La jueza ordena el precinto de todo el entarimado de la zona donde se produjo el accidente de O Marisquiño2018-08-17

CGPJ.- El Juzgado de Instrucción nº3 de Vigo, en funciones de guardia cuando se produjo el accidente en la clausura del festival O Marisquiño, se ha hecho cargo de la investigación abierta para esclarecer los motivos del hundimiento del muelle y las eventuales responsabilidades que se puedan derivar de estos hechos.

Las diligencias previas incoadas tras recibir un oficio dando cuenta de lo sucedido y un informe fotográfico elaborado por la Policía Nacional, se siguen por un presunto delito de lesiones imprudentes, sin perjuicio de ulteriores calificaciones a lo largo de la instrucción. Para una mejor y más ágil tramitación de la causa, el juzgado ha decidido que se abra una pieza separada por cada uno de los perjudicados.

La comisión judicial, formada por la Magistrada titular del juzgado, la Letrada de la Administración de Justicia y un miembro del Ministerio Fiscal, se constituyó en la zona del suceso para realizar una inspección ocular. Tras la misma, la jueza ordenó no solo el precinto de la zona que se vino abajo, sino de todo el entarimado por motivos de seguridad. Tan solo permanece abierta al paso una pequeña zona que da acceso a los pantalanes y que no supone riesgo para el público.

La jueza ha acordado que tanto policía científica como judicial realicen las tareas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Entre estas diligencias se encuentra la realización de periciales y recabar diferente documentación de Concello y Puerto, así como del organizador del evento, en especial sobre el plan de seguridad.

Absueltos los acusados de vender una sociedad de explotación de balnearios a un precio inferior al de mercado 2018-08-17

TSJC.- La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto del delito de apropiación indebida a los dos acusados de vender una sociedad de explotación de balnearios a un precio inferior al de mercado a otra sociedad propiedad de ellos.

En una reciente sentencia, el tribunal considera que los hechos objeto de acusación “no son más que el mero cumplimiento de lo pactado entre los socios, sin que los mismos puedan ser constitutivos de infracción penal alguna”.

 Además, añade el tribunal que, a la vista de lo acordado en una junta celebrada recientemente, “ni siquiera cabe hacer reclamaciones civiles por dicha operación al haber reconocido los socios que lejos de resultar perjudicial ha resultado beneficioso, hecho –continúa la sentencia- acreditado por la contundente prueba pericial”.

El procedimiento judicial se inició con la querella de varios socios de la sociedad que manifestaban que la operación de compraventa se había realizado sin su consentimiento. Sin embargo, el día del juicio y previamente a su celebración presentaron un escrito en el desistían del ejercicio de la acusación particular.

 En el mismo, hacían constar expresamente que la compraventa de acciones había resultado beneficiosa para sus intereses “en tanto que el precio pactado por las acciones se considera acorde con su valor real de mercado”. Además, la entidad compradora “ha cumplido rigurosamente todas y cada una de las condiciones pactadas en el contrato, motivo por el que los querellantes ratifican y reconocen como suya la citada operación de compraventa, admitiendo su validez y licitud”.

Sin embargo, el ministerio fiscal sí ejerció la acusación al considerar, según rezaba su escrito de calificación, que los dos acusados se habían puesto de común acuerdo para llevar a cabo la compraventa, sin conocimiento del resto de socios, a una tercera mercantil, propiedad de ambos, a un precio de venta inferior al valor de mercado y en condiciones que los socios en modo alguno hubieran aceptado.

Por ello, el ministerio público solicitaba una condena de dos años de prisión, multa de 2.400 euros y, en concepto de responsabilidad civil, que se declarase la nulidad de la venta de las acciones.

 No constituye delito

 

Pero la Audiencia Provincial de Cantabria señala en su sentencia que “ha llegado al razonable, pleno y absoluto convencimiento de que los hechos no son constitutivos de un delito de apropiación indebida ni, alternativamente, de un delito de administración desleal”.

Para llevar a tal convencimiento, el tribunal se refiere al escrito que presentó la acusación particular y recuerda que “no sólo los querellantes sino la Junta Universal de la sociedad celebrada el 4 de junio de 2018 han reconocido expresamente” que la operación de compraventa de acciones “ha resultado beneficiosa para sus intereses”.

Por un lado, el precio pactado “se considera acorde con su valor real de mercado” y, por otro lado, la compradora “ha cumplido rigurosamente todas y cada una de las condiciones pactadas en el contrato”.

 Por tanto, “no concurren los elementos configuradores de los tipos penales objeto de acusación”, ni el que se refiere al que actúa en perjuicio de otro –apropiación indebida- ni tampoco el que causa un perjuicio económicamente evaluable –administración desleal.

 El tribunal fija su criterio en base al escrito de los querellantes pero también a la prueba testifical practicada y a la “contundente prueba pericial”.

 El precio de la acción y las condiciones, razonables

 En este sentido, explica que “constan tres informes periciales convincentes en que se concluye que el precio de 5,47 euros por acción es un valor razonable, que las condiciones pactadas son habituales en el tráfico empresarial para operaciones similares, así como que ha resultado beneficiosa para la sociedad”.

 Junto a ello, las condiciones establecidas en la escritura de compraventa sobre el aplazamiento del pago y la no aplicación de intereses “son conformes a la práctica habitual en las transacciones de compraventa entre miembros de la familia”, en alusión al parentesco existente entre los socios de la mercantil cuyas acciones fueron vendidas.

 Añade la sentencia que de los cuatro informes periciales aportados el “menos convincente” para la sala ha sido “el que mayor crédito le ofrece al ministerio fiscal, pese a la claridad y contundencia con que los otros tres informes periciales rebaten aquél”.

 En definitiva, concluye el tribunal que “consta que la compraventa realizada por los acusados fue pactada”, “el precio de la acción era razonable”, las condiciones de aplazamiento y no fijación de intereses al venir incluido en el precio de la acción “ya habían sido convenidas por la sociedad en otras operaciones similares”, que se han pagado “puntualmente” los plazos y que la operación “lejos de causar un perjuicio a la sociedad ha resultado beneficiosa para la misma”.

Tramitados 130 expedientes de víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils en el primer aniversario de los ataques2018-08-16

MI.- Un año después de los atentados de Barcelona y Cambrils, en los que fallecieron 16 personas y fueron heridas 137, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (DGAVT), dependiente del Ministerio del Interior, continúa recibiendo solicitudes de ayudas e indemnizaciones. De forma provisional, han sido tramitados 130 expedientes de los 407 generados, y el Estado ha destinado 9.800.000 euros a indemnizaciones y ayudas a las víctimas.

Una persona puede tener más de un expediente abierto, por ejemplo, uno de lesiones y otro de ayuda psicológica, por lo que el número de expedientes es superior al de afectados por el atentado. A esto se le añade que bastantes de los heridos se hallan de baja médica, por lo que no se les podrá realizar la pertinente evaluación hasta que obtengan el alta. Sucede lo mismo con los afectados psicológicos que aún no tengan un diagnóstico acreditativo de la secuela. En estos casos el reconocimiento como víctima se puede demorar en el tiempo, aunque estas personas ya están recibiendo ayudas específicas. En total, son 70 personas las que han recibido ya el reconocimiento legal de víctimas.

Causa abierta en la Audiencia Nacional

En relación con posibles acciones judiciales, los afectados extranjeros han sido informados por carta de que ya había una causa abierta en la Audiencia Nacional, y que la Fiscalía de ese tribunal era el órgano encargado de representarlos y no era necesario que se personasen.

Atención inmediata

La atención a las víctimas ha sido constante e inmediata desde el 17 de agosto. En la misma tarde que se produjo el atentado en Las Ramblas de Barcelona se activó al personal de la DGAVT. A primera hora de la mañana del día 18 de agosto se trasladó a Barcelona un equipo integrado fundamentalmente por trabajadores sociales con más de 15 años de experiencia en la atención a víctimas del terrorismo.

Este equipo se mantuvo en Barcelona de forma continuada hasta el 31 de agosto. Durante ese periodo se ocupó de la atención a los heridos y a los familiares de fallecidos. Sus tareas incluyeron el apoyo en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, la recepción en aeropuerto de familiares desplazados y la colaboración con consulados y embajadas para las repatriaciones. Todos los heridos hospitalizados, salvo los que recibieron el alta inmediata o al día siguiente al atentado, fueron visitados en los hospitales y se gestionaron las necesidades de alojamiento y desplazamiento de sus familiares.

Asimismo, desde el 22 al 29 de agosto estuvo operativa una Oficina de la DGAVT en la Delegación del Gobierno en Cataluña. Allí se informó presencialmente a las víctimas y a sus familias, así como al personal de los consulados, sobre cuestiones asistenciales, incluidas ayudas para presentar la solicitud de indemnización. Cerrada la oficina, la información y atención a las víctimas ha continuado desde la DGAVT, que ha coordinado las relaciones con consulados y embajadas, el consorcio de seguros y las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo.

Intervención posterior

Concluida la fase de intervención inmediata se asignó a cada familia de fallecidos y a cada herido un trabajador social de la DGAVT que se ha ocupado de su seguimiento individualizado, atendiendo sus demandas psicosociales y supervisando su situación psicológica para proponer, siempre de acuerdo con la víctima, la derivación a un profesional.

A lo largo de estos meses se han efectuado visitas domiciliarias a los heridos y a los familiares de fallecidos residentes en España. El personal de la DGAVT también ha realizado numerosas llamadas de seguimiento y gestiones con otras administraciones públicas y servicios de salud para asegurar la atención correcta a las víctimas, contabilizándose más de 700 intervenciones de este tipo.

Además de la asistencia psicológica inmediata facilitada por las distintas administraciones implicadas, el Ministerio del Interior ha asumido la atención psicológica continuada de 28 personas afectadas por los atentados a través de la Red Nacional de Psicólogos de Atención a Víctimas del Terrorismo.

De los 16 fallecidos en los atentados, a 12 se les han concedido las Grandes Cruces con las que son reconocidas las víctimas del terrorismo. No han recibido la condecoración cuatro fallecidos porque, a día de hoy, sus familiares no han presentado la solicitud o no han prestado su consentimiento para tramitarla de oficio.

Afectados extranjeros

Ciudadanos de 34 nacionalidades resultaron afectados por los atentados, según los listados facilitados por la Generalitat de Cataluña. De los 16 fallecidos, diez eran extranjeros, cinco españoles, y uno tenía doble nacionalidad. De las 137 personas heridas, 105 eran extranjeras.

Los heridos y los familiares de fallecidos que regresaron a su país de forma inmediata han sido informados de sus derechos bien sea de forma directa o a través de sus respectivos consulados.

Para facilitar la información se elaboró un documento sobre Ayudas e Indemnizaciones a Víctimas del Terrorismo que se tradujo al inglés. También se tradujeron al inglés y al francés las solicitudes de indemnización por daños personales, daños materiales, asistencia sanitaria y psicológica, y asistencia psicológica inmediata.

A estos afectados también se les ha ofrecido el abono de todas las terapias psicológicas que no estén a disposición de sus sistemas sanitarios.

El personal de la DGAVT ha contestado por escrito y telefónicamente a todas las dudas planteadas por las víctimas y afectados extranjeros sobre los trámites de presentación de las solicitudes, acreditación de su presencia en el lugar del atentado, los plazos, los documentos que deben acompañar y el procedimiento de tramitación de los expedientes. En algunos casos, estas consultas se han canalizado a través de las embajadas y consulados en España de los países de origen de las víctimas.

JJpD denuncia la falta de rigor en nombramientos del TSJJpD denuncia la falta de rigor en nombramientos del TS2018-08-16

La Asociación de jueces y magistrados Juezas y Jueces para la Democracia ha denunciado un reciente comunicado que, a su entender, existe “una falta de rigor” en los nombramientos de los magistrados del Tribunal supremo.

Según refiere de forma textual en su comunicado:

“El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha efectuado el 24 de julio de 2018 varios nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, en sus Salas Segunda y Tercera.

La encuesta realizada por la Red Europea de Consejos de Justicia entre juezas y jueces europeos sobre su percepción de independencia arroja, entre otros, un dato revelador. Las juezas y jueces españoles se sitúan a la cabeza, por delante del resto de sus compañeros europeos, cuando mayoritariamente creen que durante los últimos años algunos jueces y juezas en España han sido nombrados o promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia.

Juezas y Jueces para la Democracia ha suscrito un documento con propuestas para la mejora de la Justicia, junto con el resto de asociaciones judiciales, al que posteriormente se han adherido las asociaciones de fiscales. En la propuesta 3ª se señala en materia de nombramientos de altos cargos judiciales: Definir previamente los perfiles de los puestos a cubrir. Proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género. Limitación de mandatos: el nombramiento será prorrogable por una sola vez. Exigencia de motivación no solo respecto a los méritos del designado/a sino también en su relación con los de los demás aspirantes. En los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia será precisa una mayoría cualificada.

Juezas y Jueces para la Democracia denuncia que los nombramientos recientemente efectuados no se ajustan en algunos casos a los principios de mérito y capacidad sostenidos por el precedente ejercicio profesional de cada uno/a de los candidatos/as, habiendo sido preteridos candidatos/as con un aquilatada e ininterrumpida experiencia profesional en órganos colegiados”.

Julio 2018: el peor registro de autónomos de la década en este mes2018-08-16

ATA.- Julio de 2018 ha registrado la mayor caída de afiliación de autónomos desde 2009. Comparada la cifra de evolución de autónomos mensual (junio-julio) de la última década, y destacando que siempre es un mes en el que cae el número de autónomos por regla general, el mes de julio de 2018 marca un récord de caída al perder 22.261 autónomos, lo que supone que supera en 5.763 autónomos la pérdida de julio de 2009, en plena crisis.

Es una cifra récord en su peor cara. Necesitamos que se siga apostando por los autónomos de forma decidida y sin dobleces para que este bache sea sólo eso, un bache a superar, y no una tendencia que acabe con el crecimiento del empleo”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA “Hasta junio hablábamos de crecimiento sin precedentes y ahora se ha dado la vuelta de una forma preocupante hasta desplomarse”.

Reclamamos que se mantenga un entorno favorable a la creación de empleo y para los autónomos. Que constantemente escuchemos noticias sobre posibles subidas de impuestos, subidas de cuotas de retirada de incentivos al autoempleo y la contratación… no genera precisamente un entorno favorable sino todo lo contrario. Y la desconfianza es lo que menos necesitan los autónomos que ya lo apuestan todo por labrarse su propio futuro”. “A este desplome es muy posible que también haya contribuido que es el primer mes de julio en el que las altas y bajas de autónomos son efectivas en el día y esto provoca facilidades para que autónomos con poca carga de trabajo en julio y agosto causen baja en el RETA como son los profesionales, educación, agentes comerciales, etc. Y en tercer lugar, aunque en menor medida, hay que tener en cuenta la buena campaña que está haciendo la Inspección de Trabajo para que los autónomos que estaban mal encuadrados en el RETA y que debían ser trabajadores por cuenta ajena hayan pasado a este régimen, como debería haber sido desde el principio”, ha añadido Amor.

Durante los seis primeros meses de 2018, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) vio aumentar su número de afiliados en 73.891 autónomos, un incremento del 2,3%. Así, el descenso en un solo mes de 22.261 autónomos supone perder de junio a julio casi un tercio de lo que se ganó en seis meses. 718 autónomos menos al día en un mes frente a los 410 autónomos al día más en el primer semestre del año.

Pérdida de autónomos en todas las CCAA

Cabe destacar cómo todas las comunidades autónomas perdieron autónomos en el mes de julio de 2018. Así, en términos absolutos la Comunidad de Madrid ha sido la que más autónomos ha perdido, concretamente 5.5729 autónomos. Le siguen Cataluña (-4.035 autónomos), Andalucía(-3.149) y la Comunidad Valenciana, con 2.773 autónomos menos que en junio de 2018. Estas cuatro comunidades pierden a siete de cada diez autónomos que se pierden en España (el 69,7%).

Por el contrario, hay cuatro provincias en España que no pierden autónomos en este mes aunque sí lo haga su comunidad autónoma en su conjunto. Huesca lidera esa cifra positiva con la suma de 51 autónomos en el mes de julio. Le sigue Ávila con 44 autónomos más, Burgos (+28 autónomos) y Cuenca con 4 autónomos más en un mes en el que Castilla-La Mancha pierde 818 autónomos.

El colectivo ha demostrado en los últimos años que es el protagonista de la generación de empleo”, señala Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, que puntualiza que “sin duda, la Ley de Autónomos y la tarifa plana de 50 euros para el inicio de la actividad dieron sus frutos y ahora no se puede hacer temblar sus cimientos”. “Hay que seguir avanzando en la misma dirección, con medidas que faciliten el emprendimiento, eliminen trabas y lo que es realmente importante, ayuden a consolidar las actividades y no a la desestabilización”, concluye Lorenzo Amor.

Pedraz envía a juicio al fundador de Gowex y a otras cuatro personas más2018-08-14

CGPJ.- El juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado por el ‘caso Gowex’ contra quien fue presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de ‘Let’s Gowex’ y ‘Gowrx Wireless’, Jénaro García Martín, y otras cuatro personas, por su presunta participación en delitos de estafa, societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, delitos relativos al mercado y los consumidores (en concreto delito de falseamiento de información económica y financiera) y delito de uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores.

Los cuatro investigados junto a Jénaro García a los que afecta el auto son Florencia Maté Garabito, consejera de ‘Let’s Gowex’ y ‘Gowex Wireless’, y firmante de las cuentas anuales del grupo en los ejercicios 2009-2012; Francisco Manuel Martínez Marugán, secretario del Consejo de Administración; y Guadalupe-Esmeralda Almeida Figueroa y Javier Martín Vaquero, a quienes Jénaro García otorgó el cargo de apoderados/administradores de algunas de las sociedades vinculadas a ‘Let’s Gowex’ “para mantener el estatus fraudulento del negocio”, según señala el auto en la relación de hechos.

El auto también se dicta contra las mercantilesLet’s Gowex, S.A.’, ‘Gowex Wireless SLU’, ‘Eco Energy 1y3’ y ‘Biotelgy VC S.A.’ como accionistas mayoritarios de ‘Let’s Gowex’ y receptoras de cuantiosos dividendos repartidos indebidamente, por lo que deberán responder civilmente por la acción de sus administradores. El auto afecta además a Tania Roel Mosquera como partícipe a título lucrativo.

La resolución da un plazo de diez días a la Fiscalía, Abogacía del Estado, y acusaciones particulares y populares para solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o alternativamente el sobreseimiento de la causa.

El juez recuerda en su auto que, como corresponde a una resolución de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, su contenido delimitador para las acusaciones se circunscribe a los hechos relatados y a las personas imputadas, no a su calificación jurídica, a la que no quedan vinculadas las acusaciones.

Auge y caída

Gowex fue creada por Jenaro García Martín en 1999. Salió a bolsa (en el Mercado Alternativo Bursátil de Madrid) en marzo de 2010 con una capitalización de 36 millones de euros. En los cuatro años siguientes su capitalización se revalorizó un 2.700 % y llegó a cotizar también en el NYSE Alternext de París.

Fue suspendida en el Mercado Alternativo Bursátil el 3 de julio de 2014.Tres días antes, Gotham City Research, una empresa de análisis económico y de inversión, radicada en Nueva York, había publicado un informe afirmando la condición deficitaria de las arcas de la empresa, calificándola de fraude,​ y comparándola con Pescanova (recientemente en quiebra).​ Concretamente, lo que decía Gotham City Research en su informe era que el 90% de los ingresos que manifestaba la empresa percibir según sus cuentas anuales era irreal, puesto que se trataba de operaciones que llevaba a cabo la empresa consigo misma y no se producía, por tanto, ningún flujo de caja.

307 muertes en el trabajo en el primer semestre de 2018, 7 más que el año anterior en el primer semestre de 2018, 7 más que el año anterior2018-08-14

La siniestralidad laboral continúa siendo un problema de salud pública de primer orden que exige que el Gobierno impulse políticas públicas activas y aumente las medidas de control para evitar la explotación laboral.

CCOO.- Las datos del avance de estadísticas de accidentes de trabajo correspondientes al periodo enero-junio de 2018 que ha hecho públicos en su web el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social muestra un incremento en el conjunto de accidentes con baja (2,7%), más acentuado para los accidentes in itinere (4,8%) que para los sucedidos en jornada de trabajo (2,3%). Los mayores incrementos del número de accidentes en jornada los registran la construcción (11%), las industrias extractivas (6,1%) y el transporte y almacenamiento (6%). En cuanto a la siniestralidad mortal, hay que señalar que en jornada de trabajo ha fallecido un trabajador menos que en el mismo periodo de 2017 (-0,4%), mientras han aumentado en 8 los fallecimientos in itinere (14,5%). Los incrementos en el número de accidentes mortales en jornada se producen en los servicios (7,3%) y la industria (2,2%), registrándose de descensos en la construcción (-16,3%) y el sector agrario (-11,8%).

Sin embargo, si centramos nuestra atención en los índices de incidencia en jornada de trabajo, que reflejan la siniestralidad relativa expresada en número de accidentes por cada 100.000 trabajadores, se aprecia un descenso tanto para el conjunto de accidentes (-1,5%) como para los mortales (-4,1%).

Valoración desde la central sindical

“Aunque el descenso de los índices de incidencia de accidentes en el primer semestre del año podría romper la tendencia de aumento de la siniestralidad iniciada en 2013 y habrá que esperar a los próximos meses para certificar que se confirma, la siniestralidad laboral continúa siendo un problema de primer orden para la salud pública de España”, ha indicado Pedro J. Linares, secretario confederal de salud laboral de CCOO. “Es necesario que como sociedad reflexionemos sobre un sistema de prevención de riesgos laborales que, en estos últimos años de crisis económica, de políticas de austeridad y de reformas laborales ha demostrado ser un gigante con pies de barro. Y también es imprescindible que el Gobierno impulse políticas públicas activas para relanzar la prevención de riesgos laborales en las empres y que, a través de la Inspección de Trabajo, intensifique las medidas de control de la explotación laboral, algunas de ellas contenidas en el Plan Director por un Trabajo Digno recientemente aprobado”, ha añadido Linares

El TC dictamina que los enfermos mentales absueltos no pueden estar en prisión provisional sin sentencia firme2018-08-14

CGAE.- La sala segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha dictado la sentencia 2018/84, en la que considera que un absuelto en primera instancia de un delito por presentar algún tipo de problema de salud mental no debe permanecer en prisión de forma provisional a la espera de la resolución de los posibles recursos.

