La Comisión Europea presenta un nuevo plan para los derechos de los consumidores de la UE y propone excluir a los despachos de abogados2018-04-19

 

La Comisión Europea ha propuesto un nuevo acuerdo con el fin de garantizar que todos los consumidores europeos se beneficien de sus derechos con arreglo al Derecho de la Unión.

Aunque la UE ya tiene algunas de las normas más sólidas del mundo en materia de protección de los consumidores, casos recientes, como el escándalo del fraude del diésel, han puesto de manifiesto que es difícil hacerlas cumplir plenamente en la práctica. El nuevo acuerdo para los consumidores posibilitará que las entidades cualificadas realicen reclamaciones representativas en nombre de los consumidores y reforzará las facultades sancionadoras de las autoridades de los Estados miembros encargadas de la protección de los consumidores. Además, ampliará la protección de los consumidores cuando estén conectados a internet y aclarará el modo en que la legislación de la UE prohíbe las prácticas de calidad dual engañosas para los consumidores.

El nuevo acuerdo para los consumidores supondrá:

  1. Un refuerzo de los derechos de los consumidores en línea
  • Más transparencia en los mercados en línea
  • Más transparencia en los resultados de las búsquedas en las plataformas en línea
  1. El suministro a los consumidores de los instrumentos necesarios para ejercer sus derechos y obtener una compensación 
  • Reclamaciones representativas, de tipo europeo: en el marco del nuevo acuerdo para los consumidores, las entidades cualificadas, como, por ejemplo, una organización de consumidores, podrán obtener reparación, como una compensación, una sustitución o una indemnización, en nombre de un grupo de consumidores que hayan resultado perjudicados por prácticas comerciales ilegales. En algunos Estados miembros, los consumidores ya pueden presentar reclamaciones colectivas antes los tribunales, pero ahora esta opción existirá en todos los países de la UE. Esta propuesta de la Comisión también pretende apartar de estas demandas a los despachos de abogados limitándolas a las entidades que sin ánimo de lucro y que cumplan criterios estrictos de elegibilidad siendo revisados por una autoridad pública.
  • Mayor protección contra las prácticas comerciales desleales: el nuevo acuerdo para los consumidores garantizará que los consumidores de todos los Estados miembros tengan derecho a reclamar una reparación individual (por ejemplo, compensación financiera o resolución del contrato) cuando se vean afectados por prácticas comerciales desleales, tales como una comercialización agresiva o engañosa. Actualmente, esta protección varía en gran medida en la UE.
  1. El establecimiento de sanciones efectivas en caso de infracción de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores
  1. El tratamiento de la calidad dual de los productos de consumo
  1. Una mejora de las condiciones para las empresas

El nuevo acuerdo eliminará las cargas innecesarias para las empresas, entre otras cosas mediante la supresión de sus obligaciones en lo que respecta al derecho de desistimiento de los consumidores. Por ejemplo, los consumidores ya no podrán devolver los productos que hayan utilizado en lugar de haberlos simplemente probado, y los comerciantes ya no tendrán que reembolsar a los consumidores antes de haber recibido los productos devueltos.

Las nuevas normas también introducirán una mayor flexibilidad en la forma en que los comerciantes pueden comunicarse con los consumidores, permitiéndoles que utilicen también formularios en línea o chats en lugar del correo electrónico, siempre que los consumidores tengan acceso a las comunicaciones que mantengan con los comerciantes.

Las propuestas de la Comisión se debatirán en el Parlamento Europeo y en el Consejo.

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_es.htm

El Consejo General de la Abogacía exige al Ministerio de Justicia la mejora de las indemnizaciones del Turno de Oficio2018-04-19

El Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados, en el ejercicio de su función legítima y democrática de representación, defensa de los derechos de los abogados y de la dignidad de la profesión, vienen denunciando que la actual retribución del Turno de Oficio –en determinadas comunidades autónomas y, sobre, todo en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia- supone una falta de reconocimiento tanto a la labor de los profesionales de la Abogacía como del servicio público de Justicia Gratuita reconocido en la Constitución.

Desde hace meses, se vienen manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia con el fin de agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, se ha conseguido el compromiso del Ministerio para el abono mensual de las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita.

En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 que, según ha informado el Tesoro Público, se hará efectivo esta misma semana, la liquidación se efectuará con carácter mensual a partir de mayo.

No obstante, con ello no se soluciona el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado, así como el reconocimiento de nuevos módulos.

La Abogacía continuará trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Las asociaciones de jueces y fiscales comunican al CGPJ la convocatoria de huelga el próximo 22 de mayo2018-04-18
  • Anuncian nuevos paros el 19 y 26 de abril y 3 y 10 de mayo por una mayor independencia judicial y modernización de la Justicia

Las principales asociaciones de jueces y de fiscales han comunicado formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a la Autoridad Laboral de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de huelga para el próximo 22 de mayo además de paros parciales de una hora los días 19 y 26 de abril y 3 y 10 del mes de mayo.

Así, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales informan en una nota de que se ha procedido de acuerdo a la legalidad vigente y en base a la convocatoria del pasado 5 de abril.

En ella, las asociaciones judiciales reclamaban el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial, mientras que las asociaciones de fiscales pedían, entre otras medidas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

De acuerdo con la nota difundida por la AJFV, “se ha puesto de manifiesto que se han intentado otras vías alternativas que han sido desatendidas hasta la fecha” y quedan ahora a la espera de la fijación de los servicios mínimos. El comité de huelga está integrado por los magistrados Manuel Almenar (APM), Natalia Velilla (AJFV), Ignacio González (JJD), Roberto Esteban (FJI), Cristina Dexeus (AF), Emilio Fernández (UPF) y Miguel Pallarés (APIF).

MOVILIZACIONES DESDE EL 5 DE ABRIL

Se trata de nuevas movilizaciones que se suman al calendario anunciado el pasado 5 de abril, día en que arrancaron los paros frente a las sedes judiciales de toda España en los que se leyeron las reivindicaciones de jueces y fiscales para la administración de justicia, recogidas en el documento ’14 propuesta para la mejora de la Justicia’, al que se han adherido más de 3.500 profesionales de la judicatura y la fiscalía.

En su comunicado del pasado 5 de abril las siete asociaciones tildaron de “decepcionante” la marcha de las negociaciones desde que el pasado 16 de junio dieron a conocer sus propuestas para la mejora de la justicia. Respecto a las Cortes, señalaron que “no parece haber una mayoría clara” en el Parlamento favorable a atender su petición de reforma del CGPJ “ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un pacto de estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto”.

En cuanto al Gobierno, le acusan de haber renunciado a incrementar el número de miembro de la carrera judicial y fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y recuerdan que “no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones”.

¿Puede considerarse accidente de trabajo in itinere, la caída que sufre un trabajador en el porche de su casa cuando sale a coger su vehículo para acudir al trabajo?2018-04-18
  • Incluye la sentencia

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por un trabajador contra la decisión del TSJ que considera que la caída que este sufre en el porche de su casa cuando se dirigía a su vehículo para acudir al trabajo, no constituye un accidente in itinere.

Supuesto de hecho:

  • El trabajador sufre una caída en el porche de su casa cuando se dirigía a coger el vehículo para ir a trabajar, iniciando situación de IT de dos meses de duración.
  • El INSS declara que la contingencia padecida como consecuencia del accidente es de origen común.
  • El trabajador interpone demanda en materia de contingencia ante el Juzgado de lo Social, que desestima sus pretensiones.
  • Contra la sentencia del Juzgado interpone recurso de suplicación ante el TSJ, que desestima el mismo, y confirma la sentencia del Juzgado.
  • Contra esta última resolución, interpone el trabajador el presente recurso de casación.

Consideraciones Jurídicas:

  • El Tribunal comienza su fundamentación afirmando que la cuestión a dilucidar consiste en determinar si debe considerarse accidente laboral el sufrido por un trabajador al caer en el porche de su casa, justo cuando estaba saliendo hacia el lugar habitual de trabajo.
  • Para ello, recuerda que la legislación actual define el accidente de trabajo como "toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena", siendo uno de los supuestos tasados el accidente sufrido por el trabajador al ir y volver al trabajo (accidente in itinere).
  • En este sentido, el Tribunal Supremo recuerda que, conforme a la jurisprudencia, el accidente se entiende con origen en el trayecto al trabajo cuando se cumple un triple requisito: 1) Que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo; 2) Que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa; 3) Que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto.
  • La Sala analiza como sentencia de contraste un supuesto en el que un trabajador cae de la moto que conducía en un camino dentro del recinto de su vivienda cuando acudía al trabajo, supuesto que sí fue considerado como accidente in itinere y, por tanto, accidente de trabajo.
  • En cambio, el TS entiende que, en este caso, no se trata de un supuesto idéntico, ya que el trabajador sufre la caída antes de estar montado en el vehículo que utiliza para el desplazamiento.
  • Por ello, considera que, en la medida en que el trabajador no había dejado atrás ese espacio personal y privado que constituía su domicilio y tampoco había comenzado el trayecto que normalmente le conducía al centro de trabajo, haciendo uso del medio de transporte, no puede considerarse que se cumplan los requisitos que se exigen para calificar un accidente, como accidente in itinere.
  • En definitiva, el Supremo afirma que, al ser discutido únicamente el elemento geográfico, no puede afirmarse que el accidente pueda ser considerado como de trabajo, habida cuenta de que el trabajador no había iniciado el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa.

Conclusión Lex@:

En conclusión, el Tribunal considera que el accidente de trabajo es aquel que tiene lugar en el transcurso del trayecto habitual que el trabajador recorre entre su domicilio y el lugar de trabajo, sin que pueda considerarse como tal, el suceso ocurrido en el domicilio del trabajador antes de que éste utilice el vehículo del que hace uso normalmente para realizar dicho desplazamiento al centro de trabajo.

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Bankia sigue recurriendo sus polémicas preferentes2018-04-18
  • Y sigue recibiendo reproches judiciales: la Audiencia Provincial de Madrid confirma la nulidad de la colocación
  • El banco alega la caducidad, pero la Audiencia recuerda que el plazo de caducidad debe de contar desde que existe cabal y completo conocimiento

La Audiencia Provincial de Madrid resolvió el pasado 13 de marzo la confirmación de la nulidad de unas preferentes de Bankia colocadas en el 2011. La sentencia de primera instancia, del juzgado nº 5 de Alcalá de Henares había decretado la nulidad de su colocación y por tanto obligaba al banco a devolver los 35.000€ invertidos más el interés legal del dinero.

A cambio, los clientes debían devolver los 2.540,15€ de rendimientos de los cupones trimestrales y las acciones de Bankia del canje obligatorio. “Parece increíble que Bankia que era la que parecía haber asumido su responsabilidad en la colocación de las preferentes, tenga -sin embargo- una actitud jurídica tan defensiva”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.

El punto de controversia estriba en el plazo de caducidad. Bankia alega que el plazo de caducidad debería de contabilizarse desde que Bankia anuncia a la CNMV la suspensión de los pagos de los cupones, esto es el 1 de junio de 2012. O en todo caso, desde que el cliente dejó de cobrar el cupón, el 7 de julio de 2012. Bajo esta perspectiva, la acción habría quedado caducada y por tanto habría perdido la oportunidad de recurrir.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid recuerda su propia sentencia de 4 de diciembre de 2017 en la que recuerda a su vez la doctrina del Supremo: el plazo para calcular la caducidad debe de contabilizarse desde que el cliente tuvo “pleno y cabal conocimiento” de lo que estaba contratando. “No basta con haber cesado en el pago de los cupones. Ha de comunicarse al interesado”, señala el Supremo.

El Alto Tribunal también ha señalado que en el caso de las preferentes, el plazo para calcular la caducidad debe de calcularse desde la fecha en la que se implementan las acción de gestión de los instrumentos híbridos por parte del Frob “y no la suspensión de los cupones”. ¿La razón? “No se puede negar la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable”, concluye el Supremo.

“Bankia sigue tratando de buscar burladeros jurídicos para tratar de evitar las responsabilidades por las colocaciones incorrectas y poco transparentes de sus preferentes. El resultado es siempre el mismo, el reproche judicial”, señala el socio-director de navascusi.com

La Audiencia Provincial de Madrid decreta el “inacogimiento del único reproche alzado en la sentencia recurrida”, es decir, confirma el fallo de primera instancia y condena al banco al pago de las costas procesales originadas por la alzada. “Tanto los criterios de fondo como los de caducidad están muy claros; recurrir sólo sirve para dilatar el reproche. Lo que deben de hacer los bancos con las preferentes es asumir su mala praxis y resarcir a sus clientes lo antes posible”, concluye Navas.

Los tribunales anulan multas de 290.000 euros de Competencia a los Colegios de Abogados por la territorialidad del Turno de Oficio2018-04-17
  • La Audiencia Nacional revoca las sanciones impuestas por la CNMC al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Guadalajara
  • El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima íntegramente el recurso planteado por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia como anteriormente lo hizo el TSJ de Andalucía

CGAE

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 60.000 euros impuesta en septiembre de 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo General de la Abogacía Española por restricción de la competencia en los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita al considerar que la multa no es conforme a derecho.

La misma Sala de la Audiencia Nacional, en sentencia de 26 de marzo de 2018, también ha revocado la sanción de 30.000 euros que la CNMC había impuesto en septiembre de 2015 al Colegio de Abogados de Guadalajara por el mismo motivo: la necesidad de que los abogados adscritos al Turno de Oficio tengan residencia y despacho abierto donde prestan el Servicio de Justicia Gratuita.

En ambas sentencias, la Audiencia Nacional considera que los Colegios de Abogados están obligados a “garantizar la rapidez y agilidad en la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita; de ahí la obligación de residencia y de disponer de despacho abierto” que tienen los abogados adscritos al Turno de Oficio. La Abogacía siempre ha defendido esta territorialidad como garantía de cercanía y proximidad al ciudadano.

La Audiencia Nacional también justifica la anulación de las multas de la CNMC en que el propio Colegio de Abogados asume la “posible declaración de responsabilidad de la actuación de su colegiado por lo que es necesario que sea miembro del Colegio en cuestión”.

Las sentencias –que condenan en costas a la CNMC- respaldan los argumentos del Consejo General de la Abogacía Española y del Colegio de Abogados de Guadalajara al considerar que la “prestación del Servicio de Justicia Gratuita se trata de una actividad en la que concurre un importante componente público y en el que el interés general aconseja la prestación de dicho servicio del modo más eficaz posible y manteniendo unos parámetros razonables de calidad”.

Además, la Audiencia Nacional asegura que en la prestación del servicio público de Justicia Gratuita “no existe un mercado libre” ya que el consumidor no puede elegir quien debe prestarle el servicio que demanda, los letrados no reciben honorarios por sus servicios sino una indemnización cuyo importe es determinado por las autoridades públicas y la llamada a la prestación del servicio es por medio de un turno, de una lista, en la que se producen llamamientos sucesivos.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

En el mismo sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia frente a la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia de 20 de Marzo de 2017, que le imponía una sanción de 100.000 euros por haberse negado a inscribir a una colegiada con despacho principal en Madrid en los turnos de oficio y asistencia al detenido de Bilbao, Getxo y Barakaldo.

La sentencia -que impone expresamente las costas del procedimiento a la Autoridad Vasca de la Competencia minoradas en un 50% de las que pudieran haberse causado- señala que “tratándose de un servicio profesional con connotaciones claras de servicio público y sin contenido económico, sin oferta profesional de servicios, ni libre fijación de remuneraciones u honorarios, no cabe hablar de un mercado de prestación de los mismos y la Ley de Defensa de la Competencia, por propia determinación de la Ley 2/1974 no es aplicable al caso.”

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Estas dos sentencias se suman a la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, en abril de 2016, dio la razón al Colegio de Abogados de Málaga que consideró plenamente válidos los argumentos jurídicos defendidos por el Consejo General de la Abogacía Española y por el Colegio de Abogados de Málaga frente a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que consideró como práctica anticompetitiva la fijación de restricciones de carácter territorial para el acceso de los profesionales de la abogacía al Servicio de Asistencia Gratuita. El tribunal no sólo anuló la multa de 98.215 euros sino que condenó en costas a la Agencia.

El Consejo General de la Abogacía Española, que respaldó en todo momento -por decisión de su Pleno- la actuación del Colegio de Málaga por entender que la decisión de este Colegio y de todos los demás respeta plenamente la legislación vigente y la normativa en materia de defensa de la competencia, se congratuló de que con la citada sentencia se haya reconocido que la prestación del servicio público de justicia gratuita, que realizan más de  45.300 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, con inmediatez y urgencia, de forma modélica y que atiende a cerca de un millón de ciudadanos cada año en España, “es una actividad administrativa sujeta a derecho administrativo”.

Unos 124.000 nuevos autónomos se benefician de la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros a un año2018-04-17

Un total de 123.428 trabajadores autónomos se han beneficiado de la tarifa plana de 50 euros ampliada hasta un año, desde su entrada en vigor el 1 de enero de este año.

La entrada en vigor de esta y otras medidas recogidas en la nueva Ley de Autónomos han propiciado que en el primer trimestre del año se haya alcanzado el mayor incremento de afiliados netos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de toda la serie histórica, 10 veces por encima respecto al año pasado.

En el Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra este lunes, la Seguridad Social española cuenta con más de 18,5 millones afiliados, de los que más de 3,2 millones son trabajadores autónomos (3.230.400, marzo 2018). Este dato refleja la progresión de la actividad emprendedora desde que el pasado mes de octubre entró plenamente en vigor la nueva Ley de Autónomos.

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo establece que los trabajadores que se dan de alta como nuevos autónomos desde enero de 2018 pueden acogerse a la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros. La norma introduce además la extensión de la reducción hasta 24 meses: 50% los siguientes seis meses y del 30%, por otros seis meses.

Según la previsión inicial, en su primer año de vigencia se podrán beneficiar de la tarifa plana ampliada alrededor de 140.500 trabajadores autónomos lo que supondrá un ahorro en la cotización de este colectivo de 202,4 millones de euros.

El Tribunal Supremo confirma la pena de 10 años y medio de prisión para el exadministrador de bienes de Luis del Olmo por apropiación indebida y falsedad2018-04-17
La Sala Segunda considera probado que desvió más de 14 millones de euros, con apuntes contables falsos, de dos sociedades del periodista desde 2005 hasta 2011

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 10 años y medio de prisión a R.R., exadministrador de los bienes de Luis del Olmo, por un delito continuado de apropiación indebida y otro delito continuado societario de falsificación de cuentas al considerar probado que desvió más de 14 millones de euros, con apuntes contables falsos, de dos sociedades del periodista desde 2005 hasta 2011.

El tribunal también ha confirmado que el condenado tendrá que pagar una indemnización, en concepto de responsabilidad civil, de 15 millones de euros, de los cuales la mayor parte corresponden a Luis del Olmo -14.380.793 euros- y el resto -678.671 euros- a otros perjudicados. La Sala ha desestimado el recurso de casación interpuesto por R.R. y por la sociedad ASTEYA contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que, además de la citada pena, declaró la responsabilidad civil subsidiaria de esta entidad administrada por el recurrente.

Los hechos ocurrieron cuando R.R., debido a la amistad que tenía con Luis del Olmo, su esposa e hijos, empezó a administrar parte de sus bienes, especialmente sus ingresos como periodista. A través de la sociedad anónima ASTEYA, de la que el condenado era administrador único, Luis del Olmo le encargó la gestión de las sociedades Producciones Lumer y Sociedad Profesional del Periodismo. Según los hechos probados, como mínimo desde el año 2005, R.R. “empezó a desviar fondos de ambas sociedades”, haciendo constar en su contabilidad datos que no se correspondían con la realidad, como inversiones que en la práctica no se realizaron. Desde 2005 hasta 2011, cuando fue descubierto, hizo suyo 14 millones de euros. Al mismo tiempo, realizó otras operaciones con dinero de familiares, con el aparente fin de invertirlos.

Para la Sala, los hechos imputados a R.R. se refieren a “un desvío de fondos entre las sociedades Producciones Lumer y Sociedad Profesional de Periodismo que se prolonga, al menos, durante 6 años y que permitió al acusado hacerse con más de 14 millones de euros. Estamos en presencia, por tanto, de una alteración de toda la estructura contable de ambas entidades, sancionada por el artículo 290 del Código Penal. Nada de lo reflejado en sus libros se ajustaba a la realidad. La conducta del acusado iba mucho más allá de la creación falsaria encaminada al autoencubrimiento de una u otra operación ejecutada en su exclusivo lucro”.

Los magistrados rechazan aplicar la atenuante de reparación del daño que había pedido el recurrente basándose en que no solo puso a disposición de los perjudicados todo su patrimonio y una lista de bienes, sino que, además, ingresó 37.127,57 euros de un plan de pensiones para satisfacer deudas con personas de su confianza. En su sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, explica que el delito de apropiación indebida por el que ha sido condenado R.R., en la medida en que representa un delito contra el patrimonio, “admite una reparación que, cuando menos, ha de transmitir al perjudicado la sensación de que las consecuencias del delito se han visto neutralizadas –o, al menos, sensiblemente aminoradas- a partir del esfuerzo reparador”.

“La víctima que ha sufrido en su patrimonio el acto expropiatorio ejecutado por el acusado -añade el tribunal- no puede ser obligada a aceptar como reparación atenuatoria la puesta a disposición del juzgado de un listado de bienes que, si bien se mira, no es sino expresión de un lamentable estado de insolvencia que se halla en llamativo contraste con el elevadísimo importe de las cantidades distraídas”. La Sala concluye que las razones para no aplicar la atenuante son más evidentes si se contrasta la cantidad que dedicó para satisfacer sus deudas -37.127,57 euros- con el importe total del que se apoderó más de 14 millones de euros.

Por su parte, la sociedad ASTEYA en su recurso de casación, que también ha sido desestimado, mantiene que la sentencia recurrida no argumenta las razones por las que ha sido considerada responsable civil subsidiaria. Sobre ello, la Sala indica que a través de la esta sociedad “se canalizó el flujo dinerario que acabó en los bolsillos del acusado”.

Condenados a dos años de cárcel los propietarios de una copistería por fotocopiar obras completas sin autorización2018-04-16

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a los dos responsables de una copistería de Salamanca por fotocopiar libros enteros sin la autorización del autor.

Según informa la Gaceta de Salamanca, los acusados, J.I.P.R. Y A.A.F., han aceptado una pena de dos años de prisión cada uno, así como el pago de 54.000 euros en concepto de indemnización y otro 6000 euros más por las costas del juicio, además de 12 meses de multa a razón de seis euros día, como autores de un delito contra la propiedad intelectual.

El citado medio añade que la Fiscalía ha informado favorablemente a la suspensión de la pena de prisión durante un plazo de dos años suspensión condicionada al pago de la responsabilidad civil, aunque de manera fraccionada.

Además se ordena la destrucción de las copias ilegales y se retira la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de manera que los acusados podrán continuar con su actividad.

Acusados inicialmente a penas de hasta cuatro años de prisión y 185.000 euros de indemnización, finalmente fiscal y acusación particular han tenido en cuenta el reconocimiento de los hechos por su parte lo que ha propiciado la rebaja en la condena.

Tras el acuerdo de ambos acusados con la pena y el compromiso de hacer frente a los pagos determinados, la Audiencia ha declarado la firmeza de la sentencia condenatoria contra ambos.

Alcance de la notificación administrativa electrónica obligatoria2018-04-16

La Agencia Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de España son modelos de gestión y recaudación para todo el mundo. El avance de estas dos instituciones es singular. Desde el año 2016 las notificaciones administrativas electrónicas son obligatorias, las liquidaciones de impuestos son electrónicas, el IVA se autoliquida dentro de los propios sistemas de la AEAT.

La Agencia Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de España son modelos de gestión y recaudación para todo el mundo. El avance de estas dos instituciones es singular. Desde el año 2016 las notificaciones administrativas electrónicas son obligatorias, las liquidaciones de impuestos son electrónicas, el IVA se autoliquida dentro de los propios sistemas de la AEAT. Y la contabilidad y las Cuentas Anuales también se presentan de manera electrónica ¿No estamos yendo muy deprisa?

Regulación nacional y regulación europea

La Ley 39/2015 ha impuesto la obligatoria notificación administrativa electrónica. Y esta notificación electrónica (con dos excepciones), es obligatoria desde octubre de 2016.

La Ley 39/2015 se compadece con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. Ese Reglamento deroga la Directiva 1999/93/CE.

Bajo esta regulación, los Estados que conformar la Unión Europea tienen que imponer sistemas de identificación electrónica notificados a la Comisión Europea por el resto de Estados miembros, así como los sistemas de firma y sello electrónicos basados en certificados electrónicos cualificados emitidos por prestadores de servicios que figuren en las listas de confianza de otros Estados miembros de la Unión Europea.

Esta norma (Ley 39/2015) ha incorporado medidas que puedan evidenciar y probar el conocimiento  de la puesta a disposición de las notificaciones, además de un conocimiento pleno de su contenido a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración.

¿Es obligatoria la comunicación y notificación administrativa por vía electrónica?

  • Es obligatorio en materia tributaria (con las excepciones que seguidamente indicamos) desde Octubre de 2016
  • Hasta Octubre de 2018 no lo es para el resto de la Administración.
  • Excepciones:

    1.  Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

    2.  Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

    3.  En el caso de personas físicas que, por su capacidad económica, de hábito en el uso de medios electrónicos, por su formación o por aquellos motivos en los que pueda llegar a considerarse que se puede llegar a producir una vulneración de la tutela judicial efectiva, las Administraciones pueden excluir reglamentariamente la obligación de notificar electrónicamente los actos administrativos.

    4. Tampoco es obligatorio (y de hecho están prohibidas), aquellas notificaciones en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

    5.  Tampoco están permitidas las notificaciones que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

    ¿Qué requisitos tiene que tener una notificación administrativa para ser válida?

    • Constancia de su envío o puesta a disposición,
    • Constancia de la recepción o acceso por el interesado de horas y fechas.
    • Constancia de recepción del contenido íntegro
    • Constancia de la identidad del destinatario o remitente

    ¿En qué momento se da por notificado un interesado por parte de la Administración?

    En el momento (día/hora/minuto) en el que el interesado accede a la información y queda constancia en la plataforma habilitada.

    ¿Qué sucede si el interesado no accede?

    Transcurridos 10 días de la puesta a disposición de la notificación, sin que el interesado acceda a ella, se presume rechazada.

    ¿Qué efectos tiene que el interesado rechace la comunicación por el transcurso de 10 días?

    Que se entenderá por cumplida la obligación de notificación. Y en consecuencia, planteamos la siguiente  cuestión, la cual, cuanto  menos, es controvertida: ¿Se debe publicar en el BOE?

    En opinión de este colaborador, sí.  A nuestro juicio, las notificaciones electrónicas de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común pueden generar indefensión. En este sentido, un mecanismo de seguridad debería ser la publicación en el BOE. Es bien sabido que  nadie lee el BOE "diariamente". No obstante,  es una herramienta a contemplar toda  vez que el «Boletín Oficial del Estado» tiene habilitado de manera gratuita y sin contraprestación alguna, un sistema automatizado de remisión y gestión telemática para la publicación de los anuncios de notificación.

    ¿Afecta la notificación administrativa electrónica a la tutela judicial efectiva?

    La Sentencia del Tribunal Supremo 47/2018:

    http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8269492&links=&optimize=20180126&publicinterface=true analiza con criterio y rigor el ámbito de la notificación administrativa en general y el ámbito de la notificación administrativa tributaria en particular.

    ¿Hasta qué punto podemos obligar a contribuyentes, sin experiencia ni destreza alguna con los ordenadores, o computadoras, a conectar con las Autoridades? ¿Hasta qué punto podemos obligar a personas con escasa formación, con escasos recursos, con escaso acceso a Internet a comunicarse con la AEAT y con la TGSS exclusivamente por medios electrónicos?

    ¿Hasta qué punto, esa obligación no compromete la tutela judicial efectiva? ¿Hasta qué punto no impide al ciudadano el pleno acceso a los Tribunales exigido por la Constitución?

    El Tribunal Supremo ha sido sensible a esta pregunta. ¿Es la obligación de comunicación con la Administración por vía electrónica "necesaria, razonable y proporcionada"?

    El Tribunal Supremo entiende que esta obligación es "necesaria, razonable y proporcionada".

    ¿Por qué el Tribunal Supremo considera que la obligación es proporcionada?

    1.  Porque es prioritario para facilitar la modernidad (no es una broma, está recogido de la propia Sentencia del Tribunal Supremo)

    2.  Porque permite una Administración más eficaz.

    3.  Porque la AEAT es esencial para garantizar el interés general.

    4.  Presumir que las personas jurídicas pueden ser obligadas al DEH es razonable por los recursos de que disponen.

    Estos extremos ya vienen apuntados en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2012

    Notificación Administrativa Electrónica en materia tributaria.

    La Jurisprudencia en materia tributaria considera que la notificación electrónica es legal y adecuada una vez transcurran diez días desde que la Agencia Tributaria ponga a disposición del contribuyente el contenido del acto administrativo. Así lo resuelven las siguientes resoluciones judiciales: STSJ Madrid 25/09/2014 y STSJ Castilla y León (Burgos) 23/05/2014, STSJ de Canarias de 9/7/2013 y el STS de 29/10/2014.

    No obstante la Jurisprudencia admite que la notificación administrativa no sea efectiva si el contribuyente "alega y justifica" circunstancias que le hayan hecho imposible acceder en plazo al contenido del acto administrativo (Sentencia de la Audiencia Nacional de 23/12/2009) o también, cuando no se ha notificado al contribuyente la inclusión obligatoria en el sistema (Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de enero de 2016).

    ¿Cómo opera la notificación administrativa electrónica en materia tributaria?

    Lo hace a través de los que se denomina DEH o  Dirección Electrónica Habilitada. Así las personas físicas y jurídicas, tienen una dirección electrónica para recibir las notificaciones administrativas de manera telemática. Es un servicio gratuito y evita millones de horas de trabajo que antes ocupaba a miles de funcionarios (los agentes tributarios).

    Junto a la DEH los contribuyentes disponen de un buzon electrónico que dispone de las máximas garantías de confidencialidad

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la validez de una transacción posterior banco-cliente para evitar la controversia judicial2018-04-16
La Sala Primera estima el recurso de una entidad bancaria contra la sentencia que había declarado la nulidad de la cláusula suelo y su posterior novación mediante contrato privado

Autor Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ibercaja frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, confirmando la de primera instancia, había declarado la nulidad de la cláusula suelo y su posterior novación mediante contrato privado.

Los compradores de una vivienda, que ostentan la condición de consumidores, habían otorgado dos escrituras públicas de préstamo en el año 2007, la primera de ellas subrogándose en el préstamo hipotecario del promotor, novándolo y ampliándolo, y la segunda de ellas para contraer otro préstamo para financiar la vivienda. En ambos casos, se establecía un primer año de préstamo a interés fijo y, transcurrido el primer año, un préstamo a interés variable, donde se contenían unos límites máximo y mínimo a la delimitación del tipo de interés.

Consulte la sentencia –que cuenta con el voto particular de un magistrado- y la nota informativa de la Sala en “Archivos asociados”.

El contrainterrogatorio, si breve, dos veces bueno2018-04-13

Cuando hablamos de brevedad en sala tenemos la tendencia a pensar, no sin razón, en la duración del informe oral; sin embargo, aquel manjar tan apetecible para los jueces, es igualmente predicable al interrogatorio, y más específicamente al contrainterrogatorio del testigo adverso.

Efectivamente, sin perjuicio del indudable agradecimiento que recibiremos del juez, y que se materializará en una mayor y centrada atención a nuestro interrogatorio, lo cierto es que igualmente concurren una serie de razones que favorecen la habilidad del abogado, de realizar un interrogatorio breve al testigo adverso.

Será pues objeto del presente post, el examen de la misma. 

Para ello hemos de partir del principio esencial en materia de litigación que afirma que sólo se procede a interrogar cuando se tiene un objetivo que desde el punto de vista probatorio resulta relevante y que, en la práctica, tiene visos de ser alcanzable; siendo los objetivos del contrainterrogatorio, desvirtuar la credibilidad y/o el testimonio del testigo.

Consecuentemente, para poder lograr un contraexamen breve es imprescindible que contemos con un objetivo relevante y posible; de lo contrario, mejor no interrogar.

Partiendo de esta idea, debemos considerar que el testigo, sea cual sea su naturaleza (falso voluntario, falso involuntario, neutral, etc.), durante el contrainterrogatorio tratará de mantenerse y persistir en el testimonio que ya ha presentado en el interrogatorio directo previo, por lo que, salvo que obtengamos algún resultado, su versión de los hechos tenderá a perpetuarse ante los intentos del interrogador de obtener algún resultado. Por lo tanto, un interrogatorio que no lo obtenga y se prolongue debido a los continuos intentos infructuosos del abogado, constituye un error que, contrariamente a lo deseado, reforzará el testimonio. De ello se deriva que si no se alcanzan los objetivos previstos, hay que desistir de los mismos y concluir o, en su caso, pasar a otro objetivo.

Lo anterior, lógicamente, no desmerece que si se van obteniendo resultados, se prolongue lo necesario.

Otro factor a considerar es el hecho de que la brevedad del interrogatorio es inversamente proporcional a la importancia del testimonio adverso; de este modo, un interrogatorio breve, incluso aunque no alcancemos nuestros objetivos, tenderá a reducir la importancia del testimonio al igual que un interrogatorio extenso sin logro de objetivos puede ser devastador para quien interroga.

Nuevamente, la excepción reside en el supuesto de que  un prolongado interrogatorio acabe coronándose con un impactante éxito.

En cuanto a la temática del interrogatorio, para que sea breve, deberá cubrir todos los objetivos propuestos, si bien deberá concentrarse en las temáticas esenciales de los que depende nuestro caso y abordarlas con prontitud y eficacia; de ello se sigue que durante el mismo habremos de excluir tratar sobre hechos accesorios, secundarios u otros ya acreditados por otro medio de prueba, lo que facilitará alcanzar la brevedad necesaria.

Respecto a las preguntas, la sensación de celeridad que contribuye a la brevedad se alcanza con el auxilio de preguntas cortas, sencillas y que abarquen un solo punto, o lo que es lo mismo, un tema por pregunta excluyendo las preguntas compuestas. Otra regla esencial para evitar que el interrogatorio se prolongue, es proscribir la consabida repetición de preguntas o reformulación de las mismas.

Finalmente, es sabido que durante el contrainterrogatorio, el abogado debe llevar el absoluto control del mismo, y ello se consigue dándole un mayor ritmo (velocidad) a las preguntas, verdadero heraldo de la brevedad.

En definitiva, cuando decidamos abordar el contrainterrogatorio, debemos desarrollarlo lo más rápidamente posible, dándole una duración cuyo límite residirá en la cobertura de los objetivos planteados, hayamos o no alcanzado el éxito de los mismos.

El Derecho de la Unión se opone al impuesto eslovaco que gravaba al 80 % de su valor los derechos de emisión de gases de efecto invernadero vendidos o no utilizados2018-04-13

Dicho impuesto no respeta el principio de la asignación gratuita de la práctica totalidad de los derechos de emisión para el período 2008-2012

Para los años 2011 y 2012, Eslovaquia gravó al 80 % de su valor los derechos de emisión de gases de efecto invernadero vendidos o no utilizados por las empresas sujetas al régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. [1] Esos derechos habían sido asignados gratuitamente a los operadores económicos con arreglo a la Directiva sobre el régimen para el comercio de derechos de emisión. [2]

La sociedad PPC Power impugnó ante los órganos jurisdiccionales eslovacos la compatibilidad de ese impuesto con la Directiva. El Krajský súd de Bratislava (Tribunal Regional de Bratislava, Eslovaquia), que conoce del asunto, pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva se opone al citado impuesto.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que el objetivo de la Directiva consiste en ofrecer a las empresas sujetas al régimen para el comercio de derechos de emisión la posibilidad de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero sin que se vea comprometida su competitividad. En este contexto, la Directiva prevé que, para el período 2008-2012, los Estados miembros asignen gratuitamente al menos el 90 % de los derechos de emisión.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia precisa que, aunque los Estados miembros sean en principio libres para adoptar medidas fiscales en relación con la utilización de esos derechos de emisión, dichas medidas no deben menoscabar los objetivos de la Directiva.

A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que el valor económico de los derechos de emisión constituye la piedra angular del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, dado que la perspectiva de la venta de los derechos de emisión no utilizados constituye un incentivo para que los operadores económicos inviertan en medidas de reducción de sus emisiones. Para el buen funcionamiento de este régimen, es necesario que un gravamen impuesto por un Estado miembro no suprima dicho valor económico.

Pues bien, el impuesto controvertido priva a las empresas afectadas de la práctica totalidad del valor económico de los derechos de emisión, de modo que esas empresas pierden todo incentivo para fomentar la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia declara que el impuesto de que se trata no respeta el principio de la asignación gratuita de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, menoscaba los objetivos perseguidos por esta Directiva. Por consiguiente, dicho impuesto no es compatible con la Directiva.

[1] Esta tributación fue suprimida el 30 de junio de 2012.

[2] Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO 2003, L 275, p. 32).

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Un menor no acompañado que alcanza la mayoría de edad durante el procedimiento de asilo conserva su derecho a la reagrupación familiar2018-04-13

No obstante, la solicitud de reagrupación familiar debe presentarse dentro de un plazo razonable, en principio, tres meses a partir del día en el que se reconoció al menor interesado la condición de refugiado

Una persona menor de edad de nacionalidad eritrea, que llegó no acompañada a los Países Bajos, presentó una solicitud de asilo el 26 de febrero de 2014. El 2 de junio de 2014, alcanzó la mayoría de edad. El 21 de octubre de 2014, el Secretario de Estado neerlandés le concedió un permiso de residencia en virtud del derecho de asilo, válido durante cinco años, con efectos desde la fecha de presentación de la solicitud de asilo. El 23 de diciembre de 2014, una organización neerlandesa que se ocupa de los refugiados (VluchtelingenWerk Midden-Nederland) presentó una solicitud de autorización de residencia temporal para los padres de la persona interesada (A y S), así como para sus tres hermanos menores, al amparo del derecho a la reagrupación familiar con un menor no acompañado. Mediante resolución de 27 de mayo de 2015, el Secretario de Estado denegó esta solicitud debido a que, en la fecha en la que se presentó, la hija de A y S era mayor de edad.

A y S impugnan dicha denegación. En su opinión, la fecha decisiva para determinar si una persona puede ser calificada de «menor no acompañado», en el sentido de la Directiva de la Unión sobre reagrupación familiar, [1] es la fecha de su entrada en el Estado miembro de que se trate. Por el contrario, el Secretario de Estado considera que la fecha determinante a este respecto es aquella en la que se presentó la solicitud de reagrupación familiar.

El rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya, Países Bajos), que debe resolver este asunto, planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia califica de «menores» a los nacionales de países que no son miembros de la UE y a los apátridas que, en el momento de su entrada en el territorio de un Estado miembro y de la presentación de su solicitud de asilo en ese Estado, tienen menos de 18 años y que, durante el procedimiento de asilo, alcanzan la mayoría de edad y a los que posteriormente se les reconoce el estatuto de refugiado.

El Tribunal de Justicia recuerda, a este respecto, que la Directiva prevé para los refugiados condiciones más favorables para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, dado que su situación requiere una atención especial, debido a las razones que les obligaron a huir de su país y que les impiden llevar allí una vida familiar normal. Más concretamente, los refugiados menores no acompañados disponen de un derecho a tal reagrupación, que no está sujeto a la discrecionalidad de los Estados miembros.

Por otra parte, aun cuando la Directiva no determina expresamente hasta qué momento debe ser menor un refugiado para poder acogerse al derecho a la reagrupación familiar especial, [2] el Tribunal de Justicia declara que la determinación de dicho momento no puede dejarse a la apreciación de cada Estado miembro.
Por lo que se refiere más concretamente a la cuestión de cuál es, en definitiva, el momento en que debe apreciarse la edad de un refugiado para que pueda ser considerado menor y acogerse así al derecho a la reagrupación familiar especial, el Tribunal de Justicia examina el tenor, la lógica interna y la finalidad de la Directiva, habida cuenta del contexto normativo en que se inserta y de los principios generales del Derecho de la Unión.

[1] Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003 sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO 2003, L 251, p. 12).
[2] Artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva.

Según el Tribunal de Justicia, hacer depender el derecho a la reagrupación familiar del momento en que la autoridad nacional competente adopte formalmente la resolución en la que se reconozca la condición de refugiado a la persona interesada y, por consiguiente, de la mayor o menor celeridad con la que dicha autoridad tramite la solicitud de protección internacional, pondría en cuestión la eficacia del derecho a la reagrupación familiar. Esto iría en contra no sólo del objetivo de la Directiva, que es favorecer la reagrupación familiar y conceder, a este respecto, una especial protección a los refugiados (en particular a los menores no acompañados), sino también de los principios de igualdad de trato y de seguridad jurídica. En efecto, esa interpretación tendría como consecuencia que dos refugiados menores no acompañados de la misma edad que hayan presentado en el mismo momento una solicitud de protección internacional podrían ser tratados de distinta manera dependiendo de cuánto durase la tramitación de esas solicitudes. Por otra parte, dicha interpretación tendría como consecuencia que a un menor no acompañado que hubiera presentado una solicitud de protección internacional le resultaría absolutamente imprevisible saber si gozará del derecho a la reagrupación familiar con sus padres, lo que podría menoscabar la seguridad jurídica.

Por el contrario, considerar la fecha de presentación de la solicitud de protección internacional permite garantizar un trato idéntico y previsible a todos los solicitantes que se encuentren cronológicamente en la misma situación, al garantizar que el éxito de la solicitud de reagrupación familiar dependerá principalmente de circunstancias atribuibles al solicitante, y no a la Administración (como la duración de tramitación de la solicitud de protección internacional o de la solicitud de reagrupación familiar).

No obstante, el Tribunal de Justicia puntualiza que, en una situación de este tipo, la solicitud de reagrupación familiar debe producirse dentro de un plazo razonable, a saber, en principio, tres meses a partir del día en el que se reconoció al menor interesado la condición de refugiado.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El Tribunal Supremo declara nula la Orden de Cultura sobre las tarifas de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual2018-04-12
La Sala Tercera estima que omitió el análisis del impacto de la norma en la familia

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas contra la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

El alto tribunal declara nula la citada Orden por haber infringido en su tramitación, y más en concreto en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, la “Disposición adicional décima. Impacto de las normas en la familia”, de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, que establece que “las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia”.

La Memoria de análisis de impacto normativo de la Orden omitió el análisis del impacto de la norma en la familia, lo que fue advertido en su dictamen por el Consejo de Estado.

Por ello, el Supremo declara la nulidad de la Orden por vulneración de la norma imperativa de rango legal que contiene aquella Disposición adicional décima, “pues la ‘familia’ -y más aún, como es normal o habitual, la que integra entre sus componentes hijos e/o hijas menores de edad sobre los que los progenitores, tutores o cuidadores ejercen derechos pero también cumplen o han de cumplir deberes inherentes a la relación jurídica trabada entre unos y otros- es potencial afectada, directamente y/o por repercusión, de las tarifas generales que lleguen a determinarse según la metodología que aprueba la Orden Ministerial impugnada, y siendo ello así, no alcanzamos a ver cuál pueda ser la justificación de aquella total omisión en la memoria de análisis de impacto normativo”, señala la sentencia.

Argumentan que el hecho de que la “familia” como tal “no ejerza en principio una actividad económica que requiera disponer de alguno o algunos de los derechos que integran el amplio y diverso abanico de la “propiedad intelectual”, no es razón suficiente para descartar aquella potencial afectación ni para justificar por tanto la omisión que nos ocupa”.

Las ciberseguridad se convierte en la principal preocupación de los inversores en todo el mundo2018-04-12

El 41% de los inversores se declaran “extremadamente preocupados” por el aumento de los ciberataques. El 54% de los inversores se declaran “muy confiados” en la evolución de la economía mundial en los próximos doce meses, aunque muestran mayores reservas cuando se les pregunta por la evolución de los ingresos de las compañías.

Los inversores lo tienen claro. La ciberseguridad es la mayor amenaza a la que actualmente se enfrentan las empresas y los negocios, según la Global Investor Survey 2018, elaborada por PwC a partir de la opinión de más de 600 inversores en todo el mundo. El 41% de los entrevistados se muestran "extremadamente preocupados" por el aumento de los ciberataques y lo consideran el principal riesgo para las empresas -el año pasado apenas lo situaban en quinto lugar-, por delante de la incertidumbre geopolítica (39%), la velocidad de los cambios tecnológicos (37%), el populismo (33%) y el proteccionismo (32%).

 

El estudio, que compara la opinión de los inversores y de los CEOs sobre los principales desafíos a los que se enfrenta el mundo de los negocios en los próximos meses, revela que ambos colectivos tienen una visión algo distinta sobre cuáles son los grandes riesgos para las empresas (ver gráfico). Los CEOs, por ejemplo, están más preocupados que los inversores por la excesiva regulación, el terrorismo y el aumento de la presión fiscal que los inversores. Mientras que estos últimos ponen el acento en el auge del populismo y del proteccionismo. Eso sí, ambos coinciden en situar a la ciberseguridad, la incertidumbre geopolítica y la velocidad de cambios tecnológicos entre las  grandes  cuestiones les quitan el sueño.

Los inversores -al igual que los máximos ejecutivos- se muestran muy confiados sobre la evolución de la coyuntura internacional en los próximos doce meses. El 54% espera una mejora de la economía mundial -nueve puntos más que en nuestra encuesta de año pasado-. Sin embargo, los inversores son más pesimistas que los CEOs acerca del crecimiento de los ingresos de las empresas en el corto y medio plazo: sólo el 23% se muestra muy confiado por el 47% de los presidentes y consejeros delegados (ver gráfico). De nuevo, ambos coinciden en priorizar el crecimiento orgánico por delante de la reducción de costes, la creación de alianzas o las fusiones o adquisiciones.

Porcentaje de inversores y CEOs muy confiados en la evolución de los ingresos de las empresas en las que invierten o lideran, en el corto y medio plazo.

 

Pero aquí no acaban las discrepancias entre unos y otros. Los inversores, por ejemplo, esperan unos mayores niveles de disrupción que los CEOs de la tecnología (85% vs 64%), del comportamiento de los consumidores (81% vs 68%), y de los nuevos canales de distribución (75% vs 60%). Además, aumentan respecto al año pasado -del 13% al 26%- el porcentaje de los inversores que esperan una reducción de las plantillas en 2018 como consecuencia de la automatización.

ARANZADI FUSIÓN

Los clientes de Thomson Reuters que utilizan Aranzadi Fusión tienen garantizada el mayor nivel de seguridad para su información. Esto es debido a que la aplicación se encuentra alojada en uno de los DataCenter corporativos de Thomson Reuters, que cuenta con la ISO 27001 (referente a la seguridad de la información) y la ISO 9001 (referente a la calidad).

Adicionalmente, nuestras aplicaciones son testeadas con diferentes escáneres por parte de un proveedor externo experto en seguridad (Veracode) que se encargan de detectar posibles vulnerabilidades como pueden ser SQL Injection o Cross-Site Scripting (XSS). Estos escáneres se encargan de asegurar que nuestras aplicaciones cumplen con los requisitos que son necesarios para evitar cualquier problema referente a la seguridad de los datos almacenados por nuestros clientes.

Victoria Ortega, primera presidenta de Unión Profesional2018-04-12

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha sido elegida nueva presidenta de Unión Profesional durante las elecciones que han tenido lugar esta mañana en la sede del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales.

Victoria Ortega ha sido proclamada presidenta de Unión Profesional por aclamación tras retirar -en la segunda ronda de votaciones- su candidatura Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos.

Serafín Romero y Victoria Ortega

En la presentación de su candidatura, Victoria Ortega ha reconocido que se ha avanzado mucho en los 40 años de vida de Unión Profesional pero “nos encontramos en un momentos estratégico para abordar unos grandes retos que permitan devolver la confianza de los ciudadanos en las instituciones”. Entre sus propuestas, la nueva presidenta de Unión Profesional ha defendido, entre otros aspectos, trabajar en los principios comunes de las profesiones mirando a Europa, la coordinación de proyectos profesionales conjuntos en diversas áreas sociales o alcanzar un proyecto consensuado de ley de Consejos y Colegios Profesionales.

Las novenas elecciones a la presidencia de la entidad estatal que agrupa a 33 Consejos Generales y Colegios Estatales, en la que están representados los sectores jurídico, sanitario, científico, social, técnico, docente, arquitectónico y económico, han sido celebradas en el Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI).

«Somos instituciones que estamos colaborando y no compitiendo», fueron unas de las primeras palabras de Ortega, con las que estuvo de acuerdo el también candidato en estas elecciones, Serafín Romero, presidente del Consejo General de Médicos (CGCOM), quién se retiró del proceso electoral en favor de la unidad y por el bien global de las profesiones, ya que tal y como manifestó «solos se llega antes, pero juntos se llega más lejos».

Es la primera vez que esta institución, que cumple treinta y ocho años, es presidida por una mujer. Victoria Ortega, hasta este momento, vicepresidenta de Unión Profesional, enfatizó en el perfil social de UP, así como en trabajar conjuntamente por fortalecer aspectos propios de las profesiones colegiadas, como la deontología y la formación continua (Desarrollo Profesional Continuo y Validación Periódica de la Colegiación), tanto en el ámbito nacional, como en el internacional.

«Unión Profesional debe mantenerse en la sociedad como una institución sólida y de confianza», precisó la nueva presidenta de UP, convencida de los aspectos comunes y transversales que unen a las profesiones y del compromiso de las mismas con la ciudadanía.

Bankia sigue recurriendo sus polémicas preferentes2018-04-11

La Audiencia Provincial de Madrid resolvió el pasado 13 de marzo la confirmación de la nulidad de unas preferentes de Bankia colocadas en el 2011. La sentencia de primera instancia, del juzgado nº 5 de Alcalá de Henares había decretado la nulidad de su colocación y por tanto obligaba al banco a devolver los 35.000€ invertidos más el interés legal del dinero.

A cambio, los clientes debían devolver los 2.540,15€ de rendimientos de los cupones trimestrales y las acciones de Bankia del canje obligatorio. “Parece increíble que Bankia que era la que parecía haber asumido su responsabilidad en la colocación de las preferentes, tenga -sin embargo- una actitud jurídica tan defensiva”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.

El punto de controversia estriba en el plazo de caducidad. Bankia alega que el plazo de caducidad debería de contabilizarse desde que Bankia anuncia a la CNMV la suspensión de los pagos de los cupones, esto es el 1 de junio de 2012. O en todo caso, desde que el cliente dejó de cobrar el cupón, el 7 de julio de 2012. Bajo esta perspectiva, la acción habría quedado caducada y por tanto habría perdido la oportunidad de recurrir.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid recuerda su propia sentencia de 4 de diciembre de 2017 en la que recuerda a su vez la doctrina del Supremo: el plazo para calcular la caducidad debe de contabilizarse desde que el cliente tuvo “pleno y cabal conocimiento” de lo que estaba contratando. “No basta con haber cesado en el pago de los cupones. Ha de comunicarse al interesado”, señala el Supremo.

El Alto Tribunal también ha señalado que en el caso de las preferentes, el plazo para calcular la caducidad debe de calcularse desde la fecha en la que se implementan las acciones de gestión de los instrumentos híbridos por parte del Frob “y no la suspensión de los cupones”. ¿La razón? “No se puede negar la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable”, concluye el Supremo.

“Bankia sigue tratando de buscar burladeros jurídicos para tratar de evitar las responsabilidades por las colocaciones incorrectas y poco transparentes de sus preferentes. El resultado es siempre el mismo, el reproche judicial”, señala el socio-director de navascusi.com

La Audiencia Provincial de Madrid decreta el “inacogimiento del único reproche alzado en la sentencia recurrida”, es decir, confirma el fallo de primera instancia y condena al banco al pago de las costas procesales originadas por la alzada. “Tanto los criterios de fondo como los de caducidad están muy claros; recurrir sólo sirve para dilatar el reproche. Lo que deben de hacer los bancos con las preferentes es asumir su mala praxis y resarcir a sus clientes lo antes posible”, concluye Navas.

ACOREO demandará a Facebook2018-04-11

·         La normativa de protección de datos permite a los usuarios afectados solicitar una indemnización

En el último año, Facebook ha sido multada en España con más de un millón y medio de euros, y la cifra puede aumentar considerablemente. En pasado jueves, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunció que había abierto actuaciones de investigación para analizar la posible fuga de datos de casi 137.000 usuarios españoles, (que ha afectado a más de 87 millones de personas en todo el mundo).

 “Además de la sanción que pueda imponer la AEPD (que es una de las Autoridades de Control más rigurosas y prolíficas de Europa), la red social podría encontrarse con miles de demandas de afectados reclamando una indemnización”, señalan desde la Asociación ACOREO, que se prepara para iniciar procedimientos frente a la compañía.

La Asociación, que tiene más de 100 abogados en España, cuenta para esta acción con el letrado especializado en internet, Luis Gervas de la Pisa, que recientemente consiguió que se les impusiera una sanción de 600.000€, a Facebook y Whatsapp, junto a otros denunciantes, y que en 2016 consiguió una sanción contra Google por 150.000 €.

Según indica el abogado vallisoletano “no es país para Facebook. La tecnológica ha indicado que se pondrá en contacto con los usuarios para comunicarles si sus datos se han comprometido o no, y desde ese momento los afectados pueden valorar qué acciones tomar”.  El letrado no es demasiado confiado: “habrá que ver si las comunicaciones de Facebook son suficientemente claras, porque en otras ocasiones (por ejemplo, cuando anunciaron que podrían leer el contenido de los mensajes privados con fines publicitarios), la información era de todo menos transparente, desde mi punto de vista”.

Al margen de las comunicaciones que Facebook pueda hacer, Gervas señala que cualquier usuario de la famosa red social podría conocer si está afectado, ejercitando sus derechos contra Facebook, “lo que resulta algo más lento pero es un mecanismo efectivo para conocer la afectación concreta”.

Las investigaciones concluyen que el fallo de LexNET no afectó a expedientes judiciales2018-04-11

CGPJ y AEPD confirman que no se vieron afectados ficheros jurisdiccionales ni documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía.

​Una vez que se han hecho públicas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sus conclusiones sobre la investigación relativa al incidente de seguridad del sistema LexNET que se produjo el pasado mes de julio de 2017, ha quedado probado que el fallo no afectó a ficheros jurisdiccionales ni a expedientes completos y que los documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía no estuvieron expuestos en momento alguno. Puesto que en LexNET no existen expedientes completos, el número de documentos que se vieron afectados fue muy limitado y se estima que el número de buzones que pudo verse perjudicado apenas fue el 0,1%.

La AEPD reconoce que el Ministerio de Justicia ha colaborado con total transparencia, lealtad y respeto institucional en las investigaciones y desde el primer momento reconoció el fallo que, debido a un error de programación y control en una actualización de LexNET por parte de la empresa que desarrolla el sistema, permitía a los usuarios acreditados con certificado digital y tras una serie de acciones, acceder al buzón de un tercero. Dado que el error informático que se produjo afectó a determinados ficheros no jurisdiccionales, se ha declarado una infracción automática en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Un total de 140 usuarios accedieron de forma irregular a 150 buzones que no les pertenecían y visualizaron 1.023 mensajes de forma no autorizada, aunque no descargaron contenidos. Fueron 74 los que sí lo hicieron de 431 mensajes consistentes en notificaciones ya practicadas y limitadas a los 60 días anteriores. La Agencia da por probado que no se podían manipular documentos, acceder a comunicaciones que no hubieran sido abiertas previamente por el usuario legítimo, ni presentar escritos en nombre de otros usuarios, así como que no pudieron visualizarse mensajes anteriores a 60 días dado que el sistema borra los datos de forma automática.

Constata asimismo, los esfuerzos realizados por el Ministerio de Justicia para mitigar el incidente de seguridad y evitar situaciones similares en el futuro. El Ministerio ha diseñado 69 medidas correctivas y preventivas, de las que 55 ya se han implementado y el resto se encuentra en fase de desarrollo y pruebas. Todo ello hace que hoy LexNET sea mucho más seguro que antes del incidente.

Con anterioridad han archivado el expediente de investigación sin infracción alguna, tanto el Consejo General del Poder Judicial, como el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, supervisor de servicios no cualificados de entrega electrónica certificada como es LexNET.

Con la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos concluyen las actuaciones que las diferentes autoridades con competencias y los servicios de inspección del Ministerio han venido realizando sobre el incidente de LexNET.  

El Gobierno intensificará el control de las contrataciones formativas, a tiempo parcial y temporales injustificadas2018-04-10

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó nuevas medidas para intensificar el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos. A tal fin dio luz verde al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, un Plan que, según explicó el Ejecutivo, “identifica a la Inspección como la institución pública para la garantía de la calidad del empleo”. El documento ya tiene su traducción normativa por medio del Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, que fue publicado en el BOE del pasado sábado.

El Plan Estratégico recoge las actuaciones de las que se dotará a la inspección para intensificar el control. Entre otras cabe destacar: el incremento de los "recursos humanos suficientes en número, altamente cualificados y especializados en materias concretas". En este sentido se prevé el despliegue de los nuevos subinspectores laborales de la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo y la potenciación de la Escuela de Inspección. La norma se enmarca en la Agenda integral para la calidad del empleo del Gobierno y se estructura en cuatro ejes: organización, calidad en el servicio, eficacia en la actuación y asistencia y mediación. Fija además nada menos que doce objetivos y cien líneas de actuación para los próximos años.

El refuerzo de los medios humanos constituye una prolongación del implementado desde la aprobación en 2012 del Plan de Lucha contra el Fraude. Según informó el Gobierno, desde esa fecha  y con el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo en marcha se habrán incorporado una cifra de hasta 845 nuevos Inspectores y Subinspectores. Añade que gracias a una "coordinación más intensa en la lucha contra el fraude entre la Inspección de Trabajo, otros organismos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas han mejorado la eficacia de las actuaciones inspectoras".

Detectados 519.056 empleos irregulares desde 2012

En cifras y durante estos últimos seis años se han aflorado 519.056 empleos irregulares, que eran empleos sin derechos; se han detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones. Así mismo se ha logrado la conversión de más de más de 359.191 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos. El impacto económico global estimado es de 21.198 millones de euros.

Organismo Autónomo de nueva creación

El Real Decreto 192/2018 desarrolla la Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fue aprobada durante la pasada legislatura.

La piedra angular del nuevo modelo organizativo de la Inspección de Trabajo establecido por dicha Ley era la transformación de la actual Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un Organismo Autónomo de nueva creación, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos Estatutos han sido aprobados por este Real Decreto. De hecho, dicho Organismos Estatal será además el encargado del despliegue y de la completa ejecución del Plan Estratégico 2018-2020. Integrará a todo el personal que hasta ahora presta servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, unos 3.000 empleados públicos entre Inspectores, Subinspectores y personal de apoyo. Asimismo, estará desplegado en las 17 Comunidades Autónomas, en todas las provincias españolas, y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Accede al Real Decreto 192/2018

La juez estima el recurso del Arzobispado de Zaragoza contra el acuerdo municipal para inmatricular las iglesias2018-04-10
Entiende la magistrada que el acuerdo alcanzado por el gobierno municipal no se ajusta a derecho al no contar con el informe preceptivo previo del secretario o de la asesoría jurídica necesarios para poder hacer una valoración justa y acertada antes de adoptar el acuerdo

Autor Comunicación Poder Judicial

La magistrada del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Zaragoza ha estimado el recurso presentado por el Arzobispado de Zaragoza contra el punto primero del acuerdo adoptado por el Gobierno del municipal de la capital que establece la declaración de dominio municipal la Catedral de San Salvador (La Seo), la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena y los templos de San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor, iglesias todas ellas ubicadas en Zaragoza y hasta el momento propiedad del Arzobispado, para que pasaran a ser de utilización pública.

Basándose en la jurisprudencia dictada, entiende la juzgadora que el equipo de gobierno municipal debería haber contado, antes de alcanzar el acuerdo, “con el dictamen previo del Secretario, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado”, y ello porque “la propia jurisprudencia valora como esencial ese dictamen previo preceptivo de modo que es nulo el acuerdo adoptado sin que el mismo se haya producido ya que la ausencia de ese requisito sustrae elementos de juicio necesarios para una valoración justa y acertada de la solución adoptada por la Corporación Local” y añade que “la carencia de ese informe preceptivo comporta la nulidad del acuerdo adoptado”.

Valora la magistrada que el cumplimiento de este trámite “no es superfluo ni inocuo”, sino que garantiza que las Corporaciones Locales hagan un uso reflexivo de las acciones judiciales que puedan emprender en defensa de los intereses generales que representan”.

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El Colegio de Abogados de Madrid se erige en defensa de la cultura y los derechos de autor2018-04-10
  • José María Alonso: “La abogacía debe estar al servicio del arte y favorecer una industria cultural profesionalizada”

Destacados representantes del mundo artístico y el sector legal se dieron cita ayer en el Colegio de Abogados de Madrid con motivo de la inauguración de la sección sobre Derecho y Cultura. Dos ámbitos que no pueden desvincularse, pues, como señaló José María Alonso en sus palabras de bienvenida, “el mundo artístico tiene infinidad de connotaciones jurídicas e incide en distintas ramas del Derecho, desde el Mercantil hasta el Administrativo”. Para el decano, “la abogacía debe estar al servicio del arte y favorecer una industria cultural profesionalizada”, un objetivo que la sección número 32 del Colegio ayudará a lograr, a la vez que refuerza el papel de la institución en defensa de los derechos de los ciudadanos.

El responsable de dirigir esta iniciativa, el abogado Antonio Muñoz Vico, fue el encargado de moderar un acto inaugural en el que intervinieron el escritor y presidente del Consejo Editorial de la revista ‘Abogacía’ Lorenzo Silva, la soprano Delia Agúndez, la coordinadora general de Conservación del Museo del Prado Karina Marotta y el abogado y dramaturgo Antonio Garrigues.

En sus palabras de presentación, Muñoz señaló que la cultura debe considerarse como un “activo económico desprejuiciado y desprovisto de ideología”. Respecto a los objetivos de la sección, avanzó que estarán orientados a “crear un marco jurídico que promueva la inversión pública y privada, dignificar el trabajo creativo y potenciar la difusión y la creación de la cultura en libertad”.

Desprotegida e infravalorada

La lengua española, como destacaba Silva, es el segundo idioma mundial después del chino, lo que contrasta con “la ausencia de atención del legislador a la producción cultural en España”, donde el sistema de tributación ni siquiera contempla la categoría de escritor (salvo en Navarra). El autor también abordó la cuestión de la piratería, denunciando que en España “la propiedad intelectual está absolutamente desprotegida, el tipo penal es casi imposible de aplicar, y el procedimiento administrativo está encomendado a un ministerio sin suficientes activos”.

Agúndez, por su parte, ofreció la perspectiva del sector de la música antigua, aclarando que “no son los niños mimados de las subvenciones” y que se enfrentan a una realidad en la que no se les reconoce todo el trabajo que realizan: “en España hay una infravaloración de la cultura a nivel educativo y social”, señaló. Junto a la precariedad de la profesión, la soprano denunció un sistema de cotizaciones inadecuadas, la falta de participación sindical y la brecha salarial.

Una protección eficaz requiere “acuerdos parlamentarios y el apoyo estatal”, indicó Marotta, y aunque el del Prado se benefició en su momento de un pacto de Estado, la conservadora reconoció que “hay muchos museos que no tienen esta oportunidad”. Es indudable que “las colecciones recepcionadas por el Prado han sido un elemento vertebrador de la identidad nacional”, afirmó, de ahí que sea necesario un cambio de mentalidad que supere la concepción del arte como “un lujo o algo superfluo”. Desde el punto de vista jurídico, Marotta denunció la “hipertrofia en la regulación administrativa” y las trabas que la nueva ley de contratación pública, que entró en vigor el pasado marzo, conlleva.

Protagonismo de la ciudadanía

Para Garrigues, sin embargo, “en España hay un ansia cultural absolutamente indiscutible, porque la gente es consciente de que es la que da calidad democrática y bonanza económica”, y destacó que el país recibe “82 millones de turistas que vienen a consumir nuestra cultura”. La falta de voluntad política a la hora de consensuar una ley de mecenazgo hace pivotar el protagonismo hacia la sociedad, advirtió el jurista, por lo que el impulso “tiene que provenir de la ciudadanía, que no puede quedarse al margen”. En este sentido cabe ser optimistas pues, como recordó el letrado, “hasta ahora, la ciudadanía española ha superado todos los problemas que ha afrontado”.

Nueva sentencia del TS declarando de utilidad pública a una asociación deportiva2018-04-09

El reconocimiento de la condición de utilidad pública de una entidad sin ánimo de lucro, y más en el caso de las organizaciones deportivas, es uno de los principales puntos a tener en cuenta en el asesoramiento jurídico a este tipo de organizaciones.

Para valorar la importancia de dicho reconocimiento, mencionar el cambio jurisprudencial que obtuvo el despacho Gros Monserrat Abogados en el año 2011 por parte del Tribunal Supremo. Éste, con sentencia del 22 de noviembre de 2011, declaró de utilidad pública al “Club Natació Manresa”, fijando por consiguiente, que la trascendencia social de la actividad desarrollada por la entidad, implica que nos encontremos ante un supuesto merecedor de la calificación de utilidad pública.

Hasta ese momento, se aplicaba estrictamente la normativa reguladora, en el que el informe favorable a tal pronunciamiento de la Agencia Tributaria se postulaba como preceptivo. No obstante, a partir de la doctrina del Tribunal Supremo aplicada en la referida sentencia, se empezó a cuestionar tal carácter preceptivo y vinculante del informe de la Agencia Tributaria, que realizaba una interpretación muy restrictiva del concepto de “interés general”.

De esta forma, según la Agencia Tributaria, la mayoría de las solicitudes deben de desestimarse puesto que según la misma no quedaba garantizado el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, relativo a que las finalidades estatutarias de la entidad tendieran a promover el interés general, manifestando básicamente que tales entidades desarrollaban actividades empresariales consistentes en la prestación de servicios mediante contraprestación económica, con lo que los servicios prestados por éstas no irían dirigidos a beneficiar directamente a una colectividad genérica de personas.

No obstante, Francesc Costa, socio del despacho Gros Monserrat Abogados y quien lideró estas impugnaciones ante el Alto Tribunal, argumentó frente a los requerimientos de la Hacienda pública, que el hecho de llevar a cabo una explotación económica no motiva per se que no pueda considerarse que los fines estatutarios de una entidad sin ánimo de lucro tienden a promover el interés general.

Por consiguiente el Tribunal Supremo fijó que el hecho de llevar a cabo una actividad económica por parte de la asociación en ningún caso puede privarle de la consideración de entidad de utilidad pública, por cuanto que lo fundamental es la falta de ánimo de lucro de la misma y los recursos derivados de la explotación económica son necesarios para el desarrollo de la actividad al reinvertirse en ella.

El hecho que la asociación pueda restringir el acceso a ciertas actividades a terceros, no implica que no se esté cumpliendo  con los requisitos de beneficiar a la colectividad, ya que en algunos casos deberá restringirse el acceso a las actividades para garantizar la seguridad de los usuarios. Del mismo modo, exigir el pago de entrada o matrícula para tal actividad no implica incumplir este requisito, ya que tal precio se reinvierte en la consecución de las finalidades sociales, careciendo de ánimo de lucro.

Recientemente, y como ya ocurrió en 2011, el despacho Gros Monserrat Abogados ha vuelto a obtener la declaración de utilidad pública para una nueva organización deportiva, con sentencia del Tribunal Supremo del pasado 22 de marzo de 2018. Esta sentencia, acogiendo los argumentos de la referida sentencia de 22 de noviembre de 20011, reitera que “no cabe entender que a prestación onerosa de un servicio conduzca necesariamente a conceptuar que la asociación que lo presta carezca de interés general, por cuanto que para ello habrá que tener en cuenta las actividades que realiza para el cumplimiento de su objeto social, si éstas redundan en beneficio de la colectividad, y del destino que se aplican a los ingresos que la entidad pudiera obtener”.

Carácter reglado de la actuación administrativa

Asimismo, la referida sentencia, reitera y consagra un principio de vital importancia en este asunto ya apuntado en las sentencias dictadas en el mes de octubre de 2015, que no es otro que el carácter reglado de la actuación administrativa, de forma que “aunque el artículo 32 de la LO 1/2002 establezca que las asociaciones “podrán ser declaradas de utilidad pública” cuando cumplan con los requisitos establecidos, la utilización de la expresión “podrán” no podrá llevar a pensar que nos encontramos ante una potestad discrecional, pues se trata aquí de un procedimiento reglado, de forma que las asociaciones que cumplan con los requisitos establecidos en la norma han de recibir la calificación de utilidad pública en caso que la soliciten”.

Del mismo modo, el Tribunal Supremo recuerda a la Agencia Tributaria que para la considerar de interés general una actividad, “lo determinante no es la obtención de un beneficio económico, sino el destino al que éste va dirigido”, de forma que “no cabe equiparar interés general con gratuidad o ausencia de ánimo de lucro; del mismo modo que no existe equivalencia entre ánimo de lucro y contraprestación de servicios prestados”.

Finalmente, en la sentencia referida, se destaca que las actividades que realiza la entidad, de promoción y fomento del deporte, redundan en beneficio de la colectividad y tienden a promover el interés general, parafraseando de forma brillante distintos párrafos del artículo 1 de la Ley 10/1990 del deporte, en el que se establece que la práctica del deporte “como factor fundamental de la formación y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes públicos del Estado”; concluyendo que según el artículo 1.3 de la referida ley, “el Estado reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de promoción desarrollada por las Asociaciones deportivas”. Evidentemente, una de las formas de las que dispone el Estado para reconocer y estimular tales acciones es reconocer la condición de utilidad pública a las entidades que la llevan a cabo.

José María Alonso, nuevo presidente de la Unión Interprofesional de Colegios Profesionales de Madrid2018-04-09

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha sido elegido presidente de la Unión Interprofesional de Colegios Profesionales de Madrid (UICM) tras obtener el respaldo mayoritario de los Colegios en las elecciones celebradas ayer en la sede de la Corporación madrileña. “Llego a esta presidencia con muchas ganas de trabajar y de cumplir unos objetivos que considero irrenunciables”, ha señalado Alonso en sus primeras palabras al frente de una organización que agrupa a cerca de 300.000 profesionales de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica.

Con la autoexigencia como condición imprescindible para hacerse acreedores de la confianza de los ciudadanos, el nuevo presidente de la Unión Interprofesional se propone incrementar su presencia en la sociedad civil y generar un espacio productivo de cooperación, participación y creación de sinergias en el que todos sumen en favor del interés general.

“Los Colegios profesionales son una de las principales garantías de la buena praxis y un excelente aliado de la Administración para impulsar la economía y la educación. Contribuimos en gran medida al progreso cultural, social y económico de nuestro país”, ha afirmado Alonso.

“Estoy convencido de que entre todos podemos sumar esfuerzos” para transmitir a la sociedad “nuestra vocación de servicio” y “el compromiso de cada profesión para enriquecer el mundo científico, cultural, técnico o social en el que se proyecta”, ha recalcado el decano.

Tras las elecciones celebradas ayer, la composición de la Junta Directiva de la UICM queda de la siguiente manera:

Presidente: José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid
Vicepresidentes: Miguel Ángel Carrillo, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación Madrid; y José María Ezquiaga, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Secretario general: Jaime Cabrero , presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid
Tesorero: Eladio Acevedo, presidente del Colegio Central de Titulados Mercantiles.
Contador: Luis J. González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Vocales: Gonzalo Echagüe, presidente del Colegio de Físicos; Ángel Cámara, del Colegio de Ingenieros de Minas de España; María Cruz Díaz, decana del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Centro y Canarias; Pedro Layna, decano-presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid; y María Teresa Estevan, del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.

Sobre UICM

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) es una Asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los Colegios Profesionales originarios de esta Comunidad, así como a aquellos Colegios Nacionales que tienen su sede en la misma. Actualmente está integrada por 33 Colegios Profesionales donde se inscriben cerca de 300.000 profesionales de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica.

El objetivo principal de Unión Interprofesional es lograr la mayor presencia de los profesionales en la sociedad y contribuir a la promoción de la función social de los Colegios asociados.

El Tribunal Supremo condena a indemnizar con 10.000 euros a una exclienta de Vodafone incluida en un fichero morosos por no pagar las penalizaciones2018-04-09
La Sala señala que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, como ocurrió en este caso

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha condenado a una empresa de reclamación de deudas a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a una mujer cuyos datos incluyó en dos registros de morosos por una deuda de 200 euros que Vodafone le reclamaba en relación a servicios de telefonía móvil, y con la que ella estaba en desacuerdo, ya que ello fue una vulneración de su derecho al honor.
El Supremo destaca que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, como ocurrió en este caso.

El tribunal estima el recurso de la mujer, exclienta de Vodafone, y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que no consideró ilícita la inclusión de los datos personales en los registros de morosos. Así, repone la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lena, que sí apreció la vulneración del derecho al honor de la mujer por parte de Sierra Capital Management 2012 S.L., a quien Vodafone había cedido el crédito por el importe de la deuda que reclamaba a dicha persona.

La sentencia relata que la demandante firmó un contrato de telefonía con la empresa Vodafone en abril de 2011, y que desde el principio de su relación contractual se produjeron irregularidades en la facturación emitida por Vodafone, que la mujer comunicó a la operadora de telefonía, de modo que ésta fue emitiendo diversas facturas rectificativas en las que eliminaba cargos indebidos.
La cliente, no satisfecha con la actuación de Vodafone, se dio de baja en el servicio en agosto de 2012. Tras esta baja, la empresa le giró varias facturas, en las que se incluían cantidades correspondientes a penalizaciones. La demandante solo pagó parte de estas facturas, por no estar conforme con su importe total.

Vodafone cedió a Sierra Capital Management 2012 S.L. un crédito de 297,80 euros que afirmaba tener frente a la excliente. Sierra Capital remitió a ésta en julio de 2013 una carta en la que le comunicaba la cesión del crédito, le reclamaba el pago de 297,80 euros y le advertía que si no efectuaba el pago en el plazo de diez días incluiría sus datos en un registro de morosos. La mujer solo pagó la cantidad de 97,80 euros por no estar conforme con las penalizaciones que se le pretendían cobrar.

Sierra Capital comunicó los datos de la demandante a dos ficheros de datos sobre solvencia patrimonial, Equifax, en agosto de 2013, y Experian, en octubre de 2015, por una deuda de 200 euros. Estos ficheros comunicaron estos datos a varias entidades crediticias. En junio de 2015, la mujer solicitó una tarjeta de crédito en Banco Popular y le fue denegada por estar incluida en un fichero de morosos.

Deudas no pacíficas

En su sentencia, el Supremo aplica al caso su doctrina sobre la inclusión de datos personales en ficheros de morosos, y destaca que “no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio. Para que concurra esta circunstancia en la deuda, que excluya la justificación de la inclusión de los datos personales en el registro de morosos, basta con que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza”.

“Si la deuda es objeto de controversia, porque el titular de los datos considera legítimamente que no debe lo que se le reclama, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado. Puede que la deuda resulte finalmente cierta y por tanto pueda considerarse como un dato veraz. Pero no era un dato pertinente y proporcionado a la finalidad del fichero automatizado, porque este no tiene por finalidad la simple constatación de las deudas, sino la solvencia patrimonial de los afectados. Por ello solo es pertinente la inclusión en estos ficheros de aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, agregan los magistrados.

Asimismo, el Supremo indica que la inclusión de los datos personales de la demandante en los registros de morosos, “cuando se habían producido reiteradas irregularidades en la facturación de sus servicios, que provocaron las protestas de la demandante y la emisión de facturas rectificativas, y, en definitiva, determinaron la disconformidad de la cliente con el servicio prestado y con las facturas emitidas, puede interpretarse como una presión ilegítima para que la demandante pagara una deuda que había cuestionado, sin que existan datos que permitan considerar abusiva o manifiestamente infundada la conducta de la afectada”

La Sala explica que la postura del cliente que no aprovecha la existencia de incorrecciones en la facturación para dejar de pagar cualquier cantidad, sino que paga aquellas partidas que considera correctas y no paga las que razonablemente considera que no lo son, “no puede perjudicarle y ser interpretada como un reconocimiento de la deuda. Por el contrario, constituye un indicio de la seriedad de su postura, puesto que no ha buscado la excusa de la incorrección de algunas partidas para dejar de pagar por completo los servicios que efectivamente ha utilizado”, indican.

El tribunal cree que tampoco puede servir de excusa a la empresa demandada el hecho de que ella no sea la acreedora originaria y que la cedente (Vodafone) le haya asegurado la veracidad del crédito. “Si ello fuera así, bastaría una cesión del crédito para que los derechos que para los particulares resultan del principio de calidad de los datos exigido por la normativa de protección de datos de carácter personal resultaran vacíos de contenido”, señala la sentencia, que agrega que las reclamaciones que Sierra Capital pueda realizar frente a Vodafone con base en sus relaciones internas derivadas de la cesión del crédito “constituyen una cuestión ajena a la acción ejercitada por la cliente frente a quien incluyó sus datos en los registros de morosos”.

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El Gobierno solo destina a Justicia el 1,06% del presupuesto para campañas institucionales2018-04-06

750.000 de un total de 71,56 millones de euros, esa es la cantidad que el Ejecutivo ha asignado al Ministerio de Justicia con cargo al Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2018. Dicho de otra forma, contempla para las tres campañas asignadas al Ministerio el 1,06% de la inversión institucional para el ejercicio en curso.

El Plan, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes, concentra en cinco ministerios el 90% del total del esfuerzo presupuestario: Energía, Turismo y Agenda Digital; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Interior; Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y Hacienda y Función Pública. El organismo que más campañas planificará es el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con un total de 49.

Las tres campañas de Justicia

Cada una de las tres campañas que se desplegarán desde el Ministerio de Justicia tienen asignado un presupuesto de 250.000 euros. Este es el detalle de cada una de ellas:

  • Un nuevo Registro Civil al servicio de los ciudadanos. Su objetivo es: dar a conocer entre los ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España, el nuevo Registro Civil electrónico que otorgará a cada ciudadano un código personal a partir del cual todos sus hechos vitales (inscripción de nacimientos o defunciones, bodas, concesión de nacionalidad) estarán ordenados de forma cronológica y permitirá la simplificación de numerosos trámites a efectos de prestaciones de la seguridad social, deducciones fiscales, identidad a efectos policiales y de seguridad, censo y servicios sanitarios.
  • Algo está cambiando en la Justicia. Su objetivo es: informar sobre la transformación de los tradicionales juzgados con expedientes en papel que serán sustituidos por juzgados digitales con nuevos servicios electrónicos que gradualmente estarán a disposición de profesionales y ciudadanos.
  • La mediación también es justicia. Su objetivo es: sensibilizar a ciudadanos y empresas sobre el uso de la mediación como forma de resolver los conflictos de manera más rápida y económica, responsabilizándose de su solución.

Un total de 102 campañas

En el Plan se recoge información detallada de cada una de las 102 campañas institucionales que serán desarrolladas en 2018 por los ministerios, organismos y entidades públicas, con especificación de objetivos de cada campaña, coste previsible, aplicación presupuestaria, periodo de ejecución, herramientas de comunicación a utilizar, difusión, públicos a los que se dirigen, idioma, evaluación a realizar y medidas de accesibilidad previstas.

Las campañas de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y al cuidado del entorno acaparan algo más de un 76% de la inversión institucional. Se centrarán en ámbitos como: seguridad vial; ahorro y eficiencia energética; alimentación e información alimentaria; protección y conservación de la naturaleza y de los recursos naturales; tenencia de animales, consumo y buen uso del agua; cambio climático; reciclado; estilos de vida y alimentación saludables; salud; vacunación frente a la gripe; prevención del VIH; uso prudente de los antibióticos; prevención del consumo de alcohol y tabaco; envejecimiento activo e inclusión personas con enfermedad mental. Además, se desplegarán campañas específicas para la promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos; servicio exterior; estudiantes Erasmus, fiscalidad; mediación en la justicia; difusión de las políticas de empleo; tarjeta social universal; bono social energético; ayudas de la PAC; promoción de la corresponsabilidad y violencia de género.

Acceda al Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2018

José María Alonso reivindica en la Asamblea de Madrid un mayor peso institucional para la Abogacía2018-04-06
  • El decano del Colegio de Abogados de Madrid ha pedido a la presidenta de la Cámara que se impulse el proyecto de la Ciudad de la Justicia

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, por medio del decano José María Alonso, ha transmitido hoy a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, su deseo de potenciar la presencia de la Abogacía madrileña en el Parlamento regional. Durante el encuentro institucional, que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la Cámara, se han abordado también cuestiones tan relevantes para los profesionales de la Abogacía como la mejora en las infraestructuras y en las tecnologías judiciales o la necesidad de contar con una Ley de Mediación de la Comunidad.

Con objeto de aumentar el peso institucional de la Abogacía madrileña, el decano ha solicitado una mayor participación del Colegio para informar y asesorar a la Cámara en materias relacionadas con la Administración de Justicia, de acuerdo al Art. 211 del Reglamento de la Asamblea de Madrid que regula las comparecencias de otras entidades.

En relación a las infraestructuras, Alonso ha incidido en la necesidad de que se impulse definitivamente una Ciudad de la Justicia, proponiendo la elaboración de un estudio con dotación presupuestaria para calibrar la viabilidad del proyecto. De forma paralela, y hasta la consecución del mismo, el decano ha solicitado que se mejoren las sedes actuales y se concentren por órdenes jurisdiccionales.

En materia tecnológica, el Colegio ha apostado por la transformación digital de los órganos judiciales y la puesta en funcionamiento del expediente judicial electrónico. Para ahorrar tiempo y costes en la tramitación procesal, se ha solicitado el incremento del número de equipos de videoconferencia y que los profesionales de la abogacía puedan acceder al Sistema de Información Judicial IUS Madrid.

