí una inmensa alegría, pero la felicidad completa llegará el día en que el hecho de que una mujer llegue a la presidencia de una institución o a un cargo de responsabilidad no sea noticia, el día que no haya techos de ningún tipo para las mujeres. En este sentido, nuestra sociedad sigue siendo tremendamente desigual. Ocupar un puesto como este como este implica un compromiso para cambiar las cosas; por eso hemos puesto en marcha un grupo de trabajo de género para avanzar en igualdad.

Lleva en su puesto casi un año y medio. ¿Qué labor observa si mira por el retrovisor de estos dieciocho meses?

Veo que hemos avanzado y a la vez que hay mucho camino por delante. En este tiempo hemos hecho una reorganización interna del Consejo; hemos elaborado el Plan Estratégico Abogacía 2020, nuestra hoja de ruta para estos cuatro años; hemos presentado una propuesta de 36 medidas para avanzar en un Pacto de Estado por la Justicia... En este sentido quiero señalar que recientemente comparecí ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia. Y espero que nuestras propuestas sean escuchadas y seamos capaces de alcanzar un acuerdo que blinde a la Justicia de cualquier tipo de instrumentalización y la haga cercana, ágil, transparente y eficiente. Es urgente que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones y, por tanto,  en la Administración de Justicia.

 El CGAE y Thomson Reuters firmaron el pasado mes de mayo un acuerdo de colaboración para impulsar la innovación, digitalización y modernización de los despachos de abogados. La transformación digital es una parada obligada.

Efectivamente. No es posible estar en el mundo si no es de manera digital. Si no queremos quedarnos atrás, anclados en el pasado y fuera del mercado, es obligada la transformación digital. Y hay que asumirlo con naturalidad, como hemos hecho con tantas cosas en nuestra vida cotidiana. La tecnología nos facilita mucho la vida. En este sentido, el convenio recientemente suscrito con Thomson Reuters supone un hito importante para nuestro sector y facilitará la necesaria modernización de los despachos.

Usted predica con el ejemplo y apuesta por la digitalización. Además, tiene un blog y es activa en las redes sociales. ¿Le gustan la tecnología y el mundo virtual?

La tecnología es consustancial a nuestra sociedad. Ya no se puede vivir de espaldas a ella, sería como vivir en la Edad Media. Toda nuestra vida está impregnada de tecnología, y naturalmente, nuestra labor profesional también. No hay que tenerle miedo, sino aprovechar las ventajas que ofrece, siempre combinada con la adopción de las medidas de seguridad adecuadas, puesto que debemos salvaguardar el secreto profesional y la confidencialidad de nuestras actuaciones en relación con nuestros clientes. Me gustaría poder ser más activa en redes sociales y en el blog, pero también creo que el mundo virtual no es incompatible con el contacto directo con nuestros clientes, que un abogado debe fomentar siempre. Escuchar, atender, ofrecer tranquilidad y confianza a las personas que llegan a nuestro despacho con un problema que afecta a su vida o su patrimonio y que les angustia es la base de nuestro trabajo. La tecnología lo hace más fácil, pero el contacto humano es imprescindible.

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La AEPD emprende una campaña de divulgación del Reglamento de Protección Datos en los Colegios Profesionales2017-08-23

(CGAE).- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha emprendido una campaña de divulgación del Reglamento de Protección de Datos, que contempla a los Colegios Profesionales a través de Unión Profesional.

En las últimas fechas, la AEPD ha dedicado toda una campaña de divulgación al Reglamento de Protección de Datos, que será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018. La institución ha dedicado su 9ª Sesión Anual Abierta a esta cuestión, a la vez que ha presentado junto a ENAC su esquema de certificación de Delegados de Protección de Datos. El cambio de marco cultural contempla el cumplimiento como pilar principal del Reglamento, también en el ámbito colegial.

Para este próximo 6 de septiembre está prevista una sesión dirigida particularmente a organizaciones, entre las que se encuentran los Colegios Profesionales.

Premios Protección de Datos Personales 2017

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado las bases para presentarse a los Premios Protección de Datos Personales 2017, que este año incluyen una nueva categoría para reconocer las ‘Buenas prácticas en privacidad y protección de datos sobre iniciativas para adaptarse al Reglamento General de Protección de Datos’, que se une a las ya existentes de ‘Comunicación’ y ‘Buenas prácticas educativas para un uso seguro de internet’.

Este nuevo galardón tiene por objeto premiar la adopción de buenas prácticas sobre iniciativas tanto de empresas, asociaciones y fundaciones del sector privado como de entidades del sector público que promuevan la adaptación al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), así como reconocer aquellas que contribuyan a garantizar el derecho fundamental a la protección de datos personales.

‘Olfato de aprendiz’, ganador del concurso de microrrelatos en julio2017-08-22

(CGAE).- María Dolores Navarro Esteban, auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Murcia, ha sido la ganadora del mes de julio de la IX edición del Concurso de Microrrelatos de Abogados, organizado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Mutualidad, con su relato Olfato de aprendiz, premiado con 500 euros.

La ganadora de julio trabaja en el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Murcia, que lleva a cabo servicio de intercambio de jóvenes con otros países de la Unión Europea, en distintas modalidades: música, pintura, literatura. Compagina esta actividad con el estudio a distancia de la carrera de Derecho, que comenzó a estudiar hace unos años al estar en situación de desempleo, y ya está cursando el tercer año.

María Dolores, de 57 años de edad, lleva participando en el concurso desde hace dos años. Supo de la existencia de él por azar navegando en páginas de concursos y, aunque ha participado en varios, nunca había conseguido alzarse con un premio. “Este año he tenido mucha suerte. El solo hecho de que me seleccionarais un relato ya era motivo de celebración entre mis compañeros”, confesó emocionada tras conocer la noticia del fallo del jurado.

La autora, que no tiene mascotas, compuso el relato sobre este perro picapleitos con la idea de que “un buen abogado seguro tiene un perro que se empapa de la información de su mentor y que por desgracia no puede poner en práctica todo lo que aprende”, declaró.

“Olfato de aprendiz”, elegido entre más de 700 relatos, pasa así a la final del concurso, junto con los otros 9 relatos finalistas mensuales y los dos que resulten más votados por el público, en la que el ganador obtendrá un premio adicional de 3.000 euros. En esta ocasión, el relato popular más votado ha sido “Estrategia de andar por casa”, de Mario Chaparro Yedro, natural de Madrid.

El relato premiado y otros seleccionados por el jurado de entre los recibidos en el mes de julio pueden leerse en www.abogacia.es, dentro del microsite dedicado a este concurso. En este mes de agosto, las palabras obligatorias son neceser, hierro, encausado, calor y temporal.

Ganador del mes: ‘Olfato de aprendiz’
Va para diez años que soy aprendiz de jurista. Y estoy contento con esta prolongada situación porque mi abogado-mentor y yo nos damos mutuamente seguridad en todo lo que emprendemos juntos. Y confío en que continúe contando por más años con mi olfato nato para autentificar a un presunto maleante, defraudador, …Y además seguir siendo su fiel amigo.
Sin embargo, siendo cierto lo que cuento, también lo es que me quejo, a mi manera, de dos cosas: de no poder sentarme en un taburete junto a él mientras atiende a algún cliente, teniendo siempre que permanecer tumbado a sus pies bajo su mesa de despacho, y de no poder acompañarle en las vistas. Él arguye que no puedo asistir al juzgado porque con ello haríamos un incumplimiento de las normas. Mi olfato me dice que en verdad teme que me dé un pronto perruno y me ponga a ladrar.

 

Los 14 Colegios de Abogados catalanes se ofrecen a las víctimas de los atentados terroristas para orientarlos sobre los derechos del Estatuto de la V2017-08-21

(CGAE).- Desde el Consell de l’Advocacia Catalana, los catorce Colegios de Abogados de Catalunya se ofrecen a las víctimas y familiares de los atentados terroristas que se han producido en las últimas horas en Barcelona y Cambrils, para orientarlos sobre los derechos que les confiere el Estatuto de la Víctima del delito. Asimismo, recuerdan que los afectados por estos casos tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, y que la ley les garantiza una asistencia inmediata en los procesos judiciales que lleven causa.

El Consell de l’Advocacia Catalana manifiesta su más enérgica condena por los atentados, al tiempo que ofrece el más sentido pésame y una fuerte solidaridad con los familiares de las víctimas y heridos, al tiempo que rechaza cualquier tipo de ataque y acción violenta contra el derecho fundamental a la vida y apela a la fuerza de la Justicia y el Derecho para combatir esta lacra. Como institución se ponen a disposición de las Administraciones correspondientes para las actuaciones que sean necesarias.

Por otra parte, el Consell de l’Advocacia Catalana también quiere recordar a los abogados que, en estos casos, no se pueden dirigir a las víctimas directas o indirectas de los atentados para ofrecerles sus servicios profesionales hasta pasado un plazo prudencial de 45 días.

Coordinación entre los Colegios de Barcelona y Madrid

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) se han coordinado para dar máxima cobertura y asistencia jurídica a las víctimas del atentado de Barcelona.

Como se informó, ya se ha abierto un Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) específico para atender a las víctimas del atropello sucedido ayer en Barcelona y a sus familiares. El asesoramiento jurídico previo se presta a través de la oficina del SOJ específico creado, situada en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Mallorca 283) en horario de 10 a 13h y en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y la de Hospitalet (horario de 9 a 14h).

Las designaciones de Justicia Gratuita serán tramitadas por el Colegio de Abogados de Madrid, dado que la competencia ha sido asumida por la Audiencia Nacional. Este SOJ específico también es posible gracias al Departamento de Justicia de la Generalitat. Se trata de un servicio institucional imprescindible para ofrecer orientación jurídica como función social.

Ante este atentado terrorista, el Colegio de la Abogacía de Barcelona y el Colegio de Abogados de Madrid también quieren dejar patente que rechazan cualquier tipo de ataque y acción violenta que dañe el derecho fundamental a la vida de cualquier ser humano y al mismo tiempo ofrecen su apoyo y solidaridad a las víctimas y a sus familiares.