La sentencia estima el recurso presentado por un hombre internado en el Centro Penitenciario de Córdoba, a la espera de la confirmación de una medida de seguridad impuesta.

El individuo fue absuelto por la Audiencia Provincial de Córdoba de un delito de homicidio agravado en grado de tentativa y de otro delito de violencia física simple o no habitual, al apreciar los jueces la eximente completa de trastorno mental. Mientras esperaba a que se resolvieran varios recursos, entre ellos el suyo propio, en instancias superiores, la Audiencia decidió que ingresara en la unidad psiquiátrica de la prisión de Córdoba hasta que la sentencia se hiciera firme. Sin embargo, en la citada cárcel no hay ninguna unidad de este tipo, por lo que fue recluido en la enfermería del centro.

Los magistrados han considerado que esto fue “una prisión encubierta, carente de absoluta cobertura legal y, por ello, vulneradora de su derecho a la libertad”. En este sentido, apuntan que debería haber ingresado en un hospital psiquiátrico penitenciario, pero recuerdan que en España tan solo hay dos, en Alicante y Sevilla. En este último terminó ingresado finalmente el acusado.

En última instancia, el Constitucional insta a los legisladores “a poner fin a este delicado vacío normativo, regulando de manera pertinente la medida cautelar penal de internamiento en centro psiquiátrico”.

“Hasta tanto dicha norma con rango de Ley Orgánica se dicte, con una redacción que incluya los requisitos, garantías y condiciones necesaria para adoptar la medida de internamiento en centro psiquiátrico con la duración al efecto previsible, no cabe privar de libertad al acusado absuelto en sentencia por aplicación de una eximente por trastorno mental, mientras se resuelven el o los recursos interpuestos contra dicha resolución judicial, excepto si dicho internamiento se acuerda por el juez competente en un centro integrado en la red hospitalaria civil y no bajo el control de la Administración penitenciaria, que no tiene injerencia en este ámbito”, concluye el TC.

APDHA: es una práctica contraria a los Derechos Humanos

Ante esta sentencia, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha remarcado que este es un hecho que “llevan años denunciando”. Así, consideran que, en este caso, “el internamiento en un centro penitenciario una práctica contraria a los Derechos Humanos”.

Por ello, exigen a los juzgados que “requieran a la administración penitenciaria el cumplimiento de la ley en la interpretación del Tribunal Constitucional, para que ninguna persona con un problema de salud mental absuelta de una pena privativa de libertad se vea cumpliendo pena en un centro penitenciario que tiene un fin sancionador y no terapéutico“.

La asociación denuncia que el número de personas con enfermedad mental en prisión “no ha dejado de aumentar” en los últimos años, y ahora se sitúa en torno al 8%. “Desde la desaparición de los psiquiátricos no se han adoptado suficientes programas destinados a evitar la comisión de delitos, apoyar a las familias y a los enfermos, y menos aún para crear una red de centros psiquiátricos que pudieran acoger a los enfermos que hubieran cometido delitos a consecuencia de la enfermedad”, concluye la organización.

El Supremo considera preceptiva la prohibición de aproximación a la víctima a condenados por maltrato sin lesión2018-08-13

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido que la condena por el delito de maltrato de obra sin causar lesión, infligido a la pareja o expareja sentimental, y que puede ser castigado con penas de prisión de entre 6 meses y 1 año, debe llevar aparejada además de forma preceptiva la prohibición temporal de aproximación a la víctima. El tribunal destaca que es una interpretación acorde con la protección a las víctimas de violencia de género.

La sentencia fija así criterio en una cuestión donde las audiencias provinciales no habían mantenido una línea uniforme, y en la que tampoco la jurisprudencia de la propia Sala II del Supremo había sido unánime. Los magistrados han determinado que el delito de golpear o maltratar sin causar lesión (es decir, sin que se requiera una asistencia facultativa) a la esposa o exesposa, o persona ligada por análoga relación de afectividad, que está sancionado en el artículo 153 del Código Penal, debe entenderse comprendido en el artículo 57 del Código, lo que supone que conlleva de forma imperativa la pena accesoria de prohibición de aproximación a la víctima.

El artículo 57 del Código Penal establece como obligado, y no sólo potestativo del juez, la imposición de esta prohibición de aproximación a la víctima para los autores de delitos de homicidio, torturas, contra la libertad sexual o de lesiones, en los que la persona agredida sea la pareja o expareja.

Y el Supremo puntualiza que cuando habla de los delitos “de lesiones”, “esta última expresión no puede interpretarse desde un punto de vista puramente gramatical (…) porque cuando el artículo 57.1 enumera los delitos en general no lo hace en relación con delitos concretos, sino atendiendo a las rúbricas de los títulos del Libro II del Código Penal. De no entenderlo así, no cabría imponer las penas accesorias a delitos como el asesinato o la inducción al suicidio (ya que no son delitos de homicidio (…)”, indica la Sala.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, explica que la distinción que realiza el artículo 153 del Código entre el maltrato que causa lesión de carácter menos grave, y aquellos golpes y maltrato de obra que no causan lesión, “solo responde a un intento de diferenciar dos conductas lesivas que, como dijimos con anterioridad y de acuerdo con la Jurisprudencia de esta Sala, protegen idéntico bien jurídico: la integridad física y psíquica”.

Así, la consideración de que el delito de maltrato de obra no es genéricamente un delito «de lesiones» y, por tanto, no está incluido en el catálogo del artículo 57 del Código, “produciría una consecuencia incoherente”, ya que nunca podrían imponerse las penas de prohibición de aproximación a tal delito, ni de forma facultativa ni preceptiva, “pues, sencillamente, quedaría fuera de la relación de delitos contemplada en aquél”.

El tribunal añade otro argumento y es que el artículo 153 castiga con idénticas penas privativas de libertad y de derechos tanto al que causare a la víctima lesiones menos graves (que requieran una primera asistencia médica) como al que la maltratare de obra sin causarle lesión; y, sin embargo, si se entendiera que el delito de maltrato de obra sin lesión no está comprendido en el artículo 57, sólo al condenado por la primera infracción se le podría imponer la pena de prohibición de aproximación. Al condenado por la segunda, sin embargo, ni siquiera se le podría imponer con carácter facultativo.

La Sala subraya además que el artículo 153 del Código (introducido en 2015) es un delito enmarcado en la violencia de género que el legislador ha querido diferenciar claramente de otras figuras delictivas en las que las víctimas de las acciones descritas no son las mujeres unidas al agresor por los vínculos que en él se incluyen. De hecho, precisamente por esta razón, el maltrato de obra en él previsto -también el delito de lesiones- está castigado con penas más graves que el maltrato de obra ejercido sobre cualquier otro sujeto pasivo. “Cualquier interpretación pues que se haga del precepto debe estar inspirada en una mejor y más adecuada protección de las víctimas”, concluye la Sala.

Prohibición de aproximación durante 2 años

En el caso concreto examinado en su resolución, la Sala estima un recurso de la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que dejó sin efecto la prohibición de aproximación impuesta a un hombre que dio una bofetada y otros golpes a su pareja en una calle de Getafe, que le causaron contusiones y heridas por las que no recibió atención médica.

El Supremo repone la sentencia tal y como la dictó en primera instancia el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Getafe, que condenó al acusado a 9 meses de prisión, dos años de privación del derecho a tenencia y porte de armas, y prohibición de acercarse a menos de 500 metros a la víctima, a su domicilio, o su lugar de trabajo, durante dos años, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo tiempo.

Fomento recuerda los derechos de los pasajeros en casos de cancelaciones o grandes retrasos de vuelos2018-08-13

A raíz de la reciente huelga de pilotos de la compañía Ryanair, el Ministerio de Fomento ha recordado a los afectados qué derechos les asisten, entre los que destacan los de asistencia y al reembolso o transporte alternativo hasta su destino final.

Recuerda el Ministerio que la cancelación de vuelos por una huelga del personal de la propia compañía no es una circunstancia extraordinaria, por lo que la aerolínea está obligada a pagar compensaciones por la cancelación del vuelo, si no ha cumplido con unos requisitos relativos al tiempo de aviso de la cancelación y realizado una propuesta de transporte alternativo con unas determinadas condiciones. Éstas serán en función de la distancia del vuelo cancelado, la mínima es de 250 euros y la máxima de 600 euros.

Derecho a la información y a asistencia

Estas compensaciones económicas van más allá de la asistencia que la compañía está obligada a dar. Los pasajeros tienen derecho a la información, para ello la compañía aérea debe entregarles un impreso con las condiciones de asistencia y compensación.

El pasaje tiene también el derecho de asistencia, es decir, la aerolínea tiene que darles comida y bebida suficiente, tienen derecho a realizar dos llamadas telefónicas o acceso al correo electrónico y, si fuese necesario, a una o más noches de alojamiento, así como al transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento. Esta asistencia tiene que pagarla la compañía aérea, que no puede pedirle al pasajero que la abone él y luego la reclame.

Reembolso o transporte alternativo disponible

En caso de cancelación, el pasajero tiene derecho a elegir entre el reembolso del billete o que la compañía le proporcione un transporte alternativo hasta el destino final lo más rápidamente posible.

En caso de elegir el transporte alternativo, la compañía debe buscar la opción más rápida; por ello, no puede ofrecer únicamente plazas en vuelos propios, o uno o varios días después, si existen plazas disponibles en otras compañías en ese mismo día.

El transporte alternativo es hasta el destino final y es responsabilidad de la compañía abonar el mismo, por lo que ésta no puede pedir al pasajero que adelante el coste de dicho transporte.

Retrasos por la huelga

En caso de retrasos de dos o más horas en la salida del vuelo, los pasajeros tienen derecho a información y derecho a asistencia, aunque éste está condicionado a una serie de límites temporales en función de la distancia del vuelo.

Si el retraso es de 5 horas o más, el pasajero tiene derecho a recibir el reembolso del billete en caso de que ya no desee viajar. El pasajero debe tener en cuenta que, en caso de retraso y optar por el reembolso y por tanto no viajar, ya no tendrá derecho a recibir la compensación económica por el retraso del vuelo de más de tres horas en destino final.

Los retrasos en las llegadas se pueden reclamar cuando se llega al destino final tres o más horas después de la llegada inicialmente prevista por la compañía aérea. En ese caso, el pasajero puede tener derecho a una compensación idéntica a la que le correspondería en caso de cancelación de un vuelo.

Casos en que la compañía puede eximirse del abono de la compensación

La compañía aérea quedará eximida del pago de compensación si, en caso de cancelación del vuelo, informó al pasajero con una antelación de al menos dos semanas con respecto a la hora de salida prevista, o con una antelación de entre dos semanas y 7 días y ofreció un transporte alternativo que les permita salir con no más de 2 horas de antelación respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de 4 horas de retraso respecto a la hora de llegada prevista; o si informó al pasajero de la cancelación con menos de 7 días de antelación y les ofreció un vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino con menos de dos horas de retraso respecto a la hora de llegada prevista.

Recurso a la vía judicial

En caso de que considere que la compañía no ha respetado sus derechos, establecidos en el Reglamento 261/2004, debe reclamar a la misma y, si no está de acuerdo con su respuesta, puede presentar una reclamación, de forma totalmente gratuita, a AESA: https://sede.seguridadaerea.gob.es/SAU_Pasajeros/Paginas/Inicio.aspx

La Agencia analizará si hubo incumplimiento del Reglamento y emitirá un informe con el resultado de sus actuaciones. Si éste es positivo para el pasajero y la compañía no lo atiende, podrá acudir a la vía judicial, para lo cual el informe positivo de AESA le será de gran utilidad. Los pasajeros cuentan con el recurso de la vía judicial para solicitar una indemnización por daños y perjuicios y pueden ejecutarlo en cualquier momento del proceso.

Recordar a los pasajeros que AESA tiene la competencia para resolver las reclamaciones de todos los vuelos que tengan como origen un aeropuerto español u origen un aeropuerto de un país no comunitario y destino aeropuerto español en caso de ser con compañía aérea comunitaria. En el caso de vuelos que tengan como origen otro país comunitario y destino un aeropuerto español, la autoridad que deberá resolver su reclamación es la del Estado del país de origen del vuelo. En la web de AESA pueden consultar los datos de las autoridades de cada país para poder presentar la reclamación.

Penal 2 de Valencia absuelve a cinco personas, tres de ellas socorristas, por la muerte de un bañista en la playa de Canet2018-08-13

Comunicación Poder Judicial.- El Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia ha absuelto a cinco  personas, tres de ellos socorristas y otros dos trabajadores de la misma empresa, que estaban acusados de un delito de homicidio por imprudencia grave, después de que un bañista de 35 años muriera ahogado en Canet d’en Berenguer, en una playa que estaba bajo su vigilancia.

La sentencia considera que cuatro de ellos no tuvieron ninguna responsabilidad en el fallecimiento. En cuanto al quinto acusado, socorrista encargado de la vigilancia en la playa en el momento de los hechos, el juez sí aprecia imprudencia en su actuación “por no haber tenido constancia” de la presencia del fallecido y su acompañante en el mar y por no haber previsto el riesgo de su entrada en el agua más allá de la altura permitida con la bandera amarilla que ondeaba en ese momento.

Sin embargo, el Magistrado estima que la imprudencia del vigilante fue leve, y no grave, por lo que su conducta constituye una falta de homicidio por imprudencia leve, despenalizada desde 2015. Así, la sentencia declara extinguida la responsabilidad penal del socorrista, que sí deberá hacer frente a la responsabilidad civil.

Los hechos sucedieron en agosto de 2013 cuando la víctima y un amigo fueron a bañarse a la playa de Canet d’en Berenguer. Ambos se meterieron en el agua, se alejaron de la orilla y fueron incapaces de volver por el mal estado del mar. El socorrista que en ese momento estaba en la torre de vigilancia no advirtió del peligro hasta que la compañera, que se disponía a entrar en turno, fue advertida de la presencia de un cuerpo en el mar, por lo que activó el protocolo de salvamento.

Accede a la sentencia

El Pleno de la Abogacía condena las escuchas telefónicas a abogados y urge la ley del Derecho de Defensa para impedirlas2018-08-10

CGAE.- El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española -compuesto por los 83 decanos de Colegios de Abogados, los presidentes de los Consejos Autonómicos, el presidente de la Mutualidad de la Abogacía y 12 consejeros electivos- ha manifestado en una reciente reunión su más absoluto rechazo a la violación del Derecho a la Defensa y del secreto profesional en la investigación judicial del caso Lezo por la autorización de la grabación de conversaciones privadas de uno de los abogados con su cliente.

El Pleno del Consejo muestra su respaldo a los acuerdos de la Comisión Permanente y del Colegio de Abogados de Madrid ya que el secreto profesional como parte esencial del derecho de defensa tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente que, además, adquiere una dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en la profesión de abogado.

Gravísimo atentado contra el Estado de Derecho

El Pleno considera que las escuchas telefónicas a abogados son un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho y que estos procedimientos ponen en peligro el Derecho a la Defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales que no pueden limitarse o someterse a ponderación en aras de la investigación penal. La posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad.

Para evitar estos hechos, el Pleno de la Abogacía Española considera inaplazable y urgente completar el sistema de tutela judicial efectiva mediante la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que desarrolle nuestro sistema de defensa jurídica. Por ello, el Pleno solicita a la ministra de Justicia que impulse la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa presentado al anterior equipo ministerial, una norma que pretende recoger en un único texto legal el conjunto de las garantías de la defensa de la ciudadanía, que cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios.

Una treintena de Colegios de Abogados ya se han adherido al convenio para tramitar electrónicamente el Expediente de Nacionalidad por residencia2018-08-10

Un total de 29 Colegios de Abogados se han adherido al convenio firmado con el Ministerio de Justicia para ofrecer el servicio de trámite electrónico del Expediente de Nacionalidad por residencia, de los cuales 12 ya han habilitado los recursos necesarios para poder ofrecerlo a sus colegiados. Concretamente, los Colegios de Madrid, Las Palmas y Cantabria han participado en la fase piloto con un grupo reducido de abogados para verificar el funcionamiento del servicio. Esta fase piloto tuvo lugar durante el primer trimestre.

Durante la fase piloto se tramitaron más de dos centenares de expedientes. Este expediente, una vez completado por parte del abogado, pasa a la fase del cotejo por parte del Colegio. Esta participación del Colegio en la gestión y cotejo del expediente ha permitido a la Administración agilizar sus propios plazos de tramitación.

Esta aplicación, desarrollada por RedAbogacía, permite la tramitación de las solicitudes de nacionalidad por residencia por vía electrónica y la remisión de los expedientes a la Dirección General de los Registros y del Notariado, a través de la infraestructura tecnológica del Ministerio de Justicia gracias al convenio firmado entre el Consejo General de la Abogacía y dicho ministerio en julio de 2017.

Para poder utilizar este servicio, que el Consejo General de la Abogacía Española a través de su área tecnológica pone de forma gratuita a disposición de todos los Colegios, tan solo se requiere solicitarlo mediante la adhesión al convenio firmado con el Ministerio de Justicia. Posteriormente, los abogados también realizarán este trámite de adhesión, pero ya desde el propio aplicativo. Para ello, solo es necesario añadir el documento plantilla disponible para su descarga previo firma electrónica con su carné colegial con firma ACA.

Gracias a este servicio, se agiliza la tramitación de los expedientes, lo que redunda en una mayor satisfacción tanto para los propios abogados como para sus clientes, reduciendo el tiempo de respuesta de la resolución del expediente.

Colegios adheridos

Los Colegios que han solicitado la adhesión hasta ahora son: Alicante, Ávila, Burgos, Cantabria, Cartagena, Ceuta, Córdoba, Cuenca, Elche, Gipuzkoa, Granada, La Rioja, Las Palmas, León, Lorca, Lucena, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Orihuela, Oviedo, Pontevedra, Salamanca, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia y Vigo.

El equipo de la Universidad Carlos III de Madrid ganador de la Copa Máster de Debate Jurídico 20182018-08-10

MAE.- Los 6 mejores equipos de la Liga Nacional de Debate Jurídico se trasladaban a comienzos de julio a Bruselas. El Parlamento Europeo acogía la fase preliminar de esta competición organizada por la Fundación Española de Debate Jurídico, junto con Mutualidad y el despacho Martín Molina.Unos días más tarde, los equipos regresaban a España, para seguir debatiendo sobre si son eficaces o no los actuales sistemas de extradición en la lucha contra la delincuencia en Europa.

Tras la jornada en el Senado de España se establecieron quiénes serían los equipos finalistas y qué 8 participantes se disputarían el premio anual de Mejor Jurista Universitario del año.

Las semifinales, que se desarrollaron en Deloitte, desvelaron que los equipos finalistas serían la Universidad Carlos III de Madrid y el equipo de la Fundación Cánovas.

En el Ayuntamiento de Madrid se realizaron los enfrentamientos individuales, resultando seleccionados José María Argüello (UC3M) y María Ángeles Rivas (CDU).

Los vencedores ser decidirían tras los debates realizados en el Congreso de los Diputados.

Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, Juez Decana de Madrid, fiscales, ex fiscales, Abogados del Estado y abogados además de expertos en materia de comunicación, oratoria y debate han formado un excelente jurado para valorar a los participantes de la competición y determinar los ganadores.

La Rioja acoge las ‘IV Jornadas de Tesorería de Colegios y Consejos de la Abogacía’2018-08-09
  • Esta edición se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en Logroño

CGAE.- Las IV Jornadas de Tesorería de Colegios y Consejos de la Abogacía, organizadas por el Colegio de Abogados de La Rioja y la Abogacía Española, se celebrarán los días 19 y 20 de septiembre en Logroño. El tema principal de esta edición se centrará en el análisis de la prestación de servicios desde el Colegio visto en sus dos vertientes pública o privada.

Asimismo, habrá talleres prácticos que permitirán a los asistentes acercarse a materias como la realización de auditorías económicas y financieras orientadas al cumplimiento de la Responsabilidad Social Corporativa, la adopción de acuerdos con entidades para la prestación de servicios para colegiados o aplicación de descuentos.

Las Jornadas comenzarán el miércoles 19 de septiembre de 2018 a las 9.30 con la inauguración. Seguidamente, a las 10.00 de la mañana, dará comienzo la primera ponencia moderada por Rafael Bonmatí Llorens, tesorero de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Valencia, en la que se tratarán entre otras cuestiones el papel que juegan los Colegios en relación con los contratos, convenios y subvenciones de la Administración Pública o si las competencias delegadas deben ser financiadas con subvenciones, entre otros.

A las 12.00 está prevista la segunda mesa redonda, moderada por José María Cid Monrealen, decano del Colegio de Abogados de La Rioja. En ella se abordarán las implicaciones en la gestión colegial respecto de la justificación de subvenciones, con casos prácticos de aplicación según territorio; así como, la fiscalidad de los Colegios de Abogados. En horario vespertino, a las 16.00 horas, comenzarán los talleres prácticos, con Adolfo Estébanez Velasco, gerente de la Abogacía Española, como moderador.

El jueves 20 de septiembre está previsto que la jornada se centre en abordar los servicios de naturaleza privada que ofrecen los distintos Colegios de Abogados. Para ello, a las 9.30 se realizará una primera ponencia a cargo de Manuel Albiac Cruxent, decano del Colegio de Abogados de Tarragona. En la que se tratará, entre otras cuestiones, la Seguridad jurídica, como un factor clave para generar confianza.