En el ámbito legislativo se ha propuesto que, como ya sucede en otras Comunidades, se promueva una Ley de Mediación que establezca un marco regulador que no se limite a la mediación familiar. También se ha solicitado la regulación de los puntos de encuentros familiares en la Comunidad de Madrid, así como un régimen jurídico básico para regular la cualificación profesional de los miembros de los equipos psicosociales.

En el encuentro, la Junta de Gobierno ha señalado la necesidad de adoptar medidas de reconocimiento a la labor de los abogados del Turno de Oficio.

El Supremo le reconoce a FI-USO el derecho a estar en la Comisión de Vigilancia de T-Systems2018-04-06

La Sala de los Social del Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por la Federación de Industria de la USO contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, reconociéndonos así el derecho a formar parte de la Comisión de Aplicación, Interpretación y Vigilancia del Convenio de T-Systems.

Con fecha de 17 de noviembre de 2016, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional había absuelto a la empresa, T-Systemas ITC Iberia, y a los sindicatos CCOO, UGT y ELA de la petición de FI-USO. La Sección Sindical de USO en T-Systems había decidido no suscribir la prórroga del convenio colectivo, que sí había firmado en origen -BOE del 22 de enero de 2014-, por “negarse a aceptar la regulación ‘ex novo’ de determinadas materias”, tal y como recoge el auto. Ya que en dicha prórroga, de 3 de noviembre de 2015, se incluían tres nuevos puntos con los que FI-USO no estaba de acuerdo.

La sentencia del Tribunal Supremo reconoce que, según su propia jurisprudencia, suele inclinarse por no reconocer el derecho de figurar en las comisiones de seguimiento a los sindicatos no firmantes, pero “no es esta la doctrina que se ha aplicado cuando el Sindicato que reclama participar en una comisión de aplicación ‘sí’ que participó en la negociación del Convenio, pues en tales casos se ha entendido que el hecho de no dejar participar a este Sindicato en una Comisión de estudio, aunque sea aplicativa o de seguimiento sí constituye un atentado a su derecho a participar en proporción a su representatividad, en actitud considerada contraria a su actividad sindical”.

El Tribunal Supremo da la razón a la USO porque la propia consideración de “prórroga” y no de “denuncia”, aun habiendo introducido esos cambios, “comporta precisamente el mantenimiento de su vigencia”, siendo FI-USO, por lo tanto, parte firmante.

Así, el Alto Tribunal es tajante al afirmar en su fallo que: “no cabe duda de que el Sindicato USO ostenta pleno derecho -como pretende- a formar parte de la Comisión Paritaria de Aplicación, Interpretación y Vigilancia de la que fue excluido” y recuerda que el propio convenio establece que dicha Comisión “estará compuesta por seis miembros designados por la representación de las secciones sindicales que han firmado el presente convenio”.

“El Supremo deja así claro que el comportamiento de los otros tres sindicatos para dejar fuera a FI-USO podría obedecer a un caso de atentado contra la libertad sindical, ya que en la parte final de los hechos probados el auto expone directamente que, incluso aunque hubiera dudas en el planteamiento, que la Sala afirma no tener, ‘siempre habría de resolverse en términos favorables a la libertad sindical y a la igualdad de trato entre Sindicatos’. Por lo tanto, el Tribunal nos reconoce ese derecho para representar a nuestros delegados y afiliados en la gestión de un convenio que, además, habíamos suscrito en su mayor parte”, declara Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO.

El Tribunal Supremo destaca que la libertad de expresión no ampara la venganza por una denuncia penal previa2018-04-05
La Sala Primera resuelve que sí hubo intromisión ilegítima por parte del director de una publicación digital

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara que el director de prnoticias.com, y E-Contenidos S.L., como editora de dicha publicación digital, cometieron una intromisión ilegítima en el derecho al honor de I.L., director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, por varios artículos y comentarios periodísticos del director publicados entre enero y marzo de 2014. El TS condena a los demandados a pagar solidariamente una indemnización de 10.000 euros, y a difundir el fallo en la página web de la publicación y en una cuenta de twitter del periodista.

El Supremo ha valorado el tono general vejatorio de los textos enjuiciados así como el hecho de que existiera una denuncia penal previa de I.L. contra el director de la publicación por delito de amenazas condicionales. La Sala destaca al respecto que la libertad de expresión en un periódico digital no ampara la venganza por una denuncia penal previa del demandante contra el demandado.

Para el alto tribunal, en este caso “no se aprecia tanto la comunicación pública de opiniones sobre un asunto de interés general cuanto la venganza del propio Sr. por haber sido denunciado y valiéndose para ello de su condición de director de un periódico digital, finalidad que no puede quedar amparada por la libertad de expresión”.

El Supremo estima el recurso planteado por el director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que había dado la razón al demandado, confirmando íntegramente el fallo inicial del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid, que apreció la intromisión en el derecho al honor y estableció la indemnización.

En ese sentido, el Supremo considera que la cuantía de la indemnización se confirma “porque la de 10.000 euros no resulta desproporcionada a la vista del número e intensidad de las ofensas, constitutivas de una auténtica campaña de desprestigio del demandante desde su periódico digital”. Recuerda el alto tribunal que, en sus mensajes, dudaba de los orígenes de I.L. y mencionaba a sus hijos. Asimismo, hay una identificación inequívoca en los artículos del destinatario de las vejaciones mediante la coincidencia de un personaje de ficción con su primer apellido.

El Supremo explica que son hechos no discutidos que demandante y demandado mantuvieron una relación de amistad que cesó en noviembre de 2011 cuando se produjo la denuncia por hechos que dieron lugar a un asunto penal. En los hechos probados de la sentencia de noviembre de 2011 de un Juzgado de lo Penal de Madrid, se decía que el director de la publicación le convocó a una reunión en su despacho como director de prnoticias.com, y allí le amenazó con revelar información que supuestamente podría incriminar penalmente al presidente del Consejo General de Enfermería si no accedía a pagarle 300.000 euros, conversación que grabó con su móvil.

Archivos asociados

Una auténtica revolución en la gestión del IVA2018-04-05

Fernando Matesanz y Ana González Martínez

Con motivo de la reciente aprobación de la Directiva (UE) 2017/2455 que modifica la Directiva 2006/112/CE del IVA, podemos afirmar que en los próximos tres años se va a producir una auténtica revolución en el ámbito de dicho impuesto. Especialmente en lo referente a la tributación y al cumplimiento de obligaciones formales para todas aquellas compañías que se dediquen a las ventas de bienes y a las prestaciones de servicios online. Teniendo en cuenta el crecimiento que este tipo de negocios está experimentando y que, sin ninguna duda, experimentará en los próximos años, es de esperar que las medidas aprobadas tengan un gran impacto económico.

Las medidas han sido aprobadas dentro de la estrategia iniciada hace ya algunos años en el seno de la Comisión Europea con el objetivo de la creación de un Mercado Único Digital en Europa. Los cambios pretenden adaptar el actual sistema de funcionamiento del IVA a la nueva era digital. Se pretende facilitar las ventas internacionales de bienes y servicios a través de internet así como luchar contra el fraude que tradicionalmente ha existido en este tipo de actividades.

A continuación, citamos las principales modificaciones que resultarán aplicables en los próximos años.

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La Ley de Contratos del Sector Público exige requisitos laborales mínimos para las adjudicaciones2018-04-05
  • El despacho laboralista Abdón Pedrajas analiza los nuevos requisitos sociales y laborales incorporados en la Ley de Contratación del Sector Público, en vigor desde el pasado mes de marzo
  • Su cumplimiento por las empresas contratistas será un factor de control determinante para las adjudicaciones y su omisión supondrá la resolución del contrato o la prohibición de contratar

El bufete laboralista Abdón Pedrajas ha advertido de que los requisitos mínimos laborales exigidos por la nueva Ley de contratos públicos que deben cumplir las empresas “serán un factor determinante de control para las adjudicaciones”. Y, es más, su incumplimiento, por parte de la entidad adjudicataria, “tendrá consecuencias jurídicas directas como es la resolución del contrato”.

Así lo han puesto de manifiesto, en una nueva sesión del Aula Laboral del despacho, Iván López García de la Riva, director del Área Laboral de Abdón Pedrajas y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, y Jesús Lahera, consultor del bufete y profesor titular de Derecho del Trabajo Universidad Complutense Madrid, que debatieron sobre la significativa regulación laboral en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos tras la reciente entrada en vigor (el pasado marzo) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Explicó Lahera que la nueva Ley responde a que durante la crisis económica “se localizaron muchos problemas de los contratos públicos, especialmente por la existencia de muchísimas adjudicaciones de bajo coste con poca transparencia”. Esto unido a un conflicto social, continuó, “ha motivado un debate político, social y parlamentario que ha dado lugar a la nueva Ley” cuyos objetivos son, indicó, “dotar a los contratos de mayor trasparencia; vincular la concesión a la mejor oferta en términos de calidad-precio (eliminando adjudicaciones de bajo coste); y asegurar el cumplimiento de unos mínimos sociales, laborales y medioambientales”.

En la práctica, sostuvo Lahera, este factor de control va a originar que “todas las empresas que participen en adjudicaciones públicas inevitablemente van a tener que cumplir estas medidas laborales cumpliendo con la normativa nacional y comunitaria”.

Y es que, para empezar, la nueva Ley prevé prohibiciones directas para participar en las adjudicaciones a las empresas que los incumplan. Así, establece una prohibición expresa de contratar a aquellas entidades sancionadas por infracciones en materia de integración laboral, por discriminación de personas con discapacidad, o que no estén al corriente de las obligaciones de Seguridad Social o no cumplan con los porcentajes mínimos exigidos de trabajadores con discapacidad o con un plan de igualdad, entre otros extremos. Esto supondrá en la práctica, aseguró Lahera, que la Autoridad Laboral y los jueces de lo Social “tendrán que añadir esta prohibición de acudir a la contratación pública a aquellas empresas a las que sancionen en materia laboral”.

Pero, además de suponer un filtro a las empresas que pueden participar en la contratación pública, estos mínimos se tendrán en cuenta en los criterios de selección de mejor oferta. Asimismo, jugarán un papel determinante en caso de empate ante igualdad de ofertas, (el desempate tendrá en cuenta criterios como que una empresa tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa; incluya medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, etc.). La norma también prevé como supuesto de resolución contractual, concluyó Lahera, el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos.

Nuevos criterios para subrogar y subcontratar

Por su parte, Iván López, puso el foco en los nuevos criterios legales en materia de subrogación de contratos de trabajo en los contratos públicos y en la subcontratación en la ejecución de estos contratos. Entre otras cuestiones, explicó que el nuevo artículo 130.1 introduce una serie de nuevas obligaciones de información en caso de subrogaciones de los contratos de trabajo: obligaciones del adjudicatario de facilitar información de contratación, al menos un listado de trabajadores, categorías, jornada, antigüedad, salario, etc. También se introduce, explicó, la obligación al órgano de contratación de facilitar esta información al nuevo adjudicatario que se subrogue como empleador en determinadas relaciones laborales.

Asimismo, aseguró que la Ley da solución al caso de que los costes laborales sean mayores a los que inicialmente constaban en el pliego “porque el primer adjudicatario no haya dado una información real, estableciendo una acción de repetición contra el antiguo contratista”.

Los abogados ya pueden tramitar online su declaración del IRPF 2017 y de sus clientes con el carné ACA2018-04-04
  • El 4 de abril de 2018 se inicia el plazo de presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2017

El carné colegial con firma electrónica ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía) habilita a los abogados para la realización de trámites telemáticos con las Administraciones Públicas, siempre con plena validez jurídica y de modo análogo a la firma manuscrita en el entorno tradicional.

  • Los abogados pueden modificar y presentar su declaración de Renta 2017 y de sus clientes por Internet: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio (24 horas).
  • También se puede modificar y presentar su declaración de Renta 2017 por teléfono: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio.
  • Centro de Atención Telefónica: 901 200 345 y 91 535 68 13 (atención personal, de L a V, de 9 a 21h).
  • Además se puede modificar y presentar la declaración de Patrimonio 2017 por Internet: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio.

Hay que tener en cuenta las siguientes fechas:

  • 27-06-2018 Último día para presentar sus declaraciones de Renta y Patrimonio 2017 si el resultado es a ingresar y quiere domiciliar el ingreso.
  • 02-07-2018 Último día para presentar sus declaraciones de Renta y Patrimonio 2017
  • 05-11-2018  Último día para realizar el ingreso del segundo plazo de la cuota del impuesto sobre la Renta 2017, si se fraccionó el pago

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

Renta WEB es el servicio de ayuda para tramitar y presentar la declaración de Renta de todos los contribuyentes, incluidos los que obtengan rendimientos de actividades económicas. Una vez que  el abogado se haya identificado, podrá consultar por Internet sus datos fiscales, que le servirán para la obtención de la declaración que se genera a través del servicio Renta WEB. La gran mayoría de datos fiscales se incorporan automáticamente, aunque usted puede modificarlos o incorporar datos nuevos desde Renta WEB.

Gracias a esta herramienta tecnológica, cada año son más los abogados y abogadas que presentan las declaraciones del IRPF y la de sus clientes por internet, de forma segura y autenticada utilizando la firma electrónica ACA, sin necesidad de desplazarse a la Agencia Tributaria.

Los abogados deben tener en cuenta que la presentación electrónica por Internet podrá realizarse por certificado electrónico colegial ACA, con DNI electrónico,  Cl@ve PIN o número de referencia.

Como novedad, la Agencia Tributaria ha puesto este año en marcha la app de la Agencia Tributaria para dispositivos móviles que se encuentra disponible de forma gratuita en las plataformas oficiales de descarga de Android y Apple desde el 15 de marzo.

Hay que tener en cuenta la siguiente configuración para poder usar correctamente la aplicación:

  • Se requiere que el dispositivo tenga conexión a internet, ya sea mediante wifi o datos.
  • El dispositivo tiene que estar protegido por un patrón de seguridad de acceso. El usuario podrá escoger entre los distintos sistemas de bloqueo de su dispositivo: pin, huella dactilar, patrón de desbloqueo, etc.

GARANTÍA PROFESIONAL

En las últimas campañas de la Renta, los abogados españoles presentaron más de 30.000 declaraciones del IRPF con firma electrónica ACA, convirtiéndose en el primer prestador de servicios de certificación privado, sólo superado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT),

El uso de la firma electrónica de abogado para la relación con la Administración Pública está cada vez más extendido, debido en parte a la publicación de la Ley de Administración Electrónica (11/2007), que entró en vigor a finales de 2009 y da derecho a los ciudadanos a la realización de trámites electrónicos con la Administración Pública.

Por otro lado, la Agencia Tributaria (AEAT) ha comenzado a imponer la tramitación telemática y desde el 01 de enero de 2014 ha impuesto que todas las autoliquidaciones y declaraciones anuales del Impuesto del Valor Añadido (IVA) se tengan que formalizar a través de Internet (Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre).

OTROS TRÁMITES CON ACA

  • Pago de impuestos como el IVA
  • Informe de la vida laboral
  • Consulta del Catastro
  • Para comunicaciones seguras: Buro SMS, correo electrónico firmado
  • Para firma de documentos.
  • Para acceder a todos los servicios de RedAbogacía

Más información sobre las Administraciones Públicas con las que se puede hacer trámites telemáticos con ACA en http://www.abogacia.es/servicios-abogacia/

PARA PRESENTAR DECLARACIONES DE CLIENTES

Los abogados también pueden utilizar el carné colegial con firma electrónica ACA para presentar las declaraciones de sus clientes. Consulte en su Colegio de Abogados si tiene firmado el Convenio de Colaboración Social con la Agencia Tributaria para realizar este trámite.

Como realizar mi declaración de la Renta con ACA:

  • Hay que tener la firma electrónica en vigor y haber instalado el software de la tarjeta ACA y del lector.
  • Introducir el carné colegial en el lector de tarjetas
  • Entrar en www.agenciatributaria.es y seguir los pasos indicados
  • Para consultas técnicas que surjan, contactar con 91 150 10 03 / 93 014 10 01 el mail de contacto: soporte.tecnico@redabogacia.org
    La atención es en horario de lunes a viernes: 10:00-14:30 y 16:30-20:00, sábados: 10:00-14:30
El Tribunal Supremo confirma la condena a la Comunidad de Madrid a abonar 6,5 millones a la Universidad Autónoma para becas2018-04-04
La Sala Tercera recuerda que “son las Comunidades Autónomas las competentes para el desarrollo, ejecución y gestión del sistema general de becas y ayudas al estudio”

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 3 de mayo de 2016, que condenó a dicha Administración autonómica a abonar a la Universidad Autónoma de Madrid 6,5 millones de euros por la diferencia no abonada por becas en el curso 2013-2014.

El TSJ de Madrid, en la sentencia ahora confirmada, estimó un recurso de la Universidad contra la resolución de fecha 2 de enero de 2014 de la Directora General de Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid, que había rechazado iniciar el procedimiento para abonar al centro la cuantía reclamada, en concepto de cumplimiento de la obligación de compensación de precios públicos.

En concreto, la Universidad Autónoma de Madrid requirió a la Comunidad de Madrid que le satisficiera la cantidad de 6.544.532,58 euros en compensación de los precios públicos no abonados por los beneficiarios de becas, exenciones, bonificaciones y reducciones en el curso académico 2013-2014. De esa cantidad, 3.604.895,86 euros correspondían a becas y el resto, 2.939.636,72 euros, a diversas exenciones y bonificaciones, como matrícula de honor en bachillerato, premio extraordinario de bachillerato, discapacidad, familia numerosa de 1ª y 2ª categoría, hijos de fallecidos en acto de servicio, víctimas del terrorismo y familias numerosas de tres hijos.

Entre otros argumentos, el Supremo recuerda que “son las Comunidades Autónomas las competentes para el desarrollo, ejecución y gestión del sistema general de becas y ayudas al estudio”, lo que avala la solución adoptada por el TSJ de Madrid, “sin perjuicio de los mecanismos de coordinación y cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en que el artículo 45 de la Ley Orgánica 6/2001 (de Universidades) encuadra el régimen de las becas y de las ayudas al estudio”.

El Tribunal Supremo se manifiesta sobre la capacidad de otorgar testamento por una persona que requiere intervención de un curador para realizar actos de disposición2018-04-04
La Sala se basa en el principio de presunción de capacidad

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo considera que puede otorgar testamento una persona que tiene limitada judicialmente su capacidad de obrar al precisar de la intervención del curador para realizar actos de disposición.

La Sala entiende que puede otorgar testamento conforme a este precepto una persona que, de acuerdo con lo dispuesto en una sentencia de modificación de la capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición. Se basa, para ello, en el principio de presunción de capacidad, que ya resultaba de nuestro ordenamiento y ha quedado reforzado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que implica que no cabe basar la falta de capacidad para testar ni por analogía ni por interpretación extensiva de otra incapacidad.

Se adjunta nota de la Sala de lo Civil.

Los Consejos Generales de la Abogacía y de los Procuradores piden al Gobierno que apruebe con urgencia las medidas para reformar la Justicia2018-04-03
  • La Abogacía y la Procura muestran su plena disposición para que se coloque a la Justicia entre las prioridades del Estado, haya o no Pacto de Estado
  • El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que impulsaría las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados

El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España reclaman al Gobierno que apruebe con urgencia las 103 medidas acordadas por la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados para colocar de una vez a la Justicia entre las prioridades del Estado.

El pasado lunes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció a través de una nota de prensa que el “Gobierno asume las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados, las hace suyas y va a trabajar para impulsarlas con los colectivos profesionales”.

Tanto la Abogacía como la Procura -como actores imprescindibles en la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos- consideran necesario que se aborde de forma definitiva una reforma profunda y duradera como verdadera solución de los problemas de los ciudadanos y de la sociedad.

Las dos instituciones muestran su plena disposición para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia y el resto de colectivos profesionales para conseguir que el proceso de modernización de la Justicia sea una realidad en el menor plazo posible.

Al considerar que la Justicia eficiente y de calidad, con el ciudadano como centro, es una cuestión de Estado, la Abogacía recuerda que en diciembre de 2016 envió a todos los colectivos que participan en la Administración de Justicia el documento ‘Elementos para una propuesta de Pacto de Estado por el Futuro de la Justicia’, que se aprobó en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado el 24 de noviembre de 2016. También la Procura celebró el pasado día 19 de marzo, un Foro Debate Procuradores en esta misma línea. En ese sentido Abogacía y Procura reiteran la práctica unanimidad de todos los operadores jurídicos en el diagnóstico de la situación y llaman a todos los partidos a retomar el diálogo para alcanzar un Pacto de Estado y no perder otra legislatura sin alcanzarlo. Ese diálogo, no obstante, no debe frenar la aplicación o puesta en marcha de todas aquellas medidas que hayan sido consensuadas y que gocen de un acuerdo mayoritario.

Los Consejos de la Abogacía y de la Procura señalan que de acuerdo con la voluntad expresada por el ministro de Justicia de alcanzar acuerdos en materia salarial y en los ámbitos formativos y de promoción profesional de los distintos colectivos de la Justicia, el Turno de Oficio y los abogados y procuradores que lo atienden deben ser también un objetivo prioritario y urgente de mejora.

El TSJM declara conforme a Derecho la limitación a 75 años para pertenecer al Turno de Oficio2018-04-03

La Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de fecha 23 de marzo de 2018, declara conforme a derecho la limitación a 75 años para pertenecer al turno de oficio recogida en las normas reguladoras del Turno de Oficio aprobadas por la Junta de Gobierno del ICAM. Lo hace al desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Abogados y Juristas Pro Estado de Derecho (APROED) y por el letrado Ángel Juárez Abejaro, con condena en costas a los recurrentes.

Dicha limitación por razón de edad, según argumenta la Sala, no infringe el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución al ser una medida justificada, proporcionada y razonada y, por tanto, no discriminatoria, en atención a la finalidad perseguida (necesidad de garantizar unas mínimas condiciones físicas que deben ser requeridas para las asistencias a vistas y desarrollo de guardias) y, al mismo tiempo, a la naturaleza de servicio público en el que se enmarca el turno de oficio.

Por encima del interés siempre legítimo del abogado en pertenecer al turno de oficio se encuentra el derecho de quien es asistido o defendido, que no ostenta la facultad de elegir libremente al letrado que desee. En definitiva, es el derecho a la defensa de quien no cuenta con medios económicos el que justifica el turno de oficio como servicio público cuya efectiva prestación se encomienda por ley a los Colegios de Abogados.

No obstante, tal y como recoge la citada sentencia, la referida exclusión por razón de edad no es absoluta sino parcial, toda vez que los abogados mayores de 75 años pueden pertenecer a los turnos de oficio especiales de casación y amparo.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechaza la “obediencia debida” como causa de exención de responsabilidad2018-04-03
El Pleno de la Sala señala que ““el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico”

Autor Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que, en un sistema democrático, no cabe la exención de responsabilidad “por razón de la obediencia debida”, ya que “el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico”.

Los magistrados explican que “no caben en nuestro ordenamiento jurídico –y esto afecta, desde luego (…) a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil— mandatos antijurídicos obligatorios, entendiendo por ello cualquier mandato que vaya contra la Ley o el Derecho”.

La resolución de la Sala se ha dictado al resolver un recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia del Tribunal Militar Central, que estimó a su vez el recurso de un guardia civil contra la sanción de reprensión que le impuso el jefe de la Agrupación de Tráfico del cuerpo por una falta leve de desatención del servicio.

El guardia era el auxiliar de una pareja de la Guardia Civil a los que se asignó un servicio de control de alcoholemia de conductores en una carretera de Almería. Un sargento se personó en el lugar y comprobó que la pareja estaba dentro de su vehículo y que no había montado la señalización del control ni lo estaba realizando. Al comprobar la presencia del suboficial, los agentes salieron del coche, empezaron a dar el alto a automóviles y a realizar el test de alcoholemia, según los hechos probados.

El Supremo desestima el recurso del abogado del Estado, pero se muestra en desacuerdo también con la sentencia del Tribunal Militar Central en cuanto pareció girar en torno a que la responsabilidad debía recaer en el jefe de pareja quedando exento el auxiliar de pareja en virtud de la debida obediencia.

El TS argumenta que en un sistema democrático no cabe la exención por razón de la obediencia debida, pues tal forma de ver las cosas se basa en un sistema autoritario. “El sistema autoritario defiende que quien manda, ordena una cosa que debe ser cumplida, aunque infrinja la ley y el que cumple no tiene responsabilidad por cumplirla. Lo que no ocurre en el sistema democrático constitucional en el que prima el cumplimiento de la ley, de la que proviene toda autoridad, y no es posible ocultarse detrás de una orden para incumplir una ley y no tener responsabilidad; nadie está por encima de la ley”.

La sentencia añade que “en nuestro ordenamiento no existe un deber de obediencia debida en el que el que obedece debe cumplir todo lo ordenado, siendo irresponsable por lo que realice. El examen de la legislación correspondiente pone de manifiesto que el sistema que se sigue es el de la obediencia legal, esto es, hay obligación de obedecer al superior en relación con toda orden que se encuentre de acuerdo con el ordenamiento jurídico y, correlativamente hay obligación de desobedecer toda orden contraria al ordenamiento jurídico”.

La Sala indica, no obstante, que negar la denominada obediencia debida no significa que no exista el deber de obediencia jerárquica, y es cierto que el jefe de pareja es superior del auxiliar. “No cabe duda alguna que entre ambos existe una relación jerárquica en la que incumbe al auxiliar un deber de obediencia jerárquica, por lo que, en cuanto al desarrollo del servicio, es el jefe de pareja, como superior, el que determina la forma de cumplimiento del servicio y, en tales situaciones, el auxiliar de pareja no tiene al respecto ninguna capacidad de decisión autónoma frente a la normalidad del cumplimiento del deber”, razonan los magistrados.

Sin embargo, una cuestión es la existencia de obediencia jerárquica “y otra muy distinta que en esa relación de obediencia exista una obediencia debida. No existe tal obediencia debida en cuanto razón justificante de cualquier actuación en cumplimiento de una orden y, por ello, no cabe que el auxiliar de pareja pretenda ampararse en la obediencia debida cuando recibe una orden que trasgrede el ordenamiento jurídico; en ese caso, no hay duda de la responsabilidad del auxiliar de pareja al cumplir la orden antijurídica recibida. No debe confundirse la obediencia jerárquica con la obediencia debida”.

En todo caso, en el asunto concreto examinado, el Supremo rechaza el recurso del abogado del Estado y mantiene la decisión del Tribunal Militar Central de anular la sanción al auxiliar, al estimar que los hechos probados son inocuos y que el guardia está amparado por el principio ‘in dubio pro reo’, ya que no cabe hablar de desatención de un servicio cuando bien pudiera ser que éste se comenzara a desarrollar dentro de las posibilidades que tenía la pareja. En ese sentido, indica la sentencia que en la resolución sancionadora se recogió que el vehículo no tenía etilómetro y tuvieron que esperar a una pareja saliente de servicio.

La sentencia cuenta con tres votos particulares –dos de ellos concurrentes con el fallo y uno discrepante-.

El Tribunal Superior inadmite el recurso de la Universidad de Navarra contra la convocatoria de becas del Gobierno foral para el curso 2016-172018-03-28
Los magistrados consideran que carece de legitimación para impugnar al no ser la Universidad de Navarra la beneficiaria de las ayudas, sino los alumnos

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha inadmitido el recurso interpuesto por la Universidad de Navarra contra la convocatoria de becas para el curso 2016-17 al concluir que este centro carece de legitimación para impugnar la convocatoria porque no es directamente beneficiario de las ayudas, puesto que los beneficiarios son los alumnos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN asegura que la universidad no ostenta derecho alguno para solicitar la subvención y “carece de la facultad de representación de sus alumnos”. “El derecho a la obtención de las becas convocadas es un derecho que se ostenta con carácter personal y, dependiendo del tipo de beca de que se trate, por una serie de circunstancias que deben concurrir en el solicitante y del nivel de renta de la unidad familiar del alumno, no por el mero hecho de ser alumno universitario”, remarca el Tribunal.

Según precisa la Sala, el hecho de ser expresamente mencionada en la convocatoria general de becas no le confiere la legitimación activa, puesto que si se lee con detenimiento la convocatoria toda ella viene referida a los alumnos, y con mención expresa a los alumnos de la Universidad de Navarra, no a la propia Universidad de Navarra como destinataria de algún modo de la convocatoria.

Respecto a la repercusión negativa derivada del recorte en la cuantía de las becas a los alumnos de la Universidad de Navarra que puede ocasionar la pérdida de alumnos, los magistrados resaltan que la demandante no acredita este extremo, sino que lo deduce como una consecuencia evidente de la convocatoria de becas impugnada, por lo que tampoco cabe reconocerle legitimación activa basada en este perjuicio. En este punto, recuerda la Sala que la jurisprudencia exige que la parte demandante que sostiene su legitimación activa demuestre que el acto que se impugna le afecta a su esfera jurídica de intereses de un modo efectivo y acreditado, y no meramente hipotético, potencial y futuro.

Asimismo, la universidad alegaba en su recurso que el recorte afectaba directamente a la Universidad de Navarra por el hecho de que las cantidades entregadas a los alumnos en concepto de beca solo pudieran ser destinadas a la finalidad para la que se concedieron, esto es, para que los beneficiarios pagaran los derechos de matrícula.

Además, añadía la entidad recurrente, si se recortan las becas a alumnos que no tienen recursos para afrontar los gastos a los que ya se han comprometido, se les hace incurrir en un riesgo de impago de las matrículas, por lo que también esta resolución afecta directamente a los intereses patrimoniales de la Universidad de Navarra en cuanto a que un problema de pagos de un alumno es un problema también para la Universidad.

El Tribunal Superior, sin embargo, estima que “nuevamente se trata de daños temidos, potenciales, en absoluto acreditados y que no tienen por qué ocurrir, de hecho la propia Universidad habla de riesgo de impago de matrículas; riesgo que no tiene por qué materializarse, puesto que las becas son una ayuda a los estudios, no están destinadas a sufragar íntegramente los mismos”.

El TC acuerda levantar la suspensión de la Ley que regula las corridas de toros en las Islas Baleares2018-03-28

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha acordado levantar la suspensión cautelar de los artículos de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Baleares que fueron impugnados por el Gobierno y suspendidos automáticamente como consecuencia de la aplicación del art. 161.2 de la Constitución.

El Tribunal considera que la Abogacía del Estado no ha argumentado de forma suficiente, tal y como exige la doctrina constitucional, las razones por las que, en su opinión, la ley debería seguir suspendida. Para decidir si debe prorrogar o no la suspensión, el Tribunal debe analizar tanto los intereses, públicos y privados, afectados por la ley, como los perjuicios “de imposible o difícil reparación” que pueda causar el levantamiento o mantenimiento de la medida cautelar. Y todo ello sin pronunciarse sobre el fondo del recurso.

La Abogacía del Estado alegó que el levantamiento de la suspensión podría causar un perjuicio grave e irreparable al interés general porque la norma recurrida prohíbe en las Islas Baleares las corridas de toros “tal y como se entienden en el resto del territorio nacional” y en el formato que las leyes estatales protegen al considerarlas parte del patrimonio cultural.

El Pleno explica que, para mantener la suspensión, debe “demostrarse o, al menos, razonarse consistentemente” que la aplicación de la norma causaría graves perjuicios al interés general. En este caso, la alegación del recurrente es “genérica” y, además, se refiere a cuestiones que afectan al fondo del recurso y sobre las que, por tanto, el Tribunal no puede pronunciarse hasta que dicte la sentencia.

Otra de las alegaciones se refiere al perjuicio que la aplicación de la ley causaría a los intereses privados. El recurrente aporta un informe que cuantifica las pérdidas económicas en 4.080.000€.

El Tribunal rechaza también esta alegación pues, según los datos contenidos en ese mismo informe, la presencia de los festejos taurinos en esa Comunidad Autónoma es “más bien escasa”. En consecuencia, “el impacto global de la actividad sería modesto”.

El Pleno explica que el cálculo del perjuicio económico realizado por la Abogacía del Estado se basa en una premisa errónea, como es que la aplicación de la ley supondría “la completa eliminación de los espectáculos taurinos”. La nueva regulación, explica el Tribunal, no conlleva la desaparición de estos espectáculos, pues “existen manifestaciones de tauromaquia incruenta (sin muerte ni sangre) que podrían sustituir a las anteriores”. El Tribunal tampoco acepta, por constituir sólo una hipótesis, el argumento según el cual los promotores taurinos no impulsarían esos otros espectáculos ante las dudas de que gustaran al público.

En definitiva, según el tribunal, los razonamientos sobre el eventual perjuicio al interés privado son “insuficientes”.

Finalmente, el Pleno rechaza que en este caso pueda aplicarse el criterio de la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) para mantener la suspensión. Para que esto sea posible, la doctrina constitucional exige que la regulación que contiene la ley sobre cuya suspensión se discute presente “una similitud intensa o coincidencia literal” con otras leyes ya declaradas inconstitucionales y nulas. Según el abogado del Estado, en este caso se produce esa semejanza entre la ley balear y la ley catalana que fue declarada inconstitucional en la STC 177/2016.

La regulación de la ley balear, explica el auto, “no es idéntica” a la que se declaró inconstitucional; los artículos que ahora se recurren “no prohíben, en general, los espectáculos taurinos”, sino aquellos en los que se hiera o de muerte al animal. Y, por otra parte, contienen previsiones dirigidas a garantizar el bienestar de las reses.

Condenado el propietario de un establecimiento de vehículos de ocasión por trucar un cuentakilómetros2018-03-28
Vendió un vehículo de 157.200 kilómetros como si tuviera 110.000 por un precio de 9.000 euros, cuando su valor real de mercado era inferior

Autor Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado una condena de seis meses de prisión al propietario de un establecimiento de vehículos de ocasión por trucar un cuentakilómetros para vender un coche por un precio superior al real de mercado.

El tribunal de apelación confirma así la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander, que consideró al acusado autor de un delito de estafa y le condenó además a indemnizar con 1.950 euros al comprador del vehículo alterado.

Según el relato de hechos, el propietario del establecimiento celebró un contrato de compraventa según el cual un cliente adquiría un vehículo por un precio de 9.000 euros, haciendo constar que tenía 110.000 kilómetros.

A juicio del magistrado de instancia y de la propia Audiencia, en ese momento el acusado “era conocedor de que el vehículo tenía un kilometraje real de 157.212”, ya que había alterado el cuentakilómetros del vehículo “ocultando este hecho al comprador”.

El valor del vehículo con el kilometraje real era de 7.050 euros.

En su recurso, el condenado alegaba que la cantidad que efectivamente él percibió por la venta fue de 7.000 y no de 9.000 euros, por lo que no habría existido el delito al ser la cantidad pagada acorde al valor del vehículo vendido.

Sin embargo, el juez de instancia y ahora el tribunal de apelación no creen acreditada esa versión, y es que “el contrato de compraventa aportado a la causa y sobre cuya autenticidad no existe cuestión alguna hace constar como precio de la venta el de 9.000 euros”.

Y añade la sentencia de la Audiencia: “Carecería de cualquier lógica que el acusado procediera a manipular el cuentakilómetros del turismo para luego vender el coche a su precio real –o incluso por debajo del mismo-, pues no es ilógico pensar que quien ejecuta una acción de engaño como la aquí realizada lo hace con ánimo de obtener un lucro”.

Junto a ello, entiende el tribunal que está en consonancia con los hechos probados el justificante bancario aportado por la acusación, según el cual el cliente estafado extrajo 9.000 euros en la fecha de la compra.

La sentencia es firme y contra la misma no cabe presentar recurso alguno.

Condenan a una empresa a indemnizar a una trabajadora que cobró menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo2018-03-27
La Sala de lo Social del TSJA confirma la sentencia de un Juzgado de lo Social que había condenado a la empresa por discriminación salarial por razón de sexo

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Málaga ha confirmado íntegramente la sentencia de un Juzgado de lo Social que condenó a una empresa a indemnizar con 35.000 euros a una trabajadora que los demandó por cobrar menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo. La trabajadora alegó una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación al percibir una retribuciones inferiores a las que se le abonan a los otros responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones.

El Juzgado de lo Social número 2 de Málaga condenó a la empresa demandada a restituir el derecho de la trabajadora a percibir el salario del resto de responsables de departamento y condenó a la empresa a abonar la indemnización de 35.000 euros por el concepto de los daños y perjuicios sufridos por tal improcedente comportamiento empresarial.

La sentencia del TSJA recoge que la trabajadora, durante los años 2010 a 2017 “ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros responsables de departamento, habiendo llegado a dicha conclusión el Magistrado de instancia tras analizar los diferentes recibos de salarios y justificantes de retribuciones”.

La trabajadora demandó a la empresa al sentirse discriminada salarialmente respecto de sus compañeros de trabajo varones que ostentaban el mismo puesto de trabajo de responsable de departamento.

La sentencia señala que “no toda desigualdad de trato supone una infracción del contenido del artículo 14 de la Constitución Española, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas”.

Así, se recoge que la trabajadora durante los años 2014, 2015 y 2016 ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros cuatro responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones, pues en el año 2014 la demandante percibió un total de 37.897, 60 euros, mientras que el resto de sus compañeros de idéntica categoría percibieron una retribuciones comprendidas entre los 39.622,56 euros y los 41.122,64 euros, incrementándose dichas diferencias en el año 2015 (la actora percibió 37.897, 60 euros frente a los 42.022 € de sus compañeros) y en el año 2016 (38.047 euros de la actora frente a 43.650,04 euros de uno de sus compañeros y 48.950,12 euros de los tres restantes).

Asimismo, prosigue la sentencia, “consta probado que la cantidad abonada a la actora en concepto de incentivo era inferior a la satisfecha al resto de los responsables de departamento, existiendo unas diferencias que en los dos últimos años ha llegado a superar los 2000 euros".

Defraudar con los servicios públicos digitales, precisa la ayuda de toda una tribu2018-03-27

Hace unas semanas decidí descargarme la App de hacienda para probarla y analizarla. La búsqueda en la tienda de Google me dio el resultado "bueno" y algunos malos. Esto me llamó la atención y probé con otros servicios como "vida laboral" con iguales resultados. Además, esto me hizo recordar que, cuando estaba investigando la obtención de certificados de nacimiento en el móvil, muchos resultados muy bien posicionados llevaban a webs de gestoras que cobraban por tramitar un documento gratuito si se hacía de la debida manera.

En resumen, existe todo un mundo de proveedores de servicios públicos en Internet que se mueven en el espacio indeterminado de usar un nombre y estética "similar al legítimo" pero sin llegar a usurparlo con diversas finalidades. Entre otras cuestiones podemos encontrarnos con:

  • Riesgo de usurpación de titularidad. Encontrarte una web que ofrece información o servicios públicos pero que no es realmente la pública. Esto, en sí mismo, no es un problema, pero si no se deja claro que no es público, se genera confusión a la ciudadanía.
  • Cobrar costes adicionales por servicios públicos. Por ejemplo esta web que para tramitar certificados de nacimiento. El problema aquí es que la página es respetuosa con la imagen oficial (no la copia), hace algo legal (cobrar por tramitar) pero se cuida mucho de no decir que es un servicio gratuito que se puede pedir en la web de justicia. Por otro lado, tampoco es que Justicia lo promueva mucho. Además, esta página es el primer resultado si pones "certificado nacimiento Majadahonda", lo que indica que han hecho un buen trabajo de SEO (y Justicia no)
  • Fishing y fraude. Directamente aplicaciones como esta para la vida laboral (no digo que lo sea, pero lo puede ser), simplemente pueden estar haciendo el caldo gordo con datos confidenciales.

En resumen, mientras que tenemos un modelo cada vez más amplio de servicios públicos, en entornos más fragmentados (múltiples administraciones, webs, dispositivos, soluciones...) la acción general de la Administración (y demás actores) es muy residual y reactiva. En términos generales, la Policía, la Agencia Tributaria u otras organizaciones tienen un papel de difusión de alertas cuando hay una campaña específica. Es decir, si hay una serie de correos diciendo que entres tus datos para que la Agencia Tributaria te devuelva este dinero, sí se hace una difusión (con más o menos éxito) del caso. Sin embargo, me temo que en este ecosistema de "servicios aparentemente públicos" encontramos, en el mejor de los casos, avisos puntuales sobre lo que ocurre, pero desde luego, si hay una acción sistemática, no está siendo muy eficaz. La página de "registro civil de Majadahonda" está por lo menos activa desde julio.

¿Es culpa del gobierno, de los proveedores, o de quién? Pues bien, igual que, como dice el refrán "criar a un niño lleva el esfuerzo de toda una tribu", este tipo de fraudes "lleva la indiferencia de todo el ecosistema digital". De esta manera, esta (mos) implicado (s):

  • Quien crea estas páginas. Está muy bien generar estos contenidos, pero no dejar claro (muy claro) quien no eres no puede ser una omisión. A veces hay intenciones delictivas o casi, en otras, simplemente oportunismo ante una ocasión que aún está ahí y nadie está aprovechando.
  • Quien lo permite. Hoy en día es fácil saber en twitter cuando un tuit de alguien famoso es de su cuenta legítima o no. En el tiempo de las "fake news" los proveedores de contenido se devanan los sesos en hacer visible qué contenido es real o no. Esto, que es tan sencillo como comprobar por defecto la titularidad de la web, o poder reportar, o que las administraciones puedan validar su identidad debería ser algo básico. De hecho, me temo que hoy en día es más fácil que te de una alerta de seguridad la web del Ministerio de Justicia por el certificado digital que la web "registro civil Majadahonda". No puedo decir que Google y demás estén haciendo un buen trabajo con esta materia. Y esto sin hablar de la publicidad... Es más fácil anunciar tasas ficticias que unas zapatillas con un nombre comercial registrado.
  • Quien no hace nada. Las administraciones no hacen nada en muchos sentidos. Por un lado, no es que veas por ningún lado que te adviertan de esto más allá de campañas contra el phising. Tampoco es que parezca que hagan barridos por defecto de estas cuestiones, o que lo regulen (que si lo hacen, no les luce). Es que, directamente, estos nichos se explotan porque las administraciones no los cubren. Si volvemos a páginas mejor indexadas por buscadores, estas lo están porque las Administraciones no trabajan este tema. Es decir, si las webs públicas están bien posicionadas es fruto de que los robots hagan bien su trabajo y de que nadie haya encontrado la manera de engañarles primando contenido ficticio.
  • Quien no lo denuncia. Vale, tendría que denunciarlo, pero en verdad, no tengo ni idea de cómo hacerlo. En el caso del phising (si tuviera la sospecha de que "vida laboral" lo hace, iría a la policía), pero, ¿y cuando no es delito? ?A quién le digo que hay una página que literalmente se llama "Registro Civil de Majadahonda" y que no lo es? No sé a quién, pero tampoco he buscado demasiado, debo confesar.
  • Quien no normaliza esto. Miedo me da llamar al legislador en estos temas, porque suele campar como un elefante en una cacharrería, pero algo debe de hacer con determinados nombres, estéticas y elementos que pueden llamar al equívoco. Más aún en un mundo tan dinámico como este.

Así que tenemos un esquema de servicios públicos no del todo seguro porque no sabemos si todo lo que hay es real. Bueno, quizá algunos sí, pero otros muchos, estoy convencido de que no. Así que abramos los ojos, estemos atentos y denunciemos esto... porque un mundo en el que los servicios públicos no son seguros, es un mundo donde los servicios públicos no se usan.

La economía colaborativa pone sobre la mesa la necesidad de una reforma que tome medidas contra los falsos autónomos2018-03-27

El número de trabajadores autónomos creció en febrero en 16.027 nuevos cotizantes en España: un incremento cuatro veces mayor que el que tuvo lugar en el mismo periodo de 2017, cuando el empleo autónomo aumentó en 4.041 nuevos empleados. La nueva ley de autónomos, que entró en vigor el pasado enero, impulsará el trabajo de este tipo de empleados, pero los expertos legales de DAS Seguros alertan de manera paralela de la proliferación de los falsos autónomos.

 Según la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, en España existen ya más de 200.000 falsos autónomos que cuestan a las arcas de la Seguridad Social 562 millones anuales, y que están haciendo intensificar las inspecciones de trabajo y las medidas contra el fraude.

 Los expertos legales de DAS Seguros definen los falsos autónomos como empleados que se ven obligados a figurar como autónomo sin realmente cumplir las condiciones que se definen bajo este tipo de contrato, en lugar de ser un trabajador por cuenta ajena como le correspondería a su situación. Pese a ser una práctica ilegal, es un método utilizado por no pocos empresarios y consentido por aquellos falsos autónomos que, o bien porque no quieren perder la oportunidad laboral, o bien porque desconocen la ilegalidad de la situación, aceptan trabajar como tal.

 Si bien es una práctica extendida en muchos sectores desde hace décadas, en los últimos años se está intensificando, impulsada por la crisis económica sufrida en los últimos años, pero también por la puesta en marcha de un tipo de economía colaborativa o digital que ha jugado un importante papel en la proliferación de este tipo de empleados.

 Algunas empresas como como Uber, Glovo o Deliveroo ya están siendo vigiladas de cerca, incluso alguna de ellas sancionada por la Inspección de Trabajo tras una investigación que concluyó que sus contratados deberían figurar como asalariados y no autónomos, por las condiciones en las que operan. También la industria cárnica ha sufrido recientemente un golpe a este tipo de fraude, cuando una inspección de Trabajo obligó a tres firmas gallegas a contratar a trabajadores que operaban a través de una cooperativa catalana. 

 Esta eclosión ha hecho que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, además de intensificar sus actuaciones, ponga en marcha otras medidas que pretenden controlar y erradicar el fraude, como es el Buzón de lucha contra el fraude laboral, que facilita que cualquier ciudadano que detecte una situación de fraude laboral pueda denunciarla.

 Pero la barrera entre falsos o verdaderos autónomos en ocasiones puede ser muy fina. Algunas de las empresas que forman parte de la economía colaborativa defienden este modelo por su gran flexibilidad a la hora de inmiscuirse en el mercado laboral, ya que supone un modelo con una menor barrera de entrada, o también como suplemento para aquellas personas que así lo decidan.

 Por su parte, algunas asociaciones argumentan que empresas y agentes públicos están por detrás de las necesidades de las personas y que debería haber una reforma que permita mejorar este modelo y adaptarlo a los cambios de vida y consumo de las nuevas generaciones. El debate está servido.

 Los expertos de DAS Seguros aconsejan

El uso de falsos autónomos supone un fuerte ahorro en cuanto a costes laborales para las empresas. Para empezar, porque no deben pagar por la Seguridad Social para estos trabajadores. Este beneficio representa a su vez un inconveniente para el falso autónomo, quien debe asumir consecuencias como un salario por debajo del que cobran los trabajadores por cuenta ajena, la falta de días de vacaciones mientras dura su estancia en la empresa, o el riesgo de ser despedido y no recibir un finiquito.

 Además de no gozar de los beneficios que corresponden a un trabajador por cuenta ajena, es común que tampoco se le otorguen los derechos básicos que se aplican a quienes están dados de alta en régimen de autónomo. En concreto, los falsos autónomos se someten a una serie de normas estipuladas por la organización. Ésta, por tanto, decide la cantidad del salario, el horario de trabajo, las tareas a completar, etc. No es el caso de un verdadero autónomo, quien define acerca de dichos elementos por su cuenta.

 La barrera entre falsos o verdaderos autónomos en ocasiones puede ser muy fina.

En este contexto, los expertos de DAS Seguros aconsejan a las personas que se encuentren en esta situación o conozcan algún caso concreto tomar medidas legales, tales como presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo o los Juzgados de lo Social. O también hacer uso del buzón de lucha contra el fraude laboral.

Pero para afrontar la actual situación de los falsos autónomos en el mundo laboral, también se precisan cambios en el RETA. El debate en torno a este tema sugiere una reforma que establezca sanciones contra aquellas empresas que obliguen a sus empleados a convertirse en falsos autónomos, así como adaptar la ley al marco de la economía colaborativa que tanta importancia ha ganado en el escenario laboral actual.

Primera condena en Canarias a pena de prisión permanente revisable2018-03-26
El tinerfeño S.D. de 24 años, fue declarado culpable por un jurado de asesinato con alevosía y ensañamiento sobre víctima especialmente vulnerable

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado la primera sentencia emitida en Canarias en la que se condena a un justiciable a prisión permanente revisable: se trata del caso de S.D.G., el joven de 24 años que el 14 de enero de 2016 mató a un hombre de 66 años en Icod de los Vinos.

La resolución, dictada por la magistrada de la Sección Quinta de la Audiencia tinerfeña Lucía Machado, da forma jurídica al veredicto emitido por el jurado encargado del caso la semana pasada, y en consecuencia declara probado que sobre las 12.30 horas del día 14 de enero de 2016, S.D.G. fue al domicilio de S.V.L.G. situado en la calle Adelfas nº 4 del barrio de El Mayorazgo (Icod de los Vinos) y una vez dentro de la casa, con la intención de acabar con su vida, “le asestó puñaladas y golpes con diversos objetos hasta causarle la muerte por la grave pérdida de sangre”.

La sentencia detalla: S.D.G “se presentó en casa de S.V.L.G. y, de forma sorpresiva e inesperada, se abalanzó sobre él portando un cuchillo y empujándolo hasta el final del pasillo, lo que provocó que cayera al suelo y quedara tumbado boca arriba, consciente de que con todo ello se aseguraba deliberadamente de causarle la muerte sin el peligro que para su integridad física pudiera provenir de una defensa por parte de S.V.L.G.”.

El acusado, sigue la resolución, propinó a su víctima “más de 30 puñaladas con el cuchillo que llevaba y otros que cogió de le vivienda, clavándoselos en el abdomen, el tórax y el cuello y provocándole heridas cortantes y también heridas penetrantes que alcanzaron el paquete vascular del cuello, el corazón, los pulmones, meso y asa intestinal y le propinó numeroso golpes en la cara con objetos contundentes que encontró en la casa (un palo, una figura de perro, otro de cerámica y una piedra) causándole heridas inciso contusas en la cara, fractura-hundimiento nasal y maxilar y rotura de piezas dentarias, sabiendo que con ello le sometía a padecimientos innecesarios o sufrimientos más intensos que los precisos para causarle la muerte con el único propósito de aumentar de manera deliberada e inhumanamente su sufrimiento antes de que muriese”.

Victoria Ortega apuesta por la concienciación y la formación como claves para la transformación tecnológica2018-03-26

Concienciación y formación son dos de los pilares del éxito de la transformación tecnológica que los Colegios de Abogados ya están realizando. Así se ha manifestado Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, en la inauguración de las III Jornadas Tecnológicas para Colegios de Abogados que ha inaugurado hoy en Gijón junto a Carmen Pérez Andújar, vicesecretaria de Medios Tecnológicos  del Consejo General de la Abogacía y Sergio Herrero, decano del Colegio de Abogados de Gijón.

La presidenta del Consejo ha incidido en la importancia de buscar y ofrecer soluciones para avanzar en la transformación tecnológica, así como en la relevancia de colaborar, cooperar y compartir experiencias en esta área, en la que se avanza a una gran velocidad. Un área, el de la transformación tecnológica, que será el tema central del Congreso Nacional de la Abogacía 2019, por lo que ha solicitado que el trabajo que se desarrolle en estas Jornadas permita “determinar las necesidades y oportunidades para los Colegios de Abogados” para que se aborden en dicho Congreso.

La transformación tecnológica, ha recordado Ortega, “exige un cambio de mentalidad tanto personal como institucional”, añadiendo que parcelas como “ciberseguridad, protección de datos, identidad profesional digital, blockchain o inteligencia artificial” son vitales porque afectan a la “supervivencia profesional” de los abogados, que además deben integrar estos avances en los “cauces deontológicos que rigen nuestra profesión”.

Respecto al trabajo de la Abogacía en esta materia, la presidenta ha hecho referencia al Plan Estratégico del Consejo, que apuesta por una Abogacía innovadora y tecnológicamente avanzada. “Una revolución tecnológica que abre una nueva vía de trabajo que debemos aprovechar, liderándola en nombre de nuestros profesionales y proponiendo soluciones eficaces y eficientes que coloquen a los abogados como referente tecnológico profesional”.

La presidenta ha agradecido al Colegio de Abogados de Gijón la celebración de estas Jornadas, que en esta tercera edición, y según ha destacado su decano en la inauguración cuentan con un “record de participación”, ya que hay cerca de 180 inscritos.

Tanto Herrero como Carmen Pérez Andújar han explicado que el programa que se abordará en Gijón en estos dos días será “intenso” y tratará temas “de estricta actualidad”, además de ofrecer la oportunidad de resolver dudas y aportar ideas nuevas. La vicesecretaria de Medios Tecnológicos del Consejo ha pedido que todos los asistentes compartan lo que hace su Colegio para avanzar todos juntos.

III JORNADAS TECNÓLOGICAS PARA COLEGIOS DE ABOGADOS DE GIJÓN

En las Jornadas, organizadas por el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Gijón, se analizarán temas como las medidas relativas a la protección de datos y la ciberseguridad, la presencia de los Colegios de Abogados en las redes sociales, las aplicaciones móviles con funcionalidades colegiales, nuevas herramientas de gestión para los colegiados o cuestiones de interés relativas a inteligencia artificial, big data o blockchain.

Las Jornadas, dirigidas a miembros de Juntas de Gobierno y personal directivo de los Colegios de Abogados y de los Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados, contarán con la presencia de más de 160 personas provenientes de 65 Colegios de Abogados y Consejos Autonómicos.

MÁS INFORMACIÓN:

Protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial a debate en las Jornadas Tecnológicas de Gijón

Dimitir por WhatsApp es legal, ser despedido no2018-03-26

Pelegrí Abogados 

Las nuevas tecnologías han cambiado mucho la relación y comunicación entre empresa y trabajador en los últimos años. La aparición de canales de mensajería instantánea como WhatsApp y las redes sociales han supuesto la adaptación del poder judicial a este nuevo escenario, en el que se han dado numerosas sentencias que dejan un precedente claro en esta materia. Así, el marco legal queda claramente establecido en el Artículo 1 del Real Decreto 625/1985; en los Artículos 55.1 y 59.3 del Estatuto de los Trabajadores; y en el Artículo 43.4.1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En este sentido, según establece el Estatuto de los Trabajadores, un despido vía WhatsApp o cualquier otra aplicación o red social en la que no se pueda verificar la autoría de los menajes no será legal, pues “no permite indicar de forma clara y precisa los hechos o las causas del mismo”. El art. 53 indica que para poder extinguir el contrato se requiere “la comunicación escrita al trabajador expresando la causa  junto con la indemnización correspondiente”.

También se muestra contrario a este tipo de comunicación del despido de un trabajador el Tribunal Supremo, que en su sentencia de 19 de mayo de 2015 indicó que “la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas forma parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo”.

Por tanto, aunque el empresario comunique el despido por medios como WhatsApp, será necesario dotar de validez legal esa decisión, adjuntando la correspondiente carta de despido en la que se detallen la fecha de efecto del despido y los argumentos que lo motivan.

No obstante, Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados, recuerda que “el uso de este tipo de servicio de mensajería instantánea a través del teléfono móvil sí que se ha entendido válido en relación a la no superación del período de prueba del trabajador. También a la hora de que el empleado traslade su dimisión a la empresa, siempre que sea de forma clara”. La claridad pasará por que se concrete una voluntad incontestable y manifestada de manera expresa (signos escritos o verbales que expliciten la intención del interesado) o tácita (comportamiento del cual cabe deducir claramente que el empleado quiere dar por finalizada su vínculo profesional con la empresa).

El TSJ de Madrid recuerda a los jueces que deben evitar en los desahucios que los menores de edad queden desprotegidos2018-03-23
Estima parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Octava de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA y ha ordenado al juez que autorizó la entrada en el domicilio para llevar a cabo el desalojo que rectifique la parte dispositiva del auto e incluya en éste cautelas encaminadas a evitar situaciones de desprotección ante la eventual presencia de menores en la familia, con la advertencia de que se informe a los servicios sociales correspondientes para recabar su necesaria colaboración.

Con su decisión, los jueces, según se refleja en la sentencia, se apartan “respetuosamente” de la doctrina del Tribunal Supremo y señalan que el juicio de ponderación que se ha de adoptar en los supuestos de presencia de menores en los desalojos no afecta a la decisión de entrada, sino a la manera en que la administración debe ejecutar la misma.

El Tribunal Supremo, en un caso similar, ordenó al juzgado retrotraer las actuaciones al momento anterior a la solicitud de desalojo por parte del IVIMA para no lesionar la debida protección jurídica de los derechos e intereses de los menores de edad en el proceso de desahucio, y ordenó también que se dictase una resolución suficientemente motivada que ponderase su situación personal, social y familiar, en la que, sin entrar en juicio acerca de la aplicación del principio de proporcionalidad, se respondiera, teniendo en cuenta los datos y elementos disponibles, sobre la afectación de los derechos e intereses de los menores afectados por la decisión judicial.

La Sala del TSJ de Madrid entiende, sin embargo, que las circunstancias personales de precariedad y necesidad, por “muy atendibles que puedan ser en los ámbitos propios de los servicios sociales asistenciales de la administración”, no pueden servir para paralizar la concesión de entrada solicitada, ya que esta circunstancia convertiría al juez que tramita el asunto “no en un juez garante de la inviolabilidad del domicilio y de la ejecutividad del acto, sino en un juez revisor del acto mismo, alterando el sistema de ejecutividad de los actos administrativos”, al que sólo se le permitiría adoptar medidas en orden a la ejecución de entrada tendentes a la protección efectiva del menor.

En el asunto presente, se trata de una mujer que reside en una vivienda propiedad del IVIMA con una hija menor de edad, nacida en el año 2002, sobre la que perdió el derecho de uso tras el fallecimiento de su marido en 2004 al extinguirse la relación contractual.

El Colegio de Abogados de Madrid propone al Ayuntamiento un programa de formación en DDHH y pide más apoyo a los abogados del Turno de Oficio2018-03-23
  • José María Alonso traslada a Manuela Carmena un proyecto para que la abogacía joven forme en Derechos Humanos a la infancia y juventud de la capital

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, con el decano José María Alonso a la cabeza, se ha reunido esta mañana en la sede del Ayuntamiento de Madrid con la alcaldesa Manuela Carmena y la primera teniente de alcalde Marta Higueras. Los representantes de la abogacía madrileña han trasladado a la responsable del consistorio madrileño un documento de propuestas centrado en dos cuestiones: promover la formación en Derechos Humanos entre los jóvenes de la capital y facilitar los desplazamientos de los letrados del Turno de Oficio durante sus guardias para atender las asistencias a detenidos.

Formación en Derechos Humanos

De acuerdo al proyecto de formación en Derechos Humanos planteado por la Junta del ICAM, serán jóvenes abogados voluntarios del Centro de Responsabilidad Social del Colegio, o bien estudiantes de Derecho de las clínicas jurídicas con las que colabora el Centro, quienes formen a los niños y jóvenes de la capital. El Ayuntamiento, por su parte, se encargaría de seleccionar los centros educativos y el encaje en sus programas lectivos.

Vehículos en guardias

Habida cuenta de que las guardias de los abogados del Turno de Oficio son de 24 horas, hay tramos horarios en los que el transporte público ya no opera o es muy limitado. Por eso, el Colegio solicita al Ayuntamiento la reserva de espacios de aparcamiento para los vehículos de estos letrados que acuden a las comisarias de la capital y permitir el estacionamiento sin que se vean afectados por el S.E.R.

También se pide que se les autorice el acceso a las áreas restringidas de circulación, conocidas como Áreas de Prioridad Residencial, cuando tengan que acudir a las comisarías de Centro, Retiro y Arganzuela.

Por otra parte, la Junta ha revisado con el Ayuntamiento la viabilidad de celebrar la segunda edición de la Carrera Solidaria ‘Corre por lo Justo’, organizada por el Colegio, así como dar continuidad a la colaboración con el Programa Reorienta +45 dirigido a desempleados mayores de 45 años.

El Tribunal Supremo establece que el pago del impuesto por la constitución de las hipotecas incumbe al prestatario2018-03-23
El Pleno de la Sala Primera notifica la sentencia cuyo fallo adelantó el pasado 28 de febrero en la que resuelve dos recursos sobre el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Autor Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha estudiado este miércoles dos recursos relativos a reclamaciones de consumidores contra cláusulas de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria que les atribuían todos los gastos e impuestos generados por la operación.

En concreto, el alto tribunal discutía únicamente lo relativo al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Los magistrados estiman en parte los recursos y establecen que: a) por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario, de acuerdo a la jurisprudencia constante de la Sala III del propio Supremo; y b) por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.

La nota informativa facilitada por la Sala Primera señala lo siguiente:

“El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto en el día de hoy dos recursos de casación en relación con sendas reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación.

El tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos.

En los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El tribunal ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite”.

Límites al poder disciplinario del empresario: ejercicio exclusivo frente a conductas tipificadas en convenio colectivo2018-03-22

La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León de fecha 23 de junio de 2017, revocó la Sentencia del juzgador de instancia que vino a estimar la sanción impuesta por la Empresa a su empleado –oficial de tercera-. Dicha medida se articuló sobre la base de que el trabajador se desplazase al centro de trabajo donde habitualmente prestaba sus servicios conduciendo un automóvil, todo ello a pesar de la existencia de un informe emitido por la mutua que alertó específicamente de las limitaciones que presentaba el mismo en cuanto al manejo de vehículos a motor.

En este contexto, la Sentencia que nos ocupa analiza la idoneidad de la sanción impuesta por la Entidad demandada a uno de sus trabajadores -demandante- y que concluyó con la suspensión de empleo y sueldo de hasta 50 días frente mismo, todo ello por la comisión de una falta tipificada como muy grave. Concretamente, de la propia carta de sanción notificada al demandante se extrae que el incumplimiento que se le imputa radicó en el hecho de que este se desplazase a su centro de trabajo conduciendo un vehículo, a pesar de ser conocedor de sus limitaciones al respecto y en contra de las advertencias efectuadas reiteradamente por sus responsables.

Efectivamente, en la propia resolución invocada, consta acreditado que el trabajador tendría conocimiento, desde el pasado mes de marzo de 2016, del contenido de un informe emitido por la mutua el día 10 de marzo de 2016, por el que habría sido considerado -entre otras limitaciones- incapacitado para conducir vehículos a motor. Pues bien, a pesar del diagnóstico médico anteriormente descrito, lo cierto es que el trabajador acudió en varias ocasiones a trabajar manejando su propio vehículo.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la empresa optó por notificar al trabajador un requerimiento en el mes de abril de ese mismo año, con el objeto de disuadirle de continuar incurriendo en dicha conducta contraria a lo estipulado médicamente y que, por otro, lado implicaba en última instancia, el riesgo de que la mercantil demandada pudiera resultar responsable de cualquier accidente "in itinere" protagonizado por el mismo en el futuro. No obstante lo anterior, el comportamiento del actor persistió en los meses de junio y julio hasta en 3 ocasiones. Dicha circunstancia, sumada a un eventual rendimiento inferior al resto de trabajadores, precipitó que la empresa sancionase al trabajador imponiéndole la referida sanción de 50 días de suspensión de empleo y sueldo, notificada el pasado día 15 de julio de 2016, todo ello por incurrir en "una manifiesta transgresión de la buena fe contractual, un engaño manifiesto y una desobediencia a una orden dada por su superior".

Pues bien, al margen de otras cuestiones planteadas por la parte recurrente -trabajador- y que no gozaron del recorrido esperado por el mismo, la cuestión objeto de debate de la Sentencia del TSJ de Castilla y León se centró en determinar si la sanción debiera ser declarada nula o, subsidiariamente improcedente.

A este respecto, el fundamento de la nulidad se articuló sobre la base de la existencia de una eventual vulneración de su garantía de indemnidad. El trabajador, en este punto, argumentó la existencia de un nexo causal que conectaba la reclamación de cantidad por la que solicitaba el abono de pagas extraordinarias supuestamente adeudadas por la empresa y que interpuesto en julio de 2016 y la represalia adoptada por la Empresa, materializada en la sanción notificada en ese mismo mes de julio de 2016 -y que trae causa en el recurso analizado-. Pues bien, al hilo de lo anterior, la Sentencia razonó la inexistencia de una vulneración del principio de la garantía de indemnidad en los términos expuestos por la defensa del empleado, al concurrir -según lo invocado en los Hechos Probados- una sanción grave previa a la reclamación de las pagas extraordinarias, en el mes de abril. Dicha circunstancia, se traduciría en que la empresa habría recurrido a la medida, no con ánimo punitivo, si no para denunciar determinadas conductas intolerables desde el punto de vista disciplinario de la misma tal y como hizo en aquella otra ocasión -abril 2016-. Por tanto, la pretensión del recurrente quedaría desvirtuada, precisamente, por la existencia previa a la reclamación de cantidad de otra sanción por la comisión de una falta grave.

Por último -y quizá el análisis más llamativo de la resolución que nos ocupa- se vino a valorar en el Fundamento Jurídico Sexto la procedencia o no de la sanción muy grave objeto de impugnación, teniendo en cuenta que el Magistrado no cuestionó los hechos aparentemente constitutivos de la conducta censurada por la empresa -traslado del trabajador a su puesto de trabajo en vehículo a motor propio, a pesar del informe médico y las constantes advertencias de sus responsables-. En este sentido y dejando al margen la imputación de la eventual disminución del rendimiento de trabajo alegado en la carta de despido por falta de prueba, razona el Juzgador que procede estimar el recurso y revocar la sanción. En efecto, al margen de la certeza de la conducta del recurrente contraria a las órdenes de la mercantil demandada, concluyó el TSJ de Castilla la Mancha que, dicho comportamiento, no tenía cabida en el marco del contrato de trabajo al constituir los desplazamientos y el medio para efectuarlos decisiones y cuestiones ajenas al ámbito laboral y propias de la vida personal del trabajador.

Por tanto, la cuestión verdaderamente trascendental y que vino a determinar la viabilidad o no de la sanción, radicó en que la conducta tipificada por la empresa como desobediencia y engaño manifiesto a los superiores no tendría consideración de falta, precisamente por tratarse de conductas ajenas al ámbito de organización y dirección del empresario y que, por consiguiente, no serían objeto de sanción en virtud del Convenio Colectivo aplicable. A mayor abundamiento, expone el juzgador que si lo verdaderamente preocupante para el empleador -según lo consignado en el propio escrito de sanción- radicaba en el riesgo que este asumía ante un eventual accidente "in itinere" de su trabajador, precisamente por conducir con las limitaciones detectadas por la mutua, en tal caso, de acontecer el siniestro, la responsabilidad de la empresa derivado del mismo debiera sustanciarse conforme a lo previsto en la Ley General de la Seguridad Social. Precisamente, para entrar a valorar la eventual exclusión de la consideración de accidente de trabajo debido a la existencia de dolo o imprudencia temeraria de quien lo padece en el contexto laboral -art. 156,4 b) de la LGSS, debiera sustanciarse el correspondiente procedimiento en materia de Seguridad Social, vía esta la adecuada para abordar tal cuesitón.

El Colegio de Abogados de Madrid aprueba los presupuestos para 2018, incluyendo un Plan de Igualdad y un Fondo de Solidaridad2018-03-22
  • La Junta General del ICAM respalda unos presupuestos de 28,6 millones de euros para 2018 y valida las cuentas del último ejercicio

La Junta General del Colegio de Abogados de Madrid, reunida en sesión Ordinaria y Extraordinaria, ha aprobado los presupuestos de la institución para 2018 con 854 votos a favor (86% de apoyo), 128 en contra y 10 abstenciones. Asimismo, los colegiados madrileños validaron mayoritariamente las cuentas del ejercicio anterior con 850 sufragios a favor, 210 en contra y 168 abstenciones.

La Junta de Gobierno del Colegio, encabezada por el decano José María Alonso, ha presentado sus primeros presupuestos para poner en marcha el programa destinado a lograr una institución útil para los colegiados. “Somos la Junta de Gobierno de todos los compañeros y compañeras, nos hayan votado o no”, señaló José María Alonso, e “inauguramos esta legislatura con una voluntad y una convicción absolutamente transformadoras y con la firme vocación de atribuir los mayores recursos tecnológicos, económicos y materiales a los colegiados que más lo necesiten”.

Del trabajo realizado en los dos meses y medio transcurridos desde su toma de posesión, el decano destacó las reuniones mantenidas con las más altas autoridades de la judicatura y del Estado en defensa de “un papel más relevante para la abogacía”, las gestiones a favor del Turno de Oficio “porque los baremos están desfasados” y las acciones emprendidas para contribuir a fortalecer los servicios de Nueva Mutua Sanitaria, que incluyen la designación de una consejera.

Con una gestión basada en la eficacia, la calidad y la transparencia, el objetivo de la nueva Junta de Gobierno es situar a los colegiados en el centro de una institución de referencia que aporte valor añadido a la abogacía madrileña y contribuya a ocupar un papel relevante en la sociedad civil y ante las instituciones. En palabras del decano, “un Colegio que sea no sólo el más grande sino también el mejor de Europa”.

Para ello, la corporación madrileña dispondrá de un presupuesto de 28,6 millones de euros para el presente ejercicio, cifra que supone una reducción del 1,8% respecto al gasto real del año anterior y un incremento del 2,4% respecto a la cifra presupuestada en 2017. Todo ello sin incrementar las cuotas, que se mantienen congeladas.

Entre otras medidas, la Junta de Gobierno potenciará el área de Defensa de la Abogacía e impulsará un Plan de Igualdad. El proyecto aprobado por la Junta General contempla la creación de un Fondo de desarrollo profesional para apoyar a los colegiados que más lo necesiten, como los abogados jóvenes, aquellos que buscan su primer empleo o quienes apuesten por montar su propio despacho. Los presupuestos también prevén la creación de un servicio de Headhunter y el desarrollo de una nueva App para facilitar la relación de los colegiados con la institución. Además, se incluyen nuevas partidas para desarrollar la Gestión del Conocimiento, dando acceso a los colegiados a las mejores bases de datos del mercado, y se duplica la cantidad asignada a las Secciones profesionales.

Proyecto tecnológico

El decano José María Alonso ha realizado un paréntesis en la presentación de los presupuestos para explicar los pormenores del proyecto tecnológico contratado con IBM para llevar a cabo la transformación digital del Colegio. Por una parte, se ha puesto por primera vez fecha de entrega del proyecto, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de julio, lo que supone una demora de los plazos acordados por la anterior Junta. Asimismo, se ha anunciado que el Colegio realizará una profunda revisión tanto de las causas de la demora como de los posibles sobrecostes que conlleve, con la consiguiente rendición de cuentas y atribución de responsabilidades.

En aras de la máxima transparencia, el decano ha comunicado que se facilitará el acceso al contrato del proyecto tecnológico a los colegiados que lo soliciten y firmen previamente un documento de confidencialidad.

Cuentas con superávit

Respecto a las cuentas anuales aprobadas por los colegiados, el Colegio cerró el ejercicio 2017 con un superávit de 320.216 euros. La suma alcanzada en el apartado de ingresos, 29,5 millones de euros, es un 5,5% superior a la cantidad presupuestada. Este crecimiento, cifrado en 1,5 millones de euros, responde a unos mayores ingresos de los previstos tanto en cuotas de incorporación y ordinarias como en subvenciones y convenios, además del beneficio obtenido por la venta del inmueble sito en el Paseo de la Castellana acordada en la Junta General Extraordinaria de 20 de julio de 2017.

El Colegio de Abogados de Madrid cerró el año 2017 con un censo de 77.425 colegiados, un 1% más que el año anterior, distribuidos en 43.625 ejercientes y 33.800 no ejercientes.

La inversión extranjera en España alcanzó los 36.122 millones de euros, un 0,7% más que en 20162018-03-22

La inversión extranjera en España en 2017 alcanzó los 36.122 millones de euros, la cifra más alta desde el año 2008 y un 0,7% superior a la de 2016, según los datos del Registro de Inversiones Extranjeras (RIE) de la Secretaría de Estado de Comercio.

En términos netos, la inversión extranjera se situó en 24.545 millones de euros, un 12,3% menos que en 2016. Las cifras de flujos de inversión directa suelen ser muy volátiles, ya que una sola operación de envergadura puede alterar significativamente al alza o a la baja las comparaciones, por lo que es pertinente contrastarlas con medias de los últimos años. Así, la comparación con la media de los últimos cinco años refleja un aumento de la inversión bruta del 25,6% y del 18,7% en términos netos.

La inversión productiva extranjera (descontadas las ETVE -entidades de tenencia de valores extranjeros- que son financieras y no generan efectos económicos reales significativos) experimentó un descenso del 7,2% hasta los 23.758 millones en términos brutos. En neto se situó en 12.323 millones, un 36% menos que un año antes. La inversión bruta en ETVE alcanzó 12.365 millones, con un crecimiento del 20,6%, debido sobre todo a tres operaciones puntuales que equivalen al 73% de la inversión total en este tipo de entidades.

La disminución de la inversión productiva neta se explica por el incremento de las desinversiones en un 80,1%. Parte importante de este ascenso corresponde a una única operación de venta de una participación en una compañía por parte del inversor extranjero a una sociedad española, pero en realidad este movimiento accionarial no tiene impacto negativo en la economía puesto que no supone reducción de la actividad empresarial. Lo mismo ocurre con la mayoría de las ventas registradas en el año.

Las inversiones extranjeras para nuevas aportaciones a empresas por parte de los inversores extranjeros (constituciones y ampliaciones), que son las que tienen impacto sobre el empleo, suponen el 78,7% de la inversión productiva bruta y aumentaron un 52%. La adquisición de empresas ya constituidas supone el 21,3% restante y descendió un 62%.

Los principales países inversores son Luxemburgo (20,9%), Alemania (13,6%), Reino Unido (13,1%), Estados Unidos (10,7%) y Francia (9,7%). Entre los cinco concentran el 68% del total. EEUU dejó de ser el primer inversor (caída del 50,1%) y pasó a ocupar la cuarta posición. Suiza aumentó sus inversiones un 347,8% respecto a 2016, debido al efecto de una sola operación.

Por regiones, los países de la OCDE, que acaparan el 93,1% de las inversiones, registraron un descenso del 5,3%. También cayeron las inversiones procedentes de áreas como Latinoamérica (66,7%), América del Norte (52,8%) y Asia y Oceanía (76,8%). Las inversiones procedentes de la UE -que concentran el 70,2%- aumentaron un 18,7% y las de África lo hicieron un 344,8%, debido fundamentalmente a dos inversiones.

Los principales sectores de destino de la inversión productiva fueron actividades inmobiliarias (13,2% del total), suministro de energía eléctrica y gas (10,3% del total), servicios financieros (7%), telecomunicaciones (6,7%) y comercio al por mayor (6,4%). Estas cinco rúbricas acaparan casi la mitad de la inversión del año.

La Comunidad de Madrid, con 14.521 millones (61,1% del total  y aumento del 24,7%); Cataluña, con 3.093 millones (13% del total y un descenso del 39,8%), y País Vasco, con 2.616 millones (11% del total y un aumento del 70,8%) concentran el 85,1% de la inversión productiva.

Cataluña volvió al segundo puesto que había perdido en el tercer trimestre debido a una recuperación de la inversión entre octubre y diciembre pasados (910 millones), a pesar de que fue prácticamente la mitad de la registrada en el mismo periodo de 2016 (1.764 millones). El peso de la inversión en Cataluña respecto al conjunto del país ha pasado del 20,1% en 2016 al 13% en 2017. Si la comparación se lleva a cabo con la inversión media de los últimos cinco años, la caída registrada en 2017 alcanza el 23,9%.

Inversión española en el exterior

En 2017 la inversión española en el exterior alcanzó los 30.736 millones de euros, un 42% menos que en 2016. En neto, se situó en -2.606 millones de euros, un 106,5% menos que un año antes. La inversión productiva bruta alcanzó los 19.761 millones de euros, un 47% menos, y en términos netos se situó en -9.856 millones, un 137,8% menos que en 2016. La caída de la inversión neta se debe fundamentalmente a una operación de reestructuración societaria de un grupo extranjero por la que una sociedad española absorbe una filial en el exterior, liquidando por tanto su inversión.

El destino principal de la inversión productiva española bruta fue EEUU que, a pesar de registrar una caída del 45% respecto a 2016, incrementó su porcentaje relativo sobre el total hasta el 14,2% (desde el 13,7%). Le siguió Francia, con 2.795 millones y una cuota que pasó del 1,2% al 14,1%. La tercera posición la ocupó México, que recibió 1.567 millones de euros (643 en 2016), lo que representa un 8,7% del total.

Destacó el incremento de las inversiones en Colombia (216,6%) y en Portugal (115,6%), así como la caída de las dirigidas a Irlanda (77,5%) y Reino Unido (93,6%).

Un 47% de empresas ya se decanta por el arbitraje como método alternativo idóneo para la resolución de disputas2018-03-21
  • Roca Junyent, Comillas ICADE y la ACC presentan el primer Estudio sobre Arbitraje en España con el objetivo de ayudar a conocer y mejorar esta práctica en España
  • De las empresas encuestadas, un 89% considera el arbitraje como el método idóneo para disputas internacionales, y un 78% ven de forma positiva el futuro del arbitraje en España
  • Las principales usuarias del arbitraje son grandes empresas, predominantemente del sector energético

Roca Junyent, Comillas ICADE y la Association Corporate Counsel Europe (ACC) presentaron recientemente el Primer Estudio de Arbitraje en España, en el que se analiza este procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos jurídicos como alternativa en la determinación de disputas entre compañías.

Del estudio se desprende que el arbitraje comienza a ser un método asentado de resolución de disputas en España, aunque todavía tiene un largo recorrido si tenemos en cuenta su utilización en otras jurisdicciones. En todo caso, y pese a que el 53% de las empresas encuestadas sigue prefiriendo acudir a la jurisdicción ordinaria, el arbitraje es ya una práctica extendida en el 47% restante de compañías, bien como instrumento único o junto con otros métodos de resolución alternativa. Las principales usuarias del arbitraje son grandes empresas, es decir, aquellas con una facturación superior a los 5.000 millones de euros. Predominantemente, estas compañías pertenecen al sector energético y hacen uso de esta práctica de forma mayoritaria en disputas internacionales.

La principal impulsora del informe, Marlen Estévez, Socia de Litigación & Arbitraje de Roca Junyent,  señala sobre la naturaleza del estudio que “resulta esencial identificar los principales beneficios y ventajas del arbitraje, así como reconocer campos de mejora de esta práctica con el fin de poder adaptarla a las necesidades reales de sus destinatarias, las empresas”. Por su parte, Javier Ramírez, miembro del Consejo de Dirección y chair of advocacy de ACC Europe, añade que “este primer estudio sobre Arbitraje en España es muy importante porque identifica los puntos fuertes y las áreas de mejora no desde el punto de vista de los árbitros, los abogados de despacho o las instituciones arbitrales, sino desde la perspectiva de los usuarios principales del arbitraje, las empresas, de quienes depende la decisión sobre la utilización o no de este método de resolución alternativa de disputas”.

En este sentido, los resultados de la encuesta indican que las empresas perciben como principales ventajas de esta práctica la especialización y conocimiento técnico sobre la materia objeto de arbitraje, la cualificación exigida al árbitro, así como en la rapidez del procedimiento. No obstante, las compañías también identifican desventajas, entre las que destacan la carestía del procedimiento, la tendencia habitual de los árbitros a tomar decisiones salomónicas y la ausencia de jurisprudencia que pueda utilizarse en otras disputas.

Las instituciones arbitrales son el órgano principal en la ejecución de esta práctica y en relación con esto, la elección de una u otra institución depende en gran medida, según los datos arrojados por el estudio, de la experiencia de la institución en la administración de arbitrajes, de la garantía de imparcialidad e independencia en el nombramiento de árbitros y de la especialización de la institución arbitral en el tipo de conflicto en particular.

La mayoría de las empresas tienden a elegir un tribunal arbitral en lugar de decantarse por la elección de un Árbitro Único, siendo las principales característica que en su opinión tiene que reunir un árbitro el conocimiento del derecho aplicable, el conocimiento de las cuestiones técnicas y el prestigio. Lo que pone en evidencia que lo que más valoran las empresas a la hora de decantarse por el arbitraje es la posibilidad de escoger árbitros especialistas en la materia objeto de controversia.

La efectividad de la que goza el arbitraje en España queda confirmada con los datos que arroja el estudio. En este sentido, la mayoría de empresas indica que el porcentaje de éxito de los procedimientos de oposición a la ejecución de un laudo y de anulación de un laudo es menor al 10%. El motivo más frecuente para solicitar la anulación de un laudo es la vulneración del orden público.

Iñigo Navarro, Decano de Comillas ICADE ha resaltado que “el arbitraje tiene un tremendo atractivo, sobre todo para la resolución de conflictos internacionales, ya que aporta a las partes una mayor confianza sobre el proceso, sobre las reglas que se aplicaran y dan seguridad sobre el resultado final, además de economizar tiempo”.

En cuanto a las cortes arbitrales cabe señalar que las más utilizadas en España son la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y la Corte Española de Arbitraje, si bien a nivel internacional la más utilizada es la CCI. Ahora bien, cabe destacar que con carácter general las cortes internacionales han resultado mejor valoradas que las nacionales por sus usuarias, quizás porque para las empresas los elementos más importantes a la hora de inclinarse por la elección de una determinada corte arbitral son la experiencia de la institución en la administración de arbitrajes, la garantía de imparcialidad e independencia en el nombramiento de los árbitros y la especialización de la institución arbitral en el tipo de disputa en particular.

Un 89% de las compañías considera que el arbitraje es el método idóneo para la resolución de disputas internacionales. Asimismo, una amplia mayoría de participantes (78%) ven positivamente el futuro del arbitraje en España, un porcentaje que se eleva al 81% entre las empresas que han intervenido en algún procedimiento arbitral en los últimos cinco años. De ahí, que los autores de este estudio entiendan que es el momento adecuado para potenciar iniciativas como la consistente en la creación de una corte arbitral internacional española de referencia.

Españoles, europeos y extracomunitarios deben estar equiparados en el Impuesto sobre Sucesiones, según el Tribunal Supremo2018-03-21

En una reciente sentencia del pasado 19 de febrero y que acaba de hacerse pública, el Tribunal Supremo ha dictaminado que los sujetos residentes fuera de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) también pueden beneficiarse de las bonificaciones autonómicas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como cualquier ciudadano español o residente en la UE o en el EEE.

