El tiempo de guardia domiciliaria de un trabajador que debe responder a las llamadas del empresario en un plazo de tiempo breve debe considerarse «tiempo de trabajo»2018-02-23

La obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de tiempo breve limitan considerablemente las posibilidades que tiene un trabajador de dedicarse a otras actividades

El servicio de protección contra incendios de la ciudad de Nivelles (Bélgica) está compuesto por bomberos profesionales y voluntarios. Estos últimos participan en las intervenciones y garantizan también guardias y permanencias. El Sr. Rudy Matzak adquirió la condición de bombero voluntario en 1981. También trabaja para una empresa privada. En 2009, el Sr. Matzak entabló un procedimiento judicial contra la ciudad de Nivelles en el que solicitaba, entre otras cosas, una indemnización de daños y perjuicios por sus servicios de guardia domiciliaria, que, en su opinión, deben considerarse tiempo de trabajo.

La cour du travail de Bruxelles (Tribunal Laboral Superior de Bruselas), que conoce del litigio en segunda instancia, decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. En esencia, desea saber si los servicios de guardia domiciliaria pueden considerarse comprendidos en la definición de tiempo de trabajo en el sentido del Derecho de la Unión. 1

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia destaca, en primer lugar, que los Estados miembros no pueden establecer excepciones, con respecto a determinadas categorías de bomberos contratados por los servicios públicos de protección contra incendios, al conjunto de obligaciones derivadas de las disposiciones de la Directiva, entre las que figuran los conceptos de

«tiempo de trabajo» y de «período de descanso».

La Directiva tampoco permite a los Estados miembros mantener o adoptar una definición del concepto de «tiempo de trabajo» distinta de la que en ella se contiene. En efecto, aunque la Directiva establece que los Estados miembros tienen la facultad de aplicar o de introducir disposiciones más favorables a la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores, esta facultad no puede aplicarse a la definición del concepto de «tiempo de trabajo». Esta afirmación resulta corroborada por la finalidad de la Directiva, que tiene por objeto garantizar que las definiciones que ésta proporciona no puedan recibir una interpretación variable en función de los Derechos nacionales.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia recuerda que los Estados miembros siguen teniendo la facultad de adoptar, en sus respectivos ordenamientos jurídicos nacionales, disposiciones que establezcan una duración del tiempo de trabajo y de los períodos de descanso más favorable para los trabajadores que la determinada por esta Directiva.

El Tribunal de Justicia recuerda igualmente que la Directiva no regula la cuestión de la retribución de los trabajadores, aspecto que es ajeno a la competencia de la Unión. Así pues, los Estados

1  Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).

miembros pueden establecer en su Derecho nacional que la retribución de un trabajador durante el «tiempo de trabajo» no sea la misma que la de un trabajador en «período de descanso», hasta el punto de que pueden no reconocer retribución alguna durante este último período.

Por último, el Tribunal de Justicia aclara que el tiempo de guardia que un trabajador pasa en su domicilio con la obligación de responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos —plazo que restringe considerablemente la posibilidad de realizar otras actividades— debe considerarse «tiempo de trabajo». A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que el factor determinante para la calificación de «tiempo de trabajo», en el sentido de la Directiva, es el hecho de que el trabajador esté obligado a hallarse físicamente presente en el lugar determinado por el empresario y a permanecer a disposición de éste para poder prestar sus servicios inmediatamente en caso de necesidad.

En este asunto, resulta que el Sr. Matzak no sólo debía estar localizable durante sus tiempos de guardia. Por una parte, debía responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos y, por otra parte, estaba obligado a estar presente físicamente en el lugar determinado por el empresario.

El Tribunal de Justicia considera que, aunque en este caso dicho lugar sea el domicilio del Sr. Matzak y no su lugar de trabajo, la obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que, desde un punto de vista geográfico y temporal, supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de ocho minutos limitan de manera objetiva las posibilidades que tiene un trabajador que se encuentra en la situación del Sr. Matzak de dedicarse a sus intereses personales y sociales. Habida cuenta de tales limitaciones, la situación del Sr. Matzak se distingue de la de un trabajador que, durante su servicio de guardia, simplemente deba estar a disposición de su empresario a fin de que éste pueda localizarlo.

Condenan a un exjefe de la Policía autonómica canaria a cuatro años de cárcel por acoso laboral y lesiones2018-02-23

El subinspector tendrá que indemnizar a los dos agentes perjudicados con más de 69.000 euros. La sentencia declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Comunidad Autónoma de Canarias en el pago de la indemnización

El Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas ha condenado a penas que suman cuatro años y cuatro meses de prisión a un exsubinspector de la Policía Autonómica canaria que entre los años 2010 y 2013, ocupando los puestos de oficial -primero- y de subinspector y jefe de la base del cuerpo en Gran Canaria -después-, acosó laboralmente a dos agentes y les causó lesiones psíquicas, hasta el punto que uno de ellos se encuentra incapacitado de por vida para ejercer como agente del orden, declara probado la resolución.

Además de la condena penal, la sentencia impone al hoy expolicía -se encuentra de baja permanente por cuestiones ajenas al proceso- la obligación de indemnizar a los dos perjudicados con más de 69.505 euros, y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Comunidad Autónoma de Canarias en el abono de estas sumas.

Igualmente, la autoridad judicial impone al acusado la obligación de abonar las costas del proceso, esto es, los honorarios no sólo de su defensa, sino de la representación legal de las acusaciones particulares.

La resolución declara probado que el encausado “mantuvo a sabiendas desde 2010 un trato humillante, ofensivo y discriminatorio con respecto a D.”, uno de los agentes que estaban bajo su mando.

Este trato, continúa, consistió en que “de forma reiterada, en los briefing [reuniones para impartir instrucciones], en los vestuarios, delante de compañeros, le dirigiese expresiones consistentes en [decirle] que no era policía o que no merecía serlo, que había personas que sólo servían para estar rodeados de putas y maricones; le quitaba la palabra en los briefing o se reía de él”.

Además, expone, el acusado, bien como oficial, bien como subinspector y jefe de la base, “asignaba a D. -o daba instrucciones para que éste realizara con más frecuencia que el resto de sus compañeros- los servicios peor considerados para todos, por su falta de dinamismo o actividad, o por su soledad”.

Se declara probado que el acusado influyó para denegar al agente cambios de turno y una licencia de estudios, de la que el jefe anterior “había informado favorablemente”.

La situación de D. se agravó, sigue el relato de hechos probados, cuando en el año 2013 el policía prestó declaración en un procedimiento penal distinto al presente contra el hoy condenado, que se instruía en el Juzgado número tres de la capital grancanaria [la llamada operación Ladrillo].

A partir de entonces, relata la sentencia, “el rigor fue mayor con él, y los servicios menos valorados se le adjudicaban con mayor frecuencia”.

Todo ello dio lugar a que en marzo de 2013 D. fuera dado de baja médica, tras sufrir en plena jornada laboral una crisis de ansiedad.

“Esta continua, sistemática y deliberada conducta de hostigamiento y presión”, relata el fallo, “le ha provocado [a D.] un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y depresión, teniendo un estado anímico crónico, habiendo reconocido el INSS una incapacidad permanente total para su profesión habitual”, se lee en el fallo.

El segundo perjudicado fue el agente J.

Según la sentencia, a raíz de que éste prestara declaración en el caso ladrillo, el acusado “mantuvo con él un trato humillante y discriminatorio, llamándole en público flipao, chiflao, milotroncho” [procedía del Ejército].

Detalla la resolución que, a este agente, el acusado “le asignaba los servicios peor considerados para todos, como el CECOE, calabozos… dio cuenta de ausencias al servicio que no eran tales, o de otros hechos con la clara intención de que le abriesen expedientes”.

“La intención que ha guiado este comportamiento del acusado hacia J.”, expone el fallo, “nuevamente ha sido de hostigamiento, con ánimo de vejar, y siendo claramente discriminatorio respecto de lo ordenado y de los servicios distribuidos por el acusado a los demás integrantes de la plantila de policías”.

Concluye el relato de hechos probados obrante en la sentencia exponiendo que, para “escapar” de esta situación, “absolutamente insoportable”, el 1 de septiembre de 2013, J. “pidió una excedencia voluntaria, y como consecuencia de todo ello, de la continua y persistente actitud del acusado (…), presenta trastorno adaptativo con sintomatología mixta ansioso-depresiva, de la que ya ha sido dado de alta”.

La resolución condena al expolicía a dos penas de un año y seis meses de prisión e inhabilitación por igual periodo como autor de sendos delitos de acoso laboral del artículo 173.1 del vigente Código Penal, y a dos penas de ocho meses cada una e inhabilitación por el mismo periodo como autor de otros dos delitos delitos de lesiones psíquicas previstos en el artículo 147.1 del mismo texto.

En cuanto a la indemnización, dispone que pague 56.505,85 euros a D. por los días de incapacitación y las secuelas “más los intereses”, y a J. en la cantidad de 13.000 euros.

La sentencia no es firme. Contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas. La presentación de este recurso deja automáticamente en suspenso la ejecución del fallo.

José María Alonso traslada al presidente de la AP de Madrid las propuestas de la Junta de Gobierno para mejorar el ejercicio del derecho de defensa2018-02-23
  • Permitir el acceso de los letrados a los expedientes telemáticos y mejorar las designaciones de Oficio son algunas de las cuestiones planteadas

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha trasladado hoy al presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres, las propuestas de la Junta de Gobierno para facilitar la labor de la abogacía madrileña en el ejercicio de la profesión. Acompañado por la vicedecana del Colegio, Begoña Castro, el decano ha transmitido al presidente de la Audiencia Provincial una serie de medidas destinadas a fortalecer el ejercicio del derecho de defensa.

Entre otras cuestiones, el Colegio ha propuesto que se valore la posibilidad de que los letrados puedan acceder de forma telemática a las actuaciones judiciales, especialmente cuanto se trate de causas de cierta complejidad, y se ha solicitado la colaboración del presidente de la Audiencia para que se autorice el acceso de los letrados a los centros penitenciarios con medios electrónicos.

En el ámbito de la Asistencia Jurídica Gratuita se han planteado una serie de medidas para mejorar las designaciones de Oficio, como facilitar a los letrados que son designados la obtención de copias del procedimiento en fechas próximas a la celebración de la vista.

En aras del correcto ejercicio del derecho de defensa, los representantes de la abogacía madrileña han propuesto que las conducciones de presos se lleven a cabo con antelación suficiente a la celebración del juicio, y se ha solicitado que un representante del Colegio pueda asistir a la Comisión Provincial de Policía Judicial, presidida por Eduardo de Torres.

También se ha planteado la necesidad de reforzar la interlocución y coordinación entre el Colegio y la Audiencia Provincial de Madrid para facilitar las actuaciones de los letrados en Sala, así como mantener un canal permanente de comunicación con la presidencia para elevar las cuestiones detectadas por los abogados en su ejercicio profesional que puedan ser susceptibles de adopción de acuerdos de unificación de doctrina.

El TC anula la norma foral de Gipuzkoa que elimina el pago del ITP y AJD a la comunidad islámica2018-02-22

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y, como consecuencia de ello, ha declarado inconstitucional y nulo el art. 4.2.d) de la Norma Foral de las Juntas Generales de Gipuzkoa 13/2012, que eliminó la exención del pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para “la Iglesia Católica y las iglesias y confesiones y comunidades religiosas que tengan suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español”. Ha sido ponente de la sentencia el Magistrado Santiago Martínez-Vares.

La sentencia examina, en concreto, si la supresión de la exención del pago del citado impuesto para la comunidad islámica vulnera el derecho de libertad religiosa (art. 16.1 CE), pues la cuestión de inconstitucionalidad se formuló en un procedimiento judicial iniciado a instancias de una comunidad musulmana de Elgoibar.

Según la doctrina constitucional, la competencia que la Constitución atribuye en exclusiva al Estado para garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos (art.

149.1.1 CE) abarca, cuando se trata de la libertad religiosa, a las medidas que éste adopte con el fin de "promover las condiciones para que esa libertad fundamental sea real y efectiva". En otras palabras, el citado derecho, consagrado por la Constitución, ampara la libertad religiosa y,

al mismo tiempo, obliga al Estado, "sin perjuicio de la neutralidad" del mismo, a "mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones".

De este modo, explica la sentencia, no solo se encomienda al legislador estatal la tarea de materializar esos acuerdos de cooperación, sino también la de "facilitar la práctica efectiva de las creencias religiosas y de sus actos de culto, así como la participación de los ciudadanos en los mismos, a través de medidas como son la concesión de un régimen fiscal especial para las iglesias, confesiones y comunidades que las representan". La exención del pago de determinados impuestos a las confesiones religiosas es, por tanto, una medida que el Estado adopta en ejercicio de la competencia exclusiva que le atribuye el art. 149.1.1 CE para garantizar el ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad.

El Tribunal llega a la conclusión de que la norma foral cuestionada, en la medida en que elimina la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados sobre los bienes y derechos de la Comisión Islámica de España y de sus Comunidades miembros, va en contra del contenido del acuerdo de cooperación suscrito por el Estado con la Comisión Islámica de España. Y, en consecuencia, vulnera la competencia que, en virtud del art. 149.1.1 CE tiene el Estado para garantizar el ejercicio de la libertad religiosa (art. 16.1 CE) en condiciones de igualdad.

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Según el Abogado General Bot, las decisiones d e gestión forestal adoptadas por Polonia con respecto al lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska infringen el Derecho de la Unión2018-02-22

Estas decisiones pueden provocar indudablemente un deterioro de los lugares de reproducción de especies protegidas

En 2007, con arreglo a la Directiva sobre los hábitats [1], la Comisión aprobó la designación como lugar de importancia comunitaria del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska, que comprende en particular los tres distritos forestales de Białowieża, de Browsk y de Hajnówka, debido a la presencia en él de hábitats naturales y de hábitats de ciertas especies de animales y de aves cuya protección es prioritaria. Este lugar ha sido calificado igualmente de «zona de protección especial» de las aves, con arreglo a la Directiva sobre las aves [2]. El sitio Natura 2000 Puszcza Białowieska es uno de los bosques naturales mejor conservados de Europa y se caracteriza por su gran cantidad de madera muerta y de viejos árboles, muchos de ellos centenarios.

Debido a la propagación constante del escarabajo de la corteza de las coníferas (Ips typographus) [3], el Ministro polaco del Medio Ambiente autorizó en 2016, para el periodo comprendido entre 2012 y 2021, la cuasi-.triplicación de la explotación de madera en el distrito forestal de Białowieża y la realización de operaciones de gestión forestal activa, tales como cortes de saneamiento, reforestación y cortes de rejuvenecimiento, en zonas en las que hasta ese momento no era posible intervención alguna.

Posteriormente, en 2017, el Director General del Servicio Forestal adoptó la decisión n.º 51, «relativa a la tala de árboles colonizados por el Ips typographus y a la retirada de árboles que constituyan una amenaza para la seguridad pública y creen un riesgo de incendio, en las poblaciones forestales de cualquier edad de los distritos forestales [...] ». Así pues, se procedió a retirar árboles secos y árboles colonizados por el Ips typographus en esos tres distritos forestales en una zona de unas 34 000 hectáreas de las 63 147 hectáreas que integran la superficie total del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska.

Considerando que las autoridades polacas no se habían asegurado de que esas operaciones de gestión forestal no perjudicasen a la integridad del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska, la Comisión interpuso el 20 de julio de 2017 un recurso solicitando que se declare que Polonia ha incumplido las obligaciones que le imponen la Directiva sobre los hábitats y la Directiva sobre las aves [4].

[1] Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO 1992, L 206, p. 7), en su versión modificada en último lugar por la Directiva 2013/17 del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (DO 2013, L 158, p. 193).

[2] Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres (DO 2010, L 20, p. 7), en su versión modificada por la Directiva 2013/17.

[3] Se trata de una especie de coleóptero parásito que ataca principalmente las piceas.

[4] Por otra parte, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que, hasta que se pronunciara sobre el fondo del asunto, ordenase a Polonia que pusiera fin a las operaciones de gestión forestal activa en determinados hábitats y poblaciones forestales y a la retirada de piceas centenarias muertas y a la tala de árboles en relación con el incremento del volumen de madera explotable en el lugar Puszcza Białowieska, salvo en caso de amenaza para la seguridad pública. La Comisión solicitó también que se impusiera una multa coercitiva a Polonia en caso de que no se respetaran esas órdenes conminatorias. El Tribunal de Justicia accedió a lo solicitado mediante auto de 20 de noviembre de 2017 (véase el CP n.º 122/17).

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Yves Bot propone al Tribunal de Justicia que declare que Polonia ha incumplido sus obligaciones derivadas de estas Directivas.

El Abogado General comienza recordando que la Directiva sobre los hábitats persigue el objetivo de que los Estados miembros adopten medidas de protección apropiadas para mantener las características ecológicas de los lugares que cobijen hábitats naturales. Así pues, cuando haya de aprobarse un plan o un proyecto que, sin tener relación directa con la gestión de un lugar protegido o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a ese lugar deben establecerse medidas de conservación necesarias para las zonas especiales de conservación y cumplirse ciertos requisitos especiales.

Por una parte, el Abogado General estima que Polonia no ha aplicado las medidas necesarias para la conservación del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska. En primer lugar, señala que así puede deducirse de la propia naturaleza de las medidas adoptadas por las autoridades polacas, que han provocado la pérdida de una parte de las poblaciones forestales. A continuación, indica que esas medidas no pueden justificarse por una propagación sin precedentes del Ips typographus, ya que existen opiniones divergentes entre la comunidad científica sobre la adecuación de dichas medidas. Por último, recuerda que, en un plan de gestión (Plan Zadań Ochronnych, « PZO») aprobado por las autoridades nacionales en 2015, [5] las medidas de esa índole se consideraron peligros potenciales para la conservación de los hábitats y de las especies protegidos. A su juicio, las medidas impugnadas tienen como consecuencia potencial privar de eficacia a dicho plan de gestión, e incluso permitir que las autoridades polacas hagan caso omiso de lo dispuesto en él. Dadas esas circunstancias, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que declare que Polonia ha incumplido las obligaciones que le imponen a este respecto tanto la Directiva sobre los hábitats como la Directiva sobre las aves.

Por otra parte, tras indicar que Polonia también había alegado que las medidas de que se trata constituían un plan o un proyecto que no tenía relación directa con la gestión del lugar Naturaleza 2000 ni era necesario para la misma, en el sentido de la Directiva sobre los hábitats, el Abogado General recuerda que un plan o un proyecto de este tipo, si puede afectar de forma apreciable a ese lugar, debe someterse primero a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar protegido y sólo puede ser autorizado, a continuación, si no perjudica a la integridad de ese lugar. El Abogado General estima que del mero examen de la cronología de las decisiones controvertidas y de la coherencia de los documentos justificativos presentados se desprende que no pudo procederse a la evaluación exigida por la Directiva sobre los hábitats, lo que basta para considerar que Polonia ha incumplido las obligaciones que le impone a este respecto dicha Directiva.

Indica igualmente que, poco antes de la decisión de 2016, en el plan de gestión de 2015 se habían adoptado medidas diferentes para los árboles colonizados por el Ips typographus y señala que, si bien es preciso alcanzar un cierto equilibrio entre las medidas de gestión activa y las medidas de gestión pasiva destinadas a luchar contra la propagación de este insecto, a fin de cumplir los objetivos de conservación establecidos en la Directiva sobre los hábitats y en la Directiva sobre las aves, las disposiciones de la decisión n.º 51 adoptada en 2017 no muestran indicio alguno de perseguir ese equilibrio, pues permiten aplicar sin restricciones medidas de tala y de retirada de poblaciones forestales. El Abogado General subraya que no está demostrado que los volúmenes de madera que se explotaron entre 2012 y 2015 hayan favorecido la propagación del Ips typographus, pues esos volúmenes fueron idénticos a los de años anteriores. Señala que el mismo día en que se adoptó la decisión de 2016 se aprobó un programa de rehabilitación destinado a evaluar las repercusiones futuras de las medidas adoptadas, y que la evaluación de 2015 presentada ante el Tribunal de Justicia no se ocupa de las repercusiones de las medidas de gestión forestal sobre la conservación y la integridad del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska en su totalidad, además de estar basada en datos de 2012.

[5] El 6 de noviembre de 2015, el Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku (Director regional de protección del medio ambiente de Białystok, Polonia) aprobó un plan de gestión (Plan Zadań Ochronnych) que fija los objetivos de conservación y establece las medidas de conservación relativas al lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska para el territorio de los tres distritos forestales de Białowieża, de Browsk y de Hajnówka. Este plan es un acto de Derecho local.

Por otra parte, el Abogado General añade que, en cualquier caso, no se han respetado los requisitos que establece la Directiva sobre los hábitats en materia de evaluación, tal como han sido interpretados por el Tribunal de Justicia, ya que en la fecha en que se adoptaron las decisiones controvertidas seguía existiendo una controversia científica sobre los métodos más adecuados para frenar la propagación del Ips typographus.

Considera igualmente que también se ha violado el principio de cautela, integrado en la Directiva sobre los hábitats, ya que, en el momento en que se adoptaron las medidas controvertidas, la realidad y la gravedad de los riesgos potenciales de perjuicio para la conservación y la integridad del lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska no habían sido totalmente identificadas, ni evaluadas ni, en su caso, descartadas.

Además, dado que las autoridades polacas han invocado razones de seguridad pública para justificar la adopción y la aplicación de las medidas controvertidas, el Abogado General destaca que éstas exigen que se haya procedido a una evaluación de las repercusiones del plan o proyecto, cuyas conclusiones deben ser negativas, y que no existan soluciones alternativas. En tal supuesto, las autoridades polacas debían examinar asimismo la posibilidad de recurrir a medidas alternativas o compensatorias de las medidas de gestión forestal que se adoptaron y se aplicaron. Pues bien, ninguna de esas prescripciones ha sido respetada.

Por último, sus consideraciones sobre el incumplimiento de los requisitos relativos a la evaluación de las operaciones de gestión forestal de que se trata llevan al Abogado General a concluir que dichas operaciones pueden provocar indudablemente un deterioro de los lugares de reproducción de las especies protegidas que viven en el lugar Natura 2000 Puszcza Białowieska.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.

El Colegio de Abogados de Madrid crea una nueva Sección para afrontar el desafío jurídico de los robots2018-02-22
  • El 27 de febrero se inaugura la Sección de Robótica, Inteligencia Artificial y Realidad Virtual y Aumentada, presidida por Santiago Mediano

El desarrollo tecnológico y la creciente automatización de los procesos productivos plantean grandes interrogantes a la sociedad que requieren de una respuesta jurídica por parte de la abogacía. Para hacer frente a este desafío nace la nueva Sección de Robótica, Inteligencia Artificial y Realidad Virtual y Aumentada, una iniciativa del Colegio de Abogados de Madrid que será presentada el próximo 27 de febrero a las 19 horas en el Salón de Actos de la Institución.

Esta nueva Sección ofrece a la abogacía madrileña un punto de encuentro profesional para la búsqueda de soluciones a los problemas jurídicos que surjan de la generalización y aplicación de la robótica y la inteligencia artificial en la vida diaria de los ciudadanos. De esta manera, el Colegio de Madrid se posiciona como referente ante la necesidad de dar respuesta a las cuestiones legales que plantean estas nuevas tecnologías.

En palabras del presidente de la Sección, el letrado Santiago Mediano, “se trata de adelantar el reloj de la sociedad española sin esperar a que los problemas que ya plantea el uso de estas tecnologías disruptivas nos superen. Tenemos que hallar ahora las soluciones a los interrogantes que abren la robótica y la inteligencia artificial”.

Desde una óptica multidisciplinar, objetiva, práctica y rigurosa, el objetivo es ofrecer un espacio de reflexión colectiva y de formación especializada a los profesionales de la abogacía que van a desarrollar su trabajo en un entorno de relaciones completamente nuevo.

JORNADA INAUGURAL

 La puesta en marcha de la nueva Sección tendrá lugar el próximo martes 27 de febrero, a las 19 horas, en el Salón de Actos del Colegio. Además del responsable de la Sección, Santiago Mediano, participarán en la jornada inaugural Juan Andrés Avilés Sánchez, director del Area de Desarrollo Cognitivo de Negocio de IBM, y Alejandro Sánchez del Campo, fundador y director del blog jurídico “Replicante Legal”, Director Académico de Robotiuris y copresidente de la Sección de Gestión de Despachos e Innovación del Colegio.

Los ponentes debatirán sobre la situación actual en el ámbito de la robótica y la inteligencia artificial y los principales retos legales y éticos que plantean. También se anunciará el calendario de sesiones y se expondrá el programa de los trabajos que se van a abordar. Asimismo, se explicarán los diferentes grupos en los que se va a organizar la Sección y los eventos y publicaciones en que los miembros podrán participar.Las Secciones del Colegio de Abogados de Madrid tienen como objetivo fomentar la relación entre colegiados que comparten las mismas preocupaciones en sus respectivas áreas de experiencia. Con ese propósito organizan foros de reflexión, mesas redondas y debates con otras instituciones y colectivos para intercambiar experiencias y mejorar las relaciones mutuas. En la actualidad el Colegio cuenta con 32 secciones profesionales en las que participan activamente más de 7.000 colegiados.

“El informe oral es un trámite procesal de enorme importancia”2018-02-21

Abogado, escritor, ponente y formador, Óscar Fernández León desafía al tiempo para sacar todo el jugo de las 24 horas de día. Colaborador activo y muy seguido en Legal Today, cuenta con un blog en este portal jurídico con más de trescientas colaboraciones, por cierto, todas ellas seguidas muy de cerca por sus incondicionales. Ahora toca libro nuevo, el décimo, que lleva por título Arte y técnica del alegato en juicio (Thomson Reuters Aranzadi).

¿Qué nos vamos a encontrar en Arte y técnica del alegato en juicio?

La obra recoge las conversaciones que mantienen Juan, un abogado veterano, y Alicia, una joven abogada, en el contexto del proceso de aprendizaje de esta última. A través de un total de doce reuniones semanales, profesor y alumna compartirán los aspectos más importantes para la construcción y exposición del alegato en una sala de justicia.

A medida que avanzan las clases, ambos van profundizando en la teoría y en la práctica de este trámite de tanta importancia, y así irán recorriendo aquellos aspectos más controvertidos del mismo, alcanzándose así respuestas a dudas y cuestiones que, hoy más que nunca, necesitan de respuestas claras.

¿Podríamos denominar al informe oral como ‘órgano vital' del abogado?

En mi opinión, basada en mi propia experiencia y en lo que he podido conocer de terceros, el informe oral es un trámite procesal de enorme importancia, y ello debido a factores como la actual tendencia a la oralidad de los procesos, lo que implica que si el legislador ha confiado en dicha oralidad, materializada de modo expreso en el trámite de informe o conclusiones,  será porque este se considera un trámite adecuado, conveniente y útil para la consecución del fin último que es la impartición de Justicia.

Relacionado con lo anterior, el informe oral es el único ejercicio argumentativo que realiza el abogado durante el procedimiento una vez practicada la prueba, de modo que es la única oportunidad de la que dispone para sugerir al juez sus conclusiones sobre la prueba presentada, ensamblando las diversas piezas del resultado probatorio. De hecho, los propios jueces reconocen que incluso teniendo clara la posible decisión del pleito, durante el informe oral han encontrado alguna idea, valoración o argumento que les ha hecho recapacitar y cambiar el sentido de la decisión. En este sentido, nuestra intervención puede apuntalar o modificar el planteamiento por el que inicialmente se inclina el juez.

En su libro alude a la importancia de conocer al juez. ¿Por qué pone el acento en este punto?

Para responder a esta cuestión hemos de partir de afirmar que no hay dos jueces iguales, y ello es así ya que los jueces son seres humanos con sus circunstancias personales que influirán necesariamente en la forma de gestionar el desarrollo del juicio y las interacciones con las personas que intervienen en el mismo (abogados, fiscales, testigos, público, etc.).

Por lo tanto, si la figura del juez juega un papel importante como auditorio de nuestro alegato, es lógico pensar que a mayor conocimiento que disponga el abogado de un perfil completo del juez y de la forma en la que gestiona este trámite, más fluido será el desarrollo del acto judicial, sin perjuicio de disponer de más posibilidades de alcanzar la atención del mismo.

Finalmente, cuando hablamos de conocer al juez nos referimos a la gestión procesal, la personalidad del juez en sala y la experiencia del juez en el objeto del pleito.

¿Presenta solidez la construcción del discurso de los abogados de hoy en día?

En nuestro país tenemos a muy buenos oradores que elaboran y exponen magníficos informes, pero lo cierto es que hay un gran margen de mejora en el colectivo a través del aprendizaje de las técnicas asociadas a la creación de este peculiar discurso.

Creo firmemente que mejorando la técnica de los abogados el informe oral irá progresivamente revitalizándose.

¿Cómo se ha de elaborar un buen informe oral?

Un buen informe oral, es decir, aquel elaborado con el objetivo puesto en la persuasión y convencimiento del juez, debe disponer de diversas características que lo hagan acreedor de una completa atención e interés de éste durante su exposición.  Entre estas pautas podemos incluir que sea técnicamente solvente, estructurado, conciso, claro, breve, flexible o adaptable y atractivo.

¿Qué es más peligroso en sala: improvisar o el llamado miedo escénico?

El miedo escénico es una reacción del organismo que surge como consecuencia de pensamientos limitadores que tenemos acerca de nuestra actuación frente a grupos, o lo que es lo mismo, la respuesta psicofísica del organismo, generalmente intensa, que surge como consecuencia de pensamientos anticipatorios catastróficos sobre la situación real o imaginaria de hablar en público. Esta situación es muy frecuente cuando los abogados intervienen en sus primeros juicios.

Improvisar es hacer algo llevado de la acción del momento, un hacer de pronto, sin estudio ni preparación alguna, y haciendo uso de los medios que en ese momento tenemos a mano.

En mi opinión el temor escénico es más peligroso, si bien existen técnicas y acciones que pueden ayudarnos a reducirlo, mientras que la improvisación debe ser resuelta con ingenio y habilidad y, sobre todo, con previsión. De hecho, los abogados decimos que la mejor improvisación es la "improvisación preparada".

Una sentencia anula 12 cláusulas en 4 hipotecas del mismo cliente2018-02-21
  • Los préstamos se destinaron a la compra de locales comerciales y viviendas
  • El demandante se encontraba en situación de desempleo en el momento de suscribir los préstamos
  • Incluye la sentencia

Un juzgado de Ronda ha condenado a Cajasur en una contundente sentencia, anulando “de un solo golpe” hasta tres cláusulas en cada una de las cuatro hipotecas de un mismo cliente. Es decir, se ha declarado la nulidad de un total de 12 cláusulas hipotecarias, y todo ello en el mismo procedimiento.

Según ha explicado el abogado que ha llevado la dirección de este asunto, Francisco Orozco, el fallo de este Juzgado ha declarado nulas cláusulas como la "manida" cláusula suelo, el interés de demora o la cláusula de gastos de formalización, siendo además procedente, en este último caso, la devolución total de todos los gastos. Las estipulaciones de todas las escrituras de préstamo eran idénticas, por lo que el procedimiento se ha simplificado al aplicar la misma doctrina a todas las hipotecas.

Los cuatro préstamos habían sido suscritos por la misma persona, un vecino de Ronda, cuyo capital se destinó a la compra de distintos locales comerciales y viviendas. La entidad bancaria mantenía que el cliente no poseía la condición de consumidor, sino que se trataba de un empresario y que, por tanto, no le resultaría de aplicación la normativa en la materia. Algo que fue negado categóricamente por la defensa del cliente, quién acreditó que, al momento de suscribir los préstamos, el demandante se encontraba en situación de desempleo, independientemente del uso que en el futuro el prestatario quisiera dar a los inmuebles.

Además, según ha podido explicar el abogado Francisco Orozco, experto en Derecho Hipotecario, "la normativa comunitaria exige que el juez analice todas las circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se suscribe el préstamo", por lo que lo importante no sería la condición del deudor del préstamo, sino determinar si el destino era empresarial o particular, como ha ocurrido en este caso. 

El pronunciamiento del este Juzgado malagueño contempla, además de las declaraciones de nulidad, la devolución de las cantidades cobradas en aplicación de todas estas cláusulas, más los intereses legales, a lo que habría que sumar las costas del procedimiento. Todo ello, podría superar la cifra de 40.000 euros que Cajasur deberá abonar a este cliente.

El letrado ha expresado su satisfacción con la sentencia, y ha declarado que, en su experiencia, "los bancos están perdiendo la inmensa mayoría de procedimientos judiciales que dilucidan la nulidad de cláusulas en hipotecas firmadas entre los años 2001-2012". Francisco Orozco cree que "las entidades prefieren litigar antes que devolver el dinero voluntariamente, pues parece que les resulta más rentable pagar intereses y costas judiciales antes que proceder a una devolución general en todas las hipotecas".  

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La ayuda del Ejecutivo a la Abogacía y la Procura para la asistencia jurídica gratuita se distribuirá mensualmente2018-02-20

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó el pasado viernes el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones por valor de 37,6 millones de euros en el ejercicio de 2018 al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y al Consejo General de Procuradores de España en materia de asistencia jurídica gratuita y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de delitos. La partida presupuestaria destinada a este fin es prácticamente idéntica a la de hace un año, que fue de 37, 4 millones de euros.

Si bien no hay novedades en la cuantía, no ocurre lo mismo con los plazos de distribución de la ayuda, que efectuará mensualmente, en lugar de una vez finalizado cada trimestre como se venía haciendo hasta ahora. Según informó el Ejecutivo, "se trata de una iniciativa ampliamente demandada por la Abogacía y la Procura para agilizar la percepción de sus correspondientes retribuciones y permitir que los profesionales puedan cobrar con más inmediatez". De hecho, hace ahora un año se anunció que se había constituido un grupo de trabajo entre el Ministerio de Justicia y el CGAE, "a fin de impulsar medidas que permitan mejorar la eficacia en la gestión de la Justicia gratuita acortando los tiempos de tramitación".

276.695 asuntos en 2017

El pago de las subvenciones se distribuirá entre los colegios del ámbito territorial del Ministerio de Justicia en función del número de actuaciones profesionales realizadas y de los baremos establecidos. Cabe destacar que en 2017 se atendieron 276.695 asuntos mediante el servicio de asistencia jurídica gratuita en el territorio gestionado por el Ministerio, de los cuales 22.360 fueron asuntos relativos a violencia de género.

33,9 millones para el CGAE

En cuanto al reparto, el CGAE percibirá 33,9 millones de euros, por los 2,8 destinados al Consejo General de Procuradores para la prestación de la asistencia jurídica gratuita. La aprobación del Real Decreto es necesaria ya que, a pesar de que los Presupuestos se encuentran prorrogados, la prórroga no se extiende a este tipo de subvenciones directas y es necesaria la aprobación de una norma para el mantenimiento de este gasto una vez vencido el ejercicio económico. La tramitación de este Real Decreto se realiza a través del procedimiento previsto en la Ley General de Subvenciones que establece que podrán concederse ayudas de forma directa para supuestos en los que se acrediten razones de interés público, social o humanitario.

Los servicios que se financian con cargo a esta subvención son:

  • El asesoramiento previo a quienes quieran reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses.
  • La asistencia por parte de un abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera designado, así como la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial.

Asistencia psicológica

Por lo que respecta a la asistencia psicológica a las víctimas de delitos, se destinarán 914.000 euros para la atención especializada en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia y en la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, así como para el apoyo en la emisión de informes periciales. Estas subvenciones se articularán mediante la firma de convenios de colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

El total de personas atendidas el pasado año por los profesionales de la psicología en las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Ministerio de Justicia fue de 32.881.

Indemnizada con 23.000 euros una mujer por las lesiones sufridas tras un resbalón a la entrada de un supermercado en Oviedo2018-02-20

El Juzgado de Primera Instancia 10 condena a la cadena nacional por no mantener seco el acceso y tener baldosas sin la debida resistencia al deslizamiento

El Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Oviedo ha condenado a una cadena nacional de supermercados a pagar 23.000 euros de indemnización a una mujer que resbaló a la entrada de sus establecimientos de la capital del Principado. La mujer, presentó una demanda contra el supermercado reclamando una indemnización no solo por las lesiones sufridas, principalmente en una de sus muñecas, sino también por la pérdida de calidad de vida tras la caída.

La magistrada titular de dicho juzgado, Carolina Serrano Gómez, considera probado en su sentencia, que no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, que el supermercado no hizo lo necesario para que la entrada al mismo estuviese seca, y ello a pesar de que cuenta con una máquina especial para ello. Además, estima que las baldosas que tiene instaladas el establecimiento carecen de la debida resistencia al deslizamiento.

El supermercado, aunque en su contestación a la demanda reconocía la caída, adujo que "era claro que el suelo estaba mojado", aparte de que éste cumplía con las normas y era limpiado frecuentemente, por lo que negaba cualquier negligencia. Además, había puesto un cartel que advertía de que la superficie estaba húmeda y podía encontrarse resbaladiza. Los testigos del incidente lo corroboraron, pero el cartel estaba dentro del local, y no en el acceso. Además, la víctima consiguió el testimonio de otra clienta que también resbaló y estuvo a punto de sufrir lesiones importantes.

Un año de cárcel para el hombre que quemó en la ducha con agua hirviendo a un niño de tres años en Oviedo2018-02-20

El condenado deberá abonar más de 70.000 euros de indemnización por las graves secuelas provocadas al menor y una orden de alejamiento durante cinco años

El magistrado titular del Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo ha condenado a un año de cárcel por un delito de lesiones por imprudencia grave al hombre acusado de causar quemaduras con el agua de la ducha a un niño de 3 años y nueve meses, hijo de un amiga, en su vivienda de Oviedo en 2015. El fallo incluye también un indemnización total de 71.560 euros por las quemaduras de segundo grado que afectaron al 25% del cuerpo del menor, dejándole importantes secuelas.

El menor pasó 42 días hospitalizado y precisó de otros 141 para recuperarse de las quemaduras, precisando incluso cirugía estética para reparar los graves daños en la espalda, el tórax y un muslo.

En su sentencia, el magistrado estima que el menor deberá percibir 5.440 euros por los días impeditivos, 4.620 euros por los días de hospitalización y 60.000 euros por las secuelas estéticas provocadas por el agua hirviendo que le aplicó con la ducha. También deberá abonar al SESPA por la asistencia prestada que se acredite en fase de ejecución.
Además se le mantiene una orden de alejamiento a más de 100 metros del niño durante cinco años.

Una sentencia anula doce cláusulas en cuatro hipotecas del mismo cliente2018-02-19
  • Los préstamos se destinaron a la compra de locales comerciales y viviendas
  • El demandante se encontraba en situación de desempleo en el momento de suscribir los préstamos

Un juzgado de Ronda ha condenado a Cajasur en una contundente sentencia, anulando “de un solo golpe” hasta tres cláusulas en cada una de las cuatro hipotecas de un mismo cliente. Es decir, se ha declarado la nulidad de un total de 12 cláusulas hipotecarias, y todo ello en el mismo procedimiento.

Según ha explicado el abogado que ha llevado la dirección de este asunto, Francisco Orozco, el fallo de este Juzgado ha declarado nulas cláusulas como la “manida” cláusula suelo, el interés de demora o la cláusula de gastos de formalización, siendo además procedente, en este último caso, la devolución total de todos los gastos. Las estipulaciones de todas las escrituras de préstamo eran idénticas, por lo que el procedimiento se ha simplificado al aplicar la misma doctrina a todas las hipotecas.

Los cuatro préstamos habían sido suscritos por la misma persona, un vecino de Ronda, cuyo capital se destinó a la compra de distintos locales comerciales y viviendas. La entidad bancaria mantenía que el cliente no poseía la condición de consumidor, sino que se trataba de un empresario y que, por tanto, no le resultaría de aplicación la normativa en la materia. Algo que fue negado categóricamente por la defensa del cliente, quién acreditó que, al momento de suscribir los préstamos, el demandante se encontraba en situación de desempleo, independientemente del uso que en el futuro el prestatario quisiera dar a los inmuebles.

Además, según ha podido explicar el abogado Francisco Orozco, experto en Derecho Hipotecario, “la normativa comunitaria exige que el juez analice todas las circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se suscribe el préstamo”, por lo que lo importante no sería la condición del deudor del préstamo, sino determinar si el destino era empresarial o particular, como ha ocurrido en este caso. 

El pronunciamiento del este Juzgado malagueño contempla, además de las declaraciones de nulidad, la devolución de las cantidades cobradas en aplicación de todas estas cláusulas, más los intereses legales, a lo que habría que sumar las costas del procedimiento. Todo ello, podría superar la cifra de 40.000 euros que Cajasur deberá abonar a este cliente.

El letrado ha expresado su satisfacción con la sentencia, y ha declarado que, en su experiencia, “los bancos están perdiendo la inmensa mayoría de procedimientos judiciales que dilucidan la nulidad de cláusulas en hipotecas firmadas entre los años 2001-2012”. Francisco Orozco cree que “las entidades prefieren litigar antes que devolver el dinero voluntariamente, pues parece que les resulta más rentable pagar intereses y costas judiciales antes que proceder a una devolución general en todas las hipotecas”.  

El Tribunal Supremo condena al Estado a indemnizar a un preso que quedó inválido tras sufrir una infección en la cárcel2018-02-19
La Sala Tercera entiende que el resultado se hubiera evitado o minorado con un diagnóstico distinto al que recibió en el centro penitenciario

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho a cobrar una indemnización de 500.000 euros a un preso que quedó en situación de gran invalidez tras sufrir una grave infección -empiema epidural T3-T9 con compresión severa medular- por entender que se habría evitado o minorado el resultado de su lesión si le hubiesen realizado un diagnóstico distinto al que hicieron los médicos del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde estaba ingresado.

El Tribunal Supremo concluye que, aunque los servicios sanitarios penitenciarios actuaron conforme a su criterio y de acuerdo a las circunstancias del enfermo y sus antecedentes, “es manifiesto que otro diagnóstico era admisible desde el punto de vista de la ciencia médica, lo cual remite a la pérdida de oportunidad”.

Por ello, aplica a este caso la doctrina jurisprudencial relativa a la pérdida de oportunidad porque considera que “de haberse realizado un diagnóstico más acorde a los síntomas que ofrecía el paciente, se hubiese remitido a un centro donde pudieran haberle detectado con más antelación el empiema ya manifestado con síntomas, concurrentes con su enfermedad, pero evidentes, y se hubiese procedido con mayor prontitud a realizar la intervención que finalmente fue necesario practicar, existe una alta probabilidad de que el resultado de gran invalidez no hubiese llegado a producirse. En suma, que se ha privado al recurrente de que esa pérdida de oportunidad de otro diagnóstico habría evitado, previsiblemente, el resultado lesivo o, cuando menos, pudo haber evitado su extremo resultado”.

La Sala ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el recurrente y su madre contra la sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó la resolución de 16 de octubre de 2015 del Secretario General Técnico del Ministerio del Interior que rechazó la reclamación de indemnización de 1.314.393 euros que presentó por responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado.

Los hechos ocurrieron en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde el interno regresó el día 26 de diciembre de 2013 tras un permiso. Según los informes médicos, el recurrente padecía diabetes de muy mal control metabólico, hiperlipidemia, artopatía de charcot, polineuropatías periférica, amputación de falange distal de 1º y 2º dedo, pie diabético y úlceras complicadas en el pie derecho. Los dos días siguientes -27 y 28- le examinó el médico de guardia de la cárcel porque tenía fiebre alta y deterioro de su estado general. Los médicos le recetan el día 29 tratamiento analgésico para el dolor de la rodilla izquierda que consideran de origen artrósico.

Un día después –el 30- es atendido de urgencia por dolor de espalda, sin otra referencia clínica, salvo que lleva mucho tiempo en cama, por lo que pautan tratamiento analgésico. El día 31 empeora su estado y se queda en observación por presentar glucemia alta, dificultad para orinar y dolor en la rodilla que le impide andar. El día 1 de enero de 2014 es trasladado al Hospital, donde le hacen una resonancia magnética y se le diagnostica empiema epidural T3-T9 con compresión severa medular de la que se le interviene la noche del 2 al 3 de enero.

Los servicios sanitarios de la prisión recogieron que el empiema epidural es una enfermedad muy poco frecuente y de difícil diagnóstico, coincidiendo con la Inspección penitenciaria que aclaró que solo es posible su diagnóstico mediante una resonancia magnética que no puede hacerse en los centros penitenciarios.

El tribunal alude a los servicios médicos que en sus informes “dejaron abierta la posibilidad que de haberse acudido a esa prueba médica –resonancia magnética, el resultado habría sido diferente, entre otras cosas, porque el empiema epidural no habría llegado al grado avanzado que ocasionó el luctuoso resultado”. En suma, -añade el tribunal- “es evidente que de haberse adoptado esos mismos medios que se apuntan en el informe o la remisión del enfermo a un centro en que le hubiesen podido practicar la mencionada resonancia, incluso que se hubiese practicado con más premura en el Hospital donde fue finalmente ingresado, el empiema no habría evolucionado en su afección con el más que probable resultado de que no se hubiese producido las graves consecuencias para la salud del paciente”.

Si hay algo que surge de todos los informes aportados al proceso, incluso los del centro penitenciario, -concluye la Sala-, “es que la demora en practicar la operación fue la que ocasionó el resultado; es que la demora en practicar la operación fue la que ocasionó el resultado; y que esa premura estuvo motivada por la tardanza en detectarla por la resonancia magnética y esta, a su vez, en la posibilidad de realizarla que no era posible en el Centro penitenciario”.

Cuantía de la indemnización

A la hora de fijar la cuantía de la indemnización -500.000 euros más los intereses desde la interposición de la demanda- el tribunal sigue su propia jurisprudencia relativa a que, cuando se aprecia la falta de oportunidad, la indemnización no procede por la totalidad del daño sufrido, sino teniendo en cuenta la pérdida de posibilidades de curación que el paciente sufrió como consecuencia de ese diagnóstico tardío de su enfermedad. Pero, además, valora la situación extrema de gran invalidez en que ha quedado el recurrente, sin posibilidad de atender sus necesidades más elementales sin ayuda de tercera persona; pero con la peculiaridad que tan solo tiene como ayuda la que puede facilitarle su madre, de edad avanzada, que es prácticamente nula; a lo que añade la edad del recurrente de poco más de cincuenta años.

Por otra parte, la Sala concluye que en la más probable posibilidad de que si la intervención a la que finalmente fue sometido se hubiera realizado en un momento anterior no se habría llegado a esa situación extrema, como la propia sentencia considera acreditado y resulta del mismo informe de los servicios sanitarios del Centro penitenciario.

La AP de Zaragoza condena a penas de prisión a cinco personas que estafaron usando el método 'phishing'2018-02-19
El tribunal les condena también a indemnizar con 37.000 euros a los cerca de 172 perjudicados y a las 15 entidades financieras

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a cinco personas de nacionalidad española a penas de prisión como autores de un delito de estafa y a multas de más de 37.000 euros para indemnizar a las personas perjudicadas y a las entidades bancarias y financieras.

A tres de ellos el tribunal los condena a penas de un año de prisión y multa de seis meses con una cuota diaria de siete euros. Al cuiarto, a un año y seis meses de prisión (agravante de reincidencia) y multa de diez meses con una cuota diaria de siete euros y al quinto acusado, a la pena tres meses de prisión y multa de un mes, con una cuota diaria de siete euros.

El tribunal, en su sentencia, considera probado que todos los acusados formaban parte de un entramado que, utilizando el método Phishing, se dedicaba a obtener datos personales de la red que posteriormente utilizaban para realizar compras “on line”, para apostar en web de apuestas, para ordenar traspasos de saldos a tarjetas virtuales en unos casos y para realizar giros a través de la web de correos en otros.

Los datos obtenidos eran los referidos a documentos de identidad escaneados, pertenecientes a personas de distintas nacionalidades; cuentas bancarias, archivos de cuentas bancarias con datos confidenciales, números secretos de acceso, imágenes de tarjetas personales con su numeración de acceso a cuentas bancarias “on line”, cuentas de correo electrónico, o tarjetas bancarias escaneadas, datos todos ellos de personas que no 

mantenían ninguna relación con los acusados, ni conocían la utilización que se realizaba de la información.
Las operaciones las hacían desde las IP de los ordenadores de los estafados, previamente infectados con troyanos que activaban la “asistencia remota”. Mediante el virus “citifraud.gen” captaban datos sensibles (cuentas bancarias, números de tarjetas y códigos de acceso a cuentas).

El grupo de nuevas tecnologías de la Brigada Provincial de la Policía Científica Nacional, tras los registros domiciliarios realizados, llegó a localizar, en discos duros, 16.300 direcciones de correo electrónico, 550 archivos con numeración de tarjetas de crédito y datos de filiación, 45.978 archivos “log” con numeraciones de tarjetas, contraseñas, y contraseñas de acceso a correos electrónicos y 27 archivos con conversaciones con terceras personas a las que se les ofrecía la venta de estos datos.

Además de las cerca de 172 personas que resultaron estafadas, los acusados perjudicaron también a entidades como BBVA, CAJA MADRID, LA CAIXA, BANESTO, BANKINTER, VISA ESPAÑA, SERVIRED, MBNA, CAJA ESPAÑA, CASER, IBERCAJA, BARKLAYS, BANCO VALENCIA, CAIXA TARRAGONA y OPENBANK.

Se designan las Comisiones evaluadoras de la prueba de acceso a la Abogacía para 20182018-02-16

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 9 de la Orden PRA/1174/2017, de 30 de noviembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado para el año 2018, se designan a los miembros titulares y suplentes de las Comisiones que evaluarán la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19.2 del Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, aprobado por el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. Para su nombramiento se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En función del número de aspirantes presentados, procedentes de las distintas universidades y escuelas de práctica jurídica del conjunto de las comunidades autónomas españolas, se designan ocho comisiones evaluadoras en las siguientes comunidades autónomas: Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Murcia, Galicia, Islas Canarias y Comunidad Valenciana.

Los miembros de las Comisiones evaluadoras podrán ser recusados de acuerdo con lo dispuesto con el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Contra la presente Resolución se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o potestativamente y con carácter previo, recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el Secretario General de la Administración de Justicia.

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https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-A-2018-2094.pdf

El Tribunal Supremo desestima la devolución a las gasolineras del 'céntimo sanitario' repercutido a sus clientes2018-02-16

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido que no procede que las gasolineras obtengan la devolución de las cantidades que pagaron como sujetos pasivos por el impuesto sobre hidrocarburos denominado ‘céntimo sanitario’, que fue declarado contrario a derecho por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, cuando, tras haber repercutido el tributo en el consumidor final e ingresado el importe repercutido en las arcas públicas, éste último (el consumidor final) no puede conseguir el reintegro por resultarle imposible acreditar la repercusión que soportó.

La Sala ha estimado un recurso del abogado del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 8 de noviembre de 2016, que dio la razón a una estación de servicio y consideró que tenía derecho a que Hacienda le devolviese como ingresos indebidos los relativos al Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos pagados por la reclamante en su condición de sujeto pasivo del impuesto durante los períodos impositivos comprendidos entre el primer trimestre de 2011 y el cuarto trimestre de 2012. El TJUE declaró contrario a derecho dicho impuesto (conocido como ‘céntimo sanitario’) en febrero de 2014.

El abogado del Estado recurrió el fallo del TSJ vasco ante el Supremo, que consideró que tenía interés casacional responder a la siguiente cuestión: “Si el sujeto pasivo ‘repercutidor’ de un impuesto, como el que gravaba las ventas minoristas de determinados hidrocarburos, declarado contrario al ordenamiento jurídico de la Unión Europea, puede pedir para sí y obtener la devolución de las cuotas indebidamente pagadas cuando, habiendo repercutido el tributo al consumidor final e ingresado el importe repercutido en las arcas públicas, este último no puede obtener el reintegro por resultarle imposible acreditar la repercusión que soportó”.

El Supremo concluye que la respuesta a esa cuestión debe ser negativa, por lo que estima el recurso del abogado del Estado y avala la desestimación que realizó Hacienda en su día de la solicitud de devolución de ingresos indebidos relativos al ‘céntimo sanitario’ realizados por la gasolinera recurrente.

La Sala III del alto tribunal razona que la dinámica de este impuesto indirecto, cuyo sujeto pasivo (propietario del producto gravado que realiza las operaciones sujetas) debe repercutir el importe de las cuotas devengadas sobre los adquirentes de tal producto, determina que solo éstos puedan obtener la devolución del impuesto que les fue repercutido. Y ello por cuanto el sujeto pasivo (en este caso las gasolineras) no soporta la carga fiscal correspondiente, al haberla trasladado, por el mecanismo de la repercusión, al consumidor final, único cuyo patrimonio se ve afectado por el gravamen.

El tribunal indica que la doctrina del enriquecimiento injusto no resulta relevante para resolver el litigio, pues nuestro ordenamiento jurídico (la Ley General Tributaria y el artículo 14 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo) no permite aquella devolución a favor del sujeto pasivo.

La sentencia insiste en que “no ha habido impacto alguno del gravamen fiscal en el patrimonio del repercutidor (la estación de servicio) pues, en realidad, éste no ha sido más que una correa de transmisión entre quien efectivamente pagó/soportó el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y la Hacienda Pública que, formalmente, tenía entonces derecho a la exacción de aquel tributo”.

Por ello, entienden que el sujeto pasivo (repercutidor) no tiene derecho a obtener la devolución de las cuotas del impuesto ilegal que ingresó, “por una razón esencial: porque no ha soportado la carga tributaria correspondiente, ni se ha visto afectado su patrimonio como consecuencia del gravamen que ingresó”.

Errores (sólo algunos) del abogado en la atención al cliente2018-02-16

No cabe duda que la atención al cliente es un principio fundamental en la actuación del abogado. Sin embargo, en nuestro quehacer profesional solemos incurrir en una serie de comportamientos que, en mayor o menor medida, atentan contra dicho principio y, como errores que son, exigen su inmediata erradicación.

Partiendo de esta idea, hoy vamos a dedicar este post a examinar algunas de las conductas más frecuentes que derivan en malas prácticas en la atención al cliente (no están todas las que son, ni son todas las que están), si bien lo haremos con un objetivo exclusivo de concienciar al abogado sobre la existencia de las mismas (y muy especialmente si los comete habitualmente) sin entrar a dar soluciones o consejos, pues el objetivo, insisto, es la mera reflexión. Dicho de otra forma, la pregunta sería:

¿En ocasiones sigues estás conductas? De ser así, ¿Qué puedes hacer al respecto?

Vamos con ello.

Faltas de accesibilidad al cliente: Todos sabemos lo pernicioso que es que nos interrumpan cuando nos encontramos concentrados en una de las diferentes tareas que afrontamos en nuestro quehacer diario. De hecho, excepto cuando realizamos tareas rutinarias (repasar resoluciones judiciales que nos llegan a diario, responder correos, etc...), el resto del tiempo requerirá "en teoría" dicha concentración.

Sin embargo, a nadie se escapa que los clientes llaman por teléfono a lo largo del día y, al estar ocupados en el trabajo no atendemos la llamada y postergamos su respuesta para después. Si bien este proceder puede ser correcto, siempre que se lleve a cabo de forma organizada (especialmente respondiendo a la llamada inmediatamente o en un plazo breve), en ocasiones se realiza de forma indiscriminada atribuyendo al cliente la culpa de la interrupción y dejándolo sin atención (lo que se agrava con el retraso en la respuesta). En estos casos, hacemos prevalecer el trabajo que estamos haciendo con la atención al cliente, olvidando que ésta es precisamente nuestra tarea fundamental, y que sin el cliente no estaríamos realizando dicho trabajo. 

Faltas de capacidad de respuesta: La capacidad de respuesta se produce cuando el cliente ha conseguido contactar con su abogado y este responde a sus dudas o encargos en unos plazos razonables. Desgraciadamente, en no pocas ocasiones el abogado atiende al cliente pero posteriormente demora el trabajo sobrepasando plazos de espera razonables hasta que el cliente, probablemente disgustado, lo reclama.

No informar al cliente: Aquí hay poco que decir porque todos sabemos la importancia de anticiparse al cliente e informarle del estado de sus asuntos. Sin embargo, está demostrado que la principal causa de pérdida de clientela reside en la falta total de información al cliente, de forma que, a pesar de estar realizándose un buen trabajo profesional, la falta de conocimiento del estado de los asuntos hace que el cliente no valore su trabajo y prefiera ser atendido por otro abogado que lo tenga informado puntualmente.

Falta de transparencia en materia de honorarios profesionales: Los honorarios, a pesar de su importancia, no se gestionan adecuadamente en el sentido de comunicar al cliente, desde el principio, el importe de los mismos y las previsiones de pago, quedando su determinación y forma de pago a expensas de que llegue "el momento adecuado" para el abogado, olvidándose con ello la necesidad que alberga el cliente de conocer su importe y calendario de pago.

No firmar hoja de encargo: Asociado al error anterior, en ocasiones no se materializa la relación contractual a través de documento escrito alguno, con lo que quedan sin regulación aspectos de tanta trascendencia como los honorarios, el alcance y responsabilidad de los servicios, los profesionales que intervienen en el asunto, el tratamiento de las costas y fondos del cliente, etc., lo que provoca que la relación discurra en un contexto de absoluta imprevisión para el caso de que surjan problemas entre abogado y cliente.

Absorber todos los encargos del cliente y no delegar: Como ya hemos expuesto en este blog, es comprensible que exista cierta resistencia a practicar la delegación entre los abogados, ya que por cuestiones relacionadas con la tradición de nuestra profesión, existe un sentido de responsabilidad derivado de una idea de la atención plena y directa al cliente por el abogado titular del despacho o del que aporta el cliente por razones de amistad o recomendación. Sin embargo, está más que demostrado que la acumulación de trabajo puede provocar situaciones de falta de eficacia y bajo rendimiento en el servicio al cliente.

No valorar al cliente: Como ya hemos anticipado, una vez recibido el encargo, nos centramos en el mismo y nos olvidamos del cliente, cuando una de las acciones más importantes para fortalecer el vínculo de confianza y fidelizar al cliente es mostrar un decidido interés por aquél en todas las interacciones.

No educar al cliente: Algunos de los errores anteriormente expuestos derivan de un problema de falta de educación del cliente, "educación" que no conlleva intención peyorativa alguna, sino todo lo contrario. Cuando el cliente comienza una relación profesional con un abogado, es necesario que éste le ilustre de las normas de organización y funcionamiento del despacho y muy especialmente en horarios y forma de contactar. Aquí es donde pueden exponerse las limitaciones de acceso y vías alternativas en caso de imposibilidad del mismo. No obstante, esta formación no es algo que se soluciona a la primera, pues es una cuestión de tiempo, y dependerá del lazo de respeto y la confianza que se irá creando con el paso del tiempo.

Espero que estas líneas nos hagan reflexionar un poco más, no solo sobre la importancia del cliente para los despachos de abogados, sino sobre la necesidad de favorecer el desarrollo de una cultura de servicios que nos ayude a erradicar estas conductas que todos conocemos.

Un juez de Sevilla reconoce el derecho de los ciudadanos españoles a la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios2018-02-15
Concede la tarjeta de familiar de residente de la Unión Europea al hijo no comunitario, menor de 21 años, de un ciudadano español

Autor Comunicación Poder Judicial

El juez de lo Contencioso Administrativo número 9 de Sevilla ha reconocido el derecho de los ciudadanos españoles a la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios al considerar que “el derecho a fundar una familia, el derecho a vivir en familia, es innegable que es un derecho que corresponde a todos los españoles que debe ser protegido por los poderes públicos, de tal modo que el establecimiento de requisitos para su ejercicio se debe realizar por una norma con rango de ley”, un requisito que “no se cumple con la normativa española” que regula dicho derecho

En la sentencia, el magistrado analiza el caso del hijo no comunitario y menor de 21 años de un ciudadano español que solicitó a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla la tarjeta de familiar de residente de la Unión Europea y precisa que, en este caso, el objeto del debate se centra en determinar si es aplicable el artículo 7 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

En este sentido, recuerda que una sentencia del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2017 consideraba que era aplicable a los ciudadanos españoles el artículo 7 del Real Decreto, pero el juez discrepa y considera que en este caso no procede aplicar dicho artículo “en cuanto que establece a los ciudadanos españoles una serie de requisitos” económicos “para la reagrupación familiar de ciudadanos no comunitarios sin que exista una ley que dé cobertura a dicha normativa”.

El juez asevera que “el derecho a la reagrupación familiar de ciudadano no comunitario ejercido por españoles carece de cobertura legal, en cuanto que no está previsto ni en las normas comunitarias ni, lógicamente en la ley de extranjería, a pesar que se insinúe que se aplicará la norma más favorable”.

Así, añade que el artículo 8.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos “expresamente exige que las injerencias de las autoridades públicas en la vida privada y familiar esté prevista por una norma con rango de ley, requisito que no se cumple con la normativa española que regula el derecho a la reagrupación familiar de no comunitarios por ciudadanos españoles, en cuanto que está prevista en una normativa reglamentaria, como es un Real Decreto y una Orden Ministerial carente de toda cobertura legal”.

Según expone el juez, “en el ordenamiento jurídico español, si bien el Tribunal Constitucional considera que no se trata de un derecho fundamental y que no se reconoce el derecho a la vida familiar en los mismos términos que la jurisprudencia del TEDH viene interpretando el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, no significa que este artículo no sea aplicable en lo que se refiere a que toda injerencia de los poderes públicos en la vida familiar estableciendo requisitos debe estar prevista en una norma con rango de ley”.

El magistrado afirma que “dejar en manos de la Administración el establecimiento mediante una Orden ministerial de los requisitos para el ejercicio de un derecho como la reagrupación familiar que afecta a la vida y a la dignidad de la persona no se corresponde con las normas internacionales, ni con los principios que rigen la Constitución española”, ya que “el derecho a fundar una familia, el derecho a vivir en familia, es innegable que es un derecho que corresponde a todos los españoles que debe ser protegido por los poderes públicos, de tal modo que el establecimiento de requisitos para su ejercicio se debe realizar por una norma con rango de ley”.

“El derecho a la reagrupación familiar, que no es otro que el derecho a vivir en familia, es un derecho reconocido en el artículo 39 y 10 de la Constitución”, concluye el magistrado, que anula la resolución impugnada “por no ser ajustada a Derecho” y ordena a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla conceder la autorización solicitada por el recurrente.

El Colegio de Pamplona celebra sus 200 años de historia con diversas actividades a lo largo de 20182018-02-15
  • El Gobierno de Navarra atiende la petición colegial y hace un esfuerzo para dotar de una instalación adecuada a la Sala de Togas

El Colegio de Abogados de Pamplona, coincidiendo con la celebración del bicentenario de su constitución, ha organizado un programa de actividades que van a tener lugar a lo largo de 2018. Blanca Ramos, decana del Colegio de Abogados, adelantó el programa de actos durante  la sesión inaugural del III Curso de Especialización en Derecho Foral, celebrada el pasado viernes en la sede colegial.

Ramos expresó su deseo de “transmitir la ilusión con la  que,  desde  el  Colegio  de  Abogados,  damos  inicio  a  esta conmemoración y poner de manifiesto que los abogados deseamos celebrarla involucrando a la ciudadanía, cuya defensa da sentido a nuestro trabajo y a todas las autoridades e instituciones con las que colaboramos en la administración de Justicia”.

La decana rememoró como el sábado 12 de septiembre de 1818 a las cinco de la tarde, en el Aula Sagrada de Teología del Convento de San Francisco, se declaró “establecido el Real Colegio de Abogados de la ciudad de Pamplona”.  Habían pasado 55 años desde que el  12  de  noviembre  de  1757 dieciocho  abogados  navarros  presentaran  ante  las Cortes  un  “Memorial  de  los  abogados   “pidiendo  el establecimiento de un Colegio, con sus Estatutos, “ para la mejor defensa de las causas, el socorro de pobres, huérfanos y viudas y para evitar muchos abusos”, ya que, según la Ley de Cortes de 1624, a los abogados se les encomendaban “las haciendas, vidas y honras”. Concluían que “la formación del Colegio era de utilidad a la causa pública y motivo para que se conserve el honor de la profesión”.

La primera de las actividades programadas, que tuvo lugar tras la presentación del programa, fue la ponencia “La creación del MICAP “, impartida por Ángel Ruiz de Erenchun (abogado y decano del Colegio de pamplona, 1983-1999); Mercedes Galán, catedrática de Historia del Derecho de la Universidad de Navarra; y Elisa Viscarret (abogada y secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio, 1995-2000), en el marco del Curso de especialización de Derecho  de  Navarra.

Además en febrero se realizará un concurso de fotografía sobre la temática de Abogacía y Derechos Humanos, con una dotación económica para las tres mejores obras fotográficas presentadas.

En abril, los días 6, 13, 20 y 27 se celebrará en la Filmoteca Navarra el segundo ciclo de cine sobre abogados.

Coincidiendo con la celebración de San Ivo, el “abogado de los pobres”, patrón de los abogados y del Colegio, se ha organizado un viaje a la localidad francesa de Tréguier, para poder participar en la procesión donde los abogados transportan en andas las reliquias del Santo.

El acto institucional de jura de nuevos colegiados y celebración de la festividad de San Ivo se celebrará el viernes, día uno de junio, con la tradicional comida y posterior concierto de fin de fiesta, abierto  a  todos  los  ciudadanos,  que  tendrá  lugar  en  la  Sala  de  conciertos  Zentral Pamplona, con la participación de grupos musicales de los que son miembros abogados.

En julio, el día 12 tendrá lugar, como es costumbre, la celebración del día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, con entrega de distinciones a compañeros y compañeras.

El día 12 de septiembre, fecha de constitución oficial del Colegio, tendrá lugar la celebración del acto central en Baluarte, en la que se contará con la presencia de autoridades y se pondrá de manifiesto la relevante presencia de la Abogacía pamplonesa en la vida de Pamplona y de Navarra.

En octubre se presentará una exposición en el Palacio del Condestable de Pamplona sobre la historia del Colegio de Abogados de Pamplona, de la que es Comisaria la catedrática de Historia del Derecho doña Mercedes Galán.

En el mes de diciembre, coincidiendo con el broche final del bicentenario, daremos la bienvenida a los nuevos colegiados, nos reuniremos en la tradicional comida de hermandad y celebraremos la misa en honor a la patrona del MICAP, la Inmaculada Concepción.

A lo largo del año,  además,  se  continuará  con  las  campañas  de  publicidad  institucional  en marquesinas, celebraciones deportivas, inclusión del logo del Colegio en los sorteos de la lotería nacional y de la ONCE y otras actividades.

EL GOBIERNO DE NAVARRA ATIENDE LA PETICIÓN COLEGIAL Y HACE UN ESFUERZO PARA DOTAR DE UNA INSTALACIÓN ADECUADA A LA SALA DE TOGAS

Por otro lado, el Gobierno de Navarra -a través de la Dirección General de Justicia- ha atendido la petición del Colegio de Abogados y ha modificado su propuesta inicial para realizar un esfuerzo para dotar de una instalación adecuada a la Sala de Togas.

El pasado viernes, 10 de febrero, la decana del Colegio de Abogados de Pamplona, Blanca Ramos, trasladó en una reunión con la consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia de Gobierno de Navarra su preocupación y rechazo en relación con la propuesta de reducción del espacio de la Sala de Togas ubicada en el Palacio de Justicia. A esta reunión acudieron también la secretaria general Técnica del departamento, la directora general de Justicia, la jefa de sección de medios materiales, la arquitecta técnica adscrita a dicha sección, y las miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados María Herrera, Mª Josefa Urteaga y Maite Larumbe.

El Colegio de Abogados de Pamplona, en contra de la reducción de la Sala de Togas en el TSJ de Navarra

El 12 de febrero se recibió en otra reunión en el Colegio el Informe definitivo en el que se reconsideraba la propuesta inicial y se proponía una solución que atiende la exigencia colegial y permite mantener los usos actuales de la Sala de Togas.  Por parte de la Dirección General de Justicia se ha modificado la propuesta inicial y se ha hecho un esfuerzo para dotar de una instalación adecuada a la Sala de Togas, escuchando, de esta forma, la sugerencia del Colegio de Abogados y reconociendo también el papel indispensable que los abogados desarrollan en el funcionamiento de la administración de justicia.

Tras conversación mantenida con la Directora General de Justicia, se ha informado de que el coste de la obra material se asumirá por la Administración y, en breve, se indicará la fecha prevista para el inicio de la obra y la forma en que la misma se llevará a cabo.

Este problema ha hecho tomar consciencia de la insuficiencia de espacio en el Palacio de Justicia y también de las necesidades que la Abogacía posee en orden a prestar un mejor servicio a la sociedad.

¿El tiempo transcurrido en eventos especiales y deportivos organizados por la empresa, debe ser considerado como tiempo de trabajo?2018-02-15
  • Incluye la sentencia

La Audiencia Nacional conoce de una demanda de conflicto colectivo por la que se reclama que se reconozca, además del derecho de los trabajadores a cobrar el 100% de la retribución variable mensual, que se programe el inicio de la siguiente jornada de trabajo 12 horas después de haber finalizado la actividad programada por la empresa consistente en disputar un partido de fútbol.

Supuesto de hecho:

  • Los Convenios de aplicación a los trabajadores de las empresas demandadas preveían una retribución variable en función de objetivos previamente establecidos por las empleadoras.
  • La empresa se comprometió a comunicar a cada comercial los objetivos con carácter previo al inicio del período de vigencia de los mismos.
  • Asimismo, la empresa organiza diferentes eventos especiales y deportivos, con fines comerciales, que en determinadas ocasiones finalizan más allá de las 12 de la noche.
  • Ante esta situación, los trabajadores interponen demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional.
  • Por un lado, reclaman que se reconozca su derecho a cobrar el 100% de la retribución variable mensual cuando los objetivos no se hayan notificado el primer día hábil del mes.  
  • Por otro reclaman que, cuando haya eventos como los citados, se programe el inicio de la siguiente jornada de trabajo 12 horas después de haber finalizado la actividad programada por la empresa.

Consideraciones Jurídicas:

  • Sobre la primera de las cuestiones, la AN considera que la fijación extemporánea de los objetivos ha de equivaler a la ausencia de fijación de los mismos, pues el reconocimiento tardío por parte del trabajador de los objetivos a lograr impide o dificulta seriamente que éste pueda planificar su actividad comercial de forma que de la misma pueda encaminarse a su logro.
  • En consecuencia, determina que los trabajadores tendrán derecho a cobrar el 100% de la retribución variable mensual cuando no se hayan notificado los objetivos el primer día hábil del mes.
  • Sobre la segunda cuestión, la Sala afirma que el trabajador tiene derecho a que se programe el inicio de la siguiente jornada de trabajo, no en el horario habitual, sino 12 horas después de haber finalizado las actividades relacionadas con el evento especial, y a que se considere las horas dedicadas a dichas actividades como jornada laboral.
  • Para fundamentar su conclusión, la AN hace referencia a la doctrina del TJUE que interpreta la Directiva 2003/88/CE, que define el tiempo de trabajo como todo periodo durante el cual el trabajador permanezca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad o de sus funciones.
  • De este modo, para que se pueda considerar que un trabajador está a disposición de su empresario, aquel debe hallarse en una situación en la que esté obligado jurídicamente a obedecer las instrucciones de su empleador y a ejercer su actividad por cuenta de este.
  • Así, la Sala entiende que las denominadas actividades fuera de jornada, tales como partidos de fútbol a las que son invitados clientes con los que se desea reforzar el vínculo comercial, son actividades programadas por el empresario y vinculadas estrechamente con la prestación de servicios del trabajador, y en cuyo desarrollo, sin perjuicio de su carácter voluntario, este debe atenerse a las pautas del empleador, encontrándose en consecuencia bajo su ámbito organicista, rector y disciplinario.
  • De hecho, el Tribunal apunta a que el propio Convenio aplicable establece que las actividades fuera de jornada se compensarán con días de descanso, como si de horas extraordinarias se tratara, reforzando la idea de que estas actividades forman parte de le jornada de trabajo.
  • Por lo expuesto, la Audiencia Nacional concluye que el tiempo dedicado a esas actividades forma parte de la jornada de trabajo y, en consecuencia, la siguiente jornada de trabajo debe iniciarse 12 horas después de haber terminado el evento especial o deportivo.

Conclusión Lex@:

En su sentencia, la Audiencia Nacional considera que el tiempo destinado a las actividades especiales y deportivas, constituye un período de desarrollo de actividades estrechamente vinculadas a la prestación de servicios del trabajador en cuyo desarrollo el trabajador debe atenerse a las pautas del empleador, por lo que entiende forma parte de la jornada laboral y genera derecho a que la siguiente jornada se inicie 12 horas después de haber terminado el evento especial o deportivo.

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Un juzgado libera a un matrimonio de todas sus deudas por la Ley de Segunda Oportunidad2018-02-14

·         Se trata de la primera cancelación de deudas que se consigue en la provincia

La titular del juzgado de Primera Instancia de Girona ha aplicado a un matrimonio rumano establecido en la ciudad catalana la Ley de Segunda Oportunidad de 2015 que permite liberar a particulares y autónomos de sus deudas y ha dictado la exoneración de la totalidad del pasivo insatisfecho.

El auto señala que los deudores cumplen los requisitos que exige la ley para poder acogerse al Beneficio de Exoneración total del Pasivo Insatisfecho (BEPI) por su baja capacidad económica. El matrimonio solicitó así acogerse al "beneficio de exoneración de pasivos insatisfechos" y el administrador concursal no se opuso, por lo que el juez ha acordado la concesión del beneficio de exoneración en un auto con fecha 8 de febrero de 2018 contra el que no cabe recurso y siendo el primer caso de este tipo que se resuelve en Girona. Los responsables de Repara tu Deuda, primera compañía que aplica la Ley de la Segunda Oportunidad en España, explican que el matrimonio rumano, Costel Remus y Ionela María Moldovan, llegó a España en 2012 y ambos encontraron trabajo. “Al poco tiempo -narran- ella se quedó sin empleo y empezaron a solicitar pequeños créditos para ir sobreviviendo hasta que llegó un punto en el que no podían devolverlos”. El importe global de las deudas que llegaron a aglutinar entre ambos superaba los 24.000 euros llegando a deber a más de 15 bancos y entidades financieras.

Así pasó el tiempo hasta que se encontraron con las nóminas embargadas y “cada vez que consultaban el saldo que tenían pendiente con sus acreedores veían que aumentaba exponencialmente”. 

Sin propiedades, familia ni ayuda a la que acogerse y con todas las vías de acceso a crédito cerradas, estaban a punto de volver a su país, pero entonces decidieron iniciar un expediente de liberación de deudas, “que ha culminado con la anulación de las mismas gracias a la Ley de la Segunda Oportunidad”. 

Esta ley, que entró en vigor en julio de 2015, permite exonerar a particulares y autónomos del pago de deuda a acreedores siempre que se demuestre que previamente han actuado de buena fe, e intentado un acuerdo con los acreedores para aplazar la deuda, fijar un calendario de pago inferior a diez años o pagarla mediante la cesión de bienes. Si no se logra dicho acuerdo, pueden solicitar un concurso de acreedores con la mediación de un juez y solicitar ante el tribunal la exoneración de la deuda parcial o total.

“Todavía se trata de una vía poco conocida", señala Alicia García, socia de Repara tu Deuda. “No sólo por los ciudadanos sino incluso por abogados y jueces". De todos modos, cada vez son más personas las que conocen y se acogen a este procedimiento, que “abre una perspectiva de esperanza” para que aquellas personas que se han arruinado consigan empezar de cero sin tener que arrastrar una situación de insolvencia durante toda su vida. 

El TSJC declara nulo el despido del sindicalista de USO en GSW2018-02-14

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado el recurso de GSW contra la sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Santander que declaró nulo el despido de Ismael Anievas, sindicalista de la USO, condenando a la empresa a la readmisión inmediata y al pago de una indemnización de 9.000 euros en concepto de indemnización por vulneración de derechos de libertad sindical. Además, el TSJC condena en costas a GSW.

El TSJC ha ratificado punto por punto la dura sentencia del Juzgado Nº5, que calificó de “voluntad represiva” la actuación de GSW y que lo que perseguía con el “despido fulminante” del sindicalista era atemorizar a la plantilla para evitar la constitución del sindicato USO en la planta de Grupo Celsa en Cantabria.

Para USO, esta nueva sentencia del TSJC pone en evidencia de manera flagrante que “la dirección de GSW ha actuado con prácticas de coacción y de opresión contra los trabajadores, vulnerando sus derechos constitucionales”. El sindicato también señala a la directora de Recursos Humanos, Rosa Castrillo, inspectora de Trabajo en excedencia y ex directora general de Trabajo del Gobierno de Cantabria, como promotora e instigadora de la represión sindical. Por ello, el sindicato iniciará las acciones oportunas para que responda sobre su actuación, tanto ante la Dirección General de Trabajo como ante la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo en Cantabria.

Por otro lado, esta resolución judicial “deja de nuevo en evidencia al Gobierno cántabro, que, lejos de exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores a las empresas que subvenciona con dinero público –15,5 millones la última ayuda a GSW-, mira para otro lado mientras se reprime a trabajadores sindicalistas”.

Cabe recordar que en las próximas semanas se celebrará el juicio del otro sindicalista despedido, delegado sindical de USO en la empresa. Por ello, sería buen momento para que Miguel Ángel Revilla se reuniera de nuevo, como hizo a comienzos de febrero, con el director de la planta, Javier Echávarri, para trasladarle que el compromiso de “colaboración del Gobierno para mantener la actividad y el empleo” anunciado en esa reunión no solo no se está cumpliendo, sino que se están produciendo prácticas empresariales que deberían estar totalmente erradicadas de una sociedad democrática como la nuestra.

La Audiencia de Sevilla condena a un hombre a 54 años y 3 meses de cárcel por agredir sexualmente a cuatro hermanos menores de edad y abusar de una quinta hermana también menor2018-02-14

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 54 años y 3 meses de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a cuatro hermanos menores de edad y abusar de una quinta hermana –todos ellos con edades comprendidas entre los 5 y los 11 años- en un pueblo de la provincia de Sevilla.

De este modo, el tribunal condena al acusado a 14 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a víctima menor de 13 años; a 13 años y 6 meses de cárcel por otro delito continuado de agresión sexual con acceso carnal a víctima menor de 13 años, y a sendas penas de 12 años de prisión por dos delitos del mismo tipo, así como a dos años por un delito de abuso sexual a víctima menor de 13 años y a 9 meses de prisión por un delito de exhibición de pornografía a menores.

Asimismo, la Audiencia impone al acusado la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros a los menores en cualquier lugar en que se encuentren, así como de acercarse a igual distancia de su domicilio y centro de estudio, y la prohibición de establecer con ellos contacto escrito, verbal o visual por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, ambas prohibiciones por tiempo de 25 años que se computarán a partir del 19 de octubre de 2012.

El tribunal, además, condena al acusado a indemnizar a las cinco víctimas con un total de 88.000 euros, todo ello a consecuencia de unos hechos que se produjeron durante la Semana Santa de 2012 (que ese año abarcó del 1 al 8 de abril) o en fechas próximas a ella.

La Audiencia señala que la suma aritmética de las penas impuestas “excede con mucho de los límites de cumplimiento establecidos en el artículo 76 del Código Penal, en aras de los principios de humanidad y reinserción social”, por lo que fija el límite de cumplimiento de todas las penas privativas de libertad impuestas en 20 años de prisión, “que es el límite máximo de carácter general, puesto que ninguno de los delitos por los que se impone la condena tiene asignada pena superior a 15 años de prisión”.

El Gobierno impulsa el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales para reforzar la seguridad jurídica2018-02-13

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha impulsado el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales por la que se traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los secretos comerciales.

Esta Directiva tiene por objeto armonizar la legislación en la materia de los Estados miembros de la Unión y fomentar la competitividad al establecer normas mínimas comunes en materia de protección de los titulares de secretos empresariales frente a la obtención, utilización y revelación ilícitas de los mismos y frente a la explotación no consentida de mercancías infractoras.

Se pretende, por un lado, garantizar que la competitividad de las empresas europeas que se basa en información empresarial no divulgada esté protegida de manera adecuada y, por otro, mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior.

Las empresas están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad que comprometen la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que por su labor de innovación le corresponden. En consecuencia, la creatividad empresarial se puede ver desincentivada con los consiguientes efectos para la inversión y el buen funcionamiento del mercado.

Nuestro país cuenta con una regulación moderna en esta materia que entronca con las pautas europeas que garantizan el respeto a la propiedad industrial y ofrece medios adecuados para su tutela judicial. Actualmente la protección del secreto empresarial en España se realiza mediante cláusulas de confidencialidad en los contratos celebrados con otros operadores económicos, pactos de confidencialidad incluidos en los contratos de los trabajadores de la empresa y a través de la Ley de Competencia Desleal.

El Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales regula aquellos aspectos procesales que permiten ofrecer a los titulares de secretos empresariales herramientas efectivas para la tutela judicial de su posición jurídica a través de un sistema de acciones robusto y de un proceso eficaz y respetuoso con las garantías de justicia y equidad pero desprovisto de formalidades innecesarias y concebido para tramitarse en un plazo razonable.

Las acciones de defensa de los secretos empresariales habrán de aplicarse de forma proporcionada y evitando tanto la creación de obstáculos al libre comercio, como su ejercicio de forma abusiva o de mala fe. El marco jurídico se refuerza así con medidas en tres aspectos:

  • Incorpora una serie de reglas al objeto de preservar el tratamiento confidencial de la información que se aporte o se genere en el proceso y que pueda constituir secreto empresarial.
  • Ofrece un marco normativo para que el demandante pueda preparar el ejercicio de su acción garantizándose así el derecho a la tutela judicial efectiva a través del desarrollo de diligencias de comprobación de hechos, medidas para acceder a las fuentes de prueba en poder del futuro demandado o de terceros y, en su caso, de medidas de aseguramiento de las mismas.
  • Incorpora reglas singulares en materia de medidas cautelares para asegurar la eficacia de su acción y evitar de manera inmediata la revelación, uso u obtención ilícita del secreto empresarial.
El Tribunal Supremo anula los pactos de gestión de los hospitales públicos de Madrid suscritos en 20152018-02-13

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado 44 pactos de gestión suscritos en 2015 entre las gerencias de los hospitales públicos madrileños y los distintos servicios o unidades de dichos centros para mejorar las listas de espera quirúrgica y la práctica de pruebas diagnósticas, ya que, al afectar a las condiciones de trabajo de los empleados, debieron ser objeto de negociación colectiva con sus representantes sindicales. El tribunal estima un recurso de CC.OO. y ordena la retroacción de las actuaciones para la negociación del pacto en la Mesa Sectorial de Sanidad.

El alto tribunal establece en la sentencia los siguientes criterios interpretativos en esta materia:
“1º Que cuando la Administración sanitaria ejerce sus potestades de organización, si sus decisiones pueden repercutir sobre las condiciones de trabajo del personal estatutario, éste a través de sus representantes puede ejercer el derecho a la negociación colectiva en los mismos términos que el resto de los empleados públicos, sin que se adviertan singularidades objetivas que justifiquen un trato diferente.
“2º Que siendo preceptiva por razón de lo dicho la negociación colectiva en tales supuestos, no debe quedar excluida cuando los aspectos en que consista y que afecten a las condiciones de trabajo sean de adscripción voluntaria”.

En el caso examinado, “son hechos no cuestionados que el 30 de octubre de 2015 la Administración presentó en la Mesa Sectorial de Sanidad un modelo de pacto, del que la recurrente (CC.OO.) tuvo conocimiento en ese acto y que no accedió a los concretos pactos de gestión hasta una vez interpuesto el recurso jurisdiccional y dársele traslado del expediente. También son hechos no cuestionados que esos pactos suponían una medida extraordinaria que preveían ampliar la actividad de quirófanos y la realización de pruebas diagnósticas en turno de tarde y fines de semana durante los meses de noviembre y diciembre de 2015 y primer cuatrimestre de 2016, que tal actividad se desarrollaría en régimen de adscripción voluntaria y que el modelo de pacto entregado a las organizaciones sindicales un modelo de pacto no fue negociado”.

El Supremo insiste en que procede la negociación colectiva también cuando las medidas son de adscripción voluntaria. “Si la voluntariedad forma parte del alcance que se da a las medidas en cuestión, esa adscripción será parte de lo negociado, luego serán medidas que añadirán nuevas condiciones de trabajo a las ya negociadas y existentes”, señala. “La voluntariedad de adscribirse a las mismas en nada quita para la exigencia de la negociación respecto de su incidencia en las condiciones profesionales”, añade la sentencia.

La sentencia indica que “para dar sentido a la palabra “pacto” cabe presumir que en su elaboración intervendrían los profesionales de cada Servicio a los efectos de implantar las actuaciones previstas sobre las listas de espera; ahora bien, en la medida en que inciden en las condiciones de trabajo era exigible una negociación a esos efectos y que satisfaga las exigencias deducibles del artículo 28.1 de la Constitución en relación con su artículo 37.

“Añádase –indica la Sala- que las medidas en que consisten esos pactos no se negociaron pero tampoco se consultaron como exige el Estatuto Marco, entendiéndose por consulta recabar un parecer antes de adoptar una decisión. Así es cuestión de hecho no discutida que en la Mesa Sectorial de 30 de octubre de 2015 la Administración se limitó a dar cuenta de un modelo de pacto”.

El Supremo estima el recurso de CC.OO. en un procedimiento de tutela de los derechos fundamentales, por infracción del derecho a la libertad sindical en relación con la negociación colectiva (artículos 28.1 y 37 de la Constitución). El alto tribunal revoca los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid, que desestimaron las pretensiones del sindicato.