A las 11.30 comenzará la segunda mesa redonda, moderada por María José Valgañón Valgañón, tesorera del Colegio de Abogados de La Rioja, en la que se tratarán los mecanismos de sostenimiento y financiación de los Colegios y la responsabilidad de las Juntas de Gobierno en la gestión económica.

Consulta el programa inscríbete en las IV Jornadas de Tesorería de Colegios y Consejos de la Abogacía.

La justicia europea respalda al TS en el rechazo a los intereses de demora abusivos2018-08-09
  • El TJUE considera abusivas las cláusulas “no negociadas” de un préstamo que impliquen aumentar su tasa de interés en más de dos puntos
  • La  justicia europea declara conforme a Derecho la jurisprudencia del TS en materia de intereses de demora

CGAE.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la legislación europea “no se opone a la jurisprudencia” del Supremo que declara como abusiva una cláusula no negociada que establece un tipo de interés demora que es más de dos puntos porcentuales superior al tipo de interés ordinario.

El Tribunal también ha avalado la práctica empresarial que consiste en ceder o comprar créditos sin que el consumidor sea informado previamente, otorgue su consentimiento a la operación ni se le ofrezca la oportunidad de recomprar la deuda. En la sentencia, el Tribunal con sede en Luxemburgo ha declarado conforme a Derecho la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de intereses de demora.

Los dos asuntos están relacionados con la compatibilidad con el Derecho de la UE de un criterio jurisprudencial nacional según el cual se presumen abusivas las cláusulas no negociadas de préstamo que fijan un tipo de demora que excede en más de dos puntos porcentuales el tipo de interés ordinario.

El primer caso fue elevado a la Justicia europea por un juzgado de Barcelona y tiene que ver con la cesión por parte de Banco Santander de dos contratos de préstamo a un tercero cuyo vencimiento se había anticipado por impagos. En el primero, el tipo de interés ordinario era del 8,50%, mientras que el interés de demora era del 18,50%. El segundo fijaba un tipo de interés ordinario del 11,20% y un interés de demora del 23,70%.

El juez de Barcelona planteó al TJUE dudas sobre si los consumidores tienen derecho a recomprar su deuda y a extinguirla abonando al tercero el importe que éste pagó por la cesión, más los intereses, las costas y los gastos aplicables. De este modo, se discutía la legalidad de una práctica de cesión o compra de créditos por un precio “exiguo” sin la existencia de una cláusula en este sentido, sin que el deudor hubiera sido informado previamente y sin que se le ofreciera la oportunidad de recomprar su deuda para extinguirla reembolsando al cesionario el importe que éste pagó por la cesión.

El segundo asunto fue planteado por el Tribunal Supremo y hace referencia a un contrato de préstamo hipotecario entre un consumidor y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, integrada posteriormente en Banco Sabadell. En la fecha de los hechos, el interés se devengaba al tipo 4,75% y el contrato establecía que los intereses de demora se calcularían al tipo del 25%. En consumidor, que se había retrasado en los pagos, interpuso una demanda contra Banco Sabadell en la que solicitaba que se declarara nula esta última cláusula por entender que era abusiva.

En el fallo publicado, el TJUE declara que la directiva sobre cláusulas abusivas “no es aplicable a la mencionada práctica empresarial de cesión o compra de créditos frente a un consumidor”, así como tampoco lo es a disposiciones nacionales que regulan la trasmisión de créditos y la sustitución del cedente por el cesionario en procedimientos en curso.

Así, explica que la directiva “se aplica únicamente a las cláusulas contractuales y no a las meras prácticas”. En el caso concreto elevado por el juez de Barcelona, la Justicia europea remarca que “ninguna cláusula de los contratos examinados prevé ni regula la posibilidad de que Banco Santander transmita a un tercero los créditos que tiene frente a los deudores, ni tampoco el eventual derecho de estos últimos a extinguir la deuda mediante la compra de los créditos al tercero”.

En relación al segundo asunto, el TJUE ha dictaminado que la legislación europea no es contraria a la jurisprudencia del Supremo, según la cual la consecuencia del carácter abusivo de una cláusula no negociada que establece el tipo de interés de demora consiste en la suspensión total de los intereses de demora sin que dejen de devengarse los intereses remuneratorios pactados en el contrato.

La sentencia está disponible en el siguiente enlace.

Confirmado el archivo de la denuncia contra el ganador del concurso de la gala ‘drag’ del carnaval de Las Palmas de 20172018-08-09

La Audiencia Provincial afirma que el uso de elementos religiosos en la actuación no debe descontextualizarse de lo que es una fiesta “transgresora”, “exagerada” y “atrevida” en la que, afirma, no hubo ”animo ofensivo” hacia los sentimientos religiosos

CGPJ.- La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación de Abogados Cristianos contra el auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria que el 11 de diciembre de 2017 acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia de este colectivo contra Borja C. por usar elementos de la religión católica en su actuación en la Gala Drag Queen del carnaval capitalino 2017 como Drag Sethlas, que le coronó como ganador del concurso. La Sala condena a la Asociación a pagar las costas generadas en el trámite de apelación, declarando de oficio las de la primera instancia.

Para confirmar el archivo, el Tribunal, la Sección Primera de la Audiencia, se apoya en el argumento que ya había presidido la respuesta del Ministerio Fiscal en su momento, y que había hecho suyo el Juzgado de instancia: “tener presente” el ámbito temporal y espacial en el que se desarrolla la acción denunciada, la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

“Por tanto”, expone el magistrado Pedro Herrera, de consenso con sus compañeros de Tribunal, “no se debe perder de vista que durante el Carnaval, fiesta pagana muy asentada en países de tradición católica, se combinan diferentes y característicos ingredientes tales como disfraces, murgas, cabalgatas, bailes y fiestas en la calle; siendo especialmente relevante en esta ciudad las galas de elección de las reinas del carnaval y la gala Drag Queen”.

Apunta el magistrado que esta fiesta, con el paso del tiempo, “Se ha ido afianzando y consolidando como la más peculiar y original, con una gran repercusión pública y mediática no solo a nivel local y autonómico, sino también nacional y diría que internacional. Tal gala se desarrolla en ese, y no en otro periodo festivo en el que prima la permisividad y el jolgorio y se dejan a un lado por un corto espacio de tiempo los esquemas habituales y reglas de conducta que rigen nuestro quehacer cotidiano. Se caracteriza además tal espectáculo por su naturaleza transgresora, por su tolerancia y apertura con la temática y por su exagerada y atrevida puesta en escena”, subraya.

“En este contexto”, razona, “no cabe buscar afrentas ni conductas ofensivas, sino más bien conductas arriesgadas y osadas y, en cierto modo, agitadoras, como así fue la que escenificó el denunciado en su papel de Drag Sethlas, quien apoyó su interpretación en la simbología y oraciones católicas. Utilizó a su manera, en sus llamativos y peculiares disfraces, la figura de Jesucristo crucificado y la de la Virgen María en un paso procesional con personas vestidas de nazarenos”.

A juicio de la Audiencia, lo que en definitiva hizo Sethlas fue “tomar como referencia imágenes, ceremonias y concretos actos conectados con la religión católica, mezclado todo ello con baile y música y con el sentido provocador y transgresor que caracteriza a esa gala”.

Pero, como bien se indica en la resolución judicial recurrida, “en modo alguno cabe de su conjunto deducir que el actor haya cuestionado los dogmas y ritos de esa concreta confesión, ni que haya ofendido los sentimientos religiosos”.

El auto subraya que en la representación del que fue ganador del certamen de 2017 “lo figurativo e innovador prevalece frente a cualquier otro aspecto”.

“Puede llamar más o menos la atención, puede gustar o no gustar, puede resultar incomoda, incluso excesiva y molesta”, enfatiza el magistrado, “más lo que no se puede hacer es descontextualizarla de ese concreto y puntual ambiente y entorno y, por ende, no ha de ser catalogada, si quiera prima facie, de delictiva por la falta total de intencionalidad ofensiva.

Así pues, entiende el Tribunal que “no cabe hablar de escarnio en el sentido expuesto -no hay burla tenaz con propósito de afrenta-, tan solo un uso ocasional de esa referida simbología con fines transgresores y artísticos, sin que se infiera un ánimo ofensivo, ni directo ni indirecto, contra la religión católica ni contra los sentimientos religiosos de los miembros que profesan tal confesión”.

La Delegación de España en Eurojust tramitó 368 casos operativos en 20172018-08-08

Pool Moncloa

La Delegación de España en Eurojust tramitó en 2017 un total de 368 casos operativos, 120 a raíz de solicitudes de cooperación internacional formuladas por autoridades judiciales españolas y 248 a petición de autoridades judiciales extranjeras que reclamaron asistencia judicial española.

A estas cifras hay que sumar los 86 expedientes temporales de trabajo abiertos al recibir información susceptible de dar lugar a la apertura de un caso, con intercambio de datos personales, pero que finalmente no llegaron a registrarse como tales ante el Colegio de Eurojust.

Los 368 casos operativos abiertos en 2017 suponen un incremento de un 19,6% sobre los 296 tramitados el año anterior. Estas cifras aparecen recogidas en la Memoria de Actividades del Miembro Nacional de España en Eurojust 2017, Francisco Jiménez-Villarejo Fernández, máximo responsable de la delegación que califica los resultados como "muy satisfactorios" ya que reflejan que la delegación española fue el pasado año una de las más activas de Eurojust no solo por el número de casos en los que intervino, "también por la calidad del trabajo operativo desarrollado".

Competencias

La Delegación de España en Eurojust tramita aquellas solicitudes de cooperación internacional formuladas por las autoridades judiciales españolas, así como cuando la administración judicial española es requerida por el resto de las 27 delegaciones nacionales representadas en el organismo europeo. Además, hay que añadir los casos abiertos por los Fiscales de Enlace de Eurojust con Suiza, Noruega y EEUU, países no integrados en la red europea pero que disponen de un estatus especial de colaboración. Y a todo ello hay que sumar también los expedientes temporales de trabajo.

De los 120 expedientes promovidos por la Justicia española, 27 iban dirigidos a Alemania, 19 a Francia, 18 a Reino Unido e Italia, respectivamente, 16 casos a Bélgica y 13 casos a Rumania, Portugal y Países Bajos. El resto de las iniciativas españolas se repartió entre las restantes delegaciones de los veintisiete Estados miembros de Eurojust. Respecto de las tipologías delictivas, la mayoría de los casos abiertos por España están relacionados con el delito de blanqueo de capitales (27 casos), investigaciones contra organizaciones o grupos criminales (24 casos), tráfico de drogas (21 casos) y otras tipologías defraudadoras (19 casos).

Sobre las solicitudes pasivas, la Justicia española fue la cuarta más requerida de asistencia con 248 casos, tras Alemania (376 casos), Reino Unido (290 casos) y Francia (270 casos). Alemania es el país que más peticiones de colaboración dirigió a los tribunales españoles (32), seguida de Italia (24) y Países Bajos (23). Respecto a los delitos investigados, destacan el tráfico de drogas (70 casos) y los fraudes y estafas (57 casos). Les siguen un cajón de sastre integrado con diferentes modalidades delictivas, al que siguen el blanqueo de capitales, como categoría delictiva transversal con treinta y cinco casos y el delito de pertenencia a grupo u organización criminal con treinta y un casos, como categorías delictivas más frecuentes.

Eurojust fue creado en 2002 con el objetivo de apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades judiciales nacionales en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza en la Unión Europea. Cada uno de los 28 Estados miembros de la UE nombra a un representante de alto nivel para trabajar en su sede de La Haya. Ese miembro nacional cuenta a su vez con una serie de colaboradores que forman la delegación, que en el caso de la española participó en 2017 en sesenta reuniones de coordinación de las 302 organizadas en Eurojust, así como en siete de los diecisiete centros de coordinación organizados en 2017.

Una apuesta europea

La evolución del número de casos en Eurojust es de un constante y mantenido incremento de estos desde su creación en 2002. El número total de casos abiertos creció de los 2.306 en 2016 a 2.550 casos en 2017, 306 más, lo que supone un aumento de un 10,6%, a los que habría que añadir los 148 casos nuevos abiertos por los fiscales de enlace de Suiza, EEUU y Noruega, con lo que en realidad el número de casos abiertos por el Colegio de Eurojust ascendió el pasado año a un total de 2.698 casos.

Con los 368 casos activos, el 14,4% del total, la española se convierte en la quinta delegación con más trabajo de Eurojust, por detrás de Alemania (610 casos, el 23,9 por ciento del total), Italia (460 casos, el 18 por ciento), Francia (400 casos, el 15,7) y Reino Unido (372 casos, el 14,6).

Los juzgados y tribunales españoles pueden recurrir a Eurojust: 

  • Cuando haya que coordinar las investigaciones preliminares entre dos o más Estados.
  • Cuando se constate la existencia de investigaciones paralelas y sea necesario intercambiar información para determinar la preferencia por investigaciones separadas o por concentrar las investigaciones en un solo Estado. Alternativamente: cuando sea preciso prevenir o resolver conflictos de jurisdicción.
  • Cuando concurran solicitudes de entrega por la vía de la Orden de Detención Europea y se requiera ayuda para decidir la preferencia de entrega.
  • Cuando fuere necesario coordinar la adopción de medidas provisionales en varios Estados al mismo tiempo (entradas y registros, intervenciones telefónicas, decomisos...).
  • Cuando pueda constituirse un Equipo Conjunto de Investigación entre varios Estados y se necesite contar con el apoyo financiero y la participación de Eurojust.
  • En situaciones de urgencia teniendo en cuenta el cumplimiento de plazos y situaciones personales.
  • Con carácter subsidiario, cuando el resto de los canales de comunicación (Magistrado de enlace o cualquier red judicial) no han sido operativos.
  • Cuando sea preciso recabar información adicional en el marco de procedimientos de consulta que exijan contactos o reuniones para tratar de desbloquear el obstáculo o impedimento existente.
  • Cuando surjan consultas legales que resulten complicadas de resolver a nivel nacional y que necesiten de discusión entre los Estados implicados.
  • En relación con terceros Estados, siempre que las exigencias de coordinación o auxilio en general justifiquen el valor añadido de la intervención de Eurojust.
El presidente del TS y del CGPJ comunica a los presidentes del Congreso y del Senado la próxima finalización del mandato del órgano de gobierno de los jueces para que procedan a su renovación2018-08-08

Carlos Lesmes declara abierto el plazo de presentación de candidaturas para la designación de los vocales del CGPJ correspondientes al turno judicial

CGPJ

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha remitido sendas cartas a los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero, poniendo en su conocimiento que el próximo 4 de diciembre se cumplirán cinco años desde la constitución del órgano de gobierno de los jueces en su actual mandato.

Tal y como establece el artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Lesmes les ha remitido también los datos del escalafón de la Carrera Judicial y del registro de asociaciones judiciales para que pueda dar comienzo el proceso de renovación del Consejo.

El citado precepto dispone que, cuatro meses antes de la expiración de su mandato, el presidente del TS y del CGPJ acordará el envío de esa información a los presidentes del Congreso y del Senado, que “deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”.

La ley también establece que, en esa misma fecha, el presidente del Poder Judicial dispondrá la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los doce vocales correspondientes al turno judicial, a lo que ha dado cumplimiento mediante un acuerdo que se publicará en la página web del CGPJ y se remitirá por correo electrónico a todos los integrantes de la Carrera Judicial, así como a las asociaciones judiciales, para su conocimiento y efectos.

El acuerdo también será notificado a los presidentes del Congreso y del Senado, así como al Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Justicia, y se pondrá en conocimiento del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su próxima sesión ordinaria.

Candidaturas a vocal del turno judicial

El plazo para la presentación de candidaturas para la designación de los vocales del CGPJ correspondientes al turno judicial será de un mes, tal y como establece el artículo 575.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Durante ese tiempo, los miembros de la Carrera Judicial interesados deberán dirigir un escrito al presidente del TS y del CGPJ poniendo de manifiesto su intención de ser designado vocal por el turno judicial, acompañado por una memoria justificativa de las líneas de actuación que, a su juicio, debería desarrollar el Consejo General del Poder Judicial.

Los candidatos también deben presentar en ese momento el aval de veinticinco miembros de la Carrera Judicial en servicio activo o el de una asociación judicial.

Ante la coincidencia con el periodo estival del plazo de presentación de candidaturas, el presidente del Poder Judicial dirigió el pasado 3 de julio una carta a todos los jueces y magistrados para informarles de las fechas en las que iba a comenzar el proceso y para que todos los interesados en presentar su candidatura pudieran preparar con antelación suficiente la documentación requerida.

La reforma de la Ley contra la Violencia de Género refuerza la función del abogado en la defensa de las víctimas2018-08-08

CGAE.-La aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil, introduce importantes modificaciones en la defensa y asistencia jurídica que los letrados y letradas ofrecen a las víctimas.

La presente reforma tiene como objeto fortalecer la tutela judicial y el acceso a la justicia, así como, los recursos de asistencia de las víctimas de violencia de género, a través de la modificación de los artículos 20 y 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. De este modo, se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.

El artículo 20 contiene tres tipos de medidas destinadas a mejorar la participación de la víctima en el proceso penal. Por un lado, se reforma su apartado 4 y se añade un apartado 5 para reforzar la asistencia jurídica de las víctimas, tal y como exige el Pacto de Estado, contemplando no solamente que los Colegios de Abogados, sino también los de Procuradores, adopten las medidas necesarias para la designación urgente de letrados y procuradores de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género, que aseguren su inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas.

Por otro lado, se añade un nuevo apartado 6 para implementar una medida del Pacto de Estado referente a la habilitación legal del letrado de la víctima a fin de que pueda ostentar su representación procesal hasta la designación de procurador o procuradora en tanto la víctima no se haya personado como acusación, si bien esto debe armonizarse con la tercera medida consistente en la adición de un nuevo apartado 7 con el objeto de permitir a la víctima personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

De tal modo, que la nueva redacción de este artículo queda modificada en los siguientes términos:

Artículo 20. Asistencia jurídica.

«4. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas.

5. Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de género cuando la víctima desee personarse como acusación particular.

6. El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.

7. Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma del derecho de defensa del acusado».

Por su parte, la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica permite concretar y ampliar los títulos judiciales habilitantes para acreditar la condición de víctima de violencia de género. A su vez, se establecen otros títulos no judiciales habilitantes para los casos en los que no hay denuncia y, en consecuencia, tampoco existe procedimiento judicial abierto. En este sentido, cabe recordar que el artículo 18.3 del Convenio de Estambul exige no supeditar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio por parte de aquéllas de acciones legales ni a la declaración contra el autor.

El papel de la Administración Local

Con las modificaciones introducidas se devuelven a los Ayuntamientos competencias en esta materia, ya que se quiere reforzar el papel de la Administración local por ser la más próxima a la ciudadanía. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deberán formar parte del catálogo de materias recogido como competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por otra parte, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, establece cuantías específicas destinadas a las entidades locales dirigidas a implementar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La protección de los menores

La protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de
género constituye uno de los ejes del Pacto de Estado que exige una respuesta más
urgente. Por ello el presente real decreto-ley incluye una modificación del artículo 156 del Código Civil para dar cumplimiento a la medida 148, del Informe de la Subcomisión del Congreso.

De este modo, se propone desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad. En concreto la reforma que afecta al artículo 156 del Código Civil tiene como objetivo que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.

La violencia de género, como manifestación más cruel de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ha cobrado la vida de 947 mujeres en España desde 2003, año en que en nuestro país empezaron a contabilizarse
las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. 11 de ellas lo han sido en los últimos dos meses de junio y julio de 2018.

El Gobierno aprueba el Real Decreto-ley para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género2018-08-07

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

Estas modificaciones devuelven a los Ayuntamientos las competencias en esta materia. También fortalecen la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. Igualmente, se recoge que la confirmación de las situaciones de violencia de género se amplíe más allá de la sentencia o resolución judicial. Con esta iniciativa se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.

Tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 31 de julio, una de las medidas más urgentes para el cumplimiento del Pacto de Estado es la devolución de competencias en la materia a la Administración local, por ser la más cercana a las víctimas. La promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género entrarán a formar parte del catálogo de competencias propias gracias a la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, los fondos destinados a los programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los Ayuntamientos -20 millones en el presente ejercicio y 40 millones de euros en 2019- se distribuirán vía transferencia finalista y directa, o a través de otras Entidades Locales.

La protección de los menores constituye uno de los ejes más importantes del Pacto de Estado. Por ello, el Real Decreto-ley incluye una modificación en el artículo 156 de Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté acusado en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.

Por otro lado, la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género aprobada fortalece la tutela judicial para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. Además, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

En relación con las ayudas reguladas en el artículo 27 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, el Real Decreto-ley posibilita que dichas ayudas sean compatibles con otras de carácter autonómico o local.

Por último, y en línea con el artículo 18.3 del Convenio de Consejo de Europa que exige no subordinar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio de acciones legales o declaración contra el autor, el Real Decreto-ley modifica la Ley integral para ampliar los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial, diseñarán de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación.

Fallece Luis del Castillo Aragón, decano emérito del ICAB y expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional2018-08-07

CGAE.-El domingo 5 de agosto fallecía el reconocido jurista Luis del Castillo Aragón, quien asumió el decanato del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) entre los años 2002 y 2003 y fue presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional (BPI-CAPI) de 2010 a 2014.

Luis del Castillo Aragón nació en Madrid en 1934 y se licenció en Derecho en 1956. Tres años más tarde trasladó su residencia a Barcelona, donde fue profesor de la Universidad de Barcelona desde 1960 hasta 1966, como adjunto a la Cátedra de Derecho Político. En 1975 fundó su propio despacho penalista en la ciudad condal.