El ICAB, a través de su decana Maria Eugènia Gay, también se ha puesto a disposición del Gobierno de la Generalitat, del delegado del Gobierno en Cataluña y de la alcaldesa de Barcelona para cualquier acción que sea necesaria.

El Colegio de Abogados de Barcelona condena el atentado y ofrece orientación jurídica a las víctimas2017-08-18

(Legal Today).- El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha mostrado su apoyo a las víctimas y familiares del atentado ocurrido ayer en Barcelona, en el que trece personas fueron asesinadas y hubo alrededor de un centenar de heridos. El ICAB informó de que hoy mismo abrirá un Servicio de Orientación Jurídica específico tanto en la sede de la calle Mallorca (283) como en la Ciudad de la Justicia. Esta corporación también se pone a disposición de la Administración y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En un comunicado hecho público ayer, la institución colegial afirmaba que “ante este ataque terrorista, el Colegio de la Abogacía de Barcelona quiere manifestar su rechazo a cualquier tipo de atentado y ataque violento que malmita el derecho fundamental a la vida de cualquier ser humano. También ofrece su apoyo y solidaridad a las víctimas y a sus respectivos familiares.

Función social del SOJ

El Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) especial para atender a las víctimas de este ataque y a sus familares se ofrece como “un servicio institucional imprescindible para ofrecer orientación jurídica como función social”. Este SOJ "Atentado BCN" estará abierto de 10.00 a 13.00 h en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Mallorca 283) y de 9.00 a 14.00 horas h en la Ciudad de la Justicia.

El CGPJ valora la creación de nuevas unidades judiciales, pero sigue considerando necesaria la ampliación de la planta judicial2017-08-17

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado recientemente por 19 votos a favor y dos en contra el informe al proyecto de Real Decreto por el que se crean o constituyen 89 unidades judiciales dentro de la programación de 2017 para adecuar la planta judicial a las necesidades existentes.

El informe, del que ha sido ponente la vocal Mar Cabrejas, hace una valoración general positiva del proyecto, “por cuanto puede contribuir a paliar la situación de desequilibrio existente en la planta judicial y paliar parte de las deficiencias estructurales existentes en la distribución de cargas de trabajo”, pero sigue considerando necesaria la ampliación de la planta judicial tanto en órganos judiciales como en plazas de magistrados de órganos colegiados.

El texto remitido por el Ministerio de Justicia prevé la dotación de tres plazas de magistrado en Audiencias Provinciales (una en la de Córdoba y dos en la de Madrid), la creación de 76 Juzgados (53 de Primera Instancia, 7 de Primera Instancia e Instrucción, 3 de lo Penal, 2 de lo Contencioso-Administrativo, 4 de lo Social, uno de Vigilancia Penitenciaria y 6 de lo Social) y la constitución de 10 Juzgados ya creados anteriormente pero que no habían llegado a constituirse: el de Primera Instancia número 15 de Bilbao y 9 en la Comunidad Valenciana (4 de Primera Instancia, 4 de Primera Instancia e Instrucción y uno de lo Penal).

Además, el proyecto de Real Decreto acuerda la modificación de la composición de las tres secciones de la Audiencia de Gipuzkoa y la transformación de orden jurisdiccional de un Juzgado de Palma, de otro de Murcia y de uno más de Torrevieja (Alicante).

Plazas en órganos colegiados

En relación con las plazas de magistrado de órganos colegiados, el CGPJ informa favorablemente la creación de la plaza de magistrado en la Audiencia de Córdoba, mientras que respecto de las de Madrid considera “de mayor prioridad” que se creen en las Secciones 22 y 24, civiles y especializadas en materia de familia, en lugar de en las Secciones 1 y 7, penales, como prevé el proyecto de Real Decreto.

Además, el informe señala como muy necesaria la dotación de otras once plazas: una en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Tenerife, otra en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Illes Balears y nueve en Audiencias Provinciales (dos en la de Barcelona y una en las de Ciudad Real, Toledo, Alicante –en la sede de Elx/Elche-, Álava, Albacete, Asturias –en la sede de Gijón- e Illes Balears).

Creación de Juzgados

En relación con los Juzgados de nueva creación, el CGPJ, una vez recabada la opinión de los Tribunales Superiores de Justicia y los informes correspondientes del Servicio de Inspección, propone la modificación de la sede y/o del orden jurisdiccional de trece de los órganos judiciales previstos, de modo que su creación se lleve a cabo en aquellos lugares donde existen razones “de mayor urgencia”.

El informe subraya, en cualquier caso, que todos los Juzgados previstos son necesarios, y que se requiere seguir ampliando la planta judicial para favorecer una distribución de las cargas de trabajo existentes y permitir así una adecuada respuesta a la ciudadanía.

Constitución de Juzgados

Por último, y respecto a la constitución de Juzgados ya creados anteriormente, el informe la considera “conveniente”, aunque recuerda que, además de los que se citan en el proyecto de Real Decreto, aún están pendientes de constituirse otros siete: uno en Bilbao y seis en la Comunidad Valenciana.

Fecha de efectividad

El proyecto de Real Decreto establece que la fecha de efectividad de las plazas que se crean y se constituyen será fijada por el Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial, y publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El órgano de gobierno de los jueces, sin embargo, considera que “podría el propio Real Decreto establecer por sí la fecha de efectividad” en el 1 de enero de 2018, coincidiendo con la establecida en el texto prelegislativo para la efectividad de las transformaciones de Juzgados, “lo que redundaría en la previsibilidad de la programación que es necesaria para dicha efectividad”.

“Los procuradores somos imprescindibles; si no existiéramos, habría que inventarnos”2017-08-16

Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de los Procuradores de España

El presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, visitó recientemente Gijón para asistir a la cena anual del colegio gijonés y trasladar una idea clara: “es impensable que el sistema judicial español funcione sin la presencia de los procuradores”. Con motivo de dicha visita, la página web de Consejo General de Procuradores publicó la presente entrevista que reproducimos por su interés.

– ¿Cómo ha sido la adaptación de los procuradores a “LexNet”, el sistema digital de la justicia?
–La adaptación ha sido relativamente fácil porque los procuradores llevamos más de veinte años trabajando con este sistema. Ya habíamos pasado el sarampión “LexNet”. Ahora ha habido una pequeña crisis para nosotros porque hemos tenido que adaptarnos a sus nuevas funcionalidades, pero la dificultad ha sido para otros profesionales, los que han entrado ahora; nosotros ese trance lo pasamos hace muchos años ya.

–¿Son la figura más desconocida de la justicia?

–Tenemos un gran déficit de conocimiento por parte de la sociedad, aunque hemos mejorado mucho. Hay gente que comienza a saber lo que son los procuradores porque desde el Consejo General llevamos años incidiendo y trabajando en darnos a conocer, en mostrar nuestros eventos públicos que ya son más conocidos y eso repercute en una mayor incidencia social.

–Sostiene que “es impensable que el sistema judicial español funcione sin la presencia de los procuradores”.

–Es más, si no hubiera procuradores habría que inventarlos. Nosotros hemos hecho muchas inversiones en capítulos de justicia y realizamos una función pública muy importante. Llevamos el 98% de la actividad de Lexnet y no sólo prestamos un servicio a nuestros clientes, también a la justicia y a los ciudadanos. Somos imprescindibles.

– ¿En qué justifica su afirmación?

–Nuestra profesión nació y se fundamentó en la representación procesal pero ya no es el único capítulo que nos ocupa, aunque mantenemos esa representación procesal. Las reformas legales de los últimos veinte años nos han dado otras capacidades y funciones, de todas resaltaría que son en beneficio de la agilización de la justicia. Además tenemos proyectos en marcha en todos los colegios.

– ¿Por ejemplo?

–Nuestro portal de subastas o la certificación de envíos. Son muchas las gestiones que realizamos, además de la gestión procesal. Nuestro portal de subastas, con un año de vida, compite frente al portal de subastas del BOE con mucho más éxito. Nosotros tenemos entre el 70 y 80% de éxito de las subastas que realizamos mientras que el del BOE anda por el 20%.

– ¿Qué opinión tiene de la justicia española?

–Habría que diferenciar entre macrojusticia y microjusticia. Macrojusticia son las cuestiones que más interesan a los medios de comunicación, como lo relativo al Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional o Supremo, los nombramientos si son de una tendencia política u otra, las puertas giratorias para jueces o los aforamientos. Ahí se necesitan reformas. Y microjusticia es lo que realmente importa al ciudadano y ahí podemos realizar una gran labor. España, en contra de lo que cree la gente, tiene una justicia de gran calidad y celeridad, en comparación con otros países occidentales pero nos estrellamos en la ejecución de las sentencias, hay un déficit importante y debemos mejorar. Llevamos años reivindicándolo y si hay una profesión llamada a ejecutar, son los procuradores.

–Recientemente se reunió con la comisaria de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué su profesión está en entredicho ante Europa?

–Es una profesión que no existe, de la misma manera, en otros países. En otros países hay abogados y agentes de ejecución, y en España hay abogados procuradores pero no agentes de ejecución. De ahí viene no comprenderlo, por eso reivindicamos ser agentes de ejecución porque es la profesión que falta en España.

– ¿Fue positiva la reunión?

–Hay interés en resolver el expediente que España tiene abierto en Bruselas sobre procuradores y compromiso en hablar con la Comisaria de Mercado Interior para que se dejen estas cuestiones relativas a los procuradores. Esperamos cerrar este frente que tenemos abierto en Europa.

El decano del Colegio de Sevilla reclama al CGPJ la retirada del plan de cláusulas suelo para no “colapsar aún más” los juzgados2017-08-11

(CGAE).- Abogados sevillanos han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que “rectifique” y retire su plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas suelo, y que consiste fundamentalmente en especializar un juzgado de Primera Instancia por provincia para que asuma el conocimiento de todas las demandas de ese tipo.