El Supremo revoca la pensión de viudedad a una mujer de etnia gitana no inscrita en el Registro de parejas hecho2018-02-13

El Pleno de la Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo ha estimado un recurso del Instituto Nacional de la Seguridad Social y ha confirmado la procedencia de no conceder la pensión de viudedad a una mujer que presentó la solicitud tras el fallecimiento, en 2014, del hombre con el que estaba unida por el rito gitano, al ser preciso para generar la pensión cumplir el requisito de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho, lo que no concurría en este caso.

Los magistrados señalan que la pertenencia al colectivo gitano no exime de cumplir los requisitos generales de la Ley de la Seguridad Social, de verificar que la pareja se haya constituido como tal con dos años de antelación al hecho causante de la pensión.

La Sala indica que en este caso no cabe alegar buena fe concurrente, por errónea creencia, ya que en todos los documentos oficiales (libros de familia, e inscripciones de nacimiento de los hijos) constaban los miembros de la pareja como ‘solteros’ y sus hijos como ‘extramatrimoniales’ o ‘naturales’.

En este sentido, el Supremo no considera aplicable a este caso la sentencia de 2009 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto ‘Muñoz Díaz’, sobre otra pareja unida por el rito gitano cuya situación fue aceptada por diversos documentos oficiales como el Libro de Familia y la cartilla de la Seguridad Social lo cual generó en la mujer peticionaria de la pensión, según dijo el TEDH, la legítima expectativa de ser considerada esposa de forma oficial.

Para el Supremo, el presente caso es muy diverso al examinado por el Tribunal Europeo, aunque medien coincidencia de colectivo afectado e identidad en la prestación solicitada, “pues lo aducido no es –ni podía serlo– buena fe en la creencia de eficaz vínculo matrimonial a los efectos del derecho español, porque en la documentación oficial –Libro de Familia e inscripciones de nacimiento– se hace constar expresamente su cualidad de «solteros» e hijos «extramatrimoniales». Es más, ni tan siquiera se reclama el derecho por el mismo título que en el supuesto del Tribunal Europeo, siendo así que en aquel caso se invocaba –no podía ser de otra manera, dado que el fallecimiento había sido anterior a la Ley 40/2007– la existencia de «matrimonio», y en el proceso ahora enjuiciado el título que se invoca es el de «pareja de hecho».”

La Sala recuerda que, según ha destacado en su jurisprudencia, el requisito –inscripción o documentación pública de la pareja de hecho– que exige la Ley es de naturaleza constitutiva, “y si el legislador limitó la virtualidad constitutiva a tales medios, precisamente por la «oficialidad» que comportan, la respetabilidad atribuible a la unión por el rito gitano no justifica hacer una equiparación que la ley –siquiera de forma implícita– no consiente respecto de ningún medio probatorio”.

Agrega que “claramente la regulación contenida en el artículo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social de 1994 «es neutral desde la perspectiva racial, al carecer por completo de cualquier tipo de connotación étnica»”. Defiende que l principio de igualdad no consagra un derecho subjetivo al trato normativo desigual. “Muy contrariamente, admitir la solución pretendida en el presente caso comportaría hacer de peor condición a quienes por razones ideológicas –tan respetables como las culturales– no se han constituido como pareja de hecho en la forma legalmente prescrita, y a los que –no infrecuentemente– les hemos negado la prestación de viudedad”, indican los magistrados.

“En último término no cabe olvidar las múltiples minorías étnicas y culturales existentes en nuestro país, cuya posible vulnerabilidad –similar a la del colectivo gitano, en mayor o menor grado– ciertamente puede obligar a alguna interpretación normativa tendente a su protección conforme a los criterios del TEDH, pero no puede llegar al extremo de excepcionar la aplicación de la ley en los múltiples aspectos en que pudiera reflejarse su diversidad étnico-cultural [matrimonio; familia; comportamiento social…], so pena de comprometer gravemente la seguridad jurídica y la uniformidad en la aplicación de aquélla –la ley—“, señala la sentencia.

La sentencia revoca la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que reconoció el derecho a la pensión de la mujer, y establece que la solución correcta fue la que decidió el Juzgado de lo Social número 4 de Jaén, que la denegó dando la razón a la Seguridad Social.

Voto particular favorable a conceder la pensión

La sentencia cuenta con el voto particular firmado por dos magistradas, María Lourdes Arastey y María Luisa Segoviano, quienes consideran que debió concederse la pensión de viudedad y rechazar el recurso de la Seguridad Social al considerar que no cabe ninguna duda de que “los convivientes gitanos sostienen la convicción de que su relación de pareja se desarrolla como si de un matrimonio se tratara, con independencia de la ineficacia jurídica de aquel rito”.

Según explican las magistradas discrepantes, el TEDH ha señalado que, “como resultado de su historia turbulenta y su constante desarraigo, los gitanos se han convertido en una minoría especialmente desfavorecida y vulnerable. Por lo tanto, necesitan una protección especial. Esa posición vulnerable significa que debe prestarse especial atención a sus necesidades y a su estilo de vida diferente, tanto en el marco normativo pertinente como al llegar a decisiones en casos concretos”.

Destacan “el fuerte arraigo de sus tradiciones y la sólida estructuración de la comunidad gitana, intensamente ligada a la familia y al parentesco”. Por ello, creen que “exigir en estos casos que la existencia de la pareja de hecho se acredite por la inscripción del registro de parejas se torna claramente redundante y, por ende, innecesaria, en la medida en que para la pareja gitana la aceptación de la llamada “ley gitana” les convierte, a su entender y al del resto de la comunidad en la que desarrollan su vida, en una unidad matrimonial no cuestionada como tal”.

Subsidiariamente, las dos magistradas, al entender que la norma aplicable no permite la diferenciación, consideran que la Sala pudo haber abierto la reflexión sobre el alcance de la aplicación de la Directiva europea 2000/43 y acordado la suspensión de las actuaciones para plantear cuestión prejudicial con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el sentido de determinar si la exigencia del precepto legal ocasiona una desventaja no justificada para los ciudadanos de etnia gitana que cumplen con los ritos matrimoniales propios de su cultura.

El Tribunal Supremo condena a una compañía de seguros de salud a pagar a una asegurada intereses de mora por mala práctica médica2018-02-12

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado un recurso contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz que denegó la imposición de los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS) a la compañía de seguros de salud demandada.

La sentencia de primera instancia había condenado a dicha aseguradora al pago de una indemnización de 58.680,16 euros a una mujer por los daños causados a consecuencia de la mala praxis médica de un profesional.

La sentencia cuenta con el voto particular de un magistrado.

 

La Audiencia de Granada anula una cláusula suelo y obliga al banco a devolver todas las cantidades cobradas2018-02-12

La Audiencia de Granada ha confirmado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Granada en la que se anulaba una cláusula de limitación de los tipos de interés (cláusula suelo) y condenaba a la entidad bancarias a devolver al demandante “todas aquellas cantidades cobradas indebidamente en virtud de la referida cláusula desde el inicio de su aplicación hasta su eliminación, más los intereses legales devengados desde la fecha de cada cobro”.

La sección tercera de la Audiencia desestima íntegramente el recurso de la entidad financiera y señala que es la entidad quien tiene “el especial deber de proporcionar la comprensibilidad real de dicha cláusula en el curso de la oferta comercial y de la reglamentación contractual predispuesta, y por tanto a quien incumple acreditar el cumplimiento de sus obligaciones”.

La sentencia explica que existía un préstamo anterior garantizado con hipoteca y con estipulaciones desconocidas, con otra entidad financiera distinta a la ahora demandada, cancelado con la operación de préstamo objeto del procedimiento, pero que por la existencia de ese préstamos anterior, “no cabe establecer que el demandante conocía la carga económica y jurídica que suponía concertar el contrato que nos ocupa, el 11 de noviembre de 2005, con la cláusula litigiosa”.

Así, indica que la existencia de negociaciones, sobre el importe a prestar, la duración del préstamo, y el tipo de interés a aplicar, no demuestran que se negociara sobre la cláusula suelo litigiosa, y no consta que esas negociaciones “versaran sobre la obligación de pagar un mínimo y su repercusión en la economía del contrato, sin existir ninguna prueba sobre advertencia al consumidor de la concertación de un préstamo, que aunque denominado variable, al tiempo de la concertación realmente era fijo, dada la mínima posibilidad de reducción, con posibilidad solo de modificación al alza hasta el 12%”.

El hecho de que exista un pacto para la supresión en 2015 de la cláusula suelo, no impide, según añade la resolución, “que pueda declarase la nulidad de pleno derecho de su concertación inicial, sin que tal convenio permita convalidarla, ni impida tal declaración a la que se opone la entidad financiera profesional”.

En este sentido, recuerda que en la firma del contrato para anular la cláusula suelo de 2015 “no se advirtió al consumidor de su derecho a obtener la diferencia entre lo pagado por la existencia del suelo y lo que debía haber abonado sin él, en caso de ausencia de información suficiente por parte del banco de la existencia de la cláusula suelo y de sus consecuencias, previamente a la concertación del préstamo en 2005, donde se incorporó la estipulación de forma sorpresiva, oculta entre una profusión de condiciones financieras”.

Honorarios Cerrados ≠ Perder Dinero (2)2018-02-12

En la colaboración anterior explicábamos que para no perder dinero con la "muy habitual" propuesta "cerrada" de honorarios, tenían que cumplirse dos requisitos:

(1)Que sea superior al UMR (Umbral Mínimo de Rentabilidad) de la firma

(2)Que se consigan facturar, en un año, horas suficientes para cubrir los gastos.

Ahora bien, ¿como saber a priori si las horas que los {trabajadores+socios} de una firma son suficientes para cubrir los gastos?

No nos engañemos. Solo hay un camino. Es necesario llevar un registro de horas de cada profesional. Y en ese registro, debemos incorporar el destino de esas horas.

Podemos a priori, ignorar las horas de todo el personal de administración. Ninguna de esas horas será facturable a un cliente.

Respecto a los profesionales que si trabajan horas que de una u otra forma, son facturables, conviene partir de 8 horas diarias.

Ahora bien, de esa cifra hay que excluir las horas de formación, marketing, administración. Los abogados hacen (o deberían) a diario esas tres cosas: impuestos, relación con clientes o potenciales clientes, cursos, estudio, ... todas esas horas no cuentan porque no son repercutibles a un cliente.

Tampoco cuentan las horas innecesarias, porque tampoco seremos capaces de cobrárselas a un cliente. Si un abogado que lleva en la firma 1 año, necesita el doble de tiempo que otro abogado que lleva 3 años para hacer la misma labor profesional, la facturación no puede ser idéntica.

En tres meses de observación, ya eres capaz de proyectar, con escasa variación, el número de horas (facturables) que cada abogado será - razonablemente - capaz de ejecutar (y trasladar a clientes) cada año. A partir de ahí, no necesitas más.

Solo tienes que saber cuántas son necesarias para cubrir los costes totales del año.

¿Y cómo se calculan los costes del año?

Si la estructura de la firma es similar, añade un 10% a los costes del año anterior y tienes pocas opciones de equivocarte.

¿Y cómo llevo ese registro de horas?

Pues hay dos opciones: "a mano" o "a máquina".

Entendamos por "a mano" desde un cuaderno hasta un Excel. Y entendamos por "a máquina" cualquier plataforma. Hay infinidad, y muchas gratuitas, que permiten ese resultado.

Aquí sugerimos estas:

1. SuiteCRM

2. CapsuleCRM

3. Insightly

4. Really Simple Systems

5. FreeCRM

6. Bitrix24

7. Raynet

8. vTiger

9. ZohoCRM

10. Zurmo

11. Hubspot CRM

12. InStream

13. Agile CRM

El cálculo final es muy sencillo. Divide los Costes que - razonablemente - esperas para el ejercicio en curso y divide esa cifra, por el ratio/hora medio que habitualmente vienes cobrando (y tus clientes aceptando).

De esa división sale el número de horas que precisas para, añadido al UMR, saber a partir de qué momento, ya no pierdes dinero.

Conclusión:

Hubo un tiempo en que esto no importaba gran cosa. Pero como decíamos en el artículo anterior, los tiempos han cambiado, los honorarios han sido reducidos drásticamente, la prohibición de vender a pérdida, no parece aplicar al sector legal, la competencia en el Sector Legal en España, y en particular en Madrid y también en BCN es extraordinaria. (El número de abogados por habitante en Madrid, duplica el de BCN y el de BCN supera con mucho la media de España).

La rentabilidad, que no fue un tema crítico, ahora lo es.

La incapacitación de una persona sólo puede obtenerse mediante sentencia judicial2018-02-09

La incapacitación judicial civil es el sistema previsto en la legislación para proteger a una persona y su patrimonio en el caso de que se demuestre su incapacidad. Así, incapacitar a una persona es una negación mediante sentencia dictada por un juez de la capacidad de obrar por sí misma, es decir, de la capacidad o aptitud para llevar a cabo de manera eficaz y válida actos jurídicos, ejercitar derechos y cumplir obligaciones. Es en este contexto, algunas personas ven legalmente limitada su capacidad de decisión mediante una resolución judicial que trata de establecer ciertos límites que les protejan de potenciales abusos por parte de terceras personas. Así pues, este tipo de medida se contempla en aquellas personas que padezcan:

  • Una enfermedad mental grave.
  • Discapacidad intelectual.
  • Un deterioro cognitivo grave.

El marco legal en esta materia queda establecido en el art. 199 y siguientes del Código Civil. Así, el Art. 199 indica que "nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley", siendo causas de incapacitación "las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma" (Art. 200).

Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados, recuerda que "una sentencia que declare la incapacitación de una persona fijará unos límites claros de ésta y determinará el régimen de tutela o guarda de la persona incapacitada a una tercera persona. Además, si la persona fuera menor de edad continuará bajo el régimen de patria potestad, que se prorrogará, si se mantiene la incapacitación, al llegar a la mayoría de edad".

No obstante, no todo el mundo puede solicitar la incapacitación de una persona. La legitimación activa para instar el proceso de incapacitación judicial civil indica que, conforme al art. 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), aquellos autorizados para solicitar la incapacitación serán:

  • La propia persona afectada.
  • Descendientes, ascendientes o hermanos del presunto incapaz.
  • El cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable.
  • Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela del presunto incapaz cuando este fuere.
  • El Ministerio Fiscal.

La iniciación del proceso de incapacitación judicial se produce, conforme al art. 399.1 de la LEC, por interposición de la demanda. Ésta deberá acompañarse de la pertinente documentación, correspondiente a representación, acreditación del parentesco o afinidad con la persona afectada y dictámenes médicos o psiquiátricos que avalen la pretensión de incapacitación.

La Mutualidad consigue en 2017 una rentabilidad del 4,65%2018-02-09

Al cierre del ejercicio 2017 la Mutualidad de la Abogacía ha obteniendo una rentabilidad del 4,65% atribuible a los mutualistas en el Plan Universal, Plan Junior y Plan de Ahorro 5, que se corresponde con el 90% de la rentabilidad de las inversiones asociadas a dichos planes, quedando en un 5,17% la rentabilidad absoluta.

Una vez más, la renta fija (que representa el 72,59% del total de inversiones) ha aportado la parte principal de los rendimientos para conseguir estos resultados. También la cartera de bonos, invertida sobre todo en el periodo anterior a 2014, sigue siendo un pilar fundamental que ha permitido entregar de manera recurrente y estable unos beneficios por encima de la media del sector en los últimos años.

A medio y largo plazo, la Mutualidad prevé que los tipos de interés comiencen un proceso de normalización de manera moderada, fruto de las mejoras globales de crecimiento, empleo y, con ello, de la inflación. En todo caso, teniendo en cuenta la media histórica, la previsión es que los tipos se mantendrán en zonas aún bajas durante cierto tiempo.

Primer trimestre 2018

Si se tiene en cuenta el escenario macroeconómico que se espera para 2018, y dado que la cartera de activos se mueve especialmente por los tipos de interés, la Mutualidad estima que será razonable adaptar la rentabilidad a cuenta entregable para el primer trimestre del año a los momentos de mercado actuales.

Esta previsión, a la que obviamente no es ajena la entidad en cuanto a las  inversiones, fijaría una rentabilidad del 4% para el Plan Universal, Plan Junior y Plan Ahorro 5.

Se trata de una rentabilidad a la que se puede calificar de importante y significativa en comparación con otros productos del mercado y a la que se añadiría al cierre del ejercicio el complemento de rentabilidad en función del 90% de la rentabilidad realmente obtenida.

Los resultados obtenidos abonan la tesis de que las inversiones realizadas con un modelo de gestión tradicional, riesgo contenido y visión de largo plazo pueden superar las circunstancias que determina la coyuntura.

José Luis Piñar, delegado de Protección de Datos de la Abogacía, apuesta por el derecho de acceso a Internet2018-02-09
  • urante la lección magistral que ha impartido en el acto de la Festividad de San Raimundo de Peñafort, patrón de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo
  • En su discurso, José Luis Piñar ha resaltado la importancia de la existencia de una constante relación entre derecho, técnica y ética.

El  delegado de Protección de Datos de la Abogacía Española y catedrático de Derecho Administrativo y titular de la Cátedra Google sobre Privacidad, Sociedad e Innovación de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Piñar, ha abordado la influencia de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana y en ámbito jurídico asegurando que “pocos derechos pueden ser hoy ajenos a Internet, ya que la innovación tecnológica trae consigo la innovación del Derecho”. Piñar ha impartido la lección magistral ‘Derecho e innovación tecnológica. Retos de presente y futuro’ durante el acto de celebración de la Festividad de San Raimundo de Peñafort, patrón de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo.

José Luis Pinar ha destacado la necesidad de “reconocer el derecho de acceso a Internet como nuevo derecho que condiciona cada vez más el ejercicio de otros derechos, como el propio derecho a la libertad de circulación, a la educación y a la cultura, la libertad de expresión e información, incluso el derecho de acceso a la justicia y a la defensa”. A pesar de este reconocimiento, el catedrático ha explicado que “el avance tecnológico no puede dejar fuera del marco normal de relaciones a los no digitales”; y ha apuntado: “Es muy distinto tener derecho a disponer de todas las herramientas necesarias para ser digital, que tener la obligación de serlo”.

Asimismo, Piñar ha asegurado que “no se trata de convertir Internet en el entorno normal de nuestro desarrollo vital, de manera que se llegaría a una intolerable confusión entre la realidad física y la realidad virtual, con la posibilidad, incluso, de tener dos (o más) identidades no coincidentes”.

Por otro lado, el catedrático ha subrayado que “la innovación tecnológica va a imponer, y de hecho ya impone, un nuevo modelo regulador en el que convivan diferentes tipos de normas y principios que permitan al Derecho, sin menoscabo de las garantías que representa, hacer efectivo el diálogo mediante la técnica y la ética”.

El decano de la Facultad, Carlos Pérez del Valle, ha inaugurado el acto académico en el que también se han entregado los Premios de Iniciación a la Investigación San Raimundo de Peñafort a los tres mejores trabajos: ‘Genocidio y crímenes contra la humanidad. Especial consideración de Camboya’ de María Luisa López; ‘El aumento del capital social: de las sociedades del capital en energía a la sociedad anónima cotizada en particular. Especial mención a la posibilidad de aumentar la cifra de capital contra la voluntad de la junta general’ de María Paola Vallejo; y ‘Análisis jurídico del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica en el marco de la fiscalidad de la energía’ de Ana Rojo.

También se han entregado los Premios Extraordinarios Fin de Grado, los Premios de Doctorado y el Premio del XII Concurso de Retórica, cuyo ganador ha pronunciado unas palabras en nombre de sus compañeros.

Asimismo, se ha proyectado la Memoria Audiovisual, en la que se han recogido los hitos más relevantes de la Facultad durante el curso 2016-2017. Finalmente, el rector de la Universidad, Antonio Calvo, ha clausurado el acto académico con unas palabras de agradecimiento a los profesores por su labor docente e investigadora.

LECCIÓN MAGISTRAL DE JOSE LUIS PIÑAR

En caso de fraude, Los tribunales nacionales pueden descartar la apl cación del certificado de seguridad social de los trabajadores desplazados en la Unión Europea2018-02-08

Éste es el caso si la institución expedidora se abstiene de revisar de oficio el certificado en un plazo razonable a la luz de los elementos de fraude que se le comunican

En el marco de una inspección sobre el cumplimiento de la normativa de contratación del personal de una sociedad belga que opera en el sector de la construcción, la Inspección de Trabajo belga comprobó que dicha empresa apenas contaba con personal propio y subcontrataba todas sus contratas a empresas búlgaras, que desplazaban trabajadores a Bélgica. La contratación de estos trabajadores desplazados no se había declarado al organismo responsable en Bélgica del cobro de las cotizaciones sociales, ya que dichos trabajadores eran titulares de certificados E 101 o A1 expedidos por la institución búlgara competente, que acreditaban que estaban afiliados al sistema de seguridad social búlgaro. 1

Una investigación judicial llevada a cabo en Bulgaria en el marco de una comisión rogatoria ordenada por un juez de instrucción belga demostró que las empresas búlgaras no desarrollaban ninguna actividad significativa en Bulgaria. En consecuencia, las autoridades belgas remitieron a la institución búlgara competente una solicitud motivada de revisión de oficio o de retirada de los certificados controvertidos. En su respuesta, la institución remitió un listado de los certificados, sin tener en cuenta los hechos observados y declarados probados por las autoridades belgas.

Estas autoridades incoaron diligencias penales contra los responsables de la empresa belga. Mediante sentencia de 10 de septiembre de 2015, el Hof van beroep Antwerpen (Tribunal de Apelación de Amberes, Bélgica) condenó a los interesados. Aunque dicho tribunal declaró que se habían expedido sendos certificados a los trabajadores desplazados, consideró no obstante que no estaba vinculado por estos hechos, ya que los mencionados certificados se habían obtenido de manera fraudulenta.

El Hof van Cassatie (Tribunal de Casación, Bélgica), que conoce del litigio, decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Desea saber si los tribunales del Estado miembro de acogida pueden anular o no tener en cuenta un certificado E 101 cuando los hechos sometidos a su apreciación le permiten declarar que este certificado ha sido obtenido o invocado de manera fraudulenta.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia, 2 según la cual el principio de cooperación leal exige que la institución expedidora proceda a una apreciación correcta de los hechos pertinentes y garantice la exactitud de las menciones que figuran en el certificado. Este principio implica también el de la confianza mutua: el certificado establece una presunción de conformidad a Derecho y, en principio, es vinculante para la institución competente del Estado miembro de acogida. Por ello, mientras no se retire o se declare la invalidez del certificado, la institución competente del Estado miembro de acogida debe tener en cuenta el hecho de que el trabajador desplazado ya está sometido a la legislación de seguridad social del Estado donde está establecida la empresa que lo emplea y, por consiguiente, esa institución no puede someter al trabajador en cuestión a su propio régimen de seguridad social.

Sin embargo, también se desprende del principio de cooperación leal que toda institución de un Estado miembro debe proceder a un examen diligente de la aplicación de su propio régimen de seguridad social. En consecuencia, la institución competente del Estado miembro que ha expedido el certificado debe volver a considerar la fundamentación de dicha expedición y, en su caso, retirar dicho certificado, cuando la institución competente del Estado miembro de acogida exprese dudas sobre la exactitud de los hechos que constituyen la base del certificado.

1 El certificado E 101 corresponde a un formulario tipo redactado por la Comisión Administrativa para la seguridad social de los Trabajadores migrantes, vinculada a la Comisión Europea. Desde el 1 de mayo de 2010, el certificado E 101 ha pasado a ser el documento portable A1, con arreglo a los Reglamentos (CE) n.os 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1), y 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento n.º 883/2004 (DO 2009, L 284, p. 1).

2 Sentencias de 26 de enero de 2006, Herbosch Kiere, C-2/05, y de 27 de abril de 2017, A-Rosa Flussschiff, C-620/15.

El Tribunal de Justicia recuerda que en este marco debe respetarse el procedimiento que ha de seguirse para resolver las eventuales controversias entre las instituciones de los Estados miembros afectados sobre la validez o exactitud de un certificado (en particular, la consulta a la Comisión Administrativa).

Sin embargo, estas consideraciones no deben llevar a que los justiciables puedan alegar fraudulenta o abusivamente las normas de la Unión. Esto constituye un principio general del Derecho de la Unión.

De este modo, si la institución que expide el certificado se abstiene de llevar a cabo la revisión de oficio en un plazo razonable, los elementos que constituyen el fraude deben poder invocarse en un procedimiento judicial destinado a que el juez del Estado miembro de acogida no tenga en cuenta los certificados.

No obstante, el Tribunal de Justicia pone de manifiesto que las personas sospechosas, en un procedimiento de este tipo, de haber recurrido a trabajadores desplazados al amparo de certificados obtenidos de manera fraudulenta deben tener la posibilidad de refutar estas acusaciones, siempre que se respeten las garantías vinculadas al derecho a un proceso equitativo.

El Tribunal de Justicia concluye que, en el caso de autos, dado que, por un lado, la institución belga presentó ante su homóloga búlgara una solicitud de revisión de oficio de los certificados y de retirada de éstos a la luz de información obtenida en el marco de una investigación judicial que le permitió concluir que los mencionados certificados se obtuvieron o invocaron fraudulentamente y, por otro lado, la institución búlgara no tuvo en cuenta esa información, el juez nacional puede no tener en cuenta los mencionados certificados. También le incumbe determinar si las personas sospechosas de haber recurrido a trabajadores desplazados al amparo de certificados obtenidos de manera fraudulenta pueden incurrir en responsabilidad sobre la base del Derecho nacional aplicable.

¿Cuánto gana un abogado?2018-02-08
  • La categoría de Director experimenta una ligera subida, mientras que en el salario del resto de categorías se observa un moderado descenso
  • El año 2017 ha experimentado una bajada de salarios, generalizada, aunque  bastante moderada (en torno al 2,3%) con una única subida en la categoría de Director
  • Las Big Four continúan liderando el mercado en términos salariales mientras que  los despachos internacionales se reajustan al mercado

SIGNIUM, firma internacional de Executive Search y Leadership Advisory Services, ha presentado, en colaboración con el IE Law School, la XIII edición del Análisis comparativo de las retribuciones en los despachos de abogados en España.

El encuentro ha estado presidido por Ignacio Bao, Chairman of the Board de Signium, y Carlos de la Pedraja, Vice Decano & General Manager del IE Law School. Leticia de Laiglesia, Associate Principal de Signium, ha sido la encargada de presentar los resultados del estudio.

Según Ignacio Bao, “en 2017 se observa una ligera bajada de las retribuciones de todas las categorías de abogados con respecto a años anteriores. Sin embargo, el variable experimenta cambios significativos con subidas en las categorías más altas. También destacar cómo en los despachos nacionales, los salarios son más elevados durante los primeros cinco años de actividad laboral en comparación con los internacionales, mientras que éstos tienen las retribuciones mayores en los cinco años posteriores”.

Leticia de Laiglesia añade que “en términos generales, podemos afirmar que existe una tendencia continuista con respecto al ejercicio pasado con un cierto optimismo en algunas categorías”.

Principales conclusiones

  • Las Big Four continúan liderando el mercado en términos salariales mientras que los despachos internacionales se reajustan al mercado.
  • Por tercer año consecutivo el salario en la categoría de Director sigue aumentando frente al resto de categorías cuyos salarios decrecen ligeramente.
  • El 2017 ha tenido una bajada de salarios, generalizada, aunque bastante moderada (en torno al 2,3%) con una única subida en la categoría de Director, si bien no demasiado significativa. Dicha bajada se aprecia en la retribución fija, siendo especialmente acentuada en las categorías intermedias y altas (en torno al 3%).
  • En la retribución fija ha habido escasa variación. Sin embargo, los variables han experimentado cambios significativos con subidas en las categorías de Asociado y Director, siendo en esta última cercana al 4%.
  • Big Four: tras un 2016 de subidas en todas las categorías, se aprecia un aumento moderado siendo más significativo en el caso de los Directores.
  • Boutiques: tras el notable aumento experimentado en 2016 respecto al año anterior, en 2017 ha habido una estabilización generalizada con subidas moderadas, siendo la más acentuada la de los Directores. La excepción viene marcada en las boutiques por la categoría de los becarios, que tras varios años de ligero decremento, en 2017 ha experimentado un significativo aumento cercano al 17%.
  • La retribución de los Paralegals ha experimentado un aumento cercano al 9% frente al decremento cercano al 10% del año anterior. En todo caso, es una figura potenciada principalmente por los despachos internacionales, y que no termina de implantarse en nuestro país.
  • Con respecto a la retribución no dineraria, la tendencia en este ámbito, al igual que los años anteriores,  es  continuista  y  se  repiten  los  mismos  esquemas  de  beneficios.  Una  de  las principales tendencias es la inclusión de seguros de salud y la implementación de planes de retribución flexible. Las Big Four continúan siendo las más innovadoras y las que más beneficios no dinerarios ofrecen.

¿Quieres ver el informe?

Sobre el estudio

El documento recoge la situación actual del mercado en materia retributiva de los abogados que integran los principales despachos en España, analizando las bandas salariales de las diferentes categorías profesionales y comparándolos con estos mismos datos, de años anteriores.

Para realizar el estudio se han tenido en cuenta tanto los despachos nacionales e internacionales como las divisiones de Tax & Legal de las Big Four, con más de 50 profesionales. Así como las boutiques legales con entre 20 y 50 profesionales. Lo que supone analizar las retribuciones que afectan a más de 6.500 profesionales.

Los datos corresponden a la remuneración para las categorías de Becario, Junior, Asociado, Asociado Senior y Director.

El estudio recoge una vez más los resultados comparativos de la retribución dineraria pero también incluye elementos de la retribución no dineraria (tickets restaurante, cheques guardería, seguro médico, seguro de vida, móvil, clases de idiomas, parking, alquiler de vivienda, cuotas de gimnasio, formación…).

El Colegio de Abogados de Cantabria arranca con la tramitación de la nacionalidad de residencia2018-02-08
  • Los Colegio de Cantabria, Madrid y Las Palmas son los primeros en poner en marcha este proyecto, convirtiéndose en intermediarios en la gestión de este servicio, que ofrecen en colaboración con el Ministerio de Justicia

El Colegio de Abogados de Cantabria empezó el pasado jueves, 1 de febrero, a gestionar los trámites exigidos para la obtención de la nacionalidad por residencia de los ciudadanos representados a través de los profesionales adscritos a su institución. Se trata de un proyecto nuevo que se pone en marcha en Cantabria, junto con Madrid y Las Palmas, y es fruto de un convenio entre el Consejo General de la Abogacía Española y el Ministerio de Justicia.

El Consejo General de la Abogacía Española ha desarrollado la plataforma necesaria para la presentación de la documentación obligatoria para la tramitación de los expedientes, que se cumplimentará por el letrado correspondiente y, a través del Colegio de Abogados cántabro, se enviará telemáticamente al Ministerio. Será el propio Ministerio el que responderá con la resolución definitiva.

Con al puesta en marcha de este proyecto, el Colegio de Abogados de Cantabria aumentan tanto los servicios que pueden ofrecer sus colegiados como los servicios a los propios ciudadanos, que en la mayoría de los casos encuentran numerosas travas a la hora de tramitar su nacionalidad.

USO logra una sentencia que refuerza el derecho a la reincorporación tras una excedencia2018-02-07

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha emitido una sentencia en la que se facilita el retorno al puesto de trabajo a una trabajadora de Semark Group, una vez concluido el periodo de excedencia, a consecuencia de la presentación de un recurso de suplicación por parte de nuestro sindicato, tras una primera demanda que desestimó las peticiones de la empleada. Para el TSJC, el derecho del retorno del trabajador en excedencia se sitúa por encima de los acuerdos adoptados en la negociación colectiva y es preferente a la existencia de contratación temporal o a tiempo parcial en la empresa.

El hecho juzgado es la negativa de la empresa de distribución Semark Group, propietaria de los supermercados Lupa, a la reincorporación de una trabajadora a jornada completa que había solicitado una excedencia voluntaria en el año 2014 y con fecha de reincorporación en enero de 2017. La dirección de la empresa denegó la petición de la trabajadora de incorporarse a su trabajo por “ausencia de puesto vacante”, algo muy común en este tipo de permisos y que suele dejar al trabajador con pocas opciones.

Tras varias peticiones, la empresa le ofreció a la trabajadora un puesto de media jornada en un comercio de nueva apertura en La Rioja, que fue rechazado. Finalmente, la empresa le ofrece otros puestos en establecimientos de Santander, también a media jornada, tras insistir en que no existen plazas vacantes en puestos de igual o similar categoría profesional. El asunto se traslada al Juzgado de lo Social nº 4 de Santander, que falla desestimando íntegramente la demanda de la trabajadora.

Tras estos hechos, se interpone recurso de suplicación al TSJC, que emite sentencia a través del ponente magistrado D. Ramón Gimeno Lahoz, que revoca la sentencia en primera instancia y falla el reingreso de la trabajadora en la empresa, tras constatarse que la empresa ha llevado a cabo contratos temporales de trabajo a jornada completa. El magistrado considera que la existencia de contrataciones temporales y/o a media jornada en la empresa evidencia “la existencia de necesidad de mano de obra permanente en la empresa” y que, frente a ello, “no cabe aceptar que los trabajadores temporales o a tiempo parcial tengan un derecho preferente frente a la demandante”. La sentencia afirma que la preferencia de la demandante “juega de forma decisiva ante la existencia de puestos de trabajo, por más que la transformación de empleo precario viniera impuesta por compromisos colectivos” (acordada en la negociación colectiva). El ponente se muestra duro con el comportamiento de la empresa y le subraya que el reingreso del trabajador “es una obligación empresarial que no puede ser desconocida por meros formulismos”. La sentencia concluye afirmando que “lo relevante no es el puesto de trabajo, sino la categoría, que debe ser igual o similar”.

Sentencia TSJC Excedencia Semark

El Tribunal Supremo confirma la inadmisibilidad del recurso de la Fundación Raíces contra el Protocolo Marco sobre Menores Extranjeros No Acompañados2018-02-07

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación interpuesto por la Fundación Raíces contra la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró inadmisible el recurso de esta recurrente contra la resolución de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, de 13 de octubre de 2014, por la que se publicó el Acuerdo para la Aprobación del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados al entender que se trata de una instrucción interna contra la que no cabe recurso. Por este motivo, no entra a valorar el fondo del asunto planteado por la Fundación Raices.

Para el tribunal, “no cabe conferir al Protocolo aprobado el carácter de norma reglamentaria, sino de Instrucción interna y, por tanto, excluido del recurso directo pretendido por la recurrente, siendo procedente la declaración de inadmisibilidad declarada por el Tribunal de instancia”, lo que hace innecesario el examen del resto de los motivos del recurso.

La Sala concluye que la finalidad del Protocolo no es otra que “dar las instrucciones concretas a cada cuerpo funcionarial que está llamado a esa intervención, sin que su contenido exceda de ese mero cometido interno, y con la confesada finalidad de coordinar la intervención del personal administrativo que asume competencias en esta materia”. La imposibilidad de impugnación directa de la disposición general, precisa la Sala, no comporta, en ningún caso, que no puedan impugnarse en vía contencioso-administrativo los concretos actos de aplicación, incluso cuando estén fundados en dichas disposiciones internas, conforme autoriza, sin límite alguno, el artículo 1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y, con mayor claridad y amplitud, en su artículo 25.

El TSJ de la Comunidad Valenciana permite retirar la Cruz de Callosa de Segura y ordena al ayuntamiento conservarla hasta que haya sentencia firme2018-02-07

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dictado sendas resoluciones en la que da autorización al Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) para concluir los trabajos de retirada de la Cruz y pedestal ubicados en la Plaza de la Iglesia del municipio.

En sus resoluciones, el Alto Tribunal Valenciano levanta las medidas cautelarísimas acordadas, rechaza adoptar las medidas cautelares pedidas por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Cruz e impone al Ayuntamiento la obligación de custodiar adecuadamente todos los elementos del monumento para “que sea perfectamente viable la reconstrucción del conjunto” si la Justicia, cuando resuelva el fondo del pleito, da la razón a entidad recurrente.

Los magistrados entienden que la retirada de la Cruz no produce daños irreparables; que no concurre el requisito legal de peligro en la mora procesal, ya que “no se está produciendo (por lo que se conoce), ni puede producirse, una destrucción del conjunto de los elementos que componen la Cruz, sino una deconstrucción, que debe hacerse con cuidado, para lo que requerimos especialmente a la Administración, no sólo en lo que se refiere al desmontaje, sino también su custodia; a fin de que, en el supuesto de que definitivamente triunfara la tesis de la entidad actora, pueda, a costa de la Corporación, reconstruirse”.

Será el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche, que tramita el recurso interpuesto por dicho colectivo contra el acuerdo del Pleno que desestimó una moción del PP del 13 de enero de 2017, el que deberá determinar las cuestiones de fondo: si la supresión de la Cruz vulnera o no el derecho a la libertad religiosa, si la Cruz es un símbolo religioso o un elemento de justificación de una dictadura y la relación que pueda existir entre la declaración de monumento histórico-artístico de la Iglesia Parroquial de San Martín y la llamada Cruz de los Caídos.

El grupo municipal popular pedía mantener la Cruz porque se habían realizado obras de remodelación y modificación del monumento, del que se habían eliminado placas y menciones conmemorativas y no creía aplicable la Ley de la Memoria Histórica. La moción fue rechazada por mayoría en el Pleno municipal. Ese acuerdo fue recurrido ante el Juzgado de lo Contencioso de Elche, que lo tramita como un procedimiento especial de Derechos Fundamentales, por vulneración de la libertad religiosa.

La sentencia de dicho Juzgado podrá ser recurrida ante el TSJCV. Será en la sentencia firme que en su día se dicte cuando se determine definitivamente el destino de la Cruz.

La Sala rechaza la petición de la Plataforma Ciudadana para que la Cruz sea depositada en una nave cerrada y con vigilancia electrónica. Al Tribunal, “le parecen suficientes las prevenciones que de cuidado y custodia se han impuesto a la administración, mientras dura el proceso”, concluye el auto.

En su resolución, el TSJ reprocha al Ayuntamiento que comenzara los trabajos de retirada del conjunto objeto del litigio sin esperar dos días a que se celebrara la vista en la que había de resolverse sobre la petición de medidas cautelares, y que lo hiciera sin comunicarlo al Tribunal en los términos en que le había sido requerido el día 24, enviando un fax el viernes 26 “sin especificar temporalidad o momento concreto alguno para la operación de desmontaje”.

“No se entiende por qué la Administración, que había esperado dos años para proceder al desmontaje de la Cruz no puede esperar dos días, que eran los que quedaban para resolver la apelación”, subraya el auto.

La Sección Primera de lo Contencioso Administrativo recuerda que ya se había pronunciado, en sentencia firme, sobre la inexistencia de riesgo en la retirada del monumento, decisión que, según argumentan los jueces, no contradice la paralización de los trabajos por la vía de urgencia acordada la semana pasada porque el objeto de los procedimientos judiciales era distinto: aquel se centraba en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica; éste, en el principio de libertad religiosa.

A este respecto, subraya que aquella sentencia “constituye un antecedente, pero no un precedente determinante, porque el objeto del proceso en el que se dictó, aunque parecido, no es idéntico al que actualmente tenemos entre manos; tampoco lo son las partes; distintas en uno y otro caso. De manera que, entre aquel y este proceso, existe una fundamental diferencia; ya que en aquel, lo que se cuestionaba, desde la legalidad ordinaria, era la aplicación o no de la Ley de Memoria Histórica a la denominada Cruz de los Caídos de Callosa. Mientras que en este, lo que en principio se cuestiona, es si la supresión de la cruz atenta, contraría o vulnera el principio de libertad religiosa, porque se dice que, los signos que recordaban entonces al franquismo han sido actualmente eliminados”.

Voto particular

Las dos resoluciones del TSJCV notificadas hoy sobre la Cruz de Callosa cuentan con el voto particular de uno de los cinco magistrados, que defendía la necesidad de adoptar medidas cautelares por considerar que la retirada de la Cruz antes de que se resuelva el fondo del pleito puede causar daños morales irreparables. En este sentido, subraya el hecho de que en 2016 ya se eliminaron del monumento las placas que pudieran considerarse elementos de exaltación colectiva de la Guerra Civil.

“La situación preexistente consiste en la presencia de un monumento en el lugar durante setenta años, y que su desmantelamiento no se presenta socialmente pacífica y consensuada, sino fuente de conflictos, por lo que la ponderación de intereses en juego habría de conducir a la estimación del recurso, con revocación del auto y adopción de la medida cautelar”, apunta el magistrado discrepante en su voto particular.

Un juzgado obliga a readmitir a una mujer despedida por ausentarse para ir a un juicio por violencia de género2018-02-06

El Juzgado de lo Social número 33 de Madrid ha declarado nulo el despido de una mujer que se ausentó de su puesto de trabajo para acudir a un juicio como víctima de violencia de género, y obliga a la empresa a readmitirla en su puesto y a abonar la cantidad de 23.000 euros por los daños materiales y morales ocasionados.

Ante estos hechos cobra más sentido el nuevo servicio #NOSPREOCUPATUVIDA que CSIF junto a CEP y asociaciones de referencia en la lucha contra la violencia de género como ALMA, AIVIG, AMAR Y NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO, ha puesto en funcionamiento en los centros laborales.

¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de género están siendo despedidas o tienen dificultades para poder ejercer sus derechos laborales y son revictimizadas?
¿Cuántas de ellas ni siquiera tienen la acreditación de victima porque no han cursado la denuncia?
¿Cuántas de ellas llegan a denunciar los hechos como en este caso se ha hecho?
Todas estas preguntas no tienen respuesta, no hay datos, no hay protección no hay ayuda.

CSIF, CEP, AIVIG, ALMA, AMAR Y NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO SUMAN SUS FUERZAS CONTRA ESTA INJUSTICIA Y OFRECEN A LAS VICTIMAS ESTE SERVICIO.

Reclamamos que el PACTO DE ESTADO se aplique, reclamamos que nuestros delegados y delegadas sindicales se reconozcan legalmente, como ya se ha hecho en la Administración Pública de la Región de Murcia, para que detecten, vigilen y acompañen a las víctimas y no se repitan casos como este.

CSIF pretende cubrir el vacío asistencial que existe en los centros de trabajo ante este tipo de situaciones, que expone aún más a la víctima a peligros innecesarios en colaboración con expertos de asociaciones con trayectoria en este ámbito como ALMA, AMAR, NO MÁS VIOLENCIA DE GÉNERO O AIVIG.

Moncloa dota con 60 millones el servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior2018-02-06

El servicio de apoyo a la seguridad en centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior ha recibido el visto bueno del Ejecutivo para ser contratado por un valor estimado de 60.237.549,60 euros.

El impulso a la contratación fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado viernes. Según informó el Ejecutivo al término de la reunión de la mesa interministerial, el contrato se iniciará el 1 de mayo de 2018 o el día siguiente al de su formalización si fuese posterior, con una duración de un año y posibilidad de prórroga por un máximo de otro año.

Casi mil empleos en un total de 68 centros

Este contrato, al igual que el existente, afectará a todos los centros penitenciarios existentes, un total de 68, lo que supone más de novecientas personas empleadas cuyos cometidos, bajo el control y supervisión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluirán tareas de vigilancia de los controles de acceso, impedir salidas no autorizadas, comunicación de las alarmas e incidencias, y manejo y observación de los sistemas técnicos de vigilancia. Al igual que el vigente, el nuevo contrato se divide en cinco lotes que agrupan a los centros penitenciarios conforme a su ubicación geográfica.

Aprobadas las servidumbres acústicas de cuatro aeropuertos

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó, mediante cuatro Reales Decretos, las servidumbres acústicas, mapa de ruido y plan de acción de los aeropuertos de Bilbao, Ibiza, Sevilla y Valencia. La servidumbre acústica se corresponde con las zonas en las cuáles se superan los objetivos de calidad acústica establecidos en la Ley del Ruido, de 2003.Tiene por objetivo principal enmarcar la aprobación de un plan de acción contra el ruido para tratar, por un lado, de reducirlo y, por otro, de minimizar sus efectos.

Además de los procesos de información pública a los que se han sometido los citados documentos, en la tramitación de los Reales Decretos aprobados "se ha prestado especial atención a una participación eficaz de todas las administraciones afectadas, especialmente los Ayuntamientos correspondientes y sus respectivas Comunidades Autónomas, con objeto de conseguir la mayor coordinación administrativa al respecto", informó el Gobierno.

La Audiencia de Castellón confirma el procesamiento de una médico por la muerte de un niño tras ir a urgencias2018-02-06
La Sala aprecia indicios de una atención negligente por no ordenar el ingreso del menor, de cuatro años, aquejado de neumonía y problemas respiratorios. El Tribunal confirma el auto que pone fin a la instrucción y deja la causa preparada para juicio

Autor

Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha confirmado el auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Vila-real, que aprecia indicios para juzgar a una médico del Hospital de La Plana por la muerte de un niño de cuatro años al que atendió en el servicio de urgencias en diciembre de 2011.

La Sala rechaza la petición de archivo de la Fiscalía y del abogado de la doctora y confirma el auto de la instructora, que daba por concluida la investigación y dejaba la causa preparada para juicio.

La jueza de Vila-real aprecia indicios para juzgar a la investigada por una posible negligencia médica por no ordenar el ingreso del crío que, aquejado de una neumonía bacteriana, dificultad respiratoria y más de 39º de fiebre, falleció por asfixia.

Según la instructora la facultativa “no realizó más pruebas al menor, cuyo cuadro clínico reflejaba problemas respiratorios, ni solicitó la presencia de un especialista en pediatría, decidiendo no llevar a cabo el ingreso hospitalario del menor, ingreso que era procedente según el propio protocolo remitido por el Hospital de La Plana” de Vila-real.

En su auto, la Audiencia confirma el procesamiento de la médico de Urgencias y argumenta que “no puede descartarse a priori, tal y como pretende la parte apelante, la relación de causalidad entre la actuación de la doctora y el fallecimiento del menor, extremos que deberán serlo en el acto del juicio oral dada la existencia de indicios de una presunta negligencia médica por parte de la doctora investigada”.

La Sala confirma el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado y emplaza a las partes para que presenten los escritos de acusación y digan si procede la apertura de juicio oral.

¿Cómo debe facturar un abogado o una firma de abogados un encargo profesional para ser rentable? ¿Cómo calcular el Umbral Mínimo de Rentabilidad (UMR) de un abogado o una firma?2018-02-05

Hubo un tiempo en que los abogados no hablaban de honorarios. Otros se encargaban de esa tarea. Quien operaba con la Justicia, no podía “ensuciarse” con el dinero. Eran los tiempos en que estaba prohibida la cuota Litis. También estaba prohibida la publicidad. No hace mucho de eso. Mucho menos de lo que pensáis.

Pero lo cierto es que hemos pasado al otro extremo.

¿Cuántos habéis sufrido que perdáis un encargo por precio? ¿Cuántos os habéis encontrado con abogados (o firmas) que llevan gratis un encargo profesional para captar el cliente, para ganar experiencia?

¿Recordais esta reciente noticia? ...

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/AENA-Enaire-Perez-Llorca-Uria_Menendez-Garrigues_Abogados-Cuatrecasas_0_718428199.html

¿Cómo sabemos cuándo una firma pierde dinero en una propuesta? ¿Cómo conocer en qué punto comienza nuestra rentabilidad positiva? ¿Dónde está el Umbral Mínimo de Rentabilidad de una firma de Abogados?

Comencemos distinguiendo: "Rentabilidad" no es lo mismo que "Umbral Mínimo de Rentabilidad". 

La "Rentabilidad" puede ser positiva o negativa. El UMR determina en qué punto la Rentabilidad comienza a ser positiva.

UMBRAL MÍNIMO DE RENTABILIDAD. (UMR)

El UMR hay que calcularlo partiendo de todos los gastos de un periodo. Pongamos 800K desde el (01/01) al (31/12).

Lo razonable es dividir el total de gastos por una cifra de horas que permita establecer el ratio/hora a partir del cual la firma de abogados no pierda dinero.

La pregunta es ¿por qué cifra hay que dividirlo?

PRIMERA PREGUNTA ¿Hay que incorporar (en el denominador) en el cálculo, las horas que "potencialmente" un socio es capaz de facturar a clientes en un periodo de tiempo?

La pregunta no es baladí, porque los socios "normalmente" no tienen salario y solo disfrutan de los beneficios. Y puede parecer paradójico que el cálculo del UMR,  el socio compute a efectos de la estimación de horas que es capaz de facturar, pero no compute en los gastos porque no tiene salario.

¿Por qué cifra hay que dividir los gastos totales? ¿Por todas las horas potencialmente facturables? ¿o por todas las horas, incluidas las no facturables?

Sin duda alguna, es necesario  - para conocer el UMR -  incorporar las horas de los socios, pese a que éstos, no generen costes salariales.

Un abogado trabaja (razonablemente) 8 horas al día, 200 días al año. Si, si, ya se que los estáis leyendo esto, estáis convencidos de trabajar 24X365, pero seamos serios, poned los pies en la tierra: Estamos hablando de dinero, no de lo que os duele la abogacía.

En el numerador hay que poner la cifra de gastos. Y en el denominador, las horas totales de cada trabajador, incluyendo las que un socio es capaz de trabajar.

Y ahora vamos con la segunda pregunta:

¿Debemos tener en cuenta todas las horas que trabaje cada trabajador (aprox 1600 horas: 200 días/año X 8 horas/día? ¿O solo las horas potencialmente facturables a clientes?

Es posible que la pregunta sea, a priori, difícil de entender. Y quizás la mejor forma de buscar la respuesta a esta pregunta es partir del contraste de dos ejemplos extremos:

Ejemplo 1:

Imaginad que tenemos una plantilla de 20 personas. 1 abogado y 19 administrativos. Y que los gastos anuales son 800K. ¿Es razonable pensar que el UMR sale de dividir el total de gastos por el número de horas total de la plantilla (20 empleados X 8 horas X 200 días laborables) 32.000 horas? ¿800K/32K? ¿25 euros/hora?

Ejemplo 2:

Ahora imaginad que la composición de la plantilla fuera 19 abogados y 1 administrativo?

¿El UMR es idéntico? Teóricamente sí. A partir de 25 euros/hora, teóricamente, se ganaría dinero.

¿Cómo es posible?

El UMR es idéntico, si, pero falta otro factor a considerar. Para saber si una propuesta de honorarios es rentable, o no, deben cumplirse dos requisitos:

(1) Que sea superior al UMR de la firma

(2) Que se consigan facturar, en un año, horas suficientes para cubrir los gastos.

Conclusión:

(1) El UMR sería 25 euros/hora, pero lo cierto es que el UMR por si solo no es un ratio suficiente. Pues la cifra del UMR es efectivamente 25 euros/hora, pero solo si los RRHH que tengo disponibles en la firma, me permiten alcanzar la facturación mínima.

(2) Tenemos por tanto que enlazar esa magnitud con el número de horas necesarios para cubrir costes.

El TSJ de Canarias reconoce el derecho de los jubilados de una empresa de aguas al suministro gratuito2018-02-05
Canal Gestión de Lanzarote negaba el beneficio a cuatro extrabajadores de Inalsa

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Las palmas ha restituido el derecho de cuatro jubilados de la antigua empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa) a que la empresa que se subrogó en el servicio, Canal de Gestión Lanzarote S.A.U., les reconozca la antigua “indemnización a la constancia del trabajo” que les suponía un suministro gratuito para uso doméstico de 15 metros cúbicos de agua mensuales, “para el trabajador y los que convivan en su domicilio”.

Cuatro jubilados de Inalsa que habían trabajado para la empresa entre 20 y 28 años vieron como, cuando Canal Gestión asumió la gestión de la empresa en 2013, “depuraba” la base de datos facilitada por Inalsa y daba de baja 2.000 contadores de clientes -entre ellos los suyos- a los que se les estaba suministrando servicio de agua sin que abonaran cuotas.

Los empleados retirados acudieron a la Justicia reclamando la reposición de un derecho que figuraba en su convenio, y en 2017 el Juzgado de lo Social número 3 de Arreicfe desestimó la demanda.

Los afectados recurrieron en suplicación ante la Sala, que ahora ha revocado el fallo de instancia y ha restituido en su derecho a los jubilados.

El fallo no sólo estima el recurso, sino que obliga a la empresa a reintegrar a los demandante lo abonado a partir de junio/julio de 2015 en concepto de consumo de agua que no exceda del top de 15 metros cúbicos de agua al mes.

La sentencia del TSJC es susceptible de recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

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El Tribunal Supremo confirma la anulación del decreto vasco que establecía una jornada de trabajo de 35 horas semanales para los funcionarios2018-02-05
El Supremo rechaza el recurso interpuesto por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco contra dicha sentencia del TSJ del País Vasco

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 20 de diciembre de 2016, que anuló el Decreto autonómico que establecía una jornada de trabajo efectivo de 35 horas semanales para los funcionarios de dicha comunidad.

El Supremo rechaza el recurso interpuesto por la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco contra dicha sentencia del TSJ del País Vasco.

El alto tribunal declara que “las Administraciones públicas, como es el caso de la Administración autonómica de la Comunidad Autónoma de Euskadi aquí recurrente, al establecer una jornada de trabajo anual para los empleados públicos a su servicio, deben respetar los límites establecidos en la disposición final septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que está vigente”. Dicha disposición establece una jornada semanal para el citado personal de 37 horas y media.

El Decreto anulado fue dictado el 2 de febrero de 2016 por el Departamento de Administración Pública y Justicia, y establecía la jornada de trabajo anual para el año 2016 para el Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Fue recurrido por el abogado del Estado, a quien el TSJ vasco estimó el recurso, por lo que anuló la disposición.

Un juzgado de Madrid ordena a un empresario a readmitir a una empleada despedida por razón de sexo2018-02-02

El juzgado de lo Social nº 33 de Madrid ha dado la razón a una mujer, víctima de violencia de género fuera del trabajo, al declarar nulo su despido por resultar discriminatorio por razón de sexo. El juez condena al empresario a readmitirla en el puesto de trabajo, a abonarle los salarios devengados hasta que la readmisión tenga lugar y a indemnizarla tanto por los daños materiales como morales en una cantidad próxima a los 23.000 euros.

La sentencia establece que la empresa que contrató a la mujer decidió despedirla sólo unos días después de que ésta le comunicara que debía ausentarse del trabajo para desplazarse a Palma de Mallorca –donde la empleada tiene su residencia habitual-, para asistir como perjudicada a un juicio en un juzgado de Violencia sobre la Mujer por un delito leve de injurias de género. Tras ganar ese juicio, recibió la carta de despido en la que la empresa alegaba para poner fin a la relación contractual una “disminución en el rendimiento”.

La resolución aclara que en este caso nos encontramos ante una decisión empresarial que vulnera el derecho fundamental de la demandante “a no ser discriminada por razón de sexo”. “Aunque es obvio –dice la sentencia, que puede ser recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid-, que en este caso el agresor no es el empresario ni los episodios de violencia tienen relación alguna con el trabajo, éste sí es responsable de haber despedido a la demandante por su condición de víctima, en lo que constituye un acto discriminatorio ya que no sólo nada justifica tal conducta, sino que, al igual que ocurre con el embarazo, sólo la mujer puede ser víctima de este tipo específico de violencia, de modo que la discriminación se produce precisamente porque se trata desfavorablemente a quien presenta una seña identitaria propia indisolublemente unida a su condición de mujer”.

El juez señala que para analizar el caso que nos ocupa no sólo deben tenerse en cuenta las medidas de acción positiva adoptadas por el legislador con la finalidad de armonizar los requerimientos de la vida laboral y la situación personal de la víctima -establecidas en definitiva en defensa del ejercicio de determinados derechos laborales por parte de colectivos precisados de especial atención-, sino si la decisión empresarial de extinguir el contrato de trabajo constituye una conducta directamente discriminatoria por razón de sexo.

Pues bien, el juez sentencia que en el presente caso hay “indicios sólidos de los que se infiere la sospecha de que la decisión empresarial que aquí se juzga, el despido de la demandante, ha podido constituir una reacción a su situación personal basada en prejuicios de que tal situación personal podría afectar a su futuro rendimiento en el trabajo, ocasionaría ausencias y podría incluso dar lugar a que la actora reclamase alguna de las diversas medidas que en orden a aliviar a la mujer víctima de violencia se diseñaron por el legislador, tales como la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, la movilidad geográfica o el cambio de centro de trabajo”, entre otras.

“La ausencia de argumentos razonables para adoptar el despido –que se le comunicó con una “carta vacía” en la que no figura hecho alguno, sino la mera transcripción del incumplimiento contractual imputado-, como reacción inmediata a la actualización de la problemática de violencia sufrida por la demandante, conducen a la conclusión auspiciada por el art. 181.2 LRJS de que esta medida constituye discriminación por razón de sexo y por ello un atentado a los derechos fundamentales, derechos éstos de obligado cumplimiento entre particulares y cuya protección se encomienda a los jueces con sus decisiones”, concluye la sentencia.

El Juzgado absuelve a un naturópata acusado de homicidio e intrusismo por la muerte de un enfermo de leucemia al que trató2018-02-02

El Juzgado de lo Penal número 10 de Valencia ha absuelto a un naturópata juzgado por la muerte de un joven enfermo de leucemia, que abandonó el tratamiento de quimioterapia que estaba recibiendo en la sanidad pública.

El magistrado considera probado que el "acusado le indicó determinadas pautas alimenticias a seguir y le aconsejó tomar determinados complementos alimenticios para fortalecer su organismo frente a la enfermedad y el tratamiento con quimioterapia al que iba a ser sometido, aconsejándole, no obstante, que no dejara dicho tratamiento así como que indicara a los médicos que le atendían en el Hospital Arnau de Villanova los productos o complementos alimenticios que le había recomendado, por si pudieran tener algún tipo de contraindicación con el indicado tratamiento".

El fiscal solicitaba un año y medio de prisión por un delito de intrusismo. La acusación particular, ejercida por el padre del fallecido, le imputaba también un delito de homicidio imprudente y elevaba su petición de condena a seis años de cárcel. El juez no considera probado que el fallecido abandonara el tratamiento de quimioterapia por indicación del naturópata.

La Junta de Gobierno del Colegio de Madrid traslada al ministro Rafael Catalá sus propuestas de mejora de la Administración de Justicia2018-02-02

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, encabezada por el decano José María Alonso, ha transmitido hoy al ministro de Justicia, Rafael Catalá, algunas de las principales cuestiones que preocupan a la abogacía madrileña. En el transcurso de la visita institucional que ha tenido lugar en la sede del Ministerio de Justicia, el decano ha trasladado al ministro una serie de propuestas para contribuir de manera conjunta a la mejora de la Administración de Justicia a corto y largo plazo.

Entre las demandas más urgentes trasladadas por la Junta se encuentra la renovación del convenio por el que se regulan los pagos de los letrados del procedimiento Gürtel. Además, en esta primera toma de contacto se han tratado con el ministro cuestiones legislativas, como la proposición y creación de un cauce de alegaciones para la posible reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como para la posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el papel de la abogacía como “parte activa” del proceso.

En línea con el Consejo General de la Abogacía Española y otras Corporaciones, el Colegio se adhiere y tiene intención de participar en cuestiones relacionadas con la aprobación, por parte del Ministerio de Justicia, del Estatuto General de la Abogacía; el impulso de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa; la Ley de Colegios Profesionales; y la reforma de la Ley de Acceso, Procura y Abogacía.

En cuanto a las gestiones procesales, se ha puesto en conocimiento del ministro la demanda de un buzón único con la Administración, así como la revisión del criterio de condena en costas.

En la agenda de la reunión figuraban, además, asuntos como LexNET y la necesidad de mejora en la carga/descarga, envíos y notificaciones de escritos a través de la plataforma, así como la imperante necesidad de revisar y actualizar los baremos del Turno de Oficio.

Acuerdos bilaterales y comisiones de trabajo

Por otra parte, la Junta ha trasladado su deseo de crear un acuerdo que habilite al Colegio a través de Instituciones Penitenciarias para la acreditación y entrada de abogados en prácticas a los Centros Penitenciarios.

Asimismo, se ha solicitado al ministro la presencia del Colegio en alguna de sus Comisiones de Trabajo, como la de Tecnología.

En la reunión con la Junta de Gobierno también han estado presentes la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado; y la  asesora del Gabinete del Ministro, Loreto Bacariza.

¿Puede solicitar el comprador la nulidad de una cláusula suelo si se ha subrogado en un préstamo promotor? 2018-02-01

El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a dictar sentencia a favor de los consumidores en materia de cláusulas suelo, incluso en casos de subrogaciones en préstamos de promotoras por falta de información precontractual por parte de la entidad financiera.


“Esto afecta a quien se ha subrogado, es decir, ha efectuado un cambio en la persona del deudor o del acreedor. La subrogación de la persona del deudor ocurre, en la mayoría de los casos, cuando compramos una vivienda que ya tiene constituida una hipoteca por una promotora inmobiliaria o por su anterior propietario. En estos casos el comprador se subroga en la posición de la promotora o del anterior propietario y asume parte del pago de dicho préstamo”, explica Lucía Gómez Barba, abogada del despacho de abogados y economistas Sanahuja Miranda.


Estas situaciones son de lo más frecuente, como también lo es el hecho de que dicho préstamo hipotecario tenga incluido entre su clausulado un tipo mínimo de interés o, lo que es lo mismo, la famosa cláusula suelo.


“Hasta ahora, lo que alegaban las entidades financieras era que correspondía a la promotora o al anterior propietario informar al comprador de la existencia de dicha cláusula, por lo que eludían todo tipo de responsabilidad al respecto”, explica Gómez Barba.


Sin embargo, el Alto Tribunal ha revocado dichas alegaciones en su Sentencia nº 643/2017, rec. 514/2015, de 24 de noviembre de 2017 (Sala 1ª), según la cual “el hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que este se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato. Una parte considerable de las compras de vivienda en construcción o recién construida se financia mediante la subrogación del comprador en el préstamo hipotecario concedido al promotor, con modificación, en su caso, de algunas de sus condiciones. Si se eximiera a la entidad financiera de esa exigencia de suministrar la información necesaria para asegurar la transparencia de las cláusulas que regulan el objeto principal del contrato, se privaría de eficacia la garantía que para el cumplimiento de los fines de la Directiva 93/13/CEE (EDL 1993/15910) y la legislación nacional que la desarrolla supone el control de transparencia.”

“Una vez más se exige a las entidades financieras una información clara y transparente al consumidor a la hora de contratar un préstamo hipotecario”, explica -categórica- Gómez Barba.


Asimismo, el Tribunal Supremo dictó Sentencia nº 649/2017, rec. 683/2015, de 29 de noviembre de 2017 (Sala 1ª), en la que se aclara que “el sujeto que predispone no necesariamente será el sujeto denominado legalmente como predisponente en la relación contractual, sino que lo será quien incorpore cláusulas predispuestas al contrato. Si la ley exigiera que, para poder aplicar la normativa protectora, el predisponente debiera ser el autor material del contenido contractual, a éste le sería fácil eludir el régimen legal de condiciones generales mediante el encargo de la redacción a un tercero”.


En los casos de subrogación, ha sido la entidad financiera quien predispuso la cláusula suelo, en tanto que el elemento de la imposición supone, simplemente, que las condiciones generales pasan a formar parte del contrato a iniciativa de la propia entidad, correspondiendo a ésta cumplir su obligación de información clara y transparente al prestatario, es decir, el comprador debe de disponer de toda la información sobre la mesa antes de firmar un préstamo hipotecario.

Y es que, en atención a los fines de la Directiva 93/13/CEE, de la que se hace eco el Tribunal Supremo en ambos pronunciamientos, reviste de una gran importancia para todo consumidor disponer de toda la información sobre las condiciones contractuales antes de la firma del propio contrato. Debe ser el propio consumidor quien decida si desea quedar vinculado por las condiciones redactadas de antemano por la entidad financiera, aunque hubieran sido firmadas en un primer momento con la promotora.


En este contexto, la abogada Gómez Barba indica que “si existían temores a la hora de reclamar la eliminación de una cláusula suelo de un préstamo hipotecario y la devolución de las cantidades pagadas de más como consecuencia de su aplicación, el Tribunal Supremo se ha ocupado de aclarar dichas dudas, siendo por lo tanto perfectamente viable la interposición de demanda judicial aunque te hayas subrogado en un préstamo hipotecario firmado inicialmente por una promotora inmobiliaria”.

La Abogacía Catalana también impugnará el nuevo Plan sobre los juzgados únicos por cláusulas suelo2018-02-01
  • El pasado mes de mayo ya recurrió ante el Tribunal Supremo el acuerdo del CGPJ de centralizar en un único juzgado provincial estas demandas
  •  El nuevo Plan del CGPJ incrementa el número de jueces que se dedicaran a estos asuntos, pero continúa obligando al ciudadano a desplazarse
  • En Catalunya, los cuatro juzgados especializados en la materia recibieron 18.474 demandas por cláusulas abusivas entre junio y diciembre de 2017, con una media de 140 diarias
  • La Abogacía Catalana ya advirtió del colapso que se produciría centralizando en un único juzgado provincial estos asuntos

El pleno del Consell de l’Advocacia Catalana, que representa los catorce Colegios de Abogados de Catalunya, ha aprobado este lunes 29 de enero por unanimidad impugnar también el nuevo Plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre los juzgados únicos provinciales para resolver las demandas por cláusulas suelo y otros reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas. El pasado mes de mayo el Consell ya recurrió ante el Tribunal Supremo el acuerdo del CGPJ de centralizar en un único juzgado por provincia estos asuntos, alertando del colapso que ello
provocaría. Ahora impugnará también el nuevo Plan aprobado por el CGPJ el pasado mes de diciembre, que, ante el colapso, incrementa el número de jueces dedicados a resolver estos asuntos, pero prevé que continúen centralizados en sólo cuatro juzgados provinciales -en el caso de Catalunya el Juzgado de Primera Instancia número 50 Barcelona, el Juzgado de Primera
Instancia número 8 de Tarragona, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lleida y el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Girona- circunstancia que obligará a muchos ciudadanos a desplazarse para defender sus derechos
ante los tribunales.

El nuevo Plan sustituye al que el CGPJ aprobó el pasado mes de mayo de 2017, que consistió en la especialización de un total de 54 juzgados de primera instancia en todo el Estado Español –uno por provincia – que se pusieron en marcha el 1 de
junio y que desde entonces tramitan todos los asuntos referidos a cláusulas suelo y otras reclamaciones por gastos financieros derivados de la formalización de hipotecas. Transcurridos siete meses, y ante la situación de colapso de estos
juzgados, el CGPJ aprobó, a finales de diciembre del 2017, un nuevo Plan para reforzar, a partir del 1 de enero de 2018, el número de jueces dedicados a resolver estos asuntos, que continuarán centralizados en las capitales de cada provincia. La
Abogacía Catalana argumenta que este nuevo Plan perjudica los intereses de los afectados porque dificulta el acceso a la justicia del ciudadano, que deberá desplazarse y destinar unos recursos económicos y de tiempo a la hora de reclamar
sus derechos, circunstancia que puede generar un efecto disuasorio.

MÁS DE 18.000 DEMANDAS PRESENTADAS EN SÓLO SEIS MESES EN CATALUÑA

La Abogacía Catalana ya alertó desde el primer momento del colapso que se produciría concentrando en un único juzgado provincial los litigios derivados de las cláusulas suelo. Entre junio y diciembre de 2017 se presentaron un total 18.474
demandas en los 4 juzgados catalanes especializados en la materia, de las que 14.601 corresponden al único juzgado especializado de Barcelona. En Girona se presentaron 1.397, en Tarragona 1.816 y en Lleida 660. Teniendo en cuenta que el
mes de agosto es inhábil, esto supone una media de 3.079 demandas al mes y 140 demandas diarias presentadas por estos asuntos a los cuatro juzgados provinciales catalanes entre junio y diciembre de 2017, un ritmo que sigue igual durante las
primeras semanas del 2018.

Datos correspondientes al periodo junio a diciembre 2017:

Para el Consell de l’Advocacia Catalana, estos datos ponen en evidencia el colapso que están sufriendo estos juzgados únicos, colapso que se hubiera podido evitar repartiendo estos asuntos entre los juzgados de primera instancia de todos los
partidos judiciales. El presidente del Consell de l’Advocacia Catalana, Julio J. Naveira, considera que “hay que respetar el principio esencial de proximidad de la justicia al ciudadano para que todos puedan ejercitar las acciones judiciales allí
donde le corresponda por razón de su domicilio”. Para Naveira “bajo la excusa de una pretendida especialización están perjudicando gravemente los intereses de los afectados, ya que el colapso judicial está retrasando mucho la resolución de estos juicios”. El presidente de los abogados catalanes se muestra convencido de que “si estos asuntos se repartieran entre todos los juzgados de los diferentes partidos judiciales, se dictarían muchas más resoluciones”

¿Puede aplicarse la tarifa plana por creación de empleo indefinido a los trabajadores subrogados de la empresa saliente a la empresa entrante, en el marco de una sucesión de empresas?2018-02-01

El Tribunal Supremo conoce de un recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJ del País Vasco, que conoce del recurso interpuesto por una empresa a la que, mediante Resolución de la Dirección Provincial de la TGSS de Vizcaya, se le deniega la bonificación establecida en la Ley 3/2014 (comúnmente denominada “Tarifa plana”) para los trabajadores que han sido subrogados en el marco de una sucesión de empresas.

Supuesto de hecho:

  • El 1 de enero de 2015 la empresa Garbialdi, S.A. dio de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a 85 nuevos trabajadores con contrato indefinido.
  • El alta estuvo precedida de la correspondiente baja en la Seguridad Social en las empresas empleadoras a las que estaban adscritos, denominadas "Servicios Auxiliares de mantenimiento y limpieza, S.L" e "ISS Soluciones de limpieza Direct S.A ", tratándose de trabajadores subrogados.
  • Por Resolución de 27 de enero de 2015, la Dirección Provincial de Vizcaya-Bizkaia de la Tesorería General de la Seguridad Social,  denegó la solicitud de la empresa Garbialdi, de aplicación de la "tarifa plana" del Real Decreto Ley 3/2014. Dicha Resolución fue confirmada en alzada el 17 de marzo siguiente.
  • Contra la citada Resolución, interpuso la empresa recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que desestimó las pretensiones de la empresa.
  • Finalmente, se interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo que dice sobre la aplicación de la bonificación prevista en la Ley 3/2014 a supuestos como el analizado.

Consideraciones jurídicas:

  • El Tribunal Supremo considera que existe interés casacional en el recurso planteado, exponiendo que debe dar respuesta a dos cuestiones relativas a la aplicación de la bonificación prevista en el Real Decreto Ley 3/2014.
  • Primero, entiende que debe resolver si resulta de aplicación la reducción en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida, conocida comúnmente como "tarifa plana", en los casos en los que la contratación indefinida efectuada se refiera a trabajadores que ya estaban contratados con ese mismo carácter indefinido en compañías de las que la empresa interesada es sucesora.
  • En segundo lugar, señala que debe aclarar si, por el contrario, a los supuestos de subrogación empresarial les afecta la exclusión contenida en la letra f) del apartado 3 del artículo único del Real Decreto-ley 3/2014: "3. Las reducciones previstas en este artículo no se aplicarán en los siguientes supuestos: (...) f) Contratación de trabajadores que en los seis meses anteriores a la fecha del contrato hubiesen prestado servicios en la misma empresa o entidad mediante un contrato indefinido".
  • Para resolver la primera cuestión, el TS parte de la redacción propia del RDL 3/2014 determinando que el artículo analizado exige para la aplicación de la bonificación, primero, que se celebren contratos indefinidos que supongan un incremento del nivel de empleo indefinido y, segundo, que dichos contratos indefinidos supongan un incremento del nivel de empleo total de la empresa.
  • En este sentido, el Tribunal entiende que en los casos como el presente, en los que la contratación indefinida efectuada se refiera a trabajadores que ya estaban contratados con el mismo carácter indefinido en compañías salientes, de las que la empresa entrante asume los contratos por mandato del convenio colectivo del sector, no existe incremento del nivel de empleo indefinido, por lo que no puede entenderse que les sea de aplicación la bonificación por "tarifa plana".
  • Aunque la respuesta a la primera de las cuestiones planteadas es suficiente para desestimar el recurso, el Supremo entiende que debe responder también a la segunda cuestión que se le plantea, y establece que la empresa entrante que se subroga en los contratos es distinta,  autónoma e independiente a las empresas subrogadas, lo que excluye la aplicabilidad directa del apartado 3 f) a este caso.
  • Por todo ello, la Sala concluye, por un lado, que la reducción en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida prevista en el Real Decreto-ley 3/2014, conocida como "tarifa plana", no es aplicable en los casos en los que no hay creación de empleo indefinido neto, porque la contratación indefinida efectuada en el marco de una sucesión de empresas, afecta a trabajadores que ya estaban contratados con el mismo carácter indefinido en empresas de las que el empleador interesado es sucesor. Por otro, el Supremo considera que la exclusión del apartado 3 letra f) del artículo único del Real Decreto-ley 3/2014, no es aplicable tampoco en los supuestos de sucesión de empresa.

Conclusión Lex@:

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la empresa y determina que no es aplicable la bonificación del RDL 3/2014 (la "Tarifa plana") a los supuestos en que se produce una subrogación de la plantilla en la que los trabajadores indefinidos de la empresa saliente, subrogados con el mismo carácter indefinido por la empresa sucesora, ya que no se cumple el requisito de carácter general de creación de empleo indefinido.

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El Tribunal Supremo reconoce el derecho de dos viudas de un soldado marroquí polígamo en el Sáhara a compartir la pensión de viudedad2018-01-31

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha reconocido el derecho a cobrar la pensión de viudedad a las dos esposas de un ciudadano marroquí polígamo que sirvió para el ejército español en el Sáhara y que percibía una paga con cargo al Estado español. La pensión, que sí tenía reconocida la primera mujer, se distribuirá a partes iguales entre las dos viudas.  El tribunal estima el recurso de casación presentado por la segunda esposa del fallecido contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la resolución administrativa que le había denegado el derecho a cobrar la citada pensión.

La Sala Tercera no cuestiona su propia doctrina que fijó que la poligamia es contraria al orden público español, pero precisa que este criterio no puede aplicarse a este caso concreto porque es el propio Estado español el que, como sujeto de derecho internacional  y a pesar de la proscripción del matrimonio polígamo en nuestro ordenamiento jurídico, admite un determinado efecto a dicho matrimonio en el artículo 23 del Convenio de Seguridad Social firmado entre España y Marruecos el 8 de noviembre de 1979.  Ese artículo dispone que “la pensión de viudedad causada por un trabajador marroquí será distribuida, en su caso, por partes iguales y definitivamente entre quienes resulten ser, conforme a la legislación marroquí, beneficiarias de dicha prestación”.

La Sala señala que ese artículo, por la posición jerárquica que tiene en nuestro ordenamiento jurídico y por el reconocimiento que le otorga el artículo 96 de la Constitución española, “permite que por vía interpretativa” se pueda ampliar o extender la condición de beneficiarias en el régimen de clases pasivas del Estado a todas las esposas que estuvieran simultáneamente casadas, en una situación de poligamia, con el fallecido, que percibía una pensión con cargo al Estado español, y que fuesen beneficiarias de la misma según la legislación marroquí.

Por ello, el tribunal concluye que la situación de poligamia del fallecido “no impide, por razones de orden público, el reconocimiento del derecho a una pensión de viudedad  a favor de todas las esposas que, de acuerdo con su ley personal, estuvieran simultáneamente casadas con el causante perceptor de una pensión con cargo al Estado español”. Para calcular el importe que corresponde a cada una de las esposas, el tribunal se basa en ese mismo artículo -23 del citado Convenio- que acuerda que la única pensión de viudedad que se reconozca se dividirá por partes iguales entre las beneficiarias de acuerdo con la legislación marroquí.

Voto particular

La sentencia incluye un voto particular firmado por los magistrados José Luis Requero y Jorge Rodríguez-Zapata en el que expresan sus discrepancias con la interpretación que la mayoría realiza del Convenio  de Seguridad Social firmado entre España y Marruecos. En la misma línea que el abogado del Estado, que se opuso a la concesión de la pensión por ser la poligamia contraria al orden público, los magistrados defienden una aplicación restrictiva de dicho Convenio “pues lo contrario implica reconocer un derecho para quien ha estado unido matrimonialmente no ya bajo una forma matrimonial no reconocida en España, sino que se asienta sobre una base constitutiva de delito por ser contrario al sistema de valores que protege el ordenamiento español”.

Añaden que la situación social de España cuando se firmó el Convenio es muy distinta a la situación actual y señala que hoy día son varios millones las personas, que proceden de países de religión musulmana,  que viven legalmente en España. “Es necesario posibilitar su integración, lo que es compatible con la idea de que su acogida en España no debe implicar la renuncia a sus costumbres ni a su religión, pero dentro de los límites que marca nuestra cultura y nuestro sistema de valores, lo que tiene su reflejo en el orden público constitucional que protege la dignidad de la mujer”, subrayan los magistrados en su voto.

Caja España colocó una indemnización por despido en preferentes sin la debida transparencia2018-01-31
  • La Audiencia Provincial de Barcelona confirma la nulidad de la colocación
  • “Las meras declaraciones genéricas y vagas y estereotipadas recogidas al breve documento de compra no son suficientes”
  • La Audiencia considera además que existe una “evidente asimetría informativa” entre el banco y los clientes, un matrimonio con estudios primarios.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la nulidad de unas preferentes colocadas por Caja España (hoy banco Ceiss) a un matrimonio con estudios de primaria básica. “El dinero invertido era la indemnización por despido del marido, lo que hace más sangrante la situación”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.

La Audiencia confirma el fallo del juzgado de Badalona (Barcelona) de 21 de diciembre de 2015 y obliga a la entidad a devolver el dinero invertido menos los intereses abonados más el interés legal del dinero. Recuerda que las preferentes son un producto complejo puesto que el capital no estaba asegurado. A pesar de ello -señala la sentencia- “se ofertaron como buena inversión, ignorando su verdadera naturaleza”.

La sentencia recuerda que el banco tenía obligación legal de comportarse de manera diligente y transparente en interés exclusivo de sus clientes. Recuerda también su obligación de ofrecer una información “clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo” de manera que el cliente conociera con precisión los efectos de lo que contrataba.

Afea además que no se realizaran “orientaciones y advertencias de los riesgos” y que no se informaran sobre los riesgos conexos, la volatilidad del precio o la posibilidad de compromisos financieros u otras obligaciones adicionales. “No se informó de nada; al revés, se les colocó las preferentes como si fueran depósitos a tipo fijo bien remunerados”, lamenta Navas.

El fallo asegura también que “no cabe duda de que se llevó a cabo un asesoramiento personalizado” al tratarse de una “recomendación personalizada”. Por lo tanto, habría que haberles practicado el test de idoneidad que examina no sólo el conocimiento y la experiencia financieras del cliente sino también su perfil de riesgo y sus objetivos de inversión. “Nada de esto se hizo, aunque el banco sí sabía que eran clientes minoristas, sin antecedes de preferentes o productos de riesgo y con estudios primarios; aun así, les colocaron las preferentes sabiendo que ponían en riesgo el dinero de la indemnización del despido”, lamenta el socio-director de navascsi.com.

Caja España trata de defenderse alegando que los clientes firmaron un documento en el que reconocían el riesgo de la operación. La sentencia recuerda la sentencia del Supremo de 18 de abril de 2013 en la que señala que las menciones generales o fórmulas predispuestas “carecen de valor si no ha existido un conocimiento real”. Considera que existe una evidente “asimetría informativa” que no puede suplirse con un contrato de custodia o administración. “Desde luego, las meras declaraciones genéricas y vagas y estereotipadas recogidas al final del breve documento de compra no son suficientes”, concluye.

Así que la audiencia Provincial de Barcelona confirmó el pasado 15 de enero la nulidad de la colocación condenando a la entidad a las costas judiciales. “Un reproche judicial firme ante una mala praxis y un comportamiento poco ético; la justicia es lenta, pero inexorable”, concluye satisfecho el socio-director de navascusi.com.

Las respuestas jurídicas a la desregulación laboral tienen que tener en cuenta las nuevas tecnologías2018-01-31

El sindicato CCOO, a través del Servicio Jurídico Regional, ha llevado a cabo una Jornada en Segovia sobre ‘Respuestas jurídicas a la desregulación laboral’. En el transcurso del acto se habló de la dificultad de integrar en nuestro ordenamiento jurídico nuevas formas de trabajo propiciadas por el desarrollo de la tecnología y de las relaciones laborales en un mundo globalizado y muy cambiante.

La jornada reunió a expertos en legislación y en nuevas formas de organización del trabajo para estudiar cómo modificar nuestra legislación a situaciones nuevas como la existencia de falsos autónomos, las plataformas digitales de trabajo, las modalidades de empleo a disposición, la contratación parcial y temporal y otros muchos fenómenos surgidos al calor del desarrollo tecnológico y que no tienen un reflejo real en nuestras normas jurídicas. Incluso se planteó la dificultad de la regulación, al menos de carácter nacional, sobre determinadas prácticas laborales que empiezan a ser frecuentes en nuestros días, pero que no se adaptan a los modelos jurídicos y administrativos de antes de la llamada “cuarta revolución industrial”.

La inauguración de la Jornada corrió a cargo de Vicente Andrés Granado, secretario general de CCOO de Castilla y León y de Francisca Gómez Sánchez, secretaria confederal de Servicios Jurídicos de CCOO. Tras la inauguración tuvo lugar la ponencia de Ricardo Bodas Martín, presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional a quien presentó Manuel Gómez Cerezo, abogado del Servicio Jurídico de CCOO de Castilla y León. A media mañana tuvo lugar la Mesa de Debate sobre ‘Retos del Derecho del trabajo en la era digital’ por Rafael López Parada, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León; Javier Puente de Pinedo, jefe de la Inspección de Trabajo y SS de Segovia; Graciela López de la Fuente, profesora de Derecho del Trabajo, miembro de la Cátedra de Sindicalismo de la Universidad de Valladolid y Armando García López, abogado de la Federación de Servicios de CCOO, con moderación de Francisco J. Gualda Alcalá, director del Gabinete de Estudios Jurídicos de CCOO.

A las 13,30h tuvo lugar la clausura a cargo de Carlos Castedo Garvi, director del Servicio Jurídico de CCOO de Castilla y León.

El juez de lo Penal es competente en concursos de delitos que sumados superen los 5 años, según el TS2018-01-30

La Sala II del Tribunal Supremo ha establecido que, en caso de concurso medial de delitos, cuando las penas de prisión señaladas en abstracto en cada uno de los delitos que integran el concurso no supere los cinco años, aunque la suma de las previstas en una y otras infracciones excedan de esa cifra, la competencia para su enjuiciamiento corresponde al juez de lo Penal.

Así lo ha establecido la Sala II en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional adoptado el pasado 12 de diciembre, que se recoge ahora en una sentencia que por primera vez aplica dicho acuerdo. La sentencia desestima un recurso de la Fiscalía contra un auto de la Audiencia de Pontevedra que estableció su falta de competencia, y remitió al Juzgado de lo Penal, un caso en el que la Fiscalía acusaba por delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos (castigado en abstracto con pena de 1 a 4 años de prisión), en concurso medial con delito de estafa (sancionado con pena de 6 meses a 3 años de prisión.

El Supremo explica que en los supuestos concursales, sea cualesquiera la regla específica de aplicación de la pena, la competencia la fija y determina la penalidad abstracta prevista para cada delito que integra el concurso; “siendo la alternativa propuesta por el Ministerio Fiscal, atender a la suma de la máxima prevista para cada infracción, un parámetro que no viene especificado ni en la norma sustantiva ni en la procesal”.

Recuerda la sentencia que respecto de las penas de prisión, el Juez de lo Penal, aunque sólo conozca de delitos castigados con pena privativa de libertad de duración no superior a cinco años, no es infrecuente que imponga penas superiores, en supuestos de concurso real, pudiendo llegar a fijar un límite de cumplimiento (artículo 76 del Código Penal) de quince años de prisión (como consecuencia del triplo de la más grave).

Es decir, que “la competencia deferida al Juez Penal, no imposibilita la imposición de penas superior a cinco años, sino enjuiciar delitos (no concursos) cuya pena abstracta de prisión, exceda de cinco años”. Para el alto tribunal, nada obsta a que como consecuencia de un concreto concurso medial, la pena de prisión que imponga el Juez de lo Penal, sea superior a cinco años, sea siete, ocho u otra cifra hasta diez años.

El Tribunal Supremo aplica el criterio de la UE y revoca las sentencias que anularon las multas a Uber por falta de autorización para transporte2018-01-30

La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado sendos recursos de la Generalitat de Catalunya y ha revocado las sentencias de dos juzgados de lo Contencioso de Barcelona que dieron la razón a Uber y anularon dos multas de 4.001 euros que le había impuesto la administración autonómica catalana por infracción muy grave de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, por “la contratación como transportista o la facturación en nombre propio de servicios de transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas sin ser previamente titular de autorización de transporte”.

El Supremo ordena devolver las actuaciones a los dos juzgados para que, con retroacción de las mismas al momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia, dicte una nueva resolviendo según proceda, pero en la que no podrá negar que la actividad desarrollada por Uber, B.V. está sujeta a la autorización exigida en el artículo 42.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, ni que le resulta de aplicación el régimen sancionador previsto en dicha Ley.

El alto tribunal resuelve estos casos en consonancia con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea formulado en la reciente sentencia de 20 de diciembre de 2017 (asunto C-434/15), que ha declarado que un servicio de intermediación que tiene por objeto conectar mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte, y, por lo tanto, ha de calificarse de servicio en el ámbito de los transportes.

Por ello, frente a lo que afirma las sentencias recurridas, la actividad que desarrolla Uber, B.V. ha de calificarse de ‘servicio en el ámbito de los transportes’.