Desde su incorporación como colegiado al ICAB, en 1970, Luis del Castillo estuvo muy vinculado a la vida colegial. Colaboró estrechamente como ponente en la Comisión de Deontología, que posteriormente presidió. También fue vicedecano del Colegio desde 1997 a 2005; y ejerció como decano en 2002. También en 2002 fue elegido representante español del Colegio de Abogados del Tribunal Penal Internacional del BPI-CAPI.

Durante su trayectoria fue galardonado por diferentes instituciones, como la Abogacía Española que le otorgó la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía. También por sus años de servicio a la profesión fue distinguido con una mención honorífica del Premio Justicia de Cataluña.

Asimismo, el 14 de abril de este año fue condecorado con la Cruz de Honor de la Orden de Raimundo de Peñafort de manos del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá. Actualmente era presidente de la Comisión de Justicia Penal Internacional del ICAB y presidente honorario del CAPI-BPI.

Garantías para la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social2018-08-07
  • El Real Decreto aprobado modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.
  • Se evita así que las empresas obstruyan la actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social cuando la Inspección de Trabajo detecta altas irregulares en el Régimen de Autónomos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social.

Se trata de aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral son trabajadores por cuenta ajena. Es lo que se conoce como "falsos autónomos". En estos casos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social (ITSS) para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General, que es el correspondiente para los trabajadores por cuenta ajena, al menos hasta la finalización del procedimiento.

Las empresas afectadas -o en su caso, los trabajadores- tramitan la baja para anular el alta practicada de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, que actúa a instancia de la Inspección de Trabajo y dentro del procedimiento de infracción iniciado por ésta.

Bajas fraudulentas a través de RED

La medida aprobada trata de evitar estas incidencias que se han venido produciendo en los procedimientos iniciados por la Inspección de Trabajo cuando, tras practicar la Tesorería General de la Seguridad Social las altas de oficio de los trabajadores en el Fichero General de Afiliación, las empresas o los propios trabajadores tramitaban la baja de esos mismos trabajadores y por esos mismos periodos a través del Sistema de remisión electrónica de datos (RED).

De esta forma, se distorsionaba el procedimiento. Un ejemplo del volumen de gestión es que para uno de los supuestos afectados el número de movimientos realizados -altas, bajas o variación de datos- ha sido de 14.500, que afectaban a 5.500 trabajadores y a 21 Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Mediante el Real Decreto aprobado se reforman los artículos 31 y 35 del Reglamento General sobre inscripción de empresas, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

Modificación del Reglamento

Lo más importante es que partir de ahora, serán preceptivos los Informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para resolver las solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores a instancia de la propia Inspección. Hasta ahora, estos informes eran potestativos.

Asimismo las bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas o trabajadores no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos cuando afecten a los periodos de tiempo comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que motivaron la tramitación del alta y variación de datos de oficio, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores.

El Tribunal Supremo confirma la pena de tres meses de prisión a un brigada del ejército por imprudencia por las graves lesiones que sufrió un cabo de la UME2018-08-06
El brigada dirigía un entrenamiento de rescate en aguas rápidas en el que un cabo primero quedó tetrapléjico tras permanecer atrapado bajo el agua durante unos diez minutos

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres meses de prisión impuesta a un brigada del Ejército de Tierra por delito contra la eficacia del servicio (en su modalidad de producir lesiones por imprudencia), cometido cuando dirigía un entrenamiento de rescate en aguas rápidas por parte de la Unidad Militar de Emergencias, en el que un cabo primero quedó tetrapléjico tras permanecer atrapado bajo el agua durante unos diez minutos. El suceso ocurrió en marzo de 2010 en aguas del Tajo cerca de Ocentejo (Guadalajara).

El TS mantiene también la absolución del entonces jefe del Batallón de Intervención de Emergencias de la UME y de un comandante, para quienes la familia de la víctima pedía una condena por negligencia o imprudencia, por infringir normas de seguridad personal y de atención sanitaria previstas en este tipo de ejercicios.

La sentencia ratificada, que dictó en enero de 2017 el Tribunal Militar Central, también condena al brigada, con responsabilidad subsidiaria del Estado, a abonar 808.000 euros de indemnización al cabo afectado, en situación de gran invalidez por el daño cerebral sufrido que le hace completamente dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria, según la resolución.

Asimismo, tendrá que pagar, con responsabilidad subsidiaria del Estado, una indemnización de 30.000 euros tanto al padre como a la madre del militar. Además, el Supremo estima parcialmente el recurso planteado por la pareja de hecho del cabo, y eleva la indemnización reconocida a esta mujer de 15.000 a 30.000 euros, al entender que el Tribunal Militar Central no tuvo en cuenta el daño moral sufrido por la misma.

El Supremo desestima el recurso del brigada que sostenía que no había vulnerado el deber de cuidado que le era exigible y que la Sala de instancia no había valorado adecuadamente la concurrencia de un comportamiento negligente de la víctima, que él consideraba que podría conceptuarse como un caso de “autopuesta en peligro”.

Los magistrados contestan que la concurrencia de la culpa de la propia víctima ya se tomó expresamente en consideración por el Tribunal de Instancia para calificar de simple la negligencia del recurrente, “pero sin que pueda excluir su responsabilidad penal, ya que su comportamiento contribuyó de modo notorio al incremento del riesgo, y con ello a la producción del resultado”.

Agrega que la conducta del recurrente, “de naturaleza omisiva, estuvo desprovista del deber de cuidado exigible al no hacer lo que le incumbía y era esperable desde su posición de garante de la indemnidad física de los diecisiete militares participantes en el ejercicio de técnicas de rescate de víctimas en aguas rápidas, puestos a su cargo por ser el Jefe responsable de la Unidad desplazada para dicho ejercicio, al haber descuidado deberes relevantes con incidencia efectiva en el resultado fatal producido”.

Confirmada la absolución de dos jefes de batallón

La Sala desestima también la petición de las acusaciones particulares de que se revocasen las absoluciones dictadas por el Tribunal Militar Central para el entonces teniente coronel jefe del Batallón de Intervención de Emergencias de la UME y para el comandante jefe de la Sección de Operaciones de la Plana Mayor, y se les condenase por negligencia o imprudencia profesional. Entendían que ambos incumplieron obligaciones bien en cuanto a las normas de apoyo sanitario del ejercicio o por el hecho de que los participantes no contaban con todos los elementos de seguridad, ya que no todos disponían de chalecos de rescate (entre ellos, el cabo afectado).

El Supremo explica que, según doctrina constitucional, está vedado al tribunal condenar a quienes han sido absueltos en la instancia partiendo de una reconsideración de los hechos probados para establecer su ausencia de culpabilidad. En relación a la absolución del entonces teniente coronel jefe del Batallón, recuerda el TS que la Sala de instancia, basándose en los dictámenes de los peritos médicos, recalcó que “la presencia de los apoyos sanitarios previstos en las normas (en todo caso, de difícil acceso al lugar de los hechos) no hubiera ni siquiera minimizado las gravísimas lesiones del Cabo 1º, lesiones producidas por el tiempo que permaneció bajo el agua, período de tiempo que…..si supera ciertos límites hace independiente el apoyo sanitario del que se disponga en ese momento”. Valoración probatoria que, resalta el Supremo, no se puede revisar en perjuicio del reo.

Y en cuanto a la actuación del comandante, indica la sentencia, entre otros aspectos, que el ámbito de la imprudencia punible “no alcanza supuestos en los que la intervención de terceros, tanto en el caso actual la de la víctima como la del suboficial que se encontraba presente cuando ocurrió el hecho, tiene una relevancia decisiva en la producción del daño, no previsible ni evitable por el jefe militar que simplemente controla a distancia la realización del ejercicio”.

Voto particular: el jefe del batallón debió ser condenado

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la han dictado que considera que el teniente coronel jefe del Batallón (hoy general de Brigada) debió ser condenado por delito de negligencia profesional o imprudencia, y que no debió aminorarse la indemnización en favor del lesionado como hizo la Sala de instancia, ya que considera que su conducta no tuvo nada que ver con la grave infracción del deber de cuidado que se cometió al ordenarse la realización del ejercicio de alto riesgo.

La juez Carmen Lamela propone juzgar a 48 personas, directivos de Bancaja y Banco Valencia y empresarios, por las inversiones inmobiliarias en México2018-08-06
En su auto, acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía

Autor Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propone juzgar a un total de 48 personas, entre ellas directivos de Bancaja y Banco de Valencia como el expresidente de ambas entidades, José Luis Olivas, y empresarios, por las inversiones inmobiliarias en México a través del llamado Grupo Grand Coral y que supusieron “una auténtica operativa de desfalco” de ambas entidades bancarias.

En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción, la magistrada considera que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

Lamela acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía y emplaza a las acusaciones a que en un plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones.

La magistrada explica que las entidades Bancaja y Banco de Valencia participaron, entre 2005 y 2009, en unas inversiones inmobiliarias en México formando parte del llamado Grupo Grand Coral (CGC) del que formaban parte también otros socios externos, inversiones muy diversas y de una “enorme magnitud económica”.

Señala de acuerdo con los informes de los peritos judiciales las entidades Bancaja y Banco de Valencia fueron los socios denominados “financiadores”, en tanto que los socios externos fueron accionistas denominados “promotores-gestores”, resultando que “los máximos responsables de Bancaja y Banco de Valencia favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado, en detrimento de dichas entidades, a los segundos, esto es, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch”.

La resolución enumera las operaciones sospechosas, entre ellas el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que Ferri, Baldó y Poch, indica, obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares, que sufragaron las entidades financieras y que se transfirió a sus cuentas en Andorra.

“En todas estas operaciones se comprueba que los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch”, asegura la juez, que indica que los ejecutivos de las entidades eran José Luis Olivas, así como los directores generales de Bancaja Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de banco de Valencia Domingo Parra. Añade que a los fines de la operativa de concesión de créditos colaboraban los gestores de nivel inferior vinculados a Bancaja y a sus participadas Actura y Bancaja hábitat y los gestores de Banco de Valencia y su participada Bavacu.

Olivas alentó las inversiones millonarias

Lamela subraya que José Luis Olivas conoció y alentó las inversiones millonarias que las entidades que presidía estaban realizando en CGC, que las lastraban y que, por el contrario, “suponían un continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó” de tal manera que estos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, pagaron a éste hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.

Señala la magistrada de que acuerdo con el informe de 3 de julio de 2017 de los peritos designados por el Banco de España y nombrados judicialmente, se han constatado múltiples irregularidades, ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, “constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Coral, lo que se valora en 750 millones de euros”.

Operativa de blanqueo de capitales en Andorra

En el curso de la instrucción, dice Lamela, se ha podido determinar la realización de una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta Summerville receptora de la “injustificable plusvalía” de la operación Zacatón y Piedras Bolas, que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldo y Poch.

Igualmente, señala la magistrada, a lo largo de la investigación se ha determinado que los Consejos de Administración de Bancaja que permitieron las operaciones “en claro menoscabo de la entidad” y que fueron los celebrados el 24 de octubre de 2005, el 19 de diciembre de 2006, el 24 de octubre de 2007 y el del 17 de diciembre de 2009.

Anulada una multidivisa colocada a un directivo asegurador2018-08-06
  • Que tenga responsabilidades en el mundo del seguro no implica que sea un experto en materia financiera", señala la sentencia
  • La escritura no detalla los riesgos de la fluctuación de la divisa y la comercial no explicó el riesgo de vencimiento anticipado en caso de devaluación del euro
  • No se entregó folleto informativo ni se realizaron simulaciones de escenarios

10 Julio 2018. El juzgado nº 53 de Madrid ha anulado una cláusula multidivisa de una hipoteca de Bankinter colocada a un directivo del sector asegurador por 455.000€ el 1 d agosto de 2008. La entidad alega que el cliente conocía por su profesión las características del producto, pero la sentencia considera que el hecho de que fuera master en gestión de empresas y directivo asegurador no le convertía en experto en materia financiera.

Legal Today

"La multidivisa es un producto muy complejo porque exige conocer tipos de interés ajenos al español y todas las consecuencias de la fluctuación de la moneda, no sólo sobre la cuota, sino lo más relevante, sobre el capital pendiente de amortizar", explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.

El letrado aportó en el juicio el cruce de correos entre el cliente y la entidad cuando el cliente se comunicó para informarse sobre un cambio en la nominación de la moneda de su hipoteca. "Pide información sobre el impacto en la cuota, pero no sobre el capital pendiente, cuestión muy relevante; por lo que probablemente no conocía el impacto que tendría efectuar el cambio", señala la sentencia. "Efectivamente, al cambiar la moneda de referencia del préstamo, se consolida la pérdida en el capital pendiente de amortización en caso de que se haya producido una devaluación del euro", explica Navas.

La sentencia considera que una persona media puede entender que la fluctuación de la moneda puede acarrear una pérdida "pero no que a pesar del pago puntual de la deuda el importe del préstamo puede aumentar de forma muy significativa". En opinión de Navas, "esta es la clave de todo: puede que estés pagando religiosamente tu hipoteca pero que al cabo de unos años debas más de lo inicialmente prestado".

La sentencia recuerda que el Supremo señala que la fluctuación de la moneda supone un "recálculo constante del capital pendiente de amortizar". Por eso considera que esta información es la clave para que el cliente entienda la carga económica que supone este tipo de préstamos. Y esa transparencia no se dio. Para empezar porque la misma escritura no especifica los riesgos que implica la fluctuación de la divisa. "Los señala de forma poco clara y comprensible", señala la sentencia.

Además, aunque el comercial del banco asegura haber informado de los riesgos y haber presentado simulaciones, la sentencia concluye que "no existe ningún documento que puede dicha información" y desconfía de su testifical. "Comprensible porque sigue siendo empleada del banco y quiere seguir siéndolo", señala Navas. Tampoco se entregó folleto informatrivo, según concluye la sentencia.

Por otra parte, la información posterior remitida por el banco no detalle el contravalor en euros del capital pendiente de amortización. "De esta manera el cliente cree que como está pagando las cuotas, está amortizando capital, aunque puede que en su contravalor en euros eso no esté pasando", explica el socio-director de navascusi.com.

La sentencia concluye que no existe transparencia porque no se explica con detalle la carga económica (sacrificio patrimonial) y jurídica que implica para el cliente. "No conoció con antelación y de manera precisa y compresible las consecuencias de su contrato" De esta manera, el cliente no pudo tomar una decisión "cabal y prudente" porque no tuvo un "conocimiento real".

Además, la sentencia afea que tampoco se informara sobre la posibilidad de que el banco anticipara el vencimiento del préstamo en caso de devaluación del euro. La empleada que comercializó la hipoteca reconoció que no informó de dicha posibilidad. "Supone un serio riesgo para el consumidor pese a no haber incurrido en incumplimiento contractual", señala el fallo. "La gente no sabe que el banco se reserva la posibilidad de rescindir el contrato y de echarte de tu casa si hay una devaluación del euro -de la que eres absolutamente ajeno-  y no eres capaz de cubrirla", lamenta Navas.

El banco también trató de defenderse alegando a los actos propios: como los clientes pagaron su cuota, confirmaron su voluntad de contratar. La sentencia recuerda el fallo del Supremo del 24 de julio de 2006 en la que señala que "el mero conocimiento de la causa de nulidad no implica su aceptación". Recuerda también que los actos propios deben de ser "inequívocos" y no "ambiguos o inconcretos". Y en este caso, apunta el socio-director de navascusi.com, "es evidente que el cliente desconocía el impacto de la fluctuación euro/yen respecto al capital pendiente y que su voluntad era de cumplir; no se puede sancionar por querer cumplir".

Por último, Bankinter trata de alegar el control notarial, pero el falo del 53 de Madrid recuerda que el Supremo ya ha señalado que no es el momento más adecuado para que el cliente revoque su decisión y que el control notarial "no suple la obligación informativa del banco". Asi que concluye decretando la nulidad de la cláusula multidivisa y obliga al banco a rehacer los pago y cuadro de amortizaciones como si la hipoteca se hubiera firmado en euros desde el primer momento.

"Una sentencia relevante porque deja claro que la multidivisa es un producto altamente complejo y especulativo y que para comprenderlo el banco debe de asegurarse que el cliente comprende la totalidad de riesgos que implica. Ni siquiera un directivo de seguros está capacitado para comprender la complejidad financiera que implica la multidivisa", concluye el socio-director de navascusi.com.

El Tribunal Supremo confirma la legalidad de la colegiación de oficio para evitar el ejercicio irregular de los profesionales2018-08-03

El sistema de los colegios profesionales en España prevé el requisito de colegiación para aquellos profesionales cuyo ejercicio afecta a derechos de los ciudadanos introduciendo el cumplimiento de normas específicas de la profesión tanto a las exigencias de titulación como al cumplimiento de un código deontológico. Los colegios profesionales tienen atribuida por ley la función deontológica, siendo los colegiados, los sujetos obligados al cumplimiento de la normas recogidas en el código deontológico. Sin embargo, esta aplicación se viene planteando por extensión a los profesionales, que debiendo estar colegiados, no cumplen dicho requisito. La función deontológica, en su vertiente disciplinaria,  implica asimismo un régimen de faltas y sanciones para hacerlo efectivo.

La colegiación es una garantía para los propios colegiados y para los beneficiarios de los servicios que éstos prestan. Sin embargo, se  viene dando en ocasiones, que hay personas con un título académico que ejercen una profesión, sin estar colegiado, cuando está previsto el requisito de colegiación. Este tipo de ejercicio es el que se denomina irregular puesto que está afectando negativamente a los derechos ciudadanos por no estar bajo el control legalmente previsto.

Este ejercicio irregular ha venido siendo contemplado por la doctrina y particularmente por el Tribunal Supremo, que en algunas sentencias (STS de 11 de noviembre de 1992 -RJ 1992/8667-y STC 8 de marzo de 1996 -RJ 1996/2267-), ha explicitado que «dicha potestad disciplinaria- de los colegios profesionales- debe entenderse de modo amplio, de manera que suponga un robustecimiento de los poderes públicos del Colegio profesional». Ello nos lleva a contemplar la aplicación de la potestad disciplinaria de los colegios profesionales a aquellos que ejercen la profesión correspondiente sin estar colegiados.

Esta cuestión ha sido tratada también en diversas ocasiones por la doctrina y en particular, fue recogida en el estudio «La función deontológica de las organizaciones colegiales y su impacto económico y social. Garantía de los derechos de los consumidores y usuarios» (Unión Profesional. Diciembre 2016). En él se contemplan como sujetos de aplicación del código deontológico tanto los colegiados como lo que pudieran ejercer la profesión irregularmente.

ÚLTIMA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El asunto se ha puesto nuevamente de manifiesto con motivo de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio del 2018 en la que se determina que el Reglamento de Régimen Interior del Colegio de Ópticos y Optometristas del Colegio de la Comunidad Valenciana, responde a la legalidad en cuanto que prevé la apertura de un expediente instando de oficio la colegiación, en la medida que este «no se dirige a imponer o sustituir la voluntad del interesado en la decisión de ejercer la profesión colegiada sino a exigir que quien ha decidido y se halla en el ejercicio de la misma se sujete a la obligación de colegiación legalmente establecida y ello en virtud de las facultades que la Ley atribuye al colegio profesional en garantía y tutela del interés público valorado por el legislador al establecer tal obligación de colegiación».

Se presentó en junio pasado una proposición de Ley de modificación de la Ley de colegios profesionales de la Comunidad Valenciana, actualmente en trámite, que atribuye la potestad sancionadora en el caso del ejercicio irregular (de profesiones colegiadas sin estar colegiado), a la administración pública competente.

Según establece la exposición de motivos «la normativa autonómica valenciana debe dar respuesta a una situación no deseable como es que las personas con sanción firme de no ejercicio de la profesión colegiada o personas que ejercen la profesión sin cumplir con el requisito de colegiación obligatoria, cuando la normativa que la regule lo exija, continúe ejerciendo». Se pretende por tanto garantizar la eficacia del mandato legal y proteger los derechos ciudadanos posibilitando la eficacia de las sanciones impuestas.

Justicia recupera la política de reconocimiento y reparación moral a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo2018-08-03

La Dirección General de Memoria Histórica revisará las solicitudes de reconocimiento no tramitadas o denegadas por el anterior equipo ministerial.

El Ministerio de Justicia ha retomado la política de reconocimiento y reparación moral de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo iniciada con la promulgación de la Ley 52/2007, conocida como de la memoria histórica, y que había sido abandonada por el anterior equipo ministerial. La ministra Dolores Delgado ha entregado hoy a Cristina Calandre Hoenigsfeld la declaración de reparación y reconocimiento personal a su abuelo, el médico Luis Calandre Ibáñez, destacado cardiólogo durante la II República represaliado por la dictadura franquista.

El pasado 8 de julio, Cristina Calandre reclamó por escrito a la recién creada Dirección General de Memoria Histórica del Ministerio que se honrase la historia del Hospital de Carabineros, dirigido por su abuelo entre 1937 y 1939. El centro estuvo abierto en pabellones pertenecientes a la Residencia de Estudiantes, donde el doctor Calandre Ibáñez fue director del laboratorio de anatomía microscópica.

Con anterioridad, Cristina Calandre había solicitado en enero de 2013 al entonces ministro de Justicia y en mayo de 2018 al Congreso de los Diputados la derogación del decreto de 19 de mayo de 1938 que disolvió la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), institución científica de la que su abuelo fue subdelegado entre 1938 y 1939. Ambas peticiones fueron desatendidas. 

El director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, ha mantenido hoy un encuentro con Cristina Calandre en la sede del Ministerio para conocer de primera mano sus peticiones, cuya viabilidad prometió estudiar. A la reunión se sumó la ministra Delgado, que hizo entrega a Cristina Calandre de la declaración de reparación y reconocimiento personal a la memoria de su abuelo, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 52/2007 que reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

El derecho a obtener la reparación moral del cardiólogo Calandre Ibáñez se fundamenta en que fue sometido a dos procesos militares con sendos consejos de guerra por permanecer leal a la legalidad republicana. Absuelto en el primero de ellos, el Colegio de Médicos de Madrid forzó el segundo juicio, en el que fue condenado a doce años y un día de reclusión menor, pena que fue conmutada por la de seis años y un día de prisión mayor, por haber dirigido el Hospital de Carabineros y ocupado cargos de confianza durante la II República. El tribunal militar consideró que esos hechos eran constitutivos de un delito de auxilio a la rebelión por el que también le impidió acceder a cargos de responsabilidad política a perpetuidad. Además, el Colegio de Médicos le sancionó a su vez con cinco años de inhabilitación en Madrid.