El Consejo General de la Abogacía Española presentó un recurso ante el Tribunal Supremo contra el plan de CGPJ el pasado mes de junio, tras un acuerdo unánime del pleno de la Abogacía.

En una entrevista concedida a Europa Press, el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, ha puesto de manifiesto que la decisión del Consejo General del Poder Judicial en el ámbito de los juzgados especializados en cláusulas suelo es “absolutamente desacertada”.

Al hilo de ello, el decano de los letrados sevillanos ha aseverado que dicho plan “crea innumerables problemas de toda índole allí donde pretendió solucionarlos”, añadiendo que “los errores como éste sólo admiten su rectificación”, algo que debe hacer el CGPJ “a la mayor brevedad posible”.

Y todo ello “para no colapsar aún más esos juzgados”, según ha dicho Gallardo, que ha recordado que “desde todos los ámbitos de la abogacía nos hemos pronunciado en contra” del acuerdo del CGPJ, “e incluso lo tenemos recurrido ante los tribunales”.

“Sería bueno que el CGPJ rectificase”

A juicio del decano de los abogados sevillanos, “sería bueno que el propio CGPJ rectificase a la vista de los acontecimientos y a la vista de las incidencias que ya se han evidenciado” en las distintas provincias andaluzas y españolas.

“No parece que sea muy razonable esa distribución territorial”, ha subrayado Gallardo, que por ello ha confiado en que el órgano de gobierno de los jueces “rectifique su decisión inicial y atribuya las competencias a todos los juzgados de Primera Instancia del territorio nacional, y no a uno específico por cada provincia”.

Según ha precisado el decano, dicha “rectificación” pasaría por la retirada del plan a fin de diseñar uno nuevo.

La Consejería de Sanidad debe concretar la ubicación de las nuevas farmacias previstas en Noja2017-08-10

(CGPJ).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado parcialmente un recurso contra la orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria de 2015 por la que se convoca el concurso de méritos que dará lugar a la autorización de nuevas oficinas de farmacia en la región.

Considera el tribunal que la Ley de Ordenación Farmacéutica de Cantabria exige a la hora de autorizar nuevas farmacias tener en cuenta la existencia de plazas turísticas y segundas residencias, pero además, determinar la ubicación de las nuevas boticas, “a fin de que la prestación farmacéutica se aproxime a esa población flotante lo necesario para ser una prestación accesible efectiva y eficaz”.

 La estimación de la demanda supone la anulación de la orden de Sanidad, pero únicamente en lo que se refiere a la omisión por parte de la Consejería del lugar donde se instalarán las nuevas oficinas de farmacia de Noja.

No afecta, por tanto, a la creación de esas nuevas farmacias y tampoco a las plazas convocadas para el resto del territorio regional.

La sentencia va acompañada de un voto particular de la magistrada Clara Penín, para quien el criterio de zona farmacéutica resulta suficiente a la hora de determinar la localización de las nuevas farmacias.

 Atender a las necesidades de la población flotante

 La Sala resuelve así una demanda presentada por el titular de una botica abierta al público en Noja contra la orden de Sanidad que se refería a la creación de nuevas farmacias en la zona farmacéutica que se corresponde con el municipio.

 Anteriormente, la Sala había ventilado una demanda similar sobre el mismo municipio, que resultó desestimada, pero el tribunal explica ahora en su sentencia que no se trata de un supuesto de cosa juzgada porque el recurrente no es el mismo.

 Entiende ahora la Sala que la interpretación literal del artículo 21.2 de la Ley de Ordenación Farmacéutica “establece una obligación clara de delimitación”.

 Y añade, “la decisión administrativa de no hacer esa delimitación debe justificarse cumplidamente en que la misma no es en absoluto necesaria por no servir en nada al objetivo subyacente a la norma, cual es el acercamiento del servicio farmacéutico a la población en razón de la cual se crean las farmacias”.

 Para el tribunal, la administración debe justificar esa omisión con estudios sobre las zonas de residencia de la población de temporada “que permitan concluir que recibirá una prestación farmacéutica efectiva y eficaz, sea cual sea la ubicación de las nuevas farmacias”, lo que según el tribunal la administración no ha hecho.

Por todo ello, decide anular la orden de Sanidad si bien matiza que únicamente en lo referido a la “omisión injustificada” de la delimitación del lugar concreto de las nuevas farmacias en la zona de Noja.

 Y precisa que la anulación “no alcanza a toda la orden”, y que “no lo es de la creación misma de las farmacias, porque no se ha apreciado el incumplimiento de los criterios de población que justifican esa creación”.

 Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

CCOO gana la primera sentencia que declara la incapacidad permanente por silicosis2017-08-09

(CCOO).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado la incapacidad permanente de un montador de paneles de cartón-yeso (pladur) derivada de enfermedad profesional por exposición al polvo de sílice. La Sentencia, dictada por la Sección 6ª de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 3 de junio de 2017, viene a confirmar el criterio establecido por el Magistrado de Instancia del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, por la que se declaraba que un trabajador, cuya profesión habitual es la de montador de Cartón-Yeso (popularmente conocido como Pladur), se encuentra afecto a una incapacidad permanente total para la misma al padecer silicosis, siendo dicha patología derivada de enfermedad profesional.

Esta sentencia marca un hito importante porque es la primera vez que se declara como probado que un trabajador por su contacto directo con el cartón-yeso se encontraba expuesto al polvo de sílice durante su jornada laboral, por lo que al contraer la enfermedad, no cabe duda de que el origen debe ser calificado como profesional:

“…es un hecho “incontestable” la exposición del actor a trabajos con ambiente contaminado por polvo de sílice desde su afiliación al sistema de S. Social, por lo que considera acreditada la relación de causalidad que cuestiona la recurrente”.

‘Numerus apertus’

Cabe resaltar que la sentencia abre también la posibilidad al reconocimiento como enfermedad profesional de trabajadores de otras profesiones que padezcan silicosis y que estén o hayan estado expuestos al polvo del cartón-yeso, dado que la redacción actual del Cuadro de Enfermedades Profesionales denota la voluntad del legislador de mantener un sistema de “numerus apertus” en la enumeración de las profesiones a las que resulta de aplicación cada una de las enfermedades descritas.

El reconocimiento de las enfermedades profesionales es importante para los trabajadores y trabajadoras, pero también para el sistema preventivo y el Sistema Público de Salud. Para los trabajadores y trabajadoras supone una importante ventaja en las prestaciones de Seguridad Social y en la posibilidad de obtener un recargo de prestaciones así como una indemnización por daños y perjuicios. En términos preventivos evidencia un fallo en la prevención que es necesario corregir y para el Sistema Público de Salud porque el coste de la asistencia sanitaria y de la prestación corre a cargo de quien lo tiene asegurado, que son las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

CCOO de Madrid denuncia que desde las Mutuas como entidades responsables de la declaración de enfermedades profesionales se haga de forma habitual una lectura restrictiva y equivocada del cuadro de EEPP impidiendo y obstaculizando de forma permanente el reconocimiento de muchas enfermedades y obligando a los trabajadores y trabajadoras a judicializar los procesos.

Carmen Mancheño, secretaria de Salud Laboral de CCOO de Madrid, insiste en la necesidad de interpretar el cuadro de enfermedades profesionales no como un listado cerrado de ocupaciones para cada una de las enfermedades sino como lo que es, una enumeración de ejemplos abierto si se demuestra la exposición.

CC OO gana un recurso contra el Servicio Público de Empleo Estatal por suspender la prestación de un navarro2017-08-08

Los servicios jurídicos de CCOO han ganado una demanda contra el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) que había suspendido el derecho al cobro de la prestación a un navarro por no presentar la declaración anual de rentas dentro del plazo de 15 días que marca la norma.
 
El pasado día 26 de junio el Juzgado de lo Social nº tres de Pamplona dictó una sentencia por la que se estimó la demanda presentada por los Servicios Jurídicos de CCOO de Navarra, en representación de un beneficiario del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. La relevancia de la sentencia radica en que el juzgado ha estimado la demanda al considerar que la literalidad de la norma no puede estar por encima de la justicia material.
 
En este caso concreto, el demandante tenía reconocido el derecho al subsidio desde el año 2011 y, si bien durante los años 2012 y 2013 recibía una carta certificada recordándole su obligación de presentar su declaración anual de rentas en el plazo de quince días para acreditar que tenía derecho a esta prestación, los años 2014 y 2015 solamente recibió una carta informativa sobre los mismos extremos. Durante 2016 el SPEE le vuelve a remitir una carta informativa y como el beneficiario no aportó en el plazo de quince días su declaración de la renta, el Organismo citado dictó una Resolución donde le hace devolver parte de la prestación que había cobrado y además le suspende el derecho a su cobro.
 
Cuando el beneficiario recibió en casa la resolución presentó, de forma manuscrita, una reclamación alegando que no había recibido ningún aviso y que además concurrían unas circunstancias familiares extraordinarias que habían motivado que el mismo no se percatase de su obligación de entregar la documentación requerida dentro del plazo, aportando un informe médico que justificaba y explicaba lo alegado. Pese a estas alegaciones el SPEE, haciendo una interpretación literal de la norma, mantuvo que el trabajador debía devolver una parte de la prestación percibida y que además la misma quedaba en suspenso.

No se le podía retirar la prestación
 
En este sentido el Juzgado de lo Social argumentó que no se le podía retirar la prestación porque, por las circunstancias especiales que atravesaba el demandante, no se puede concluir que existía una voluntariedad de incumplir sus obligaciones legales. Además el juzgado  afirma en la sentencia que no debe interpretarse de forma rígida la normativa cuando no se aprecia ningún elemento de fraude o aprovechamiento por parte del beneficiario. Y en último lugar, la resolución impugnada no es ajustada a derecho, dice el juzgado, por no responder a un criterio de justicia material que deber tenerse en cuenta en la interpretación de cualquier norma jurídica, no debiendo olvidarse que precisamente la justicia es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico.
 