La Sala también se plantea determinar qué norma de derecho interno resulta aquí de aplicación, pues la resolución sancionadora de la Generalitat aplica directamente la normativa estatal (Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres) mientras que Uber sostiene que es de aplicación preferente y excluyente la regulación autonómica en materia de transportes (Ley catalana 12/1987, de 28 de mayo, desarrollada por el Decreto 319/1990, de 21 de diciembre), y, más específicamente, la normativa autonómica sobre el taxi (Ley catalana 19/2003, de 4 de julio, del taxi).

El alto tribunal rechaza el planteamiento de Uber “pues, siendo cierto que la Ley autonómica 19/2003, de 4 de julio, del taxi, incluye en sus artículos 37 y siguientes un régimen sancionador, su mera lectura permite constatar que su contenido, como el de toda la regulación contenida en dicha ley, viene específicamente referido al servicio de taxi, ámbito éste en el que la exigencia de autorización habilitante nunca ha sido cuestionada”.

“Es precisamente –añade la sentencia-- la singularidad de la actividad que desarrolla Uber, B.V., que, aunque considerada como un “servicio en el ámbito de los transportes”, no puede ser identificada con el tradicional servicio de taxi, la que impide aplicar a aquélla la regulación y el régimen sancionador establecidos específicamente para este último –servicio de taxi- en la Ley autonómica 19/2003, de 4 de julio”.

Por ello, a falta de una regulación autonómica referida a una actividad organizativa y de intermediación en al ámbito del transporte como la desarrollada por Uber, B.V., el Supremo señala que es aplicación al caso la regulación estatal contenida en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, incluido el régimen sancionador que en ella se establece.

Y añade el alto tribunal que la actividad desarrollada por Uber, B.V. “no es un mero servicio de intermediación sino que constituye una parte sustancial de la prestación de servicio de transporte de viajeros, estando por ello sujeta a la autorización exigida en el artículo 42.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres”.

El Supremo acuerda devolver las actuaciones al Juzgado, para que, una vez determinado que Uber estaba sujeta al régimen de autorización de transportes, resuelva sobre los otros motivos o argumentos de impugnación de la empresa que no se resolvieron, como son los relativos a la infracción del principio de tipicidad, la falta de adecuación de los actos realizados por Uber, B.V. al tipo de la infracción que se le imputa, o la vulneración del principio de presunción de inocencia –que conecta directamente con la valoración de las pruebas que sirven de sustento a la sanción-.

El Juzgado de Vila-real rechaza cerrar el perfil en Facebook del conductor fallecido al chocar contra una gasolinera en Benicàssim junto a su expareja, que le había denunciado por maltrato2018-01-30

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vila-real ha rechazado la petición para cerrar el perfil de facebook del joven muerto el pasado mes de diciembre al colisionar el vehículo en el que viajaba con su expareja, que le había denunciado por malos tratos, contra una gasolinera en Benicàssim.

La madre de la chica había solicitado al juzgado el cierre del perfil del presunto agresor en el que éste había colgado fotos de la chica.

La jueza dio traslado de la petición de la familia a la Fiscalía, que se opuso. En una providencia notificada a las partes, la magistrada hace suyo el criterio del Ministerio Fiscal y rechaza cerrar el perfil en dicha red social del presunto agresor fallecido por considerar que el contenido del mismo “puede ser pertinente y útil para el esclarecimiento de los hechos” que se investigan.

El Juzgado, por el contrario, ha accedido a la petición de la madre de la víctima y ha aceptado su personación como acusación particular en el procedimiento.

La instructora está pendiente de recibir el atestado definitivo de la Guardia Civil para determinar si la colisión mortal fue accidental o provocada.

Antecedentes

El hombre ya estaba siendo investigado por el mismo juzgado por tres delitos de lesiones, tras una denuncia presentada por su expareja sentimental, fallecida en el choque, a mediados de diciembre.

El Juzgado recibió la denuncia, en la que la joven relataba varios episodios violentos sufridos en diferentes momentos de la relación, el 15 de diciembre. Ese mismo día, la Jueza tomó declaración a la víctima y a su presunto agresor. Es la única denuncia que consta de ella contra él en dicho juzgado.

Tras escuchar a ambos, el fiscal apreció indicios de tres delitos de lesiones en el ámbito de la violencia de género. No obstante, el juicio no pudo celebrarse porque las versiones eran contradictorias y no existía parte médico que acreditara las lesiones que relataba la víctima de los distintos ataques.

El fiscal solicitó entonces nuevas diligencias para completar la instrucción. Entre ellas, pidió que se tomara declaración a tres testigos, que se requirieran las grabaciones de un bar en el que la denunciante contaba que había sufrido uno de los episodios violentos y que se pidiera información a un centro médico al que la chica acudió en una ocasión tras una de las agresiones relatadas. En aquella ocasión, la víctima no refirió al personal sanitario el origen de los daños de los que fue atendida.

A la espera de la práctica de esas diligencias, el fiscal pidió que se prohibiera al presunto maltratador acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con la víctima por cualquier vía, petición a la que se adhirió el abogado de la denunciante, quien no solicitó ninguna medida complementaria. Ni el fiscal ni el abogado de la víctima solicitaron prisión para el detenido por los hechos denunciados.

El presunto agresor había sido condenado en septiembre 2013 a 64 días de trabajos en beneficio de la comunidad por dos episodios violentos con una pareja anterior, a la que en una ocasión dio una bofetada cuando volvían de una fiesta y en otra ocasión amenazó. Fue una sentencia de conformidad, en la que el maltratador reconoció los hechos y aceptó la pena que le pedía el fiscal.

El Constitucional sólo permite la investidura de Puigdemont si es en persona2018-01-29

MADRID (Reuters) - El Tribunal Constitucional condicionó la investidura de Carles Puigdemont como presidente catalán programada para el próximo martes a que reciba la autorización previa de la justicia española y se encuentre presente en el Parlamento regional.

“No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura como candidato a presidente de la Generalitat a través de medios telemáticos ni por sustitución de otro parlamentario”, dijo el alto tribunal tras la decisión adoptada por unanimidad.

El Constitucional respondió así cautelarmente al recurso presentado la víspera por el Gobierno español, aunque no decidirá si admite a trámite la impugnación que solicita el Ejecutivo central hasta que no escuche a todas las partes en los próximos diez días y haya resuelto sus dudas al respecto.

Para ello el tribunal admitirá que Puigdemont y los diputados electos de JxCat que como él están huidos de la justicia española se personen ante un juez, únicamente para que puedan ejercer su derecho de defensa.

En su cuenta de Twitter, Puigdemont celebró la resolución del tribunal. “Hasta el TC ha rechazado el fraude de ley que pretendía la Moncloa”, dijo.

“Más de uno debería pensar en rectificar y hacer política de una vez”, añadió en alusión a Rajoy, que en su cuenta en la red de micromensajería respondía que “todos los demócratas tenemos la obligación de respetar las decisiones de los tribunales”.

El ex presidente catalán, acusado de sedición y rebelión entre otros delitos, se autoexilió en octubre a Bélgica a raíz de la declaración unilateral de independencia que llevó al Gobierno central a cesar al Govern en pleno y convocar elecciones anticipadas en Cataluña.

Los comicios reflejaron la profundidad de la fractura de la sociedad catalana y revalidaron la mayoría independentista del Parlament a pesar de que los unionistas de Ciudadanos fueron la fuerza más votada. El partido de Puigdemont, JXC, fue el que que obtuvo mayor número de escaños, motivo por el que fue propuesto como candidato a president por los grupos soberanistas.

El Gobierno de Mariano Rajoy impugnó esta semana la candidatura de Puigdemont en un intento apresurado por frenar la vuelta del político independentista a la Generalitat, yendo incluso en contra del criterio del Consejo de Estado.

Custodia compartida a pesar de que la madre disfrutaba de mejor horario y había cuidado de los hijos desde su nacimiento2018-01-29

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Colmenar (que tiene asumidas las competencias de Violencia de Género) acuerda una custodia compartida por semanas alternas de dos menores (uno de 4 años y otro de 18 meses) aun teniendo la madre mejores horarios, contando con ayuda familiar y habiendo cuidado a los hijos desde su nacimiento, y todo ello por cuanto no probó la existencia de ningún motivo que impidiera la custodia compartida.

 
Nuevamente un letrado de la Asociación Europea de Abogados de Familia (AEAF) consigue una custodia compartida. En este caso el abogado director del procedimiento era JAVIER MARÍA PÉREZ-ROLDÁN Y SUANZES, presidente a su vez de la AEAF.
En este caso la custodia compartida tiene un valor añadido por cuanto concurrieron en la causa varios motivos que la hacían de más difícil consecución:

  • El Juzgado que debía resolverla era el Juzgado que en Colmenar que tiene atribuidas las competencias en Violencia de Género, y ello en tanto en cuanto el padre fue denunciado y finalmente absuelto en juicio oral de un delito de violencia.
  • La corta edad de los menores, el más pequeño de los cuales tenía 18 meses y según la madre aún tomaba lactancia materna. No obstante, tal argumento decayó por la poca credibilidad del mismo, ya que el menor acudía a guardería desde las 8:00 hasta las 14:00.
  • Los horarios por turnos del padre, que trabaja por la noche en semanas alternas.

Es de reseñar, por lo demás, que en la causa no se acordó la realización de informe psicosocial, que se emiten con un año de retraso, ni obraba pericial particular alguna.
La Sentencia, dictada por la Magistrada Rocío Rubio Nuche, establece en su Fundamento de Derecho Quinto que «Es importante tener en cuenta que en el presente caso las alegaciones de la actora no bastan para acordar la custodia exclusiva para ella. Y, desde luego, habida cuenta de la cortísima edad de los menores y que desde la crisis matrimonial hayan vivido con la madre, impide absolutamente que la custodia sea para el padre, más aun atendiendo a los horarios de éste y a que es la madre la que cuenta con ayuda familiar para compatibilizar el cuidado de sus hijos con su vida diaria. Sin embargo, esto no es causa suficiente para atribuir la custodia a la progenitora, ya que no concurre ningún tipo de causa o motivo que impida o inhabilite al padre para que se le atribuyan las mismas facultades de decisión, y el mismo tiempo con los menores que la madre. Y ello sin perjuicio de que, dada su cortísima edad, se facilite así que los mismos se acostumbren a pasar el mismo tiempo con ambos, favoreciendo así las relaciones con los dos y sin que sufran ninguna carencia».


En el presente caso se da además la casualidad de que la Juzgadora cita como jurisprudencia, con carácter principal, la Sentencia del Tribunal Supremo 194/2016, de 29 de marzo, Sentencia dictada en la resolución de un recurso de Casación formalizado por el mismo letrado que dirigía este pleito, el Sr. Pérez-Roldán. Así en el Fundamento de Derecho Cuarto cita los siguientes fragmentos de la misma: «La sentencia, ciertamente, desconoce, como si no existiera, la doctrina de esta Sala y pone en evidente riesgo la seguridad jurídica de un sistema necesitado una solución homogénea por parte de los Tribunales a los asuntos similares. Pero más allá de este desconocimiento de la jurisprudencia y de un escaso o nulo esfuerzo en incardinar los hechos que se ofrecen por ambas partes en alguno de los criterios reiteradamente expuestos por esta Sala sobre la guarda y custodia compartida, se conoce perfectamente el razonamiento que lo niega y que es, en definitiva, lo que justifica el interés casacional del recurso de casación, que también se formula, por oponerse a la jurisprudencia de esta Sala (…)»


«La sentencia no solo desconoce la jurisprudencia de esta Sala sobre la guarda y custodia compartida, sino que más allá de lo que recoge la normativa nacional e internacional sobre el interés del menor, resuelve el caso sin una referencia concreta a este, de siete años de edad, manteniendo la guarda exclusiva de la madre y dejando vacío de contenido el artículo 92 CC en tanto en cuanto de los hechos probados  se desprende la ausencia de circunstancias negativas que lo impidan»

Un juzgado mercantil de Madrid aprueba el plan de liquidación de dos concesionarias de autopistas radiales2018-01-29

La empresa pública SEITTSA asume la totalidad de los trabajadores y de gran parte de los contratos civiles y mercantiles vigentes

El Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid ha dictado dos autos en los que se aprueba el plan de liquidación de Ciralsa (Ciralsa S. A, Concesionaria del Estado) y Aucosta (Autopista de la Costa Cálida, Concesionaria Española de Autopistas S. A.) en los términos alcanzados por la administración concursal y SEITTSA (Ministerio de Fomento) para una ordenada transmisión de la explotación de ambas empresas concursadas en la noche del 30 de marzo al 1 de abril.

A partir de ese momento, la gestión, conservación, explotación e ingresos de las autopistas pasarán a la empresa pública SEITTSA, quien asume la totalidad de los trabajadores, de los directivos y de gran parte de los contratos civiles y mercantiles vigentes a efectos a la conservación y explotación de las carreteras. Además, las resoluciones judiciales recogen la decisión de remitir todas las cuestiones relativas a la determinación de la Responsabilidad Patrimonial del Estado, del modo de cómputo y de su cuantificación al preceptivo expediente administrativo y a su posterior revisión en vía contencioso-administrativa.

Con posterioridad, cuando tales importes estén determinados por sentencias firmes y se hagan efectivas por el Estado, se reabrirá el concurso para el pago a los acreedores concursales privilegiados y a los acreedores concursales ordinarios.

El derecho a la portabilidad de datos2018-01-29

Una de las tantas novedades del nuevo RGPD es el llamado derecho a la portabilidad. Con toda seguridad, el lector reconocerá esta palabra del sector de la telefonía, pues quién no ha querido cambiar de compañía y seguir conservando el mismo número. Bien, el artículo 20 del Reglamento regula esta figura. Dispone que el interesado tendrá derecho a recibir los datos personales proporcionados a un responsable, ‘en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica’. Pero esto no se queda aquí, porque estos datos se podrán transmitir, a su vez, a otro responsable. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿supondrá esto una nueva guerra por conseguir clientes? ¿Cómo va a encajar este sistema en la competencia desleal? Pero estas preguntas no las podemos contestar aún, pues hasta donde sabemos, el futuro es difícil de prever. De momento.

¿Cómo y cuándo se aplica este derecho?

El objetivo de este derecho es, según el Reglamento, ‘facultar a los interesados para trasladar, copiar o transmitir datos personales de un entorno informático a otro'. Por ejemplo, un lector suscrito a un periódico solicita al responsable todos los datos que tiene sobre él. Desde la totalidad de artículos leídos, pasando por el tiempo empleado en la navegación, o las descargas que ha hecho. Puede, incluso, obligarlo a transmitir esos datos a la competencia y evitar tomarse la ‘molestia' de hacerlo él mismo. En cambio, el receptor no está obligado a percibir de esos datos.

Es aquí donde surgen las primeras preguntas. ¿Los datos que circulen de un responsable a otro, a instancia del interesado, deben ser exactos y limitados a las exigencias de este último? Sí, claramente. No pueden ir más allá, ni tampoco quedarse cortos.  También importa -y mucho- el límite del tiempo que el responsable inicial puede conservar los datos. Dice el RGPD que ‘no será más tiempo del necesario o más allá de un período de retención especificado'. De otro lado, recordemos también que el tratamiento de datos debe estar siempre relacionado con la finalidad.

Este derecho se aplica, bien en virtud del consentimiento del interesado -supuestos de categorías especiales-, o bien en pro de un contrato en el que el interesado es parte.

¿Esta portabilidad, conlleva la supresión de los datos?

El artículo 17 RGPD responde negativamente a esta cuestión, pues la portabilidad de los datos no conlleva su supresión automática. Esto es, el interesado puede seguir beneficiándose del servicio si así lo considera. Parece que la sintonía es que cuando se ejerza un derecho se haga sin perjuicio del resto.

¿Qué datos deben incluirse?

Enumera el RGPD, en su artículo 20.1, que deben ser los datos personales del interesado, así como los que haya facilitado a un responsable en observación de la actividad. Dentro de estos segundos encontramos los facilitados de forma activa (ej.: nombre de usuario) y los observados en virtud del uso del servicio. Un ejemplo de estos últimos sería el tiempo empleado en la navegación por la página del periódico que venimos mencionando.

De otro lado, también debemos insistir que el cumplimiento de este derecho no afectará negativamente a los derechos y libertades de otros. Con esto se pretende, según el Considerando 68, que ‘cuando un conjunto de datos afecta a más de un interesado, el derecho a recibirlos se entiende sin perjuicio del menoscabo de los derechos y libertados de los otros'.

Es también importante que el responsable se asegure de comprobar la identidad del interesado antes de facilitarle los datos. El RGPD le permite solicitar toda la información necesaria al respecto.

¿Cuánto puede tardar un responsable en responder a una solicitud de portabilidad?

En artículo 12.3 RGPD nos da la solución a nuestra pregunta. El responsable facilitará información a sus actuaciones, sin dilación indebida y en cualquier caso, en el plazo de un mes desde la recepción. El período puede ampliarse a un máximo de tres en los casos complejos. En este caso, será necesario informar al interesado de las razones de la demora. Lo que sí que queda claro es que el responsable no puede dejar una solicitud sin respuesta.

¿Cómo deben proporcionarse los datos?

Esto son, los medios que tiene el responsable para la operación. El RGPD dispone que se deberán facilitar datos cuando la viabilidad sea técnicamente posible. La intención es que se creen mecanismos interoperables entre todos los responsables para tanto para recibir como para enviar. Pueden hacerlo a través de una transmisión directa o una herramienta automatizada que permita la extracción. Habitualmente, y por el añadido del gran volumen y complejidad, el mecanismo idóneo será el segundo. Los formatos que más resuenan son los que ya se vienen usando: XML, JSON, CSV. Parece ser que no es suficiente con un archivo PDF porque la práctica no lo considera suficientemente estructurado y descriptivo.

A grandes rasgos, estas son algunas de las características a tener en cuenta. Yo, si estuviese en su lugar, me andaría con cuidado. Las sanciones son muy elevadas.

Enlaces a considerar:

RGPD

Directrices sobre el derecho a la portabilidad

CCOO abre nueva vía contra las prolongaciones de jornada en el Tribunal de Justicia de la UE2018-01-26

Tras admitir las alegaciones de CCOO, la Audiencia Nacional plantea al Tribunal de Justicia de la UE que se pronuncie sobre la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo del artículo 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores definiendo si la no obligatoriedad para las empresas de llevar el registro diario de la jornada es contraria a lo establecido en la carta de derechos Fundamentales de la UE y en diversos artículos de las directivas y del Consejo del Parlamento Europeo.

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado un Auto con fecha 19 de enero de 2018, en virtud del cual se ha planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, basándose en la Directiva 2003/88 relativa a determinados aspectos de ordenación del tiempo de trabajo y la Directiva 89/391 relativa a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo consideró que, en virtud del art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, no es necesario que la empresa tenga un registro donde conste la jornada de cada trabajador día a día y, por tanto, sea obligatoria la existencia de un resumen mensual donde se totalice y se refleje la jornada trabajada cada día, así como que tampoco resulta obligatorio la entrega de este resumen mensual de cada trabajador a los representantes legales de los trabajadores, de conformidad con la disposición adicional 3ª del Real Decreto 1561/95 de 21 de septiembre sobre jornadas especiales de trabajo.

El contenido de esta sentencia, independientemente de su acierto jurídico, ha supuesto socialmente un estimulo a muchas empresas para que se continúe con la practica social de realización de horas extraordinarias que no se pagan, ni se declaran ni se cotizan por ellas, y que muchos trabajadores hagan jornadas u horas que no cobran, dado que no existe un control objetivo y fehaciente de las jornadas que trabajan, accesible a la Inspección de Trabajo y a la representación legal de los trabajadores.

De ahí la importancia que tiene esta cuestión prejudicial, que se plantea en un conflicto colectivo promovido por la Federación de Servicios de CCOO contra la entidad financiera Deutsche Bank SAE.

Ya en la citada demanda se sugería que los mandatos del derecho comunitario y la exigencia de aplicar medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores, implicaban la adopción de instrumentos que verifiquen el cumplimiento efectivo de la jornada legal y que pongan coto a los abusos en los excesos de jornada no declarada ni retribuida y, en este sentido, en la propia demanda se sugería que el sistema de registro de la jornada diaria a que se refiere el 35.5 debía ser aplicado con carácter general, como único método para establecer cuando existen horas extras y cuando no.

Asimismo, en la demanda se planteaba que si solo se implanta el registro cuando se hacen horas extras, no se implantará en la práctica ni en la realidad ningún registro cuando estas horas extras no se declaren ni se coticen por ellas.

Por ello, el Auto analiza con detenimiento el contenido de las Directivas Comunitarias y las interpretaciones efectuadas hasta ahora y plantea que el único medio de comprobar si se excede o no la jornada de trabajo es el registro diario de la misma durante el periodo de referencia, que es anual. Asimismo, establece que el propio art. 12.4 del Estatuto de los Trabajadores impone en este caso con absoluta claridad la obligación de registrar la jornada diaria de los trabajadores a tiempo parcial, sucediendo lo mismo con los trabajadores móviles, de la marina mercante y ferroviarios y, por lo tanto, la conclusión racional consiste en que para comprobar si se producen o no excesos de jornada el instrumento a utilizar es el registro diario de la misma.

Igualmente, el Auto plantea que este registro es la manera de comprobar este exceso por parte de los representantes de los trabajadores y de la Inspección de Trabajo, y a la vez es la manera de garantizar la efectividad del cumplimento de los mandatos relativos a ordenación del tiempo de trabajo previstos en la Directiva.

Por ello el Auto formula tres interrogantes que deben ser resueltos por el TJUE como cuestión previa (prejudicial) para poder resolver la pretensión sobre obligación de registro diario de la jornada:

El primero es si debe entenderse que por parte del Reino de España a través de los arts. 34 y 35 del Estatuto, según viene siendo interpretado por la doctrina jurisprudencial, ha adoptado o no las medidas necesarias para garantizar la efectividad de las limitaciones de la duración de la jornada de trabajo y del descanso semanal y diario, que establecen los arts. 3, 5 y 6 de la Directiva 2003/88.

El segundo consiste en si deben interpretarse las normas comunitarias en el sentido de que se oponen a una normativa nacional interna, como la contenida en los arts. 34 y 35 del Estatuto de los Trabajadores, en los términos en que estas dos disposiciones legales han sido interpretadas por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, y si no cabe deducir de este derecho comunitario que resulta exigible no solo a los trabajadores a tiempo parcial, ferroviarios, de marina mercante y de trabajadores móviles, sino también a los de tiempo completo, la existencia de un control diario de la jornada trabajada.

El tercer interrogante es si debe entenderse que el mandato perentorio dirigido a los Estados miembros, de limitar la duración de la jornada de trabajo de todos los trabajadores en general, implica la necesidad de utilizar un sistema de verificación de los excesos de jornada, como el establecido para los trabajadores a tiempo parcial, móviles y ferroviarios y que según el Tribunal Supremo no está establecido para los trabajadores a tiempo completo.

¿Quiere leer el auto?

Más flexibilidad en los tipos del IVA, menos trámites burocráticos para las pequeñas empresas2018-01-26

La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas encaminadas a ofrecer a los Estados miembros más flexibilidad a la hora de fijar los tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y crear un mejor marco fiscal que favorezca el desarrollo de las PYMEs.

Las propuestas presentadas constituyen las últimas etapas de la revisión general por la Comisión de las normas en materia de IVA, que prevé la creación de un espacio único del IVA en la UE a fin de reducir considerablemente el fraude en materia de IVA en la UE, que representa una pérdida de 50.000 millones de euros al año, al mismo tiempo que se apoya a las empresas y se garantizan los ingresos públicos.

La Comisión también aborda el problema de las empresas más pequeñas que afrontan unos costes de cumplimiento de la normativa en materia de IVA desproporcionados. Las empresas que operan en otros países soportan unos costes de cumplimiento superiores en un 11% a los de las empresas cuya actividad es solo nacional, viéndose más afectadas las empresas más pequeñas. Esto está resultando un auténtico obstáculo para el crecimiento, ya que las pequeñas empresas representan el 98% de todas las empresas de la UE. Por ello, la CE propone que se permita a más empresas disfrutar de las ventajas de una normativa en materia de IVA más simple, a la que por el momento solo pueden acogerse las empresas más pequeñas. Los costes de cumplimiento en materia de IVA se reducirán globalmente un 18% al año.

Los Estados miembros pueden aplicar actualmente un tipo reducido no inferior al 5% a dos categorías distintas de productos. Una serie de Estados miembros también aplican tipos superreducidos en el marco de excepciones específicas.

 

Además de un tipo normal del IVA igual o superior al 15%, los Estados miembros podrán ahora establecer:

  • dos tipos reducidos distintos comprendidos entre el 5% y el tipo normal elegido;
  • una exención del IVA («tipo nulo»);
  • un tipo reducido comprendido entre el 0 % y los tipos reducidos.

La compleja lista actual de bienes y servicios a los que pueden aplicarse tipo reducidos se derogaría y sería sustituida por una nueva lista de productos (tales como armas, bebidas alcohólicas, juegos de azar y tabaco) a los que siempre se aplicaría el tipo normal, igual o superior al 15%;

Con el fin de preservar los ingresos públicos, los Estados miembros también deberán garantizar que el tipo medio ponderado del IVA sea de como mínimo el 12%.

El nuevo régimen también significa que todos los bienes a los que actualmente se aplican tipos diferentes del tipo normal podrán conservarlos.

Según la normativa actual, los Estados miembros pueden eximir del IVA las ventas de las pequeñas empresas a condición de que estas no rebasen un determinado volumen de negocios anual, que varía de un país a otro. Las pymes en proceso de expansión pierden su posibilidad de acogerse a medidas de simplificación una vez que han rebasado el límite máximo para la aplicación de la exención. Asimismo, solo los operadores nacionales pueden acogerse a estas franquicias. Ello significa que no existen condiciones de igualdad para las pequeñas empresas que operan dentro de la UE.

Mientras que se mantendrían los límites máximos vigentes actualmente para la aplicación de la exención, las propuestas presentadas hoy introducirían:

  • un límite máximo de dos millones de euros de ingresos por debajo del cual las pequeñas empresas podrían acogerse a medidas de simplificación, hayan sido o no ya eximidas del IVA;
  • la posibilidad para los Estados miembros de liberar a las pequeñas empresas que pueden acogerse a una exención del IVA de las obligaciones en relación con la identificación, la facturación, la contabilidad o las declaraciones;
  • un límite máximo de volumen de negocios de 100.000€ en el conjunto de la UE que permitiría a las empresas que operen en más de un Estado miembro acogerse a la exención del IVA.

Estas propuestas legislativas se presentarán ahora al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo a efectos de consulta, y al Consejo para su adopción. Las modificaciones surtirán efecto únicamente cuando se haya pasado efectivamente al régimen definitivo.

María Elósegui, nueva jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos2018-01-26

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) ha elegido este martes a la española María Elósegui Ichaso como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en representación de España.

La jueza española ha obtenido la mayoría de los votos emitidos, según ha informado el organismo. En concreto, ha logrado 114 apoyos, frente a los 76 de José Martín Pérez de Nanclares y los 42 de Fracisco Pérez de los Cobos, que eran los otros dos aspirantes, según ha informado el diputado Jordi Xuclà, miembro de la PACE.

Elósegui ha sido elegida para un mandato de nueve años que comenzará en el plazo de tres meses tras su designación. Los jueces son elegidos de una terna de tres candidatos propuestos por cada país.

Sustituirá así al hasta ahora juez español en este Tribunal, Luis López Guerra, y será la titular para el periodo 2017-2026. Además de Elósegui, España eligió como candidatos al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, que contaba con el respaldo del Gobierno, y a José Martín y Pérez de Nanclares, catedrático de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca y, desde 2012, jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores.

María Elósegui es catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza, ha asesorado a la ONU y al Consejo de Europa, es Miembro Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y ha recibido entre otros el Premio Luis Portero de Derechos Humanos.

El convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de 1950, establece que el TEDH estará compuesto por un número de jueces igual al de Estados miembros contratantes. Los jueces son elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, por mayoría de votos emitidos, de una lista de tres candidatos presentada por cada Estado Contratante.

Un comercio deberá pagar 22.000 euros por vender un móvil con fotografías personales de un usuario anterior2018-01-25

El Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Santander ha condenado a una cadena de electrodomésticos al pago de una indemnización de 22.000 euros por exponer en un stand para su venta un teléfono móvil reacondicionado que contenía archivos fotográficos de una usuaria anterior.

En una sentencia recientemente notificada, el titular del Juzgado estima la demanda presentada por la propietaria de las imágenes, quien conoció que sus fotografías estaban expuestas al público porque una amiga vio el aparato a la venta.

Según testificó quien descubrió las imágenes, con una simple manipulación del teléfono se podía acceder a numerosos archivos fotográficos de su amiga, en algunos de los cuales, además, aparecían sus hermanos, menores de edad.

No pudo vaciar el teléfono antes de devolverlo

Según explica la sentencia, el padre de la demandante adquirió un teléfono en junio de 2014 que al poco tiempo sufrió una avería, por lo que fue repuesto por otro terminal.

En las semanas siguientes se volvió a averiar y la cadena le proporcionó un tercer teléfono.

Tras ser utilizado por la demandante, en septiembre de ese mismo año se estropeó y la mujer decidió devolverlo y recuperar el dinero pagado por él.

El terminal fue entregado en el comercio con todos los datos y fotografías de la que fue su usuaria hasta ese momento, ya que la avería consistía precisamente en que no podía encenderse.

Tras ser reparado, el aparato fue expuesto al público como teléfono restaurado, y en febrero del año siguiente una amiga de la usuaria contactó con la demandante porque el teléfono móvil que estaba viendo en un expositor del comercio tenía fotografías suyas y de sus familiares.

Al conocer esta circunstancia, la titular de las imágenes presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, que sancionó a la cadena con 2.000 euros, y la demanda de reclamación de cantidad que estima la sentencia ahora notificada.

Grave intromisión ilegítima en su honor

La demandante reclamaba una indemnización a la cadena de electrodomésticos por considerar que había realizado una intromisión ilegítima en su honor al poner a la venta un móvil con sus fotos sin su autorización.

Por el contrario, el comercio alegó que sólo se quedaron en la memoria del teléfono dos fotografías –lo que fue negado después por la testigo- y que la propietaria de las mismas exponía esas mismas fotos y otras en una red social.

Consideraba el demandado que la infracción era mínima, que no podía hablarse de perjuicio y que la cantidad reclamada era excesiva.

Sin embargo, el juez rechaza las tesis del comercio y sigue el criterio del Tribunal Supremo, que confirmó la condena a una cadena de supermercados a pagar 12.000 euros por poner a la venta un ordenador con la fotografía de un menor como salvapantallas, imagen que pertenecía al hijo del anterior comprador, que había devuelto el computador porque no se podía encender.

Explica el magistrado de Instancia nº 7 que poner a la venta el teléfono “mostrando gran variedad de fotos familiares de su anterior usuaria sin su consentimiento e incumpliendo su obligación de previo borrado supone una grave intromisión ilegítima en su honor” y “vulnera claramente su intimidad”.

Fotografías colgadas en una red social

Por otro lado, en respuesta a la alegación del comercio de que la usuaria muestra públicamente imágenes suyas en una red social, señala la sentencia que en ningún caso justifica que lo haga el establecimiento.

“Publicar algunas fotos en un perfil público de una red social no implica una renuncia general a la intimidad y la propia imagen, ni tampoco una autorización universal para el uso de sus imágenes captadas en cualquier momento, situación o dispositivo”, explica el juez.

Y añade que “para el uso público y comercial de cualquier imagen personal debe existir un consentimiento expreso del afectado”.

Por último, se refiere el magistrado a la responsabilidad sobre el borrado de las imágenes. Considera que “no se puede imputar a la demandante imprudencia alguna por no haber vaciado la memoria de su móvil antes de devolverlo, toda vez que su avería consistía en que no podía ser encendido, por lo que la única responsabilidad debe recaer en la demandada”.

Así, decide estimar la demanda y fijar una indemnización de 22.000 euros: 6.000 para la usuaria y 16.000 para sus padres, por la vulneración del derecho de imagen de los hermanos menores de edad de la demandante.

Esta sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cantabria.

El Suministro Inmediato de Información y la nueva información de cuentas financieras serán pilares clave en la lucha de la AEAT contra el fraude 2018-01-25

La utilización de la información procedente del SII y el CRS, así como la consolidación de otras fuentes incorporadas en los últimos años (modelo 720 de bienes y derechos en el extranjero, análisis de datos declarados en el modelo 750 y Acuerdo FATCA sobre residentes españoles titulares de cuentas en Estados Unidos, entre otros), llevan al desarrollo de una estrategia integral que permite dar un importante impulso en la explotación de la información mediante un uso intensivo de tecnologías de análisis de datos.

La suma de esta tecnología y de las nuevas fuentes de información abre un escenario de mayor dificultad para la ocultación y de más facilidad para la detección de conductas defraudatorias, de forma que la estrategia del control tributario de la AEAT se dirige hacia una mejora del cumplimiento voluntario de los contribuyentes y un ensanchamiento y consolidación de sus bases imponibles declaradas.

Grandes patrimonios y ocultación de actividad

La información del CRS resultará de especial utilidad para la detección de rentas y bienes ocultos en el extranjero por parte de grandes patrimonios, ámbito de control en el cual ya se han iniciado inspecciones vinculadas con la nueva herramienta informática de selección de contribuyentes creada el pasado año para analizar el valor del patrimonio real de personas físicas titulares de patrimonios significativos y para mejorar la definición de sus riesgos fiscales asociados.

A lo largo de 2018 se reforzará el control a partir de más de medio centenar de riesgos fiscales predefinidos mediante la nueva herramienta de selección y enfocados a supuestos que presenten importantes rasgos de opacidad o deslocalización. Adicionalmente, la actividad investigadora seguirá resultando esencial para la detección de rentas y patrimonios ocultos en paraísos fiscales o territorios con restricciones en el intercambio de información y para la localización de bienes y derechos en España en supuestos de simulación de residencia fiscal en el extranjero.

A su vez, la implantación del SII facilitará el control de actividades empresariales y profesionales total o parcialmente ocultas, sumando este potencial de información permanente sobre transacciones comerciales a dinámicas y estrategias de control ya habituales en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, como las operaciones coordinadas de entrada y registro con unidades de auditoría informática, o la detección de signos externos de riqueza.

Multinacionales y grandes empresas

El primer intercambio, a partir de junio de 2018, de la información sobre las magnitudes esenciales de actividad a nivel mundial de los grupos multinacionales, a través del denominado ’Informe País por País’ (CBC), permitirá optimizar los análisis de riesgos de estos grandes grupos al objeto de detectar, regularizar y reconducir prácticas de elusión fiscal.

En paralelo, la AEAT seguirá corrigiendo las prácticas elusivas de las multinacionales de acuerdo con las áreas de riesgo BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE en materias tales como la utilización abusiva de las políticas de precios de transferencia (intragrupo) o las estructuras de planificación fiscal agresiva, y se potenciará la detección y regularización de establecimientos permanentes pertenecientes a entidades no residentes que cuentan con estructuras operativas instrumentales en España.

Análisis de nuevos modelos de negocio

La investigación en internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica sigue siendo una prioridad para la Agencia Tributaria, no únicamente al objeto de asegurar una tributación equitativa, sino también para evitar prácticas discriminatorias en relación con las formas de trabajo tradicionales.

En este sentido, se prestará especial atención a los nuevos modelos de prestación de servicios y de distribución por vía electrónica, se adaptarán los sistemas de información teniendo en cuenta el crecimiento de sistemas de pago como los monederos electrónicos y las transferencias instantáneas y se mantendrá el control sobre fabricantes y prestadores de servicios online.

A todo lo anterior se suman otros controles que la AEAT tradicionalmente viene considerando prioritarios, en ámbitos como las tramas de IVA e hidrocarburos, la división artificial de la actividad, o la utilización de testaferros y empresas fantasma.

En el caso del comercio exterior, se realizarán actuaciones de reevaluación de las condiciones de acceso al estatus de Operador Económico Autorizado y de las autorizaciones para la aplicación de procedimientos aduaneros simplificados, y se establecerán comprobaciones e investigaciones combinadas de las importaciones de productos de consumo, textiles y otros con origen asiático.

Represión del contrabando y el blanqueo

En materia de represión del contrabando y el narcotráfico, se reforzarán especialmente los medios materiales y las actuaciones de control en el área del Estrecho de Gibraltar y se plantearán medidas normativas dirigidas a limitar el uso de embarcaciones de alta velocidad que habitualmente utilizan las organizaciones de narcotraficantes.

Igualmente, se intensificará la lucha en los puertos contra la introducción de estupefacientes por parte de organizaciones que se sirven del tráfico marítimo de mercancía legal en contenedor. A su vez, se potenciará el control sobre todos los eslabones de la cadena del comercio ilícito de tabaco, especialmente en el caso del contrabando de hoja de tabaco picada, para detectar operaciones ilícitas y potenciar las investigaciones de redes criminales.

Por su parte, las unidades de investigación de la Agencia Tributaria potenciarán el uso de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información en todo tipo de redes abiertas para atajar la eventual utilización de la denominada internet profunda o ’deep web’ y las criptomonedas por parte del crimen organizado para el tráfico y comercio de todo tipo de bienes ilícitos.

Efecto inducido en Recaudación

En el Área de Recaudación, la Agencia Tributaria definirá sus actuaciones buscando el efecto inducido de la gestión recaudatoria ejecutiva, al objeto de incidir en el cumplimiento espontáneo de los contribuyentes. Además, en 2018 será una actuación prioritaria de la AEAT el control sistemático de los grandes deudores, así como una exhaustiva y permanente investigación de sus patrimonios.

También se pretende impulsar la utilización de la información que proporciona el SII, dado que su inmediatez permite mejorar tanto la eficacia de los embargos como su control a posteriori. De igual forma, el Área de Recaudación impulsará como años anteriores la adopción de medidas cautelares, derivaciones de responsabilidad e investigaciones patrimoniales para afianzar el cobro de las deudas tributarias, y se mantendrá un control permanente para seguir reduciendo la deuda pendiente, especialmente la deuda en fase de embargo.

El acuerdo entre los grupos farmacéuticos Roche y Novartis dirigido a reducir los usos oftalmológicos del medicamento Avastin y a aumentar los del Lucentis podría constituir una restricción de la competencia «por su objeto»2018-01-25

El Avastin y el Lucentis son medicamentos producidos por la sociedad Genentech, que forma parte del grupo Roche. Genentech encomendó la explotación comercial del Lucentis al grupo Novartis mediante un contrato de licencia. Roche comercializa el Avastin.
Esos medicamentos biotecnológicos fueron autorizados por la Comisión y por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). El Lucentis está autorizado para el tratamiento de enfermedades oculares. Aunque el Avastin está autorizado únicamente para el tratamiento de patologías tumorales, también se utiliza frecuentemente para el tratamiento de enfermedades oculares porque su precio es inferior al del Lucentis.
En 2014, la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (Autoridad de Defensa de la Competencia, Italia) impuso dos multas de un importe individual de más de 90 millones de euros a las empresas Roche y Novartis porque éstas habían celebrado un acuerdo dirigido a establecer una diferenciación artificial entre el Avastin y el Lucentis. Según la AGCM, el Avastin y el Lucentis eran desde todos los puntos de vista equivalentes en lo que atañe al tratamiento de las enfermedades oculares. A su entender, el mencionado acuerdo tenía por objeto difundir información que suscitase inquietud sobre la seguridad de los usos oftálmicos del Avastin con el fin de provocar un desplazamiento de la demanda hacia el Lucentis. La AGCM estima que dicho desplazamiento generó al servicio italiano de salud un sobrecoste de 45 millones de euros tan sólo respecto de 2012.
Tras la desestimación por el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lazio, Italia) de los recursos que interpusieron contra las multas, Roche y Novartis recurrieron en apelación ante el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), el cual ha pedido al Tribunal de Justicia que interprete las normas de la Unión en materia de competencia.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia examina, para empezar, si una autoridad nacional de defensa de la competencia, como la AGCM, puede considerar que, aunque el Avastin no esté autorizado para el tratamiento de las enfermedades oculares, forma parte del mismo mercado que el Lucentis, que está específicamente autorizado para esas enfermedades y, en caso afirmativo, si esa autoridad debe tener en cuenta la eventual ilicitud de dicho uso del Avastin a la luz de la normativa farmacéutica de la Unión.
El Tribunal de Justicia recuerda que, en principio, los medicamentos que puedan servir para las mismas indicaciones terapéuticas pertenecen al mismo mercado. No obstante, el hecho de que algunos medicamentos se fabriquen o vendan de manera ilícita impide que puedan ser considerados sustitutivos de los productos fabricados y vendidos lícitamente. Sin embargo, la normativa farmacéutica de la Unión no prohíbe ni la prescripción de un medicamento al margen de los requisitos previstos para su autorización de comercialización ni su reacondicionamiento con vistas a tal uso, siempre que se respeten determinadas condiciones. A quien incumbe comprobar
www.curia.europa.eu
si se cumplen esas condiciones no es a la AGCM, sino a los órganos jurisdiccionales nacionales o a otras autoridades competentes en la materia. Seguidamente, el Tribunal de Justicia señala que, en lo que respecta al tratamiento de enfermedades oculares, existe una relación concreta de sustituibilidad entre el Lucentis y el Avastin utilizado al margen de su autorización de comercialización.
El Tribunal de Justicia concluye que, si el posible carácter ilícito de las condiciones de reacondicionamiento y de prescripción del Avastin utilizado al margen de su autorización de comercialización no ha sido examinado por las autoridades o los órganos jurisdiccionales competentes en la materia, la AGCM puede considerar que los dos productos están comprendidos dentro del mismo mercado y, por lo tanto, pueden considerarse medicamentos competidores. En el supuesto de que el carácter ilícito de las referidas condiciones haya sido examinado por las autoridades o los órganos jurisdiccionales competentes en la materia, la AGCM deberá tener en cuenta el resultado de dicho examen.
El Tribunal de Justicia excluye que el acuerdo entre los grupos Roche y Novartis considerada por la AGCM pueda estar justificada como accesoria a su contrato de licencia. A este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que el objetivo de dicho acuerdo no era limitar la autonomía comercial de las partes del contrato de licencia relativo al Lucentis, sino los comportamientos de terceros ―en particular, de los médicos― con el fin de que se redujera la prescripción del Avastin en el ámbito de la oftalmología en beneficio del Lucentis. En esas circunstancias, el acuerdo no puede considerarse accesorio a la aplicación del contrato de licencia ni objetivamente necesario para tal aplicación.
El Tribunal de Justicia subraya que un acuerdo entre dos empresas que comercializan dos medicamentos competidores, consistente en difundir entre la EMA, los profesionales sanitarios y el público en general, en un contexto de incertidumbre científica, información engañosa sobre los efectos adversos del uso al margen de la autorización de comercialización de uno de esos medicamentos con el fin de reducir la presión competitiva que ejerce sobre el otro, constituye una restricción de la competencia «por su objeto». El Tribunal de Justicia precisa que la información debe calificarse de engañosa (extremo que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional) si va dirigida, por una parte, a inducir a error a la EMA y a la Comisión y, por otra parte, a exagerar, en un contexto de incertidumbre científica, la percepción por el público de los riesgos asociados al uso del Avastin al margen de su autorización de comercialización.
Finalmente, el Tribunal de Justicia recuerda que un acuerdo que constituye una práctica colusoria no puede acogerse a la exención prevista en el artículo 101 TFUE, apartado 3, si comprende restricciones que no sean indispensables. Dado que la difusión de información engañosa relativa a un medicamento no puede considerarse «indispensable», un acuerdo que tiene por objeto difundir esa información engañosa no puede acogerse a una exención.

Reconocido como accidente de trabajo el acoso psicológico de alumnos hacia una profesora2018-01-24

La justicia ha reconocido como accidente de trabajo la baja laboral de una profesora de Educación Secundaria ocasionada a raíz del hostigamiento psicológico ejercido hacia ella por varios alumnos de un instituto situado en Peñafiel (Valladolid). La sentencia en sí es especialmente relevante, ya que si bien no es firme, supone un precedente para que trabajadoras y trabajadores dedicadas a la docencia u a otras profesiones con riesgo por agresiones (ejemplos: profesionales sanitarios, personal de seguridad, etc.) vean reconocidos en un futuro daños similares como accidentes de trabajo.

La Sentencia procede del Juzgado de lo Social número 1 de Palencia. En el primer trimestre del curso escolar 2016/2017, la profesora emite numerosos partes de incidencia sobre varios de sus alumnos. Uno de ellos es expulsado reiteradamente, llegando a ser condenado por el Juzgado de Menores de Valladolid como autor de un delito leve de amenazas hacia la docente en cuestión. Concretamente, en los partes de incidencias sobre este alumno la profesora manifiesta que interrumpe constantemente sus clases, sale de ellas sin permiso, le falta al respeto de forma continuada e incluso le ha llegado a decir que ya ha logrado en otro centro que una profesora se marchara y que la siguiente va a ser ella.

El 9 de enero de 2017 la profesora inicia baja laboral con un diagnóstico de ansiedad, según el parte médico, el cual indica también problemas laborales, fatigabilidad, dificultad para concentrarse, irritabilidad, alteración del sueño y miedo a regresar al puesto de trabajo. La Inspección Médica le informa sobre la posibilidad de acceder al protocolo de actuación ante situaciones de violencia en el trabajo si lo requiere.

En marzo de 2017, la Junta de Castilla y León emite un parte interno de comunicación de accidente por “imposibilidad psicológica de afrontar tareas docentes” y solicita a Ibermutuamur que en el caso descrito atienda a la trabajadora por accidente de trabajo al ejercer tareas de docencia. El INSS declara de carácter común el proceso de incapacidad temporal de la trabajadora, al entender que no se aprecia una conclusión concluyente entre el diagnóstico del estado de ansiedad y el desempeño de su actividad laboral.

La trabajadora, en desacuerdo con la decisión del INSS, interpone demanda judicial en defensa de sus derechos. El Juzgado de lo Social número 1 de Palencia considera las pruebas documentales presentadas por la demandante (integradas por el parte médico aportado, los partes de incidencias y la denuncia ante la Fiscalía de Menores), los testimonios de sus compañeros de trabajo ratificando la conflictividad de algunos de los alumnos, así como el hecho de que la Junta de Castilla y León -como empleadora– reconoce la situación de conflicto en el ámbito laboral por supuesta existencia de situaciones de violencia en el trabajo. En base a ello estima probado que sí existe relación causal entre el daño sufrido (ansiedad) y el trabajo realizado por la profesora, considerándolo accidente de origen laboral y condenando a las partes demandadas (en este caso, la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, Ibermutuamur, el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social) a satisfacer las prestaciones derivadas de la contingencia profesional.

En relación a lo anteriormente indicado, cabe señalar la importancia de sentencias como la descrita en el contexto laboral presente, fuertemente sacudido por la intolerable crueldad de la violencia en el trabajo y por la tendencia de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social y el INSS desde la entrada en vigor de la actual normativa en materia de incapacidad temporal a poner trabas al reconocimiento de daños de origen laboral.

La Federación de Enseñanza de la USO considera que esta sentencia viene a reforzar el papel del profesor como autoridad en el centro educativo y defiende que es necesario que se ampare desde un punto de vista legal la autoridad del profesor para que sea la ley la que refuerce esta autoridad y que no tengan que ser los tribunales quienes reconozcan esa autoridad. Esta ley debe reconocer a todo el profesorado en su conjunto, con independencia de la naturaleza jurídica del centro en el que desempeñe sus funciones, defienden desde FEUSO.

Prisión eludible con fianza de 6.000 euros para el coordinador deportivo del Calpe Club de Fútbol por la contratación de jugadores extranjeros en situación irregular2018-01-24

El Juzgado de Instrucción 3 de Denia ha estimado la petición del fiscal y ha ordenado prisión provisional eludible con fianza de 6.000 de uno de los detenidos por la trama de contratos ilegales a jugadores del Calpe Club de Fútbol, extranjeros en situación irregular en España.

Se trata de una persona, con doble nacionalidad (española y paraguaya) que ejercía como coordinador deportivo del club. El magistrado ha valorado el riesgo de fuga por falta de arraigo así como la posibilidad de que trate de influir en los testigos.

El investigado ofrecía a los jugadores contratos de trabajo a través de su empresa de intermediario futbolístico, empresa que no aparece en el Registro Mercantil pese a que, según la Real Federación Española de Fútbol, es requisito indispensable para que un agente futbolístico pueda obtener la oportuna licencia para el desarrollo de sus actividades.

De conformidad con el criterio del Ministerio Público, el instructor ha acordado la libertad de los otros tres detenidos que han pasado hoy a disposición judicial: el presidente del club, el tesorero y una persona de confianza del primero.

El juez imputa a los cuatro detenidos delitos de pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración clandestina y delito contra los derechos de los trabajadores.

Los futbolistas, víctimas de la organización, venían a España aprovechando su nacionalidad y la correspondiente exención de visado al entrar como turistas. Luego, eran “dados de alta” en el club, que juega en categoría regional preferente, para el desarrollo de una actividad laboral, para la que carecían de un requisito imprescindible: la estancia regular en nuestro país.

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Denia tomó declaración el sábado a 11 jugadores, que están en España en situación irregular, y que habrían sido víctimas de la red.

Los jugadores fueron arrestados por infracción de la Ley de Extranjería y se les ha abierto, en vía administrativa, un procedimiento de expulsión.

El sábado el instructor les tomó declaración en calidad de prueba preconstituida por su posible huida de España, al tener pendiente un expediente de expulsión por su situación irregular. Son paraguayos, colombianos y brasileños.

¿Es conforme a derecho europeo una regulación que prevé indemnizar la extinción del contrato de duración determinada, pero no indemnizar la extinción del contrato de interinidad?2018-01-24

El Tribunal Supremo plantea ante el TJUE tres cuestiones prejudiciales en relación con las indemnizaciones por extinción de contratos temporales, en función de si dicha extinción se produce por reincorporación del trabajador con reserva del puesto de trabajo o, por el contrario, por causa tasada en la Ley.

Supuesto de hecho:

  • La trabajadora interpone demanda por despido ante el Juzgado de lo Social, solicitando se declare que su contrato de interinidad era fraudulento y el despido, por tanto, improcedente.
  • Tras la desestimación, la trabajadora interpone recurso de suplicación ante el TSJ de Madrid.
  • Con anterioridad a dictar sentencia, el TSJ de Madrid en el año 2014 elevó cuestión prejudicial al TJUE, emitiendo éste la STJUE de 14 septiembre 2016.
  • El TSJ de Madrid señaló para la votación y el fallo de la sentencia el día 20 de septiembre de 2017.
  • De la misma manera, en esta ocasión, el día señalado se reúne el Pleno del Tribunal Supremo, y con suspensión de las actuaciones, decide plantear nueva cuestión prejudicial al TJUE.

Consideraciones jurídicas:

  • El TS comienza señalando que, en el presente caso, la trabajadora estaba vinculada por un contrato de interinidad por sustitución que finalizó con la reincorporación de la persona sustituida. En este sentido, añade que la Ley excluye del derecho a la indemnización de doce días por año trabajado a esta modalidad de contrato temporal, reconociendo en cambio tal derecho a las otras dos modalidades de contratación temporal: obra o servicio determinado y eventual por circunstancias de la producción.
  • Argumenta que, a tenor de la STJUE de 14 septiembre de 2016, la denegación de indemnización por finalización del contrato de interinidad es contraria a la cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el anexo de la Directiva 1999/70.
  • Y, es que, la regulación española prevé para la extinción de los contratos por causas objetivas una indemnización de 20 días, con independencia de que el contrato extinguido sea temporal o indefinido. Sin embargo, la legislación española contempla una indemnización de 12 días por año de trabajo para el momento de finalización válida de los contratos temporales, con exclusión del contrato de interinidad, cuya finalización, por tanto, no da derecho a indemnización alguna.
  • De esta forma, la regulación española establece una diferencia de trato entre los contratos de duración determinada entre sí, ya que para unos establece una indemnización de 12 días y para el de interinidad no.
  • Pues bien, la Sala considera que la diferencia de trato entre el contrato de obra y servicio y el eventual, respecto del contrato de interinidad, podría radicar en que cuando el contrato de interinidad se extingue no se pierde un puesto de trabajo, ya que se reincorpora quien tuviera reservado el puesto, en cambio con los primeros no sucede lo mismo, motivo que justificaría la indemnización como herramienta para hacer frente a los abusos en la utilización del contrato temporal.
  • En todo caso, el Tribunal Supremo decide plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, para dilucidar si el legislador nacional puede diferenciar entre las distintas modalidades contractuales o si, por el contrario, puede entenderse que las particularidades específicas de cada una de esas modalidades justifica que una determinada medida se considere innecesaria para tal finalidad.
  • Añade, por último, que la cuestión prejudicial viene fundamentada en la realidad social española, habida cuenta del elevado índice de temporalidad del mercado laboral, siendo necesario unificar los distintos pronunciamientos judiciales sobre la materia a fin de que se esclarezca el asunto que dio lugar a la STJUE de 14 de septiembre de 2016.

Conclusión Lex@:

El Tribunal Supremo decide plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, en aras de unificar los distintos pronunciamientos judiciales y resolver la cuestión relativa a la diferencia de trato de los distintos contratos temporales, habida cuenta del elevado índice de temporalidad del mercado laboral español. Por ello, el Tribunal plantea al TJUE las siguientes cuestiones:

  1. ¿La regulación del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, se opone a que la normativa española no establezca indemnización por finalizar el contrato de interinidad, pero sí establezca la extinción por causas tasadas?

  1. En caso de que no se oponga y, por tanto, permita esa diferencia de trato: ¿La indemnización de 12 días puede considerarse como medida para limitar el uso la contratación temporal conforme a la cláusula 5 del Acuerdo Marco?

  1. En caso de que se considere como una medida dentro de la referida cláusula: ¿Permite esa cláusula que no se indemnice a un interino, pero sí a los demás contratos temporales?

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El Sepblac tramitó 4.990 operaciones sospechosas en 2016, un 4,9% más que el año anterior 2018-01-23

Las estadísticas publicadas ponen de relieve la creciente conciencia de los diferentes sectores en la necesidad de prevenir estos delitos.

Las comunicaciones por indicio remitidas por parte de las entidades financieras suponen el 78,6% del total en 2016. En el caso de los bancos, los asuntos remitidos al Sepblac ascienden a 2.646.

La configuración del sistema financiero español se ha visto directamente afectada por el proceso de reestructuración bancaria, lo que ha tenido su reflejo directo en las cifras sobre comunicaciones remitidas al Sepblac. De ahí que las cajas de ahorros solo hayan enviado cinco comunicaciones por indicio en 2016, lo que viene motivado por la práctica desaparición de esta clase de entidades.

Las entidades no financieras reportaron el 18,5% del total de las comunicaciones en 2016. Durante los últimos años, se ha producido un incremento paulatino por parte de estas entidades profesionales de carácter no financiero, que en 2016 han aumentado un 41% frente al ejercicio precedente, hasta alcanzar las 922 comunicaciones. En especial, los notarios y registradores siguen desempeñando un importante papel en el sistema español de prevención de blanqueo de capitales.

No solamente las comunicaciones y alertas de operaciones proceden de entidades privadas, sino que el número de alertas generadas por los organismos públicos sigue creciendo de forma significativa en los últimos dos años. En 2016, alcanzaron las 94, lo que supone un incremento del 88% frente al año previo y mucho más elevado que las 12 comunicaciones de 2012.

En cuanto a los informes de inteligencia distribuidos por el Sepblac a otras autoridades y organismos, destaca el alza en el envío de información a la Policía Nacional (2.663 comunicaciones, un 12% más), a la Guardia Civil (1.376 comunicaciones, un 4,5% más) y a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (1.084 comunicaciones, en línea con 2015).

Por lo que se refiere al ámbito de investigación por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, el número de investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales varía muy ligeramente entre 2012 y 2014, con un incremento total en este periodo de cuatro años de un 10%. En 2015 y 2016 este número se ha incrementado un 10% respecto a 2014 y casi un 25% respecto de 2012, según la información facilitada por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ha publicado estas estadísticas, referidas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por cuarto año consecutivo. Los datos son aportados por diferentes agencias y organismos, entre los que se encuentra el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac).

La Comisión de Prevención, presidida por la Secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y participada por diferentes agencias, instituciones y departamentos como el Banco de España, el Ministerio del Interior, la AEAT, la AEPD o el Consejo General del Poder Judicial, es el máximo órgano de coordinación de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de la que depende el Sepblac.

El Sepblac es la Unidad de Inteligencia Financiera española y la Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Se trata de un organismo inter-agencia, en el que se encuentran destinados empleados del Ministerio de Economía, Banco de España, Agencia Tributaria, Policía y Guardia Civil.

Rafael Catalá clausura el I Congreso Nacional de Profesiones: “Tenemos el desafío de relanzar las profesiones”2018-01-23

El I Congreso Nacional de las Profesiones, organizado por Unión Profesional (UP) y celebrado en la Facultad de Medicina ha sido clausurado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, para quien las profesiones son «imprescindibles en la sociedad actual».

En la segunda jornada de encuentro de las profesiones, el protagonismo ha sido trasladado a los decanos, presidentes y representantes o delegados de las corporaciones colegiales, que reunidos en asamblea han apoyado la Declaración de las Profesiones Colegiadas, un documento que recoge en varios puntos el compromiso de este subsector con la sociedad, con los proyectos de innovación social y la sostenibilidad económica y ambiental, la garantía constitucional insustituible que poseen las corporaciones colegiales, así como la relevancia del concepto de acto profesional, en cuya definición se asume la prestación de un servicio por un profesional cualificado.

Previamente, todos los congresistas inscritos (más de 450) han votado las conclusiones de este primer encuentro de las profesiones, cuyo objetivo ha sido compartir, analizar, valorar y comunicar lo que es común y esencial al ejercicio profesional, desde sus raíces. Entre ellas: «Unión Profesional, como entidad representativa de las corporaciones colegiales de ámbito estatal, debe llevar a cabo la interlocución reglada con los poderes públicos para los asuntos de interés común, facilitando puentes de unión entre lo público y lo privado y favoreciendo e impulsando los acuerdos necesarios, a los que han de llegar los estamentos políticos».

Además, los profesionales presentes han podido disfrutar de un diálogo abierto entre el presidente de Unión Profesional, Jordi Ludevid y el filósofo Javier Gomá, premiado el pasado 19 de octubre por UP en la ceremonia Premios Medallas y Distinciones en el Senado, en el que se han planteado cuestiones como la ejemplaridad en las profesiones o la ‘elegancia’ (arte de elegir bien) de la profesión liberal.

En el acto propio de clausura, Jordi Ludevid, recordaba el lema de este Congreso, Un país de profesiones, «profesiones consolidadas, orgullosas de su identidad, conscientes de la necesidad de autoexigencia y regeneración, pero convencidas de su aportación y su utilidad social». El presidente de UP también ha señalado que las profesiones colegiadas «resultan clave para la cohesión y la innovación social y que son imprescindibles para garantizar los derechos ciudadanos básicos, y la competitividad y productividad económica». Y es que, «las profesiones no son el problema, sino la solución a los problemas».

La vinculación de las profesiones con la Universidad ha vuelto hacerse evidente con la presencia en este acto del Secretario General de Universidades, Jorge Sáinz, para quién «la sociedad moderna se ha desarrollado gracias a los profesionales» y del Rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, quién recordaba la función de la Universidad: «la creación de los profesionales. Es el sitio en el que reciben su primera formación».

El ministro de Justicia, Rafael Catalá clausuraba el I Encuentro de las Profesiones, destacando la necesaria existencia de las profesiones en la sociedad actual y el papel de los colegios profesionales como «termómetro» de todo lo que pasa en nuestro país. «Los colegios profesionales estáis llamados a ser palanca transformadora». Y así, consideraba que todos «tenemos el desafío de relanzar las profesiones».

Las dos jornadas de reflexión para las profesiones colegiadas culminaban con un monólogo sobre la vocación profesional, dirigido por Cristina Marsillach.

El Tribunal Supremo condena a 18 meses prisión un ginecólogo y a un psiquiatra por tres delitos de aborto ilegal2018-01-23

La Sala II del Tribunal Supremo ha condenado a 18 meses de prisión por tres delitos de aborto ilegal al doctor Carlos M.G., propietario de dos clínicas ginecológicas de Barcelona, y al psiquiatra Pascual Javier R.M. La Sala estima parcialmente el recurso de ambos y les absuelve de otros ocho delitos de aborto ilegal por el que habían sido condenados por la Audiencia de Barcelona en junio de 2016, al entender que en dichos casos no hay pruebas suficientemente contundentes de que las intervenciones de interrupción del embarazo se produjeron fuera de los supuestos permitidos por la ley.

En la práctica la pena máxima seguirá siendo de 18 meses, ya que la sentencia de la Audiencia de Barcelona, pese a condenar a 11 penas de 6 meses de prisión, especificó que, en aplicación de la regla del artículo 76.1 del Código Penal, la pena no podía exceder del triple de la impuesta por el delito más grave, fijando en este caso la de 18 meses.

El Supremo rechaza, por su parte, el recurso de la Fiscalía, que, por un lado, pedía la condena por otros 5 casos de aborto, donde sostenía que se habían practicado también sin el dictamen psiquiátrico de las pacientes que es preceptivo, y por otro, por delito de falsedad en relación a otros 3 casos, al entender que se realizaron en periodos de gestación superiores a la autorización concedida por la Administración a las clínicas del doctor Carlos M.G.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Ana Ferrer, confirma la existencia de delito en tres casos, al entender que hay prueba suficiente de la defectuosa o insuficiente elaboración del dictamen psiquiátrico. En estos tres supuestos, las declaraciones de las testigos -en el extremo relativo a que no fueron examinadas por ningún psiquiatra- resultan corroboradas por otras circunstancias. En el primer caso, la paciente había sido diagnosticada de un trastorno adaptativo de personalidad que no se hizo constar en el informe psiquiátrico; mientras que en los otros dos se trataba de supuestos de malformación.

El alto tribunal comparte la conclusión de la Audiencia de que la no constancia de los datos en el «Dictamen Médico psiquiátrico» suscrito por el psiquiatra Pascual Javier R.M. “permite inferir de una manera lógica y racional que, ciertamente, tal y como declararon las testigos, no fueron examinadas por ningún psiquiatra y que, por tanto, la elaboración del informe en cuestión o fue simulada o fue defectuosa y, en consecuencia, no reflejaba la realidad del estado psíquico de la mujer a la que se refería”.

El Tribunal Supremo rebaja la pena a una enfermera que accedió al historial clínico de su exyerno obcecada por la seguridad de sus nietos2018-01-22

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado a 2 años de prisión, 4 años de inhabilitación absoluta y multa de 1.080 euros la condena impuesta a una enfermera de un centro de salud de Cáceres que, obcecada por la seguridad de sus nietos, accedió a los historiales clínicos del padre de los menores –fruto de una relación anterior con la hija de la procesada- y de su esposa –que eran médicos anestesistas- para comprobar si tenían problemas de adicciones. La Sala considera que “los estímulos tan poderosos por los que actuaba, no sólo no contrarían las normas socioculturales, sino que atienden a un bien normativo constitucionalizado como es el interés del menor, y además actúa ante la creencia de un peligro inminente y constante, creencia pues de una causa de justificación”.

La Sala de lo Penal ha estimado el recurso de casación interpuesto por la condenada y ha anulado de forma parcial la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres que le impuso una pena de 3 años y 8 meses de prisión, 5 años de inhabilitación y multa de 2190 euros por dos delitos continuados de descubrimiento de secretos cometidos por funcionario público, con las atenuantes de obcecación y reparación del daño. Por el contrario, ha desestimado los recursos interpuestos por el matrimonio cuyos historiales consultó la enfermera sin permiso.

La sentencia recurrida consideró probado que la condenada, que era enfermera en el Centro de Salud “Manuel Encinas” de Cáceres, accedió en más de un centenar de ocasiones, desde 2011 y hasta 2015, al historial clínico del padre de sus nietos y de su esposa, que trabajaban como anestesistas en el Servicio Extremeño de Salud. Él tenía problemas de adicciones por las que estuvo de baja y de las que tuvo que ser tratado por el Equipo de Salud Mental.

Todo ello generó en la acusada una intensa preocupación por el bienestar de sus nietos cuando se encontraban en compañía de su padre, temiendo por la seguridad de éstos, llegando a convertirse en una verdadera obsesión, que le producía un importante estado de ansiedad, según los hechos probados. Con el ánimo de tratar de proteger a los dos menores, accedió a los historiales clínicos de ambos facultativos, ya que la acusada sospechaba que la mujer también tenía adicciones, sin que haya quedado acreditado que hubiera trasladado dicha información a terceros. La acusada depositó en el juzgado 1.200 de los 1.500 euros que le impuso la Audiencia Provincial de Cáceres en concepto de responsabilidad civil.

En su recurso, la enfermera condenada había pedido la rebaja de la pena en dos grados y no en uno como hizo la sentencia recurrida atendiendo al número y a la entidad de las atenuantes aplicadas. El tribunal explica que la sentencia recurrida, aunque apreció las dos atenuantes, omitió en su motivación elementos que revelan una menor culpabilidad y una relevante menor antijuridicidad, por lo que accede a la petición de la defensa, fijando la nueva pena en la que había solicitado el Ministerio Fiscal en la instancia.

La Sala afirma que las omisiones que tienen “más trascendencia” se produjeron en la relevancia e intensidad de la atenuante de obcecación, cuando la propia sentencia recurrida indica que la acusada presenta “un proceso adaptativo con ánimo bajo y ansiedad, secundario a problemas familiares, que requirió tratamiento con ansiolíticos y antidepresivos e incapacidad laboral, añadiendo que, desde entonces, el trastorno se ha agudizado en varias ocasiones, continuando en la actualidad con tratamiento farmacológico; de donde concluye que ciertamente, es difícil de comprender e interpretar la conducta realizada por la acusada a lo largo de los años en que de forma continuada vino accediendo a los historiales clínicos de los querellantes, haciéndolo ya de una forma que no cabría sino calificar de obsesiva y propia de una fijación cuasi enfermiza”.

El tribunal recuerda que la propia resolución recurrida es la que narra que la acusada actuaba movida por un estado obsesivo que ha terminado afectando a su conducta, desconectándola de los parámetros de la normalidad, funcionando como tal la creencia de la que las adicciones del padre de su nieto y las que también atribuía a su pareja, como explicó en el plenario, iban a suponer un peligro inminente y constante para sus nietos, temiendo por la seguridad de éstos ante comportamientos desajustados que pudieran protagonizar aquéllos. Sobre todo, precisa la Sala, cuando en el propio relato de hechos probados contiene que el acceso a los datos reservados, lo realizaba con el ánimo de tratar de proteger a sus nietos.

El Juzgado abre juicio oral contra exdirectivos y exconsejeros de Caja Segovia por el plan de prejubilaciones de 20102018-01-22

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Segovia ha dictado auto de apertura de juicio oral contra exdirectivos y exconsejeros de Caja Segovia por el plan de prejubilaciones con cargo al ejercicio de 2010 y garantizado mediante la suscripción de pólizas de seguros. Las acusaciones han solicitado penas que van desde los tres a los ocho años de prisión.

El Juzgado ha tenido por formulada la acusación contra E. G. G., A. S. R., M. M. A. C., M. E. S., A. L. T. D. y E. Q. H. por un delito de apropiación indebida agravado previsto y penado en el artículo 252 del Código Penal, vigente en el momento de los hechos (artículo 253 del actual Código Penal), y por un delito de administración desleal, previsto y penado en el artículo 295 del Código Penal vigente en el momento de los hechos (hoy artículo 252).

En el plazo de cinco días, dichos acusados deberán prestar fianza en cantidad de 24.454.167,17 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias y civiles que pudieran imponérseles, en cualquiera de las clases señaladas en los artículos 591 y 783.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el apercibimiento de que de no prestarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.

Así mismo, el Juzgado ha procedido a la apertura de juicio oral como responsable civil directo contra la entidad Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (CASER). En el plazo de cinco días, deberá prestar fianza en cualquiera de las clases admitidas señaladas en el artículo 591 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para asegurar las responsabilidades civiles que pudieran imponérsele, en la cantidad de 18.386.591,86 euros.

El Juzgado ha decretado además la apertura de juicio oral contra M. A. S. P., O. J. V. F., J. M. B., M. P. F. y J. A. F. P. en su condición de responsables civiles a título lucrativo. En el plazo de cinco días, se requiere a cada uno de ellos que presten fianzas de distintas cantidades que suman cerca de nueve millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles.

El Tribunal Supremo confirma la condena de la expresidenta del Consell de Mallorca María Antonia Munar por la adjudicación de los terrenos de ‘Can Domenge’2018-01-22

La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación y multa de 5 millones de euros impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears a la expresidenta del Consell Insular de Mallorca María Antonia Munar Riutort por un delito de cohecho por importe de 4 millones de euros, que fueron exigidos por la acusada y otros dos cargos del Consell a un empresario para conseguir la adjudicación de los terrenos ‘Can Domenge’ que eran del citado organismo. El pago se realizó en el año 2006 y el dinero se lo repartieron los acusados, según los hechos probados.

Munar, que por escrito admitió en 2016 como ciertos los hechos por los que estaba acusada en este caso, reclamaba al Tribunal Supremo que rebajara la pena por el citado delito de cohecho al considerar que por los mismos hechos ya había sido condenada en la pieza principal del ‘caso Can Domenge’ por delito de fraude a la Administración.

En efecto, la Audiencia de Palma condenó en 2013 a Munar a un total de 6 años de cárcel por delitos de fraude a la Administración, prevaricación y revelación de información confidencial en el caso principal de ‘Can Domenge’, del que derivó el juicio posterior por el soborno (cohecho) de 4 millones de euros.

La Sala rechaza los argumentos de Munar y destaca que “sin perjuicio de que los hechos tengan una relación temporal, tienen sustantividad propia: por un lado, el mero acuerdo entre los acusados para defraudar a la Administración; y, por otro lado, la solicitud -y posterior percepción- de una dádiva-. De tal modo que se trata de hechos independientes que dan lugar a la consumación de diversos delitos (…) Se trata de hechos distintos, con momentos de consumación distintos y no cabe hablar de una «conducta única» desde el punto de vista fáctico”, explica la resolución.

Agrega que de aplicar exclusivamente el delito de cohecho (como pretende la recurrente) “no se agota todo el desvalor jurídico-penal que puede predicarse de las infracciones cometidas, en la medida en que no es suficiente para la correcta y plena valoración jurídico-penal de las mismas: el castigo penal por la solicitud (y posterior recepción) de la dádiva no abarca la total antijuridicidad del hecho, consistente también en un acuerdo para defraudar y causar un perjuicio patrimonial al ente público. De manera que es preciso aplicar las dos normas penales en juego para cubrir esa total significación antijurídica de lo acaecido, descartándose que ello suponga una doble valoración de un mismo hecho típico, así como la quiebra del principio de proporcionalidad y de culpabilidad”.

La Sala rechaza aplicar la atenuante de dilaciones indebidas

Munar planteó un segundo motivo de recurso, al pedir que se le aplicara la atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento, al tratarse de hechos de 2006 que no fueron sentenciados hasta 2016.

El Supremo argumenta que “la referencia para la ponderación del tiempo transcurrido no puede ofrecerla, sin más, la fecha de comisión de los hechos, sino la de incoación del procedimiento o, siendo más precisos, la de imputación del denunciado. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir el derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud. Por tanto, el tiempo transcurrido entre la producción de los hechos y la notitia criminis de estos que llega al órgano jurisdiccional no es computable como dilaciones indebidas imputables a éste”.

En ese sentido, recuerda que, en este caso, se declaró probado que los hechos no fueron conocidos hasta que medió el escrito presentado por uno de los acusados en fecha 20 de mayo de 2013.

¿Pueden ser sometidos a las contribuciones sociales francesas los rendimientos del patrimonio?2018-01-19

En varias sentencias dictadas en 2000 [1] y en 2015, [2] el Tribunal de Justicia examinó si dos contribuciones sociales francesas (la contribución social generalizada -«CSG»- y la contribución para el reembolso de la deuda social -«CRDS»-) podían gravar los salarios, las pensiones, las prestaciones de desempleo y los rendimientos del patrimonio de trabajadores que, a pesar de residir en Francia, estaban sujetos a la legislación de seguridad social de otro Estado miembro (generalmente porque ejercían una actividad profesional en este último Estado).

El Tribunal de Justicia declaró que las dos contribuciones referidas tenían una relación directa y suficientemente relevante con la seguridad social, ya que su objeto específico y directo era financiar la seguridad social francesa o amortizar los déficits del régimen general de seguridad social francés. Estimó que la recaudación de dichas contribuciones a cargo de los trabajadores afectados era incompatible tanto con la prohibición de acumulación de las legislaciones aplicables en materia de seguridad social (Reglamento n.º 1408/71) [3] como con la libre circulación de los trabajadores y la libertad de establecimiento. En efecto, dado que las personas afectadas están sujetas, en su calidad de trabajadores migrantes, a la seguridad social en el Estado miembro en el que están empleados, sus rendimientos, ya provengan de una relación laboral ya de su patrimonio, no pueden ser sometidos en el Estado miembro de residencia (en este caso, Francia) a gravámenes que presenten una relación directa y suficientemente relevante con las ramas de la seguridad social.

En el marco de la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2015, la administración tributaria francesa reembolsó los gravámenes recaudados indebidamente. No obstante, precisó que el derecho a reembolso quedaba reservado únicamente a las personas físicas afiliadas a los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de la UE y del Espacio Económico Europeo (EEE) y de Suiza, excluyendo de este modo a las personas físicas afiliadas a un régimen de seguridad social en un tercer Estado.

En el presente asunto, el Conseil d'État francés plantea ante el Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial con el fin de que se determine si dicha exclusión es conforme al Derecho de la Unión. Concretamente, la persona que desea obtener el reembolso de los gravámenes impuestos a los rendimientos de su patrimonio (rendimientos inmobiliarios y plusvalía obtenida por la venta de un inmueble) es un nacional francés, el Sr. Frédéric Jahin, que reside y trabaja en China, país en el que está afiliado a un régimen privado de seguridad social.

1[1] Sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de febrero de 2000, Comisión/Francia (asuntos C-34/98 y C-169/98; véase CP n.º 9/00).
[2] Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 2015, de Ruyter (asunto C-623/13; véase el CP n.º 22/15).
[3] Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996 (DO 1997, L 28, p. 1), modificado, a su vez, por el Reglamento (CE) n.º 1992/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO 2006 L 392, p. 1).

En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia considera que la exclusión de que se trata constituye una restricción a la libre circulación de capitales, dado que los nacionales de la Unión afiliados a un régimen de seguridad social de otro Estado miembro de la UE o del EEE o de Suiza disfrutan de un trato fiscal más favorable (en forma de exención o de reembolso de los gravámenes citados) que el reservado a los nacionales franceses que residen en un tercer Estado y están afiliados a un régimen de seguridad social en dicho Estado (en este caso, China).

No obstante, el Tribunal de Justicia estima que esta restricción está justificada en el presente asunto, en la medida en que existe una diferencia objetiva entre, por una parte, un nacional francés que, como es el caso del Sr. Jahin, reside en un tercer Estado en el que está afiliado a un régimen de seguridad social y, por otra parte, un ciudadano de la Unión afiliado a un régimen de seguridad social de otro Estado miembro, puesto que sólo este último puede beneficiarse del principio de unicidad de la legislación en materia de seguridad social, en razón de su desplazamiento en el interior de la Unión. Al no haber hecho uso de la libertad de circulación en el seno de la Unión, el Sr. Jahin no puede invocar dicho principio. De ello resulta que los rendimientos del patrimonio de los nacionales franceses que trabajan en un Estado que no sea un Estado miembro de la UE o del EEE o Suiza pueden someterse a las contribuciones sociales francesas.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El Supremo elogia la “profesionalidad y encomiable dedicación” de un abogado del Turno de Oficio2018-01-19

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dejado constancia en la sentencia que confirma la condena de Antonio Ortiz, de  la “profesionalidad y encomiable dedicación” del abogado de oficio que asumió la defensa.

El tribunal ha confirmado la condena a 70 años y 6 meses de prisión al conocido como el pederasta del distrito madrileño de Ciudad Lineal, como autor de cuatro delitos de agresión sexual y cuatro delitos de detención ilegal, dos de ellos en concurso ideal con la agresión sexual, así como dos faltas y un delito de lesiones cometidos contra cuatro menores, de entre 5 y 9 años, entre el 24 de septiembre de 2013 y el 22 de agosto de 2014 en Madrid.

A pesar de la condena, en la sentencia, de la que ha sido ponente Manuel Marchena, el Supremo resalta literalmente que “la tarea defensiva, aun cuando no haya alcanzado su objetivo principal, que es la absolución del acusado, ha sido realizada con “una dignidad profesional ciertamente loable”, que, en supuestos como este hace que, “el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar, adquiere todo su valor”, concluye el tribunal.

La sentencia destaca que  “Se trata de un recurso que entraña especial dificultad a la vista de una fase de investigación singularmente prolija, con dictámenes periciales caracterizados por su complejidad y con una actividad probatoria, ya en el plenario, que imponía a la defensa una importante tarea de estudio con el fin de ofrecer una prueba de descargo que pudiera contrarrestar, en la medida de lo posible, el sólido cuadro incriminatorio que pesaba sobre el procesado. Y esa tarea defensiva, aun cuando no haya alcanzado su objetivo principal, encaminado a la absolución del acusado, lo cierto es que ha sido desplegada con una dignidad profesional ciertamente loable”.

“El escrito de formalización del recurso promovido por la defensa- continúa el texto- con una extensión nada habitual, es fiel expresión de una infatigable tarea de trabajo, sin duda, dificultada por los rígidos límites que el recurso de casación ofrece como marco de impugnación de una sentencia condenatoria. En supuestos como el que ahora centra nuestra atención, el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar, adquiere todo su valor. Se presenta como un servicio público ofrecido de forma voluntaria por la Abogacía y que garantiza una defensa jurídica del máximo rigor técnico. Nuestro reconocimiento, por tanto, a quien con su trabajo ha prestigiado la labor cotidiana y silenciosa de todos aquellos Letrados que, día a día, hacen posible, con la máxima solvencia, el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías”.

Fragmento de la sentencia sobre la actuación del abogado de oficio

V. Pascual, miembro de la Comisión de Control de Cláusulas Suelo: “La Justicia no puede soportar 650.000 nuevos pleitos”2018-01-19

 

Vicente Pascual Pascual es decano del Colegio de Abogados de Elche y representante del Consejo General de la Abogacía en la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación de la aplicación del Real Decreto-ley 1/2017 sobre medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y la resolución extrajudicial de la problemática generada por estas cláusulas en las hipotecas. El subgobernador del Banco de España es el presidente de esta Comisión en la que -además de la Abogacía- participan los Ministerios de Economía, Justicia y Sanidad, el Consejo de Consumidores y Usuarios, el Consejo General del Poder Judicial y la Asociación Hipotecaria Española.

  1. ¿La regulación de la UE de protección de los consumidores y los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE han servido para mejorar la jurisprudencia o normativa en España?

Las normas jurídicas y la jurisprudencia de la Unión Europea tienen una enorme trascendencia en España y en todos los países de la Unión. En todas las materias, también en la de protección de consumidores. La norma sobre la que ha pivotado todo el conflicto de las cláusulas suelo es la Directiva 93/13/CEE, que data de abril de 1.993. Fue aplicada en España tarde y acaso con criterios restrictivos,  mediante la Ley de Condiciones Generales de la Contratación de 1.998.

Con ocasión del conflicto de las cláusulas suelo el Tribunal Supremo español dictó el 9 de mayo de 2.013 una sentencia, a mi juicio de excepcional calidad, en la que estableció el carácter nulo, por abusivas, de las cláusulas suelo sometidas a enjuiciamiento; pero la misma sentencia incorporó un pronunciamiento muy discutible, la irretroactividad de la nulidad en relación a los pagos efectuados por los consumidores con anterioridad a la fecha de la sentencia. Fue el Tribunal de Justicia de la Unión, en su sentencia de 21 de diciembre de 2.016, quien declaró que era contrario al derecho de la Unión una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un consumidor.

Así pues, debemos reconocer que la Directiva europea fue más lejos en la protección de los consumidores que la ley española que la aplicaba en nuestro país, y también hay que reconocer que, en la aplicación de la Directiva, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión ha ido más lejos que el Tribunal Supremo español, al establecer la plena retroactividad de las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula abusiva.

  1. ¿Qué balance hace, ahora que se cumple un año, del Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo?

El RDL 1/2017 es una pieza más del trato dispensado por los poderes públicos a los consumidores que han sufrido cláusulas abusivas en su relación con las entidades financieras.

Primero fue el poder judicial, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de mayo de 2.013,  quien acaso abrumado por el contexto histórico de 2.013, de severa crisis económica y rescate bancario, declaró que la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico y afirmó la irretroactividad de la declaración de nulidad de la cláusula suelo.

Una vez que en diciembre de 2.016 el TJUE declaró la plena retroactividad, en enero de 2.017 el poder ejecutivo, el gobierno, aprobó el RDL 1/2.017, e inmediatamente después el poder legislativo, el Congreso, lo convalidó. Cuando parecía que el conflicto estaba acabado, y que lo razonable y conforme a derecho habría sido que los bancos acatasen la sentencia del TJUE y devolviesen inmediatamente todo lo cobrado en virtud de las cláusulas suelo declaradas abusivas, vino al RDL a concederé una suerte de tiempo de prolongación a la banca, estableciendo un innecesario proceso extrajudicial, y un sistema de privilegiado para la banca en materia de costas judiciales,

Por último, cuando los plazos de tramitación de las reclamaciones extrajudiciales previstos en el RDL 1/2.017 se cumplían, el órgano de gobierno de los jueces nos sorprendió en mayo de 2.017 con la puesta en marcha de lo que se han llamado los juzgados provinciales de cláusulas suelo, a mi juicio de dudosa constitucionalidad, que han alejado la justicia de los justiciables, y han encapsulado el problema de las decenas de miles de nuevos procesos judiciales, acaso para tratar de aislar el resto de la justicia civil española, estableciendo una especie de cordón sanitario.

Mi impresión es que los poderes del estado han pensado mucho en los intereses inmediatos de las empresas bancarias, y menos en la protección de los consumidores.

  1. ¿Cree que las entidades financieras están resolviendo las reclamaciones previas por las cláusulas suelo teniendo en cuenta los derechos de los consumidores? ¿Cómo valora la actuación de la banca?

Al día siguiente de dictarse la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, el 21 de diciembre de 2.016, la entidades financieras hubieran debido poner a funcionar sus sistemas informáticos, y por los mismos mecanismos telemáticos que cargan todos los meses los recibos de las hipotecas a sus clientes, por los mismos, debieron practicar una transferencia a cada cliente devolviéndole lo pagado en exceso, más sus intereses legales.

Con ello se habría acabado el problema, habrían cumplido sus deberes hacia sus clientes consumidores, habrían evitado el enorme coste reputacional que esas cifras de centenares de miles de demandas judiciales y más de un millón de reclamaciones extrajudiciales pone de manifiesto, y habrían evitado a la justicia civil española la situación de excepcional estrés que los pleitos de cláusulas suelo le han producido y le siguen  produciendo.

En mi opinión un sector económico que, por su carácter sistémico, no se dejó quebrar en una parte relevante del mismo, y que recibió las inmensas cantidades de dinero empleadas en el rescate bancario, debe cuidar más su reputación, y debe actuar con más responsabilidad social, ante sus clientes consumidores, y ante el servicio público de la justicia.

No descarto que el coste económico final, para las cuentas de resultados y los balances de los bancos, acabe siendo más caro, cuando acaben todas las reclamaciones judiciales, que si lo hubiesen resuelto todo en diciembre de 2.016. La morosidad en el cumplimiento de las obligaciones no pertenece al ámbito de la eficiencia, sino al de la ineficiencia empresarial.

  1. ¿Qué porcentaje de acuerdo existe entre entidades financieras y usuarios de préstamos hipotecarios sobre los cálculos de las devoluciones? ¿Considera que es suficiente?

La Comisión ha hecho públicos una serie de datos cuantitativos agregados, cuya única fuente son las empresas bancarias. Hasta el 30 de septiembre de 2.017 el total de solicitudes formuladas al amparo del RDL 1/2.017 ascendió a la suma de 1.052.789, y el total de solicitudes que terminaron con acuerdo ascendió a 395.135, que suponen el 37,5 % del total.

Estamos ante un tanto por ciento muy insuficiente. No creo que nuestro pais pueda aceptar que las más de 650.000 solicitudes que no han alcanzado un acuerdo, puedan ser 650.000 nuevos pleitos. Eso la planta judicial civil española no lo podría soportar, y la banca española no lo debería provocar.

  1. A finales de noviembre tuvo lugar la segunda reunión de la Comisión, la primera fue el 26 de julio ¿Han contado en sus reuniones con información estadística sobre los procedimientos judiciales o con asesoramiento de técnicos?

Respecto de la estadística de procedimientos judiciales, el portal del Consejo General del Poder Judicial facilita información muy detallada; a 5 de noviembre el número de demandas presentadas en los juzgados de cláusulas suelo ascendía a 118.419; a fecha 17 de diciembre ese número se ha incrementado hasta 156.852. Las cifras son escalofriantes, y si nadie lo remedia, seguirán entrando nuevas demandas, si tenemos en cuenta que a 30 de septiembre había una bolsa de 650.000 solicitudes de reclamación extrajudicial que no alcanzaron acuerdo.

Respecto del asesoramiento de técnicos, ello no solo no ha existido, sino que de momento no parece posible. El Real Decreto que crea y regula la Comisión, expresamente establece la regla del no incremento del gasto público. El presupuesto de la Comisión es cero, y con semejante presupuesto no se pueden hacer muchos milagros.