Concluye el Tribunal que lo contrario supone una vulneración de la libertad de circulación de capitales que, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha manifestado en su doctrina jurisprudencial, aplica a países terceros. De hecho la sentencia de nuestro Alto Tribunal referente a la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de septiembre de 2014 a un heredero no residente de un país de la Unión Europea ni del espacio económico europeo.

Recordamos que la citada sentencia del TJUE, declaró incompatible con el marco normativo europeo la norma interna española que regulaba los puntos de conexión establecidos por la ley 22/2009, para la cesión del tributo a las Comunidades Autónomas, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios.

El TS reprocha especialmente al Estado su inacción ante una evidencia (la referida discriminación). Cabe destacar además que en esta sentencia, el Tribunal reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del derecho comunitario, lo que, adicionalmente a la posibilidad de solicitar devoluciones de ingresos indebidos por períodos no prescritos, abre la vía a solicitar devoluciones por períodos prescritos.

Según ha informado el Colegio de Economistas, si bien dicha sentencia parecía tener efectos sólo respecto a los residentes en un país de la Unión Europea o Espacio Económico Europeo, nuestro Alto Tribunal recuerda que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige a los países miembros, no solo que no haya discriminación de trato entre los mismos, sino entre los países miembros y terceros países.

Accede a la sentencia

La Agencia Tributaria obtiene 14.792 millones de euros en 2017 como resultado de la lucha contra el fraude2018-03-21

Los resultados de control del pasado año mejoran en 500 millones de euros (3,5%) los obtenidos en la media de los tres años anteriores

  • La Delegación Central de Grandes Contribuyentes aportó un 42% de la deuda liquidada por la Agencia Tributaria, que alcanzó un total de 5.378 millones, con una media de casi 200.000 euros por contribuyente
  • La deuda liquidada a personas físicas con grandes patrimonios ascendió a 332 millones
  • Los contribuyentes afectados por las visitas presenciales del Plan IVA han elevado más del 10% el importe de sus liquidaciones como resultado inducido inmediato
  • Tras las 14 grandes operaciones coordinadas a nivel nacional desarrolladas desde 2013, los más de 600 contribuyentes afectados han elevado en 535 millones de euros el volumen de operaciones declarado en IVA y en 400 millones los ingresos declarados en Sociedades
  • La deuda pendiente de cobro baja en casi 3.500 millones en 2017 y acumula un descenso de 7.800 millones en tres años, para situarse ya en niveles cercanos a los de 2010

La Agencia Tributaria ha obtenido 14.792 millones de euros en 2017 como efecto recaudatorio de su labor en la prevención y la lucha contra el fraude, consolidando en los niveles del año anterior (14.883 millones) unos resultados que mejoran en 500 millones de euros, un 3,5%, la media del trienio 2014-2016, y configurando así un periodo de cifras récord en la labor de control encomendada a la Agencia.

De esta cifra global, 14.221 millones de euros se corresponden con el ‘indicador 3’ de objetivos, el resultado directo obtenido por la Agencia Tributaria en el ejercicio de sus funciones de prevención y lucha contra el fraude, que mejora en un 3,9% la media de los tres años anteriores.

A su vez, esta recaudación se desglosa en ingresos directos procedentes de actuaciones de control (‘indicador 3.1’), que suma 9.505 millones de euros, y la minoración de devoluciones solicitadas por los contribuyentes (‘indicador 3.2’), con 4.716 millones de euros.

Los ingresos de la Agencia Tributaria por lucha contra el fraude se completan con 571 millones de euros procedentes de declaraciones extemporáneas (fuera del plazo voluntario) sin requerimiento previo por parte de la Agencia.

Potenciación de la actividad inspectora

El pasado año la Agencia Tributaria realizó un total de 117.380 actuaciones nominales de comprobación e investigación, un 8,3% más que los niveles récord alcanzados el año anterior. Al mismo tiempo, se incrementó un 1,3% la deuda liquidada hasta alcanzar los 5.378 millones de euros, con una deuda media por contribuyente de 199.000 euros. De la cifra global, un 42% se corresponde con actuaciones desarrolladas por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

También se impulsaron las minoraciones de bases imponibles negativas, de deducciones en cuota pendientes de aplicar y de cuotas a compensar, incrementando cuotas tributarias en 4.027 millones de euros, 320 millones más (+8,7%) que en el año anterior. Si bien estas actuaciones no computan en los resultados de control de la Agencia al no suponer ingreso ni minoración de devoluciones, resultan de gran trascendencia para ensanchar bases imponibles futuras y elevar la recaudación.

A su vez, en el ámbito del control de grandes patrimonios, donde ya se han iniciado las primeras comprobaciones inspectoras vinculadas con la nueva herramienta de selección creada el pasado año, en 2017 la Agencia Tributaria ha liquidado deuda tributaria por un importe de 332 millones de euros.

Primer efecto inmediato del Plan del IVA

La Agencia Tributaria dio en 2017 un nuevo y fuerte impulso a sus actuaciones presenciales (‘peinados’) destinadas al control in situ en sectores y ámbitos de riesgo fiscal, realizando un total de 32.215 visitas, un 31% más que el año anterior. El motivo de un crecimiento tan intenso en estas actuaciones destinadas a la detección de economía sumergida es el desarrollo, desde el mes de abril, del Plan de Visitas IVA 2017, bajo el cual se completaron 14.698 visitas, el 45% de todas las actuaciones presenciales del año.

Mientras se van desarrollando las inspecciones abiertas a los contribuyentes seleccionados por el Área de Inspección de la Agencia a partir de las actuaciones presenciales, se percibe ya un primer efecto inducido de la campaña en los contribuyentes afectados por las visitas, que han elevado en más de un 10% el importe de sus liquidaciones de IVA presentadas tras el inicio de la campaña, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Macrooperaciones sectoriales

Junto a estas visitas, destaca otra nueva línea de actuación dentro del campo de las actuaciones presenciales, centrada en complementar las grandes actuaciones coordinadas centralizadas con entradas y registros que se vienen desarrollando para el descubrimiento de actividad económica oculta y la detección de software de ocultación de ventas. El pasado año se desarrollaron 782 visitas de estas características, que permiten extender el efecto de las macroactuaciones nacionales sobre sectores concretos de actividad.

Estas grandes operaciones, un total de 14 desde el año 2013, han llevado a un fuerte incremento en las cantidades ingresadas estos años en IVA y Sociedades por parte de los más de 600 afectados, empresas, fundamentalmente, y también socios, administradores y personas de su entorno. El efecto paralelo de afloramiento de actividad se aprecia tanto en el IVA, con un crecimiento del volumen de operaciones declarado de 535 millones de euros, como en Sociedades, donde sus ingresos de explotación declarados han crecido en 400 millones de euros.

Inspecciones y auditoría informática

El papel que juegan las Unidades de Auditoría Informática (UAI) tanto en estas macrooperaciones, como en muchas otras atomizadas por todo el territorio nacional, se aprecia en el resultado de las inspecciones posteriores. Sólo en 2017, se realizaron 4.004 actas de inspección, un 35% más que el año anterior, a contribuyentes que en los últimos ejercicios han sido objeto de intervenciones con UAI, por un importe de 373 millones de euros, un 36% más que lo regularizado el año previo.

En los últimos cinco años, estas intervenciones con volcados informáticos que facilitan el descubrimiento de rentas ocultas, permiten mejorar la obtención de pruebas y reducen la duración de las comprobaciones, han derivado en la regularización de 1.288 millones de euros a través de más de 15.200 actas de inspección.

La deuda pendiente de cobro cae ya a niveles de 2010

Dentro del área de Recaudación, destaca nuevamente la fuerte reducción registrada en la deuda pendiente de cobro, que descendió en casi 3.500 millones de euros, un 7,6%, hasta los 42.365 millones. De esta forma, en tres años la deuda pendiente se ha reducido ya en más de 7.800 millones de euros, situándose prácticamente en los niveles del año 2010.
Entre las causas principales de esta reducción se encuentran el aumento de las derivaciones de responsabilidad a terceros distintos del deudor principal, medidas cautelares e investigaciones patrimoniales, la campaña de control de deuda en fase de embargo y las distintas mejoras aplicadas en la gestión recaudatoria, tanto en materia de aplazamientos como en deuda suspendida y concursal.

Continuando con el impulso de las actuaciones más cualificadas del Área de Recaudación para lograr el cobro efectivo de las deudas tributarias, al objeto de detectar posibles insolvencias ficticias se efectuaron en 2017 casi 36.700 investigaciones de movimientos financieros, un 40% más que el año anterior y 8,5 veces más que las actuaciones que se realizaban en el año 2012. De igual forma, se han adoptado más de 4.100 medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales, un 39% más que en 2012, y se han acordado más de 16.000 derivaciones de responsabilidad, más del doble de las realizados en 2012.

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 411 personas en 20172018-03-20
En los 97 procedimientos concluidos por este tipo de delitos el año pasado. El 73,8 de las 126 sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción fueron condenatorias. En el último trimestre de 2017, se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 97 personas en 20 procedimientos y se notificaron 26 sentencias, de las que 18 fueron condenatorias

Autor Comunicación Poder Judicial

Los jueces y juezas españoles concluyeron en 2017 un total de 97 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 411 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo. 

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, al que se han incorporado los correspondientes al último trimestre de 2017. 

El repositorio, que permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción mediante la actualización trimestral de la información sobre sus principales indicadores (personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.), es de acceso público en la web www.poderjudicial.es en el siguiente enlace: 

www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/ 

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía.

De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.  

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º). 

De los 97 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 20 corresponden al último trimestre de 2017. 

Procedimientos por delitos de corrupción 

 

1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

2

2

0

0

4

          Total órganos centrales

2

2

0

0

4

Andalucía

5

11

1

5

22

Aragón

0

1

0

0

1

Asturias

0

3

1

0

4

Baleares

2

5

1

0

8

Canarias

2

1

5

3

11

Cantabria

1

1

0

2

4

Castilla-La Mancha

0

0

1

0

1

Castilla y León

3

0

2

5

10

Cataluña

5

3

3

0

11

Comunidad Valenciana

1

0

4

5

10

Extremadura

1

1

1

0

3

Galicia

0

1

1

0

2

Madrid

3

1

0

0

4

Murcia

1

0

0

0

1

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

1

0

0

0

1

La Rioja

0

0

0

0

0

                         Total CC.AA.

25

28

20

20

93

TOTAL

27

30

20

20

97

*Procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo en los que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o procesamiento 

 

En cuanto a las personas acusadas en esos procedimientos -un total de 411-, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 97 de ellas en el último trimestre del año pasado. 

Personas acusadas en procedimientos por delitos de corrupción 

 

1T 2017

2T 2017

3T 2017

4T 2017

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

6

5

0

0

11

          Total órganos centrales

6

5

0

0

11

Andalucía

18

60

1

65

144

Aragón

0

2

0

0

2

Asturias

0

7

4

0

11

Baleares

8

27

5

0

40

Canarias

20

1

24

3

48

Cantabria

2

1

0

3

6

Castilla-La Mancha

0

0

3

0

3

Castilla y León

9

0

8

16

33

Cataluña

12

6

23

0

41

Comunidad Valenciana

3

0

16

10

29

Extremadura

9

2

1

0

12

Galicia

0

5

14

0

19

Madrid

5

2

0

0

7

Murcia

2

0

0

0

2

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

3

0

0

0

3

La Rioja

0

0

0

0

0

                         Total CC.AA.

91

113

99

97

400

TOTAL

97

118

99

97

411

*Acusados y/o procesados en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo 

 

Un 73,8 por ciento de sentencias condenatorias 

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron 126 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 93 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento del total. 

Sentencias en procedimientos por corrupción dictadas en 2017 

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

1T 2017

8

11

9

8

36

2T 2017

13

12

5

13

43

3T 2017

9

6

2

4

21

4T 2017

8

6

4

8

26

TOTAL

38

35

20

33

126

 

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados). 

El repositorio permite consultar también los datos de las 26 sentencias notificadas en el cuarto trimestre de 2017 –de las que 18 fueron condenatorias- desglosados por Comunidades Autónomas. 

Sentencias por corrupción por CC.AA. (cuarto trimestre de 2016) 

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

Tribunal Supremo

0

0

0

0

0

Audiencia Nacional

0

1

0

0

1

Total órganos centrales

0

1

0

0

1

Andalucía

0

1

2

2

5

Aragón

0

0

0

1

1

Asturias

0

0

0

0

0

Baleares

6

0

1

0

7

Canarias

0

0

1

1

2

Cantabria

0

0

0

0

0

Castilla-La Mancha

0

0

0

0

0

Castilla y León

1

0

0

0

1

Cataluña

1

0

0

1

2

Comunidad Valenciana

0

2

0

1

3

Extremadura

0

0

0

1

1

Galicia

0

0

0

0

0

Madrid

0

1

0

0

1

Murcia

0

1

0

1

2

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

0

0

0

0

0

La Rioja

0

0

0

0

0

Total CC.AA.

8

5

4

8

25

TOTAL

8

6

4

8

26

Las CDA’s de los Colegios de Abogados reclaman medidas más eficaces y ambiciosas de protección animal2018-03-20

Los representantes de las distintas comisiones y secciones de defensa de los derechos de los animales (CDA’s) de los colegios de abogados de España que se reunieron en Palma los días 8 y 9 de marzo han aprobado el documento de conclusiones de un encuentro que ha servido para poner de manifiesto la necesidad de instar a los poderes públicos y al legislador a adoptar medidas más eficaces y ambiciosas de protección animal.

Entre dichas conclusiones, los profesionales asistentes al II Encuentro estatal de CDA’s manifiestan la necesidad de impulsar reformas legislativas en distintos ámbitos y disciplinas del Derecho encaminadas, entre otras medidas y objetivos, a establecer tipos agravados de delito de maltrato animal para los casos de especial crueldad, supuestos de zoofilia o aquellos causados a más de un animal; a promover el “sacrificio cero”; o a sustituir la experimentación con animales por “otros métodos alternativos científicamente satisfactorios y contrastados que permitan obtener el mismo resultado sin utilizar animales”.

Los letrados y letradas asistentes al encuentro se muestran partidarios, asimismo, de respaldar e impulsar iniciativas de reforma en el ámbito del derecho laboral con la finalidad de que los trabajadores puedan prestar la asistencia debida a los animales de los que sean titulares y/o cuidadores; y de otras medidas normativas de carácter estatal, autonómico o municipal para que los centros de atención a personas en situación de especial vulnerabilidad, como pueden ser los albergues públicos o concertados para personas sin hogar, las residencias públicas de ancianos o, incluso, los hospitales, permitan la entrada de los animales de compañía de los usuarios de estos espacios

Las comisiones y secciones colegiales de defensa de los derechos de los animales abogan también por incrementar, en número y en eficacia, las inspecciones de las administraciones públicas competentes sobre las instalaciones y la calidad de vida de los animales en el ámbito de la industria cárnica y alimentaria – tanto en las granjas, como durante el transporte del animal y su muerte en matadero-; por la supresión de la denominada “tracción a sangre”; por la prohibición del uso de animales en “todo tipo de fiestas y actividades de entretenimiento popular, tradicionales o no”, así como de cualquier actividad o evento que utilice en sus espectáculos cualquier clase de animal (salvaje, doméstico o de compañía).

El II Encuentro de comisiones y secciones de defensa de los derechos de los animales de los colegios de abogados reunió en Palma a cerca de 60 profesionales de más de una veintena de corporaciones profesionales de abogados de prácticamente todo el país.

CONCLUSIONES DEL II ENCUENTRO ESTATAL DE CDA´S 

En funcionamiento la APP del Colegio de Abogados de Cádiz de prestación de servicios colegiales2018-03-20

El salón de Actos del Colegio de Abogados de Cádiz acogió ayer la presentación de la nueva APP del ente colegial en la transformación tecnológica digital en la que se encuentra inmersa.

Dicha aplicación gratuita, apta para teléfonos móviles y tablets (tanto IOS v8 y superiores, como Android v7 y superiores), cuenta con una sesión pública y privada que permitirá al colegiado de ICA Cádiz acceder a determinados servicios colegiales, como el Censo de Letrados, Directorio Colegial, Directorio de Órganos Judiciales, Noticias y Circulares del Colegio, Biblioteca Digital y Bases de datos (Sepín, Tirant, Fondos Bibliográficos, CENDOJ, etc.),  Inscripción en Cursos, Formularios de Incidencias, así como contactar con distintos departamentos del Colegio. Además contará con un sistema de notificaciones que mantendrá al colegiado informado en todo momento.

Esta aplicación ha sido diseñada para ser usada por público general, pero especialmente orientada al trabajo diario de los colegiados, persiguiendo facilitar la utilización los servicios colegiales, lo que redundará en beneficio de las comunicaciones telemáticas con el Colegio, que esperemos sirva para paliar las posibles deficiencias que en determinados momentos sufren las comunicaciones telefónicas.

Una de las novedades que tiene dicha aplicación- y en la que es pionero el Colegio Oficial de Abogados de Cádiz-, es que el usuario puede acceder directamente, a través de ella, a una serie de recursos bibliográficos, destacando el acceso a los recursos de cualquier editorial, como si estuvieran conectado desde la parte privada de la página web.

La aplicación cuyo nombre es localizada en el buscador de Play Store o App Store con el nombre de “Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz”, permite la posibilidad de contactar directamente con los distintos departamentos del Colegio haciendo uso del gestor de correos instalado en el dispositivo, así como geolocalizar abogados y delegaciones.

Otro apartado importante con el que cuenta en la zona privada y que aporta una novedad tecnológica a los colegiados es la visualización y notificación instantánea de las circulares y noticias emitidas por el Colegio, así como la posibilidad de inscribirse a cursos y jornadas formativas, todo ello sin salir de la aplicación. Además,  una incorporación de utilidad para los colegiados es el acceso directo a todos los juzgados de guardia de cada partido judicial, así como la posibilidad de realizar reserva de salas en Cádiz y Algeciras para poder reunirse con sus clientes.

Como novedad también está la posibilidad de registrar cualquier tipo de incidencia judicial y extrajudicial ante la que se encuentre un abogado, ya sea por retrasos sufrido en los Juzgados, por incumplimiento de derechos o de la ley, etc., todo ello con la finalidad de prestar finalmente un mejor servicio al colegiado y dar posibles soluciones, por ejemplo -con vistas de presentar estudios y estadísticas con dichas reclamaciones- a la problemática de los retrasos judiciales.

Desde el Colegio se está trabajando intensamente en avanzar y mejorar los medios y servicios tecnológicos que el Colegio ofrece a sus colegiados. La puesta en marcha de esta aplicación supone un paso más, permitiendo al colegiado acceder a una gran cantidad de recursos ofrecidos por el Colegio sin salir de la aplicación. Ha sido diseñada para que facilitar el trabajo diario de los abogados del Colegio.

El 98,3 por ciento de las más de 9.000 sentencias dictadas en 2017 por los juzgados especializados en cláusulas abusivas fueron favorables al cliente2018-03-19
En 22 de las 50 provincias españolas, el cien por cien de las resoluciones notificadas el año pasado fueron estimatorias. El número de sentencias dictadas, que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre fue de 1.230, se incrementó hasta las 8.096 en el último trimestre del año. El total de asuntos ingresados en estos órganos judiciales en el segundo semestre de 2017 fue de 138.156, a los que hay que sumar los casi 16.000 recibidos entre el 1 y el 30 de junio

Autor Comunicación Poder Judicial

El 98,3 por ciento de las 9.326 sentencias dictadas el año pasado por los Juzgados de Primera Instancia especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fueron favorables al cliente. 

Así lo revelan los datos contenidos en el anexo sobre cláusulas suelo que la Comisión Nacional de Estadística Judicial acordó incorporar a los boletines estadísticos el año pasado y que los letrados de la Administración de Justicia comenzaron a cumplimentar en el tercer trimestre de 2017. El primer plan de urgencia sobre cláusulas abusivas había entrado en funcionamiento un mes antes, el 1 de junio. 

El plan consistía en la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- para conocer de manera exclusiva y no excluyente de esta clase de asuntos, que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa. 

La información recogida muestra que el número de sentencias dictadas por los juzgados especializados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, teniendo en cuenta que los órganos judiciales se dedicaron fundamentalmente a la tramitación de las demandas ingresadas y que el mes de agosto es inhábil en la jurisdicción civil, fue de 1.230, de las que el 99, 3 por ciento fueron estimatorias. 

La cifra de resoluciones notificadas se incrementó notablemente en el siguiente trimestre, el último del año, alcanzando las 8.906, de las que el 98,1 por ciento fueron favorables al cliente. 

 

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

España

1.230

99,3 %

8.096

98,1 %

El total de asuntos ingresados en los juzgados especializados en el segundo semestre de 2017 fue de 138.156. A esta cifra hay que añadir los 15.801 que tuvieron entrada entre el 1 y el 30 de junio, periodo que queda fuera del recogido en los boletines estadísticos. 

Un cien por cien de sentencias estimatorias en 22 provincias 

La información recogida refleja asimismo que en 22 de las 50 provincias españolas el porcentaje de sentencias favorables al cliente fue del cien por cien en 2017. 

Así, todas las resoluciones dictadas el año pasado fueron estimatorias en Albacete, Ávila, Barcelona, Badajoz, Cantabria, Castellón, Córdoba, Girona, Huelva, Huesca, Lugo, Lleida, Málaga, Murcia, Navarra, Palencia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Toledo y Zamora. 

Los siguientes cuadros muestran el número de sentencias dictadas en los juzgados especializados de cada provincia en el tercer y el cuarto trimestre de 2017 y el porcentaje de ellas que fueron estimatorias. 

ANDALUCÍA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Almería

5

100 %

102

97,1 %

Cádiz

13

92,3 %

128

95,3 %

Córdoba

0

-

38

100 %

Granada

2

100 %

85

87,1 %

Huelva

0

-

43

100 %

Jaén

19

94,7 %

102

93,1 %

Málaga

0

-

91

100 %

Sevilla

4

100 %

132

96,2 %

 

ARAGÓN

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Huesca

2

100 %

26

100 %

Teruel

4

100 %

47

97,9 %

Zaragoza

112

99,1 %

228

98,7 %

 

ASTURIAS

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Asturias

173

100 %

819

98,9 %

 

ILLES BALEARS

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Illes Balears

62

96,8 %

90

93,3 %

 

CANARIAS

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Las Palmas

76

100 %

178

98,9 %

S.C. de Tenerife

7

100 %

189

100 %

 

CANTABRIA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Cantabria

17

100 %

121

100 %

 

CASTILLA-LA MANCHA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Albacete

0

-

18

100 %

Ciudad Real

12

100 %

141

96,5 %

Cuenca

2

100 %

3

100 %

Guadalajara

0

-

48

95,8 %

Toledo

11

100 %

266

100 %

 

CASTILLA Y LEÓN

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Ávila

0

-

35

100 %

Burgos

14

100 %

136

97,1 %

León

60

100 %

458

99,8 %

Palencia

28

100 %

112

100 %

Salamanca

15

100 %

105

100 %

Segovia

8

100 %

28

100 %

Soria

9

100 %

52

100 %

Valladolid

2

100 %

189

99,5 %

Zamora

14

100 %

202

100 %

 

CATALUÑA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Barcelona

15

100 %

195

100 %

Girona

13

100 %

164

100 %

Lleida

14

100 %

62

100 %

Tarragona

5

100 %

25

96,0 %

 

COMUNIDAD VALENCIANA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Alicante

39

100 %

193

94,8 %

Castellón

0

-

117

100 %

Valencia

46

100 %

491

95,5 %

 

EXTREMADURA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Badajoz

3

100 %

220

100 %

Cáceres

53

100 %

164

95,7 %

 

GALICIA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

A Coruña

17

100 %

144

91,7 %

Lugo

12

100 %

72

100 %

Ourense

0

-

79

98,7 %

Pontevedra

41

100 %

131

96,9 %

 

MADRID

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Madrid

105

99,0 %

799

97,5 %

 

REGIÓN DE MURCIA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Murcia

0

-

77

100 %

 

NAVARRA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Navarra

17

100 %

98

100 %

 

PAÍS VASCO

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

Araba-Álava

57

96,5 %

150

98,0 %

Bizkaia

101

99,0 %

355

98,9 %

Gipuzkoa

19

100 %

142

99,3 %

 

LA RIOJA

Provincia

Sentencias 3er trimestre 2017

Estimatorias 3er trimestre 2017

Sentencias 4º trimestre 2017

Estimatorias 4º trimestre 2017

La Rioja

2

100 %

206

98,1 %

El TC declara que la Ley Vasca de Adicciones no invade competencias del Estado si se limita a establecer que las asociaciones de cannabis tienen como fin colaborar con la Administración Sanitaria2018-03-19

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha desestimado el recurso presentado por el Gobierno contra el art. 83 de la Ley vasca 1/2016, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. El Tribunal declara que el precepto cuestionado es acorde con la Constitución siempre y cuando se interprete que no fija qué tipo de asociación son las “entidades de personas consumidoras de cannabis” a las que se refiere, sobre las que se limita a prever que deben colaborar con la administración sanitaria. De este modo, la única competencia afectada es la de sanidad interior, compartida entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ha sido ponente de la resolución el Presidente del Tribunal, Juan José González Rivas.

En su demanda, la Abogacía del Estado sostiene que el art. 83 de la Ley vasca de Adicciones regula el consumo, abastecimiento y dispensación de cannabis y que, por esa razón, invade las competencias estatales sobre legislación de productos farmacéuticos, legislación penal y seguridad pública. El Tribunal desestima esta pretensión.

Por un lado, afirma la sentencia, el precepto impugnado impone a ciertas asociaciones privadas “una serie de funciones de colaboración con la Administración competente en materia de protección de la salud de quienes sufren adicción al consumo de cannabis”, por lo que entra en el ámbito de la competencia autonómica de sanidad interior.

Por otro lado, el art. 83 permite que las llamadas entidades de personas consumidoras de cannabis se constituyan legalmente como asociaciones y se limita a atribuirles, sin especificar más, “funciones de colaboración con la Administración”.
En ningún caso el art. 83 afirma “explícitamente” que las asociaciones abastezcan a sus miembros de cannabis para su uso personal, ni tampoco que puedan consumir dicha droga en el interior de sus locales. Puede decirse que “no predetermina el tipo de asociación que son las entidades de personas consumidoras de cannabis que regula”; del mismo modo, solo prevé, respecto a sus actividades y funciones, que deben colaborar “con la administración sanitaria en aras a los objetivos de protección de la salud y reducción de daños”.

Partiendo de esa interpretación, puede concluirse que la norma vasca impugnada no invade la legislación penal, ni tampoco la legislación en materia de medicamentos ni la competencia de seguridad pública, ámbitos todos ellos reservados de forma exclusiva al Estado. Su contenido afecta sólo a la materia protección de la salud, en la que el estado es competente para establecer las bases de la sanidad interior (art. 149.1.16 CE) y la Comunidad autónoma, para desarrollar esas bases.

La pensión de incapacidad en España es compatible con las rentas de otros países de la UE2018-03-16

El Sr. José Blanco Marqués es titular de una pensión española de incapacidad permanente total. Para calcular el importe de esta pensión sólo se tuvieron en cuenta las cotizaciones al régimen español de seguridad social. Dado que el Sr. Blanco Marqués tenía más de 55 años en la fecha en que se hizo efectiva la resolución que le reconoció el derecho a pensión, se le concedió un complemento equivalente al 20 % de la base reguladora tenida en cuenta para determinar el importe de la pensión. En efecto, la normativa española prevé este incremento de la pensión de incapacidad permanente total cuando el trabajador tiene al menos 55 años. Cuando alcanzó la edad de 65 años, el Sr. Blanco Marqués obtuvo, a partir de marzo de 2008, una pensión de jubilación de la seguridad social suiza, que se le concedió teniendo en cuenta exclusivamente las cotizaciones abonadas al régimen de seguridad social obligatorio suizo. En febrero de 2015, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) suprimió el complemento del 20 % que percibía el Sr. Blanco Marqués, por estimar que dicho complemento era incompatible con la percepción de una pensión de jubilación, y le exigió que reintegrara un importe de 17 340,95 euros, correspondiente a los importes abonados en concepto de dicho complemento.

El Sr. Blanco Marqués interpuso recurso contra esta resolución ante el Juzgado de lo Social n.º 1 de Ponferrada (León), que fue estimado por ese juzgado. Ese órgano jurisdiccional consideró que el complemento del 20 % no era efectivamente incompatible con la percepción de la pensión de jubilación suiza, ya que, con arreglo al reglamento relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad, [1] sólo existe incompatibilidad si la normativa nacional establece que se tengan en cuenta, a estos efectos, las prestaciones o los ingresos adquiridos en el extranjero. Ahora bien, el juzgado afirmó que tal norma no existe en Derecho español.

El INSS interpuso recurso de suplicación contra esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, alegando que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el complemento del 20 % no sólo se suspende cuando el beneficiario tiene un empleo, sino también cuando percibe una pensión de jubilación en otro Estado miembro o en Suiza, dado que tal pensión de jubilación constituye un ingreso de sustitución de los rendimientos del trabajo. Dadas las discrepancias entre los tribunales nacionales, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pide al Tribunal de Justicia que interprete el reglamento.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que debe considerarse que el complemento del 20 % concedido al trabajador en España y la pensión de jubilación adquirida por el mismo trabajador en Suiza son de la misma naturaleza, en el sentido del Reglamento, lo que podría entrañar su incompatibilidad. El Tribunal de Justicia subraya que este complemento está destinado a proteger a una categoría específica de personas particularmente vulnerables, a saber, los trabajadores comprendidos entre los 55 y los 65 años a los que se ha declarado en situación de incapacidad permanente total y para quienes resulta difícil encontrar empleo en una profesión diferente de la que ejercían anteriormente. El Tribunal de Justicia añade que el complemento del 20 % y la pensión de incapacidad permanente total presentan características análogas a las de las prestaciones de vejez, en la medida en que tienen por objeto garantizar medios de subsistencia a estos trabajadores durante el período comprendido entre la declaración de la situación de invalidez permanente total y la edad de jubilación.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia declara que la disposición española que prevé la suspensión del complemento del 20 % -norma nacional que prohíbe la acumulación y que constituye una cláusula de reducción en el sentido del reglamento- no es aplicable a ese complemento, ya que no está incluido en un anexo del mismo reglamento (a saber, el anexo IV, parte D). En efecto, este reglamento dispone, en particular, que las cláusulas de reducción contenidas en la legislación de un Estado miembro se aplicarán a una prestación calculada por la institución nacional en virtud únicamente de las disposiciones de la legislación que aplica (como ha sido el caso tanto para el cálculo del importe de la pensión de incapacidad permanente total española como para el de la pensión de jubilación suiza), pero sólo cuando se cumplen dos requisitos acumulativos: i) el importe de la prestación debe ser independiente de la duración de los períodos de seguro o de residencia cumplidos (lo que incumbe comprobar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respecto al complemento del 20 %), y ii) la prestación ha de figurar en el citado anexo del reglamento.

[1] Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n.º 592/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 (DO 2008, L 177, p. 1).

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La marca «La Mafia se sienta a la mesa» es contraria al orden público2018-03-16

Italia solicita con éxito la nulidad del registro de dicha marca como marca de la Unión Europea
La sociedad española La Honorable Hermandad (a la que sucedió La Mafia Franchises) solicitó en 2006 a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la siguiente marca de la Unión, concretamente para servicios de restauración:

En 2015, Italia presentó ante la EUIPO una solicitud con objeto de que se declarase la nulidad de dicha marca por ser contraria al orden público y a las buenas costumbres. La EUIPO estimó la referida solicitud. La EUIPO consideró, por una parte, que la marca «La Mafia se sienta a la mesa» promovía manifiestamente la organización criminal conocida con el nombre de Mafia y, por otra, que el conjunto de los elementos denominativos de dicha marca transmitía un mensaje de convivialidad y de banalización del elemento denominativo «la mafia», deformando de este modo la gravedad que éste vehicula.
Al no estar conforme con la resolución de la EUIPO, La Mafia Franchises interpuso un recurso de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal General desestima el recurso interpuesto por La Mafia Franchises y confirma la resolución de la EUIPO.
El Tribunal General destaca que el elemento denominativo «la mafia» es dominante en la marca de la sociedad española y es comprendido mundialmente en el sentido de que remite a una organización criminal que recurre, entre otras cosas, a la intimidación, a la violencia física y al asesinato a fin de ejercer sus actividades, que incluyen el tráfico ilegal de drogas y de armas, el blanqueo de dinero y la corrupción. Pues bien, el Tribunal General considera que esas actividades criminales vulneran los propios valores en los que está fundada la Unión, en particular, los valores de respeto de la dignidad humana y de la libertad, que son indivisibles y constituyen el patrimonio espiritual y moral de la Unión. Además, habida cuenta de su dimensión transfronteriza, las actividades criminales de la Mafia representan una seria amenaza para la seguridad en el conjunto de la Unión. El Tribunal General añade que el elemento denominativo «la mafia» se percibe de manera profundamente negativa en Italia, debido a los graves ataques de dicha organización criminal contra la seguridad y la estabilidad de dicho Estado miembro. El Tribunal General confirma de este modo que el elemento
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denominativo «la mafia» evoca manifiestamente en el público pertinente el nombre de una organización criminal responsable de atentados particularmente graves contra el orden público.
Por otra parte, el Tribunal General considera, en primer lugar, que la intención de La Mafia Franchises de registrar la marca «La Mafia se sienta a la mesa» a fin de evocar la saga cinematográfica El Padrino, y no de provocar u ofender, carece de pertinencia para la percepción negativa de dicha marca por el público. Asimismo, precisa que el renombre adquirido por la marca de la sociedad española, así como su concepto de restaurantes temáticos vinculados a las películas de la saga El Padrino carecen de pertinencia a la hora de determinar si la marca es contraria al orden público. A continuación, el Tribunal General señala que la existencia de numerosos libros y películas que se refieren a la Mafia no altera en modo alguno la percepción de las fechorías cometidas por dicha organización. Por último, el Tribunal General se une al análisis de la EUIPO y de Italia según el cual la asociación del elemento denominativo «la mafia» a la frase «se sienta a la mesa», por un lado, y a una rosa roja, por otro, puede ofrecer una imagen globalmente positiva de la acción de la Mafia y banalizar la percepción de las actividades criminales de dicha organización.
El Tribunal General concluye que la marca «La Mafia se sienta a la mesa» remite a una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y banaliza los graves ataques que dicha organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión. Por lo tanto, la citada marca puede provocar u ofender no sólo a las víctimas de dicha organización criminal y a sus familias, sino también a cualquier persona que, en el territorio de la Unión, se encuentre ante dicha marca y tenga umbrales medios de sensibilidad y tolerancia, razón por la que debe declararse su nulidad.
NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.
NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.
NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

 

El abogado y su firme apuesta por la abogacía preventiva2018-03-16

Creo que no me equivocaría si afirmo que la inmensa mayoría de los abogados somos conscientes que el actual modelo de resolución de conflictos a través de litigio no funciona, como igualmente lo serán la inmensa mayoría de los clientes que han tenido que sufrir en sus carnes un pleito. Vivimos en una sociedad reglamentada en la que el conflicto jurídico puede asomar a la vuelta de la esquina, incluso sin que hayamos participado en su origen, situaciones que tienen que resolverse en unos Juzgados y Tribunales que se encuentran colapsados en todos sus niveles y cuya capacidad de respuesta es lenta y limitada; y para colmo, los procesos son costosos y rodeados de una peligrosa incertidumbre que, sea cual sea el resultado, siempre cobran, además de un coste económico, un elevado coste emocional a las partes.

Por ello, es necesario buscar un enfoque diferente para la evitación y solución de conflictos, y esa nueva perspectiva nos la da la abogacía preventiva, que podemos definir como una forma de ejercer la profesión basada en el empleo de técnicas orientadas a la anticipación y prevención de problemas y conflictos legales y, en su caso, a la minimización de riesgos legales y maximización de derechos y de salidas negociadas a conflictos ya existentes.

Por lo tanto, frente al planteamiento reactivo y basado en la gestión de hechos pasados que preconiza el enfoque de solución de conflictos, el enfoque preventivo es eminentemente proactivo y orientado a la evitación de conflictos futuros.

Sobre la base de dicha definición, podemos afirmar que el fundamento de la abogacía preventiva radica precisamente en que somos conscientes de que el sistema de resolución de conflictos, a pesar de ser necesario (y por ello no puede ser sustituido por otro) puede ser evitado en ocasiones empleando otros enfoques que puedan lograr una mayor satisfacción del cliente. 

Pero, ¿cómo funciona la abogacía preventiva?

Lógicamente, para poder prestar un asesoramiento preventivo, hemos de contar con la participación activa del cliente, quien deberá contactar con el abogado en una fase temporal en el que el problema aún no ha surgido. En estos casos, el abogado debe ofrecer el mejor consejo legal, tratando siempre a anticiparse y prevenir los posibles problemas legales que puedan surgir en el futuro o, en su caso, a reducir los perjuicios ya existentes y evitar que el conflicto se instale minimizando sus efectos.

Aunque tanto el abogado como el cliente puedan inicialmente considerar que las ventajas del asesoramiento preventivo puedan ser escasas y que, en suma, constituirá un coste innecesario (los abogados reduciendo los honorarios por litigios, generalmente más sustanciales, y los clientes incurriendo en costes innecesarios) lo cierto es que los beneficios de esta práctica profesional son patentes, ya que para el abogado, la asesoría preventiva equivale no solo a colaborar con la justicia, sino también a mantener una relación duradera y no ocasional con los clientes, lo que supone una fidelización de los mismos con una mayor posibilidad de facturación (como señala el abogado Alejandro Nieto "El dinero no viene de los pleitos, sino de los clientes"), todo ello sin olvidar la reducción de estrés y tensión emocional que se elimina al evitar el pleito. Alternativamente, para el cliente, la prevención le supondrá un ahorro de tiempo, dinero, y del desgaste emocional y psicológico que supone estar sometido a las veleidades de un litigio durante años.

Concluir señalando que la abogacía preventiva puede ejercitarse en todas las ramas del derecho e incluso cuando el cliente se presenta con un emplazamiento para contestar una demanda, pues en tales casos, siempre habrá opciones a medio o largo plazo para solucionar amistosamente  el conflicto. Naturalmente, ello no obsta para que en caso del a veces inevitable litigio judicial, el abogado emplee su capacidad, astucia y prestigio para defender con éxito los intereses de su cliente, o, como dice Polonio sabiamente a su hijo Alertes en Hamlet: "Guárdate de entrar en pendencia; pero, una vez en ella, obra de modo que sea el contrario quien se guarde de ti".

Las acusaciones y las defensas aún cometen errores en los juicios penales contra las personas jurídicas2018-03-15

DAAS Corporate Defense, la red de despachos especializados la defensa penal corporativa, ha analizado la jurisprudencia y la sistemática legal del compliance en una sesión celebrada el pasado 1 de marzo en Madrid con el fiscal de delitos económicos de A Coruña, Juan Antonio Frago.

Pedro López-Graña, director jurídico de DAAS Corporate Defense introdujo el seminario con unas pinceladas sobre la situación del compliance y el trabajo de la red de despachos para profundizar en la formación de sus asociados en materia de compliance con el objetivo de "mantener los altos estándares de calidad de asesoramiento a los clientes en un aspecto tan relevante para las empresas."

El seminario comenzó con una ponencia de Juan Antonio Frago en la que analizó en profundidad la fase procesal de la persona jurídica haciendo un pormenorizado repaso a las distintas fases de instrucción y enjuiciamiento y esbozando un panorama de los numerosos aspectos técnico-jurídicos sobre "cuestiones de competencia" (artículo 14 bis LECr); "Derecho de Defensa" (artículo 119 y 120 LECr); especialidades sobre la "declaración de la persona jurídica"  (artículo 409 bis LECr); "Entradas y Registros"  (artículo 554.4 LECr) y "procedimiento contra reos ausentes" (artículo 839 bis LECr); y otras cuestiones de interés respecto a la fase de enjuiciamiento (artículos 786 bis y 787.8 LECr).

La exposición eminentemente práctica del fiscal Frago despertó gran interés en el selecto aforo de los socios de la red de despachos especializados en compliance, especialmente cuando el fiscal explicó las distintos errores que se han ido detectando en la práctica judicial y los diferentes puntos que pueden ser de interés y sobre los cuales deben poner especial atención tanto las acusaciones como las defensas.

La jornada finalizó con un amplio debate en el cual los asistentes plantearon sus dudas, preguntas e incluso discrepancias entre los diferentes letrados participantes y el fiscal.

Pedro Sánchez, director ejecutivo de DAAS Corporate Defense, remarcó que este formato resulta de especial utilidad para los abogados que acuden porque permite aclarar dudas, generar estrategias e incluso "interrogar" a un fiscal en cuestiones prácticas y de enorme actualidad e importancia.

DAAS Compliance desarrolla este modelo de seminarios en diferentes ciudades españolas, acercando el concepto de compliance a abogados penalistas, abogados de empresas y a los directivos interesados en conocer y prevenir los riesgos de delitos económicos de las personas jurídicas.

Aranzadi Fusión Empresas ofrece el mayor nivel de seguridad

La segunda conclusión deviene de la anterior y se materializa en una realidad que no siempre se tiene en cuenta: el nivel de seguridad de la información que ofrecen los servidores de las compañías especializadas en soluciones digitales dista mucho de ser uniforme. En esta materia, los clientes de Thomson Reuters que utilizan Aranzadi Fusión Empresas tienen garantizada el mayor nivel de seguridad para su información. Esto es debido a que la aplicación se encuentra alojada en uno de los DataCenter corporativos de Thomson Reuters que cuenta con la ISO 27001 (referente a la seguridad de la información) y la ISO 9001 (referente a la calidad).

Adicionalmente, nuestras aplicaciones son testeadas con diferentes escáneres por parte de un proveedor externo experto en seguridad (Veracode) que se encargan de detectar posibles vulnerabilidades como pueden ser SQL Injection o Cross-Site Scripting (XSS). Estos escáneres se encargan de asegurar que nuestras aplicaciones cumplen con los requisitos que son necesarios para evitar cualquier problema referente a la seguridad de los datos almacenados por nuestros clientes.

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El Tribunal Supremo desestima un recurso del Ayuntamiento para registrar 'Barcelona' como marca colectiva2018-03-15
La Sala Tercera señala que no tiene carácter distintivo, en cuanto impide que se cumpla la finalidad propia de las marcas colectivas, que es la de identificar el origen empresarial de un producto o servicio procedente de uno de los miembros integrantes del ente asociativo

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 29 de diciembre de 2016, que confirmó la legalidad de la denegación de la marca colectiva "Barcelona", solicitada por la citada Corporación local para las 45 clases del Nomenclátor Internacional de Marcas (las 45 clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios).

El Supremo señala que comparte el criterio del tribunal de instancia, que “sostiene que la marca colectiva número 33.012.390 "Barcelona", para distinguir productos y servicios en las clases 1 a 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas, no puede acceder al registro, porque no tiene carácter distintivo, en cuanto impide que se cumpla la finalidad propia de las marcas colectivas, que es la de identificar el origen empresarial de un producto o servicio procedente de uno de los miembros integrantes del ente asociativo, ni tampoco la función de garantía de los productos o servicios designados, al solicitarse de forma indiscriminada para la totalidad de productos o servicios del Nomenclátor Internacional de Marcas”.

El alto tribunal recuerda que el artículo 62 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, conceptúa como marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.

“Esta definición de la marca colectiva presupone que el signo que se pretende registrar goce de capacidad distintiva propia y tiene, por tanto, la suficiente fuerza individualizadora para poder determinar el origen empresarial de los productos o servicios de los miembros de una asociación de interés privado o el origen corporativo de los productos o servicios designados, de modo que no se produzca error o confusión sobre la naturaleza o significación de la marca y no se ponga en riesgo la competencia en el mercado”, explica la resolución.

Los magistrados indican que las marcas colectivas cumplen la función de identificar con seguridad, no a una empresa individual (como la marca individual), sino los productos o servicios de los miembros de una asociación empresarial titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas (marca colectiva asociativa). Y cuando se trata de marcas colectivas solicitadas por personas jurídicas de Derecho público, es necesario que permita reconocer a la generalidad del público la titularidad de los productos o servicios ofrecidos de los productos o servicios de otros Entres o Corporaciones de carácter privado o público (marca colectiva corporativa).

En todo caso, agrega la sentencia, los signos utilizados en la configuración de una marca colectiva deben ser apropiados para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial o corporativo de los productos o servicios reivindicados respecto de los de otras empresas u organismos. La circunstancia de que el solicitante de la marca colectiva sea una persona jurídica de Derecho público, tal como autoriza expresamente el artículo 62.2 de la Ley de Marcas (y no una asociación empresarial de productores, fabricantes, comerciales o prestadores de servicios), no autoriza sin embargo a prescindir del requisito de que el signo solicitado tenga carácter distintivo.

Con base en esos criterios hermenéuticos, que explican la naturaleza y los fines que caracterizan a las marcas colectivas, sostiene el Supremo que “no es registrable la marca colectiva número 3.012.390 "Barcelona", al ser de aplicación la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, tal como apreció el Tribunal de instancia, en cuanto no incorpora ningún elemento distintivo o individualizador de carácter diferenciador que permita al público interesado distinguir la titularidad de los productos o servicios designados o el origen comparativo de dichos productos o servicios ofrecidos, frente a los productos de otras empresas o entes públicos”.

La Sala fija como doctrina jurisprudencial al respecto la siguiente: “Las personas jurídicas de Derecho público (y entre ellas los entes locales), están legitimadas para solicitar la inscripción de marcas colectivas, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, pero los signos utilizados en la configuración de la marca colectiva aspirante que incluyan referencias de carácter geográfico sólo podrán registrarse cuando tengan carácter distintivo del origen empresarial o corporativo de los productos o los servicios reivindicados respecto de los productos o servicios de otras empresas o entes públicos o privados, al ser de aplicación a esta clase de marcas la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1 b) de la citada Ley marcaria”.

El Tribunal General de la UE anula la decisión por la que la Comisión denegó una solicitud de revisión de la autorización para comercializar productos que contienen soja modificada genéticamente2018-03-15

Las consecuencias de los OMG sobre la salud humana o animal pueden estar comprendidas en el ámbito del Derecho medioambiental, de modo que las organizaciones no gubernamentales pueden invocar tales cuestiones en el marco de una solicitud de revisión basada en el Reglamento de Aarhus

Entre 2007 y 2010, las sociedades Pioneer Overseas y Monsanto Europe solicitaron una autorización para comercializar alimentos, ingredientes alimentarios y piensos que contienen soja modificada genéticamente.
Para cada una de dichas solicitudes, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) consideró, en esencia, que, por lo que respecta a los efectos potenciales sobre la salud humana y animal o sobre el medio ambiente, la soja modificada genéticamente es tan segura como las variantes no modificadas genéticamente, teniendo en cuenta sus usos previstos.

Basándose en este dictamen de la EFSA, la Comisión, mediante varias decisiones fechadas el 24 de abril de 2015, [1] autorizó la comercialización de los productos solicitados.

TestBio Tech, una organización no gubernamental que se opone a que se introduzcan en el mercado tales productos, solicitó a la Comisión, sobre la base de un Reglamento de la Unión que permite a las organizaciones no gubernamentales participar en el proceso de toma de decisiones en materia medioambiental («Reglamento de Aarhus»), [2] que efectuara una revisión interna de las Decisiones de autorización de 24 de abril de 2015. [3] Por Decisión de 16 de noviembre de 2015, la Comisión denegó, en gran parte, la solicitud de revisión, al entender esencialmente que los aspectos relacionados con la evaluación sanitaria de los alimentos o de los piensos modificados genéticamente no pueden ser examinados en el marco del Reglamento de Aarhus, puesto que no conciernen a la evaluación del riesgo medioambiental sino más bien al ámbito de la salud.

TestBio Tech formuló recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea para obtener la anulación de la Decisión denegatoria de la Comisión. Según TestBio Tech, la solicitud de revisión interna se refiere plenamente a cuestiones comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento de Aarhus. A este respecto, alega que las Decisiones de autorización de comercialización adoptadas sobre la base del Reglamento de la Unión sobre alimentos y piensos modificados genéticamente [4] constituyen actos regidos por el Derecho medioambiental, en el sentido del Reglamento de Aarhus, y que el impacto de los OMG sobre el estado de la salud humana es una cuestión de salud que tiene relación con el estado del medioambiente.
Mediante la sentencia de hoy, el Tribunal General anula la Decisión de la Comisión.


El Tribunal General recuerda, en primer lugar, que el Reglamento sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, que sirve de fundamento a las autorizaciones de 24 de abril de 2015, forma parte íntegramente de las materias del Derecho medioambiental a las que se refiere el Reglamento de Aarhus, y que tales autorizaciones, por lo tanto, pueden ser objeto de revisión interna.

En lo que respecta a la cuestión de si la argumentación esgrimida por TestBio Tech en su solicitud de revisión está comprendida en el ámbito del Derecho medioambiental en el sentido del Reglamento de Aarhus, [5] el Tribunal General observa, en particular, que para poder transformar cualquier organismo modificado genéticamente en alimento o en pienso es necesario previamente cultivarlo. Mientras son cultivados, los OMG forman parte, en principio, del medio ambiente natural y, en consecuencia, constituyen normalmente uno más de sus elementos. De ello se sigue que las disposiciones del Reglamento sobre el etiquetado de los OMG que tratan de las consecuencias de los OMG sobre la salud humana o animal también tienen por objeto una materia medioambiental.

El Tribunal General llega a la conclusión de que el Derecho medioambiental en el sentido del Reglamento de Aarhus abarca cualquier disposición legislativa de la Unión que regule los OMG con vistas a la gestión del riesgo para la salud humana o animal que se derive de dichos OMG o de factores medioambientales que puedan repercutir en los OMG cuando éstos son cultivados o criados en el medio ambiente natural, sin que quepa distinción alguna relativa a las situaciones en las que los OMG no han sido cultivados dentro de la Unión.

El Tribunal General declara que las alegaciones esgrimidas por TestBio Tech en su solicitud de revisión están perfectamente comprendidas en el ámbito del Derecho medioambiental, en el sentido del Reglamento de Aarhus. Por consiguiente, la Comisión incurrió en error al declarar que dichas alegaciones no podían ser objeto de examen en aplicación del artículo 10 del citado Reglamento. En consecuencia, el Tribunal General anula la Decisión denegatoria de la Comisión, lo que implica que ésta tiene que volver a pronunciarse sobre la solicitud de TestBio Tech. NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

[1] Decisión de Ejecución (UE) 2015/698 por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente 305423 (DP-3Ø5423-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 (DO 2015, L 112, p. 71); Decisión de Ejecución (UE) 2015/686 por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja MON 87769 modificada genéticamente (MON-87769-7) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 (DO 2015, L 112, p. 16); Decisión de Ejecución (UE) 2015/696 por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente MON87705 (MON-877Ø5-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 (DO 2015, L 112, p. 60).

[2] Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente (DO 2006, L 264, p. 13).

[3] El Derecho de la Unión ha establecido, en efecto, que las organizaciones no gubernamentales pueden presentar una solicitud de revisión interna ante la institución de la Unión que haya adoptado un acto administrativo en materia medioambiental.

[4] Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (DO 2003, L 268, p. 1).

[5] En su solicitud de revisión interna, TestBio Tech señaló que: 1) la EFSA no ha elaborado aún orientaciones relativas a los efectos sobre la salud de una semilla modificada genéticamente cuyo contenido nutricional ha sido sensiblemente alterado; 2) la falta de orientaciones ha dado lugar a una evaluación de los riesgos nutricionales inadecuada e incoherente, que no satisface los requisitos legales; 3) la falta de orientaciones ha dado lugar a una infracción de las normas reguladoras del etiquetado; 4) la falta de orientaciones ha dado lugar a propuestas inadecuadas e incoherentes relativas al seguimiento posterior a la comercialización; 5) en lo que concierne a las variedades de soja MON 87705 y 305423, los residuos de herbicidas no han sido tomados en consideración a la hora de examinar las incidencias sobre la salud del consumo de alimentos y piensos modificados genéticamente, y 6) en lo concerniente a la soja MON 87705, los efectos negativos de la interferencia por ácido ribonucleico han sido objeto de una evaluación insuficiente.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Los Colegios de Abogados no pactan ni recomiendan precios ni honorarios2018-03-14
  • Rotunda disconformidad del Consejo General de la Abogacía Española con la sanción de la CNMC a nueve Colegios

El Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su absoluta disconformidad con la sanción de 1,455 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a 9 Colegios de Abogados de distintas provincias por, supuestamente, realizar “una recomendación colectiva de precios” tras los juicios de afectados contra Bankia por la salida a Bolsa de la entidad en 2011.

El Consejo General de la Abogacía Española reitera que no es cierto que los Colegios Profesionales hayan realizado recomendación de precios ni directa ni indirectamente. Los honorarios de los abogados en España se fijan libremente, cuestión que es pública y notoria.

El expediente abierto por la CNMC tiene como origen una denuncia presentada por Bankia, entidad que, tras perder numerosos juicios, ha tenido que afrontar el pago de las costas judiciales, es decir los honorarios de los abogados y los derechos de los procuradores y de los peritos de los consumidores, que tuvieron que acudir a los juzgados como única forma de resarcirse de la inversión realizada en la salida a Bolsa en 2011.

La determinación de las costas judiciales no se produce únicamente cuando ha perdido el asunto el Banco, también se determina en los casos en los que la entidad bancaria gana el asunto. Y su importe no lo fijan los Colegios de Abogados sino los juzgados y tribunales con un informe que los Colegios de Abogados deben emitir con carácter obligatorio, de acuerdo con el artículo 246 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Es evidente que la Ley de Colegios profesionales habilita a los Colegios de Abogados para aprobar criterios orientadores, con arreglo a los cuales deben emitir informe en los procedimientos de tasación de costas y jura de cuentas, para que, en cada caso, se determine por el órgano judicial el correspondiente importe de los honorarios de los abogados.

El conocimiento de esos criterios orientativos en cuanto pueden ser determinantes para el conocimiento de los costes reales de un procedimiento judicial es una garantía para el consumidor y un derecho que está reconocido en la “Carta de los derechos de los Ciudadanos ante la Justicia”, que fue aprobada con el respaldo unánime de todos los partidos integrantes del “Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia” formalizado en mayo de  2001 que señala expresamente que “el ciudadano tiene derecho a ser informado por su abogado y por su procurador, con carácter previo al ejercicio de cualquier pretensión ante un órgano judicial, sobre las consecuencias de ser condenado al pago de las costas del proceso y sobre su cuantía estimada.

La resolución de la CNMC va en contra, no solo de la Ley y de la Jurisprudencia reiterada del Tribunal Supremo sino que también supone una modificación de la inicial propuesta de resolución emitida por el órgano de instrucción. El Consejo de la CNMC decidió desoír la “Propuesta de Resolución de Archivo” emitida por la propia Dirección de Competencia de la CNMC, que instruyó el asunto, y dictó un Acuerdo de Recalificación “por infracción muy grave”.

Esta resolución no es firme y varios de los 9 Colegios sancionados han anunciado ya su decisión de interponer recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en la que contarán con el respaldo del Consejo General de la Abogacía Española, que espera que las autoridades judiciales dejen sin contenido el acuerdo de la CNMC. El Consejo pone de manifiesto que crear incertidumbre en el desarrollo de un servicio público poniendo trabas a la misión que, por ley, tienen encomendada los  Colegios de Abogados va a provocar graves perjuicios al ciudadano y al propio desarrollo de la administración de justicia.

COMUNICADO DEL COLEGIO LA ABOGACÍA DE BARCELONA

COMUNICADO DEL COLEGIO DE LA ABOGACÍA DE BIZKAIA

COMUNICADO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE A CORUÑA

Los Colegios de Abogados no pactan ni recomiendan precios ni honorarios2018-03-14
  • El Director de Competencia propuso el archivo del expediente
  • El Colegio de Abogados entiende que la sanción no es conforme a Derecho

Ante la sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el Colegio de Abogados de A Coruña anuncia que recurrirá ante la Audiencia Nacional y comunica:

  • EL COLEGIO DE ABOGADOS DE A CORUÑA VA RECURRIR LA SANCIÓN: el Colegio de Abogados va a recurrir la sanción ante la Audiencia Nacional, confiando en que la deje sin efecto por no ser conforme a derecho. Además lamenta profundamente que de todo el escándalo producido por la irregular salida a bolsa de BANKIA, la CNMC sólo se haya detenido en los informes periciales de los Colegios de Abogados.
  • EL PROCESO JUDICIAL ES AJENO AL MERCADO: en cualquier caso, el proceso judicial es ajeno al mercado nacional, pues en él no se determinan precios, y, por tanto, no afecta ni puede afectar a la competencia. De conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas judiciales son impuestas y el importe de los honorarios fijado por los órganos judiciales. Los Colegios, por obligación legal y a requerimiento judicial, tan sólo intervienen en algunas tasaciones emitiendo un mero informe pericial no vinculante sobre honorarios.
  • LA LEY PERMITE QUE LOS COLEGIOS ELABOREN CRITERIOS DE HONORARIOS PARA TASACIÓN DE COSTAS: además, las leyes de colegios profesionales estatal y gallega permiten que los Colegios elaboren criterios orientativos a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los Abogados, así como para el cálculo de honorarios y derechos que correspondan a los efectos de tasación de costas en asistencia jurídica gratuita, sin embargo la CNMC estima que todos son baremos, están prohibidos y afectan a la competencia del mercado nacional.
  • BANKIA, S.A. DENUNCIANTE: el expediente sancionador se inició por una denuncia de BANKIA, molesta por las costas judiciales impuestas en virtud de las de reclamaciones de miles de pequeños y medianos inversores que perdieron sus ahorros en la salida a bolsa de BANKIA, que fue declarada ilícita por el Tribunal Supremo.
  • LAS COSTAS JUDICIALES IMPUESTAS A BANKIA LAS PAGA EL FROP: BANKIA está nacionalizada desde el 2012, al haberse detectado un agujero patrimonial de 23.500 millones de euros, que fueron cubiertos con fondos públicos. Debido a ello, la mayoría de las indemnizaciones y costas impuestas deben ser asumidas y pagadas por el FROP, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad al igual que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
  • EL DIRECTOR DE COMPETENCIA NO APRECIÓ MOTIVO DE SANCIÓN: tras una larga instrucción, el Director de Competencia, jefe técnico del área de competencia de la CNMC, en su propuesta de resolución estimó que no habían quedado acreditadas conductas sancionables, lo que depararía el archivo del expediente sancionador; sin embargo el Consejo de competencia de la CNMC, en una decisión de calado político, ha acordado sancionar a los nueve Colegios.
  • SANCIÓN DE LA CNMC: la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), en resolución de 8/3/2018, sanciona a los Colegios de Abogados de Albacete, Ávila, La Rioja, Santa Cruz cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Vizcaya, Barcelona y A Coruña por recomendaciones de precios consistentes en elaborar, publicar y difundir baremos de honorarios. Las sanciones impuestas van desde los 620.000 euros al ICA Barcelona a los 10.000€ al ICA Ávila. Al ICACOR se le impone una sanción de 65.000€.
  • EL COLEGIO DE ABOGADOS DE A CORUÑA NO HA ELABORADO UN BAREMO DE HONORARIOS: la institución colegial no ha elaborado un compendio de criterios o baremo de honorarios, por lo que tampoco puede ser responsable de la publicación y difusión de algo que no ha hecho.

Sobre el Colegio Provincial de Abogados de A Coruña

El Colegio Provincial de Abogados de A Coruña es una Corporación de derecho público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cuplimiento de sus fines. El ámbito territorial del Colegio abarca los partidos judiciales de Ribeira, Noia, Muros, Corcubión, Betanzos, Carballo y A Coruña.

El Colegio tiene su sede en A Coruña y cuenta con Delegaciones en todas las demarcaciones judiciales de su ámbito territorial, con la estructura, facultades y competencias que determine la Junta de Gobierno. Se trata del Colegio de Abogados más antiguo de Galicia y el segundo de España, a lo largo de su historia han formado parte de él multitud de Ilustres Letrados.

El TC recuerda a la Policía que un detenido tiene derecho a conocer de forma inmediata las pruebas que hay contra él2018-03-13
  • El caso lo ha llevado un letrado del Turno de Oficio
  • Es la primera sentencia en este sentido desde que se reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2015

El Tribunal Constitucional ha amparado a un hombre que alegó que su derecho a la libertad personal fue vulnerado por la Policía al no informarle de forma suficiente sobre las pruebas que pesaban contra él para su detención y, por tanto, le impidió preparar bien su defensa durante el interrogatorio policial.

Se trata de la primera sentencia que el tribunal de garantías dicta en este sentido después de que la se reformase la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) en 2015 e incorporase las directivas europeas dirigidas a garantizar los derechos de las personas detenidas.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de W.S., al que se le asignó un letrado de oficio, al considerar que ese derecho constitucional no fue respetado porque se omitieron datos que relacionaban al sospechoso con la comisión de un delito y que podían haber sido de utilidad para su abogado con el objetivo de “cuestionar fundadamente” su arresto.

La sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido relata que los hechos se produjeron en Madrid, la madrugada del 15 de mayo de 2016, cuando W.S. fue detenido, junto a otros jóvenes, por su presunta participación en una reyerta en la que hubo varios heridos.

Tras su detención, el recurrente fue informado de sus derechos y se le indicó que el arresto se debía a su presunta participación en un delito de lesiones y a su presencia en el lugar de los hechos.

EXAMEN DE LOS ELEMENTOS QUE JUSTIFICAN LA DETENCIÓN

El abogado que le fue asignado solicitó poder*examinar los “elementos que justifican la legalidad” de la detención*después de que la Policía le negara el atestado. El Juzgado de guardia pero el Juzgado de guardia rechazó iniciar el procedimiento para acceder a esta información.

Pero según afirma la demanda, no fue informado de que varios testigos avisaron a la Policía de que se estaba produciendo una reyerta; y que los detenidos huyeron del lugar cuando llegaron los agentes; uno de ellos tiró al suelo un machete de grandes dimensiones.

La resolución del Tribunal Constitucional recuerda que el artículo 17.3 de la Constitución establece que toda persona detenida tiene derecho a “ser informada de forma inmediata y de modo que le sea comprensible no sólo de los derechos que le asisten, sino también de las razones de su detención”.

Además, tras la reforma de la LeCrim, se reconoce que también se debe de dar a conocer a los arrestados el “procedimiento” que pueden seguir para recurrir su detención y el derecho “de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención”.

En este sentido, la sentencia subraya que esto no implica que la persona detenida pueda tener acceso a todo el contenido del atestado; sino que “únicamente cobra sentido” y se reconoce el conocimiento de aquéllas actuaciones policiales que sean “esenciales para impugnar la legalidad de la detención”. La resolución explica que el informe policial puede recoger información sobre terceras personas no detenidas o sobre líneas de investigación cuyo conocimiento por uno de los posibles implicados pondría en peligro la operación policial.

POR ESCRITO, DE FORMA INMEDIATA Y COMPRENSIBLE

Por otro lado, de la LeCrim se entiende que los agentes son responsables de informar al detenido por escrito “de forma inmediata y comprensible, no solo de los derechos que durante tal condición le corresponden, sino también de los hechos que se le atribuyen y de las razones objetivas sobre las que se apoya su privación de libertad”.

Añade, el Tribunal Constitucional que si el detenido lo solicita, también deben proporcionarle el acceso a los documentos o elementos de las actuaciones “en los que se apoye materialmente” su detención.

Por todo ello, el tribunal de garantías acuerda declarar la nulidad del auto del Juzgado de guardia que denegó el inicio del procedimiento de ‘habeas corpus’ y aclara en su sentencia que el recurso de amparo se estima no porque no hubiera motivos para detener al recurrente, sino porque, existiendo esos motivos, no fueron comunicados ni al detenido ni a su abogado.

El cumplimiento normativo y la ciberseguridad, principales retos legales para las empresas españolas2018-03-13

La dificultad de asegurar el cumplimiento normativo encabeza la lista de preocupaciones legales que afrontan las empresas, un 76% de las cuales apuesta por la asesoría jurídica interna para resolver también otros desafíos como la ciberseguridad o la morosidad. Así lo revela el Observatorio Legal de la Empresa en España, elaborado por Deloitte, que ha sido presentado hoy en el Colegio de Abogados de Madrid en un acto presidido por el decano José María Alonso y el socio director de Deloitte Legal y diputado del ICAM, Luis Fernando Guerra.

Tras dar la bienvenida a los numerosos asistentes al acto, el decano ha manifestado la importancia de acercarse al mundo empresarial para reclamar el papel que la abogacía tiene que tener en la sociedad civil. “El Colegio puede ayudar muchísimo a los abogados de empresa en todas las áreas que les preocupen, como la defensa del secreto profesional”, ha señalado el decano, “aquí van a tener una ayuda cuando vean que su libre asesoramiento dentro de una compañía se pueda ver afectado”.

Uno de los compromisos de la actual Junta de Gobierno es fomentar el acercamiento al Colegio de los abogados de empresa, “un colectivo tradicionalmente alejado de la institución”, ha explicado Luis Fernando Guerra. Para ello, “nada mejor” que presentar en la Biblioteca del Colegio un estudio que busca “conocer la estructura, necesidades y perspectivas del área jurídica de las empresas españolas”, ha afirmado Guerra.

Según los resultados del Observatorio Legal de la Empresa en España, los factores de riesgo de naturaleza legal que más preocupan a las empresas españolas son la dificultad de asegurar el cumplimiento normativo (68%), la ciberseguridad (36%) y el riesgo de morosidad (33%).

El informe también destaca la existencia de una correlación significativa entre el tamaño de la empresa y el hecho de que disponga o no de departamento legal: mientras que todas las compañías que facturan más de 300 millones de euros disponen de departamento legal interno, un 62% de las que no alcanzan ese volumen de negocio carece de dicho departamento. Esta correlación también aplica a la fuerza de trabajo: a mayor tamaño, mayor es el número de profesionales que ejercen el asesoramiento legal.

Respecto a la fuerza laboral de la asesoría jurídica interna en España, se ha mantenido estable en los últimos años, siendo lo más habitual contar con un equipo de entre uno y tres profesionales. Sólo el 13% cuenta con equipos de más de diez personas, concentrándose en las empresas con facturación superior a los 3.000 millones de euros. Teniendo en cuenta el sector de actividad, los departamentos de asesoría jurídica más voluminosos se encuentran en el sector de seguros.

El papel de las asesorías jurídicas internas

Tras la presentación de las conclusiones generales del estudio, el acto ha continuado con una mesa redonda moderada por José María Elías, socio de Deloitte Legal, en la que han intervenido Isabela Pérez, vicepresidenta de Legal Iberia BU & Integration and Development de Coca Cola European Partners, y Alex Bermúdez, Director Corporativo del Área de Asesoría Jurídica de Eulen.

En opinión de los ponentes, la hiperregulación, la falta de armonización, la escala y presencia internacional cada vez mayores de las empresas y su aversión al riesgo son algunos de los factores que hacen de las asesorías jurídicas internas un actor cada vez más importante en el día a día de las compañías.

Para Isabela Pérez, la figura de la asesoría jurídica interna es fundamental para que la información jurídica de una compañía esté centralizada. “Cada vez hay más necesidad de que el asesor jurídico conozca el funcionamiento de la empresa”, ha señalado, y si bien comparten objetivos con el resto de departamentos, los asesores jurídicos están “más enfocados a medio plazo en la sostenibilidad de la compañía”.

Actuando de forma preventiva y con un enfoque “largoplacista”, los asesores jurídicos pueden prevenir errores que comprometan los nuevos negocios y la cuenta de resultados de las compañías, ha afirmado Álex Bermúdez. Por tanto, la asesoría jurídica interna no debe verse como un coste sino como un retorno, ya que mitiga riesgos y aporta seguridad y garantías a las empresas, ha añadido el ponente.

Respecto a la posibilidad de combinar la asesoría jurídica interna con un proveedor legal ajeno a la empresa, el asesor externo es visto como una figura complementaria que aporta especialización, apoyo en entornos con cierta inseguridad jurídica y una cierta dosis de imparcialidad.

El Observatorio Legal de la Empresa en España forma parte del nº 51 del Barómetro de Empresas, elaborado por Deloitte tras consultar a 276 compañías cuya facturación conjunta supera el billón de euros y que emplean a más de un millón de personas.

José María Alonso presenta al juez decano un decálogo de propuestas para velar por el correcto ejercicio de la defensa2018-03-13

Los decanos de los abogados y los jueces de Madrid, José María Alonso y Antonio Viejo, se han reunido hoy en la sede de los Juzgados de Plaza de Castilla para potenciar las relaciones entre ambos colectivos e impulsar conjuntamente buenas prácticas que mejoren el funcionamiento de la Administración de Justicia en la capital. Durante el encuentro, al que también ha asistido la vicedecana del Colegio de Abogados, Begoña Castro,  los representantes de la abogacía madrileña han planteado al juez decano un decálogo de medidas para garantizar el correcto ejercicio del derecho de defensa.

Entre las propuestas presentadas a Antonio Viejo figura como buena práctica la notificación de sentencias a los abogados en casos de delitos leves, especialmente cuando sean asuntos de Turno de Oficio, así como facilitar el acceso de los letrados a copias de las actuaciones o documentos incorporados a las mismas.

También se ha planteado el establecimiento como buena práctica de un horario uniforme en todos los juzgados para atención a profesionales, realizar acciones coordinadas a fin de respetar la puntualidad en el inicio de las actuaciones judiciales y crear un sistema de atención preferente en las oficinas de información en los juzgados que facilite la atención a los letrados.

Alonso y Castro también han solicitado el apoyo del juez decano a la plena implantación de los métodos alternativos de resolución de conflictos en los Juzgados de Madrid, impulsando servicios que viene prestando el Colegio de Abogados como el proyecto de mediación civil y mercantil o los servicios de orientación a la mediación penal y social.

Asimismo, se ha trasladado la necesidad de impulsar acciones coordinadas para mejorar  las infraestructuras judiciales en Madrid, sobre todo las condiciones de las dependencias de los juzgados de detenidos, y hacer efectiva la puesta a disposición del Juzgado de guardia de las personas detenidas a la mayor brevedad posible. Finalmente, se ha solicitado el apoyo del juez decano para que el Colegio esté presente en las reuniones de la Comisión Provincial de Policía Judicial que aborden cuestiones que afecten al derecho de defensa.

El cumplimiento normativo y la ciberseguridad, principales retos legales para las empresas españolas2018-03-12

La dificultad de asegurar el cumplimiento normativo encabeza la lista de preocupaciones legales que afrontan las empresas, un 76% de las cuales apuesta por la asesoría jurídica interna para resolver también otros desafíos como la ciberseguridad o la morosidad. Así lo revela el Observatorio Legal de la Empresa en España, elaborado por Deloitte, que ha sido presentado hoy en el Colegio de Abogados de Madrid en un acto presidido por el decano José María Alonso y el socio director de Deloitte Legal y diputado del ICAM, Luis Fernando Guerra.

Tras dar la bienvenida a los numerosos asistentes al acto, el decano ha manifestado la importancia de acercarse al mundo empresarial para reclamar el papel que la abogacía tiene que tener en la sociedad civil. “El Colegio puede ayudar muchísimo a los abogados de empresa en todas las áreas que les preocupen, como la defensa del secreto profesional”, ha señalado el decano, “aquí van a tener una ayuda cuando vean que su libre asesoramiento dentro de una compañía se pueda ver afectado”.

Uno de los compromisos de la actual Junta de Gobierno es fomentar el acercamiento al Colegio de los abogados de empresa, “un colectivo tradicionalmente alejado de la institución”, ha explicado Luis Fernando Guerra. Para ello, “nada mejor” que presentar en la Biblioteca del Colegio un estudio que busca “conocer la estructura, necesidades y perspectivas del área jurídica de las empresas españolas”, ha afirmado Guerra.

Según los resultados del Observatorio Legal de la Empresa en España, los factores de riesgo de naturaleza legal que más preocupan a las empresas españolas son la dificultad de asegurar el cumplimiento normativo (68%), la ciberseguridad (36%) y el riesgo de morosidad (33%).

El informe también destaca la existencia de una correlación significativa entre el tamaño de la empresa y el hecho de que disponga o no de departamento legal: mientras que todas las compañías que facturan más de 300 millones de euros disponen de departamento legal interno, un 62% de las que no alcanzan ese volumen de negocio carece de dicho departamento. Esta correlación también aplica a la fuerza de trabajo: a mayor tamaño, mayor es el número de profesionales que ejercen el asesoramiento legal.

Respecto a la fuerza laboral de la asesoría jurídica interna en España, se ha mantenido estable en los últimos años, siendo lo más habitual contar con un equipo de entre uno y tres profesionales. Sólo el 13% cuenta con equipos de más de diez personas, concentrándose en las empresas con facturación superior a los 3.000 millones de euros. Teniendo en cuenta el sector de actividad, los departamentos de asesoría jurídica más voluminosos se encuentran en el sector de seguros.

El papel de las asesorías jurídicas internas

Tras la presentación de las conclusiones generales del estudio, el acto ha continuado con una mesa redonda moderada por José María Elías, socio de Deloitte Legal, en la que han intervenido Isabela Pérez, vicepresidenta de Legal Iberia BU & Integration and Development de Coca Cola European Partners, y Alex Bermúdez, Director Corporativo del Área de Asesoría Jurídica de Eulen.

En opinión de los ponentes, la hiperregulación, la falta de armonización, la escala y presencia internacional cada vez mayores de las empresas y su aversión al riesgo son algunos de los factores que hacen de las asesorías jurídicas internas un actor cada vez más importante en el día a día de las compañías.

Para Isabela Pérez, la figura de la asesoría jurídica interna es fundamental para que la información jurídica de una compañía esté centralizada. “Cada vez hay más necesidad de que el asesor jurídico conozca el funcionamiento de la empresa”, ha señalado, y si bien comparten objetivos con el resto de departamentos, los asesores jurídicos están “más enfocados a medio plazo en la sostenibilidad de la compañía”.

Actuando de forma preventiva y con un enfoque “largoplacista”, los asesores jurídicos pueden prevenir errores que comprometan los nuevos negocios y la cuenta de resultados de las compañías, ha afirmado Álex Bermúdez. Por tanto, la asesoría jurídica interna no debe verse como un coste sino como un retorno, ya que mitiga riesgos y aporta seguridad y garantías a las empresas, ha añadido el ponente.

Respecto a la posibilidad de combinar la asesoría jurídica interna con un proveedor legal ajeno a la empresa, el asesor externo es visto como una figura complementaria que aporta especialización, apoyo en entornos con cierta inseguridad jurídica y una cierta dosis de imparcialidad.

El Observatorio Legal de la Empresa en España forma parte del nº 51 del Barómetro de Empresas, elaborado por Deloitte tras consultar a 276 compañías cuya facturación conjunta supera el billón de euros y que emplean a más de un millón de personas.

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de una mujer a cobrar la pensión de su exmarido al ser despedida de la empresa familiar de donde obtiene sus únicos ingresos2018-03-12
Deberá satisfacer una pensión compensatoria de 500 euros

Autor Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal ha resuelto sobre un recurso de casación interpuesto por un cónyuge que fue condenado a satisfacer una pensión compensatoria de 500 euros y, en caso de pérdida de empleo o reducción de salario de su exesposa, que trabaja en la empresa propiedad del mismo, la cantidad que la misma deje de percibir hasta completar la cantidad que recibía por este, es decir hasta 1.900 euros.

La sala considera que, aunque con carácter general el desequilibrio que da lugar a la pensión compensatoria debe de existir en el momento de la separación o del divorcio, y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión cuya procedencia no se acredita cuando se produce la crisis matrimonial, en una situación como la aquí descrita, donde los únicos ingresos de la esposa proceden del trabajo que actualmente desempeña en una empresa regida por el esposo, esta doctrina debe ser mitigada.

Se adjunta nota de la Sala.

El Tribunal General de la UE anula la denegación del registro como marca de la Unión de una marca figurativa que incluye los símbolos de las divisas «€» y «$»2018-03-12

La EUIPO no motivó suficientemente su resolución denegatoria
En 2015, la sociedad polaca Cinkciarz.pl solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la siguiente marca de la Unión para aplicaciones informáticas, servicios financieros, en particular operaciones de cambio, y publicaciones:

La EUIPO denegó el registro de dicho signo como marca de la Unión debido a su carácter descriptivo y a su falta de carácter distintivo. Según la EUIPO, los elementos figurativos consistentes en formas redondas no son suficientemente significativos para desviar la atención del público del mensaje que transmiten los símbolos de las divisas «€» y «$» en relación con los productos y servicios de que se trata.
La sociedad Cinkciarz.pI interpuso un recurso de anulación contra esa resolución ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal General anula la resolución de la EUIPO.
El Tribunal General recuerda, para empezar, que toda denegación de registro por parte de la EUIPO debe estar, en principio, motivada con respecto a cada uno de los productos o servicios de que se trate. Si bien la EUIPO puede limitarse a proporcionar una motivación global para todos los productos o servicios de que se trate cuando se hace valer el mismo motivo de denegación para una categoría o un grupo do productos o servicios, esta facultad sólo se refiere a los productos y servicios que presenten entre sí un vínculo suficientemente directo y concreto, hasta el punto de formar una categoría o un grupo de productos o de servicios suficientemente homogéneos.
A continuación, el Tribunal General precisa que la clasificación de los productos y servicios de que se trate en uno o en varios grupos o categorías debe realizarse, en particular, en función de las características que esos productos y servicios tengan en común.
El Tribunal General observa que la EUIPO examinó el carácter descriptivo del signo controvertido sin referirse a cada uno de los productos y servicios designados por éste, y adoptó en relación con ellos una motivación global. En consecuencia, el Tribunal General examina si todos los productos y servicios designados por la marca solicitada presentan una característica común. A este respecto, señala que la marca solicitada se refiere a más de 80 productos y servicios, pertenecientes a tres clases específicas muy distintas, pese a lo cual la EUIPO se limitó a declarar que todos los productos y servicios designados por la marca guardaban relación con las operaciones de cambio. El Tribunal General considera que la característica mencionada por la
www.curia.europa.eu
EUIPO no es común a todos los productos y servicios de que se trata. Por consiguiente, según el Tribunal General, la motivación global ofrecida por la EUIPO no es pertinente respecto de la totalidad de los productos y servicios en cuestión. La EUIPO debería haber proporcionado una motivación adicional respecto de los productos y servicios que no se caracterizan por estar relacionados con las operaciones de cambio, con el fin de explicar las razones por las que procedía denegar el registro de la marca solicitada. Dado que la resolución impugnada no contiene esa motivación adicional, el Tribunal General considera que hay una falta de motivación.
Seguidamente, el Tribunal General señala que, aun suponiendo que los productos y servicios designados por la marca solicitada estuvieran relacionados con las operaciones de cambio, la resolución impugnada no indica claramente las razones por las que la EUIPO consideró que la marca permitiría al público pertinente percibir de inmediato y sin más reflexión una descripción de todos los productos y servicios en cuestión.
Por último, en lo que atañe al carácter distintivo de lamarca solicitada, el Tribunal General indica que la conclusión de la EUIPO adolece de la misma falta de motivación.
NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.
NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.
NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

El Tribunal Supremo considera discriminatorio no dar de alta en Seguridad Social a una embarazada en situación de riesgo que había sido seleccionada de la bolsa de trabajo2018-03-09
El tribunal aborda el caso planteado por una enfermera que había sido seleccionada de la bolsa de trabajo y había sido nombrada para una sustitución en un hospital de Santiago, pero no empezó a desempeñar sus funciones al encontrarse en situación de riesgo por embarazo

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de una resolución de la Dirección Provincial de Álava de la Tesorería General de la Seguridad Social, dictada el 13 de enero de 2014, que anuló el alta laboral de una enfermera que, pese a que había sido contratada para una interinidad, no pudo incorporarse por encontrarse en situación de riesgo por embarazo, al considerar que supone una discriminación por razón de sexo que lesiona el artículo 14 de la Constitución.

Esa solución de la Tesorería General de la Seguridad Social -añade la Sala- “supone tanto como negar la plena integración de la mujer embarazada, a todos los efectos, en una bolsa de trabajo, pues cuando llega su turno, y resulta seleccionada, nombrada y contratada, se impide su alta laboral al concurrir una situación de riesgo por embarazo, por no haber iniciado la prestación de servicios. Lo que pone de manifiesto el carácter discriminatorio por razón de sexo, pues trunca, de entrada, sus posibilidades laborales, situando a la mujer en una situación de desventaja por el riesgo asociado a la maternidad en general y al embarazo en particular”.

El tribunal aborda el caso planteado por esta enfermera, en situación de riesgo por embarazo, que había sido seleccionada de la bolsa de trabajo y había sido nombrada para una sustitución en el Hospital Universitario Araba, sede Santiago, pero no empezó a desempeñar sus funciones al encontrarse en situación de riesgo por embarazo. La Tesorería General de la Seguridad Social de Álava, mediante resolución de 13 de enero de 2014, anuló el alta laboral basándose en un informe de la Inspección de Trabajo que concluyó que esta mujer carecía de aptitud para ser contratada debido a esa circunstancia. Ello suponía que podía mantener su puesto en la lista de la bolsa de trabajo para que al recuperar la aptitud pudiera incorporarse a la nueva vacante. Pero al estar suspendida su demanda de empleo, no pudo presentarse a un proceso selectivo, aunque cumplía los requisitos formativos y profesionales. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vitoria anuló dicha resolución por no ser conforme a derecho; decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ahora por el Tribunal Supremo en esta sentencia, con ponencia de la magistrada María del Pilar Teso.

Por una parte, la Sala se plantea si este supuesto -alta de una mujer embarazada en situación de riesgo que, únicamente por esa circunstancia, no puede iniciar de forma efectiva una actividad, pese a haber generado el derecho a ser contratada- es compatible con el artículo 7.1 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos en la Seguridad Social. Este artículo establece que la Tesorería General de la Seguridad Social reconoce a la persona que “inicia una actividad o se encuentra en una situación conexa con la misma, su condición de comprendida en el campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social que proceda en función de la naturaleza de dicha actividad o situación, con los derechos y obligaciones correspondientes”.