A juicio de CCOO, aplicar literalmente las normas pese a que los beneficiarios aleguen y prueben situaciones de excepcionalidad, no tiene que ser el único criterio que debe ser tenido en cuenta ya que existen casos, como el presente, en el que los criterios de justicia material deben ser valorados por encima de cualquier otra consideración.
 
Por último, CCOO ha alertado que, en este caso, se ha logrado esta corrección, pero desgraciadamente en otros casos parecidos o similares, al no ser recurridas estas  actuaciones administrativas, beneficiarios de prestaciones básicas del sistema público se han quedado sin ellas al no tenerse en cuenta por el SPEE estos criterios de justicia material como elemento finalista en la interpretación de las normas jurídicas.

El TSJ de la Comunidad Valenciana confirma 6 años de prisión para un hombre sorprendido por la Policía con cerca de un kilo de cocaína2017-08-04

(CGPJ).- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a seis años de prisión a un hombre que fue sorprendido por la policía con una pistola y con cerca de un kilo de cocaína. El Alto Tribunal Valenciano confirma así la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia que le imponía cuatro años de prisión por un delito contra la salud pública y dos años de prisión por tenencia ilícita de armas.

Los hechos sucedieron en Valencia en septiembre de 2016 cuando la Policía Nacional se acercó al condenado, que se encontraba junto a un vehículo con la puerta abierta en la Avenida Campanar de Valencia. Cuando los agentes se identificaron, el hombre salió corriendo y en la huida lanzó el cargador de una pistola desde la pasarela de la Avenida General Avilés y tiró a una papelera una pistola compatible con ese cargador, para la que no tenía licencia. Finalmente fue localizado por los agentes escondido en unos setos de la plaza Joaquín Muñoz Peirats. Debajo de la tapicería del maletero del vehículo, los agentes se incautaron de 985 gramos de cocaína destinada a la venta a terceros, que  en el mercado habría alcanzado un valor de más de 80.000 euros.

Abogados, bancos, contables y asesores fiscales, objetivos de Bruselas para los intermediarios de la planificación fiscal2017-08-03

(AJA).- A la vista de revelaciones que detallan cada vez más la manera en que algunos intermediarios ayudan activamente a las empresas y los particulares a evadir impuestos, generalmente por medio de complejos sistemas transfronterizos, la Comisión Europea ha propuesto nuevas y estrictas normas de transparencia para  intermediarios como abogados, bancos, contables y asesores fiscales, que formulan y promueven estrategias de planificación fiscal para sus clientes.

La propuesta tiene por objeto, abordar la planificación fiscal agresiva, aumentando las actividades de control de prácticas antes desconocidas de los planificadores y asesores fiscales. Adopta la forma de una modificación de la Directiva de cooperación administrativa (DCA) -Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información contra el blanqueo de capitales-, se presentará al Parlamento Europeo a efectos de consulta y al Consejo para su adopción. Se prevé que los nuevos requisitos de información entrarán en vigor el 1 de enero de 2019 y con posterioridad, los Estados miembros de la UE estarán obligados a intercambiar información cada tres meses.

Los sistemas de planificación fiscal transfronteriza con determinadas características o «signos distintivos» que puedan dar lugar a pérdidas para las Administraciones Públicas, tendrán que notificarse automáticamente a las autoridades fiscales antes de su utilización. La Comisión ha determinado los principales signos distintivos, incluido el uso de las pérdidas a fin de reducir la responsabilidad tributaria, la utilización de regímenes fiscales más favorables o disposiciones a través de países que no cumplen las normas internacionales de buena gobernanza.

La obligación de notificar un régimen transfronterizo que presenten uno o varios de estos signos distintivos correrá a cargo:

  • Del intermediario que suministre el régimen transfronterizo para su aplicación y uso por una empresa o particular.
  • Del particular o empresa que reciba el asesoramiento, en el caso de que el intermediario que suministre el régimen transfronterizo no tenga su sede en la UE, o de que el intermediario esté vinculado por el secreto profesional o las normas sobre secreto.
  • Del particular o empresa que aplique el régimen transfronterizo cuando lo formulen asesores fiscales o abogados propios. 

¿Qué operaciones de planificación tributaria tendrán que ser reportados?

Los intermediarios tendrán que informar sobre cualquier operación transfronteriza que contenga uno o más de los "signos distintivos" enumerados, por poder llevar a la evasión o el abuso de planificación fiscal. Algunos ejemplos son los siguientes:

     - Documentar un pago transfronterizo a un beneficiario que resida en un paraíso fiscal.
     - Operar en una jurisdicción con normativa inadecuada o débilmente aplicada contra el lavado de dinero.
     - Sortear los requisitos de intercambio de información de la UE para las resoluciones      fiscales.
     -Crear una correlación directa entre la tasa cobrada por el intermediario y lo que el       contribuyente ahorrará en la evasión fiscal.
      - Realizar operaciones tendentes a asegurar que el mismo activo obtenga beneficios fiscales en más de un país.

 

¿Qué sanciones se aplicarán a los intermediarios que no reporten las operaciones?

 

Los Estados miembros deben garantizar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para los intermediarios que no respeten los requisitos de información. La decisión sobre la naturaleza exacta de estas sanciones se deja como una competencia nacional y cada Estado miembro debe decidir sus propias sanciones nacionales para aplicar. Estos podrían incluir, por ejemplo, multas o sanciones administrativas. Más allá de las sanciones nacionales, también existiría un riesgo reputacional, para los intermediarios que no cumplan con las obligaciones de información. Los requisitos de presentación de informes propuestos, también crearán un desincentivo contra el diseño y la comercialización de planes de planificación fiscal agresivos, ya que podrían ser bloqueados rápidamente por las autoridades.

 

Intercambio automático de información

Los Estados miembros intercambiarán automáticamente la información que reciban sobre los mecanismos de planificación fiscal, a través de una base centralizada, que les dará aviso tempranamente de nuevos riesgos de elusión y les permitirá adoptar medidas para bloquear los regímenes perjudiciales. La obligación de notificar un régimen no significa necesariamente que sea perjudicial, sino que merece un control por parte de las autoridades fiscales. No obstante, los Estados miembros estarán obligados a aplicar sanciones efectivas y disuasorias a las empresas que incumplan las medidas de transparencia, lo que supondrá un nuevo y potente elemento disuasorio para quienes fomenten o faciliten el fraude fiscal.

Las nuevas normas tienen un alcance general, pues abarcan la totalidad de los intermediarios y todos los regímenes potencialmente perjudiciales existentes en todos los Estados miembros. Los datos de cualquier régimen fiscal que contenga uno o varios signos distintivos, deberán comunicarse a la autoridad tributaria, de origen del intermediario en el plazo de cinco días desde el suministro de dicho régimen a un cliente.

El TC no admite a trámite la demanda de amparo de Juana Rivas porque no ha agotado con carácter previo sus opciones de recurso ante los tribunales o2017-08-02

La Sección Tercera del Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la demanda de amparo presentada por Juana Rivas para solicitar que se preserve su derecho a retener a sus hijos menores de edad porque no cumple con el requisito, exigido por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, consistente en la falta de agotamiento de la vía judicial previa.

El recurso de amparo es de naturaleza subsidiaria, lo que significa que sólo puede interponerse cuando se hayan agotado todos los niveles judiciales previstos en la ley ante los Juzgados y Tribunales ordinarios. En este caso, la recurrente ha acudido en amparo ante el Tribunal Constitucional antes de agotar todas las posibilidades existentes en la vía judicial previa, razón por la que su demanda debe ser inadmitida a trámite.

En 2016, la falta de agotamiento de la vía judicial previa fue la causa de la inadmisión a trámite en el 9,39% del total de recursos de amparo inadmitidos por el Tribunal Constitucional.

¿Qué preguntas nos pueden impugnar durante el interrogatorio?2017-08-01

(Óscar Fernández León).- Las preguntas impugnables son aquellas que, conforme a nuestro ordenamiento, estarían prohibidas, por lo que podrán ser vetadas por el juez u ser objeto de impugnación de contrario. Para facilitar su examen, vamos a categorizar esta modalidad de preguntas desde una perspectiva genérica, es decir, de aplicación para cualquier jurisdicción, puesto que a pesar de que los ordenamientos civil y penal establecen determinadas prohibiciones, lo cierto es que existen una serie de preguntas que la práctica forense considera impugnables por lo que afectarían a todos los órdenes.

Preguntas capciosas.

Son aquellas que, debido a la forma de su elaboración, inducen a error al testigo, favoreciendo con ello al interrogador. El fundamento de su prohibición en nuestro ordenamiento reside en que la información suministrada por el testigo al contestar es ajena a su voluntad narrativa, pues procede de un error o confusión derivado del formato de la pregunta.

P.-¿Qué hacía usted en el botellón?

R.-Pues pasando el rato con mis amigos.

P.-¿Y qué estaban haciendo? ¿Tomando alcohol?

R.-Si, tomarnos unos cubatas y echar el rato, claro.

P.-¿Y quién de ustedes llevaba la droga con la que se traficó?

Preguntas impertinentes.

Son aquellas que no guardan relación sustancial con el hecho que se está juzgando, por lo que no aportan relevancia alguna a la solución de la controversia.

P.-¿Qué hacía usted en el botellón?

R.-Pues pasando el rato con mis amigos.

P.-¿Y qué estaban haciendo? ¿Tomando alcohol?

R.-Si, tomarnos unos cubatas y echar el rato, claro.

P.- ¿Y por qué bebían?

Preguntas inútiles.

Aquellas pruebas que, según reglas y criterios razonables y seguros, en ningún caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos. Dicho de otro modo, son las que no resultan adecuadas para el esclarecimiento de los hechos controvertidos.

P.-¿Leyó usted el contrato en todos sus términos?

R.-Sí.

P.-¿Y firmó usted el contrato?