Revisión

El certificado de declaración de reparación y reconocimiento personal entregado hoy a Cristina Calandre es el número 2.475 de los expedidos por el Ministerio de Justicia desde la promulgación de la Ley 52/2007.  Entre 2009 y 2011 se expidieron 1.355 títulos similares, pero a partir de ese año el ritmo decayó y entre 2012 y 2018 solo se han entregado 1.120, veinte de ellos durante este mismo año.

La Dirección General de Memoria Histórica trabaja en la recuperación de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, suprimida por el Gobierno en marzo de 2012. Uno de sus primeros cometidos será determinar cuántas solicitudes de certificación quedaron sin tramitar o fueron rechazadas y darles trámite o revisar la resolución adoptada en su día.

¿Qué pasa con el dinero que adelantaste por la compra de una vivienda que nunca se entregó?2018-08-03

Durante los peores años de la crisis, miles de personas pagaron elevadas cantidades por la compra de una vivienda sobre plano que jamás llegó a construirse y, lo que es más grave, se tuvieron que resignar a perder el dinero adelantado debido a que muchas promotoras se declararon insolventes.

José Luis Parrondo,
LABE Abogados

Para evitar responsabilizarse, la banca esgrimió en su momento que "su papel era de tercero y ajeno a la relación entre comprador y vendedor", por lo que toda responsabilidad debía recaer sobre las promotoras. No obstante, el Tribunal Supremo rechazó este argumento al dictar una sentencia el 13 de enero de 2015 en la que señalaba que tienen "un especial deber de vigilancia sobre el promotor al que concede el préstamo a la construcción", lo que les obliga a devolver el dinero adelantado por clientes a promotores.

Esta sentencia bebe de la Ley 57/1968 sobre recuperación de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, aprobada tras el caso ‘Nueva esperanza', que obligó a los bancos a tener avalada la cantidad entregada a cuenta para la vivienda, requisito que se ha incumplido en numerosas ocasiones (Artículo 1 Ley 57/1968):

Primera.- Garantizar la devolución de las cantidades entregadas más el seis por ciento de interés anual, mediante contrato de seguro otorgado con Entidad aseguradora inscrita y autorizada en el Registro de la Subdirección General de Seguros o por aval solidario prestado por Entidad inscrita en el Registro de Bancos y Banqueros, o Caja de Ahorros, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido.

Segunda.- Percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas. Para la apertura de estas cuentas o depósitos la Entidad bancaria o Caja de Ahorros, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior.

La Sentencia TS (Sala 1.ª) de 13 enero 2015, Rec. 2300/2012, declara que "es obligación exclusiva del promotor-vendedor ingresar las cantidades anticipadas por los compradores en la cuenta especial, que el referido promotor debe abrir". La Sentencia TS (Sala 1.ª) de 21 diciembre 2015, Rec. 2470/2012, fija la siguiente doctrina jurisprudencial: "En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad".

La Sentencia TS (Sala Primera) de 12 septiembre 2016, Rec. 1933/2014, fija la siguiente doctrina: "las garantías legales de las cantidades anticipadas para adquisición de viviendas que regula la ley 57/1968 y disposición adicional primera de la LOE se extienden a aquellos supuestos en que el contrato de compra-venta no llega a buen fin, por declararse nulo por vicio invalidante del consentimiento al haber ocultado el promotor-vendedor al comprador la existencia de vicios de la edificación de naturaleza urbanística".

En los casos en los que ya se haya resuelto el contrato con la promotora y no se haya podido obtener la reintegración de las cantidades, lo normal es que se pueda demandar directamente al banco, al igual que en aquellos casos en los que la promotora está en concurso de acreedores y se ha indicado la imposibilidad de finalización o entrega de la obra.

Sin embargo, es aconsejable demandar conjuntamente a la promotora y a la entidad de crédito en los casos en los que se ha producido un pequeño retraso en la entrega o iniciación de la vivienda o en los que el contrato de compraventa no se le atribuye al retraso trascendencia resolutoria de forma clara.

Es importante recalcar que no se puede reclamar judicialmente por la compraventa de cualquier tipo de inmueble; sólo por las destinadas a domicilio o residencia familiar, con carácter permanente o bien a residencia de temporada, accidental o circunstancial, lo que excluye a las Viviendas de Protección Oficial (VPO)

Para iniciar la reclamación hay que acreditar que había un compromiso de iniciación o  entrega de la vivienda en un plazo determinado que ha sido incumplido por el promotor, que se han realizado ingresos en concepto de cantidades entregadas a cuenta en la cuenta corriente aperturada por la promotora en la entidad de crédito y que estas cantidades no están aseguradas.

Por último, la reclamación se puede realizar como máximo hasta octubre de 2020, teniendo en cuenta el plazo de prescripción de 15 años del código civil desde el momento en que se produce el incumplimiento de entrega por la promotora en relación con la reforma de octubre de 2015 que redujo ese plazo a 5 años. No obstante, hay casos excepcionales en los que la fecha límite puede variar. Por ello, siempre es aconsejable consultarlo con un despacho lo antes posible.

Un juzgado contencioso de Oviedo determina que el empadronamiento no puede ser un requisito excluyente para acceder a las becas municipales de comedor2018-08-02
La sentencia señala que el lugar de trabajo del padre, que le dio acceso al colegio, equivale al lugar de residencia para que le asignen este tipo de ayudas

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo ha dictado una sentencia en la que determina que todos los niños que estudien en los colegios públicos del municipio tienen derecho a las becas de comedores que otorga el Ayuntamiento si cumplen los requisitos exigidos, con independencia de que estén empadronados en el municipio o no. La sentencia estima las pretensiones de los padres de un menor empadronado en Lugo de Llanera, donde reside la familia, y que acude a clase a un centro de Oviedo, donde trabaja uno de sus progenitores.

La pareja recurrió el pasado 27 de abril el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital del Principado que desestimaba el recurso de reposición presentado por ellos mismos anteriormente en contra de la resolución de la convocatoria de becas para comedores escolares.

En la resolución el magistrado reconoce el derecho de los reclamantes "a que su solicitud de ayuda de comedor escolar sea admitida y tramitada recibiendo, en caso de cumplir el resto de requisitos, la subvención que proceda". Para el juez, "si el objetivo de las ayudas es garantizar el acceso de todos los niños a los comedores escolares de los colegios del municipio, no tiene sentido hacer diferenciaciones entre los que están empadronados y los que no, e incluso dejar fuera de la convocatoria a los menores que tengan una situación económica peor a la del resto".

Conciliación

Además, toma en consideración la "realidad social" de la región, en la que no es "infrecuente" que para conciliar la vida laboral y familiar los niños acudan a centros escolares que no les corresponden atendiendo a su lugar de residencia, sino a otro más próximo al trabajo de sus padres. De hecho, el juez destaca que ese dato, el de la ubicación del centro de trabajo de los progenitores, es equivalente a la dirección del domicilio como criterio de admisión a un colegio.

La sentencia refleja que sería "un contrasentido que niños que asisten a un mismo comedor y que están sentados en la misma mesa" sean diferenciados cuando la situación económica de sus familias es similar. El juez entiende que los alumnos superan "criterios de admisión que, una vez cumplidos, se considera que deben situar a los niños en igualdad de condiciones". Los demandantes consideraban en su demanda que el Ayuntamiento estaba vulnerando "el principio de igualdad".

El Tribunal Supremo considera accidente laboral el sufrido por una mariscadora de Galicia durante el traslado del producto a la lonja2018-08-02
El alto tribunal considera que el desplazamiento del marisco no es una actividad complementaria e instrumental, como pretendía la Seguridad Social

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado que el accidente de tráfico sufrido por una mariscadora autónoma en el traslado del marisco desde la playa de extracción a la lonja debe ser considerado accidente laboral, porque es consecuencia directa e inmediata de su trabajo. El Supremo estima que forma parte de la actividad profesional propiamente dicha de la mariscadora, y no es una actividad complementaria e instrumental, como pretendía la Seguridad Social.

El tribunal desestima el recurso de casación que interpuso, para unificación de doctrina, el Instituto social de la Marina, La Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social contra una sentencia del TSJ de Galicia de 30 de enero de 2017, que reconoció como accidente laboral el sufrido en Vilanova de Arousa (Pontevedra) por una mariscadora autónoma gallega, cuando trasladaba el marisco desde la playa de O Terrón a la lonja de Vilanova para su comercialización.

La trabajadora circulaba en un vehículo de la Cofradía de Mariscadores -conducido por la patrona mayor de la Cofradía-, siguiendo un turno establecido entre los cofrades, para trasladar, supervisar y controlar el marisco que se depositaba en la lonja para su comercialización. Por el accidente causó baja laboral durante cuatro meses, con diagnóstico de cervicalgia.

La Seguridad Social en su recurso de casación rechazaba que el accidente pudiese calificarse como de trabajo, ya que ocurrió durante una actividad instrumental o complementaria como, según su criterio, era el traslado del marisco a la lonja. Para ello, presentaba como sentencia de contraste el caso de un patrón de una embarcación, también en el régimen de autónomos, que fue atropellado cuando se dirigía a un establecimiento para comprar una pieza de su barco. El tribunal de Asturias que analizó la demanda del patrón concluyó que no se trataba de accidente de trabajo.

Después de analizar los dos casos, la Sala de lo Social concluye que en el supuesto de la mariscadora, sí existe una vinculación entre la “actividad extractiva” del marisco y su posterior comercialización, al objeto de garantizar “la trazabilidad del producto desde su extracción hasta la venta en lonja”. Para el tribunal resulta “meridianamente claro – a nuestro juicio- que el traslado del marisco a la lonja, garantizando aquella obligatoria trazabilidad que consintiese su reglamentaria comercialización, formaba parte de la actividad productiva que como Mariscadora correspondía a la demandante, de forma que el accidente de tráfico sufrido en tales circunstancias comportaba el declararlo AT (Accidente de Trabajo), en tanto que desencadenado “como consecuencia directa e inmediata del trabajo” y “durante el tiempo y en el lugar del trabajo”.

Respecto a la sentencia de contraste, la Sala distingue entre el accidente sufrido por el patrón, cuando desarrollaba “una actividad complementaria o instrumental” ( la de reparar una avería en la embarcación) y la actividad en la que se produjo el accidente de la mariscadora, que era la de garantizar la obligatoria trazabilidad del producto para su comercialización, por lo que ambos casos no se pueden equiparar porque no concurre la identidad sustancial que exige el juicio de contradicción.

M. Ángeles Jaime de Pablo: “La sensación de que el ideario machista impera más en el poder judicial que en la sociedad en general es preocupante”2018-08-02

Por María José Cámara

María Ángeles Jaime de Pablo, nueva presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, es abogada ejerciente del Colegio de Abogados de Madrid. Esta letrada conoce bien la Asociación que ahora preside, ya que ha estado vinculada como socia desde 1991, formando parte del servicio de asesoramiento de género y colaborando con los programas estatales de Asistencia Jurídica Gratuita a mujeres. Asimismo, ha desempeñado, en distintos períodos, el cargo de vicepresidenta de Themis.

Consciente de los desafíos por los que atraviesa la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, ha ejercido como docente en cursos de especialización y formación en violencia de género, siendo coordinadora del grupo de trabajo del Observatorio Estatal sobre Violencia de Género sobre evaluación de aplicación de la normativa aplicable (2012-2014).

  1. ¿Qué nuevos retos se propone como presidenta de la Asociación?

Como organización de juristas feministas llevamos más de treinta años reclamando la incorporación de la perspectiva de género en la Administración de Justicia y, afortunadamente, en los últimos tiempos, esta reivindicación es ya un clamor.
Por ello, en esta etapa, que comienzo como presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, continuaremos trabajando para que el enfoque de género tanto en la actuación letrada como en todo el Derecho sea una verdadera realidad.

También desde la Asociación seguiremos apostando por una formación especializada con perspectiva de género, que nos permita transmitir la experiencia y práctica procesal a las juristas más jóvenes. Ellas deben tomar el relevo en nuestra lucha.

  1. ¿Cuáles han sido los logros más destacables que ha conseguido Themis desde su fundación en 1987?

En tantos años de labor me resulta difícil mencionar uno solo, porque Themis ha  conseguido varios hitos importantes.  Antes de la constitución de la Asociación, fue clave el papel de muchas de nuestras socias fundadoras. Con nuestra primera presidenta, Alicia Herrera Rivera, se promovió la inclusión en la Constitución de 1978 del principio de igualdad entre hombres y mujeres como rector del ordenamiento jurídico, la prohibición de discriminación y el mandato a los poderes públicos para la promoción activa de la igualdad de oportunidades.

Ya con la Asociación creada, fue especial la comparecencia de Alicia Herrera Rivera en el Senado en 1988, para informar sobre el desamparo que las mujeres víctimas de violencia de género sufrían frente a la ley española, ya que con su comparecencia se dio el primer paso para visibilizar los malos tratos que las mujeres padecían y a exigir a los poderes públicos su protección integral. Otro logro importante, fue en 1989 al conseguir la introducción del delito de impago de pensiones.

También Themis fue pionera al realizar el primer trabajo de investigación de procesos judiciales por violencia intrafamiliar. Esta investigación de más de 3.000 procesos judiciales, realizada altruistamente por treinta abogadas de la Asociación, entre las que me encontraba, fue el primer trabajo que ofreció estadísticas sobre esta materia en nuestro país.  Este esfuerzo se materializó en el libro “Respuesta Judicial a la Violencia Familiar” (1999). Igualmente, Themis fue promotora en la puesta en marcha de la orden de protección y sus modificaciones posteriores en el formulario de su solicitud.

Desde entonces la Asociación ha reivindicado y reivindica, a veces con éxito, mejoras en la ley y en su interpretación, que salvaguarden los derechos fundamentales que amparan a toda persona, también a las mujeres, que sufren vulneraciones específicas en la familia. Y ello a través de nuestra presencia en observatorios institucionales y foros, comparecencias en Parlamentos estatal y autonómicos, reuniones, llevanza de litigios estratégicos, intervención en medios de comunicación y formación jurídico-feminista. También reclamamos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los órdenes, combatiendo la brecha salarial, la corresponsabilidad de los cuidados a infancia y dependencia, la eliminación del techo de cristal y el uso de un lenguaje jurídico inclusivo, combatiendo los falsos igualitarismos, que ahondan en la desigualdad, como la custodia compartida impuesta.

  1. ¿Considera que la sociedad española sigue teniendo un ideario machista?

Por supuesto. Todavía están muy arraigados los estereotipos machistas que están obstaculizando alcanzar la plena igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres, que persigue el feminismo. La sensación de que el ideario machista impera más en el poder judicial que en la sociedad en general es preocupante. Por ello, desde la Asociación dedicaremos esfuerzos para implementar definitivamente la perspectiva de género en el Derecho y en la Administración de Justicia.

Por otra parte, no creo que la sociedad española sea más machista que otras, como por ejemplo, la francesa. No olvidemos que en España conseguimos el derecho al voto en 1931, catorce años antes que en Francia. Tras la Dictadura los avances sociales e hitos legislativos han sido verdaderamente notables. A pesar de haber conseguido grandes avances, quedan otros muchos, por eso, a todos los niveles debemos promocionar e instaurar la coeducación en igualdad de género para conseguir una sociedad democrática entre mujeres y hombres.

  1. La Asociación realiza una importante tarea en materia de formación jurídica, ¿a quién va dirigida? ¿cómo contribuye esta herramienta formativa en su tarea de luchar contra la discriminación entre mujeres y hombres?

La formación impartida por Themis va destinada a nuestras socias y a todas las personas interesadas en un conocimiento jurídico especializado sobre diversos temas de interés relativos al Derecho y a las mujeres.

Para esta Asociación de Mujeres Juristas es fundamental la formación especializada desde una perspectiva de género como herramienta jurídica para corregir disfunciones en la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de las mujeres. Queremos consolidar con la formación una doctrina jurisprudencial, que garantice el amparo judicial ante sus vulneraciones. También, difundir aspectos novedosos de la legislación y una praxis procesal, que permita una mejor defensa de los derechos de las mujeres.

  1. Los convenios internacionales como el CEDAW o los aprobados por el Consejo de Europa regulan la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. ¿Qué trascendencia tienen los estereotipos de género en la adopción de decisiones judiciales?

En el ideario colectivo los estereotipos de género nacieron en la antigüedad para justificar un orden social y legal patriarcal, en el que las mujeres carecían de toda  capacidad jurídica. Las mujeres estaban relegadas al espacio doméstico y tenían una situación de subordinación respecto de los hombres.  La violencia contra las mujeres se naturalizó y legitimó como herramienta para perpetuar esta situación de subordinación, tanto en el espacio doméstico como en social. A lo largo de la historia, por fortuna, siempre ha habido voces, especialmente de mujeres, que se han alzado contra estas injusticias y discriminaciones.

Sin embargo, estos valores siguen vigentes en la sociedad y los operadores jurídicos están plasmándolos en las resoluciones judiciales y con ello, están contribuyendo a perpetuarlos y justificarlos. Sin ir más lejos, por ejemplo, aún hoy existe un estereotipo que asocia a los agresores de género con determinadas patologías mentales, alcoholismo, marginalidad social o económica, etc.

Asimismo, por ese imaginario machista vigente se relativiza la falta de consentimiento expreso a un contacto sexual, porque entiende que las mujeres expresan negativa a relaciones sexuales por el pudor o para reactivar el deseo masculino, cuando en realidad quieren decir sí. O el de que una mujer que ha mostrado su atracción por un hombre ha de soportar cualquier contacto o actividad sexual que quiera imponerle éste.

  1. En nuestro país, recientes sentencias como la del caso de “La Manada” han suscitado un fuerte de debate en materia de legislar y juzgar desde una perspectiva de género. ¿Están los profesionales jurídicos formados en materia de igualdad de género?

Obviamente no en su mayor parte, a pesar de los esfuerzos formativos realizados desde hace muchos años por parte de las organizaciones e instituciones que promueven la igualdad. Sin embargo, esta formación no es obligatoria, ni evaluable y solo recientemente se ha introducido en el temario de la oposición de acceso a la carrera judicial. Y, hoy por hoy, a modo de ejemplo, no existe una prueba de evaluación de una capacitación específica para ocupar plazas en un juzgado de violencia.

Solo así se explica que un magistrado perciba jolgorio y goce sexual y se permita además expresarlo en estos términos en un voto particular. Cuando las mujeres y la mayor parte de los hombres ven una agresión sexual con intimidación, en la que la víctima solo quería que todo acabase cuanto antes, y los agresores le roban el móvil para impedir que pueda pedir ayuda inmediata.

  1. La nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha decidido ampliar el objeto del análisis encomendado a la Comisión General de Codificación que plantea, entre otras cuestiones, una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género. ¿Es necesario promover reformas legislativas?

Previamente a abordar las bases de cualquier reforma, es conveniente resaltar que la falta de amparo judicial de los derechos fundamentales a la libertad y dignidad humanas, que ha percibido el movimiento feminista con el caso  de “La Manada”, no concernía tanto a deficiencias en las previsiones legales como a los parámetros valorativos de interpretación judicial.

Tanto en el  desarrollo del juicio como en la sentencia se ha reproducido y naturalizado estereotipos de dominio-sumisión, como eje de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, explicando así que la resolución y sobre todo el voto discrepante, contengan un relato y valoración de la prueba con expresiones humillantes y vejatorias para la víctima, y, por ende, para todas las mujeres.

Sin que el poder judicial aborde esta cuestión con honestidad y con perspectiva de género, difícilmente se va avanzar solamente con la reforma legal en el reconocimiento de la autodeterminación de las mujeres, así como en la igualdad en la capacidad de decidir sobre las relaciones sexuales.

Y, en materia de delitos contra la libertad sexual creemos que hay que poner fin a la actual diferenciación entre agresión  y abuso bajo un único tipo, que se podría llamar violación o atentado. En el que los elementos fácticos fundamentales para individualizar la pena sean: la falta de consentimiento, el ataque más o menos virulento a la libertad y la dignidad humanas, la intensidad, características y duración del contacto sexual impuesto, así como, la vulnerabilidad de las víctimas.

También penalizar con mayor gravedad el acoso sexual, aunque en España no haya habido un movimiento similar al #MeToo,  ya que, a pesar de la devastación que sufren sus víctimas, prácticamente todas las condenas por acoso sexual se saldan con una multa, establecida como pena facultativa en nuestro Código Penal.

Y sin perjuicio de las mejoras que traigan nuevas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en opinión de Themis, es prioritario que se asegure el cumplimiento de las previsiones del Estatuto de la Víctima aprobado en 2015, que modificó muchos de su preceptos para evitar la revictimización dentro del proceso judicial. Preceptos cuyo seguimiento es desigual en los juzgados.

  1. El Congreso de los Diputados ha tramitado la Proposición de Ley relativa a la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento ¿Qué trascendencia jurídica puede tener esta medida, y cómo contribuirá a una mayor equidad?

La proposición de ley, aprobada por unanimidad en el Congreso, sobre permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles es una magnífica noticia, ya que permite instaurar la corresponsabilidad en los cuidados desde que las criaturas vienen al mundo. Es la forma de construir igualdad desde el principio.

Sin embargo, la doctrina judicial relativa a la custodia compartida impuesta, además de invadir competencias del poder legislativo, ha sido una medida igualitarista, que se ha aplicado causando más males que remedios. En ningún momento esta doctrina menciona, por ejemplo, las estadísticas del INE, que revelan las notables diferencias entre padres y madres en cuanto a abandono del mercado laboral, jornadas reducidas o a tiempo parciales, los permisos por cuidado de hijos e hijas, etcétera.