Por otra parte, se trata la interpretación del artículo 134 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 (artículo 186 de la actual LGSS de 2015) que dispone, que “a los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se considera situación protegida el periodo de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados”.

De acuerdo con su propia jurisprudencia, la del Tribunal Constitucional y la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la conclusión a la que llega la Sala es que el acto administrativo de alta se vincula, con carácter general, “al inicio de la actividad laboral”, pero también puede ampliarse a “una situación conexa a la misma, como sucede en este caso en que ya se había contratado y dado de alta, a la mujer en situación de riesgo por embarazo”.

De modo que la anulación del alta, -explican los magistrados- parte de una interpretación de los citados artículos 184 del TR de la LGSS y 7 del Reglamento General citado, que “limita las legítimas expectativas de la mujer, fundado en las circunstancias antes referidas, lo que lesiona el artículo 14 de la CE, por la restricción de los derechos y expectativas vinculadas a la maternidad, que comportan consecuencias negativas y perjudiciales para la embarazada que, por razón de la biología, afecta únicamente a la mujer. Teniendo en cuenta que el reconocimiento de esos derechos, y la protección y garantías dispensadas por el ordenamiento jurídico, se encuentran concebidas para compensar las dificultades y desventajas que agravan de modo significativo la posición laboral de la mujer por causa de la maternidad”.

En su sentencia, afirma que la administración “no realizó una interpretación conforme a los principios del ordenamiento jurídico que proscriben el establecimiento de limitaciones por razón de sexo, debido a su carácter atentatorio a la dignidad del ser humano” (artículos 10.1 y 14 de la Constitución Española) y afirma que corresponde a los poderes públicos “promover no sólo la igualdad formal, sino también la igualdad real y efectiva, impidiendo que la maternidad sitúe a la mujer en una situación de desventaja”.

Reunión de José María Alonso y Carlos Lesmes para impulsar la Abogacía en el ámbito de la Justicia2018-03-09

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha reclamado un papel más activo de la Abogacía Madrileña en el ámbito de la Justicia durante una reunión institucional que ha mantenido hoy con el presidente del Consejo General del Poder Judicial.  Alonso, que ha visitado a Carlos Lesmes en el marco de los encuentros institucionales emprendidos desde su llegada al Colegio de Madrid, ha trasladado al presidente del CGPJ los planteamientos de la Junta de Gobierno para mejorar las condiciones del ejercicio profesional de la abogacía.

Entre otras medidas, Alonso ha propuesto la elaboración conjunta de un protocolo de buenas prácticas en la suspensión de señalamientos, vistas y retrasos en el comienzo de las actuaciones judiciales, a fin de evitar desplazamientos innecesarios y fomentar la puntualidad en la celebración de actos procesales. También ha destacado la necesidad de mantener una interlocución ágil y fluida entre el ICAM y el CGPJ para solucionar las incidencias relativas a las dilaciones en los procedimientos y al trato desconsiderado recibido por los abogados en sus actuaciones profesionales.

Con el objetivo de que abogados defensores y fiscales puedan desarrollar sus actuaciones en un plano de igualdad, José María Alonso ha recordado al presidente del CGPJ la importancia  de que jueces y magistrados preserven en todo momento el principio de igualdad de armas y la equivalencia procesal. Asimismo, para poder contribuir a mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, el decano ha solicitado que se atiendan las solicitudes de entrevistas personales con el personal del Colegio encargado de elaborar informes en las inspecciones ordinarias que se acuerden.

Por último, José María Alonso ha pedido integrar al Colegio en las reuniones de la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial, facilitar el acceso de los letrados a los atestados policiales y la habilitación de espacios debidamente acondicionados en los centros de detención para llevar a cabo con todas las garantías las entrevistas entre abogado y cliente.

La Audiencia de Zaragoza absuelve a cuatro personas acusadas de falsificar el testamento de la madre de uno de ellos2018-03-09
El tribunal considera que no ha quedado debidamente acreditada la falsedad del testamento ológrafo, documento sobre el que se cuestionaba su autenticidad

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia provincial de Zaragoza ha absuelto a Federico R. P. del delito de falsedad y del delito de estafa procesal, en grado de tentativa y a los acusados, María Luisa G. M., José Luis B. M. y Agustín G. G. del delito de falso testimonio. Los hechos juzgados se centraban en la autenticidad el testamento ológrafo realizado por la madre de Federico R. P..

Sobre la principal cuestión a dilucidar, la autenticidad del testamento ológrafo, el tribunal considera que no ha quedado debidamente acreditada su falsedad. Si consideran acreditado sin embargo que la letra y firma del testamento no es del acusado Federico R. P. y que no consta tampoco “debidamente acreditado” el hecho de que el testamento fuera realizado por su hermano incapaz, Francisco siguiendo sus instrucciones.

En la sentencia señalan los magistrados que Francisco, posible autor material del documento, “no ha sido explorado en declaración, asistido de su tutor, ni hay informe que avale que es capaz de un copiado o de hacer frases coherentes”. Por lo que estiman que “la prueba de cargo practicada no es suficiente para desvirtuar el citado principio de Presunción de Inocencia” y por ello absuelven a los acusados de los delitos que se les imputan.

La sentencia dictada considera probado que en 1993 los padres de Federico (Francisco y Concepción de vecindad civil aragonesa) testaron ante notario y legaron a su hijo Federico un millón de pesetas en pago de su legítima foral e instituyeron herederos de todos sus bienes, derechos y acciones por partes iguales a sus hijos Francisco y Concepción.

En ese testamento se indicaba también que al fallecimiento del último de ellos, sus hijos Francisco y Concepción (ambos declarados incapaces) fueran internados en una institución donde les pudieran cuidar, destinándose los bienes heredados a tal finalidad.

Tras el fallecimiento de la madre, y tras denegarse a Federico la solicitud de ser nombrado tutor de sus hermanos incapaces, éste presenta en un juzgado de Primera Instancia de Zaragoza un testamento ológrafo que afirmaba fue otorgado y firmado por su madre en 2009. En dicho testamento ológrafo se le nombraba heredero, revocando cualquier disposición anterior. Ante el juez de Primera Instancia, los hasta ahora acusados, María Luisa, José Luis y Agustín declaran como testigos que el testamento ológrafo presentado había sido redactado por Concepción de su puño y letra y en su presencia.

El Juzgado de Primera Instancia denegó la protocolización del testamento ológrafo por no estimar acreditada la autoría del mismo y acordó, en su resolución, deducir testimonio para averiguar si hubieran podido cometerse posibles delitos lo que ha motivado la celebración de este juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

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Condenado un hotel por computar la baja de maternidad de una trabajadora como enfermedad2018-03-08

La empresa negó a una trabajadora de baja el salario por los días que había dedicado a su hijo, asimilándolos a una incapacidad

Un juzgado de Las Palmas ha condenado a una empresa hotelera del sur de Gran Canaria por negarle a una trabajadora compensaciones que le correspondía al estar de baja por maternidad. La empresa argumentaba que no había asistido al trabajo por incapacidad transitoria (enfermedad).

El Juzgado de lo Social número siete de Las Palmas ha estimado la demanda de una camarera de pisos de un hotel del Sur de Gran Canaria que se acogió durante seis días a su derecho a la baja por maternidad y no percibió la compensación que le correspondía, al entender la empresa que se había ausentado de su puesto por incapacidad transitoria.

La resolución judicial -contra la que no cabe recurso alguno- censura que la demandada asimilara la maternidad a una enfermedad, declara el derecho de la trabajadora al disfrute de los días que la empresa no le había abonado y condena a la hotelera a "estar y pasar por tal declaración".

Con independencia de la lectura errónea que la empresa hizo del convenio colectivo de hostelería de la provincia de Las Palmas, para asimilar la maternidad a una enfermedad, el fallo dictado por el magistrado Ramón Toubes incide en la "dimensión constitucional" del hecho de que la empresa dejara "de lado" cualquier "ponderación y valoración de la importancia que para la efectividad del derecho a la no discriminación por razón de sexo pudiera tener su actuación".

El juez subraya: "Puede concluirse que la limitación de un derecho ligado a la efectiva conciliación de la vida familiar y laboral, que garantiza el derecho al empleo de las trabajadoras con responsabilidades familiares y el respecto al principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, puede discriminar por razón de sexo".

La sentencia afirma que el hecho de que la empresa pretendiera "asimilar la maternidad a una enfermedad" supone "obviamente" una interpretación restrictiva del ejercicio de sus derechos y "una discriminación indirecta de las mujeres trabajadoras".

La sentencia concluye con una cita de Nuria Chinchilla, doctora en Económicas y Empresariales: "La maternidad no es una enfermedad, sino un enriquecimiento no sólo personal, sino también para la empresa, porque se desarrollan competencias que después se utilizan en el trabajo: más sensibilidad hacia los demás,, la capacidad de negociar, de organizarse...mil conocimientos".

¿Quiere leer la sentencia?

S. Carcelén y M. Díaz-Bustamante, doctoras universitarias: “El uso de la publicidad se extenderá entre muchos bufetes que hoy no la utilizan”2018-03-08

Sonia Carcelén García es doctora en la Facultad de Ciencias de laInformación de la Universidad Complutense, con tesis doctoral titulada “La promoción de ventas como variable estratégica del Márketing”.Ha participado en varios Equipos de Investigación financiados por empresaspúblicas y privadas realizando estudios centrados en el ámbito de la comunicación y el márketing. Ha colaborado en la creación y edición de varios manuales relacionados con elMárketing y la Investigación de mercados. En la actualidad es profesora Contratado Doctor en el Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense.

Por su parte, Mónica Díaz-Bustamante es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados del Centro Universitario Villanueva  y de ICADE Business School. Ha impartido clase en la Universidad Carlos III de Madrid y en la Escuela Internacional de Negocios Aliter. Ha trabajado como Directora de Márketing, Trade-Márketing y Formación de lasmarcas Armani, Ralph Lauren, Paloma Picasso, Lanvin y Helena Rubinstein en laDivisión de Productos de Lujo del Grupo L’Oreal y de las marcas Chantelle y Passionata en el Grupo Chantelle. Actualmente trabaja en Insurance Services 07.

Ambas han publicado hace unos meses el libro “La publicidad de los despachos de abogados”  de la editorial Tirant lo Blanch y coordinada por el Consejo General de la Abogacía Española.

  1. Hace unos meses se publicó el libro “La publicidad de los Despachos de Abogados”, ¿Cómo surge escribir este libro?

La verdad es que la iniciativa partió del Consejo General de la Abogacía. La investigación que nos habían encargado para conocer el estado de la publicidad entre los despachos españoles había arrojado resultados muy interesantes y una de las prioridades del Consejo era difundir el estudio para que se pudieran dar pautas y servir de ayuda a muchos despachos que no tienen tanta experiencia en el uso de la publicidad y la comunicación.

  1. ¿Es difícil hacer un buen márketing legal? ¿Cuáles son las claves de una buena publicidad legal?

Como en todos los sectores, no solo en el ámbito legal, hacer buenas campañas de márketing requiere de expertos y conocedores del tema que sepan entender las necesidades de los clientes y aplicarlas de forma correcta en el mercado. Hacer publicidad legal y eficaz depende de una definición clara de los objetivos que se quieren conseguir con la campaña, una buena selección del público objetivo al que va dirigida y, por último, una correcta selección de la técnica de comunicación (no siempre es necesario hacer publicidad, ya que existen otras herramientas que pueden ser más adecuadas) y del canal o medio concreto para hacer llegar el mensaje al cliente final.

  1. ¿Cómo valoran la calidad de la publicidad en el sector de la Abogacía en España?

En concreto en España no existen una gran tradición y experiencia en acciones publicitarias, y sobre todo en el medio más masivo como es la televisión. Sí se pueden ver campañas en medios  más selectivos como la prensa y la radio y cada vez más en Internet y los medios sociales. Es muy difícil medir la calidad de la publicidad del sector legal si no se conocen los objetivos que se pretenden conseguir, por lo que no podemos valorar la calidad de dichas campañas. Lo que sí se puede observar es que la mayoría de las campañas de publicidad aplicadas al sector legal se están realizando bajo dos planteamientos: uno de perfil más corporativo ligado a mejorar y reforzar la imagen y reputación del bufete y otro, de tipo más comercial dirigido a la captación de futuros clientes.

  1. ¿Conviene que los abogados hagan publicidad? ¿Qué aconsejan a los despachos que creen que no necesitan publicidad?

Dependerá de sus objetivos, tipo de cliente al que se dirijan y del presupuesto disponible. La cuestión no es si la publicidad es o no necesaria para un despacho, lo importante es si las distintas herramientas de comunicación que están a su servicio responden a sus necesidades y pueden cumplir con los objetivos que se han marcado. Evidentemente, cada vez existe una mayor competencia, por lo que el uso de la comunicación será vital para algunos bufetes que necesiten darse a conocer, así como los servicios que ofrecen al mercado.

  1. El Consejo General de la Abogacía Española ha realizado varias campañas institucionales para acercar la abogacía a la sociedad, ¿creen que son efectivas estas campañas?

El Consejo General de la Abogacía tiene una larga tradición en campañas de publicidad institucional. Tras su análisis de contenido de sus campañas hemos visto que el mensaje y el tono de las mismas no ha sido siempre el mismo. Sin embargo, creemos que es importante que el  Consejo siga realizando este tipo de acciones, sobre todo para apoyar el sector,  dotarle de una mayor credibilidad, así como para fomentar campañas de prevención y que el público en general acuda a un abogado no solo cuando ya tiene un problema real, sino también para que le ayude, aconseje y le evite muchos problemas futuros.

  1. ¿Cuáles creen que son los errores más comunes en la publicidad de los despachos españoles? ¿Puede dañar la mala publicidad de un despacho a todo el colectivo?

Quizás el error más común es no entender las peculiaridades que tiene el servicio que se está comunicando, en este caso, el legal, y tratar de “venderlo”  como si tratara de un producto de consumo. Los servicios necesitan de unas estrategias de comunicación y márketing diferentes así como de especialistas que conozcan muy bien las características de este sector. Evidentemente una mala publicidad, en primer lugar hace daño a la empresa que la ha realizado, y a veces también puede repercutir en un desprestigio y pérdida de la credibilidad del sector.

  1. ¿En qué momento pasó el abogado de esperar a sus clientes en su despacho, a tener que salir a la calle a buscarlos? ¿Esto ha sido culpa de la crisis o en parte también lo han propiciado las redes sociales?

Evidentemente la situación económica ha afectado a todos los sectores, no solo el legal, pero quizás el aumento de la competencia entre despachos es lo que más ha provocado que sean ahora muchos bufetes lo que tengan que salir a la “caza y captura” de clientes (sobre todo de particulares, las grandes empresas se comportan de forma diferente). Además con el desarrollo de Internet y las distintas redes sociales, muchos abogados han visto la posibilidad de poder anunciarse y darse a conocer con un coste relativamente económico, algo que antes era imposible al solo poder utilizar los medios tradicionales.

  1. ¿Qué diferencias hay en el uso de la publicidad entre despachos grandes y pequeños?

Como hemos podido comprobar en el estudio, existe una gran diferencia entre las acciones de publicidad y comunicación que hacen los despachos grandes de los pequeños y medianos.  Las principales diferencias vienen marcadas por el tipo de cliente que tienen (particulares o empresas), por el experiencia y trayectoria del despacho en el sector y por el presupuesto. Así, encontramos que los despachos grandes no consideran tan necesario el uso de acciones de este tipo, en parte por el tipo de clientes que tienen (la mayoría son empresas), por lo que la publicidad tradicional no es la más adecuada para llegar a ellos prefiriendo acciones de comunicación más corporativas como las relaciones públicas. Los despachos medianos o pequeños están apostando más por las acciones desarrolladas en los medios sociales (acciones mucho más económicas). Y aquellos despachos que sus clientes son particulares, el uso de la publicidad convencional se está convirtiendo en una constante en sus  estrategias de comunicación, debido a su capacidad para llegar de forma masiva a su posible público.

  1. ¿Cómo pueden los despachos aprovechar las redes sociales para atraer clientes a sus despachos?

La mayoría de los despachos ya están realizando acciones en redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn y posicionamiento en buscadores (SEM y SEO), por lo que   su uso es una realidad muy extendida entre muchos bufetes españoles. Los medios sociales han permitido que muchos abogados puedan acercar sus servicios de una forma más económica y sencilla a los clientes.

  1. ¿Cómo ven el futuro de la publicidad legal?

Prever el futuro es algo difícil, y seguramente el sector cambiará mucho en los próximos años. Pero si creemos que el uso de la publicidad se normalizará y extenderá entre muchos despachos de abogados  que hoy todavía no la utilizan, bien por falta de experiencia, falta de conocimiento sobre la forma de utilizarla o sobre sus posibles sus resultados. A esto habrá que sumar el incremento de profesionales de la comunicación especializados en el sector legal, así como abogados con mayores conocimientos en el uso de los medios sociales. Lo que sí es seguro es que Internet y las redes sociales aplicadas al sector legal serán las grandes protagonistas en los próximos años.

Las demandas de disolución matrimonial disminuyeron un 4,5 por ciento en 20172018-03-08
El año pasado se presentaron en los juzgados 109.043 demandas de divorcio y 5.448 demandas de separación. La Comunidad Valenciana tuvo la mayor tasa de disoluciones matrimoniales, con 28 demandas por cada diez mil habitantes. Aumentan los procedimientos de modificación de medidas, excepto los que afectan a las no consensuadas de guarda y custodia de hijos no matrimoniales

Autor Comunicación Poder Judicial

Las 114.491 demandas de disolución matrimonial –es decir, demandas de separación o de divorcio, tanto de mutuo acuerdo como no consensuadas- presentadas en los juzgados españoles durante el año pasado suponen una disminución del 4,5 % respecto a las registradas en 2016, según los datos publicados hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El descenso afectó tanto al número de demandas de divorcio –un total de 109.043, lo que representa un 4,6 % menos que el año anterior- como al de demandas de separación -5.448, una disminución del 6,7 % respecto a 2016-.

Del total de demandas de divorcio presentadas en 2017, 64.024 fueron consensuadas, lo que supone una disminución interanual del 4,7 %; y 45.019 contenciosas, un 3,9 % menos que el año anterior.

En cuanto a las demandas de separación, 3.687 de las presentadas fueron de mutuo acuerdo –un 5,8 % menos que en 2016- y 1.761 no consensuadas, lo que representa una disminución interanual del 8,7 %.

Además, en 2017 se registraron 142 demandas de nulidad matrimonial, frente a las 159 del año anterior.

Datos del cuarto trimestre de 2017

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre del año pasado se presentaron en los juzgados españoles 30.503 demandas de disolución matrimonial, un 4,6 por ciento menos que en el mismo periodo de 2016.

De ellas, 28.994 fueron demandas de divorcio: 16.901 de mutuo acuerdo, lo que supone un 4,7 % menos que en el cuarto trimestre del año anterior; y 12.093 no consensuadas, con una disminución interanual del 5,5 por ciento.

Las demandas de separación registradas fueron 1.509, de las que 1.030 eran consensuadas –lo que representa un descenso interanual del 5,8 %- y las otras 479 contenciosas, un 10,5 % menos que en el mismo periodo de 2016.

En el cuarto trimestre de 2017 se presentaron 30 demandas de nulidad.

La Comunidad Valenciana, a la cabeza en demandas de disolución matrimonial

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del año con la población a 1 de enero de 2017, se observa que el mayor número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes se dio en la Comunidad Valenciana (28), mientras que en el otro extremo se situó Castilla y León (19,1). La media de demandas en España fue de 24,6 por cada diez mil habitantes.

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

El año pasado se presentaron 10.617 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 3,9 por ciento más que en 2016; y 34.099 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, lo que supone un aumento interanual del 0,2 por ciento.

En cuanto a las medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, se registraron 18.492 demandas de modificación de medidas consensuadas, un 1,5 por ciento más que en 2016; y 28.011 de medidas no consensuadas, lo que representa una disminución interanual del 1,4 por ciento.

Datos del cuarto trimestre de 2017

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017 se presentaron 2.872 demandas de modificación de medidas matrimoniales consensuadas, un 4,7 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior; y 9.137 demandas de modificación de medidas matrimoniales no consensuadas, con un incremento interanual del 1,3 por ciento.

Además, se registraron 4.951 procedimientos de modificación de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, un 1,5 por ciento más que en el último trimestre de 2016; y otros 7.432 procedimientos sobre medidas no consensuadas, lo que supone una disminución interanual del 5,5 por ciento.

Consulte los datos estadísticos en:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Demandas-presentadas-de-nulidades--separaciones-y-divorcios/ 

¿Lesiona la libertad sindical el hecho de supeditar el uso sindical de las listas de distribución corporativa a la previa autorización empresarial y conocimiento del contenido del correo?2018-03-07
  • Incluye la sentencia

El TS resuelve un recurso de casación declarando la existencia de lesión de la libertad sindical por el hecho de supeditar el uso sindical de las listas de distribución corporativa a la previa autorización empresarial y conocimiento del contenido del correo por otro.

Supuesto de hecho

  • Por la representación de FESIBAC-C.G.T., se presentó demanda de conflicto colectivo de la que conoció la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, solicitando la declaración de nulidad de dos preceptos del Convenio en cuestión.
  • En concreto, se solicita la nulidad de la disposición que supedita el derecho al uso sindical de las listas de distribución corporativa a la previa autorización empresarial y conocimiento del contenido del correo.
  • En este sentido, la cláusula 7, apartado D) del I Convenio Colectivo de I Convenio Colectivo de las empresas, con fecha 10 de abril de 2.013, (BOE 28 de junio de 2.013), establecía: "La empresa, previamente a autorizar el uso de las listas, deberá conocer los textos y contenidos de las comunicaciones".
  • La demanda fue desestimada por la Sala de la Audiencia Nacional, motivo por el que el sindicato interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Consideraciones jurídicas:

  • El Tribunal establece que la negativa a la puesta a disposición de los instrumentos de transmisión de información existentes en la empresa que constituya una mera resistencia pasiva, no justificada en razones productivas o en razones financieras, lesiona el derecho de libertad sindical.
  • En este sentido, el Supremo afirma que el derecho a informar a los representados, afiliados o no, forma parte del contenido esencial del derecho fundamental, puesto que la transmisión de noticias de interés sindical, el flujo de información entre el sindicato y los trabajadores, es el fundamento de la participación, permitiendo el ejercicio cabal de una acción sindical y propicia el desarrollo de la democracia y del pluralismo sindicales.
  • Por lo expuesto, la Sala considera que el empresario tiene obligación de no obstaculizar injustificada o arbitrariamente el ejercicio del derecho de libertad sindical en su vertiente de actividad sindical, en cualquiera de sus distintas manifestaciones. De esta forma, el flujo de la información sindical resultará perjudicado si el empleo de los instrumentos prácticos o medios materiales que pueden favorecerla es obstruido injustificadamente por el empresario.
  • Asimismo, recuerda que el Tribunal Constitucional viene considerando que no todo incumplimiento de cualquier precepto referido al mismo es susceptible de infringir el derecho de libertad sindical constitucionalmente protegido, sino que tal violación del derecho fundamental se dará cuando dichos impedimentos u obstaculizaciones existan y no obedezcan a razones justificadas, produciéndose una restricción de la libertad sindical que pueda considerarse arbitraria, contraria a la Ley o injustificada.
  • Por todo lo expuesto, el Tribunal entiende que, en este caso, debe declararse la nulidad de la cláusula 7 D) del Convenio de empresa,  por cuanto restringe el derecho a la libertad sindical de manera arbitraria e injustificada, al exigir el conocimiento y autorización empresariales del contenido de las comunicaciones entre sindicatos y trabajadores.

Conclusión Lex@:

El Tribunal Supremo entiende que es nulo, por vulnerar el derecho a la libertad sindical, el precepto convencional que supedita el uso sindical de las listas de distribución corporativa a la previa autorización empresarial y conocimiento del contenido del correo, puesto que dicha actuación constituye una limitación arbitraria e injustificada al mencionado derecho.

¿Quiere leer la sentencia?

Condenado a 21 años de prisión por violar a su mujer y matarla a golpes con una mancuerna en Orihuela2018-03-07
La Sección Séptima de la Audiencia de Alicante, con sede en Elche, le impone una pena de 12 años por un delito de asesinato y de 9 años por un delito de agresión sexual

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha condenado a 21 años de prisión a un hombre que mató a su mujer a golpes en la cabeza con una mancuerna, después de violarla. La Sala le impone una pena de 12 años de prisión por un delito de asesinato y de 9 años de prisión por un delito de agresión sexual, después de que un jurado popular emitiera un veredicto de culpabilidad el pasado 13 de febrero. Para ambos delitos, el Tribunal contempla la eximente incompleta de alteración psíquica y la agravante de parentesco.

El hombre no podrá acercarse ni comunicarse con los dos hijos de la víctima, uno de ellos hijo también del condenado, durante diez años y deberá indemnizar a cada uno de ellos con más de 110.000 euros.

Los hechos sucedieron en agosto de 2014 en el domicilio en el que vivía en matrimonio en Orihuela cuando, tras una discusión, la víctima se fue a dormir y el condenado desmontó una mancuerna y le quitó las pesas de uno de los extremos, a modo de martillo. Con el arma, golpeó a su mujer en la cabeza cuando ésta estaba tumbada sobre la cama y la violó. Posteriormente, volvió a golpearla varias veces en la cabeza hasta matarla.

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El juez confirma una sanción a Correos por no darle crema solar a los carteros2018-03-06

La autoridad judicial ha confirmado parcialmente la sanción impuesta por la inspección de trabajo autonómica a Correos por no suministrar crema de protección frente al sol a los carteros en Canarias.

El Juzgado de lo Social número 9 de Las Palmas ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos contra la sanción de 8.196 euros que le impuso la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y vivienda del Gobierno de Canarias en noviembre de 2016 por no incluir en la evaluación de riesgos laborales el asociado a la exposición a las radiaciones solares de los carteros con vehículo y de “a pie”.

La autoridad judicial confirma la sanción al considerar tal omisión una falta “grave”, pero reduce la cuantía de la multa a 5.120 euros.

Según recapitula el fallo, la inspección autonómica sancionó a Correos tras confirmar en dos inspecciones de trabajo en septiembre de 2015 y enero de 2016 que en la evaluación de riesgos laborales no se contemplaba el de la exposición a radiaciones solares de los funcionarios que trabajaban en la calle.

Correos acudió a la jurisdicción laboral contra la decisión de la Administración autonómica, y entre otras cuestiones alegó que ya entregaba a sus empleados ropa de trabajo para la época de verano y “gorras”.

Por su parte, la Inspección autonómica replicó que el artículo 6 del Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual, establece en la llamada “lista indicativa y no exhaustiva de equipos de protección individual” los protectores de la piel, cremas de protección y pomadas”.

A la vista de dicha regulación, enfatiza el magistrado Ramón Toubes, “debemos coincidir con la Inspección en que el riesgo a la radiación solar ha de ser tenido en cuenta en la evaluación de riesgos, no alcanzando a entenderse las resistencias de la entidad actora”.

La sentencia es susceptible de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados cayeron un 37,8 % en 20172018-03-06
  • Los 60.754 lanzamientos practicados el año pasado suponen un descenso del 3,6 % respecto a 2016
  • Los concursos subieron el 7,9 % y las demandas por despido aumentaron un 6 %

El número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2017 fue de 30.094, lo que representa un descenso del 37,8 por ciento respecto a las presentadas el año anterior, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que ayer hizo público la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Es la cifra más baja de las registradas desde 2008, cuando se iniciaron 58.686 ejecuciones hipotecarias. En 2009 fueron 93.319, mientras que se presentaron 93.636 en 2010,  77.854 en 2011, 91.622 en 2012, 82.680 en 2013, 80.749 en 2014, 68.165 en 2015 y 48.410 en 2016.

Cantabria fue la única Comunidad Autónoma en la que no se registró una bajada de las ejecuciones hipotecarias el año pasado, con un aumento del 2,1 por ciento. Por el contrario, los descensos fueron superiores al 50 por ciento en Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja.

En términos absolutos, Andalucía fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2017 (7.002), seguido por Cataluña (4.635) y la Comunidad Valenciana (4.558).

Datos del cuarto trimestre de 2017

En el último trimestre de 2017, las ejecuciones hipotecarias iniciadas en toda España fueron 6.409, un 40,2 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior.

También en este caso fue Andalucía la Comunidad Autónoma con más ejecuciones hipotecarias presentadas, con 1.332, por delante de Cataluña (1.053) y de la Comunidad Valenciana (991).

60.754 lanzamientos practicados en 2017

El número de lanzamientos practicados el año pasado fue de 60.754, lo que supone un descenso del 3,6 por ciento respecto a los 63.037 de 2016. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual.

Casi seis de cada diez lanzamientos -35.666, el 58,7 %- fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 22.330 –el 36,8 %- se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 2.758 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un aumento del 4,3 por ciento en 2017, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 15,4 por ciento.

Cataluña –con 13.308, el 21,9 % del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que el año pasado se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía -con 10.437- y la Comunidad Valenciana, con 8.207.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 8.624; seguida en esta ocasión por la Comunidad de Madrid, con 5.001; y por Andalucía, con 4.713. En cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias, los tres primeros lugares los ocupan Andalucía (5.150), la Comunidad Valenciana (3.885) y Cataluña (3.832).

Datos del cuarto trimestre de 2017

Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017 se practicaron en España 15.259 lanzamientos, un 3,4 % menos que en el mismo periodo del año anterior. El 60,3 % fue consecuencia del impago de alquileres, el 35 % se derivó de ejecuciones hipotecarias y el 4,7 % restante obedeció a otras causas.

Como en el caso de los datos anuales, también en el cuarto trimestre de 2017 fue Cataluña –con 3.410, el 22,3 % del total nacional- el territorio con más lanzamientos practicados, seguido por Andalucía -con 2.581- y por la Comunidad Valenciana –con 2.099-. La catalana fue asimismo la Comunidad Autónoma donde en ese periodo se registraron más lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU -2.186-, mientras que Andalucía encabezó la clasificación de los procedentes de ejecuciones hipotecarias, con 1.266.

Los concursos presentados suben un 7,9 por ciento

El número de concursos presentados en 2017 fue de 7.594, un 7,9 % más que los registrados el año anterior. De ellos, 2.237 corresponden a concursos presentados por personas físicas sin actividad empresarial –cuya competencia corresponde desde el 1 de enero de 2015 a los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción-, mientras que los otros 5.357 se registraron en los Juzgados de lo Mercantil.

La Comunidad Autónoma donde se presentaron más concursos de personas físicas –que en toda España experimentaron un incremento del 41,7 %- fue Cataluña, con 799. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 349, y Madrid, con 279.

También fue Cataluña el territorio donde más concursos de empresas se registraron ante los Juzgados de lo Mercantil, con 1.067 –el 19,9 % del total nacional-, seguido por Madrid –con 918- y por la Comunidad Valenciana, con 798. En total, los 5.357 concursos de empresas presentados en 2017 representaron un 1,9 por ciento menos que los registrados el año anterior.

Datos del cuarto trimestre de 2017

El número de concursos presentados en el cuarto trimestre de 2017, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue de 2.011, lo que supone un incremento del 5,2 % respecto al mismo periodo del año anterior.

De esa cifra, 604 concursos correspondieron a personas físicas no empresarios, un 22,5 % más que en el cuarto trimestre de 2016. Cataluña fue la Comunidad Autónoma en la que se registraron más concursos de este tipo: 227, el 37,6 % del total nacional. En segundo y tercer lugar se situaron la Comunidad Valenciana (98) y Andalucía (63), respectivamente.

También fue Cataluña el territorio donde se presentaron más concursos de empresas entre los pasados 1 de octubre y 31 de diciembre: 282 de los 1.407 registrados, es decir, el 20 por ciento del total nacional. Le siguieron Madrid, con 240 concursos; y la Comunidad Valenciana, con 230.

Las demandas por despido aumentan un 6 por ciento

Las 104.824 demandas por despido presentadas en los Juzgados de lo Social en 2017 supusieron un incremento del 6 por ciento respecto a las registradas el año anterior.

Por territorios, Madrid –con 20.552, el 19,6 % del total nacional- es la Comunidad Autónoma en la que se presentaron más demandas de este tipo, seguida por Cataluña –con 18.275- y Andalucía, con 16.066.

Además, los Juzgados de lo Social registraron el año pasado 122.350 reclamaciones de cantidad, un 9,3 por ciento más que en 2016. De ellas, 25.121 se presentaron en Madrid, 20.599 en Andalucía y 14.318 en Cataluña.

Datos del cuarto trimestre de 2017

El número de demandas por despido presentadas en el último trimestre de 2017 fue de 25.688, lo que supone una subida del 4,8 % respecto al mismo periodo del año anterior. Madrid –con 4.619- fue la Comunidad Autónoma donde más demandas se presentaron, seguida por Cataluña (4.334) y Andalucía (4.221).

Respecto a las reclamaciones de cantidad, las presentadas entre los pasados 1 de octubre y 31 de diciembre fueron 29.408, lo que representa un incremento interanual del 1,1 por ciento.

Procedimientos monitorios

El informe de la Sección de Estadística señala asimismo que los procedimientos monitorios presentados el año pasado en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 506.076, un 5,8 por ciento menos que en 2016.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Datos del cuarto trimestre de 2017

En el último trimestre de 2017, los procedimientos monitorios registrados fueron 143.788, un 5,5 % más que en el mismo periodo del año anterior.

Consulte la estadística del cuarto trimestre de 2017, los datos anuales y las series completas desde 2007

 

Anulada una multidivisa colocada a un ingeniero y una matrona2018-03-06
  • “No tenían conocimiento en materia financiera”, señala la sentencia
  • “De los términos de la redacción y del resto del clausulado no puede inferirse los riesgos de tipo de cambio vinculado”, añade
  • La sentencia considera que Bankinter no actuó con la diligencia y transparencia adecuada

Navas & Cusí. 5 de marzo de 2018. El juzgado nº 70 de Madrid resolvió el pasado 17 de febrero anular una cláusula multidivisa colocada por Bankinter a una pareja formada por un ingeniero y una matrona. Obliga a rehacer la hipoteca en euros y condena a la entidad al pago de las costas. “Una nueva multidivisa colocada sin la debida transparencia que merece reproche judicial”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.

La sentencia considera que “de los términos de la redacción y del resto del clausulado no puede inferirse los riesgos de tipo de cambio vinculados”. Recuerda además que al tratarse del objeto principal del contrato, el banco debía de haber sido “especialmente transparente”. No fue así. La sentencia concluye que “no existe ninguna prueba de haber actuado con diligencia”. Por tanto, considera que el banco “ha infringido la normativa” al no advertir expresamente sobre el riesgo de fluctuación del tipo de cambio.

Además, el fallo recuerda que las cláusulas no sólo deben de ser claras desde el punto de vista formal y gramatical sino sobre el “alcance concreto” de manera que el cliente pueda tomar decisiones “fundadas y prudentes”, según Luxemburgo. “Desgraciadamente, como en la mayoría de las multidivisas, la transparencia brilla por su ausencia al igual que la advertencia del riesgo no sólo de que suba la cuota sino de que incluso se incremente el capital pendiente de amortización”, lamenta Navas.

La sentencia se basa en la resolución de 20 de septiembre de 2017 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo) en el caso Andriciciuc que señala que el ciudadano medio puede prever el riesgo de que se incrementen las cuotas, “pero no que se incremente el capital pendiente de amortización a pesar de estar abonando las cuotas”. Y menos -añadía Luxemburgo- el riesgo de que incluso el banco pudiera amortizar anticipadamente el préstamo si el euro se devaluara por encima de determinados valores.

“Si a alguien le dicen que el banco puede ejecutar su hipoteca si el euro se devalúa en relación a cualquier otra moneda es seguro que no firma”, explica el socio-director de navascusi.com

El fallo del juzgado nº 70 de Madrid recuerda también la sentencia del Supremo del pasado 17 de noviembre de 2017 en la que se recuerdan las obligaciones de transparencia. Censura que no se entregara oferta vinculante. Pero sobre todo afea la falta de transparencia. “No consta que explicara adecuadamente a los prestatarios la naturaleza de los riesgos asociados a la denominación del préstamo en divisas, ni las graves consecuencias de la materialización de dichos riesgos”, concluye la sentencia.

“Como en la mayoría de las multidivisas se comercializó haciendo hincapié en lo que se ahorraba en relación a la hipoteca en euros y no en los riesgos -que son muchos- en un contrato con una duración de 30 años como en este caso”, señala Navas.

La entidad se defiende afirmando que explicó los pormenores del producto contratado y que el perfil del cliente -ingeniero y matrona respectivamente- les permitía entender lo que les explicaba. El juez concluye que “no tenían conocimiento en materia financiera”.

Con todo, el juez anula la cláusula multidivisa, obliga a Bankinter a rehacer la hipoteca en euros y condena a la entidad a costas. “Se pone fin a un calvario que comenzó el 9 de junio de 2008, hace casi 10 años. La justicia es lenta, pero inexorable”, concluye el socio-director de navascusi.com

El juez anula el requerimiento de Educación a una funcionaria del certificado negativo del Registro de Delincuentes Sexuales por no ser ajustado a Derecho2018-03-05

Autor Comunicación Poder Judicial

El magistrado de lo Contencioso Administrativo nº 3 de Zaragoza considera que no es ajustado a Derecho exigir a la profesora demandante el certificado negativo de antecedentes penales por delitos sexuales. Se basa para ello en que el Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, que crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales, tiene determinados aspectos contrarios a la Constitución y a otras reglas de nuestro Ordenamiento jurídico.

La sentencia parte de que la inhabilitación de profesionales que trabajen con menores tras haber sido condenados por delitos sexuales, en general, no es contraria a Derecho. Pero tras el análisis de las medidas concretas del Real Decreto 1110/2015 llega a la conclusión de que éste no se ajusta al Ordenamiento jurídico.

Con su sentencia, el magistrado no ha anulado el Real Decreto, ni tampoco ha invalidado el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Legalmente no lo puede hacer, ya que la competencia, en su caso es, del Tribunal Supremo.

El magistrado sí puede analizar un acto administrativo concreto (en este caso el requerimiento de aportación del certificado negativo de delitos sexuales), y sobre la base de la ilegalidad del Reglamento, anular dicho acto administrativo. Con posterioridad, deberá plantearse ante el propio Tribunal Supremo si el Real Decreto es o no ajustado al Ordenamiento jurídico.

La inhabilitación de los delincuentes sexuales

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, introdujo en nuestro Ordenamiento Jurídico la inhabilitación de los delincuentes sexuales para profesiones o actividades en contacto con menores, mediante la implantación de un Registro Central de Delincuentes Sexuales. Ya en el Real Decreto 1110/2015, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales se fija el régimen de esta inhabilitación, incluyendo no sólo los delitos cometidos sobre menores, sino también los delitos cometidos sobre adultos. Se fija una inhabilitación automática, que en los casos de delitos sobre menores llega a los 30 años tras el cumplimiento de las correspondientes penas.

El sistema del Registro Central de Delincuentes Sexuales, para evitar el contacto con menores, parte de que la Administración o los empleadores, no pueden recabar directamente la información del Registro, sino que se exige el previo consentimiento del interesado, o la aportación por él del certificado negativo.

La Dirección General de Personal de la DGA, requirió a una profesora la aportación del certificado negativo. Dicha profesora recurrió dicha actuación, alegando la inconstitucionalidad del sistema y la ilegalidad del Real Decreto 1110/2015. Ante la postura de la Administración, finalmente la funcionaria formuló recurso en vía judicial. En el proceso judicial intervienen la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Administración General del Estado (dado que se cuestiona la validez de un Real Decreto). La sentencia se ha dictado con fecha 19 de febrero de 2018.

La sentencia considera que la Ley 26/2015 no es inconstitucional. Sin embargo, de un atento examen del Real Decreto llega a la conclusión de que se opone, en varios aspectos, a la Constitución y al propio Código Penal.

La disposición de la Ley venía ya exigida por dos disposiciones de orden internacional o supranacional, consecuente con las obligaciones asumidas por el Reino de España en este marco:

-Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, de 25 de octubre de 2007, –Convenio de Lanzarote– donde se plasma el compromiso de contribuir eficazmente al objetivo común de proteger a los niños contra la explotación y el abuso sexual. Ratificado por España mediante Instrumento de 22 de julio de 2010 (BOE nº 274, de 12 de noviembre de 2010).

-Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y explotación sexual de los menores y la pornografía infantil (DOCE L 335/1, de 12 de diciembre de 2011).

No obstante, pese a que estos textos se limitan a los delitos sexuales cometidos sobre menores, en la legislación española se amplía a los delitos sexuales cometidos sobre adultos, para prohibir que, con posterioridad, trabajen con menores.

Los motivos de invalidez del Real Decreto

La sentencia considera inválido el Real Decreto por los siguientes razonamientos:

A.- El Rango normativo y la reserva de Ley.- No es suficiente con introducir la regulación sobre el Registro Central de Delincuentes Sexuales en un mero Real Decreto, ya que se afecta con la regulación del mismo a determinaciones sobre derechos y libertades y sobre la prohibición o inhabilitación para el ejercicio de profesiones y actividades que exigen su regulación por una disposición con rango de Ley. Esta indicación ya se plasmaba en el correspondiente informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el Proyecto de Real Decreto.

B.- La contradicción de la regulación contenida en el Real Decreto con el Código Penal.- Vulneración del principio de jerarquía normativa.- Efectivamente, si se comparara el texto del Código Penal con el texto del Real Decreto 1110/2015, se comprueba que éste es muy diferente de aquél. P.e., el Real Decreto finalmente aprobado, cosa que no hacía el Proyecto, ha introducido un sistema de prolongación de la inhabilitación más allá de los plazos de cancelación de antecedentes penales fijados en el Código Penal.

C.- Se vulnera la regulación por Ley de los antecedentes penales y sus efectos.-

D.- Se vulnera el principio de proporcionalidad.- El Real Decreto 1110/2015 no respeta en absoluto el principio de proporcionalidad, ya que:

-no existe ninguna relación entre la gravedad del hecho y la reacción del Ordenamiento jurídico, en la medida en que se limita el derecho al ejercicio de actividades y profesiones, y consiguientemente se registran los datos de personas condenadas, por cualquier clase de delito de naturaleza sexual contra menores o adultos;

-el plazo de cancelación de los datos inscritos en el registro es idéntico sea cual sea el delito cometido por un adulto contra un menor;

-los plazos de cancelación de los datos inscritos en el registro, y consiguientemente la limitación de los derechos, se prolongan mucho más allá de los plazos de cancelación de antecedentes penales cuando el delito haya sido cometido por un adulto contra un menor;

-no exista posibilidad alguna de cancelar los datos inscritos en el Registro antes de que haya trascurrido dicho plazo.

-no sólo no se comprueba si realmente la persona condenada es un peligro para los menores, sino que el Ordenamiento jurídico ni siquiera da opción a dicha comprobación.

E.- La retroactividad que se fija para el sistema del Real Decreto 1110/2015 es contraria al art. 9.3 de la Constitución, que fija la regla de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

En otro orden de cosas, la sentencia también considera que determinados argumentos de la parte recurrente, como p.e. sobre la privacidad de los funcionarios, no son atendibles.

La consecuencia jurídica de la sentencia

La consecuencia jurídica que dispone la sentencia es la anulación del concreto acto administrativo de la Administración autonómica; o sea, el requerimiento del certificado negativo a la profesora en cuestión. La sentencia es apelable ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Sala de lo Contencioso-Administrativo) por las dos Administraciones personadas: Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y Administración General del Estado. También cabe la posibilidad de que el asunto llegue finalmente al Tribunal Supremo, que es el que tendrá la última palabra sobre la legalidad o no del Real Decreto 1110/2015.

Se debe aclarar finalmente, que la sentencia se limita a anular un concreto acto administrativo, no un Real Decreto. Lo natural será que se plantee una cuestión de ilegalidad ante el Tribunal Supremo no una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

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Un juzgado avala los últimos criterios aprobados por la Universidad de Vigo para la selección de catedráticos2018-03-05
En la sentencia el magistrado señala que la selección de criterios se ajustó al procedimiento establecido

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo ha desestimado una demanda interpuesta por un grupo de profesores de la Universidad de Vigo que pretendía invalidar los últimos criterios aprobados para la selección de catedráticos.

El magistrado entiende ajustado a derecho el acuerdo de la comisión de organización académica y de profesorado sobre la selección de áreas de conocimiento para participar en la convocatoria de plazas de promoción interna a catedrático correspondiente a 2016.

En la sentencia se señala que la selección de criterios se ajustó al procedimiento establecido y "al acatamiento de la voluntad expresada democráticamente" en el seno del Consello de Gobierno de la Universidad.

Sospechosos habituales2018-03-05

Hay un abogado en Oviedo que, siempre que efectúa sus conclusiones orales, comienza por una fórmula ritual:

"Señoría: juzgar es formar convicción; y para formar su convicción yo debo seducirle."

Huelga decir que, a la segunda o tercera vez, le rogué fuere de micrófono que cambiara el verbo, pues me tenía que pellizcar para evitar la risa.

Pero, con una fórmula u otra, en el escenario de la sala de vistas cada uno tiene su papel y el del juez es evitar que en el casting le adjudiquen el de Madame de Tourvel (Michelle Pfeiffer en "Las Amistades Peligrosas", Dangerous liaisons): seducida y engañada.

Cuando estás en tu primer destino y aún conservas la inocencia, eres una víctima propiciatoria ("Dios nos libre del juez de entrada y de liarnos con la criada", me decía mi preparador, Fiscal, para picarme). Con los conocimientos teóricos de un replicante, tu práctica se reduce al laboratorio (Escuela Judicial y estancias en juzgados), en una atmósfera controlada y aséptica. En cuanto sales al mundo real, un simple virus (¡Señoría, aquí hay falta de litisconsorcio!) te puede matar.

Pero según acumulas destinos y años te vuelves un desconfiado patológico. Eso sí, hasta el final nunca sabes si enfrente tienes al inofensivo Johnny (Cary Grant en "Sospecha", Suspicion) o al Tío Charlie (Joseph Cotten, en la "La sombra de una duda", Shadow of a doubt).

Y aun con el paso de los años, el buen abogado siempre va por delante del juez, pues parte con una gran ventaja: él conoce toda la verdad; el juez, metido en su pecera, solo tiene bocados de realidad que le van arrojando, convenientemente elegidos.

Por eso, cuando en un concurso, como quien no quiere la cosa, te anuncian por un simple escritillo que se ha aprobado una modificación estructural tras la aprobación del convenio, se te erizan los pelos del lomo (los magistrados de más edad ya los llevan erizados de continuo, aunque a veces se confunda con una pequeña joroba) y te imaginas al abogado con la cara de Kevin Spacey en la escena final de "Sospechosos habituales" (The usual suspects).

  • Uff, ¡¡que no me la líe!!- dices en la soledad de tu despacho, aunque por dentro una voz te dice: "Te la va a liar, te la va a liar".

Y aquí no es como en un juicio, con dos versiones enfrentadas: no, no, a resolver tú solito. Porque aunque des traslado en un concurso, la masa pasiva es doblemente pasiva y no tienes administración concursal que te proporcione otra visión, pues ya ha cesado en sus funciones con la aprobación del convenio.

De vuelta a la pecera, con tu visión deformada por el cristal.

Si habéis llegado hasta aquí os explico el caso:

  • Dos sociedades que conforman un grupo presentan sendos concursos. Cada una aprueba un convenio anticipado con facilidad.
  • Los convenios, sin quita pero con una espera de 10 años (y una carencia de 3), no son considerados gravosos (por la desdichada redacción del art. 167 de la Ley Concursal tras la reforma de la Ley 38/2011), por lo que no se abre la sección de calificación.
  • A los 3 años, cuando hay que empezar a pagar, el abogado de las dos empresas, como quien no quiere la cosa, te "mete" un escrito de folio y medio en el que, tras informarte de que una de las sociedades ha absorbido a la otra, te sugiere (ni siquiera te pide) la conclusión del concurso de la absorbida.
  • No das traslado a los acreedores personados en el concurso de la absorbida, porque no hay acreedores (ahora lo son de la absorbente).

Aquí empiezan tus dudas como juez:

  • ¿Pócima inofensiva o veneno amasado?
  • ¿Hay causa de conclusión del concurso?
  • ¿Si acuerdo la conclusión puedo estar causando perjuicios a los acreedores?

Y a estas preguntas básicas les suceden otras, más elaboradas:

  • ¿Qué pasa si la absorbente no paga a los acreedores de la absorbida?
  • ¿Debo tutelar los intereses de unos acreedores que ni lo son ya, ni se han opuesto a la fusión?
  • Sin acreedores actuales en el concurso, ¿podría alguno, en un futuro, denunciar el incumplimiento del convenio o ya no tienen legitimación?
  • Si se incumple el convenio, ¿qué o a quién liquido?
  • ¿Es inmune la modificación estructural al efecto resolutorio ligado al incumplimiento del convenio?
  • Si concluyo el concurso, ¿qué pasa con la calificación que debería abrirse en caso de incumplimiento del convenio?
  • De abrir calificación en un futuro, ¿a quién imputaría la presunción del art. 164.2.3º LC (incumplimiento culpable del convenio)?
  • ¿Qué contenido tendría esa sentencia de calificación futura si no hay acreedores por satisfacer?

El caso, como ven, no es sencillo y tiene muchas ramificaciones. Con la dificultad añadida de que los jueces siempre resolvemos sobre el pasado, no hacia el futuro. No somos buenos proyectando, por falta de práctica. Justo lo contrario que los abogados. Si nos hicieran un scanner seguro que nuestros cerebros de juristas no tienen las mismas partes desarrolladas (por eso los trasvases de una a otra profesión no siempre salen bien).

Como no me gusta mutilar las resoluciones judiciales, os adjunto el auto que dicté para que leáis y juzguéis.

Y como en este tema del convenio concursal y las modificaciones estructurales hay tantas permutaciones, con y sin repetición, os acompaño otros dos autos, para tener una visión más completa, uno del JM nº 1 de Santander y otro del JM nº 9 de Barcelona.

Cuando hayáis acabado de leerlos, me gustaría que me dijerais, con sinceridad, si mi afán por no ser seducido como Madame de Tourvel me ha acabado convirtiendo en la Marquesa de Merteuil, y merezco sus mismos abucheos, por desconfiado e intrigante.

Bueno, me despido de vosotros, mis sospechosos habituales, deseándoos un buen fin de semana.

P.S. Por si alguno no tuviere plan os adjunto, además, un pequeño recorte en "Word" de un epígrafe de la 2ª edición de mi libro PROTOCOLO CONCURSAL (Thomson Reuters Aranzadi, 2017), en el que trato otros supuestos de modificación estructural y convenio que pueden ayudarnos a resolver el puzzle.

Condena a Orange por facturar periodos completos cuando el servicio había dejado de prestarse con anterioridad2018-03-02
La sentencia declara que la emisión de facturas por el periodo completo preestablecido en los casos en que el servicio se haya dejado de prestar antes de que concluya ese plazo "es abusiva y, por tanto, ilícita"

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha estimado íntegramente la demanda promovida por el Ministerio Fiscal contra Orange Espagne y le condena por la emisión de facturas "abusivas y, por tanto ilícitas”. La sentencia tiene su origen en la demanda que presentó la Fiscalía contra la empresa de telefonía por emitir "reiteradamente" facturas contra los consumidores y usuarios en las que se les reclamaba la cuota correspondiente al periodo completo de la facturación previamente determinado. Lo hacía a pesar de que el servicio prestado a los clientes había finalizado antes de que se completase ese periodo. Así se recogía en la demanda del Ministerio Público, quien alegó que, como consecuencia de esta práctica, los consumidores "pagan doblemente".

La sentencia declara que la emisión de facturas por el periodo completo preestablecido en los casos en que el servicio se haya dejado de prestar antes de que concluya ese plazo "es abusiva y, por tanto, ilícita, así como la inclusión en un fichero de solvencia patrimonial de los clientes que no abonen las mencionadas facturas". La magistrada condena a la empresa a abstenerse de repetir las mencionadas prácticas.

La resolución judicial indica que "los pronunciamientos declarativos de la sentencia afectarán a las personas físicas o jurídicas que incurran en la misma práctica, aunque no hayan sido parte en el proceso". El fallo no es firme y contra él cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

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El Tribunal Supremo permite con condiciones el uso de sobreimpresiones y transparencias publicitarias en programas televisivos de entretenimiento y no solo deportivos2018-03-02
La publicidad debe identificarse claramente y diferenciarse del contenido del programa por mecanismos acústicos y ópticos

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, ha dictado una sentencia que permite el uso de nuevas técnicas publicitarias televisivas (sobreimpresiones y transparencias publicitarias) en programas de entretenimiento, y no solo deportivos, siempre que sea como tránsito entre la publicidad y el contenido editorial de los programas, que no lo interrumpan, que se identifique claramente y que se diferencie por mecanismos acústicos y ópticos. El tribunal anula una sanción de 460.840 euros que impuso la Comisión Nacional de la Competencia a Mediaset por el uso de estas técnicas publicitarias en distintos programas de una de sus cadenas de televisión.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso estima los recursos de casación interpuestos por Mediaset España Comunicación S.A y anula la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencias por la que se impusieron cuatro multas por importe de 460.840 euros, por vulnerar la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual ( LGCA).

Mediaset había realizado 17 impresiones publicitarias de varios productos insertadas durante la emisión de programas y sin interrumpirlos, ocupando el centro de la pantalla. La CNMC consideró que esta práctica infringía el principio de separación entre publicidad y programación, previsto en el artículo 14.4 de la LGCA. La CNMC se basaba en la regla general, que requiere una interrupción de los programas para emitir la publicidad, con la única excepción de las retransmisiones deportivas. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional confirmó las sanciones impuestas a Mediaset.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba, el tribunal interpreta los principios de separación e integridad en materia publicitaria contemplados en la ley nacional, así como la Directiva Comunitaria 2010/13 sobre la materia y concluye que ni la normativa comunitaria ni la norma nacional exigen un lapso temporal o interrupción entre los programas y bloques publicitarios. Por ello, estas nuevas técnicas publicitarias “pueden ser utilizadas no solo en programas deportivos sino también en otro tipo de programas como los de entretenimiento, pero en todo caso deben respetar los principios de identificación, diferenciación e integridad”.

La Sala considera que incluir una sobreimpresión publicitaria sobre el fondo del programa, una vez finalizado el bloque publicitario y antes del inicio del programa o la finalización del mismo, “constituye una forma de tránsito entre el contenido editorial del programa y el bloque publicitario que no está prohibido y que será lícito siempre que se identifique claramente que se trata de publicidad, que el mensaje comercial se diferencie claramente del programa por mecanismos acústicos y ópticos, y que no interrumpa el contenido editorial del programa”.

Voto particular

El magistrado Eduardo Calvo emite un voto particular discrepante al entender que la sentencia realiza una interpretación permisiva que propicia la inseguridad jurídica y la indefensión de los consumidores. Según este magistrado, “entendida así la norma, su aplicación está abocada al casuismo y a la inseguridad, al quedar gravemente desdibujada y borrosa la delimitación de las conductas potencialmente infractoras”.

Este juez advierte que la sentencia dedica muy escasa atención a la protección y defensa de los consumidores, una cuestión que le parece relevante al dejar al consumidor “indefenso” ante estas nuevas técnicas publicitarias que “han surgido precisamente para estorbar o dificultar esas maniobras elusivas por parte de los consumidores. Y siendo así, la Sala debería haber dispensado a éstos de una eficaz protección, en lugar de sostener –como hace la sentencia de la que discrepo- una interpretación de la normativa española que considero poco respetuosa con el llamamiento que se hace en la Directiva 2010/13/UE a la protección y defensa de los consumidores”.

Un juzgado avala los últimos criterios aprobados por la Universidad de Vigo para la selección de catedráticos2018-03-02
En la sentencia el magistrado señala que la selección de criterios se ajustó al procedimiento establecido

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo ha desestimado una demanda interpuesta por un grupo de profesores de la Universidad de Vigo que pretendía invalidar los últimos criterios aprobados para la selección de catedráticos.

El magistrado entiende ajustado a derecho el acuerdo de la comisión de organización académica y de profesorado sobre la selección de áreas de conocimiento para participar en la convocatoria de plazas de promoción interna a catedrático correspondiente a 2016.

En la sentencia se señala que la selección de criterios se ajustó al procedimiento establecido y "al acatamiento de la voluntad expresada democráticamente" en el seno del Consello de Gobierno de la Universidad.

Una sentencia reconoce la incapacidad permanente en grado de gran invalidez a un enfermo con sensibilidad química múltiple2018-03-01
  • Se trata de la segunda sentencia dictada en este sentido. Las dos defendidas por la letrada Yolanda Bermejo, socia de Domingo Monforte Abogados Asociados.
  • Este fallo judicial supone una nueva esperanza a los enfermos afectados por esta patología considerada rara.

El juzgado de lo Social, número 16, de Valencia ha dictado una sentencia que reconoce una incapacidad permanente en grado de gran invalidez a un enfermo que padece un cuadro clínico de sensibilidad química múltiple y electromagnética.

Es la segunda vez que los Tribunales reconocen a los enfermos con sensibilidad electromagnética y síndrome de sensibilidad química múltiple, una enfermedad considerada rara, el derecho a percibir, además de una prestación del 100% de su base reguladora, un complemento para poder pagar a una tercera persona que les asista. Una reivindicación de estos pacientes que se ven obligados a vivir aislados por los graves efectos, que la exposición a productos químicos ambientales y electromagnéticos, provocan en su salud.

En las dos sentencias ha ejercido la defensa Yolanda Bermejo Ferrer, abogada especializada en derecho laboral y socia profesional de Domingo Monforte Abogados Asociados.

Una vida truncada por la enfermedad

El demandante tiene 52 años y es ingeniero de profesión. En el año 2013 le fue diagnosticado un síndrome de fatiga crónica y fue declarado en situación de incapacidad permanente en grado total para la profesión habitual. La enfermedad se complicó con un cuadro clínico de fibromialgia, sensibilidad electromagnética y síndrome de sensibilidad química múltiple y, en julio del 2017, pidió una revisión del grado de incapacidad que le fue denegada.

Ahora el Tribunal corrige esa decisión al considerar que las patologías que padece obliga al demandante a vivir aislado. Necesita ayuda para realizar tareas cotidianas, como trámites administrativos o bancarios y también la limpieza de la casa, de la ropa y de su propio aseo personal. La sentencia considera probado que, primero, "la situación del demandante se ha agravado y, segundo, no está capacitado para realizar ninguna actividad laboral. La declaración de Incapacidad permanente absoluta es, pues, inevitable". Además la "aparición de otras patologías han determinado que el solicitante precise la ayuda de terceras personas para prácticamente la totalidad de las actividades básicas de la vida diaria" haciéndolo, por tanto merecedor del Grado de Gran Invalidez.

Mi abogado es un chatbot2018-03-01

Según el último estudio de PWC sobre el sector de la abogacía, el 80 % de los profesionales considera imprescindible disponer de una estrategia de digitalización para afrontar el futuro del negocio. El informe apunta que cada vez más despachos profesionales ven la tecnología no solo como una manera de ganar eficiencia, sino también como una oportunidad para reimaginar cómo ofrecer servicios legales.

Una de las herramientas más avanzadas de este proceso de digitalización es la inteligencia artificial. «Es útil para múltiples tareas: la automatización documental, la gestión y clasificación de grandes cantidades de datos y la mejora de la atención a los clientes», explica Jordi Estalella, abogado y profesor colaborador de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. «Una de las principales aplicaciones prácticas es la implantación de respuestas automáticas mediante chatbots», afirma Estalella.

Las previsiones de la multinacional Gartner apuntan a que en 2018 el 30 % de las conversaciones que tendremos en línea se producirán con estos sistemas informáticos, fruto de la inteligencia artificial, capaces de mantener conversaciones con lenguaje natural por medio de canales de mensajería. En el caso de los despachos de abogados, «los clientes podrán realizar consultas legales y gracias a esta tecnología recibirán una respuesta rápida y de calidad», explica Estalella.

Según Blanca Torrubia, directora del máster universitario de Abogacía de la UOC, los tres principales beneficios de la implantación de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial en los despachos profesionales serían la mejora de la eficiencia al reducir los costes; el incremento de la productividad, «puesto que los abogados se podrán dedicar a tareas propias de más valor», y el aumento del número de clientes, «puesto que podrán ofrecerles buenos servicios a precios más bajos».

La V Jornada de Abogacía Digital de la UOC, que se celebró el 23 de febrero, analizó este proceso de implantación de la inteligencia artificial en los despachos profesionales, por medio de casos reales de firmas españolas. También se habló de los nuevos servicios en línea que permite la tecnología y las nuevas profesiones y perfiles profesionales que esta transformación comportará. Aparte de los profesores Torrubia y Estalella, en las jornadas participarán Jesús Sánchez, abogado y secretario de la Junta de Gobierno del ICAB; Andrea Ortega, abogada y directora de proyectos de innovación en Cuatrecasas, y Ferran Sala, director general en España de VLex.

Aranzadi Fusión

Thomson Reuters, líder mundial de soluciones tecnológicas para empresas y profesionales, está apoyando este proceso de modernización tecnológica en los despachos de Abogados Españoles a través de sus soluciones, y en particular de Aranzadi Fusión, una respuesta global al servicio del abogado que relaciona todos los contenidos jurídicos necesarios para sus procesos diarios de trabajo, con la más innovadora tecnología y que responde a todas las necesidades del trabajo diario, integrado en una única herramienta y con un único acceso.

Jugar partidos de fútbol con clientes de la empresa es tiempo de trabajo efectivo2018-03-01

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, determina en su Sentencia de fecha 27 de octubre de 2017, que las competiciones deportivas organizadas por la empresa con fines comerciales deben considerarse como tiempo efectivo de trabajo por lo que se debe programar el inicio de siguiente jornada de trabajo doce horas después de haber finalizado aquellas.

Respecto a las particularidades del supuesto de hecho, indicar que la presente Resolución tiene su origen en la solicitud, por parte de la representación de los trabajadores, de que las actividades desempeñadas fuera de la jornada ordinaria de trabajo consistentes en asistencia a eventos y competiciones deportivas organizadas por las demandadas con carácter comercial tengan la consideración de tiempo de trabajo y que, en consecuencia, el inicio de la siguiente jornada de trabajo se produzca, no en el horario habitual, sino 12 horas después de haber finalizado las actividades relacionadas con el evento especial. Asimismo, se solicita que cualquier accidente que pueda producirse durante las mismas o en los correspondientes trayectos de ida y regreso tendrá la consideración de accidente de trabajo.

A ese respecto determina la Sentencia objeto de estudio que lo primero que debe analizarse es si la asistencia a actividades que se realicen fuera de la jornada ordinaria de trabajo debe ser consideradas o no tiempo de trabajo, lo que se cuestiona por las empresas demandadas, invocando el carácter voluntario de las mismas.

En ese sentido determina la Audiencia Nacional con meridiana claridad -vid. Fundamento de Derecho 5º punto 2- que para determinar si el tiempo que el trabajador dedica a realizar una determinada actividad debe o no ser considerado tiempo de trabajo, hemos de señalar que lo esencial no es el carácter voluntario o involuntario de la misma, ya que:

a.- en principio y por definición el trabajo que se desempeña por cuenta ajena y que es objeto de regulación es de carácter voluntario- ex. Art.1.1 E.T. (RCL 2015, 1654) -;

b.- existen determinadas prestaciones del trabajador que no obstante el contrato, es libre de decidir su realización o no, como sucede con las horas extraordinarias, como se deduce que del tenor art. 35.4 E.T. ("La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntario, salvo que su realización se haya pactado en el convenio colectivo o en el contrato individual de trabajo, dentro de los límites del apartado 2").

En vista de lo anterior advierte la Sala de lo Social que la dicción del art. 34.5 E.T. ("El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.") debe ser interpretada conforme la doctrina que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desarrollado a la hora de interpretar el art. 2.1 de la Directiva 2003/88 CE (LCEur 2003, 3868).

Pues bien, dicho precepto define el tiempo de trabajo como "todo período durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones, de conformidad con las legislaciones y/o prácticas nacionales".

Por su parte, la doctrina judicial que lo ha analizado, entre otras, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha 10 de septiembre de 2015, C 266/14, asunto TYCO (TJCE 2015, 205), señala que "para que se pueda considerar que un trabajador está a disposición de su empresario, este trabajador debe hallarse en una situación en la que esté obligado jurídicamente a obedecer las instrucciones de su empresario y a ejercer su actividad por cuenta de éste".

Teniendo en cuenta la referida doctrina comunitaria, concluye la Sala en el supuesto que se enjuicia a la estimación parcial de los puntos 2 y 3 del suplico de la demanda ya que, a su entender, del relato fáctico de la presente resolución se deduce que las denominadas actividades fuera de jornada, tales como allí se describen -presentaciones de revistas y competiciones deportivas a las que son invitados clientes con los que se desea reforzar el vínculo comercial-, son actividades programadas por el empresario y vinculadas estrechamente con la prestación de servicios del trabajador, y en cuyo desarrollo, sin perjuicio de su carácter voluntario, éste debe atenerse a las pautas del empleador, encontrándose en consecuencia bajo el ámbito organicista, rector y disciplinario de éste.

A mayor abundamiento señala, que, a la hora de negociar el Convenio de aplicación, las partes así lo consideraron, puesto que estipularon la compensación del tiempo dedicado a las referidas actividades por un descanso equivalente, como si de horas extraordinarias se tratase. Así el art. 31.1. b de la referida normativa convencional dispone: "Actividades fuera de jornada: el tiempo que los trabajadores de este sector dediquen a eventos comerciales especiales fuera de la jornada será voluntario y se compensará en tiempo de descanso en igual proporción dentro de los cuatro meses siguientes a la realización del evento, respetando el mantenimiento de la actividad comercial".

De conformidad con lo anterior, y teniendo en cuenta las previsiones del art. 34.3 párrafo 1º del ET -" Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas."-, concluye la Sala que debe accederse a la petición contenida en el punto segundo del suplico de la demanda, es decir, a respectar un descanso mínimo de 12 horas entre la finalización del evento y el inicio de la siguiente jornada laboral.

Con relación al último inciso del petitum -el que se refiere a la determinación de los accidentes de trabajo- la Sala entiende que la determinación del carácter común o laboral de los accidentes no es un pronunciamiento que pueda efectuarse con carácter colectivo ya que deben ponderarse todas las particulares circunstancias en que se produzca al mismo, por lo que se aprecia la inadecuación de procedimiento respecto de esta última pretensión.

El Tribunal Supremo establece que el pago del impuesto por la constitución de las hipotecas incumbe al prestatario2018-03-01

El Pleno de la Sala Primera resuelve dos recursos sobre el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha estudiado este miércoles dos recursos relativos a reclamaciones de consumidores contra cláusulas de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria que les atribuían todos los gastos e impuestos generados por la operación.

En concreto, el alto tribunal discutía únicamente lo relativo al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Los magistrados estiman en parte los recursos y establecen que: a) por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario, de acuerdo a la jurisprudencia constante de la Sala III del propio Supremo; y b) por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.

La nota informativa facilitada por la Sala Primera señala lo siguiente:

"El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto en el día de hoy dos recursos de casación en relación con sendas reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación.

El tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos.

En los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El tribunal ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite".

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USO consigue que el síndrome del túnel carpiano sea enfermedad profesional en el sector de limpieza2018-02-28

Una sentencia del Juzgado de lo Social Nº2 de Santander ha calificado como enfermedad profesional el “síndrome del túnel carpiano” a una limpiadora. Esta sentencia, novedosa en Cantabria, es un importante precedente jurídico de cara a que esta enfermedad -muy frecuente entre las más de 6.000 personas que pertenecen al sector en la región- deje de ser declarada como contingencia común en los procesos de incapacidad temporal.

La demanda fue interpuesta por el sindicato USO contra la Dirección Provincial del INSS al dictar esta una resolución que confirmaba como enfermedad común la baja de una trabajadora de la limpieza de Valdecilla, perteneciente a la empresa Ferrovial, por una dolencia del túnel carpiano. Además del INSS también fueron demandadas la TGSS, Mutua Universal Mugenat y Ferrovial Servicios, S.A. El letrado de USO que defendió a la trabajadora fue Pedro Méndez Gautier.

El INSS centró su defensa en que en el Real Decreto 1299/2006, que enumera las enfermedades profesionales y la lista de los sectores laborales afectados, no se encuentra registrado el sector de la limpieza en relación a la dolencia del “síndrome del túnel carpiano.

Por su parte, la defensa jurídica de la trabajadora, aportó reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en casación de sentencia que mantiene que “para saber si nos encontramos ante una enfermedad profesional, habrá que analizar si el causante reúne los tres requisitos que la norma exige para ello: que la enfermedad se haya contraído a consecuencia del trabajo realizado por cuenta ajena, que se trate de alguna de las actividades que reglamentariamente se determinan, y que esté provocada por la acción de elementos y sustancias que se determinen para cada enfermedad”. A ese respecto, el Tribunal Supremo concluye asentando que aún cuando no está expresamente incluida en la enumeración de actividades capaces de producir la enfermedad profesional las tareas que desempeña una limpiadora podrían tener encaje en otras profesiones o actividades que sí están reconocidas como contingencia profesional.

La titular del Juzgado Nº2, Nuria Perchin, estimó la demanda formulada por la trabajadora asumiendo en su sentencia la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. En base a ello declaró que el proceso de incapacidad temporal que había sido iniciado por la trabajadora derivaba de enfermedad profesional y condenó a todas las partes demandadas (INSS, TGSS, Mutua Universal Mugenat y Ferrovial Servicios, S.A.) a pasar por tal declaración con las consecuencias legales correspondientes.

El caso descrito supone un destacado precedente jurídico en Cantabria en un sector especialmente numeroso como es el de la limpieza, en el cual esta patología se encuentra ampliamente extendida en la población trabajadora que presta servicio en el mismo, con el perjuicio y sufrimiento que lleva asociado para quienes la padecen y conviven con ella. En consecuencia, es una vía abierta a que en un futuro situaciones similares de limpiadoras y limpiadores afectados en la región por esta patología a causa del trabajo sean calificadas como enfermedad profesional.

El TSJ de Canarias confirma la nulidad de los ‘swaps’ entre el Ayuntamiento de Arrecife y el Banco de Santander2018-02-28

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas ha desestimado el recurso de apelación presentado por el Banco de Santander contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas que el 2 de noviembre de 2016 confirmó la nulidad de los seis contratos de permuta financiera (swap) suscritos por distintos alcaldes del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote con el Banco de Santander entre 2004 y 2009.

La Sala confirma la nulidad de los acuerdos ratificando la tesis que esgrimió en primera instancia la magistrada Esperanza Ramírez, tomando como base el dictamen del Consejo Consultivo que declaró que no cabía “la menor duda” de que la competencia para suscribir contratos privados de 30 millones de euros no las tenía el alcalde presidente de la Corporación ni su concejal de Hacienda -que eran quienes habían firmado los documentos-, sino el pleno municipal.

La sentencia de la Sala abre ahora la vía a que el Ayuntamiento reclame al Banco de Santander las sumas que perdió por las operaciones derivadas de los contratos de permuta financiera, que puede alcanzar los 3.300.000 euros.

El fallo que ahora ha confirmado la Sala hizo suya la tesis esgrimida por el Consejo consultivo en su dictamen sobre el caso, el 157/2013 de 2 de mayo: “No es menester insistir más para concluir que si hay un caso en el que ha habito total y absoluta postergación del procedimiento legal establecido, es éste”.

El dictamen del Consejo Consultivo, de número 1567/2013, puede encontrarse en la página web del órgano parlamentario.

La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Supremo o ante el TSJC si alude a normas autonómicas, siempre que la parte recurrente justifique el interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia.

Las tres claves de la economía de datos del futuro son ciberseguridad, protección de datos y secretos empresariales 2018-02-28
  • La economía de datos moverá 106.000 millones de euros en 2020 y representará un 3,17% del PIB de los países de la UE
  • Con una adecuada gestión de los datos, las empresas pueden ahorrar significativamente en costes de almacenamiento o en simplificación de procesos, según la abogada Ruth Benito, que desgranó las novedades que traerá el reglamento europeo en materia de datos personales
  • “La mayor parte de las fugas de información en las empresas son causadas por la negligencia de los propios empleados
  • “Todas las empresas están expuestas a ciberataques, el riesgo cero no existe”, dijo Antonio Ramos, presidente de LEET Security

En el siglo XXI, los datos han pasado a ser el activo más importante, “son el petróleo de esta era” y su valor crecerá exponencialmente, según expuso Antonio Tavira, Consejero Delegado de la firma ELZABURU, que el viernes celebró una mesa redonda sobre el tratamiento de datos en la era de la inteligencia artificial. Tavira recordó que, si bien en 2016 el valor de los datos supuso 60.000 millones de euros con un aumento del 9,5% más respecto al año anterior, la cifra llegará hasta los 106.000 millones de euros, representando el 3,17% del PIB comunitario en 2020.

El marco legal en el que se desarrolla la economía de datos está basado en tres ejes muy importantes: la ciberseguridad, la protección de los secretos empresariales y la protección de datos personales. Para el control de este último, se ha creado el Reglamento General de Protección de Datos (RPGD), que entrará en vigor el próximo 25 de mayo. Aunque bien es cierto que las empresas tienen derecho de explotar los datos personales para realizar sus actividades y contribuir al desarrollo económico, el reglamento está concebido para que lo hagan “con lealtad, transparencia y el respeto máximo hacia las personas cuyos datos tratamos”, según señaló Ruth Benito, experta en protección de datos y of Counsel de la casa Elzaburu.

“El nuevo reglamento no debe verse con temor porque no restringe ni prohíbe, solo enseña cómo llevar a cabo una adecuada gestión de los datos. Puede ser una gran oportunidad que nos permita ahorrar en costes de almacenamiento de información, de licencia, o de simplificación de procesos”, explicó.

El nuevo reglamento europeo abordará principios como la limitación de la finalidad, minimización, exactitud y actualización de los datos; es decir que solo pueden ser recabados para finalidades determinadas y tratados con arreglo a dichas finalidades, además de deber ser correctos y actualizados y sujetos a tratamiento mientras sea necesario para la finalidad para la que se recabaron, pero no más allá. “Se busca mejorar la calidad, el control y la privacidad por el diseño de los mismos”, expuso Benito, “aunque en este último punto la definición es un poco escasa”. Sin embargo, la gran mayoría de las cuestiones que explica el reglamento ya existían, “solo hay dos derechos nuevos: el de la portabilidad de datos y el derecho a la limitación del tratamiento”, añadió la experta.

Para Ruth Benito, una de las grandes novedades del reglamento es que antes existía una clasificación de los tipos de datos que dirigían a diversas clases de medidas, “ahora, la responsabilidad en materia de seguridad está en manos de la empresa, quien se encargará de hacer un análisis de riesgo en cada caso”. Respecto a la reforma de la ley española en esta materia prevista para el próximo mayo, Benito cree que “no llegará a tiempo, aún queda mucho que hacer”.

Las nuevas reformas de protección del secreto empresarial pasarán también a considerar los servicios como mercancías infractoras

El secreto empresarial cobra una especial importancia en la era de la economía digital. “No olvidemos que el secreto del éxito de empresas como Google está precisamente en su secreto empresarial”, apuntó Javier Fernández-Lasquetty, socio de ELZABURU, que explicó que la información puede protegerse siempre que sea secreta, tenga un valor y esté debidamente identificada y puntualizó que “la mayor parte de las fugas de información se dan sin quererlo por parte de los empleados de las empresas”. Para evitarlo, es necesario invertir en la adecuada educación de empleados y colaboradores, así como prestar atención a la información que se proporciona a clientes, inversores o durante las actividades de marketing y comunicación.

Fernández-Lasquetty recordó que actualmente se trabaja en reformas legales para proteger el secreto empresarial, tanto a nivel europeo como español, las cuales “traerán cambios que contribuirán a proteger más esos secretos, como que pasarán a considerarse mercancías infractoras no solo los productos, sino también los servicios, o que el tercero de buena fe que comercie con estas mercancías no estará excluido de la responsabilidad”, añadió.

El nivel de protección debe ser acorde al valor de los datos que se quieran proteger

El tercer eje de la mesa redonda estuvo centrado en la ciberseguridad, ante una realidad que muestra un enorme aumento de los ciberataques en España en los últimos dos años. Para ello, se contó con Antonio Ramos, actual presidente de LEET Security y miembro del ENISA, que dijo que “nunca hay un riesgo cero en esta materia: la llegada de los ciberataques solo es cuestión de tiempo, como consecuencia de la dependencia tecnológica de la era de la inteligencia artificial”.

“La ciberseguridad no es un producto, sino un proceso, y nunca es seguro al 100%”, apuntó. Entre las medidas que se están tomando para preservar esta seguridad, se encuentran los diversos niveles de calificación basados en la madurez y robustez de estos procesos de seguridad. “El nivel de protección debe ser acorde al valor de los datos que se quieren proteger”, dijo el experto en seguridad y recordó que el 16% de los proveedores totales de las organizaciones se conectan a los sistemas de esas organizaciones sin ningún tipo de revisión previa.

¿Es legal descargar obras protegidas a través de torrents?2018-02-27

Los sistemas torrent constituyen un formato de archivo que sirve para compartir gran cantidad de datos entre diversos usuarios. No todos los archivos que se comparten de este modo son obras protegidas por derechos de autor, también es frecuentemente utilizado para realizar trabajos en grupo, enviar fotografías o vídeos familiares, etc. Sin embargo, gran cantidad de películas y canciones viajan cada día a través de torrents entre unos y otros usuarios, constituyendo un sistema idóneo para acciones de piratería.

La descarga a través de internet de obras protegidas por propiedad intelectual sin autorización expresa de los titulares de los derechos no es legal en España, independientemente del sistema técnico que utilicemos para dicha descarga.

Para que exista delito, es necesario que la infracción de derechos se produzca con ánimo de lucro, según lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, por tanto, generalmente la conducta del usuario que descarga una película o una canción no es constitutiva de delito.

Sin embargo, sí podemos estar ante un ilícito de carácter civil por infracción de la normativa en propiedad intelectual, especialmente el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

La peculiaridad de los sistemas torrents es que todos los usuarios reciben obras y al mismo tiempo todos los usuarios ponen las mismas a disposición del resto de participantes de la red de comunicación.

La comunicación pública en Internet en su modalidad de puesta a disposición solo puede realizarse por el legítimo titular de los derechos, por lo tanto, compartir películas o canciones a través de torrets sería una conducta ilícita y, como tal, el usuario podría ser condenado al pago de una indemnización.

Mayor dificultad presenta la prueba del hecho cometido y, sobre todo, los perjuicios derivados del mismo. Habría que determinar, en primer lugar, quiénes son los usuarios que han participado del sistema, compartiendo la obra. La identificación puede hacerse a través de la IP, pero no siempre es fácil, pues diferentes usuarios han podido estar utilizando una misma IP.

Además, no es fácil determinar cuáles son los perjuicios sufridos por el titular de los derechos, pues no todos aquellos que han descargado la obra la habrían adquirido por el canal legal.

Por último, cabe señalar que adquirir obras protegidas por propiedad intelectual a través de estos sistemas no está exento de ciertos riesgos, pues junto con ellos, en ocasiones viajan gran cantidad de virus que pueden poner en riesgo nuestros sistemas informáticos, así como la información contenida en nuestros equipos.

El futuro baremo para el cálculo de las indemnizaciones por negligencias médicas2018-02-27

El nacimiento en 1995 a partir de la Ley 30/1995 de 8 de Noviembre del conocido “baremo de tráfico” representó una novedad para el cálculo de la indemnización de los daños corporales por accidente de tráfico estableciéndose un medido y detallado sistema para la valoración de los daños y perjuicios, que figura actualmente como Anexo en el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, y que es de aplicación imperativa en accidentes de tráfico.

Poco a poco la aplicación de las reglas de tasación del daño corporal de este sistema legal fue extendiéndose a otros ámbitos de la responsabilidad civil como criterio orientador y de referencia para el cálculo de las indemnizaciones y así el sistema, vinculante únicamente en los hechos de circulación, se aplicaba a daños personales como consecuencia de hechos imprudentes de riesgo diverso, logrando progresivamente su normalización en la aplicación y la aceptación por Jueces y Tribunales. También fue extendiéndose para la valoración del daño corporal e incluso del daño moral sufrido a causa de un acto médico con infracción de  "lex artis ad hoc", es decir, cometido en contra del marco general de actuación del profesional sanitario en relación con la disciplina, los parámetros mínimos y los estándares de conducta aceptados por la comunidad científica y de las normas técnicas de la profesión, que el profesional debe conocer, aplicar y respetar.

Como hemos dicho, la practica forense, entre la nada y un baremo, asumió el baremo tráfico y su aplicación analógica  para la valoración del quantum indemnizatorio de los daños corporales y demás perjuicios indebidamente soportados por una negligencia médica -cometida en el ámbito sanitario público como en la sanidad privada- con la intención de dejar de lado las valoraciones subjetivas o a tanto alzado, para atender a criterios de seguridad y certeza. Tanto es así que la Ley 35/2015, de 22 de septiembre por la que se ha reformado completa y detalladamente el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados en accidentes de circulación ha establecido en su Disposición Adicional Tercera que dicho sistema de valoración "servirá como referencia para una futura regulación del baremo indemnizatorio de los daños y perjuicios sobrevenidos con ocasión de la actividad sanitaria".