R.- ¿Lo firmó en todas sus páginas?

Preguntas coactivas

Son preguntas en las que el interrogador, mediante el empleo del lenguaje verbal y no verbal, hostiga y presiona al testigo, coartando así su libertad para formular sus respuestas. Estamos hablando por tanto del empleo de un componente agresivo sobre el testigo que, dependiendo de diversas circunstancias concurrentes, limitará su capacidad de emitir testimonio.

Estas preguntas plantean muchas dudas a efectos de su admisión ya que esta decisión dependerá de factores como la persona del testigo examinado, el aporte de su testimonio o trascendencia del mismo, la presumible falsedad de la declaración que se está evacuando, la importancia del asunto que se está debatiendo, etc.

P.-¿Entonces usted no vio al acusado salir corriendo del bar?

R.-No, no lo vi.

P.-Pero como puede usted decirnos que no lo vio ¿No se da cuenta que mentir en juicio está penado con la cárcel?

P.-¿Va a usted a seguir ocultando los hechos o va a decirme la verdad?

P.-Por favor, deje de proteger al acusado y conteste a mi pregunta

Preguntas poco claras

Son preguntas defectuosamente formuladas que impiden al testigo entender cuál es el objeto de la misma y que podrían incluirse entre las preguntas capciosas. Aquí encontramos las preguntas confusas (formulación poco clara), ambiguas (sugieren diversas cuestiones poco claras) y vagas (amplitud excesiva acompañada de falta de claridad). El fundamento de la prohibición de estas preguntas reside en que, nuevamente, se pretende evitar que se incorpore a la actividad probatoria una información aportada erróneamente por el testigo como consecuencia de una mala formulación de la pregunta por parte del interrogador. Por lo tanto, lo que se pretende al proscribir estas preguntas es que la información que ingrese en el procedimiento derive del conocimiento del testigo y no de un error o confusión.

¿Y entonces la realidad fue que al entrar en el bar Luis estaba agresivo porque vio a María, y donde la había visto? (confusa)

¿Qué había en común entre María y Luis? (ambigua)

¿Cómo era el acusado antes de la agresión? (vaga)

Preguntas compuestas

Son aquellas preguntas que introducen dos o más cuestiones en la misma pregunta, de forma que su enunciado se compone de dos preguntas que podrían realzarse de forma independiente. Debido a tal duplicidad, introducen un factor de confusión en el testigo al tener que responder dos preguntas de una sola vez, lo que hace a estas preguntas potencialmente capciosas.

¿Entonces, cuando llegó Luis en el Renault al parking del bar, llevaba consigo el bate de béisbol?

Preguntas que contienen valoraciones, opiniones o conclusiones.

La información que ingresa en juicio como consecuencia de la declaración del testigo se circunscribe a los hechos que ha percibido con sus sentidos o que conoce, por lo que toda información por la que el testigo realice valoraciones, conclusiones u opiniones sobre los mismos son irrelevantes para la decisión del caso. Por lo tanto, si al testigo se le pregunta sobre una valoración o conclusión, lo que está haciendo es especulando sobre los hechos objeto de la prueba.

¿Entonces cree usted que Luis se encontraba fuera de sí y que no sabía lo que hacía?

¿Piensa Vd. que María fue al bar con el propósito de provocar celos en Luis?

Esta regla, centrada en la declaración de testigos legos, tiene sus excepciones, dado que a mayor experiencia del testigo en determinada materia, mayores opciones habrá de relajación de esta regla.

Preguntas repetitivas

Son aquellas preguntas que, realizadas más de una vez durante el interrogatorio, versan sobre una materia que ya ha sido respondida por el testigo. Las preguntas repetitivas pueden tener un origen voluntario, es decir, que el interrogador es plenamente consciente de la repetición o involuntario, en cuyo caso, es un error a la hora de interrogar.

Centrándonos en el primero de los supuestos, la pregunta repetitiva estaría prohibida cuando el interrogador, a través de la repetición, pretende lograr alguna inconsistencia en la declaración del testigo respecto a lo ya declarado. En este caso la pregunta sería potencialmente capciosa, dado que lo que se pretende es inducir a error respecto a lo ya declarado anteriormente.

P.-¿Dónde se encontraba usted sobre las 22,30 horas?

R.-Sentado en el interior del bar junto a la ventana.

P.-¿Estaba sentado para ver si se aproximaba María?

R.-No.

P.-¿Pero usted sabía que María podía venir?

R.-Claro. 

P.-Entonces, ¿no estaba pendiente de la llegada de María junto a la ventana?

R.-Ya le he dicho que no.

Pregunta que tergiversa la prueba

Son preguntas a través de las que el interrogador asume que son ciertos determinados hechos sobre las que no ha habido prueba en juicio, o que, existiendo la prueba, esta no se ajusta a la información de la pregunta. Esta pregunta es inadmisible por capciosa, ya que tergiversan el contenido de la prueba ya ingresada o la inventan con el fin de inducir a error al testigo. Por otro lado, no hemos de olvidar que las preguntas que formulan los abogados no pueden considerarse pruebas.

P.-¿Entonces, usted estaba en la ventana esperando la llegada de María?

P.-¿Podría explicarnos por qué esperaba a María en la ventana?

R.-No, ya le he dicho que estaba sentado allí solamente tomando una copa.

En conclusión, es fundamental que a la hora de preparar los interrogatorios, nos cercioremos de que no estamos empleando preguntas susceptibles de ser prohibidas o impugnadas, lo que nos ahorrará muchas incomodidades y, simultáneamente, nos permitirá realizar un interrogatorio fluido y centrado en lo que realmente interesa: obtener un testimonio acorde con nuestros objetivos.

El Tribunal Supremo confirma la validez de un artículo del Reglamento que regula la publicidad del juego en páginas web en la Comunidad Valenciana2017-07-31

(CGPJ).- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Administración del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaró que el Decreto 55/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la publicidad del juego en la Comunidad Valenciana, fue ajustado a derecho. En su recurso, solicitaba la nulidad del artículo 14 de dicho Decreto, que regula la publicidad en páginas web, por vulnerar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de dicha Comunidad al invadir las competencias del Estado sobre publicidad del juego.

La Sección Tercera concluye que el artículo impugnado no conculca las competencias estatales, sino que encaja de forma natural en la competencia exclusiva sobre juego en su ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Valenciana. En este sentido, afirma que de las dos competencias que el Estado aduce como sustento de su reclamación competencial (la de telecomunicaciones y la de publicidad) hay que descartar la de telecomunicaciones, que está desconectada del objeto del Decreto y del precepto cuestionado.

La Sala añade que la publicidad en páginas web regula publicidad, en este caso la del juego, y en nada se proyecta dicha regulación sobre la materia de telecomunicaciones. No se regula el funcionamiento de internet, sino un determinado contenido que puede expresarse en prensa, radio, televisión, internet o cualquier otro medio de comunicación, sin que por ello tal regulación tenga que afectar -como no lo hace en este supuesto- al medio en el que se transmite dicho contenido.

En este caso, indica el tribunal, el Reglamento se restringe a la publicidad del juego en la Comunidad Valenciana, por lo que el mismo se mantiene dentro del ámbito de las competencias autonómicas sobre el juego, cuya constitucionalidad ha sido confirmada por el Tribunal Constitucional siempre que no exceda del territorio autonómico.

La Sala examina si la publicidad en internet regulada en el artículo 14 del Decreto, al ser un medio al que se puede acceder desde cualquier territorio y, por tanto, también desde fuera de la Comunidad Autónoma, implica que dicha regulación corresponde al Estado, bien por esta sola circunstancia, bien por la competencia general sobre publicidad. A este respecto, indica que el acceso a internet, posible desde cualquier territorio, no constituye un punto de conexión suficiente como para desplazar la competencia al Estado, pues ese criterio implicaría el vaciamiento de muchas otras competencias autonómicas, ya que la información o acceso a muchas de las mismas pueden ejercerse por vía telemática desde cualquier punto o fuera del territorio nacional, sin que ello lleve a cuestionarse la efectiva titularidad autonómica de dichas competencias.

En este caso, explica la sentencia, el medio utilizado debe seguir a la competencia sustantiva, que es la publicidad sobre los juegos de ámbito territorial restringido al territorio de la Comunidad Autónoma. Por ello, al tratarse de la publicidad sobre una competencia exclusiva autonómica, corresponde también a la Comunidad Autónoma la regulación de su publicidad.

Justicia da por resuelto el defecto en el acceso a LexNet, que “no ha ocasionado accesos indebidos”2017-07-28

Legal Today.-

El Ministerio de Justicia se vio ayer obligado a realizar una parada técnica de LexNet, que duró cinco horas, a raíz de “un defecto en el control de accesos al sistema ocasionado por un error en la programación del código”. La medida tuvo que ser adoptada de urgencia tras la denuncia realizada en las Redes Sociales por el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Mulas Cerezuelas, quien advirtió  de que habían detectado un “posible fallo crítico de seguridad en LexNet”.

La noticia se hizo inmediatamente viral en Internet. Si bien Justicia reconoce que se produjo un fallo, niega que el mismo conllevase la posibilidad de que letrados  pudieran acceder a las carpetas del resto de los abogados e incluso descargar las notificaciones. Desde el Ministerio se informó de que fue debido a la puesta en funcionamiento de una nueva versión que entre otras cuestiones, atiende a las peticiones que los profesionales han realizado para disponer de acceso multibuzón y la práctica de sustituciones. Justicia añade que “esto significa que todos los profesionales colegiados registrados en el sistema pueden disponer de un acceso único a todos sus buzones. Además, LexNet permite que se puedan realizar sustituciones entre distintos profesionales previa autorización, lo que permite el acceso a buzones de otros usuarios. Los equipos técnicos del Ministerio han trabajado intensamente en su resolución y en una nueva configuración que refuerza aún más la seguridad del sistema LexNet”.