  1. Los expertos alertan sobre cómo afecta la violencia de género en las chicas más jóvenes. Desde la Asociación, ¿han notado un cambio en la evolución de los perfiles de mujeres que demandan asistencia jurídica?

Sí. Con el avance vertiginoso de las nuevas tecnologías se crearon distintos escenarios, generando nuevas formas de maltrato, que afectan especialmente a las adolescentes, que están sufriendo en extremos insospechados control, acoso, amenazas, hostigamiento, etc.  Ante estas nuevas situaciones de violencia de género, generadas por las tecnologías de la comunicación y las redes sociales, se tipificaron conductas como el acecho u hostigamiento en la reforma del Código Penal, mediante la Ley Orgánica 1/2015.

También me preocupa que, en cuanto a los delitos contra libertad sexual ha surgido como gran obstáculo la redoblada capacidad actual de la industria del sexo a través de la prostitución y de la pornografía para sustentar y perpetuar los estereotipos de dominio-sumisión como patrón de las relaciones sexuales, y que pone de relieve la necesidad de llevar a cabo políticas educativas de prevención en la infancia.

  1. En la actualidad, las mujeres representan un 53% de jueces y magistrados en activo, sin embargo, su presencia en los cargos de poder es mínima. ¿Qué mecanismos se deben promover para frenar las desigualdades existentes?

La judicatura está integrada mayoritariamente por mujeres, como revelan los datos. Por esta razón, es fundamental instaurar medidas de conciliación y corresponsabilidad, además de atender a los méritos indiscutibles de juezas y magistradas. También es necesario poner fin en la designación de los cargos de poder, a las interferencias del poder ejecutivo y el poder legislativo ajenas a tales méritos.

Más de 3.100 abogados ya tramitan online las reclamaciones de sus clientes por accidentes de tráfico2018-08-01
  • Los abogados que realicen tramitaciones dentro del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita no deberán abonar los gastos de reclamación (1 euro) o de certificado (3 euros)

Más de 3.110 abogados ya están tramitando las reclamaciones de sus clientes sobre accidentes de tráfico de forma online, con un total de 5.713 solicitudes realizadas desde enero de 2018.

Desde el 1 de enero de 2018, los abogados están tramitando por vía telemática ante las aseguradoras las reclamaciones de sus clientes para el pago de indemnizaciones por accidentes de tráfico con daños personales. Este programa contribuye a reducir la litigiosidad por siniestros de circulación con víctimas.

Siete meses después de la puesta en funcionamiento de este servicio 3.110 abogados se han dado de alta para tramitar on line las reclamaciones de sus clientes por accidentes de tráfico. Así mismo, los 83 Colegios de Abogados existentes en España cuentan con abogados que se han dado de alta en este sistema de tramitación electrónica. Hasta finales de julio se han realizado por los abogados un total de 5.713 reclamaciones de clientes, de las cuales 5.687 son con lesionado y 26 con fallecidos; y se han solicitado 368 certificados de la solicitud.

El Consejo General de la Abogacía Española y UNESPA han desarrollado, a través de la empresa informática TIREA, una plataforma que permite a los letrados comunicarse de forma telemática y segura con las aseguradoras de los vehículos que se han visto implicados en un siniestro de circulación con víctimas.

Hay que recordar que la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, modifica el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el RD Legislativo 8/2004 de 29 de octubre estableciendo en su artículo 7.1 la obligación, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, de comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda.

Hasta la fecha, 28 entidades aseguradoras se han dado de alta en el servicio, de las cuales Mapfre España ha recibido 1.358 reclamaciones; Allianz, 821 y Axa Seguros, 496, siendo las tres aseguradoras con más reclamaciones.

El coste del servicio para el abogado es de 1 euro por expediente que se inicie y 3 euros por certificado para aportar en juicio, cantidades que incluyen el IVA. Los abogados que actúen dentro del Turno de Oficio están exentos de abonar los gastos de reclamación o certificado.

MÁS INFORMACIÓN PARA ABOGADOS SOBRE EL SERVICIO

José María Alonso pide a Policía y Delegación del Gobierno que se respete el derecho de los abogados a acreditarse con el carnet profesional2018-08-01
  • “Cómo voy a defender a los demás si no defiendo antes mis propios derechos”
  • Letrados madrileños denuncian ante el área de Defensa de la Abogacía del ICAM el trato desconsiderado que sufren en algunas dependencias policiales antes de las asistencias
  • El decano José María Alonso solicita a Policía y Delegación del Gobierno que se respete el derecho de los abogados a acreditarse con el carnet profesional expedido por el Colegio de Madrid

Domingo por la tarde. Tras haber realizado dos asistencias en las dependencias policiales de Vallecas y Hortaleza, una letrada del Turno de Oficio recibe una llamada desde el Colegio de Abogados de Madrid para asistir a otra víctima de violencia de género. La abogada, que acumula más de 15 años de ejercicio profesional, se dirige esta vez al distrito de Carabanchel.

En la comisaría, un agente considera que su carnet profesional no sirve para acreditar su condición de letrada y le exige mostrar el Documento Nacional de Identidad para poder asistir a la víctima. Cuando la abogada, en base a lo acordado por la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial el pasado 23 de enero de 2018, reivindica su derecho a acreditarse mediante el carnet de colegiada y a exhibir el DNI sólo a efectos identificativos, recibe amenazas y vejaciones por parte del agente.

“Fue bastante bochornoso y notorio que hubo un abuso de poder y coacciones por parte del agente. Veía que me detenía, porque yo tenía claro que no daba el DNI”, declaró la abogada. “Con la víctima delante, el agente me preguntaba si no me daba vergüenza no querer dar el DNI, y yo le respondía que cómo iba a defender a los demás si no era capaz de defender mis propios derechos”, afirmó la letrada del Turno, respaldada en todo momento por el Colegio a través de la diputada que estaba de guardia.

Finalmente, incumpliendo el acuerdo alcanzado en la Comisión Provincial, el agente incorporó en el atestado el número de DNI de la letrada, quien, además de poner una queja en comisaría, trasladó la incidencia al área de Defensa de la Abogacía del ICAM. El Colegio, una vez analizada la queja, dará amparo a la colegiada.

El ICAM protesta a la Policía y a la Delegación del Gobierno

Ante la reiteración de incidencias remitidas al departamento de Defensa de la Abogacía relativas a la persistencia en algunas comisarías, en contra de lo acordado por la Comisión de Coordinación de Policía Judicial el pasado 23 de enero de 2018, de exigir la exhibición del DNI a los letrados y letradas en el momento de comenzar la declaración del detenido, el decano José María Alonso ha solicitado al Director General de la Policía y al Delegado de Gobierno que se adopten las medidas oportunas.

Toda vez que, tras la identificación para acceder a las dependencias policiales, los abogados y abogadas no deben tener que acreditar su condición salvo con la exhibición de su carnet profesional, el Colegio ha remitido las referidas comunicaciones en la confianza de que se procederá a finalizar con estas prácticas y se dará cumplimiento debidamente al referido acuerdo de dicha Comisión de Coordinación de Policía Judicial cuando se traten temas que afecten a la profesión.

En dicho acuerdo, por unanimidad de los asistentes, se solicita que en el ámbito de la Comunidad de Madrid se tomen “las medidas necesarias para que la identificación del abogado que realiza la asistencia letrada al detenido se lleve a cabo a través del carné profesional expedido por el Colegio de Abogados”.

Teniendo en cuenta que algunas dependencias han informado al ICAM de que “no constan instrucciones de servicio nuevas al respecto”, el decano considera imprescindible que se adopten las medidas necesarias “para que todas las comisarías tengan conocimiento de las medidas acordadas con el fin de evitar la sucesión de incidencias sobre este asunto que tantas molestias innecesarias ocasiona a nuestros colegiados y colegiadas”.

El TSJ de Asturias confirma la ausencia de responsabilidad civil del Ayuntamiento de Oviedo en la muerte de un bombero durante un incendio en abril de 2016 2018-08-01
La Sala de lo Social desestima íntegramente el recurso de suplicación presentado por la familia

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado íntegramente el recurso de suplicación presentado por la familia de un bombero, que falleció tras el colapso de un edificio durante un incendio de grandes proporciones que se declaró en el centro de Oviedo en abril de 2016.

La Sala confirma así la sentencia del El Juzgado de lo Social nº 2 que había desestimado la demanda de indemnización de daños y perjuicios presentada por la familia del bombero que falleció mientras extinguía el incendio. Cuando ya estaba controlado el fuego, el inmueble colapsó, afectando a dos miembros del servicio municipal de Bomberos, que cayeron al vacío, falleciendo uno de ellos en el acto y el otro resultando herido de gravedad.

La Sala considera que "no es posible declarar la responsabilidad civil reclamada, pues no existe ningún acto u omisión imputable al Ayuntamiento de Oviedo, que haya influido en la causación del accidente".

Como la sentencia de instancia, el TSJA asegura que que cuando los dos bomberos se colocaron con el brazo articulado dentro de la superficie interior del edificio, decidieron sin autorización salir de la cesta, soltar la fijación y continuar actuando sobre el foco de fuego de los archivadores, momento en el que se derrumbó el forjado, cayendo ambos al interior, y falleciendo uno de ellos por el golpe recibido.Y ese comportamiento "desobedeciendo las órdenes que les dieron los mandos, aparece como única causa del accidente".

Asimismo la sentencia precisa que " los mandos no podían prever que iban a incumplir la instrucción, máxime cuando les fue reiterada momentos antes de subir al tejado del inmueble".

Contra esta sentencia, cabe recurso de casación para la unificación de doctrina.

Extinción de pensión alimenticia a hijo mayor de edad discapacitado2018-07-31

Gloria Sánchez Castrillo

Área Derecho Privado. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A.
Editora. Área de Derecho Privado-Redacción-Legal & T&A

  • Sentencia TS (Sala de lo Civil) núm. 666/2017, de 13 de diciembre (RJ 2017, 5406).
  • Alimentos a hijos; discapacidad; incapacidad absoluta; mayoría de edad.

El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por un progenitor discapacitado que carece de medios para, una vez atendidas sus necesidades más perentorias, cumplir con la obligación de pagar la pensión de alimentos a favor de su hijo, mayor de edad y también discapacitado.

  • Supuesto de hecho

    Se solicita la supresión o reducción de los alimentos fijados en el convenio regulador de separación a favor de un hijo mayor de edad. El alimentante es una persona afectada de una incapacidad absoluta para toda actividad laboral por la que percibe una pensión. El hijo trabaja a pesar de la minusvalía física acreditada que padece.

  • Criterio o ratio decidendi

    La situación de discapacidad de un hijo mayor de edad no determina por sí misma la extinción o modificación de los alimentos que los padres deben prestarle y deberán equipararse a los que se entregan a los menores siempre que concurran las circunstancias de convivencia en la casa y ausencia de recursos económicos.

    El motivo principal es superar una condición de precariedad mediante un apoyo económico complementario y siempre con la posibilidad de que los alimentos pudieran ser atendidos por el alimentante recibiéndole y atendiéndole en su propia casa, pues lo que se pretende es complementar la situación personal por la que atraviesan en un determinado momento para integrarles en el mundo laboral, social y económico mediante estas medidas de apoyo.

    Dichas premisas no se dan en el caso analizado. Por un lado, el hijo mayor de edad sí trabaja a pesar de la minusvalía física acreditada, pues esta situación en ningún caso ha influido en el desarrollo de su formación; y por otro lado quien le alimenta es una persona afectada por una incapacidad absoluta para toda actividad laboral por la que percibe una pensión, razones que justifican la extinción de la prestación alimenticia fijada a su cargo.

  • Documentos relacionados

    Normativa considerada

    • Arts. 146, 147, 152 del Código Civil (LEG 1889, 27).

    Sentencias a favor

    • STS Sala de lo Civil nº 372/2014, de 7 julio (RJ 2014, 3540).
    • STS Sala de lo Civil nº 296/2015, de 2 junio (RJ 2015, 3159).

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La juez Carmen Lamela abre juicio oral contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por la ‘Operación Rimet’2018-07-31
La magistrada de la Audiencia Nacional le impone una fianza de 78,6 millones de euros

Autor Comunicación Poder Judicial

Enviamos el auto de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el que acuerda abrir juicio oral contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, su mujer y otras cuatro personas por delito continuado de blanqueo de capitales y delito de organización criminal para cometer delito grave en el marco de la denominada ‘Operación Rimet’.

Para asegurar las posible responsabilidades que pudiera imponérseles en sentencia, la magistrada impone a Rosell una fianza de 78,6 millones de euros; de 73,3 millones a Joan B.; de 66,6 a Pedro A.R. y Marta P.; y de 53,3 para Shahe O. y José C. La juez les da un plazo de 24 horas para depositar estas cantidades y en el en el caso de no hacerlo procederá al embargo de sus bienes para cubrir esas sumas.

La juez acuerda mantener la situación personal de los investigados al no haber variado las circunstancias que motivaron su actual situación y señala a la Sala de lo Penal para el enjuiciamiento de este procedimiento.

¿Por qué las huellas digitales o patrones faciales no deben entenderse como contraseñas?2018-07-31

Desde hace ya varios años se viene planteando esta controversia doctrinal acerca de si las huellas digitales, patrones faciales o cualquier otro sistema de reconocimiento basado en patrones biométricos, se pueden entender dentro del derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo derivado de los artículos 17.3 y 24.2 CE, así como de lo recogido en los arts. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Luis Jurado Cano,
Socio del área penal de Perseus & RC Abogados

Esta disquisición tiene especial relevancia desde que la mayoría de los terminales móviles u ordenadores disponen de sistemas de reconocimiento basados en patrones biométricos que por un lado hacen fácil acceder de forma repetida al contenido del terminal y por otro lado en determinadas situaciones puede provocar que el contenido del mismo pueda ser revisado por terceros dentro del uso de sus funciones derivadas otorgadas por el Estado de derecho como por ejemplo serían las FCSE.

Por eso vamos a diferenciar en 2 partes el acto de acceder por parte de la policía judicial de un terminal que esté encendido y bloqueado. En primer lugar, tendremos el acto de desbloquear el terminal y en segundo lugar tendremos el hecho de revisar el contenido del mismo para obtener alguna información relevante.

Desbloqueo

El simple acto de que un sujeto pueda desbloquear un terminal, puede aportar información valiosa a la policía judicial. Porque desde ese momento el sujeto no podrá alegar que no tiene ningún tipo de relación con ese terminal, dado que de forma previa ha tenido que tener acceso al mismo para identificarse -mediante contraseña- y que registre su propio patrón biométrico válido, sea o no, el propietario del mismo

Dentro de los sistemas de desbloqueo -donde se usan factores de autenticación- a grandes rasgos -citamos algunos ejemplos- tenemos 4 vías:

- Algo que sabe el usuario y lo expresa: pin, contraseña, patrón dibujado.

- Algo que hace o resuelve el usuario: patrones junto a unos conocimientos muy específicos, una prueba test, cálculos aritméticos, resolver un captcha, etc.

- Algo que tienes: un token -suele ser un código temporal- por ejemplo, para las transacciones bancarias.

- Algo que eres y no es modificable: huellas dactilares, iris, patrones faciales, ADN u ondas cerebrales, etc.

Hay que tener claro que un patrón de desbloqueo se puede realizar a partir de cualquier cosa, siempre que dicho patrón se pueda reiterar sin alteración -o de forma imperceptible para el dispositivo- a lo largo del tiempo. Y también, a ser posible que el dispositivo sólo se desbloquee ante un único individuo -el propietario del terminal- o persona autorizada en el mismo. Hay, por tanto, determinados patrones biométricos en el ser humano que indican que un ser humano es él mismo y no es otro individuo -la llamada mismidad, es decir, la condición de ser uno mismo-, que se pueden utilizar y que a su vez cumplen dichas dos condiciones; por ejemplo, las huellas dactilares, el iris, los patrones faciales -como los recogidos por el faceID de Apple y en un futuro no tan lejano los basados en el ADN u ondas cerebrales. Por tanto, habría por un lado patrones biométricos que desbloquean el terminal por lo que eres y por otro lado patrones o contraseñas que implican que manifiestes lo que sabes. Por hacer un símil, no es lo mismo que te soliciten que reveles tu contraseña, a que te soliciten que entregues un papel donde tengas apuntada la misma.

            Para desbloquear un dispositivo que utilice alguno de estos sistemas de reconocimiento biométrico no hace falta manifestar o exteriorizar en modo alguno la voluntad del sujeto que quiere desbloquear el dispositivo. Dicho de otro modo, no hace falta una manifestación volitiva del sujeto propietario del terminal. El propio terminal se desbloquea al detectar que coincide el patrón biométrico con el almacenado de forma previa.

            Mientras que para desbloquear un terminal usando la introducción de números -el conocido PIN-, patrones dibujados en la pantalla o introducción de contraseñas, sí hace falta una manifestación exteriorizada de la voluntad del sujeto; en el caso de los patrones biométricos no hace falta la misma, por lo tanto, no pueden quedar amparados por los artículos 17.3 y 24.2 CE, así como los restantes expuestos al inicio.

            Entendiendo falta de manifestación al exterior, como el concepto recogido dentro de la teoría del delito; no se considerarán como acción las ideas, pensamientos o propósitos de las personas, por más que los mismos se hallen en relación con un hecho jurídico que sea penalmente no valioso.

           

            Acceso al contenido del terminal una vez desbloqueado

El motivo de la necesidad de una autorización judicial habilitante es la consideración de estos instrumentos como lugar de almacenamiento de una serie compleja de datos que afectan de modo muy variado a la intimidad del investigado -archivos, fotos, emails, conversaciones-. Esta autorización será precisa en los supuestos en que los teléfonos móviles se ocupen durante un registro domiciliario, o sean incautados fuera del domicilio del investigado. La diversa funcionalidad de los datos que se albergan en estos dispositivos provoca una extrema debilidad de la tutela jurisdiccional del derecho del investigado a la reserva de su propio entorno virtual, pues una vez realizado el acceso al dispositivo, superando la barrera de la contraseña o patrón biométrico, todos los datos, incluidos los relacionados con el secreto de las comunicaciones están al libre alcance del investigador.

Si bien la doctrina tiene establecido que se admite el examen directo de la agenda de un teléfono móvil por los agentes de la policía judicial, por estimar que no afecta al derecho al secreto de las comunicaciones sino al derecho a la intimidad (art. 18 CE), también tiene establecido que la injerencia en ese derecho exige que "se encuentre justificada con arreglo a los criterios de urgencia y necesidad y que se cumpla el requisito de proporcionalidad al ponderar los intereses en juego en el caso concreto".

Por eso no vale una respuesta única, si no que habrá que justificar y motivar caso por caso la injerencia en el derecho a la intimidad por el registro policial directo del terminal, cumpliendo siempre de forma justificada con arreglo a los criterios de urgencia y necesidad; pudiendo convertirse en caso de no hacerlo en una prueba de cargo nula, que derive en una no justificación de la condena del acusado. Para ello, es importante que dentro del protocolo policial se contemple, y ante la duda, se solicite la correspondiente orden judicial habilitante para revisar el contenido o extracción de información del dispositivo -siendo necesario que se realice en condiciones idóneas para que no se rompa la cadena de custodia que puedan derivar en otra nulidad de actuaciones-.

Un juzgado de Granada condena a cinco años de prisión a una madre por sustracción de menores por no entregar a sus hijos al padre2018-07-30
Además, no podrá ejercer la patria potestad durante seis años

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a Juana R. a cincos años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, a dos años y seis meses de prisión por cada uno de ellos, además de la privación del ejercicio de la patria potestad durante seis años respecto de sus hijos y a que indemnice a su expareja con 30.000 euros.

El juez considera que Juana R. “era sabedora de la obligación que tenía de entregar los menores al padre y de forma consciente y deliberada lo incumplió. Y el argumento de haber huido para protegerse ella y proteger a sus hijos de malos tratos cuando éstos no han sido refrendados por una resolución judicial que los declare probados, carece de virtualidad justificadora”.

Así, considera que la acusada ha incurrido en el delito de sustracción de menores en sus dos modalidades. “En un primer momento, en mayo de 2016, cuando traslada a los menores desde Italia, donde residían habitualmente en compañía de ella y el padre, a España, bajo el pretexto de ver al resto de sus familiares, pero adopta la decisión de no volver ni devolverlos a aquel país, aunque a su expareja se la va manifestando de forma progresivamente meditada, primero bajo el achaque de no hallarse bien, para al fin manifestarle de forma expresa que no iba a volver con los niños”.

Y también con el incumplimiento de resolución judicial, cuando en julio de 2017, “cuando hay una resolución judicial firme del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada que le impone la inmediata devolución de los menores, y, de forma deliberada y consciente, vuelve a mostrar su voluntad de no entregarlos”.

Junto a ello, la sentencia considera que la acusada “no ha acreditado haber sufrido malos tratos entre 2009 y 2016, ni siquiera haberlos denunciado”. Para el juez, “no es creíble la certeza de los hechos contenidos en esta denuncia, porque ningún Juzgado ha declarado la veracidad de los mismos. Porque la misma se interpone en un tiempo en el que ya se ha dado inicio a ese conjunto de actuaciones llevadas a cabo por la acusada para consolidar su decisión de no volver y no entregar a los niños. Cuando las denuncias por malos tratos se interponen de forma coetánea a un proceso de separación o por disputas sobre guarda y custodia o bienes, se exige un análisis cauteloso, sobre todo si en ellas se relatan hechos pasados, que se pudieron denunciar antes”, indica. Además, redunda en que “ni siquiera aporta dato alguno indiciario de haber tenido lugar alguno de ellos, a nivel incluso de haberlo contado a familiares o allegados”.