Sin embargo, cierto es que este baremo está articulado en el eje de un criterio de culpabilidad y de resultado en la dinámica de la conducción de un vehículo a motor, pero no está pensado para los daños por posibles negligencias médicas donde para el cálculo de la indemnización podrían tenerse en cuenta, además del criterio de culpabilidad del que nace la responsabilidad profesional civil del sanitario, otras variantes que pueden entrar en juego, como la clasificación e identificación de todas las secuelas por mala praxis que el baremo de tráfico no contempla - a título de ejemplo, la hipoxia cerebral neonatal-, tener en cuenta el cuadro clínico del paciente anterior a la mala praxis, así como también clasificar el motivo u origen de la negligencia médica cometida, que determinaría la clase de daño a indemnizar propio corporal o de carácter moral, diferenciando los supuestos de que el daño devenga de la falta de cuidado, desatención y abandono del paciente, surja de la omisión en la explicación, entrega y firma del documento de consentimiento informado, o nazca del propio acto médico o intervención quirúrgica mal realizada, no apropiada o practicada sin la diligencia mínima requerida por los cánones científicos.

A lo que se añade la no obligatoriedad del aseguramiento de la responsabilidad profesional civil sanitaria, que a día de hoy, no es una actividad que por sí misma requiera la suscripción de un seguro obligatorio. A diferencia de lo que ocurre en la responsabilidad civil de la conducción de vehículos a motor, o el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) para las compañías de transporte público, (incluido en el propio billete de transporte, siendo el asegurado el viajero al que se protege de las lesiones corporales que sufran que serán valoradas y cuantificadas por el propio Baremo de indemnizaciones del SOV regulado en el Anexo del RD 1575/1989 de 22 de Diciembre), la Ley no exige a los profesionales sanitarios (médicos, enfermeras, auxiliares...) la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional, por muy conveniente que resulte y, generalmente, se suscribe en pólizas gremiales colectivas.

Cabría determinar la obligatoriedad de aseguramiento antes de realizar un baremo que tase los daños causados en el ámbito sanitario y por mala praxis y negligencias médicas. Baremo especialmente útil  para los aseguradores al aportar más certidumbre en el desarrollo de su actividad y en el cálculo del riesgo siniestral.  Pero, ¿con qué coberturas?, ¿con qué límites por anualidad y siniestros?, ¿para qué tipo de daños?

Vacíos legislativos e incertidumbres en la determinación y cuantificación del daño corporal por error médico, tanto para el perjudicado que ha visto mermada su integridad física y calidad de vida, o en casos con resultado de muerte, que ha sufrido la pérdida de un familiar o allegado, como para el profesional sanitario responsable que tendrían respuesta con la aprobación de un baremo de indemnizaciones por daño sanitario, que no sólo daría más seguridad y garantía a los pacientes, sino también a las entidades aseguradoras que son las que, en definitiva, responden económicamente, sirviendo asimismo de un marco seguro para alcanzar acuerdos extrajudiciales. Siempre que fuera construido sobre la realidad material compensatoria del daño en justo equilibrio con el estado lesional bajo el principios que deben inspirar la reparación del daño de restitutio in integrum y el principio pro damnato. [Resolución 75/7 de 14 de Marzo del Consejo de Europa]

En definitiva, la necesidad de aprobar un método para el cálculo de las indemnizaciones por daños y perjuicios por negligencias médicas sustituiría la aplicación analógica que actualmente se hace al daño médico  de un sistema concebido en el ámbito de la responsabilidad civil por hechos de la circulación. Baremo sanitario que, desde la aprobación del baremo de tráfico, se viene reivindicando por asociaciones de víctimas y por el sector sanitario, sin que hasta la fecha su texto definitivo y consolidado haya visto la luz, a pesar de existir proyectos muy avanzados y culminados a finales de 2014 por el Consejo Asesor de Sanidad.

Según anticipaba el proyecto del Comité Asesores del Ministerio de Sanidad, "siete especialidades médicas absorben el 75% de las reclamaciones por errores médicos. Las más frecuentes son por errores en casos de ginecología, seguidas por las operaciones estéticas y de casos de traumatología". La Asociación el Defensor del Paciente recibió en 2016 un total de 14.802 denuncias de negligencias médicas (372 más que en 2015), las cuales provocaron 841 muertes (35 más que el año anterior), con el error o el retraso en el diagnóstico como principal causa seguidos de casos de intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, atención deficiente, infecciones hospitalarias o retrasos en ambulancias.

Ahora, después de 23 años después del comienzo de la tasación del daño corporal con el baremo de tráfico, parece que el desarrollo de una Ley de Baremo Indemnizatorio por los daños y perjuicios sobrevenidos de la actuación sanitaria es por fin una de las prioridades del actual Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Organismo del que, hasta la fecha, únicamente se conoce la existencia de un "borrador" a cuyo contenido han tenido acceso algunas asociaciones de pacientes representadas por el Defensor del Paciente criticando su contenido, considerando que el baremo parte de un error de base por haberse construido dirigido a enfermos, a diferencia del baremo de tráfico que está pensado para personas sanas. Error de partida que ha afectado al quantum indemnizatorio siendo con el baremo sanitario más abaratada la valoración del daño corporal, y también a la catalogación del perjudicado, que por el simple hecho de provenir de un centro médico público o privado, no se le trate de enfermo, sino de paciente afectado por un error médico con derecho a percibir una justa indemnización por el detrimento físico, psicológico o moral sufrido. Críticas que deben de resolverse por la comisión de expertos a la que se ha encomendado el trabajo.

Por nuestra parte, como profesionales expertos en Responsabilidad Civil, tenemos que confiar en que si se avanza en la indemnización tasada del daño lo sea para mejorar. Esto requiere de un texto que sea justo, no discriminatorio en comparativa con las indemnizaciones que resultan con el sistema de valoración para indemnizaciones sobrevenidas de accidentes de circulación, equilibrado con el ámbito, circunstancias y necesidades del sector sanitario y, fundamentalmente, que permita una justa compensación a las víctimas y a sus familiares asegurando la total indemnidad y reparación integral de los daños y perjuicios causados y que no sirva, únicamente, para hacer rentable y dar ventaja a la actividad aseguradora.

El TSJ de Murcia obliga a Ferroser a pagar el plus de toxicidad en vacaciones2018-02-27

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia le ha dado la razón a la USO y ha condenado a la empresa Ferroser Servicios Auxiliares (Ferrovial), que prestaba servicios de limpieza en el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia, a pagar a todos los trabajadores adscritos a esta contrata “el plus tóxico, penoso o peligroso previsto en el artículo 27 del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Región de Murcia” junto al resto de complementos y salario base que se pagaban en la nómina de vacaciones.

La sentencia deja muy claro que “en la retribución ordinaria del trabajo, fuera de los periodos de las vacaciones anuales, la empresa demandada incluye como conceptos retributivos el salario base, la antigüedad consolidada, el plus de permanencia, el plus de transporte y el plus de asistencia; así mismo, incluye el plus de penosidad, el cual no se abona en el período de tiempo que los trabajadores disfrutan de sus vacaciones anuales”.

Igualmente, la sentencia hace mención a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, que se basa, entre otras cosas, en que “el derecho a vacaciones anuales y el derecho a percibir una retribución en concepto de vacaciones constituyen dos vertientes de un único derecho. La obligación de retribuir las vacaciones, en una situación que, desde el punto de vista del salario, sea comparable a los periodos de trabajo”.

Ferroser daba empleo a 120 trabajadores, que desde noviembre de 2017 están subrogados a STV, quien se ha hecho con la contrata del hospital. En total, por los tres años que entraban dentro de la denuncia, “cada trabajador percibirá, en función de la categoría, unos 480 brutos, unos 160 por cada mes de vacaciones que no se pagó”, calcula Rubén Riquelme, presidente del comité de empresa de STV, donde USO cuenta con la mayoría de delegados.

Riquelme está “satisfecho con el fallo, tras una primera sentencia de lo Social que ya nos daba la razón pero que la empresa recurrió. Se reconoce así lo que demandábamos, que es que no se puede cobrar menos de lo habitual en tu mes de vacaciones”.

La Audiencia Nacional da la razón a UGT FICA en la demanda de conflicto colectivo interpuesta contra Tragsa2018-02-26

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dado la razón a la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT en la demanda de conflicto colectivo que interpuso en su día contra la empresa Transformaciones Agrarias, SA (Tragsa) con relación al derecho que tienen los trabajadores acogidos a la jubilación anticipada al "premio de jubilación". Frente a la postura mantenida por otros sindicatos, que se opusieron a interponer la demanda, UGT FICA mantuvo su posición, ratificada ahora por la Audiencia Nacional, al considerar que en el cese de los trabajadores que acceden a la jubilación parcial, debe tormarse como cuantía la que figura en la tabla del convenio (artículo 56) a la edad que tenga el trabajador en el momento de su acceso a la jubilación parcial. Esa cantidad debe multiplicarse por el número de años de permanencia del trabajador en la empresa y, a la cantidad obtenida, aplicarle el porcentaje con el que se accede jubilación parcial (normalmente el 75%), y abonarla en el momento de acceso a la jubilación parcial. 

La Sala de lo Social descarta que la indemnización por cese sea cubierta por póliza de seguro y también de que se trate de un gasto de acción social. Por el contrario, sostiene que se trata de una mejora voluntaria de la Seguridad Social que persigue incentivar las jubilaciones totales, ordinarias y anticipadas y también las jubilaciones parciales, por lo que no forma parte de la masa salarial, y por ello, no ve limitación legal que impida el cumplimiento de esta obligación por parte de la empresa.

UGT FICA muestra su satisfacción por el fallo de la sentencia, que ratifica las tesis mantenidas por la Federación desde el inicio del conflicto, y viene a reconocer un derecho de los trabajadores y trabajadoras de Trasgsa al que UGT FICA no renunció y ha defendido hasta el final.​

El Tribunal Supremo absuelve a cinco miembros de un club de cannabis al no descartar que pensaran que su actividad era lega2018-02-26

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha absuelto a cinco miembros de un club de cannabis de Bilbao, denominada ‘Ebers’ y que cuenta con 290 socios ya que, aunque considera que la actividad que desarrollaban era delictiva, por no enmarcarse en uno de los supuestos de consumo compartido de droga no punible penalmente, no descarta que los acusados actuaran en el error invencible de pensar que su acción estaba tolerada por el ordenamiento jurídico.

El alto tribunal ya examinó con anterioridad este asunto y dictó sentencia en septiembre de 2015, en la cual estimó un recurso de la Fiscalía contra la absolución dictada en primera instancia por la Audiencia Provincial de Vizcaya y condenó a los cinco acusados a penas de entre 3 y 8 meses de prisión por delito del artículo 368 del Código Penal, que condena el cultivo de drogas y el favorecimiento de su consumo.

Sin embargo, los cinco condenados plantearon recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que lo estimó parcialmente por vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, y ordenó al Tribunal Supremo dictar nueva sentencia respetuosa con dichos derechos.

El Constitucional consideró que después de que el Supremo hubiese estimado concurrente en el caso un error de prohibición en los acusados (pensar que lo que hacían era legítimo) debió de haber escuchado directamente a los cinco encausados para descartar que dicho error fuese invencible, lo que hubiera supuesto la absolución. Por el contrario, el Supremo señaló que el error era vencible, al estimar que los acusados no hicieron nada por disipar las dudas sobre la licitud de su actividad, por lo que les condenó aunque rebajando las penas.

Tras la decisión del Constitucional, el Supremo ha dictado nueva sentencia donde, en primer lugar, confirma lo no cuestionado por el TC, es decir, que el cultivo y distribución organizada, institucionalizada y con vocación de persistencia en el tiempo de cannabis entre un colectivo integrado por 290 personas componentes de una Asociación y abierto a nuevas incorporaciones colma las exigencias típicas del delito previsto en el artículo 368 del Código Penal, que condena el cultivo de drogas y el favorecimiento de su consumo.

Igualmente, insiste en que una actividad de esas dimensiones, al servicio de un grupo amplio e indiscriminado de usuarios, excede los supuestos de cultivo y consumo compartido no punible penalmente.

Sin embargo, establece que los cinco acusados deben ser absueltos al no descartarse que tuvieran la percepción equivocada de que la actividad que llevaban a cabo de distribución de la droga entre sus asociados, compartiendo los gastos de cultivo e infraestructura entre todos, y con la convicción de que todos eran ya consumidores de esa sustancia y asumían seriamente el compromiso de destinar lo recibido a su exclusivo personal consumo, estaba tolerada por el ordenamiento jurídico.

El error de los acusados pudo venir, según recoge la sentencia, de la propia doctrina del Supremo sobre el consumo compartido, aunque manipulada y tergiversada; el apoyo de algunas resoluciones judiciales que negaban relevancia penal a hechos similares; la constancia de asociaciones de análogas características distribuidas por diversas zonas de nuestra geografía; el debate, también político, del que eran reflejo algunas iniciativas legislativas (ley de Navarra) no desautorizadas en el momento en que se desarrollaron los hechos enjuiciados, o alguna normativa de rango inferior.

Todo ello podía hacer pensar a los acusados que la actividad no solo quedaba fuera del mandato de prohibición que emana del artículo 368 del Código Penal, sino también que no era frontalmente contraria a la legalidad. “Hay que admitir como posible esa situación de error”, indica el Supremo, que añade que “desde ese punto de partida, carecemos en casación, sin haber presenciado la prueba ni haber oído directamente a los acusados, de facultades para descartar que ese error pudiera ser invencible. Nos vemos abocados por ello a una decisión absolutoria”.

La sentencia cuenta con el voto particular de dos magistrados, que estiman que la decisión correcta hubiese sido reenviar la causa a la Audiencia Provincial de Vizcaya para que dictara nueva sentencia partiendo de dos premisas: el carácter penalmente típico de los hechos, y la existencia de un error en su actuación. La mayoría sin embargo ha desestimado esta solución porque no el del error de prohibición no es un tema que se hubiese sido planteado en la instancia, por lo que no procedía el reenvío a la Audiencia para que decida sobre un extremo ajeno al debate desarrollado ante ella.

El Tribunal Supremo declara que la retirada de autorización a un cónsul no es recurrible por la vía contencioso-administrativa2018-02-26

El Tribunal Supremo ha establecido que retirar la autorización a los representantes consulares de los países extranjeros en España es competencia del Gobierno en el marco del Derecho Internacional y, por tanto, esas decisiones, al tocar la esencia de las relaciones entre Estados soberanos, no se pueden recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Luis Díez-Picazo, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso ha declarado que carece de jurisdicción para resolver el recurso que presentó un excónsul de Letonia en España contra la Nota Verbal del Ministerio de Asuntos Exteriores de septiembre de 2016 por la que se le comunicaba la retirada de la autorización para ejercer como Cónsul de Letonia en España.

En su recurso, el ex cónsul argumentaba que la nota verbal por la que se anuló el exequátur (autorización para ejercer como cónsul) era contraria a Derecho y vulneraba su derecho al honor, protegido por el artículo 18 de la Constitución. El recurrente aportaba copia de la información sobre el asunto aparecida en el diario ABC de 17 de septiembre de 2016.

Después de analizar la naturaleza del acto impugnado, la Sala concluye que la decisión que adoptó el Poder Ejecutivo español de retirar el exequátor a dicho Cónsul de Letonia en España no puede ser objeto de control en vía contencioso –administrativa “porque se trata de una decisión que toca la esencia misma de las relaciones internacionales entre dos Estados soberanos, materia que tradicionalmente se ha considerado ajena al contencioso-administrativo”.

Materia regulada por el Derecho Internacional

El tribunal argumenta que tanto el otorgamiento como la retirada del exequátur es una materia regulada por el Derecho Internacional y, más concretamente, por el Convenio de Viena sobre las Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963.

En virtud del artículo 12 del citado Convenio, la Sala señala que “es claro que otorgar o denegar el exequátur es un acto libérrimo del Estado receptor, que no está obligado a dar explicación alguna”; y añade que “si esto vale para el momento inicial del ejercicio de la función consular, vale igualmente para el momento de su terminación”, según se deriva del artículo 23 de dicho Tratado.

A la vista de los preceptos indicados el tribunal considera que retirar la autorización a un representante consular no solo pertenece al puro ámbito del Derecho internacional, “sino que es absolutamente libre y no necesitada de justificación”.

En relación con la vulneración del derecho al honor alegada por el recurrente, el Supremo dice que el destinatario de la nota verbal no era el cónsul sino el Estado que lo acreditó como tal, ya que él actuaba como mero agente de ese Estado y por tanto “no es algo que le concierne personalmente”; “ello no excluye -añade la Sala- que se haya podido producir una lesión del derecho al honor del recurrente. Pero tal lesión, de existir, no sería imputable a la retirada del exequátur, ya que el mero hecho de adoptar una decisión jurídicamente libre y no necesitada de justificación no puede considerarse contraria al honor, y menos aún al honor de alguien que actúa como agente de un Estado, no como persona particular”.

La conclusión de todo ello es que la reparación de la vulneración del derecho fundamental que el recurrente dice haber sufrido “habrá de exigirse a la persona que haya efectivamente causado tal vulneración y mediante el proceso que corresponda, que no puede ser –por todo lo razonado hasta aquí- un recurso contencioso-administrativo dirigido contra la Nota Verbal remitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a la Embajada de Letonia, por la que se comunica a ésta la anulación de exequátur al recurrente como Cónsul de Letonia en España”.

El tiempo de guardia domiciliaria de un trabajador que debe responder a las llamadas del empresario en un plazo de tiempo breve debe considerarse «tiempo de trabajo»2018-02-23

La obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de tiempo breve limitan considerablemente las posibilidades que tiene un trabajador de dedicarse a otras actividades

El servicio de protección contra incendios de la ciudad de Nivelles (Bélgica) está compuesto por bomberos profesionales y voluntarios. Estos últimos participan en las intervenciones y garantizan también guardias y permanencias. El Sr. Rudy Matzak adquirió la condición de bombero voluntario en 1981. También trabaja para una empresa privada. En 2009, el Sr. Matzak entabló un procedimiento judicial contra la ciudad de Nivelles en el que solicitaba, entre otras cosas, una indemnización de daños y perjuicios por sus servicios de guardia domiciliaria, que, en su opinión, deben considerarse tiempo de trabajo.

La cour du travail de Bruxelles (Tribunal Laboral Superior de Bruselas), que conoce del litigio en segunda instancia, decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. En esencia, desea saber si los servicios de guardia domiciliaria pueden considerarse comprendidos en la definición de tiempo de trabajo en el sentido del Derecho de la Unión. 1

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia destaca, en primer lugar, que los Estados miembros no pueden establecer excepciones, con respecto a determinadas categorías de bomberos contratados por los servicios públicos de protección contra incendios, al conjunto de obligaciones derivadas de las disposiciones de la Directiva, entre las que figuran los conceptos de

«tiempo de trabajo» y de «período de descanso».

La Directiva tampoco permite a los Estados miembros mantener o adoptar una definición del concepto de «tiempo de trabajo» distinta de la que en ella se contiene. En efecto, aunque la Directiva establece que los Estados miembros tienen la facultad de aplicar o de introducir disposiciones más favorables a la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, esta facultad no puede aplicarse a la definición del concepto de «tiempo de trabajo». Esta afirmación resulta corroborada por la finalidad de la Directiva, que tiene por objeto garantizar que las definiciones que ésta proporciona no puedan recibir una interpretación variable en función de los Derechos nacionales.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia recuerda que los Estados miembros siguen teniendo la facultad de adoptar, en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, disposiciones que establezcan una duración del tiempo de trabajo y de los períodos de descanso más favorable para los trabajadores que la determinada por esta Directiva.

El Tribunal de Justicia recuerda igualmente que la Directiva no regula la cuestión de la retribución de los trabajadores, aspecto que es ajeno a la competencia de la Unión. Así pues, los Estados

1  Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).

miembros pueden establecer en su Derecho nacional que la retribución de un trabajador durante el «tiempo de trabajo» no sea la misma que la de un trabajador en «período de descanso», hasta el punto de que pueden no reconocer retribución alguna durante este último período.

Por último, el Tribunal de Justicia aclara que el tiempo de guardia que un trabajador pasa en su domicilio con la obligación de responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos —plazo que restringe considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades— debe considerarse «tiempo de trabajo». A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el factor determinante para la calificación de «tiempo de trabajo», en el sentido de la Directiva, es el hecho de que el trabajador esté obligado a hallarse físicamente presente en el lugar determinado por el empresario y a permanecer a disposición de éste para poder prestar sus servicios inmediatamente en caso de necesidad.

En este asunto, resulta que el Sr. Matzak no sólo debía estar localizable durante sus tiempos de guardia. Por una parte, debía responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos y, por otra parte, estaba obligado a estar presente físicamente en el lugar determinado por el empresario.

El Tribunal de Justicia considera que, aunque en este caso dicho lugar sea el domicilio del Sr. Matzak y no su lugar de trabajo, la obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que, desde un punto de vista geográfico y temporal, supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de ocho minutos limitan de manera objetiva las posibilidades que tiene un trabajador que se encuentra en la situación del Sr. Matzak de dedicarse a sus intereses personales y sociales. Habida cuenta de tales limitaciones, la situación del Sr. Matzak se distingue de la de un trabajador que, durante su servicio de guardia, simplemente deba estar a disposición de su empresario a fin de que éste pueda localizarlo.

Condenan a un exjefe de la Policía autonómica canaria a cuatro años de cárcel por acoso laboral y lesiones2018-02-23

El subinspector tendrá que indemnizar a los dos agentes perjudicados con más de 69.000 euros. La sentencia declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Comunidad Autónoma de Canarias en el pago de la indemnización

El Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas ha condenado a penas que suman cuatro años y cuatro meses de prisión a un exsubinspector de la Policía Autonómica canaria que entre los años 2010 y 2013, ocupando los puestos de oficial -primero- y de subinspector y jefe de la base del cuerpo en Gran Canaria -después-, acosó laboralmente a dos agentes y les causó lesiones psíquicas, hasta el punto que uno de ellos se encuentra incapacitado de por vida para ejercer como agente del orden, declara probado la resolución.

Además de la condena penal, la sentencia impone al hoy expolicía -se encuentra de baja permanente por cuestiones ajenas al proceso- la obligación de indemnizar a los dos perjudicados con más de 69.505 euros, y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Comunidad Autónoma de Canarias en el abono de estas sumas.

Igualmente, la autoridad judicial impone al acusado la obligación de abonar las costas del proceso, esto es, los honorarios no sólo de su defensa, sino de la representación legal de las acusaciones particulares.

La resolución declara probado que el encausado “mantuvo a sabiendas desde 2010 un trato humillante, ofensivo y discriminatorio con respecto a D.”, uno de los agentes que estaban bajo su mando.

Este trato, continúa, consistió en que “de forma reiterada, en los briefing [reuniones para impartir instrucciones], en los vestuarios, delante de compañeros, le dirigiese expresiones consistentes en [decirle] que no era policía o que no merecía serlo, que había personas que sólo servían para estar rodeados de putas y maricones; le quitaba la palabra en los briefing o se reía de él”.

Además, expone, el acusado, bien como oficial, bien como subinspector y jefe de la base, “asignaba a D. -o daba instrucciones para que éste realizara con más frecuencia que el resto de sus compañeros- los servicios peor considerados para todos, por su falta de dinamismo o actividad, o por su soledad”.

Se declara probado que el acusado influyó para denegar al agente cambios de turno y una licencia de estudios, de la que el jefe anterior “había informado favorablemente”.

La situación de D. se agravó, sigue el relato de hechos probados, cuando en el año 2013 el policía prestó declaración en un procedimiento penal distinto al presente contra el hoy condenado, que se instruía en el Juzgado número tres de la capital grancanaria [la llamada operación Ladrillo].

A partir de entonces, relata la sentencia, “el rigor fue mayor con él, y los servicios menos valorados se le adjudicaban con mayor frecuencia”.

Todo ello dio lugar a que en marzo de 2013 D. fuera dado de baja médica, tras sufrir en plena jornada laboral una crisis de ansiedad.

“Esta continua, sistemática y deliberada conducta de hostigamiento y presión”, relata el fallo, “le ha provocado [a D.] un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y depresión, teniendo un estado anímico crónico, habiendo reconocido el INSS una incapacidad permanente total para su profesión habitual”, se lee en el fallo.

El segundo perjudicado fue el agente J.

Según la sentencia, a raíz de que éste prestara declaración en el caso ladrillo, el acusado “mantuvo con él un trato humillante y discriminatorio, llamándole en público flipao, chiflao, milotroncho” [procedía del Ejército].

Detalla la resolución que, a este agente, el acusado “le asignaba los servicios peor considerados para todos, como el CECOE, calabozos… dio cuenta de ausencias al servicio que no eran tales, o de otros hechos con la clara intención de que le abriesen expedientes”.

“La intención que ha guiado este comportamiento del acusado hacia J.”, expone el fallo, “nuevamente ha sido de hostigamiento, con ánimo de vejar, y siendo claramente discriminatorio respecto de lo ordenado y de los servicios distribuidos por el acusado a los demás integrantes de la plantila de policías”.

Concluye el relato de hechos probados obrante en la sentencia exponiendo que, para “escapar” de esta situación, “absolutamente insoportable”, el 1 de septiembre de 2013, J. “pidió una excedencia voluntaria, y como consecuencia de todo ello, de la continua y persistente actitud del acusado (…), presenta trastorno adaptativo con sintomatología mixta ansioso-depresiva, de la que ya ha sido dado de alta”.

La resolución condena al expolicía a dos penas de un año y seis meses de prisión e inhabilitación por igual periodo como autor de sendos delitos de acoso laboral del artículo 173.1 del vigente Código Penal, y a dos penas de ocho meses cada una e inhabilitación por el mismo periodo como autor de otros dos delitos delitos de lesiones psíquicas previstos en el artículo 147.1 del mismo texto.

En cuanto a la indemnización, dispone que pague 56.505,85 euros a D. por los días de incapacitación y las secuelas “más los intereses”, y a J. en la cantidad de 13.000 euros.

La sentencia no es firme. Contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. La presentación de este recurso deja automáticamente en suspenso la ejecución del fallo.

José María Alonso traslada al presidente de la AP de Madrid las propuestas de la Junta de Gobierno para mejorar el ejercicio del derecho de defensa2018-02-23
  • Permitir el acceso de los letrados a los expedientes telemáticos y mejorar las designaciones de Oficio son algunas de las cuestiones planteadas

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha trasladado hoy al presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres, las propuestas de la Junta de Gobierno para facilitar la labor de la abogacía madrileña en el ejercicio de la profesión. Acompañado por la vicedecana del Colegio, Begoña Castro, el decano ha transmitido al presidente de la Audiencia Provincial una serie de medidas destinadas a fortalecer el ejercicio del derecho de defensa.

Entre otras cuestiones, el Colegio ha propuesto que se valore la posibilidad de que los letrados puedan acceder de forma telemática a las actuaciones judiciales, especialmente cuanto se trate de causas de cierta complejidad, y se ha solicitado la colaboración del presidente de la Audiencia para que se autorice el acceso de los letrados a los centros penitenciarios con medios electrónicos.

En el ámbito de la Asistencia Jurídica Gratuita se han planteado una serie de medidas para mejorar las designaciones de Oficio, como facilitar a los letrados que son designados la obtención de copias del procedimiento en fechas próximas a la celebración de la vista.

En aras del correcto ejercicio del derecho de defensa, los representantes de la abogacía madrileña han propuesto que las conducciones de presos se lleven a cabo con antelación suficiente a la celebración del juicio, y se ha solicitado que un representante del Colegio pueda asistir a la Comisión Provincial de Policía Judicial, presidida por Eduardo de Torres.

También se ha planteado la necesidad de reforzar la interlocución y coordinación entre el Colegio y la Audiencia Provincial de Madrid para facilitar las actuaciones de los letrados en Sala, así como mantener un canal permanente de comunicación con la presidencia para elevar las cuestiones detectadas por los abogados en su ejercicio profesional que puedan ser susceptibles de adopción de acuerdos de unificación de doctrina.

El TC anula la norma foral de Gipuzkoa que elimina el pago del ITP y AJD a la comunidad islámica2018-02-22

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y, como consecuencia de ello, ha declarado inconstitucional y nulo el art. 4.2.d) de la Norma Foral de las Juntas Generales de Gipuzkoa 13/2012, que eliminó la exención del pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para “la Iglesia Católica y las iglesias y confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español”. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Santiago Martínez-Vares.

La sentencia examina, en concreto, si la supresión de la exención del pago del citado impuesto para la comunidad islámica vulnera el derecho de libertad religiosa (art. 16.1 CE), pues la cuestión de inconstitucionalidad se formuló en un procedimiento judicial iniciado a instancias de una comunidad musulmana de Elgoibar.

Según la doctrina constitucional, la competencia que la Constitución atribuye en exclusiva al Estado para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos (art.

149.1.1 CE) abarca, cuando se trata de la libertad religiosa, a las medidas que éste adopte con el fin de "promover las condiciones para que esa libertad fundamental sea real y efectiva". En otras palabras, el citado derecho, consagrado por la Constitución, ampara la libertad religiosa y,

al mismo tiempo, obliga al Estado, "sin perjuicio de la neutralidad" del mismo, a "mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones".

De este modo, explica la sentencia, no solo se encomienda al legislador estatal la tarea de materializar esos acuerdos de cooperación, sino también la de "facilitar la práctica efectiva de las creencias religiosas y de sus actos de culto, así como la participación de los ciudadanos en los mismos, a través de medidas como son la concesión de un régimen fiscal especial para las iglesias, confesiones y comunidades que las representan". La exención del pago de determinados impuestos a las confesiones religiosas es, por tanto, una medida que el Estado adopta en ejercicio de la competencia exclusiva que le atribuye el art. 149.1.1 CE para garantizar el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad.

El Tribunal llega a la conclusión de que la norma foral cuestionada, en la medida en que elimina la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sobre los bienes y derechos de la Comisión Islámica de España y de sus Comunidades miembros, va en contra del contenido del acuerdo de cooperación suscrito por el Estado con la Comisión Islámica de España. Y, en consecuencia, vulnera la competencia que, en virtud del art. 149.1.1 CE tiene el Estado para garantizar el ejercicio de la libertad religiosa (art. 16.1 CE) en condiciones de igualdad.

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Según el Abogado General Bot, las decisiones d e gestión forestal adoptadas por Polonia con respecto al lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska infringen el Derecho de la Unión2018-02-22

Estas decisiones pueden provocar indudablemente un deterioro de los lugares de reproducción de especies protegidas

En 2007, con arreglo a la Directiva sobre los hábitats [1], la Comisión aprobó la designación como lugar de importancia comunitaria del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska, que comprende en particular los tres distritos forestales de Białowieża, de Browsk y de Hajnówka, debido a la presencia en él de hábitats naturales y de hábitats de ciertas especies de animales y de aves cuya protección es prioritaria. Este lugar ha sido calificado igualmente de «zona de protección especial» de las aves, con arreglo a la Directiva sobre las aves [2]. El sitio Natura 2000 Puszcza Białowieska es uno de los bosques naturales mejor conservados de Europa y se caracteriza por su gran cantidad de madera muerta y de viejos árboles, muchos de ellos centenarios.

Debido a la propagación constante del escarabajo de la corteza de las coníferas (Ips typographus) [3], el Ministro polaco del Medio Ambiente autorizó en 2016, para el periodo comprendido entre 2012 y 2021, la cuasi-.triplicación de la explotación de madera en el distrito forestal de Białowieża y la realización de operaciones de gestión forestal activa, tales como cortes de saneamiento, reforestación y cortes de rejuvenecimiento, en zonas en las que hasta ese momento no era posible intervención alguna.

Posteriormente, en 2017, el Director General del Servicio Forestal adoptó la decisión n.º 51, «relativa a la tala de árboles colonizados por el Ips typographus y a la retirada de árboles que constituyan una amenaza para la seguridad pública y creen un riesgo de incendio, en las poblaciones forestales de cualquier edad de los distritos forestales [...] ». Así pues, se procedió a retirar árboles secos y árboles colonizados por el Ips typographus en esos tres distritos forestales en una zona de unas 34 000 hectáreas de las 63 147 hectáreas que integran la superficie total del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Considerando que las autoridades polacas no se habían asegurado de que esas operaciones de gestión forestal no perjudicasen a la integridad del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska, la Comisión interpuso el 20 de julio de 2017 un recurso solicitando que se declare que Polonia ha incumplido las obligaciones que le imponen la Directiva sobre los hábitats y la Directiva sobre las aves [4].

[1] Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7), en su versión modificada en último lugar por la Directiva 2013/17 del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (DO 2013, L 158, p. 193).

[2] Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 2010, L 20, p. 7), en su versión modificada por la Directiva 2013/17.

[3] Se trata de una especie de coleóptero parásito que ataca principalmente las piceas.

[4] Por otra parte, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que, hasta que se pronunciara sobre el fondo del asunto, ordenase a Polonia que pusiera fin a las operaciones de gestión forestal activa en determinados hábitats y poblaciones forestales y a la retirada de piceas centenarias muertas y a la tala de árboles en relación con el incremento del volumen de madera explotable en el lugar Puszcza Białowieska, salvo en caso de amenaza para la seguridad pública. La Comisión solicitó también que se impusiera una multa coercitiva a Polonia en caso de que no se respetaran esas órdenes conminatorias. El Tribunal de Justicia accedió a lo solicitado mediante auto de 20 de noviembre de 2017 (véase el CP n.º 122/17).

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Yves Bot propone al Tribunal de Justicia que declare que Polonia ha incumplido sus obligaciones derivadas de estas Directivas.

El Abogado General comienza recordando que la Directiva sobre los hábitats persigue el objetivo de que los Estados miembros adopten medidas de protección apropiadas para mantener las características ecológicas de los lugares que cobijen hábitats naturales. Así pues, cuando haya de aprobarse un plan o un proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de un lugar protegido o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a ese lugar deben establecerse medidas de conservación necesarias para las zonas especiales de conservación y cumplirse ciertos requisitos especiales.

Por una parte, el Abogado General estima que Polonia no ha aplicado las medidas necesarias para la conservación del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska. En primer lugar, señala que así puede deducirse de la propia naturaleza de las medidas adoptadas por las autoridades polacas, que han provocado la pérdida de una parte de las poblaciones forestales. A continuación, indica que esas medidas no pueden justificarse por una propagación sin precedentes del Ips typographus, ya que existen opiniones divergentes entre la comunidad científica sobre la adecuación de dichas medidas. Por último, recuerda que, en un plan de gestión (Plan Zadań Ochronnych, « PZO») aprobado por las autoridades nacionales en 2015, [5] las medidas de esa índole se consideraron peligros potenciales para la conservación de los hábitats y de las especies protegidos. A su juicio, las medidas impugnadas tienen como consecuencia potencial privar de eficacia a dicho plan de gestión, e incluso permitir que las autoridades polacas hagan caso omiso de lo dispuesto en él. Dadas esas circunstancias, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que declare que Polonia ha incumplido las obligaciones que le imponen a este respecto tanto la Directiva sobre los hábitats como la Directiva sobre las aves.

Por otra parte, tras indicar que Polonia también había alegado que las medidas de que se trata constituían un plan o un proyecto que no tenía relación directa con la gestión del lugar Naturaleza 2000 ni era necesario para la misma, en el sentido de la Directiva sobre los hábitats, el Abogado General recuerda que un plan o un proyecto de este tipo, si puede afectar de forma apreciable a ese lugar, debe someterse primero a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar protegido y sólo puede ser autorizado, a continuación, si no perjudica a la integridad de ese lugar. El Abogado General estima que del mero examen de la cronología de las decisiones controvertidas y de la coherencia de los documentos justificativos presentados se desprende que no pudo procederse a la evaluación exigida por la Directiva sobre los hábitats, lo que basta para considerar que Polonia ha incumplido las obligaciones que le impone a este respecto dicha Directiva.

Indica igualmente que, poco antes de la decisión de 2016, en el plan de gestión de 2015 se habían adoptado medidas diferentes para los árboles colonizados por el Ips typographus y señala que, si bien es preciso alcanzar un cierto equilibrio entre las medidas de gestión activa y las medidas de gestión pasiva destinadas a luchar contra la propagación de este insecto, a fin de cumplir los objetivos de conservación establecidos en la Directiva sobre los hábitats y en la Directiva sobre las aves, las disposiciones de la decisión n.º 51 adoptada en 2017 no muestran indicio alguno de perseguir ese equilibrio, pues permiten aplicar sin restricciones medidas de tala y de retirada de poblaciones forestales. El Abogado General subraya que no está demostrado que los volúmenes de madera que se explotaron entre 2012 y 2015 hayan favorecido la propagación del Ips typographus, pues esos volúmenes fueron idénticos a los de años anteriores. Señala que el mismo día en que se adoptó la decisión de 2016 se aprobó un programa de rehabilitación destinado a evaluar las repercusiones futuras de las medidas adoptadas, y que la evaluación de 2015 presentada ante el Tribunal de Justicia no se ocupa de las repercusiones de las medidas de gestión forestal sobre la conservación y la integridad del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska en su totalidad, además de estar basada en datos de 2012.

[5] El 6 de noviembre de 2015, el Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku (Director regional de protección del medio ambiente de Białystok, Polonia) aprobó un plan de gestión (Plan Zadań Ochronnych) que fija los objetivos de conservación y establece las medidas de conservación relativas al lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska para el territorio de los tres distritos forestales de Białowieża, de Browsk y de Hajnówka. Este plan es un acto de Derecho local.

Por otra parte, el Abogado General añade que, en cualquier caso, no se han respetado los requisitos que establece la Directiva sobre los hábitats en materia de evaluación, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia, ya que en la fecha en que se adoptaron las decisiones controvertidas seguía existiendo una controversia científica sobre los métodos más adecuados para frenar la propagación del Ips typographus.

Considera igualmente que también se ha violado el principio de cautela, integrado en la Directiva sobre los hábitats, ya que, en el momento en que se adoptaron las medidas controvertidas, la realidad y la gravedad de los riesgos potenciales de perjuicio para la conservación y la integridad del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska no habían sido totalmente identificadas, ni evaluadas ni, en su caso, descartadas.

Además, dado que las autoridades polacas han invocado razones de seguridad pública para justificar la adopción y la aplicación de las medidas controvertidas, el Abogado General destaca que éstas exigen que se haya procedido a una evaluación de las repercusiones del plan o proyecto, cuyas conclusiones deben ser negativas, y que no existan soluciones alternativas. En tal supuesto, las autoridades polacas debían examinar asimismo la posibilidad de recurrir a medidas alternativas o compensatorias de las medidas de gestión forestal que se adoptaron y se aplicaron. Pues bien, ninguna de esas prescripciones ha sido respetada.

Por último, sus consideraciones sobre el incumplimiento de los requisitos relativos a la evaluación de las operaciones de gestión forestal de que se trata llevan al Abogado General a concluir que dichas operaciones pueden provocar indudablemente un deterioro de los lugares de reproducción de las especies protegidas que viven en el lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.

El Colegio de Abogados de Madrid crea una nueva Sección para afrontar el desafío jurídico de los robots2018-02-22
  • El 27 de febrero se inaugura la Sección de Robótica, Inteligencia Artificial y Realidad Virtual y Aumentada, presidida por Santiago Mediano

El desarrollo tecnológico y la creciente automatización de los procesos productivos plantean grandes interrogantes a la sociedad que requieren de una respuesta jurídica por parte de la abogacía. Para hacer frente a este desafío nace la nueva Sección de Robótica, Inteligencia Artificial y Realidad Virtual y Aumentada, una iniciativa del Colegio de Abogados de Madrid que será presentada el próximo 27 de febrero a las 19 horas en el Salón de Actos de la Institución.

Esta nueva Sección ofrece a la abogacía madrileña un punto de encuentro profesional para la búsqueda de soluciones a los problemas jurídicos que surjan de la generalización y aplicación de la robótica y la inteligencia artificial en la vida diaria de los ciudadanos. De esta manera, el Colegio de Madrid se posiciona como referente ante la necesidad de dar respuesta a las cuestiones legales que plantean estas nuevas tecnologías.

En palabras del presidente de la Sección, el letrado Santiago Mediano, “se trata de adelantar el reloj de la sociedad española sin esperar a que los problemas que ya plantea el uso de estas tecnologías disruptivas nos superen. Tenemos que hallar ahora las soluciones a los interrogantes que abren la robótica y la inteligencia artificial”.

Desde una óptica multidisciplinar, objetiva, práctica y rigurosa, el objetivo es ofrecer un espacio de reflexión colectiva y de formación especializada a los profesionales de la abogacía que van a desarrollar su trabajo en un entorno de relaciones completamente nuevo.

JORNADA INAUGURAL

 La puesta en marcha de la nueva Sección tendrá lugar el próximo martes 27 de febrero, a las 19 horas, en el Salón de Actos del Colegio. Además del responsable de la Sección, Santiago Mediano, participarán en la jornada inaugural Juan Andrés Avilés Sánchez, director del Area de Desarrollo Cognitivo de Negocio de IBM, y Alejandro Sánchez del Campo, fundador y director del blog jurídico “Replicante Legal”, Director Académico de Robotiuris y copresidente de la Sección de Gestión de Despachos e Innovación del Colegio.

Los ponentes debatirán sobre la situación actual en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial y los principales retos legales y éticos que plantean. También se anunciará el calendario de sesiones y se expondrá el programa de los trabajos que se van a abordar. Asimismo, se explicarán los diferentes grupos en los que se va a organizar la Sección y los eventos y publicaciones en que los miembros podrán participar.Las Secciones del Colegio de Abogados de Madrid tienen como objetivo fomentar la relación entre colegiados que comparten las mismas preocupaciones en sus respectivas áreas de experiencia. Con ese propósito organizan foros de reflexión, mesas redondas y debates con otras instituciones y colectivos para intercambiar experiencias y mejorar las relaciones mutuas. En la actualidad el Colegio cuenta con 32 secciones profesionales en las que participan activamente más de 7.000 colegiados.

“El informe oral es un trámite procesal de enorme importancia”2018-02-21

Abogado, escritor, ponente y formador, Óscar Fernández León desafía al tiempo para sacar todo el jugo de las 24 horas de día. Colaborador activo y muy seguido en Legal Today, cuenta con un blog en este portal jurídico con más de trescientas colaboraciones, por cierto, todas ellas seguidas muy de cerca por sus incondicionales. Ahora toca libro nuevo, el décimo, que lleva por título Arte y técnica del alegato en juicio (Thomson Reuters Aranzadi).

¿Qué nos vamos a encontrar en Arte y técnica del alegato en juicio?

La obra recoge las conversaciones que mantienen Juan, un abogado veterano, y Alicia, una joven abogada, en el contexto del proceso de aprendizaje de esta última. A través de un total de doce reuniones semanales, profesor y alumna compartirán los aspectos más importantes para la construcción y exposición del alegato en una sala de justicia.

A medida que avanzan las clases, ambos van profundizando en la teoría y en la práctica de este trámite de tanta importancia, y así irán recorriendo aquellos aspectos más controvertidos del mismo, alcanzándose así respuestas a dudas y cuestiones que, hoy más que nunca, necesitan de respuestas claras.

¿Podríamos denominar al informe oral como ‘órgano vital' del abogado?

En mi opinión, basada en mi propia experiencia y en lo que he podido conocer de terceros, el informe oral es un trámite procesal de enorme importancia, y ello debido a factores como la actual tendencia a la oralidad de los procesos, lo que implica que si el legislador ha confiado en dicha oralidad, materializada de modo expreso en el trámite de informe o conclusiones,  será porque este se considera un trámite adecuado, conveniente y útil para la consecución del fin último que es la impartición de Justicia.

Relacionado con lo anterior, el informe oral es el único ejercicio argumentativo que realiza el abogado durante el procedimiento una vez practicada la prueba, de modo que es la única oportunidad de la que dispone para sugerir al juez sus conclusiones sobre la prueba presentada, ensamblando las diversas piezas del resultado probatorio. De hecho, los propios jueces reconocen que incluso teniendo clara la posible decisión del pleito, durante el informe oral han encontrado alguna idea, valoración o argumento que les ha hecho recapacitar y cambiar el sentido de la decisión. En este sentido, nuestra intervención puede apuntalar o modificar el planteamiento por el que inicialmente se inclina el juez.

En su libro alude a la importancia de conocer al juez. ¿Por qué pone el acento en este punto?

Para responder a esta cuestión hemos de partir de afirmar que no hay dos jueces iguales, y ello es así ya que los jueces son seres humanos con sus circunstancias personales que influirán necesariamente en la forma de gestionar el desarrollo del juicio y las interacciones con las personas que intervienen en el mismo (abogados, fiscales, testigos, público, etc.).

Por lo tanto, si la figura del juez juega un papel importante como auditorio de nuestro alegato, es lógico pensar que a mayor conocimiento que disponga el abogado de un perfil completo del juez y de la forma en la que gestiona este trámite, más fluido será el desarrollo del acto judicial, sin perjuicio de disponer de más posibilidades de alcanzar la atención del mismo.

Finalmente, cuando hablamos de conocer al juez nos referimos a la gestión procesal, la personalidad del juez en sala y la experiencia del juez en el objeto del pleito.

¿Presenta solidez la construcción del discurso de los abogados de hoy en día?

En nuestro país tenemos a muy buenos oradores que elaboran y exponen magníficos informes, pero lo cierto es que hay un gran margen de mejora en el colectivo a través del aprendizaje de las técnicas asociadas a la creación de este peculiar discurso.

Creo firmemente que mejorando la técnica de los abogados el informe oral irá progresivamente revitalizándose.

¿Cómo se ha de elaborar un buen informe oral?

Un buen informe oral, es decir, aquel elaborado con el objetivo puesto en la persuasión y convencimiento del juez, debe disponer de diversas características que lo hagan acreedor de una completa atención e interés de éste durante su exposición.  Entre estas pautas podemos incluir que sea técnicamente solvente, estructurado, conciso, claro, breve, flexible o adaptable y atractivo.

¿Qué es más peligroso en sala: improvisar o el llamado miedo escénico?

El miedo escénico es una reacción del organismo que surge como consecuencia de pensamientos limitadores que tenemos acerca de nuestra actuación frente a grupos, o lo que es lo mismo, la respuesta psicofísica del organismo, generalmente intensa, que surge como consecuencia de pensamientos anticipatorios catastróficos sobre la situación real o imaginaria de hablar en público. Esta situación es muy frecuente cuando los abogados intervienen en sus primeros juicios.

Improvisar es hacer algo llevado de la acción del momento, un hacer de pronto, sin estudio ni preparación alguna, y haciendo uso de los medios que en ese momento tenemos a mano.

En mi opinión el temor escénico es más peligroso, si bien existen técnicas y acciones que pueden ayudarnos a reducirlo, mientras que la improvisación debe ser resuelta con ingenio y habilidad y, sobre todo, con previsión. De hecho, los abogados decimos que la mejor improvisación es la "improvisación preparada".

Una sentencia anula 12 cláusulas en 4 hipotecas del mismo cliente2018-02-21
  • Los préstamos se destinaron a la compra de locales comerciales y viviendas
  • El demandante se encontraba en situación de desempleo en el momento de suscribir los préstamos
  • Incluye la sentencia

Un juzgado de Ronda ha condenado a Cajasur en una contundente sentencia, anulando “de un solo golpe” hasta tres cláusulas en cada una de las cuatro hipotecas de un mismo cliente. Es decir, se ha declarado la nulidad de un total de 12 cláusulas hipotecarias, y todo ello en el mismo procedimiento.

Según ha explicado el abogado que ha llevado la dirección de este asunto, Francisco Orozco, el fallo de este Juzgado ha declarado nulas cláusulas como la "manida" cláusula suelo, el interés de demora o la cláusula de gastos de formalización, siendo además procedente, en este último caso, la devolución total de todos los gastos. Las estipulaciones de todas las escrituras de préstamo eran idénticas, por lo que el procedimiento se ha simplificado al aplicar la misma doctrina a todas las hipotecas.

Los cuatro préstamos habían sido suscritos por la misma persona, un vecino de Ronda, cuyo capital se destinó a la compra de distintos locales comerciales y viviendas. La entidad bancaria mantenía que el cliente no poseía la condición de consumidor, sino que se trataba de un empresario y que, por tanto, no le resultaría de aplicación la normativa en la materia. Algo que fue negado categóricamente por la defensa del cliente, quién acreditó que, al momento de suscribir los préstamos, el demandante se encontraba en situación de desempleo, independientemente del uso que en el futuro el prestatario quisiera dar a los inmuebles.

Además, según ha podido explicar el abogado Francisco Orozco, experto en Derecho Hipotecario, "la normativa comunitaria exige que el juez analice todas las circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se suscribe el préstamo", por lo que lo importante no sería la condición del deudor del préstamo, sino determinar si el destino era empresarial o particular, como ha ocurrido en este caso. 

El pronunciamiento del este Juzgado malagueño contempla, además de las declaraciones de nulidad, la devolución de las cantidades cobradas en aplicación de todas estas cláusulas, más los intereses legales, a lo que habría que sumar las costas del procedimiento. Todo ello, podría superar la cifra de 40.000 euros que Cajasur deberá abonar a este cliente.

El letrado ha expresado su satisfacción con la sentencia, y ha declarado que, en su experiencia, "los bancos están perdiendo la inmensa mayoría de procedimientos judiciales que dilucidan la nulidad de cláusulas en hipotecas firmadas entre los años 2001-2012". Francisco Orozco cree que "las entidades prefieren litigar antes que devolver el dinero voluntariamente, pues parece que les resulta más rentable pagar intereses y costas judiciales antes que proceder a una devolución general en todas las hipotecas".  

¿Quiere leer la sentencia?

La ayuda del Ejecutivo a la Abogacía y la Procura para la asistencia jurídica gratuita se distribuirá mensualmente2018-02-20

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó el pasado viernes el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 37,6 millones de euros en el ejercicio de 2018 al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y al Consejo General de Procuradores de España en materia de asistencia jurídica gratuita y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de delitos. La partida presupuestaria destinada a este fin es prácticamente idéntica a la de hace un año, que fue de 37, 4 millones de euros.

Si bien no hay novedades en la cuantía, no ocurre lo mismo con los plazos de distribución de la ayuda, que efectuará mensualmente, en lugar de una vez finalizado cada trimestre como se venía haciendo hasta ahora. Según informó el Ejecutivo, "se trata de una iniciativa ampliamente demandada por la Abogacía y la Procura para agilizar la percepción de sus correspondientes retribuciones y permitir que los profesionales puedan cobrar con más inmediatez". De hecho, hace ahora un año se anunció que se había constituido un grupo de trabajo entre el Ministerio de Justicia y el CGAE, "a fin de impulsar medidas que permitan mejorar la eficacia en la gestión de la Justicia gratuita acortando los tiempos de tramitación".

276.695 asuntos en 2017

El pago de las subvenciones se distribuirá entre los colegios del ámbito territorial del Ministerio de Justicia en función del número de actuaciones profesionales realizadas y de los baremos establecidos. Cabe destacar que en 2017 se atendieron 276.695 asuntos mediante el servicio de asistencia jurídica gratuita en el territorio gestionado por el Ministerio, de los cuales 22.360 fueron asuntos relativos a violencia de género.

33,9 millones para el CGAE

En cuanto al reparto, el CGAE percibirá 33,9 millones de euros, por los 2,8 destinados al Consejo General de Procuradores para la prestación de la asistencia jurídica gratuita. La aprobación del Real Decreto es necesaria ya que, a pesar de que los Presupuestos se encuentran prorrogados, la prórroga no se extiende a este tipo de subvenciones directas y es necesaria la aprobación de una norma para el mantenimiento de este gasto una vez vencido el ejercicio económico. La tramitación de este Real Decreto se realiza a través del procedimiento previsto en la Ley General de Subvenciones que establece que podrán concederse ayudas de forma directa para supuestos en los que se acrediten razones de interés público, social o humanitario.

Los servicios que se financian con cargo a esta subvención son:

  • El asesoramiento previo a quienes quieran reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses.
  • La asistencia por parte de un abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, así como la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial.

Asistencia psicológica

Por lo que respecta a la asistencia psicológica a las víctimas de delitos, se destinarán 914.000 euros para la atención especializada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, así como para el apoyo en la emisión de informes periciales. Estas subvenciones se articularán mediante la firma de convenios de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

El total de personas atendidas el pasado año por los profesionales de la psicología en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia fue de 32.881.

Indemnizada con 23.000 euros una mujer por las lesiones sufridas tras un resbalón a la entrada de un supermercado en Oviedo2018-02-20

El Juzgado de Primera Instancia 10 condena a la cadena nacional por no mantener seco el acceso y tener baldosas sin la debida resistencia al deslizamiento

El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Oviedo ha condenado a una cadena nacional de supermercados a pagar 23.000 euros de indemnización a una mujer que resbaló a la entrada de sus establecimientos de la capital del Principado. La mujer, presentó una demanda contra el supermercado reclamando una indemnización no solo por las lesiones sufridas, principalmente en una de sus muñecas, sino también por la pérdida de calidad de vida tras la caída.

La magistrada titular de dicho juzgado, Carolina Serrano Gómez, considera probado en su sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, que el supermercado no hizo lo necesario para que la entrada al mismo estuviese seca, y ello a pesar de que cuenta con una máquina especial para ello. Además, estima que las baldosas que tiene instaladas el establecimiento carecen de la debida resistencia al deslizamiento.

El supermercado, aunque en su contestación a la demanda reconocía la caída, adujo que "era claro que el suelo estaba mojado", aparte de que éste cumplía con las normas y era limpiado frecuentemente, por lo que negaba cualquier negligencia. Además, había puesto un cartel que advertía de que la superficie estaba húmeda y podía encontrarse resbaladiza. Los testigos del incidente lo corroboraron, pero el cartel estaba dentro del local, y no en el acceso. Además, la víctima consiguió el testimonio de otra clienta que también resbaló y estuvo a punto de sufrir lesiones importantes.

Un año de cárcel para el hombre que quemó en la ducha con agua hirviendo a un niño de tres años en Oviedo2018-02-20

El condenado deberá abonar más de 70.000 euros de indemnización por las graves secuelas provocadas al menor y una orden de alejamiento durante cinco años

El magistrado titular del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo ha condenado a un año de cárcel por un delito de lesiones por imprudencia grave al hombre acusado de causar quemaduras con el agua de la ducha a un niño de 3 años y nueve meses, hijo de un amiga, en su vivienda de Oviedo en 2015. El fallo incluye también un indemnización total de 71.560 euros por las quemaduras de segundo grado que afectaron al 25% del cuerpo del menor, dejándole importantes secuelas.

El menor pasó 42 días hospitalizado y precisó de otros 141 para recuperarse de las quemaduras, precisando incluso cirugía estética para reparar los graves daños en la espalda, el tórax y un muslo.

En su sentencia, el magistrado estima que el menor deberá percibir 5.440 euros por los días impeditivos, 4.620 euros por los días de hospitalización y 60.000 euros por las secuelas estéticas provocadas por el agua hirviendo que le aplicó con la ducha. También deberá abonar al SESPA por la asistencia prestada que se acredite en fase de ejecución.
Además se le mantiene una orden de alejamiento a más de 100 metros del niño durante cinco años.

Una sentencia anula doce cláusulas en cuatro hipotecas del mismo cliente2018-02-19
  • Los préstamos se destinaron a la compra de locales comerciales y viviendas
  • El demandante se encontraba en situación de desempleo en el momento de suscribir los préstamos

Un juzgado de Ronda ha condenado a Cajasur en una contundente sentencia, anulando “de un solo golpe” hasta tres cláusulas en cada una de las cuatro hipotecas de un mismo cliente. Es decir, se ha declarado la nulidad de un total de 12 cláusulas hipotecarias, y todo ello en el mismo procedimiento.

Según ha explicado el abogado que ha llevado la dirección de este asunto, Francisco Orozco, el fallo de este Juzgado ha declarado nulas cláusulas como la “manida” cláusula suelo, el interés de demora o la cláusula de gastos de formalización, siendo además procedente, en este último caso, la devolución total de todos los gastos. Las estipulaciones de todas las escrituras de préstamo eran idénticas, por lo que el procedimiento se ha simplificado al aplicar la misma doctrina a todas las hipotecas.

Los cuatro préstamos habían sido suscritos por la misma persona, un vecino de Ronda, cuyo capital se destinó a la compra de distintos locales comerciales y viviendas. La entidad bancaria mantenía que el cliente no poseía la condición de consumidor, sino que se trataba de un empresario y que, por tanto, no le resultaría de aplicación la normativa en la materia. Algo que fue negado categóricamente por la defensa del cliente, quién acreditó que, al momento de suscribir los préstamos, el demandante se encontraba en situación de desempleo, independientemente del uso que en el futuro el prestatario quisiera dar a los inmuebles.

Además, según ha podido explicar el abogado Francisco Orozco, experto en Derecho Hipotecario, “la normativa comunitaria exige que el juez analice todas las circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se suscribe el préstamo”, por lo que lo importante no sería la condición del deudor del préstamo, sino determinar si el destino era empresarial o particular, como ha ocurrido en este caso. 

El pronunciamiento del este Juzgado malagueño contempla, además de las declaraciones de nulidad, la devolución de las cantidades cobradas en aplicación de todas estas cláusulas, más los intereses legales, a lo que habría que sumar las costas del procedimiento. Todo ello, podría superar la cifra de 40.000 euros que Cajasur deberá abonar a este cliente.

El letrado ha expresado su satisfacción con la sentencia, y ha declarado que, en su experiencia, “los bancos están perdiendo la inmensa mayoría de procedimientos judiciales que dilucidan la nulidad de cláusulas en hipotecas firmadas entre los años 2001-2012”. Francisco Orozco cree que “las entidades prefieren litigar antes que devolver el dinero voluntariamente, pues parece que les resulta más rentable pagar intereses y costas judiciales antes que proceder a una devolución general en todas las hipotecas”.  

El Tribunal Supremo condena al Estado a indemnizar a un preso que quedó inválido tras sufrir una infección en la cárcel2018-02-19
La Sala Tercera entiende que el resultado se hubiera evitado o minorado con un diagnóstico distinto al que recibió en el centro penitenciario

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a cobrar una indemnización de 500.000 euros a un preso que quedó en situación de gran invalidez tras sufrir una grave infección -empiema epidural T3-T9 con compresión severa medular- por entender que se habría evitado o minorado el resultado de su lesión si le hubiesen realizado un diagnóstico distinto al que hicieron los médicos del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde estaba ingresado.

El Tribunal Supremo concluye que, aunque los servicios sanitarios penitenciarios actuaron conforme a su criterio y de acuerdo a las circunstancias del enfermo y sus antecedentes, “es manifiesto que otro diagnóstico era admisible desde el punto de vista de la ciencia médica, lo cual remite a la pérdida de oportunidad”.

Por ello, aplica a este caso la doctrina jurisprudencial relativa a la pérdida de oportunidad porque considera que “de haberse realizado un diagnóstico más acorde a los síntomas que ofrecía el paciente, se hubiese remitido a un centro donde pudieran haberle detectado con más antelación el empiema ya manifestado con síntomas, concurrentes con su enfermedad, pero evidentes, y se hubiese procedido con mayor prontitud a realizar la intervención que finalmente fue necesario practicar, existe una alta probabilidad de que el resultado de gran invalidez no hubiese llegado a producirse. En suma, que se ha privado al recurrente de que esa pérdida de oportunidad de otro diagnóstico habría evitado, previsiblemente, el resultado lesivo o, cuando menos, pudo haber evitado su extremo resultado”.

La Sala ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente y su madre contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la resolución de 16 de octubre de 2015 del Secretario General Técnico del Ministerio del Interior que rechazó la reclamación de indemnización de 1.314.393 euros que presentó por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado.

Los hechos ocurrieron en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde el interno regresó el día 26 de diciembre de 2013 tras un permiso. Según los informes médicos, el recurrente padecía diabetes de muy mal control metabólico, hiperlipidemia, artopatía de charcot, polineuropatías periférica, amputación de falange distal de 1º y 2º dedo, pie diabético y úlceras complicadas en el pie derecho. Los dos días siguientes -27 y 28- le examinó el médico de guardia de la cárcel porque tenía fiebre alta y deterioro de su estado general. Los médicos le recetan el día 29 tratamiento analgésico para el dolor de la rodilla izquierda que consideran de origen artrósico.

Un día después –el 30- es atendido de urgencia por dolor de espalda, sin otra referencia clínica, salvo que lleva mucho tiempo en cama, por lo que pautan tratamiento analgésico. El día 31 empeora su estado y se queda en observación por presentar glucemia alta, dificultad para orinar y dolor en la rodilla que le impide andar. El día 1 de enero de 2014 es trasladado al Hospital, donde le hacen una resonancia magnética y se le diagnostica empiema epidural T3-T9 con compresión severa medular de la que se le interviene la noche del 2 al 3 de enero.

Los servicios sanitarios de la prisión recogieron que el empiema epidural es una enfermedad muy poco frecuente y de difícil diagnóstico, coincidiendo con la Inspección penitenciaria que aclaró que solo es posible su diagnóstico mediante una resonancia magnética que no puede hacerse en los centros penitenciarios.

El tribunal alude a los servicios médicos que en sus informes “dejaron abierta la posibilidad que de haberse acudido a esa prueba médica –resonancia magnética, el resultado habría sido diferente, entre otras cosas, porque el empiema epidural no habría llegado al grado avanzado que ocasionó el luctuoso resultado”. En suma, -añade el tribunal- “es evidente que de haberse adoptado esos mismos medios que se apuntan en el informe o la remisión del enfermo a un centro en que le hubiesen podido practicar la mencionada resonancia, incluso que se hubiese practicado con más premura en el Hospital donde fue finalmente ingresado, el empiema no habría evolucionado en su afección con el más que probable resultado de que no se hubiese producido las graves consecuencias para la salud del paciente”.

Si hay algo que surge de todos los informes aportados al proceso, incluso los del centro penitenciario, -concluye la Sala-, “es que la demora en practicar la operación fue la que ocasionó el resultado; es que la demora en practicar la operación fue la que ocasionó el resultado; y que esa premura estuvo motivada por la tardanza en detectarla por la resonancia magnética y esta, a su vez, en la posibilidad de realizarla que no era posible en el Centro penitenciario”.

Cuantía de la indemnización

A la hora de fijar la cuantía de la indemnización -500.000 euros más los intereses desde la interposición de la demanda- el tribunal sigue su propia jurisprudencia relativa a que, cuando se aprecia la falta de oportunidad, la indemnización no procede por la totalidad del daño sufrido, sino teniendo en cuenta la pérdida de posibilidades de curación que el paciente sufrió como consecuencia de ese diagnóstico tardío de su enfermedad. Pero, además, valora la situación extrema de gran invalidez en que ha quedado el recurrente, sin posibilidad de atender sus necesidades más elementales sin ayuda de tercera persona; pero con la peculiaridad que tan solo tiene como ayuda la que puede facilitarle su madre, de edad avanzada, que es prácticamente nula; a lo que añade la edad del recurrente de poco más de cincuenta años.

Por otra parte, la Sala concluye que en la más probable posibilidad de que si la intervención a la que finalmente fue sometido se hubiera realizado en un momento anterior no se habría llegado a esa situación extrema, como la propia sentencia considera acreditado y resulta del mismo informe de los servicios sanitarios del Centro penitenciario.

La AP de Zaragoza condena a penas de prisión a cinco personas que estafaron usando el método 'phishing'2018-02-19
El tribunal les condena también a indemnizar con 37.000 euros a los cerca de 172 perjudicados y a las 15 entidades financieras

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a cinco personas de nacionalidad española a penas de prisión como autores de un delito de estafa y a multas de más de 37.000 euros para indemnizar a las personas perjudicadas y a las entidades bancarias y financieras.

A tres de ellos el tribunal los condena a penas de un año de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de siete euros. Al cuiarto, a un año y seis meses de prisión (agravante de reincidencia) y multa de diez meses con una cuota diaria de siete euros y al quinto acusado, a la pena tres meses de prisión y multa de un mes, con una cuota diaria de siete euros.

El tribunal, en su sentencia, considera probado que todos los acusados formaban parte de un entramado que, utilizando el método Phishing, se dedicaba a obtener datos personales de la red que posteriormente utilizaban para realizar compras “on line”, para apostar en web de apuestas, para ordenar traspasos de saldos a tarjetas virtuales en unos casos y para realizar giros a través de la web de correos en otros.

Los datos obtenidos eran los referidos a documentos de identidad escaneados, pertenecientes a personas de distintas nacionalidades; cuentas bancarias, archivos de cuentas bancarias con datos confidenciales, números secretos de acceso, imágenes de tarjetas personales con su numeración de acceso a cuentas bancarias “on line”, cuentas de correo electrónico, o tarjetas bancarias escaneadas, datos todos ellos de personas que no 

mantenían ninguna relación con los acusados, ni conocían la utilización que se realizaba de la información.
Las operaciones las hacían desde las IP de los ordenadores de los estafados, previamente infectados con troyanos que activaban la “asistencia remota”. Mediante el virus “citifraud.gen” captaban datos sensibles (cuentas bancarias, números de tarjetas y códigos de acceso a cuentas).

El grupo de nuevas tecnologías de la Brigada Provincial de la Policía Científica Nacional, tras los registros domiciliarios realizados, llegó a localizar, en discos duros, 16.300 direcciones de correo electrónico, 550 archivos con numeración de tarjetas de crédito y datos de filiación, 45.978 archivos “log” con numeraciones de tarjetas, contraseñas, y contraseñas de acceso a correos electrónicos y 27 archivos con conversaciones con terceras personas a las que se les ofrecía la venta de estos datos.

Además de las cerca de 172 personas que resultaron estafadas, los acusados perjudicaron también a entidades como BBVA, CAJA MADRID, LA CAIXA, BANESTO, BANKINTER, VISA ESPAÑA, SERVIRED, MBNA, CAJA ESPAÑA, CASER, IBERCAJA, BARKLAYS, BANCO VALENCIA, CAIXA TARRAGONA y OPENBANK.

Se designan las Comisiones evaluadoras de la prueba de acceso a la Abogacía para 20182018-02-16

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 9 de la Orden PRA/1174/2017, de 30 de noviembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2018, se designan a los miembros titulares y suplentes de las Comisiones que evaluarán la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. Para su nombramiento se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En función del número de aspirantes presentados, procedentes de las distintas universidades y escuelas de práctica jurídica del conjunto de las comunidades autónomas españolas, se designan ocho comisiones evaluadoras en las siguientes comunidades autónomas: Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Murcia, Galicia, Islas Canarias y Comunidad Valenciana.

Los miembros de las Comisiones evaluadoras podrán ser recusados de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el Secretario General de la Administración de Justicia.

¿Quiere acceder al BOE y leer el texto completo?

https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-A-2018-2094.pdf

El Tribunal Supremo desestima la devolución a las gasolineras del 'céntimo sanitario' repercutido a sus clientes2018-02-16

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido que no procede que las gasolineras obtengan la devolución de las cantidades que pagaron como sujetos pasivos por el impuesto sobre hidrocarburos denominado ‘céntimo sanitario’, que fue declarado contrario a derecho por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, cuando, tras haber repercutido el tributo en el consumidor final e ingresado el importe repercutido en las arcas públicas, éste último (el consumidor final) no puede conseguir el reintegro por resultarle imposible acreditar la repercusión que soportó.

La Sala ha estimado un recurso del abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 8 de noviembre de 2016, que dio la razón a una estación de servicio y consideró que tenía derecho a que Hacienda le devolviese como ingresos indebidos los relativos al Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos pagados por la reclamante en su condición de sujeto pasivo del impuesto durante los períodos impositivos comprendidos entre el primer trimestre de 2011 y el cuarto trimestre de 2012. El TJUE declaró contrario a derecho dicho impuesto (conocido como ‘céntimo sanitario’) en febrero de 2014.

El abogado del Estado recurrió el fallo del TSJ vasco ante el Supremo, que consideró que tenía interés casacional responder a la siguiente cuestión: “Si el sujeto pasivo ‘repercutidor’ de un impuesto, como el que gravaba las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, declarado contrario al ordenamiento jurídico de la Unión Europea, puede pedir para sí y obtener la devolución de las cuotas indebidamente pagadas cuando, habiendo repercutido el tributo al consumidor final e ingresado el importe repercutido en las arcas públicas, este último no puede obtener el reintegro por resultarle imposible acreditar la repercusión que soportó”.

El Supremo concluye que la respuesta a esa cuestión debe ser negativa, por lo que estima el recurso del abogado del Estado y avala la desestimación que realizó Hacienda en su día de la solicitud de devolución de ingresos indebidos relativos al ‘céntimo sanitario’ realizados por la gasolinera recurrente.

La Sala III del alto tribunal razona que la dinámica de este impuesto indirecto, cuyo sujeto pasivo (propietario del producto gravado que realiza las operaciones sujetas) debe repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre los adquirentes de tal producto, determina que solo éstos puedan obtener la devolución del impuesto que les fue repercutido. Y ello por cuanto el sujeto pasivo (en este caso las gasolineras) no soporta la carga fiscal correspondiente, al haberla trasladado, por el mecanismo de la repercusión, al consumidor final, único cuyo patrimonio se ve afectado por el gravamen.

El tribunal indica que la doctrina del enriquecimiento injusto no resulta relevante para resolver el litigio, pues nuestro ordenamiento jurídico (la Ley General Tributaria y el artículo 14 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo) no permite aquella devolución a favor del sujeto pasivo.

La sentencia insiste en que “no ha habido impacto alguno del gravamen fiscal en el patrimonio del repercutidor (la estación de servicio) pues, en realidad, éste no ha sido más que una correa de transmisión entre quien efectivamente pagó/soportó el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y la Hacienda Pública que, formalmente, tenía entonces derecho a la exacción de aquel tributo”.

Por ello, entienden que el sujeto pasivo (repercutidor) no tiene derecho a obtener la devolución de las cuotas del impuesto ilegal que ingresó, “por una razón esencial: porque no ha soportado la carga tributaria correspondiente, ni se ha visto afectado su patrimonio como consecuencia del gravamen que ingresó”.

Errores (sólo algunos) del abogado en la atención al cliente2018-02-16

No cabe duda que la atención al cliente es un principio fundamental en la actuación del abogado. Sin embargo, en nuestro quehacer profesional solemos incurrir en una serie de comportamientos que, en mayor o menor medida, atentan contra dicho principio y, como errores que son, exigen su inmediata erradicación.

Partiendo de esta idea, hoy vamos a dedicar este post a examinar algunas de las conductas más frecuentes que derivan en malas prácticas en la atención al cliente (no están todas las que son, ni son todas las que están), si bien lo haremos con un objetivo exclusivo de concienciar al abogado sobre la existencia de las mismas (y muy especialmente si los comete habitualmente) sin entrar a dar soluciones o consejos, pues el objetivo, insisto, es la mera reflexión. Dicho de otra forma, la pregunta sería:

¿En ocasiones sigues estás conductas? De ser así, ¿Qué puedes hacer al respecto?

Vamos con ello.

Faltas de accesibilidad al cliente: Todos sabemos lo pernicioso que es que nos interrumpan cuando nos encontramos concentrados en una de las diferentes tareas que afrontamos en nuestro quehacer diario. De hecho, excepto cuando realizamos tareas rutinarias (repasar resoluciones judiciales que nos llegan a diario, responder correos, etc...), el resto del tiempo requerirá "en teoría" dicha concentración.

Sin embargo, a nadie se escapa que los clientes llaman por teléfono a lo largo del día y, al estar ocupados en el trabajo no atendemos la llamada y postergamos su respuesta para después. Si bien este proceder puede ser correcto, siempre que se lleve a cabo de forma organizada (especialmente respondiendo a la llamada inmediatamente o en un plazo breve), en ocasiones se realiza de forma indiscriminada atribuyendo al cliente la culpa de la interrupción y dejándolo sin atención (lo que se agrava con el retraso en la respuesta). En estos casos, hacemos prevalecer el trabajo que estamos haciendo con la atención al cliente, olvidando que ésta es precisamente nuestra tarea fundamental, y que sin el cliente no estaríamos realizando dicho trabajo. 

Faltas de capacidad de respuesta: La capacidad de respuesta se produce cuando el cliente ha conseguido contactar con su abogado y este responde a sus dudas o encargos en unos plazos razonables. Desgraciadamente, en no pocas ocasiones el abogado atiende al cliente pero posteriormente demora el trabajo sobrepasando plazos de espera razonables hasta que el cliente, probablemente disgustado, lo reclama.

No informar al cliente: Aquí hay poco que decir porque todos sabemos la importancia de anticiparse al cliente e informarle del estado de sus asuntos. Sin embargo, está demostrado que la principal causa de pérdida de clientela reside en la falta total de información al cliente, de forma que, a pesar de estar realizándose un buen trabajo profesional, la falta de conocimiento del estado de los asuntos hace que el cliente no valore su trabajo y prefiera ser atendido por otro abogado que lo tenga informado puntualmente.

Falta de transparencia en materia de honorarios profesionales: Los honorarios, a pesar de su importancia, no se gestionan adecuadamente en el sentido de comunicar al cliente, desde el principio, el importe de los mismos y las previsiones de pago, quedando su determinación y forma de pago a expensas de que llegue "el momento adecuado" para el abogado, olvidándose con ello la necesidad que alberga el cliente de conocer su importe y calendario de pago.

No firmar hoja de encargo: Asociado al error anterior, en ocasiones no se materializa la relación contractual a través de documento escrito alguno, con lo que quedan sin regulación aspectos de tanta trascendencia como los honorarios, el alcance y responsabilidad de los servicios, los profesionales que intervienen en el asunto, el tratamiento de las costas y fondos del cliente, etc., lo que provoca que la relación discurra en un contexto de absoluta imprevisión para el caso de que surjan problemas entre abogado y cliente.

Absorber todos los encargos del cliente y no delegar: Como ya hemos expuesto en este blog, es comprensible que exista cierta resistencia a practicar la delegación entre los abogados, ya que por cuestiones relacionadas con la tradición de nuestra profesión, existe un sentido de responsabilidad derivado de una idea de la atención plena y directa al cliente por el abogado titular del despacho o del que aporta el cliente por razones de amistad o recomendación. Sin embargo, está más que demostrado que la acumulación de trabajo puede provocar situaciones de falta de eficacia y bajo rendimiento en el servicio al cliente.

No valorar al cliente: Como ya hemos anticipado, una vez recibido el encargo, nos centramos en el mismo y nos olvidamos del cliente, cuando una de las acciones más importantes para fortalecer el vínculo de confianza y fidelizar al cliente es mostrar un decidido interés por aquél en todas las interacciones.

No educar al cliente: Algunos de los errores anteriormente expuestos derivan de un problema de falta de educación del cliente, "educación" que no conlleva intención peyorativa alguna, sino todo lo contrario. Cuando el cliente comienza una relación profesional con un abogado, es necesario que éste le ilustre de las normas de organización y funcionamiento del despacho y muy especialmente en horarios y forma de contactar. Aquí es donde pueden exponerse las limitaciones de acceso y vías alternativas en caso de imposibilidad del mismo. No obstante, esta formación no es algo que se soluciona a la primera, pues es una cuestión de tiempo, y dependerá del lazo de respeto y la confianza que se irá creando con el paso del tiempo.

Espero que estas líneas nos hagan reflexionar un poco más, no solo sobre la importancia del cliente para los despachos de abogados, sino sobre la necesidad de favorecer el desarrollo de una cultura de servicios que nos ayude a erradicar estas conductas que todos conocemos.

Un juez de Sevilla reconoce el derecho de los ciudadanos españoles a la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios2018-02-15
Concede la tarjeta de familiar de residente de la Unión Europea al hijo no comunitario, menor de 21 años, de un ciudadano español

Autor Comunicación Poder Judicial

El juez de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla ha reconocido el derecho de los ciudadanos españoles a la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios al considerar que “el derecho a fundar una familia, el derecho a vivir en familia, es innegable que es un derecho que corresponde a todos los españoles que debe ser protegido por los poderes públicos, de tal modo que el establecimiento de requisitos para su ejercicio se debe realizar por una norma con rango de ley”, un requisito que “no se cumple con la normativa española” que regula dicho derecho

En la sentencia, el magistrado analiza el caso del hijo no comunitario y menor de 21 años de un ciudadano español que solicitó a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla la tarjeta de familiar de residente de la Unión Europea y precisa que, en este caso, el objeto del debate se centra en determinar si es aplicable el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

En este sentido, recuerda que una sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2017 consideraba que era aplicable a los ciudadanos españoles el artículo 7 del Real Decreto, pero el juez discrepa y considera que en este caso no procede aplicar dicho artículo “en cuanto que establece a los ciudadanos españoles una serie de requisitos” económicos “para la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios sin que exista una ley que dé cobertura a dicha normativa”.

El juez asevera que “el derecho a la reagrupación familiar de ciudadano no comunitario ejercido por españoles carece de cobertura legal, en cuanto que no está previsto ni en las normas comunitarias ni, lógicamente en la ley de extranjería, a pesar que se insinúe que se aplicará la norma más favorable”.

Así, añade que el artículo 8.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos “expresamente exige que las injerencias de las autoridades públicas en la vida privada y familiar esté prevista por una norma con rango de ley, requisito que no se cumple con la normativa española que regula el derecho a la reagrupación familiar de no comunitarios por ciudadanos españoles, en cuanto que está prevista en una normativa reglamentaria, como es un Real Decreto y una Orden Ministerial carente de toda cobertura legal”.

Según expone el juez, “en el ordenamiento jurídico español, si bien el Tribunal Constitucional considera que no se trata de un derecho fundamental y que no se reconoce el derecho a la vida familiar en los mismos términos que la jurisprudencia del TEDH viene interpretando el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no significa que este artículo no sea aplicable en lo que se refiere a que toda injerencia de los poderes públicos en la vida familiar estableciendo requisitos debe estar prevista en una norma con rango de ley”.

El magistrado afirma que “dejar en manos de la Administración el establecimiento mediante una Orden ministerial de los requisitos para el ejercicio de un derecho como la reagrupación familiar que afecta a la vida y a la dignidad de la persona no se corresponde con las normas internacionales, ni con los principios que rigen la Constitución española”, ya que “el derecho a fundar una familia, el derecho a vivir en familia, es innegable que es un derecho que corresponde a todos los españoles que debe ser protegido por los poderes públicos, de tal modo que el establecimiento de requisitos para su ejercicio se debe realizar por una norma con rango de ley”.

“El derecho a la reagrupación familiar, que no es otro que el derecho a vivir en familia, es un derecho reconocido en el artículo 39 y 10 de la Constitución”, concluye el magistrado, que anula la resolución impugnada “por no ser ajustada a Derecho” y ordena a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla conceder la autorización solicitada por el recurrente.

El Colegio de Pamplona celebra sus 200 años de historia con diversas actividades a lo largo de 20182018-02-15
  • El Gobierno de Navarra atiende la petición colegial y hace un esfuerzo para dotar de una instalación adecuada a la Sala de Togas

El Colegio de Abogados de Pamplona, coincidiendo con la celebración del bicentenario de su constitución, ha organizado un programa de actividades que van a tener lugar a lo largo de 2018. Blanca Ramos, decana del Colegio de Abogados, adelantó el programa de actos durante  la sesión inaugural del III Curso de Especialización en Derecho Foral, celebrada el pasado viernes en la sede colegial.

Ramos expresó su deseo de “transmitir la ilusión con la  que,  desde  el  Colegio  de  Abogados,  damos  inicio  a  esta conmemoración y poner de manifiesto que los abogados deseamos celebrarla involucrando a la ciudadanía, cuya defensa da sentido a nuestro trabajo y a todas las autoridades e instituciones con las que colaboramos en la administración de Justicia”.

La decana rememoró como el sábado 12 de septiembre de 1818 a las cinco de la tarde, en el Aula Sagrada de Teología del Convento de San Francisco, se declaró “establecido el Real Colegio de Abogados de la ciudad de Pamplona”.  Habían pasado 55 años desde que el  12  de  noviembre  de  1757 dieciocho  abogados  navarros  presentaran  ante  las Cortes  un  “Memorial  de  los  abogados   “pidiendo  el establecimiento de un Colegio, con sus Estatutos, “ para la mejor defensa de las causas, el socorro de pobres, huérfanos y viudas y para evitar muchos abusos”, ya que, según la Ley de Cortes de 1624, a los abogados se les encomendaban “las haciendas, vidas y honras”. Concluían que “la formación del Colegio era de utilidad a la causa pública y motivo para que se conserve el honor de la profesión”.

La primera de las actividades programadas, que tuvo lugar tras la presentación del programa, fue la ponencia “La creación del MICAP “, impartida por Ángel Ruiz de Erenchun (abogado y decano del Colegio de pamplona, 1983-1999); Mercedes Galán, catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de Navarra; y Elisa Viscarret (abogada y secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio, 1995-2000), en el marco del Curso de especialización de Derecho  de  Navarra.

Además en febrero se realizará un concurso de fotografía sobre la temática de Abogacía y Derechos Humanos, con una dotación económica para las tres mejores obras fotográficas presentadas.

En abril, los días 6, 13, 20 y 27 se celebrará en la Filmoteca Navarra el segundo ciclo de cine sobre abogados.

Coincidiendo con la celebración de San Ivo, el “abogado de los pobres”, patrón de los abogados y del Colegio, se ha organizado un viaje a la localidad francesa de Tréguier, para poder participar en la procesión donde los abogados transportan en andas las reliquias del Santo.

El acto institucional de jura de nuevos colegiados y celebración de la festividad de San Ivo se celebrará el viernes, día uno de junio, con la tradicional comida y posterior concierto de fin de fiesta, abierto  a  todos  los  ciudadanos,  que  tendrá  lugar  en  la  Sala  de  conciertos  Zentral Pamplona, con la participación de grupos musicales de los que son miembros abogados.

En julio, el día 12 tendrá lugar, como es costumbre, la celebración del día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, con entrega de distinciones a compañeros y compañeras.

El día 12 de septiembre, fecha de constitución oficial del Colegio, tendrá lugar la celebración del acto central en Baluarte, en la que se contará con la presencia de autoridades y se pondrá de manifiesto la relevante presencia de la Abogacía pamplonesa en la vida de Pamplona y de Navarra.

En octubre se presentará una exposición en el Palacio del Condestable de Pamplona sobre la historia del Colegio de Abogados de Pamplona, de la que es Comisaria la catedrática de Historia del Derecho doña Mercedes Galán.

En el mes de diciembre, coincidiendo con el broche final del bicentenario, daremos la bienvenida a los nuevos colegiados, nos reuniremos en la tradicional comida de hermandad y celebraremos la misa en honor a la patrona del MICAP, la Inmaculada Concepción.