El Ministerio quiere reiterar que el sistema LexNet es una aplicación destinada únicamente a la realización de comunicaciones electrónicas entre los profesionales y la Administración de Justicia, en ningún caso permite el acceso a los expedientes judiciales. La implementación de este nuevo modelo conlleva para los profesionales jurídicos desde enero de 2016 la obligación de utilizar LexNet, la plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos (abogados y procuradores) usado en la Administración de Justicia española.

Filtros de seguridad

Según informa el Ministerio, los sistemas de auditoría y control del Ministerio no han identificado acceso indebido alguno a los buzones de LexNet de un usuario que no fuera el legítimo. “Dichos sistemas dejan constancia de accesos indebidos por lo que de haberse producido llevaría consigo la exigencia de responsabilidades legales por un acceso no autorizado. Asimismo, LexNet cuenta con un complejo sistema de identificaciones basado en certificados electrónicos reconocidos y un procedimiento de codificación interno de usuarios que impide acceder al buzón de un usuario concreto sin conocer su identificador dentro de LexNet”.

El Ministerio de Justicia ha abierto una auditoría interna para conocer los detalles que han provocado este incidente y exigir, en su caso, las posibles responsabilidades. Por último, añade Justicia, “el sistema de comunicaciones electrónicas del Ministerio de Justicia cuenta con un sistema de seguridad robusto y contrastado que ha permitido, por ejemplo, que en el último ataque a nivel mundial de los virus conocidos como Wanna Cry y Petya no se haya visto afectado”.

El Ministerio de Justicia firma un convenio con el CGAE para presentar las solicitudes electrónicas de nacionalidad por residencia2017-07-27

(MJ).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, han firmado un convenio para el desarrollo de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos los servicios de información, asistencia y consulta en la presentación de la documentación necesaria para la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia.

En concreto, el convenio habilitará al Consejo General de la Abogacía para la presentación electrónica de documentos en representación de los interesados y regulará los procedimientos y requisitos para la remisión telemática de la documentación debidamente conformada.

Nuevo procedimiento

Este acuerdo se inscribe en el marco de una estrategia dirigida a canalizar en la medida de lo posible las solicitudes de nacionalidad por residencia del nuevo procedimiento a través de colectivos profesionales y en este sentido establece la obligación de garantizar por parte del Consejo un control previo de las solicitudes, asegurándose de que sólo se incorporen al sistema aquellas que a priori cumplan las condiciones e incluyan toda la documentación exigible. Ello redundará en un menor tiempo de tramitación pues limitará los casos en que sea necesario requerir al interesado para que aporte documentación adicional y facilitará asimismo la calificación de los expedientes.

En este sentido, se estableció un modelo general de convenio al que se adapta el hoy suscrito al igual que los dos firmados anteriormente con el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España, el 14 julio de 2016, y con el Consejo General de Procuradores de España, el 20 septiembre de 2016. Asimismo, se está en conversaciones para su posible extensión a otros colectivos como el Consejo General de Economistas.

El convenio tiene naturaleza administrativa y por tanto está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. No genera obligaciones económicas entre las partes, si bien el Consejo asume los gastos e inversiones que origine su cumplimiento. El Ministerio de Justicia no regula los honorarios que los abogados perciban de quienes decidan recurrir a sus servicios ya que queda fuera de su ámbito de competencia.

El Tribunal Supremo condena a tres años de prisión a un abogado que prometió a clientes extranjeros permisos de residencia a través de contratos f2017-07-26

(CGPJ).- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a tres años de prisión a un abogado por estafar a clientes extranjeros rellenando solicitudes administrativas para obtener permisos de residencia o de trabajo con un contrato falso en empresas de su propiedad, que carecían de actividad.

Para el Tribunal Supremo, el condenado puso en marcha un plan consistente en cobrar por la tramitación de peticiones de permiso de residencia o trabajo, a sabiendas de su nula consistencia fáctica ni argumental. Estas solicitudes, recoge la sentencia, se amparan en unas ofertas de trabajo sobre empresas simuladas, constituidas por el propio recurrente o por personas de su entorno sin actividad mercantil, comercial o profesional. Resulta evidente, indican los magistrados, que la pluralidad de personas que pagan al letrado en su despacho por sus servicios lo hacen confiados en la creencia aparentemente fundada de que se trata de una posibilidad real de obtener los permisos correspondientes.

Del conjunto de las pruebas, añade la sentencia, se puede concluir que "el acusado desplegó la trama referida, enriqueciéndose indebidamente con el dinero entregado por los extranjeros en la confianza fundada de que obtendrían los permisos administrativos correspondientes, a través de propuestas de trabajo mendaces".
Los hechos probados de la sentencia recurrida recogen que el abogado ideó un plan que controló y del que se lucró, contratando como becarios a multitud de abogados jóvenes que eran despedidos al poco tiempo, para cursar cientos de solicitudes en nombre de extranjeros no residentes legalmente en España, a quienes prometió la obtención de permisos de residencia y trabajo. En las solicitudes, los extranjeros figuraban como trabajadores de empresas creadas ad hoc que carecían de actividad alguna. Como las solicitudes se apoyaban en esas ofertas de trabajo inexistentes eran denegadas sistemáticamente. El transcurso del tiempo sin obtener los permisos, originaba numerosas llamadas y visitas al despacho por parte de los afectados para expresar sus quejas y protestas por todo lo que ocurría con sus solicitudes. Ante ello, el condenado, en lugar de devolverles las cantidades entregadas, les respondía que no se preocuparan y presentaba una nueva oferta de trabajo con una empresa distinta, a cambio de más dinero. Así, durante los años 2002 y 2003 presentó unas 110 solicitudes de permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena, solicitudes que iban acompañadas de ofertas de trabajo fraudulentas, consiguiendo sólo 13 de ellas. Entre los años 2004 y 2006 se presentaron 407, concediéndose sólo 4 de ellas, y en el año 2007, 6 más.
La sentencia estima de forma parcial el recurso de casación interpuesto por el condenado contra el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que le impuso una pena de seis años de prisión por un delito de estafa en concurso medial con un delito de falsedad en documento oficial.

El Tribunal Supremo concluye que no es posible condenar al recurrente por un delito de falsedad en documento oficial, como hace la sentencia recurrida, pero sí por una falsedad en documento privado. La sentencia explica que ello se debe a que muchas solicitudes no llegaron a presentarse ante la Delegación del Gobierno en Madrid, y se realizaron con “la exclusiva finalidad de estafar al cliente del despacho haciéndole creer que se había presentado el documento, cuando no era así”.

Y en relación con las solicitudes que sí se presentaron, la Sala no aprecia ninguna falsedad porque los sellos eran auténticos -puesto que la solicitud se había presentado en una oficina- y la mejor o peor condición o solvencia de las empresas para las que se solicitaba el permiso de administrativo de residencia, no constituyen este delito.
Este delito, explica la sentencia, queda absorbido por el de estafa que la Sala, en este caso, considera que fue continuada y que no puede mantenerse en el tipo agravado, como hizo la Audiencia Provincial de Madrid por entender que la defraudación alcanzó los 50.000 euros, pues los perjuicios declarados apenas llegaron a los 3.500 euros. Como consecuencia de ello, la Sala fija la pena en tres años de prisión y no en seis como estableció la sentencia recurrida.

El TSJ de Castilla-La Mancha condena al magistrado Fernando Presencia por prevaricación judicial2017-07-24

(CGPJ).- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado al magistrado Fernando Presencia Crespo como autor de un delito de prevaricación del artículo 446.3º del Código Penal, al haber quedado probado que el magistrado, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales al frente del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina (Toledo), dictó una resolución judicial injusta, a sabiendas, para favorecer a un querellado en un procedimiento por delito de estafa.

Dicha resolución, un auto oral de sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, documentado de forma escrita 17 meses después por el magistrado, se adoptó por Presencia Crespo tras la declaración del querellado por estafa y sin haber realizado el juez instructor la práctica de diligencias acordadas previamente y sin disponer una prueba pericial caligráfica indispensable para el procedimiento.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM considera probado, además, que el magistrado mantenía una relación de amistad con el querellado en dicha causa por estafa, todo ello en base a las testificales practicadas durante el juicio.

La Sala condena a Fernando Presencia a una multa de 12 meses con una cuota de 10 euros diarios (3.600 euros) y a la inhabilitación durante 10 años para el cargo de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta, así como con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o fuera del mismo.

Según la sentencia, que tiene en cuenta numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo, el magistrado dictó dicho auto de sobreseimiento provisional y archivo del procedimiento por delito de estafa careciendo de todo sustento jurídico y razonabilidad, sin más prueba que la declaración del querellado, sin esperar al resultado de diligencias ya acordadas, tales como varias pruebas documentales solicitadas a una entidad bancaria, o la práctica de una prueba pericial caligráfica que tendría que haber sido acordada por el magistrado.

Esta forma de proceder, dice la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM, fue realizada por Presencia Crespo de forma dolosa, “a sabiendas”, pues era consciente, dice la sentencia, de “estar dictando por su propia voluntad una resolución con total apartamiento del principio de legalidad y de la interpretaciones usuales y admisibles en Derecho”.

La Sala, aun considerando demostrada la amistad entre el magistrado, ahora condenado, y el querellado por estafa, afirma que con independencia de cuál fuera la causa por la que el magistrado adoptó el acuerdo de archivar el procedimiento, este cometió el delito de prevaricación al haber quedado probado el carácter injusto de su resolución y hecho a sabiendas de su injusticia.

En los Fundamentos de Derecho de la sentencia dictada por la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM se deniegan, además, todas las causas de nulidad alegadas por la defensa del magistrado durante la celebración del juicio.

Contra la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCLM cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo anula un juicio por abuso sexual porque las sesiones de la vista no se grabaron correctamente2017-07-20

(CGPJ).- La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha declarado nulo el juicio a un hombre que fue condenado a nueve años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal por entender que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva al no grabarse correctamente las sesiones por un mal funcionamiento del sistema de grabación. En su sentencia, los magistrados ordenan que la Audiencia Provincial de Cádiz celebre un nuevo juicio, con un tribunal diferente, cuyo desarrollo quede debidamente documentado.