  1. La Comisión publicó recientemente un informe indicando que la banca había devuelto casi 2.000 millones de euros ¿Cuál es su opinión sobre estas devoluciones? ¿Sabe la Comisión cual es el valor que tienen todas las reclamaciones presentadas?

Los informes de la Comisión son de difícil lectura. En mi opinión esta cifra no es exacta. La tabla de valores agregados hecha pública por la Comisión tras su reunión del pasado 30 de noviembre habla de 395.135 solicitudes     que han alcanzado acuerdo, cuyo montante económico, bien devolución en efectivo, bien otras compensaciones, bien soluciones mixtas, asciende a 1.750 millones de euros.

Mi opinión sobre ello es que si el 37,5% de las solicitudes, las que han alcanzado acuerdo, suponen 1.750 millones de euros, el 62,5% del total de las solicitudes, en las que por una razón u otra no hay acuerdo, acaso supongan 2.915 millones de euros, conforme a una sencilla regla de proporcionalidad.

La Comisión no sabe cual es el valor que tienen todas las reclamaciones presentadas, porque solo dos de cada mil solicitudes cuantifican su reclamación. Este es un dato que merece una reflexión. Me parece incomprensible que 998 de cada 1000 solicitudes no cuantifiquen el importe económico de la reclamación. Es cierto que el cálculo de lo pagado en exceso por razón de las cláusulas suelo requiere tener conocimientos básicos de matemáticas financieras. Nuevamente debo hacer referencia a la responsabilidad social de las empresas bancarias y al cuidado de su reputación. Creo que debería estar a disposición inmediata de cada deudor hipotecario  que tenga cláusula suelo en España, en su oficina bancaria, una certificación que le detallase el importe de los intereses pagados en exceso por razón del suelo cada mes, el total de los intereses así pagados, los intereses legales que cada pago mensual en exceso devengaría desde su fecha hasta la fecha de la liquidación y el total de estos intereses  legales. No tengo la más mínima duda de que esos números están hechos para cada deudor hipotecario con cláusula suelo. Hasta donde yo conozco, y desearía equivocarme y rectificar, esa información no se entrega a nadie. Probablemente por ello, 998 de cada 1000 solicitudes, no cuantifican su reclamación

  1. Teniendo en cuenta que la Comisión evalúa la información suministrada por las entidades de crédito (con la información mínima imprescindible) y por el Banco de España ¿Se puede decir que la Comisión está garantizando la transparencia, la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la eficiencia de las medidas urgentes de protección?

La Comisión lo único que hace es lo que le encomienda la norma que la crea y regula su funcionamiento, con la carencia absoluta de medios que antes he señalado. La Comisión recaba de las entidades de crédito la información que señala el Real Decreto, y una vez recibida la evalúa.

En esa evaluación me ha llamado poderosamente la atención el hecho de que no se presenta una conducta similar entre todas las entidades financieras. El dato del 32,5% de solicitudes terminadas con acuerdo, esconde una realidad en la que hay entidades que han resuelto un tanto por ciento muy superior, y otras entidades que han resuelto un tanto por ciento muy inferior. Acaso sea por errores de las entidades en el envío de la información, o acaso sea por políticas empresariales sustancialmente distintas a la hora de abordar este conflicto. Pero lo cierto es que a mi juicio se hace necesario profundizar en el estudio estadístico de lo que parecen ser diferentes perfiles o patrones de respuesta de las entidades financieras ante un mismo conflicto.

  1. Se han recibido en los juzgados uniprovinciales de cláusulas suelo más de 120.000 demandas en 2017 ¿Cree que estos juzgados están dando respuesta a las demandas de los ciudadanos?

Mi opinión sobre estos juzgados es negativa, y comparto a este respecto los acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo General de la Abogacía en sus reuniones de Barcelona y Granada en 2.017. Se aleja la justicia del ciudadano. Y se está afectando al derecho fundamental al Juez predeterminado por la Ley.

No encuentro ninguna razón sólida, distinta de proteger a la planta judicial civil española de la avalancha de las cláusulas suelo, para haber especializado a estos juzgados. No parece haber otra razón más que encapsular el problema, abandonarlo a su suerte, y establecer un cordón sanitario para el resto de los juzgados civiles.

A mi juicio ello es un muy grave error. Desde el punto de vista constitucional, se sustituye el derecho al juez civil predeterminado por la ley, por la asignación de un solo juez en cada provincia, con unas singulares características en su selección. Hay razones para dudar de su constitucionalidad. Desde el punto de vista del acercamiento de la justicia al ciudadano, y de la igualdad en el disfrute de los servicios públicos, se producen efectos perversos inaceptables. Tomar como base las provincias es desconocer la realidad de España y de su geografía humana. Los juzgados han de ser para los ciudadanos, allá donde residan, y alguien debería releer las cifras de población de las provincias y partidos judiciales de España.

  1. ¿Qué espera de la reforma de la Ley Hipotecaria? ¿Supondrá mayores garantías para los consumidores de productos financieros?

La Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, que incorpora algunas modificaciones de la Ley Hipotecaria, actualmente es un proyecto, y no creo vaya a solucionar lo sustancial en relación con las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, que es la materia que regula la Directiva 93/13/ CEE.

El problema no es solo regular los contratos de crédito inmobiliario, sino proteger a los consumidores españoles de las cláusulas abusivas impuestas por las empresas financieras, tal como nos dice Europa. Es necesario diseñar un sistema legal de calidad, que evite el conflicto, que nos saque del círculo vicioso en el que nos encontramos, y nos introduzca en un círculo virtuoso, en el que los agentes económicos se vean incentivados a evitar las cláusulas abusivas y a resolver los conflictos, no a perseverar en el abuso y el conflicto.

En representación de la Abogacía Española propusimos la adopción de iniciativas legislativas que extiendan al sector de la banca la solución que para el sector asegurador nos dio el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro (LCS). En nuestro derecho privado regulador de uno de los sectores financieros, el seguro, tenemos la experiencia de claro y rotundo éxito del artículo 20 LCS. De la mano de esa norma se puso fin en nuestro país a la demora y eternización de las indemnizaciones en los contratos de seguro, se redujeron muy sustancialmente las provisiones y las contingencias en los balances de las empresas aseguradoras, se han reducido muy sustancialmente los tiempos medios de tramitación y conclusión de los expedientes de siniestros, y se ha propiciado la excelencia y buena reputación del sector asegurador.

Hemos propuesto una norma equivalente, para el sector de la banca, y respecto de todas las cláusulas abusivas. Lamentablemente es una propuesta que excede formalmente de las competencias de la Comisión, y ha sido remitida al Ministerio de Economía. Si esa modificación legislativa se produjese, no es descabellado pensar que las entidades financieras pagarían ya, los consumidores cobrarían, se acabarían esos centenares de miles de pleitos, y los litigios se reconducirían al peso relativo que la contratación de créditos inmobiliarios tiene en la realidad económica del país. Es una solución sencilla, anclada en la experiencia contrastada de nuestro derecho positivo.

  1. Se aproxima una nueva oleada de reclamaciones por los gastos hipotecarios y la devolución del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados ¿Cree que se podrá aplicar la experiencia de las cláusulas suelo a estas reclamaciones de los consumidores?

La experiencia habida hasta la fecha con las cláusulas suelo no me parece positiva, y la ausencia de soluciones no se debería extender a otras cláusulas abusivas bancarias. Es urgente encontrar una solución al abuso por las entidades financieras en sus relaciones con los consumidores, a las cláusulas abusivas en los contratos bancarios.

Inevitablemente tengo que regresar a la respuesta anterior. Establezcamos para las cantidades a devolver a los consumidores por razón de la nulidad de cláusulas abusivas, sean cláusulas suelo, cláusulas de gastos o cualesquiera otras, un interés del 20% anual, tras un tiempo prudencial, como en la LCS. Muy probablemente dejaríamos de hablar en un plazo breve de cláusulas abusivas en la banca. Quizás haya llegado el momento de que nos preguntemos si es aceptable que un consumidor de productos bancarios tenga una protección inferior, no solo a la de un consumidor de seguros, sino incluso inferior a la protección de la que goza una empresa que contrata un seguro.

Urge salir del actual círculo vicioso, en el que las cláusulas abusivas habitan en la generalidad de contratos bancarios con consumidores, se establecen mecanismos de prolongación y distracción del problema, y se colapsa la justicia, con riesgo de infracción de derechos fundamentales de los justiciables. Para ello proponemos establecer para los contratos bancarios una norma análoga al artículo 20 de la LCS, y sus intereses del 20% anual. Ha de ponerse fin a las cláusulas abusivas en los contratos bancarios, y ha de repararse sin más demoras ni prórrogas el daño causado a los consumidores.

La vía judicial es el último recurso para reclamar infracciones laborales2018-01-18

La relación entre empleado y trabajador no es siempre sencilla, pues si bien ambas partes buscan hacer lo mejor para que la empresa funcione, también tratan de luchar por sus propios intereses, algo que a menudo se ha de resolver con asesoría legal de por medio.

Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados, recuerda que, según el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, “son infracciones laborales las acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales, tanto individuales como colectivas, de colocación, empleo, formación profesional para el empleo, de trabajo temporal y de inserción sociolaboral, tipificadas y sancionadas de conformidad con la presente ley”.

En este sentido, a la hora de realizar una reclamación laboral, los pasos a seguir no siempre son los mismos, aunque el trabajador cuenta con vías de actuación suficientes como para solucionar el conflicto.

1.       Representantes de los trabajadores. El primer paso siempre debería ser el de tratar de solucionar el conflicto dentro de la propia empresa con la mediación de los representantes de los trabajadores, que han de hacer que se cumplan las normas en derechos laborales. Además, los sindicatos también pueden poner a disposición del trabajador mecanismos para denunciar, por lo que si es posible utilizar también esta vía, debería hacerse.

2.       Buzón de lucha contra el fraude laboral. La página web que el Ministerio de Empleo pone este buzón a disposición del ciudadano para que pueda notificar de forma anónima las infracciones o conductas fraudulentas que detecte en su empresa. La información que se envía mediante esta plataforma llega a Inspección de Trabajo para su análisis y poner en marcha los procedimientos oportunos.

 3.       Denunciar ante la Inspección de Trabajo. En este caso el sujeto que la presente deberá identificarse. Este organismo está encargado de velar por que se cumplan las leyes en materia de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y cuenta con tres formas de actuar:

  • Por iniciativa propia.
  • Por petición de otros órganos administrativos.
  • Por denuncia de los ciudadanos.

4.    Vía judicial. La última opción para reclamar los derechos laborales de los ciudadanos en su entorno laboral es a través de los Juzgados de lo Social. Deberá presentarse la "Papeleta de conciliación laboral", documento necesario para demandar a la empresa por infracción laboral y comenzar con el proceso judicial.

El Tribunal Supremo anula la condena a dos gimnastas por intromisión en el derecho al honor de un entrenador denunciado por abusos sexuales2018-01-18

La Sala Primera –de lo Civil- del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por tres antiguos integrantes de un equipo de gimnasia -dos gimnastas y un entrenador- contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que les había condenado a abonar al demandante, por entonces primer entrenador de dicho equipo, una indemnización de 30.000 euros por apreciar una intromisión ilegítima en su derecho al honor en las declaraciones relacionadas con los abusos sexuales de los que habrían sido víctimas una de las gimnastas demandadas y otras gimnastas que formaron parte de dicho equipo con posterioridad. 

La sentencia recurrida justificó la prevalencia del derecho al honor del demandante sobre la libertad de información de las personas demandadas porque, aunque no podía afirmarse que sus declaraciones hubieran sido falsas, no estaba acreditado que fueran ciertas o veraces. 

El Tribunal Supremo analiza el canon de veracidad aplicable a las declaraciones que denuncian ese tipo de conductas y concluye que la forma en la que ha sido aplicado por la Audiencia Provincial no es correcta. 

La Sala señala que la exigencia de veracidad, incluso cuando se aplica a quien no actúa como informador profesional, sino en la comunicación pública de hechos en los que se ha visto involucrado personalmente, no puede consistir en la exigencia de aportación de una prueba de la realidad de los hechos denunciados más allá de toda duda, especialmente cuando, como sucede en este caso, se trata de hechos difíciles de probar por las propias peculiaridades de los posibles abusos sexuales, por su carácter clandestino y por su lejanía en el tiempo. 

El alto tribunal entiende que el estándar de prueba de los abusos que la Audiencia impuso para poder descartar la intromisión ilegítima en el derecho al honor del supuesto agresor es igual e incluso superior al exigido para dictar una sentencia penal condenatoria. En el proceso penal, la declaración de la víctima no carece de valor incriminatorio por el hecho de ser parte en el proceso, y la declaración de otros testigos que presenciaron los hechos puede tener también carácter incriminatorio. 

En cambio, en este proceso civil, la Audiencia se mostró extremadamente rigurosa en la valoración de las pruebas que justificarían la veracidad, al no considerar como tales los interrogatorios de las personas demandadas y no tomar en consideración las circunstancias que caracterizan este tipo de hechos (deseo de confidencialidad de otras posibles víctimas, dificultades para recordar los detalles exactos por ser las supuestas víctimas y testigos menores de edad cuando sucedieron los hechos, afectación traumática que suelen provocar este tipo de hechos, etc.) ni el hecho de que la causa penal fue archivada porque el delito imputado al demandante estaba prescrito, lo que impidió una investigación más rigurosa y la celebración de un juicio penal por los hechos denunciados. 

Este canon de veracidad tan exigente supondría en la práctica, añade la sentencia, considerar ilegítima y susceptible de condena la práctica totalidad de las denuncias públicas de este tipo de conductas, que por su carácter clandestino, por los espacios de intimidad en los que se producen, por la minoría de edad de sus víctimas y por el tiempo que usualmente transcurre hasta que las víctimas se atreven a denunciarlo, resultan muy difíciles de probar con el rigor que sería necesario para obtener una condena penal. 

Ello no significa que se considere probado que el demandante cometiera los actos de que se le acusa. El tribunal es consciente de la gravedad de este tipo de acusaciones y del daño que pueden causar a la persona afectada y exige por ello un especial cuidado en la ponderación de los derechos en conflicto, pero entiende que una exigencia de prueba de la veracidad de tal rigor impediría la denuncia pública de ese tipo de conductas y cargaría a las víctimas y testigos que los denuncian con el grave riesgo de ser condenados civilmente por su actuación de denuncia. Por ello, si la denuncia pública tiene suficientes visos de seriedad y una cierta verosimilitud y no hay prueba de que sea falsa ni motivada por mala fe, no procede condenar al denunciante por intromisión ilegítima en el derecho al honor del afectado por la denuncia. 

Así lo considera la Sala este caso, en el que se valora que los hechos fueron denunciados ante el Consejo Superior de Deportes y la Policía, y solo después de que esa denuncia se filtrara a la prensa se produjeron las declaraciones enjuiciadas; que la versión de la supuesta víctima fue confirmada en el juicio por otras tres personas que afirmaron haber presenciado los abusos; y que constan las declaraciones de otras personas que afirmaron haber presenciado hechos que confirmaban directa o indirectamente la versión de los recurrentes. Por todo ello, se estima el recurso de casación y se confirma la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, que había desestimado la demanda.

El Tribunal Supremo confirma la condena de 70 años impuesta al llamado “pederasta de Ciudad Lineal”2018-01-18

La Sala Segunda -de lo Penal- del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 70 años y 6 meses de prisión impuesta a A.A.O.M., conocido como el pederasta del distrito madrileño de Ciudad Lineal, como autor de cuatro delitos de agresión sexual y cuatro delitos de detención ilegal, dos de ellos en concurso ideal con la agresión sexual, así como dos faltas y un delito de lesiones cometidos contra cuatro menores, de entre 5 y 9 años, entre el 24 de septiembre de 2013 y el 22 de agosto de 2014 en Madrid. El condenado también tiene que pagar una indemnización de 425.000 euros a las víctimas en concepto de responsabilidad civil.

La Sala ha desestimado los catorce motivos alegados por el condenado en el recurso de casación y concluye que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le impuso la citada condena valoró “prueba de cargo válida, de neto valor incriminatorio” y, además, “con un razonamiento impecable que excluye todo asomo de vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia”.

“Sólido cuerpo probatorio”

En su recurso, la defensa mantenía que no se podía sostener la autoría del acusado respecto de todos los hechos denunciados por las cuatro niñas. Respecto a este motivo, el tribunal afirma que lo verdaderamente definitivo para proclamar la responsabilidad de A.A.O.M., ha sido la firmeza en la identificación del procesado por las menores que fueron agredidas. Aparte de ese “sólido cuerpo probatorio”, explica la Sala, hay otros elementos de corroboración, como son, de una parte “la constatación de que la metodología empleada por el acusado para acercarse a las menores, su traslado a un lugar previamente seleccionado y las sevicias a las que sometió a cada una de aquéllas, presentan puntos en común que refuerzan la idea de una misma mano”.

Además, señala la Sala, el examen de la señal emitida por las antenas BTS de telefonía móvil permite concluir que, tanto en el momento de ejecución de los hechos como en el del abandono de las niñas, la ubicación geoespacial del procesado era, no ya compatible, sino que se ajusta a la localización de los hechos tal y como habían sido denunciados.

En relación con la validez de la prueba del ADN que permitió identificar restos genéticos de A.A.O.M., cuestionada por el condenado en su recurso, la Sala explica que la sentencia recurrida descartó cualquier riesgo de confusión o duda que pudiera implicar a otra persona que participara, por razón de una ascendencia común, de esos mismos haplotipos. La sentencia destaca que la policía científica o judicial que recogieron las huellas, los médicos forenses y los facultativos que realizaron los dictámenes, dieron fundadas explicaciones a cuantos temas se suscitaron en el juicio por lo que rechaza el motivo en el que se alegaba indefensión por no admitir una prueba explicativa de aspectos técnicos de la identificación genética.

La Sala también rechaza la alegación de la defensa de que unas declaraciones del entonces ministro del Interior identificando a A.A.O.M., como ‘el pederasta de Ciudad Lineal’ en una rueda de prensa celebrada tras su detención, vulnerasen sus derechos a la presunción de inocencia y a la interdicción (prohibición) de la arbitrariedad de los poderes públicos. Añadía el abogado que las ruedas de reconocimiento realizadas en sede judicial no podían por ello ser valoradas como medio de prueba.

El tribunal sí constata “un distorsionado entendimiento del principio de publicidad procesal, garantía procesal del constitucionalismo liberal que está siendo reemplazada, con mucha más frecuencia de lo tolerable, por una publicación del proceso”, pero rechaza que las ruedas fueran nulas ya que el tratamiento mediático no afectó a las niñas “hasta el punto de condicionar la indicación del acusado como la persona que había sometido a cada una de ellas a las sevicias denunciadas”. De hecho, ninguna de las menores admitió haber visto la imagen del acusado de forma anticipada a su reconocimiento judicial, en algún medio de comunicación.

El tribunal resalta que sólo la valoración de las pruebas practicadas en el plenario, con inmediación y contradicción, están en la base de la declaración de responsabilidad de A.A.O.M. “Ni la censurable locuacidad del máximo responsable de las fuerzas policiales que asumieron la investigación, ni la anticipada autoría proclamada en rueda de prensa –pese a que el vocablo presunto se repite entre las explicaciones-, tuvieron virtualidad para alterar una declaración jurisdiccional sólo basada en el resultado de la actividad probatoria desarrollada en presencia de los Magistrados llamados a su valoración”, subraya el Supremo.

Asimismo, el tribunal rechaza la indefensión alegada por la defensa en su recurso basándose en el desconocimiento de diligencias que no fueron incorporadas a la causa. La Sala recuerda que la ley permite incluir en el sumario las diligencias que permitan dejan constancia de la perpetración de los delitos. “No existe en este caso dato que alimente la idea de una ocultación interesada de información o datos que pudieran haber condicionado los términos de la investigación, hasta el punto de llevar el sumario a la errónea identificación del procesado llamado a soportar la acusación”, razona la Sala.

Elogio al turno de oficio

Por último, el tribunal deja constancia de la “profesionalidad y encomiable dedicación” del abogado de oficio que asumió la defensa de A.A.O.M. La tarea defensiva, aun cuando no haya alcanzado su objetivo principal, que es la absolución del acusado, ha sido realizada con “una dignidad profesional ciertamente loable”, que, en supuestos como este hace que, “el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar, adquiere todo su valor”, concluye el tribunal.

Hechos probados

La primera de las agresiones se produjo el 24 de septiembre de 2013 cuando A.A.O.M. abordó a una niña de cinco años mientras jugaba en un parque en la calle del Río Conejos, y mediante engaño –diciéndole que conocía a su madre y que tenía que darle unas bolsas- logró que se fuera con él en su coche hasta un lugar que no ha podido ser precisado.

El 10 de abril de 2014, a las 20:40 horas, el condenado utilizó el mismo método para agredir sexualmente a una niña de 9 años, que salía con dos amigas de una tienda de chucherías de Ciudad Lineal. Tras decirle que iba a probarle unos trajes de modelo, consiguió que montara en su coche, le dio tres pastillas y la llevó a un piso propiedad de su madre, donde la retuvo en contra de su voluntad. A las 1,15 de la madrugada, la abandonó en el metro de Canillejas.

Su siguiente víctima fue una niña de seis años de edad que fue raptada entre las 18:30 y las 19:00 horas del 17 de junio de 2014 en la calle Luis Ruiz de Madrid. Desde allí, la llevó en su coche a una vivienda o local desconocido y tras cometer los actos sexuales y ducharla, la dejó a las 23:30 horas en la calle del Jazmín. Debido a las lesiones que le causó, la menor tuvo que ser operada y estuvo hospitalizada nueve días.

La víctima de la cuarta agresión, que se produjo el 22 de agosto de 2014, fue una menor de siete años de edad que jugaba con su hermano y con su tío en un parque. Sobre las 17,30 A.A.O.M. abordó a la niña y la convenció para que se marchara con él diciéndole que iban a darle una sorpresa a su abuelo. Una vez dentro del coche, la llevó a un descampado para cometer la agresión. Después la dejó abandonada allí hasta que la encontró un viandante a las 19:10 horas.

El CGPJ aprueba las ternas de candidatos a tres plazas de magistrado del Tribunal Supremo2018-01-17

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial aprobó el lunes las ternas de candidatos a tres plazas de magistrados del Tribunal Supremo: una en la Sala Segunda, vacante por la jubilación de José Ramón Soriano Soriano; otra en la Sala Tercera, vacante por la jubilación de Pedro José Yagüe Gil; y una más en la Sala Cuarta, vacante por la jubilación de José Luis Gilolmo López. 

Para la primera de las plazas, correspondiente al turno de carrera judicial previsto en los artículos 343 y 344 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la terna está compuesta por los siguientes candidatos: 

  • Manuela Fernández Prado, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
  • Javier Hernández García, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona
  • Ángel Luis Hurtado Adrián, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
  • Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid
  • Vicente Magro Servet, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid
  • Susana Polo García, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

Abstención del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ 

La Comisión Permanente también aprobó la terna de candidatos a una plaza de magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de especialistas previsto en los artículos 343 y 344 a) de la LOPJ.

En este caso, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, no ha intervenido en la selección de los candidatos, ya que previamente ha presentado un escrito comunicando su decisión de abstenerse de participar “en todo acto, trámite o decisión” relacionados con este proceso selectivo por razón de su amistad con uno de los aspirantes, Fernando Román García, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.2.c) de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

 Lesmes ya se abstuvo de participar, por los mismos motivos, en el procedimiento de elección de un magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que tuvo lugar en enero de 2016, puesto al que también optó Román y para el que el Pleno del CGPJ eligió a Rafael Toledano Cantero. 

La terna aprobada para la plaza convocada está compuesta por los siguientes candidatos: 

  • Jesús María Calderón González, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • José Luis Gil Ibáñez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • Fernando de Mateo Menéndez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • Fernando Román García, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • María Alicia Sánchez Cordero, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
  • Santiago-Pablo Soldevila Fragoso, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 

Candidatos a magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo 

Por último, la Comisión Permanente aprobó la terna de candidatos a una plaza de magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, correspondiente al turno general  previsto en los artículos 343 y 344 b) de la LOPJ. 

Los candidatos seleccionados son los siguientes: 

  • Ricardo Bodas Martín, magistrado de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
  • María Luz García Paredes, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
  • Juan Carlos Iturri Gárate, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco
  • Francisco Javier Lluch Corell, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
  • Juan Molins García-Atance, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
  • Sara María Pose Vidal, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 

El Pleno del CGPJ elegirá a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo en su reunión del próximo día 25.

El Tribunal General de la UE confirma la Decisión de la Comisión que ordena a Franc ia recuperar 1 370 millones de euros en el marco de una ayuda de Estado concedida a EDF2018-01-17

Électricité de France (EDF) produce, transporta y distribuye electricidad, en particular en territorio francés. En la época en que sucedieron los hechos era una empresa pública que pertenecía íntegramente al Estado francés. En 1997, en el contexto de la apertura del mercado interior de la electricidad, [1] el Estado francés modificó su legislación con el fin de clarificar cuál era el régimen patrimonial de la empresa, restructurar su balance contable y ampliar su capital.

El 16 de diciembre de 2003, la Comisión adoptó una Decisión [2]en la que declaró que, en el marco de esa operación de reestructuración del balance y de ampliación del capital de EDF, el Estado francés había renunciado a un crédito fiscal valorado en 888,89 millones de euros, correspondiente al impuesto de sociedades adeudado por EDF. La Comisión estimó que esa renuncia había reforzado la posición competitiva de EDF frente a sus competidores, y que constituía una ayuda del Estado incompatible con el mercado común. La Comisión calculó que el importe total de la ayuda que EDF debía restituir ascendía a 1 217 millones de euros, incluidos intereses. EDF devolvió ese importe al Estado francés.

EDF, apoyada por Francia, presentó ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso de anulación parcial de esa Decisión. Mediante su sentencia de 15 de diciembre de 2009, [3]confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2012, [4]el Tribunal General anuló la Decisión de la Comisión, por considerar que ésta no podía negarse a examinar, basándose en la naturaleza fiscal de la medida adoptada, si el Estado francés había actuado como un «inversor privado en una economía de mercado». Este criterio del inversor privado pretende determinar si la participación o la intervención pública en el capital de la empresa beneficiaria persigue un objetivo económico que también podría perseguir un inversor privado y, por tanto, si el Estado la lleva a cabo como un operador económico, del mismo modo que un operador privado.

A raíz de las sentencias del Tribunal General y del Tribunal de Justicia, la Comisión adoptó una nueva Decisión el 22 de julio de 2015. [5]Al considerar que el criterio del inversor privado no era aplicable al caso, la Comisión declaró nuevamente la medida de ayuda incompatible con el mercado interior y exigió su recuperación más los intereses correspondientes. El importe de la ayuda, fijado aproximadamente en 1 370 millones de euros, fue devuelto a Francia el 13 de octubre de 2015. Insatisfecha con esta nueva Decisión, EDF, apoyada por Francia, presentó un recurso ante el Tribunal General solicitando la anulación de la misma.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General confirma la Decisión de la Comisión de 22 de julio de 2015 y, en consecuencia, la obligación del Estado francés de recuperar el importe aproximado de 1 370 millones de euros.

El Tribunal General examina básicamente si la Comisión concluyó legítimamente, en su nueva Decisión de 22 de julio de 2015, que el criterio del inversor privado no era aplicable. A este respecto, el Tribunal General recuerda, en primer lugar, sobre la base de su sentencia de 2009 y de la sentencia del Tribunal de Justicia de 2012, que deben diferenciarse las funciones del Estado como accionista de una empresa, por un lado, y como poder público, por otro, y que la aplicabilidad del criterio de inversor privado depende, en definitiva, de que el Estado conceda, en su condición de accionista y no en la de poder público, una ventaja económica a una empresa que le pertenece. El Tribunal General recuerda también que ni él en su sentencia de 2009 ni el Tribunal de Justicia en su sentencia de 2012 prejuzgaron la aplicabilidad del criterio del inversor privado, dejando con ello a la Comisión la tarea de determinar si dicho criterio era aplicable.

El Tribunal General examina seguidamente la alegación mediante la que EDF sostiene que, dado que la medida controvertida es de recapitalización, el Estado francés actuó como accionista, persiguiendo de este modo un objetivo de inversión comparable, por su naturaleza, al de un inversor privado, lo que debería haber llevado a la Comisión a declarar aplicable el criterio del inversor privado. El Tribunal General rechaza esta alegación por considerar, en contra de lo que sostiene EDF, que la medida controvertida no es una medida de recapitalización de esa empresa, sino la renuncia a percibir el impuesto a la hora de reclasificar los derechos del concedente en capital.

El Tribunal General también rechaza la alegación de EDF según la cual la Comisión erró al concluir que no era aplicable el criterio del inversor privado por haber mezclado el Estado francés sus facultades de poder público y de accionista. Recuerda que incumbía al Estado francés demostrar inequívocamente y sobre la base de elementos objetivos y verificables que la medida aplicada emanaba de su condición de accionista, y que tales elementos debían poner claramente de manifiesto que había tomado la decisión de realizar una inversión en EDF antes de conceder la ventaja o a la vez que lo hacía. Según el Tribunal General, la Comisión apreció el conjunto de elementos puestos a su disposición por EDF y por Francia con el fin de determinar si la medida controvertida emanaba de la condición de accionista o de la de poder público del Estado francés, por lo que no incurrió en error de Derecho. Del mismo modo, la Comisión concluyó legítimamente que los documentos aportados por EDF y por el Estado francés no acreditan un análisis distinto y autónomo de las consideraciones del Estado en su condición de accionista, ni tampoco demuestran que no exista confusión entre las consideraciones ligadas al impuesto y las relativas a la retribución del Estado.

El Tribunal General también señala, al igual que la Comisión, que los distintos documentos aportados por EDF y por el Estado francés no constituyen ni contienen evaluaciones económicas comparables a las que un inversor privado habría encargado antes de aplicar la medida controvertida con el fin de determinar su rentabilidad futura. En consecuencia, la Comisión no cometió ningún error de Derecho al considerar que esa falta de estudios, de referencias o de análisis específicos dificultaba la tarea de aislar los efectos de la supuesta inversión en la información aportada por el Estado francés o por EDF.

El Tribunal General concluye que la Comisión excluyó legítimamente la aplicabilidad del criterio del inversor privado, puesto que ni EDF ni Francia han aportado elementos que permitan demostrar inequívocamente que el Estado francés hubiera tomado la decisión de realizar una inversión en EDF antes de conceder la ventaja de que se trata o a la vez que concedía ésta, ni que hubiera evaluado la rentabilidad de la inversión constituida por la concesión de esa ventaja a EDF como habría hecho un inversor privado.

[1] Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (DO 1997, L 27, p. 20).
[2] Decisión C(2003) 4637 final de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003, relativa a las ayudas estatales concedidas por Francia a EDF y al sector de las industrias eléctricas y del gas en forma de falta de pago en 1997 del impuesto de sociedades correspondiente a la parte de las provisiones creadas para la renovación de la red de alta tensión general («RAG») (Ayuda de Estado n.º C 68/2002, N 504/2003 y C 25 /2003 - Francia).
[3]Sentencia del Tribunal General de 15 de diciembre de 2009, EDF/Comisión (T-156/04; véase asimismo el CP nº 111/09).
[4]Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2012, EDF/Comisión (C-124/10 P; véase asimismo el CP nº 70/12).
[5] Decisión (UE) 2016/154 de la Comisión, de 22 de julio de 2015, relativa a la Ayuda Estatal SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) - Recalificación como capital de las provisiones contables con exención de impuestos para la renovación de la Red de Alimentación General ejecutada por Francia en favor de EDF (DO 2016, L 34, p. 152).

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

La Audiencia de Navarra desestima el recurso presentado por diez simpatizantes de Indar Gorri contra su enjuiciamiento2018-01-17
El fiscal solicita 2 años de prisión para 11 inculpados por un supuesto delito de pertenencia a grupo criminal

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha desestimado el recurso presentado por 10 investigados (imputados) simpatizantes del grupo Indar Gorri contra la decisión del juez instructor de enjuiciarles por un supuesto delito de pertenencia a grupo criminal.

Tras esta decisión, contra la que no cabe recurso, 11 procesados —uno no recurrió— serán juzgados en los próximos meses en el Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona.

En abril, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona consideró que había indicios para procesar a 21 encausados por un supuesto delito de integración en grupo criminal ya que, con la excusa del seguimiento a Osasuna, se desplazaban por diferentes ciudades con la finalidad de “cometer delitos de lesiones, sin importarles su gravedad”, o participar en riñas tumultuarias “buscando el enfrentamiento físico y violento con los grupos extremistas contrarios”.

Posteriormente, en junio, el Ministerio Fiscal presentó escrito de acusación contra 11 de los 21 encausados, de forma que el procedimiento se archivó respecto de los otros 10 al no pesar sobre estos imputación alguna. Entre otros supuestos delitos, en sus conclusiones provisionales, la fiscal encargada el caso solicitó 2 años de prisión para cada inculpado por pertenencia a grupo criminal.

El juez instructor basó sus imputaciones en el análisis del contenido de las comunicaciones telefónicas intervenidas, los movimientos de la cuenta bancaria del grupo, los datos de geoposicionamiento de los teléfonos móviles, el contenido de los móviles intervenidos y los documentos incautados en los registros.

Para la Audiencia, existe base razonable suficiente para el enjuiciamiento ante los indicios de comisión de un delito imputable a unas personas determinadas, sin que se aprecie indefensión alguna.

Según argumentan los magistrados, “con todas las prevenciones asociadas a un pronunciamiento necesariamente provisional, en cuanto emitido desde un conocimiento fragmentado e incompleto, susceptible por tanto de ser rebatido en una valoración más general que pueda resultar de un juicio público y contradictorio, no podemos considerar injustificada la propuesta efectuada por el [juez] instructor de que existen indicios de la posible participación delictiva” de los imputados recurrentes en “los hechos investigados, atendiendo a las pruebas practicadas”.

Las aseguradoras ofrecen indemnizaciones a la baja en la mayoría de los casos por accidente2018-01-16

Reclamar una indemnización a una compañía de seguros en caso de accidente de tráfico no siempre resulta sencillo, pues las aseguradoras acostumbran a ofrecer cantidades insuficientes por las lesiones sufridas y, además, aplican procesos de análisis de cada caso muy minuciosos para evitar situaciones de fraude. En este sentido, en el supuesto de haber sido víctima de un accidente de tráfico, la reclamación tendrá que estar basada en dos elementos clave: la culpabilidad y la gravedad de las lesiones.

Por un lado, la culpabilidad o no del asegurado en el accidente será el factor que decidirá si hay caso o no, es decir, si puede reclamar una indemnización o no. Para ello será necesario contar con el parte de la autoridad competente, o bien con un parte amistoso correctamente cumplimentado y firmado por las partes. También tendrán importancia los testimonios de eventuales testigos, así como las fotografías que se puedan haber tomado en el momento y lugar del accidente. Por otra parte, el informe de urgencias será una prueba de mucho peso a la hora de llevar a cabo la reclamación de indemnización por lesiones.

“Suele ser habitual que las aseguradoras ofrezcan indemnizaciones insuficientes a las personas que han sido víctimas de algún accidente de tráfico aprovechándose de su falta de conocimientos sobre la materia y sobre los baremos de compensación económica entre los que se mueven estas compañías dependiendo de las lesiones sufridas. Por eso es importante contar con el correspondiente asesoramiento legal a la hora de realizar la reclamación”, indica Fernando Sanahuja, abogado y socio de Sanahuja Miranda.

¿Cuáles son los pasos a seguir para recibir una indemnización?

  • Reclamar a la compañía aseguradora del vehículo causante y hacerle entrega de los correspondientes informes médicos de los que se disponga.
  • Recibir la visita de los servicios médicos de la aseguradora a la que se le está reclamando la indemnización. Este paso será obligatorio.
  • Una vez el asegurado haya sido sometido a las correspondientes pruebas médicas, la aseguradora le hará llegar una oferta desglosada basada en el informe médico realizado por la compañía.

En el caso de que no se estuviera conforme con la propuesta de indemnización recibida, el asegurado podría acudir al Instituto de Medicina Legal, donde de forma imparcial se analizarán las lesiones y se emitirá un informe que pagará la aseguradora. Si el documento diera más importancia a las lesiones, se debería renegociar una nueva indemnización al alza. En el caso de no estar conformes con el informe del Instituto de Medicina Legal, el reclamante podría solicitar los servicios de un perito para fundamentar su estrategia legal por la vía judicial.

Eso sí, el reclamante tendrá que saber en todo momento que un intento de fraude a la compañía de seguros puede llegar a acarrear penas de prisión. De hecho, el de automóviles es el segmento en el que son más habituales los intentos de fraude por la simulación de robo de vehículos (4 de cada 100 casos) o por tratar de agravar los daños o lesiones corporales producidas en un accidente (6 de cada 100).

La primera Junta de Gobierno del Colegio de Madrid crea 20 Comisiones de Trabajo para desarrollar su programa2018-01-16
  • Se crea una Portavocía, un Portal de Transparencia y canales de comunicación para los colegiados con los diputados
  • La próxima reunión de la Junta será el 25 de enero

Ayer se celebró la primera Junta de Gobierno para el desarrollo del programa electoral, para lo que inicialmente se han distribuido tareas en distintas Comisiones de Trabajo, que estarán coordinadas por un diputado de la Junta de Gobierno, y serán las siguientes:

  1. Turno de Oficio, Justicia Gratuita y Extranjería
    • Asistencia Letrada al Detenido: es de máxima prioridad para esta Junta de Gobierno, que equiparará este servicio a las ‘urgencias sanitarias’; se reforzarán las relaciones con el resto de instituciones que intervienen en el proceso, con el fin de conseguir la mejora de condiciones de las guardias de los abogados del TO.
  2. Deontología
  3. Formación, Centro de Estudios y Universidad: se ocupará de diseñar la nueva oferta formativa y de coordinar con grandes firmas la designación de profesores que impartan clases gratuitas.
  4. Marketing y Comunicación: se crea una Portavocía y se reforzarán las relaciones con los medios de comunicación.
  5. Relaciones Internacionales: se reforzará la imagen internacional del que es el mayor Colegio de Abogados de Europa.
  6. Biblioteca y Gestión del Conocimiento: se dotará a los colegiados de las mejores bases de datos.
  7. Abogados de Empresa
  8. Secretaría de Juntas y Servicios Jurídicos
  9. Tesorería
  10. Honorarios
  11. Secciones: se revisarán para que sean los mejores foros de especialización.
  12. Responsabilidad Social e Igualdad
  13. Medios Alternativos de Resolución de Disputas: Arbitraje y Mediación
  14. Relaciones Institucionales
  15. MUSA Mutua Sanitaria: potenciará las relaciones con la Mutua para contribuir a la mejora de su servicio a los colegiados.
  16. Tecnologías de la Información y Comunicación: trabajará en la necesidad de que la web institucional se convierta en un canal eficaz de servicios online para el colegiado.
  17. Relaciones con el personal laboral del Colegio: procurará que la Institución, que cuenta con casi 200 empleados, preste un servicio a los colegiados con la mayor calidad posible y con menor carga burocrática.
  18. Relaciones con la Administración de Justicia: potenciará el lugar que ocupan los abogados madrileños ante el resto de operadores jurídicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demás estamentos de representación.
  19. Enlace con los Jóvenes Abogados: que trabajarán con autonomía y con representación en las Juntas de Gobierno a través de su presidente.
  20. Defensor de la Abogacía: estará representado en la figura del Decano para identificar conductas de indefensión que sufren los abogados madrileños en su ejercicio profesional y adoptar las medidas necesarias para evitarlo.

Presupuesto, Transparencia, cercanía y control

En la reunión se han revisado las principales partidas del Presupuesto 2018 de la Corporación. En la próxima Junta, que tendrá lugar el 25 de enero, habrá un acuerdo definitivo sobre el control de gastos.

Se ha acordado, asimismo, la creación de un Portal de Transparencia para revisar los contratos y acuerdos contraídos con empresas y otras instituciones, así como el control de gastos acorde con la legislación vigente. Todo ello con la finalidad de dotar de una mayor cercanía y un sentimiento de ‘responsabilidad del gasto’ a los colegiados con las cuotas colegiales y recursos de la institución.

Con este mismo objetivo de transparencia y cercanía, se ha habilitado un correo electrónico para que los colegiados trasladen sus propuestas a la Junta de Gobierno.

Otros asuntos tratados

La Junta de Gobierno, además de tratar cuestiones propias como expedientes de Deontología, Honorarios y Prestaciones Asistenciales, ha valorado la oportunidad de realizar una nueva edición de la Carrera Solidaria ‘Corre por lo Justo’, teniendo en cuenta el coste y el impacto en la ciudad. La decisión se tomará en los próximos días.

El 25 de enero tendrá lugar la segunda reunión de la Junta de José María Alonso, en la que se revisarán las primeras iniciativas puestas en marcha.

Acciones en 2017 de la Abogacía para prestigiar la profesión y defender los derechos de los ciudadanos2018-01-16

El Consejo General de la Abogacía Española como corporación de derecho público creada el 19 de junio de 1943 tiene entre sus funciones velar por el prestigio y correcto ejercicio de la profesión, así como por el cumplimiento de las obligaciones deontológicas de los abogados, defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y trabajar por una Justicia más ágil.

En el año 2017, el Consejo General de la Abogacía Española ha colaborado con diferentes instituciones y ha aportado su visión experta en el diseño de las políticas públicas en nombre del interés común. Estas son algunas de las acciones que se han llevado a cabo durante 2017:

  1. La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, presentó en febrero el Plan Estratégico de la Abogacía, una “hoja de ruta” para la Abogacía para el periodo 2017-2020 en la que, a través de cinco ejes estratégicos, se aborda el correcto ejercicio de la profesión, la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y el cumplimiento de las obligaciones deontológicas con la finalidad de trabajar por una Justicia más ágil, moderna y eficaz.
  2. La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española reunida en Barcelona en sesión celebrada el viernes 17 de febrero de 2017, y tras abordar el cambio de criterio que establece la aplicación del IVA al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita reclamó la suspensión inmediata del nuevo criterio de interpretación de la Dirección General de Tributos, para evitar perjuicios a los ciudadanos y a los abogados adscritos al Turno de Oficio.
  3. El Consejo General de la Abogacía Española firmó un convenio con UNESPA y TIREA  para estandarizar el proceso de remisión de documentos entre los letrados de las víctimas de accidentes de circulación y las aseguradoras. Este protocolo favorece la resolución extrajudicial de los accidentes donde alguna persona haya resultado herida o haya fallecido. Por lo tanto, beneficia a las personas afectadas, contribuye a reducir la litigiosidad y alivia la carga de trabajo de los juzgados en materia de siniestros de tránsito.
  4. La presidenta de la Abogacía presentó ante los diputados de la Comisión de Justicia las cinco grandes áreas de actuación para trabajar en la mejora de la Administración de Justicia. Victoria Ortega defendió consolidar la arquitectura institucional de garantías y derechos mediante una apuesta para promover la precisión técnica de las resoluciones judiciales a través de la especialización de los órganos judiciales. Así como equiparar la Justicia a la excelencia y eficiencia del resto de servicios públicos. Promover la eficiencia operativa del servicio público de Justicia proponiendo transformar la actual estructura de planta y demarcación judicial y apostando por crear tribunales colegiados no provinciales tribunales de base o primer grado para atender los más numerosos e importantes asuntos para los ciudadanos. Alinear las políticas públicas en materia de Justicia a los estándares europeos y equiparar la Justicia a la excelencia y eficiencia del resto de servicios públicos.
  5. El Consejo General de la Abogacía Española presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el acuerdo del 25 de mayo de 2017 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se atribuye a determinados juzgados la competencia exclusiva en materia de cláusulas suelo.
  6. El Consejo General de la Abogacía Española presentó ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un recurso contra el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que permite la cesión a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) de información sobre la participación de abogados y procuradores en los más de 23 millones de procedimientos judiciales tramitados durante los años 2014, 2015 y 2016.
  7. La Comisión de Formación del Consejo General de la Abogacía Española elaboró y aprobó un Plan Formativo denominado “Conferencias de los lunes” que comenzó a desarrollarse a partir del mes de septiembre 2017 y mediante el cual se ofrece a los Colegios y a través de éstos a los colegiados, unas herramientas formativas de máxima calidad que faciliten el reciclaje permanente que el ejercicio de la abogacía requiere. Estas jornadas se encuentran entre las medidas recogidas en el Plan Estratégico de la Abogacía 2020.
  8. El Consejo General de la Abogacía Española organizó una jornada sobre ‘La ciberseguridad en la abogacía como elemento de la confianza digital: buenas prácticas y RSE’, organizada dentro del ciclo ‘Ciberseguridad y Abogacía’ en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE. En ella expertos juristas analizaron los retos a los que se enfrentan los abogados en materia de ciberseguridad y cómo afrontarlos. La jornada abordó la ciberseguridad en la abogacía desde la óptica de la confianza digital y responsabilidad social”.
  9. El Consejo General de la Abogacía Española reclamó al Ministerio de Economía que aprobara la orden ministerial que debe regular la creación del Órgano Centralizado de Prevención de blanqueo de capitales de la Abogacía. Así, la Abogacía reiteró su compromiso para cumplir con las obligaciones impuestas por la legislación contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y reafirmó su voluntad de colaborar con las Administraciones Públicas en la averiguación y persecución de estas conductas delictivas.
  10. El Consejo General de la Abogacía organizó el 9 de mayo una jornada en la que, con el título de ‘Abogacía en Igualdad’, se analizaron los factores de la desigualdad en la sociedad, en la justicia y en la Abogacía, y se hicieron propuestas para avanzar en igualdad. Desde la Abogacía se ha creado un Grupo de Trabajo de género para impulsar la igualdad, para incrementar la formación de los profesionales de la Abogacía en la perspectiva de género.
  11. Durante la segunda jornada del IV Congreso de Derechos Humanos de la Abogacía Española se presentó la Guía “Enfoque de Género en la Actuación Letrada”. Una Guía práctica para abogados que ha sido elaborada por María Martín González, abogada y responsable de la Comisión de Igualdad del Colegio de Abogados de Oviedo, y Elena Ocejo Álvarez, abogada y presidenta de la Asociación Abogadas para la Igualdad.
  12. “Derechos Humanos=Derechos en Igualdad” fue el lema que el Consejo General de la Abogacía utilizó para mostrar su firme compromiso con la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, como quedó demostrado en la entrega de los Premios Derechos Humanos 2017, que tuvieron lugar durante la Conferencia Anual de la Abogacía, dedicados este año de forma extraordinaria a la igualdad de género.
Un despacho logra una sentencia pionera en España a favor de un empresario contra Hacienda2018-01-15
  • El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz da la razón a un empresario que había recibido la visita de una inspección de la Agencia Tributaria, en este caso, con autorización judicial previa para la entrada
  • Lo novedoso de esta sentencia es que, a pesar de que existía un auto judicial previo autorizando la entrada, por diversos motivos, las actuaciones han sido consideradas ilegales por lesionar los derechos del contribuyente.

La firma gaditana, Alfonso Jiménez Abogados, ha obtenido una sentencia por la que se anulan las actuaciones realizadas por la Inspección de Hacienda, en concreto el volcado de datos informáticos en la sede de la empresa, y se establece la obligación de devolver los datos obtenidos al empresario.

En este caso, la Administración Tributaria realizó una visita a la sede social de una empresa de la provincia de Cádiz, dentro de un procedimiento inspector, habiendo obtenido previamente autorización judicial de entrada y estando presente el representante de la sociedad, procediendo a intervenir los equipos informáticos, tras las indicaciones recibidas de los representantes de la administración tributaria, en el sentido de que no cabía oposición a la actuación porque había sido autorizada previamente por el órgano judicial oportuno.

Tras la actuación del bufete gaditano, el Juzgado, inicialmente, aprobó la adopción de medidas cautelares, impidiendo a la Inspección el poder examinar los datos tomados de los ordenadores durante el transcurso del procedimiento.

Posteriormente, en el proceso principal, se ha logrado obtener el dictado de una sentencia por la que se anula la actuación de la Agencia Tributaria por haberse excedido en sus atribuciones, y ordenando la devolución de los datos tomados de sus ordenadores.

Cabe recordar que Hacienda puede acceder sin problema legal a los ordenadores de una empresa y extraer toda la información que considere relevante para realizar la inspección. No obstante, queda fuera de esta posibilidad de acceso directo aquellos ordenadores que se encuentren en el “domicilio constitucionalmente protegido”, para lo que hace falta, o el consentimiento previo y expreso del titular para el acceso de la inspección o, en su defecto, la correspondiente orden judicial.

Los cuatro puntos cardinales de la nueva abogacía2018-01-15

A juicio de los más importantes CEO de firmas legales internacionales…

Son 4 los hitos que están cambiando el sector legal.

1.- Transformación Digital, Avances Tecnológicos, Inteligencia Artificial, Mayor conectividad, robotización de tareas menos complejas, automatización y simplificación de los procesos de gestión de los Law Firms.

Todo esto conducirá a una progresiva reducción de los costes operacionales,  reduciendo poco a poco la ventaja que  han venido teniendo las pequeñas y medianas firmas legales, respecto a las grandes firmas legales.

¿Percibes esa urgencia?

¿Crees que la tecnología inundará todos los sectores productivos, incluido el sector legal?

¿O eres de los que creen que el sector legal nunca ha sido muy permeable a los avances tecnológicos y que la implantación de estos avances en el sector legal tardará más que en otros sectores?

¿Conoces la Ley de Moore (1965)? Gordon Moore fue un cofundador de Intel y manifestó que aproximadamente cada dos años se duplica el número de transistores en un microprocesador.

Lo que la Ley de Moore demuestra, es que llevamos vivido 50 años de crecimiento exponencial de las capacidades tecnológicas, a la vez de un abaratamiento exponencial de estos avances. Este crecimiento exponencial demuestra que durante estos primeros cincuenta primeros años los crecimientos han sido muy relevantes. Pero el problema de cualquier "crecimiento exponencial", es que los resultados,  son y van a ser, cada año, abrumadores si los comparamos con los años precedentes.

¿Qué tipo de tareas propias de una firma de abogados, son susceptibles de ser realizadas por un robot?

2.-  Un nuevo mercado laboral.

Los nuevos abogados, las nuevas generaciones, tienen otras inquietudes y necesidades: Entornos de trabajo más amables; planes de carrera alternativos y más flexibles, horarios part-time, contacto directo con el cliente, presencia más temprana en la estrategia de defensa y representación de los clientes, formación cualificada e intensa.

Este nuevo mercado laboral, no es una tendencia. La denominada cultura del esfuerzo ya no es lo que fue. Siguen queriendo ganar dinero, por supuesto, pero no quieren ganar dinero a cualquier coste. Los nuevos abogados valoran la calidad de vida. Y valoran más aún, tener una vida laboral y además, una vida personal, día a día.

3.-  Internacionalización.

Hasta hace 10 años un abogado de Valparaiso (Chile) o de Fulton (Illinois) podía ser abogado, ganar bastante dinero  y olvidarse de lo que pasaba en Santiago de Chile o Chicago. Hoy no se lo puede permitir. Y en cinco años, no más, ese abogado, no solo tendrá que pensar en firmas que le den cobertura en USA o LatAm, sino que además, necesitará cobertura legal en todo el mundo.

En los últimos 10 años, una pequeña firma como ILP Abogados, ha estado trabajando estrechamente con Law Firms de Europa y LatAm (Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, México...) Gracias a esa cobertura legal de confianza, no hemos perdido clientes que estuvieron muy cerca de trabajar con grandes Firmas internacionales.

Con frecuencia, el cliente ya no quiere tratar con las firmas legales de otros países, y nos pide  coordinar todo el asesoramiento legal internacional.

4.- El Cliente. El nuevo concepto de Cliente.

¿Qué ha pasado con el cliente?

En primer lugar asume que ha venido pagando demasiados honorarios. Y que en lo sucesivo va a pagar menos.

Además demanda que el abogado asuma, o todo, o al menos parte del riesgo de las transacciones. Cada vez demanda formas más sofisticadas de facturar. Además demanda del abogado no solo una evaluación legal, sino también asesoramiento  colateral, oportunidades de negocio, contactos... Y también que el abogado le facilite el acceso a profesionales de otras disciplinas.

Y a veces, con más frecuencia de lo que parece, exige "magia", soluciones a problemas imposibles.

La Audiencia Nacional absuelve a los exdirectivos de Abengoa de los delitos de administración desleal o apropiación indebida2018-01-15
El tribunal considera que las indemnizaciones abonadas al expresidente y al ex consejero delegado de la entidad se adecuaban a la normativa existente

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Nacional ha absuelto a la excúpula de Abengoa en el juicio por las indemnizaciones abonadas al expresidente Felipe Benjumea y al exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega. La Fiscalía pedía cinco años de prisión para el primero, 4 años y tres meses para el segundo y cuatro años para los miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones Mercedes Gracia Diez, Alicia Velarde Valiente y Antonio Fornielles Melero. Estaban acusados de los delitos de administración desleal o apropiación indebida.  

El tribunal les absuelve al entender que no ha quedado acreditada la administración desleal de los bienes de Abengoa y que esas indemnizaciones se adecuaban a la normativa legal y contractual exstente. 

Los hechos juzgados se remontan a 2015, cuando se formalizó la salida de la entidad del presidente Felipe Benjumea y del consejero delegado Sánchez Ortega. Las cláusulas de los contratos firmados contenían indemnizaciones por cese anticipado de 11, 4 millones de euros en el caso del primero y 4,4 en el del segundo, a las que, según el fiscal, no tenían derecho y no se correspondían con el estado por el que atravesaba la empresa, que tuvo que acogerse al preconcurso de acreedores. 

En la sentencia, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal consideran que no ha quedado acreditado que los contratos mercantiles de consejeros ejecutivos de 23 de febrero de 2015 fueran concebidos y elaborados para favorecer “improcedentemente” al entonces presidente ejecutivo de Abengoa Felipe Benjumea ni al entonces consejero delegado de la entidad Antonio Manuel Sánchez Ortega, puesto que venían impuestos por la reforma, por Ley 31/2014 de 3 de diciembre, del Real Decreto Legislativo 1/2010 de julio por la que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

Esos contratos, según explica el Tribunal, fueron confeccionados con los debidos asesoramientos técnicos internos y externos, sin que aparezca, dicen, que los acusados intervinieran en la redacción de sus cláusulas, cláusulas que en su aspecto económico recogían estipulaciones ya establecidas o bien imperantes en la mayoría de las sociedades mercantiles de similares perfiles. 

En relación con los tres miembros de la Comisión de Nombramientos y Remuneraciones, la Sala entiende que tampoco ha quedado acreditado que actuaran “torticeramente en el proceso de proposición de los acuerdos relativos a la elaboración de los mencionados contratos mercantiles”. 

Los jueces recuerdan que contaron con el correspondiente asesoramiento técnico a efectos de “posterior aprobación por el Consejo de Administración, se adecuaban a lo establecido en la normativa legal y contractual aplicable”.

La actividad concursal en España se estabiliza en 2017 en los 4.000 procedimientos anuales2018-01-12

El número de concursos de empresas publicados en España durante 2017 descendió un 0,4% hasta las 3.943 insolvencias, una cifra muy similar a la registrada en 2016, cuando se alcanzaron los 3.960 concursos. La actividad también cayó durante el último trimestre del pasado año, concretamente un 6%, al pasar de los 1.196 del mismo periodo de 2016 a los 1.129 registrados en 2017. Estas son algunas de las cifras que se desprenden del Baremo concursal 2017, elaborado por PwC a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Distribución geográfica de los concursos de empresas publicados en el año 2017

Para Enrique Bujidos, socio responsable de Reestructuraciones de PwC, "las cifras de 2017 marcan una estabilización en el número de los concursos. Aunque los procedimientos han caído en tres de los cuatro trimestres del año, se trata de descensos mucho más pequeños que los que se venían produciendo en años anteriores, y todo indica que la actividad se mantendrá estable en torno a los 4.000 concursos anuales".

Por comunidades autónomas, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana fueron las regiones con mayor actividad concursal durante 2017 y aglutinaron la mitad (51%) del total de concursos publicados en este periodo (19%, 18% y 15%, respectivamente). Les sigue, de cerca, Andalucía con un 11%.

Cabe destacar el incremento de los concursos en la Comunidad de Madrid, donde se registraron un total de 100 concursos, un 16% más respecto al año anterior.  La Región de Murcia, con un 70% de aumento en la actividad concursal -y 56 concursos registrados-, fue la comunidad donde más se incrementaron los procedimientos en términos porcentuales, en comparación con el año anterior.

Respecto a la distribución por sectores, el de servicios fue el que más concursos aglutinó (1.048) y representó un 27% del total en 2017. Por su parte, dos de los sectores que históricamente han registrado mayor actividad -el de la construcción y el inmobiliario- mantuvieron su relevancia respecto del total. Entre los dos aglutinan el 27% de procedimientos publicados en España (14% y 13%, respectivamente) en 2017. Sin embargo, también son los sectores que han registrado una mayor reducción de concursos en términos porcentuales, con descensos del 6% y del 12% respecto a 2016.  

En cuanto al tamaño de las empresas en concurso en 2017, continúa la tendencia registrada en años anteriores y el 64% de los concursos fueron de compañías con un activo inferior a 2 millones de euros. Mientras, las empresas con un activo superior a 30 millones de euros, solo representan el 2% del total. Además, destaca el incremento -45%- de la actividad concursal en empresas con un activo superior a los 50 millones.

Precisamente, este incremento ha redundado en un aumento del 6% del promedio de valor del activo de las empresas en concurso, que pasa de 3,4 millones de euros en 2016 a 3,6 millones en 2017.  

Por último, las empresas con plantillas de hasta 50 empleados fueron las que se vieron más afectadas por las quiebras empresariales en este periodo (65%), mientras que el menor porcentaje lo tuvieron aquellas con hasta 250 empleados, con el 4% del total. 

Análisis por provincia:

Análisis por Comunidad Autónoma:

“Articularemos las medidas necesarias para aliviar la situación de dificultad y de desamparo que están sufriendo muchos compañeros”2018-01-12

La del pasado 13 de diciembre fue una jornada agridulce para José María Alonso. La alegría por haber logrado el apoyo de la Abogacía Madrileña para ser su nuevo decano, se vio en parte ensombrecida por los tristes incidentes acaecidos en el hall del hotel, por la presunta agresión física y verbal que sufrió la decana saliente, Sonia Gumpert. A la espera de lo que sobre estos hechos resuelvan los tribunales, Alonso, que desarrolla su actividad profesional como socio de Baker Mckenzie, prefiere mirar hacia el futuro y comenzar a trabajar desde el minuto uno “para que los resultados de nuestra gestión sean percibidos a la mayor brevedad por la Abogacía madrileña”.

¿Qué balance puede ofrecernos acerca de la campaña electoral y la propia jornada de las elecciones?

Pues fíjese, es mi deber y mi responsabilidad superar las diferencias entre compañeros que se han podido manifestar en campaña y mirar adelante. ¿Habría preferido que determinadas formas o acusaciones infundadas no hubiesen estado presentes semana tras semana? Pero pienso que precisamente uno de los elementos que contribuyeron a que nuestra candidatura tuviese el apoyo mayoritario de la Abogacía madrileña, fue un estilo claro y un discurso permanentemente positivo y constructivo que nos permitió visualizar nuestro programa como el más completo y el más ambicioso. De la jornada electoral quiero hacer la reflexión de un índice de participación manifiestamente mejorable que desde este preciso momento, y a esta Junta de Gobierno,  llevará a poner todos los medios para que en los próximos comicios sea más o mucho más elevado.

¿Cuál es su versión de lo ocurrido el 13 de diciembre y la denuncia por agresión que ha terminado en los tribunales?

En relación con los desgraciados hechos denunciados en el hall del hotel, lo primero que quiero dejar claro es que fueron enteramente ajenos al limpio desarrollo del proceso electoral. Desde luego, esta Junta de Gobierno quiere manifestar su más enérgica condena de toda forma de violencia verbal o física que se haya podido producir, máxime, y por razones obvias y evidentes, si ha podido afectar a la que ha sido primera autoridad de la institución colegial. Esta Junta de Gobierno entrante no puede sino quedar a expensas de lo que decidan las autoridades judiciales competentes en relación con dicho lamentable episodio, en la medida de que la incoación de un procedimiento penal impide la iniciación de cualquier otra actuación sobre la misma materia.

Se está instalando una auténtica controversia en las elecciones al ICAM, más después de este desgraciado episodio. ¿Cree que esto puede llegar a modificar los proyectos que tiene en su programa como decano?

En absoluto. Como he anunciado, esta Junta de Gobierno va a afrontar de manera inmediata, con libertad de criterio y decisión, los hechos producidos, que son graves y trascendentes al afectar negativamente al Colegio como institución y a la Abogacía en su conjunto. Dicho esto, créame que, empezando por este Decano, estamos llenos de ilusión, estamos llenos de ideas, no tenemos tiempo que perder. Este proyecto de cambio está en marcha desde este preciso instante, y los resultados de nuestra gestión tienen que ser percibidos a la mayor brevedad por la Abogacía madrileña. Es nuestro compromiso y es nuestro contrato.

De más de 77.000 abogados que están en el censo, acudieron a votar menos de 6.000, con una bajada importante en la participación respecto a las anteriores elecciones. ¿Qué reflexión le merece esto?

Como le he anunciado, queremos y creemos en que el colegiado se involucre verdaderamente en la vida del ICAM. Pero para eso hay muchas cosas que cambiar. Cuando el abogado vea que la institución le resulta útil, que le está devolviendo y con creces lo que aporta con una cuota que cuesta tanto pagar en muchos casos, entonces nos aseguraremos de que la movilización en los futuros comicios sea algo casi natural, que venga por inercia. Ahora bien, no le quepa la menor duda que esta Junta de Gobierno trabajará activamente para introducir las adecuadas modificaciones en el sistema de voto por correo y telemático con un solo fin: facilitar el ejercicio del derecho al voto, porque así le daremos una mayor profundidad democrática al Colegio, y porque así todos saldremos ganando.

En su equipo de gobierno hay varios miembros de grandes firmas, y es algo de lo que se han servido sus adversarios durante la campaña para evidenciar que no sabrán ocuparse del abogado más modesto. ¿Qué puede decir al respecto?

Hasta puedo llegar a comprender que, en campaña, se haya abusado de la propaganda respecto de determinadas cuestiones dejando a un lado la verdad de los hechos. Pero es una satisfacción que la mayoría de colegiados haya distinguido lo primero de lo segundo. En primer lugar, nuestra idea es la de hacer más grande y más importante un ICAM que sea solidario, muy humano. En segundo término, eso significa que vamos a articular todas las medidas posibles y necesarias para aliviar la situación de dificultad y de desamparo que están sufriendo muchos compañeros, y ante los que vamos a ser especialmente sensibles, y este Decano en primera persona. Pero es que le termino diciendo, por ir directo a su pregunta, que esas grandes firmas a las que usted se refiere se han comprometido con esta nueva Junta de Gobierno a ayudar generosa y altruistamente en el Colegio a aportar su talento, su know how y sus mejores profesionales para que vuelquen su experiencia y aporten sus activos, por ejemplo, en algo tan decisivo como la formación.

La vicedecana, Begoña Castro, formó parte del equipo de Gobierno de Gumpert. ¿Se prevé alguna continuidad?

Lo dije en campaña y lo repito. Nuestra intención en absoluto pasa por eso que se llama levantar alfombras o por hacer una auditoría de las cuentas del ICAM, como se llegó a publicar sin fundamento, porque las cuentas están auditadas. Dicho lo cual, las cosas que funcionan bien en el ICAM por supuesto que las mantendremos y en todo caso las potenciaremos. Y hay cosas que no funcionan, muchas. El mandato que tenemos es el de cambiarlas desde una vocación de transformación y de progreso que es la que siempre me ha guiado profesionalmente.

¿Qué cree que el anterior equipo haya hecho muy bien en beneficio de los abogados de Madrid?

Pues mire, seguramente el anterior equipo ha puesto todo su empeño, todos sus conocimientos, y ha dado lo mejor de sí para mejorar el Colegio. Y aquello que constatemos que se ha hecho muy bien y que ha sido muy beneficioso, como usted señala, no dude que lo mantendremos.

¿Cuál será su innovación más fuerte en el Colegio?

Quizá le sorprenda lo que le voy a responder, pero lo más innovador es y será nuestra actitud. Nuestra visión y nuestra misión de convertir la Abogacía madrileña, con mayúsculas, en uno de los poderes más relevantes, más influyentes de la sociedad madrileña y española. Si nuestra actitud nos convierte en un actor fuerte y respetado, el logro de todos cuantos objetivos planteamos en el programa vendrán por añadidura. Winston Churchill decía que "la actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia". Empecemos por ahí.

¿Qué planes tiene para con el Turno de Oficio?

Mejoraremos las condiciones en las que los abogados del turno prestan su servicio y la calidad del mismo. Propugnaremos que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita sea nuevamente reformada. Alcanzaremos mejoras de los baremos retributivos de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia y los plazos de pago. Tanto el Decano como el Defensor del Abogado estarán a plena disposición de los letrados ante posibles disfunciones en la colaboración con los órganos judiciales, Fiscalía, comisarías de Policía y comandancias de la Guardia Civil. En nuestro programa recogemos sustancialmente las propuestas de Altodo: las más completas y eficaces.

¿Y para la formación, y los jóvenes?

La Agrupación de Jóvenes Abogados tendrá voz y voto por vez primera. Firmaremos convenios con Universidades, estableceremos programas de mentoring con letrados experimentados y de prestigio, facilitaremos las condiciones para que puedan sufragar sus gastos de establecimiento y formación. Y facilitaremos el pago de cuotas, flexibilizando y haciendo descuentos progresivos para aquellos letrados que justifiquen falta de recursos. Los jóvenes son una de nuestras principales fuentes de motivación. Respecto del Centro de Formación, elevaremos su calidad, lo prestigiaremos. Será el referente de la Abogacía en formación. La Escuela de Práctica Jurídica será reconocida como un centro de excelencia educativa. Para el profesorado va a constituir un verdadero orgullo dar clases en el ICAM. Se realizarán exhaustivos procesos de selección y evaluación para contar con los mejores profesores disponibles. Mejoraremos la oferta para formar a colegiados con perfiles competitivos y actualizados a las demandas del sector y del mercado. Nuestro objetivo es socializar el Centro de Formación.

¿Tiene previsto crear nuevas secciones?

Es muy probable, pero primero hay que revisar las ya existentes; analizar su conveniencia; ver su nivel de funcionamiento; e introducir los cambios que sean necesarios.  Una vez hecho esto, valoraremos la oportunidad o no de crear nuevas secciones.  Lo importante no es que haya muchas, sino que las que haya funcionen con un alto nivel de excelencia y que sean verdaderamente útiles para los que formen parte de ellas.

Las novedades en el IRPF y Patrimonio en 20182018-01-12

Con el nuevo año comienzan a establecerse las medidas que regirán durante el siguiente periodo fiscal. Desde la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España (AECE) se analizan algunas de las novedades fiscales que trae el 2018.

El próximo 16 de enero finaliza el periodo de información pública del Proyecto de Orden, por el que entran en vigor los modelos de declaración del IRPF y del Patrimonio del ejercicio 2017. Entre las principales modificaciones analizadas por la AECE se encuentran:

  1. Plazos de presentación: A partir de ahora, el plazo de presentación del borrador de declaración y de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estará comprendido entre el 4 de abril y 2 de julio de 2018, ambos inclusive. Para las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio rige el mismo plazo.
  2. Domiciliación bancaria: Para ambas declaraciones podrá realizarse desde el día 4 de abril hasta el 27 de junio de 2018, ambos inclusive.
  3. Modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: En primer lugar, cabe destacar la creación de un nuevo anexo “C” que recopila aquella información tributaria trascendente para ejercicios futuros que hasta ahora se recogía en distintos apartados del modelo de declaración. Por otro lado, se incluye un nuevo subapartado en la sección de ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales a integrar en la base imponible del ahorro. “Este servirá para consignar las ganancias y pérdidas derivadas de la transmisión de los derechos de suscripción preferente”, puntualizan desde AECE.
  4. Posibilidad de solicitar la rectificación de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Cuando el contribuyente haya cometido errores u omisiones que determinen una mayor devolución a su favor o un menor ingreso, para los periodos impositivos 2017 y siguientes, a través de Renta Web y de los programas de presentación desarrollados por terceros.
  5. Obtención del número de referencia: Este año, como novedad, deberá comunicarse la fecha de caducidad de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

“Son muchas las modificaciones, aunque de pequeño calado, que entran en vigor. Así, los contribuyentes deben tener en cuenta las novedades en materia de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio. Este último volverá a ser exigible para el ejercicio 2017 y declarado en 2018, sometido a los condicionantes establecidos en cada Comunidad Autónoma, al ser un impuesto cedido que tiene una incidencia notable en la financiación presupuestaria.”, expone Juan Carlos Berrocal, presidente de AECE en funciones.

Como en años anteriores, se mantienen algunos aspectos de la normativa fiscal. Todos los contribuyentes, podrán obtener el borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración (RentaWEB). Por otro lado, se podrá acceder al borrador y a los datos fiscales, desde el primer día de la campaña de renta, utilizando el certificado electrónico reconocido, “Cl@ve PIN” o el número de referencia.  En cuanto a la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, el modelo que se aprueba en esta orden mantiene la estructura de contenidos de la declaración del ejercicio anterior, así como la forma de presentación exclusiva de las declaraciones a través de Internet.

Las aseguradoras ofrecen indemnizaciones a la baja en la mayoría de los casos por accidente2018-01-11

Reclamar una indemnización a una compañía de seguros en caso de accidente de tráfico no siempre resulta sencillo, pues las aseguradoras acostumbran a ofrecer cantidades insuficientes por las lesiones sufridas y, además, aplican procesos de análisis de cada caso muy minuciosos para evitar situaciones de fraude. En este sentido, en el supuesto de haber sido víctima de un accidente de tráfico, la reclamación tendrá que estar basada en dos elementos clave: la culpabilidad y la gravedad de las lesiones.

Por un lado, la culpabilidad o no del asegurado en el accidente será el factor que decidirá si hay caso o no, es decir, si puede reclamar una indemnización o no. Para ello será necesario contar con el parte de la autoridad competente, o bien con un parte amistoso correctamente cumplimentado y firmado por las partes. También tendrán importancia los testimonios de eventuales testigos, así como las fotografías que se puedan haber tomado en el momento y lugar del accidente. Por otra parte, el informe de urgencias será una prueba de mucho peso a la hora de llevar a cabo la reclamación de indemnización por lesiones.

“Suele ser habitual que las aseguradoras ofrezcan indemnizaciones insuficientes a las personas que han sido víctimas de algún accidente de tráfico aprovechándose de su falta de conocimientos sobre la materia y sobre los baremos de compensación económica entre los que se mueven estas compañías dependiendo de las lesiones sufridas. Por eso es importante contar con el correspondiente asesoramiento legal a la hora de realizar la reclamación”, indica Fernando Sanahuja, abogado y socio de Sanahuja Miranda.

¿Cuáles son los pasos a seguir para recibir una indemnización?

  • Reclamar a la compañía aseguradora del vehículo causante y hacerle entrega de los correspondientes informes médicos de los que se disponga.
  • Recibir la visita de los servicios médicos de la aseguradora a la que se le está reclamando la indemnización. Este paso será obligatorio.
  • Una vez el asegurado haya sido sometido a las correspondientes pruebas médicas, la aseguradora le hará llegar una oferta desglosada basada en el informe médico realizado por la compañía.

En el caso de que no se estuviera conforme con la propuesta de indemnización recibida, el asegurado podría acudir al Instituto de Medicina Legal, donde de forma imparcial se analizarán las lesiones y se emitirá un informe que pagará la aseguradora. Si el documento diera más importancia a las lesiones, se debería renegociar una nueva indemnización al alza. En el caso de no estar conformes con el informe del Instituto de Medicina Legal, el reclamante podría solicitar los servicios de un perito para fundamentar su estrategia legal por la vía judicial.

Eso sí, el reclamante tendrá que saber en todo momento que un intento de fraude a la compañía de seguros puede llegar a acarrear penas de prisión. De hecho, el de automóviles es el segmento en el que son más habituales los intentos de fraude por la simulación de robo de vehículos (4 de cada 100 casos) o por tratar de agravar los daños o lesiones corporales producidas en un accidente (6 de cada 100).

El Colegio de Oviedo lanza un manifiesto para que el Código Civil deje de considerar a los animales como cosas2018-01-11

El Colegio de Abogados de Oviedo, a través de su Comisión de Derecho Animal, ha promovido el manifiesto titulado “La superación del Estatuto Jurídico Civil del animal-cosa como forma de resolución de conflictos” en el que se exige la urgente actualización del Código Civil para que este texto legal deje de considerar como cosas a los animales. El documento ha sido respaldado hasta la fecha por los colegios de abogados de Madrid, Álava, Vigo, Lanzarote, Reus, Córdoba y Talavera.

El texto promovido por el ICA Oviedo hace alusión a la necesidad de actualizar la legislación civil ya que “la superación de este anacrónico estatuto jurídico del animal como cosa supondrá no ya sólo adecuarnos al sentir social, ético y jurídico actual, sino también servirá para poner solución a los no poco problemas jurídicos que surgen en la resolución de conflictos privados”.

Se añade también que “para el todavía vigente Código Civil español, los animales son bienes muebles, semovientes, que pueden ser objeto de apropiación conforme a lo dispuesto en los artículos 610 y siguientes de este texto legal. Teniendo en cuenta la época en la que fueron redactados sus preceptos, no es de extrañar que nuestro Código Civil disponga, en relación con los animales domésticos o amansados, que si no tienen la costumbre de regresar (consuetudo revertendi), es decir, si no tienen dueño conocido, puedan ser objeto de apropiación mediante la ocupación como forma de adquirir la propiedad, y que puedan ser considerados res nullius, o que se les aplique lo dispuesto artículo 615 del Código Civil para el hallazgo”.

Desde el ICA Oviedo se entiende que “este estatuto jurídico-civil del animal-cosa entra en contradicción, en muchos casos, con las leyes autonómicas de protección animal e incluso con el propio Código Penal. Ambas leyes prevalecen aplicativamente como lex specialis y lex posterior sobre el Código Civil, que además debe ser interpretado conforme el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que ya desde 2009 reconoce a los animales como seres sensibles”.

Desde el punto de vista práctico, “las situaciones en las que los tribunales están llamados a aplicar esta arcaica legislación civil en relación con los animales, y a resolver los conflictos asociados a su tenencia, no se agotan aquí sino que abarcan multitud de supuestos”.

El manifiesto concluye recordando que “el tenor literal del Código Civil de 1889 no es capaz de dar una respuesta legal adecuada a los múltiples conflictos actuales que se derivan de la convivencia entre personas y animales”. Por este motivo, los firmantes del manifiesto solicitan “ al legislador nacional que de manera urgente, modernice y actualice la legislación civil acorde al tiempo en el que tiene que ser ejecutada, ofreciendo a los aplicadores del Derecho un criterio congruente para resolver los conflictos que, como hemos visto, se dan en el día a día judicial, y que por el momento obligan a los tribunales a tener que aplicar una legislación que, por no contemplar los intereses más básicos de los animales, resulta anticuada y muy alejada del actual sentir social”.

La campaña “Animales NO son Cosas” del Observatorio Justicia y Defensa Animal y la Fundación Affinity, que promovió la puesta en marcha esta reforma legal, se inició hace 3 años y ya cuenta con 350.000 apoyos ciudadanos. Actualmente esta reforma legal se encuentra en fase de tramitación parlamentaria y se espera que en los próximos meses sea finalmente aprobada.

José Mújica y Reporteros Sin Fronteras, premios Abogados de Atocha 20182018-01-11

La Fundación Abogados de Atocha entregará sus premios anuales ‘Abogados de Atocha’ al presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, José Alberto Mújica Cordano, y a Reporteros Sin Fronteras, por “su lucha por la libertad de prensa”.

Según ha informado CCOO, el miércoles 24 de enero, coincidiendo con la conmemoración del 41 aniversario del atentado contra los abogados laboralistas de la calle Atocha, el Auditorio Marcelino Camacho acogerá a partir de las 11 horas el homenaje anual y la entrega de premios que concede anualmente la Fundación Abogados de Atocha de CCOO de Madrid.

Este premio, que cada año reconoce a “aquellas personas e instituciones que de una u otra manera lucharon por la democracia, la libertad y los derechos de todos”, consiste en una reproducción en bronce del conocido cuadro ‘El Abrazo’ del artista valenciano Juan Genovés.

Un cuadro del que también se hizo la reproducción en escultura que se levanta en la Plaza de Antón Martín, al lado de Atocha 55, lugar en el que fueron asesinados los abogados laboralistas.

A lo largo de estos años CCOO y “más recientemente” la Fundación Abogados de Atocha impulsan una serie de actividades, actos y propuestas para poner en valor lo que supuso el trabajo desarrollado por estas personas y los despachos laboralistas en la recuperación de las libertades y la democracia en nuestro país.

Antes del acto central, como cada año, se realizará la visita a los cementerios de Carabanchel (8,30 horas), donde reposan los restos de Javier Sauquillo y Enrique Valdelvira y San Isidro (9,15 horas), donde descansan los de Luis Javier Benavides.

A las 10,00 h, se celebrará la tradicional ofrenda floral junto al monumento ‘El Abrazo’, de Juan Genovés, en la plaza de Antón Martín, a unos metros de Atocha 55, lugar donde se cometieron los asesinatos.

A partir de las 11,00 h se celebrará el Acto Central en el lugar ya indicado, Auditorio Marcelino Camacho, procediendo a la entrega de los Premios Abogados de Atocha, así como a los premiados en  Certamen Internacional de Narrativa Joven Abogados de Atocha.

El expresidente Pepe Mújica, por indicación de sus médicos no realizara ningún viaje a Europa durante el invierno, por lo cual no asistirá al acto del día 24, por lo que ese día se proyectará un vídeo con unas palabras y el galardón lo recogerá en un acto especifico con su presencia, previsto para la segunda quincena del mes de mayo.

Jausas interpone la primera demanda contra el Banco Santander “por enriquecimiento injusto” en la compra del Banco Popular2018-01-10

El despacho de abogados JAUSAS interpuso el pasado lunes en los Juzgados de Primera Instancia de Madrid la primera demanda contra el Banco Santander “por enriquecimiento injusto” en la compra del Banco Popular.

La demanda, bajo la dirección letrada del socio del área de Litigación Bancaria de JAUSAS, Jordi Ruiz de Villa, fue interpuesta por una persona viuda de 80 años de edad, jubilada desde 2002 que a lo largo de su vida profesional había ahorrado 50.000.-€ y en 2011 los invirtió en un bono de Banco Popular cuyos rendimientos debían complementar su pensión. Como consecuencia de la resolución del Banco Popular, los bonos fueron convertidos en acciones y vendidos (junto al resto de acciones) por un euro al banco Santander.

En la demanda se alega que el precio pagado por el Banco Santander era desproporcionadamente bajo porque el Banco Popular era y es un banco solvente, que, si se vio afectado por un proceso de resolución, fue por un problema de liquidez, no de solvencia. Según se especifica en la demanda, el Banco Santander aprovechó las limitaciones de la subasta dentro del proceso de resolución y, al quedarse como único postor, ofreció un precio irrisorio, muy por debajo del valor de mercado del Banco Popular, “causando un empobrecimiento” a todos los inversores que habían confiado en la entidad.

Según la demanda, el valor del banco se encuentra en el entorno de 4.500 millones de euros, a la vista de los diversos puntos de vista analizados, como son: el consenso de los analistas (en especial del propio Banco Santander) antes de la resolución, la valoración que se infiere de la presentación del propio Banco Santander tras la adquisición (4.265 millones de euros) y el incremento de valor de la acción del banco Santander tras la adquisición (4.634 millones de euros).

Por el contrario, lo que el Banco pagó no fue un euro, como se suele publicar, sino menos 2.030 millones de euros, ya que pagó un euro al tiempo que se cancelaban deudas del banco por importe de 2.030 millones de euros.

Como prueba de la descomunal desproporción entre lo pagado por el banco y su valor de mercado es que, el día antes de la resolución, había ofertas por valor de 2000 millones de euros (sin cancelar 2.030 millones de deuda).

Todo ello justifica la petición de que el Banco Santander indemnice a la demandante con el valor de los bonos a fecha 23 de mayo de 2017 (justo antes del descalabro de

la cotización) o subsidiariamente el 6 de junio de 2017 (el día antes de la resolución).

Para que exista enriquecimiento injusto es necesario que concurran tres elementos: el enriquecimiento de una persona (en este caso el Banco Santander) el correlativo empobrecimiento de otra (en este caso los tenedores de bonos y acciones) y la inexistencia de causa jurídica que justifique la atribución patrimonial.

Respecto de este último punto, el Tribunal Supremo viene admitiendo la existencia de enriquecimiento injusto en algunos casos, como por ejemplo en una subasta de un inmueble si se atribuye en subasta a un precio muy bajo y posteriormente se vende con grandes plusvalías al poco tiempo.

A juicio de Jordi Ruiz de Villa, “La constitución no ampara un principio de capitalismo puro en el que rigen y se incentivan operaciones mercantiles alejadas de la equidad que responden únicamente a una lógica de maximización de beneficios”, y posteriormente, añade “cuando al amparo de situaciones convulsas se pretende que un banco se beneficie con miles de millones de euros empobreciendo a más de 300.000 familias, el derecho tiene que reaccionar e indemnizar a los afectados por el empobrecimiento que han sufrido.”

¿Qué y a quién podrán reclamar los afectados por la nevada del día de Reyes en la AP6?2018-01-10

Después de la tempestad viene la calma, y ahora, con esa tranquilidad de haber llegado al destino, los afectados por la nevada que paralizó el tráfico en la AP6 a la altura de Segovia se preguntan a quién reclamar y el qué.
En este sentido, la primera recomendación expuesta por Legálitas sería esperar unos días, puesto que Fomento ha abierto un expediente a la concesionaria de la autopista (Iberpistas) para que les informe de lo ocurrido. Estudiado este informe por las autoridades se podrá tener una idea más clara sobre a quién reclamar, en función de la responsabilidad que se derive. Hasta entonces, será recomendable intentar probar nuestra presencia y los daños ocasionados mediante tickets, fotos, facturas y todo lo que se pueda aportar.
En cualquier caso, si se quiere iniciar ya una reclamación, desde Legálitas recomendamos lo siguiente:
¿A quién reclamar y de qué forma?
Lo aconsejable será presentar un escrito e iniciar una doble vía: por vía administrativa mediante una reclamación patrimonial; y por vía civil frente a la empresa concesionaria (Iberpistas) mediante una reclamación civil en vía extrajudicial. Serán los tribunales quienes marquen el devenir de los acontecimientos y deriven las responsabilidades oportunas.
Las dos vías son gratuitas en su inicio, no obstante, la vía civil si nuestra carta de reclamación no es atendida no tiene más alternativa que la presentación de una demanda en el Juzgado si persistimos en nuestra reclamación y, dependiendo del importe reclamado, deberíamos o no afrontar el coste de abogado y procurador.
Por vía administrativa, cabe reclamar y posteriormente interponer recurso si nuestra reclamación inicial no es atendida. En caso de desestimación podría terminar en la vía judicial contencioso administrativa. Por otro lado, es posible que la propia Administración derive la misma a la concesionaria de la autopista y sea por tanto quien, por vía civil, reciba finalmente todas las reclamaciones.
¿Qué reclamar?
Los propios afectados serán quienes deban acreditar los daños y cuantificarlos a la hora de pedir una compensación por lo ocurrido, de ahí la importancia de guardar facturas o comprobantes, incluido el recibo del peaje utilizado si es que se llegó a abonar.
La reclamación se hará por daños, materiales y morales, siendo estos últimos los más difíciles de cuantificar y probar. Podremos solicitar compensación por todos los daños demostrables quehayamos sufrido como consecuencia del problema: pérdida de un vuelo o un tren, noche de hotel que tuvieron que pagar aquellos que se quedaron atrapados, consumo extra de gasolina, etcétera.
Los afectados tienen el plazo de un año para poder iniciar su reclamación.
Precedentes
Pese a que los daños morales son más difíciles de cuantificar, existe un precedente en 2004, en el que un juez dio la razón a un conductor que se quedó atrapado por una nevada en la autopista AP1. En ese caso, la Audiencia Provincial de Burgos indemnizó al afectado con 150€ debido a las molestias que a este le causó quedarse atrapado durante numerosas horas en dicha carretera.

Novedosa sentencia por amianto en la que se condena a una empresa por daños a la salud de los vecinos2018-01-10

El tramo final de 2017 ha deparado una novedosa sentencia en materia de exposición a amianto, reconociéndose por primera vez en nuestro país una indemnización económica a personas afectadas por este sin que guardaran relación laboral alguna con la empresa generadora del mismo.

Concretamente, la sentencia ha sido emitida por la Sección 21º de la Audiencia Provincial de Madrid en el pasado diciembre, condenando a la empresa URALITA a pagar más de 2 millones de euros a 39 vecinos de las localidades de Cerdanyola del Vallés y Ripollet por enfermedades causadas por amianto, pese a no tener estos vinculación laboral con la misma.

Del total de 39 afectados a los que se hace mención en la sentencia, es posible diferenciar, por una parte, a los familiares de los trabajadores de la citada empresa que se vieron expuestos al amianto al inhalarlo en el lavado de la ropa contaminada que estos últimos traían a sus casas y, por otro lado, a los vecinos de las citadas localidades que fueron víctimas ambientales del trabajo al vivir o desarrollar su actividad laboral cerca de la fábrica de URALITA situada en Cerdanyola que estuvo en funcionamiento hasta el año 1997.