A lo largo del año,  además,  se  continuará  con  las  campañas  de  publicidad  institucional  en marquesinas, celebraciones deportivas, inclusión del logo del Colegio en los sorteos de la lotería nacional y de la ONCE y otras actividades.

EL GOBIERNO DE NAVARRA ATIENDE LA PETICIÓN COLEGIAL Y HACE UN ESFUERZO PARA DOTAR DE UNA INSTALACIÓN ADECUADA A LA SALA DE TOGAS

Por otro lado, el Gobierno de Navarra -a través de la Dirección General de Justicia- ha atendido la petición del Colegio de Abogados y ha modificado su propuesta inicial para realizar un esfuerzo para dotar de una instalación adecuada a la Sala de Togas.

El pasado viernes, 10 de febrero, la decana del Colegio de Abogados de Pamplona, Blanca Ramos, trasladó en una reunión con la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia de Gobierno de Navarra su preocupación y rechazo en relación con la propuesta de reducción del espacio de la Sala de Togas ubicada en el Palacio de Justicia. A esta reunión acudieron también la secretaria general Técnica del departamento, la directora general de Justicia, la jefa de sección de medios materiales, la arquitecta técnica adscrita a dicha sección, y las miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados María Herrera, Mª Josefa Urteaga y Maite Larumbe.

El Colegio de Abogados de Pamplona, en contra de la reducción de la Sala de Togas en el TSJ de Navarra

El 12 de febrero se recibió en otra reunión en el Colegio el Informe definitivo en el que se reconsideraba la propuesta inicial y se proponía una solución que atiende la exigencia colegial y permite mantener los usos actuales de la Sala de Togas.  Por parte de la Dirección General de Justicia se ha modificado la propuesta inicial y se ha hecho un esfuerzo para dotar de una instalación adecuada a la Sala de Togas, escuchando, de esta forma, la sugerencia del Colegio de Abogados y reconociendo también el papel indispensable que los abogados desarrollan en el funcionamiento de la administración de justicia.

Tras conversación mantenida con la Directora General de Justicia, se ha informado de que el coste de la obra material se asumirá por la Administración y, en breve, se indicará la fecha prevista para el inicio de la obra y la forma en que la misma se llevará a cabo.

Este problema ha hecho tomar consciencia de la insuficiencia de espacio en el Palacio de Justicia y también de las necesidades que la Abogacía posee en orden a prestar un mejor servicio a la sociedad.

¿El tiempo transcurrido en eventos especiales y deportivos organizados por la empresa, debe ser considerado como tiempo de trabajo?2018-02-15
  • Incluye la sentencia

La Audiencia Nacional conoce de una demanda de conflicto colectivo por la que se reclama que se reconozca, además del derecho de los trabajadores a cobrar el 100% de la retribución variable mensual, que se programe el inicio de la siguiente jornada de trabajo 12 horas después de haber finalizado la actividad programada por la empresa consistente en disputar un partido de fútbol.

Supuesto de hecho:

  • Los Convenios de aplicación a los trabajadores de las empresas demandadas preveían una retribución variable en función de objetivos previamente establecidos por las empleadoras.
  • La empresa se comprometió a comunicar a cada comercial los objetivos con carácter previo al inicio del período de vigencia de los mismos.
  • Asimismo, la empresa organiza diferentes eventos especiales y deportivos, con fines comerciales, que en determinadas ocasiones finalizan más allá de las 12 de la noche.
  • Ante esta situación, los trabajadores interponen demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional.
  • Por un lado, reclaman que se reconozca su derecho a cobrar el 100% de la retribución variable mensual cuando los objetivos no se hayan notificado el primer día hábil del mes.  
  • Por otro reclaman que, cuando haya eventos como los citados, se programe el inicio de la siguiente jornada de trabajo 12 horas después de haber finalizado la actividad programada por la empresa.

Consideraciones Jurídicas:

  • Sobre la primera de las cuestiones, la AN considera que la fijación extemporánea de los objetivos ha de equivaler a la ausencia de fijación de los mismos, pues el reconocimiento tardío por parte del trabajador de los objetivos a lograr impide o dificulta seriamente que éste pueda planificar su actividad comercial de forma que de la misma pueda encaminarse a su logro.
  • En consecuencia, determina que los trabajadores tendrán derecho a cobrar el 100% de la retribución variable mensual cuando no se hayan notificado los objetivos el primer día hábil del mes.
  • Sobre la segunda cuestión, la Sala afirma que el trabajador tiene derecho a que se programe el inicio de la siguiente jornada de trabajo, no en el horario habitual, sino 12 horas después de haber finalizado las actividades relacionadas con el evento especial, y a que se considere las horas dedicadas a dichas actividades como jornada laboral.
  • Para fundamentar su conclusión, la AN hace referencia a la doctrina del TJUE que interpreta la Directiva 2003/88/CE, que define el tiempo de trabajo como todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones.
  • De este modo, para que se pueda considerar que un trabajador está a disposición de su empresario, aquel debe hallarse en una situación en la que esté obligado jurídicamente a obedecer las instrucciones de su empleador y a ejercer su actividad por cuenta de este.
  • Así, la Sala entiende que las denominadas actividades fuera de jornada, tales como partidos de fútbol a las que son invitados clientes con los que se desea reforzar el vínculo comercial, son actividades programadas por el empresario y vinculadas estrechamente con la prestación de servicios del trabajador, y en cuyo desarrollo, sin perjuicio de su carácter voluntario, este debe atenerse a las pautas del empleador, encontrándose en consecuencia bajo su ámbito organicista, rector y disciplinario.
  • De hecho, el Tribunal apunta a que el propio Convenio aplicable establece que las actividades fuera de jornada se compensarán con días de descanso, como si de horas extraordinarias se tratara, reforzando la idea de que estas actividades forman parte de le jornada de trabajo.
  • Por lo expuesto, la Audiencia Nacional concluye que el tiempo dedicado a esas actividades forma parte de la jornada de trabajo y, en consecuencia, la siguiente jornada de trabajo debe iniciarse 12 horas después de haber terminado el evento especial o deportivo.

Conclusión Lex@:

En su sentencia, la Audiencia Nacional considera que el tiempo destinado a las actividades especiales y deportivas, constituye un período de desarrollo de actividades estrechamente vinculadas a la prestación de servicios del trabajador en cuyo desarrollo el trabajador debe atenerse a las pautas del empleador, por lo que entiende forma parte de la jornada laboral y genera derecho a que la siguiente jornada se inicie 12 horas después de haber terminado el evento especial o deportivo.

¿Quiere leer la sentencia?

Un juzgado libera a un matrimonio de todas sus deudas por la Ley de Segunda Oportunidad2018-02-14

·         Se trata de la primera cancelación de deudas que se consigue en la provincia

La titular del juzgado de Primera Instancia de Girona ha aplicado a un matrimonio rumano establecido en la ciudad catalana la Ley de Segunda Oportunidad de 2015 que permite liberar a particulares y autónomos de sus deudas y ha dictado la exoneración de la totalidad del pasivo insatisfecho.

El auto señala que los deudores cumplen los requisitos que exige la ley para poder acogerse al Beneficio de Exoneración total del Pasivo Insatisfecho (BEPI) por su baja capacidad económica. El matrimonio solicitó así acogerse al "beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos" y el administrador concursal no se opuso, por lo que el juez ha acordado la concesión del beneficio de exoneración en un auto con fecha 8 de febrero de 2018 contra el que no cabe recurso y siendo el primer caso de este tipo que se resuelve en Girona. Los responsables de Repara tu Deuda, primera compañía que aplica la Ley de la Segunda Oportunidad en España, explican que el matrimonio rumano, Costel Remus y Ionela María Moldovan, llegó a España en 2012 y ambos encontraron trabajo. “Al poco tiempo -narran- ella se quedó sin empleo y empezaron a solicitar pequeños créditos para ir sobreviviendo hasta que llegó un punto en el que no podían devolverlos”. El importe global de las deudas que llegaron a aglutinar entre ambos superaba los 24.000 euros llegando a deber a más de 15 bancos y entidades financieras.

Así pasó el tiempo hasta que se encontraron con las nóminas embargadas y “cada vez que consultaban el saldo que tenían pendiente con sus acreedores veían que aumentaba exponencialmente”. 

Sin propiedades, familia ni ayuda a la que acogerse y con todas las vías de acceso a crédito cerradas, estaban a punto de volver a su país, pero entonces decidieron iniciar un expediente de liberación de deudas, “que ha culminado con la anulación de las mismas gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad”. 

Esta ley, que entró en vigor en julio de 2015, permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe, e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores con la mediación de un juez y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda parcial o total.

“Todavía se trata de una vía poco conocida", señala Alicia García, socia de Repara tu Deuda. “No sólo por los ciudadanos sino incluso por abogados y jueces". De todos modos, cada vez son más personas las que conocen y se acogen a este procedimiento, que “abre una perspectiva de esperanza” para que aquellas personas que se han arruinado consigan empezar de cero sin tener que arrastrar una situación de insolvencia durante toda su vida. 

El TSJC declara nulo el despido del sindicalista de USO en GSW2018-02-14

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado el recurso de GSW contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Santander que declaró nulo el despido de Ismael Anievas, sindicalista de la USO, condenando a la empresa a la readmisión inmediata y al pago de una indemnización de 9.000 euros en concepto de indemnización por vulneración de derechos de libertad sindical. Además, el TSJC condena en costas a GSW.

El TSJC ha ratificado punto por punto la dura sentencia del Juzgado Nº5, que calificó de “voluntad represiva” la actuación de GSW y que lo que perseguía con el “despido fulminante” del sindicalista era atemorizar a la plantilla para evitar la constitución del sindicato USO en la planta de Grupo Celsa en Cantabria.

Para USO, esta nueva sentencia del TSJC pone en evidencia de manera flagrante que “la dirección de GSW ha actuado con prácticas de coacción y de opresión contra los trabajadores, vulnerando sus derechos constitucionales”. El sindicato también señala a la directora de Recursos Humanos, Rosa Castrillo, inspectora de Trabajo en excedencia y ex directora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, como promotora e instigadora de la represión sindical. Por ello, el sindicato iniciará las acciones oportunas para que responda sobre su actuación, tanto ante la Dirección General de Trabajo como ante la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo en Cantabria.

Por otro lado, esta resolución judicial “deja de nuevo en evidencia al Gobierno cántabro, que, lejos de exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores a las empresas que subvenciona con dinero público –15,5 millones la última ayuda a GSW-, mira para otro lado mientras se reprime a trabajadores sindicalistas”.

Cabe recordar que en las próximas semanas se celebrará el juicio del otro sindicalista despedido, delegado sindical de USO en la empresa. Por ello, sería buen momento para que Miguel Ángel Revilla se reuniera de nuevo, como hizo a comienzos de febrero, con el director de la planta, Javier Echávarri, para trasladarle que el compromiso de “colaboración del Gobierno para mantener la actividad y el empleo” anunciado en esa reunión no solo no se está cumpliendo, sino que se están produciendo prácticas empresariales que deberían estar totalmente erradicadas de una sociedad democrática como la nuestra.

La Audiencia de Sevilla condena a un hombre a 54 años y 3 meses de cárcel por agredir sexualmente a cuatro hermanos menores de edad y abusar de una quinta hermana también menor2018-02-14

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 54 años y 3 meses de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a cuatro hermanos menores de edad y abusar de una quinta hermana –todos ellos con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años- en un pueblo de la provincia de Sevilla.

De este modo, el tribunal condena al acusado a 14 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a víctima menor de 13 años; a 13 años y 6 meses de cárcel por otro delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a víctima menor de 13 años, y a sendas penas de 12 años de prisión por dos delitos del mismo tipo, así como a dos años por un delito de abuso sexual a víctima menor de 13 años y a 9 meses de prisión por un delito de exhibición de pornografía a menores.

Asimismo, la Audiencia impone al acusado la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a los menores en cualquier lugar en que se encuentren, así como de acercarse a igual distancia de su domicilio y centro de estudio, y la prohibición de establecer con ellos contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, ambas prohibiciones por tiempo de 25 años que se computarán a partir del 19 de octubre de 2012.

El tribunal, además, condena al acusado a indemnizar a las cinco víctimas con un total de 88.000 euros, todo ello a consecuencia de unos hechos que se produjeron durante la Semana Santa de 2012 (que ese año abarcó del 1 al 8 de abril) o en fechas próximas a ella.

La Audiencia señala que la suma aritmética de las penas impuestas “excede con mucho de los límites de cumplimiento establecidos en el artículo 76 del Código Penal, en aras de los principios de humanidad y reinserción social”, por lo que fija el límite de cumplimiento de todas las penas privativas de libertad impuestas en 20 años de prisión, “que es el límite máximo de carácter general, puesto que ninguno de los delitos por los que se impone la condena tiene asignada pena superior a 15 años de prisión”.

El Gobierno impulsa el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales para reforzar la seguridad jurídica2018-02-13

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha impulsado el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales por la que se traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los secretos comerciales.

Esta Directiva tiene por objeto armonizar la legislación en la materia de los Estados miembros de la Unión y fomentar la competitividad al establecer normas mínimas comunes en materia de protección de los titulares de secretos empresariales frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de los mismos y frente a la explotación no consentida de mercancías infractoras.

Se pretende, por un lado, garantizar que la competitividad de las empresas europeas que se basa en información empresarial no divulgada esté protegida de manera adecuada y, por otro, mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.

Las empresas están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad que comprometen la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que por su labor de innovación le corresponden. En consecuencia, la creatividad empresarial se puede ver desincentivada con los consiguientes efectos para la inversión y el buen funcionamiento del mercado.

Nuestro país cuenta con una regulación moderna en esta materia que entronca con las pautas europeas que garantizan el respeto a la propiedad industrial y ofrece medios adecuados para su tutela judicial. Actualmente la protección del secreto empresarial en España se realiza mediante cláusulas de confidencialidad en los contratos celebrados con otros operadores económicos, pactos de confidencialidad incluidos en los contratos de los trabajadores de la empresa y a través de la Ley de Competencia Desleal.

El Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales regula aquellos aspectos procesales que permiten ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas efectivas para la tutela judicial de su posición jurídica a través de un sistema de acciones robusto y de un proceso eficaz y respetuoso con las garantías de justicia y equidad pero desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable.

Las acciones de defensa de los secretos empresariales habrán de aplicarse de forma proporcionada y evitando tanto la creación de obstáculos al libre comercio, como su ejercicio de forma abusiva o de mala fe. El marco jurídico se refuerza así con medidas en tres aspectos:

  • Incorpora una serie de reglas al objeto de preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial.
  • Ofrece un marco normativo para que el demandante pueda preparar el ejercicio de su acción garantizándose así el derecho a la tutela judicial efectiva a través del desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, medidas para acceder a las fuentes de prueba en poder del futuro demandado o de terceros y, en su caso, de medidas de aseguramiento de las mismas.
  • Incorpora reglas singulares en materia de medidas cautelares para asegurar la eficacia de su acción y evitar de manera inmediata la revelación, uso u obtención ilícita del secreto empresarial.
El Tribunal Supremo anula los pactos de gestión de los hospitales públicos de Madrid suscritos en 20152018-02-13

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado 44 pactos de gestión suscritos en 2015 entre las gerencias de los hospitales públicos madrileños y los distintos servicios o unidades de dichos centros para mejorar las listas de espera quirúrgica y la práctica de pruebas diagnósticas, ya que, al afectar a las condiciones de trabajo de los empleados, debieron ser objeto de negociación colectiva con sus representantes sindicales. El tribunal estima un recurso de CC.OO. y ordena la retroacción de las actuaciones para la negociación del pacto en la Mesa Sectorial de Sanidad.

El alto tribunal establece en la sentencia los siguientes criterios interpretativos en esta materia:
“1º Que cuando la Administración sanitaria ejerce sus potestades de organización, si sus decisiones pueden repercutir sobre las condiciones de trabajo del personal estatutario, éste a través de sus representantes puede ejercer el derecho a la negociación colectiva en los mismos términos que el resto de los empleados públicos, sin que se adviertan singularidades objetivas que justifiquen un trato diferente.
“2º Que siendo preceptiva por razón de lo dicho la negociación colectiva en tales supuestos, no debe quedar excluida cuando los aspectos en que consista y que afecten a las condiciones de trabajo sean de adscripción voluntaria”.

En el caso examinado, “son hechos no cuestionados que el 30 de octubre de 2015 la Administración presentó en la Mesa Sectorial de Sanidad un modelo de pacto, del que la recurrente (CC.OO.) tuvo conocimiento en ese acto y que no accedió a los concretos pactos de gestión hasta una vez interpuesto el recurso jurisdiccional y dársele traslado del expediente. También son hechos no cuestionados que esos pactos suponían una medida extraordinaria que preveían ampliar la actividad de quirófanos y la realización de pruebas diagnósticas en turno de tarde y fines de semana durante los meses de noviembre y diciembre de 2015 y primer cuatrimestre de 2016, que tal actividad se desarrollaría en régimen de adscripción voluntaria y que el modelo de pacto entregado a las organizaciones sindicales un modelo de pacto no fue negociado”.

El Supremo insiste en que procede la negociación colectiva también cuando las medidas son de adscripción voluntaria. “Si la voluntariedad forma parte del alcance que se da a las medidas en cuestión, esa adscripción será parte de lo negociado, luego serán medidas que añadirán nuevas condiciones de trabajo a las ya negociadas y existentes”, señala. “La voluntariedad de adscribirse a las mismas en nada quita para la exigencia de la negociación respecto de su incidencia en las condiciones profesionales”, añade la sentencia.

La sentencia indica que “para dar sentido a la palabra “pacto” cabe presumir que en su elaboración intervendrían los profesionales de cada Servicio a los efectos de implantar las actuaciones previstas sobre las listas de espera; ahora bien, en la medida en que inciden en las condiciones de trabajo era exigible una negociación a esos efectos y que satisfaga las exigencias deducibles del artículo 28.1 de la Constitución en relación con su artículo 37.

“Añádase –indica la Sala- que las medidas en que consisten esos pactos no se negociaron pero tampoco se consultaron como exige el Estatuto Marco, entendiéndose por consulta recabar un parecer antes de adoptar una decisión. Así es cuestión de hecho no discutida que en la Mesa Sectorial de 30 de octubre de 2015 la Administración se limitó a dar cuenta de un modelo de pacto”.

El Supremo estima el recurso de CC.OO. en un procedimiento de tutela de los derechos fundamentales, por infracción del derecho a la libertad sindical en relación con la negociación colectiva (artículos 28.1 y 37 de la Constitución). El alto tribunal revoca los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid, que desestimaron las pretensiones del sindicato.

El Supremo revoca la pensión de viudedad a una mujer de etnia gitana no inscrita en el Registro de parejas hecho2018-02-13

El Pleno de la Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha estimado un recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social y ha confirmado la procedencia de no conceder la pensión de viudedad a una mujer que presentó la solicitud tras el fallecimiento, en 2014, del hombre con el que estaba unida por el rito gitano, al ser preciso para generar la pensión cumplir el requisito de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, lo que no concurría en este caso.

Los magistrados señalan que la pertenencia al colectivo gitano no exime de cumplir los requisitos generales de la Ley de la Seguridad Social, de verificar que la pareja se haya constituido como tal con dos años de antelación al hecho causante de la pensión.

La Sala indica que en este caso no cabe alegar buena fe concurrente, por errónea creencia, ya que en todos los documentos oficiales (libros de familia, e inscripciones de nacimiento de los hijos) constaban los miembros de la pareja como ‘solteros’ y sus hijos como ‘extramatrimoniales’ o ‘naturales’.

En este sentido, el Supremo no considera aplicable a este caso la sentencia de 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto ‘Muñoz Díaz’, sobre otra pareja unida por el rito gitano cuya situación fue aceptada por diversos documentos oficiales como el Libro de Familia y la cartilla de la Seguridad Social lo cual generó en la mujer peticionaria de la pensión, según dijo el TEDH, la legítima expectativa de ser considerada esposa de forma oficial.

Para el Supremo, el presente caso es muy diverso al examinado por el Tribunal Europeo, aunque medien coincidencia de colectivo afectado e identidad en la prestación solicitada, “pues lo aducido no es –ni podía serlo– buena fe en la creencia de eficaz vínculo matrimonial a los efectos del derecho español, porque en la documentación oficial –Libro de Familia e inscripciones de nacimiento– se hace constar expresamente su cualidad de «solteros» e hijos «extramatrimoniales». Es más, ni tan siquiera se reclama el derecho por el mismo título que en el supuesto del Tribunal Europeo, siendo así que en aquel caso se invocaba –no podía ser de otra manera, dado que el fallecimiento había sido anterior a la Ley 40/2007– la existencia de «matrimonio», y en el proceso ahora enjuiciado el título que se invoca es el de «pareja de hecho».”

La Sala recuerda que, según ha destacado en su jurisprudencia, el requisito –inscripción o documentación pública de la pareja de hecho– que exige la Ley es de naturaleza constitutiva, “y si el legislador limitó la virtualidad constitutiva a tales medios, precisamente por la «oficialidad» que comportan, la respetabilidad atribuible a la unión por el rito gitano no justifica hacer una equiparación que la ley –siquiera de forma implícita– no consiente respecto de ningún medio probatorio”.

Agrega que “claramente la regulación contenida en el artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 «es neutral desde la perspectiva racial, al carecer por completo de cualquier tipo de connotación étnica»”. Defiende que l principio de igualdad no consagra un derecho subjetivo al trato normativo desigual. “Muy contrariamente, admitir la solución pretendida en el presente caso comportaría hacer de peor condición a quienes por razones ideológicas –tan respetables como las culturales– no se han constituido como pareja de hecho en la forma legalmente prescrita, y a los que –no infrecuentemente– les hemos negado la prestación de viudedad”, indican los magistrados.

“En último término no cabe olvidar las múltiples minorías étnicas y culturales existentes en nuestro país, cuya posible vulnerabilidad –similar a la del colectivo gitano, en mayor o menor grado– ciertamente puede obligar a alguna interpretación normativa tendente a su protección conforme a los criterios del TEDH, pero no puede llegar al extremo de excepcionar la aplicación de la ley en los múltiples aspectos en que pudiera reflejarse su diversidad étnico-cultural [matrimonio; familia; comportamiento social…], so pena de comprometer gravemente la seguridad jurídica y la uniformidad en la aplicación de aquélla –la ley—“, señala la sentencia.

La sentencia revoca la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que reconoció el derecho a la pensión de la mujer, y establece que la solución correcta fue la que decidió el Juzgado de lo Social número 4 de Jaén, que la denegó dando la razón a la Seguridad Social.

Voto particular favorable a conceder la pensión

La sentencia cuenta con el voto particular firmado por dos magistradas, María Lourdes Arastey y María Luisa Segoviano, quienes consideran que debió concederse la pensión de viudedad y rechazar el recurso de la Seguridad Social al considerar que no cabe ninguna duda de que “los convivientes gitanos sostienen la convicción de que su relación de pareja se desarrolla como si de un matrimonio se tratara, con independencia de la ineficacia jurídica de aquel rito”.

Según explican las magistradas discrepantes, el TEDH ha señalado que, “como resultado de su historia turbulenta y su constante desarraigo, los gitanos se han convertido en una minoría especialmente desfavorecida y vulnerable. Por lo tanto, necesitan una protección especial. Esa posición vulnerable significa que debe prestarse especial atención a sus necesidades y a su estilo de vida diferente, tanto en el marco normativo pertinente como al llegar a decisiones en casos concretos”.

Destacan “el fuerte arraigo de sus tradiciones y la sólida estructuración de la comunidad gitana, intensamente ligada a la familia y al parentesco”. Por ello, creen que “exigir en estos casos que la existencia de la pareja de hecho se acredite por la inscripción del registro de parejas se torna claramente redundante y, por ende, innecesaria, en la medida en que para la pareja gitana la aceptación de la llamada “ley gitana” les convierte, a su entender y al del resto de la comunidad en la que desarrollan su vida, en una unidad matrimonial no cuestionada como tal”.

Subsidiariamente, las dos magistradas, al entender que la norma aplicable no permite la diferenciación, consideran que la Sala pudo haber abierto la reflexión sobre el alcance de la aplicación de la Directiva europea 2000/43 y acordado la suspensión de las actuaciones para plantear cuestión prejudicial con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el sentido de determinar si la exigencia del precepto legal ocasiona una desventaja no justificada para los ciudadanos de etnia gitana que cumplen con los ritos matrimoniales propios de su cultura.

El Tribunal Supremo condena a una compañía de seguros de salud a pagar a una asegurada intereses de mora por mala práctica médica2018-02-12

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado un recurso contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz que denegó la imposición de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) a la compañía de seguros de salud demandada.

La sentencia de primera instancia había condenado a dicha aseguradora al pago de una indemnización de 58.680,16 euros a una mujer por los daños causados a consecuencia de la mala praxis médica de un profesional.

La sentencia cuenta con el voto particular de un magistrado.

 

La Audiencia de Granada anula una cláusula suelo y obliga al banco a devolver todas las cantidades cobradas2018-02-12

La Audiencia de Granada ha confirmado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Granada en la que se anulaba una cláusula de limitación de los tipos de interés (cláusula suelo) y condenaba a la entidad bancarias a devolver al demandante “todas aquellas cantidades cobradas indebidamente en virtud de la referida cláusula desde el inicio de su aplicación hasta su eliminación, más los intereses legales devengados desde la fecha de cada cobro”.

La sección tercera de la Audiencia desestima íntegramente el recurso de la entidad financiera y señala que es la entidad quien tiene “el especial deber de proporcionar la comprensibilidad real de dicha cláusula en el curso de la oferta comercial y de la reglamentación contractual predispuesta, y por tanto a quien incumple acreditar el cumplimiento de sus obligaciones”.

La sentencia explica que existía un préstamo anterior garantizado con hipoteca y con estipulaciones desconocidas, con otra entidad financiera distinta a la ahora demandada, cancelado con la operación de préstamo objeto del procedimiento, pero que por la existencia de ese préstamos anterior, “no cabe establecer que el demandante conocía la carga económica y jurídica que suponía concertar el contrato que nos ocupa, el 11 de noviembre de 2005, con la cláusula litigiosa”.

Así, indica que la existencia de negociaciones, sobre el importe a prestar, la duración del préstamo, y el tipo de interés a aplicar, no demuestran que se negociara sobre la cláusula suelo litigiosa, y no consta que esas negociaciones “versaran sobre la obligación de pagar un mínimo y su repercusión en la economía del contrato, sin existir ninguna prueba sobre advertencia al consumidor de la concertación de un préstamo, que aunque denominado variable, al tiempo de la concertación realmente era fijo, dada la mínima posibilidad de reducción, con posibilidad solo de modificación al alza hasta el 12%”.

El hecho de que exista un pacto para la supresión en 2015 de la cláusula suelo, no impide, según añade la resolución, “que pueda declarase la nulidad de pleno derecho de su concertación inicial, sin que tal convenio permita convalidarla, ni impida tal declaración a la que se opone la entidad financiera profesional”.

En este sentido, recuerda que en la firma del contrato para anular la cláusula suelo de 2015 “no se advirtió al consumidor de su derecho a obtener la diferencia entre lo pagado por la existencia del suelo y lo que debía haber abonado sin él, en caso de ausencia de información suficiente por parte del banco de la existencia de la cláusula suelo y de sus consecuencias, previamente a la concertación del préstamo en 2005, donde se incorporó la estipulación de forma sorpresiva, oculta entre una profusión de condiciones financieras”.

Honorarios Cerrados ≠ Perder Dinero (2)2018-02-12

En la colaboración anterior explicábamos que para no perder dinero con la "muy habitual" propuesta "cerrada" de honorarios, tenían que cumplirse dos requisitos:

(1)Que sea superior al UMR (Umbral Mínimo de Rentabilidad) de la firma

(2)Que se consigan facturar, en un año, horas suficientes para cubrir los gastos.

Ahora bien, ¿como saber a priori si las horas que los {trabajadores+socios} de una firma son suficientes para cubrir los gastos?

No nos engañemos. Solo hay un camino. Es necesario llevar un registro de horas de cada profesional. Y en ese registro, debemos incorporar el destino de esas horas.

Podemos a priori, ignorar las horas de todo el personal de administración. Ninguna de esas horas será facturable a un cliente.

Respecto a los profesionales que si trabajan horas que de una u otra forma, son facturables, conviene partir de 8 horas diarias.

Ahora bien, de esa cifra hay que excluir las horas de formación, marketing, administración. Los abogados hacen (o deberían) a diario esas tres cosas: impuestos, relación con clientes o potenciales clientes, cursos, estudio, ... todas esas horas no cuentan porque no son repercutibles a un cliente.

Tampoco cuentan las horas innecesarias, porque tampoco seremos capaces de cobrárselas a un cliente. Si un abogado que lleva en la firma 1 año, necesita el doble de tiempo que otro abogado que lleva 3 años para hacer la misma labor profesional, la facturación no puede ser idéntica.

En tres meses de observación, ya eres capaz de proyectar, con escasa variación, el número de horas (facturables) que cada abogado será - razonablemente - capaz de ejecutar (y trasladar a clientes) cada año. A partir de ahí, no necesitas más.

Solo tienes que saber cuántas son necesarias para cubrir los costes totales del año.

¿Y cómo se calculan los costes del año?

Si la estructura de la firma es similar, añade un 10% a los costes del año anterior y tienes pocas opciones de equivocarte.

¿Y cómo llevo ese registro de horas?

Pues hay dos opciones: "a mano" o "a máquina".

Entendamos por "a mano" desde un cuaderno hasta un Excel. Y entendamos por "a máquina" cualquier plataforma. Hay infinidad, y muchas gratuitas, que permiten ese resultado.

Aquí sugerimos estas:

1. SuiteCRM

2. CapsuleCRM

3. Insightly

4. Really Simple Systems

5. FreeCRM

6. Bitrix24

7. Raynet

8. vTiger

9. ZohoCRM

10. Zurmo

11. Hubspot CRM

12. InStream

13. Agile CRM

El cálculo final es muy sencillo. Divide los Costes que - razonablemente - esperas para el ejercicio en curso y divide esa cifra, por el ratio/hora medio que habitualmente vienes cobrando (y tus clientes aceptando).

De esa división sale el número de horas que precisas para, añadido al UMR, saber a partir de qué momento, ya no pierdes dinero.

Conclusión:

Hubo un tiempo en que esto no importaba gran cosa. Pero como decíamos en el artículo anterior, los tiempos han cambiado, los honorarios han sido reducidos drásticamente, la prohibición de vender a pérdida, no parece aplicar al sector legal, la competencia en el Sector Legal en España, y en particular en Madrid y también en BCN es extraordinaria. (El número de abogados por habitante en Madrid, duplica el de BCN y el de BCN supera con mucho la media de España).

La rentabilidad, que no fue un tema crítico, ahora lo es.

La incapacitación de una persona sólo puede obtenerse mediante sentencia judicial2018-02-09

La incapacitación judicial civil es el sistema previsto en la legislación para proteger a una persona y su patrimonio en el caso de que se demuestre su incapacidad. Así, incapacitar a una persona es una negación mediante sentencia dictada por un juez de la capacidad de obrar por sí misma, es decir, de la capacidad o aptitud para llevar a cabo de manera eficaz y válida actos jurídicos, ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Es en este contexto, algunas personas ven legalmente limitada su capacidad de decisión mediante una resolución judicial que trata de establecer ciertos límites que les protejan de potenciales abusos por parte de terceras personas. Así pues, este tipo de medida se contempla en aquellas personas que padezcan:

  • Una enfermedad mental grave.
  • Discapacidad intelectual.
  • Un deterioro cognitivo grave.

El marco legal en esta materia queda establecido en el art. 199 y siguientes del Código Civil. Así, el Art. 199 indica que "nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley", siendo causas de incapacitación "las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma" (Art. 200).

Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados, recuerda que "una sentencia que declare la incapacitación de una persona fijará unos límites claros de ésta y determinará el régimen de tutela o guarda de la persona incapacitada a una tercera persona. Además, si la persona fuera menor de edad continuará bajo el régimen de patria potestad, que se prorrogará, si se mantiene la incapacitación, al llegar a la mayoría de edad".

No obstante, no todo el mundo puede solicitar la incapacitación de una persona. La legitimación activa para instar el proceso de incapacitación judicial civil indica que, conforme al art. 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), aquellos autorizados para solicitar la incapacitación serán:

  • La propia persona afectada.
  • Descendientes, ascendientes o hermanos del presunto incapaz.
  • El cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable.
  • Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela del presunto incapaz cuando este fuere.
  • El Ministerio Fiscal.

La iniciación del proceso de incapacitación judicial se produce, conforme al art. 399.1 de la LEC, por interposición de la demanda. Ésta deberá acompañarse de la pertinente documentación, correspondiente a representación, acreditación del parentesco o afinidad con la persona afectada y dictámenes médicos o psiquiátricos que avalen la pretensión de incapacitación.

La Mutualidad consigue en 2017 una rentabilidad del 4,65%2018-02-09

Al cierre del ejercicio 2017 la Mutualidad de la Abogacía ha obteniendo una rentabilidad del 4,65% atribuible a los mutualistas en el Plan Universal, Plan Junior y Plan de Ahorro 5, que se corresponde con el 90% de la rentabilidad de las inversiones asociadas a dichos planes, quedando en un 5,17% la rentabilidad absoluta.

Una vez más, la renta fija (que representa el 72,59% del total de inversiones) ha aportado la parte principal de los rendimientos para conseguir estos resultados. También la cartera de bonos, invertida sobre todo en el periodo anterior a 2014, sigue siendo un pilar fundamental que ha permitido entregar de manera recurrente y estable unos beneficios por encima de la media del sector en los últimos años.

A medio y largo plazo, la Mutualidad prevé que los tipos de interés comiencen un proceso de normalización de manera moderada, fruto de las mejoras globales de crecimiento, empleo y, con ello, de la inflación. En todo caso, teniendo en cuenta la media histórica, la previsión es que los tipos se mantendrán en zonas aún bajas durante cierto tiempo.

Primer trimestre 2018

Si se tiene en cuenta el escenario macroeconómico que se espera para 2018, y dado que la cartera de activos se mueve especialmente por los tipos de interés, la Mutualidad estima que será razonable adaptar la rentabilidad a cuenta entregable para el primer trimestre del año a los momentos de mercado actuales.

Esta previsión, a la que obviamente no es ajena la entidad en cuanto a las  inversiones, fijaría una rentabilidad del 4% para el Plan Universal, Plan Junior y Plan Ahorro 5.

Se trata de una rentabilidad a la que se puede calificar de importante y significativa en comparación con otros productos del mercado y a la que se añadiría al cierre del ejercicio el complemento de rentabilidad en función del 90% de la rentabilidad realmente obtenida.

Los resultados obtenidos abonan la tesis de que las inversiones realizadas con un modelo de gestión tradicional, riesgo contenido y visión de largo plazo pueden superar las circunstancias que determina la coyuntura.

José Luis Piñar, delegado de Protección de Datos de la Abogacía, apuesta por el derecho de acceso a Internet2018-02-09
  • urante la lección magistral que ha impartido en el acto de la Festividad de San Raimundo de Peñafort, patrón de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo
  • En su discurso, José Luis Piñar ha resaltado la importancia de la existencia de una constante relación entre derecho, técnica y ética.

El  delegado de Protección de Datos de la Abogacía Española y catedrático de Derecho Administrativo y titular de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Piñar, ha abordado la influencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y en ámbito jurídico asegurando que “pocos derechos pueden ser hoy ajenos a Internet, ya que la innovación tecnológica trae consigo la innovación del Derecho”. Piñar ha impartido la lección magistral ‘Derecho e innovación tecnológica. Retos de presente y futuro’ durante el acto de celebración de la Festividad de San Raimundo de Peñafort, patrón de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.

José Luis Pinar ha destacado la necesidad de “reconocer el derecho de acceso a Internet como nuevo derecho que condiciona cada vez más el ejercicio de otros derechos, como el propio derecho a la libertad de circulación, a la educación y a la cultura, la libertad de expresión e información, incluso el derecho de acceso a la justicia y a la defensa”. A pesar de este reconocimiento, el catedrático ha explicado que “el avance tecnológico no puede dejar fuera del marco normal de relaciones a los no digitales”; y ha apuntado: “Es muy distinto tener derecho a disponer de todas las herramientas necesarias para ser digital, que tener la obligación de serlo”.

Asimismo, Piñar ha asegurado que “no se trata de convertir Internet en el entorno normal de nuestro desarrollo vital, de manera que se llegaría a una intolerable confusión entre la realidad física y la realidad virtual, con la posibilidad, incluso, de tener dos (o más) identidades no coincidentes”.

Por otro lado, el catedrático ha subrayado que “la innovación tecnológica va a imponer, y de hecho ya impone, un nuevo modelo regulador en el que convivan diferentes tipos de normas y principios que permitan al Derecho, sin menoscabo de las garantías que representa, hacer efectivo el diálogo mediante la técnica y la ética”.

El decano de la Facultad, Carlos Pérez del Valle, ha inaugurado el acto académico en el que también se han entregado los Premios de Iniciación a la Investigación San Raimundo de Peñafort a los tres mejores trabajos: ‘Genocidio y crímenes contra la humanidad. Especial consideración de Camboya’ de María Luisa López; ‘El aumento del capital social: de las sociedades del capital en energía a la sociedad anónima cotizada en particular. Especial mención a la posibilidad de aumentar la cifra de capital contra la voluntad de la junta general’ de María Paola Vallejo; y ‘Análisis jurídico del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica en el marco de la fiscalidad de la energía’ de Ana Rojo.

También se han entregado los Premios Extraordinarios Fin de Grado, los Premios de Doctorado y el Premio del XII Concurso de Retórica, cuyo ganador ha pronunciado unas palabras en nombre de sus compañeros.

Asimismo, se ha proyectado la Memoria Audiovisual, en la que se han recogido los hitos más relevantes de la Facultad durante el curso 2016-2017. Finalmente, el rector de la Universidad, Antonio Calvo, ha clausurado el acto académico con unas palabras de agradecimiento a los profesores por su labor docente e investigadora.

LECCIÓN MAGISTRAL DE JOSE LUIS PIÑAR

En caso de fraude, Los tribunales nacionales pueden descartar la apl cación del certificado de seguridad social de los trabajadores desplazados en la Unión Europea2018-02-08

Éste es el caso si la institución expedidora se abstiene de revisar de oficio el certificado en un plazo razonable a la luz de los elementos de fraude que se le comunican

En el marco de una inspección sobre el cumplimiento de la normativa de contratación del personal de una sociedad belga que opera en el sector de la construcción, la Inspección de Trabajo belga comprobó que dicha empresa apenas contaba con personal propio y subcontrataba todas sus contratas a empresas búlgaras, que desplazaban trabajadores a Bélgica. La contratación de estos trabajadores desplazados no se había declarado al organismo responsable en Bélgica del cobro de las cotizaciones sociales, ya que dichos trabajadores eran titulares de certificados E 101 o A1 expedidos por la institución búlgara competente, que acreditaban que estaban afiliados al sistema de seguridad social búlgaro. 1

Una investigación judicial llevada a cabo en Bulgaria en el marco de una comisión rogatoria ordenada por un juez de instrucción belga demostró que las empresas búlgaras no desarrollaban ninguna actividad significativa en Bulgaria. En consecuencia, las autoridades belgas remitieron a la institución búlgara competente una solicitud motivada de revisión de oficio o de retirada de los certificados controvertidos. En su respuesta, la institución remitió un listado de los certificados, sin tener en cuenta los hechos observados y declarados probados por las autoridades belgas.

Estas autoridades incoaron diligencias penales contra los responsables de la empresa belga. Mediante sentencia de 10 de septiembre de 2015, el Hof van beroep Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes, Bélgica) condenó a los interesados. Aunque dicho tribunal declaró que se habían expedido sendos certificados a los trabajadores desplazados, consideró no obstante que no estaba vinculado por estos hechos, ya que los mencionados certificados se habían obtenido de manera fraudulenta.

El Hof van Cassatie (Tribunal de Casación, Bélgica), que conoce del litigio, decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Desea saber si los tribunales del Estado miembro de acogida pueden anular o no tener en cuenta un certificado E 101 cuando los hechos sometidos a su apreciación le permiten declarar que este certificado ha sido obtenido o invocado de manera fraudulenta.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia, 2 según la cual el principio de cooperación leal exige que la institución expedidora proceda a una apreciación correcta de los hechos pertinentes y garantice la exactitud de las menciones que figuran en el certificado. Este principio implica también el de la confianza mutua: el certificado establece una presunción de conformidad a Derecho y, en principio, es vinculante para la institución competente del Estado miembro de acogida. Por ello, mientras no se retire o se declare la invalidez del certificado, la institución competente del Estado miembro de acogida debe tener en cuenta el hecho de que el trabajador desplazado ya está sometido a la legislación de seguridad social del Estado donde está establecida la empresa que lo emplea y, por consiguiente, esa institución no puede someter al trabajador en cuestión a su propio régimen de seguridad social.

Sin embargo, también se desprende del principio de cooperación leal que toda institución de un Estado miembro debe proceder a un examen diligente de la aplicación de su propio régimen de seguridad social. En consecuencia, la institución competente del Estado miembro que ha expedido el certificado debe volver a considerar la fundamentación de dicha expedición y, en su caso, retirar dicho certificado, cuando la institución competente del Estado miembro de acogida exprese dudas sobre la exactitud de los hechos que constituyen la base del certificado.

1 El certificado E 101 corresponde a un formulario tipo redactado por la Comisión Administrativa para la seguridad social de los Trabajadores migrantes, vinculada a la Comisión Europea. Desde el 1 de mayo de 2010, el certificado E 101 ha pasado a ser el documento portable A1, con arreglo a los Reglamentos (CE) n.os 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1), y 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento n.º 883/2004 (DO 2009, L 284, p. 1).

2 Sentencias de 26 de enero de 2006, Herbosch Kiere, C-2/05, y de 27 de abril de 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15.

El Tribunal de Justicia recuerda que en este marco debe respetarse el procedimiento que ha de seguirse para resolver las eventuales controversias entre las instituciones de los Estados miembros afectados sobre la validez o exactitud de un certificado (en particular, la consulta a la Comisión Administrativa).

Sin embargo, estas consideraciones no deben llevar a que los justiciables puedan alegar fraudulenta o abusivamente las normas de la Unión. Esto constituye un principio general del Derecho de la Unión.

De este modo, si la institución que expide el certificado se abstiene de llevar a cabo la revisión de oficio en un plazo razonable, los elementos que constituyen el fraude deben poder invocarse en un procedimiento judicial destinado a que el juez del Estado miembro de acogida no tenga en cuenta los certificados.

No obstante, el Tribunal de Justicia pone de manifiesto que las personas sospechosas, en un procedimiento de este tipo, de haber recurrido a trabajadores desplazados al amparo de certificados obtenidos de manera fraudulenta deben tener la posibilidad de refutar estas acusaciones, siempre que se respeten las garantías vinculadas al derecho a un proceso equitativo.

El Tribunal de Justicia concluye que, en el caso de autos, dado que, por un lado, la institución belga presentó ante su homóloga búlgara una solicitud de revisión de oficio de los certificados y de retirada de éstos a la luz de información obtenida en el marco de una investigación judicial que le permitió concluir que los mencionados certificados se obtuvieron o invocaron fraudulentamente y, por otro lado, la institución búlgara no tuvo en cuenta esa información, el juez nacional puede no tener en cuenta los mencionados certificados. También le incumbe determinar si las personas sospechosas de haber recurrido a trabajadores desplazados al amparo de certificados obtenidos de manera fraudulenta pueden incurrir en responsabilidad sobre la base del Derecho nacional aplicable.

¿Cuánto gana un abogado?2018-02-08
  • La categoría de Director experimenta una ligera subida, mientras que en el salario del resto de categorías se observa un moderado descenso
  • El año 2017 ha experimentado una bajada de salarios, generalizada, aunque  bastante moderada (en torno al 2,3%) con una única subida en la categoría de Director
  • Las Big Four continúan liderando el mercado en términos salariales mientras que  los despachos internacionales se reajustan al mercado

SIGNIUM, firma internacional de Executive Search y Leadership Advisory Services, ha presentado, en colaboración con el IE Law School, la XIII edición del Análisis comparativo de las retribuciones en los despachos de abogados en España.

El encuentro ha estado presidido por Ignacio Bao, Chairman of the Board de Signium, y Carlos de la Pedraja, Vice Decano & General Manager del IE Law School. Leticia de Laiglesia, Associate Principal de Signium, ha sido la encargada de presentar los resultados del estudio.

Según Ignacio Bao, “en 2017 se observa una ligera bajada de las retribuciones de todas las categorías de abogados con respecto a años anteriores. Sin embargo, el variable experimenta cambios significativos con subidas en las categorías más altas. También destacar cómo en los despachos nacionales, los salarios son más elevados durante los primeros cinco años de actividad laboral en comparación con los internacionales, mientras que éstos tienen las retribuciones mayores en los cinco años posteriores”.

Leticia de Laiglesia añade que “en términos generales, podemos afirmar que existe una tendencia continuista con respecto al ejercicio pasado con un cierto optimismo en algunas categorías”.

Principales conclusiones

  • Las Big Four continúan liderando el mercado en términos salariales mientras que los despachos internacionales se reajustan al mercado.
  • Por tercer año consecutivo el salario en la categoría de Director sigue aumentando frente al resto de categorías cuyos salarios decrecen ligeramente.
  • El 2017 ha tenido una bajada de salarios, generalizada, aunque bastante moderada (en torno al 2,3%) con una única subida en la categoría de Director, si bien no demasiado significativa. Dicha bajada se aprecia en la retribución fija, siendo especialmente acentuada en las categorías intermedias y altas (en torno al 3%).
  • En la retribución fija ha habido escasa variación. Sin embargo, los variables han experimentado cambios significativos con subidas en las categorías de Asociado y Director, siendo en esta última cercana al 4%.
  • Big Four: tras un 2016 de subidas en todas las categorías, se aprecia un aumento moderado siendo más significativo en el caso de los Directores.
  • Boutiques: tras el notable aumento experimentado en 2016 respecto al año anterior, en 2017 ha habido una estabilización generalizada con subidas moderadas, siendo la más acentuada la de los Directores. La excepción viene marcada en las boutiques por la categoría de los becarios, que tras varios años de ligero decremento, en 2017 ha experimentado un significativo aumento cercano al 17%.
  • La retribución de los Paralegals ha experimentado un aumento cercano al 9% frente al decremento cercano al 10% del año anterior. En todo caso, es una figura potenciada principalmente por los despachos internacionales, y que no termina de implantarse en nuestro país.
  • Con respecto a la retribución no dineraria, la tendencia en este ámbito, al igual que los años anteriores,  es  continuista  y  se  repiten  los  mismos  esquemas  de  beneficios.  Una  de  las principales tendencias es la inclusión de seguros de salud y la implementación de planes de retribución flexible. Las Big Four continúan siendo las más innovadoras y las que más beneficios no dinerarios ofrecen.

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Sobre el estudio

El documento recoge la situación actual del mercado en materia retributiva de los abogados que integran los principales despachos en España, analizando las bandas salariales de las diferentes categorías profesionales y comparándolos con estos mismos datos, de años anteriores.

Para realizar el estudio se han tenido en cuenta tanto los despachos nacionales e internacionales como las divisiones de Tax & Legal de las Big Four, con más de 50 profesionales. Así como las boutiques legales con entre 20 y 50 profesionales. Lo que supone analizar las retribuciones que afectan a más de 6.500 profesionales.

Los datos corresponden a la remuneración para las categorías de Becario, Junior, Asociado, Asociado Senior y Director.

El estudio recoge una vez más los resultados comparativos de la retribución dineraria pero también incluye elementos de la retribución no dineraria (tickets restaurante, cheques guardería, seguro médico, seguro de vida, móvil, clases de idiomas, parking, alquiler de vivienda, cuotas de gimnasio, formación…).

El Colegio de Abogados de Cantabria arranca con la tramitación de la nacionalidad de residencia2018-02-08
  • Los Colegio de Cantabria, Madrid y Las Palmas son los primeros en poner en marcha este proyecto, convirtiéndose en intermediarios en la gestión de este servicio, que ofrecen en colaboración con el Ministerio de Justicia

El Colegio de Abogados de Cantabria empezó el pasado jueves, 1 de febrero, a gestionar los trámites exigidos para la obtención de la nacionalidad por residencia de los ciudadanos representados a través de los profesionales adscritos a su institución. Se trata de un proyecto nuevo que se pone en marcha en Cantabria, junto con Madrid y Las Palmas, y es fruto de un convenio entre el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio de Justicia.

El Consejo General de la Abogacía Española ha desarrollado la plataforma necesaria para la presentación de la documentación obligatoria para la tramitación de los expedientes, que se cumplimentará por el letrado correspondiente y, a través del Colegio de Abogados cántabro, se enviará telemáticamente al Ministerio. Será el propio Ministerio el que responderá con la resolución definitiva.

Con al puesta en marcha de este proyecto, el Colegio de Abogados de Cantabria aumentan tanto los servicios que pueden ofrecer sus colegiados como los servicios a los propios ciudadanos, que en la mayoría de los casos encuentran numerosas travas a la hora de tramitar su nacionalidad.

USO logra una sentencia que refuerza el derecho a la reincorporación tras una excedencia2018-02-07

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha emitido una sentencia en la que se facilita el retorno al puesto de trabajo a una trabajadora de Semark Group, una vez concluido el periodo de excedencia, a consecuencia de la presentación de un recurso de suplicación por parte de nuestro sindicato, tras una primera demanda que desestimó las peticiones de la empleada. Para el TSJC, el derecho del retorno del trabajador en excedencia se sitúa por encima de los acuerdos adoptados en la negociación colectiva y es preferente a la existencia de contratación temporal o a tiempo parcial en la empresa.

El hecho juzgado es la negativa de la empresa de distribución Semark Group, propietaria de los supermercados Lupa, a la reincorporación de una trabajadora a jornada completa que había solicitado una excedencia voluntaria en el año 2014 y con fecha de reincorporación en enero de 2017. La dirección de la empresa denegó la petición de la trabajadora de incorporarse a su trabajo por “ausencia de puesto vacante”, algo muy común en este tipo de permisos y que suele dejar al trabajador con pocas opciones.

Tras varias peticiones, la empresa le ofreció a la trabajadora un puesto de media jornada en un comercio de nueva apertura en La Rioja, que fue rechazado. Finalmente, la empresa le ofrece otros puestos en establecimientos de Santander, también a media jornada, tras insistir en que no existen plazas vacantes en puestos de igual o similar categoría profesional. El asunto se traslada al Juzgado de lo Social nº 4 de Santander, que falla desestimando íntegramente la demanda de la trabajadora.

Tras estos hechos, se interpone recurso de suplicación al TSJC, que emite sentencia a través del ponente magistrado D. Ramón Gimeno Lahoz, que revoca la sentencia en primera instancia y falla el reingreso de la trabajadora en la empresa, tras constatarse que la empresa ha llevado a cabo contratos temporales de trabajo a jornada completa. El magistrado considera que la existencia de contrataciones temporales y/o a media jornada en la empresa evidencia “la existencia de necesidad de mano de obra permanente en la empresa” y que, frente a ello, “no cabe aceptar que los trabajadores temporales o a tiempo parcial tengan un derecho preferente frente a la demandante”. La sentencia afirma que la preferencia de la demandante “juega de forma decisiva ante la existencia de puestos de trabajo, por más que la transformación de empleo precario viniera impuesta por compromisos colectivos” (acordada en la negociación colectiva). El ponente se muestra duro con el comportamiento de la empresa y le subraya que el reingreso del trabajador “es una obligación empresarial que no puede ser desconocida por meros formulismos”. La sentencia concluye afirmando que “lo relevante no es el puesto de trabajo, sino la categoría, que debe ser igual o similar”.

Sentencia TSJC Excedencia Semark

El Tribunal Supremo confirma la inadmisibilidad del recurso de la Fundación Raíces contra el Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados2018-02-07

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la Fundación Raíces contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró inadmisible el recurso de esta recurrente contra la resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, de 13 de octubre de 2014, por la que se publicó el Acuerdo para la Aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados al entender que se trata de una instrucción interna contra la que no cabe recurso. Por este motivo, no entra a valorar el fondo del asunto planteado por la Fundación Raices.

Para el tribunal, “no cabe conferir al Protocolo aprobado el carácter de norma reglamentaria, sino de Instrucción interna y, por tanto, excluido del recurso directo pretendido por la recurrente, siendo procedente la declaración de inadmisibilidad declarada por el Tribunal de instancia”, lo que hace innecesario el examen del resto de los motivos del recurso.

La Sala concluye que la finalidad del Protocolo no es otra que “dar las instrucciones concretas a cada cuerpo funcionarial que está llamado a esa intervención, sin que su contenido exceda de ese mero cometido interno, y con la confesada finalidad de coordinar la intervención del personal administrativo que asume competencias en esta materia”. La imposibilidad de impugnación directa de la disposición general, precisa la Sala, no comporta, en ningún caso, que no puedan impugnarse en vía contencioso-administrativo los concretos actos de aplicación, incluso cuando estén fundados en dichas disposiciones internas, conforme autoriza, sin límite alguno, el artículo 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, con mayor claridad y amplitud, en su artículo 25.

El TSJ de la Comunidad Valenciana permite retirar la Cruz de Callosa de Segura y ordena al ayuntamiento conservarla hasta que haya sentencia firme2018-02-07

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado sendas resoluciones en la que da autorización al Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) para concluir los trabajos de retirada de la Cruz y pedestal ubicados en la Plaza de la Iglesia del municipio.

En sus resoluciones, el Alto Tribunal Valenciano levanta las medidas cautelarísimas acordadas, rechaza adoptar las medidas cautelares pedidas por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz e impone al Ayuntamiento la obligación de custodiar adecuadamente todos los elementos del monumento para “que sea perfectamente viable la reconstrucción del conjunto” si la Justicia, cuando resuelva el fondo del pleito, da la razón a entidad recurrente.

Los magistrados entienden que la retirada de la Cruz no produce daños irreparables; que no concurre el requisito legal de peligro en la mora procesal, ya que “no se está produciendo (por lo que se conoce), ni puede producirse, una destrucción del conjunto de los elementos que componen la Cruz, sino una deconstrucción, que debe hacerse con cuidado, para lo que requerimos especialmente a la Administración, no sólo en lo que se refiere al desmontaje, sino también su custodia; a fin de que, en el supuesto de que definitivamente triunfara la tesis de la entidad actora, pueda, a costa de la Corporación, reconstruirse”.

Será el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche, que tramita el recurso interpuesto por dicho colectivo contra el acuerdo del Pleno que desestimó una moción del PP del 13 de enero de 2017, el que deberá determinar las cuestiones de fondo: si la supresión de la Cruz vulnera o no el derecho a la libertad religiosa, si la Cruz es un símbolo religioso o un elemento de justificación de una dictadura y la relación que pueda existir entre la declaración de monumento histórico-artístico de la Iglesia Parroquial de San Martín y la llamada Cruz de los Caídos.

El grupo municipal popular pedía mantener la Cruz porque se habían realizado obras de remodelación y modificación del monumento, del que se habían eliminado placas y menciones conmemorativas y no creía aplicable la Ley de la Memoria Histórica. La moción fue rechazada por mayoría en el Pleno municipal. Ese acuerdo fue recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso de Elche, que lo tramita como un procedimiento especial de Derechos Fundamentales, por vulneración de la libertad religiosa.

La sentencia de dicho Juzgado podrá ser recurrida ante el TSJCV. Será en la sentencia firme que en su día se dicte cuando se determine definitivamente el destino de la Cruz.

La Sala rechaza la petición de la Plataforma Ciudadana para que la Cruz sea depositada en una nave cerrada y con vigilancia electrónica. Al Tribunal, “le parecen suficientes las prevenciones que de cuidado y custodia se han impuesto a la administración, mientras dura el proceso”, concluye el auto.

En su resolución, el TSJ reprocha al Ayuntamiento que comenzara los trabajos de retirada del conjunto objeto del litigio sin esperar dos días a que se celebrara la vista en la que había de resolverse sobre la petición de medidas cautelares, y que lo hiciera sin comunicarlo al Tribunal en los términos en que le había sido requerido el día 24, enviando un fax el viernes 26 “sin especificar temporalidad o momento concreto alguno para la operación de desmontaje”.

“No se entiende por qué la Administración, que había esperado dos años para proceder al desmontaje de la Cruz no puede esperar dos días, que eran los que quedaban para resolver la apelación”, subraya el auto.

La Sección Primera de lo Contencioso Administrativo recuerda que ya se había pronunciado, en sentencia firme, sobre la inexistencia de riesgo en la retirada del monumento, decisión que, según argumentan los jueces, no contradice la paralización de los trabajos por la vía de urgencia acordada la semana pasada porque el objeto de los procedimientos judiciales era distinto: aquel se centraba en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica; éste, en el principio de libertad religiosa.

A este respecto, subraya que aquella sentencia “constituye un antecedente, pero no un precedente determinante, porque el objeto del proceso en el que se dictó, aunque parecido, no es idéntico al que actualmente tenemos entre manos; tampoco lo son las partes; distintas en uno y otro caso. De manera que, entre aquel y este proceso, existe una fundamental diferencia; ya que en aquel, lo que se cuestionaba, desde la legalidad ordinaria, era la aplicación o no de la Ley de Memoria Histórica a la denominada Cruz de los Caídos de Callosa. Mientras que en este, lo que en principio se cuestiona, es si la supresión de la cruz atenta, contraría o vulnera el principio de libertad religiosa, porque se dice que, los signos que recordaban entonces al franquismo han sido actualmente eliminados”.

Voto particular

Las dos resoluciones del TSJCV notificadas hoy sobre la Cruz de Callosa cuentan con el voto particular de uno de los cinco magistrados, que defendía la necesidad de adoptar medidas cautelares por considerar que la retirada de la Cruz antes de que se resuelva el fondo del pleito puede causar daños morales irreparables. En este sentido, subraya el hecho de que en 2016 ya se eliminaron del monumento las placas que pudieran considerarse elementos de exaltación colectiva de la Guerra Civil.

“La situación preexistente consiste en la presencia de un monumento en el lugar durante setenta años, y que su desmantelamiento no se presenta socialmente pacífica y consensuada, sino fuente de conflictos, por lo que la ponderación de intereses en juego habría de conducir a la estimación del recurso, con revocación del auto y adopción de la medida cautelar”, apunta el magistrado discrepante en su voto particular.

Un juzgado obliga a readmitir a una mujer despedida por ausentarse para ir a un juicio por violencia de género2018-02-06

El Juzgado de lo Social número 33 de Madrid ha declarado nulo el despido de una mujer que se ausentó de su puesto de trabajo para acudir a un juicio como víctima de violencia de género, y obliga a la empresa a readmitirla en su puesto y a abonar la cantidad de 23.000 euros por los daños materiales y morales ocasionados.

Ante estos hechos cobra más sentido el nuevo servicio #NOSPREOCUPATUVIDA que CSIF junto a CEP y asociaciones de referencia en la lucha contra la violencia de género como ALMA, AIVIG, AMAR Y NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO, ha puesto en funcionamiento en los centros laborales.

¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género están siendo despedidas o tienen dificultades para poder ejercer sus derechos laborales y son revictimizadas?
¿Cuántas de ellas ni siquiera tienen la acreditación de victima porque no han cursado la denuncia?
¿Cuántas de ellas llegan a denunciar los hechos como en este caso se ha hecho?
Todas estas preguntas no tienen respuesta, no hay datos, no hay protección no hay ayuda.

CSIF, CEP, AIVIG, ALMA, AMAR Y NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO SUMAN SUS FUERZAS CONTRA ESTA INJUSTICIA Y OFRECEN A LAS VICTIMAS ESTE SERVICIO.

Reclamamos que el PACTO DE ESTADO se aplique, reclamamos que nuestros delegados y delegadas sindicales se reconozcan legalmente, como ya se ha hecho en la Administración Pública de la Región de Murcia, para que detecten, vigilen y acompañen a las víctimas y no se repitan casos como este.

CSIF pretende cubrir el vacío asistencial que existe en los centros de trabajo ante este tipo de situaciones, que expone aún más a la víctima a peligros innecesarios en colaboración con expertos de asociaciones con trayectoria en este ámbito como ALMA, AMAR, NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO O AIVIG.

Moncloa dota con 60 millones el servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior2018-02-06

El servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior ha recibido el visto bueno del Ejecutivo para ser contratado por un valor estimado de 60.237.549,60 euros.

El impulso a la contratación fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Según informó el Ejecutivo al término de la reunión de la mesa interministerial, el contrato se iniciará el 1 de mayo de 2018 o el día siguiente al de su formalización si fuese posterior, con una duración de un año y posibilidad de prórroga por un máximo de otro año.

Casi mil empleos en un total de 68 centros

Este contrato, al igual que el existente, afectará a todos los centros penitenciarios existentes, un total de 68, lo que supone más de novecientas personas empleadas cuyos cometidos, bajo el control y supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluirán tareas de vigilancia de los controles de acceso, impedir salidas no autorizadas, comunicación de las alarmas e incidencias, y manejo y observación de los sistemas técnicos de vigilancia. Al igual que el vigente, el nuevo contrato se divide en cinco lotes que agrupan a los centros penitenciarios conforme a su ubicación geográfica.

Aprobadas las servidumbres acústicas de cuatro aeropuertos

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó, mediante cuatro Reales Decretos, las servidumbres acústicas, mapa de ruido y plan de acción de los aeropuertos de Bilbao, Ibiza, Sevilla y Valencia. La servidumbre acústica se corresponde con las zonas en las cuáles se superan los objetivos de calidad acústica establecidos en la Ley del Ruido, de 2003.Tiene por objetivo principal enmarcar la aprobación de un plan de acción contra el ruido para tratar, por un lado, de reducirlo y, por otro, de minimizar sus efectos.

Además de los procesos de información pública a los que se han sometido los citados documentos, en la tramitación de los Reales Decretos aprobados "se ha prestado especial atención a una participación eficaz de todas las administraciones afectadas, especialmente los Ayuntamientos correspondientes y sus respectivas Comunidades Autónomas, con objeto de conseguir la mayor coordinación administrativa al respecto", informó el Gobierno.

La Audiencia de Castellón confirma el procesamiento de una médico por la muerte de un niño tras ir a urgencias2018-02-06
La Sala aprecia indicios de una atención negligente por no ordenar el ingreso del menor, de cuatro años, aquejado de neumonía y problemas respiratorios. El Tribunal confirma el auto que pone fin a la instrucción y deja la causa preparada para juicio

Autor

Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha confirmado el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Vila-real, que aprecia indicios para juzgar a una médico del Hospital de La Plana por la muerte de un niño de cuatro años al que atendió en el servicio de urgencias en diciembre de 2011.

La Sala rechaza la petición de archivo de la Fiscalía y del abogado de la doctora y confirma el auto de la instructora, que daba por concluida la investigación y dejaba la causa preparada para juicio.

La jueza de Vila-real aprecia indicios para juzgar a la investigada por una posible negligencia médica por no ordenar el ingreso del crío que, aquejado de una neumonía bacteriana, dificultad respiratoria y más de 39º de fiebre, falleció por asfixia.

Según la instructora la facultativa “no realizó más pruebas al menor, cuyo cuadro clínico reflejaba problemas respiratorios, ni solicitó la presencia de un especialista en pediatría, decidiendo no llevar a cabo el ingreso hospitalario del menor, ingreso que era procedente según el propio protocolo remitido por el Hospital de La Plana” de Vila-real.

En su auto, la Audiencia confirma el procesamiento de la médico de Urgencias y argumenta que “no puede descartarse a priori, tal y como pretende la parte apelante, la relación de causalidad entre la actuación de la doctora y el fallecimiento del menor, extremos que deberán serlo en el acto del juicio oral dada la existencia de indicios de una presunta negligencia médica por parte de la doctora investigada”.

La Sala confirma el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y emplaza a las partes para que presenten los escritos de acusación y digan si procede la apertura de juicio oral.

¿Cómo debe facturar un abogado o una firma de abogados un encargo profesional para ser rentable? ¿Cómo calcular el Umbral Mínimo de Rentabilidad (UMR) de un abogado o una firma?2018-02-05

Hubo un tiempo en que los abogados no hablaban de honorarios. Otros se encargaban de esa tarea. Quien operaba con la Justicia, no podía “ensuciarse” con el dinero. Eran los tiempos en que estaba prohibida la cuota Litis. También estaba prohibida la publicidad. No hace mucho de eso. Mucho menos de lo que pensáis.

Pero lo cierto es que hemos pasado al otro extremo.

¿Cuántos habéis sufrido que perdáis un encargo por precio? ¿Cuántos os habéis encontrado con abogados (o firmas) que llevan gratis un encargo profesional para captar el cliente, para ganar experiencia?

¿Recordais esta reciente noticia? ...

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/AENA-Enaire-Perez-Llorca-Uria_Menendez-Garrigues_Abogados-Cuatrecasas_0_718428199.html

¿Cómo sabemos cuándo una firma pierde dinero en una propuesta? ¿Cómo conocer en qué punto comienza nuestra rentabilidad positiva? ¿Dónde está el Umbral Mínimo de Rentabilidad de una firma de Abogados?

Comencemos distinguiendo: "Rentabilidad" no es lo mismo que "Umbral Mínimo de Rentabilidad". 

La "Rentabilidad" puede ser positiva o negativa. El UMR determina en qué punto la Rentabilidad comienza a ser positiva.

UMBRAL MÍNIMO DE RENTABILIDAD. (UMR)

El UMR hay que calcularlo partiendo de todos los gastos de un periodo. Pongamos 800K desde el (01/01) al (31/12).

Lo razonable es dividir el total de gastos por una cifra de horas que permita establecer el ratio/hora a partir del cual la firma de abogados no pierda dinero.

La pregunta es ¿por qué cifra hay que dividirlo?

PRIMERA PREGUNTA ¿Hay que incorporar (en el denominador) en el cálculo, las horas que "potencialmente" un socio es capaz de facturar a clientes en un periodo de tiempo?

La pregunta no es baladí, porque los socios "normalmente" no tienen salario y solo disfrutan de los beneficios. Y puede parecer paradójico que el cálculo del UMR,  el socio compute a efectos de la estimación de horas que es capaz de facturar, pero no compute en los gastos porque no tiene salario.

¿Por qué cifra hay que dividir los gastos totales? ¿Por todas las horas potencialmente facturables? ¿o por todas las horas, incluidas las no facturables?

Sin duda alguna, es necesario  - para conocer el UMR -  incorporar las horas de los socios, pese a que éstos, no generen costes salariales.

Un abogado trabaja (razonablemente) 8 horas al día, 200 días al año. Si, si, ya se que los estáis leyendo esto, estáis convencidos de trabajar 24X365, pero seamos serios, poned los pies en la tierra: Estamos hablando de dinero, no de lo que os duele la abogacía.

En el numerador hay que poner la cifra de gastos. Y en el denominador, las horas totales de cada trabajador, incluyendo las que un socio es capaz de trabajar.

Y ahora vamos con la segunda pregunta:

¿Debemos tener en cuenta todas las horas que trabaje cada trabajador (aprox 1600 horas: 200 días/año X 8 horas/día? ¿O solo las horas potencialmente facturables a clientes?

Es posible que la pregunta sea, a priori, difícil de entender. Y quizás la mejor forma de buscar la respuesta a esta pregunta es partir del contraste de dos ejemplos extremos:

Ejemplo 1:

Imaginad que tenemos una plantilla de 20 personas. 1 abogado y 19 administrativos. Y que los gastos anuales son 800K. ¿Es razonable pensar que el UMR sale de dividir el total de gastos por el número de horas total de la plantilla (20 empleados X 8 horas X 200 días laborables) 32.000 horas? ¿800K/32K? ¿25 euros/hora?

Ejemplo 2:

Ahora imaginad que la composición de la plantilla fuera 19 abogados y 1 administrativo?

¿El UMR es idéntico? Teóricamente sí. A partir de 25 euros/hora, teóricamente, se ganaría dinero.

¿Cómo es posible?

El UMR es idéntico, si, pero falta otro factor a considerar. Para saber si una propuesta de honorarios es rentable, o no, deben cumplirse dos requisitos:

(1) Que sea superior al UMR de la firma

(2) Que se consigan facturar, en un año, horas suficientes para cubrir los gastos.

Conclusión:

(1) El UMR sería 25 euros/hora, pero lo cierto es que el UMR por si solo no es un ratio suficiente. Pues la cifra del UMR es efectivamente 25 euros/hora, pero solo si los RRHH que tengo disponibles en la firma, me permiten alcanzar la facturación mínima.

(2) Tenemos por tanto que enlazar esa magnitud con el número de horas necesarios para cubrir costes.

El TSJ de Canarias reconoce el derecho de los jubilados de una empresa de aguas al suministro gratuito2018-02-05
Canal Gestión de Lanzarote negaba el beneficio a cuatro extrabajadores de Inalsa

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Las palmas ha restituido el derecho de cuatro jubilados de la antigua empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) a que la empresa que se subrogó en el servicio, Canal de Gestión Lanzarote S.A.U., les reconozca la antigua “indemnización a la constancia del trabajo” que les suponía un suministro gratuito para uso doméstico de 15 metros cúbicos de agua mensuales, “para el trabajador y los que convivan en su domicilio”.

Cuatro jubilados de Inalsa que habían trabajado para la empresa entre 20 y 28 años vieron como, cuando Canal Gestión asumió la gestión de la empresa en 2013, “depuraba” la base de datos facilitada por Inalsa y daba de baja 2.000 contadores de clientes -entre ellos los suyos- a los que se les estaba suministrando servicio de agua sin que abonaran cuotas.

Los empleados retirados acudieron a la Justicia reclamando la reposición de un derecho que figuraba en su convenio, y en 2017 el Juzgado de lo Social número 3 de Arreicfe desestimó la demanda.

Los afectados recurrieron en suplicación ante la Sala, que ahora ha revocado el fallo de instancia y ha restituido en su derecho a los jubilados.

El fallo no sólo estima el recurso, sino que obliga a la empresa a reintegrar a los demandante lo abonado a partir de junio/julio de 2015 en concepto de consumo de agua que no exceda del top de 15 metros cúbicos de agua al mes.

La sentencia del TSJC es susceptible de recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo confirma la anulación del decreto vasco que establecía una jornada de trabajo de 35 horas semanales para los funcionarios2018-02-05
El Supremo rechaza el recurso interpuesto por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco contra dicha sentencia del TSJ del País Vasco

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 20 de diciembre de 2016, que anuló el Decreto autonómico que establecía una jornada de trabajo efectivo de 35 horas semanales para los funcionarios de dicha comunidad.

El Supremo rechaza el recurso interpuesto por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco contra dicha sentencia del TSJ del País Vasco.

El alto tribunal declara que “las Administraciones públicas, como es el caso de la Administración autonómica de la Comunidad Autónoma de Euskadi aquí recurrente, al establecer una jornada de trabajo anual para los empleados públicos a su servicio, deben respetar los límites establecidos en la disposición final septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que está vigente”. Dicha disposición establece una jornada semanal para el citado personal de 37 horas y media.

El Decreto anulado fue dictado el 2 de febrero de 2016 por el Departamento de Administración Pública y Justicia, y establecía la jornada de trabajo anual para el año 2016 para el Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Fue recurrido por el abogado del Estado, a quien el TSJ vasco estimó el recurso, por lo que anuló la disposición.

Un juzgado de Madrid ordena a un empresario a readmitir a una empleada despedida por razón de sexo2018-02-02

El juzgado de lo Social nº 33 de Madrid ha dado la razón a una mujer, víctima de violencia de género fuera del trabajo, al declarar nulo su despido por resultar discriminatorio por razón de sexo. El juez condena al empresario a readmitirla en el puesto de trabajo, a abonarle los salarios devengados hasta que la readmisión tenga lugar y a indemnizarla tanto por los daños materiales como morales en una cantidad próxima a los 23.000 euros.

La sentencia establece que la empresa que contrató a la mujer decidió despedirla sólo unos días después de que ésta le comunicara que debía ausentarse del trabajo para desplazarse a Palma de Mallorca –donde la empleada tiene su residencia habitual-, para asistir como perjudicada a un juicio en un juzgado de Violencia sobre la Mujer por un delito leve de injurias de género. Tras ganar ese juicio, recibió la carta de despido en la que la empresa alegaba para poner fin a la relación contractual una “disminución en el rendimiento”.

La resolución aclara que en este caso nos encontramos ante una decisión empresarial que vulnera el derecho fundamental de la demandante “a no ser discriminada por razón de sexo”. “Aunque es obvio –dice la sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid-, que en este caso el agresor no es el empresario ni los episodios de violencia tienen relación alguna con el trabajo, éste sí es responsable de haber despedido a la demandante por su condición de víctima, en lo que constituye un acto discriminatorio ya que no sólo nada justifica tal conducta, sino que, al igual que ocurre con el embarazo, sólo la mujer puede ser víctima de este tipo específico de violencia, de modo que la discriminación se produce precisamente porque se trata desfavorablemente a quien presenta una seña identitaria propia indisolublemente unida a su condición de mujer”.

El juez señala que para analizar el caso que nos ocupa no sólo deben tenerse en cuenta las medidas de acción positiva adoptadas por el legislador con la finalidad de armonizar los requerimientos de la vida laboral y la situación personal de la víctima -establecidas en definitiva en defensa del ejercicio de determinados derechos laborales por parte de colectivos precisados de especial atención-, sino si la decisión empresarial de extinguir el contrato de trabajo constituye una conducta directamente discriminatoria por razón de sexo.

Pues bien, el juez sentencia que en el presente caso hay “indicios sólidos de los que se infiere la sospecha de que la decisión empresarial que aquí se juzga, el despido de la demandante, ha podido constituir una reacción a su situación personal basada en prejuicios de que tal situación personal podría afectar a su futuro rendimiento en el trabajo, ocasionaría ausencias y podría incluso dar lugar a que la actora reclamase alguna de las diversas medidas que en orden a aliviar a la mujer víctima de violencia se diseñaron por el legislador, tales como la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica o el cambio de centro de trabajo”, entre otras.

“La ausencia de argumentos razonables para adoptar el despido –que se le comunicó con una “carta vacía” en la que no figura hecho alguno, sino la mera transcripción del incumplimiento contractual imputado-, como reacción inmediata a la actualización de la problemática de violencia sufrida por la demandante, conducen a la conclusión auspiciada por el art. 181.2 LRJS de que esta medida constituye discriminación por razón de sexo y por ello un atentado a los derechos fundamentales, derechos éstos de obligado cumplimiento entre particulares y cuya protección se encomienda a los jueces con sus decisiones”, concluye la sentencia.

El Juzgado absuelve a un naturópata acusado de homicidio e intrusismo por la muerte de un enfermo de leucemia al que trató2018-02-02

El Juzgado de lo Penal número 10 de Valencia ha absuelto a un naturópata juzgado por la muerte de un joven enfermo de leucemia, que abandonó el tratamiento de quimioterapia que estaba recibiendo en la sanidad pública.

El magistrado considera probado que el "acusado le indicó determinadas pautas alimenticias a seguir y le aconsejó tomar determinados complementos alimenticios para fortalecer su organismo frente a la enfermedad y el tratamiento con quimioterapia al que iba a ser sometido, aconsejándole, no obstante, que no dejara dicho tratamiento así como que indicara a los médicos que le atendían en el Hospital Arnau de Villanova los productos o complementos alimenticios que le había recomendado, por si pudieran tener algún tipo de contraindicación con el indicado tratamiento".

El fiscal solicitaba un año y medio de prisión por un delito de intrusismo. La acusación particular, ejercida por el padre del fallecido, le imputaba también un delito de homicidio imprudente y elevaba su petición de condena a seis años de cárcel. El juez no considera probado que el fallecido abandonara el tratamiento de quimioterapia por indicación del naturópata.

La Junta de Gobierno del Colegio de Madrid traslada al ministro Rafael Catalá sus propuestas de mejora de la Administración de Justicia2018-02-02

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, encabezada por el decano José María Alonso, ha transmitido hoy al ministro de Justicia, Rafael Catalá, algunas de las principales cuestiones que preocupan a la abogacía madrileña. En el transcurso de la visita institucional que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Justicia, el decano ha trasladado al ministro una serie de propuestas para contribuir de manera conjunta a la mejora de la Administración de Justicia a corto y largo plazo.

Entre las demandas más urgentes trasladadas por la Junta se encuentra la renovación del convenio por el que se regulan los pagos de los letrados del procedimiento Gürtel. Además, en esta primera toma de contacto se han tratado con el ministro cuestiones legislativas, como la proposición y creación de un cauce de alegaciones para la posible reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como para la posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el papel de la abogacía como “parte activa” del proceso.

En línea con el Consejo General de la Abogacía Española y otras Corporaciones, el Colegio se adhiere y tiene intención de participar en cuestiones relacionadas con la aprobación, por parte del Ministerio de Justicia, del Estatuto General de la Abogacía; el impulso de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa; la Ley de Colegios Profesionales; y la reforma de la Ley de Acceso, Procura y Abogacía.

En cuanto a las gestiones procesales, se ha puesto en conocimiento del ministro la demanda de un buzón único con la Administración, así como la revisión del criterio de condena en costas.

En la agenda de la reunión figuraban, además, asuntos como LexNET y la necesidad de mejora en la carga/descarga, envíos y notificaciones de escritos a través de la plataforma, así como la imperante necesidad de revisar y actualizar los baremos del Turno de Oficio.

Acuerdos bilaterales y comisiones de trabajo

Por otra parte, la Junta ha trasladado su deseo de crear un acuerdo que habilite al Colegio a través de Instituciones Penitenciarias para la acreditación y entrada de abogados en prácticas a los Centros Penitenciarios.

Asimismo, se ha solicitado al ministro la presencia del Colegio en alguna de sus Comisiones de Trabajo, como la de Tecnología.

En la reunión con la Junta de Gobierno también han estado presentes la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado; y la  asesora del Gabinete del Ministro, Loreto Bacariza.

¿Puede solicitar el comprador la nulidad de una cláusula suelo si se ha subrogado en un préstamo promotor? 2018-02-01

El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a dictar sentencia a favor de los consumidores en materia de cláusulas suelo, incluso en casos de subrogaciones en préstamos de promotoras por falta de información precontractual por parte de la entidad financiera.


“Esto afecta a quien se ha subrogado, es decir, ha efectuado un cambio en la persona del deudor o del acreedor. La subrogación de la persona del deudor ocurre, en la mayoría de los casos, cuando compramos una vivienda que ya tiene constituida una hipoteca por una promotora inmobiliaria o por su anterior propietario. En estos casos el comprador se subroga en la posición de la promotora o del anterior propietario y asume parte del pago de dicho préstamo”, explica Lucía Gómez Barba, abogada del despacho de abogados y economistas Sanahuja Miranda.


Estas situaciones son de lo más frecuente, como también lo es el hecho de que dicho préstamo hipotecario tenga incluido entre su clausulado un tipo mínimo de interés o, lo que es lo mismo, la famosa cláusula suelo.


“Hasta ahora, lo que alegaban las entidades financieras era que correspondía a la promotora o al anterior propietario informar al comprador de la existencia de dicha cláusula, por lo que eludían todo tipo de responsabilidad al respecto”, explica Gómez Barba.


Sin embargo, el Alto Tribunal ha revocado dichas alegaciones en su Sentencia nº 643/2017, rec. 514/2015, de 24 de noviembre de 2017 (Sala 1ª), según la cual “el hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que este se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato. Una parte considerable de las compras de vivienda en construcción o recién construida se financia mediante la subrogación del comprador en el préstamo hipotecario concedido al promotor, con modificación, en su caso, de algunas de sus condiciones. Si se eximiera a la entidad financiera de esa exigencia de suministrar la información necesaria para asegurar la transparencia de las cláusulas que regulan el objeto principal del contrato, se privaría de eficacia la garantía que para el cumplimiento de los fines de la Directiva 93/13/CEE (EDL 1993/15910) y la legislación nacional que la desarrolla supone el control de transparencia.”

“Una vez más se exige a las entidades financieras una información clara y transparente al consumidor a la hora de contratar un préstamo hipotecario”, explica -categórica- Gómez Barba.


Asimismo, el Tribunal Supremo dictó Sentencia nº 649/2017, rec. 683/2015, de 29 de noviembre de 2017 (Sala 1ª), en la que se aclara que “el sujeto que predispone no necesariamente será el sujeto denominado legalmente como predisponente en la relación contractual, sino que lo será quien incorpore cláusulas predispuestas al contrato. Si la ley exigiera que, para poder aplicar la normativa protectora, el predisponente debiera ser el autor material del contenido contractual, a éste le sería fácil eludir el régimen legal de condiciones generales mediante el encargo de la redacción a un tercero”.


En los casos de subrogación, ha sido la entidad financiera quien predispuso la cláusula suelo, en tanto que el elemento de la imposición supone, simplemente, que las condiciones generales pasan a formar parte del contrato a iniciativa de la propia entidad, correspondiendo a ésta cumplir su obligación de información clara y transparente al prestatario, es decir, el comprador debe de disponer de toda la información sobre la mesa antes de firmar un préstamo hipotecario.

Y es que, en atención a los fines de la Directiva 93/13/CEE, de la que se hace eco el Tribunal Supremo en ambos pronunciamientos, reviste de una gran importancia para todo consumidor disponer de toda la información sobre las condiciones contractuales antes de la firma del propio contrato. Debe ser el propio consumidor quien decida si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por la entidad financiera, aunque hubieran sido firmadas en un primer momento con la promotora.


En este contexto, la abogada Gómez Barba indica que “si existían temores a la hora de reclamar la eliminación de una cláusula suelo de un préstamo hipotecario y la devolución de las cantidades pagadas de más como consecuencia de su aplicación, el Tribunal Supremo se ha ocupado de aclarar dichas dudas, siendo por lo tanto perfectamente viable la interposición de demanda judicial aunque te hayas subrogado en un préstamo hipotecario firmado inicialmente por una promotora inmobiliaria”.