En la resolución se aplica el acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de 24 de mayo de 2017 que establece que el actual sistema de grabación de los juicios orales es altamente insatisfactorio y que debería ser complementado por un sistema de estenotipia. Este acuerdo fija que cuando la documentación del juicio sea imprescindible para la resolución del juicio, su ausencia en relación con los aspectos controvertidos que genere indefensión material, conllevará la nulidad del juicio o, en su caso, la absolución.

El recurrente denunciaba la indefensión que le había causado el no poder formalizar su recurso de casación en los términos en que había sido preparado, ante la imposibilidad de consultar el acta que documentaba el juicio que, por un deficitario funcionamiento del sistema instalado en la sala donde se celebró, no fue grabado correctamente. En concreto, alegaba que la declaración de la víctima -un menor que era hijo de la entonces pareja del condenado- y la ratificación de los peritos eran inaudibles.

La Sala Segunda afirma que tiene razón el recurrente que, al no constar documentadas la pruebas valoradas por la Audiencia Provincial de Cádiz,  no puede comprobar el sentido de las declaraciones, ni las posibles contradicciones, inexactitudes o imprecisiones relevantes en relación con la declaración del menor,  o las aclaraciones en cuanto a metodología y conclusiones en el caso de los peritos. La sentencia explica que sólo podrá consultar las declaraciones del menor que estén documentadas en el sumario, pero no confrontarlas con las del plenario, y que con la pericial ocurre lo mismo, ya que no hay  de reproducir las explicaciones de sus autoras sobre el rigor de las técnicas que emplearon, y que la sentencia recurrida admite que fueron expresamente cuestionadas.

En definitiva, añade el tribunal, la parte se ha visto imposibilitada por causa ajena a su voluntad para formular un recurso en el que pudiera desarrollar de manera fundada sus discrepancias con el criterio del tribunal de instancia. “Nos encontramos ante un supuesto que rebasa el listón de la indefensión meramente formal o hipotética, para integrar una afectación material de los derechos del acusado, especialmente del derecho a la tutela judicial efectiva en la faceta que concierne a la posibilidad de acceder de manera efectiva a los recursos previstos en la ley”, subraya la sentencia.

Como consecuencia de todo ello, “se le ha irrogado indefensión de relevancia constitucional que solo a través de la nulidad reclamada podría resultar subsanada”, concluye la Sala Segunda en su sentencia, con ponencia de la magistrada Ana María Ferrer García.

La Sala recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece como regla general la grabación del juicio oral que constituye el acta a todos los efectos, aunque admite la combinación de grabación con acta escrita cuando no existen mecanismos para garantizar autenticidad e integridad.

Ahora bien, indica la sentencia, cuando no es posible el uso de medios técnicos de grabación, será suficiente el acta extendida por el Secretario Judicial elaborada por medios informáticos que solo podrá ser manuscrita cuando se carezca de aquellos. En cualquier caso, aseguran los magistrados, cuando el Secretario no puede contar con mecanismos de grabación o los disponibles no puedan garantizar la autenticidad e integridad de lo grabado, el acta ha de ser sometida al control de las partes, que podrán efectuar las reclamaciones que estimen pertinentes, y quienes firmarán la misma junto con el tribunal.

En este caso, según se deduce de la diligencia de vista que extendió la Secretaria judicial, la Sala donde iba a celebrarse el juicio contaba con los medios tecnológicos necesarios para que aquella garantizara la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido. Por ello, anunció al inicio de las sesiones del juicio oral, que éste se grabaría en soporte audiovisual y posteriormente en CD que constituiría a todos los efectos el “Acta de Vista”, para acto seguido identificar a los miembros del tribunal, a la representante del Ministerio Fiscal y al Letrado de la defensa. En cualquier caso, afirma, “es evidente que el sistema no funcionó adecuadamente”.

“Déficits” en la grabación de juicios

Para el Tribunal Supremo, la experiencia demuestra que con frecuencia se producen déficits en la captación de imágenes y, sobre todo, de sonido, por lo que un control eficaz del desarrollo de las sesiones permitiría detectar el problema y buscar la solución. En definitiva, concluye la Sala, contar con un sistema que no funciona adecuadamente es tanto como carecer de él, por lo que una vez constatada la imposibilidad de obtener una grabación de calidad, el escenario demanda la presencia del letrado de la Administración de Justicia, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y el correspondiente acta escrita.

La Sala incide en que la videograbación es un privilegio método de documentación en cuanto permite un reflejo fidedigno del desarrollo del acto procesal de que se trate, pero a esa ventaja se suman también incovenientes. Los más relevantes los que afectan a los derechos de las partes, como los que, motivados por fallos técnicos o por un inadecuado control humano sobre el sistema, frustran su propia finalidad. Pero estos no son los únicos, añade la Sala, ya que la reproducción de la grabación implica que cualquier revisión de lo realizado en un acto procesal conlleve idéntica inversión temporal que el desarrollo del acto que documenta, lo que desemboca en una ralentización del trabajo de jueces y tribunales, incluido el de esta Sala cuando necesita consultar el correspondiente acta de juicio u otras actuaciones que no están documentadas por escrito. Además, la ausencia de mecanismos de indexación adecuados agravan las consecuencias porque en la mayoría de los casos obliga a costosas labores de búsqueda y localización.

Por todo ello, concluyen los magistrados, mientras no sea posible garantizar un óptimo funcionamiento del sistema que reduzca los errores a lo meramente anecdótico, es necesario intensificar las cautelas y compatibilizar los nuevos sistemas con otros que, sin frenar el avance tecnológico, garanticen los fines del proceso.

El TSJ ordena a la Generalitat renovar cautelarmente conciertos educativos con otros dos colegios privados2017-07-19

(CGPJ).- La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha suspendido cautelarmente dos resoluciones de la Conselleria de Educación que negaban la renovación del concierto educativo a dos centros escolares de Valencia.

Los magistrados de la Sección Cuarta estiman así la solicitud del Colegio Saint Patrick School y del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y ordena que ambos centros sigan recibiendo financiación pública hasta que el Tribunal resuelva si la decisión de la Generalitat de no renovar esos conciertos es ajustada a derecho.

En sendos autos, notificados hoy a las partes, la Sala apela a la doctrina del Tribunal Supremo como ya hiciera en dos resoluciones anteriores en las que ordenaba la prórroga provisional de los conciertos educativos con los colegios DOMUS y La Purísima-Franciscanas. Ahora, se pronuncia en el mismo sentido por “seguridad jurídica y unidad de doctrina”.

En concreto, los magistrados de la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo se basan en un auto del Supremo, que en junio de 2015 ya avaló la suspensión cautelar de la denegación de un concierto educativo que “pone fin a una situación jurídica preexistente y favorable para el particular” (…) “para evitar que la interrupción de la ventaja de la que venía disfrutando el particular no resulte irreversible y haga así perder la efectividad a una eventual sentencia estimatoria”.

Los magistrados de la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal valenciano realizan una ponderación de los intereses en conflicto y valoran los perjuicios que se les causaría a los centros, los escolares y sus familias de no suspenderse la decisión administrativa aprobada el pasado mes de mayo, estando el curso a punto de comenzar.  “Se estaría privando de efectividad a la futura sentencia que sobre el fondo recayera en cuanto a dicho curso escolar, sentencia que, de ser estimatoria, carecería de eficacia alguna”.

El auto señala que “el interés general al que se refiere la Ley Jurisdiccional no puede ser simple y llanamente el de la Administración”, pero impone a los centros la obligación de adelantar el importe que tendría derecho a recuperar la Generalitat Valenciana en el supuesto de que su resolución fuera confirmada por la Justicia.

En ambos casos, el TSJCV exige a los centros privados una caución: el depósito de un importe equivalente al dinero que reciben de la Generalitat por admitir a alumnos para los que no hay plaza en la pública, importe que, junto a los correspondientes intereses, pudiera tener derecho a recuperar la Administración autonómica en el caso de que se desestimara el recurso contencioso administrativo interpuesto por los colegios contra la resolución que acuerda la no renovación de los conciertos.

En el caso del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del TSJCV acuerda la renovación del concierto educativo solicitado para cuatro unidades de bachillerato comprendidas entre los cursos 2017/2018 y 2020/2021. Por su parte, el Colegio Saint Patrick School recupera provisionalmente tres unidades (un aula de 3 año, una de 4 y una de 5) para el mismo periodo. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo dicta sentencia en el primer caso del nuevo recurso de casación en menos de un año2017-07-14

(CGPJ).- La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha concluido en menos de un año la tramitación completa del primer caso procedente del nuevo recurso de casación contencioso-administrativo que ha terminado en sentencia.

Antes de cumplirse un año de la entrada en vigor de la nueva regulación, la Sala ha celebrado ya cuatro vistas públicas de los recursos, que contarán con sentencia de forma inmediata. Desde el 22 de julio de 2016 -fecha de la entrada en vigor- y hasta el 31 de mayo de 2017, se han presentado 2.976 recursos, de los cuales 1.432 han obtenido ya una resolución de admisión o inadmisión, lo que supone un 48,12 por ciento del total de los nuevos recursos de casación ingresados.

La Sección de Admisión, creada al efecto en la nueva regulación, ha dictado en este tiempo un total de 245 autos de admisión, esto es, un 17,11 por ciento de asuntos admitidos con relación al total de los asuntos que hasta el momento han sido vistos por la propia Sección de Admisión.

El nuevo recurso, que entró en vigor el 22 de julio de 2016, supuso un cambio estructural en la configuración del mismo, al remarcar el concepto de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia como criterio de admisión de los recursos, y determinó un cambio de las normas de reparto y de la composición de la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Supremo. Asimismo, se establece como regla general la celebración de vista pública para conocer el caso.