La demanda fue presentada por afectados o herederos de vecinos de la zona próxima a la fábrica que sufrieron enfermedades relacionadas con la exposición a amianto, tales como mesoteliomas, asbestosis o placas pleurales. Concretamente, en defensa de sus derechos esta se interpone en forma de demanda colectiva por Colectivo Ronda.

Las personas que contrajeron enfermedades estuvieron expuestas a fibras de amianto, las cuales están consideradas científicamente como agentes cancerígenos. La vía de entrada fue la inhalación a partir de ropa de trabajo contaminada con amianto lavada en los domicilios o el aire contaminado con ellas inhalado cerca de la fábrica.

La sentencia condena a URALITA por la realización de emisiones de amianto no controladas. Concretamente asienta que la empresa, pese a conocer el peligro que conllevaba su actividad “no actuó con la diligencia exigible al emitir sin el control adecuado al ambiente exterior las fibras de amianto de su explotación industrial”. Este hecho se sustenta en que ya desde los años 40 varias instituciones alertaron de la peligrosidad del amianto.

Asimismo manifiesta que “se ha estudiado científicamente que la mayor exposición a la inhalación de fibras de amianto en las localidades de Cerdanyola del Vallès y Ripollet ha provocado en dichas poblaciones una mayor incidencia” de las enfermedades relacionadas con esa sustancia. En relación a lo indicado, también cabe destacar, que en 2010, un juzgado de Madrid condenó a URALITA a indemnizar económicamente a medio centenar de vecinos de Cerdanyola y Ripollet por los daños en su salud derivados de la exposición al polvo de amianto generado por la fábrica pero finalmente la sentencia quedó revocada al considerarse prescrita la causa que la motivaba.

La Audiencia ha considerado en su valoración varios informes de carácter técnico relacionados con la presencia de amianto en el ambiente. El primero de ellos, del año 1977, ya hizo constar que por aquel entonces en las calles de esas poblacones se encontraban fibras de cemento y amianto debido a que en la fábrica de la empresa URALITA el polvo del proceso de molido se evacuaba al exterior sin hacer uso de filtros ni dispositivos de retención y recogida. De forma adicional, otros dos informes posteriores, emitidos respectivamente por los Ayuntamientos de esos municipios indicaron también la existencia de residuos de fibrocemento enterrados o esparcidos en la zona.

La sentencia obliga a URALITA a pagar a los enfermos o a sus herederos indemnizaciones que superan la cuantía superior de 2 millones de euros por los daños provocados por su fábrica situada en Cerdanyola, la cual estuvo en funcionamiento durante 90 años (entre 1907 y 1997), y constituye todo un precedente jurídico en materia de reclamación de daños extracontractuales causados a la ciudadanía por actividades laborales que generan emisiones no controladas de agentes peligrosos.

Desde una perspectiva social, supone una resolución de referencia a través de la cual se pretende que el dolor y el sufrimiento causados por la empresa por los daños para la salud ocasionados a las personas afectadas en las localidades en que se asentó su fábrica no queden impunes ante la acción de la justicia.

Asimismo, revoca la sentencia anteriormente dictada por el Juzgado de Primera Instancia 96 de Madrid en diciembre de 2015, que únicamente reconocía indemnizaciones para los familiares de los trabajadores de la empresa afectados por amianto, la cual fue recurrida en representación de vecinos, familiares expuestos al amianto y sus herederos por el despacho de abogados Colectivo Ronda.

Serveis Ferroviaris de Mallorca, condenado por vulnerar el derecho a huelga tras demanda de uso2018-01-09

Illes Balears ha visto reconocido, mediante sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Palma, el derecho de los trabajadores de los Serveis Ferroviaris de Mallorca a recibir los descuentos salariales que se les habían aplicado por ejercer su derecho a la huelga entre los meses de septiembre y noviembre de 2016.

En esas fechas, fueron convocados 18 paros parciales de una hora y diez minutos. Sin embargo, la empresa SFM descontó a los trabajadores que los secundaron horas completas de su salario e incluso la parte proporcional del descanso semanal en función de sus propios cálculos, no del tiempo efectivo del paro. La USO interpuso una demanda por vulneración del artículo 28.2 de la Constitución Española, que recoge el derecho fundamental al ejercicio de huelga, por considerar que este descuento salarial constituía una represalia encubierta por haber secundado las convocatorias.

La sentencia emitida por la mencionada Sala de lo Social es rotunda al declarar que “la empresa ha vulnerado la huelga (…) al efectuar el descuento salarial por horas enteras y no por las fracciones de tiempo que efectivamente participaron en la misma”, por lo que condena “a reponer a los trabajadores en las cuantías correspondientes”.

Desde USO-Illes Balears, consideran que “el Govern debería ser más responsable con los derechos fundamentales de los trabajadores; no solo de SFM, sino del resto de personal dependiente de la Comunidad Autónoma”.

El Tribunal Supremo confirma la intromisión ilegítima de Telecinco en el honor e intimidad de la escritora Lucía Etxebarría2018-01-09

La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha confirmado una condena a Mediaset a pagar 50.000 euros a la escritora Lucía Etxebarría por daños morales, al estimar que existió una intromisión ilegítima en su honor y en su intimidad personal y familiar en dos programas emitidos en Telecinco en agosto de 2013 (‘Sálvame Deluxe’ y ‘Sálvame Diario’) después de que Etxebarría abandonase el ‘reality show’ de la cadena llamado ‘Campamento de verano’.

El Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que a su vez ratificó el fallo del Juzgado de Primera Instancia. La resolución incluye también la condena de difundir el encabezamiento y fallo de la sentencia mediante su lectura en los programas ‘Sálvame Deluxe’ y ‘Sálvame diario’.

La intromisión en el honor y la intimidad se produjo por las revelaciones que hizo en dichos programas una actriz sobre aspectos relacionados con la vida privada de Etxebarría, que la desacreditaban ante la opinión pública como una persona descuidada con su higiene personal y la de su hogar.

La elevada litigiosidad en materia Mercantil marca el año2018-01-09

Con el cierre del año que acaba de concluir, llega el tiempo de poner el acento en las máximas jurisprudenciales de los ámbitos citados. La importante actividad Mercantil desencadenó en la puesta en funcionamiento de 54 nuevos juzgados de Primera Instancia.

Los asuntos de Familia y los relacionados con las hipotecas destacaron en materia Civil y se ha experimentado un incremento del número de litigios en los juzgados de lo Social, donde el caso Diego Porras despertó una gran atención. En el ámbito Fiscal, 2017 ofreció novedades relevantes en materia administrativa. Por su parte, la jurisdicción Contencioso-administrativa manifestó una sensible disminución de la litigiosidad, pero con interesantes y novedosos pronunciamientos, que sin duda continuarán a lo largo del nuevo año tras la reciente publicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Desde el ámbito Penal se puso en marcha la segunda instancia con la creación de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional y las Secciones de Apelación Penal en los Tribunales Superiores de Justicia. Por último, en materia de Compliance, nuestra Jurisprudencia no solo ha hecho eco de la novedad y expectación generada tras la declaración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que está jugando un papel protagonista a la hora de madurar y vislumbrar cómo se configura esa responsabilidad, que a día de hoy está superando la barrera del derecho penal para involucrar a todas las áreas afectadas por la actuación de una empresa éticamente responsable.

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Las sentencias están relacionadas entre sí, por lo que es posible conocer en torno a una resolución sentencias que se dictan en el mismo sentido y sentencias dictadas en sentido contrario. Hoy en día también es habitual encontrar ciertos temas que despiertan controversia entre los tribunales, pudiendo incluso seguir diferentes corrientes doctrinales. Herramientas como Aranzadi Fusión ofrecen esas corrientes en un contenido llamado máxima jurisprudencial, que te permite conocer la corriente doctrinal del tribunal.

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Subirán hasta cinco impuestos en 2018 con la actualización de los valores catastrales2018-01-08

Ayming, grupo internacional de Consultoría en la mejora del rendimiento empresarial, ha puesto de relieve en el día de hoy cómo afectará la actualización de los valores catastrales para 2018, tras la publicación el pasado 30  de diciembre en el BOE  del Real Decreto Ley 20/2017. Hasta cinco impuestos podrían verse afectados al alza.

La cantidad que pagan anualmente los propietarios de viviendas, locales y terrenos en concepto del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) subirá en 2018 en 1.296 municipios españoles, mientras que bajará en 534 localidades. Entre los municipios que revisarán al alza sus inmuebles figuran Valencia, Teruel, Logroño, Huesca, Huelva, Cádiz y Badajoz.

Los coeficientes de actualización de valores catastrales a que se refiere el apartado 2 del artículo 32 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, quedan fijados para 2018 con arreglo al siguiente cuadro:

 

 

“La aprobación de estos coeficientes de actualización de los valores catastrales para 2018 supone una medida que tiene repercusión inmediata en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ya que dicho impuesto se devenga el 1 de enero de cada año natural”,- ha declarado David García Vázquez, Responsable Fiscal de Ayming.

“Si tenemos un contribuyente que tiene un bien urbano en un municipio cuya ponencia de valores es del año 1990 (cuyo coeficiente de actualización catastral es de 1,08) y cuyo valor catastral es de 200.000 euros (suponiendo un tipo de gravamen del 0,075), va a pagar 120 euros más respecto al año 2017”,- prosiguió.

Por otro lado, indirectamente la subida del valor catastral va afectar a otra serie de tributos relacionados con bienes inmuebles para los que la determinación de la base imponible de estos impuestos, influye de forma más o menos directa la determinación del valor catastral. Entre otros podemos citar que en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), por ese mismo inmueble que tiene el contribuyente, si no se trata de su residencia habitual y suponiendo que tiene un valor catastral de 200.0000 euros, va a tener que declarar una imputación de renta inmobiliaria en el IRPF de 4.320 euros, en vez de 4.000 euros.

“Tenemos que tener en cuenta, comentó David García Vázquez, que en el IRPF la determinación de la renta inmobiliaria imputable que corresponda a cada uno de los inmuebles urbanos, se realiza mediante la aplicación de los siguientes porcentajes: 1) con carácter general el 2% del valor catastral del bien; 2) el 1,1 % en los siguientes supuestos: 2.1- inmuebles cuyos valores catastrales hayan sido revisados, modificados o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general y hayan entrado en vigor en el período impositivo o en el plazo de los diez períodos impositivos anteriores; 2.2-inmuebles que carezcan de valor catastral o éste no se hubiera notificado al contribuyente, la renta a imputar será el 1,1% sobre el 50% del mayor de los siguientes valores: el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos, o el precio, contraprestación o valor de la adquisición”.

Otros impuestos que pueden verse afectados son el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En estos impuestos, en la gran mayoría de Comunidades Autónomas de este país, la base imponible se determina por el valor que se establece en el catastro, multiplicado por los coeficientes fijados por cada Administración Autonómica. Así ocurre entre otras, en las siguientes Comunidades Autónomas de nuestro país: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, País Vasco.

A modo de ejemplo, si transmitimos un bien inmueble urbano cuyo valor catastral es de 200.000 euros, si tenemos que aplicar un coeficiente de actualización del 1,08 y aplicando un tipo impositivo del ITP del 6%, supone que el comprador va tener que pagar 960 euros más que si el mismo bien hubiese sido vendido a finales del 2017.

Finalmente, no debemos olvidar un impuesto muy polémico en el momento actual como es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana (IIVTNU), comúnmente denominado plusvalía, cuya base imponible de este impuesto se determina por el valor catastral que tiene el suelo. De tal manera que, si tenemos un contribuyente que tiene un bien que adquiere en el año 2.000 con un valor catastral del suelo de 60.000 euros, aplicando un coeficiente de actualización catastral del 1,08, de venderlo a finales del año 2017 a venderlo a comienzos del 2017, va suponer que aproximadamente tenga que pagar 1.231.20  euros más, si para el citado cálculo del IIVTNU solo tenemos en cuenta la normativa reguladora del IIVTNU que establece la Ley de Haciendas Locales.

Haciendo recopilación de todos los impuestos citados y teniendo en cuenta el supuesto práctico planteado, la subida del valor catastral en este caso puede suponer casi 1.500 euros de ingresos para las arcas de las distintas administraciones de nuestro país. Si extrapolamos este resultado para los 1.296 municipios afectados y teniendo en cuenta el número de bienes inmuebles que puede existir en cada municipio, podemos llegar hacernos una ligera idea del impacto económico que puede plantear esta medida. Por ello, David García Vázquez aconseja que se revise el cálculo del valor catastral de los inmuebles, ya que como hemos podido ver, las consecuencias tributarias de que el valor esté mal calculado no solo afecta exclusivamente para determinar la cuota tributaria del IBI, sino que pueden verse afectados otra serie de tributos como los citados.

El TSJ de Asturias anula la ordenanza municipal para el uso del bable en el concejo de Noreña2018-01-08

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado la ordenanza municipal para el uso de la lengua asturiana en el concejo de Noreña, que fue recurrida por un concejal del Partido Popular tras su aprobación por el pleno del Ayuntamiento en octubre de 2016, por considerarla no ajusta a derecho.

En la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo si se denuncia la infracción de legislación estatal o ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA si lo es por legislación autonómica,  se destaca que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre las competencias de un Ayuntamiento "no se incluye la de declarar la oficialidad de una lengua, sino que la Constitución expresamente establece que la declaración de oficialidad de cualquier lengua, al margen del castellano, corresponde a los Estatutos de cada Comunidad Autónoma”.

Asimismo la Sala constata la falta de una memoria económica aunque en dicha ordenanza haya indicios de que al aplicarse pueda suponer un coste para el municipio. La resolución impone las costas al Ayuntamiento de Noreña en un límite de 1.000 euros.

Mercantil 3 de Valencia publicita la subasta de bienes de Valenciana de Confort, en concurso de acreedores2018-01-08

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia ha acordado dar publicidad a la subasta de bienes inmuebles de la empresa Valenciana de Confort, S.A.U, en concurso de acreedores.

La subasta se celebrará el 25 de enero de 2018 a las diez de la mañana en la notaría de Dª María Isabel Merino Cubells, en la calle Transits 2 de Valencia. 

Los concursos de acreedores aumentan en Madrid y descienden en Barcelona en 20172018-01-05
  • El número de procedimientos de insolvencia declarados y concluidos en el mismo auto se ha incrementado un 4% en la Ciudad Condal y un 16% en Madrid con respecto a 2016.
  • Según el informe anual elaborado por Insolnet sobre Nombramientos de Administración Concursal, se agudiza la diferencia de activo concursado entre Madrid y Barcelona.

(Insolnet).- El Estudio de Nombramientos de Administración Concursal de 2017 señala que el número de concursos de acreedores publicados en el BOE ha sido dispar. En concreto, durante 2017 la actividad concursal descendió un 23% en la Ciudad Condal y aumentó un 9% en Madrid, en comparación con 2016.

Este trabajo lo ha llevado a cabo Insolnet Soluciones Concursales, sociedad profesional especializada en la prestación de servicios en el ámbito de la insolvencia, que realiza un balance anual y analiza el desarrollo de los procedimientos de insolvencia en Madrid y Barcelona, los territorios que concentran el mayor volumen de procesos concursales a nivel nacional.

Además, los procedimientos de insolvencia declarados y concluidos en el mismo auto se han incrementado un 4% en Barcelona y un 16% en Madrid. En total, el número de concursos declarados y concluidos alcanzaron durante el pasado año la cifra de 244 en Barcelona, lo que supone un 40% del total de sociedades concursadas, y de 159 en Madrid, lo que representa el 23% del total de sociedades concursadas.

Por su parte, el número de concursos de personas físicas deudoras declaradas insolventes durante 2017 ha sido de 167 en Barcelona y de 71 en Madrid. Pese al incremento con respecto a 2016, desde Insolnet apuntan que dichas cifras “no hacen más que constatar el fracaso de la reforma implantada, denominada de la segunda oportunidad”.

Disparidad del activo concursado en Madrid y Barcelona
              
En cuanto al activo de las empresas concursadas, el informe anual arroja una diferencia muy acusada entre Madrid y Barcelona. Según la información disponible de las últimas cuentas anuales depositadas en los Registros Mercantiles, el activo de las tres primeras empresas concursadas de Madrid durante 2017 fue de: 789.021.394,00 €, 492.334.594,00 € y 356.374.394,00 €, mientras que en Barcelona el tamaño de los activos fue de: 84.571.502,00 €, 47.319.880 € y 29.131.160,00€.

En total, las diez empresas concursadas con mayor activo en la capital representan el 64% del total de los activos concursados, frente al 42% que supone el tamaño de los activos concursados de las diez empresas de la Ciudad Condal.  

Fallece Aurelio Menéndez Menéndez, prestigioso jurista y colaborador de Thomson Reuters2018-01-05

El prestigioso jurista Aurelio Menéndez Menéndez falleció el 3 de enero en una clínica madrileña. Prestigioso jurista y colaborador de Thomson Reuters, Menéndez fundó con Rodrigo Uría González el despacho Uría y Menéndez.

Catedrático de Derecho Mercantil, fue ministro de Educación y Ciencia entre 1977 y 1979 durante el gobierno de Adolfo Suárez, magistrado del Tribunal Constitucional y recibió el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en 1994.

Entre sus numerosos reconocimientos destacan la medalla de Oro de la Universidad Autónoma o doctor honoris causa por las universidades de Oviedo y la Carlos III de Madrid.

Obras de Aurelio Menéndez en Thomson Reuters

En el homenaje que se le rindió en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en julio de 2015, Aurelio Menéndez explicó que "en Estudios jurídicos y universitarios se cierra en cierto modo una larga vida universitaria dedicada a la enseñanza y la investigación del Derecho mercantil. Se recoge una parte de los trabajos y semblanzas que he venido escribiendo en todos estos años y que ahora considero de desigual valor". Y aseguró que "es en cierto modo la manifestación de un doble sentimiento, la pasión por el Derecho y la pasión por la Universidad".

Condenados tres acusados de fraude a la Hacienda pública en la gestión del carbón de mina La Camocha2018-01-04
El Penal 2 de Gijón rebaja las penas que se habían impuesto en el primer juicio celebrado con otra magistrada, que fue anulado por la Audiencia Provincial en junio de 2016

Autor Comunicación Poder Judicial

El magistrado titular del Juzgado de lo penal número 2 de Gijón, ha condenado a tres de los acusados por el fraude de subvenciones de Mina La Camocha entre 1998 y 2000, absolviendo a la cuarta encausada. El fallo rebaja las penas que se habían impuesto a todos los acusados en el primer juicio celebrado con otra magistrada, que quedó anulado por la Audiencia Provincial en junio de 2016.

La sentencia, que no es firme, condena al ex presidente de Mina La Camocha a tres penas de 2 años y 6 meses de prisión cada una por sendos delitos contra la Hacienda Pública, uno por cada año en que se cometió el fraude. Al apoderado de Trabajos y Explotaciones y Hullas del Coto Quirós, empresas implicadas en la trama, el juez les impone tres penas de un año y nueve meses de prisión por cada uno de los tres delitos, mientras que al administrador de Hullas del Coto Quirós, le impone un año y nueve meses de prisión por el delito de 1998, la misma condena por el delito de 1999 y ocho meses de cárcel por el de 2000. La cuarta acusada, una empleada de Mina La Camocha, ha quedado absuelta.

El magistrado también impone a cada uno de los tres condenados multas que suman 16,16 millones de euros, que se pueden convertir en otros 27 meses de prisión para cada uno de ellos si no son abonadas y solidariamente les condena a indemnizar al Estado con otros 16,16 millones de euros,que es el importe de las subvenciones defraudadas al vender a la térmica de Aboño carbón ajeno a Mina La Camocha como producción propia. Además, se condena a Mina La Camocha –sociedad inactiva que se encuentra en liquidación derivada de un concurso de acreedores– como responsable civil subsidiaria, a devolver esa cantidad al Estado en el caso de que no lo hagan los condenados.

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El Tribunal Supremo rechaza revisar la sentencia que condena a un vecino de El Escorial a pagar 100.000 euros por talar un fresno sin licencia2018-01-04
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Autor Comunicación Poder Judicial

El magistrado titular del Juzgado de lo penal número 2 de Gijón, ha condenado a tres de los acusados por el fraude de subvenciones de Mina La Camocha entre 1998 y 2000, absolviendo a la cuarta encausada. El fallo rebaja las penas que se habían impuesto a todos los acusados en el primer juicio celebrado con otra magistrada, que quedó anulado por la Audiencia Provincial en junio de 2016.

La sentencia, que no es firme, condena al ex presidente de Mina La Camocha a tres penas de 2 años y 6 meses de prisión cada una por sendos delitos contra la Hacienda Pública, uno por cada año en que se cometió el fraude. Al apoderado de Trabajos y Explotaciones y Hullas del Coto Quirós, empresas implicadas en la trama, el juez les impone tres penas de un año y nueve meses de prisión por cada uno de los tres delitos, mientras que al administrador de Hullas del Coto Quirós, le impone un año y nueve meses de prisión por el delito de 1998, la misma condena por el delito de 1999 y ocho meses de cárcel por el de 2000. La cuarta acusada, una empleada de Mina La Camocha, ha quedado absuelta.

El magistrado también impone a cada uno de los tres condenados multas que suman 16,16 millones de euros, que se pueden convertir en otros 27 meses de prisión para cada uno de ellos si no son abonadas y solidariamente les condena a indemnizar al Estado con otros 16,16 millones de euros,que es el importe de las subvenciones defraudadas al vender a la térmica de Aboño carbón ajeno a Mina La Camocha como producción propia. Además, se condena a Mina La Camocha –sociedad inactiva que se encuentra en liquidación derivada de un concurso de acreedores– como responsable civil subsidiaria, a devolver esa cantidad al Estado en el caso de que no lo hagan los condenados.

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¿Es posible retrasar el disfrute de las vacaciones de Navidad cuando éstas coinciden con situaciones de incapacidad temporal?2018-01-04
  • Incluye la sentencia

El TSJ del País Vasco, con este pronunciamiento, revoca la sentencia de instancia del Juzgado de los Social nº 1 de Bilbao de 26 de septiembre de 2016, al considerar que una trabajadora que estuvo en situación de IT durante el periodo navideño, no puede disfrutar de los 9 días naturales de vacaciones de Navidad, por ser necesario que éstos se disfruten en periodos concretos, y no ser de aplicación el art.38.3 del ET.

Supuesto de Hecho:

  • La trabajadora venía prestando servicios para la empresa, desde el 16/03/1983, como camarera limpiadora.
  • En fecha 14/07/2004, la empresa y los representantes de los trabajadores firmaron un acuerdo en cuyo punto CUARTO se establecía: "El personal incluido en el ámbito del Anexo I tendrá derecho a disfrutar de 7 días naturales de vacación durante la Semana Santa y de 9 días naturales durante la Navidad; en ambos casos, de forma continuada, si bien podrán establecerse turnos el efecto de mantener el servicio de los mismos".
  • La trabajadora sufrió un proceso de incapacidad temporal desde el 17/11/2015 hasta el 4/01/2016.
  • El día 5/01/2016, y tras su reincorporación, la trabajadora solicitó a la empresa por carta disfrutar de los 9 días de vacaciones (de Navidad) pendientes.
  • Sin embargo, en fecha 15/01/2016, la empresa le contesta por escrito manifestándole que no puede acceder a su petición ya que, según el pacto de empresa, se le reconoce un permiso de 9 días que deben ser disfrutados de forma continuada en período navideño, no pudiéndose disfrutar en período distinto.
  • La trabajadora interpone demanda frente a la empresa, solicitando el disfrute de los 9 días de vacaciones de Navidad del año 2015, al haber estado en situación de incapacidad temporal.

Consideraciones Jurídicas:

  • El TSJ comienza recordando que el artículo 38.1 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de los trabajadores al período de vacaciones anuales retribuidas que se fije en el convenio colectivo o en el contrato individual, y que no podrá ser inferior a 30 días anuales.
  • En este caso, el convenio colectivo establece el derecho a 31 días anuales de vacaciones; y mediante pacto colectivo los trabajadores de la empresa también tienen derecho a 7 días durante la Semana Santa y a 9 días durante la Navidad.
  • Por otro lado, el apartado 3 del citado art. 38 establece que en el calendario de vacaciones ha de fijarse el período de disfrute de cada trabajador, y que éste ha de conocerlo con al menos dos meses de antelación al comienzo del disfrute.
  • Pues bien, a juicio del TSJ, esto último implica que la norma se está refiriendo al período anual de vacaciones ordinarias, que pueden disfrutarse en la forma y fechas que se pacten, por lo que la norma no se puede estar refiriendo a los periodos de vacaciones que en todo caso han de disfrutarse en fechas concretas, por ser las peculiaridades de estas últimas las que justifican el derecho a las vacaciones en tales fechas y no en cualquier otra.
  • En este sentido, la norma pactada que a los trabajadores de la empresa reconoce el derecho a 7 días de vacaciones en Semana Santa y 9 en Navidad dispone, a diferencia de lo que se prevé para el resto de las vacaciones anuales, que tales días se disfrutarán "durante" la Semana Santa y "durante" la Navidad, lo que conlleva a que el disfrute se materialice durante las fechas que conforman tales períodos.
  • Precisamente por ello, lo previsto por el párrafo 3º del citado art. 38.3 del Estatuto (derechos a disfrutar las vacaciones en fechas distintas a las establecidas en el calendario cuando aquéllas hayan coincidido con situación de incapacidad temporal) ha de entenderse aplicable a las vacaciones ordinarias sometidas a la necesidad de la concreción de las fechas en el calendario de vacaciones, pero no a las vacaciones que en todo caso han de disfrutarse en fechas conocidas de antemano y, por tanto, no necesitadas de concreción por el calendario, sometido a la regulación del apartado 3 del art. 38.

Conclusión Lex@:

Con este pronunciamiento el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que, en este caso, no es de aplicación la excepción del art.38.3 del ET sobre el disfrute de vacaciones de aquellos trabajadores en IT, ya que considera que esta regulación hace referencia a las vacaciones ordinarias establecidas por convenio o contrato de trabajo, pero no sobre aquellas que por sus características han de disfrutarse en periodos concretos, como la Navidad y la Semana Santa, más si cabe cuando el propio convenio establece su disfrute "durante" estas fechas concretas.

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Condenados tres acusados de fraude a la Hacienda pública en la gestión del carbón de mina La Camocha2018-01-03

El magistrado titular del Juzgado de lo penal número 2 de Gijón, ha condenado a tres de los acusados por el fraude de subvenciones de Mina La Camocha entre 1998 y 2000, absolviendo a la cuarta encausada. El fallo rebaja las penas que se habían impuesto a todos los acusados en el primer juicio celebrado con otra magistrada, que quedó anulado por la Audiencia Provincial en junio de 2016.

La sentencia, que no es firme, condena al ex presidente de Mina La Camocha a tres penas de 2 años y 6 meses de prisión cada una por sendos delitos contra la Hacienda Pública, uno por cada año en que se cometió el fraude. Al apoderado de Trabajos y Explotaciones y Hullas del Coto Quirós, empresas implicadas en la trama, el juez les impone tres penas de un año y nueve meses de prisión por cada uno de los tres delitos, mientras que al administrador de Hullas del Coto Quirós, le impone un año y nueve meses de prisión por el delito de 1998, la misma condena por el delito de 1999 y ocho meses de cárcel por el de 2000. La cuarta acusada, una empleada de Mina La Camocha, ha quedado absuelta.

El magistrado también impone a cada uno de los tres condenados multas que suman 16,16 millones de euros, que se pueden convertir en otros 27 meses de prisión para cada uno de ellos si no son abonadas y solidariamente les condena a indemnizar al Estado con otros 16,16 millones de euros,que es el importe de las subvenciones defraudadas al vender a la térmica de Aboño carbón ajeno a Mina La Camocha como producción propia. Además, se condena a Mina La Camocha –sociedad inactiva que se encuentra en liquidación derivada de un concurso de acreedores– como responsable civil subsidiaria, a devolver esa cantidad al Estado en el caso de que no lo hagan los condenados.

El Tribunal Supremo rechaza revisar la sentencia que condena a un vecino de El Escorial a pagar 100.000 euros por talar un fresno sin licencia2018-01-03

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el procedimiento de revisión interpuesto por un vecino de El Escorial contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que confirmó la multa de 100.000 euros que le impuso el Ayuntamiento por talar sin licencia un árbol que había en una parcela de su propiedad en 2010.

El recurrente basó su demanda -presentada el 12 de diciembre de 2016- en un informe forestal realizado por un ingeniero agrónomo el 23 de junio de 2014 en el que consta que en la finca había varios árboles enfermos, desde mucho tiempo atrás, cuya poda o tala era necesaria por razones de seguridad. También se apoyó en otro informe del Seprona de 25 de septiembre de 2016 que se refería a la existencia de tres árboles que debían estar afectados por alguna enfermedad porque estaban secos, con ramas caídas y con el suelo alrededor en descomposición. Un tercer informe de un guardia civil del Seprona, de 15 de junio de 2014, advertía de la caída de una rama de grandes dimensiones en la mitad de la terraza de una vivienda de una urbanización de El Escorial.

La Sala responde que estos documentos –tres informes- “no son aptos” para revisar su caso, ya que ni son anteriores a la fecha de la sentencia firme -16 de abril de 2014-, ni han podido estar retenidos por fuerza mayor o por obra o acto de la parte favorecida con la resolución firme. Tampoco, añade el tribunal, son decisivos para resolver el conflicto en la medida en que “se refieren a un estado de cosas claramente distinto de aquél en el que se produjo la infracción que fue sancionada por la resolución recurrida en la instancia: los hechos sancionados -la tala de un fresno sin autorización- se produjeron en junio de 2010 y los hechos recogidos en los documentos aportados -el estado de tres árboles distintos al talado indebidamente- cuatro años después de producirse la infracción objeto de sanción".

La sentencia indica, además, que la diversidad temporal y la diferencia material entre los supuestos de hecho mencionados impediría, en todo caso y aunque los documentos fueran aptos a los efectos pretendidos, la prosperabilidad de la pretensión revisora ejercitada.

Los hechos ocurrieron el 5 de junio de 2010 cuando un Policía Local se presentó en la finca del recurrente donde se realizaban unas obras para la ampliación de un porche. Tras comprobar que todo estaba en regla, el agente observó que una excavadora había arrancado un fresno de gran tamaño que había en el terreno, junto a la vivienda, y abrió un expediente sancionador al constatar que no tenía licencia para ello. El recurrente alegó que el árbol estaba seco y que los arquitectos le aconsejaron la tala por motivos de seguridad. Sin embargo, la Junta de Gobierno de El Escorial, con fecha de 26 de abril de 2011, le impuso dicha sanción por la comisión de una infracción muy grave prevista en la Ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid y el TSJ de esta comunidad confirmaron la sanción. La sentencia de este último tribunal consideró que aunque era cierto que se pudo actuar con buena fe o sin intencionalidad, y sin reiteración alguna, el sancionado debía conocer su obligación de pedir autorización para la tala en cuestión, teniendo en cuenta que dicho árbol estaba protegido por la Ley, y está probada su preexistencia, así como su destrucción, sin que se aportara la autorización pertinente para su tala, y no se ha probado que esta fuera necesaria por razones de seguridad, como se alega, por lo que se trata de una infracción muy grave.

¿Es posible retrasar el disfrute de las vacaciones de Navidad cuando éstas coinciden con situaciones de incapacidad temporal?2018-01-03

El TSJ del País Vasco, con este pronunciamiento, revoca la sentencia de instancia del Juzgado de los Social nº 1 de Bilbao de 26 de septiembre de 2016, al considerar que una trabajadora que estuvo en situación de IT durante el periodo navideño, no puede disfrutar de los 9 días naturales de vacaciones de Navidad, por ser necesario que éstos se disfruten en periodos concretos, y no ser de aplicación el art.38.3 del ET.

Supuesto de Hecho:

  • La trabajadora venía prestando servicios para la empresa, desde el 16/03/1983, como camarera limpiadora.
  • En fecha 14/07/2004, la empresa y los representantes de los trabajadores firmaron un acuerdo en cuyo punto CUARTO se establecía: "El personal incluido en el ámbito del Anexo I tendrá derecho a disfrutar de 7 días naturales de vacación durante la Semana Santa y de 9 días naturales durante la Navidad; en ambos casos, de forma continuada, si bien podrán establecerse turnos el efecto de mantener el servicio de los mismos".
  • La trabajadora sufrió un proceso de incapacidad temporal desde el 17/11/2015 hasta el 4/01/2016.
  • El día 5/01/2016, y tras su reincorporación, la trabajadora solicitó a la empresa por carta disfrutar de los 9 días de vacaciones (de Navidad) pendientes.
  • Sin embargo, en fecha 15/01/2016, la empresa le contesta por escrito manifestándole que no puede acceder a su petición ya que, según el pacto de empresa, se le reconoce un permiso de 9 días que deben ser disfrutados de forma continuada en período navideño, no pudiéndose disfrutar en período distinto.
  • La trabajadora interpone demanda frente a la empresa, solicitando el disfrute de los 9 días de vacaciones de Navidad del año 2015, al haber estado en situación de incapacidad temporal.

Consideraciones Jurídicas:

  • El TSJ comienza recordando que el artículo 38.1 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de los trabajadores al período de vacaciones anuales retribuidas que se fije en el convenio colectivo o en el contrato individual, y que no podrá ser inferior a 30 días anuales.
  • En este caso, el convenio colectivo establece el derecho a 31 días anuales de vacaciones; y mediante pacto colectivo los trabajadores de la empresa también tienen derecho a 7 días durante la Semana Santa y a 9 días durante la Navidad.
  • Por otro lado, el apartado 3 del citado art. 38 establece que en el calendario de vacaciones ha de fijarse el período de disfrute de cada trabajador, y que éste ha de conocerlo con al menos dos meses de antelación al comienzo del disfrute.
  • Pues bien, a juicio del TSJ, esto último implica que la norma se está refiriendo al período anual de vacaciones ordinarias, que pueden disfrutarse en la forma y fechas que se pacten, por lo que la norma no se puede estar refiriendo a los periodos de vacaciones que en todo caso han de disfrutarse en fechas concretas, por ser las peculiaridades de estas últimas las que justifican el derecho a las vacaciones en tales fechas y no en cualquier otra.
  • En este sentido, la norma pactada que a los trabajadores de la empresa reconoce el derecho a 7 días de vacaciones en Semana Santa y 9 en Navidad dispone, a diferencia de lo que se prevé para el resto de las vacaciones anuales, que tales días se disfrutarán "durante" la Semana Santa y "durante" la Navidad, lo que conlleva a que el disfrute se materialice durante las fechas que conforman tales períodos.
  • Precisamente por ello, lo previsto por el párrafo 3º del citado art. 38.3 del Estatuto (derechos a disfrutar las vacaciones en fechas distintas a las establecidas en el calendario cuando aquéllas hayan coincidido con situación de incapacidad temporal) ha de entenderse aplicable a las vacaciones ordinarias sometidas a la necesidad de la concreción de las fechas en el calendario de vacaciones, pero no a las vacaciones que en todo caso han de disfrutarse en fechas conocidas de antemano y, por tanto, no necesitadas de concreción por el calendario, sometido a la regulación del apartado 3 del art. 38.

Conclusión Lex@:

Con este pronunciamiento el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco considera que, en este caso, no es de aplicación la excepción del art.38.3 del ET sobre el disfrute de vacaciones de aquellos trabajadores en IT, ya que considera que esta regulación hace referencia a las vacaciones ordinarias establecidas por convenio o contrato de trabajo, pero no sobre aquellas que por sus características han de disfrutarse en periodos concretos, como la Navidad y la Semana Santa, más si cabe cuando el propio convenio establece su disfrute "durante" estas fechas concretas.

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El CGPJ aprueba un nuevo plan sobre cláusulas suelo para 2018 con 55 juzgados especializados2018-01-02

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy el diseño del nuevo plan de especialización de juzgados en materia de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en los contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física que entrará en vigor el próximo 1 de enero, con una vigencia de seis meses.

El plan sustituye al que se puso en marcha el pasado 1 de junio, que consistió en la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia -uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear-, que en los últimos siete meses han conocido de manera exclusiva y no excluyente de esta clase de asuntos, que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

La adopción de un nuevo plan responde a la evolución que han seguido estos asuntos -que a fecha de 17 de diciembre arroja un total de 156.862 demandas en todo el territorio nacional-, que en caso de no atribuirse a órganos especializados supondría una carga inasumible para el resto de los juzgados; a la próxima entrada en funcionamiento de 77 juzgados creados y constituidos en 2017 y al análisis de la carga de trabajo que han tenido los órganos judiciales especializados, que hasta ahora han conocido de estos asuntos de manera exclusiva y no excluyente.

Además, se han tomado en consideración los compromisos adquiridos en materia de refuerzos por las Administraciones con competencias en materia de Justicia.

El nuevo plan permitirá, manteniendo la atribución de la competencia exclusiva a determinados juzgados, establecer, en su caso, también la excluyente en aquellas provincias en las que el impacto del reparto del resto de los asuntos entre los órganos judiciales del orden civil lo permita.

De este modo, donde allí se determine tanto los refuerzos ya adscritos en el marco del plan de urgencia que ahora expira -que se mantienen en todos los casos- como el juez titular, el letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios del Juzgado "nodriza" se dedicarán a la materia objeto de especialización, si bien estos últimos seguirán tramitando los asuntos ordinarios que ya han tenido entrada.

Esto supone que el número de jueces que conocerán de este tipo de demandas se incrementará en casi medio centenar, ya que hasta ahora los titulares de los órganos especializados atendían el reparto ordinario, mientras los refuerzos que constituían los denominados "Juzgados bis" tramitaban las demandas sobre cláusulas suelo. También aumentará la cifra de letrados de la Administración de Justicia dedicados a esta materia.

La Comisión Permanente ha establecido qué Juzgados tendrán competencia exclusiva y excluyente, mientras que en otros órganos serán las Salas de Gobierno de los respectivos Tribunales Superiores de Justicia las que determinen el grado de exención de reparto ordinario.

Otra novedad consiste en que, en algunas provincias, la materia objeto de especialización pasará a ser asumida por juzgados de nueva creación desde la fecha de su entrada en funcionamiento. De este modo, desde ese día será un órgano judicial sin asuntos pendientes el que pase a conocer de las demandas de nuevo ingreso, mientras que las anteriores seguirán siendo tramitadas por el órgano especializado en el anterior plan.

Por último, el número de juzgados especializados pasa de 54 a 55, al incorporarse uno más en Canarias, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Fuerteventura.

VOTO EN CONTRA DE GRANDE-MARLASKA

El nuevo plan ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Nuria Díaz, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo y Pilar Sepúlveda. El vocal Fernando Grande-Marlaska ha votado en contra y ha anunciado la formulación de un voto particular.

LISTADO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS

ANDALUCÍA

Provincia de Almería:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Almería en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 30 de junio de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Almería de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Cádiz:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 2 de Cádiz de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Córdoba:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Córdoba en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 31 de marzo de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Córdoba de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Granada:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 9 de Granada de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Huelva:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Huelva en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 30 de junio de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Huelva de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Jaén:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 2 de Jaén de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Málaga:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 18 de Málaga en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 31 de marzo de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Málaga de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Sevilla:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Sevilla en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 30 de junio de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 29 de Sevilla de manera exclusiva y excluyente.

ARAGÓN

Provincia de Huesca:

  • Juzgado de Primera  Instancia e instrucción nº 5 de Huesca de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Teruel:

  • Juzgado de Primera  Instancia e instrucción nº 3 de Teruel de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Zaragoza:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 12 de Zaragoza de manera exclusiva y excluyente.

PRINCIPADO DE ASTURIAS

Provincia de Asturias:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 6 de Oviedo de manera exclusiva, y excluyente en un 80% en materia civil.

CANARIAS

Lanzarote:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 1 de Arrecife de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Las Palmas de Gran Canaria:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 6 de Las Palmas de Gran Canaria de manera exclusiva y excluyente.
  • Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Fuerteventura de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Tenerife:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 1 de San Cristóbal de la Laguna de manera exclusiva y excluyente.

CANTABRIA       

Provincia de Santander:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 2 de Santander de manera exclusiva y excluyente.

CASTILLA Y LEÓN      

Provincia de Ávila:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 2 de Ávila de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Burgos:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 4 de Burgos de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Palencia:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 2 de Palencia de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de León:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 7 de León de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Salamanca:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 9 de Salamanca de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Segovia:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 1 de Segovia de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Soria:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 4 de Soria de manera exclusiva, y excluyente en materia civil en la manera que determine la Sala de Gobierno.

Provincia de Valladolid:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 4 de Valladolid de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Zamora:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 6 de Zamora de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

CASTILLA - LA MANCHA

Provincia de Albacete:

  • Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil nº 3 de Albacete de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Ciudad Real:

  • Juzgado de Primera  Instancia e instrucción nº 3 de Ciudad Real de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Cuenca:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 4 de Cuenca de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Guadalajara:

  • Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil nº 4 de Guadalajara en de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Toledo:

  • Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil e Instrucción nº 1 de Toledo de manera exclusiva y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando hasta ahora.

CATALUÑA

Provincia de Barcelona:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 50 de Barcelona de manera exclusiva y excluyente en materia civil manteniendo los concursos de personas físicas.

Provincia de Girona:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 3 de Girona de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Lleida:

  • Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil nº 6 de Lleida de manera exclusiva y excluyente en materia civil.

Provincia de Tarragona:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 8 de Tarragona de manera exclusiva y excluyente.

EXTREMADURA

Provincia de Badajoz:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 2 de Mérida de manera exclusiva, y excluyente en materia civil al 50%.

Provincia de Cáceres:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 5 de Cáceres de manera exclusiva, y excluyente en materia civil al 25%. 

GALICIA   

Provincia de A Coruña:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 7 de A Coruña manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Lugo:

  • Juzgado de Primera  Instancia y Mercantil nº 2 de Lugo de manera exclusiva, y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando hasta ahora.

Provincia de Ourense:

  • Juzgado de Primera Instancia y Mercantil nº 4 de Ourense  en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 31 de enero de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Ourense de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Pontevedra:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 14 de Vigo de manera exclusiva y excluyente.

ISLAS BALEARES

Palma de Mallorca:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 17 de Palma de manera exclusiva y excluyente.

Ibiza:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 2 de Ibiza de manera exclusiva, y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando.

Menorca:

  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 3 de Mahón de manera exclusiva, y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando.
  • Juzgado de Primera  Instancia e Instrucción nº 1 de Ciutadella de manera exclusiva, y excluyente en los mismos términos que la ha venido desarrollando.

LA RIOJA

Provincia de La Rioja:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 7 de Logroño de manera exclusiva y excluyente.

MADRID

Provincia de Madrid:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 101 de Madrid de manera exclusiva, y excluyente con mantenimiento de la competencia en ejecuciones de laudos arbitrales.

REGIÓN DE MURCIA

Provincia de Murcia:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Murcia en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 31 de marzo de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Murcia de manera exclusiva y excluyente.

NAVARRA

Provincia de Navarra:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 7 de Pamplona de manera exclusiva y excluyente.

PAÍS VASCO

Provincia de Araba / Álava:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 5 de Vitoria-Gasteiz de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Gipuzkoa / Guipúzcoa:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Donostia - San Sebastián de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Bizkaia / Vizcaya:

  • Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Bilbao en los mismos términos que lo ha venido desarrollando. A partir del 30 de junio de 2018, corresponderá al Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Bilbao de manera exclusiva y excluyente.

COMUNIDAD VALENCIANA

Provincia de Alicante:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 5 de Alicante de manera exclusiva, y excluyente en materia civil al 25%.

Provincia de Castellón:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 6 de Castellón de manera exclusiva y excluyente.

Provincia de Valencia:

  • Juzgado de Primera  Instancia nº 25 de Valencia de manera exclusiva, y excluyente.
EL TC DECLARA INCONSTITUCIONAL Y NULA LA MEDIDA “ANTITRANSFUGUISMO” DE LA LEY ELECTORAL POR VULNERAR EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA2018-01-02

El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional que la Ley General
Electoral aplique, sin distinguir las circunstancias de cada caso y como requisito para tramitar en el
Pleno de un ayuntamiento las propuestas de moción de censura, las medidas creadas para hacer
frente al transfuguismo. El Tribunal considera que vulnera el derecho fundamental a la
participación política (art. 23.2 CE) exigir un quórum reforzado cuando entre los firmantes de
la propuesta de moción haya concejales que, “por cualquier causa”, hayan dejado de
pertenecer al grupo político del alcalde y no estén adscritos a ningún partido, pues el cese de la
relación de un concejal con su partido no necesariamente responde “a una defraudación de la
voluntad popular o a un hacer que busque la desestabilización de la dinámica municipal”. La
sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, cuenta con el voto
concurrente (comparte el fallo, pero discrepa de la argumentación) de la Vicepresidenta, Encarnación
Roca; y con los votos discrepantes del Magistrado Andrés Ollero, y del Magistrado Cándido Conde-
Pumpido. Al de este último se adhieren los Magistrados Juan Antonio Xiol y Alfredo Montoya.
El Pleno estima la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior
de Justicia de Canarias (TSJC) y declara inconstitucional y nulo el párrafo tercero del art. 197.1 a) de
la Ley 5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general (LOREG). Para tramitar la moción de
censura, dicho precepto exige un quórum reforzado en los casos en los que “alguno de los concejales
proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal
al que se adscribió al inicio de su mandato”. De este modo, habrá que sumar a la mayoría absoluta
un número equivalente al de los concejales que se encuentren en esa circunstancia. Según el TSJC,
esta exigencia vulnera el derecho de participación política.
La sentencia afirma, en primer lugar, que el ejercicio de control al gobierno local
mediante la promoción de una moción de censura forma parte del núcleo del derecho de participación
política, condición que la doctrina constitucional exige para que pueda hablarse de vulneración. La
moción de censura a un alcalde es “un medio de control y de exigencia de responsabilidad política
por parte del Pleno” y, cuando prospera, “una causa de cese del alcalde inicialmente designado (…)
con la consiguiente proclamación de uno nuevo”. Considera, asimismo, que el incremento del quórum
altera el régimen jurídico ordinario de la función representativa de los concejales no adscritos. Y ello
porque implica que, justo en el momento previo a su votación por el Pleno, la promoción de la moción
de censura se apoye en una mayoría absoluta en la que no se tienen en cuenta, como si no formaran
parte de la misma, “un número igual al de los concejales no adscritos que la suscriben”.
El incremento del quórum es una opción con la que el legislador pretende “intervenir
frente al transfuguismo” y, así, “asegurar la voluntad popular y la estabilidad municipal”, evitando que
se modifiquen las mayorías de gobierno. Pero la limitación impuesta a los concejales no adscritos
debe conciliarse también con la libertad de mandato, protegida por el art. 23.2 CE y que implica que
los representantes (en este caso locales) puedan mantenerse en el cargo en caso de “expulsión o de abandono de los partidos en cuyas listas fueron elegidos”. Según explica la sentencia, las funciones esenciales del derecho de participación política “se atribuyen a su titular y en condiciones de igualdad, y no al partido político o grupo en el que se integre”. Asimismo, el mandato libre supone “la exclusión de todo sometimiento jurídico del representante, en cuanto tal, a voluntades ajenas” y proscribe “cualquier tipo de sujeción, jurídicamente impuesta, a la confianza de sus electores o de las organizaciones o grupos políticos en que se integre o en cuyas listas hubiera concurrido a las elecciones”.
De todo lo anterior, el Tribunal concluye que, pese a que el incremento del quórum sea una medida idónea, e incluso necesaria, para luchar contra el transfuguismo, resulta desproporcionada, pues “equipara, en la restricción del derecho, a todos los concejales que hayan dejado de pertenecer al grupo político municipal al que se adscribieron al inicio de su mandato”, sin diferenciar las circunstancias ni los objetivos, no necesariamente fraudulentos, que pudieron llevar a esa desvinculación. Esta uniformidad implica que cualquier separación del grupo político de origen “es contraria en sí mismo considerada a la estabilidad de la vida municipal o del gobierno local”.
El “transfuguismo”, concluye la sentencia, “no puede intervenirse por el legislador con restricciones al ius in officium que impacten en el ejercicio natural del cargo público”, pues “no es cierto que la desvinculación orgánica o política del grupo de origen desestabilice por defecto o sin excepción la vida municipal o modifique la voluntad popular”. La norma cuestionada, añade el Tribunal, “sujeta al concejal al grupo político de origen bajo advertencia de restricción de las funciones representativas básicas, sin que ese efecto responda inevitablemente a una defraudación de la voluntad popular o a un hacer que busque la desestabilización de la vida municipal”.
La sentencia precisa que, para preservar el principio de seguridad jurídica, la declaración de inconstitucionalidad del párrafo cuestionado no afectará a situaciones jurídicas consolidadas. Asimismo, la declaración de nulidad no será efectiva hasta la próxima convocatoria de elecciones locales, periodo de tiempo en el que el legislador podrá reformar la norma “observando el contenido de este pronunciamiento”.
La Vicepresidenta del Tribunal comparte la argumentación y la declaración de inconstitucionalidad, pero no que la sentencia posponga la nulidad del precepto recurrido hasta la celebración de nuevas elecciones locales. Retrasar la nulidad de una norma que el Tribunal considera fuera de la Constitución es una solución que, afirma, debe ser “excepcional”; en todo caso, debe responder a la finalidad de “preservar bienes o valores que el Tribunal considera constitucionalmente relevantes y que justifican la desvinculación entre inconstitucionalidad y nulidad” y que el TC no menciona. Por último, la referencia al vacío normativo que causaría la inmediata nulidad del precepto cuestionado no es, en su opinión, un argumento válido pues, al anularse la medida antitransfuguismo, sería de aplicación la regulación anterior de la tramitación de las mociones de censura.
El Magistrado Ollero está de acuerdo con la declaración de inconstitucionalidad del precepto impugnado, pero se opone a que su nulidad se posponga hasta la convocatoria de nuevas elecciones locales. En su opinión, el incremento del quórum en el mismo número que el de concejales no adscritos que con anterioridad formaron parte del grupo político del alcalde es una medida de carácter “excesivamente personalizado” y casi con “aires de sanción”, por lo que la solución correcta, no lesiva para el derecho de representación política, habría sido optar por una mayoría “basada en criterios objetivos, como las de dos tercios o tres quintos”. En consecuencia, la “obvia inconstitucionalidad” de la norma debió llevar a declarar “su nulidad e inmediata expulsión del ordenamiento jurídico” y a devolver la situación al momento anterior de la aprobación de la reforma cuestionada “con los ya señalados riesgos de transfuguismo a los que el legislador, en el plazo que considere oportuno, habrá de hacer frente recurriendo a criterios no personalizados sino de carácter objetivo”.
El Magistrado Conde-Pumpido, a cuyo voto particular se adhieren los Magistrados Xiol y Montoya, considera que la cuestión de inconstitucionalidad debió desestimarse. Los Magistrados que firman el voto no comparten el análisis de proporcionalidad de la norma que contiene la sentencia porque, explican, “no realiza ponderación alguna de beneficios y perjuicios”, como establece la doctrina constitucional. Consideran que la medida declarada inconstitucional es “equilibrada” y que de su aplicación se derivan “más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto, incluido el ius in officium de los concejales”. El voto incide en el carácter “legítimo” de la medida, dada la importancia que “para la vida local tiene que se respeten los resultados de los comicios locales”; y resalta la quiebra que, para “la legitimidad del gobierno local y, con ello, del propio sistema democrático” supone el transfuguismo “a los ojos de los ciudadanos”.

120.000 euros por dispensar medicamentos sin receta y distribuirlos a terceros sin autorización2018-01-02

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado el recurso de una boticaria contra la resolución de la Consejería de Sanidad que le sanciona con 120.000 euros por la comisión de dos infracciones graves y una muy grave.

En su sentencia, el tribunal respalda la actuación de la administración sanitaria, al considerar probado que la oficina de farmacia de la que la recurrente es responsable dispensó medicamentos sin receta cuando ésta resultaba obligada.

Además, aportó información que no era veraz sobre las compras y ventas de medicamentos con la finalidad de obtener algún beneficio y, finalmente, realizó actividades de distribución de medicamentos a terceros –otras oficinas de farmacia, entidades, centros, particulares o bien envíos al extranjero.

La resolución explica cómo la farmacéutica no acreditó que había vendido con receta siete unidades de tres medicamentos distintos en los meses de octubre y noviembre de 2013. Según justificó, habían sido dispensados con recetas privadas, pero tales recetas no han sido aportadas.

Por otro lado, la recurrente ofreció “documentación contradictoria” de las compras y ventas de otros tres medicamentos investigados, que no concuerdan con los datos que han facilitado a la administración los almacenes mayoristas y los laboratorios.

Medicamentos muy específicos y compras desproporcionadas

Según el informe que en su momento emitió el Servicio de Ordenación Sanitaria y que la sala tiene en cuenta, los tres medicamentos investigados están indicados para patologías “muy específicas” que se diagnostican en centros hospitalarios; las cantidades compradas por esta oficina “no guardan relación con las necesidades de los pacientes de la zona de influencia”; y se desconoce su destino, ya que se modificó manualmente el stock de los mismos.

La recurrente niega que se distribuyeran irregularmente y afirma que todos los productos fueron vendidos con receta privada, y que la no presentación de las mismas ya le ha supuesto una sanción.

Sin embargo, la sala considera sí existen datos que ponen de manifiesto que esta distribución irregular sí se ha cometido.

Así, reitera la sala “la adquisición de un número notoriamente elevado de dichos medicamentos”, “desproporcionado con relación a las necesidades de los pacientes de la zona de influencia de la farmacia”.

Y alude a los datos del informe de la administración, según el cual, en el caso de uno de los medicamentos investigados, la farmacia compró siete veces más que lo facturado por la media de las oficinas de Cantabria; y en el caso de otro de ellos, adquirió 8,75 veces más que la media.

Junto a ello, subraya la sala que se trata de medicamentos para patologías específicas que no se dispensan con receta privada y que, pese a ser de uso crónico, dejaron de ser solicitados por los eventuales pacientes a partir de una determinada fecha –que coincide con una inspección que se realizó a la propia farmacia.

Por último, constata el tribunal que “se ha verificado que la farmacéutica titular efectúa modificación de los datos que recoge el programa informático de farmacia”: primero adquiere el medicamento y luego modifica a cero su stock, sin que ello responda a ninguna venta o devolución.

Por todo ello, la sala considera que “la conducta desarrollada por la demandante ha sido correctamente tipificada” y las sanciones impuestas son proporcionales, en tanto que han sido impuestas “en la cuantía mínima”.

Contra esta sentencia sólo cabe recurso de interés casacional.

La Audiencia Nacional condena a TRAGSATEC a pagar el Plus de Convenio al personal temporal de niveles 1 y 22017-12-29

Tras el juicio celebrado el pasado 29 de noviembre, la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, de fecha 11 de diciembre de 2017, a favor de la demanda que la Confederación General del Trabajo interpuso el 21 de octubre y por la que se declara el derecho de los trabajadores contratados a partir de 2014 a percibir el complemento Plus de Convenio regulado en el artículo 38 del Convenio de Ingeniería. La empresa ha sido condenada al pago adeudado a los trabajadores contratados desde el 1 de enero de 2014 en los niveles 1 y 2 del artículo 33 del Convenio: licenciados y titulados de segundo y tercer ciclo universitario, analistas, diplomados y titulados de primer ciclo universitario y jefe superior.

La sentencia se fundamenta en que el Convenio de Ingeniería no distingue entre personal indefinido y temporal, estando prohibido el establecimiento de diferencias en el trato de los trabajadores y quedando acreditado que en las autorizaciones de masa salarial se incluye el Plus de Convenio, sin distinción alguna entre personal indefinido y temporal.

La Audiencia Nacional concluye que la Dirección de esta empresa, forzando su interpretación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE), no puede limitar el pago del Plus de Convenio haciendo una diferenciación para determinar la masa salarial entre contratos indefinidos  y temporales, cuando la propia ley no lo distingue.

 Reclamación del pago del Plus de Convenio con carácter retroactivo

La Dirección tiene que tomar ahora una decisión sobre la sentencia, pudiendo acatarla y proceder al pago del Plus de Convenio o recurrirla al Tribunal Supremo. CGT, una vez que conozca esto, convocará una asamblea de afectados y afectadas en los locales de Madrid, con la presencia de sus abogados, para informar de los trámites a realizar y resolver las dudas que se puedan presentar.

 Otra victoria más contra la discriminación y la actitud ilícita de la Dirección

Por segunda vez, la Confederación General del Trabajo, pone fin a la discriminación de trato al personal temporal que aplica la Dirección del Grupo Tragsa y que cuenta con la inacción, y en ocasiones con la colaboración explícita, de los sindicatos CCOO y UGT. La primera fue para el acceso al Fondo de Asistencia Social (FAS) y, la segunda, esta que nos ocupa en relación al cobro del Plus de Convenio.

 UGT miente a los trabajadores y las trabajadoras

En un comunicado distribuido a la plantilla, UGT asegura que interpuso la denuncia del Plus de Convenio en la Audiencia Nacional y que esta le da la razón. Esto es totalmente falso y se puede comprobar en la propia sentencia.

UGT y CCOO integran la Comisión Paritaria del Convenio de Ingeniería y son conocedores de esta situación de primera mano y desde el primer momento, pero no han hecho nada por cambiarlo. Han sido los trabajadores y las trabajadoras quienes nos lo han hecho saber a CGT y, a partir de ahí, hemos analizado el caso e interpuesto la demanda.

La denuncia se presentó hace unos meses tras conocer una escandalosa sentencia que ponía al descubierto una forma de financiación del Grupo Tragsa al sindicato UGT, según la cual se pagaba el salario de varios liberados sindicales de UGT con dinero de esta empresa pública, algo sobre lo que este sindicato guarda silencio.

Lanzar petardos en Nochevieja podría llevar una sanción de hasta 750€2017-12-29
  • ¿Son seguros los productos de pirotecnia que utilizamos?, ¿en qué condiciones se fabrican y almacenan?, ¿pueden venderse en cualquier lugar?, ¿existe algún límite en la cantidad de productos que puedo comprar y almacenar en casa?
  • La utilización de artículos de pirotécnica está cada vez más generalizada y sirve de diversión a edades cada vez más tempranas, por eso en la compra es importante tener presente que incluya el marcado CE, que indica la conformidad del producto a la normativa vigente.

Llega la Nochevieja y con ella los mercadillos y puestos navideños se llenan de artículos de broma y pirotecnia que dan luz y color, ruido y alboroto a estas fiestas. Esto nos hace plantearnos algunas cuestiones, a las que desde Legálitas queremos dar respuesta, como por ejemplo sin son seguros los productos que utilizamos, en qué condiciones se fabrican y almacenan, si pueden venderse en cualquier lugar, si existe algún límite en la cantidad de productos que puedo comprar y almacenar en casa… más teniendo en cuenta que la utilización de artículos de pirotecnia está cada vez más generalizada y sirve de diversión a edades cada vez más tempranas

Cinco cuestiones a tener en cuenta al comprar artículos pirotécnicos

Como consumidores es fundamental tener en cuenta las siguientes cuestiones a la hora de comprar artículos pirotécnicos:

1. La unidad mínima de venta al consumidor debe ser un envase, no estando autorizado comprar unidades sueltas.

2. Por cuestiones de seguridad para comercializar, distribuir o utilizar los artículos pirotécnicos destinados a no expertos, es obligatorio que ostenten el marcado CE.

3. Queda prohibido vender los productos por correspondencia, teléfono o medios informáticos. La entrega de los productos se realizará con presencia obligada del comprador en el local de venta.

4. Los vendedores de artículos pirotécnicos podrán negarse a comercializar sus productos a quienes de forma clara muestren que pueden encontrarse bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes.

5. En cuanto a la edad mínima para el cliente:

  • La edad mínima de venta es 12 años para pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido insignificante destinados a ser usados en zonas delimitadas, incluidos los destinados a uso dentro de edificios residenciales (Categoría F1).
  • La edad mínima de venta es 16 años para pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas (Categoría F2).
  • La edad mínima de venta es de 18 años para pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana (Categoría F3).

Sobre la regulación y sanciones

La autorización o no del uso público de productos pirotécnicos viene regulada por las ordenanzas y por bandos municipales, algunos de los cuales van específicamente referidos a las fechas navideñas.

En aquellos casos en que se restringe o prohíbe el uso, motivado por razones de convivencia ciudadana, niveles de ruido, etcétera, conviene consultar las posibles sanciones que puede llevar aparejado su incumplimiento, que pueden ir desde los 750€ en Alcalá de Henares (Madrid), o un máximo 600€ en Sevilla con la particularidad que no será sancionable el uso de artificios pirotécnicos de pequeña entidad los días 24, 25 y 31 de diciembre, y 1 de Enero en los horarios definidos por la norma.

No obstante, lo anterior, es en la normativa estatal donde para todo el territorio se establecen los requisitos comunes de producción, almacenamiento, transporte, venta, inspecciones, controles de calidad…. de estos productos, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba el reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

Sobre la fabricación

La fabricación de artículos pirotécnicos y cartuchería se realizará en talleres que obtengan el certificado de idoneidad y puesta en marcha, además serán inspeccionados cada doce meses por las autoridades competentes.

El proceso de fabricación está regulado minuciosamente (ubicación, medidas de aislamiento, vigilancia y seguridad, controles de entrada y salida…) disponiéndose, por ejemplo, que, en caso de amenaza de descarga eléctrica por tormenta, se suspendan los trabajos en las zonas peligrosas y cualquier accidente grave o mortal que se produzca por cualquier causa en el recinto debe ser comunicado de inmediato a Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación de Gobierno. Los artículos de pirotecnia, según ley, se fabricarán en función de su peligrosidad, según las categorías establecidas legalmente, siendo algunos de ellos de uso exclusivamente profesional.

Sobre el envasado y embalaje

Los envases y embalajes de los artículos de pirotecnia serán homologados y en su exterior deben figurar las marcas que indiquen la conformidad del producto al tipo de diseño homologado, duraderas y visibles, debiendo incluir frases preventivas de seguridad y riesgos.

El etiquetado, debe tener los datos identificados en la normativa, entre otros el fabricante, instrucciones de uso, distancia mínima de seguridad, se indicará si es para uso exclusivo al aire libre, uso exclusivo para expertos, etcétera.

En particular, el marcado CE es fundamental, pues indica la conformidad del producto a la normativa vigente y se colocará de manera visible, legible e indeleble sobre los artículos pirotécnicos o, no siendo posible, sobre la etiqueta de los envases y embalajes.

Sobre el almacenamiento y transporte

Una vez fabricados, el almacenamiento de este tipo de productos dada su peligrosidad se realizará en depósitos que cumplan los requisitos establecidos de distancias, infraestructura, servicios contraincendios, etcétera, siendo objeto de inspección cada doce meses por el Área Funcional de Industria y Energía en cuyo territorio radiquen aquéllos.

El transporte deberá cumplir lo establecido en esta disposición legal, en función también del medio empleado (carretera, ferroviario, aéreo...), quedando prohibido al transportista fumar, usar cigarrillos electrónicos o cualquier otro dispositivo similar que pudiera detonar los artículos.

¿Dónde comprar artículos de pirotecnia?

La comercialización de los artículos pirotécnicos debe realizarse por establecimientos debidamente autorizados, y podrá efectuarse la venta temporal en establecimientos y casetas móviles, con o sin almacén.

Edad mínima para el uso de artículos pirotécnicos

Las comunidades autónomas podrán disminuir las edades mínimas para el uso de las categorías F1 a 8 años y F2 a 10 años, siempre que los usuarios hayan recibido formación suficiente para un uso seguro, que el uso sea bajo la supervisión de un adulto previa autorización escrita de quien ostente su patria potestad o tutela y que la CCAA adopte todas las medidas necesarias para garantizar que se cumplen esos límites de edad. Esto se hará únicamente respecto de horarios y lugares concretos y para el uso de artificios catalogados que vayan a usarse durante el desarrollo de sus "arraigadas costumbres".

Con estos productos ya puestos en circulación, tengamos en cuenta que siempre va a existir un control de calidad, de modo que aquellos artículos de pirotecnia en los que se detecte que existe un riesgo para la salud o la seguridad de las personas u otros aspectos de la protección del interés público, se pedirá que se adopten las medidas adecuadas para corregir el producto o bien para retirarlo del mercado.

Brecha salarial: la mayoría de las letradas está por debajo de la media de ingresos profesionales2017-12-29
  • La mayoría de las letradas (63%) está por debajo de la media de ingresos profesionales (1.750 euros mensuales) frente al 48% de letrados

Esta es una de las conclusiones más destacadas que se extraen de la primera gran encuesta hecha en España que se realiza sobre Igualdad de Género en la Abogacía y en la Justicia, realizada a 2.000 abogadas y abogados por Metroscopia y que fue presentada por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el analista de Metroscopia y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Granada, Francisco Camas.

El doble de abogados (61%) que de abogadas (31%) creen que las retribuciones son más o menos iguales entre hombres y mujeres. La mayoría de ellas (62%) considera que son ellos quienes gozan de mayores ingresos.

Dos datos son bien ilustrativos de esta brecha salarial: la mayoría de las mujeres (63%) percibe unas retribuciones por debajo de la media de ingresos mensuales de la profesión -1.750 euros- mientras que los hombres son algo menos de la mitad (48%).

Los datos son incontestables: uno de cada diez hombres (10%) tiene unos ingresos superiores a los 5.000€ y prácticamente el mismo número (8%) percibe menos de 1.000€; en cambio, solo el 2% de las mujeres ingresa más de 5.000€ y casi una de cada cinco (17%) obtiene menos de 1.000€.

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La Justicia Europea considera que la actividad de Uber es un servicio de transportes regulable por los Estados2017-12-28

El TJUE ha dictado sentencia en el asunto C-434/15, Asociación Profesional Élite Taxi c. Uber Systems Spain, S.L. El servicio de puesta en contacto con conductores no profesionales prestado por Uber está comprendido en los servicios en el ámbito de los transportes.  En consecuencia, los Estados miembros pueden regular los requisitos de prestación de dicho servicio.

La plataforma electrónica Uber presta, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, un servicio remunerado de puesta en contacto de conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean realizar desplazamientos urbanos. En 2014, una asociación profesional de taxistas de la ciudad de Barcelona interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de dicha ciudad, en la que solicitaba que se declarase que las actividades de Uber Systems Spain, sociedad vinculada a Uber Technologies (en lo sucesivo, conjuntamente, «Uber»), constituyen prácticas engañosas y actos de competencia desleal.

En efecto, ni Uber Systems Spain ni los conductores –no profesionales– de los vehículos en cuestión disponen de las licencias y autorizaciones previstas en el Reglamento Metropolitano del Taxi de Barcelona. Para comprobar si las prácticas de Uber pueden calificarse de desleales e incumplen
la normativa española en materia de competencia, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona considera necesario que se dilucide si Uber debe disponer de una autorización administrativa previa. A tal fin, a su juicio ha de determinarse si los servicios prestados por esta sociedad deben considerarse servicios de transporte, servicios propios de la sociedad de la información o una combinación de ambos tipos de servicios.

Efectivamente, de la calificación empleada dependerá la posibilidad de imponer a dicha sociedad la obligación de disponer de una autorización
administrativa previa. En particular, si el servicio prestado por Uber está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior o de la Directiva sobre el comercio electrónico las prácticas de Uber no podrán ser consideradas desleales.

Mediante su sentencia dictada, el TJUE declara que ha de considerarse que un servicio de intermediación como el controvertido, que tiene por objeto poner en contacto, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte, y, por lo tanto, ha de calificarse de «servicio en el ámbito de los transportes», a efectos del Derecho de la Unión. En consecuencia, un servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación de la libre prestación de servicios en general, así como del ámbito de aplicación de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior y de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico.

De ello se desprende que, en el estado actual del Derecho de la Unión, incumbe a los Estados miembros regular las condiciones de prestación de estos servicios, siempre que se respeten las normas generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El TJUE considera, para empezar, que el servicio prestado por Uber no se limita a un servicio de intermediación consistente en poner en contacto, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a un conductor no profesional que utiliza su propio vehículo con una persona que desea realizar un desplazamiento urbano. En efecto, en esta situación, el prestador de ese servicio de intermediación crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano, que hace accesible concretamente mediante herramientas informáticas y cuyo funcionamiento general organiza en favor de las personas que deseen recurrir a esta oferta para realizar un desplazamiento urbano.

El TJUE señala a este respecto que la aplicación que proporciona Uber es indispensable tanto para los conductores como para las personas que desean realizar un desplazamiento urbano. También pone de manifiesto que Uber ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores.

Por consiguiente, el TJUE estima que debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de «servicio de la sociedad de la información», sino a la de «servicio en el ámbito de los transportes».

El TJUE declara que, en consecuencia, la Directiva sobre el comercio electrónico no es aplicable a un servicio de esta índole, que también está excluido del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior. Por la misma razón, el servicio controvertido no está incluido en la esfera de la libre prestación de servicios en general, sino en la política común de transportes. Ahora bien, los servicios de transporte urbano no colectivo y los servicios indisociablemente vinculados a ellos, como el servicio de intermediación prestado por Uber, no han dado lugar a la adopción de normas sobre la base de esta política.

Una multidivisa de 300.000€ produjo un daño de 122.773€2017-12-28

El juzgado nº 48 de Barcelona anuló el pasado 19 de diciembre una cláusula multidivisa de una hipoteca de la Caixa d´Estalvis (actualmente BBVA). Concluye que no se informó sobre el juego de la moneda nominal sobre la funcional y que por lo tanto el cliente “no conoció la verdadera naturaleza del producto que contrataba”. Obliga a la entidad a recalcular la hipoteca en euros y la condena a costas. “Una estupenda noticia porque los clientes estaban sufriendo un daño de 122.773€ por una hipoteca de 300.000”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.

Las cifras fueron ofrecidas por un perito que calculó a 18 de mayo de 2016 -fecha de presentación de la demanda-que el sobreendeudamiento por haber contratado de divisa extranjera ascendía a 97.067€ y que el sobrecoste en las cuotas era de 25.706€. Total: 122.773€. “Es una cifra muy relevante. La multidivisa la colocaron como producto chollo y resulta que tras años pagando religiosamente la cuota puede que debas más de lo inicialmente prestado”, señala Navas.

La demanda señala que le vendieron las bondades de un préstamo nominado en francos suizos “por su valor refugio y su estabilidad”. Señala además que le ofrecieron un asesor financiero que iría recomendando cómo actuar a lo largo de la vida del préstamo. Sin embargo, el perito denuncia que no hubo asesoramiento postcontractual. “No se proporcionó información sobre la evolución de las divisas ni alternativas; y eso a pesar de que el banco dispone de esa información”, señala el informe.

El banco se defiende afirmando que el cliente “no era un simple consumidor sino que era empresario y administrador de empresas” y que por lo tanto conocía las cláusulas habiendo sido informado de las mismas. “El fin del préstamo era la vivienda habitual, así que no hay duda de que se trataba de un cliente minorista y que debían haberse extremado las cautelas”, apunta el socio-director de navascusi.com.

La sentencia -además- disiente de la conclusión de la entidad al entender que el cliente “ni conocía ni tenía experiencia en el mercado de divisas” y que “no llegó a tener una comprensión adecuada del riesgo”. La propia comercial reconoce en el juicio que no se hicieron simulaciones y que no se entregó documentación precontractual “porque creía que entonces no era obligatorio”. El fallo recuerda lo señalado por el Supremo en su sentencia del 15 de noviembre pasado. El Alto Tribunal recordaba que la multidivisa es un producto complejo a efectos de transparencia y que por lo tanto, la entidad debía haberse cerciorado de que el cliente conocía y comprendía la naturaleza y riesgo de lo que estaba contratando.

El perito explicó que la multidivisa es un producto complejo de riesgo elevado derivado de la volatilidad del subyacente. “Depende de aspectos complejos como los movimientos especulativos o cuestiones económicas intrínsecas de los países de origen que resultan complejos incluso para los expertos”, señala el perito, quien también planteó el riesgo de manipulación del Libor, indicador al que estaba referenciado el préstamo y sobre el que existen sanciones a Barclays y UBS por manipulación del índice.

El banco también trató de defenderse apelando a la caducidad de la acción. La juez recuerda la doctrina del Supremo: no puede considerarse el plazo de caducidad hasta que el cliente no sea plenamente consciente del riesgo. “No puede privarse de la acción a quien no pudo beneficiarse de ella por razones ajenas a su voluntad”, señalaba el Supremo. En este caso, el cliente fue plenamente consciente del riesgo en octubre de 2012 por lo que el plazo no había caducado el 20 de mayo de 2016 que se presentó la demanda.

Con todo, la juez concluye que el cliente cometió un error en la apreciación de lo que contrataba que vicia el consentimiento sobre un aspecto esencial del contrato como es el precio. Además, señala que dicho error es excusable porque no es subsanable por una diligencia media. Así que concluye anulando la polémica cláusula multidivisa, obligando a recalcular el préstamo en euros y condenando a la entidad a las costas judiciales.

“Nos alegramos de la sentencia porque supone una confirmación de la línea marcada por el Supremo en el sentido de que las entidades tenían obligación de ser escrupulosas en la información facilitada sobre un producto complejo y de riesgo”, concluye el socio-director de navascusi.com.

La Dirección General de los Registros sienta doctrina sobre cuando un socio puede separarse de la sociedad por no reparto de dividendos2017-12-28

La Dirección General de los Registros y el Notariado, ha dictado el pasado día 29 de noviembre de 2017, dos resoluciones pioneras en las que se interpretan, por primera vez, los requisitos para que un socio se pueda separar de una sociedad, cuando la misma no ha repartido al menos un tercio de los beneficios obtenidos en el ejercicio. Estas dos resoluciones fijan una serie de criterios prácticos que ayudarán a los socios minoritarios de cualquier compañía a conocer cuando pueden tener derecho de separación y que pasos deben seguir para ejercitarlo. Ambas resoluciones han sido obtenidas por el despacho SLJ Abogados, especializado en representación de socios minoritarios y disputas societarias.

El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital recoge el derecho de separación del socio en las sociedades mercantiles –salvo en sociedades cotizadas –en caso de falta de distribución de dividendos a partir del quinto ejercicio de vida de la sociedad siempre que dicho socio haya votado a favor de la distribución de los beneficios sociales, legalmente repartibles, de al menos un tercio de los beneficios propios obtenidos durante el ejercicio anterior. Este derecho se concreta en la obligación de la sociedad de comprar al socio su participación en la sociedad por un precio real o de mercado, que debe ser fijado por un experto independiente designado por el Registrador Mercantil del domicilio de la sociedad.

La Dirección General de los Registros, en las dos resoluciones dictadas, examina el supuesto de un socio que pertenecía a dos sociedades familiares, del sector hotelero e inmobiliario de Andalucía (Pazovran, S.L. y Fontepazo, S.L.) que explotan distintos hoteles en Sevilla, Puerto de Santa María y Huelva. El socio había reclamado que ambas sociedades abonaran al menos un tercio de los dividendos obtenidos a los socios, y ello no había ocurrido, dando los administradores diversas excusas para ello.

Ante ello, el socio minoritario solicitó de los Registradores Mercantiles de Cádiz y Sevilla que se reconociera su derecho a separarse de las dos sociedades y a que se designara un experto independiente para valorar sus participaciones sociales, siéndole reconocido su derecho por el Registrador de Sevilla y negándosele por el Registrador de Cádiz. Ambas resoluciones fueron recurridas ante la Dirección General de los Registros que en dos resoluciones muy similares consideró que el socio minoritario sí había ejercido correctamente su derecho a separarse de la sociedad y que, por tanto, debía procederse al nombramiento de un experto independiente que valorarse el precio que la sociedad debía abonar por sus participaciones sociales.

La Dirección general da solución a varias cuestiones prácticas que planteaban dudas sobre la interpretación del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital. En primer lugar, se razona que el Registrador mercantil tiene competencia legal para decidir si el socio tiene o no derecho de separación, sino que tal cuestión deba resolverse exclusivamente ante los Tribunales de justicia. Por otro lado, las resoluciones determinan cómo debe calcularse el tercio de beneficios repartible a los socios, indicando que deben integrarse en los beneficios tanto los ingresos financieros como los posibles dividendos cobrados por la sociedad de otras sociedades filiales.

En suma, dos resoluciones de idéntico contenido jurídico, que clarifican enormemente el contenido del derecho de separación por falta de reparto de beneficios y constituyen una guía práctica para empresas y socios sobre este importante derecho.

Una docena de Colegios de Abogados celebra elecciones en diciembre2017-12-27

El pasado 13 de diciembre, la candidatura  liderada por José María Alonso Puig resultó ganadora en las elecciones a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid con un total de 4.406 votos. (Más información)

El 15 de diciembre se celebraron en Huesca y en Gipúzkoa elecciones a decano. En el Colegio de Abogados de Huesca al cierre de candidaturas no se recibió ninguna candidatura alternativa por lo que ha resultado electo Ángel García Bernués. Mª Lourdes Maiztegui González, decana del Colegio de Abogados de Gipúzkoa resultó reelegida por segunda vez.

Julián Sanz Gómez se convirtió el pasado 19 de diciembre en nuevo decano de los abogados de Segovia  al alzarse como vencedor de las elecciones en las que se medía con Juan Luis Figueredo Alonso. (Más información)

En Palencia se celebraron elecciones el 20 de diciembre. Santiago González Recio se mantendrá los próximos cinco años como decano del Colegio de Abogados de Palencia. Logró el apoyo de 121 abogados ejercientes y de 18 ya retirados. (Más información)

El Colegio de Abogados de Toledo tiene nuevo decano. Ángel José Cervantes se impuso en las elecciones celebradas el pasado jueves a José Luis Chorot por doce votos de diferencia. En total votaron 848 colegiados.

Después de ocho años de mandato de José Muelas Cerezuela al frente del Colegio de Abogados de Cartagena, le toma el testigo Antonio Navarro Selfa, tras hacerse con la mayoría de los votos en primera y única vuelta.

El Colegio de Abogados de Orihuela ha reelegido decano a Manuel Almarcha por tercera vez, recibiendo el apoyo mayoritario de los letrados, obteniendo un total de 549 votos.

Francisco Rabuñal ha renovado su cargo como decano del Colegio de Abogados de Santiago tras una pugna por la candidatura en la que tuvo como oponentes a Ulises Bértolo y Mariano Sierra.

El actual decano de Zamora, Norberto Martín-Anero, no obstante, continuará en el cargo, habiendo sido proclamado automáticamente a falta de otra candidatura, al cierre del plazo para su presentación, que se cumplió el día 5 de diciembre.

En Tortosa se celebraron elecciones el pasado 22 de diciembre resultando reelegido el actual decano, Francisco Javier Faura Sanmartín.

El Colegio de Abogados de Albacete celebrará elecciones el próximo 28 de diciembre. El actual decano, Julio Gabino García Bueno, no se presenta a la reelección. Hay dos candidatos.

El Tribunal Supremo confirma la condena a cinco jóvenes que irrumpieron en una misa para protestar contra la reforma de la ley del aborto2017-12-27

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un año de prisión por un delito contra la libertad religiosa impuesta por la Audiencia Provincial de Baleares a cada uno de los cinco jóvenes que interrumpieron una misa en la iglesia de Sant Miquel de Palma de Mallorca, en febrero de 2014, con una protesta contra la reforma de la ley del aborto.

El tribunal parte de los hechos ocurridos el domingo 9 febrero de 2014, cuando un grupo de treinta personas, en el que estaban los acusados, entró en el templo mientras se celebraba la misa de 12 del domingo, “lo que sabían sobradamente”. Avanzaron en tropel por el pasillo hasta aproximadamente la mitad del templo, gritando al unísono y repetidamente "aborto libre y gratuito" y "fuera los rosarios de nuestros ovarios”; y desplegaron una pancarta con esos lemas y otros símbolos. El personal de la iglesia y los feligreses formaron una barrera y extendiendo los brazos y las manos, consiguieron hacer retroceder hasta la salida al grupo, que continuó gritando sus consignas. Una vez desalojados los acusados y el resto de manifestantes, el sacerdote tranquilizó a los asistentes y se reanudó la misa que, en total, estuvo interrumpida unos 10 minutos.

A partir de ahí, la Sala analiza si se dan los requisitos del delito recogido en el artículo 523 del Código Penal –contra la libertad religiosa- que establece que quienes con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de Justicia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a diez meses si se realiza en cualquier otro lugar. Por un lado, la Sala recuerda que la ley exige que se actué con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, de manera que el impedimento, la interrupción o la perturbación ocasionada de cualquier otra forma no sería delictiva. Por otro, que la doctrina exige que cualquiera de esos resultados presente cierta relevancia, teniendo en cuenta el tiempo de duración, la forma en la que se ha causado y la forma en la que cesó.

En este caso, concluye el tribunal, existió una interrupción de un acto religioso, de una ceremonia propia y característica del culto católico en un día de precepto, en los que la misa es de especial importancia para esa confesión religiosa. Además, añade que se hizo mediante la formación de un tumulto, ocasionado por la presencia de unas treinta personas que invadieron el lugar del culto, que gritaban, que portaban pancartas y que no abandonaron el lugar hasta que fueron desalojados. También valora que se mantuvo por un tiempo de unos diez minutos, por lo que debe considerarse relevante en un acto o ceremonia que ordinariamente tiene una duración de entre treinta y cuarenta y cinco minutos, y que solo cesó por la actuación del personal de la iglesia y de algunos asistentes.

Para el Tribunal Supremo, en el ánimo de los acusados estaba “impedir, interrumpir o perturbar de forma claramente perceptible para todos el acto religioso que sabían que se celebraba a esa hora en esa iglesia. Su protesta, en sí misma legítima, se organizó de tal forma que fuera bien perceptible por terceros. Así, no solamente sabían que con su conducta afectaban de esa forma a la celebración del acto o ceremonia religiosa, sino que especialmente querían hacerlo. Es esa interrupción o perturbación, ejecutada de esa forma, lo que la priva de legitimidad”, subraya la sentencia. 

La Sala afirma que “es claro que les asistía el derecho de expresar libremente su opinión, y de manifestarse para ello, dentro de los límites legales”, pero ello no les autorizaba a hacerlo de forma que, “actuando en el interior del lugar destinado al culto, suprimieran un derecho fundamental de los demás, en el caso, el de libertad de culto, cuando el ejercicio de ambos era compatible, sin que, por ello, fuera preciso sacrificar uno de ellos para la subsistencia del otro. No era preciso resolver la colisión mediante el establecimiento de una relación de supremacía”, concluye el tribunal.

“No es aceptable que los acusados, que se han desarrollado y alcanzado sus conocimientos en el seno de un sistema democrático, puedan creer seriamente que los derechos que les corresponden son prevalentes en todo caso respecto de los derechos de los demás, hasta el punto de hacerlos desaparecer. Ni que ignoren que, así como tienen derecho a manifestarse para expresar libremente sus opiniones, los demás están asistidos del mismo derecho. Y que, en el caso, el ejercicio de aquel derecho les pudiera permitir suprimir el de los demás a participar libremente en los actos o ceremonias de la confesión religiosa a la que libremente han decidido adscribirse, cuando se llevan a cabo en los lugares que esa confesión ha destinado al culto”, concluye el tribunal.

Con ese razonamiento, la Sala Segunda desestima los recursos de casación interpuestos por los cinco acusados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares que condenó a un año de prisión a cada uno de los acusados como autores de un delito contra la libertad religiosa.

El TUE dictamina que se le exija una licencia a Uber para operar en la UE, en línea de lo que defiende UGT2017-12-26
  • Además de un servicio de intermediación, es un servicio de transporte, por lo que no se beneficia del principio de libre prestación de servicios de las normas comunitarias
  • El Juzgado Mercantil de Barcelona presentó en agosto de 2015 una petición para dilucidar si las prácticas de esta plataforma eran desleales e ilegales en España

En el día de hoy, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado que la plataforma de transporte Uber es un servicio de intermediación y transporte al que se le debe exigir una licencia para operar en los Estados miembros de la UE.

En concreto, el Juzgado Mercantil de Barcelona presentó en agosto de 2015 una petición al TUE para dictaminar si las prácticas de Uber podrían calificarse de desleales e incumplir la normativa española en materia de competencia.

Ante esto, la respuesta del tribunal europeo es contundente: "es un servicio de intermediación, que tiene por objeto conectar, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte y, por lo tanto, ha de calificarse de "servicio en el ámbito de los transportes", a efectos del artículo 58 del TFUE".

Para UGT esta plataforma presta un servicio de intermediación que se integra en un servicio global cuyo elemento principal es el servicio de transporte. Además, es cada Estado quien tiene que regular la prestación de estos servicios, ya que el TUE señala que como los servicios de transporte urbano no colectivo no han dado lugar a la adopción de normas comunes por parte de las instituciones de la Unión, incumbe a los Estados miembros regular las condiciones de prestación de dichos servicios de intermediación.

No solo intermediación

Uber no se limita únicamente a un ámbito de intermediación, sino que pertenece al del transporte, por lo que no se beneficia del principio de libre prestación de servicios que las normas comunitarias garantizan al campo de la Sociedad de la Información.

Uber crea una oferta de servicios de transporte urbano cuyo funcionamiento general organiza en favor de personas que desean recurrir a esta oferta. El servicio se basa en la selección de conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo a los que se proporciona una aplicación sin la cual no estarían en condiciones de prestar el servicio.

El tribunal también destaca que Uber ejerce una influencia decisiva en las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores (precio máximo de la carrera, recepción del precio y transmisión de una parte al conductor, control sobre la calidad de los vehículos e idoneidad del comportamiento de los conductores, entre otras).

Isabel Araque, Secretaria Confederal de UGT
El Periodo Medio de Pago a Proveedores del conjunto de las CCAA se sitúa en 21,98 días y se mantiene por undécimo mes consecutivo por debajo de los 30 días2017-12-26

El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) del mes de octubre se ha situado en 21,98 días para el conjunto de las Comunidades Autónomas, lo que supone una disminución de 5,58 días con respecto al mes anterior, un 20,25%.