Y sobre todo, concluye, “pesa a la hora de restar credibilidad a su alegación de huir del maltrato, el hecho de que la perito forense haya concluido que no ha apreciado en el menor vestigios de maltrato ni de haberlos presenciado hacia la persona de la madre”.

La sentencia considera probado que Juana R. se encontraba unida sentimentalmente a F., unión de la que nacieron dos hijos. Tras haber residido en España, donde la pareja estuvo temporalmente separada en 2009 en que F. resultó condenado por un delito de malos tratos, decidieron reconciliarse y en 2012 se marcharon a Italia donde de común acuerdo fijaron la residencia familiar, y allí los menores fueron escolarizados y quedaron registrados como residentes.

En mayo de 2016 Juana se trasladó a Granada con los dos menores manifestando que lo hacía para visitar a la familia y mostrando intención de volver nuevamente en un mes a la residencia familiar.

Llegada la fecha de vuelta, relata la sentencia “no lo hizo y el 12 de julio de 2016 interpuso denuncia por malos tratos contra F. en el Juzgado de Violencia 2 de Granada, manifestando antes a este que se hallaba enferma y no iba a volver en la fecha prevista, cuando en realidad había adoptado la decisión de no retornar con los dos hijos” a Italia. Esta decisión se la hizo llegar a él el día 2 de agosto de 2016 cuando expresamente le manifestó su negativa a volver a Italia con los niños a los que escolarizó en el curso escolar 2016/17 en Maracena. Por estas fechas la acusada, continúa la sentencia, remite dos correos electrónicos a su expareja el 16 de agosto y el 30 de agosto de 2016, en los que le manifiesta que llame a los niños cuando quiera y los puede ver en Granada.

En esa situación, la expareja promovió y obtuvo, ante el Tribunal de Cagliari, la guarda y custodia provisional de los dos menores el 23 de junio de 2017; y promovió procedimiento de devolución de menores ante el Ministerio de Justicia de Italia, invocando el convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 y el Estado italiano lo remitió al Ministerio de Justicia español, y este, al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que en fecha 14 de diciembre de 2016, dictó sentencia en la que acordó la inmediata restitución de los menores a Italia como Estado de residencia habitual de los dos, sentencia confirmada por la Audiencia de Granada.

Juana R. desatendió el auto de ejecución forzosa de dicha sentencia y un nuevo requerimiento, “sin que la acusada se presentara ni diera explicación sobre su inasistencia”. En dichas circunstancias, el 26 de julio de 2017, Juana R. “decide ocultarse en compañía de los dos menores en lugar desconocido para todas las autoridades y agentes intervinientes, quienes trataron de localizarlos en diversos domicilios de familiares y allegados, sin conseguirlo, motivando que F. interpusiera denuncia por desaparición de los niños”.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada, que tramitó la causa, ordenó nuevamente la inmediata entrega de los dos, que finalmente tuvo lugar el 28 de agosto de 2017, cuando la acusada compareció asistida de ellos a la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, donde los menores fueron entregados a F., “bajo llantos al principio por no querer separarse de la madre, si bien estos cesaron cuando empezaron a tomar contacto con el padre”.

La sentencia concluye en sus hechos probados que “salvo el episodio de malos tratos ocurrido en 2009, no se ha acreditado ningún otro posterior, ni en el mayor de los dos hijos se han detectado desajustes sicológicos relacionados con malos tratos contra él o por haberlos presenciado hacia la persona de la madre, ni se ha apreciado que la restitución al contexto paterno, suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica.”

¿Cómo deben hacerse las transferencias internacionales de datos?2018-07-30

Cada vez es más frecuente que las empresas españolas transfieran datos de carácter personal a empresas situadas fuera de la Unión Europea para llevar a cabo su actividad habitual.

Estas transferencias de datos suelen hacerse principalmente por dos motivos:

a)       El intercambio de datos de carácter personal entre sociedades del mismo grupo para gestionar la relación comercial con los clientes a la sociedad matriz que puede situarse fuera de la Unión Europea.

b)      El acceso por parte de la matriz y/ o envío desde las filiales a la misma sociedad de reports para la gestión integral del área de Recursos Humanos.

Hay que destacar que el acceso remoto por parte de una sociedad establecida fuera de la UE a datos de carácter personal de trabajadores o clientes está considerado como transferencia internacional de datos.

Este escenario debe situarse en el contexto normativo actual donde la UE ha adoptado el RGPD con el objetivo de armonizar la legislación de los estados miembros y de ofrecer garantías comunes a los ciudadanos. En este sentido, si bien es cierto que los flujos transfronterizos de datos personales son necesarios para la expansión del comercio y la cooperación internacional, la voluntad de la UE es la de no menoscabar el nivel de protección de las personas físicas, ofreciendo en la Unión las mismas garantías cuando los datos son transferidos fuera de esta.

Una transferencia internacional de datos únicamente se podrá realizar si se cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento:

a)       Transferencias basadas en una decisión de adecuación (art. 45 RGPD).

El artículo 45 RGPD establece que podrán hacerse transferencias internacionales de datos cuando el tercer país sea aceptado como destinatario adecuado en cuanto a garantías ofrecidas en materia de protección de datos por una Decisión de la Comisión Europea.

b)      Transferencias mediante garantías adecuadas (art. 46 RGPD).

El artículo 46 prevé una serie de supuestos donde se permitirán las transferencias internacionales mediante mecanismos como el uso de cláusulas tipo elaboradas por la Comisión, código de conducta, elaboración de códigos tipo.

En caso de mediar la autorización de la autoridad de control competente, podrán utilizarse cláusulas contractuales entre el representante y el responsable o el encargado y el responsable, encargado o destinatario de los datos personales en el tercer país.

c)       Adopción de las normas corporativas vinculantes (art. 47 RGPD).

Las normas corporativas vinculantes (Binding Corporate Rules) son la herramienta elegida por la mayoría de empresas con flujos de datos internacionales habituales, dado que establecen los parámetros para la transferencia internacional de datos de forma única para todas las empresas de la compañía en todas las transferencias de datos de carácter personal. De esta forma, es la empresa es quien, siguiendo los requisitos exigidos por la normativa vigente, elabora estas normas y las presenta a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos para su aprobación.

Las normas corporativas vinculantes no son fruto del nuevo RGPD, sin embargo, su contenido ha devenido más claro y exigente.

d)    Excepciones para situaciones específicas.

El RGPD prevé una serie de supuestos donde se podrán realizar las transferencias internacionales de datos sin que se den los supuestos anteriores tales como: que el interesado haya autorizado expresamente la transferencia, que la misma sea necesaria para la celebración y ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable, que la transferencia sea necesaria por importantes razones de interés público, etc.)

Finalmente, si bien es cierto que dentro del mercado español ha habido un alto porcentaje de cumplimiento y preocupación entorno a las obligaciones contenidas en la nueva normativa, la realidad es que muchas empresas aún desconocen la necesidad de regulación de estos aspectos que conforman una más de las obligaciones exigibles por la normativa europea.

La Audiencia de Pontevedra condena a un exentrenador de fútbol por abusar de una jugadora2018-07-30
El tribunal le considera autor de un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal a menor de 16 años y de otro delito continuado de elaboración de pornografía infantil sobre menor de 16 años

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado al exentrenador de un equipo de fútbol femenino a 18 años de cárcel como autor de un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal a menor de 16 años y de otro delito continuado de elaboración de pornografía infantil sobre menor de 16 años. El tribunal también le ha impuesto la prohibición durante veinte años de aproximarse a la jugadora.

Los magistrados consideran acreditado que a finales de enero de 2016, cuando el procesado tenía 37 años, empezó a mantener relaciones sexuales consentidas con la menor, quien tenía 14 años y acababa de empezar a jugar en el equipo de fútbol que dirigía. Los jueces indican en la sentencia que la menor accedió a enviarle en numerosas ocasiones fotografías y vídeos de ella desnuda y en actitud sexual.

Además, la sala lo ha considerado culpable de un delito de exhibición de material pornográfico entre menores de edad, por el que lo ha sentenciado a nueve meses de cárcel y a la prohibición de aproximarse a otra de las jugadoras del equipo a la que le mostró un vídeo de contenido sexual durante un año.

La Audiencia también lo ha condenado a siete años de libertad vigilada una vez que salga de prisión. La medida consiste en la prohibición de acudir a eventos, espectáculos públicos, privados o deportivos, recintos o acontecimientos públicos o deportivos destinados a menores de edad; la prohibición de llevar a cabo actividades de carácter laboral, participativo, lúdico o deportivo en las que intervengan menores; y la prohibición de aproximarse a los recintos en los que se esté llevando a cabo tales espectáculos o eventos a una distancia inferior de 500 metros. Además, deberá someterse a un programa de educación sexual.

El acusado, que es reincidente, ha sido inhabilitado para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior en cinco años al de la duración de la pena de prisión impuesta.

El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General sobre el «sistema español de arrendamiento fiscal»2018-07-27

TJUE

El Tribunal General había anulado la Decisión de la Comisión según la cual este régimen constituía una ayuda de Estado ilegal

A partir de mayo de 2006, la Comisión recibió varias denuncias contra el denominado «sistema español de arrendamiento fiscal» («SEAF»). En esas denuncias se afirmaba que este sistema permitía que las compañías navieras obtuvieran unos descuentos de entre un 20 % y un 30 % al adquirir buques construidos por astilleros españoles, en detrimento de las ventas de los astilleros de otros Estados miembros.

El SEAF se basaba en una estructura jurídica y financiera ad hoc organizada por un banco, que actuaba como intermediario entre una compañía naviera (comprador) y un astillero (vendedor). El banco hacía intervenir en la venta del buque a una sociedad de arrendamiento financiero (leasing) y a una agrupación de interés económico (AIE) constituida por el banco. Este último vendía a inversores participaciones de la AIE, que tomaba en arrendamiento el buque de la sociedad de arrendamiento financiero desde el inicio de su construcción, para arrendarlo posteriormente a la compañía naviera mediante un contrato de fletamento a casco desnudo. La finalidad de este montaje era generar ventajas fiscales en favor de los inversores agrupados en la AIE y trasladar parte de estas ventajas (entre el 85 % y el 90 %) a la compañía naviera en forma de un descuento sobre el precio del buque, mientras que los inversores conservaban los demás beneficios fiscales como rendimiento de su inversión (un 10 %-15 %). Las ventajas eran el resultado de cinco medidas fiscales, aplicables a los contratos de arrendamiento financiero (amortización acelerada y -con autorización previa- amortización anticipada de determinados bienes), a las AIE (transparencia fiscal) y a las actividades marítimas (régimen especial de tributación por tonelaje).

Mediante Decisión de 17 de julio de 2013, [1] la Comisión estimó que tres de las cinco medidas fiscales examinadas constituían una ayuda de Estado a las AIE y a sus inversores, ejecutada ilegalmente por España desde el 1 de enero de 2002. [2] La ayuda fue declarada parcialmente incompatible con el mercado interior. Por respeto al principio de seguridad jurídica, la Comisión sólo exigió que se recuperase la ayuda concedida a determinadas operaciones. Esta recuperación se ordenó únicamente de los inversores, sin que estos beneficiarios pudieran transferir a otras personas la carga de la recuperación de la ayuda.

[1] Decisión 2014/200/UE de la Comisión, de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP n.º 137/06) ejecutada por España - Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero, también conocidos como Sistema español de arrendamiento fiscal (DO 2014, L 114, p. 1) (véase el comunicado IP-13-706 de la Comisión).

[2] España modificó algunas disposiciones fiscales aplicables al SEAF en 2012, antes de que se adoptara la Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2013. A la vista de las modificaciones introducidas, la Comisión estimó que las nuevas normas no constituían una ayuda de Estado en su Decisión de 20 de noviembre de 2012 sobre la ayuda estatal SA.34736 (12/N), referente a la aplicación por el Reino de España de un sistema fiscal que permite la amortización anticipada de determinados activos adquiridos mediante un contrato de leasing (DO 2012 C 384, p. 1) (véase el comunicado IP-12-1241 de la Comisión). El Tribunal General de la Unión Europea desestimó un recurso contra esta Decisión en su sentencia de 9 de diciembre de 2014, Netherlands Maritime Technology Association/Comisión (T-140/13). Esta sentencia fue objeto de un recurso de casación que fue desestimado por el Tribunal de Justicia (asunto C-100/15 P, Netherlands Maritime Technology Association/Comisión).

España, Lico Leasing (establecimiento financiero que invirtió en un cierto número de AIE que participaron en el SEAF) y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (sociedad que coopera con los astilleros pequeños y medianos para la adecuada consecución de sus fines industriales) solicitaron al Tribunal General de la Unión Europea que anulase esta Decisión de la Comisión. [3] Mediante sentencia de 17 de diciembre de 2015, [4] el Tribunal General anuló dicha Decisión. La Comisión solicitó entonces al Tribunal de Justicia la anulación de la sentencia del Tribunal General. [5]

Mediante su sentencia dictada hoy el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General y ordena devolver el asunto a este último Tribunal.

El Tribunal de Justicia indica, en primer lugar, que el Tribunal General aplicó erróneamente el artículo 107 TFUE, apartado 1, sobre las ayudas de Estado prohibidas. En efecto, el Tribunal General concluyó que las AIE no podían ser las beneficiarias de una ayuda de Estado por el único motivo de que, debido a la transparencia fiscal de estas agrupaciones, eran los inversores, y no las AIE, quienes se habían beneficiado de las ventajas fiscales y económicas derivadas de las medidas fiscales en cuestión. Ahora bien, dado que las AIE ejercían una actividad económica, constituían empresas en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Eran las AIE quienes, por una parte, solicitaban a la administración tributaria que se les concediera la amortización anticipada de activos arrendados, y era a ellas a quienes se les concedía dicho beneficio y, por otra parte, eran las AIE quienes renunciaban al régimen ordinario del impuesto sobre sociedades y optaban por el régimen de tributación por tonelaje. También eran las AIE quienes conseguían las ventajas fiscales en dos fases, mediante la combinación de las medidas fiscales en cuestión. Si bien es cierto que las ventajas económicas resultantes se transferían íntegramente a los socios de las AIE, no lo es menos que las medidas fiscales controvertidas se aplicaban a las AIE y que éstas eran las beneficiarias directas de las ventajas derivadas de dichas medidas. Estas ventajas favorecían la actividad de adquisición de buques mediante contratos de arrendamiento, concretamente con vistas a su fletamento a casco desnudo y su posterior reventa, actividad que ejercían las AIE. Al descartar que las AIE pudieran ser las beneficiarias de ayudas de Estado atendiendo únicamente a su forma jurídica y a las normas relativas a la tributación de los beneficios vinculados a éstas, el Tribunal General no tuvo en cuenta la jurisprudencia según la cual la calificación de una medida como «ayuda de Estado» no puede depender del estatuto jurídico de las empresas afectadas ni de las técnicas utilizadas.

El Tribunal de Justicia señala que el análisis llevado a cabo por el Tribunal General en su sentencia se basa en la premisa errónea de que sólo los inversores, y no las AIE, podían considerarse beneficiarios de las ventajas derivadas de las medidas fiscales controvertidas. Por consiguiente, el requisito relativo a la selectividad se examinó erróneamente con respecto a los inversores, y no con respecto a las AIE. Además, en su examen de este requisito, el Tribunal General se basó también en dos sentencias que había dictado el 7 de noviembre de 2014 (asuntos Banco Santander y Santusa/Comisión y Autogrill España/Comisión), [6] que el Tribunal de Justicia anuló posteriormente mediante sentencia de 21 de diciembre de 2016. [7] Por tanto, el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar que las ventajas obtenidas por los inversores que participaron en las operaciones del SEAF no podían considerarse selectivas por el hecho de que podía participar en ellas, en las mismas condiciones, cualquier empresa sin distinción, sin haber averiguado si la Comisión había demostrado que, debido a sus efectos concretos, las medidas fiscales controvertidas establecían un tratamiento diferenciado entre operadores, cuando los operadores que se beneficiaban de las ventajas fiscales y los que estaban excluidos de las mismas se encontraban en una situación fáctica y jurídica comparable en relación con el objetivo perseguido por dicho régimen fiscal.
[3] Existen en total otros 63 asuntos pendientes ante el Tribunal General contra esta Decisión de la Comisión.
[4] Sentencia de 17 de diciembre de 2015, España/Comisión y Lico Leasing, S.A., y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A./Comisión (asuntos acumulados T-515/13 y T-719/13; véase el CP n.º 150/15).

[5] 34 entidades de crédito, sociedades y compañías navieras españolas han intervenido en el recurso de casación.

[6] Sentencias del Tribunal General de 7 de noviembre de 2014 (asuntos Banco Santander y Santusa/Comisión (T-399/11) y Autogrill España/Comisión T-219/10; véase también el CP n.º 145/14).

[7] Sentencia de Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/World Duty Free Group y otros (asuntos acumulados C-20/15 P y C-21/15 P, véase también el CP n.º 139/16). Los asuntos fueron devueltos al Tribunal General.

Por último, el Tribunal de Justicia declara que, al contrario de lo que consideró el Tribunal General, la Decisión de la Comisión no adolece de falta de motivación ni de motivación contradictoria.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

El Acuerdo marco sobre el trabajo de dur ación determinada no se opone a que el personal laboral no fijo de la A dministración española no tenga derecho a una garantía de readmisión en caso de despido disciplinario improcedente2018-07-27

En efecto, con arreglo al Derecho común en este caso el empleador puede elegir entre readmitir o indemnizar al trabajador. El trato diferenciado al que tiene derecho el personal laboral fijo, que debe ser readmitido, está justificado por la garantía de permanencia en el puesto que, en virtud del Derecho de la función pública nacional, sólo puede ser invocada por este personal

La Sra. Gardenia Vernaza Ayovi es enfermera y trabajaba para el Consorci Sanitari de Terrassa con un contrato de trabajo indefinido no fijo. En julio de 2011 se concedió a la Sra. Vernaza Ayovi una excedencia voluntaria. Cuando solicitó su reincorporación, el Consorci Sanitari de Terrassa le propuso un puesto a jornada parcial. Dado que se negaba a aceptar un puesto que no fuera a jornada completa, la enfermera no se presentó en su centro de trabajo y por esta razón fue objeto de despido disciplinario en julio de 2016.

La Sra. Vernaza Ayovi solicitó entonces al Juzgado de lo Social n.º 2 de Terrassa que declarara la improcedencia del despido y condenara a su empleador a readmitirla o a abonarle la indemnización legal máxima en caso de despido improcedente. La Sra. Vernaza Ayovi invoca a este respecto el Derecho laboral común. [1]

En efecto, la normativa española establece una distinción en virtud de la cual, cuando es declarado improcedente el despido disciplinario de un trabajador fijo (personal laboral fijo), que está al servicio de una Administración pública sin ser funcionario, el trabajador deberá ser readmitido obligatoriamente, mientras que, en el mismo supuesto, un trabajador no fijo (indefinido no fijo o temporal) que realice las mismas tareas que el trabajador fijo puede no ser readmitido y recibir como contrapartida una indemnización.

El juez español pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión y, más concretamente, el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, [2] se opone a esta normativa. En lo que respecta a las condiciones de trabajo, el Acuerdo marco prohíbe que se trate a los trabajadores con contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de que los primeros tengan un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que el Acuerdo marco no se opone a la normativa española controvertida.

El Tribunal de Justicia señala que existe una diferencia de trato entre el personal laboral fijo y el personal laboral no fijo en relación con las consecuencias derivadas de un posible despido improcedente. En consecuencia, es preciso comprobar si existe una razón objetiva que justifique la diferencia de trato. A este respecto, el Tribunal de Justicia observa que, en España, la regla general aplicable en caso de despido improcedente establece que el empresario puede optar entre la readmisión o la indemnización del trabajador afectado. Como excepción a la mencionada norma general, el personal laboral fijo que presta servicios para las administraciones públicas y cuyo despido disciplinario es declarado improcedente debe ser readmitido obligatoriamente.

[1] Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE n.º 255, de 24 de octubre de 2015).

[2] Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo marco»), que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO 1999, L 175, p. 43).

El Tribunal de Justicia estima que la diferencia de trato controvertida no puede justificarse atendiendo al interés público que está vinculado, en sí mismo, a las modalidades de contratación del personal laboral fijo. No obstante, el Tribunal de Justicia señala que determinadas consideraciones derivadas de las características del Derecho de la función pública nacional -como la imparcialidad, la eficacia y la independencia de la Administración- que implican una cierta permanencia y estabilidad en el empleo, pueden justificar esa diferencia de trato.

Estas consideraciones, que no tienen equivalente en el Derecho laboral común, explican y justifican los límites a la facultad de extinción unilateral de los contratos impuestos a los empleadores públicos y, en consecuencia, la decisión del legislador nacional de no concederles la facultad de elegir entre readmisión e indemnización del perjuicio sufrido a causa de un despido improcedente. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera que la readmisión automática del personal laboral fijo forma parte de un contexto muy diferente, desde un punto de vista fáctico y jurídico, de aquel en el que se encuentra el personal laboral no fijo.

El Tribunal de Justicia concluye que la desigualdad de trato observada está justificada por la existencia de elementos precisos y concretos, que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y transparentes.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Por haber tardado en dar cumplimiento a la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, se condena a España a abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso2018-07-27

El Tribunal de Justicia ya había declarado una primera vez el incumplimiento de España en una sentencia de 2011

Una Directiva de la Unión [1] tiene como objetivo proteger el medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas (aguas domésticas y aguas residuales industriales). Dicha Directiva establece, entre otras cosas, que los Estados miembros velarán por que todas las aglomeraciones urbanas con más de 15 000 equivalentes habitante [2] dispongan de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas a más tardar el 31 de diciembre de 2000. Además, antes de ser vertidas, las aguas procedentes de las mencionadas aglomeraciones urbanas deben ser objeto de un tratamiento.