La Abogacía Catalana también impugnará el nuevo Plan sobre los juzgados únicos por cláusulas suelo2018-02-01
  • El pasado mes de mayo ya recurrió ante el Tribunal Supremo el acuerdo del CGPJ de centralizar en un único juzgado provincial estas demandas
  •  El nuevo Plan del CGPJ incrementa el número de jueces que se dedicaran a estos asuntos, pero continúa obligando al ciudadano a desplazarse
  • En Catalunya, los cuatro juzgados especializados en la materia recibieron 18.474 demandas por cláusulas abusivas entre junio y diciembre de 2017, con una media de 140 diarias
  • La Abogacía Catalana ya advirtió del colapso que se produciría centralizando en un único juzgado provincial estos asuntos

El pleno del Consell de l’Advocacia Catalana, que representa los catorce Colegios de Abogados de Catalunya, ha aprobado este lunes 29 de enero por unanimidad impugnar también el nuevo Plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los juzgados únicos provinciales para resolver las demandas por cláusulas suelo y otros reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas. El pasado mes de mayo el Consell ya recurrió ante el Tribunal Supremo el acuerdo del CGPJ de centralizar en un único juzgado por provincia estos asuntos, alertando del colapso que ello
provocaría. Ahora impugnará también el nuevo Plan aprobado por el CGPJ el pasado mes de diciembre, que, ante el colapso, incrementa el número de jueces dedicados a resolver estos asuntos, pero prevé que continúen centralizados en sólo cuatro juzgados provinciales -en el caso de Catalunya el Juzgado de Primera Instancia número 50 Barcelona, el Juzgado de Primera
Instancia número 8 de Tarragona, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lleida y el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Girona- circunstancia que obligará a muchos ciudadanos a desplazarse para defender sus derechos
ante los tribunales.

El nuevo Plan sustituye al que el CGPJ aprobó el pasado mes de mayo de 2017, que consistió en la especialización de un total de 54 juzgados de primera instancia en todo el Estado Español –uno por provincia – que se pusieron en marcha el 1 de
junio y que desde entonces tramitan todos los asuntos referidos a cláusulas suelo y otras reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas. Transcurridos siete meses, y ante la situación de colapso de estos
juzgados, el CGPJ aprobó, a finales de diciembre del 2017, un nuevo Plan para reforzar, a partir del 1 de enero de 2018, el número de jueces dedicados a resolver estos asuntos, que continuarán centralizados en las capitales de cada provincia. La
Abogacía Catalana argumenta que este nuevo Plan perjudica los intereses de los afectados porque dificulta el acceso a la justicia del ciudadano, que deberá desplazarse y destinar unos recursos económicos y de tiempo a la hora de reclamar
sus derechos, circunstancia que puede generar un efecto disuasorio.

MÁS DE 18.000 DEMANDAS PRESENTADAS EN SÓLO SEIS MESES EN CATALUÑA

La Abogacía Catalana ya alertó desde el primer momento del colapso que se produciría concentrando en un único juzgado provincial los litigios derivados de las cláusulas suelo. Entre junio y diciembre de 2017 se presentaron un total 18.474
demandas en los 4 juzgados catalanes especializados en la materia, de las que 14.601 corresponden al único juzgado especializado de Barcelona. En Girona se presentaron 1.397, en Tarragona 1.816 y en Lleida 660. Teniendo en cuenta que el
mes de agosto es inhábil, esto supone una media de 3.079 demandas al mes y 140 demandas diarias presentadas por estos asuntos a los cuatro juzgados provinciales catalanes entre junio y diciembre de 2017, un ritmo que sigue igual durante las
primeras semanas del 2018.

Datos correspondientes al periodo junio a diciembre 2017:

Para el Consell de l’Advocacia Catalana, estos datos ponen en evidencia el colapso que están sufriendo estos juzgados únicos, colapso que se hubiera podido evitar repartiendo estos asuntos entre los juzgados de primera instancia de todos los
partidos judiciales. El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Julio J. Naveira, considera que “hay que respetar el principio esencial de proximidad de la justicia al ciudadano para que todos puedan ejercitar las acciones judiciales allí
donde le corresponda por razón de su domicilio”. Para Naveira “bajo la excusa de una pretendida especialización están perjudicando gravemente los intereses de los afectados, ya que el colapso judicial está retrasando mucho la resolución de estos juicios”. El presidente de los abogados catalanes se muestra convencido de que “si estos asuntos se repartieran entre todos los juzgados de los diferentes partidos judiciales, se dictarían muchas más resoluciones”

¿Puede aplicarse la tarifa plana por creación de empleo indefinido a los trabajadores subrogados de la empresa saliente a la empresa entrante, en el marco de una sucesión de empresas?2018-02-01

El Tribunal Supremo conoce de un recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJ del País Vasco, que conoce del recurso interpuesto por una empresa a la que, mediante Resolución de la Dirección Provincial de la TGSS de Vizcaya, se le deniega la bonificación establecida en la Ley 3/2014 (comúnmente denominada “Tarifa plana”) para los trabajadores que han sido subrogados en el marco de una sucesión de empresas.

Supuesto de hecho:

  • El 1 de enero de 2015 la empresa Garbialdi, S.A. dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 85 nuevos trabajadores con contrato indefinido.
  • El alta estuvo precedida de la correspondiente baja en la Seguridad Social en las empresas empleadoras a las que estaban adscritos, denominadas "Servicios Auxiliares de mantenimiento y limpieza, S.L" e "ISS Soluciones de limpieza Direct S.A ", tratándose de trabajadores subrogados.
  • Por Resolución de 27 de enero de 2015, la Dirección Provincial de Vizcaya-Bizkaia de la Tesorería General de la Seguridad Social,  denegó la solicitud de la empresa Garbialdi, de aplicación de la "tarifa plana" del Real Decreto Ley 3/2014. Dicha Resolución fue confirmada en alzada el 17 de marzo siguiente.
  • Contra la citada Resolución, interpuso la empresa recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que desestimó las pretensiones de la empresa.
  • Finalmente, se interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo que dice sobre la aplicación de la bonificación prevista en la Ley 3/2014 a supuestos como el analizado.

Consideraciones jurídicas:

  • El Tribunal Supremo considera que existe interés casacional en el recurso planteado, exponiendo que debe dar respuesta a dos cuestiones relativas a la aplicación de la bonificación prevista en el Real Decreto Ley 3/2014.
  • Primero, entiende que debe resolver si resulta de aplicación la reducción en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida, conocida comúnmente como "tarifa plana", en los casos en los que la contratación indefinida efectuada se refiera a trabajadores que ya estaban contratados con ese mismo carácter indefinido en compañías de las que la empresa interesada es sucesora.
  • En segundo lugar, señala que debe aclarar si, por el contrario, a los supuestos de subrogación empresarial les afecta la exclusión contenida en la letra f) del apartado 3 del artículo único del Real Decreto-ley 3/2014: "3. Las reducciones previstas en este artículo no se aplicarán en los siguientes supuestos: (...) f) Contratación de trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido".
  • Para resolver la primera cuestión, el TS parte de la redacción propia del RDL 3/2014 determinando que el artículo analizado exige para la aplicación de la bonificación, primero, que se celebren contratos indefinidos que supongan un incremento del nivel de empleo indefinido y, segundo, que dichos contratos indefinidos supongan un incremento del nivel de empleo total de la empresa.
  • En este sentido, el Tribunal entiende que en los casos como el presente, en los que la contratación indefinida efectuada se refiera a trabajadores que ya estaban contratados con el mismo carácter indefinido en compañías salientes, de las que la empresa entrante asume los contratos por mandato del convenio colectivo del sector, no existe incremento del nivel de empleo indefinido, por lo que no puede entenderse que les sea de aplicación la bonificación por "tarifa plana".
  • Aunque la respuesta a la primera de las cuestiones planteadas es suficiente para desestimar el recurso, el Supremo entiende que debe responder también a la segunda cuestión que se le plantea, y establece que la empresa entrante que se subroga en los contratos es distinta,  autónoma e independiente a las empresas subrogadas, lo que excluye la aplicabilidad directa del apartado 3 f) a este caso.
  • Por todo ello, la Sala concluye, por un lado, que la reducción en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida prevista en el Real Decreto-ley 3/2014, conocida como "tarifa plana", no es aplicable en los casos en los que no hay creación de empleo indefinido neto, porque la contratación indefinida efectuada en el marco de una sucesión de empresas, afecta a trabajadores que ya estaban contratados con el mismo carácter indefinido en empresas de las que el empleador interesado es sucesor. Por otro, el Supremo considera que la exclusión del apartado 3 letra f) del artículo único del Real Decreto-ley 3/2014, no es aplicable tampoco en los supuestos de sucesión de empresa.

Conclusión Lex@:

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la empresa y determina que no es aplicable la bonificación del RDL 3/2014 (la "Tarifa plana") a los supuestos en que se produce una subrogación de la plantilla en la que los trabajadores indefinidos de la empresa saliente, subrogados con el mismo carácter indefinido por la empresa sucesora, ya que no se cumple el requisito de carácter general de creación de empleo indefinido.

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El Tribunal Supremo reconoce el derecho de dos viudas de un soldado marroquí polígamo en el Sáhara a compartir la pensión de viudedad2018-01-31

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido el derecho a cobrar la pensión de viudedad a las dos esposas de un ciudadano marroquí polígamo que sirvió para el ejército español en el Sáhara y que percibía una paga con cargo al Estado español. La pensión, que sí tenía reconocida la primera mujer, se distribuirá a partes iguales entre las dos viudas.  El tribunal estima el recurso de casación presentado por la segunda esposa del fallecido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la resolución administrativa que le había denegado el derecho a cobrar la citada pensión.

La Sala Tercera no cuestiona su propia doctrina que fijó que la poligamia es contraria al orden público español, pero precisa que este criterio no puede aplicarse a este caso concreto porque es el propio Estado español el que, como sujeto de derecho internacional  y a pesar de la proscripción del matrimonio polígamo en nuestro ordenamiento jurídico, admite un determinado efecto a dicho matrimonio en el artículo 23 del Convenio de Seguridad Social firmado entre España y Marruecos el 8 de noviembre de 1979.  Ese artículo dispone que “la pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuida, en su caso, por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la legislación marroquí, beneficiarias de dicha prestación”.

La Sala señala que ese artículo, por la posición jerárquica que tiene en nuestro ordenamiento jurídico y por el reconocimiento que le otorga el artículo 96 de la Constitución española, “permite que por vía interpretativa” se pueda ampliar o extender la condición de beneficiarias en el régimen de clases pasivas del Estado a todas las esposas que estuvieran simultáneamente casadas, en una situación de poligamia, con el fallecido, que percibía una pensión con cargo al Estado español, y que fuesen beneficiarias de la misma según la legislación marroquí.

Por ello, el tribunal concluye que la situación de poligamia del fallecido “no impide, por razones de orden público, el reconocimiento del derecho a una pensión de viudedad  a favor de todas las esposas que, de acuerdo con su ley personal, estuvieran simultáneamente casadas con el causante perceptor de una pensión con cargo al Estado español”. Para calcular el importe que corresponde a cada una de las esposas, el tribunal se basa en ese mismo artículo -23 del citado Convenio- que acuerda que la única pensión de viudedad que se reconozca se dividirá por partes iguales entre las beneficiarias de acuerdo con la legislación marroquí.

Voto particular

La sentencia incluye un voto particular firmado por los magistrados José Luis Requero y Jorge Rodríguez-Zapata en el que expresan sus discrepancias con la interpretación que la mayoría realiza del Convenio  de Seguridad Social firmado entre España y Marruecos. En la misma línea que el abogado del Estado, que se opuso a la concesión de la pensión por ser la poligamia contraria al orden público, los magistrados defienden una aplicación restrictiva de dicho Convenio “pues lo contrario implica reconocer un derecho para quien ha estado unido matrimonialmente no ya bajo una forma matrimonial no reconocida en España, sino que se asienta sobre una base constitutiva de delito por ser contrario al sistema de valores que protege el ordenamiento español”.

Añaden que la situación social de España cuando se firmó el Convenio es muy distinta a la situación actual y señala que hoy día son varios millones las personas, que proceden de países de religión musulmana,  que viven legalmente en España. “Es necesario posibilitar su integración, lo que es compatible con la idea de que su acogida en España no debe implicar la renuncia a sus costumbres ni a su religión, pero dentro de los límites que marca nuestra cultura y nuestro sistema de valores, lo que tiene su reflejo en el orden público constitucional que protege la dignidad de la mujer”, subrayan los magistrados en su voto.

Caja España colocó una indemnización por despido en preferentes sin la debida transparencia2018-01-31
  • La Audiencia Provincial de Barcelona confirma la nulidad de la colocación
  • “Las meras declaraciones genéricas y vagas y estereotipadas recogidas al breve documento de compra no son suficientes”
  • La Audiencia considera además que existe una “evidente asimetría informativa” entre el banco y los clientes, un matrimonio con estudios primarios.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la nulidad de unas preferentes colocadas por Caja España (hoy banco Ceiss) a un matrimonio con estudios de primaria básica. “El dinero invertido era la indemnización por despido del marido, lo que hace más sangrante la situación”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.

La Audiencia confirma el fallo del juzgado de Badalona (Barcelona) de 21 de diciembre de 2015 y obliga a la entidad a devolver el dinero invertido menos los intereses abonados más el interés legal del dinero. Recuerda que las preferentes son un producto complejo puesto que el capital no estaba asegurado. A pesar de ello -señala la sentencia- “se ofertaron como buena inversión, ignorando su verdadera naturaleza”.

La sentencia recuerda que el banco tenía obligación legal de comportarse de manera diligente y transparente en interés exclusivo de sus clientes. Recuerda también su obligación de ofrecer una información “clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo” de manera que el cliente conociera con precisión los efectos de lo que contrataba.

Afea además que no se realizaran “orientaciones y advertencias de los riesgos” y que no se informaran sobre los riesgos conexos, la volatilidad del precio o la posibilidad de compromisos financieros u otras obligaciones adicionales. “No se informó de nada; al revés, se les colocó las preferentes como si fueran depósitos a tipo fijo bien remunerados”, lamenta Navas.

El fallo asegura también que “no cabe duda de que se llevó a cabo un asesoramiento personalizado” al tratarse de una “recomendación personalizada”. Por lo tanto, habría que haberles practicado el test de idoneidad que examina no sólo el conocimiento y la experiencia financieras del cliente sino también su perfil de riesgo y sus objetivos de inversión. “Nada de esto se hizo, aunque el banco sí sabía que eran clientes minoristas, sin antecedes de preferentes o productos de riesgo y con estudios primarios; aun así, les colocaron las preferentes sabiendo que ponían en riesgo el dinero de la indemnización del despido”, lamenta el socio-director de navascsi.com.

Caja España trata de defenderse alegando que los clientes firmaron un documento en el que reconocían el riesgo de la operación. La sentencia recuerda la sentencia del Supremo de 18 de abril de 2013 en la que señala que las menciones generales o fórmulas predispuestas “carecen de valor si no ha existido un conocimiento real”. Considera que existe una evidente “asimetría informativa” que no puede suplirse con un contrato de custodia o administración. “Desde luego, las meras declaraciones genéricas y vagas y estereotipadas recogidas al final del breve documento de compra no son suficientes”, concluye.

Así que la audiencia Provincial de Barcelona confirmó el pasado 15 de enero la nulidad de la colocación condenando a la entidad a las costas judiciales. “Un reproche judicial firme ante una mala praxis y un comportamiento poco ético; la justicia es lenta, pero inexorable”, concluye satisfecho el socio-director de navascusi.com.

Las respuestas jurídicas a la desregulación laboral tienen que tener en cuenta las nuevas tecnologías2018-01-31

El sindicato CCOO, a través del Servicio Jurídico Regional, ha llevado a cabo una Jornada en Segovia sobre ‘Respuestas jurídicas a la desregulación laboral’. En el transcurso del acto se habló de la dificultad de integrar en nuestro ordenamiento jurídico nuevas formas de trabajo propiciadas por el desarrollo de la tecnología y de las relaciones laborales en un mundo globalizado y muy cambiante.

La jornada reunió a expertos en legislación y en nuevas formas de organización del trabajo para estudiar cómo modificar nuestra legislación a situaciones nuevas como la existencia de falsos autónomos, las plataformas digitales de trabajo, las modalidades de empleo a disposición, la contratación parcial y temporal y otros muchos fenómenos surgidos al calor del desarrollo tecnológico y que no tienen un reflejo real en nuestras normas jurídicas. Incluso se planteó la dificultad de la regulación, al menos de carácter nacional, sobre determinadas prácticas laborales que empiezan a ser frecuentes en nuestros días, pero que no se adaptan a los modelos jurídicos y administrativos de antes de la llamada “cuarta revolución industrial”.

La inauguración de la Jornada corrió a cargo de Vicente Andrés Granado, secretario general de CCOO de Castilla y León y de Francisca Gómez Sánchez, secretaria confederal de Servicios Jurídicos de CCOO. Tras la inauguración tuvo lugar la ponencia de Ricardo Bodas Martín, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional a quien presentó Manuel Gómez Cerezo, abogado del Servicio Jurídico de CCOO de Castilla y León. A media mañana tuvo lugar la Mesa de Debate sobre ‘Retos del Derecho del trabajo en la era digital’ por Rafael López Parada, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; Javier Puente de Pinedo, jefe de la Inspección de Trabajo y SS de Segovia; Graciela López de la Fuente, profesora de Derecho del Trabajo, miembro de la Cátedra de Sindicalismo de la Universidad de Valladolid y Armando García López, abogado de la Federación de Servicios de CCOO, con moderación de Francisco J. Gualda Alcalá, director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO.

A las 13,30h tuvo lugar la clausura a cargo de Carlos Castedo Garvi, director del Servicio Jurídico de CCOO de Castilla y León.

El juez de lo Penal es competente en concursos de delitos que sumados superen los 5 años, según el TS2018-01-30

La Sala II del Tribunal Supremo ha establecido que, en caso de concurso medial de delitos, cuando las penas de prisión señaladas en abstracto en cada uno de los delitos que integran el concurso no supere los cinco años, aunque la suma de las previstas en una y otras infracciones excedan de esa cifra, la competencia para su enjuiciamiento corresponde al juez de lo Penal.

Así lo ha establecido la Sala II en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional adoptado el pasado 12 de diciembre, que se recoge ahora en una sentencia que por primera vez aplica dicho acuerdo. La sentencia desestima un recurso de la Fiscalía contra un auto de la Audiencia de Pontevedra que estableció su falta de competencia, y remitió al Juzgado de lo Penal, un caso en el que la Fiscalía acusaba por delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos (castigado en abstracto con pena de 1 a 4 años de prisión), en concurso medial con delito de estafa (sancionado con pena de 6 meses a 3 años de prisión.

El Supremo explica que en los supuestos concursales, sea cualesquiera la regla específica de aplicación de la pena, la competencia la fija y determina la penalidad abstracta prevista para cada delito que integra el concurso; “siendo la alternativa propuesta por el Ministerio Fiscal, atender a la suma de la máxima prevista para cada infracción, un parámetro que no viene especificado ni en la norma sustantiva ni en la procesal”.

Recuerda la sentencia que respecto de las penas de prisión, el Juez de lo Penal, aunque sólo conozca de delitos castigados con pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años, no es infrecuente que imponga penas superiores, en supuestos de concurso real, pudiendo llegar a fijar un límite de cumplimiento (artículo 76 del Código Penal) de quince años de prisión (como consecuencia del triplo de la más grave).

Es decir, que “la competencia deferida al Juez Penal, no imposibilita la imposición de penas superior a cinco años, sino enjuiciar delitos (no concursos) cuya pena abstracta de prisión, exceda de cinco años”. Para el alto tribunal, nada obsta a que como consecuencia de un concreto concurso medial, la pena de prisión que imponga el Juez de lo Penal, sea superior a cinco años, sea siete, ocho u otra cifra hasta diez años.

El Tribunal Supremo aplica el criterio de la UE y revoca las sentencias que anularon las multas a Uber por falta de autorización para transporte2018-01-30

La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado sendos recursos de la Generalitat de Catalunya y ha revocado las sentencias de dos juzgados de lo Contencioso de Barcelona que dieron la razón a Uber y anularon dos multas de 4.001 euros que le había impuesto la administración autonómica catalana por infracción muy grave de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, por “la contratación como transportista o la facturación en nombre propio de servicios de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas sin ser previamente titular de autorización de transporte”.

El Supremo ordena devolver las actuaciones a los dos juzgados para que, con retroacción de las mismas al momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia, dicte una nueva resolviendo según proceda, pero en la que no podrá negar que la actividad desarrollada por Uber, B.V. está sujeta a la autorización exigida en el artículo 42.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, ni que le resulta de aplicación el régimen sancionador previsto en dicha Ley.

El alto tribunal resuelve estos casos en consonancia con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea formulado en la reciente sentencia de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-434/15), que ha declarado que un servicio de intermediación que tiene por objeto conectar mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte, y, por lo tanto, ha de calificarse de servicio en el ámbito de los transportes.

Por ello, frente a lo que afirma las sentencias recurridas, la actividad que desarrolla Uber, B.V. ha de calificarse de ‘servicio en el ámbito de los transportes’.

La Sala también se plantea determinar qué norma de derecho interno resulta aquí de aplicación, pues la resolución sancionadora de la Generalitat aplica directamente la normativa estatal (Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres) mientras que Uber sostiene que es de aplicación preferente y excluyente la regulación autonómica en materia de transportes (Ley catalana 12/1987, de 28 de mayo, desarrollada por el Decreto 319/1990, de 21 de diciembre), y, más específicamente, la normativa autonómica sobre el taxi (Ley catalana 19/2003, de 4 de julio, del taxi).

El alto tribunal rechaza el planteamiento de Uber “pues, siendo cierto que la Ley autonómica 19/2003, de 4 de julio, del taxi, incluye en sus artículos 37 y siguientes un régimen sancionador, su mera lectura permite constatar que su contenido, como el de toda la regulación contenida en dicha ley, viene específicamente referido al servicio de taxi, ámbito éste en el que la exigencia de autorización habilitante nunca ha sido cuestionada”.

“Es precisamente –añade la sentencia-- la singularidad de la actividad que desarrolla Uber, B.V., que, aunque considerada como un “servicio en el ámbito de los transportes”, no puede ser identificada con el tradicional servicio de taxi, la que impide aplicar a aquélla la regulación y el régimen sancionador establecidos específicamente para este último –servicio de taxi- en la Ley autonómica 19/2003, de 4 de julio”.

Por ello, a falta de una regulación autonómica referida a una actividad organizativa y de intermediación en al ámbito del transporte como la desarrollada por Uber, B.V., el Supremo señala que es aplicación al caso la regulación estatal contenida en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, incluido el régimen sancionador que en ella se establece.

Y añade el alto tribunal que la actividad desarrollada por Uber, B.V. “no es un mero servicio de intermediación sino que constituye una parte sustancial de la prestación de servicio de transporte de viajeros, estando por ello sujeta a la autorización exigida en el artículo 42.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres”.

El Supremo acuerda devolver las actuaciones al Juzgado, para que, una vez determinado que Uber estaba sujeta al régimen de autorización de transportes, resuelva sobre los otros motivos o argumentos de impugnación de la empresa que no se resolvieron, como son los relativos a la infracción del principio de tipicidad, la falta de adecuación de los actos realizados por Uber, B.V. al tipo de la infracción que se le imputa, o la vulneración del principio de presunción de inocencia –que conecta directamente con la valoración de las pruebas que sirven de sustento a la sanción-.

El Juzgado de Vila-real rechaza cerrar el perfil en Facebook del conductor fallecido al chocar contra una gasolinera en Benicàssim junto a su expareja, que le había denunciado por maltrato2018-01-30

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real ha rechazado la petición para cerrar el perfil de facebook del joven muerto el pasado mes de diciembre al colisionar el vehículo en el que viajaba con su expareja, que le había denunciado por malos tratos, contra una gasolinera en Benicàssim.

La madre de la chica había solicitado al juzgado el cierre del perfil del presunto agresor en el que éste había colgado fotos de la chica.

La jueza dio traslado de la petición de la familia a la Fiscalía, que se opuso. En una providencia notificada a las partes, la magistrada hace suyo el criterio del Ministerio Fiscal y rechaza cerrar el perfil en dicha red social del presunto agresor fallecido por considerar que el contenido del mismo “puede ser pertinente y útil para el esclarecimiento de los hechos” que se investigan.

El Juzgado, por el contrario, ha accedido a la petición de la madre de la víctima y ha aceptado su personación como acusación particular en el procedimiento.

La instructora está pendiente de recibir el atestado definitivo de la Guardia Civil para determinar si la colisión mortal fue accidental o provocada.

Antecedentes

El hombre ya estaba siendo investigado por el mismo juzgado por tres delitos de lesiones, tras una denuncia presentada por su expareja sentimental, fallecida en el choque, a mediados de diciembre.

El Juzgado recibió la denuncia, en la que la joven relataba varios episodios violentos sufridos en diferentes momentos de la relación, el 15 de diciembre. Ese mismo día, la Jueza tomó declaración a la víctima y a su presunto agresor. Es la única denuncia que consta de ella contra él en dicho juzgado.

Tras escuchar a ambos, el fiscal apreció indicios de tres delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género. No obstante, el juicio no pudo celebrarse porque las versiones eran contradictorias y no existía parte médico que acreditara las lesiones que relataba la víctima de los distintos ataques.

El fiscal solicitó entonces nuevas diligencias para completar la instrucción. Entre ellas, pidió que se tomara declaración a tres testigos, que se requirieran las grabaciones de un bar en el que la denunciante contaba que había sufrido uno de los episodios violentos y que se pidiera información a un centro médico al que la chica acudió en una ocasión tras una de las agresiones relatadas. En aquella ocasión, la víctima no refirió al personal sanitario el origen de los daños de los que fue atendida.

A la espera de la práctica de esas diligencias, el fiscal pidió que se prohibiera al presunto maltratador acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con la víctima por cualquier vía, petición a la que se adhirió el abogado de la denunciante, quien no solicitó ninguna medida complementaria. Ni el fiscal ni el abogado de la víctima solicitaron prisión para el detenido por los hechos denunciados.

El presunto agresor había sido condenado en septiembre 2013 a 64 días de trabajos en beneficio de la comunidad por dos episodios violentos con una pareja anterior, a la que en una ocasión dio una bofetada cuando volvían de una fiesta y en otra ocasión amenazó. Fue una sentencia de conformidad, en la que el maltratador reconoció los hechos y aceptó la pena que le pedía el fiscal.

El Constitucional sólo permite la investidura de Puigdemont si es en persona2018-01-29

MADRID (Reuters) - El Tribunal Constitucional condicionó la investidura de Carles Puigdemont como presidente catalán programada para el próximo martes a que reciba la autorización previa de la justicia española y se encuentre presente en el Parlamento regional.

“No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura como candidato a presidente de la Generalitat a través de medios telemáticos ni por sustitución de otro parlamentario”, dijo el alto tribunal tras la decisión adoptada por unanimidad.

El Constitucional respondió así cautelarmente al recurso presentado la víspera por el Gobierno español, aunque no decidirá si admite a trámite la impugnación que solicita el Ejecutivo central hasta que no escuche a todas las partes en los próximos diez días y haya resuelto sus dudas al respecto.

Para ello el tribunal admitirá que Puigdemont y los diputados electos de JxCat que como él están huidos de la justicia española se personen ante un juez, únicamente para que puedan ejercer su derecho de defensa.

En su cuenta de Twitter, Puigdemont celebró la resolución del tribunal. “Hasta el TC ha rechazado el fraude de ley que pretendía la Moncloa”, dijo.

“Más de uno debería pensar en rectificar y hacer política de una vez”, añadió en alusión a Rajoy, que en su cuenta en la red de micromensajería respondía que “todos los demócratas tenemos la obligación de respetar las decisiones de los tribunales”.

El ex presidente catalán, acusado de sedición y rebelión entre otros delitos, se autoexilió en octubre a Bélgica a raíz de la declaración unilateral de independencia que llevó al Gobierno central a cesar al Govern en pleno y convocar elecciones anticipadas en Cataluña.

Los comicios reflejaron la profundidad de la fractura de la sociedad catalana y revalidaron la mayoría independentista del Parlament a pesar de que los unionistas de Ciudadanos fueron la fuerza más votada. El partido de Puigdemont, JXC, fue el que que obtuvo mayor número de escaños, motivo por el que fue propuesto como candidato a president por los grupos soberanistas.

El Gobierno de Mariano Rajoy impugnó esta semana la candidatura de Puigdemont en un intento apresurado por frenar la vuelta del político independentista a la Generalitat, yendo incluso en contra del criterio del Consejo de Estado.

Custodia compartida a pesar de que la madre disfrutaba de mejor horario y había cuidado de los hijos desde su nacimiento2018-01-29

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Colmenar (que tiene asumidas las competencias de Violencia de Género) acuerda una custodia compartida por semanas alternas de dos menores (uno de 4 años y otro de 18 meses) aun teniendo la madre mejores horarios, contando con ayuda familiar y habiendo cuidado a los hijos desde su nacimiento, y todo ello por cuanto no probó la existencia de ningún motivo que impidiera la custodia compartida.

 
Nuevamente un letrado de la Asociación Europea de Abogados de Familia (AEAF) consigue una custodia compartida. En este caso el abogado director del procedimiento era JAVIER MARÍA PÉREZ-ROLDÁN Y SUANZES, presidente a su vez de la AEAF.
En este caso la custodia compartida tiene un valor añadido por cuanto concurrieron en la causa varios motivos que la hacían de más difícil consecución:

  • El Juzgado que debía resolverla era el Juzgado que en Colmenar que tiene atribuidas las competencias en Violencia de Género, y ello en tanto en cuanto el padre fue denunciado y finalmente absuelto en juicio oral de un delito de violencia.
  • La corta edad de los menores, el más pequeño de los cuales tenía 18 meses y según la madre aún tomaba lactancia materna. No obstante, tal argumento decayó por la poca credibilidad del mismo, ya que el menor acudía a guardería desde las 8:00 hasta las 14:00.
  • Los horarios por turnos del padre, que trabaja por la noche en semanas alternas.

Es de reseñar, por lo demás, que en la causa no se acordó la realización de informe psicosocial, que se emiten con un año de retraso, ni obraba pericial particular alguna.
La Sentencia, dictada por la Magistrada Rocío Rubio Nuche, establece en su Fundamento de Derecho Quinto que «Es importante tener en cuenta que en el presente caso las alegaciones de la actora no bastan para acordar la custodia exclusiva para ella. Y, desde luego, habida cuenta de la cortísima edad de los menores y que desde la crisis matrimonial hayan vivido con la madre, impide absolutamente que la custodia sea para el padre, más aun atendiendo a los horarios de éste y a que es la madre la que cuenta con ayuda familiar para compatibilizar el cuidado de sus hijos con su vida diaria. Sin embargo, esto no es causa suficiente para atribuir la custodia a la progenitora, ya que no concurre ningún tipo de causa o motivo que impida o inhabilite al padre para que se le atribuyan las mismas facultades de decisión, y el mismo tiempo con los menores que la madre. Y ello sin perjuicio de que, dada su cortísima edad, se facilite así que los mismos se acostumbren a pasar el mismo tiempo con ambos, favoreciendo así las relaciones con los dos y sin que sufran ninguna carencia».


En el presente caso se da además la casualidad de que la Juzgadora cita como jurisprudencia, con carácter principal, la Sentencia del Tribunal Supremo 194/2016, de 29 de marzo, Sentencia dictada en la resolución de un recurso de Casación formalizado por el mismo letrado que dirigía este pleito, el Sr. Pérez-Roldán. Así en el Fundamento de Derecho Cuarto cita los siguientes fragmentos de la misma: «La sentencia, ciertamente, desconoce, como si no existiera, la doctrina de esta Sala y pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares. Pero más allá de este desconocimiento de la jurisprudencia y de un escaso o nulo esfuerzo en incardinar los hechos que se ofrecen por ambas partes en alguno de los criterios reiteradamente expuestos por esta Sala sobre la guarda y custodia compartida, se conoce perfectamente el razonamiento que lo niega y que es, en definitiva, lo que justifica el interés casacional del recurso de casación, que también se formula, por oponerse a la jurisprudencia de esta Sala (…)»


«La sentencia no solo desconoce la jurisprudencia de esta Sala sobre la guarda y custodia compartida, sino que más allá de lo que recoge la normativa nacional e internacional sobre el interés del menor, resuelve el caso sin una referencia concreta a este, de siete años de edad, manteniendo la guarda exclusiva de la madre y dejando vacío de contenido el artículo 92 CC en tanto en cuanto de los hechos probados  se desprende la ausencia de circunstancias negativas que lo impidan»

Un juzgado mercantil de Madrid aprueba el plan de liquidación de dos concesionarias de autopistas radiales2018-01-29

La empresa pública SEITTSA asume la totalidad de los trabajadores y de gran parte de los contratos civiles y mercantiles vigentes

El Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid ha dictado dos autos en los que se aprueba el plan de liquidación de Ciralsa (Ciralsa S. A, Concesionaria del Estado) y Aucosta (Autopista de la Costa Cálida, Concesionaria Española de Autopistas S. A.) en los términos alcanzados por la administración concursal y SEITTSA (Ministerio de Fomento) para una ordenada transmisión de la explotación de ambas empresas concursadas en la noche del 30 de marzo al 1 de abril.

A partir de ese momento, la gestión, conservación, explotación e ingresos de las autopistas pasarán a la empresa pública SEITTSA, quien asume la totalidad de los trabajadores, de los directivos y de gran parte de los contratos civiles y mercantiles vigentes a efectos a la conservación y explotación de las carreteras. Además, las resoluciones judiciales recogen la decisión de remitir todas las cuestiones relativas a la determinación de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, del modo de cómputo y de su cuantificación al preceptivo expediente administrativo y a su posterior revisión en vía contencioso-administrativa.

Con posterioridad, cuando tales importes estén determinados por sentencias firmes y se hagan efectivas por el Estado, se reabrirá el concurso para el pago a los acreedores concursales privilegiados y a los acreedores concursales ordinarios.

El derecho a la portabilidad de datos2018-01-29

Una de las tantas novedades del nuevo RGPD es el llamado derecho a la portabilidad. Con toda seguridad, el lector reconocerá esta palabra del sector de la telefonía, pues quién no ha querido cambiar de compañía y seguir conservando el mismo número. Bien, el artículo 20 del Reglamento regula esta figura. Dispone que el interesado tendrá derecho a recibir los datos personales proporcionados a un responsable, ‘en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica’. Pero esto no se queda aquí, porque estos datos se podrán transmitir, a su vez, a otro responsable. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿supondrá esto una nueva guerra por conseguir clientes? ¿Cómo va a encajar este sistema en la competencia desleal? Pero estas preguntas no las podemos contestar aún, pues hasta donde sabemos, el futuro es difícil de prever. De momento.

¿Cómo y cuándo se aplica este derecho?

El objetivo de este derecho es, según el Reglamento, ‘facultar a los interesados para trasladar, copiar o transmitir datos personales de un entorno informático a otro'. Por ejemplo, un lector suscrito a un periódico solicita al responsable todos los datos que tiene sobre él. Desde la totalidad de artículos leídos, pasando por el tiempo empleado en la navegación, o las descargas que ha hecho. Puede, incluso, obligarlo a transmitir esos datos a la competencia y evitar tomarse la ‘molestia' de hacerlo él mismo. En cambio, el receptor no está obligado a percibir de esos datos.

Es aquí donde surgen las primeras preguntas. ¿Los datos que circulen de un responsable a otro, a instancia del interesado, deben ser exactos y limitados a las exigencias de este último? Sí, claramente. No pueden ir más allá, ni tampoco quedarse cortos.  También importa -y mucho- el límite del tiempo que el responsable inicial puede conservar los datos. Dice el RGPD que ‘no será más tiempo del necesario o más allá de un período de retención especificado'. De otro lado, recordemos también que el tratamiento de datos debe estar siempre relacionado con la finalidad.

Este derecho se aplica, bien en virtud del consentimiento del interesado -supuestos de categorías especiales-, o bien en pro de un contrato en el que el interesado es parte.

¿Esta portabilidad, conlleva la supresión de los datos?

El artículo 17 RGPD responde negativamente a esta cuestión, pues la portabilidad de los datos no conlleva su supresión automática. Esto es, el interesado puede seguir beneficiándose del servicio si así lo considera. Parece que la sintonía es que cuando se ejerza un derecho se haga sin perjuicio del resto.

¿Qué datos deben incluirse?

Enumera el RGPD, en su artículo 20.1, que deben ser los datos personales del interesado, así como los que haya facilitado a un responsable en observación de la actividad. Dentro de estos segundos encontramos los facilitados de forma activa (ej.: nombre de usuario) y los observados en virtud del uso del servicio. Un ejemplo de estos últimos sería el tiempo empleado en la navegación por la página del periódico que venimos mencionando.

De otro lado, también debemos insistir que el cumplimiento de este derecho no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros. Con esto se pretende, según el Considerando 68, que ‘cuando un conjunto de datos afecta a más de un interesado, el derecho a recibirlos se entiende sin perjuicio del menoscabo de los derechos y libertados de los otros'.

Es también importante que el responsable se asegure de comprobar la identidad del interesado antes de facilitarle los datos. El RGPD le permite solicitar toda la información necesaria al respecto.

¿Cuánto puede tardar un responsable en responder a una solicitud de portabilidad?

En artículo 12.3 RGPD nos da la solución a nuestra pregunta. El responsable facilitará información a sus actuaciones, sin dilación indebida y en cualquier caso, en el plazo de un mes desde la recepción. El período puede ampliarse a un máximo de tres en los casos complejos. En este caso, será necesario informar al interesado de las razones de la demora. Lo que sí que queda claro es que el responsable no puede dejar una solicitud sin respuesta.

¿Cómo deben proporcionarse los datos?

Esto son, los medios que tiene el responsable para la operación. El RGPD dispone que se deberán facilitar datos cuando la viabilidad sea técnicamente posible. La intención es que se creen mecanismos interoperables entre todos los responsables para tanto para recibir como para enviar. Pueden hacerlo a través de una transmisión directa o una herramienta automatizada que permita la extracción. Habitualmente, y por el añadido del gran volumen y complejidad, el mecanismo idóneo será el segundo. Los formatos que más resuenan son los que ya se vienen usando: XML, JSON, CSV. Parece ser que no es suficiente con un archivo PDF porque la práctica no lo considera suficientemente estructurado y descriptivo.

A grandes rasgos, estas son algunas de las características a tener en cuenta. Yo, si estuviese en su lugar, me andaría con cuidado. Las sanciones son muy elevadas.

Enlaces a considerar:

RGPD

Directrices sobre el derecho a la portabilidad

CCOO abre nueva vía contra las prolongaciones de jornada en el Tribunal de Justicia de la UE2018-01-26

Tras admitir las alegaciones de CCOO, la Audiencia Nacional plantea al Tribunal de Justicia de la UE que se pronuncie sobre la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo del artículo 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores definiendo si la no obligatoriedad para las empresas de llevar el registro diario de la jornada es contraria a lo establecido en la carta de derechos Fundamentales de la UE y en diversos artículos de las directivas y del Consejo del Parlamento Europeo.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado un Auto con fecha 19 de enero de 2018, en virtud del cual se ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, basándose en la Directiva 2003/88 relativa a determinados aspectos de ordenación del tiempo de trabajo y la Directiva 89/391 relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo consideró que, en virtud del art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, no es necesario que la empresa tenga un registro donde conste la jornada de cada trabajador día a día y, por tanto, sea obligatoria la existencia de un resumen mensual donde se totalice y se refleje la jornada trabajada cada día, así como que tampoco resulta obligatorio la entrega de este resumen mensual de cada trabajador a los representantes legales de los trabajadores, de conformidad con la disposición adicional 3ª del Real Decreto 1561/95 de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo.

El contenido de esta sentencia, independientemente de su acierto jurídico, ha supuesto socialmente un estimulo a muchas empresas para que se continúe con la practica social de realización de horas extraordinarias que no se pagan, ni se declaran ni se cotizan por ellas, y que muchos trabajadores hagan jornadas u horas que no cobran, dado que no existe un control objetivo y fehaciente de las jornadas que trabajan, accesible a la Inspección de Trabajo y a la representación legal de los trabajadores.

De ahí la importancia que tiene esta cuestión prejudicial, que se plantea en un conflicto colectivo promovido por la Federación de Servicios de CCOO contra la entidad financiera Deutsche Bank SAE.

Ya en la citada demanda se sugería que los mandatos del derecho comunitario y la exigencia de aplicar medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores, implicaban la adopción de instrumentos que verifiquen el cumplimiento efectivo de la jornada legal y que pongan coto a los abusos en los excesos de jornada no declarada ni retribuida y, en este sentido, en la propia demanda se sugería que el sistema de registro de la jornada diaria a que se refiere el 35.5 debía ser aplicado con carácter general, como único método para establecer cuando existen horas extras y cuando no.

Asimismo, en la demanda se planteaba que si solo se implanta el registro cuando se hacen horas extras, no se implantará en la práctica ni en la realidad ningún registro cuando estas horas extras no se declaren ni se coticen por ellas.

Por ello, el Auto analiza con detenimiento el contenido de las Directivas Comunitarias y las interpretaciones efectuadas hasta ahora y plantea que el único medio de comprobar si se excede o no la jornada de trabajo es el registro diario de la misma durante el periodo de referencia, que es anual. Asimismo, establece que el propio art. 12.4 del Estatuto de los Trabajadores impone en este caso con absoluta claridad la obligación de registrar la jornada diaria de los trabajadores a tiempo parcial, sucediendo lo mismo con los trabajadores móviles, de la marina mercante y ferroviarios y, por lo tanto, la conclusión racional consiste en que para comprobar si se producen o no excesos de jornada el instrumento a utilizar es el registro diario de la misma.

Igualmente, el Auto plantea que este registro es la manera de comprobar este exceso por parte de los representantes de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo, y a la vez es la manera de garantizar la efectividad del cumplimento de los mandatos relativos a ordenación del tiempo de trabajo previstos en la Directiva.

Por ello el Auto formula tres interrogantes que deben ser resueltos por el TJUE como cuestión previa (prejudicial) para poder resolver la pretensión sobre obligación de registro diario de la jornada:

El primero es si debe entenderse que por parte del Reino de España a través de los arts. 34 y 35 del Estatuto, según viene siendo interpretado por la doctrina jurisprudencial, ha adoptado o no las medidas necesarias para garantizar la efectividad de las limitaciones de la duración de la jornada de trabajo y del descanso semanal y diario, que establecen los arts. 3, 5 y 6 de la Directiva 2003/88.

El segundo consiste en si deben interpretarse las normas comunitarias en el sentido de que se oponen a una normativa nacional interna, como la contenida en los arts. 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores, en los términos en que estas dos disposiciones legales han sido interpretadas por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, y si no cabe deducir de este derecho comunitario que resulta exigible no solo a los trabajadores a tiempo parcial, ferroviarios, de marina mercante y de trabajadores móviles, sino también a los de tiempo completo, la existencia de un control diario de la jornada trabajada.

El tercer interrogante es si debe entenderse que el mandato perentorio dirigido a los Estados miembros, de limitar la duración de la jornada de trabajo de todos los trabajadores en general, implica la necesidad de utilizar un sistema de verificación de los excesos de jornada, como el establecido para los trabajadores a tiempo parcial, móviles y ferroviarios y que según el Tribunal Supremo no está establecido para los trabajadores a tiempo completo.

¿Quiere leer el auto?

Más flexibilidad en los tipos del IVA, menos trámites burocráticos para las pequeñas empresas2018-01-26

La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas encaminadas a ofrecer a los Estados miembros más flexibilidad a la hora de fijar los tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y crear un mejor marco fiscal que favorezca el desarrollo de las PYMEs.

Las propuestas presentadas constituyen las últimas etapas de la revisión general por la Comisión de las normas en materia de IVA, que prevé la creación de un espacio único del IVA en la UE a fin de reducir considerablemente el fraude en materia de IVA en la UE, que representa una pérdida de 50.000 millones de euros al año, al mismo tiempo que se apoya a las empresas y se garantizan los ingresos públicos.

La Comisión también aborda el problema de las empresas más pequeñas que afrontan unos costes de cumplimiento de la normativa en materia de IVA desproporcionados. Las empresas que operan en otros países soportan unos costes de cumplimiento superiores en un 11% a los de las empresas cuya actividad es solo nacional, viéndose más afectadas las empresas más pequeñas. Esto está resultando un auténtico obstáculo para el crecimiento, ya que las pequeñas empresas representan el 98% de todas las empresas de la UE. Por ello, la CE propone que se permita a más empresas disfrutar de las ventajas de una normativa en materia de IVA más simple, a la que por el momento solo pueden acogerse las empresas más pequeñas. Los costes de cumplimiento en materia de IVA se reducirán globalmente un 18% al año.

Los Estados miembros pueden aplicar actualmente un tipo reducido no inferior al 5% a dos categorías distintas de productos. Una serie de Estados miembros también aplican tipos superreducidos en el marco de excepciones específicas.

 

Además de un tipo normal del IVA igual o superior al 15%, los Estados miembros podrán ahora establecer:

  • dos tipos reducidos distintos comprendidos entre el 5% y el tipo normal elegido;
  • una exención del IVA («tipo nulo»);
  • un tipo reducido comprendido entre el 0 % y los tipos reducidos.

La compleja lista actual de bienes y servicios a los que pueden aplicarse tipo reducidos se derogaría y sería sustituida por una nueva lista de productos (tales como armas, bebidas alcohólicas, juegos de azar y tabaco) a los que siempre se aplicaría el tipo normal, igual o superior al 15%;

Con el fin de preservar los ingresos públicos, los Estados miembros también deberán garantizar que el tipo medio ponderado del IVA sea de como mínimo el 12%.

El nuevo régimen también significa que todos los bienes a los que actualmente se aplican tipos diferentes del tipo normal podrán conservarlos.

Según la normativa actual, los Estados miembros pueden eximir del IVA las ventas de las pequeñas empresas a condición de que estas no rebasen un determinado volumen de negocios anual, que varía de un país a otro. Las pymes en proceso de expansión pierden su posibilidad de acogerse a medidas de simplificación una vez que han rebasado el límite máximo para la aplicación de la exención. Asimismo, solo los operadores nacionales pueden acogerse a estas franquicias. Ello significa que no existen condiciones de igualdad para las pequeñas empresas que operan dentro de la UE.

Mientras que se mantendrían los límites máximos vigentes actualmente para la aplicación de la exención, las propuestas presentadas hoy introducirían:

  • un límite máximo de dos millones de euros de ingresos por debajo del cual las pequeñas empresas podrían acogerse a medidas de simplificación, hayan sido o no ya eximidas del IVA;
  • la posibilidad para los Estados miembros de liberar a las pequeñas empresas que pueden acogerse a una exención del IVA de las obligaciones en relación con la identificación, la facturación, la contabilidad o las declaraciones;
  • un límite máximo de volumen de negocios de 100.000€ en el conjunto de la UE que permitiría a las empresas que operen en más de un Estado miembro acogerse a la exención del IVA.

Estas propuestas legislativas se presentarán ahora al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo a efectos de consulta, y al Consejo para su adopción. Las modificaciones surtirán efecto únicamente cuando se haya pasado efectivamente al régimen definitivo.

María Elósegui, nueva jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos2018-01-26

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) ha elegido este martes a la española María Elósegui Ichaso como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en representación de España.

La jueza española ha obtenido la mayoría de los votos emitidos, según ha informado el organismo. En concreto, ha logrado 114 apoyos, frente a los 76 de José Martín Pérez de Nanclares y los 42 de Fracisco Pérez de los Cobos, que eran los otros dos aspirantes, según ha informado el diputado Jordi Xuclà, miembro de la PACE.

Elósegui ha sido elegida para un mandato de nueve años que comenzará en el plazo de tres meses tras su designación. Los jueces son elegidos de una terna de tres candidatos propuestos por cada país.

Sustituirá así al hasta ahora juez español en este Tribunal, Luis López Guerra, y será la titular para el periodo 2017-2026. Además de Elósegui, España eligió como candidatos al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, que contaba con el respaldo del Gobierno, y a José Martín y Pérez de Nanclares, catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca y, desde 2012, jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores.

María Elósegui es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, ha asesorado a la ONU y al Consejo de Europa, es Miembro Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha recibido entre otros el Premio Luis Portero de Derechos Humanos.

El convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de 1950, establece que el TEDH estará compuesto por un número de jueces igual al de Estados miembros contratantes. Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por mayoría de votos emitidos, de una lista de tres candidatos presentada por cada Estado Contratante.

Un comercio deberá pagar 22.000 euros por vender un móvil con fotografías personales de un usuario anterior2018-01-25

El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander ha condenado a una cadena de electrodomésticos al pago de una indemnización de 22.000 euros por exponer en un stand para su venta un teléfono móvil reacondicionado que contenía archivos fotográficos de una usuaria anterior.

En una sentencia recientemente notificada, el titular del Juzgado estima la demanda presentada por la propietaria de las imágenes, quien conoció que sus fotografías estaban expuestas al público porque una amiga vio el aparato a la venta.

Según testificó quien descubrió las imágenes, con una simple manipulación del teléfono se podía acceder a numerosos archivos fotográficos de su amiga, en algunos de los cuales, además, aparecían sus hermanos, menores de edad.

No pudo vaciar el teléfono antes de devolverlo

Según explica la sentencia, el padre de la demandante adquirió un teléfono en junio de 2014 que al poco tiempo sufrió una avería, por lo que fue repuesto por otro terminal.

En las semanas siguientes se volvió a averiar y la cadena le proporcionó un tercer teléfono.

Tras ser utilizado por la demandante, en septiembre de ese mismo año se estropeó y la mujer decidió devolverlo y recuperar el dinero pagado por él.

El terminal fue entregado en el comercio con todos los datos y fotografías de la que fue su usuaria hasta ese momento, ya que la avería consistía precisamente en que no podía encenderse.

Tras ser reparado, el aparato fue expuesto al público como teléfono restaurado, y en febrero del año siguiente una amiga de la usuaria contactó con la demandante porque el teléfono móvil que estaba viendo en un expositor del comercio tenía fotografías suyas y de sus familiares.

Al conocer esta circunstancia, la titular de las imágenes presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, que sancionó a la cadena con 2.000 euros, y la demanda de reclamación de cantidad que estima la sentencia ahora notificada.

Grave intromisión ilegítima en su honor

La demandante reclamaba una indemnización a la cadena de electrodomésticos por considerar que había realizado una intromisión ilegítima en su honor al poner a la venta un móvil con sus fotos sin su autorización.

Por el contrario, el comercio alegó que sólo se quedaron en la memoria del teléfono dos fotografías –lo que fue negado después por la testigo- y que la propietaria de las mismas exponía esas mismas fotos y otras en una red social.

Consideraba el demandado que la infracción era mínima, que no podía hablarse de perjuicio y que la cantidad reclamada era excesiva.

Sin embargo, el juez rechaza las tesis del comercio y sigue el criterio del Tribunal Supremo, que confirmó la condena a una cadena de supermercados a pagar 12.000 euros por poner a la venta un ordenador con la fotografía de un menor como salvapantallas, imagen que pertenecía al hijo del anterior comprador, que había devuelto el computador porque no se podía encender.

Explica el magistrado de Instancia nº 7 que poner a la venta el teléfono “mostrando gran variedad de fotos familiares de su anterior usuaria sin su consentimiento e incumpliendo su obligación de previo borrado supone una grave intromisión ilegítima en su honor” y “vulnera claramente su intimidad”.

Fotografías colgadas en una red social

Por otro lado, en respuesta a la alegación del comercio de que la usuaria muestra públicamente imágenes suyas en una red social, señala la sentencia que en ningún caso justifica que lo haga el establecimiento.

“Publicar algunas fotos en un perfil público de una red social no implica una renuncia general a la intimidad y la propia imagen, ni tampoco una autorización universal para el uso de sus imágenes captadas en cualquier momento, situación o dispositivo”, explica el juez.

Y añade que “para el uso público y comercial de cualquier imagen personal debe existir un consentimiento expreso del afectado”.

Por último, se refiere el magistrado a la responsabilidad sobre el borrado de las imágenes. Considera que “no se puede imputar a la demandante imprudencia alguna por no haber vaciado la memoria de su móvil antes de devolverlo, toda vez que su avería consistía en que no podía ser encendido, por lo que la única responsabilidad debe recaer en la demandada”.

Así, decide estimar la demanda y fijar una indemnización de 22.000 euros: 6.000 para la usuaria y 16.000 para sus padres, por la vulneración del derecho de imagen de los hermanos menores de edad de la demandante.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

El Suministro Inmediato de Información y la nueva información de cuentas financieras serán pilares clave en la lucha de la AEAT contra el fraude 2018-01-25

La utilización de la información procedente del SII y el CRS, así como la consolidación de otras fuentes incorporadas en los últimos años (modelo 720 de bienes y derechos en el extranjero, análisis de datos declarados en el modelo 750 y Acuerdo FATCA sobre residentes españoles titulares de cuentas en Estados Unidos, entre otros), llevan al desarrollo de una estrategia integral que permite dar un importante impulso en la explotación de la información mediante un uso intensivo de tecnologías de análisis de datos.

La suma de esta tecnología y de las nuevas fuentes de información abre un escenario de mayor dificultad para la ocultación y de más facilidad para la detección de conductas defraudatorias, de forma que la estrategia del control tributario de la AEAT se dirige hacia una mejora del cumplimiento voluntario de los contribuyentes y un ensanchamiento y consolidación de sus bases imponibles declaradas.

Grandes patrimonios y ocultación de actividad

La información del CRS resultará de especial utilidad para la detección de rentas y bienes ocultos en el extranjero por parte de grandes patrimonios, ámbito de control en el cual ya se han iniciado inspecciones vinculadas con la nueva herramienta informática de selección de contribuyentes creada el pasado año para analizar el valor del patrimonio real de personas físicas titulares de patrimonios significativos y para mejorar la definición de sus riesgos fiscales asociados.

A lo largo de 2018 se reforzará el control a partir de más de medio centenar de riesgos fiscales predefinidos mediante la nueva herramienta de selección y enfocados a supuestos que presenten importantes rasgos de opacidad o deslocalización. Adicionalmente, la actividad investigadora seguirá resultando esencial para la detección de rentas y patrimonios ocultos en paraísos fiscales o territorios con restricciones en el intercambio de información y para la localización de bienes y derechos en España en supuestos de simulación de residencia fiscal en el extranjero.

A su vez, la implantación del SII facilitará el control de actividades empresariales y profesionales total o parcialmente ocultas, sumando este potencial de información permanente sobre transacciones comerciales a dinámicas y estrategias de control ya habituales en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, como las operaciones coordinadas de entrada y registro con unidades de auditoría informática, o la detección de signos externos de riqueza.

Multinacionales y grandes empresas

El primer intercambio, a partir de junio de 2018, de la información sobre las magnitudes esenciales de actividad a nivel mundial de los grupos multinacionales, a través del denominado ’Informe País por País’ (CBC), permitirá optimizar los análisis de riesgos de estos grandes grupos al objeto de detectar, regularizar y reconducir prácticas de elusión fiscal.

En paralelo, la AEAT seguirá corrigiendo las prácticas elusivas de las multinacionales de acuerdo con las áreas de riesgo BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE en materias tales como la utilización abusiva de las políticas de precios de transferencia (intragrupo) o las estructuras de planificación fiscal agresiva, y se potenciará la detección y regularización de establecimientos permanentes pertenecientes a entidades no residentes que cuentan con estructuras operativas instrumentales en España.

Análisis de nuevos modelos de negocio

La investigación en internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica sigue siendo una prioridad para la Agencia Tributaria, no únicamente al objeto de asegurar una tributación equitativa, sino también para evitar prácticas discriminatorias en relación con las formas de trabajo tradicionales.

En este sentido, se prestará especial atención a los nuevos modelos de prestación de servicios y de distribución por vía electrónica, se adaptarán los sistemas de información teniendo en cuenta el crecimiento de sistemas de pago como los monederos electrónicos y las transferencias instantáneas y se mantendrá el control sobre fabricantes y prestadores de servicios online.

A todo lo anterior se suman otros controles que la AEAT tradicionalmente viene considerando prioritarios, en ámbitos como las tramas de IVA e hidrocarburos, la división artificial de la actividad, o la utilización de testaferros y empresas fantasma.

En el caso del comercio exterior, se realizarán actuaciones de reevaluación de las condiciones de acceso al estatus de Operador Económico Autorizado y de las autorizaciones para la aplicación de procedimientos aduaneros simplificados, y se establecerán comprobaciones e investigaciones combinadas de las importaciones de productos de consumo, textiles y otros con origen asiático.

Represión del contrabando y el blanqueo

En materia de represión del contrabando y el narcotráfico, se reforzarán especialmente los medios materiales y las actuaciones de control en el área del Estrecho de Gibraltar y se plantearán medidas normativas dirigidas a limitar el uso de embarcaciones de alta velocidad que habitualmente utilizan las organizaciones de narcotraficantes.

Igualmente, se intensificará la lucha en los puertos contra la introducción de estupefacientes por parte de organizaciones que se sirven del tráfico marítimo de mercancía legal en contenedor. A su vez, se potenciará el control sobre todos los eslabones de la cadena del comercio ilícito de tabaco, especialmente en el caso del contrabando de hoja de tabaco picada, para detectar operaciones ilícitas y potenciar las investigaciones de redes criminales.

Por su parte, las unidades de investigación de la Agencia Tributaria potenciarán el uso de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes abiertas para atajar la eventual utilización de la denominada internet profunda o ’deep web’ y las criptomonedas por parte del crimen organizado para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos.

Efecto inducido en Recaudación

En el Área de Recaudación, la Agencia Tributaria definirá sus actuaciones buscando el efecto inducido de la gestión recaudatoria ejecutiva, al objeto de incidir en el cumplimiento espontáneo de los contribuyentes. Además, en 2018 será una actuación prioritaria de la AEAT el control sistemático de los grandes deudores, así como una exhaustiva y permanente investigación de sus patrimonios.

También se pretende impulsar la utilización de la información que proporciona el SII, dado que su inmediatez permite mejorar tanto la eficacia de los embargos como su control a posteriori. De igual forma, el Área de Recaudación impulsará como años anteriores la adopción de medidas cautelares, derivaciones de responsabilidad e investigaciones patrimoniales para afianzar el cobro de las deudas tributarias, y se mantendrá un control permanente para seguir reduciendo la deuda pendiente, especialmente la deuda en fase de embargo.

El acuerdo entre los grupos farmacéuticos Roche y Novartis dirigido a reducir los usos oftalmológicos del medicamento Avastin y a aumentar los del Lucentis podría constituir una restricción de la competencia «por su objeto»2018-01-25

El Avastin y el Lucentis son medicamentos producidos por la sociedad Genentech, que forma parte del grupo Roche. Genentech encomendó la explotación comercial del Lucentis al grupo Novartis mediante un contrato de licencia. Roche comercializa el Avastin.
Esos medicamentos biotecnológicos fueron autorizados por la Comisión y por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). El Lucentis está autorizado para el tratamiento de enfermedades oculares. Aunque el Avastin está autorizado únicamente para el tratamiento de patologías tumorales, también se utiliza frecuentemente para el tratamiento de enfermedades oculares porque su precio es inferior al del Lucentis.
En 2014, la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (Autoridad de Defensa de la Competencia, Italia) impuso dos multas de un importe individual de más de 90 millones de euros a las empresas Roche y Novartis porque éstas habían celebrado un acuerdo dirigido a establecer una diferenciación artificial entre el Avastin y el Lucentis. Según la AGCM, el Avastin y el Lucentis eran desde todos los puntos de vista equivalentes en lo que atañe al tratamiento de las enfermedades oculares. A su entender, el mencionado acuerdo tenía por objeto difundir información que suscitase inquietud sobre la seguridad de los usos oftálmicos del Avastin con el fin de provocar un desplazamiento de la demanda hacia el Lucentis. La AGCM estima que dicho desplazamiento generó al servicio italiano de salud un sobrecoste de 45 millones de euros tan sólo respecto de 2012.
Tras la desestimación por el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lazio, Italia) de los recursos que interpusieron contra las multas, Roche y Novartis recurrieron en apelación ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), el cual ha pedido al Tribunal de Justicia que interprete las normas de la Unión en materia de competencia.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia examina, para empezar, si una autoridad nacional de defensa de la competencia, como la AGCM, puede considerar que, aunque el Avastin no esté autorizado para el tratamiento de las enfermedades oculares, forma parte del mismo mercado que el Lucentis, que está específicamente autorizado para esas enfermedades y, en caso afirmativo, si esa autoridad debe tener en cuenta la eventual ilicitud de dicho uso del Avastin a la luz de la normativa farmacéutica de la Unión.
El Tribunal de Justicia recuerda que, en principio, los medicamentos que puedan servir para las mismas indicaciones terapéuticas pertenecen al mismo mercado. No obstante, el hecho de que algunos medicamentos se fabriquen o vendan de manera ilícita impide que puedan ser considerados sustitutivos de los productos fabricados y vendidos lícitamente. Sin embargo, la normativa farmacéutica de la Unión no prohíbe ni la prescripción de un medicamento al margen de los requisitos previstos para su autorización de comercialización ni su reacondicionamiento con vistas a tal uso, siempre que se respeten determinadas condiciones. A quien incumbe comprobar
www.curia.europa.eu
si se cumplen esas condiciones no es a la AGCM, sino a los órganos jurisdiccionales nacionales o a otras autoridades competentes en la materia. Seguidamente, el Tribunal de Justicia señala que, en lo que respecta al tratamiento de enfermedades oculares, existe una relación concreta de sustituibilidad entre el Lucentis y el Avastin utilizado al margen de su autorización de comercialización.
El Tribunal de Justicia concluye que, si el posible carácter ilícito de las condiciones de reacondicionamiento y de prescripción del Avastin utilizado al margen de su autorización de comercialización no ha sido examinado por las autoridades o los órganos jurisdiccionales competentes en la materia, la AGCM puede considerar que los dos productos están comprendidos dentro del mismo mercado y, por lo tanto, pueden considerarse medicamentos competidores. En el supuesto de que el carácter ilícito de las referidas condiciones haya sido examinado por las autoridades o los órganos jurisdiccionales competentes en la materia, la AGCM deberá tener en cuenta el resultado de dicho examen.
El Tribunal de Justicia excluye que el acuerdo entre los grupos Roche y Novartis considerada por la AGCM pueda estar justificada como accesoria a su contrato de licencia. A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que el objetivo de dicho acuerdo no era limitar la autonomía comercial de las partes del contrato de licencia relativo al Lucentis, sino los comportamientos de terceros ―en particular, de los médicos― con el fin de que se redujera la prescripción del Avastin en el ámbito de la oftalmología en beneficio del Lucentis. En esas circunstancias, el acuerdo no puede considerarse accesorio a la aplicación del contrato de licencia ni objetivamente necesario para tal aplicación.
El Tribunal de Justicia subraya que un acuerdo entre dos empresas que comercializan dos medicamentos competidores, consistente en difundir entre la EMA, los profesionales sanitarios y el público en general, en un contexto de incertidumbre científica, información engañosa sobre los efectos adversos del uso al margen de la autorización de comercialización de uno de esos medicamentos con el fin de reducir la presión competitiva que ejerce sobre el otro, constituye una restricción de la competencia «por su objeto». El Tribunal de Justicia precisa que la información debe calificarse de engañosa (extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional) si va dirigida, por una parte, a inducir a error a la EMA y a la Comisión y, por otra parte, a exagerar, en un contexto de incertidumbre científica, la percepción por el público de los riesgos asociados al uso del Avastin al margen de su autorización de comercialización.
Finalmente, el Tribunal de Justicia recuerda que un acuerdo que constituye una práctica colusoria no puede acogerse a la exención prevista en el artículo 101 TFUE, apartado 3, si comprende restricciones que no sean indispensables. Dado que la difusión de información engañosa relativa a un medicamento no puede considerarse «indispensable», un acuerdo que tiene por objeto difundir esa información engañosa no puede acogerse a una exención.

Reconocido como accidente de trabajo el acoso psicológico de alumnos hacia una profesora2018-01-24

La justicia ha reconocido como accidente de trabajo la baja laboral de una profesora de Educación Secundaria ocasionada a raíz del hostigamiento psicológico ejercido hacia ella por varios alumnos de un instituto situado en Peñafiel (Valladolid). La sentencia en sí es especialmente relevante, ya que si bien no es firme, supone un precedente para que trabajadoras y trabajadores dedicadas a la docencia u a otras profesiones con riesgo por agresiones (ejemplos: profesionales sanitarios, personal de seguridad, etc.) vean reconocidos en un futuro daños similares como accidentes de trabajo.

La Sentencia procede del Juzgado de lo Social número 1 de Palencia. En el primer trimestre del curso escolar 2016/2017, la profesora emite numerosos partes de incidencia sobre varios de sus alumnos. Uno de ellos es expulsado reiteradamente, llegando a ser condenado por el Juzgado de Menores de Valladolid como autor de un delito leve de amenazas hacia la docente en cuestión. Concretamente, en los partes de incidencias sobre este alumno la profesora manifiesta que interrumpe constantemente sus clases, sale de ellas sin permiso, le falta al respeto de forma continuada e incluso le ha llegado a decir que ya ha logrado en otro centro que una profesora se marchara y que la siguiente va a ser ella.

El 9 de enero de 2017 la profesora inicia baja laboral con un diagnóstico de ansiedad, según el parte médico, el cual indica también problemas laborales, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, irritabilidad, alteración del sueño y miedo a regresar al puesto de trabajo. La Inspección Médica le informa sobre la posibilidad de acceder al protocolo de actuación ante situaciones de violencia en el trabajo si lo requiere.

En marzo de 2017, la Junta de Castilla y León emite un parte interno de comunicación de accidente por “imposibilidad psicológica de afrontar tareas docentes” y solicita a Ibermutuamur que en el caso descrito atienda a la trabajadora por accidente de trabajo al ejercer tareas de docencia. El INSS declara de carácter común el proceso de incapacidad temporal de la trabajadora, al entender que no se aprecia una conclusión concluyente entre el diagnóstico del estado de ansiedad y el desempeño de su actividad laboral.

La trabajadora, en desacuerdo con la decisión del INSS, interpone demanda judicial en defensa de sus derechos. El Juzgado de lo Social número 1 de Palencia considera las pruebas documentales presentadas por la demandante (integradas por el parte médico aportado, los partes de incidencias y la denuncia ante la Fiscalía de Menores), los testimonios de sus compañeros de trabajo ratificando la conflictividad de algunos de los alumnos, así como el hecho de que la Junta de Castilla y León -como empleadora– reconoce la situación de conflicto en el ámbito laboral por supuesta existencia de situaciones de violencia en el trabajo. En base a ello estima probado que sí existe relación causal entre el daño sufrido (ansiedad) y el trabajo realizado por la profesora, considerándolo accidente de origen laboral y condenando a las partes demandadas (en este caso, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, Ibermutuamur, el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social) a satisfacer las prestaciones derivadas de la contingencia profesional.

En relación a lo anteriormente indicado, cabe señalar la importancia de sentencias como la descrita en el contexto laboral presente, fuertemente sacudido por la intolerable crueldad de la violencia en el trabajo y por la tendencia de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social y el INSS desde la entrada en vigor de la actual normativa en materia de incapacidad temporal a poner trabas al reconocimiento de daños de origen laboral.

La Federación de Enseñanza de la USO considera que esta sentencia viene a reforzar el papel del profesor como autoridad en el centro educativo y defiende que es necesario que se ampare desde un punto de vista legal la autoridad del profesor para que sea la ley la que refuerce esta autoridad y que no tengan que ser los tribunales quienes reconozcan esa autoridad. Esta ley debe reconocer a todo el profesorado en su conjunto, con independencia de la naturaleza jurídica del centro en el que desempeñe sus funciones, defienden desde FEUSO.

Prisión eludible con fianza de 6.000 euros para el coordinador deportivo del Calpe Club de Fútbol por la contratación de jugadores extranjeros en situación irregular2018-01-24

El Juzgado de Instrucción 3 de Denia ha estimado la petición del fiscal y ha ordenado prisión provisional eludible con fianza de 6.000 de uno de los detenidos por la trama de contratos ilegales a jugadores del Calpe Club de Fútbol, extranjeros en situación irregular en España.

Se trata de una persona, con doble nacionalidad (española y paraguaya) que ejercía como coordinador deportivo del club. El magistrado ha valorado el riesgo de fuga por falta de arraigo así como la posibilidad de que trate de influir en los testigos.

El investigado ofrecía a los jugadores contratos de trabajo a través de su empresa de intermediario futbolístico, empresa que no aparece en el Registro Mercantil pese a que, según la Real Federación Española de Fútbol, es requisito indispensable para que un agente futbolístico pueda obtener la oportuna licencia para el desarrollo de sus actividades.

De conformidad con el criterio del Ministerio Público, el instructor ha acordado la libertad de los otros tres detenidos que han pasado hoy a disposición judicial: el presidente del club, el tesorero y una persona de confianza del primero.

El juez imputa a los cuatro detenidos delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración clandestina y delito contra los derechos de los trabajadores.

Los futbolistas, víctimas de la organización, venían a España aprovechando su nacionalidad y la correspondiente exención de visado al entrar como turistas. Luego, eran “dados de alta” en el club, que juega en categoría regional preferente, para el desarrollo de una actividad laboral, para la que carecían de un requisito imprescindible: la estancia regular en nuestro país.

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Denia tomó declaración el sábado a 11 jugadores, que están en España en situación irregular, y que habrían sido víctimas de la red.

Los jugadores fueron arrestados por infracción de la Ley de Extranjería y se les ha abierto, en vía administrativa, un procedimiento de expulsión.

El sábado el instructor les tomó declaración en calidad de prueba preconstituida por su posible huida de España, al tener pendiente un expediente de expulsión por su situación irregular. Son paraguayos, colombianos y brasileños.

¿Es conforme a derecho europeo una regulación que prevé indemnizar la extinción del contrato de duración determinada, pero no indemnizar la extinción del contrato de interinidad?2018-01-24

El Tribunal Supremo plantea ante el TJUE tres cuestiones prejudiciales en relación con las indemnizaciones por extinción de contratos temporales, en función de si dicha extinción se produce por reincorporación del trabajador con reserva del puesto de trabajo o, por el contrario, por causa tasada en la Ley.

Supuesto de hecho:

  • La trabajadora interpone demanda por despido ante el Juzgado de lo Social, solicitando se declare que su contrato de interinidad era fraudulento y el despido, por tanto, improcedente.
  • Tras la desestimación, la trabajadora interpone recurso de suplicación ante el TSJ de Madrid.
  • Con anterioridad a dictar sentencia, el TSJ de Madrid en el año 2014 elevó cuestión prejudicial al TJUE, emitiendo éste la STJUE de 14 septiembre 2016.
  • El TSJ de Madrid señaló para la votación y el fallo de la sentencia el día 20 de septiembre de 2017.
  • De la misma manera, en esta ocasión, el día señalado se reúne el Pleno del Tribunal Supremo, y con suspensión de las actuaciones, decide plantear nueva cuestión prejudicial al TJUE.

Consideraciones jurídicas:

  • El TS comienza señalando que, en el presente caso, la trabajadora estaba vinculada por un contrato de interinidad por sustitución que finalizó con la reincorporación de la persona sustituida. En este sentido, añade que la Ley excluye del derecho a la indemnización de doce días por año trabajado a esta modalidad de contrato temporal, reconociendo en cambio tal derecho a las otras dos modalidades de contratación temporal: obra o servicio determinado y eventual por circunstancias de la producción.
  • Argumenta que, a tenor de la STJUE de 14 septiembre de 2016, la denegación de indemnización por finalización del contrato de interinidad es contraria a la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el anexo de la Directiva 1999/70.
  • Y, es que, la regulación española prevé para la extinción de los contratos por causas objetivas una indemnización de 20 días, con independencia de que el contrato extinguido sea temporal o indefinido. Sin embargo, la legislación española contempla una indemnización de 12 días por año de trabajo para el momento de finalización válida de los contratos temporales, con exclusión del contrato de interinidad, cuya finalización, por tanto, no da derecho a indemnización alguna.
  • De esta forma, la regulación española establece una diferencia de trato entre los contratos de duración determinada entre sí, ya que para unos establece una indemnización de 12 días y para el de interinidad no.
  • Pues bien, la Sala considera que la diferencia de trato entre el contrato de obra y servicio y el eventual, respecto del contrato de interinidad, podría radicar en que cuando el contrato de interinidad se extingue no se pierde un puesto de trabajo, ya que se reincorpora quien tuviera reservado el puesto, en cambio con los primeros no sucede lo mismo, motivo que justificaría la indemnización como herramienta para hacer frente a los abusos en la utilización del contrato temporal.
  • En todo caso, el Tribunal Supremo decide plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, para dilucidar si el legislador nacional puede diferenciar entre las distintas modalidades contractuales o si, por el contrario, puede entenderse que las particularidades específicas de cada una de esas modalidades justifica que una determinada medida se considere innecesaria para tal finalidad.
  • Añade, por último, que la cuestión prejudicial viene fundamentada en la realidad social española, habida cuenta del elevado índice de temporalidad del mercado laboral, siendo necesario unificar los distintos pronunciamientos judiciales sobre la materia a fin de que se esclarezca el asunto que dio lugar a la STJUE de 14 de septiembre de 2016.

Conclusión Lex@:

El Tribunal Supremo decide plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, en aras de unificar los distintos pronunciamientos judiciales y resolver la cuestión relativa a la diferencia de trato de los distintos contratos temporales, habida cuenta del elevado índice de temporalidad del mercado laboral español. Por ello, el Tribunal plantea al TJUE las siguientes cuestiones:

  1. ¿La regulación del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, se opone a que la normativa española no establezca indemnización por finalizar el contrato de interinidad, pero sí establezca la extinción por causas tasadas?

  1. En caso de que no se oponga y, por tanto, permita esa diferencia de trato: ¿La indemnización de 12 días puede considerarse como medida para limitar el uso la contratación temporal conforme a la cláusula 5 del Acuerdo Marco?

  1. En caso de que se considere como una medida dentro de la referida cláusula: ¿Permite esa cláusula que no se indemnice a un interino, pero sí a los demás contratos temporales?

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El Sepblac tramitó 4.990 operaciones sospechosas en 2016, un 4,9% más que el año anterior 2018-01-23

Las estadísticas publicadas ponen de relieve la creciente conciencia de los diferentes sectores en la necesidad de prevenir estos delitos.

Las comunicaciones por indicio remitidas por parte de las entidades financieras suponen el 78,6% del total en 2016. En el caso de los bancos, los asuntos remitidos al Sepblac ascienden a 2.646.

La configuración del sistema financiero español se ha visto directamente afectada por el proceso de reestructuración bancaria, lo que ha tenido su reflejo directo en las cifras sobre comunicaciones remitidas al Sepblac. De ahí que las cajas de ahorros solo hayan enviado cinco comunicaciones por indicio en 2016, lo que viene motivado por la práctica desaparición de esta clase de entidades.

Las entidades no financieras reportaron el 18,5% del total de las comunicaciones en 2016. Durante los últimos años, se ha producido un incremento paulatino por parte de estas entidades profesionales de carácter no financiero, que en 2016 han aumentado un 41% frente al ejercicio precedente, hasta alcanzar las 922 comunicaciones. En especial, los notarios y registradores siguen desempeñando un importante papel en el sistema español de prevención de blanqueo de capitales.

No solamente las comunicaciones y alertas de operaciones proceden de entidades privadas, sino que el número de alertas generadas por los organismos públicos sigue creciendo de forma significativa en los últimos dos años. En 2016, alcanzaron las 94, lo que supone un incremento del 88% frente al año previo y mucho más elevado que las 12 comunicaciones de 2012.

En cuanto a los informes de inteligencia distribuidos por el Sepblac a otras autoridades y organismos, destaca el alza en el envío de información a la Policía Nacional (2.663 comunicaciones, un 12% más), a la Guardia Civil (1.376 comunicaciones, un 4,5% más) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (1.084 comunicaciones, en línea con 2015).

Por lo que se refiere al ámbito de investigación por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el número de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales varía muy ligeramente entre 2012 y 2014, con un incremento total en este periodo de cuatro años de un 10%. En 2015 y 2016 este número se ha incrementado un 10% respecto a 2014 y casi un 25% respecto de 2012, según la información facilitada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha publicado estas estadísticas, referidas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por cuarto año consecutivo. Los datos son aportados por diferentes agencias y organismos, entre los que se encuentra el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

La Comisión de Prevención, presidida por la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y participada por diferentes agencias, instituciones y departamentos como el Banco de España, el Ministerio del Interior, la AEAT, la AEPD o el Consejo General del Poder Judicial, es el máximo órgano de coordinación de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de la que depende el Sepblac.

El Sepblac es la Unidad de Inteligencia Financiera española y la Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se trata de un organismo inter-agencia, en el que se encuentran destinados empleados del Ministerio de Economía, Banco de España, Agencia Tributaria, Policía y Guardia Civil.

Rafael Catalá clausura el I Congreso Nacional de Profesiones: “Tenemos el desafío de relanzar las profesiones”2018-01-23

El I Congreso Nacional de las Profesiones, organizado por Unión Profesional (UP) y celebrado en la Facultad de Medicina ha sido clausurado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para quien las profesiones son «imprescindibles en la sociedad actual».

En la segunda jornada de encuentro de las profesiones, el protagonismo ha sido trasladado a los decanos, presidentes y representantes o delegados de las corporaciones colegiales, que reunidos en asamblea han apoyado la Declaración de las Profesiones Colegiadas, un documento que recoge en varios puntos el compromiso de este subsector con la sociedad, con los proyectos de innovación social y la sostenibilidad económica y ambiental, la garantía constitucional insustituible que poseen las corporaciones colegiales, así como la relevancia del concepto de acto profesional, en cuya definición se asume la prestación de un servicio por un profesional cualificado.

Previamente, todos los congresistas inscritos (más de 450) han votado las conclusiones de este primer encuentro de las profesiones, cuyo objetivo ha sido compartir, analizar, valorar y comunicar lo que es común y esencial al ejercicio profesional, desde sus raíces. Entre ellas: «Unión Profesional, como entidad representativa de las corporaciones colegiales de ámbito estatal, debe llevar a cabo la interlocución reglada con los poderes públicos para los asuntos de interés común, facilitando puentes de unión entre lo público y lo privado y favoreciendo e impulsando los acuerdos necesarios, a los que han de llegar los estamentos políticos».

Además, los profesionales presentes han podido disfrutar de un diálogo abierto entre el presidente de Unión Profesional, Jordi Ludevid y el filósofo Javier Gomá, premiado el pasado 19 de octubre por UP en la ceremonia Premios Medallas y Distinciones en el Senado, en el que se han planteado cuestiones como la ejemplaridad en las profesiones o la ‘elegancia’ (arte de elegir bien) de la profesión liberal.

En el acto propio de clausura, Jordi Ludevid, recordaba el lema de este Congreso, Un país de profesiones, «profesiones consolidadas, orgullosas de su identidad, conscientes de la necesidad de autoexigencia y regeneración, pero convencidas de su aportación y su utilidad social». El presidente de UP también ha señalado que las profesiones colegiadas «resultan clave para la cohesión y la innovación social y que son imprescindibles para garantizar los derechos ciudadanos básicos, y la competitividad y productividad económica». Y es que, «las profesiones no son el problema, sino la solución a los problemas».

La vinculación de las profesiones con la Universidad ha vuelto hacerse evidente con la presencia en este acto del Secretario General de Universidades, Jorge Sáinz, para quién «la sociedad moderna se ha desarrollado gracias a los profesionales» y del Rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, quién recordaba la función de la Universidad: «la creación de los profesionales. Es el sitio en el que reciben su primera formación».

El ministro de Justicia, Rafael Catalá clausuraba el I Encuentro de las Profesiones, destacando la necesaria existencia de las profesiones en la sociedad actual y el papel de los colegios profesionales como «termómetro» de todo lo que pasa en nuestro país. «Los colegios profesionales estáis llamados a ser palanca transformadora». Y así, consideraba que todos «tenemos el desafío de relanzar las profesiones».

Las dos jornadas de reflexión para las profesiones colegiadas culminaban con un monólogo sobre la vocación profesional, dirigido por Cristina Marsillach.

El Tribunal Supremo condena a 18 meses prisión un ginecólogo y a un psiquiatra por tres delitos de aborto ilegal2018-01-23

La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 18 meses de prisión por tres delitos de aborto ilegal al doctor Carlos M.G., propietario de dos clínicas ginecológicas de Barcelona, y al psiquiatra Pascual Javier R.M. La Sala estima parcialmente el recurso de ambos y les absuelve de otros ocho delitos de aborto ilegal por el que habían sido condenados por la Audiencia de Barcelona en junio de 2016, al entender que en dichos casos no hay pruebas suficientemente contundentes de que las intervenciones de interrupción del embarazo se produjeron fuera de los supuestos permitidos por la ley.

En la práctica la pena máxima seguirá siendo de 18 meses, ya que la sentencia de la Audiencia de Barcelona, pese a condenar a 11 penas de 6 meses de prisión, especificó que, en aplicación de la regla del artículo 76.1 del Código Penal, la pena no podía exceder del triple de la impuesta por el delito más grave, fijando en este caso la de 18 meses.

El Supremo rechaza, por su parte, el recurso de la Fiscalía, que, por un lado, pedía la condena por otros 5 casos de aborto, donde sostenía que se habían practicado también sin el dictamen psiquiátrico de las pacientes que es preceptivo, y por otro, por delito de falsedad en relación a otros 3 casos, al entender que se realizaron en periodos de gestación superiores a la autorización concedida por la Administración a las clínicas del doctor Carlos M.G.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Ana Ferrer, confirma la existencia de delito en tres casos, al entender que hay prueba suficiente de la defectuosa o insuficiente elaboración del dictamen psiquiátrico. En estos tres supuestos, las declaraciones de las testigos -en el extremo relativo a que no fueron examinadas por ningún psiquiatra- resultan corroboradas por otras circunstancias. En el primer caso, la paciente había sido diagnosticada de un trastorno adaptativo de personalidad que no se hizo constar en el informe psiquiátrico; mientras que en los otros dos se trataba de supuestos de malformación.