Paralelamente a la tramitación de los nuevos recursos, la Sala III ha venido resolviendo a través de sus distintas secciones los asuntos tramitados antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 7/2015 que estableció la nueva regulación. Así, en lo que llevamos de año ha dictado 1.290 sentencias procedentes de recursos presentados con la anterior regulación.

En el primer caso resuelto que ha sido tramitado íntegramente de acuerdo a la nueva regulación, la Sala celebró vista pública el pasado 4 de julio, y hoy ha hecho pública la sentencia estimatoria del recurso de una empresa en materia de inscripción de instalaciones fotovoltaicas. En contra de lo acordado en octubre de 2015 por el Ministerio de Industria, la Sala reconoce a la sociedad recurrente el derecho a la inscripción definitiva de la instalación en el Registro administrativo de instalaciones en producción de régimen especial.

La Ley prevé que el registro definitivo debe realizarse de manera objetiva en un plazo de doce meses. En este caso concreto, se realizó un mes fuera del plazo pero por circunstancias no imputables al solicitante, sino debido a la tardanza del órgano administrativo competente, que resolvió la citada solicitud de inscripción con carácter definitivo fuera de plazo.

Según el tribunal, no se puede exigir al solicitante que cursase una petición de prórroga para la inscripción, tal como prevé la Ley, cuando el retraso no dependía del interesado y por tanto no le era imputable.

El Tribunal Supremo rechaza la demanda de ‘derecho al olvido’ de un hombre absuelto de doble asesinato2017-07-13

(CGPJ).- La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un hombre, absuelto en procedimiento de tribunal del jurado por un doble asesinato, como consecuencia de la demanda de tutela de derecho al honor y a la propia imagen formulada frente a un periódico y sus redactores por la publicación de un artículo en el que se recogía la información de la absolución del acusado -sin mencionar su nombre y apellidos- acompañado de una fotografía de este tomada lícitamente en el acto del juicio.

El demandante solicitaba la condena del medio y de los periodistas a indemnizar el daño moral con la suma de 122.000 euros, y a retirar tales archivos de «medios informáticos como buscadores y redes sociales».

La sentencia dictada por la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Valencia desestimó el recurso de apelación, formulado por el demandante frente a la sentencia de primera instancia desestimatoria de la demanda, por considerar que no existió intromisión en los derechos fundamentales al honor y a la propia imagen del apelante, con prevalencia de la libertad de información,
pues la información publicada fue veraz y la fotografía, que acompañaba dicha publicación, fue tomada con autorización del tribunal, tratándose de una imagen veraz captada con ocasión de un hecho noticiable.

No existe intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, considera que no existe intromisión ilegítima en el derecho al honor del demandante, y que la actuación de los demandados está legitimada por el ejercicio de la libertad de información, por cuanto la información publicada fue veraz (al ofrecer datos objetivos de lo que había sido la investigación policial y judicial, basada en fuentes objetivas y fiables, perfectamente identificadas, y recoger las declaraciones del representante de la fiscalía, independientemente que estas se realizaran durante la sesión del juicio o a su término), y versó sobre una cuestión de interés público (con gran impacto mediático, que recibió la atención en su día tanto de la opinión pública como de los diferentes medios de comunicación), sin que emplearan expresiones innecesariamente ofensivas para el demandante.

Asimismo, concluye la sala que no existe vulneración ilegítima del derecho a la propia imagen por la publicación de una fotografía del demandante en el acto del juicio, al haber actuado los demandados dentro de los parámetros constitucionales de la legitimación del ejercicio de la libertad de información, pues la información gráfica es veraz, habiendo sido captada con autorización del presidente del tribunal, y versa sobre hechos de interés público.

Tampoco puede prosperar la alegación sobre el «derecho al olvido», que el recurrente relacionaba con su solicitud de que se retirara la información litigiosa, incluyendo su imagen, de todos los archivos informáticos que la pudieran alojar, también en buscadores y redes sociales.

Tras precisar la Sala que la pretensión formulada no tiene encaje en los supuestos examinados por la reciente jurisprudencia con respecto al llamado «derecho al olvido digital» (entendido como una concreción del derecho a la protección de datos de carácter personal que protege, instrumentalmente, los derechos de la personalidad), considera que la entidad editora del periódico y responsable de la hemeroteca digital, contra la que se ha dirigido la demanda, respetó las exigencias de la normativa sobre tratamiento de datos personales en la información contenida en su página web, pues omitió el uso del nombre y apellidos y de otros datos personales para referirse al demandante, por lo que no se permite, en virtud de la indexación que realizan los motores de búsqueda, la obtención de información sobre los hechos utilizando el nombre y apellidos del afectado, aunque se pueda acceder a la noticia original en su versión digital en Internet.

Destaca la sentencia, asimismo, que las hemerotecas digitales gozan de la protección de la libertad de información, al satisfacer un interés público de acceso a la información y que, en consecuencia, el «derecho al olvido» no ampara la alteración del contenido de la información original lícitamente publicada, en concreto, el borrado de datos personales que consten en la misma.

Tampoco concurre el requisito de la desaparición del interés público exigido por la jurisprudencia, pues aunque el «derecho al olvido» ampara que el afectado pueda exigir que se cancele el tratamiento de sus datos personales cuando haya transcurrido un periodo de tiempo que lo haga inadecuado (atendiendo a la finalidad de la recogida de los datos y objeto de tratamiento, y
a la carencia del afectado de relevancia pública o de interés histórico), al resultar desproporcionado el daño que causa el tratamiento de los daños personales que le vinculan a dicha información, en relación con el interés público de la publicación, en el supuesto de autos la información publicada viene referida a unos hechos de extraordinaria gravedad e impacto social (enjuiciamiento por tribunal del jurado del asesinato de dos personas), que continuaban teniendo notoria actualidad en el momento de publicación de la noticia de su enjuiciamiento (año 2012), aunque los hechos hubieran ocurrido algunos años antes (1997).

En consecuencia, concluye el Tribunal Supremo, el escaso tiempo transcurrido (la demanda se presenta a los dos años del juicio) no convierte en desproporcionado el tratamiento respecto a la imagen del demandante, con que se ilustra artículo en su versión digital.

Un juez reconoce el derecho de un padre a escolarizar a su hija en un colegio no religioso en contra del criterio de la madre2017-07-12

(CGPJ).- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Moncada (Valencia) ha reconocido a un padre el derecho a escolarizar a su hija en un centro público en lugar del colegio concertado religioso en el que la madre la había prematriculado de manera unilateral.

El titular del Juzgado, el magistrado Joaquim Bosch, considera que el derecho a la libertad religiosa comprende también el derecho a no profesar religión o creencia alguna y que, en este caso prevalece ese derecho fundamental frente a los motivos de proximidad y horario que guiaron a la progenitora a la hora de elegir el colegio de la pequeña, sobre la que tienen custodia compartida.

“Al comparar ambas voluntades, se desprende que las motivaciones de la madre resultan legítimas, desde la perspectiva de que el horario del centro se adapte a su situación personal o a la ubicación geográfica que le resulte más favorable. Sin embargo, en la vista la demandada no fundamentó su petición en un derecho fundamental. En cambio, el padre sí que basa su solicitud en el derecho fundamental a la libertad religiosa y de conciencia, así como en el derecho fundamental a que su hija reciba una formación moral que esté de acuerdo con sus convicciones. Por ello, entendemos que debe prosperar la solicitud del padre, ante el carácter preferente de los referidos derechos fundamentales”, explica el juez en un auto.

En la vista, la madre dijo que le resultaba indiferente el carácter religioso o laico del colegio de la pequeña, que eligió por cuestión de horarios y ubicación geográfica. El padre, en cambio, “sí que se centró en su voluntad de que la niña acuda a un centro público, por entender que no le parece adecuado por sus convicciones morales que a la menor se le imponga una enseñanza con un ideario religioso. Y también explicó que no le importa que la niña pueda participar en esas decisiones sobre formación religiosa a partir de los 9 años o cuando tenga una madurez suficiente, pero que no está de acuerdo con que ello ocurra a tan corta edad”.

‘No puede darse una solución generalizada’

En su resolución el magistrado explica que en supuestos de desacuerdo entre los progenitores “no puede darse una solución generalizada. Habrá de analizarse ponderadamente y de manera cuidadosa cada caso. Para ello habrá de acudirse a los usos sociales o familiares”.

Sobre este punto señala que el hecho de que la niña, que acaba de terminar la guardería, “esté bautizada no resulta especialmente relevante, pues en nuestro contexto cultural se trata de una tradición social y ello no implica necesariamente una apuesta de futuro por una formación de tipo religioso o de carácter público”.

Además, añade que “el hecho de que la madre haya realizado la preinscripción en el centro concertado no ha de resultar vinculante: no puede imponerse hechos consumados llevados a cabo sin la necesaria opinión del padre, a pesar de que éste pidió a la madre que contara con su punto de vista, como queda acreditado con los correos electrónicos aportados”.

El juez determina el colegio en el que habrá de ser matriculada la niña. No elige como primera opción el centro propuesto por el padre, sino un colegio público próximo a la guardería a la que ahora acude la menor y al domicilio materno “con la finalidad de conciliar los intereses” de ambos progenitores.

Concluye el magistrado destacando que “desde la perspectiva del interés de la menor, no existen diferencias entre la circunstancia de que acuda al centro público o al concertado religioso, pues ambos cuentan con similar ubicación geográfica y con prestaciones parecidas. En este caso, lo que se considera prevalente es el derecho fundamental a la libertad religiosa y el derecho a la educación de acuerdo con las convicciones morales, pues son derechos constitucionales que deben prevalecer frente a otros intereses legítimos, pero que cuentan con menor protección jurídica”.

La decisión del titular de Moncada 1 no ha sido recurrida por ninguno de los progenitores. Es firme.

PRUEBA LEGISLATIVA TODAS2017-05-11

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PRUEBA JURISPRUDENCIA2017-05-11

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NOTICIA COLEGIO2017-05-17

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