La variación del PMP se debe fundamentalmente a la reducción en 12,54 días en la ratio de operaciones pagadas, pasando de 24,88 a 12,34; así como al incremento en 0,79 días en la ratio de operaciones pendientes de pago, variando de 29,97 a 30,76 días.

En relación con el PMP global, por undécimo mes consecutivo se sitúa por debajo de los 30 días, el plazo máximo legalmente previsto por la normativa de morosidad. Es decir, durante todo el ejercicio 2017, el conjunto de las CCAA han presentado un PMP inferior al plazo máximo de pago a proveedores establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En este mes de octubre, incumplen el plazo de 30 días la C. Valenciana, la Región de Murcia y Cantabria, que no incumplió este plazo en el mes de septiembre.

Deuda de las comunidades autónomas

La deuda comercial no presenta variaciones importantes. Disminuye en 14,60 millones de euros, lo que supone una reducción del 0,27% con respecto al mes anterior, situándose 5.463,57 millones de euros, equivalente al 0,47% del PIB nacional. Este volumen de deuda supone el dato más bajo desde el inicio de la publicación de la serie (septiembre de 2014). En conjunto, desde 2012 y hasta julio de 2017, las 14 CCAA que suscribieron un plan de ajuste (en términos homogéneos) han reducido su deuda comercial un 81,24%.

Respecto a la deuda no financiera, prácticamente se mantiene igual que en el mes anterior, incrementándose en 3,07 millones de euros (0,03% con respecto al mes anterior) y se sitúa en 9.611,89 millones de euros, equivalente al 0,88% del PIB nacional. Se trata del segundo mejor dato publicado desde el inicio de la serie, sólo por detrás del pasado mes de septiembre.

Corporaciones locales

En cuanto a las Corporaciones Locales, las entidades de cesión presentan un Periodo Medio de Pago a Proveedores de 66,62 días, disminuyendo en este período con respecto a los incrementos de los meses pasados. En concreto, frente a septiembre, la reducción es de casi cinco días.

Además, de las 149 entidades que han presentado información, 100 cumplen con el PMP en octubre, lo que quiere decir que el 68,5% presentan en dicho mes un PMP igual o inferior a 30 días.

Si no se tienen en cuenta las entidades con un PMP excesivo (superior a 60 días), y que representan entorno al 14% de las entidades que presentan información del subsector, el Periodo Medio de Pago se sitúa en los 14,35 días, experimentando igualmente cierta tendencia a la baja.

De las principales ciudades, dos tienen un PMP superior a 60 días y un total de tres, incluyendo también las anteriores, presentan más de 30 días en octubre. Destaca por su bajada Las Palmas de Gran Canaria, que reduce en 34,37 días con respecto a septiembre, cuyo valor fue de 107,89 días.

 

La Audiencia Nacional reconoce a la familia de Publio Cordón el derecho a percibir una indemnización de 300.000 euros por el secuestro del empresario2017-12-26
Al amparo de la anterior Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha reconocido el derecho de la familia de Publio Cordón a recibir la indemnización de 300.506 euros y de 2.404 euros que se fijó en la sentencia penal de 2007 sobre el secuestro del empresario aragonés. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso establece que, al amparo de la Ley anterior de Solidaridad con las víctimas del Terrorismo, de 1999, en materia de secuestro deben respetarse las indemnizaciones que se fijen en las correspondientes sentencias penales.

La Sección Quinta ha estimado el recurso presentado por la mujer y las hijas de Publio Cordón contra la resolución de marzo de 2016 de la Directora General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo que limitaba la cuantía indemnizatoria a 1.536 euros para la esposa de Publio Cordón y a 8.831 euros para cada una de sus hijas. La Administración aplicaba una indemnización restrictiva, de acuerdo con la Ley 32 /1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo cuando se refiere a secuestro.

Frente a este criterio del Ministerio del Interior, la familia Cordón reclamaba los 300.506 y 2.404 euros que las sentencias penales de 2007 (Audiencia Nacional) y 2009 (Tribunal Supremo) fijaron respectivamente para el empresario y sus familiares. Los familiares de Cordón argumentaban que no puede desligarse secuestro y fallecimiento, en concordancia con los artículos 2 y 5 de la mencionada Ley.

En línea con la familia Cordón, la Sala de lo Contencioso considera que el régimen jurídico de aplicación es la Ley de 1999 y no la vigente sobre indemnización a víctimas del Terrorismo.

La Sala explica que, aunque se ha reconocido a las demandantes indemnización por fallecimiento en virtud de la l Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, es compatible con una posible indemnización por secuestro.

La cuestión clave que analiza el Tribunal es si, en caso de secuestro, cuando hay sentencia penal firme que establece una cuantía determinada como responsabilidad civil, el derecho de las víctimas del terrorismo a ser resarcidas lo es conforme al artículo 6 de la Ley 32/1999 “ a la totalidad de la cuantía fijada en sentencia o sólo a la cuantía máxima que pueda corresponderles prevista en el anexo de la presente Ley para la incapacidad permanente parcial”.

El tribunal reconoce que en virtud de ese artículo 6 de la Ley 32/1999 no se contempla explícitamente el secuestro en el pago de indemnizaciones o compensaciones por daños físicos o psicofísicos por este motivo, como tampoco lo contempla expresamente la Ley actual, hasta una modificación posterior de 2012. Pero los jueces concluyen que los preceptos de la Ley de 1999 han de ser interpretados con su Exposición de Motivos, en la que “ alienta un espíritu claramente favorecedor de las víctimas del terrorismo”.

El Tribunal concluye que la Ley” por razones de solidaridad, regula el derecho a las víctimas de terrorismo a ser resarcidos o indemnizados en concepto de responsabilidad civil, subrogándose el Estado frente a los obligados al pago a aquéllas. Procede el abono sui hay sentencia firme que reconozca responsabilidad civil a favor de la víctima, o en su defecto, si se han llevado a cabo oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos”. Y por tanto procede reconocer el abono de los 300.506’05 euros fijado en las sentencias penales, debiendo descontarse las cuantías reconocidas en la resolución recurrida y que ascendía a 38.060’73 euros, en el caso de que ya hayan sido abonados a las interesadas. A la cifra resultante habrá añadir los intereses legales generados desde la fecha de la solicitud de la indemnización.

Contra la sentencia se puede interponer recurso de casación en el plazo de 30 días.

El TJUE falla a favor del permiso de residencia de un trabajador de otro Estado que ha perdido su empleo2017-12-22

El Sr. Florea Gusa, nacional rumano, entró en el territorio de Irlanda en 2007. De 2008 a 2012, trabajó como escayolista autónomo y abonó en Irlanda sus impuestos, los seguros sociales y demás tributos que gravan su renta.

En 2012, el Sr. Gusa abandonó su actividad, alegando la falta de trabajo debida a la desaceleración económica. Al no contar ya con más ingresos, presentó una solicitud con el fin de que se le concediera un subsidio para demandantes de empleo. Esa solicitud fue denegada debido a que el Sr. Gusa no había demostrado que siguiese teniendo derecho de residencia en Irlanda. En efecto, se consideró que el Sr. Gusa había perdido su condición de trabajador por cuenta propia desde el momento en que dejó de trabajar como escayolista autónomo, y que, por tanto, ya no cumplía los requisitos establecidos en la Directiva de libre circulación [1] para la concesión del derecho de residencia.

No obstante, el artículo 7 de la Directiva dispone que el ciudadano de la Unión que ya no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia y, por consiguiente, el derecho de residencia en el Estado miembro de acogida, en cuatro casos. Uno de ellos se refiere a la situación en la que el ciudadano «[ha] quedado en paro involuntario [...], tras haber estado empleado durante más de un año». El Sr. Gusa considera que, con arreglo a esa disposición, conserva la condición de trabajador por cuenta propia y, en consecuencia, el derecho de residencia en Irlanda. Por su parte, las autoridades irlandesas estiman que esa disposición se aplica únicamente a quienes han ejercido una actividad por cuenta ajena.

La Court of Appeal (Tribunal de Apelación, Irlanda), que conoce del asunto en apelación, pregunta al Tribunal de Justicia si la expresión «habiendo quedado en paro involuntario [...], tras haber estado empleado durante más de un año», que figura en la Directiva, abarca únicamente a quienes han quedado en situación de paro involuntario tras haber ejercido una actividad por cuenta ajena durante más de un año o si se aplica también a quienes se encuentran en una situación comparable tras haber trabajado como autónomos durante ese tiempo.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera que del tenor de la disposición examinada no cabe deducir que ésta abarque únicamente la situación de quienes hayan dejado de ejercer una actividad por cuenta ajena y excluya a quienes hayan dejado de ejercer una actividad por cuenta propia.

En efecto, el Tribunal de Justicia indica que existen divergencias entre las distintas versiones lingüísticas de la Directiva. En algunas de esas versiones se hace referencia, esencialmente, al ejercicio de una actividad por cuenta ajena, mientras que en otras el legislador de la Unión emplea más bien la formulación neutra de «actividad profesional».

El Tribunal de Justicia recuerda que, en caso de divergencia entre las distintas versiones lingüísticas de un acto, la disposición en cuestión debe interpretarse en función de la estructura general y de la finalidad del acto.

A este respecto, el Tribunal de Justicia señala, para empezar, que el objeto de la Directiva es definir las condiciones de ejercicio del derecho de libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros. Para ello, la Directiva distingue la situación de los ciudadanos económicamente activos de la de los ciudadanos inactivos y de la de los estudiantes. En cambio, no distingue entre los ciudadanos que ejercen una actividad por cuenta ajena y los que ejercen una actividad por cuenta propia en el Estado miembro de acogida.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia pone de relieve que la Directiva se propone superar el enfoque que caracterizaba las directivas anteriores, que se referían por separado a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia.

Por último, el Tribunal de Justicia considera que una interpretación restrictiva de la disposición examinada (es decir, una interpretación que se refiriese únicamente a quienes han ejercido una actividad por cuenta ajena) establecería una diferencia de trato no justificada entre quienes han dejado de ejercer una actividad por cuenta ajena y quienes han dejado de ejercer una actividad por cuenta propia, puesto que, al igual que un trabajador por cuenta ajena, que puede perder involuntariamente su trabajo, quien ha trabajado como autónomo puede verse obligado a abandonar esa actividad. Por tanto, esa persona podría hallarse en una situación de vulnerabilidad comparable a la de un trabajador por cuenta ajena que ha sido despedido.

Esa diferencia de trato estaría aún menos justificada si conllevase tratar a quien ha ejercido una actividad por cuenta propia durante más de un año en el Estado miembro de acogida y ha contribuido al sistema social y tributario de ese Estado miembro del mismo modo que a quien busca su primer empleo en dicho Estado miembro, sin haber ejercido nunca una actividad económica ni cotizado al sistema social y tributario del Estado en cuestión.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que el nacional de un Estado miembro que, tras haber residido legalmente y ejercido una actividad como trabajador por cuenta propia en otro Estado miembro alrededor de cuatro años, ha abandonado esa actividad debido a la falta de trabajo por causas ajenas a su voluntad conserva la condición de trabajador por cuenta propia a los efectos de la Directiva.

[1] Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores DO 2004, L 229, p. 35).

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El Tribunal de Justicia anula la Decisión de la Comisión por la que se ordena ba recuperar la ayuda estatal concedida por España a los operadores de la plataforma de televisión digital terrestre2017-12-22

La motivación de la Decisión de la Comisión es insuficiente

La digitalización de la radiodifusión en la Unión Europea ha sido fomentada por la Comisión desde 2002 porque comporta grandes ventajas con respecto a la radiodifusión analógica. Esta digitalización puede efectuarse técnicamente a través de las plataformas terrestre, satelital o por cable, o mediante accesos de banda ancha en Internet.

Entre 2005 y 2009, las autoridades españolas adoptaron una serie de medidas para permitir la transición de la televisión analógica a la digital. Los radiodifusores nacionales tenían la obligación de cubrir el 96 % de la población, en el caso del sector privado, y el 98 % de la población, en el caso del sector público, en sus respectivos ámbitos territoriales. A fin de gestionar la digitalización, las autoridades españolas dividieron el territorio español en tres zonas distintas (I, II y III). [1] El objetivo era que el servicio de televisión digital terrestre alcanzara una cobertura del 98 % de la población española, con el fin de igualar el porcentaje cubierto por la televisión analógica en 2007. Como existía el riesgo de que las obligaciones de cobertura impuestas a la televisión digital terrestre no llegaran a ese nivel, se consideró necesario garantizar la cobertura de televisión en la zona II, de modo que las autoridades españolas concedieron financiación pública para apoyar el proceso de digitalización terrestre en dicha zona. [2]

En junio de 2013, a raíz de una denuncia de SES Astra (un operador europeo de satélites), la Comisión adoptó una Decisión [3] por la que declaraba ilegal e incompatible con el mercado interior la ayuda concedida a los operadores de la plataforma de televisión terrestre para el despliegue, el mantenimiento y la explotación de la red de televisión digital terrestre en la zona II en el conjunto del territorio español, con excepción de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [4] En la misma Decisión, la Comisión ordenó que se recuperase de sus beneficiarios la ayuda recibida.

[1] En la zona I, que abarca el 96 % de la población española y que se consideró comercialmente rentable, el coste de la transición a la tecnología digital fue asumido por los radiodifusores públicos y privados; en la zona II, que comprende regiones menos urbanizadas y remotas que representan el 2,5 % de la población española, los radiodifusores no invirtieron en la digitalización por falta de interés comercial, lo que llevó a las autoridades españolas a establecer una financiación pública; en la zona III, con el 1,5 % de la población española, la topografía excluye la transmisión digital terrestre, de modo que se optó por la plataforma satelital.

[2] En total, entre 2008 y 2009, se invirtieron en la extensión de la cobertura a la zona II cerca de 163 millones de euros procedentes del presupuesto central, en parte mediante préstamos en condiciones favorables concedidos por las autoridades españolas a las Comunidades Autónomas, y unos 60 millones de euros de los presupuestos de las dieciséis Comunidades Autónomas afectadas. Por otro lado, los ayuntamientos financiaron la extensión con 3,5 millones de euros aproximadamente. Por último, el importe de los fondos concedidos para la explotación y el mantenimiento de la red en los años 2009-2011 fue de al menos 32,7 millones de euros.

[3] Decisión 2014/489/UE relativa a la ayuda estatal SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] concedida por el Reino de España para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas (excepto en Castilla-La Mancha) (DO 2014 L 217, p. 52) (véase el comunicado de prensa IP-13-566 de la Comisión).

España, las Comunidades Autónomas del País Vasco, de Galicia y de Cataluña y varios operadores de televisión digital terrestre solicitaron al Tribunal General de la Unión Europea que anulase la Decisión de la Comisión. En diversas sentencias de 26 de noviembre de 2015, el Tribunal General desestimó todos los recursos y confirmó la decisión de la Comisión. [5] El Tribunal General consideró, en particular, que las medidas adoptadas por las autoridades españolas no respetaban el principio de neutralidad tecnológica.

España y las Comunidades Autónomas y los operadores de televisión digital terrestre antes citados han recurrido en casación ante el Tribunal de Justicia, solicitando la anulación de las sentencias del Tribunal General.

En sus sentencias dictadas hoy, el Tribunal de Justicia desestima los recursos de casación en los asuntos acumulados Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Comisión, Comunidad Autónoma de Cataluña y CTTI/Comisión, Navarra de Servicios y Tecnologías/Comisión y Cellnex Telecom y Retevisión I/Comisión (C-66/16 P, C-67/16 P, C-68/16 P y C-69/16 P), así como en el asunto España/Comisión (C-81/16 P).

En cambio, en su sentencia Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Comisión (C-70/16 P), el Tribunal de Justicia anula la Decisión de la Comisión por insuficiencia de motivación, basándose en un motivo de casación invocado por la Comunidad Autónoma de Galicia y el operador Retegal.

La Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal critican al Tribunal General por haber confirmado el análisis de la Comisión sobre el carácter selectivo de la medida controvertida y alegan que la motivación expuesta por la Comisión a este respecto era insuficiente. Sobre esta cuestión, el Tribunal de Justicia recuerda que el Derecho de la Unión prohíbe las ayudas selectivas, es decir, las ayudas que, en el marco de un régimen jurídico concreto, favorecen a determinadas empresas o producciones en comparación con otras que se encuentren, en relación con el objetivo perseguido por ese régimen, en una situación de hecho y de Derecho comparable. Afirma además que el examen del requisito relativo a la selectividad de una medida de ayuda debe estar suficientemente motivado, a fin de permitir, entre otras cosas, un pleno control jurisdiccional de la comparabilidad de la situación de los operadores que disfrutan de la medida y la de los operadores que están excluidos de ella.

El Tribunal de Justicia señala que el Tribunal General consideró en su sentencia que la motivación de la Comisión a este respecto indicaba que la medida controvertida beneficiaba solamente al sector de la radiodifusión y que, dentro de ese sector, afectaba únicamente a las empresas que operaban en el mercado de la plataforma terrestre. El Tribunal de Justicia pone de relieve que ni la Decisión impugnada ni la sentencia recurrida contienen indicación alguna que permita comprender por qué razones debería considerarse: 1) que las empresas activas en el sector de la radiodifusión se encuentran en una situación de hecho y de Derecho comparable a de las empresas activas en otros sectores y 2) que la situación de hecho y de Derecho de las empresas que utilizan la tecnología terrestre es comparable a la de las empresas que utilizan otras tecnologías.

[4] El despliegue en esta Comunidad Autónoma fue objeto de la Decisión de la Comisión Europea de 1 de octubre de 2014, relativa a la ayuda estatal SA.27408 [(C 24/2010) (EX NN 37/2010, EX CP 19/2009)] concedida por las autoridades de Castilla-La Mancha para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y menos urbanizadas de Castilla-La Mancha (DO C 335, p. 8) (véase el comunicado de prensa IP-14-1066 de la Comisión). Esta Decisión ha sido impugnada en cuatro asuntos (T-808/14, España/Comisión, T-36/15, Hispasat/Comisión, T-37/15, Abertis Telecom Terrestre/Comisión, y T-38/15, Telecom Castilla-La Mancha/Comisión). La sentencia dictada en los asuntos acumulados T-37/15 y T-38/15 y la sentencia dictada en el asunto T-808/14 han sido recurrida en casación, y los recursos están aún pendientes ante el Tribunal de Justicia (asuntos C-91/17 P, C-92/17 P y C-114/17 P).
[5] Sentencias dictadas en los asuntos Comunidad Autónoma del País Vasco e Itelazpi/Comisión (T-462/13), Comunidad Autónoma de Cataluña y CTTI/Comisión (T-465/13), Navarra de Servicios y Tecnologías/Comisión (T-487/13), Abertis Telecom y Retevisión I/Comisión (T-541/13), Comunidad Autónoma de Galicia y Retegal/Comisión (T-463/13 y T-464/13) y España/Comisión (T-461/13) (véase el CP n.º 141/15).

La Comisión sostiene que no era necesaria motivación alguna a este respecto, dado que según ella el requisito de selectividad se cumple automáticamente si una medida se aplica exclusivamente a un sector de actividad o a las empresas de una zona geográfica determinada. Sobre esta cuestión, el Tribunal de Justicia recuerda que una medida que sólo beneficia a un sector de actividad o a una parte de las empresas de ese sector no es necesariamente selectiva, pues sólo lo es si, en el marco de un determinado régimen jurídico, tiene como efecto beneficiar a determinadas empresas en comparación con otras que pertenecen a otros sectores o al mismo sector y se encuentran en una situación de hecho y de Derecho comparable en relación con el objetivo perseguido por dicho régimen.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia

El TSJA revoca el auto que suspendía el acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza sobre inmatriculaciones2017-12-22
El TSJA estima, en sendas sentencias, los recursos presentados por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la medida cautelar, adoptada por un juzgado de Zaragoza, que suspendía el acuerdo de la corporación municipal sobre las inmatriculaciones de La Seo, Santa María Magdalena, San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor. La Sala levanta la medida cautelar pero no entra en el fondo de la cuestión

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón estima, en sendas sentencias, los recursos presentados por el Ayuntamiento de Zaragoza contra la medida cautelar (adoptada por el juzgado de lo Contencioso nº 5 de Zaragoza), auto que suspendía el apartado primero del acuerdo del Gobierno de Zaragoza referido a la nulidad y rectificación registral de la Catedral de San Salvador (La Seo), la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena, San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor en Zaragoza.

Los acuerdos de la corporación municipal, de fechas 27 y 31 de marzo de 2017 expresan :"Que por la Asesoría Jurídica Municipal se ejerciten, en el momento que proceda, las pertinentes acciones administrativas y judiciales declarativas de dominio y de posible nulidad y rectificación registral practicada respecto de los templos de San Juan de los Panetes y de Santiago el Mayor en Zaragoza a favor del Arzobispado de Zaragoza, con la finalidad de dilucidar y proteger el dominio y la utilización pública de los citados bienes", y lo mismo para la Catedral de San Salvador (La Seo) y de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena.

Ante el juzgado de lo Contencioso nº 5 de Zaragoza, el Arzobispado de Zaragoza solicitó (en dos recursos distintos) la suspensión de los acuerdos municipales. El juzgado adoptó entonces la medida cautelar al considerar que no constaba un informe jurídico previo al acuerdo, siendo éste un requisito “esencial” para advertir a la corporación de la viabilidad jurídica de las acciones que pretendían llevar a cabo. Este razonamiento llevo a la magistrada a considerar que el acuerdo municipal era nulo por lo que adoptó la medida cautelar.

Discrepa la sala del TSJA de este criterio y mantiene en las sentencias ahora dictadas que “no puede afirmarse que el acuerdo recurrido sea manifiestamente nulo” porque el acuerdo fue precedido del oportuno dictamen. No obstante, matizan los magistrados a este respecto que la sala no puede entrar a valorar en estas sentencias el fondo de la cuestión ya que “no se cuentan con todos los elementos precisos para resolver” y porque resulta improcedente efectuar en este momento consideración alguna sobre si el acuerdo cumple o no las exigencias.

No aprecian los magistrados que la ejecución de los acuerdos municipal pueda generar perjuicios irreparables o de difícil reparación, si no que los perjuicios serían los derivados de las acciones judiciales que llevara a cabo el Ayuntamiento contra el Arzobispado de Zaragoza, amparándose en los acuerdos.

Entienden los magistrados del TSJA que podría verse gravemente afectado el derecho fundamental del Ayuntamiento a la tutela judicial efectiva ya que al suspender el acuerdo municipal, se imposibilitaría al Ayuntamiento el poder ejercer acciones judiciales.

Por ello, y basándose en estos razonamientos, estiman el recurso presentado por el Ayuntamiento de Zaragoza y revocan el auto de suspensión del acuerdo municipal dictado por el juzgado.

¿Qué control legal pueden ejercer las empresas sobre sus empleados en el uso dispositivos electrónicos?2017-12-21

El uso de dispositivos electrónicos por parte de los trabajadores en su horario laboral es una cuestión que ha ocasionado casos judiciales que se han debido resolver en los tribunales españoles. Así pues, es cada vez más frecuente que las organizaciones notifiquen por escrito a sus trabajadores la prohibición de utilizar para asuntos personales durante la jornada de trabajo el ordenador, los móviles, internet o cualquier otro dispositivo puesto a su disposición para la actividad laboral. De hecho, en muchas compañías se realizan comprobaciones periódicas sobre el uso que se hace de estos medios para evitar situaciones abusivas.

 En este sentido, el control que ejercen las empresas sobre la forma de usar las herramientas puestas a disposición del trabajador puede suponer una vulneración del derecho a la intimidad, por lo que tanto empleador como empleado han de conocer bien los límites del marco jurídico que delimita este asunto.
 
Así, la Constitución Española señala el derecho a la intimidad como uno de los derechos fundamentales protegidos por el Artículo 18:

  • 18.1: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.
  • 18.3: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”.
  • 18.4: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”.

 Por su parte, el Estatuto de los Trabajadores establece, también en su Artículo 18 (‘Inviolabilidad de la persona del trabajador’) que “sólo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible”.

No obstante, el propio Estatuto de los Trabajadores establece en su Artículo 20.3 que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad”.

 Eva Gómez, abogada especialista en Derecho Laboral de Sanahuja Miranda, indica que, pese a la claridad del marco jurídico existente sobre estas cuestiones, “este tipo de casos suelen tener muchos matices a tener en cuenta debido a la particularidad de cada caso, la relación entre empleado y empleador, el tipo de organización o el rendimiento del empleado en cuestión, por lo que es necesario estudiar en profundidad qué derechos pueden haberse visto vulnerados y de qué forma. De hecho, existen sentencias firmes que se han decidido dependiendo del convenio colectivo aplicable al sector profesional concreto del demandante”.
 
Así pues, la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2007 estableció que el control por parte del empleador de los dispositivos electrónicos utilizados por los empleados deben seguir los criterios de idoneidad, necesidad, proporcionalidad, justificación, ponderación y equilibrio. De hecho, fue la primera sentencia que mencionó el Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que regula el derecho a la vida privada y familiar. Así, esta sentencia resolvió el conflicto entre la aplicación del artículo 18 del ET y la potestad de vigilancia y control del empresario establecida en el artículo 20.3 del ET, indicándose en la misma  que el control del uso de los medios informáticos facilitados por el empresario no se regula por el artículo 18, sino por el artículo 20.3 del ET.

Además, otras sentencias como la del Tribunal Constitucional de diciembre de 2012 avalan una actuación de control al empleado por parte de la empresa en el caso de que ésta acceda a ficheros creados por el trabajador en un dispositivo de uso común. Así, el control de medios informáticos no vulnerará los derechos fundamentales siempre y cuando se informe previamente a los empleados y sus representantes legales de que los medios son propiedad de la empresa y que estarán sujetos a mecanismos de control por parte de la propia organización.

Aprobado el informe preliminar sobre la Convención de los Abogados en el Consejo de Europa2017-12-21

El pasado 12 de diciembre, el Comité de Asuntos Legales y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó por unanimidad el informe de la ponente Lahaye-Battheu a favor de redactar una Convención europea sobre la profesión de Abogado.

El Comité ha considerado que una Convención europea servirá como mecanismo efectivo de control, necesario para proteger a la Abogacía de manera adecuada. Asimismo, el Comité considera esencial establecer un mecanismo rápido y flexible de alerta temprana, similar a la plataforma creada para proteger a los profesionales del Periodismo, y en orden a poder responder de manera inmediata a las amenazas vertidas contra la seguridad y la independencia de los abogados, extremo que CCBE ha venido reclamando al Consejo de Europa desde 2016).

El siguiente paso es la votación en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el próximo 24 de enero.

Puede acceder al informe (inglés/francés), en los siguientes enlaces:

EN CoE Adopted report 12 12 2017

FR CoE Adopted report 12 12 2017

Uralita tendrá que indemnizar con más de 2 millones de euros a unos vecinos afectados por el amianto de su fábrica de Cerdanyola del Vallès 2017-12-20

Se trata de la primera resolución judicial que hace responsable a URALITA de las enfermedades y defunciones de personas sin vinculación laboral directa con la empresa causadas por la exposición al amianto procedente del que fue su mayor centro productivo en España, en funcionamiento entre los años 1907 y 1997.

Para las abogadas del Colectivo Ronda responsables de la sentencia, Esther Pérez y Esther Costa, “se trata de una resolución pionera que reconoce, por primera vez, el legado de muerte y padecimiento que la empresa URALITA ha dejado en las localidades donde se asentó”.

 La resolución hace pues responsable directa a URALITA de las enfermedades causadas por la exposición al amianto de las decenas de demandantes de las localidades colindantes de Ripollet y Cerdanyola del Vallès, donde la conocida multinacional situó la que llegó a ser su mayor fábrica en España.

 Así lo ha establecido por primera vez la Audiencia Provincial de Madrid a instancias de Colectivo Ronda, responsable de una demanda colectiva que exigía el reconocimiento de la responsabilidad de la empresa sobre las patologías, incluidas diversas formas de cáncer, derivadas de la inhalación de fibras de amianto por parte de personas que eran familiares de trabajadores o, sin serlo, personas que residían o trabajaban en las cercanías de la fábrica.

 De este modo, la Audiencia de Madrid revoca la Sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de Primera Instancia 96 de Madrid en diciembre de 2015 que condenó a la empresa por la afectación sobre las personas que habían convivido con trabajadores de la fábrica, pero desestimaba la responsabilidad respecto a la inhalación de fibras de amianto por parte de los vecinos cuya causa de exposición había sido mantener su residencia o lugar de trabajo en las proximidades de la fábrica. 

Condena por emisiones sin el control adecuado

 La Audiencia Provincial considera que “se ha estudiado científicamente que la mayor exposición a la inhalación de fibras de amianto en las localidades de Cerdanyola del Vallès y Ripollet ha provocado en dichas poblaciones una mayor incidencia de las enfermedades relacionadas con la inhalación de fibras de amianto”. Y ello como consecuencia de que “la demandada Uralita, conociendo el peligro que conllevaba la utilización e inhalación de las fibras de amianto, no actuó con la diligencia exigible al emitir sin el control adecuado al ambiente exterior las fibras de amianto de su explotación industrial, con lo que incurrió en responsabilidad civil de carácter extracontractual por los daños causados en las poblaciones circundantes de Cerdanyola del Vallès y Ripollet al inhalar sus habitantes las fibras de amianto emitidas al ambiente exterior sin el debido control por la actividad industrial desarrollada por la demandada»

Lo que se ha vivido en Cerdanyola y Ripollet, como sucede en otras localidades donde se establecieron grades fábricas dedicadas a la fabricación y manipulación de fibrocemento y derivados, como es el caso de Castelldefels,  es un verdadero drama que, desgraciadamente, perdurará durante décadas -explican las abogadas- y que hasta ahora no gozaba del reconocimiento merecido, pues únicamente se consideraba probada la responsabilidad de las empresas en lo que atañe a sus extrabajadores y a las personas que convivían con ellas, expuestas al amianto por la negativa de Uralita a hacerse cargo de la limpieza de la ropa de trabajo, doble taquilla, y demás incumplimientos”.

Una sentencia histórica

Las localidades de Cerdanyola del Vallès y Ripollet han sido consideradas a menudo la «zona cero» del amianto en España por la extrema incidencia de las enfermedades causadas por el amianto entre su población. Mientras lo habitual es que estas enfermedades no afecten más de 10 personas por año y millón de habitantes, esta cifra se eleva hasta 95 en el caso de Ripollet y Cerdanyola.

 Una proporción que todavía aumenta más si atendemos a la incidencia del cáncer de pleura o mesotelioma, enfermedad mortal y sin esperanza de cura cuya única causa posible es la exposición al amianto, que no se da más más que entre uno y tres casos por millón de habitantes.

En la zona que acogió a URALITA, esta cifra se eleva hasta los 47 casos por millón.

Para las abogadas de Colectivo Ronda, “afortunadamente, hace ya años que existe una sólida jurisprudencia que establece la responsabilidad de URALITA por las dolencias y las defunciones de sus exempleados y familiares al haber existido una permanente vulneración de la normativa laboral de protección de la salud, pero no había nada parecido respecto a los denominados pasivos ambientales, que han pagado con la salud y la vida el mero hecho de vivir junto a unas fábricas donde se actuó con reiterado desprecio hacia la obligación de impedir que las fibras de amianto fueran expelidas al exterior. Esta sentencia acaba con la impunidad al respecto”.

Un criterio que comparte la Audiencia Provincial al constatar que “Uralita S.A no ha acreditado suficientemente en autos que la misma adoptara por su parte no ya las medidas a que legalmente viniera obligada, sino aquellas que conforme a los conocimientos habidos en el momento en el que debieron producirse los hechos litigiosos, entre 1962 y 1992, debían haberse adoptado con una diligencia y cuidado que le era exigible al venir desarrollando su actividad productiva con materiales que conocía ya desde al menos 1940 eran especialmente peligrosos”.

La Ley del Jurado ya no excluye a las personas con discapacidad2017-12-20

El 14 de diciembre publicó el Boletín Oficial del Estado la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado de 1995, que acaba con la exclusión de las personas con discapacidad, que hasta ahora no podían acceder al desempeño de la función de jurado.

La reforma legal, que entrará en vigor efectivamente en el plazo de dos meses desde la fecha de publicación, partió de una propuesta articulada que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) presentó a los Grupos Parlamentarios, que estos asumieron y que se ha aprobado con la unanimidad de todo el arco político, tanto en el Congreso como en el Senado.

Con esta modificación normativa se destierra del ordenamiento jurídico una discriminación contra el acceso de las personas con discapacidad a la Justicia, que contravenía gravemente los mandatos de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, suscrita y ratificada por España y plenamente aplicable en nuestro país.

Este avance en los derechos de las personas con discapacidad se convierte en un precedente valioso de las reformas pendientes en materia de su acceso a la Justicia, como la modificación del Código Civil para establecer un sistema de apoyos a la toma de decisiones o para la eliminación del internamiento involuntario por razón discapacidad psicosocial.

Nuevo texto de la Ley del Jurado.

¿La realización de actividades por un trabajador en situación de IT que perjudican su recuperación es causa de despido disciplinario?2017-12-20

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco declara la improcedencia del despido disciplinario de un trabajador que había llevado a cabo actividades incompatibles con su situación de IT, por no tratarse de una medida justificada y proporcional a las circunstancias del caso, siendo más idónea la interposición de una suspensión de empleo y sueldo.

Supuesto de hecho:

  • El trabajador venía prestando servicios en la empresa desde el 2/05/2001, permaneciendo en el desarrollo de su actividad de pie.
  • El 5/08/2016, el trabajador causó baja por Accidente de Trabajo, al diagnosticársele un esguince de tobillo, permaneciendo en esta situación hasta el 11/10/2016.
  • El 12 de agosto se le retiró la venda, indicándosele el uso de tobillera. En visita el 19, se estableció la mejoría y el correcto proceso de recuperación, recomendándose llevar vida normal dentro de las circunstancias del caso. En la cita del 31/08/2016, el paciente continúa con "ligera mejoría" de sus lesiones.
  • El día 16/08/2016, el trabajador en IT participó en una carrera de 6 kilómetros de distancia, teniendo que detenerse a los 1,5 kilómetros de carrera por los dolores en el pie lesionado.
  • Fue despedido el 14/10/2016 disciplinariamente por trasgresión de la buena fe contractual, al realizar una actividad  incompatible con el estado de IT en el que en esa fecha se encontraba.

Consideraciones jurídicas:

  • La cuestión principal sobre la que debe resolver el Tribunal es determinar si la sanción de despido interpuesta al trabajador es procedente y proporcional de acuerdo con los hechos acontecidos, ya que se trata de la sanción más grave y, por tanto, debe estar justificada en un incumplimiento "grave y culpable" del trabajador, no bastando con la mera existencia de la transgresión de la buena fe contractual o el abuso de confianza para declarar la procedencia del despido, por lo que pueden ponderarse las circunstancias concurrentes para agravar o para atenuar la conducta del trabajador.
  • En este sentido, el Tribunal acude a la jurisprudencia relativa a aquellas actividades incompatibles con los procesos de incapacidad temporal que puedan justificar un despido, estableciendo que es necesario que esa actividad entrañe un peligro para la curación de la enfermedad o ponga de manifiesto la aptitud para el desempeño del puesto de trabajo.
  • Para determinar si el despido disciplinario por este motivo es procedente, o no, la Sala acude a las pautas establecidas por esta jurisprudencia, para calificar dicho comportamiento como suficiente para motivar el despido disciplinario, resumido en los siguientes puntos:
    • No se trata de un cúmulo de actos o de varios actos que generan riesgo de agravación de la enfermedad, sino que se trata de un solo acto concreto y que, además, no se culmina, sino que se frustra, ya que finaliza la carrera en el kilometro 1,5 por el intenso dolor de tobillo.
    • La decisión de correr no viene presidida por un ánimo lucrativo o similar, sino que es un acto en el que el trabajador asume indebidamente un riesgo, motivado por la propia satisfacción del deportista que quiere volver a la normalidad.
    • No se ha producido una agravación de la lesión, pues ello no consta, y sí la ligera mejoría en las dos siguientes visitas médicas. Tampoco consta que la baja laboral durase más tiempo del debido.
    • Se trata de una relación laboral que ya contaba con más de 15 años de duración, en la que solo existe un incidente, consistente en una imputación empresarial de falta muy grave a finales del año 2014, por la que no se sancionó al trabajador.
  • En base a estos pronunciamientos, el TSJ concluye que la conducta del trabajador es imprudente, censurable y sancionable, y más cuando es una carrera pública que puede producir un "escándalo" en la empresa, pero con un suspensión de empleo y sueldo y no con la sanción más grave, la del despido, ya que cinco días después de esa carrera, en nueva visita médica el paciente refiere ligera mejoría, al igual que a lo largo de todo el proceso. Además el trabajador participó con fines lúdicos tras la recomendación de la doctora de una semana antes de comenzar a realizar vida normal y no logró terminar la carrera debido a los dolores por lo que pese a reconocer la actitud no prudente del trabajador, de los hechos acontecidos no procede la interposición de la sanción más grave.

Conclusión Lex@:

Con este pronunciamiento, el TSJ entiende que no en todos los casos en que un trabajador en IT realiza actividades deportivas incompatibles con su situación puede ser despedido disciplinariamente, ya que no es suficiente con la trasgresión de la buena fe, sino que esta debe ser por un incumplimiento grave y culpable, y la sanción justificada y proporcional en cada caso, siendo en el presente caso más adecuado la suspensión de empleo y sueldo del trabajador.

¿Quiere leer la sentencia?

El Tribunal Constitucional profundiza la exclusión sanitaria y limita la capacidad de las comunidades autónomas para prestar asistencia sanitaria universal2017-12-19
  • El Tribunal Constitucional anula la normativa vasca que garantizaba el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley 16/2012, en particular las personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
  • La Sentencia dista de ser unánime, como muestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces.
  • Varias organizaciones denuncian que la Sentencia 134/2017 contraviene “obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por la reforma de 2012”.

Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) y semFYC denuncian que la Sentencia 134/2017 del Tribunal Constitucional contraviene obligaciones fundamentales de derechos humanos, es regresiva, discriminatoria y pone en riesgo la vida de las personas excluidas del sistema sanitario por el Real Decreto-Ley 16/2012.

La reciente sentencia pone en riesgo la salud de miles de personas que viven en Euskadi y en las Comunidades Autónomas (CCAA) que han adoptado normas orientadas a proteger la universalidad del sistema sanitario que han sido recurridas por el Gobierno central.  Esta sentencia anula varias disposiciones de la normativa vasca que garantizaba la atención sanitaria, con cargo a fondos públicos autonómicos, a las personas excluidas por el Real Decreto-Ley, principalmente personas inmigrantes en situación irregular.

Restricción de las competencias autonómicas para otorgar asistencia sanitaria por encima de los mínimos establecidos por el RDL 16/2012

La sentencia establece que las normas autonómicas no pueden ampliar el universo de personas que reciben asistencia sanitaria por encima de los límites determinados por el RDL 16/2012 aun cuando éstas asuman el costo de estas mejoras y sin poner en riesgo los términos mínimos establecidos por el Estado para el ámbito estatal. Al restringir esa posibilidad por parte de las CCAA, el Tribunal Constitucional (TC) corta la línea vital que ha permitido a las personas migrantes en situación administrativa irregular recibir servicios de salud. Para las organizaciones firmantes, el impedir que las CCAA puedan ir más allá de un mínimo de protección básico a nivel estatal atenta contra el deber del Estado español de adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr de forma progresiva la plena efectividad de los derechos sociales, tal como lo dispone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ratificado por España.

De este modo, la sentencia desoye las obligaciones en materia de derechos humanos, ignora el derecho internacional e impone una camisa de fuerza que impedirá que las CCAA adopten normativa que amplíe el ámbito de protección de los derechos sociales en ejercicio legítimo de sus competencias.

Asimismo, las organizaciones lamentan que el TC haya abandonado la doctrina que había asumido en su auto 239/2012 sobre esta misma causa, en el que afirma que “el derecho a la salud y la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad no podía verse desvirtuado por un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.  Sobre la base de este argumento, el TC permitió que Euskadi siguiese garantizando la atención sanitaria a personas migrantes, hasta que se adoptase esta sentencia.

Las organizaciones destacan que la sentencia dista de ser unánime, como demuestran los cinco votos disidentes de un total de 12 jueces, y presenta interpretaciones controvertidas. Así, tal y como señalan la magistrada y los magistrados disidentes, el Tribunal Constitucional se aparta de su propia jurisprudencia, elaborando una nueva interpretación de lo que es un estándar mínimo aplicable al ámbito estatal en un techo máximo para las Comunidades Autónomas, restringiendo indebidamente, las competencias autonómicas para ampliar el nivel de protección sanitaria en su ámbito territorial. 

Asimismo, cuatro de los cinco magistrados en su voto disidente, muestran su preocupación porque “la vía informal” de mejora de la legislación básica en materia de sanidad constituya el único recurso del que pueden disponer las CCAA para procurar combatir la exclusión social derivada de una política restrictiva. Y ello, en opinión de las organizaciones, con la consiguiente merma en la seguridad jurídica de los derechos de un colectivo que se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad social y económica.

Las organizaciones recuerdan que varios mecanismos de derechos humanos han establecido que el RDL 16/2012 que generó la exclusión sanitaria es contrario a las obligaciones de España bajo los tratados que regulan estos derechos, por tratarse de una medida regresiva injustificada y discriminatoria. Así lo consideraron organismos como el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Comité Europeo de Derechos Sociales y seis Relatores Especiales y Expertos Independientes de Naciones Unidas y del Consejo de Europa quienes recomendaron al Estado español su inmediata reforma. Cinco años después, el Gobierno central sigue haciendo oídos sordos a estas recomendaciones. Más aún, a través de esta sentencia, el TC impide al País Vasco corregir el carácter discriminatorio de la norma estatal.

Consecuencias “catastróficas” para la vida de las personas excluidas del sistema sanitario

Si el TC mantiene esta argumentación en cada uno de los recursos de constitucionalidad pendientes de ser dirimidos por este Tribunal, las consecuencias pueden ser catastróficas para la vida y la salud de las poblaciones excluidas del sistema sanitario.

Tal como sostiene uno de los jueces en su voto disidente, las comunidades autónomas, a través de normativa autonómica o de prácticas administrativas han ido configurando, de modo progresivo, un sistema de prestación asistencial que ha venido a extender el ámbito subjetivo de cobertura a sectores excluidos y vulnerables. En estos cinco años, 14 comunidades han ampliado la cobertura asistencial a personas excluidas por el Real Decreto Ley, mientras que otras han dado órdenes internas de atender a todas las personas que  acudan a los servicios de salud públicos, independientemente de su situación administrativa. Estas medidas, si bien resultan insuficientes para poner fin a la injusticia de la exclusión sanitaria, han permitido paliar algunos de los efectos más dramáticos de la misma, permitiendo a muchas personas recibir una atención que les resulta imprescindible.

Pese a este “cordón sanitario” autonómico, la asistencia sanitaria a las personas excluidas por el Real Decreto Ley distaba de ser adecuada. REDER ha documentado  - entre enero de 2014 y agosto de 2017 - más de 3.784 personas que no han podido acceder a servicios de asistencia sanitaria a pesar de tener derecho a recibir dichos servicios (ya sea dentro del marco del RDL 16/2012 o amparados en las normativas autonómicas). Se trata, en su gran mayoría, de inmigrantes en situación irregular, incluidas 158 mujeres embarazadas, 270 menores de edad y 364 casos de denegación de atención o facturación indebida de urgencias.  Varios de estos casos se han podido resolver gracias a que la mayoría de las autonomías, bien sea por iniciativa propia o como resultado de la ardua labor de denuncia de organizaciones de la sociedad civil, han otorgado protección sanitaria a las personas excluidas.

La urgencia de restablecer el sistema de sanidad universal en España

La sentencia 134/17 sella la tendencia regresiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la salud en España, profundiza la exclusión sanitaria contra los grupos más vulnerables de la sociedad y pone en riesgo la vida de estas personas. 

Frente a este escenario, las organizaciones firmantes redoblarán sus esfuerzos ante las instancias internacionales pertinentes para evidenciar y paliar los impactos del RDL 16/2012, y de esta sentencia en particular. En este sentido, estas organizaciones recuerdan que la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario firmaron el pasado 12 de septiembre un Pacto en el que se comprometían a proponer  las medidas legislativas necesarias para garantizar el acceso a la sanidad pública sin restricciones a todas las personas que viven en España. Tras la sentencia del TC la puesta en marcha de estas medidas es más urgente que nunca. 

La dilación indebida de Justicia vale 3.500€/año2017-12-19
  • Así lo señala la Audiencia Nacional que condena a Justicia a pagar 98.000€ a 4 afectados por dilaciones indebidas de 7 años
  • Justicia no quería indemnizar el daño moral por considerarlo “indeterminado”

La sección 3ª de Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional resolvió el pasado 21 de noviembre indemnizar con 98.000€ los daños morales de 4 personas víctimas de una dilación indebida por parte de la Justicia.

Las cuatro personas habían sido acusadas de falsedad documental, estafa, denuncia falsa y apropiación indebida. Tras 7 años de retrasos, finalmente todos resultaron absueltos. Así lo señaló el juzgado de lo Penal nº 1 de Granollers el 3 de octubre de 2006. Posteriormente su sentencia fue confirmada en apelación el 16 de julio de 2007.

Los cuatro afectados reclamaron ante Justicia su indemnización por dilación indebida. Reclamaban tanto los daños morales como los materiales. Justicia aceptó los segundos, pero no los primeros. Fue lo que resolvió el 26 de enero de 2015 tras escuchar al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo de Estado. Posteriormente, confirmó su resolución tras el recurso de reposición el 31 de julio de 2015.

“Obviamente mis clientes no quedaron satisfechos porque es evidente que 7 años acusados de graves delitos de los que finalmente resultaron absueltos supusieron un grave daño moral”, señala Juan Ignacio navas, socio-director de Navas & Cusí, que ha dirigido la defensa. Así que los afectados recurrieron a lo contencioso-administrativo. Y esta vez, la sección 3ª de la Sala Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, les concede el daño moral. “Las propias resoluciones recurridas han reconocido la dilación indebida”, señala el fallo.

La sentencia señala que una cosa es soportar la carga de la defensa y otra que esta se prolongue “excediendo los límites representados por el estándar del servicio público”. Así que considera que deben ser indemnizados. Para calcular la cuantía utiliza el baremo utilizado por la Audiencia Nacional: 3.500€ por persona y año. En total, 98.000€. “Es lo mínimo que la Justicia puede hacer con quien ha tenido empantanados durante 7 años sin razón alguna”, señala Navas.

El letrado se muestra especialmente satisfecho porque “se trata de unas personas que vivieron un verdadero infierno durante 7 años, con la mochila cargada de graves acusaciones cuando resultaron ser inocentes. No era lógico que Justicia reconociera retrasos indebidos y no accediera a la indemnización por daños morales. Estamos satisfechos porque por fin se hace justicia”, concluye el socio-director de navascusi.com.

El Tribunal Supremo establece que la mera referenciación de una hipoteca al IRPH no supone falta de transparencia o abusividad2017-12-19
La Sala Primera estima el recurso de Kutxabank contra una sentencia de la Audiencia de Álava que declaró la nulidad de la cláusula

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en Pleno, ha notificado la sentencia sobre el recurso interpuesto por Kutxabank contra una resolución anterior de la Audiencia Provincial de Álava que declaraba la  nulidad de la cláusula IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios). El fallo fue anticipado el pasado 22 de noviembre.

La sentencia, en primer lugar, considera que una cláusula en la que se establece el interés remuneratorio de un contrato de préstamo puede ser una condición general de la contratación, y como no consta que la que aquí nos ocupa fuera negociada individualmente, debe considerarse que tiene tal cualidad de condición general, en tanto que reúne todos y cada uno de los requisitos necesarios para su calificación como tal.

En segundo término, la sala explica que, frente a los préstamos en los que se pacta un interés fijo, existen también los préstamos con un interés variable, referenciados a un determinado índice, en relación con el precio del dinero (Mibor, Euribor, IRPH) más un margen o diferencial, establecido en términos porcentuales, que se suma o resta al índice de referencia, y examina las diferentes normas que han regulado la utilización del IRPH hasta su desaparición. En el caso, el préstamo fue referenciado al índice IRPH Entidades, definido legalmente, por lo que no corresponde al control de la jurisdicción civil conocer si dichos índices aplican o no la normativa reguladora, sino a la Administración. Por tanto, el IRPH como tal no puede ser objeto de control de transparencia, puesto que tanto la Ley de Condiciones Generales de Contratación como la Directiva 93/13, de protección de los consumidores, excluyen de su ámbito de aplicación las condiciones generales que reflejen disposiciones legales o administrativas, aunque sí pueda serlo la cláusula que lo incorpora.

Para determinar la transparencia de la cláusula que incorpora el índice de referencia (IRPH-Entidades) habrá que ver si el consumidor era consciente, porque hubiera sido informado, de que esa cláusula configuraba un  elemento esencial del préstamo, así como la manera en que se calculaba el interés variable.  

Dado el carácter esencial de la propia cláusula, no cabe considerar que el consumidor no advirtiera su importancia económica y jurídica o no pudiera conocer que el interés resultante en dicho periodo se calculaba mediante la aplicación de un índice oficial, consistente en una media de los índices hipotecarios de todas las entidades que actuaban en España, al que se sumaba un margen o diferencial.

Al tratarse de índices oficiales utilizados por las diversas entidades financieras en sus ofertas comerciales, resulta fácilmente accesible para un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, conocer que se utilizan diferentes sistemas de cálculo del interés variable y comparar las condiciones utilizadas por los distintos prestamistas en un elemento tan esencial como el propio precio del préstamo, sin que fueran exigibles a la entidad bancaria los requisitos que la Audiencia planteaba en su sentencia.

La Audiencia afirma que el Euribor ha tenido un comportamiento más favorable para el consumidor que el IRPH, pero aparte de que dicha circunstancia se hace desde un sesgo retrospectivo que no puede servir de pauta para el control de transparencia- que debe hacerse al tiempo de la celebración del contrato-, no tiene en cuenta que el tipo de interés no se forma solo con el índice de referencia, sino también con el diferencial, y no consta que los diferenciales aplicados a préstamos con Euribor fueran también más beneficiosos para el prestatario que los aplicados a préstamos con IRPH.  

Al contrario, estadísticamente, en los préstamos con este último índice de referencia los diferenciales son más bajos, y esto, lógicamente, sirve para hacer competitiva la oferta, puesto que a un índice de referencia que supone un tipo porcentual más alto que otros, como el Euribor, se le añade un diferencial menor.

Tampoco cabe afirmar que el IRPH resulta en todo caso más caro cuando resulta que el préstamo todavía no ha llegado ni a la tercera parte de su plazo de vigencia, puesto que se pactó en 2006 por un periodo de 35 años y se desconoce qué sucederá en los 24 años que todavía quedan para su extinción.  

En la práctica, la Audiencia acaba haciendo un control de precios, al declarar la nulidad de una condición general de la contratación porque el precio resultante sea más o menos elevado, lo que no es admisible.

Por eso, el Tribunal Supremo puntualiza que si se siguiera la argumentación de la Audiencia para declarar nula la referencia al IRPH, también habría que declarar nulas las referencias al Euribor en otros préstamos si en cualquier etapa de su vigencia la evolución del Euribor hubiera sido menos favorable para el consumidor.

La sentencia cuenta con el voto particular de dos magistrados que consideran que la cláusula que incorpora el IRPH no supera el control de transparencia.

Pese a ello, consideran que el recurso de casación debería estimarse solo en parte, a fin de sustituir la referencia al IRPH por una referencia al Euribor, en vez de dejar el préstamo con interés cero, como había resuelto la Audiencia Provincial.

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El Consejo General de la Abogacía condena por unanimidad la agresión a Sonia Gumpert, decana del Colegio de Abogados de Madrid2017-12-18
  • La búsqueda de la concordia y la convivencia pacífica caracterizan la labor de la abogacía para superar los conflictos exclusivamente mediante la palabra, lo que resulta incompatible con cualquier muestra de violencia

El Pleno del Consejo General de la Abogacía, reunido hoy en Madrid, ha aprobado por unanimidad una declaración de apoyo -leída por la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega- a la decana de Madrid y vicepresidenta primera del Consejo, Sonia Gumpert, ante la agresión sufrida durante el escrutinio de votos en las recientes elecciones al decanato del ICAM:

TEXTO DE LA DECLARACIÓN

“Ante la agresión sufrida por la consejera y decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, interpretando el sentir de todos los miembros de este Consejo General de la Abogacía Española quiero poner de manifiesto nuestro unánime apoyo, afecto y solidaridad ante unos hechos de todo punto inadmisibles, que condenamos y rechazamos con absoluta firmeza y que transmiten a la sociedad una imagen totalmente alejada e incompatible con los principios que rigen nuestra profesión.

Si algo caracteriza a la Abogacía es la búsqueda de la concordia y la convivencia pacífica con respeto a los derechos y libertades fundamentales, encaminada siempre a la superación de todo conflicto exclusivamente mediante la palabra, lo que resulta incompatible con cualquier muestra de violencia. Por ello, si la violencia siempre es rechazable, lo es más en este caso que se ha ejercido contra una decana, representante de todo el colectivo de la abogacía, en ejercicio de sus funciones.

Este Consejo General, y yo misma como presidenta, nos ponemos a disposición de nuestra compañera para el apoyo y colaboración que estime conveniente en el ejercicio de las acciones que considere oportuno plantear”.

El TC declara inconstitucional y nula la reducción de la jornada laboral de los funcionarios andaluces a 35 horas semanales2017-12-18

El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso presentado por el Gobierno contra el Decreto-ley 5/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía. El Pleno considera que, al reducir a 35 horas semanales la jornada laboral para los funcionarios públicos autonómicos, y a 18 las horas lectivas semanales para el personal docente de esa Comunidad Autónoma, el Decreto-ley recurrido vulnera las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de las Administraciones públicas. La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Santiago Martínez-Vares, cuenta con el voto particular del Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.

El Tribunal resuelve, en primer lugar, si el establecimiento de la jornada laboral ordinaria de 35 horas semanales para los funcionarios de la Comunidad Autonómica de Andalucía vulnera, como sostiene el recurrente, la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

La citada Ley de Presupuestos Generales del Estado, explica la sentencia, fue aprobada por el Gobierno en ejercicio de su competencia exclusiva para dictar la legislación laboral (art. 149.1.6 CE) y para establecer las bases tanto del régimen jurídico de las Administraciones públicas como del régimen estatutario de sus funcionarios (art. 149.1.18 CE). La norma determina que la jornada de trabajo de los funcionarios públicos, incluidos los autonómicos, “no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en el cómputo anual”.

En consecuencia, el establecimiento por la ley recurrida de una jornada de treinta y cinco horas semanales de promedio al año “resulta incompatible” con la ley estatal, que la fija en un mínimo de treinta y siete horas y media semanales.

Lo mismo ocurre con las horas lectivas semanales del personal docente de Andalucía, que el Decreto-ley impugnado fija en 18 horas, a excepción del profesorado de educación infantil y primaria. En este caso, la regulación autonómica también es considerada por el Pleno incompatible con la estatal, pues, según ésta (art. 3 del Real Decreto-ley 4/2012), “la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que imparte las enseñanzas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de Educación, en centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos será, como mínimo de 25 horas en educación infantil y primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas”.

Como consecuencia de todo ello, la sentencia declara que ley recurrida invade la competencia del Estado para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y para regular las condiciones de obtención de títulos académicos (art. 149.1.18 y 30 CE).

Finalmente, el Tribunal explica que, una vez declarada la inconstitucionalidad del decreto recurrido por razones competenciales, no es necesario pronunciarse sobre la eventual vulneración, también denunciada por el recurrente, del art. 86 de la Constitución y del art. 110 del Estatuto de Autonomía andaluz, que establecen los límites de la aprobación de normas por decreto ley.

En su voto particular, el Magistrado Valdés Dal-Ré se remite a los argumentos con los que expresó su discrepancia respecto de las STC 99/2016 y 158/2016. Entonces consideró que el Tribunal debía haber declarado inconstitucionales la disposición adicional septuagésimo primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y el art. 3 del Real Decreto-ley 14/2012, que el Tribunal entiende vulnerados por la norma foral recurrida. Estos preceptos establecen, respectivamente, la duración semanal de la jornada laboral de los funcionarios de las Administraciones públicas en 37 horas y media y, en 18, la del personal docente de las escuelas públicas y concertadas.

¿De qué hablamos cuando a los Abogados nos hablan de CAPEX y OPEX?2017-12-18

El principal objetivo de todas las compañías es alcanzar la máxima rentabilidad. Para lograr este objetivo las empresas analizan, entre otros aspectos, cómo gestionar sus activos. Es decir, valoran qué activos tienen, cuánto se invierte en ellos, y que rentabilidad les reportan.

En este sentido, una de las inversiones que las empresas llevan a cabo en sus activos es el denominado CAPEX. Se trata del gasto de adquisición y mejora de los activos de una compañía que genera beneficios. Este gasto tiene como fin último alcanzar la máxima eficiencia y rentabilidad en el negocio. Pero, ¿qué es realmente el CAPEX? ¿Qué es el OPEX?

Definición

El CAPEX recibe su nombre por sus siglas en inglés "Capital Expenditure". Se trata del gasto que realiza una compañía en bienes de equipo para mejorar sus ingresos a través del incremento de la productivada. Es decir, el dinero que invierte en comprar nuevos activos o en aumentar el valor de los ya existentes con el objetivo de mejorar la eficiencia del negocio. Ejemplos de CAPEX son la compra de nuevos equipos informáticos, vehículos o maquinaria.

Por su lado, el OPEX, que recibe su nombre de las siglas en inglés "Operational Expenditure", es el gasto directamente relacionado con sus operaciones. El OPEX incluye tanto gastos consumibles como otros gastos necesarios para llevar a cabo la actividad. Asimismo, también incluye gastos como las nóminas, los impuestos o los gastos de alquiler.

¿Qué conocimiento aportan el CAPEX y el OPEX?

Con el ánimo de ser muy concisos podríamos decir que el CAPEX determina en una compañía la inversión en bienes que reportan rentabilidad (o eso se espera de ellos) y el OPEX determina el gasto que hace la empresa en sus operaciones corrientes, su gasto de explotación.

Indicadores del ciclo de vida de la empresa

El CAPEX es un indicador del ciclo de vida en el que se encuentra una compañía. A continuación, se explican brevemente las diferentes fases del ciclo de vida de una compañía en relación con el CAPEX.

En primer lugar, generalmente, en la primera etapa de vida de una empresa, el CAPEX es alto. El motivo de ello es que esta etapa requiere la compra de activos para el comienzo de la actividad profesional. Las compañías, en esta etapa, gastan más en adquirir activos de lo que obtienen por sus actividades ordinarias. Consecuentemente, la mayoría de las compañías tienen que recurrir a financiación para cubrir el CAPEX. 

En segundo lugar, en la etapa de crecimiento rápido, el CAPEX es superior a las depreciaciones o amortizaciones. Se trata de una fase de expansión y crecimiento del negocio. En esta etapa, la inversión en activos es muy alta porque las compañías persiguen alcanzar una mayor producción.

En una tercera fase que podríamos llamar de crecimiento lento o nulo, el CAPEX tiene un valor parecido al de sus depreciaciones o amortizaciones. En esta etapa, las compañías no crecen; se centran en el mantenimiento de sus activos y el nivel de ventas. La empresa mantiene su estructura, y el incremento de resultados estará motivado por otro tipo de políticas (aumento de precios, reducción de costes, etc).

Por último, en la fase de declive, el CAPEX tiene un valor muy inferior a sus depreciaciones o amortizaciones. En esta fase, los activos se deprecian más de lo que la empresa invierte en los mismos. La inversión es inferior al desgaste de los activos que mantienen su modelo productivo. En esta fase la empresa directamente trata de sacar el máximo rendimiento a los activos que tiene, sin inversión en los mismo.

Al igual que el CAPEX, el OPEX varía en función del ciclo de la vida de la empresa. En este caso, el OPEX no será muy alto en las primeras fases, en la que el valor del CAPEX será mucho superior. Sin embargo, en la tercera fase, es decir, en la fase de crecimiento lento o nulo, los gastos de OPEX, serán mucho mayores a los del CAPEX. En esta etapa, la empresa no crece y no invierte en gastos operaciones, sino que se centra en el mantenimiento de sus activos.

Dificultades de interpretación del CAPEX

El CAPEX es un indicador muy útil pero no siempre puede tomarse como referencia. Que una compañía tenga un CAPEX alto no siempre significa que se encuentre en la fase inicial o de crecimiento. Es necesario analizar caso por caso, teniendo en cuenta otras variables.

Por ejemplo, una compañía puede invertir en activos de manera repentina un año concreto porque quiera renovarlos. Esta inversión puede ocasionar que el CAPEX sea muy elevado. Sin embargo, la empresa no se encuentra necesariamente en la fase inicial o de crecimiento. Es decir, el CAPEX no tendrá en cuenta periodos transitorios de capitalización o descapitalización.

Adicionalmente, hay empresas de capital intensivo que, por sus características, tienen un CAPEX muy elevado de forma habitual. Para comprender bien este punto, es necesario definir el concepto de empresas de capital intensivo. Se trata de empresas que requieren una gran cantidad de capital para iniciar su actividad. Un ejemplo de empresa de capital intensivo son las empresas de perforación petrolífera. Para comenzar su actividad requieren, entre otras cosas, gran cantidad de maquinaria (taladros, plataformas, etc.). Para ello se realizan grandes inversiones que tardan en recuperarse.

Por otro lado, hay empresas de servicios que, al no ser de capital intensivo, tienen un CAPEX menos elevado. Esto no quiere decir que estas empresas, dado su CAPEX en comparación con las anteriores, no se encuentren en fase inicial o de crecimiento.

Por lo expuesto anteriormente, este indicador deberá utilizarse siempre atendiendo al caso concreto. Asimismo, deberá ser analizado conjuntamente con otros parámetros e indicadores. Sólo de esta manera se podrá determinar correctamente en qué etapa se encuentra una compañía a través del CAPEX.

Conclusión

El CAPEX, en definitiva, es el gasto que una empresa lleva a cabo para adquirir y mejorar sus activos fijos. Con este gasto, las empresas buscan mantener su inmovilizado en condiciones de producción y funcionamiento estables, que reporten mayor rentabilidad a la empresa. Por el contrario, el OPEX, es el gasto directamente relacionado con las operaciones corrientes de la empresa.

Ambos indicadores pueden representar el ciclo de la vida en el que se encuentra la empresa. Las primeras fases de la empresa vendrán representadas por un mayor CAPEX que OPEX, y conforme avance la vida empresarial, estos indicadores pueden ir alternando su representación.

En definitiva, se trata de unos indicadores bastante útiles para analizar la situación de una empresa. No obstante, siempre es aconsejable analizarlos junto con otros indicadores. De esta manera, la interpretación de su valor nos dará una imagen de la empresa más cercana a la realidad.

Para mayor enriquecimiento del presente artículo, recomendamos la lectura de los siguientes enlaces:

https://es.linkedin.com/pulse/impacto-de-los-capex-y-opex-en-la-gesti%C3%B3n-activos-amendola

­­http://www.analistoads.com/2016/03/capex-capital-expenditure-ciclo-de-vida-y-su-valoracion.html

El Tribunal Supremo establece que Hacienda no puede cobrar el IRPF a estudiantes becados que pasen más de 183 días al año en el extranjero2017-12-15

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido que la permanencia fuera del territorio nacional durante más de 183 días a lo largo de un año como consecuencia del disfrute de una beca de estudios no puede considerarse como una ausencia esporádica de las que, según el artículo 9.1.a de la Ley del IRPF, computan como periodo de permanencia en territorio español a efectos de ser considerado contribuyente como residente habitual en España.

En cinco sentencias dictadas en los últimos días, el Supremo rechaza otros tantos recursos del abogado del Estado contra resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que dieron la razón a cinco estudiantes becados en el extranjero por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX), y obligaron a Hacienda a devolverles con intereses el dinero que el ICEX les retuvo en su día a cuenta del IRPF (entre 2.000 y 10.000 euros, según cada caso) por ejercicios en los que estuvieron más de 183 días anuales becados en el extranjero.

El Supremo ha fijado en sus sentencias la interpretación correcta de los artículos 8.1.a) y 9.1.a) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el primero de los cuales establece que son contribuyentes por dicho impuesto las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español, y el segundo que indica que se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español, y añade que “para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país”.

La interpretación del Supremo es, primero, que “la permanencia fuera del territorio nacional durante más de 183 días a lo largo del año natural como consecuencia del disfrute de una beca de estudios, no puede considerarse como una ausencia esporádica a los efectos del artículo 9.1.a) de Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, esto es, a fin de determinar la permanencia en España por tiempo superior a 183 días durante el año natural y, con ello, su residencia habitual en España”.

Y segundo, que “el concepto de ausencias esporádicas debe atender exclusivamente al dato objetivo de la duración o intensidad de la permanencia fuera del territorio español, sin que para su concurrencia pueda ser vinculado a la presencia de un elemento volitivo o intencional que otorgue prioridad a la voluntad del contribuyente de establecerse de manera ocasional fuera del territorio español, con clara intención de retorno al lugar de partida”.

La Audiencia Nacional condena a dos internautas por humillación a la víctima terrorismo Pilar Manjón por mensajes vejatorios en redes sociales2017-12-15

La Audiencia Nacional ha condenado a dos internautas, Luis Fernando de R.R y a Tomás S.M., a un año y un año y medio de cárcel, respectivamente, por un delito de enaltecimiento del terrorismo en su modalidad de humillación a las víctimas por difundir a través de las redes sociales mensajes vejatorios contra Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo.

En una sentencia, los magistrados de la Sección Segunda de la Sala Penal condenan a Luis Fernando de R.R, además, al pago a Manjón de 3.000 euros y de 6.000 euros en el caso de Tomás S.M. por los daños morales causados, atendiendo el dolor ocasionado a la víctima y a la afectación de su vida personal y familiar.

El Tribunal, analizada la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en esta materia, considera que los mensajes publicados por los acusados “objetivamente, encierran una evidente carga de desprecio, vejación o humillación a la persona de Pilar Manjón, víctima del terrorismo por ser madre de una de las personas que fueron asesinadas en los atentados del 4 marzo de 2004 en Madrid, que ha tenido una cierta relevancia pública por su condición de presidenta de una asociación de víctimas del terrorismo”.

En su relato de hechos probados la resolución explica que Luis Fernando de R. R., el día 29 abril 2014, desde el perfil de Twiter “ tannhuser 1 tannauser” del que era administrador, envió tanto a un foro de dicha plataforma como a doña Pilar Manjon Gutiérrez el comentario “¿qué se puede esperar de una mala madre que hace negocio apoyando la impunidad de los asesinos de su hijo?. Dicha manifestación la remitió, dicen, de manera pública a sabiendas de que con ello ofendía gravemente y ocasionaba una pública humillación a doña Pilar Manjón Gutiérrez en su calidad de víctima del terrorismo como madre de uno de los fallecidos en los atentados del 11 marzo 2004 en Madrid.

A juicio de la Sala, pese a que el acusado señaló que envió el mensaje con precipitación y que no rectificó porque no sabía dónde había ido a parar y no quería ofender, no se puede “minimizar la relevancia de una manifestación en la que se acusa abiertamente a la querellante de ser mala madre, hacer negocio con su condición de víctima, y apoyar la impunidad nada menos que de los asesinos de su hijo”. Añaden que “es verdad que no se recogen expresiones groseras, pero los hechos que se imputan a la víctima por su gravedad revisten suficiente entidad para ofender gravemente su dignidad y ocasionarle un sufrimiento añadido al natural dolor que es consecuencia de la pérdida trágica de su hijo único en un atentado terrorista. Es difícil imaginar una acusación más grave, más hiriente, más ofensiva, que la de imputar a una madre, que tanto ha sufrido, ser mala madre, hacer negocio, o apoyar la impunidad de los asesinos”.

Respecto al otro acusado, la Sala considera probado que Tomás S.M., en mayo de 2004, desde el perfil de Twiter “ÅRRIBA-AE ¡ ARRIBA ESPAÑA¡ “ del que era administrador con 6056 seguidores, a sabiendas de que con ello ofendía gravemente y ocasionaba una pública humillación a doña Pilar Manjón Gutiérrez en su calidad de víctima del terrorismo, difundió los siguientes mensajes:
-“A Pilar Manjón le tocó la lotería cuando reventaron al hijo. Menuda puta.” -“Imagino que el padre del hijo de la Manjón no dice nada porque no se sabe quién es….”.
-“Me alegra saber que pese a tu problema ortográfico apoyas a la puta prototerrorista de Manjón”.

Estos mensajes, en opinión de los magistrados, son ”manifiestamente ofensivos, e incluso se extienden y afectan a la dignidad del progenitor del hijo asesinado, cuya paternidad se cuestiona. Es difícil imaginar un contenido más hiriente y ofensivo”, concluyen.

En el caso de este acusado, pese a que argumentó no ser el autor de los mensajes, la Sala entiende que existe prueba suficiente para acreditar que sí fue quien los remitió. Le impone una pena mayor dada la reiteración de los tuits, el fuerte contenido vejatorio, el elevado número de seguidores, así como su condición de usuario habitual y no esporádico de las redes sociales.

¿Es necesario acudir al procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo (artículo 41 ET) para realizar cambios en el sistema de dietas por viajes?2017-12-15

Supuesto de hecho:

  • La normativa de régimen interno de la empresa, vigente en 1994, establecía una distinción entre las dietas de viajes nacionales e internacionales. Esta política de viajes había ido sufriendo alteraciones desde 1994, de modo que la modificación alegada recae sobre la política vigente desde 2015, donde continuaban considerándose los viajes a Portugal como internacionales.
  • El 25 de mayo de 2017 la empresa comunica a todos los empleados, así como a la representación de los trabajadores, la nueva Política de Viajes y Gastos introduciendo determinadas modificaciones respecto de la vigente en 2015.
  • Esta modificación consistía en que los desplazamientos y viajes a Portugal pasaban a tener el tratamiento de nacional. Este cambio supuso que los límites de gastos pasaran a reducirse para los desayunos, comidas y cenas entre un 42% y un 57,69%, y también afectó a los gastos para invitaciones.
  • El 23 de junio de 2017, el Director de Recursos Humanos comunica a los comités de empresa que la medida de equiparar la dieta de viajes a Portugal a una dieta nacional, quedaba temporalmente cancelada, a la espera de una propuesta del Comité Central.
  • Se interpone demanda de conflicto colectivo por parte de CGT, a la que se adhieren varios sindicatos, contra el cambio unilateral realizado por la empresa, al considerar que constituye una modificación sustancial de conceptos extrasalariales que debió haberse tramitado por la vía del art. 41 ET, solicitando su nulidad.

Consideraciones jurídicas:

  • La cuestión principal sobre la que debe resolver el Tribunal consiste en determinar si el cambio unilateral realizado por la empresa en su política de gastos y viajes para conferir tratamiento de destino nacional a Portugal, se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y, por tanto, la medida adoptada es nula por no adecuarse al procedimiento del art.41 del ET.
  • En primer lugar, el Tribunal recuerda su propia doctrina para identificar si nos encontramos ante una modificación sustancial, acudiendo a la sentencia de 12 de septiembre de 2016. En este sentido, establece que ha de valorarse la importancia cualitativa de la modificación impuesta, su alcance temporal y las eventuales compensaciones pactadas, pues estos elementos son los que determinan la "intensidad del sacrificio que se impone al trabajador", que diferenciaran una modificación accidental, de una sustancial.
  • Considera la Sala, apoyándose en su sentencia de 25 de abril de 2016 sobre un caso similar al que acontece, que el carácter extrasalarial de las dietas no excluye la aplicación del art. 41 ET cuando en ellas se introduzcan cambios importantes, ya que la empresa no puede alterar la forma de compensar los gastos de su plantilla de manera unilateral aunque estos se traten de conceptos extrasalariales, pues afecta a la retribución de los trabajadores y de un modo significativo y sin establecer una compensación por el perjuicio económico ocasionado.
  • En base a estos pronunciamientos, concluye que esta medida adoptada por la empresa constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y, por tanto, al no llevarse a cabo a través del procedimiento del art. 41 del ET, declara la nulidad de la medida.

Conclusión Lex@:

Con este pronunciamiento, la Audiencia Nacional declara que la medida empresarial consistente en considerar los viajes a Portugal como nacionales constituye modificación sustancial de condiciones de trabajo, que ha de reputarse nula y sin efecto por no haber seguido los trámites formales establecidos en el art. 41 ET.

¿Quiere leer la sentencia?

La cena de empresa podría suponer tu despido disciplinario2017-12-14

Excederse con el alcohol, compartir fotos que no se debe, protagonizar determinados actos o hacer comentarios improcedentes podrían, dependiendo de su gravedad, arruinar la noche de fiesta y diversión

En estos días que restan hasta Nochebuena, es normal que las empresas celebren las tradicionales comidas o cenas de Navidad, en las que se reúnen en torno a la mesa compañeros y jefes que comen y beben por igual. Esas fiestas suelen ser momentos de diversión y hasta desenfreno, que pueden dejar posteriormente situaciones no tan agradables. En esas comidas o cenas con "barra libre" es posible que alguno de los trabajadores se tome una copa de más y termine realizando actos o comentarios inapropiados. Desde Legálitas recordamos algunas situaciones que pueden tener consecuencias legales en estas celebraciones navideñas.

Actos y comentarios inapropiados

Si, por efecto del alcohol o por cualquier otro motivo, uno de los comensales se excede en sus actos o comentarios, llegando a insultar a un compañero de trabajo, puede enfrentarse a un despido o una sanción. Para que esa situación producida durante la celebración navideña prospere como despido disciplinario, esa actuación del comensal debería considerarse como grave, por ejemplo, si hubiera agredido, ofendido verbalmente o amenazado a otro compañero presente durante la cena o comida o bien el trabajador debería haber sido amonestado anteriormente por una situación similar.

Embriaguez

Sin entrar a valorar la imagen que puede dejar aquel o aquellos trabajadores que llegan al estado de embriaguez durante la celebración con sus compañeros y superiores, para que una empresa pueda argumentar un despido de un trabajador por embriaguez esta situación debe darse de manera habitual y repercutir en sus tareas diarias, es decir, ese momento puntual de embriaguez que se puede producir durante la reunión informal fuera del lugar de trabajo no es motivo de despido, siendo muy probable ante tal situación que el juez considere ese despido como una sanción desproporcionada, considerando en tal caso el despido como improcedente.

No menos importante es recordar las tasas de alcohol permitidas al volante y las sanciones que lleva aparejado superar los límites marcados en la ley. Los conductores en general, incluyendo a los conductores de bicicletas, no podrán circular con una tasa de alcohol superior a 0.25 miligramos por litro en aire espirado o con una tasa de alcohol en sangre superior a 0.5 gramos por litro. Los conductores con menos de dos años de carné, así como lo  conductores  profesionales,  tienen  unas  tasas  diferentes,  no  pudiendo  ser  estas superiores a 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado o de 0,15 miligramos por litro.

Con relación a la cuantía de las multas por alcoholemia, estas ascienden a 500 euros y la pérdida de 4 o 6 puntos del carné de conducir y a 1.000 euros y la pérdida de 4 o 6 puntos si el conductor ya hubiera sido multado por alcoholemia en el año inmediatamente anterior o hubiera superado el doble de la tasa permitida

Si se superan los 0,60 miligramos por litro en aire espirado o 1,2 gramos por litro en sangre, el conductor se enfrentará a una pena de cárcel de 3 a 6 meses o una multa de 6 a 12 meses o a la realización de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en cualquier caso, a la privación del derecho a conducir entre uno y cuatro años.

Publicación de fotografías de la celebración

Hoy en día es habitual que en esas fiestas se hagan fotografías y se compartan en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales. Pero qué pasa si no queremos que esas fotos se difundan en internet o si por la publicación de esas imágenes la empresa nos despide. Para publicar una fotografía de otra persona en redes sociales, siempre que a través de ella se le pueda identificar, es necesario tener su consentimiento. El consentimiento no es obligatorio que sea explícito, si alguien posa para una foto se entiende implícitamente que está consintiendo para la realización de la misma. No obstante, puede darse el caso de que la persona no sepa que esa foto va a ser posteriormente compartida en redes sociales, por lo que ese consentimiento no alcanzaría a la publicación.

Además, hay que tener en cuenta que el consentimiento es revocable, por tanto, si una vez publicada la fotografía se desea que la misma desaparezca, se puede solicitar al autor que la elimine de sus redes sociales.

Si esas imágenes llegaran a ser vistas por alguno de los superiores de la empresa, esto no debería ser motivo de despido para el trabajador. Pero ¿qué ocurre si se trata de una grabación de video en la que el comensal aparece insultando o criticando a sus compañeros o jefes. En esta situación, el artículo 54.2c del Estatuto de los Trabajadores recoge que se considerara, entre otros motivos, un despido como disciplinario cuando se ofenda al empresario o a las personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos, por lo tanto, el empresario podría despedir al trabajador como disciplinario, es decir, no tendrá derecho a indemnización.

Las sanciones a los trabajadores

Lo cierto es que los convenios colectivos suelen recoger sanciones a los trabajadores que cometan alguna falta, estando estas mismas definidas desde leves a muy graves con sanciones de suspensión de empleo y sueldo que pueden ser desde dos días hasta varios meses, según la gravedad de los hechos.

Los lanzamientos practicados bajaron un 4,7 por ciento en el tercer trimestre del año2017-12-14

CGPJ

El número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre del año fue de 11.581, lo que supone una disminución interanual del 4,7 por ciento, según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

El 60,2 por ciento de esos lanzamientos, 6.969, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 4.063 –el 35,1 por ciento- se derivó de ejecuciones hipotecarias y los 549 restantes obedecieron a otras causas.

Por noveno trimestre consecutivo han disminuido interanualmente los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, bajando un 18,7 por ciento respecto al tercer trimestre de 2016. Por el contrario, los lanzamientos derivados de la LAU han aumentado un 4,2 por ciento.

Cataluña –con 2.545, el 22 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el trimestre, seguida por Andalucía –con 1.982-, la Comunidad Valenciana –con 1.463- y Madrid, con 1.255. Estos cuatro territorios sumaron el 62,6 por ciento de todos los lanzamientos practicados en España en el periodo estudiado.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, también aparece Cataluña en el primer lugar, con 1.674; seguida por Madrid, con 1.003; Andalucía, con 924; y la Comunidad Valenciana, con 788. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza la Andalucía, con 943; seguida por Cataluña, con 701; la Comunidad Valenciana, con 647; Murcia, con 320; y Madrid, con 223.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el tercer trimestre de 2017 fue de 12.840, un 0,6 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. De ellos, 8.025 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 4,5 por ciento.

Las ejecuciones hipotecarias iniciadas bajan un 39,3 por ciento

El número de ejecuciones hipotecarias, 5.518, disminuyó un 39,3 por ciento respecto al tercer trimestre de 2016. Se observan descensos interanuales en todas las comunidades salvo en Cantabria, Murcia y el País Vasco. Además, la disminución en superior al 50 por ciento en Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja.

La Comunidad Autónoma con mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas fue Andalucía –con 1.329, el 24,1 por ciento total nacional-; seguido por Cataluña, con 784; la Comunidad Valenciana, con 751; y Madrid y Murcia, ambas con 490.

Aumenta el número de concursos presentados

El número de concursos presentados en el tercer trimestre de 2017, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fue de 1.645, lo que supone un incremento del 3,3 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Del total de concursos, 487 correspondieron a personas físicas no empresarios, un 45,4 más que en el tercer trimestre del año pasado. Los otros 1.158 fueron presentados en los Juzgados de lo Mercantil y son un 7,9 por ciento menos que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2016.

Cataluña sigue siendo la Comunidad Autónoma con más concursos presentados por personas físicas. Los 141 presentados en el trimestre representan el 29 por ciento del total nacional. Le siguieron Andalucía y la Comunidad Valenciana, ambas con 76; y Madrid, con 70.

En Cataluña también se registraron más concursos en los Juzgados de lo Mercantil: 217, lo que supone el 18,7 por ciento del total. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 188; Madrid, con 177; y Andalucía, con 129.

El número de concursos declarados en el tercer trimestre en los Juzgados de lo Mercantil fue de 700, un 8 por ciento menos que en el mismo periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 209 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

Además, en el tercer trimestre de 2017 llegaron a la fase de convenio un total de 112 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación otros 594, un 16 por ciento menos que en el mismo trimestre de 2016.

Respecto a los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), se presentaron 125 expedientes, un 22,5 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior.

Las demandas por despido aumentan un 11,7 por ciento

Entre los pasados 1 de junio y 30 de septiembre se presentaron 26.101 demandas por despido en los Juzgados de lo Social, un 11,7 por ciento más que en el tercer trimestre de 2016. 

Madrid –con 5.205, el 19,9 por ciento del total nacional- fue la Comunidad Autónoma en la que se registraron más demandas de este tipo. Le siguen Andalucía –con 4.370- y Cataluña –con 4.320-. Se han dado incrementos interanuales en todas las comunidades, salvo en Baleares, Canarias, Cataluña y Murcia.

Las demandas de reclamaciones de cantidad, 26.854, fueron un 10,9 por ciento más que las presentadas en igual periodo de 2016. El mayor número se dio en Madrid, con 5.430, un 20,2 por ciento del total nacional; seguida por Andalucía, con 4.648; y Cataluña, con 3.015.

Los procedimientos monitorios disminuyen un 11,7 por ciento

En el tercer trimestre del año se han presentado en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción 101.751 procedimientos monitorios, lo que supone una disminución del 11,7 por ciento respecto al mismo periodo de 2016. Destaca la disminución del 30,8 por ciento observada en Cataluña.

Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Consulte los datos estadísticos correspondientes al tercer trimestre de 2017 y las series completas desde 2007

El TSJN confirma la sentencia que rechazó los cambios de modelo en euskera introducidos en dos escuelas infantiles de Pamplona2017-12-14

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la sentencia que rechazó los cambios de modelo en euskera introducidos por el Ayuntamiento de Pamplona en dos escuelas infantiles de la capital navarra.

En la sentencia, que puede ser recurrida única y exclusivamente en el caso de que concurra algún supuesto de interés casacional, el TSJN desestima el recurso presentado por el Consistorio contra la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pamplona.

El Tribunal Superior ratifica el criterio de dicha sentencia, en el sentido de que se produjo un cambio en la ordenación y planificación de la oferta educativa en el ciclo de 0-3 años en las escuelas del Ayuntamiento de Pamplona, no una mera reestructuración como este sostenía.

“Reestructuración, ordenación, planificación son actuaciones de consecuencias jurídicas no siempre de fácil definición; algo así como conceptos jurídicos indeterminados solo concretables a posteriori, una vez conocido el alcance de la actuación. De reestructuración habla el Ayuntamiento y, si acudimos al diccionario de la RAE, por tal ha de entenderse la reordenación de las partes de un conjunto, pero sin variar el conjunto. Eso no es, desde luego, lo hecho”, asegura la Sala.

Según exponen los magistrados, la decisión adoptada modificó “ostensiblemente el conjunto de la oferta educativa municipal”, que cambió su configuración en cinco de las doce escuelas de titularidad municipal. Y no en aspectos secundarios o de escasa transcendencia, sino en un extremo “tan esencial como el modelo lingüístico”.

Entre otras modificaciones, el Tribunal resalta, por citar la más importante, que se incrementaron las plazas en euskera de 164 a 408 y se suprimieron 255 plazas de castellano y castellano-inglés (con su cohorte de cambios físicos y de personal e incluso de denominación de algún centro).

José María Alonso gana las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid2017-12-14

El presidente de Baker Mckenzie, José María Alonso, se proclamó anoche ganador de las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid. Con 40 años de ejercicio a sus espaldas, Alonso obtuvo la victoria en el voto presencial. En una campaña marcada por la polémica, la participación, de un 7,69%, ha sido inferior a la de las elecciones de 2012, cuando acudió a las urnas el 13,9% de los 77.000 colegiados.

La jornada electoral estuvo marcada por la presunta agresión física y verbal que sufrió la decana saliente, Sonia Gumpert, quien anunció que presentará un escrito ante la Junta Electoral y una denuncia ante la Policía Nacional. En concreto, Gumpert afirma haber sido a sido agredida por el fundador del Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), Alejandro Pintó, a quien también acusa de haberla amenazado de muerte tras los comicios de la institución que se han celebrado este miércoles. La versión de Pintó es radicalmente distinta a la de Gumpert y afirma haber sido él el agredido.

Profunda transformación

El programa del nuevo decano, que se incluye en la página web electoral, pretende liderar el profundo proceso de transformación que necesita la profesión. "He dirigido durante casi 15 años dos de las primeras firmas de abogados de este país, y creo que ha llegado el momento en mi vida de dar un paso adelante y tratar de devolver a la profesión y a mis compañeros algo de lo mucho que me han dado a lo largo de estos años".

Según indica Alonso, sus "grandes obsesiones" son tres:

  • Que la Abogacía madrileña ocupe en la sociedad civil y frente a las instituciones el papel relevante que debe ocupar.
  • Que el Colegio se gestione bajo criterios de máxima excelencia, ética, transparencia y eficacia.
  • Que ponga en el centro de todas sus actuaciones al colegiado, especialmente a los más desfavorecidos.

Biografía del nuevo decano

Según refiere la página web de Baker Mckenzie, José María Alonso es el socio director del departamento de Litigación y Arbitraje en Madrid y miembro del Steering Committee del Global Arbitration Practice Group, del Steering Committee del European Disputes Practice Group de la Firma y del Steering Committee Latam/Spain. Alonso ha dirigido la oficina de Baker McKenzie en Madrid desde el 1 de julio de 2013 hasta el 1 de octubre de 2017. Asimismo, se encuentra posicionado en la banda 1 del directorio legal Chambers & Partners desde el año 2007. José María Alonso se incorporó a Baker McKenzie el 1 de marzo de 2012. Anteriormente, en J&A Garrigues fue director del departamento Procesal y de Arbitraje de 1982 a 2000, socio director de 2000 a 2009 y coordinador del área de Arbitraje Internacional y responsable de Relaciones Internacionales entre 2009 y 2011.