El alto tribunal comparte la conclusión de la Audiencia de que la no constancia de los datos en el «Dictamen Médico psiquiátrico» suscrito por el psiquiatra Pascual Javier R.M. “permite inferir de una manera lógica y racional que, ciertamente, tal y como declararon las testigos, no fueron examinadas por ningún psiquiatra y que, por tanto, la elaboración del informe en cuestión o fue simulada o fue defectuosa y, en consecuencia, no reflejaba la realidad del estado psíquico de la mujer a la que se refería”.

El Tribunal Supremo rebaja la pena a una enfermera que accedió al historial clínico de su exyerno obcecada por la seguridad de sus nietos2018-01-22

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado a 2 años de prisión, 4 años de inhabilitación absoluta y multa de 1.080 euros la condena impuesta a una enfermera de un centro de salud de Cáceres que, obcecada por la seguridad de sus nietos, accedió a los historiales clínicos del padre de los menores –fruto de una relación anterior con la hija de la procesada- y de su esposa –que eran médicos anestesistas- para comprobar si tenían problemas de adicciones. La Sala considera que “los estímulos tan poderosos por los que actuaba, no sólo no contrarían las normas socioculturales, sino que atienden a un bien normativo constitucionalizado como es el interés del menor, y además actúa ante la creencia de un peligro inminente y constante, creencia pues de una causa de justificación”.

La Sala de lo Penal ha estimado el recurso de casación interpuesto por la condenada y ha anulado de forma parcial la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que le impuso una pena de 3 años y 8 meses de prisión, 5 años de inhabilitación y multa de 2190 euros por dos delitos continuados de descubrimiento de secretos cometidos por funcionario público, con las atenuantes de obcecación y reparación del daño. Por el contrario, ha desestimado los recursos interpuestos por el matrimonio cuyos historiales consultó la enfermera sin permiso.

La sentencia recurrida consideró probado que la condenada, que era enfermera en el Centro de Salud “Manuel Encinas” de Cáceres, accedió en más de un centenar de ocasiones, desde 2011 y hasta 2015, al historial clínico del padre de sus nietos y de su esposa, que trabajaban como anestesistas en el Servicio Extremeño de Salud. Él tenía problemas de adicciones por las que estuvo de baja y de las que tuvo que ser tratado por el Equipo de Salud Mental.

Todo ello generó en la acusada una intensa preocupación por el bienestar de sus nietos cuando se encontraban en compañía de su padre, temiendo por la seguridad de éstos, llegando a convertirse en una verdadera obsesión, que le producía un importante estado de ansiedad, según los hechos probados. Con el ánimo de tratar de proteger a los dos menores, accedió a los historiales clínicos de ambos facultativos, ya que la acusada sospechaba que la mujer también tenía adicciones, sin que haya quedado acreditado que hubiera trasladado dicha información a terceros. La acusada depositó en el juzgado 1.200 de los 1.500 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Cáceres en concepto de responsabilidad civil.

En su recurso, la enfermera condenada había pedido la rebaja de la pena en dos grados y no en uno como hizo la sentencia recurrida atendiendo al número y a la entidad de las atenuantes aplicadas. El tribunal explica que la sentencia recurrida, aunque apreció las dos atenuantes, omitió en su motivación elementos que revelan una menor culpabilidad y una relevante menor antijuridicidad, por lo que accede a la petición de la defensa, fijando la nueva pena en la que había solicitado el Ministerio Fiscal en la instancia.

La Sala afirma que las omisiones que tienen “más trascendencia” se produjeron en la relevancia e intensidad de la atenuante de obcecación, cuando la propia sentencia recurrida indica que la acusada presenta “un proceso adaptativo con ánimo bajo y ansiedad, secundario a problemas familiares, que requirió tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos e incapacidad laboral, añadiendo que, desde entonces, el trastorno se ha agudizado en varias ocasiones, continuando en la actualidad con tratamiento farmacológico; de donde concluye que ciertamente, es difícil de comprender e interpretar la conducta realizada por la acusada a lo largo de los años en que de forma continuada vino accediendo a los historiales clínicos de los querellantes, haciéndolo ya de una forma que no cabría sino calificar de obsesiva y propia de una fijación cuasi enfermiza”.

El tribunal recuerda que la propia resolución recurrida es la que narra que la acusada actuaba movida por un estado obsesivo que ha terminado afectando a su conducta, desconectándola de los parámetros de la normalidad, funcionando como tal la creencia de la que las adicciones del padre de su nieto y las que también atribuía a su pareja, como explicó en el plenario, iban a suponer un peligro inminente y constante para sus nietos, temiendo por la seguridad de éstos ante comportamientos desajustados que pudieran protagonizar aquéllos. Sobre todo, precisa la Sala, cuando en el propio relato de hechos probados contiene que el acceso a los datos reservados, lo realizaba con el ánimo de tratar de proteger a sus nietos.

El Juzgado abre juicio oral contra exdirectivos y exconsejeros de Caja Segovia por el plan de prejubilaciones de 20102018-01-22

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Segovia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra exdirectivos y exconsejeros de Caja Segovia por el plan de prejubilaciones con cargo al ejercicio de 2010 y garantizado mediante la suscripción de pólizas de seguros. Las acusaciones han solicitado penas que van desde los tres a los ocho años de prisión.

El Juzgado ha tenido por formulada la acusación contra E. G. G., A. S. R., M. M. A. C., M. E. S., A. L. T. D. y E. Q. H. por un delito de apropiación indebida agravado previsto y penado en el artículo 252 del Código Penal, vigente en el momento de los hechos (artículo 253 del actual Código Penal), y por un delito de administración desleal, previsto y penado en el artículo 295 del Código Penal vigente en el momento de los hechos (hoy artículo 252).

En el plazo de cinco días, dichos acusados deberán prestar fianza en cantidad de 24.454.167,17 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles que pudieran imponérseles, en cualquiera de las clases señaladas en los artículos 591 y 783.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el apercibimiento de que de no prestarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

Así mismo, el Juzgado ha procedido a la apertura de juicio oral como responsable civil directo contra la entidad Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (CASER). En el plazo de cinco días, deberá prestar fianza en cualquiera de las clases admitidas señaladas en el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para asegurar las responsabilidades civiles que pudieran imponérsele, en la cantidad de 18.386.591,86 euros.

El Juzgado ha decretado además la apertura de juicio oral contra M. A. S. P., O. J. V. F., J. M. B., M. P. F. y J. A. F. P. en su condición de responsables civiles a título lucrativo. En el plazo de cinco días, se requiere a cada uno de ellos que presten fianzas de distintas cantidades que suman cerca de nueve millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles.

El Tribunal Supremo confirma la condena de la expresidenta del Consell de Mallorca María Antonia Munar por la adjudicación de los terrenos de ‘Can Domenge’2018-01-22

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación y multa de 5 millones de euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears a la expresidenta del Consell Insular de Mallorca María Antonia Munar Riutort por un delito de cohecho por importe de 4 millones de euros, que fueron exigidos por la acusada y otros dos cargos del Consell a un empresario para conseguir la adjudicación de los terrenos ‘Can Domenge’ que eran del citado organismo. El pago se realizó en el año 2006 y el dinero se lo repartieron los acusados, según los hechos probados.

Munar, que por escrito admitió en 2016 como ciertos los hechos por los que estaba acusada en este caso, reclamaba al Tribunal Supremo que rebajara la pena por el citado delito de cohecho al considerar que por los mismos hechos ya había sido condenada en la pieza principal del ‘caso Can Domenge’ por delito de fraude a la Administración.

En efecto, la Audiencia de Palma condenó en 2013 a Munar a un total de 6 años de cárcel por delitos de fraude a la Administración, prevaricación y revelación de información confidencial en el caso principal de ‘Can Domenge’, del que derivó el juicio posterior por el soborno (cohecho) de 4 millones de euros.

La Sala rechaza los argumentos de Munar y destaca que “sin perjuicio de que los hechos tengan una relación temporal, tienen sustantividad propia: por un lado, el mero acuerdo entre los acusados para defraudar a la Administración; y, por otro lado, la solicitud -y posterior percepción- de una dádiva-. De tal modo que se trata de hechos independientes que dan lugar a la consumación de diversos delitos (…) Se trata de hechos distintos, con momentos de consumación distintos y no cabe hablar de una «conducta única» desde el punto de vista fáctico”, explica la resolución.

Agrega que de aplicar exclusivamente el delito de cohecho (como pretende la recurrente) “no se agota todo el desvalor jurídico-penal que puede predicarse de las infracciones cometidas, en la medida en que no es suficiente para la correcta y plena valoración jurídico-penal de las mismas: el castigo penal por la solicitud (y posterior recepción) de la dádiva no abarca la total antijuridicidad del hecho, consistente también en un acuerdo para defraudar y causar un perjuicio patrimonial al ente público. De manera que es preciso aplicar las dos normas penales en juego para cubrir esa total significación antijurídica de lo acaecido, descartándose que ello suponga una doble valoración de un mismo hecho típico, así como la quiebra del principio de proporcionalidad y de culpabilidad”.

La Sala rechaza aplicar la atenuante de dilaciones indebidas

Munar planteó un segundo motivo de recurso, al pedir que se le aplicara la atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento, al tratarse de hechos de 2006 que no fueron sentenciados hasta 2016.

El Supremo argumenta que “la referencia para la ponderación del tiempo transcurrido no puede ofrecerla, sin más, la fecha de comisión de los hechos, sino la de incoación del procedimiento o, siendo más precisos, la de imputación del denunciado. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir el derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud. Por tanto, el tiempo transcurrido entre la producción de los hechos y la notitia criminis de estos que llega al órgano jurisdiccional no es computable como dilaciones indebidas imputables a éste”.

En ese sentido, recuerda que, en este caso, se declaró probado que los hechos no fueron conocidos hasta que medió el escrito presentado por uno de los acusados en fecha 20 de mayo de 2013.

¿Pueden ser sometidos a las contribuciones sociales francesas los rendimientos del patrimonio?2018-01-19

En varias sentencias dictadas en 2000 [1] y en 2015, [2] el Tribunal de Justicia examinó si dos contribuciones sociales francesas (la contribución social generalizada -«CSG»- y la contribución para el reembolso de la deuda social -«CRDS»-) podían gravar los salarios, las pensiones, las prestaciones de desempleo y los rendimientos del patrimonio de trabajadores que, a pesar de residir en Francia, estaban sujetos a la legislación de seguridad social de otro Estado miembro (generalmente porque ejercían una actividad profesional en este último Estado).

El Tribunal de Justicia declaró que las dos contribuciones referidas tenían una relación directa y suficientemente relevante con la seguridad social, ya que su objeto específico y directo era financiar la seguridad social francesa o amortizar los déficits del régimen general de seguridad social francés. Estimó que la recaudación de dichas contribuciones a cargo de los trabajadores afectados era incompatible tanto con la prohibición de acumulación de las legislaciones aplicables en materia de seguridad social (Reglamento n.º 1408/71) [3] como con la libre circulación de los trabajadores y la libertad de establecimiento. En efecto, dado que las personas afectadas están sujetas, en su calidad de trabajadores migrantes, a la seguridad social en el Estado miembro en el que están empleados, sus rendimientos, ya provengan de una relación laboral ya de su patrimonio, no pueden ser sometidos en el Estado miembro de residencia (en este caso, Francia) a gravámenes que presenten una relación directa y suficientemente relevante con las ramas de la seguridad social.

En el marco de la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2015, la administración tributaria francesa reembolsó los gravámenes recaudados indebidamente. No obstante, precisó que el derecho a reembolso quedaba reservado únicamente a las personas físicas afiliadas a los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE) y de Suiza, excluyendo de este modo a las personas físicas afiliadas a un régimen de seguridad social en un tercer Estado.

En el presente asunto, el Conseil d'État francés plantea ante el Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial con el fin de que se determine si dicha exclusión es conforme al Derecho de la Unión. Concretamente, la persona que desea obtener el reembolso de los gravámenes impuestos a los rendimientos de su patrimonio (rendimientos inmobiliarios y plusvalía obtenida por la venta de un inmueble) es un nacional francés, el Sr. Frédéric Jahin, que reside y trabaja en China, país en el que está afiliado a un régimen privado de seguridad social.

1[1] Sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de febrero de 2000, Comisión/Francia (asuntos C-34/98 y C-169/98; véase CP n.º 9/00).
[2] Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 2015, de Ruyter (asunto C-623/13; véase el CP n.º 22/15).
[3] Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), modificado, a su vez, por el Reglamento (CE) n.º 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO 2006 L 392, p. 1).

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia considera que la exclusión de que se trata constituye una restricción a la libre circulación de capitales, dado que los nacionales de la Unión afiliados a un régimen de seguridad social de otro Estado miembro de la UE o del EEE o de Suiza disfrutan de un trato fiscal más favorable (en forma de exención o de reembolso de los gravámenes citados) que el reservado a los nacionales franceses que residen en un tercer Estado y están afiliados a un régimen de seguridad social en dicho Estado (en este caso, China).

No obstante, el Tribunal de Justicia estima que esta restricción está justificada en el presente asunto, en la medida en que existe una diferencia objetiva entre, por una parte, un nacional francés que, como es el caso del Sr. Jahin, reside en un tercer Estado en el que está afiliado a un régimen de seguridad social y, por otra parte, un ciudadano de la Unión afiliado a un régimen de seguridad social de otro Estado miembro, puesto que sólo este último puede beneficiarse del principio de unicidad de la legislación en materia de seguridad social, en razón de su desplazamiento en el interior de la Unión. Al no haber hecho uso de la libertad de circulación en el seno de la Unión, el Sr. Jahin no puede invocar dicho principio. De ello resulta que los rendimientos del patrimonio de los nacionales franceses que trabajan en un Estado que no sea un Estado miembro de la UE o del EEE o Suiza pueden someterse a las contribuciones sociales francesas.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El Supremo elogia la “profesionalidad y encomiable dedicación” de un abogado del Turno de Oficio2018-01-19

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dejado constancia en la sentencia que confirma la condena de Antonio Ortiz, de  la “profesionalidad y encomiable dedicación” del abogado de oficio que asumió la defensa.

El tribunal ha confirmado la condena a 70 años y 6 meses de prisión al conocido como el pederasta del distrito madrileño de Ciudad Lineal, como autor de cuatro delitos de agresión sexual y cuatro delitos de detención ilegal, dos de ellos en concurso ideal con la agresión sexual, así como dos faltas y un delito de lesiones cometidos contra cuatro menores, de entre 5 y 9 años, entre el 24 de septiembre de 2013 y el 22 de agosto de 2014 en Madrid.

A pesar de la condena, en la sentencia, de la que ha sido ponente Manuel Marchena, el Supremo resalta literalmente que “la tarea defensiva, aun cuando no haya alcanzado su objetivo principal, que es la absolución del acusado, ha sido realizada con “una dignidad profesional ciertamente loable”, que, en supuestos como este hace que, “el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar, adquiere todo su valor”, concluye el tribunal.

La sentencia destaca que  “Se trata de un recurso que entraña especial dificultad a la vista de una fase de investigación singularmente prolija, con dictámenes periciales caracterizados por su complejidad y con una actividad probatoria, ya en el plenario, que imponía a la defensa una importante tarea de estudio con el fin de ofrecer una prueba de descargo que pudiera contrarrestar, en la medida de lo posible, el sólido cuadro incriminatorio que pesaba sobre el procesado. Y esa tarea defensiva, aun cuando no haya alcanzado su objetivo principal, encaminado a la absolución del acusado, lo cierto es que ha sido desplegada con una dignidad profesional ciertamente loable”.

“El escrito de formalización del recurso promovido por la defensa- continúa el texto- con una extensión nada habitual, es fiel expresión de una infatigable tarea de trabajo, sin duda, dificultada por los rígidos límites que el recurso de casación ofrece como marco de impugnación de una sentencia condenatoria. En supuestos como el que ahora centra nuestra atención, el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar, adquiere todo su valor. Se presenta como un servicio público ofrecido de forma voluntaria por la Abogacía y que garantiza una defensa jurídica del máximo rigor técnico. Nuestro reconocimiento, por tanto, a quien con su trabajo ha prestigiado la labor cotidiana y silenciosa de todos aquellos Letrados que, día a día, hacen posible, con la máxima solvencia, el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías”.

Fragmento de la sentencia sobre la actuación del abogado de oficio

V. Pascual, miembro de la Comisión de Control de Cláusulas Suelo: “La Justicia no puede soportar 650.000 nuevos pleitos”2018-01-19

 

Vicente Pascual Pascual es decano del Colegio de Abogados de Elche y representante del Consejo General de la Abogacía en la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación de la aplicación del Real Decreto-ley 1/2017 sobre medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y la resolución extrajudicial de la problemática generada por estas cláusulas en las hipotecas. El subgobernador del Banco de España es el presidente de esta Comisión en la que -además de la Abogacía- participan los Ministerios de Economía, Justicia y Sanidad, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo General del Poder Judicial y la Asociación Hipotecaria Española.

  1. ¿La regulación de la UE de protección de los consumidores y los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE han servido para mejorar la jurisprudencia o normativa en España?

Las normas jurídicas y la jurisprudencia de la Unión Europea tienen una enorme trascendencia en España y en todos los países de la Unión. En todas las materias, también en la de protección de consumidores. La norma sobre la que ha pivotado todo el conflicto de las cláusulas suelo es la Directiva 93/13/CEE, que data de abril de 1.993. Fue aplicada en España tarde y acaso con criterios restrictivos,  mediante la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1.998.

Con ocasión del conflicto de las cláusulas suelo el Tribunal Supremo español dictó el 9 de mayo de 2.013 una sentencia, a mi juicio de excepcional calidad, en la que estableció el carácter nulo, por abusivas, de las cláusulas suelo sometidas a enjuiciamiento; pero la misma sentencia incorporó un pronunciamiento muy discutible, la irretroactividad de la nulidad en relación a los pagos efectuados por los consumidores con anterioridad a la fecha de la sentencia. Fue el Tribunal de Justicia de la Unión, en su sentencia de 21 de diciembre de 2.016, quien declaró que era contrario al derecho de la Unión una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor.

Así pues, debemos reconocer que la Directiva europea fue más lejos en la protección de los consumidores que la ley española que la aplicaba en nuestro país, y también hay que reconocer que, en la aplicación de la Directiva, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión ha ido más lejos que el Tribunal Supremo español, al establecer la plena retroactividad de las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula abusiva.

  1. ¿Qué balance hace, ahora que se cumple un año, del Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo?

El RDL 1/2017 es una pieza más del trato dispensado por los poderes públicos a los consumidores que han sufrido cláusulas abusivas en su relación con las entidades financieras.

Primero fue el poder judicial, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de mayo de 2.013,  quien acaso abrumado por el contexto histórico de 2.013, de severa crisis económica y rescate bancario, declaró que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico y afirmó la irretroactividad de la declaración de nulidad de la cláusula suelo.

Una vez que en diciembre de 2.016 el TJUE declaró la plena retroactividad, en enero de 2.017 el poder ejecutivo, el gobierno, aprobó el RDL 1/2.017, e inmediatamente después el poder legislativo, el Congreso, lo convalidó. Cuando parecía que el conflicto estaba acabado, y que lo razonable y conforme a derecho habría sido que los bancos acatasen la sentencia del TJUE y devolviesen inmediatamente todo lo cobrado en virtud de las cláusulas suelo declaradas abusivas, vino al RDL a concederé una suerte de tiempo de prolongación a la banca, estableciendo un innecesario proceso extrajudicial, y un sistema de privilegiado para la banca en materia de costas judiciales,

Por último, cuando los plazos de tramitación de las reclamaciones extrajudiciales previstos en el RDL 1/2.017 se cumplían, el órgano de gobierno de los jueces nos sorprendió en mayo de 2.017 con la puesta en marcha de lo que se han llamado los juzgados provinciales de cláusulas suelo, a mi juicio de dudosa constitucionalidad, que han alejado la justicia de los justiciables, y han encapsulado el problema de las decenas de miles de nuevos procesos judiciales, acaso para tratar de aislar el resto de la justicia civil española, estableciendo una especie de cordón sanitario.

Mi impresión es que los poderes del estado han pensado mucho en los intereses inmediatos de las empresas bancarias, y menos en la protección de los consumidores.

  1. ¿Cree que las entidades financieras están resolviendo las reclamaciones previas por las cláusulas suelo teniendo en cuenta los derechos de los consumidores? ¿Cómo valora la actuación de la banca?

Al día siguiente de dictarse la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el 21 de diciembre de 2.016, la entidades financieras hubieran debido poner a funcionar sus sistemas informáticos, y por los mismos mecanismos telemáticos que cargan todos los meses los recibos de las hipotecas a sus clientes, por los mismos, debieron practicar una transferencia a cada cliente devolviéndole lo pagado en exceso, más sus intereses legales.

Con ello se habría acabado el problema, habrían cumplido sus deberes hacia sus clientes consumidores, habrían evitado el enorme coste reputacional que esas cifras de centenares de miles de demandas judiciales y más de un millón de reclamaciones extrajudiciales pone de manifiesto, y habrían evitado a la justicia civil española la situación de excepcional estrés que los pleitos de cláusulas suelo le han producido y le siguen  produciendo.

En mi opinión un sector económico que, por su carácter sistémico, no se dejó quebrar en una parte relevante del mismo, y que recibió las inmensas cantidades de dinero empleadas en el rescate bancario, debe cuidar más su reputación, y debe actuar con más responsabilidad social, ante sus clientes consumidores, y ante el servicio público de la justicia.

No descarto que el coste económico final, para las cuentas de resultados y los balances de los bancos, acabe siendo más caro, cuando acaben todas las reclamaciones judiciales, que si lo hubiesen resuelto todo en diciembre de 2.016. La morosidad en el cumplimiento de las obligaciones no pertenece al ámbito de la eficiencia, sino al de la ineficiencia empresarial.

  1. ¿Qué porcentaje de acuerdo existe entre entidades financieras y usuarios de préstamos hipotecarios sobre los cálculos de las devoluciones? ¿Considera que es suficiente?

La Comisión ha hecho públicos una serie de datos cuantitativos agregados, cuya única fuente son las empresas bancarias. Hasta el 30 de septiembre de 2.017 el total de solicitudes formuladas al amparo del RDL 1/2.017 ascendió a la suma de 1.052.789, y el total de solicitudes que terminaron con acuerdo ascendió a 395.135, que suponen el 37,5 % del total.

Estamos ante un tanto por ciento muy insuficiente. No creo que nuestro pais pueda aceptar que las más de 650.000 solicitudes que no han alcanzado un acuerdo, puedan ser 650.000 nuevos pleitos. Eso la planta judicial civil española no lo podría soportar, y la banca española no lo debería provocar.

  1. A finales de noviembre tuvo lugar la segunda reunión de la Comisión, la primera fue el 26 de julio ¿Han contado en sus reuniones con información estadística sobre los procedimientos judiciales o con asesoramiento de técnicos?

Respecto de la estadística de procedimientos judiciales, el portal del Consejo General del Poder Judicial facilita información muy detallada; a 5 de noviembre el número de demandas presentadas en los juzgados de cláusulas suelo ascendía a 118.419; a fecha 17 de diciembre ese número se ha incrementado hasta 156.852. Las cifras son escalofriantes, y si nadie lo remedia, seguirán entrando nuevas demandas, si tenemos en cuenta que a 30 de septiembre había una bolsa de 650.000 solicitudes de reclamación extrajudicial que no alcanzaron acuerdo.

Respecto del asesoramiento de técnicos, ello no solo no ha existido, sino que de momento no parece posible. El Real Decreto que crea y regula la Comisión, expresamente establece la regla del no incremento del gasto público. El presupuesto de la Comisión es cero, y con semejante presupuesto no se pueden hacer muchos milagros.

  1. La Comisión publicó recientemente un informe indicando que la banca había devuelto casi 2.000 millones de euros ¿Cuál es su opinión sobre estas devoluciones? ¿Sabe la Comisión cual es el valor que tienen todas las reclamaciones presentadas?

Los informes de la Comisión son de difícil lectura. En mi opinión esta cifra no es exacta. La tabla de valores agregados hecha pública por la Comisión tras su reunión del pasado 30 de noviembre habla de 395.135 solicitudes     que han alcanzado acuerdo, cuyo montante económico, bien devolución en efectivo, bien otras compensaciones, bien soluciones mixtas, asciende a 1.750 millones de euros.

Mi opinión sobre ello es que si el 37,5% de las solicitudes, las que han alcanzado acuerdo, suponen 1.750 millones de euros, el 62,5% del total de las solicitudes, en las que por una razón u otra no hay acuerdo, acaso supongan 2.915 millones de euros, conforme a una sencilla regla de proporcionalidad.

La Comisión no sabe cual es el valor que tienen todas las reclamaciones presentadas, porque solo dos de cada mil solicitudes cuantifican su reclamación. Este es un dato que merece una reflexión. Me parece incomprensible que 998 de cada 1000 solicitudes no cuantifiquen el importe económico de la reclamación. Es cierto que el cálculo de lo pagado en exceso por razón de las cláusulas suelo requiere tener conocimientos básicos de matemáticas financieras. Nuevamente debo hacer referencia a la responsabilidad social de las empresas bancarias y al cuidado de su reputación. Creo que debería estar a disposición inmediata de cada deudor hipotecario  que tenga cláusula suelo en España, en su oficina bancaria, una certificación que le detallase el importe de los intereses pagados en exceso por razón del suelo cada mes, el total de los intereses así pagados, los intereses legales que cada pago mensual en exceso devengaría desde su fecha hasta la fecha de la liquidación y el total de estos intereses  legales. No tengo la más mínima duda de que esos números están hechos para cada deudor hipotecario con cláusula suelo. Hasta donde yo conozco, y desearía equivocarme y rectificar, esa información no se entrega a nadie. Probablemente por ello, 998 de cada 1000 solicitudes, no cuantifican su reclamación

  1. Teniendo en cuenta que la Comisión evalúa la información suministrada por las entidades de crédito (con la información mínima imprescindible) y por el Banco de España ¿Se puede decir que la Comisión está garantizando la transparencia, la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la eficiencia de las medidas urgentes de protección?

La Comisión lo único que hace es lo que le encomienda la norma que la crea y regula su funcionamiento, con la carencia absoluta de medios que antes he señalado. La Comisión recaba de las entidades de crédito la información que señala el Real Decreto, y una vez recibida la evalúa.

En esa evaluación me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que no se presenta una conducta similar entre todas las entidades financieras. El dato del 32,5% de solicitudes terminadas con acuerdo, esconde una realidad en la que hay entidades que han resuelto un tanto por ciento muy superior, y otras entidades que han resuelto un tanto por ciento muy inferior. Acaso sea por errores de las entidades en el envío de la información, o acaso sea por políticas empresariales sustancialmente distintas a la hora de abordar este conflicto. Pero lo cierto es que a mi juicio se hace necesario profundizar en el estudio estadístico de lo que parecen ser diferentes perfiles o patrones de respuesta de las entidades financieras ante un mismo conflicto.

  1. Se han recibido en los juzgados uniprovinciales de cláusulas suelo más de 120.000 demandas en 2017 ¿Cree que estos juzgados están dando respuesta a las demandas de los ciudadanos?

Mi opinión sobre estos juzgados es negativa, y comparto a este respecto los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo General de la Abogacía en sus reuniones de Barcelona y Granada en 2.017. Se aleja la justicia del ciudadano. Y se está afectando al derecho fundamental al Juez predeterminado por la Ley.

No encuentro ninguna razón sólida, distinta de proteger a la planta judicial civil española de la avalancha de las cláusulas suelo, para haber especializado a estos juzgados. No parece haber otra razón más que encapsular el problema, abandonarlo a su suerte, y establecer un cordón sanitario para el resto de los juzgados civiles.

A mi juicio ello es un muy grave error. Desde el punto de vista constitucional, se sustituye el derecho al juez civil predeterminado por la ley, por la asignación de un solo juez en cada provincia, con unas singulares características en su selección. Hay razones para dudar de su constitucionalidad. Desde el punto de vista del acercamiento de la justicia al ciudadano, y de la igualdad en el disfrute de los servicios públicos, se producen efectos perversos inaceptables. Tomar como base las provincias es desconocer la realidad de España y de su geografía humana. Los juzgados han de ser para los ciudadanos, allá donde residan, y alguien debería releer las cifras de población de las provincias y partidos judiciales de España.

  1. ¿Qué espera de la reforma de la Ley Hipotecaria? ¿Supondrá mayores garantías para los consumidores de productos financieros?

La Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que incorpora algunas modificaciones de la Ley Hipotecaria, actualmente es un proyecto, y no creo vaya a solucionar lo sustancial en relación con las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, que es la materia que regula la Directiva 93/13/ CEE.

El problema no es solo regular los contratos de crédito inmobiliario, sino proteger a los consumidores españoles de las cláusulas abusivas impuestas por las empresas financieras, tal como nos dice Europa. Es necesario diseñar un sistema legal de calidad, que evite el conflicto, que nos saque del círculo vicioso en el que nos encontramos, y nos introduzca en un círculo virtuoso, en el que los agentes económicos se vean incentivados a evitar las cláusulas abusivas y a resolver los conflictos, no a perseverar en el abuso y el conflicto.

En representación de la Abogacía Española propusimos la adopción de iniciativas legislativas que extiendan al sector de la banca la solución que para el sector asegurador nos dio el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS). En nuestro derecho privado regulador de uno de los sectores financieros, el seguro, tenemos la experiencia de claro y rotundo éxito del artículo 20 LCS. De la mano de esa norma se puso fin en nuestro país a la demora y eternización de las indemnizaciones en los contratos de seguro, se redujeron muy sustancialmente las provisiones y las contingencias en los balances de las empresas aseguradoras, se han reducido muy sustancialmente los tiempos medios de tramitación y conclusión de los expedientes de siniestros, y se ha propiciado la excelencia y buena reputación del sector asegurador.

Hemos propuesto una norma equivalente, para el sector de la banca, y respecto de todas las cláusulas abusivas. Lamentablemente es una propuesta que excede formalmente de las competencias de la Comisión, y ha sido remitida al Ministerio de Economía. Si esa modificación legislativa se produjese, no es descabellado pensar que las entidades financieras pagarían ya, los consumidores cobrarían, se acabarían esos centenares de miles de pleitos, y los litigios se reconducirían al peso relativo que la contratación de créditos inmobiliarios tiene en la realidad económica del país. Es una solución sencilla, anclada en la experiencia contrastada de nuestro derecho positivo.

  1. Se aproxima una nueva oleada de reclamaciones por los gastos hipotecarios y la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ¿Cree que se podrá aplicar la experiencia de las cláusulas suelo a estas reclamaciones de los consumidores?

La experiencia habida hasta la fecha con las cláusulas suelo no me parece positiva, y la ausencia de soluciones no se debería extender a otras cláusulas abusivas bancarias. Es urgente encontrar una solución al abuso por las entidades financieras en sus relaciones con los consumidores, a las cláusulas abusivas en los contratos bancarios.

Inevitablemente tengo que regresar a la respuesta anterior. Establezcamos para las cantidades a devolver a los consumidores por razón de la nulidad de cláusulas abusivas, sean cláusulas suelo, cláusulas de gastos o cualesquiera otras, un interés del 20% anual, tras un tiempo prudencial, como en la LCS. Muy probablemente dejaríamos de hablar en un plazo breve de cláusulas abusivas en la banca. Quizás haya llegado el momento de que nos preguntemos si es aceptable que un consumidor de productos bancarios tenga una protección inferior, no solo a la de un consumidor de seguros, sino incluso inferior a la protección de la que goza una empresa que contrata un seguro.

Urge salir del actual círculo vicioso, en el que las cláusulas abusivas habitan en la generalidad de contratos bancarios con consumidores, se establecen mecanismos de prolongación y distracción del problema, y se colapsa la justicia, con riesgo de infracción de derechos fundamentales de los justiciables. Para ello proponemos establecer para los contratos bancarios una norma análoga al artículo 20 de la LCS, y sus intereses del 20% anual. Ha de ponerse fin a las cláusulas abusivas en los contratos bancarios, y ha de repararse sin más demoras ni prórrogas el daño causado a los consumidores.

La vía judicial es el último recurso para reclamar infracciones laborales2018-01-18

La relación entre empleado y trabajador no es siempre sencilla, pues si bien ambas partes buscan hacer lo mejor para que la empresa funcione, también tratan de luchar por sus propios intereses, algo que a menudo se ha de resolver con asesoría legal de por medio.

Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados, recuerda que, según el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, “son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional para el empleo, de trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente ley”.

En este sentido, a la hora de realizar una reclamación laboral, los pasos a seguir no siempre son los mismos, aunque el trabajador cuenta con vías de actuación suficientes como para solucionar el conflicto.

1.       Representantes de los trabajadores. El primer paso siempre debería ser el de tratar de solucionar el conflicto dentro de la propia empresa con la mediación de los representantes de los trabajadores, que han de hacer que se cumplan las normas en derechos laborales. Además, los sindicatos también pueden poner a disposición del trabajador mecanismos para denunciar, por lo que si es posible utilizar también esta vía, debería hacerse.

2.       Buzón de lucha contra el fraude laboral. La página web que el Ministerio de Empleo pone este buzón a disposición del ciudadano para que pueda notificar de forma anónima las infracciones o conductas fraudulentas que detecte en su empresa. La información que se envía mediante esta plataforma llega a Inspección de Trabajo para su análisis y poner en marcha los procedimientos oportunos.

 3.       Denunciar ante la Inspección de Trabajo. En este caso el sujeto que la presente deberá identificarse. Este organismo está encargado de velar por que se cumplan las leyes en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y cuenta con tres formas de actuar:

  • Por iniciativa propia.
  • Por petición de otros órganos administrativos.
  • Por denuncia de los ciudadanos.

4.    Vía judicial. La última opción para reclamar los derechos laborales de los ciudadanos en su entorno laboral es a través de los Juzgados de lo Social. Deberá presentarse la "Papeleta de conciliación laboral", documento necesario para demandar a la empresa por infracción laboral y comenzar con el proceso judicial.

El Tribunal Supremo anula la condena a dos gimnastas por intromisión en el derecho al honor de un entrenador denunciado por abusos sexuales2018-01-18

La Sala Primera –de lo Civil- del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por tres antiguos integrantes de un equipo de gimnasia -dos gimnastas y un entrenador- contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que les había condenado a abonar al demandante, por entonces primer entrenador de dicho equipo, una indemnización de 30.000 euros por apreciar una intromisión ilegítima en su derecho al honor en las declaraciones relacionadas con los abusos sexuales de los que habrían sido víctimas una de las gimnastas demandadas y otras gimnastas que formaron parte de dicho equipo con posterioridad. 

La sentencia recurrida justificó la prevalencia del derecho al honor del demandante sobre la libertad de información de las personas demandadas porque, aunque no podía afirmarse que sus declaraciones hubieran sido falsas, no estaba acreditado que fueran ciertas o veraces. 

El Tribunal Supremo analiza el canon de veracidad aplicable a las declaraciones que denuncian ese tipo de conductas y concluye que la forma en la que ha sido aplicado por la Audiencia Provincial no es correcta. 

La Sala señala que la exigencia de veracidad, incluso cuando se aplica a quien no actúa como informador profesional, sino en la comunicación pública de hechos en los que se ha visto involucrado personalmente, no puede consistir en la exigencia de aportación de una prueba de la realidad de los hechos denunciados más allá de toda duda, especialmente cuando, como sucede en este caso, se trata de hechos difíciles de probar por las propias peculiaridades de los posibles abusos sexuales, por su carácter clandestino y por su lejanía en el tiempo. 

El alto tribunal entiende que el estándar de prueba de los abusos que la Audiencia impuso para poder descartar la intromisión ilegítima en el derecho al honor del supuesto agresor es igual e incluso superior al exigido para dictar una sentencia penal condenatoria. En el proceso penal, la declaración de la víctima no carece de valor incriminatorio por el hecho de ser parte en el proceso, y la declaración de otros testigos que presenciaron los hechos puede tener también carácter incriminatorio. 

En cambio, en este proceso civil, la Audiencia se mostró extremadamente rigurosa en la valoración de las pruebas que justificarían la veracidad, al no considerar como tales los interrogatorios de las personas demandadas y no tomar en consideración las circunstancias que caracterizan este tipo de hechos (deseo de confidencialidad de otras posibles víctimas, dificultades para recordar los detalles exactos por ser las supuestas víctimas y testigos menores de edad cuando sucedieron los hechos, afectación traumática que suelen provocar este tipo de hechos, etc.) ni el hecho de que la causa penal fue archivada porque el delito imputado al demandante estaba prescrito, lo que impidió una investigación más rigurosa y la celebración de un juicio penal por los hechos denunciados. 

Este canon de veracidad tan exigente supondría en la práctica, añade la sentencia, considerar ilegítima y susceptible de condena la práctica totalidad de las denuncias públicas de este tipo de conductas, que por su carácter clandestino, por los espacios de intimidad en los que se producen, por la minoría de edad de sus víctimas y por el tiempo que usualmente transcurre hasta que las víctimas se atreven a denunciarlo, resultan muy difíciles de probar con el rigor que sería necesario para obtener una condena penal. 

Ello no significa que se considere probado que el demandante cometiera los actos de que se le acusa. El tribunal es consciente de la gravedad de este tipo de acusaciones y del daño que pueden causar a la persona afectada y exige por ello un especial cuidado en la ponderación de los derechos en conflicto, pero entiende que una exigencia de prueba de la veracidad de tal rigor impediría la denuncia pública de ese tipo de conductas y cargaría a las víctimas y testigos que los denuncian con el grave riesgo de ser condenados civilmente por su actuación de denuncia. Por ello, si la denuncia pública tiene suficientes visos de seriedad y una cierta verosimilitud y no hay prueba de que sea falsa ni motivada por mala fe, no procede condenar al denunciante por intromisión ilegítima en el derecho al honor del afectado por la denuncia. 

Así lo considera la Sala este caso, en el que se valora que los hechos fueron denunciados ante el Consejo Superior de Deportes y la Policía, y solo después de que esa denuncia se filtrara a la prensa se produjeron las declaraciones enjuiciadas; que la versión de la supuesta víctima fue confirmada en el juicio por otras tres personas que afirmaron haber presenciado los abusos; y que constan las declaraciones de otras personas que afirmaron haber presenciado hechos que confirmaban directa o indirectamente la versión de los recurrentes. Por todo ello, se estima el recurso de casación y se confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, que había desestimado la demanda.

El Tribunal Supremo confirma la condena de 70 años impuesta al llamado “pederasta de Ciudad Lineal”2018-01-18

La Sala Segunda -de lo Penal- del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 70 años y 6 meses de prisión impuesta a A.A.O.M., conocido como el pederasta del distrito madrileño de Ciudad Lineal, como autor de cuatro delitos de agresión sexual y cuatro delitos de detención ilegal, dos de ellos en concurso ideal con la agresión sexual, así como dos faltas y un delito de lesiones cometidos contra cuatro menores, de entre 5 y 9 años, entre el 24 de septiembre de 2013 y el 22 de agosto de 2014 en Madrid. El condenado también tiene que pagar una indemnización de 425.000 euros a las víctimas en concepto de responsabilidad civil.

La Sala ha desestimado los catorce motivos alegados por el condenado en el recurso de casación y concluye que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le impuso la citada condena valoró “prueba de cargo válida, de neto valor incriminatorio” y, además, “con un razonamiento impecable que excluye todo asomo de vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia”.

“Sólido cuerpo probatorio”

En su recurso, la defensa mantenía que no se podía sostener la autoría del acusado respecto de todos los hechos denunciados por las cuatro niñas. Respecto a este motivo, el tribunal afirma que lo verdaderamente definitivo para proclamar la responsabilidad de A.A.O.M., ha sido la firmeza en la identificación del procesado por las menores que fueron agredidas. Aparte de ese “sólido cuerpo probatorio”, explica la Sala, hay otros elementos de corroboración, como son, de una parte “la constatación de que la metodología empleada por el acusado para acercarse a las menores, su traslado a un lugar previamente seleccionado y las sevicias a las que sometió a cada una de aquéllas, presentan puntos en común que refuerzan la idea de una misma mano”.

Además, señala la Sala, el examen de la señal emitida por las antenas BTS de telefonía móvil permite concluir que, tanto en el momento de ejecución de los hechos como en el del abandono de las niñas, la ubicación geoespacial del procesado era, no ya compatible, sino que se ajusta a la localización de los hechos tal y como habían sido denunciados.

En relación con la validez de la prueba del ADN que permitió identificar restos genéticos de A.A.O.M., cuestionada por el condenado en su recurso, la Sala explica que la sentencia recurrida descartó cualquier riesgo de confusión o duda que pudiera implicar a otra persona que participara, por razón de una ascendencia común, de esos mismos haplotipos. La sentencia destaca que la policía científica o judicial que recogieron las huellas, los médicos forenses y los facultativos que realizaron los dictámenes, dieron fundadas explicaciones a cuantos temas se suscitaron en el juicio por lo que rechaza el motivo en el que se alegaba indefensión por no admitir una prueba explicativa de aspectos técnicos de la identificación genética.

La Sala también rechaza la alegación de la defensa de que unas declaraciones del entonces ministro del Interior identificando a A.A.O.M., como ‘el pederasta de Ciudad Lineal’ en una rueda de prensa celebrada tras su detención, vulnerasen sus derechos a la presunción de inocencia y a la interdicción (prohibición) de la arbitrariedad de los poderes públicos. Añadía el abogado que las ruedas de reconocimiento realizadas en sede judicial no podían por ello ser valoradas como medio de prueba.

El tribunal sí constata “un distorsionado entendimiento del principio de publicidad procesal, garantía procesal del constitucionalismo liberal que está siendo reemplazada, con mucha más frecuencia de lo tolerable, por una publicación del proceso”, pero rechaza que las ruedas fueran nulas ya que el tratamiento mediático no afectó a las niñas “hasta el punto de condicionar la indicación del acusado como la persona que había sometido a cada una de ellas a las sevicias denunciadas”. De hecho, ninguna de las menores admitió haber visto la imagen del acusado de forma anticipada a su reconocimiento judicial, en algún medio de comunicación.

El tribunal resalta que sólo la valoración de las pruebas practicadas en el plenario, con inmediación y contradicción, están en la base de la declaración de responsabilidad de A.A.O.M. “Ni la censurable locuacidad del máximo responsable de las fuerzas policiales que asumieron la investigación, ni la anticipada autoría proclamada en rueda de prensa –pese a que el vocablo presunto se repite entre las explicaciones-, tuvieron virtualidad para alterar una declaración jurisdiccional sólo basada en el resultado de la actividad probatoria desarrollada en presencia de los Magistrados llamados a su valoración”, subraya el Supremo.

Asimismo, el tribunal rechaza la indefensión alegada por la defensa en su recurso basándose en el desconocimiento de diligencias que no fueron incorporadas a la causa. La Sala recuerda que la ley permite incluir en el sumario las diligencias que permitan dejan constancia de la perpetración de los delitos. “No existe en este caso dato que alimente la idea de una ocultación interesada de información o datos que pudieran haber condicionado los términos de la investigación, hasta el punto de llevar el sumario a la errónea identificación del procesado llamado a soportar la acusación”, razona la Sala.

Elogio al turno de oficio

Por último, el tribunal deja constancia de la “profesionalidad y encomiable dedicación” del abogado de oficio que asumió la defensa de A.A.O.M. La tarea defensiva, aun cuando no haya alcanzado su objetivo principal, que es la absolución del acusado, ha sido realizada con “una dignidad profesional ciertamente loable”, que, en supuestos como este hace que, “el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar, adquiere todo su valor”, concluye el tribunal.

Hechos probados

La primera de las agresiones se produjo el 24 de septiembre de 2013 cuando A.A.O.M. abordó a una niña de cinco años mientras jugaba en un parque en la calle del Río Conejos, y mediante engaño –diciéndole que conocía a su madre y que tenía que darle unas bolsas- logró que se fuera con él en su coche hasta un lugar que no ha podido ser precisado.

El 10 de abril de 2014, a las 20:40 horas, el condenado utilizó el mismo método para agredir sexualmente a una niña de 9 años, que salía con dos amigas de una tienda de chucherías de Ciudad Lineal. Tras decirle que iba a probarle unos trajes de modelo, consiguió que montara en su coche, le dio tres pastillas y la llevó a un piso propiedad de su madre, donde la retuvo en contra de su voluntad. A las 1,15 de la madrugada, la abandonó en el metro de Canillejas.

Su siguiente víctima fue una niña de seis años de edad que fue raptada entre las 18:30 y las 19:00 horas del 17 de junio de 2014 en la calle Luis Ruiz de Madrid. Desde allí, la llevó en su coche a una vivienda o local desconocido y tras cometer los actos sexuales y ducharla, la dejó a las 23:30 horas en la calle del Jazmín. Debido a las lesiones que le causó, la menor tuvo que ser operada y estuvo hospitalizada nueve días.

La víctima de la cuarta agresión, que se produjo el 22 de agosto de 2014, fue una menor de siete años de edad que jugaba con su hermano y con su tío en un parque. Sobre las 17,30 A.A.O.M. abordó a la niña y la convenció para que se marchara con él diciéndole que iban a darle una sorpresa a su abuelo. Una vez dentro del coche, la llevó a un descampado para cometer la agresión. Después la dejó abandonada allí hasta que la encontró un viandante a las 19:10 horas.

El CGPJ aprueba las ternas de candidatos a tres plazas de magistrado del Tribunal Supremo2018-01-17

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó el lunes las ternas de candidatos a tres plazas de magistrados del Tribunal Supremo: una en la Sala Segunda, vacante por la jubilación de José Ramón Soriano Soriano; otra en la Sala Tercera, vacante por la jubilación de Pedro José Yagüe Gil; y una más en la Sala Cuarta, vacante por la jubilación de José Luis Gilolmo López. 

Para la primera de las plazas, correspondiente al turno de carrera judicial previsto en los artículos 343 y 344 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la terna está compuesta por los siguientes candidatos: 

  • Manuela Fernández Prado, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
  • Javier Hernández García, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona
  • Ángel Luis Hurtado Adrián, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
  • Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid
  • Vicente Magro Servet, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid
  • Susana Polo García, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

Abstención del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ 

La Comisión Permanente también aprobó la terna de candidatos a una plaza de magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de especialistas previsto en los artículos 343 y 344 a) de la LOPJ.

En este caso, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no ha intervenido en la selección de los candidatos, ya que previamente ha presentado un escrito comunicando su decisión de abstenerse de participar “en todo acto, trámite o decisión” relacionados con este proceso selectivo por razón de su amistad con uno de los aspirantes, Fernando Román García, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.2.c) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

 Lesmes ya se abstuvo de participar, por los mismos motivos, en el procedimiento de elección de un magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que tuvo lugar en enero de 2016, puesto al que también optó Román y para el que el Pleno del CGPJ eligió a Rafael Toledano Cantero. 

La terna aprobada para la plaza convocada está compuesta por los siguientes candidatos: 

  • Jesús María Calderón González, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • José Luis Gil Ibáñez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • Fernando de Mateo Menéndez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • Fernando Román García, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • María Alicia Sánchez Cordero, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • Santiago-Pablo Soldevila Fragoso, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 

Candidatos a magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 

Por último, la Comisión Permanente aprobó la terna de candidatos a una plaza de magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, correspondiente al turno general  previsto en los artículos 343 y 344 b) de la LOPJ. 

Los candidatos seleccionados son los siguientes: 

  • Ricardo Bodas Martín, magistrado de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
  • María Luz García Paredes, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
  • Juan Carlos Iturri Gárate, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
  • Francisco Javier Lluch Corell, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
  • Juan Molins García-Atance, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
  • Sara María Pose Vidal, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

El Pleno del CGPJ elegirá a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo en su reunión del próximo día 25.

El Tribunal General de la UE confirma la Decisión de la Comisión que ordena a Franc ia recuperar 1 370 millones de euros en el marco de una ayuda de Estado concedida a EDF2018-01-17

Électricité de France (EDF) produce, transporta y distribuye electricidad, en particular en territorio francés. En la época en que sucedieron los hechos era una empresa pública que pertenecía íntegramente al Estado francés. En 1997, en el contexto de la apertura del mercado interior de la electricidad, [1] el Estado francés modificó su legislación con el fin de clarificar cuál era el régimen patrimonial de la empresa, restructurar su balance contable y ampliar su capital.

El 16 de diciembre de 2003, la Comisión adoptó una Decisión [2]en la que declaró que, en el marco de esa operación de reestructuración del balance y de ampliación del capital de EDF, el Estado francés había renunciado a un crédito fiscal valorado en 888,89 millones de euros, correspondiente al impuesto de sociedades adeudado por EDF. La Comisión estimó que esa renuncia había reforzado la posición competitiva de EDF frente a sus competidores, y que constituía una ayuda del Estado incompatible con el mercado común. La Comisión calculó que el importe total de la ayuda que EDF debía restituir ascendía a 1 217 millones de euros, incluidos intereses. EDF devolvió ese importe al Estado francés.

EDF, apoyada por Francia, presentó ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso de anulación parcial de esa Decisión. Mediante su sentencia de 15 de diciembre de 2009, [3]confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2012, [4]el Tribunal General anuló la Decisión de la Comisión, por considerar que ésta no podía negarse a examinar, basándose en la naturaleza fiscal de la medida adoptada, si el Estado francés había actuado como un «inversor privado en una economía de mercado». Este criterio del inversor privado pretende determinar si la participación o la intervención pública en el capital de la empresa beneficiaria persigue un objetivo económico que también podría perseguir un inversor privado y, por tanto, si el Estado la lleva a cabo como un operador económico, del mismo modo que un operador privado.

A raíz de las sentencias del Tribunal General y del Tribunal de Justicia, la Comisión adoptó una nueva Decisión el 22 de julio de 2015. [5]Al considerar que el criterio del inversor privado no era aplicable al caso, la Comisión declaró nuevamente la medida de ayuda incompatible con el mercado interior y exigió su recuperación más los intereses correspondientes. El importe de la ayuda, fijado aproximadamente en 1 370 millones de euros, fue devuelto a Francia el 13 de octubre de 2015. Insatisfecha con esta nueva Decisión, EDF, apoyada por Francia, presentó un recurso ante el Tribunal General solicitando la anulación de la misma.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General confirma la Decisión de la Comisión de 22 de julio de 2015 y, en consecuencia, la obligación del Estado francés de recuperar el importe aproximado de 1 370 millones de euros.

El Tribunal General examina básicamente si la Comisión concluyó legítimamente, en su nueva Decisión de 22 de julio de 2015, que el criterio del inversor privado no era aplicable. A este respecto, el Tribunal General recuerda, en primer lugar, sobre la base de su sentencia de 2009 y de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2012, que deben diferenciarse las funciones del Estado como accionista de una empresa, por un lado, y como poder público, por otro, y que la aplicabilidad del criterio de inversor privado depende, en definitiva, de que el Estado conceda, en su condición de accionista y no en la de poder público, una ventaja económica a una empresa que le pertenece. El Tribunal General recuerda también que ni él en su sentencia de 2009 ni el Tribunal de Justicia en su sentencia de 2012 prejuzgaron la aplicabilidad del criterio del inversor privado, dejando con ello a la Comisión la tarea de determinar si dicho criterio era aplicable.

El Tribunal General examina seguidamente la alegación mediante la que EDF sostiene que, dado que la medida controvertida es de recapitalización, el Estado francés actuó como accionista, persiguiendo de este modo un objetivo de inversión comparable, por su naturaleza, al de un inversor privado, lo que debería haber llevado a la Comisión a declarar aplicable el criterio del inversor privado. El Tribunal General rechaza esta alegación por considerar, en contra de lo que sostiene EDF, que la medida controvertida no es una medida de recapitalización de esa empresa, sino la renuncia a percibir el impuesto a la hora de reclasificar los derechos del concedente en capital.

El Tribunal General también rechaza la alegación de EDF según la cual la Comisión erró al concluir que no era aplicable el criterio del inversor privado por haber mezclado el Estado francés sus facultades de poder público y de accionista. Recuerda que incumbía al Estado francés demostrar inequívocamente y sobre la base de elementos objetivos y verificables que la medida aplicada emanaba de su condición de accionista, y que tales elementos debían poner claramente de manifiesto que había tomado la decisión de realizar una inversión en EDF antes de conceder la ventaja o a la vez que lo hacía. Según el Tribunal General, la Comisión apreció el conjunto de elementos puestos a su disposición por EDF y por Francia con el fin de determinar si la medida controvertida emanaba de la condición de accionista o de la de poder público del Estado francés, por lo que no incurrió en error de Derecho. Del mismo modo, la Comisión concluyó legítimamente que los documentos aportados por EDF y por el Estado francés no acreditan un análisis distinto y autónomo de las consideraciones del Estado en su condición de accionista, ni tampoco demuestran que no exista confusión entre las consideraciones ligadas al impuesto y las relativas a la retribución del Estado.

El Tribunal General también señala, al igual que la Comisión, que los distintos documentos aportados por EDF y por el Estado francés no constituyen ni contienen evaluaciones económicas comparables a las que un inversor privado habría encargado antes de aplicar la medida controvertida con el fin de determinar su rentabilidad futura. En consecuencia, la Comisión no cometió ningún error de Derecho al considerar que esa falta de estudios, de referencias o de análisis específicos dificultaba la tarea de aislar los efectos de la supuesta inversión en la información aportada por el Estado francés o por EDF.

El Tribunal General concluye que la Comisión excluyó legítimamente la aplicabilidad del criterio del inversor privado, puesto que ni EDF ni Francia han aportado elementos que permitan demostrar inequívocamente que el Estado francés hubiera tomado la decisión de realizar una inversión en EDF antes de conceder la ventaja de que se trata o a la vez que concedía ésta, ni que hubiera evaluado la rentabilidad de la inversión constituida por la concesión de esa ventaja a EDF como habría hecho un inversor privado.

[1] Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (DO 1997, L 27, p. 20).
[2] Decisión C(2003) 4637 final de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa a las ayudas estatales concedidas por Francia a EDF y al sector de las industrias eléctricas y del gas en forma de falta de pago en 1997 del impuesto de sociedades correspondiente a la parte de las provisiones creadas para la renovación de la red de alta tensión general («RAG») (Ayuda de Estado n.º C 68/2002, N 504/2003 y C 25 /2003 - Francia).
[3]Sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2009, EDF/Comisión (T-156/04; véase asimismo el CP nº 111/09).
[4]Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2012, EDF/Comisión (C-124/10 P; véase asimismo el CP nº 70/12).
[5] Decisión (UE) 2016/154 de la Comisión, de 22 de julio de 2015, relativa a la Ayuda Estatal SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) - Recalificación como capital de las provisiones contables con exención de impuestos para la renovación de la Red de Alimentación General ejecutada por Francia en favor de EDF (DO 2016, L 34, p. 152).

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

La Audiencia de Navarra desestima el recurso presentado por diez simpatizantes de Indar Gorri contra su enjuiciamiento2018-01-17
El fiscal solicita 2 años de prisión para 11 inculpados por un supuesto delito de pertenencia a grupo criminal

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha desestimado el recurso presentado por 10 investigados (imputados) simpatizantes del grupo Indar Gorri contra la decisión del juez instructor de enjuiciarles por un supuesto delito de pertenencia a grupo criminal.

Tras esta decisión, contra la que no cabe recurso, 11 procesados —uno no recurrió— serán juzgados en los próximos meses en el Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona.

En abril, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona consideró que había indicios para procesar a 21 encausados por un supuesto delito de integración en grupo criminal ya que, con la excusa del seguimiento a Osasuna, se desplazaban por diferentes ciudades con la finalidad de “cometer delitos de lesiones, sin importarles su gravedad”, o participar en riñas tumultuarias “buscando el enfrentamiento físico y violento con los grupos extremistas contrarios”.

Posteriormente, en junio, el Ministerio Fiscal presentó escrito de acusación contra 11 de los 21 encausados, de forma que el procedimiento se archivó respecto de los otros 10 al no pesar sobre estos imputación alguna. Entre otros supuestos delitos, en sus conclusiones provisionales, la fiscal encargada el caso solicitó 2 años de prisión para cada inculpado por pertenencia a grupo criminal.

El juez instructor basó sus imputaciones en el análisis del contenido de las comunicaciones telefónicas intervenidas, los movimientos de la cuenta bancaria del grupo, los datos de geoposicionamiento de los teléfonos móviles, el contenido de los móviles intervenidos y los documentos incautados en los registros.

Para la Audiencia, existe base razonable suficiente para el enjuiciamiento ante los indicios de comisión de un delito imputable a unas personas determinadas, sin que se aprecie indefensión alguna.

Según argumentan los magistrados, “con todas las prevenciones asociadas a un pronunciamiento necesariamente provisional, en cuanto emitido desde un conocimiento fragmentado e incompleto, susceptible por tanto de ser rebatido en una valoración más general que pueda resultar de un juicio público y contradictorio, no podemos considerar injustificada la propuesta efectuada por el [juez] instructor de que existen indicios de la posible participación delictiva” de los imputados recurrentes en “los hechos investigados, atendiendo a las pruebas practicadas”.

Las aseguradoras ofrecen indemnizaciones a la baja en la mayoría de los casos por accidente2018-01-16

Reclamar una indemnización a una compañía de seguros en caso de accidente de tráfico no siempre resulta sencillo, pues las aseguradoras acostumbran a ofrecer cantidades insuficientes por las lesiones sufridas y, además, aplican procesos de análisis de cada caso muy minuciosos para evitar situaciones de fraude. En este sentido, en el supuesto de haber sido víctima de un accidente de tráfico, la reclamación tendrá que estar basada en dos elementos clave: la culpabilidad y la gravedad de las lesiones.

Por un lado, la culpabilidad o no del asegurado en el accidente será el factor que decidirá si hay caso o no, es decir, si puede reclamar una indemnización o no. Para ello será necesario contar con el parte de la autoridad competente, o bien con un parte amistoso correctamente cumplimentado y firmado por las partes. También tendrán importancia los testimonios de eventuales testigos, así como las fotografías que se puedan haber tomado en el momento y lugar del accidente. Por otra parte, el informe de urgencias será una prueba de mucho peso a la hora de llevar a cabo la reclamación de indemnización por lesiones.

“Suele ser habitual que las aseguradoras ofrezcan indemnizaciones insuficientes a las personas que han sido víctimas de algún accidente de tráfico aprovechándose de su falta de conocimientos sobre la materia y sobre los baremos de compensación económica entre los que se mueven estas compañías dependiendo de las lesiones sufridas. Por eso es importante contar con el correspondiente asesoramiento legal a la hora de realizar la reclamación”, indica Fernando Sanahuja, abogado y socio de Sanahuja Miranda.

¿Cuáles son los pasos a seguir para recibir una indemnización?

  • Reclamar a la compañía aseguradora del vehículo causante y hacerle entrega de los correspondientes informes médicos de los que se disponga.
  • Recibir la visita de los servicios médicos de la aseguradora a la que se le está reclamando la indemnización. Este paso será obligatorio.
  • Una vez el asegurado haya sido sometido a las correspondientes pruebas médicas, la aseguradora le hará llegar una oferta desglosada basada en el informe médico realizado por la compañía.

En el caso de que no se estuviera conforme con la propuesta de indemnización recibida, el asegurado podría acudir al Instituto de Medicina Legal, donde de forma imparcial se analizarán las lesiones y se emitirá un informe que pagará la aseguradora. Si el documento diera más importancia a las lesiones, se debería renegociar una nueva indemnización al alza. En el caso de no estar conformes con el informe del Instituto de Medicina Legal, el reclamante podría solicitar los servicios de un perito para fundamentar su estrategia legal por la vía judicial.

Eso sí, el reclamante tendrá que saber en todo momento que un intento de fraude a la compañía de seguros puede llegar a acarrear penas de prisión. De hecho, el de automóviles es el segmento en el que son más habituales los intentos de fraude por la simulación de robo de vehículos (4 de cada 100 casos) o por tratar de agravar los daños o lesiones corporales producidas en un accidente (6 de cada 100).

La primera Junta de Gobierno del Colegio de Madrid crea 20 Comisiones de Trabajo para desarrollar su programa2018-01-16
  • Se crea una Portavocía, un Portal de Transparencia y canales de comunicación para los colegiados con los diputados
  • La próxima reunión de la Junta será el 25 de enero

Ayer se celebró la primera Junta de Gobierno para el desarrollo del programa electoral, para lo que inicialmente se han distribuido tareas en distintas Comisiones de Trabajo, que estarán coordinadas por un diputado de la Junta de Gobierno, y serán las siguientes:

  1. Turno de Oficio, Justicia Gratuita y Extranjería
    • Asistencia Letrada al Detenido: es de máxima prioridad para esta Junta de Gobierno, que equiparará este servicio a las ‘urgencias sanitarias’; se reforzarán las relaciones con el resto de instituciones que intervienen en el proceso, con el fin de conseguir la mejora de condiciones de las guardias de los abogados del TO.
  2. Deontología
  3. Formación, Centro de Estudios y Universidad: se ocupará de diseñar la nueva oferta formativa y de coordinar con grandes firmas la designación de profesores que impartan clases gratuitas.
  4. Marketing y Comunicación: se crea una Portavocía y se reforzarán las relaciones con los medios de comunicación.
  5. Relaciones Internacionales: se reforzará la imagen internacional del que es el mayor Colegio de Abogados de Europa.
  6. Biblioteca y Gestión del Conocimiento: se dotará a los colegiados de las mejores bases de datos.
  7. Abogados de Empresa
  8. Secretaría de Juntas y Servicios Jurídicos
  9. Tesorería
  10. Honorarios
  11. Secciones: se revisarán para que sean los mejores foros de especialización.
  12. Responsabilidad Social e Igualdad
  13. Medios Alternativos de Resolución de Disputas: Arbitraje y Mediación
  14. Relaciones Institucionales
  15. MUSA Mutua Sanitaria: potenciará las relaciones con la Mutua para contribuir a la mejora de su servicio a los colegiados.
  16. Tecnologías de la Información y Comunicación: trabajará en la necesidad de que la web institucional se convierta en un canal eficaz de servicios online para el colegiado.
  17. Relaciones con el personal laboral del Colegio: procurará que la Institución, que cuenta con casi 200 empleados, preste un servicio a los colegiados con la mayor calidad posible y con menor carga burocrática.
  18. Relaciones con la Administración de Justicia: potenciará el lugar que ocupan los abogados madrileños ante el resto de operadores jurídicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demás estamentos de representación.
  19. Enlace con los Jóvenes Abogados: que trabajarán con autonomía y con representación en las Juntas de Gobierno a través de su presidente.
  20. Defensor de la Abogacía: estará representado en la figura del Decano para identificar conductas de indefensión que sufren los abogados madrileños en su ejercicio profesional y adoptar las medidas necesarias para evitarlo.

Presupuesto, Transparencia, cercanía y control

En la reunión se han revisado las principales partidas del Presupuesto 2018 de la Corporación. En la próxima Junta, que tendrá lugar el 25 de enero, habrá un acuerdo definitivo sobre el control de gastos.

Se ha acordado, asimismo, la creación de un Portal de Transparencia para revisar los contratos y acuerdos contraídos con empresas y otras instituciones, así como el control de gastos acorde con la legislación vigente. Todo ello con la finalidad de dotar de una mayor cercanía y un sentimiento de ‘responsabilidad del gasto’ a los colegiados con las cuotas colegiales y recursos de la institución.

Con este mismo objetivo de transparencia y cercanía, se ha habilitado un correo electrónico para que los colegiados trasladen sus propuestas a la Junta de Gobierno.

Otros asuntos tratados

La Junta de Gobierno, además de tratar cuestiones propias como expedientes de Deontología, Honorarios y Prestaciones Asistenciales, ha valorado la oportunidad de realizar una nueva edición de la Carrera Solidaria ‘Corre por lo Justo’, teniendo en cuenta el coste y el impacto en la ciudad. La decisión se tomará en los próximos días.

El 25 de enero tendrá lugar la segunda reunión de la Junta de José María Alonso, en la que se revisarán las primeras iniciativas puestas en marcha.

Acciones en 2017 de la Abogacía para prestigiar la profesión y defender los derechos de los ciudadanos2018-01-16

El Consejo General de la Abogacía Española como corporación de derecho público creada el 19 de junio de 1943 tiene entre sus funciones velar por el prestigio y correcto ejercicio de la profesión, así como por el cumplimiento de las obligaciones deontológicas de los abogados, defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y trabajar por una Justicia más ágil.

En el año 2017, el Consejo General de la Abogacía Española ha colaborado con diferentes instituciones y ha aportado su visión experta en el diseño de las políticas públicas en nombre del interés común. Estas son algunas de las acciones que se han llevado a cabo durante 2017:

  1. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, presentó en febrero el Plan Estratégico de la Abogacía, una “hoja de ruta” para la Abogacía para el periodo 2017-2020 en la que, a través de cinco ejes estratégicos, se aborda el correcto ejercicio de la profesión, la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el cumplimiento de las obligaciones deontológicas con la finalidad de trabajar por una Justicia más ágil, moderna y eficaz.
  2. La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española reunida en Barcelona en sesión celebrada el viernes 17 de febrero de 2017, y tras abordar el cambio de criterio que establece la aplicación del IVA al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita reclamó la suspensión inmediata del nuevo criterio de interpretación de la Dirección General de Tributos, para evitar perjuicios a los ciudadanos y a los abogados adscritos al Turno de Oficio.
  3. El Consejo General de la Abogacía Española firmó un convenio con UNESPA y TIREA  para estandarizar el proceso de remisión de documentos entre los letrados de las víctimas de accidentes de circulación y las aseguradoras. Este protocolo favorece la resolución extrajudicial de los accidentes donde alguna persona haya resultado herida o haya fallecido. Por lo tanto, beneficia a las personas afectadas, contribuye a reducir la litigiosidad y alivia la carga de trabajo de los juzgados en materia de siniestros de tránsito.
  4. La presidenta de la Abogacía presentó ante los diputados de la Comisión de Justicia las cinco grandes áreas de actuación para trabajar en la mejora de la Administración de Justicia. Victoria Ortega defendió consolidar la arquitectura institucional de garantías y derechos mediante una apuesta para promover la precisión técnica de las resoluciones judiciales a través de la especialización de los órganos judiciales. Así como equiparar la Justicia a la excelencia y eficiencia del resto de servicios públicos. Promover la eficiencia operativa del servicio público de Justicia proponiendo transformar la actual estructura de planta y demarcación judicial y apostando por crear tribunales colegiados no provinciales tribunales de base o primer grado para atender los más numerosos e importantes asuntos para los ciudadanos. Alinear las políticas públicas en materia de Justicia a los estándares europeos y equiparar la Justicia a la excelencia y eficiencia del resto de servicios públicos.
  5. El Consejo General de la Abogacía Española presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el acuerdo del 25 de mayo de 2017 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo.
  6. El Consejo General de la Abogacía Española presentó ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que permite la cesión a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de información sobre la participación de abogados y procuradores en los más de 23 millones de procedimientos judiciales tramitados durante los años 2014, 2015 y 2016.
  7. La Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española elaboró y aprobó un Plan Formativo denominado “Conferencias de los lunes” que comenzó a desarrollarse a partir del mes de septiembre 2017 y mediante el cual se ofrece a los Colegios y a través de éstos a los colegiados, unas herramientas formativas de máxima calidad que faciliten el reciclaje permanente que el ejercicio de la abogacía requiere. Estas jornadas se encuentran entre las medidas recogidas en el Plan Estratégico de la Abogacía 2020.
  8. El Consejo General de la Abogacía Española organizó una jornada sobre ‘La ciberseguridad en la abogacía como elemento de la confianza digital: buenas prácticas y RSE’, organizada dentro del ciclo ‘Ciberseguridad y Abogacía’ en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE. En ella expertos juristas analizaron los retos a los que se enfrentan los abogados en materia de ciberseguridad y cómo afrontarlos. La jornada abordó la ciberseguridad en la abogacía desde la óptica de la confianza digital y responsabilidad social”.
  9. El Consejo General de la Abogacía Española reclamó al Ministerio de Economía que aprobara la orden ministerial que debe regular la creación del Órgano Centralizado de Prevención de blanqueo de capitales de la Abogacía. Así, la Abogacía reiteró su compromiso para cumplir con las obligaciones impuestas por la legislación contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y reafirmó su voluntad de colaborar con las Administraciones Públicas en la averiguación y persecución de estas conductas delictivas.
  10. El Consejo General de la Abogacía organizó el 9 de mayo una jornada en la que, con el título de ‘Abogacía en Igualdad’, se analizaron los factores de la desigualdad en la sociedad, en la justicia y en la Abogacía, y se hicieron propuestas para avanzar en igualdad. Desde la Abogacía se ha creado un Grupo de Trabajo de género para impulsar la igualdad, para incrementar la formación de los profesionales de la Abogacía en la perspectiva de género.
  11. Durante la segunda jornada del IV Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española se presentó la Guía “Enfoque de Género en la Actuación Letrada”. Una Guía práctica para abogados que ha sido elaborada por María Martín González, abogada y responsable de la Comisión de Igualdad del Colegio de Abogados de Oviedo, y Elena Ocejo Álvarez, abogada y presidenta de la Asociación Abogadas para la Igualdad.
  12. “Derechos Humanos=Derechos en Igualdad” fue el lema que el Consejo General de la Abogacía utilizó para mostrar su firme compromiso con la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, como quedó demostrado en la entrega de los Premios Derechos Humanos 2017, que tuvieron lugar durante la Conferencia Anual de la Abogacía, dedicados este año de forma extraordinaria a la igualdad de género.
Un despacho logra una sentencia pionera en España a favor de un empresario contra Hacienda2018-01-15
  • El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz da la razón a un empresario que había recibido la visita de una inspección de la Agencia Tributaria, en este caso, con autorización judicial previa para la entrada
  • Lo novedoso de esta sentencia es que, a pesar de que existía un auto judicial previo autorizando la entrada, por diversos motivos, las actuaciones han sido consideradas ilegales por lesionar los derechos del contribuyente.

La firma gaditana, Alfonso Jiménez Abogados, ha obtenido una sentencia por la que se anulan las actuaciones realizadas por la Inspección de Hacienda, en concreto el volcado de datos informáticos en la sede de la empresa, y se establece la obligación de devolver los datos obtenidos al empresario.

En este caso, la Administración Tributaria realizó una visita a la sede social de una empresa de la provincia de Cádiz, dentro de un procedimiento inspector, habiendo obtenido previamente autorización judicial de entrada y estando presente el representante de la sociedad, procediendo a intervenir los equipos informáticos, tras las indicaciones recibidas de los representantes de la administración tributaria, en el sentido de que no cabía oposición a la actuación porque había sido autorizada previamente por el órgano judicial oportuno.

Tras la actuación del bufete gaditano, el Juzgado, inicialmente, aprobó la adopción de medidas cautelares, impidiendo a la Inspección el poder examinar los datos tomados de los ordenadores durante el transcurso del procedimiento.

Posteriormente, en el proceso principal, se ha logrado obtener el dictado de una sentencia por la que se anula la actuación de la Agencia Tributaria por haberse excedido en sus atribuciones, y ordenando la devolución de los datos tomados de sus ordenadores.

Cabe recordar que Hacienda puede acceder sin problema legal a los ordenadores de una empresa y extraer toda la información que considere relevante para realizar la inspección. No obstante, queda fuera de esta posibilidad de acceso directo aquellos ordenadores que se encuentren en el “domicilio constitucionalmente protegido”, para lo que hace falta, o el consentimiento previo y expreso del titular para el acceso de la inspección o, en su defecto, la correspondiente orden judicial.

Los cuatro puntos cardinales de la nueva abogacía2018-01-15

A juicio de los más importantes CEO de firmas legales internacionales…

Son 4 los hitos que están cambiando el sector legal.

1.- Transformación Digital, Avances Tecnológicos, Inteligencia Artificial, Mayor conectividad, robotización de tareas menos complejas, automatización y simplificación de los procesos de gestión de los Law Firms.

Todo esto conducirá a una progresiva reducción de los costes operacionales,  reduciendo poco a poco la ventaja que  han venido teniendo las pequeñas y medianas firmas legales, respecto a las grandes firmas legales.

¿Percibes esa urgencia?

¿Crees que la tecnología inundará todos los sectores productivos, incluido el sector legal?

¿O eres de los que creen que el sector legal nunca ha sido muy permeable a los avances tecnológicos y que la implantación de estos avances en el sector legal tardará más que en otros sectores?

¿Conoces la Ley de Moore (1965)? Gordon Moore fue un cofundador de Intel y manifestó que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador.

Lo que la Ley de Moore demuestra, es que llevamos vivido 50 años de crecimiento exponencial de las capacidades tecnológicas, a la vez de un abaratamiento exponencial de estos avances. Este crecimiento exponencial demuestra que durante estos primeros cincuenta primeros años los crecimientos han sido muy relevantes. Pero el problema de cualquier "crecimiento exponencial", es que los resultados,  son y van a ser, cada año, abrumadores si los comparamos con los años precedentes.

¿Qué tipo de tareas propias de una firma de abogados, son susceptibles de ser realizadas por un robot?

2.-  Un nuevo mercado laboral.

Los nuevos abogados, las nuevas generaciones, tienen otras inquietudes y necesidades: Entornos de trabajo más amables; planes de carrera alternativos y más flexibles, horarios part-time, contacto directo con el cliente, presencia más temprana en la estrategia de defensa y representación de los clientes, formación cualificada e intensa.

Este nuevo mercado laboral, no es una tendencia. La denominada cultura del esfuerzo ya no es lo que fue. Siguen queriendo ganar dinero, por supuesto, pero no quieren ganar dinero a cualquier coste. Los nuevos abogados valoran la calidad de vida. Y valoran más aún, tener una vida laboral y además, una vida personal, día a día.

3.-  Internacionalización.

Hasta hace 10 años un abogado de Valparaiso (Chile) o de Fulton (Illinois) podía ser abogado, ganar bastante dinero  y olvidarse de lo que pasaba en Santiago de Chile o Chicago. Hoy no se lo puede permitir. Y en cinco años, no más, ese abogado, no solo tendrá que pensar en firmas que le den cobertura en USA o LatAm, sino que además, necesitará cobertura legal en todo el mundo.

En los últimos 10 años, una pequeña firma como ILP Abogados, ha estado trabajando estrechamente con Law Firms de Europa y LatAm (Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, México...) Gracias a esa cobertura legal de confianza, no hemos perdido clientes que estuvieron muy cerca de trabajar con grandes Firmas internacionales.

Con frecuencia, el cliente ya no quiere tratar con las firmas legales de otros países, y nos pide  coordinar todo el asesoramiento legal internacional.

4.- El Cliente. El nuevo concepto de Cliente.

¿Qué ha pasado con el cliente?

En primer lugar asume que ha venido pagando demasiados honorarios. Y que en lo sucesivo va a pagar menos.

Además demanda que el abogado asuma, o todo, o al menos parte del riesgo de las transacciones. Cada vez demanda formas más sofisticadas de facturar. Además demanda del abogado no solo una evaluación legal, sino también asesoramiento  colateral, oportunidades de negocio, contactos... Y también que el abogado le facilite el acceso a profesionales de otras disciplinas.

Y a veces, con más frecuencia de lo que parece, exige "magia", soluciones a problemas imposibles.

La Audiencia Nacional absuelve a los exdirectivos de Abengoa de los delitos de administración desleal o apropiación indebida2018-01-15
El tribunal considera que las indemnizaciones abonadas al expresidente y al ex consejero delegado de la entidad se adecuaban a la normativa existente

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Nacional ha absuelto a la excúpula de Abengoa en el juicio por las indemnizaciones abonadas al expresidente Felipe Benjumea y al exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega. La Fiscalía pedía cinco años de prisión para el primero, 4 años y tres meses para el segundo y cuatro años para los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde Valiente y Antonio Fornielles Melero. Estaban acusados de los delitos de administración desleal o apropiación indebida.  

El tribunal les absuelve al entender que no ha quedado acreditada la administración desleal de los bienes de Abengoa y que esas indemnizaciones se adecuaban a la normativa legal y contractual exstente. 

Los hechos juzgados se remontan a 2015, cuando se formalizó la salida de la entidad del presidente Felipe Benjumea y del consejero delegado Sánchez Ortega. Las cláusulas de los contratos firmados contenían indemnizaciones por cese anticipado de 11, 4 millones de euros en el caso del primero y 4,4 en el del segundo, a las que, según el fiscal, no tenían derecho y no se correspondían con el estado por el que atravesaba la empresa, que tuvo que acogerse al preconcurso de acreedores. 

En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal consideran que no ha quedado acreditado que los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos de 23 de febrero de 2015 fueran concebidos y elaborados para favorecer “improcedentemente” al entonces presidente ejecutivo de Abengoa Felipe Benjumea ni al entonces consejero delegado de la entidad Antonio Manuel Sánchez Ortega, puesto que venían impuestos por la reforma, por Ley 31/2014 de 3 de diciembre, del Real Decreto Legislativo 1/2010 de julio por la que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Esos contratos, según explica el Tribunal, fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que aparezca, dicen, que los acusados intervinieran en la redacción de sus cláusulas, cláusulas que en su aspecto económico recogían estipulaciones ya establecidas o bien imperantes en la mayoría de las sociedades mercantiles de similares perfiles. 

En relación con los tres miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, la Sala entiende que tampoco ha quedado acreditado que actuaran “torticeramente en el proceso de proposición de los acuerdos relativos a la elaboración de los mencionados contratos mercantiles”. 

Los jueces recuerdan que contaron con el correspondiente asesoramiento técnico a efectos de “posterior aprobación por el Consejo de Administración, se adecuaban a lo establecido en la normativa legal y contractual aplicable”.

La actividad concursal en España se estabiliza en 2017 en los 4.000 procedimientos anuales2018-01-12

El número de concursos de empresas publicados en España durante 2017 descendió un 0,4% hasta las 3.943 insolvencias, una cifra muy similar a la registrada en 2016, cuando se alcanzaron los 3.960 concursos. La actividad también cayó durante el último trimestre del pasado año, concretamente un 6%, al pasar de los 1.196 del mismo periodo de 2016 a los 1.129 registrados en 2017. Estas son algunas de las cifras que se desprenden del Baremo concursal 2017, elaborado por PwC a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Distribución geográfica de los concursos de empresas publicados en el año 2017

Para Enrique Bujidos, socio responsable de Reestructuraciones de PwC, "las cifras de 2017 marcan una estabilización en el número de los concursos. Aunque los procedimientos han caído en tres de los cuatro trimestres del año, se trata de descensos mucho más pequeños que los que se venían produciendo en años anteriores, y todo indica que la actividad se mantendrá estable en torno a los 4.000 concursos anuales".

Por comunidades autónomas, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana fueron las regiones con mayor actividad concursal durante 2017 y aglutinaron la mitad (51%) del total de concursos publicados en este periodo (19%, 18% y 15%, respectivamente). Les sigue, de cerca, Andalucía con un 11%.

Cabe destacar el incremento de los concursos en la Comunidad de Madrid, donde se registraron un total de 100 concursos, un 16% más respecto al año anterior.  La Región de Murcia, con un 70% de aumento en la actividad concursal -y 56 concursos registrados-, fue la comunidad donde más se incrementaron los procedimientos en términos porcentuales, en comparación con el año anterior.

Respecto a la distribución por sectores, el de servicios fue el que más concursos aglutinó (1.048) y representó un 27% del total en 2017. Por su parte, dos de los sectores que históricamente han registrado mayor actividad -el de la construcción y el inmobiliario- mantuvieron su relevancia respecto del total. Entre los dos aglutinan el 27% de procedimientos publicados en España (14% y 13%, respectivamente) en 2017. Sin embargo, también son los sectores que han registrado una mayor reducción de concursos en términos porcentuales, con descensos del 6% y del 12% respecto a 2016.  

En cuanto al tamaño de las empresas en concurso en 2017, continúa la tendencia registrada en años anteriores y el 64% de los concursos fueron de compañías con un activo inferior a 2 millones de euros. Mientras, las empresas con un activo superior a 30 millones de euros, solo representan el 2% del total. Además, destaca el incremento -45%- de la actividad concursal en empresas con un activo superior a los 50 millones.

Precisamente, este incremento ha redundado en un aumento del 6% del promedio de valor del activo de las empresas en concurso, que pasa de 3,4 millones de euros en 2016 a 3,6 millones en 2017.  

Por último, las empresas con plantillas de hasta 50 empleados fueron las que se vieron más afectadas por las quiebras empresariales en este periodo (65%), mientras que el menor porcentaje lo tuvieron aquellas con hasta 250 empleados, con el 4% del total. 

Análisis por provincia:

Análisis por Comunidad Autónoma:

“Articularemos las medidas necesarias para aliviar la situación de dificultad y de desamparo que están sufriendo muchos compañeros”2018-01-12

La del pasado 13 de diciembre fue una jornada agridulce para José María Alonso. La alegría por haber logrado el apoyo de la Abogacía Madrileña para ser su nuevo decano, se vio en parte ensombrecida por los tristes incidentes acaecidos en el hall del hotel, por la presunta agresión física y verbal que sufrió la decana saliente, Sonia Gumpert. A la espera de lo que sobre estos hechos resuelvan los tribunales, Alonso, que desarrolla su actividad profesional como socio de Baker Mckenzie, prefiere mirar hacia el futuro y comenzar a trabajar desde el minuto uno “para que los resultados de nuestra gestión sean percibidos a la mayor brevedad por la Abogacía madrileña”.

¿Qué balance puede ofrecernos acerca de la campaña electoral y la propia jornada de las elecciones?

Pues fíjese, es mi deber y mi responsabilidad superar las diferencias entre compañeros que se han podido manifestar en campaña y mirar adelante. ¿Habría preferido que determinadas formas o acusaciones infundadas no hubiesen estado presentes semana tras semana? Pero pienso que precisamente uno de los elementos que contribuyeron a que nuestra candidatura tuviese el apoyo mayoritario de la Abogacía madrileña, fue un estilo claro y un discurso permanentemente positivo y constructivo que nos pe