Resultados por candidaturas:

  • José María Alonso Puig: 4.406 votos
  • Javier Fernando Íscar de Hoyos: 3.880 votos
  • Nicolás González-Cuéllar Serrano: 1.301 votos
  • Luz Elena Jara Vera: 1.039 votos
  • Manuel Valero Yáñez: 709 votos
  • Begoña Trigo Aparicio: 86 votos
  • Sebastián Gómez Marfil: 30 votos
  • Carlos Alberto Bustillos López: 8 votos

Nueva Junta de Gobierno del ICAM

  • Decano: José María Alonso
  • Vicedecano: Begoña Castro
  • Diputado nº2: Ángela Cerrillos
  • Diputado nº3: Eugenio Ribón
  • Diputado nº4: Lola Fernández
  • Diputado nº5: Juan Gonzalo Ospina
  • Diputado nº6: Manuel Martín
  • Diputado nº7: Luis Fernando Guerra
  • Diputado nº8: Raúl Ochoa
  • Diputado nº9: María Segimón
  • Diputado nº10: Esther Montalvá
  • Secretario: José Ignacio Monedero
  • Tesorera: Mabel Zapata
  • Bibliotecario: Emilio Ramírez
Las empresas en España piden que se reduzca la incertidumbre en las negociaciones sobre el Brexit2017-12-13
  • Nuevos aranceles, barreras aduaneras, divergencia regulatoria, dificultad de movimiento de trabajadores e incertidumbre ante el proceso son las principales preocupaciones de las empresas, según un estudio del Council of British Chambers of Commerce in Europeen 18 países europeos
  • Los empresarios en España reclaman al Gobierno liderazgo en la negociación, defender los grandes intereses bilaterales y que se escuche la posición de las compañías, especialmente de las Pymes

La Cámara de Comercio Británica en España, con la colaboración de Ketchum Public Affairs y Herbert Smith Freehills, presentó anteayer en la sede madrileña de este bufete el estudio Brexit Ambition, que recoge el alcance, inquietudes y riesgos que supone para empresas de 18 países de Europa el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), cuyas conclusiones fueron posteriormente debatidas en una mesa redonda compuesta por reputados expertos, incluido diplomáticos, juristas y miembros de la Administración, a la que asistieron medio centenar de representantes de empresas.

Según se desprende del estudio, los empresarios europeos de compañías con intereses tanto en el Reino Unido como en la UE muestran una gran preocupación, ya que consideran que no se les está teniendo en cuenta en las negociaciones. Por ello, reclaman a gobiernos y a los equipos negociadores que avancen de forma urgente en acuerdos comerciales para tratar de disipar la gran incertidumbre existente sobre el futuro post Brexit. El CEO de Ketchum Public Affairs, José Ramón Caso, que fue el encargado de presentar las conclusiones del informe, afirmó que “los empresarios lamentan que el actual esquema negociador por fases establecido por la Unión Europea ha añadido más incertidumbre”.

Entre las grandes preocupaciones transversales entre sectores económicos que han destacado el centenar de empresas consultadas destacan los nuevos aranceles que se podrían crear, las barreras aduaneras, la divergencia regulatoria y la dificultad de movimiento de trabajadores en proyectos transfronterizos. “Todo ello, en economías tan integradas como las europeas, podría suponer un retroceso de décadas, desde el punto de vista de los empresarios participantes y generaría, además, un aumento en sus costes que sería trasladado finalmente a los consumidores”, subrayó Caso.

Para afrontar con garantías este cambio económico tan importante, el sector empresarial europeo reclama que se establezca un periodo de transición en el que adaptarse al nuevo contexto comercial, regulatorio, laboral y político entre ambos espacios. Para el catedrático de Derecho Internacional Público y de la UE y consultor académico de Herbert Smith Freehills, Antonio Pastor, “hacen falta periodos transitorios. El Brexit tiene una gran complejidad jurídica, porque Reino Unido va a dejar de estar inmerso en el derecho de la UE, y los tratados internacionales y los acuerdos bilaterales tendrán muchas dificultades, cuya complicación ya está en los propios acuerdos de retirada y transición. Por ahora, la duda es el papel concreto que van a jugar individualmente los estados miembros”.

El embajador británico en España, Simon Manley, también apuesta por un periodo transitorio. “Tenemos que trabajar para eliminar esta incertidumbre y poder llegar pronto a la segunda fase ya prevista, para que las Administraciones y empresas puedan prepararse para el futuro de la relación entre Reino Unido y la UE. Espero que podamos garantizar los derechos de los ciudadanos y evitar los aranceles y trabas”, afirmó.

A pesar de lo incierto del resultado de las negociaciones, los empresarios europeos tienen claro, según refleja el estudio, que el Reino Unido continuará siendo una economía fundamental para el resto de países europeos, especialmente en cuestiones como investigación, I+D, acceso a servicios financieros y de seguros y como puerta de entrada a los mercados internacionales. “Para los directivos consultados, la City de Londres es un ecosistema no trasladable a otra ciudad europea”, asegura Caso.

El estudio en España

Los líderes empresariales participantes en el estudio en España reclaman al Gobierno de Mariano Rajoy que exista un flujo constate de interlocución con el sector empresarial, y en concreto con las Pymes, durante el proceso de negociación. También manifiestan la necesidad de que, dados los grandes intereses bilaterales con el Reino Unido, el Ejecutivo defienda un acuerdo lo más favorable posible y tome el liderazgo de las negociaciones, de forma que los grandes impulsos no se descarguen únicamente en Francia y Alemania. Gran Bretaña fue en 2016 el primer inversor europeo directo en España. Algunos empresarios también solicitan a los negociadores que se cierre primero un acuerdo sobre los derechos de los ciudadanos, para no convertirlos en moneda de cambios para los aspectos comerciales.

Del mismo modo que sus colegas europeos, los directivos españoles mostraron su preocupación por la incertidumbre total sobre el resultado del Brexit en estos momentos. Las nuevas barreras aduaneras, la falta de armonización de estándares de bienes y servicios o las injerencias de EEUU y China en la negociación también son aspectos que podrían impactar muy negativamente en la competitividad de las empresas en España.

Para el director general de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores, José Pascual Marco, “una de las grandes preocupaciones del Gobierno es saber transmitir bien a nuestras empresas que es un proceso que puede ser traumático”. Sin embargo, Marco advirtió que “la Administración está preparada y coordinada para informar y ayudar a las empresas. Además, sabemos que, en este tema, tenemos que ser lo más transparente posible y dar toda la información de la que disponemos”. El director general añadió que “el Gobierno es optimista de cara a la reunión del próximo 15 de diciembre del Consejo Europeo, máxime tras el preacuerdo alcanzado el pasado sábado, y donde se analizarán los progresos hasta la fecha para ver si se pasa ya a una segunda fase”.

Precisamente, el estudio refleja espacios para el optimismo en la clase empresarial española respecto al Brexit, que ha conllevado el impulso de proyecto de e-commerce en algunas empresas para intentar llegar a nuevos mercados, o consolidar su presencia en otros, y compensar así posibles efectos negativos en su negocio en el Reino Unido. Otras compañías están aprovechando este periodo de replanteamiento estratégico para transformar sus modelos de negocio o sus procesos de funcionamiento como intento de adaptarse mejor a los nuevos tiempos. Además, hay empresas relevantes con negocio en ambas áreas que ven en el Brexit una posible oportunidad para los próximos años, aunque dependiendo de la nueva legislación que se obtenga de la negociación.

Para el expolítico, diplomático y presidente de Rupérez International, Javier Rupérez, “el daño con el Brexit está hecho y es difícil paliarlo, pero no debemos hacer concesiones al que se va y ha creado el problema sin ninguna razón para hacerlo, que es el Reino Unido. Esto tiene mala solución, y es inevitable sufrir las consecuencias. Lo importante es prepararnos lo mejor posible”.

El CGPJ convoca una plaza de magistrado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo2017-12-13
  • Por la próxima jubilación del magistrado Pedro José Yagüe

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado anunciar en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de una plaza de magistrado en la Sala Tercera del Tribunal Supremo, correspondiente al turno de especialistas, que quedará vacante por la jubilación el próximo 30 de enero del magistrado Pedro José Yagüe Gil.

Conforme al artículo 344 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podrán optar a la plaza los magistrados especialistas en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo que cuenten con cinco años de servicios en la categoría de magistrado y al menos quince años de antigüedad en la Carrera Judicial.

Una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, los interesados dispondrán de un plazo de veinte días naturales para presentar sus solicitudes, que deberán incluir una relación documentada de méritos, publicaciones, títulos académicos o profesionales y cuantos otros datos estimen de interés, además de una memoria de las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica que hayan dictado durante su trayectoria profesional.

Luxemburgo paraliza las ejecuciones inmobiliarias2017-12-13
  • Los juzgados paralizan las ejecuciones inmobiliarias hasta que Luxemburgo resuelva sobre la prejudicial presentada por el Supremo relativa al vencimiento anticipado
  • Así los señaló el pasado 28 de noviembre el juzgado nº 6 de Valdemoro (Madrid)
  • La Audiencia Provincial de Madrid y de Castellón acordaron suspender todas las ejecuciones hipotecarias hasta que Luxemburgo resolviera la prejudicial

Luxemburgo está paralizando las ejecuciones hipotecarias. Al menos hasta que resuelva la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo el pasado 8 de febrero. El Alto Tribunal preguntaba si el vencimiento anticipado de las hipotecas era compatible con la directiva comunitaria de consumo y si el juez nacional podía examinar la abusividad de otras cláusulas no relacionadas con el vencimiento anticipado.

Luxemburgo todavía no ha resuelto la cuestión y hasta que no lo haga, todas las ejecuciones hipotecarias quedarán suspendidas. Es lo acordado el 14 de febrero de 2017 por las audiencias provinciales de Madrid y Castellón en el acuerdo no jurisdiccional para unificación de criterio. “Es lo lógico: esperar la resolución del Tribunal de Justicia de la UE antes de tomar ninguna decisión”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho bancario y europeo.

Navas señala además que muchas de las cláusulas de vencimiento anticipado “no sólo son incompatibles con la directiva de consumo, sino también con la directiva hipotecaria que el gobierno está ultimando aunque sea fuera de plazo”. Por eso considera que “por seguridad jurídica, lo razonable es suspender el procedimiento de ejecución hipotecaria”.

Es lo que ocurrió el pasado 28 de noviembre en el juzgado nº 6 de Valdemoro (Madrid). El juez resolvió suspender la ejecución hipotecaria de Caixabank hasta que Luxemburgo se manifestara sobre la prejudicial presentada por el Supremo. Ponía fin de esta manera a una ejecución iniciada el 12 de diciembre de 2014 por 307.427,12€ correspondientes a principal, intereses y costas. “Hemos evitado un daño irreparable como es la pérdida de la propia casa aplicando un principio de prudencia básico”, explica el socio-director de navascusi.com, despacho que ha dirigido la defensa.

Una vez que Luxemburgo resuelva la prejudicial presentada por el Supremo se tendrá que juzgar otras cuestiones. En el caso de Valdemoro, Navas planteó no sólo la abusividad de la cláusula de vencimiento anticipado sino también de los intereses de demora. Si se resuelve la abusividad, la ejecución hipotecaria quedaría archivada.

“Además planteamos la falta de legitimación activa ya que en muchos de los casos de ejecuciones hipotecarias resulta que la hipoteca fue titulizada por lo que el banco no es el legítimo dueño del préstamo porque fue cedido a un tercero, normalmente un fondo-buitre”, explica el socio-director de navascusi.com.

En todo caso, sólo queda esperar. Luxemburgo marcó la pauta en las cláusulas suelo y en las hipotecas multidivisas y volverá a hacerlo en el asunto del vencimiento anticipado. “La directiva multidivisa -vigente aunque no haya sido traspuesta- seguramente dará mucha luz sobre la línea de la respuesta de Luxemburgo”, concluye Navas.

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La proporcionalidad como medida de las obligaciones tributarias formales2017-12-12

Antes o después, la mayoría de nosotros hemos oído alguna vez una de esas frases que pretenden sintetizar la teoría aristotélica de la virtud, y que vienen a decir que “en el término medio se halla la virtud” o que “en el equilibrio se encuentra la virtud”.

Y estoy seguro de que en ese "nosotros" también se encuentra nuestro legislador tributario, quien seguramente sabe que el referido principio aristotélico también inspira y, de hecho, cimenta nuestro ordenamiento jurídico tributario, tal y como se desprende de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria ("La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios."), así como en el artículo 169 y en el artículo 178 del mismo texto legal en materia de recaudación y de potestad sancionadora, respectivamente.

En síntesis, el principio de proporcionalidad supone que la aplicación de las normas tributarias debe guardar la proporcionalidad entre los fines que persigue (recaudatorios y tuitivos del ordenamiento jurídico tributario) y los medios que emplea para alcanzar dichos fines, y que en gran medida se hallan constituidos por la "colaboración" que deben prestar los propios contribuyentes a la AEAT.

Ahora bien, a la vista del amplísimo abanico de obligaciones formales que nuestro actual sistema tributario impone a los contribuyentes, he llegado a la conclusión de que el legislador tributario y este su humilde servidor no comparten el mismo rasero para ponderar la proporcionalidad y el peso del conjunto de las obligaciones tributarias formales que la empresa española debe cumplir anualmente.

Y llego a tal conclusión en un día como hoy en el que, además de conmemorar El milagro de Empel junto con mi mujer y mi hija (y de cambiar pañales, limpiar mocos de un otoño de sequía, hacer y dar papillas y biberones, entre otros menesteres), y de plasmar por escrito esta reflexión, he invertido parte del día ("y lo que te rondaré morena" durante este puente) en trabajar para la AEAT....

Ruego a quienes lean este post que no vean en el mismo ni una queja, ni un reproche, ni nada similar, pues servidor se gana (felizmente) la vida velando por el correcto cumplimiento de todas esas obligaciones formales por parte de la empresa para la que trabaja (amén de las obligaciones materiales, como no puede ser de otra manera). La razón de compartir ahora esta reflexión, y no otra más propia de estas fechas tan entrañables es, simple y llanamente, que ahora puedo echar la vista atrás (y ver el calendario de lo que queda de mes) y hacer balance del tiempo invertido a lo largo del año (y de lo que invertiré en lo que queda del mismo) en el cumplimiento de las obligaciones formales derivadas de nuestra legislación fiscal.

Hacer una relación, más o menos rigurosa, de las obligaciones formales que hemos tenido que afrontar a lo largo de este año sería tan farragoso que nos podrían dar las uvas e, incluso, llegar hasta San Antón, por lo que no los aburriré con semejante "tesis". Ahora bien, yo creo que todos los asiduos a este foro y, por supuesto, todos los que nos ganamos el pan con estos menesteres sabemos perfectamente que los dos grandes protagonistas del año en materia de obligaciones formales han sido el Suministro Inmediato de Información (SII) y el Informe País por país (CBCR).

Personalmente, no he tenido que enfrentarme al SII, pero sí he sido testigo directo (tan directo como que mi mesa se encuentra a escasos 5 metros de la mesa del responsable de implementar el SII en la empresa en la que trabajo) de lo que ha supuesto implementar el SII en una gran empresa: dedicación casi absoluta durante la mayor parte del año tanto de miembros del departamento de gestión tributaria como del departamento de tecnologías de la información de la empresa, además de los costes necesarios para adaptar el sistema informático de la empresa a los requerimientos tecnológicos del SII y, por último, la contratación de una persona que se dedica, en exclusiva, a la cumplimentación de las obligaciones que exige el nuevo sistema con periodicidad diaria.

Por otro lado, de lo que sí puedo hablar en primera persona es del tiempo invertido en la cumplimentación del conjunto de obligaciones de información sobre operaciones con entidades vinculadas, tanto a nivel nacional como internacional: Master File del Grupo en España, coordinación información para la cumplimentación de declaraciones informativas domésticas y para la formación de los archivos locales o "local files" en los países en donde el Grupo se encuentra presente, e información sobre operaciones con entidades vinculadas que se incluyó tanto en la declaración del Impuesto sobre Sociedades como a través del nuevo modelo 232 (Declaración informativa de operaciones vinculadas) que se presentó el pasado mes de noviembre. Y, por supuesto, puedo hablar en primera persona del tiempo invertido en recabar, cotejar, contrastar y verificar toda la información que se debe incluir en el Informe país por país (modelo 231) que se debe presentar ante la AEAT antes de que Ramón García y Anne Igartiburu se coman la última uva...

Por cierto, me gustaría recordar la importancia capital que tendrá el CBCR en el futuro, y que no todo el mundo parece atisbar: si bien la información que se aporte a través del CBCR no podrá (o no debería) servir de base para que la administración tributaria (española o extranjera) practique regularizaciones de la política de precios de transferencia de los Grupos multinacionales, sí permitirá a la AEAT (i) hacer una mejor selección de los contribuyentes a inspeccionar, (ii) hacer fiscalizaciones más eficaces puesto que se centrarán directamente en las áreas y operaciones de riesgo según los nuevos parámetros de BEPS, y (iii) realizar un análisis de la evolución de la actividad económica - nacional e internacional - de los Grupos multinacionales a lo largo del tiempo, además de recabar y compartir información específica con otras administraciones tributarias, lo que se traducirá en fiscalizaciones de Grupos multinacionales en distintas jurisdicciones de manera simultánea. Comprenderán ustedes, por tanto, que sea necesario contrastar cada dato que se va a incluir en el CBCR, pues en el futuro será fundamental poder explicar, y soportar adecuadamente, la información que se va a proporcionar a la AEAT y, por medio de ésta, a las administraciones tributarias de los países en donde se encuentren presentes los Grupos multinacionales.

En fin, es del todo punto evidente que nuestro legislador tributario atesora conocimientos infinitamente superiores a los míos en materia de política tributaria y asumo (o quiero pensar) que, en términos de macroeconomía, el abanico de obligaciones tributarias formales que alberga nuestro ordenamiento jurídico tributario se encuentra en plena consonancia con el principio de proporcionalidad que consagra nuestra Ley General Tributaria, pero lo cierto y verdadero es que las empresas tienen que destinar una parte muy considerable de sus recursos al cumplimiento de obligaciones formales (por no hablar del cumplimiento de las obligaciones materiales que, además, entrañan la complejidad de determinar el importe de la deuda tributaria a satisfacer, con todo lo que ello conlleva) que les impone nuestro sistema positivo de derecho fiscal, que es otra forma de decir que una gran parte de los recursos empresariales "trabajamos" una gran parte del año para la Administración Tributaria.

La opinión expresada en este post es exclusiva de su autor, y en modo alguno puede imputarse o atribuirse a ninguna persona o entidad de su entorno profesional.

¿Qué pasa si tengo un accidente tras la cena de empresa?2017-12-12

DAS

Diciembre es sinónimo de que se acerca la Navidad, uno de los acontecimientos más celebrados en todo el mundo. Es una estación de costumbres: las calles de las ciudades se decoran con luces, los comercios se llenan de juguetes y regalos, y los restaurantes preparan sus menús para las celebraciones familiares… y no tan familiares.

 Una de las costumbres que más ha ido arraigando en los últimos años son las tradicionales cenas de empresa. Desde una celebración más informal hasta una gran sesión de team building preparada por la compañía, pocas empresas escapan de este tipo de festividades en las que se aprovecha para convivir con los compañeros en un ambiente distendido y alejado del trabajo.

 Nadie prevé que nada malo pueda suceder, pero ¿qué pasaría si tuviéramos un accidente en el trayecto hacia la cena de empresa? O aún más, ¿qué tratamiento tendría un desafortunado suceso durante la misma? A continuación detallamos los aspectos jurídicos más destacables de las celebraciones de empresa.

 Accidentes laborales o ‘in itinere’

La realidad es que no existe una normativa específica concreta que regule este tipo de acontecimientos y todo dependerá del análisis pormenorizado que un Juez pueda hacer de cada caso.

 El artículo 156 de Ley General de la Seguridad Social establece que tendrán consideración de accidentes de trabajo aquellos “ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa” y también los “acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo”, entre otros.

Por este motivo, llegado el caso de sufrir un accidente durante la cena o comida de Navidad, un Juez deberá estudiar si estas están organizadas por la compañía, si son de obligado cumplimiento y todos los detalles relacionados con las mismas para determinar si se considera accidente laboral o no.

Y lo mismo sucederá si el accidente se produce de camino o de regreso de la celebración. La jurisprudencia poco a poco ha ido ajustando el concepto de “accidente in itinere”, examinando caso a caso, sobre todo con las nuevas situaciones familiares y de desplazamiento de los trabajadores.

Según la jurisprudencia el consumo de alcohol no desvirtúa la calificación de laboral del accidente in itinere salvo que se acredite una relación directa de causalidad entre el accidente y el estado de intoxicación del trabajador.

¿Cómo proceder a la reclamación de las cláusulas suelo con garantías de éxito?2017-12-12
  • Cuáles son los pasos que debe seguir un afectado para poder recuperar lo pagado de más por la cláusula suelo

Las reclamaciones por cláusula suelo tienen garantía de éxito. Y esto tiene que ver con la jurisprudencia que se ha venido asentando sobre la cuestión. Puesto que, en la mayoría de casos, se consideran cláusulas nulas, las entidades bancarias no pueden escudarse en acuerdos firmados con los consumidores en los que éstos aceptan los efectos de la cláusula suelo y renuncian al cobro de las cantidades que les corresponden, pues ello daría por buenas unas cantidades indebidamente cobradas por una cláusula que los tribunales consideran en la mayoría de casos, nula. Así lo explica Urtzi González, abogado del despacho Sanahuja Miranda.

Jurisprudencia

Desde el 9 de mayo de 2013 el Tribunal Supremo fijó la doctrina sobre nulidad de las cláusulas suelo en caso de que no superen el control de transparencia. A partir de entonces han sido múltiples las Sentencias del Alto Tribunal que han ratificado esa doctrina.

Pero quizá la fecha incluso más determinante sobre cláusulas suelo fue el 21 de diciembre de 2016. En aquella fecha se dictó la Sentencia del TJUE que estableció que los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo, debía ser el de devolución total, en el sentido de no quedar limitada a la devolución de cantidades desde mayo de 2013, como así había venido estableciendo el Tribunal Supremo hasta la fecha.

"Como no podía ser de otra manera, el Tribunal Supremo se vio obligado a cambiar su doctrina para adaptarla a lo resuelto por el TJUE, lo que hizo mediante la Sentencia de 24 de febrero de 2017", explica González.

Ese cambio de doctrina fue interpretado por muchos Tribunales en el sentido de que había disparidad de criterios sobre cláusulas suelo, lo que posibilitaba, según estos tribunales, que se acogieran a la posibilidad de no imponer el pago de las costas procesales a los bancos, aunque estos perdieran los procedimientos judiciales.

"Esta doctrina se cortó de raíz a partir de la publicación de la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2017, que recordó que, si se estimaba la demanda sobre cláusulas suelo, se debía condenar al banco al pago de las costas procesales, al haber sido el causante de que el consumidor tuviera que acudir a los tribunales para reclamar", indica el abogado de Sanahuja Miranda.

Finalmente, la última Sentencia del Tribunal Supremo de relevancia es la de 16 de octubre de 2017. Esta Sentencia expuso que la cláusula que es nula de pleno derecho no es convalidable por la voluntad de las partes. Esto significa que tratándose de cláusulas suelo que puedan ser declaradas  nulas por los tribunales, los bancos no pueden escudarse en acuerdos firmados con los consumidores en los que éstos aceptan los efectos de la cláusula suelo y renuncian al cobro de las cantidades que les corresponden, pues ello daría por buenas unas cantidades indebidamente cobradas por una cláusula nula.

Con todas estas Sentencias, se concluye que los consumidores pueden:

1.   Reclamar todo lo que les corresponde por las cláusulas suelo si éstas no superan el control de transparencia. Devolución TOTAL y nulidad de la Cláusula Suelo (Sentencia TJUE 21/12/16 y STS 24/02/2017 y otras).

2.   Obtener la condena en costas a su favor si el Juzgado o Tribunal estima su reclamación en su integridad (STS 4/07/2017).

3.   Reclamar incluso si firmaron un acuerdo con el banco en el que se comprometían a no instar acciones judiciales por cláusulas suelo. (STS 16/10/2017).

¿Cómo reclamar y qué se necesita?

Tras la publicación del Real Decreto-Ley  1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, conviene, al menos, intentar la vía implementada por dicho Decreto. Para ello, será necesario reclamar al banco la devolución del importe mediante los formularios que ponen a disposición las propias entidades bancarias o mediante reclamación extrajudicial preparada por el propio consumidor o su abogado.

A partir de ahí, la entidad bancaria dispone de tres meses para efectuar la devolución de lo pagado de más y los intereses legales. Una vez que el consumidor realiza la reclamación dentro de este sistema, debe esperar esos tres meses a que la entidad bancaria le devuelva el dinero o le rechace expresamente la reclamación para poder instar la demanda judicial.

Transcurridos los anteriores plazos u obtenido el rechace de la reclamación, sólo queda reclamar judicialmente. Para hacerlo, basta con disponer de los documentos que acrediten la aplicación de la cláusula suelo y haber intentado la reclamación amistosamente sin éxito, así como la escritura de préstamo hipotecario.

Para instar la demanda también es necesario contratar un Letrado y un Procurador, que serán los profesionales que se encarguen de toda la gestión del procedimiento, aunque es altamente recomendable que el afectado se encomiende a un abogado para todo el proceso de reclamación, incluso en la fase extrajudicial, toda vez que sólo estos profesionales conocen cuál es la forma más eficaz de recuperar las cantidades por cláusulas suelo así como para revisar una hipotética oferta del banco.

Una vez interpuesta la demanda, los plazos de resolución rondan de un año a año y medio, sin contar con una eventual apelación, que podría alargar el procedimiento hasta los tres años, aproximadamente.

González aclara que "hay que tener en cuenta también que el Consejo General del Poder Judicial ha habilitado unos juzgados especializados en cada provincia, que serán los encargados de tramitar estos asuntos, lo que supone un plazo de demora añadido debido a la enorme carga de trabajo de estos juzgados".

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Un proveedor de produ c t o s de lu jo puede prohi bir a sus distribuidores autorizados vender los productos en una plat aforma tercera de Internet como Amazon2017-12-11

Esta prohibición resulta adecuada y no va en principio más allá de lo necesario para preservar la imagen de lujo de los productos
Coty Germany vende productos cosméticos de lujo en Alemania. Con el fin de preservar su imagen de lujo, comercializa algunas de sus marcas mediante un sistema de distribución selectiva, es decir, de distribuidores autorizados. Los puntos de venta de éstos deben cumplir varios requisitos relativos al entorno, acondicionamiento y disposición. Además, los distribuidores autorizados pueden vender en Internet los productos de que se trata, siempre que utilicen su propio escaparate electrónico o plataformas de terceros no autorizadas si la intervención de éstas no es perceptible para los consumidores. En cambio, tienen expresamente prohibido vender en línea los productos mediante plataformas de terceros que operen de forma evidente frente a los consumidores.
Coty Germany interpuso recurso ante los tribunales nacionales contra uno de sus distribuidores autorizados, Parfümerie Akzente, a fin de que, con arreglo a dicha cláusula contractual, se le prohibiera distribuir los productos de Coty a través de la plataforma «amazon.de». Al albergar dudas sobre la licitud de dicha cláusula a la luz del Derecho de la Unión en materia de competencia, el Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Fráncfort del Meno, Alemania) preguntó al Tribunal de Justicia sobre este particular.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia, haciendo referencia a su reiterada jurisprudencia, [1] precisa, en primer lugar, que un sistema de distribución selectiva de productos de lujo dirigido, con carácter principal, a preservar la imagen de lujo de esos productos no incumple la prohibición de prácticas colusorias establecida en el Derecho de la competencia de la Unión, [2] siempre que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la elección de los revendedores debe hacerse en función de criterios objetivos de carácter cualitativo, establecidos de modo uniforme respecto a todos los revendedores potenciales, y aplicados de forma no discriminatoria, y (ii) los criterios exigidos no deben ir más allá de lo necesario.
El Tribunal de Justicia recuerda en este contexto que la calidad de productos de lujo no sólo resulta de sus características materiales, sino también del aura y de la imagen de prestigio que les confieren una sensación de lujo. Esta sensación constituye un elemento esencial de dichos productos, en la medida en que los consumidores pueden así distinguirlos de otros productos parecidos. Por lo tanto, un perjuicio causado a dicha sensación de lujo puede afectar a la propia calidad de estos productos.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia señala que la prohibición de prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión no se opone a una cláusula contractual como la controvertida, que prohíbe a los distribuidores autorizados de un sistema de distribución selectiva de productos de lujo dirigido, con carácter principal, a preservar la imagen de lujo de dichos productos, recurrir de manera evidente a plataformas de terceros para vender en Internet los productos de que se trata, si se cumplen los siguientes requisitos: (i) dicha cláusula debe pretender preservar la imagen de lujo de esos productos, (ii) debe establecerse de modo uniforme y aplicarse de forma no discriminatoria y (iii) debe ser proporcionada al objetivo perseguido. Corresponde al Oberlandesgericht comprobar si ello es así en este caso.
El Tribunal de Justicia observa a este respecto que, sin perjuicio de las comprobaciones por parte del Oberlandesgericht, la cláusula controvertida resulta lícita.
En efecto, ha quedado acreditado que la cláusula contractual controvertida pretende preservar la imagen de lujo y de prestigio de los productos de Coty. Por otra parte, de los documentos remitidos al Tribunal de Justicia se desprende que el Oberlandesgericht considera que dicha cláusula es objetiva y uniforme y que se aplica sin discriminación a todos los distribuidores autorizados.
Además, según el Tribunal de Justicia, la prohibición impuesta por un proveedor de productos de lujo a sus distribuidores autorizados de recurrir de forma evidente a plataformas de terceros para vender en Internet dichos productos resulta adecuada para preservar la imagen de lujo de éstos.
Esa prohibición tampoco parece ir más allá de lo necesario para preservar la imagen de lujo de los productos. En particular, habida cuenta de la inexistencia de una relación contractual entre el proveedor y las plataformas de terceros que le permita exigir que éstas cumplan las condiciones de calidad impuestas a sus distribuidores autorizados, no cabe considerar que la autorización concedida a dichos distribuidores de recurrir a tales plataformas a condición de que éstas respondan a las exigencias de calidad predefinidas sea tan eficaz como la prohibición en cuestión.
Por último, en el supuesto de que el Oberlandesgericht concluya que la cláusula controvertida queda incluida, en principio, en la prohibición de prácticas colusorias establecida en el Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia observa que no cabe excluir que dicha cláusula pueda beneficiarse de una exención por categorías. [3]
En efecto, en circunstancias como las del presente caso, la prohibición controvertida de recurrir de manera evidente a terceras empresas para las ventas por Internet no constituye una restricción de la clientela ni una restricción de las ventas pasivas a los usuarios finales, restricciones éstas que quedan excluidas, de entrada, de la posibilidad de beneficiarse de una exención por categorías, ya que corren el riesgo de producir graves efectos contrarios a la competencia.

[1] El Tribunal de Justicia subraya que la sentencia Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (C-439/09, véase también el CP n.º 110/11) no pretendía establecer una declaración de principio según la cual la protección de la imagen de lujo ya no podría justificar en lo sucesivo una restricción de la competencia, como la resultante de la existencia de un sistema de distribución selectiva, respecto de todo producto ―en particular, los productos de lujo―, y modificar así la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia. En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia había considerado que la necesidad de preservar la imagen de prestigio de los productos cosméticos y de higiene corporal de que se trataba en dicho asunto no constituía una exigencia legítima que justificara una prohibición absoluta de venta de esos productos en Internet.

[2] Artículo 101 TFUE, apartado 1.

[3] Con arreglo al Reglamento (UE) n.º 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO 2010, L 102, p. 1).

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El Abogado General Bobek considera que el requisito establecido en el Derecho nacional de que una persona que ha cambiado de sexo no esté casada para poder optar a una pensión pública de jubilación es ilícito2017-12-11

Tal requisito es incompatible con la Directiva de la Unión sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres
MB nació en 1948, fue inscrito al nacer como varón y se casó en 1974. En 1991 empezó a llevar una vida de mujer y en 1995 se sometió a una operación quirúrgica de cambio de sexo. Sin embargo, MB no solicitó un certificado de reconocimiento de sexo con arreglo a la legislación nacional, debido a que ella y su esposa no deseaban que se anulara su matrimonio. En el momento en que se planteó este litigio, la legislación del Reino Unido no permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En 2008, MB cumplió 60 años, la edad de jubilación para las mujeres nacidas antes del 6 de abril de 1950. Solicitó una pensión pública de jubilación, que fue denegada porque no disponía de un certificado definitivo de reconocimiento de sexo y, en consecuencia, no cabía considerarla mujer a efectos de determinar su edad de jubilación. MB impugnó esa decisión ante los órganos jurisdiccionales nacionales. Alega que el requisito de no estar casado constituye una discriminación contraria al Derecho de la Unión.
Una Directiva de la Unión [1] prohíbe la discriminación por razón de sexo en lo que respecta a las prestaciones públicas, entre ellas las pensiones de vejez y de jubilación. La Directiva establece una excepción a esta prohibición, que permite a los Estados miembros excluir de su ámbito de aplicación la fijación de la edad de la edad de jubilación para la concesión de las pensiones de vejez y de jubilación. El Reino Unido ha ejercido ese derecho de manera que la edad de jubilación para una mujer nacida antes del 6 de abril de 1950 es de 60 años, mientras que para un hombre nacido antes del 6 de diciembre de 1953 es de 65 años.
Sin embargo, en el momento en que MB acudió a los tribunales nacionales, la nueva identidad sexual de una persona transexual no se reconocía a efectos de la determinación de la edad para poder optar a una pensión pública si esa persona era y seguía siendo parte de un matrimonio existente. [2] La UK Supreme Court (Tribunal Supremo del Reino Unido) pregunta al Tribunal de Justicia si esta posición es compatible con la Directiva.
En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Michal Bobek considera que el requisito, aplicable sólo a las personas transexuales, de no estar casado para acceder a una pensión pública es contrario a la Directiva. En su opinión, supone una discriminación directa por razón de sexo que no puede ampararse en ninguna justificación objetiva.
Para llegar a esta conclusión, el Abogado General analiza si las circunstancias del asunto dan lugar a una discriminación directa por razón de sexo. La discriminación directa se caracteriza por un trato desigual a un grupo de personas comparable en detrimento de otro grupo debido a su «característica protegida» (en este caso su sexo).
El Abogado General hace referencia a la jurisprudencia anterior del Tribunal de Justicia en la que éste confirmó que el ámbito de la prohibición de discriminación por razón de sexo se extiende a la discriminación por cambio de sexo.
Además, el Abogado General considera que el grupo de comparación pertinente para determinar si existe discriminación sexual por cambio de sexo dependerá del contexto del caso. En el presente asunto, el Abogado General estima que el grupo de comparación adecuado es el de las mujeres cisexuales, ya que la cuestión controvertida es el acceso a pensiones de jubilación para transexuales que cambian del sexo masculino al femenino en comparación con las mujeres cisexuales.
Por último, el Abogado General concluye que existe desigualdad de trato, dado que, en el caso de las personas cisexuales, el estado civil no es pertinente para acceder a una pensión pública de jubilación, mientras que a las personas transexuales casadas se les exige anular su matrimonio.
A juicio del Abogado General, una diferencia de trato por razón de sexo de esta índole no puede justificarse. Una discriminación directa por razón de sexo puede permitirse únicamente en los supuestos específicos enumerados en la Directiva. La excepción que permite a los Estados miembros diferenciar entre hombres y mujeres a la hora de establecer distintas edades de jubilación para optar a una pensión de jubilación no permite una diferencia de trato entre personas transexuales y personas que no se han sometido a un cambio de sexo.
A continuación, el Abogado General analiza las repercusiones más amplias de este asunto.
Señala que cabría alegar que la cuestión realmente controvertida en este asunto son los requisitos para el reconocimiento del cambio de sexo y no los requisitos para acceder a una pensión pública de jubilación.
El Abogado General reconoce que corresponde a los Estados miembros determinar los requisitos para el reconocimiento jurídico del cambio de sexo de una persona. Sin embargo, no acepta el argumento de que ello impide concluir que existe un trato ilícito sobre la base de que el requisito de no estar casado no es un requisito directo para acceder a la pensión pública de jubilación, sino un requisito para el reconocimiento del cambio de sexo, requisitos que son competencia de los Estados miembros.
Explica que, en su opinión, este enfoque haría que el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en relación con la prohibición de discriminación por razón de sexo dependiera totalmente de los distintos requisitos previstos en el ámbito nacional, lo que en última instancia podría dar lugar a una discriminación «por la puerta de atrás». El Abogado General recuerda que, en el ejercicio de su competencia, los Estados miembros deben respetar el Derecho de la Unión, en especial las disposiciones relativas al principio de no discriminación.
El Abogado General deja claro que su conclusión no significa en modo alguno que los Estados miembros se verían obligados a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. En realidad, los Estados miembros sólo tendrían que hacer que el acceso a la prestación controvertida fuera independiente de este requisito concreto de no estar casado. Los Estados miembros disponen de la libertad de permitir o no el matrimonio entre personas del mismo sexo.
Como colofón, el Abogado General reitera que éste no es un asunto sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que se trata de la combinación de una serie de requisitos que crean una situación bastante peculiar. Esta situación se deriva, en parte, de una excepción a uno de los principios fundamentales del Derecho de la Unión, que permite la discriminación directa por razón de sexo respecto al acceso a una pensión pública de jubilación, lo que no sólo es excepcional sino que también se espera que vaya desapareciendo progresivamente a medida que el Reino Unido unifique las edades de jubilación para hombres y mujeres. Por consiguiente, la raíz del problema planteado en este asunto está abocada también a su desaparición.

[1] Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO 1979, L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174).
[2] La situación en el Reino Unido ha cambiado. La Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 [Ley de 2013 reguladora del matrimonio (entre personas del mismo sexo)] entró en vigor el 10 de diciembre de 2014. Permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Su anexo 5 modificó el artículo 4 de la Gender Recognition Act 2004 [Ley de 2004 sobre el reconocimiento del sexo de las personas] en el sentido de que el Comité de Reconocimiento de Sexo debe expedir un certificado definitivo de reconocimiento de sexo a todo solicitante casado siempre que su cónyuge dé su consentimiento.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.
NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Audiencia Provincial de Murcia absuelve de un delito contra el medio ambiente a los seis acusados por los vertidos al río Segura2017-12-07

(CGPJ).- La sentencia de la Audiencia de Murcia señala que en el caso de Juan Cánovas y Román Garrido, se retiraron las acusaciones con carácter previo. Para otros cuatro acusados, la Sala estima que el delito contra el medio ambiente habría prescrito

Notificada hoy, la sentencia, además, acoge una de las cuestiones previas planteadas por las defensas, al entender que nos encontramos con una investigación prospectiva sobre vertidos, que excede mucho de la denuncia inicial, no acotándose el ámbito subjetivo ni territorial. Y por ello, se procede a la absolución de la totalidad de los acusados.

La resolución explica que, una concreta denuncia contra la actuación de la empresa responsable del tratamiento de aguas urbanas en la ciudad de Murcia y del propio ayuntamiento, dio lugar a abrir una investigación general sobre la gravísima situación de las aguas del río Segura afectadas por una intensa contaminación desde hacía décadas y sobre la generalidad de los vertidos, en Murcia y fuera de Murcia.

No obstante, en el cuarto fundamento jurídico, la Sala deja constancia de la "extrema gravedad" de la situación que originó el presente procedimiento. Y califica de inaudito tener que llegar a este estado de desastre medioambiental y a la incoación de diversos procedimientos judiciales para proceder a revertir la situación que padecía.

El TC admite a trámite el recurso del gobierno contra la Ley de Baleares que regula las corridas de toros2017-12-07

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno contra varios preceptos de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Balears.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y al Gobierno de Baleares, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.

El Pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno en su recurso del art. 161.2 de la Constitución. Dicho precepto establece lo siguiente: "El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses".

La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.

Gran parte de las sentencias por intento de estafa al seguro implica penas de cárcel2017-12-07

(Pelegrí Abogados).- Se entiende por intento de fraude al seguro cuando el asegurado o beneficiario de la prestación trata de obtener mediante engaño un beneficio ilícito, normalmente de tipo económico, amparado por el contenido de la póliza de seguro al que se le comunica la ocurrencia de un siniestro. Y es que, según la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), en 2016 aumentaron la cantidad de casos registrados de intento de fraude al seguro en España.

En este sentido, muchas personas que se ven tentadas de cometer este tipo de fraudes ignoran todas las consecuencias que esto supone. Así, si se llegara a probar el fraude, no sólo se produciría una rescisión inmediata de la póliza sino que además la compañía de seguros incluiría al asegurado en una base de datos compartida con el resto de aseguradoras en el que se le daría trato de cliente fraudulento, con la consiguiente dificultad para encontrar una nueva aseguradora.

“Este tipo de estafadores tienen una visión equivocada de lo significa cometer fraude contra una compañía de seguros, pues ignoran que van a recibir el mismo tratamiento en los tribunales que el resto de casos de delitos por fraude. Según el Código Penal, cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilicen engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, por lo que cualquiera que realice una acción de ese tipo será castigado de igual forma por la ley”, indica Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados

El delito de estafa está recogido en el artículo 248 y siguientes del Código Penal, por lo que el estafador hará frente, en función del engaño, a una multa económica y, en gran parte de los casos, a penas de cárcel. Como multa, el juez puede imponer al estafador el pago de una cantidad diaria durante el periodo de tiempo que considere oportuno. Estas penas suelen aplicarse de forma proporcionada y teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido. Así pues:

  • Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.
  • Para las consideradas estafas “comunes”, aquellas en las que la cantidad defraudada sea de más de 400 euros, la multa será de uno a tres meses y la pena de cárcel oscilará entre los seis meses y los tres años.
  • Las grandes estafas (recogidas en el artículo 250) se castigarán con multas de seis a doce meses y penas de prisión de uno a seis años. Se entiende por gran estafa aquella en la que, entre otros factores establecidos en el Art. 250, el valor de la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas.

Los fraudes a seguros se pueden llevar a cabo en todos los ámbitos que abarcan estas compañías abarcan (automóviles, hogar, vida y accidentes, etc.), siendo el de automóviles el segmento en el que son más comunes los intentos de fraude por la simulación de robo de vehículos (4 de cada 100 casos) o por tratar de agravar los daños o lesiones corporales producidos en un accidente (6 de cada 100). El seguro de vida (2 de cada 100) y el seguro multirriesgo del hogar (0,75 de cada 100) fueron otros de los fraudes más comunes en España durante  2016, según la UNESPA.

La juez de cláusulas suelo de Córdoba estima la nulidad de gastos hipotecarios, interés de demora y vencimiento anticipado en las primeras once sentencias notificadas2017-12-05
Antes de que finalice el año, alrededor de otras 30 sentencias sobre clausulas suelo estarán también notificadas

Autor: Comunicación Poder Judicial

La juez de Primera Instancia nº 9 bis, especializada en cláusulas suelo, ha notificado hoy las once primeras sentencias de los casos que han sido ya enjuiciados, en las que se estima la nulidad de gastos hipotecarios, el vencimiento anticipado y el interés de la demanda -cuando supere dos veces el interés del dinero-.

En materia de gastos, los bancos tendrán que restituir las cantidades aportadas, excepto el importe de la transmisión patrimonial que lo sigue pagando el cliente.

La juez no condena en costas a los bancos en ocho de estas sentencias, mientras que en tres de ellas -por allanamiento- sí que se condena en costas.

Antes de que finalice el año, alrededor de otras 30 sentencias sobre clausulas suelo estarán también notificadas.

Un juzgado de Cáceres confirma la sanción impuesta a una mujer por arrendar su vivienda como alojamiento turístico2017-12-05
El inmueble no estaba registrado como actividad turística

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Cáceres ha confirmado la sanción de 6.000 euros impuesta por la Junta de Extremadura a la propietaria de una casa rural por no estar inscrita en el Registro Regional de Actividades Turísticas. La casa rural ofertaba la vivienda en un portal turístico de internet.

La sentencia resuelve la cuestión de la profesionalidad para tal ejercicio así como el de la habitualidad y condena en costas a la propietaria.

Justicia digital se pone en marcha en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo2017-12-05

El Ministerio de Justicia ha ampliado a las cuatro secciones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la puesta en funcionamiento del sistema que permite la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales. Justicia digital, que arrancó en mayo en la Sala de lo Social, se extenderá de forma progresiva al resto de órganos jurisdiccionales del Supremo.

A partir de ahora, además de la comunicación electrónica con los profesionales para la práctica de notificaciones y escritos, las operaciones de firma y consulta de documentos se realizarán íntegramente en digital, lo que contribuirá a agilizar la tramitación y a dotar de mayores garantías a todos los actos jurídicos.

El despliegue de Justicia digital en la Sala de lo Penal ha requerido de una intensa actividad preparatoria que ha incluido actuaciones organizativas, como la elaboración del Manual de Operativas para Justicia Digital que adecua los procesos a las nuevas herramientas de trabajo y actuaciones tecnológicas como el despliegue de una nueva versión del sistema de gestión procesal Minerva que posibilita la tramitación electrónica.

Por otro lado, se han distribuido tarjetas criptográficas y certificados de seudónimo a los usuarios autorizados para la firma electrónica de los documentos. Además, se dotará a los magistrados y letrados de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal de los dispositivos necesarios que permitan trabajar en movilidad y en digital con todas las garantías de seguridad.

En lo que se refiere a actuaciones de formación y soporte, Justicia ha impartido formación específica a los usuarios en el manejo de las nuevas herramientas y ha reforzado el personal de soporte en el Tribunal Supremo. Asimismo, el equipo tecnológico de apoyo del Ministerio de Justicia gestionará las incidencias que no puedan solventarse en la sede para asegurar el funcionamiento estable del nuevo sistema de tramitación electrónica.

El seguimiento de los trabajos para la estabilización de Justicia digital se está realizando a través de un Grupo Técnico de Implantación compuesto por responsables del Tribunal Supremo y por equipos de personal técnico y organizativo del Ministerio de Justicia.

El Tribunal Supremo establece que los bancos deben informar sobre las cláusulas suelo a los consumidores que se subrogan a un préstamo promotor2017-12-01

CGPJ

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que desestimó la demanda interpuesta por un consumidor que interesó la nulidad de la cláusula suelo del préstamo promotor en el que se había subrogado y posteriormente novado.

En el préstamo promotor, la cláusula suelo era del 3,5 %, mientras que en la escritura de subrogación -de octubre de 2006- era del 4%. En el año 2009 se novaron distintas condiciones del préstamo -ampliación del plazo de 30 a 40 años y carencia de pago de capital durante cuatro años, intereses y comisiones, así como rebaja de la cláusula suelo al 3%-.

Banco Popular renunció en la audiencia previa a discutir el carácter de la cláusula como condición general de la contratación, por lo que la afirmación de la Audiencia Provincial de que el contrato fue negociado no es suficientemente precisa como para llegar a la conclusión de que la cláusula suelo también lo fuera.

La sala recuerda que las cláusulas suelo del Banco Popular ya fueron declaradas nulas por sentencia de pleno de 23 de diciembre de 2015, y recuerda también su doctrina -sentencia de pleno de 8 de junio de 2017- de que, pese a la inexistencia de cosa juzgada de las acciones colectivas sobre las individuales, la regla general será determinar en estas últimas la abusividad de la cláusula, salvo circunstancias excepcionales como el perfil del cliente o la información precontractual suministrada por el banco.

El hecho de que el préstamo hipotecario no sea concedido directamente al consumidor, sino que este se subrogue en un préstamo previamente concedido al promotor que le vende la vivienda, no exime a la entidad bancaria de la obligación de suministrar al consumidor información que le permita adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá subrogarse como prestatario en el préstamo hipotecario, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato.

En otro caso, la obligación de información precontractual del predisponente se convertiría en una obligación del adherente de procurarse dicha información, lo que resulta opuesto a la doctrina de la Sala Primera y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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Un trabajador debe poder aplazar y acumular los derechos a vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas cuando un empresario no le permite ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas2017-12-01

El Derecho de la Unión se opone a que el trabajador tenga que tomar vacaciones antes de saber si tiene derecho a que dichas vacaciones sean remuneradas

El Sr. Conley King trabajó para The Sash Window Workshop («SWWL») en virtud de un «contrato por cuenta propia únicamente a comisión» de 1999 hasta su jubilación en 2012. Con arreglo al contrato, el Sr. King únicamente percibía comisiones. Cuando disfrutaba de vacaciones anuales, éstas no eran retribuidas.

Al finalizar su relación laboral, el Sr. King reclamó a su empresario el pago de una compensación económica por sus vacaciones anuales disfrutadas y no retribuidas y por las no disfrutadas, correspondientes a la totalidad del período durante el cual había trabajado. SWWL denegó la solicitud del Sr. King, por lo que éste interpuso recurso ante el Employment Tribunal (Tribunal de lo Social, Reino Unido) competente.

Al término de dicho procedimiento, el Employment Tribunal consideró que el Sr. King era un

«trabajador» en el sentido de la normativa británica que transpone la Directiva relativa al tiempo de trabajo [1] y que tenía derecho a la compensación por vacaciones retribuidas.

La Court of Appeal (England and Wales) [Tribunal de Apelación (Inglaterra y País de Gales), Reino Unido], que conoce del recurso de apelación interpuesto, planteó al Tribunal de Justicia varias cuestiones relativas a la interpretación de la citada Directiva. En particular, preguntó si, en caso de controversia entre el trabajador y el empresario a la hora de determinar si el trabajador tiene derecho a vacaciones anuales retribuidas, resulta compatible con el Derecho de la Unión el hecho de que el trabajador tenga que tomar las vacaciones antes de saber si tiene derecho a que dichas vacaciones sean retribuidas.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia señala, en primer lugar, que el derecho a vacaciones anuales retribuidas para todos los trabajadores debe considerarse un principio particularmente importante del Derecho social de la Unión, expresamente reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia señala  que la finalidad de  ese derecho  consiste en permitir que los trabajadores descansen y dispongan de un período de ocio y esparcimiento. Sin embargo, un trabajador que tenga que hacer frente a circunstancias que puedan generar incertidumbre durante el período de sus vacaciones anuales en cuanto a la retribución a la que tiene derecho, no puede disfrutar plenamente de esas vacaciones. Además, esas circunstancias pueden disuadir al trabajador de ejercer su derecho a disfrutar de vacaciones anuales. A este respecto, el Tribunal de Justicia indica que toda práctica u omisión de un empresario que tenga ese efecto potencialmente disuasorio es incompatible con la finalidad del derecho a vacaciones anuales retribuidas.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia recuerda que los Estados miembros deben garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En el contexto de este asunto, ese derecho no quedaría garantizado si, en una situación en la que el empresario únicamente concediese vacaciones no retribuidas al trabajador, éste no pudiera invocar ante el juez el derecho a disfrutar de vacaciones anuales retribuidas como tal, sino que se viera obligado primero a tomar vacaciones no pagadas y luego a presentar un recurso para obtener su retribución.

El Tribunal de Justicia considera que ese resultado es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva y la Directiva relativa al tiempo de trabajo. Así pues, el Derecho de la Unión se opone a que el trabajador deba disfrutar de sus vacaciones anuales antes de saber si tiene derecho a que éstas se le retribuyan.

Por último, el Tribunal de Justicia concluye que el Derecho de la Unión se opone a disposiciones o prácticas nacionales según las cuales un trabajador no puede aplazar, y en su caso acumular, hasta el momento de la conclusión de su relación laboral, derechos a vacaciones anuales retribuidas no ejercidos correspondientes a varios períodos de devengo consecutivos, por la negativa del empresario a retribuir esas vacaciones.

A este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda su jurisprudencia según la cual un trabajador que no haya podido ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas antes de finalizar la relación laboral por razones ajenas a su voluntad tiene derecho a una compensación económica. En los asuntos que dieron lugar a dicha jurisprudencia, los trabajadores afectados no habían podido ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas debido a su baja laboral por enfermedad.

En este contexto, para proteger al empresario del riesgo de una acumulación demasiado prolongada de períodos de inactividad laboral del trabajador y de las dificultades que éstos podrían causar para la organización del trabajo, el Tribunal de Justicia declaró que el Derecho de la Unión no se opone a disposiciones o prácticas nacionales que limitan la acumulación de los derechos a dichas vacaciones mediante un período de aplazamiento de quince meses, a cuyo término se extingue el derecho a vacaciones anuales retribuidas.

En cambio, en circunstancias como las de este asunto, la protección de los intereses del empresario no parece estrictamente necesaria, puesto que, concretamente, la apreciación del derecho a vacaciones anuales retribuidas de un trabajador como el Sr. King no está relacionada con una situación en la que su empresario haya debido hacer frente a períodos de ausencia de éste. Al contrario, dicho empresario pudo beneficiarse de que el Sr. King no interrumpiera sus períodos de actividad profesional. Además, incumbe al empresario recabar toda la información relativa a sus obligaciones en materia de vacaciones anuales retribuidas.

Así pues, el Tribunal de Justicia considera que, contrariamente a una situación en la que el trabajador no haya podido disfrutar de sus vacaciones anuales retribuidas por causa de enfermedad, el empresario que no permita a un trabajador ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas debe asumir las consecuencias.

Por consiguiente, a falta de disposiciones nacionales que establezcan una limitación del aplazamiento de las vacaciones conforme a lo exigido por el Derecho de la Unión, admitir una extinción de los derechos a vacaciones anuales retribuidas adquiridos por el trabajador implicaría dotar de validez a un comportamiento que daría lugar a un enriquecimiento injusto del empresario en detrimento del objetivo de la Directiva de preservar la salud del trabajador.

La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

[1]  Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).

El TJUE permite aplicar la normativa española a la acción reivindicatoria de la propiedad de una marca2017-12-01
  • Mientras la normativa comunitaria solo contempla la reivindicación de una marca por mala fe del agente o representante de la misma, la española es más amplia: están afectadas las marcas donde haya fraude de derechos, ya sea el solicitante agente o no.
  • “La normativa española para marcas de la UE de un titular domiciliado en España contempla supuestos que no recogidos en la norma europea”, según Carlos Morán, de la firma de abogados ELZABURU.
  • Con esta sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el 23/11, este organismo responde en positivo al Tribunal Supremo español

(Elzaburu).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirma la posibilidad de aplicación de la normativa española a la acción reivindicatoria de la propiedad de una marca de la Unión registrada en fraude de los derechos de un tercero

El Tribunal de Justicia de la UE ha emitido sentencia favorable sobre un caso español donde se reivindica la propiedad de una marca porque se considera que fue registrada en fraude de los derechos del demandante.

Aunque en la normativa europea (artículo 18 del Reglamento núm. 207/2009) solo esté contemplada la posibilidad de la reivindicación de una marca de la Unión registrada sin autorización por el agente o representante de su titular, el Tribunal de Justicia ha confirmado la aplicación de la normativa española de marcas, que amplía la posibilidad a cualquier caso donde haya fraude de derechos, ya sea el solicitante agente o no.

El efecto del triunfo de esta acción es la sustitución por parte del perjudicado en la posición jurídica del titular de la marca, que había sido inscrito en el Registro.

Según Carlos Morán, socio-asociado del área Legal de la firma ELZABURU, “el interés de la sentencia comentada se deriva de la interpretación que realiza del art. 16 del Reglamento núm. 207/2009, conforme al cual la marca de la Unión en cuanto objeto de propiedad se considerará como una marca nacional del país donde el titular tenga su domicilio. Esto permite, en el caso de las marcas de la Unión cuyo titular esté domiciliado en España, que se reivindique su propiedad cuando hayan sido solicitadas con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, supuestos que no están contemplados en la norma europea”.

El Tribunal Supremo revoca una condena a Antena 3 Televisión por un reportaje de cámara oculta2017-11-30

(CGPJ).- La Sala I, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha revocado la condena impuesta por la Audiencia de Baleares a Antena 3 Televisión por vulneración del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de un experto en ‘coaching’ de quien emitió en 2010 un reportaje con cámara oculta grabado en su consulta en Mallorca cuya finalidad era denunciar determinadas prácticas pseudomédicas atribuidas a dicha persona.

El Supremo estima el recurso de la cadena al considerar que no existió intromisión ilegítima en los citados derechos del demandante al prevalecer en este caso las libertades de expresión e información ante el interés general de las informaciones sobre personas que se atribuyan poderes curativos y se lucren con su actividad. Entiende el tribunal que son legítimas las advertencias sobre ese tipo de actividades, y concluye que “la información fue veraz porque el demandante se atribuía unos poderes curativos, a modo de don especial, que podía generar falsas esperanzas en personas enfermas, quienes además pagaban al demandante cantidades muy considerables y a las que se incitaba a alejarse de su familia y círculos más cercanos”.

De ese modo, se anula la condena a Antena 3 a pagar una indemnización de 92.000 euros al demandante, así como la que se impuso a la Asociación de Prevención Sectaria ‘Red Une’, por el contenido de varios correos electrónicos sobre la misma persona, que fue de 12.000 euros, al estimarse también el recurso de ‘Red Une’.

Respecto al procedimiento de la cámara oculta, la sentencia recuerda que la doctrina de la Sala es que “puede no ser ilegítimo si resulta proporcionado al interés público de los hechos registrados”, “pues no cabe descartar que mediante el mismo se descubran hechos delictivos”, como en casos de corrupción política o económica, que “deban ser conocidos y transmitidos a la opinión pública con la contundencia y poder expresivo inherentes a la grabación de la imagen y la voz”.

Añade que esa proporcionalidad entre fines y medios se dio en este caso, en primer lugar porque el reportaje grabado no fue una iniciativa de la cadena, sino que partió de la información ofrecida por una fuente objetiva y fiable como era la asociación Red Une, entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad era «prevenir e informar a los ciudadanos sobre grupos peligrosos, sectas o actividades equiparables».

Asimismo, previamente esta asociación había tenido conocimiento de las actividades del demandante a través de la información que le había facilitado un familiar directo de una de sus clientes, por lo que no cabe negar que la emisión en antena del reportaje y su difusión ulterior en informativos y página web fue precedida de una labor seria de contraste, a partir de fuentes objetivas y fiables.

Y por último, la información divulgada fue veraz en lo esencial, por más que la edición propia de los programas de investigación diera lugar a que se alterara el orden en que fueron grabadas algunas imágenes o se optara por sintetizar el mensaje mediante la proyección de los pasajes más relevantes, “pues nada de lo que se omitió habría llevado a un espectador medio a conclusiones distintas de las que podía obtener a partir de los datos que sí fueron objeto de emisión, esto es, que existían indicios objetivos, notorios, evidentes, de que (el demandante) podía estar lucrándose mediante una organización dirigida a engañar a personas con graves problemas de salud, que la medicina no puede solucionar, ofreciéndoles el resultado seguro de supuestas terapias alternativas carentes de base científica”, indica el Supremo.

La Abogacía Española recibe el Diploma de Reconocimiento “Francisca de Pedraza contra la violencia de género” de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares2017-11-30
  • El acto tendrá lugar el día 30 de noviembre a las 19 horas en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares

(CGAE).- El pasado 25 de Septiembre, Julia Pérez, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares (AMPAH), dio a conocer el fallo del Premio Francisca de Pedraza que en su segunda edición ha correspondido a la Unidad de Atención a la Familia  (UFAM) del Cuerpo Nacional de Policía. En la categoría de “Mención Especial, el Diploma de Reconocimiento Francisca de Pedraza ha sido concedido al Consejo General de la Abogacía Española. La entrega de ambos galardones tendrá lugar el  30 de noviembre en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá.

El Consejo General de la Abogacía Española ha sido reconocido, en concreto, por su Subcomisión de Violencia sobre la Mujer,  por el trabajo diario de todos los miembros de la Abogacía en la defensa y asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, en especial a los que conforman el Turno de Oficio Especializado de Violencia de Género.

La presidenta de la AMPAH explicó que actualmente existen 173 Unidades de Atención a la Familia en toda España, que ‘trabajan diariamente en la prevención de este tipo de delincuencia, abordando proyectos de investigación para combatirla más eficazmente y, especialmente, para contribuir a la protección de las mujeres que son víctimas de esta violencia frente a sus agresores’.

PREMIO FRANCISCA DE PEDRAZA

El Premio Francisca de Pedraza contra la violencia de género está creado, pensado, organizado y desarrollado por la Asociación de Mujeres Progresistas de Alcalá de Henares, con la colaboracón de la
Universidad de Alcalá, el Excmo Ayuntamiento y el Colegio de abogados. Rinde homenaje a una mujer de Alcalá de Henares que en el siglo XVII denunció sufrir violencia de género y consiguió la condena de su maltratador y una orden de alejamiento, en una sentencia sin precedentes en la que resultó clave el entonces rector de la Universidad de Alcalá, Álvaro de Ayala.

Con este Premio se pretende reconocer la trayectoria de aquellas personas, colectivos, entidades o instituciones que han destacado  por su compromiso y dedicación en la lucha contra la violencia de  género. El año pasado correspondió al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

La Abogacía Española recibe el Diploma Francisca de Pedraza contra la Violencia de Género

Cartel Premio Francisca de Pedraza

Se convocan las pruebas de acceso a la Abogacía en España para ciudadanos de la UE y de otros Estados2017-11-30

(BOE).- El Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al  ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de  noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, tiene por objeto  establecer las normas para permitir el acceso y ejercicio de una profesión regulada en España, mediante el reconocimiento de las cualificaciones profesionales adquiridas en  otro u otros Estados miembros de la Unión Europea y que permitan a su titular ejercer en él la misma profesión.

En su artículo 22 se establece que a la autoridad competente española le corresponderá  prescribir, cuando no se haya completado un período de prácticas de 3 años, una prueba de aptitud en aquellas profesiones cuyo ejercicio exija un conocimiento preciso del derecho positivo español. Esta prueba de aptitud se regula en el artículo 23 del meritado Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre.

A la vista de que el citado artículo 23 del Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, ya ha sido desarrollado mediante la Orden PRE/421/2013, de 15 de marzo, en relación con la prueba de aptitud que deben realizar los abogados y procuradores nacionales de algún Estado miembro de la Unión Europea y de los Estados parte del Espacio Económico Europeo para acreditar un conocimiento preciso del derecho positivo español.

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Primera demanda en España para que la ansiedad derivada de trabajar con amianto sea reconocida enfermedad profesional2017-11-29

Cinco trabajadores de la empresa Honeywell, actualmente ubicada en la Zona Franca de Barcelona, han interpuesto ​la primera demanda que se presenta en España reclamando el reconocimiento como enfermedad profesional de los trastornos de ansiedad y depresión que sufren muchas de las personas que han trabajado expuestas al amianto. Estas personas se enfrentan a la perspectiva de pasar el resto de su vida sometidos a revisiones médicas anuales para detectar la eventual aparición de algunas de las patologías potencialmente mortales que el amianto puede causar. Honeywell acumula en lo que va de año 17 sentencias -incluyendo resoluciones del Tribunal Supremo- que responsabilizan a la empresa de las defunciones y enfermedades de ex-trabajadores provocadas por la exposición al amianto en condiciones de falta de seguridad.

La demanda, que ha sido confeccionada por Colectivo Ronda con el apoyo de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña (AVAAC), tiene un precedente directo en una sentencia dictada en junio de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de París.

Indemnización a 80 empleados

En aquella ocasión, el Alto Tribunal parisino impuso a BOSCH - empresa que absorbió la división francesa de Honeywell- la obligación de indemnizar a 80 empleados de la antigua Honeywell por “lesiones de ansiedad” en relación con la exposición al amianto que habían sufrido estos empleados.

Los trabajadores de Honeywell responsables de la demanda trabajaron diariamente, al igual que el resto de sus compañeros, en permanente contacto con el amianto, un producto que la multinacional usó en la fabricación de las pastillas de freno hasta el año 2002, cuando se hizo efectiva en España la prohibición vigente en el resto de Europa desde dos años antes de utilizar o comercializar el amianto. Con anterioridad a esta fecha, el amianto se empleó en la fábrica de Honeywell de forma masiva y en situación de permanente incumplimiento de la normativa específica de protección de la salud de los trabajadores expuestos al amianto. Así al menos lo consideran las 17 sentencias, la mayoría ya firmes, que a lo largo de este año  han condenado a la empresa por incumplimientos en materia de protección de la salud laboral vinculados a las enfermedades y defunciones de trabajadores que formaron parte de la plantilla de Honeywell.

La evidencia del reiterado incumplimiento de la obligación por parte de Honeywell de adoptar las pertinentes medidas de prevención contribuye de forma plenamente comprensible a acentuar la angustia de los trabajadores que aún no han enfermado pero pueden hacerlo a corto, medio o largo plazo pues las enfermedades vinculadas a la exposición al amianto presentan largos periodos de latencia, habitualmente de entre 20 y 40 años. Siendo así, para miles y miles de trabajadores que estuvieron en contacto con el amianto antes de su prohibición en 2002 o que han seguido estándolo con posterioridad, la larga latencia de las enfermedades supone vivir con la angustia permanente de saber que en cualquier momento podrían empezar a desarrollar una patología mortal. Algunas de las más habituales, como es el caso del mesotelioma o cáncer de pleura, presentan una esperanza de vida que sólo en el 20% de los casos llega a los dos años, siendo inferior para el resto de víctimas.

Convivimos a diario con el miedo. Y el peor momento son estas revisiones anuales. Esperar el resultado y confiar que será negativo, que tendremos un año más de tregua antes de volver a pasar por este trance. Y nosotros aún tenemos suerte, nos hacen estas revisiones. La mayoría de personas que han estado expuestas al amianto no se benefician de estas revisiones o, incluso, ni siquiera saben que inhalaban amianto o que este material es peligroso. Pero, en cualquier caso, resulta muy angustioso saber que hasta 2040 no podremos estar seguros de no llevar en los pulmones nuestra sentencia de muerte”, explica José Luis Gómez, vicepresidente de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto de Cataluña (AVAAC) y uno de los trabajadores que ha impulsado esta demanda pionera.

La ansiedad es un problema de salud con efectos constatables sobre nuestro bienestar y la integridad física del organismo”, explica Àlex Tisminetzky, abogado del Colectivo Ronda que asesora a los demandantes.Y, como tal, resulta perfectamente exigible que las empresas que han expuesto sus trabajadores al amianto sin adoptar las pertinentes medidas de seguridad, se hagan cargo de indemnizar estas personas por el sufrimiento de una vida entera de angustia. Además, aquellas personas que han desarrollado episodios de depresión y crisis de ansiedad graves por este sufrimiento, deberían ver reconocidas sus afectaciones psicológicas con el mismo trato que se da a cualquier patología de origen laboral”.

Los daños causados por vehículos destinados a utilizarse también como maquinaria de trabajo sólo deben quedar cubiertos por el segu ro obligatorio de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos cuando dichos vehículos se utilizan principalmente como medios de transporte2017-11-29

El que el vehículo esté inmovilizado o tenga o no el motor en marcha cuando tiene lugar el accidente no excluye, por sí solo, que se esté utilizando en ese momento en su función de medio de transporte

La Sra. Maria Alves falleció en marzo de 2006 a raíz de un accidente acaecido en la explotación agrícola en la que trabajaba. Fue aplastada por un tractor que estaba inmovilizado en un cambio de tierra de la explotación con el motor en marcha con el fin de accionar una bomba para pulverizar herbicida. El tractor volcó a causa de un desplazamiento de tierras provocado, entre otras cosas, por su peso, por las vibraciones del motor y de la bomba del pulverizador de herbicida y por las fuertes lluvias. El viudo de la Sra. Alves ejercitó una acción en vía jurisdiccional con el objeto de que se condenase a reparar los daños morales resultantes del accidente, bien solidariamente al matrimonio propietario de la explotación y al matrimonio propietario del tractor, bien a CA Seguros ―compañía de seguros con la que la propietaria del vehículo había suscrito un contrato de seguro de la responsabilidad civil derivada de la circulación―, en caso de que esta compañía estuviera obligada a responder del siniestro.

La Primera Directiva sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles[1] establece que la responsabilidad civil relativa a la circulación de vehículos que tengan su estacionamiento habitual en el territorio de los Estados miembros debe quedar cubierta mediante un seguro.

El Tribunal da Relação de Guimarães (Audiencia de Guimarães, Portugal) señala que, en un asunto que trataba de una maniobra de marcha atrás de un tractor agrícola, [2] el Tribunal de Justicia declaró que el concepto de «circulación de vehículos» incluye la utilización de un vehículo que es conforme con su función habitual. El tribunal portugués añade que las circunstancias de dicho asunto permiten considerar que la función habitual de un vehículo es estar en movimiento. No obstante, precisa que el Tribunal de Justicia aún no se ha pronunciado sobre si el concepto de «circulación de vehículos» también incluye la utilización del vehículo como máquina generadora de fuerza motriz, pero sin locomoción. En consecuencia, se pregunta si, en atención al objetivo de protección de las víctimas que persigue la normativa de la Unión relativa al seguro obligatorio y a la necesidad de una aplicación uniforme del Derecho de la Unión, está justificado excluir del ámbito de aplicación del concepto de «circulación de vehículos» los casos en que un vehículo inmovilizado se utilice en su función habitual de máquina generadora de fuerza motriz para la ejecución de otra tarea, a pesar de que este uso pueda causar accidentes graves e incluso mortales.[3]

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que no está comprendida en el concepto de «circulación de vehículos», a efectos de la Directiva, una situación en la que la función principal de un tractor agrícola que se ha visto envuelto en un accidente, en el momento de producirse éste, no era la de servir como medio de transporte, sino la de generar, como maquinaria de trabajo, la fuerza motriz necesaria para accionar la bomba de un pulverizador de herbicida.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia señala que la cuestión planteada por el tribunal portugués se basa en la premisa de que el contrato de seguro que había suscrito la propietaria del tractor tiene por objeto cubrir únicamente la responsabilidad civil derivada de su circulación. En este contexto, el Tribunal de Justicia examina si los hechos que provocaron el fallecimiento de la Sra. Alves pueden o no calificarse de accidente relativo a la circulación del tractor a efectos de la Directiva.
El Tribunal de Justicia precisa, a continuación, que el concepto de «circulación de vehículos» no puede dejarse a la apreciación de cada Estado miembro, sino que constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión, que debe interpretarse de modo uniforme.

El Tribunal de Justicia destaca que la extensión del concepto de «circulación de vehículos», a efectos de la Directiva, no depende de las características del terreno en el que se utilice el vehículo y que incluye toda utilización de un vehículo como medio de transporte. A este respecto, el hecho de que el tractor estuviera inmovilizado en el momento en que se produjo el accidente no excluye, por sí solo, que el uso del vehículo en ese momento pueda estar comprendido en su función de medio de transporte y, en consecuencia, en el concepto de «circulación de vehículos», en el sentido de la Directiva. Además, no es determinante a estos efectos que el motor estuviera o no en marcha en el momento de producirse el accidente. No obstante, el Tribunal de Justicia observa que, cuando se trata de un vehículo que está destinado a utilizarse también, en determinadas circunstancias, como maquinaria de trabajo, debe determinarse si, cuando dicho vehículo se ve envuelto en la producción de un accidente, se está utilizando principalmente como medio de transporte –en cuyo caso este uso puede quedar comprendido en el concepto de «circulación de vehículos», a efectos de la Directiva– o como maquinaria de trabajo –en cuyo caso el uso no se incluye en este mismo concepto. El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que en las circunstancias del presente asunto el uso del tractor se vincula principalmente a su función como maquinaria de trabajo ―es decir, como generador de la fuerza motriz necesaria para accionar la bomba del pulverizador de herbicida del que disponía para esparcir el herbicida sobre las vides de la explotación agrícola― y no como medio de transporte. Por tanto, este uso no está comprendido en el concepto de «circulación de vehículos», a efectos de la Directiva.

[1] Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como sobre el control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO 1972, L 103, p. 1; EE 13/02, p. 113; «Primera Directiva»). La Directiva 2009/103/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (DO 2009, L 263, p. 11), derogó la Primera Directiva. Sin embargo, habida cuenta de la fecha en la que se produjeron los hechos, resulta aplicable al asunto la Primera Directiva.

[2] Sentencia de 4 de septiembre de 2014, Vnuk (C-162/13; véase CP n.º 117/14). En otro asunto, aún pendiente, el Tribunal de Justicia debe delimitar con mayor precisión el concepto de «circulación de vehículos» en relación con un accidente acaecido en un campo de maniobras en el que se vio envuelto un vehículo militar (asunto Núñez Torreiro, C-334/16).

[3] Los Gobiernos portugués, estonio, irlandés, español, letón y del Reino Unido han presentado observaciones en este asunto.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.
 

Los expertos cuestionan el cálculo de Hacienda sobre el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades que pagan las empresas españolas2017-11-29

El 63% de los panelistas asegura que los datos que anualmente publica la Agencia Tributaria sobre el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades no reflejan la presión fiscal real que soportan las empresas españolas. El 44% valora negativamente la forma en la que se ha implantado del sistema de Suministro Inmediato de Información, aunque un 38% cree que provocará un aumento de los ingresos asociados al IVA.

Los expertos -catedráticos, responsables de fiscalidad de compañías nacionales e internacionales y responsables de asociaciones profesionales- consideran que la información que anualmente publica la Agencia Tributaria sobre el tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades no refleja adecuadamente la presión fiscal que soportan las empresas en España.  Esta es una de las conclusiones del Consenso Fiscal, correspondiente al segundo semestre de 2017,  que elabora PwC Tax and Legal Services, a partir de la opinión de un  panel de más de un centenar de expertos y directivos. Así, el 63% de los encuestados se muestra en desacuerdo con los datos que ofrece Hacienda en su Informe Anual de Recaudación Tributaria sobre lo que pagan las sociedades españolas (el último, correspondiente a 2016, asegura que las empresas españolas tributaron en 2015 a un tipo efectivo del 12,2% en el Impuesto sobre Sociedades y del 7,3% para los grupos consolidados).   

                

Esta opinión mayoritaria, sin embargo, se divide cuando se le pregunta a los expertos y directivos sobre cómo se debe calcular el tipo efectivo sobre el Impuesto sobre Sociedades. Lo que refleja la complejidad de la cuestión. Un 34% cree que la fórmula más adecuada es la de sumar a la cuota las deducciones por doble imposición y dividirlo todo por la base imponible, mientras que el 66% restante se decanta por otros cálculos distintos (ver gráfico arriba). También es objeto de debate si el peso de los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades en relación al IVA y al IRPF debe ser mayor o no –actualmente estos tributos suponen el 13%, el 37% y el 37% de la recaudación total, respectivamente-. Y mientras que un 39% de los encuestados se muestra contrario a elevar la proporción de lo que se recauda por sociedades, un 31% se pronuncia a favor.  En lo que vuelven a estar de acuerdo una mayoría de los encuestados -el 51%-  es en la correlación directa que existe entre el Impuesto sobre Sociedades y la competitividad empresarial, y en que no debe eliminarse –así lo asegura el 60%- la exención por doble imposición en nuestro país.

 El estudio recoge también la opinión de los expertos sobre la forma en la que se ha implantado  el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, que es valorada negativa o muy negativamente por el 44% de los encuestados. Las respuestas muestran división cuando se les interroga sobre el impacto del SII en la recaudación del IVA: un 38% afirma que aumentará y un 31% que no tendrá impacto. 

                 

El Consenso Fiscal, como cada semestre, analiza la evolución de la opinión de los expertos sobre cuestiones relacionadas con la presión fiscal, la justicia, el nivel de conflictividad y el impacto en los distintos ámbitos de la actividad del sistema tributario español. Por ejemplo, se percibe una ligera mejora de la percepción de los encuestados sobre la carga impositiva general en nuestro país, aunque una mayoría del 64% considera que es alta.

En el caso de las empresas, cae del 66% al 54%, los que piensan que la presión fiscal que soportan las compañías es alta o muy alta y, del 77% al 53%, los que esperan que aumente en el próximo año.  (El Consenso Fiscal anterior se realizó justo después de la reforma del Impuesto sobre Sociedades aprobada por el Gobierno, en diciembre de 2016). Mientras que la percepción sobre la presión fiscal asociada a las rentas de trabajo sigue siendo alta o muy alta para el 80% de los encuestados. Y aumenta, del 34% al 46%, los que piensan que el nivel de presión ligado a la fiscalidad indirecta es elevado. En este punto también puede haber tenido alguna influencia la reciente puesta en marcha en el ámbito de las empresas del SII. 

En términos de justicia, un 49% de los encuestados sitúan al sistema tributario español en un término medio y caen quince puntos, hasta el 41%, los que lo califican como injusto. Otra cuestión es cuando se les interroga sobre la complejidad y la seguridad jurídica: una amplia mayoría del 78% lo sigue calificando como complejo o muy complejo.

Destaca, en esta edición del Consenso, el empeoramiento de la opinión de los expertos y directivos sobre la coexistencia de varios sistemas tributarios en España –Estado, CC.AA y Ayuntamientos-.  Un 58% lo considera muy perjudicial para la actividad y un 20% perjudicial y sólo un 6% lo ve como ventajoso. Además, cae ligeramente el porcentaje de los que piensan que la correlación entre la presión fiscal y los servicios públicos en España es alta o muy alta –del 59% al 57%-.

         

El 61% de los expertos considera que el próximo año el nivel de conflictividad de nuestro sistema tributario aumentará en mayor o menor medida. Y, aunque un 68% califica como poco o nada efectivos los sistemas que ofrece la normativa fiscal española para la resolución de conflictos, se valora positivamente la introducción en nuestro ordenamiento de instancias arbitrales o de mediación: así lo asegura el 61%.

Finalmente, el 59% de los encuestados califica como elevado el nivel de fraude fiscal en España pero descienden, del 43% al 29%, los que creen que aumentará el próximo año. Respecto al nivel de transparencia de las empresas españolas en materia fiscal aumentan, del 19% al 25%, los que consideran que son transparentes o muy transparentes y caen, del 28% al 25%, los que piensan que lo son poco o nada.

Para Alberto Monreal, socio de PwC Tax and Legal Services, "si la pasada crisis financiera puso acritud en el debate sobre la fiscalidad empresarial y general, o sobre los medios elegidos para elevarla, la reciente encuesta permite afirmar que la gravedad de los retos políticos que han de afrontarse, tanto en España como en Europa, ha enfriado considerablemente dicho debate. No obstante, destacamos que la opinión mayoritaria de los expertos del Consenso viene a contradecir la idea, instalada en los últimos años en la sociedad, de que las empresas españolas pagan pocos impuestos. Si nos referimos en exclusiva al Impuesto sobre Sociedades, advertimos que no es un asunto sencillo, ni medirlo ni trasladarlo a la opinión pública, y todos los actores implicados deberíamos hacer un esfuerzo por realizar un debate centrado, preciso e informado. La creciente transparencia empresarial en la publicación de sus datos fiscales así lo permite y, es sin duda, un tema capital que afecta a la competitividad de nuestra economía y de gran relevancia para la sociedad en general".

1.- Las opiniones vertidas en el Consenso Fiscal no reflejan la postura de PwC Tax and Legal Services y se corresponden exclusivamente con las expresadas por el panel de expertos –catedráticos, responsables de fiscalidad de empresas nacionales e internacionales y directivos de asociaciones empresariales-.

2.- El Consenso Fiscal es el resultado de una encuesta de 45 preguntas que se ha enviado a un colectivo de más de 900 personas que, por su trabajo, son capaces de dar una opinión solvente acerca de la situación fiscal española. La encuesta se ha elaborado exclusivamente con las 102 contestaciones que se han respondido entre el 27 de septiembre al 30 de octubre  de 2017.  

La ‘tarifa plana' de la Seguridad Social de 2014 no es aplicable a contratos indefinidos que ya lo eran en empresas subrogadas2017-11-28

CGPJ

La Sala III ha dictado una sentencia en la que establece que la reducción en las cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social por contratación indefinida prevista en el Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, conocida como ‘tarifa plana’, “no es aplicable en los casos en los que no hay creación de empleo indefinido neto, porque la contratación indefinida efectuada afecta  a trabajadores que ya estaban contratados con el mismo carácter indefinido en empresas de las que el empleador interesado es sucesor en virtud de una subrogación dimanante de convenio colectivo”.

El Tribunal Supremo desestima el recurso planteado por una empresa vizcaína, Garibaldi S.A., contra la resolución de la Dirección provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social que le denegó en 2015 la bonificación de la ‘tarifa plana’ en relación a 85 trabajadores dados de alta como indefinidos desde el 1 de enero de 2015, y que eran subrogados de empresas en las que ya tenían contratos indefinidos y de las que habían causado baja en diciembre de 2014.

La sentencia recuerda que el párrafo c) del  apartado dos del artículo único del RDL 3/2014 exige como requisito para acceder a las bonificaciones de la Seguridad Social “celebrar contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo total de la empresa”.

Por ello, añade el Alto Tribunal, “en los casos en los que la contratación indefinida efectuada se refiera a trabajadores que ya estaban contratados con el mismo carácter indefinido en compañías salientes, de las que la empresa interesada -o entrante- asume los contratos por mandato del convenio colectivo del sector es evidente que no ha habido incremento del nivel de empleo indefinido, por lo que no puede entenderse que les sea de aplicación la bonificación por “tarifa plana”.

Condenado a 19 años de cárcel por matar a su vecina con unas tijeras tras regañarle porque hacía ruido2017-11-28

(CGPJ).- La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a un hombre a la pena de 19 años de prisión por matar a su vecina con unas tijeras-cizalla.

La sentencia relata que el 23 de octubre de 2015 el procesado se encontraba jugando videojuegos profiriendo gritos y haciendo excesivo ruido cuando la víctima, vecina del piso de arriba, le tocó a su puerta para llamarle la atención. Posteriormente, el acusado se desplazó hasta un local del inmueble, perteneciente a su familia, donde cogió una tijeras-cizallas de las utilizadas para cortar metal, de unos 40 cm de longitud aproximadamente, y se dirigió a la puerta del domicilio de la mujer. De “manera súbita e inesperada” –señala- le asestó tres violentos golpes con ellas en la zona frontal del rostro, cayendo la víctima al suelo, en estado inconsciente, y falleciendo un rato después. El procesado regresó a su domicilio y limpió los restos de sangre de la víctima y se cambió de ropa.

La sentencia le impone una indemnización para los padres de la víctima de 150.000 euros para cada uno, y otra de 100.000 euros para la hermana.

El Foro Español de Laboralistas (Forelab) premia a los jóvenes abogados más brillantes2017-11-28
  • El galardón, dirigido a abogados laboralistas menores de 38 años, persigue promocionar el estudio e investigación en el ámbito del Derecho del trabajo y la Seguridad Social

El Foro Español de Laboralistas (FORELAB) ha fallado la sexta edición del premio ‘Jóvenes Laboralistas’ que el Foro convoca anualmente con el objetivo de promocionar el estudio e investigación en el ámbito del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.

El galardón, se concede al autor del artículo de contenido jurídico laboral que obtenga la mejor calificación otorgada por un jurado de expertos, y se dirige a estudiantes de los dos últimos años de licenciatura o grado en Derecho y de másteres o postgrados, así como los abogados en ejercicio en los seis años siguientes a la colegiación que, en todo caso, deben ser menores de 38 años. 

En esta sexta edición, el Jurado ha otorgado el VI Premio Forelab Jóvenes Laboralistas a Aitana López Hernández, del despacho Gómez-Acebo & Pombo por el trabajo ‘La contratación laboral temporal a partir del caso de Diego Porras’.

Por su parte, han sido finalistas de esta edición Alejandro de Miguel Diez, abogado laboralista en Abdón Pedrajas & Molero por su artículo ‘Análisis de la Gestación Subrogada a la vista de los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo’; César Otero, abogado en Laffer Abogados, por su trabajo ‘El complicado encaje de los trabajadores de la economía colaborativa en el Derecho Laboral; y Alejandra Martínez, del despacho Garrigues, que participó en esta última edición de los premios de FORELAB con el trabajo ‘Repensando el Derecho del Trabajo: el impacto de la economía colaborativa’. También ha sido finalista Juan Pascual, abogado junior en Ceca Magan Abogados, que ha participado con el artículo ‘El uso de las cámaras de videovigilancia a través de la jurisprudencia’. 

El premio está dotado con 2.000 euros y el correspondiente diploma acreditativo.

Como en ediciones anteriores el Jurado ha estado integrado por María Emilia Casas Baamonde, catedrática de Derecho del Trabajo y presidenta emérita del Tribunal Constitucional (presidenta); Ignacio García-Perrote, catedrático de Derecho del Trabajo y abogado (secretario); Fernando Valdés Dal-Ré, catedrático de Derecho del Trabajo y magistrado del Tribunal Constitucional; María Luisa Segoviano Astaburuaga, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo; y María Luz Rodríguez Fernández, profesora titular de Derecho del Trabajo, estos últimos en calidad de vocales.

Desciende un 39,4% el total de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo2017-11-27

El número total de procedimientos fue de 2.571, que supone un descenso del 37,6% respecto a 2016. Los procedimientos finalizados con acuerdo representan el 89,4%, frente al 10,6% que lo hizo sin acuerdo.

En cuanto al número de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo en los nueve primeros meses de 2017 es de 38.938, 25.297 menos que en el mismo periodo de 2016, lo que supone un descenso del 39,4%.
Tal y como recoge la Estadística de Regulación de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, del total de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo, los que vieron reducida su jornada fueron 4.687, 1.572 menos que en el mismo periodo de 2016, que representa una reducción del 25,1%.

Los trabajadores afectados por suspensiones de contrato hasta septiembre de 2017 se situaron en 19.041, 19.992 menos en relación con el mismo período del año anterior, lo que equivale a un descenso del 51,2%.
El número de afectados por despidos colectivos fue de 15.210 trabajadores, que supone un descenso de 3.733, un 19,7% menos respecto al mismo período de 2016.

Por comunidades autónomas el número de trabajadores afectados por despidos colectivos, suspensión de contrato y reducción de jornada ha bajado en 16 de ellas. Los mayores descensos en términos relativos se han producido en Aragón (-84,9%), La Rioja (-73,5%), Galicia (-56,7%), Extremadura (-53,8%) y Ceuta y Melilla (-53,5%). Por el contrario los aumentos corresponden a Canarias (45,4%) y Navarra (7,4%).

Condenado el Servicio Extremeño de Salud a pagar una indemnización por responsabilidad patrimonial en un caso de abusos sexuales cometidos por un anestesista2017-11-27
El médico se encontraba suspendido en funciones y desaparecido

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso–administrativo número 1 de Cáceres ha condenado al Servicio Extremeño de Salud a indemnizar con 10.000 euros más intereses a una mujer que fue víctima de abusos sexuales por parte de un anestesista.

La demandante alegó que había sido víctima de abusos sexuales por parte del médico después de una operación por histeroscopia cuando se encontraba todavía bajo los efectos de la anestesia. Como el profesional, suspendido en sus funciones, estaba desaparecido con requisitorias y busca y captura por la vía penal, la víctima hizo una reclamación al Servicio Extremeño de Salud por la vía administrativa. Al serle denegada la petición, la víctima reclamó mediante un recurso contencioso-administrativo, demanda que ha sido estimada parcialmente por el juez.

El anestesista había sido denunciado por otras diez mujeres por los mismos hechos.

La carga de la prueba de la negociación de la cláusula suelo y los efectos de su nulidad2017-11-27

La parte demandada debe probar (la entidad bancaria), tal como le corresponde al amparo de lo establecido en el artículo 217.2 LEC, que la cláusula suelo del préstamo hipotecario es negociada, es decir, que el consumidor pudiera influir en su contenido – de acuerdo con la STS de 3/06/2016.

En definitiva, para que se considere que las cláusulas de los contratos celebrados con los consumidores en estos sectores de la contratación en masa no tienen el carácter de condiciones generales de la contratación - es decir, cláusulas no negociadas-, "es preciso que el profesional o empresario explique y justifique las razones excepcionales que le llevaron a negociarla individualmente con ese concreto consumidor, en contra de lo que, de modo notorio, es habitual en estos sectores de la contratación y acorde a la lógica de la contratación en masa y que se pruebe cumplidamente la existencia de tal negociación y las contrapartidas que ese concreto consumidor obtuvo por la inserción de cláusulas que favorecen la posición del profesional o empresario" (sentencia del TS 265/2015, de 22 de abril). Como recuerda la mencionada sentencia del TS 265/2015 de 22 de abril: "el sector bancario se caracteriza porque la contratación con consumidores se realiza mediante cláusulas predispuestas e impuestas por la entidad bancaria, y por tanto, no negociadas individualmente con el consumidor, lo que determina la procedencia del control de abusividad previsto en la Dir. 1993/13/CEE y en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, salvo que se pruebe el supuesto excepcional de que el contrato ha sido negociado y el consumidor ha obtenido contrapartidas apreciables a la inserción de cláusulas beneficiosas para el predisponente"

Si se niega, por tanto, por la parte actora, la existencia de dicha negociación, y dado que la llamada "cláusula - suelo" , tal como expresó el TS en su Sentencia de 9 de mayo de 2013, no es nula "per se", procede por el Juez el examen de su transparencia tanto formal o de incorporación como material o de inteligibilidad en aras a determinar si resulta o no procedente la nulidad de la misma, con las consecuencias dimanantes en su caso.  A este respecto, se concluirá que la cláusula suelo en cuestión aunque supere el control de incorporación o transparencia formal - esto es, venga destacada en el contrato de préstamo hipotecario, correctamente incluida en el mismo, con distinción, y claridad-, si no supera el de transparencia material o comprensibilidad, esto es , si no es entendible para el ciudadano medio, será abusiva y por consiguiente, nula. Así pues, en el fundamento 224 de la sentencia del Alto Tribunal últimamente citada, se indica que: "lo elevado del suelo hacía previsible para el prestamista que las oscilaciones a la baja del índice de referencia no repercutirían de forma sensible en el coste del préstamo, de forma que el contrato de préstamo, teóricamente a interés variable, se convierte en préstamo a interés fijo variable exclusivamente al alza". Es decir, el adherente o prestatario suscribe el contrato sin aprehender el alcance económico y jurídico del mismo, desconociendo las consecuencias que le deparará.

La cláusula suelo no es transparente desde el punto de vista material, cuando concurre falta de información suficiente de la carga económica que entraña para los prestatarios, ni se han acreditado simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de la concertación del contrato, ni se ha probado que haya información previa, clara y comprensible sobre el coste comparativo con otras modalidades de préstamo de la propia entidad - en caso de existir- , o advertencia de que al concreto perfil del cliente no se le ofertan las mismas. En definitiva, es abusiva dicha cláusula cuando se  crea la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable cuando el índice de referencia en su previsible evolución lo convertirá en un contrato con interés mínimo fijo, y que sólo variaría eventualmente al alza, por lo que el adherente queda imposibilitado a la postre de un eventual beneficio derivado de la bajada del tipo de interés de referencia.

En cuanto a las consecuencias que se predican de la nulidad impetrada por la parte actora, ha de estarse a lo resuelto por la Sentencia de 21 de diciembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual señala en su párrafo número 74 que : "dado que para resolver los litigios principales los órganos jurisdiccionales remitentes están vinculados por la interpretación del Derecho de la Unión que lleva a cabo el Tribunal de Justicia, dichos órganos jurisdiccionales deberán abstenerse de aplicar, en el ejercicio de su propia autoridad, la limitación de los efectos en el tiempo que el TS acordó en la sentencia de 9 de mayo de 2013, puesto que tal limitación no resulta compatible con el Derecho de la Unión", y por tanto, tal como se recoge en el párrafo número 61 de esta misma sentencia: "... una cláusula contractual declarada abusiva nunca ha existido (...)Por consiguiente, la declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula", y que se centra en suma en "la constitución de un derecho a la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor en virtud de la cláusula abusiva"  (párrafo 66), y se adecua a su vez con lo dispuesto en el art 1303 del CC, según el cual: "declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses".

Por consiguiente, la restitución de las prestaciones que impone el art 1303 del CC supondrá además de la inaplicación pro futuro de la cláusula, que la demandada debe recalcular el cuadro de amortización del préstamo desde su constitución sin tener en cuenta la cláusula anulada, debiendo restituir a los prestatarios, en su caso, las cantidades percibidas  como consecuencia de su aplicación.

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La Audiencia de Valencia establece que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en una hipoteca ha de pagarlo el consumidor2017-11-24
  • Por primera vez el Tribunal imputa al prestatario el abono de este gravamen
  • La Sección Novena anula por abusivas las cláusulas que repercuten sobre el cliente otros gastos del contrato de préstamo hipotecario

(CGPJ).- La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado parcialmente la demanda de un consumidor y ha anulado varias cláusulas del contrato de préstamo hipotecario suscrito con una entidad bancaria por considerarlas abusivas.

La Sala considera que las cláusulas que imputan al prestatario los gastos por vencimiento anticipado, los de tasación y los aranceles notariales y registrales son abusivas. Mantiene, no obstante, que el Impuesto de Actos jurídicos Documentados, conforme a la normativa tributaria vigente, ha de pagarlo el consumidor.

Se trata del primer pronunciamiento de la Audiencia Provincial de Valencia en este sentido. La Sección Novena está especializada en Mercantil y asume los asuntos relacionados con las condiciones generales de contratación. Por este motivo esta Sección de la Audiencia verá la práctica totalidad de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia sobre cláusulas abusivas en contratos de préstamo hipotecario.

El Tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la entidad financiera contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia 5 de la capital y revoca la condena impuesta por éste al banco para que devolviera al consumidor el dinero pagado por el Impuestos de Actos Jurídicos Documentadios.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Gonzalo Caruana, señala que "Con independencia de que la sentencia de 23/12/2015 del Tribunal Supremo no tiene por objeto ni ha dispuesto fijar la atribución del sujeto pasivo de tal impuesto en la prestamista, conforme a la normativa específica tributaria (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) y resoluciones judiciales que la han interpretado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, resulta fijado que el sujeto pasivo es el prestatario; razón por la cual, colocados los actores al momento de la contratación, ellos debían abonar el mentado impuesto, por lo que no procede que el mismo sea a cargo de ...S.A."

La decisión de la Sección Novena de la Audiencia de Valencia sobre este impuesto "se alinea con la posición absolutamente mayoritaria en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales que han enjuiciado la acción de restitución anudada a la de nulidad de tal clase de pacto en préstamos hipotecarios". En el mismo sentido ya se han pronunciado las Audiencias Provinciales de Pontevedra, Oviedo, A Coruña, Palencia, La Rioja, Cantabria y Alicante.

El 80% de las empresas tributan incorrectamente el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)2017-11-24
  • El IAE es un tributo local de devengo anual que cada vez tiene más impacto en la cuenta de resultados.
  • Las empresas suelen dar por buena la cuota tributaria del IAE y proceden a su pago, sin plantearse cómo ahorrar en su tributación.
  • Se desconoce que existe la posibilidad de revisar los elementos que determinan la cuota a pagar.
  • Como es un tributo con ciertos componentes subjetivos de interpretación, las palancas de optimización que se apliquen han de estar muy bien justificadas con un informe técnico jurídico, que supere cualquier tipo de proceso inspector o comprobación Administrativa.
  • Su revisión es muy útil, no sólo por el posible ahorro, sino también para tener una imagen de la realidad tributaria y conocer posibles riesgos fiscales no planificados.

Quedan semanas para finalizar el año y Ayming, grupo international de Consultoría en la mejora del rendimiento empresarial, quiere llamar la atención de las empresas acerca de la importancia de planificar en este período su estrategia tributaria y así poder ahorrar en el impuesto sobre actividades económicas (IAE).

El IAE entró en vigor el 1 de enero de 1992 y dado que es un tributo que se ha convertido en fuente de controversia interpretativa de las normas que lo regulan, en ocasiones totalmente antagónicas entre las distintas Haciendas locales y los propios actuarios del mismo órgano de Inspección, conviene tener en cuenta cómo las empresas pueden ahorrar en su tributación. El IAE es un tributo local de devengo anual que cada vez tiene más impacto en la cuenta de resultados. Generalmente las empresas no se plantean su optimización y dan por buena la cuota tributaria del recibo, procediendo a su pago. Sin embargo, el 80% de las empresas tributan incorrectamente el IAE debido a errores censales y tributarios.

Se trata de un impuesto con un componente técnico fiscal complejo, del que el contribuyente desconoce que existe la posibilidad de revisar los elementos que determinan la cuota a pagar, determinando si efectivamente es acorde a la normativa y realidad tributaria. Es recomendable que las empresas realicen siempre este análisis de elementos tributarios y revisen las ordenanzas fiscales, para detectar posibles bonificaciones, exenciones, o algún tipo de beneficio tributario en el pago del impuesto.

Este impuesto local, que grava las actividades económicas realizadas en el ámbito municipal por las empresas, está regulado por el RD Legislativo 1175/1990. La cuota a pagar del IAE viene determinada por la actividad económica y por los coeficientes municipales, teniendo en cuenta, tal como puede verse en la siguiente gráfica, los siguientes conceptos: el nº de obreros; el Importe neto de la cifra de negocio (INCN); el epígrafe de actividad económica, del que existen más de 900 diferenciadas; la superficie afecta, que se pondera en función de la población; el índice de situación y el recargo provincial/recargo insular.

En cuanto al índice de situación, las competencias municipales aplican una escala que pondera la situación física del local donde se ejerce la actividad, de acuerdo con la categoría de la calle donde radique. La escala tiene el punto inferior de su horquilla en el índice 0,5 y el máximo en el 3. Los municipios establecen su callejero fiscal según el padrón de vecinos. Así, los municipios con menos de 10.000 habitantes no pueden establecer más de cinco categorías de calles, mientras que los grandes municipios (más de 500.000 habitantes) pueden llegar hasta un máximo de nueve.

En función de la facturación de la empresa se aplica también una serie de porcentajes al impuesto. Las sociedades con un importe neto de la cifra de negocio inferior a un millón de euros, están exentas del IAE. A partir de ahí se aplican los siguientes coeficientes:

Ejemplo recibo IAE:

Los tres elementos del impuesto que dependen de la Administración local son: el recargo provincial, el índice de situación y las bonificaciones municipales. La cuestión es: ¿está tributando mi empresa correctamente? Pueden analizarse pues los elementos del recibo, en busca de errores materiales que estén perjudicando el interés tributario de la empresa. Esto quiere decir que existen distintos componentes (Tributarios y de gestión censal) que pueden ser estudiados y por tanto, son susceptibles de corrección, generando un ahorro y liquidez directa.

Hay que diferenciar por tanto dos partes en el impuesto. Por un lado, la Gestión censal, y por otro, la gestión tributaria. La primera corresponde en general a la Agencia Tributaria, estipulando los elementos que constan en el censo a partir de los cuales se obtiene la cuota tributaria. La gestión tributaria por su parte, corresponde a las entidades locales, que suelen tener cedidas las competencias en materia de inspección y comprobación.

Mediante la aprobación anual de las ordenanzas fiscales, los Ayuntamientos incrementan o disminuyen la presión fiscal, modificando los coeficientes de situación que repercuten directamente en la cuota a pagar. Igualmente, mediante procesos de comprobación e Inspección, aumentan su capacidad recaudatoria reclamando deudas tributarias para los ejercicios no prescritos, con sus correspondientes intereses de demora y sanción.

En este punto, muchas entidades locales subcontratan empresas privadas para realizar los estudios y complementar a los funcionarios en el proceso. Estas empresas se llevan un tanto por ciento del total recaudado por el Ayuntamiento, por lo que muchas veces y por la interpretación normativa, tienden a aplicar criterios que en cierta medida no benefician los intereses tributarios de los contribuyentes.

Optimización del IAE

El procedimiento de optimización del IAE puede realizarse, bien por propia iniciativa del contribuyente, y de este modo analizar cuál es la realidad tributaria, así como detectar posibles ahorros, bien por requerimiento de la Administración. En el primer caso, hay que tener en cuenta que se trata de un tributo con ciertos componentes subjetivos de interpretación, por lo que las palancas de optimización aplicadas han de estar bien fundamentadas y ser lo más objetivas posible, de acuerdo a la normativa y jurisprudencia vigente. Por ello, cualquier cambio en los elementos ha de estar muy bien justificado con un buen soporte documental técnico jurídico, que supere cualquier tipo de proceso inspector o comprobación Administrativa. Es importante destacar la utilidad de esta revisión, ya no desde el punto de vista del ahorro potencial, sino para tener una imagen de la realidad tributaria y conocer, en el caso de que existan, posibles riesgos fiscales no planificados.

Emilio García, Head of Property Management en Ayming, ha declarado al respecto que: “cada vez son más las empresas que realizan este análisis con el objeto de evaluar el riesgo y aplicar las medidas necesarias para, en el menor tiempo posible, reducir el componente a cero, minorando la incertidumbre y mejorando de este modo su rentabilidad y competitividad”.

En el caso de una revisión por parte de la Administración, contando con la ayuda de expertos en todo el proceso inspector, revisando desde el inicio el procedimiento y de acuerdo a la normativa consultas vinculantes, sentencias y fundamentos técnico jurídicos, se consigue llegar a unas firmas en conformidad más óptimas y beneficiosas para las empresas. Mediante el trabajo conjunto de ingenieros y arquitectos, revisando el componente técnico, junto con inspectores experimentados que han trabajado para la Administración y son conocedores del trasfondo de la norma y del procedimiento, se consiguen importantes ahorros.

Algunos ejemplos del alcance de la Optimización del IAE

Para que nos hagamos una idea clara del ahorro anual generado en el IAE cuando realizamos una revisión desde el inicio, detallamos a continuación cuatro ejemplos reales. En todos ellos uno de los objetivos fue conseguir el correcto valor de los elementos tributarios y de paso la optimización del impuesto. Una vez recibida toda la documentación requerida (recibo del impuesto sobre actividades económicas, planos, ubicación, m2 de suelo y m2 construidos), se llevó a cabo el Estudio de viabilidad, el recálculo exacto de las superficies computables al impuesto, revisando los coeficientes correctores, categorías, tipologías, usos y destinos aplicados a cada actividad económica. Una vez evaluados los resultados y las conclusiones se tramitó la modificación de los elementos tributarios de la actividad económica.

Empresa del sector Industrial dedicado a la actividad química: el resultado fue una reducción en la cuota a pagar por procedimiento inspector de 850.000 €. Con ahorros a futuro de 200.000 €. Anuales.

Empresa del sector industrial dedicada a la actividad farmacéutica: el resultado fue una reducción de la cuota a pagar de IAE de 485.000 € a 434.000 € tras la optimización, consiguiéndose un ahorro anual en el impuesto del IAE de 51.000 €.

Empresa del sector hotelero: el resultado fue una reducción de la cuota a pagar de IAE de 42.500 € a 34.800 € tras la optimización, consiguiéndose un ahorro anual en el impuesto del IAE de 7.700 €.

Empresa del sector automovilístico (TIER1): el resultado fue una reducción de la cuota a pagar de IAE de 185.000 € a 143.000 € tras la optimización, consiguiéndose por tanto un ahorro anual en el impuesto del IAE de 42.000 €.

El TSJ de Asturias anula la ordenanza municipal de recaudación del IBI de Oviedo2017-11-24

(CGPJ).- Las catorce sentencias en el mismo sentido que se han notificado hoy, no son firmes, pudiendo presentarse recurso de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo, si se invoca la infracción de derechos estatales, o ante la Sala de lo Contencioso del TSJA si se recurren infracciones de derechos autonómicos.

El TSJA da especial importancia como motivo de nulidad a la ausencia de publicación del anuncio de exposición en el diario de mayor tirada de Asturias, y ello porque, como señala la jurisprudencia del Tribunal Supremo "la omisión del referido trámite supone un vicio de nulidad absoluto del artículo 62.2, y señalando, además, que el trámite de audiencia se incumple tanto cuando no se concede como cuando no se agota el plazo fijado para efectuar reclamaciones", así como que el escrito de alegaciones presentado antes de la aprobación definitiva y antes de la publicación del anuncio en el periódico "no exime del trámite, al tratarse de la impugnación de una Ordenanza y no de un mero Acto Administrativo".

La Sala argumenta que no se puede equiparar esa publicación que ordena la Ley a las noticias periodísticas sobre el tema a las que alude el Ayuntamiento de Oviedo, "porque ello supondría tanto como hurtar el derecho de los ciudadanos a su participación ciudadana en los asuntos públicos, por todo ello, "es por lo que el presente recurso ha de prosperar sin necesidad ya de entrar en el examen del resto de los argumentos que en el escrito de demanda se contienen", sostiene el Tribunal.

El Tribunal Supremo considera discriminatorio el trato dado por la Seguridad Social a los religiosos protestantes respecto a los católicos2017-11-23

(CGPJ).- La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha declarado nulo parte del Real Decreto 839/2015, de 21 de septiembre, que regula las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, por constituir un trato discriminatorio que vulnera el principio de igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución y el mismo artículo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (prohibición de la discriminación).

El Alto Tribunal estima así parcialmente un recurso planteado por dicha Federación. La sentencia anula concretamente la disposición adicional segunda del Real Decreto, donde se regula el reconocimiento inicial de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, y muerte y supervivencia. Indica que la regulación prevista para los ministros de las Iglesias Evangélicas o Adventista es distinta respecto a los clérigos de la Iglesia Católica, pese a que el Estado ha asimilado a ambos al trabajo por cuenta ajena, lo que supone una discriminación.

La sentencia explica que el Estado ha asimilado a las personas que ejercieron un ministerio religioso al trabajo por cuenta ajena, tanto en el caso de los clérigos de la Iglesia Católica, como en el los ministros de culto de las Iglesias Evangélicas o de la Iglesia Adventista -que son las contempladas en el Real Decreto-, y partiendo de esa situación de identidad sustancial, esas personas deben tener un trato homogéneo a los efectos de acreditar periodos de cotización para obtener determinadas prestaciones.

Así, recuerda que a los clérigos de la Iglesia Católica que hubieren cesado en el ejercicio del ministerio religioso (con independencia de las razones o causas para ello --secularización, abandono de la profesión religiosa--) se les permite alcanzar el máximo de cotización de 35 años, sumados a los periodos efectivamente cotizados, y los que desempeñaron análogo ministerio de culto en otras confesiones religiosas como la Iglesia Evangélica o la iglesia Adventista, ven limitada esta posibilidad a cubrir, exclusivamente, el periodo mínimo de carencia de las diferentes prestaciones.

La sentencia explica que el principio constitucional de igualdad reconocido por el artículo 14 de la Constitución y prohibición de discriminación del artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos proscriben introducir desigualdades de trato entre situaciones que puedan considerarse iguales, como es el caso de los clérigos de las distintas religiones, en el ámbito concreto examinado.

La juez Lamela informa a favor de acumular en el Tribunal Supremo las causas abiertas por el proceso secesionista de Cataluña2017-11-23

(CGPJ).- La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha remitido al Tribunal Supremo el informe que le fue solicitado por el magistrado de ese órgano judicial Pablo Llarena -que instruye la causa abierta a raíz de la querella que la Fiscalía interpuso contra la presidenta del Parlament de Cataluña y cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara autonómica- sobre la posible acumulación de los procedimientos incoados en relación con el proceso secesionista de Cataluña.

Lamela, que instruye la causa contra los exmiembros del Govern catalán, considera que los procedimientos se deben acumular en el Tribunal Supremo porque se está investigando a los miembros de una compleja y heterogénea organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario. La magistrada entiende que que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia “perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”, por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, “sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”.

Una organización con reparto de papeles, en ejecución de un plan preconcebido

La juez explica en su informe que de lo actuado hasta el momento se desprenden elementos para considerar que las personas investigadas forman parte de una organización que actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario.

La magistrada describe el organigrama de esa organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Govern, la sociedad civil, con los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat.

Lamela describe los elementos básicos con los que se ha llevado a cabo una hoja de ruta secesionista diseñada tras las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015 y que recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan. Un plan que se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, la convocatoria ilegal de un referéndum ignorando los pronunciamientos del TC, la reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como diversas actuaciones sobre la estructura del Estado.

Desde ese reparto de funciones, la instructora argumenta que la actividad de los miembros del Govern perseguía la ejecución de distintos acuerdos en contra de las distintas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que debían impulsar el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia.

Mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del “proceso de desconexión”, la misión de los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Omnium era movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines secesionistas. Como ejemplo, la juez detalla las congregaciones tumultuosas llevadas a cabo con la finalidad de impedir la ejecución de resoluciones judiciales. ANC y Omnium, según Lamela, “actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre”.

Papel esencial de los Mossos d’Esquadra

Dentro de esa organización investigada, para Lamela cobra especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos D’Esquadra para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia impulsada por los investigados. “Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’ Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban”. La juez concluye que se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal. Igualmente, “en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales”.

Desvío de fondos públicos y asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para la causa secesionista

Todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos. Pese al veto del Tribunal Constitucional, el Govern hizo posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto contrario a Derecho, al haber empleado fondos públicos para la consumación de un acto delictivo. Y el hecho de que la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, “no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines, como lo atestigua la actuación de la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Dª Meritxell Borrás i Solé, quien decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum.”

Del mismo modo la juez detalla la articulación de planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento secesionista dentro y fuera de Cataluña, así como la asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para apoyar la celebración del referéndum ilegal y para comenzar a desarrollar proyectos para la nueva República independiente.

La investigación debe acumularse para comprender en su integridad toda la trama

Una vez analizadas todas las actividades ilegales desarrolladas, constitutivas de distintos delitos (desobediencias, prevaricaciones, malversaciones de caudales públicos, y sedición) cometidos por los distintos miembros y colaboradores de la organización, bajo la autoría intelectual y superior de sus líderes, Lamela concluye que la investigación por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa. “La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común”, señala.

La juez recuerda que se están investigando delitos conexos, “razón por la que cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos, lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”. Por ello, concluye que la investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes “es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia”.

En su informe, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 incluye los antecedentes procesales, fácticos e investigativos, tal y como le solicitó el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

La juez Lamela informa a favor de acumular en una sola las causas abiertas por el proceso secesionista de Cataluña2017-11-23

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha remitido al Tribunal Supremo el informe que le fue solicitado por el magistrado de ese órgano judicial Pablo Llarena -que instruye la causa abierta a raíz de la querella que la Fiscalía interpuso contra la presidenta del Parlament de Cataluña y cinco exmiembros de la Mesa de la Cámara autonómica- sobre la posible acumulación de los procedimientos incoados en relación con el proceso secesionista de Cataluña. 

Lamela, que instruye la causa contra los exmiembros del Govern catalán, considera que los procedimientos se deben acumular en uno solo porque se está investigando a los miembros de una compleja y heterogénea organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente, contraviniendo el orden constitucional y estatutario. En el momento actual, y dada la condición de aforados de varios de los investigados, la competencia para instruir esa causa correspondería al Tribunal Supremo. 

La magistrada entiende que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una premeditada estrategia “perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles”, por lo que considera que la investigación no debe ser escindida, “sino que debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido”. 

Una organización con reparto de papeles, en ejecución de un plan preconcebido 

La juez explica en su informe que de lo actuado hasta el momento se desprenden elementos para considerar que las personas investigadas forman parte de una organización que actuaban con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña y su proclamación como República independiente, alterando de esta forma la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, con clara contravención del orden constitucional y estatutario. 

La magistrada describe el organigrama de esa organización integrada desde el ámbito legislativo, por autoridades parlamentarias, el ejecutivo, con los miembros del Govern, la sociedad civil, con los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, asesores e ideólogos cuyo grado de participación debe ser objeto de investigación, así como la policía autonómica y la actuación de determinadas personas desde el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya ( CTTI) y de las personas vinculadas al llamado Diplocat. 

Lamela describe los elementos básicos con los que se ha llevado a cabo una hoja de ruta secesionista diseñada tras las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015 y que recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan. Un plan que se ejecuta a través de un marco legislativo inconstitucional, la convocatoria ilegal de un referéndum ignorando los pronunciamientos del TC, la reiterada desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional, así como diversas actuaciones sobre la estructura del Estado.

Desde ese reparto de funciones, la instructora argumenta que la actividad de los miembros del Govern perseguía la ejecución de distintos acuerdos en contra de las distintas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que debían impulsar el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia.

Mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del “proceso de desconexión”, la misión de los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Omnium era movilizar a las masas, a fin de crear en la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado para propiciar y justificar la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y para propiciar, cuando fuera necesario, la movilización social para respaldar la consecución de los fines secesionistas. Como ejemplo, la juez detalla las congregaciones tumultuosas llevadas a cabo con la finalidad de impedir la ejecución de resoluciones judiciales. ANC y Omnium, según Lamela, “actuaron como brazo civil del levantamiento auspiciado por las autoridades del Govern favoreciendo movilizaciones como las que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre y 1 de octubre”. 

Papel esencial de los Mossos d’Esquadra 

Dentro de esa organización investigada, para Lamela cobra especial relevancia el papel desempeñado por los Mossos D’Esquadra para asegurar el éxito del proceso hacia la declaración de independencia impulsada por los investigados. “Resultaba esencial contar con la capacidad investigadora e intimidatoria de los Mossos d’ Esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto coercitivo que los mismos representaban”. La juez concluye que se ha producido una utilización ilegal de los Mossos al servicio de los intereses secesionistas, tanto en los actos sediciosos como en la celebración del referéndum ilegal. Igualmente, “en la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales”. 

Desvío de fondos públicos y asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para la causa secesionista 

Todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre fueron, según la juez, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos. Pese al veto del Tribunal Constitucional, el Govern hizo posible la realización de pagos para llevar a cabo un acto contrario a Derecho, al haber empleado fondos públicos para la consumación de un acto delictivo. Y el hecho de que la Intervención General de la Generalitat haya certificado que solo una pequeña cantidad de tal partida presupuestaria ha sido oficialmente utilizada, “no excluye que se haya sufragado el referéndum con dinero público no destinado a estos fines, como lo atestigua la actuación de la consellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, Dª Meritxell Borrás i Solé, quien decidió adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios con que poder celebrar el referéndum.” 

Del mismo modo la juez detalla la articulación de planes de comunicación y propaganda de apoyo al movimiento secesionista dentro y fuera de Cataluña, así como la asignación de recursos tecnológicos de la Generalitat para apoyar la celebración del referéndum ilegal y para comenzar a desarrollar proyectos para la nueva República independiente. 

La investigación debe acumularse para comprender en su integridad toda la trama 

Una vez analizadas todas las actividades ilegales desarrolladas, constitutivas de distintos delitos (desobediencias, prevaricaciones, malversaciones de caudales públicos, y sedición) cometidos por los distintos miembros y colaboradores de la organización, bajo la autoría intelectual y superior de sus líderes, Lamela concluye que la investigación por separado dificultaría el esclarecimiento de los hechos y la comprensión de toda la estrategia colaborativa. “La actuación de los investigados no se puede examinar de forma aislada y desvinculada de la organización de la que ellos y posiblemente otros han formado parte para culminar un propósito común”, señala. 

La juez recuerda que se están investigando delitos conexos, “razón por la que cualquier escisión de la causa inevitablemente conduciría al examen parcial y sesgado de los hechos, lo que dificultaría enormemente la investigación y la determinación clara de responsabilidades de los investigados”. Por ello, concluye que la investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes “es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia”. 

En su informe, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 incluye los antecedentes procesales, fácticos e investigativos, tal y como le solicitó el magistrado instructor del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

El Tribunal Supremo declara desierto el recurso de Miguel Blesa contra la sentencia que le condenó por 'tarjetas black'2017-11-22

(CGPJ).- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado desierto el recurso de casación interpuesto en su día por el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa de la Parra contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 23 de febrero de 2017, que le condenó a seis años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida en relación con el uso de las “tarjetas black” de la entidad financiera, y como responsable civil solidario del pago de los 9,3 millones de euros que se cargaron a dichas tarjetas durante su periodo al frente de la Caja (2003-2010).

En el auto, acuerda también el archivo de las actuaciones respecto de dicho recurrente y ordena que se comunique la decisión a la Audiencia Nacional “a los efectos de la declaración de firmeza de la sentencia y de su ejecución en los términos del fallo dictado en su día, sin perjuicio de declarar extinguida la responsabilidad criminal por fallecimiento del reo”.

La Sala explica que tras el fallecimiento del expresidente de Caja Madrid, que fue comunicada al tribunal por el procurador de Miguel Blesa el 28 de julio de 2017, sus herederos podían personarse en el mismo para continuar con el recurso de casación interpuesto por el fallecido contra la sentencia condenatoria. Sin embargo, afirma la Sala, el procurador “no ha aportado poder de los herederos para sostener el recurso, por lo que debido al tiempo transcurrido, el recurso debe tenerse por desistido y debe declararse desierto”. Esta declaración, subraya la Sala, supone la firmeza de la sentencia de instancia, lo que se comunicará al tribunal sentenciador para su ejecución, sin perjuicio de que la responsabilidad criminal deba tenerse por extinguida por fallecimiento del reo.

Por otro lado, la Sala de lo Penal continúa la tramitación de los recursos de casación interpuestos por los otros recurrentes –condenados y acusaciones- contra la sentencia de la Audiencia Nacional por el uso de las “tarjetas black”. A día de hoy no está fijada la fecha para la deliberación y fallo de los mismos.

La Audiencia de Castellón anula una cláusula de un contrato bancario por el tamaño de la letra2017-11-22

(CGPJ).- La Audiencia Provincial de Castellón ha anulado una cláusula de un contrato bancario por el tamaño de la letra, tan pequeña que se requiere una lupa para su lectura.

Así consta en un auto dictado por la Sección Tercera que admite a trámite la demanda del banco contra un cliente por el impago de las cuotas de la tarjeta de crédito de la que es titular.

En esa misma resolución, la Sala limita las pretensiones de la entidad financiera al permitirle reclamar sólo el principal de la deuda (4.600 euros) pero no así los intereses (766 euros) ya que anula la cláusula que los fija porque la tipografía en que está redactada es tan reducida que para su lectura no basta con el uso de unas gafas sino que se necesita una lupa.

Según el auto, “la cláusula general del contrato que fija el interés remuneratorio no supera el necesario control de transparencia, toda vez que ese interés remuneratorio se establece en el reverso del contrato que se halla sin firmar por el demandado, estando en un contexto de difícil lectura, dada la letra tan minúscula que emplea para lo que se necesita el uso de una lupa no siendo suficiente las lentes usuales de lectura, resultando además de difícil comprensión para un adherente medio al utilizar conceptos y fórmulas matemáticas complicadas”.

La Audiencia Nacional acuerda mantener en prisión al presidente de Ausbanc2017-11-22

(CGPJ).- La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso del presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, para salir de la cárcel al entender que persisten los riesgos de fuga y de alteración de pruebas apreciados por el juez instructor Santiago Pedraz para decretar su ingreso en prisión hace 19 meses por el denominado "caso Ausbanc".

En un auto, los magistrados de la Audiencia Nacional consideran que se mantiene el riesgo de fuga por cuanto Pineda -investigado por asociación criminal, extorsión, administración desleal, fraude subvenciones y estafa - se enfrenta a penas que sumadas pueden alcanzar los 25 años de cárcel. "El riesgo de fuga, así pues, no se ha minimizado por el transcurso de 19 meses, pues proporcionalmente tal lapso de tiempo es insignificante para minimizarlo", dice la Sala.

Además, según los jueces, si se tiene en cuenta que uno de los países con los que Pineda tiene contactos es Venezuela, "con serios problemas extradicionales en el presente momento", y Estados Unidos, que no pertenece a la UE y por ello sujeto a largos procesos de entrega, "el riesgo de fuga se incrementa por la casi imposibilidad en el primero de los casos y seria dificultad, en el segundo, de poder atender al interés público de una recta y pronta administración de justicia, pues en este procedimiento la presencia del acusado en el acto del juicio oral es imprescindible dada la gravedad de los hechos por los que está encausado". Entienden que tampoco el arraigo social y personal de Pineda sea suficiente para minimizar ese riesgo de huida.

El Tribunal acoge en su resolución la tesis del fiscal para oponerse a la libertad por riesgo de alteración de pruebas, "especialmente teniendo en consideración la existencia de testigos cuyo testimonio no se producirá hasta el mismo momento de la vista oral, debiendo preservarse cualquier posibilidad de influencia en ellos, tomando en consideración que uno de los cargos por los que se le imputa es el de extorsión".

La Sala desestima también declarar la nulidad del auto de prisión incondicional alegado por Pineda por tratarse la suya, argumenta, de una detención ilegal al no existir una resolución judicial previa que la acordase. Los jueces consideran que se trata de una petición sobre la que no procede resolver, puesto que nunca se ha planteado ante el juez instructor y que se trata de una solicitud "extemporánea". No obstante, apuntan que la legislación que regula las funciones de la policía judicial establece la obligación de los funcionarios policiales, en cualquier caso, a proceder a la detención exista o no causa judicialmente abierta por los hechos, de toda persona de la que se pueda inferirse su intervención en un delito.

El Tribunal Supremo establece que conducir habiendo perdido todos los puntos es delito y no falta administrativa2017-11-21

(CGPJ).- La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha establecido que conducir con el permiso sin vigencia por pérdida de todos los puntos es delito y no una falta administrativa. El alto tribunal explica que el delito contra la seguridad vial, del artículo 384 del Código Penal, aplicable al caso, no requiere un elemento adicional de poner en un riesgo concreto la seguridad vial, y basta con la puesta en peligro en abstracto que supone conducir sin las condiciones legales para ello.

El Supremo, en tres recientes sentencias, fija este criterio que era compartido por la práctica totalidad de las audiencias provinciales, excepto la de Toledo, que consideraba que para que existiese el delito del artículo 384.1 del Código Penal la acción de conducir un vehículo a motor o ciclomotor, careciendo de permiso de conducir por pérdida total de los puntos asignados legalmente, se requería que en la conducción el autor infringiese algún precepto reglamentario que ponga en riesgo la seguridad vial, dado que en otro caso la acción solo constituía una infracción administrativa.

La cuestión que se planteó el Supremo consistía, por consiguiente, en determinar si el delito de conducción con permiso caducado por pérdida de puntos, es un delito de riesgo abstracto o concreto, esto es, si requiere la puesta en peligro de modo concreto del bien jurídico protegido (la seguridad vial) o es suficiente con la puesta en peligro «in abstracto».

El Supremo resuelve que se da este segundo supuesto. “La pérdida de puntos del permiso de conducción por las sanciones recibidas, es indicativo de que se carece de las características adecuadas para conducir un vehículo en tanto que el conductor desprecia las normas de circulación legalmente dispuestas para ello, y tal desprecio ha puesto reiteradamente en peligro el bien jurídico protegido, optando el legislador por definir este tipo legal que suprime la vigencia de su permiso de circulación, obtenido regularmente en su día”, dice el Supremo.

Conductor con carné español sin puntos y permiso portugués

En uno de los tres casos resueltos, el Supremo examina el caso de un conductor que cuando fue sorprendido conduciendo, a pesar de tener cancelado el permiso de conducir español por pérdida de puntos, ostentaba un permiso de conducir portugués que había sido obtenido mediante canje. Los hechos ocurrieron en una carretera navarra, donde el acusado fue interceptado por agentes de la Policía foral.

El canje del permiso de conducir se regula a nivel europeo por la Directiva 91/439 del Consejo, de julio de 1991, junto a la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006.

Para el Supremo, en el caso enjuiciado estamos en presencia de un fraude de ley. “Al amparo de tal disposición, puede obtenerse el canje del permiso de conducción para aquellas personas que residan más de medio año en otro Estado miembro de la UE, pero lo que no puede conseguirse es contar con dos permisos de conducir, uno caducado por pérdida de puntos, y otro perteneciente a país distinto del que se conduce cuando se es sorprendido sin vigencia por pérdida de puntos”, indican los magistrados.

El que se haya obtenido el canje no puede impedir las disposiciones sancionadoras de tal manera que aquella que determina la imposición de una sanción de privación de la autorización administrativa de conducir vehículos por pérdida de puntos en uno de los Estados, pueda dejar de aplicarse.
“De todo ello resulta que no pueden detentarse dos permisos, y usar el que convenga en cada momento, sobre todo cuando se circula por un Estado cuyas autoridades impiden tal conducción como consecuencia de las infracciones cometidas, que acarrean la caducidad de su vigencia por pérdida total de puntos”, indica la resolución.

En ese sentido, recuerda que lo que se imputaba al acusado no era conducir sin permiso, situación en la que la titularidad del permiso portugués haría la conducta atípica, sino que se le acusa de conducir en España cuando media resolución firme de pérdida de vigencia del permiso de conducción, conducta típica que concurre en el caso que nos ocupa.

En suma, “no puede pretenderse por el hecho de detentar el referido permiso portugués mediante canje, al ser residente en el extranjero, ser de mejor condición que el resto de ciudadanos nacionales que tienen únicamente el permiso de conducir español; si pierde, como perdió, la vigencia del permiso de conducir en España no puede su conducta quedar impune, máxime teniendo en cuenta que el acusado conocía perfectamente cómo funciona el sistema de pérdida de vigencia, al habérsele retirado en dos ocasiones anteriores, y en esta tercera sencillamente se adelantó a la resolución de la Jefatura de Tráfico”.

Las condenas impuestas en los tres casos van desde 5 meses de prisión, para este último acusado, a multas pecuniarias de entre 2.160 y 6.000 euros.

El TSJ de Madrid suspende la ejecutividad de los créditos extraordinarios del Ayuntamiento de Madrid2017-11-21

(CGPJ).- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado la medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno, y ha suspendido la ejecutividad de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Madrid, en los que se concedió tres créditos extraordinarios por un importe total de 104.629.598 euros con fecha de 26 de abril de 2017, y otro de 133.697.941 euros, con fecha de 31 de mayo también de 2017, según consta en la demanda, con la intención de eludir el cumplimiento de los Acuerdos de No Disponibilidad por un importe mínimo de cerca de 240 millones, anteriormente adoptados por el propio consistorio a requerimiento del Ministerio de Hacienda.

Adopción de la medida cautelar

Los magistrados acuerdan la adopción de la medida cautelar, al entender que de ejecutarse los acuerdos impugnados quedaría comprometida la eficacia de la sentencia y el recurso perdería su finalidad, pues los créditos objeto de los acuerdos impugnados habrían sido ya empleados y el gasto se habría materializado, circunstancia que se refuerza –dice la resolución-, en el caso de créditos extraordinarios y suplementos de créditos, toda vez que estos son aprobados durante la vigencia de unos presupuestos para atender “algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente”.

Además, la Sala establece también para aceptar la solicitud de la medida cautelar, el hecho de que se debe apreciar como prevalentes en el caso presente los intereses generales representados por la Administración del Estado, ya que la garantía de la estabilidad presupuestaria es una de las claves de la política económica y responde a un mandato constitucional y tiene como objetivos garantizar la sostenibilidad financiera de todas las administraciones públicas y fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española.

Rebajan la pena a un hombre acusado de homicidio al considerarlo sólo cómplice2017-11-21

(CGPJ).- La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado la pena a un hombre acusado de un delito de homicidio al considerar que el delito cometido fue el de cómplice de homicidio y no autor, por lo que le condena a siete años de prisión en lugar de a los 13 años de prisión a los que le condenó la Audiencia de Málaga. La Sala rechaza la nulidad del juicio, tal y como solicitaba dicho acusado, pero estima parcialmente el recurso respecto a su participación cómo cómplice.

La sentencia de la Audiencia de Málaga consideró como hechos probados que A.J.J. y su hermano ahora recurrente F.J.J. habían acudido a la casa de la víctima, con la que habían mantenido distintas peleas, y allí A.J.J. entró en la casa por la fuerza y le disparó hasta en tres ocasiones, para después golpearle reiteradamente con la propia escopeta hasta que ésta se rompió. La sentencia señala que su hermano F.J.J. le acompañó “no evitando en ningún momento la consecución de estos actos”.

La Sala Civil y Penal entiende que “la complicidad, como participación dolosa en el delito por otro cometido, supone conocimiento del hecho que el autor principal realiza y voluntad de contribuir en él, de forma efectiva, aunque secundaria y accesoria”. Por ello, considera que lo que el Jurado declara como probado es dicha complicidad, puesto que “el recurrente si bien acompaña a su hermano quien realizó la acción homicida, su aporte se limitó a eso, sin que tuviera por consiguiente el dominio del hecho en la causa de la muerte”.

El Tribunal Supremo estima un recurso de la Generalitat de Cataluña contra la gestión de las subvenciones en materia de medio ambiente por la Admini2017-11-20
La Sala tercera recuerda que, como regla general, esta competencia corresponde a las Comunidades Autónomas

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado un recurso de la Generalitat de Cataluña contra el Real Decreto 596/2015 que establece las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales o entidades del Tercer Sector que desarrollen actividades de interés general y social en la protección del medio ambiente.

La Generalitat argumentaba que la gestión de este tipo de subvenciones en materia de medio ambiente corresponde a las comunidades autónomas y no al Administración central.

El Supremo da la razón al Govern catalán y recuerda su sentencia de 21 de julio de 2016, referida al Real Decreto 699/2013 sobre la misma materia, donde indicó que, como regla general, la gestión de subvenciones en materia medioambiental corresponde a las Comunidades Autónomas.

Aplicando el mismo criterio, el alto tribunal anula dos artículos del Real Decreto 596/2015, entre ellos el que designa al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente como órgano competente para la gestión de estas subvenciones, tanto la evaluación y examen de las solicitudes como la concesión o no, decisión ésta última que se reservaba al ministro de Medio Ambiente o en quien él delegase.

Del baremo de tráfico y su actualización por la Ley de Presupuestos Generales del Estado2017-11-20

Javier Fuertes,
Abogado

En el Boletín Oficial del Estado de 25 de octubre de 2017 se publica la Resolución de 3 de octubre de 2017, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación (RCL 2017, 1239) mediante la que se acuerda hacer públicas en su sitio web http://www.dgsfp.mineco.es/, las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2017 revalorizadas en el 0,25 por ciento.

La cuestión no es menor. Y no lo es porque se pone de manifiesto los efectos de un automatismo, el previsto en el art. 49 del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM o Baremo), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (precepto añadido por la Ley núm. 35/2015 de 22 de septiembre), conforme al que se produce la actualización de "las cuantías y límites indemnizatorios fijados en ella y en sus tablas" (art. 49.1) y que "quedan automáticamente actualizadas con efecto a 1 de enero de cada año en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado", previsión que requiere de una serie de consideraciones para el presente año 2017.

Y es que, en primer término, se hace preciso señalar que esa previsión del Baremo está pensando en circunstancias normales, como son la aprobación de una Ley de Presupuestos antes del inicio del año natural, algo que, como bien sabemos, no ocurrió para el presente año, dado que la Ley 3/2017, de 19 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 (LPE/2017), fue publicada en el Boletín Oficial del Estado de 28 de junio y en ella se establecía diferentes tiempos para la actualización de conceptos e indicadores económicos.

El caso es que la LPE/2017 disponía que "las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2017 con carácter general un incremento del 0,25 por ciento, en los términos que se indican en los artículos correspondientes de esta Ley" (arts. 35 y 39), términos que han de entenderse en el sentido de que la actualización se produce con efectos de 1 de enero de 2017, previsión que, a su vez, coincide con la efectuada en el referido art. 49.1 del Baremo.

Pero es que la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones no produce ningún efecto por sí misma, de manera que es meramente instrumental en el sentido señalado: hacer públicas en su sitio web las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2017, cuantía revalorizadas en ese 0,25 por ciento, algo que al momento de publicación dela Resolución no sucedía.

Las cuantías indemnizatorias habían de entenderse actualizadas a 1 de enero de 2017, por mucho que la LPE/2017 se publicara seis meses después, a diferencia de lo que sucede (por ejemplo) con el interés legal del dinero, el interés de demora o el IPREM que se modifica a partir del 29 de junio de 2017.

Pero, además, es preciso entender el alcance de la esa actualización de las cuantías indemnizatorias del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Y ello porque el propio art. 49.2 LRCSCVM establece que "no obstante, las tablas de lucro cesante y de ayuda de tercera persona, por su naturaleza, se actualizan conforme a las bases técnicas actuariales" y que "asimismo la tabla de gasto de asistencia sanitaria futura se actualiza, en su caso, de acuerdo con lo que se establezca en los convenios sanitarios que se suscriban con los servicios públicos de salud según lo establecido en el artículo 114, y teniendo en cuenta la variación de los costes soportados por los servicios sanitarios", de manera que no todo está sometido a esa actualización del 0,25 por ciento.

Así, deben entenderse actualizadas en el 0,25%:

1)      Las indemnizaciones por causa de muerte correspondientes al perjuicio personal básico y perjuicio personal particular (contenido en las tablas 1A y 1B)

2)      Las indemnizaciones por causa de muerte correspondientes al perjuicio patrimonial (tabla 1C)

Sin que ello se extienda a las indemnizaciones por lucro cesante que, para los diferentes perjudicados (cónyuge viudo, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados) se establecen en la tabla 1C y que la Ley dispone que se actualizarán conforme a las bases técnicas actuariales, lo que supone remisión a lo así establecido por el Instituto de Actuarios Españoles y la propia Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, ni a los gastos previsibles de asistencia sanitaria futura por secuelas (arts. 113 y 114) y previstos en la tabla 2C1.

Por ello, y se miré como se mire, el conflicto en cuanto a la determinación de las indemnizaciones para el año 2017 está servido.

Hipoteca unilateral a favor de la AEAT y concurso2017-11-20

Alfonso Muñoz Paredes,
Magistrado del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Oviedo
Magistrado Especialista CGPJ en materia mercantil

La hipoteca unilateral viene regulada en los arts. 141 de la Ley Hipotecaria (LH) y 237 del Reglamento Hipotecario (RH).

El primero de ellos dispone que "[e]n las hipotecas voluntarias constituidas por acto unilateral del dueño de la finca hipotecada, la aceptación de la persona a cuyo favor se establecieron o inscribieron se hará constar en el Registro por nota marginal, cuyos efectos se retrotraerán a la fecha de la constitución de la misma.

Si no constare la aceptación después de transcurridos dos meses, a contar desde el requerimiento que a dicho efecto se haya realizado, podrá cancelarse la hipoteca a petición del dueño de la finca, sin necesidad del consentimiento de la persona a cuyo favor se constituyó".

El art. 237, por su parte, prevé que "[e]n el requerimiento prescrito por el párrafo 2.º del artículo 141 de la Ley se determinará expresamente que, transcurridos los dos meses sin hacer constar en el Registro la aceptación de la hipoteca, podrá cancelarla el dueño de la finca sin necesidad del consentimiento de la persona a cuyo favor se constituyó.

Para practicar la cancelación será preciso el otorgamiento por el dueño de la finca de la correspondiente escritura cancelatoria".

Entre las varias teorías a que la doctrina ha recurrido en su intento de explicar su  naturaleza jurídica, tanto la DGRN (resoluciones de 4 de marzo de 2010  y 17 de junio de 2013 [RJ 2013, 6116]) como la jurisprudencia (STS, Sala 1ª, de 3 de julio de 1997 [RJ 1997, 5477]), han terminado por entender que la aceptación del acreedor a cuyo favor se ha inscrito supone una «conditio iuris»,  no tanto para su constitución (que se produce mediante la inscripción de la misma, sin perjuicio de los efectos de una posible no aceptación), como para la plena eficacia del derecho real.

¿Cómo clasificamos el crédito a favor de la AEAT?

Si al tiempo de la declaración de concurso, la hipoteca, ya inscrita,  se halla pendiente de aceptación por la AEAT, una vez requerida de pago, esa situación de hipoteca "expectante" nos lleva a postular el reconocimiento del crédito como privilegiado especial contingente (art. 87.2 LC). En efecto, conforme al art. 90.2 LC basta para el reconocimiento del privilegio que, al tiempo de la declaración, la garantía esté constituida con los requisitos y formalidades exigidos por  la legislación hipotecaria para su oponibilidad a terceros; en el caso de la hipoteca unilateral, el derecho a favor del acreedor nace con la otorgamiento e inscripción  por el deudor de la escritura, produciendo hasta su aceptación, entre otros efectos, la reserva de rango frente a terceros.

Si, luego de declarado el concurso, la AEAT  formaliza la aceptación, sus efectos se retrotraerán ex lege (art. 141 LH) a la fecha de la constitución (rectius, del asiento de presentación, cfr. art. 24 LH). El crédito perderá su inicial contingencia y adquirirá de pleno derecho la condición de privilegiado especial del art. 90.1.1º LC. La aceptación deberá  practicarse en la formas previstas en el art. 3 LH o en virtud  documento administrativo (art. 66. 3 del Reglamento General de Recaudación).

Si transcurre el plazo del art. 141.II, a contar desde el requerimiento, sin que conste la aceptación, "podrá cancelarse la hipoteca a petición del dueño de la finca, sin necesidad del consentimiento de la persona a cuyo favor se constituyó". En tal caso, el crédito dejará de ser contingente y pasará a ostentar la clasificación que por su naturaleza le corresponda (privilegiado general del art. 91.4º, ordinario y/o subordinado, según el caso).

No obstante, debemos tener en cuenta que el plazo de 2 meses a contar desde el requerimiento no es un plazo de caducidad;  en palabras de la RDGRN de 22 de abril de 1996 (RJ 1996, 3240): «la Ley no señala para esta aceptación ningún plazo. Lo único que sucede es que si no consta la aceptación después de transcurridos dos meses desde el requerimiento que a dicho efecto se haya realizado, podrá cancelarse la hipoteca a petición del dueño de la finca, sin necesidad del consentimiento de la persona a cuyo favor se constituyó. Por lo tanto, pasado el indicado plazo de dos meses existe una facilitación para la cancelación de la hipoteca constituida pero aún no aceptada, pero, cuando, por las razones que sean, el dueño de la finca deja de solicitar la cancelación queda, sin duda, abierta la posibilidad, según el párrafo primero del art. 141 LH, para que la aceptación se haga constar en el Registro por nota marginal cuyos efectos se retrotraen a la fecha de la constitución de la hipoteca». Luego la desaparición de la contingencia por falta de aceptación queda condicionada a que el constituyente, transcurrido el plazo legal de 2 meses, interese la cancelación; entre tanto ésta se produzca, puede tener lugar la aceptación -no sujeta a plazo- lo que exige el mantenimiento del crédito como contingente. Puede suceder,  no obstante, que en la constitución de la hipoteca el deudor haya fijado expresamente un plazo para la aceptación (cfr. art. 82 párrafo 2º LH); en tal caso, expirado éste, podrá el constituyente otorgar escritura de cancelación.

Hasta ahora hemos partido de que el constituyente ha requerido al favorecido antes del concurso. ¿Qué sucede si consta la inscripción pero no media requerimiento? Pues que la aceptación será válida en cualquier tiempo; la STS, Sala 1ª, de 1 de junio de 1992 (RJ 1992, 4982) examina, precisamente, este caso en el marco de una quiebra, declarando válida la aceptación de una hipoteca naval  constituida seis años antes por no haber mediado requerimiento:

«[N]o hay plazo señalado legalmente, en tanto no hubiera sido requerido para ello por la naviera constituyente (mientras tuvo capacidad dispositiva) o por los representantes de la quiebra (a partir de la declaración de ésta), en cuyo supuesto habría entrado en juego el plazo de dos meses que establecen los arts. 141.2 de la Ley Hipotecaria y 237 de su Reglamento, pero dicho requerimiento no se practicó en ningún momento, por lo que la expresada aceptación, válidamente hecha (de la que se tomó la oportuna nota en el Registro Mercantil) determinó la retroacción de los efectos de la hipoteca a la fecha de constitución de la misma, conforme preceptúa el art. 141.1 de la citada Ley hipotecaria».

En suma, si no hay requerimiento, previo al concurso o posterior, ni la concursada ni la administración concursal podrán cancelar la hipoteca; si quieren que la contingencia desaparezca,  por la aceptación o su falta, deberán requerir  a la AEAT y esperar 2 meses. Si llegamos a la fase de liquidación  sin haber podido practicar la cancelación por falta de requerimiento, podremos vender el bien, pero con la carga inscrita, que no podrá ser cancelada por efecto de la enajenación invocando el art. 149.5 LC.

El Tribunal Supremo declara nulo el Reglamento de la Carrera Diplomática2017-11-17

(CGPJ).- La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha declarado nulo el Real Decreto 638/2014, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Carrera Diplomática, ya que el Proyecto de Reglamento debió ser sometido a negociación colectiva y el incumplimiento de este requisito es causa de nulidad. La Sala estima así el recurso interpuesto por el Sindicato Independiente del Servicio Exterior del Estado (SISEX).

El Supremo destaca que, según su jurisprudencia dicha negociación es obligatoria, y su omisión, conforme al artículo 37.1 c) del Estatuto Básico del Empleado Público, determina la nulidad.

El abogado vino a sostener, según explica la sentencia, que esa negociación existió con la invitación efectuada por la Administración mediante cartas y correos electrónicos y con la participación de ADE (Asociación de Diplomáticos Españoles) en grupos de trabajo. Así, aunque no se convocara formalmente la negociación del proyecto, materialmente se produjo y, si SISEX no intervino en ella, fue, según esta parte, porque no quiso.

El alto tribunal indica, primero, que ni en el expediente ni en las actuaciones hay constancia de que se ofreciera a SISEX participar en las actuaciones que describe el abogado del Estado. Pero incluso aceptando los hechos descritos por dicha parte, la conclusión que se impone no cambia, según subraya el TS.

“La negociación contemplada por el Estatuto Básico del Empleado es un derecho de las organizaciones sindicales y no cuestión de invitación más o menos informal (…) hace falta que “se haya ofrecido a los representantes de los funcionarios, a través de un debate realizado en condiciones de igualdad y realmente contradictorio, la posibilidad de participar en el proceso de formación de la decisión administrativa que esté legalmente sujeta a la necesidad de dicha negociación”.

La negociación colectiva, explica la sentencia, no consiste pues en la consulta o en la mera audiencia. No se satisface con cualquier intercambio de información ni con la presentación de ideas o sugerencias. Tampoco se identifica, por tanto, con la participación en unos grupos de trabajo informales ni se satisface por contar con el parecer de la organización más representativa.

“La negociación colectiva requiere una mínima formalización. En los supuestos en los que la exige el legislador, debe dar lugar a un trámite o fase en el procedimiento en la que se convoque a todos los legitimados para participar en ella a negociar con la Administración. No comporta, naturalmente, la aceptación de las posiciones sindicales pero sí implica la posibilidad de que se expongan y debatan en las condiciones de igualdad y contradicción señaladas. Y no consta que se haya obrado así en este caso”, resume la sentencia.

La Audiencia de A Coruña fija una indemnización de 1.573 millones para el Estado por los daños patrimoniales, medioambientales y morales del Presti2017-11-17

(CGPJ).- La Audiencia Provincial de A Coruña ha notificado hoy el auto de ejecución de la sentencia del caso Prestige dictada en enero de 2016 por el Tribunal Supremo, que modificó parcialmente la que la Sección Primera de la Audiencia coruñesa pronunció en 2013. 

En la resolución se determinan las sumas que definitivamente procede abonar a los perjudicados, cantidades que han de ser pagadas por las partes condenadas, esto es, directamente por Apostolos Ioannis Mangouras  (capitán del barco) y  la compañía aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association, por lo menos hasta el límite de un billón de dólares estadounidenses. 

Subsidiariamente, se condena a hacer frente al pago de estas cantidades a la entidad Mare Shipping INC (propietaria del buque), mientras que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) está obligado a indemnizar hasta los límites expresamente establecidos en el convenio aplicable. 

De esta forma, la Sala entiende que corresponde al Estado español la cantidad de 1.573 millones de euros, a la Xunta de Galicia 1,8 millones y a Francia 61 millones de euros,  además de las sumas que se fijan para otras entidades, ayuntamientos y particulares. 

En relación a la cantidad fijada para el Estado, la Sala entiende que el daño patrimonial acreditado es de 931 millones de euros, cantidad a la que suma un 30% por daño medioambiental, es decir, 279 millones de euros. Los magistrados entienden que a esta cifra hay que añadirle otro 30% por daño moral indemnizable, es decir, 363 millones de euros, lo que arroja un total de 1.573 millones. 

Indica el auto que “los daños morales causados son obvios, extensos y profundos, no solo por el sentimiento de temor, ira y frustración que afectó a gran parte de los ciudadanos españoles y franceses, sino también por la huella indeleble de la percepción referida a que catástrofes de esta o más amplia magnitud pueden afectar en cualquier momento a los mismos perjudicados”. 

En la sentencia dictada por el Tribunal Supremo ya se reconocía como cantidad acreditada indemnizable la de 513 millones de euros, pero los magistrados de la Audiencia Provincial afirman que “existen demostraciones técnicas que avalan la necesidad de aumentar la indemnización por encima de lo certificado, como se infiere de los informes del Consorcio de Seguros, aceptados por su origen oficial e imparcial, sin que sean los más favorables al Estado”. 

En relación a los 1,8 millones que se adjudican a la Xunta, se refieren exclusivamente al coste del reciclaje de elementos contaminantes depositados en la Sociedade Galega de Refugallos Industriais (SOGARISA), “ya que la Xunta suscribió un acuerdo con el Estado en el que renunciaba a toda indemnización al considerarse íntegramente resarcida por los daños ocasionados por el accidente del buque Prestige”. En concreto, se refiere el auto a un acuerdo transaccional de julio de 2005 por el importe anteriormente mencionado de 513 millones.

 Los magistrados han decidido, con respecto a la suma de 22,7 millones de euros depositada por la entidad aseguradora The London Steamship Owners (The London P&I Club), que ha de procederse a su distribución entre los perjudicados a prorrata de las cantidades fijadas en la resolución. En cuanto a los intereses, solo se exigirán desde la firmeza del auto notificado hoy. Frente a esta resolución cabe interponer recurso ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Orden de alejamiento contra los dueños de una perra por presunto maltrato2017-11-17

(CGAE).- La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, ha decretado una orden de alejamiento contra los dueños de una perra a la que supuestamente la pareja habría arrojado al vacío desde un piso en Camiño Real, en la capital lucense.

Los dueños de la perra, según adelantó ‘El País’ y ha confirmado Europa Press, están siendo investigados por un supuesto delito de maltrato animal y tienen una orden de alejamiento de una distancia mínima de 500 metros de la misma.

A su vez, en el auto judicial se decreta que la perra sea tutelada por la Sociedad Protectora de Animales de Lugo, que está a la espera de que se le conceda el alta.

Fue el 1 de noviembre cuando se produjeron los hechos y el caso está en la fase de instrucción, toda vez que Pilar de Lara trata de esclarecer si fue un accidente o el animal fue lanzado al vacío de forma deliberada.

La perra está recuperada

El animal ha sido operado en el Hospital Clínico Veterinario Rof Codina, que depende de la Facultad de Veterinaria, y está “perfecta”.

La presidenta de la sociedad protectora lucense, Virgina Torrecillas, ha explicado que fue en la pasada jornada cuando recibieron el auto judicial que dice que la perra (de seis meses) está bajo su custodia.

El animal fue operado en la clínica Rof Codina, y asegura que ya está “perfecta”, por lo que están a la espera de que se le dé el alta para su traslado a las instalaciones de Muxa (Lugo).

La presidenta de la protectora ha confirmado que los “informes” de la clínica veterinaria serán cursados a la jueza, al tiempo que ha ratificado que los dueños tienen una orden de alejamiento.

También ha destacado la importancia de que se “dé visibilidad” al maltrato animal y ha alertado de que estas situaciones se producen “con bastante frecuencia”. “No es esta perra, son muchos animales los que sufren este tipo de maltrato y no salen a la luz”, ha concluido.

El Tribunal Supremo declara la nulidad parcial de una hipoteca multidivisa por falta de transparencia2017-11-16
La Sala de lo Civil entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por los prestatarios contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó la demanda en la que solicitaban la nulidad de las cláusulas multidivisa de un préstamo hipotecario concertado con Barclays Bank.

La Sala estima que las cláusulas cuestionadas no superan el control de transparencia y casa la sentencia recurrida, declarando la nulidad parcial del préstamo y la eliminación de las referencias a la denominación en divisas del préstamo, que queda como un préstamo concedido en euros y amortizado en euros.

En este sentido, entiende que la nulidad total supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar, y que la nulidad parcial es posible por el régimen contractual previsto en el préstamo hipotecario.

Se adjunta nota de la Sala de lo Civil.

La pensión alimenticia en caso de divorcio no queda extinta con la mayoría de edad del hijo2017-11-16

La pensión de los hijos es uno de los elementos centrales a discutir por ambas partes en los casos de divorcio de un matrimonio con hijos en común. Contrariamente a lo que acostumbran a pensar muchos progenitores a la hora de dejar de pasar esta pensión, que el hijo o hijos por los que se abona dicho ingreso económico cumpla los 18 años de edad no es sinónimo de que se lleve a cabo una extinción automática de la manutención.

En este sentido, el principio general es que la pensión debe abonarse de manera mensual hasta que el hijo sea económicamente independiente, salvo que se haya establecido una edad concreta en el Convenio o en la Sentencia de separación o divorcio. Además, existen varios supuestos en los que el principio general puede tener variaciones o excepciones:
 

  • Si el hijo/a está trabajando y percibiendo una retribución que, aunque sea por un empleo de fin de semana, le representan unos ingresos fijos al mes, ésta pensión puede reducirse o incluso extinguirse, dependiendo del sueldo percibido.
  • En el caso de que el hijo se encuentre cursando estudios universitarios y tuviera que repetir cursos de forma sistemática debido a sus malas calificaciones, se podría dar el caso de que el progenitor que sufraga dichos estudios no deba continuar haciéndolo.

 
“Muchos son los clientes que nos preguntan acerca de cuáles son los distintos escenarios que se plantean a partir del momento en el que el menor por el que se pasa una pensión cumple la mayoría de edad. Es triste, pero es la realidad: es posible que uno de los progenitores no cumpla con su parte del deber hacia los hijos, especialmente cuando se trata del pago de la pensión de alimentos. En este caso es necesario hacer una reclamación para poder cobrar las cantidades debidas contando con el correspondiente asesoramiento”, Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados.

El marco legal en esta materia queda establecido en el Código Civil, concretamente en el Artículo 142, que respecto a la pensión dice que “se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del alimentista, mientras sea menor de edad y, aún después, cuando no haya terminado su formación por causa que no le sea imputable”. Es decir, que el estudiante tendrá que probar que tiene una actitud diligente para que siga siendo razonable que se le sufraguen los gastos relativos a sus estudios.

Y es que acudir a tiempo a un especialista será fundamental para poder realizar una reclamación en caso de incumplimiento del acuerdo. De hecho, si uno de los progenitores no paga la pensión de alimentos del hijo o sus actualizaciones, éstas prescribirán en el plazo de tres años desde la fecha en la que se adeudan. Ello quiere decir que ya no se podrán reclamar, pues el derecho a recibirlas se habrá extinguido, así como tampoco se podrán reclamar los gastos extraordinarios anteriores a tres años.

El Defensor del Pueblo reitera que solicitantes de asilo pueden circular por todo el territorio español2017-11-16

(CGAE).- El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán, ha reiterado que los solicitantes de asilo tienen derecho a circular por todo el territorio español a raíz de un caso en el que las autoridades policiales no autorizaban el traslado a la península de un demandante de protección internacional, residente en el CETI de Ceuta.

Este criterio, que la Institución ya reflejó en una recomendación formulada en 2013, coincide con la reciente sentencia dictada por Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid y con las dictadas por el TSJ de Andalucía que reconocen el derecho de los demandantes de asilo a trasladarse a la península.

Recientemente, el Defensor del Pueblo ha recomendado a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras que imparta instrucciones para que se autoricen los traslados de solicitantes de asilo desde los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla a la península.

Estos traslados han sido propuestos por la Secretaría General de Inmigración y Emigración, a instancia del personal de los CETI. En opinión del Defensor y conforme a lo establecido en la Directiva de Acogida, esta Secretaría General es el departamento competente para determinar las necesidades de acogida de los solicitantes de asilo y por ello las autoridades policiales no deben impedir estos traslados salvo que existan motivos de seguridad.

El Defensor del Pueblo también ha recordado que la propia Secretaría General de Inmigración y Emigración ha manifestado que los CETI no son recursos de atención para los solicitantes de asilo, a diferencia de los Centros de Asilo y Refugio (CAR). Por ello, la Institución insiste en que se debe dar prioridad al traslado a la península de los solicitantes de protección internacional residentes en los CETI.

El CGPJ informa a Justicia y las Comunidades Autónomas de su previsión de necesidades en los juzgados de cláusulas suelo para 20182017-11-15
  • El Consejo estima que, en total, harán falta 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados
  • El Ministerio de Justicia tomará una decisión sobre la continuidad del plan de urgencia una vez estudie la información facilitada por el órgano de gobierno de los jueces
  • Las Comunidades Autónomas piden una “hoja de ruta” en la que se establezcan de manera clara y estable las necesidades para la segunda fase del plan

El Consejo General del Poder Judicial informa al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia de su previsión de necesidades para 2018 en los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física.

La estimación -calculada a partir de las necesidades comunicadas por los Tribunales Superiores de Justicia, los informes del Servicio de Inspección sobre la evolución estadística del número de demandas ingresadas y la comparación con los asuntos de carácter ordinario en la jurisdicción civil- es que el año que viene se precisarán un total de 57 jueces a tiempo completo y otros 52 a tiempo parcial para atender los órganos especializados.

También serían necesarios 23 letrados de la Administración de Justicia a tiempo completo y otros 29 a tiempo parcial, según la información facilitada hoy a los representantes de las Administraciones en la reunión mantenida con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; los vocales de la Comisión Permanente y el vocal Gerardo Martínez Tristán, coordinador del plan de urgencia puesto en marcha el pasado 1 de junio.

Este consiste en la especialización de Juzgados de Primera Instancia –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear- que conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados las cláusulas suelo y otros asuntos como vencimientos anticipados, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El plan de urgencia fue aprobado con una vigencia inicial de siete meses, hasta el próximo 31 de diciembre, y su continuidad más allá de esa fecha precisa del informe favorable del Ministerio de Justicia, según lo establecido en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha asistido hoy a la reunión de coordinación, ha anunciado que estudiará la información facilitada este lunes por el CGPJ y que en un plazo breve se pronunciará sobre la prórroga del plan.

Si se aprueba la continuidad del mismo, se convocará a una nueva reunión, con carácter inmediato, a las Comunidades Autónomas, que han mostrado su disposición a facilitar los medios personales y materiales precisos para esa segunda fase del plan en función de su disponibilidad presupuestaria, aunque han reclamado una “hoja de ruta” en la que se fijen de manera clara y estable esas necesidades.

Más participación de los jueces titulares

Durante la reunión de hoy, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha agradecido el esfuerzo desarrollado hasta ahora por las Administraciones y ha destacado los efectos positivos que ha tenido el plan de urgencia, como la uniformidad en la respuesta a las demandas de los ciudadanos, la mayor productividad de los Juzgados y el “refuerzo indirecto” que la especialización de órganos ha supuesto para el resto de los de la jurisdicción civil.

También ha destacado que en el encuentro mantenido la semana pasada con una representación de los jueces decanos quedó de manifiesto su respaldo al plan y, en respuesta a la petición de éstos y de las Comunidades Autónomas, se ha comprometido a dotar de estabilidad a las medidas que se acuerden “como garantía para las Administraciones prestacionales”.

Lesmes también ha anunciado que el CGPJ se plantea un “cambio cualitativo importante” en relación con la participación de los jueces y magistrados titulares de los órganos especializados, mediante la aplicación de medidas como la exención de reparto o el autorrefuerzo, en vista de los buenos resultados cosechados en aquellos Juzgados donde ya se han puesto en práctica.

También se fomentarán otras iniciativas con la finalidad de facilitar la unificación de criterios, como grupos de trabajo y encuentros de jueces de órganos especializados y de magistrados de las Audiencias Provinciales y de éstos con letrados de la Administración de Justicia o un tesauro que el Centro de Documentación Judicial pondrá a su disposición.

Los asistentes a la reunión han coincidido en que el tipo de litigiosidad al que se enfrentan los Juzgados especializados “ha venido para quedarse” y han destacado la importancia que tendrán los pronunciamientos de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo sobre las cuestiones que hoy se están resolviendo en primera instancia y sobre asuntos como el Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH), que el alto tribunal examinará por primera vez el próximo día 22.

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El derecho del empleado a la desconexión no tardará en reconocerse en España2017-11-15

AXA ha sido la primera compañía que ha dado el paso de incluir el derecho de desconexión de los trabajadores en su convenio, como ya lo hicieron otras empresas como Volkswagen en Alemania o Michelin y Orange en Francia

De hecho, en Francia los convenios colectivos ya hacen constar una aplicación concreta que limita las llamadas y los correos electrónicos para evitar el riesgo de estrés y el desgaste profesional
 

La desconexión y descanso de los empleados de una empresa fuera de su horario laboral es una necesidad que ya está empezando a ser reconocida tanto por las empresas como por los tribunales. En este sentido, las nuevas tecnologías y herramientas de comunicación han ido difuminando cada vez más el inicio y el final de la jornada laboral, razón por la que esta materia requiere, ahora más que nunca, de una regulación.

En España, la aseguradora AXA ha sido la primera compañía que ha dado el paso de incluir el derecho de desconexión de los trabajadores en su convenio, idéntico paso al que ya dieron otras empresas como Volkswagen en Alemania o Michelin y Orange en Francia. AXA, mediante acuerdo con CCOO, reconoce el derecho de los trabajadores a “no responder los mails o mensajes profesionales fuera de su horario de trabajo, salvo causa de fuerza mayor o circunstancias excepcionales". Otras organizaciones como UGT proponen la introducción de este derecho en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el Estatuto de los Trabajadores, que regula la ordenación del tiempo de trabajo.
 
"En países como Francia ya se han introducido aspectos sobre esta cuestión en su reforma laboral. Si bien no se hizo ninguna definición del derecho a la desconexión como tal en el código de trabajo, se acordó que en los convenios colectivos debería constar una aplicación concreta que limite las llamadas y los correos electrónicos para evitar el riesgo de estrés y el desgaste profesional", indica Eva Gómez, abogada especialista en Derecho Laboral de Sanahuja Miranda.
 
¿Y qué dice el Ministerio de Empleo? A finales de marzo desde el Ministerio se aseguró que se están estudiando fórmulas para implantar algún tipo de regulación del derecho a la desconexión digital del trabajo para preservar el derecho de los trabajadores a desconectar de su trabajo y a no recibir mensajes ni correos electrónicos una vez concluida su jornada laboral. “Aquí tenemos jornadas más extensas y un rendimiento más bajo. Los países más avanzados ya han comenzado a tomar medidas. España lo hará, pero tardará más”, asegura Gómez.
 
Por otra parte, en cuanto a las comunicaciones personales que los empleados puedan tener durante su horario laboral, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado que "las instrucciones del empresario no pueden reducir a cero la vida social privada en el lugar de trabajo". Así, la sentencia reivindica que “el derecho al respeto de la vida privada y la privacidad de la correspondencia continúa existiendo en el lugar de trabajo” y corrige la anterior sentencia del propio TEDH de enero de 2016 que afirmaba que “no es descabellado que un empleador quiera verificar que los trabajadores estén completando sus tareas profesionales durante las horas de trabajo”.

Un juzgado de Madrid rechaza declarar el concurso necesario del Banco Popular2017-11-15

(CGPJ).- El Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid ha dictado un auto en el que se inadmite a trámite la solicitud de concurso necesario contra el Banco Popular Español y se desestima la solicitud de apertura de sección autónoma de calificación, al entenderse que la pretension de declarar la nulidad del procedimiento de intervención y de las resoluciones y decisiones dictadas por el FROB en relación a esta entidad bancaria, debería haberse ejercitado con carácter previo a la presentación del concurso necesario y ante los órganos competentes para su conocimiento en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo o ante la jurisdicción de la Unión Europea.

En relación a la sección autónoma de calificación, el juzgado señala que la ley concursal no establece que ésta deba abrirse en todos los supuestos en que se produce la intervención de los organismos públicos de supervision, sino sólo en aquellos supuestos en que las medidas adoptadas comporten la disolución y liquidación de una entidad, lo que no se ha producido en este caso.

Los despachos de Abogados se incorporan a la iniciativa del Ministerio de Sanidad “Más mujeres, mejores empresas”2017-11-14

(CGAE).- El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, ha concedido a veinte empresas -entre ellas a Garrigues Abogados- el distintivo “Igualdad en la Empresa” (DIE), en su edición del año 2016. Este distintivo se suma a la iniciativa del ministerio “Más mujeres, mejores empresas”, que ya han suscrito ocho despachos de abogados.

“Más mujeres, mejores empresas” pretende incrementar en los próximos años la presencia y participación de mujeres en puestos de directivos, comités de dirección y consejos de administración. Una iniciativa que aúna voluntades y que se concreta en la firma de acuerdos de colaboración con importantes compañías para implantar en su organización diversas actuaciones para tratar de eliminar los obstáculos que todavía a día de hoy limitan la promoción profesional de las mujeres. En la actualidad son ya más de 140 empresas, entre las que se encuentran ocho bufetes, las que participan en esta iniciativa.

Los bufetes que se han sumado a esta iniciativa son Broseta, Cuatrecasas, Ejaso, Ernest&Young Abogados, Hogan Lovells, KPMG, PWC Landwell, y Garrigues.

El Tribunal Supremo promueve cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la indemnización por cese del personal interino2017-11-14
La Sala de lo Social solicitará al tribunal europeo que clarifique su sentencia de 14 de septiembre de 2016

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo ha formulado cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el llamado “caso De Diego Porras”.

El Tribunal Supremo solicita al TJUE que clarifique su sentencia de 14 de septiembre de 2016 sobre las consecuencias indemnizatorias de la finalización de contrato de interinidad.

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El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal2017-11-13

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos que adaptará nuestra legislación a las disposiciones del Reglamento UE 2016/679, introduciendo novedades y mejoras en la regulación de este derecho fundamental en nuestro país.

Este Reglamento Europeo que se aplicará a partir del próximo 25 de mayo de 2018, recoge como uno de sus principales objetivos acabar con la fragmentación existente en las distintas normativas de los países comunitarios. Además, persigue la adaptación de las normas de protección de datos a la rápida evolución tecnológica y los fenómenos derivados del desarrollo de la sociedad de la información y la globalización.

En el caso de España, donde la protección de datos es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución, se recogen novedades tanto en el régimen de consentimiento como en los tratamientos y en la introducción de nuevas figuras y procedimientos.

Adelanta a los 13 años la edad de consentimiento para el tratamiento de datos en consonancia con la normativa de otros países de nuestro entorno. Además, se tomará en cuenta el tratamiento de los datos correspondientes a personas fallecidas en base a la solicitud de sus herederos, se excluye la figura del consentimiento tácito que se sustituye por una acción afirmativa y expresa por parte del afectado y se recoge manifiestamente el deber de confidencialidad. En caso de una inexactitud en los datos personales obtenidos de forma directa, se excluye la imputabilidad del responsable de su tratamiento si éste ha adoptado todas las medidas razonables para su rectificación o supresión.

En las cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos, incorpora el principio de transparencia en cuanto al derecho de los afectados a ser informados sobre dicho tratamiento y contempla de forma expresa los derechos de acceso, rectificación, supresión, derecho a la limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y oposición.

Para evitar situaciones discriminatorias, se mantiene la prohibición de almacenar datos de especial protección, como ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, origen racial o étnico y creencias. En estas categorías, el solo consentimiento del interesado no basta para dar viabilidad al tratamiento.

Además, introduce algunos supuestos en los que el legislador contempla como presunción, la prevalencia del interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en cumplimiento de determinados requisitos, como en el caso de los sistemas de información crediticia. Igualmente, regula situaciones en las que se aprecia la existencia de interés público, como los relacionados con la videovigilancia y sistemas de exclusión publicitaria (listas Robinson), la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado.

Entre las novedades, destaca la potenciación de la figura del delegado de protección de datos, persona física o jurídica cuya designación ha de ser comunicada a la autoridad competente, que mantendrá relación con la AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). Por su parte, la AEPD se configura como autoridad administrativa independiente cuyas relaciones con el Gobierno se realizan a través del Ministerio de Justicia. Se establece la necesaria cooperación y coordinación con las correspondientes autoridades autonómicas de protección de datos.

En relación con el procedimiento, promueve la existencia de mecanismos de autorregulación tanto en el sector público como en el privado e introduce la obligación de bloqueo que garantiza que los datos queden a disposición de un tribunal, el Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes (como la AEPD) para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas de su tratamiento, evitando así que se puedan borrar para encubrir el incumplimiento.

En el caso de España, la adaptación de nuestra legislación al Reglamento General de Protección de Datos hace necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica en sustitución de la actual, cuyas normas y desarrollo deberán ser revisadas y adaptadas para evitar contradicciones. Igualmente, la AEPD deberá desarrollar cuestiones concretas que el reglamento comunitario remite a las autoridades nacionales de control y tendrá que revisar sus tratamientos de datos personales para adaptarlos a esas exigencias.

Este reglamento atiende a nuevas circunstancias provocadas fundamentalmente por el aumento de los flujos transfronterizos de los datos personales como consecuencia de la actividad del mercado interior, teniendo en cuenta que la rápida evolución tecnológica y la globalización han provocado que esos datos sean un recurso fundamental para la sociedad de la información.

Ante esta situación, han aumentado los riesgos inherentes a que las informaciones sobre los individuos se hayan multiplicado de forma exponencial siendo más accesibles y más fáciles de procesar, al tiempo que se ha hecho más difícil el control de su uso y destino.

La normativa española para calcular las prestaciones por desempleo en contratos a tiempo parcial es discriminatoria2017-11-13

(UGT).- ​El Tribunal Justicia de la UE considera constitutiva de discriminación indirecta la normativa española relativa al cálculo de prestaciones de desempleo en los casos de trabajo a tiempo parcial vertical (aquel que se desempeña solo en algunos días de la semana, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, sin trabajar jueves y viernes, frente al trabajo a tiempo parcial horizontal que sería aquel que se desempeñaría a tiempo parcial, pero todos los días de la semana que estén establecidos para la jornada habitual, por ejemplo de lunes a viernes).

El Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona solicitó al TJUE decisión prejudicial sobre la interpretación de la Directiva 79/7/CEE, sobre la aplicación del principio de igualdad entre hombres y mujeres en materia de seguridad social y de la Directiva 97/81/CE relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo a tiempo parcial de UNICE, CEEP y la CES, en relación con la prestación de desempleo de una trabajadora a tiempo parcial vertical conforme al calculo que establece la normativa española (por ejemplo trabaja el 50% de las horas que trabajan los trabajadores a tiempo completo repartidas en unos días solo de la semana, en vez de trabajar todos los días de la semana, por ejemplo lunes, martes y miércoles, sin trabajar jueves y viernes). La cuestión prejudicial planteada versa sobre la adecuación o no de la normativa española en esta materia a la normativa comunitaria europea.

Informe de Conclusiones


Ya el pasado 16 de marzo la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Informe de Conclusiones consideraba que la legislación española en este punto es contraria a la legislación de la UE, por discriminación indirecta, al excluir la primera los días no trabajados del cálculo de los días cotizados en los casos de trabajo a tiempo parcial vertical.

La Abogada General considera que existe discriminación indirecta ya que la aplicación de la norma española, aunque formulada de manera neutra (tanto para hombres como para mujeres sin distinción), "perjudica de hecho a un número mucho mayor de mujeres que de hombres, ya que según el Tribunal de Barcelona entre el 70 y el 80% de los empleados cuyo trabajo a tiempo parcial está estructurado de manera vertical son mujeres, mientras que por el contrario, entre el 70% y el 80% de los empleados a tiempo parcial estructurado de manera horizontal ( todos los días de la semana), es desempeñado por hombres.

El sistema español considera el Tribunal trata de manera distinta a dos colectivos de trabajadores. Así, un trabajador a tiempo parcial vertical recibirá una prestación de una duración inferior que un trabajador a jornada completa, aunque cotice por cada día de todos los meses del año. En el caso de los trabajadores a tiempo parcial vertical, se da más importancia a los días efectivamente trabajados que al periodo de tiempo que emplean en hacer su tarea durante el transcurso de una semana laboral, lo que les sitúa en "una situación de desventaja.

Según el Abogado General Tanchev, los requisitos profesionales establecidos por las asociaciones religiosas están sometidos a control jurisdiccional2017-11-13

Los tribunales nacionales deben ponderar el derecho de la asociación religiosa a su autonomía y libre determinación, por una parte, y el derecho del trabajador o futuro trabajador a no ser discriminado debido a sus convicciones, por otra
Vera Egenberger solicitó un empleo anunciado por el Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung, una asociación de la Iglesia protestante de Alemania regida por el Derecho privado y cuyos fines son exclusivamente de utilidad pública, benéficos y religiosos. El puesto, que debía ocuparse durante un período de 18 meses, implicaba la elaboración de un informe sobre el cumplimiento por parte de Alemania del Convenio Internacional de las Naciones Unidas sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. El desempeño del puesto incluía la representación pública y profesional del Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung y la coordinación del proceso de formación de opiniones dentro de la asociación. En el anuncio se exigía la pertenencia a una Iglesia protestante o a una Iglesia que perteneciera a la Federación de Iglesias Cristianas de Alemania.
La Sra. Egengerger no fue seleccionada para el puesto. Alega que esto se debió a que no pertenece a ninguna comunidad religiosa. Entonces presentó ante los tribunales de trabajo alemanes una demanda en la que solicitaba una indemnización por daños y perjuicios de unos 10 000 EUR, por haber sido, a su entender, discriminada debido a sus convicciones.
Con objeto de determinar si la señora Egenberger padeció una discriminación ilegal desde el punto de vista del Derecho de la Unión o, si, por el contrario, se le aplicó un tratamiento desigual justificado, el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de Trabajo, Alemania) ha planteado varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. En particular, solicita al Tribunal que aclare hasta qué punto pueden someterse a control judicial los requisitos profesionales de las asociaciones religiosas que invocan el privilegio eclesiástico de libre determinación. 1 El Bundesarbeitsgericht explica que, con arreglo al Derecho alemán, dicho control judicial se limita a un juicio de razonabilidad, basado en la definición de la propia identidad de una confesión religiosa de acuerdo con sus creencias. También solicita orientación sobre cómo ponderar los intereses contrapuestos en presencia, esto es, la libertad ideológica y religiosa y el derecho a no ser discriminado por motivos de religión o convicciones, por un lado, y el derecho de las asociaciones religiosas a su libre determinación y autonomía, por otro lado.
En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Evgeni Tanchev pone de relieve que la Directiva de la Unión Europea determinante para resolver el litigio 2 (en lo sucesivo, «Directiva») contiene una norma especial que se desarrolló para abordar la situación específica en la que las asociaciones religiosas pueden practicar legítimamente un trato desigual por motivos de
convicciones. 3 Esta norma establece los criterios de control judicial que han de aplicarse cuando se demanda a una asociación religiosa al haber ésta considerado que la desigualdad de trato por motivos de religión o convicciones no supone discriminación ilegal. Esto es, atendiendo a la naturaleza de las actividades de que se trata o al contexto en que se desarrollen, ¿constituyen la religión o las convicciones de una persona un requisito profesional esencial, legítimo y justificado respecto a la ética de la