Al haber comprobado que varias aglomeraciones urbanas españolas con más de 15 000 equivalentes habitante no disponían ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de las aguas residuales urbanas, la Comisión interpuso en 2010 ante el Tribunal de Justicia un recurso por incumplimiento contra España. Mediante sentencia de 14 de abril de 2011, [3] el Tribunal de Justicia declaró que España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de la Directiva, al no haberse llevado a cabo ni la recogida ni el tratamiento de las aguas residuales urbanas de 6 y de 37 aglomeraciones urbanas, respectivamente, con más de 15 000 equivalentes habitante.

Al considerar que España seguía sin cumplir la sentencia de 2011 respecto de 17 [4] de las 43 aglomeraciones urbanas en cuestión, en 2017 la Comisión decidió interponer un nuevo recurso por incumplimiento contra dicho Estado miembro. En este marco, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que condenara a España a abonar una multa coercitiva por un importe de 171 217 euros por cada día de retraso, así como una suma a tanto alzado de 19 303 euros por cada día transcurrido entre la fecha en que se dictó la sentencia de 2011 y su plena ejecución.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido su obligación de dar cumplimiento a la sentencia de 2011, en la medida en que, al finalizar el plazo fijado por la Comisión para la ejecución de dicha sentencia (a saber, el 31 de julio de 2013), 17 de las 43 aglomeraciones urbanas seguían sin disponer de sistemas colectores y de tratamiento de las aguas residuales urbanas.

[1] Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO 1991, L 135, p. 40).

[2] El concepto de «equivalente habitante» es una unidad que corresponde a la contaminación que un habitante produce de media cada día.

[3] Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de abril de 2011, Comisión/España (C-343/10).

[4] Se trata de las aglomeraciones urbanas de Alhaurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Peñíscola, Aguiño-Carreira-Ribeira, Estepona (San Pedro de Alcántara), Coín, Nerja, Gijón-Este, Noreste (Valle Guerra), Benicarló, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vigo, Santiago de Compostela y Valle de Güímar.

Por la razón expuesta, el Tribunal de Justicia estima pertinente imponer a España sanciones pecuniarias, en forma de una multa coercitiva y de una suma a tanto alzado.

En lo que atañe a la multa coercitiva, el Tribunal de Justicia comienza indicando que la inexistencia de sistemas colectores o de tratamiento de las aguas residuales urbanas o la insuficiencia de los mismos pueden perjudicar el medio ambiente y deben considerarse incumplimientos graves. A pesar de los esfuerzos significativos que ha realizado España para reducir el número de aglomeraciones urbanas que no están dotadas de sistemas colectores y de tratamiento de las aguas residuales urbanas (actualmente en número de 9), el Tribunal de Justicia considera que el carácter especialmente prolongado de la infracción constituye una circunstancia agravante. En efecto, con arreglo a la información facilitada por España, la plena ejecución de la sentencia no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años en relación con el plazo que fija la Directiva (el 31 de diciembre de 2000). Por otra parte, el Tribunal de Justicia subraya que las dificultades jurídicas y económicas internas que España invoca para justificar su retraso en la ejecución de la sentencia no le eximen de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión.

También a efectos del cálculo de la multa coercitiva, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta la duración considerable de la infracción -7 años a partir de la fecha en que se dictó la sentencia de 2011. A fin de tomar en consideración los progresos realizados por España en el cumplimiento de sus obligaciones, el Tribunal de Justicia decide imponerle una multa coercitiva de carácter decreciente, fijada sobre una base semestral.

En lo que respecta al cálculo de la suma a tanto alzado, el Tribunal de Justicia precisa que el número de aglomeraciones urbanas en cuestión, así como los numerosos procedimientos por incumplimiento incoados contra España en este ámbito 5 justifican la adopción de una medida disuasoria, como es la condena al pago de una suma a tanto alzado, a fin de evitar que se repitan en el futuro infracciones análogas del Derecho de la Unión.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera oportuno condenar a España a abonar al presupuesto de la Unión una suma a tanto alzado de 12 millones de euros, así como una multa coercitiva de 10 950 000 euros por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 2011 (esta multa coercitiva deberá abonarse a partir de hoy y hasta la plena ejecución de la sentencia de 2011). 6

NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.

Un trabajador autónomo podrá cobrar la pensión de jubilación y compatibilizarlo con la gestión de su propia empresa2018-07-26

El Juzgado de lo Social Nº 3 de Oviedo ha dictado una sentencia en la que le reconoce a un autónomo asturiano el derecho a percibir una pensión de jubilación del 100% y compatibilizarla con su trabajo como gestor de su propia empresa. Este derecho se le reconocía, desde la reforma de la ley de septiembre del año pasado, a aquellos autónomos que mantuvieran, al menos, a un trabajador en nómina. Pero desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solía interponerse una problemática recurrente, y es que dicho trabajador o trabajadores debían estar contratados a nombre del autónomo y no de una sociedad.

  • Incluye la sentencia

Llegado a la edad para exigir una pensión por jubilación, la INSS le denegó al autónomo asturiano la pensión por no tener trabajadores contratados a su nombre. Tras un primer recurso, la resolución administrativa emitida desde la Seguridad Social solo le reconoció una pensión de jubilación del 50% mientras fuera compatibilizada con el trabajo de gerente en su propia empresa.

La sentencia del juzgado ovetense, que no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de Lo Social del TSJA, afirma por el contrario que la interpretación hecha por el INSS es "contraria a la finalidad legislativa misma de la ley, además de no ser resultante del tenor literal de la norma".

Vea la sentencia Jdo Social 3 Oviedo 17 julio 2018-1

El Ministerio y los Letrados de la Administración de Justicia acuerdan reformar las normas que regulan el funcionamiento del cuerpo2018-07-26

La reforma del Reglamento Orgánico de los Letrados de la Administración de Justicia es uno de los acuerdos alcanzados por la ministra Dolores Delgado y los representantes del Cuerpo en su primer encuentro oficial, en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar ese texto a las modificaciones introducidas en 2015 en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La reunión, que ha permitido a las cuatro asociaciones poner sobre la mesa las cuestiones que más les preocupan, ha concluido con un acuerdo para aprobar también un reglamento de sustituciones entre el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y con el compromiso para estudiar el posible incremento de las retribuciones en el ámbito de las retribuciones variables, para diciembre de este año.

La voluntad de diálogo del equipo encabezado por la ministra Delgado se ha puesto de manifiesto con la constitución de grupos de trabajo con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los Letrados de la Administración de Justicia en relación con la implantación del expediente digital y de la Oficina Judicial.

Por parte del Ministerio de Justicia, junto a la ministra y al secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, han asistido a la reunión el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; la directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, Sofía Duarte; y el director de su Gabinete, Borja Sastre.  

Por parte de las asociaciones profesionales han asistido: Rafael Lara y José Palazuelos por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia; Abigail Fernández y Rafael Lafuente por el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia; Lidia Urrea y Carlos Artal por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia; y Ángel Maraver y José Antonio Castillo por la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia.

Carmen Lamela, Susana Polo, Dimitry Berberoff y Eduardo de Porres, nuevos magistrados del Tribunal Supremo2018-07-26

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy a Carmen Lamela Díaz Susana Polo, Dimitry Berberoff y Eduardo de Porres, nuevos magistrados del Tribunal Supremo.

Carmen Lamela ha obtenido 13 de los 21 votos del Pleno. El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega y el de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez Valcárcel han recibido dos cada uno, y han conseguido uno la magistrada de la Audiencia Nacional Manuela Fernández Prado y los presidentes de las Audiencias Provinciales de Tarragona, Javier Hernández García; de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano; y de Gipuzkoa, Ignacio Subijana Zunzunegui. 

Susana Polo García, nueva magistrada de la Sala Penal

Susana Polo García ocupará la plaza -correspondiente al turno de especialistas- convocada como consecuencia del nombramiento para otro cargo del magistrado Julián Sánchez Melgar y cuya convocatoria fue anunciada con anterioridad al reingreso de dicho magistrado al Tribunal Supremo. La magistrada Susana Polo quedará adscrita a la Sala Segunda y se le adjudicará la primera vacante de titular que se produzca.

Susana Polo ha obtenido 14 votos del Pleno. El magistrado de la Audiencia Nacional, Juan Ramón Sáez Valcárcel ha obtenido tres votos, y han logrado un voto cada uno las magistradas de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel Jorquera y Manuela Fernández Prado, y los presidentes de las Audiencias Provinciales de Tarragona, Javier Hernández García y de Gipuzkoa, Ignacio Subijana Zunzunegui.

Dimitry Berberoff, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

El magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Dimitry Berberoff Ayuda ha sido elegido nuevo magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la que ocupará la plaza -correspondiente al turno de especialistas- convocada por la jubilación de Manuel Vicente Garzón Herrero.

Berberoff ha obtenido 9 de los 21 votos del Pleno, frente a los 7 recibidos por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Juan Pedro Quintana Carretero. El magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional Fernando de Mateo Menéndez ha tenido 3 votos y los también magistrados de esta última Sala Berta María Santillán Pedrosa y Santiago-Pablo Soldevila Fragoso uno cada uno.

Eduardo de Porres, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy al presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que ocupará la plaza -correspondiente al turno de especialistas- convocada por el nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido Tourón.

De Porres ha obtenido 14 de los 21 votos del Pleno. El presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Javier Hernández García, ha obtenido tres; los magistrados de la Audiencia Nacional Manuela Fernández Prado, Enrique López López y Juan Ramón Sáez Valcárcel uno cada uno; y también ha recibido uno el magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife Jaime Requena Juliani.

La Abogacía condena las escuchas telefónicas a abogados y urge la ley del Derecho de Defensa para evitarlas2018-07-25
  • La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española denuncia la violación del secreto profesional en la investigación judicial del ‘caso Lezo’

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su más absoluto rechazo a la violación del Derecho a la Defensa y del secreto profesional en la investigación judicial del ‘caso Lezo’ después de que se autorizara la grabación de conversaciones privadas de uno de los abogados con su cliente, el empresario Juan Miguel Villar Mir.

La Abogacía considera que es un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho y que estos procedimientos, que la ley reserva de forma claramente restrictiva para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado, no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, ya que ponen en peligro el Derecho a la Defensa, recogido en el artículo 24 de la Constitución, y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales que no pueden limitarse o someterse a ponderación en aras de la investigación penal.

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía muestra su apoyo al amparo colegial que el Colegio de Abogados de Madrid concedió al letrado el pasado 2 de julio ya que el secreto profesional como parte esencial del derecho de defensa tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente que, además, adquiere una dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en la profesión de abogado. El abogado está eximido de denunciar y declarar como testigo en relación con los hechos que su cliente le hubiera confiado en su calidad de defensor, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Está fuera de toda duda que las grabaciones, cuando son empleadas como medio de investigación en un proceso penal, implican un altísimo grado de injerencia pública en el círculo de derechos fundamentales que nuestro sistema constitucional garantiza a cualquier ciudadano. La posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad.

Para evitar estos hechos, la Abogacía Española considera inaplazable y urgente completar el sistema de tutela judicial efectiva mediante la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que desarrolle nuestro sistema de defensa jurídica. Sin defensa efectiva no puede haber contradicción ni igualdad de las partes en el proceso ni, por tanto, Justicia y sin Justicia no puede haber Estado de Derecho, no puede haber ni siquiera democracia.

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española solicita a la ministra de Justicia que impulse la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa presentado al anterior equipo ministerial, una norma que pretende recoger en un único texto legal el conjunto de las garantías de la defensa de la ciudadanía, que cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios.

Justicia y las asociaciones de jueces y fiscales crean un grupo de trabajo para estudiar mejoras retributivas2018-07-25

El Ministerio de Justicia, las cuatro asociaciones profesionales con representación en la carrera judicial y las tres asociaciones profesionales presentes en la carrera fiscal han acordado la puesta en marcha de un grupo de trabajo que estudie la adopción de mejoras retributivas para los miembros de ambas carreras ya en este ejercicio presupuestario de 2018.

La cúpula directiva del Ministerio y representantes de esas siete organizaciones han mantenido esta tarde una primera reunión oficial para abordar la plataforma reivindicativa en torno a la cual jueces y fiscales acordaron un calendario de protestas que culminó en la jornada de paro del pasado 22 de mayo.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha transmitido a los asistentes su compromiso por conseguir "mejoras retributivas que contribuyan a mejorar las condiciones laborales de jueces y fiscales como forma de dignificar el elevado servicio público que prestan".

Con ese objetivo, un grupo de trabajo compuesto por representantes del Ministerio y de las asociaciones profesionales deberá cerrar una propuesta que resuelva cómo combinar las reivindicaciones salariales de los miembros de ambas carreras con las dotaciones presupuestarias fijadas por el Parlamento para 2018.

De manera paralela, el departamento que dirige Delgado negociará con el Ministerio de Hacienda la convocatoria de una mesa de retribuciones a finales del próximo mes de septiembre para que las nuevas retribuciones variables a través del complemento de productividad puedan llegar a las nóminas de jueces y fiscales este próximo mes de diciembre de 2018.

Consensos parlamentarios

Respecto a otros puntos de la plataforma reivindicativa conjunta de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, la ministra Delgado ha informado a los asistentes de que en sus contactos con los distintos portavoces de los grupos parlamentarios ha podido constatar que algunas reformas legislativas en marcha o inminentes disponen ya de consenso suficiente para superar el trámite parlamentario.

En ese caso están la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo que atañe a las licencias y permisos de jueces y fiscales, así como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para derogar el artículo 324, que fija un límite de seis meses para la instrucción de los procedimientos penales excepto en casos de especial complejidad.

La ministra Delgado ha explicado a los asistentes que, como ya avanzó en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, el departamento que dirige impulsará otras reformas legislativas que afectan a alguno de los puntos de la plataforma reivindicativa de jueces y fiscales, como la reforma de la LOPJ para dar mayor transparencia a la elección de los vocales del CGPJ, así como para que este órgano de gobierno de la judicatura recupere el carácter colegiado que perdió con la reforma de 2015.

Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, el ministerio también pretende incluir factores de transparencia en el proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado, así como impulsar un nuevo reglamento de la carrera fiscal que sustituya al actual, que data de 1969. 

Al término del encuentro, el secretario de Estado Manuel Dolz destacó que la reunión "ha servido para desbloquear una situación de incomunicación y abrir vías de diálogo y cooperación entre el Ministerio y las asociaciones para mejorar el servicio público que la Justicia presta a la ciudadanía". 

Junto a la ministra Delgado y el secretario de Estado Dolz, han representado al Ministerio en la reunión el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; la directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, Sofía Duarte; y el director de su Gabinete, Borja Sastre.

Por parte de las asociaciones profesionales han asistido: Manuel Almenar (Asociación Profesional de la Magistratura); Raimundo Prado (Asociación de Jueces Francisco de Vitoria); Ignacio González y Diego Gutiérrez (Juezas y Jueces para la Democracia); Concepción Rodríguez y Roberto Esteban (Foro Judicial Independiente); Jesús Alonso y Montserrat García (Asociación de Fiscales); Emilio Fernández (Unión Progresista de Fiscales), y Miguel Pallarés y Ana Fernández (Asociación Profesional e  Independiente de Fiscales).

Los pasajeros podrán reclamar a las aerolíneas este año por haber sido convocadas las huelgas con antelación2018-07-25

Como viene ocurriendo en los últimos años, las huelgas de personal de las compañías aéreas, controladores aéreos o personal de seguridad del aeropuerto son un elemento inherente al verano, período de máxima actividad aeroportuaria por el gran número de viajeros y turistas que eligen la temporada estival para disfrutar de sus vacaciones en otra parte del mundo. 

 Si bien es cierto que la contingencia de huelga se establece inicialmente como una circunstancia extraordinaria en el Reglamento (CE) Nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004, la jurisprudencia europea ha matizado su carácter extraordinario. Así, y a pesar de que de entrada la compañía se cubrirá las espaldas ante la reclamación de indemnización por una cancelación o retraso de un vuelo con dicha excusa, hay casos que son reclamables judicialmente.  

 Así pues, el hecho de que se anuncien las huelgas con antelación, tal y como ha sucedido este verano de 2018, pone en jaque a las compañías aéreas, pues dichas huelgas no se podrán presentar ante el juez como sorpresivas o inesperadas, por lo que deberán demostrar con mayor ahínco el esfuerzo realizado y la imposibilidad de evitar las cancelaciones y retrasos.  

 “Lo más importante es que los perjudicados por las cancelaciones y retrasos aéreos guarden el billete, las comunicaciones de la compañía en relación al retraso o cancelación y todos los documentos acreditativos de los costes extras”, indica Estel Romero, abogada de Sanahuja Miranda. 

En este sentido, la SAP de Barcelona, Sec. 15, 161/15, de 18 de junio de 2015 determinó que las huelgas que no guarden relación alguna con las capacidades de organización interna de la compañía aérea son susceptibles de reclamación. Dicha doctrina tiene origen en la STJCE de 22 de diciembre de 2008, la cual interpretó el Art. 5.3 del Reglamento estableciendo que:  

- El legislador comunitario no exonera de indemnizar al pasajero con cualquier circunstancia extraordinaria, sino únicamente cuando concurran circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado aunque se hubieran adoptado todas las medidas razonables.  

- De ello se deduce que no todas las circunstancias extraordinarias tienen carácter exoneratorio 

- Corresponderá a quien invoque las circunstancias extraordinarias (la compañía aérea), el demostrar que le ha sido imposible evitarlas, así como que ha utilizado todos los medios personales, materiales y financieros para prevenir las cancelaciones y retrasos.  

 Por tanto, no sólo se tendrá derecho a la indemnización establecida en el Art. 7 del Reglamento, sino que también se podrán pedir, dependiendo del caso, el reembolso del vuelo cancelado o los costes que la cancelación o retraso haya supuesto para el pasajero, e incluso, los daños morales que puedan devengarse si se pierde, por ejemplo, un evento familiar, un evento laboral, una conexión aérea, etc. 

Un paso adelante, pero mucho por hacer para dignificar la Justicia Gratuita2018-07-24

Por Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

La Justicia Gratuita sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro Estado de Derecho. Y no porque no funcione de forma eficiente gracias al excelente trabajo de 51.000 abogados y a la labor de organización y coordinación de los 83 Colegios de Abogados, sino porque unos y otros no tienen el reconocimiento político y social necesario para que su trabajo, se desarrolle en unas condiciones dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica.

En los últimos meses, después de un arduo trabajo con el Ministerio de Justicia –al que agradezco públicamente su disposición al diálogo institucional-, se han conseguido avances importantes en lo que afecta a la Justicia Gratuita en el llamado territorio común, es decir, en aquellas comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. En concreto se han revisado –a expensas de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018- los honorarios que cobran los abogados de oficio que subirán en torno al 30 por ciento –un incremento del 35 por ciento que afectará a los procesos civiles y penales a los que dedican su esfuerzo mayoritariamente los abogados del Turno y un 20 por ciento para el resto de asuntos- después de permanecer intocados durante 15 años. De la misma manera se ha conseguido que las liquidaciones de los Colegios se hagan cada mes en lugar de cada trimestre y, lo que es verdaderamente importante, que  los pagos por parte del Ministerio de Justicia también se hagan mensualmente. Así se evitará que, en ocasiones, muchos abogados se pasen tres, seis meses y hasta más de un año sin cobrar, como sucede todavía en algunas comunidades autónomas.

Son dos pasos muy importantes, que el ministro ratificó personalmente ante el Pleno del Consejo a mediados de mayo, y que suponen una sustancial mejora de las indemnizaciones, pero solo reducen una injusticia histórica y no solucionan el problema de la deficiente retribución del Turno. Por eso, tanto el Consejo como los Colegios de Abogados seguimos exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento real del IPC acumulado así como el reconocimiento de nuevos módulos y el abono de las guardias.

BAREMOS SIN ACTUALIZAR, RETRASOS…

Hablamos de territorio común, pero lo hacemos también del resto de comunidades autónomas. La situación es muy diversa, pero los problemas son similares en algunas autónomas: baremos sin actualizar desde hace años, retrasos en los pagos, falta de medios… De norte a sur y de este a oeste, con escasas excepciones, que también se recogen. Pero no tiene sentido que por el mismo servicio un abogado de la misma cualificación y experiencia cobre cantidades distintas según la comunidad autónoma en la que trabaje. Y no se trata, por supuesto, de igualar a la baja ni tampoco de ajustarse a los precios de mercado, sino de buscar una remuneración realmente digna. He dicho en muchas ocasiones que a los abogados lo que les interesa es que el cliente vaya a su despacho y pague conforme a lo que dicta el mercado, por cierto cada vez más exigente. Si está en el Turno de Oficio es más por un convencimiento moral y por una exigencia deontológica que por una cuestión puramente crematística.

Los datos que aporta el Observatorio de Justicia Gratuita son una radiografía exacta de la situación de la Justicia Gratuita: 51.000 abogados –casi la mitad exacta mujeres- al servicio de los ciudadanos 365 días al año, 24 horas al día en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de España garantizando la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes para ejercer su legítimo e imprescindible derecho de defensa. La retribución media que es de 133,5 euros por expediente no solo es muy baja sino que decrece respecto a 2016. La inversión en Justicia Gratuita es de 5,22 euros por ciudadano y año, lo que representa el 0,021 del PIB nacional. No son cifras que puedan asustar a nadie, todo lo contrario. Y, sin embargo, la satisfacción media del usuario es muy alta, como demuestra la encuesta de Metroscopia que publicamos en este mismo Observatorio: “la labor profesional del abogado de oficio es percibida por quienes se benefician de ella, como una asistencia de gran calidad y eficacia: de forma ampliamente mayoritaria los usuarios consideran que la atención prestada es buena (80%) y que el horario de atención y el trabajo desempeñado por los abogados son adecuados (71%)”.

También es importante señalar que durante 2017, los Colegios de Abogados tramitaron de forma telemática más de 676.000 solicitudes de Justicia Gratuita presentadas por los ciudadanos. Y lo hicieron gracias a un Expediente Electrónico puesto en marcha y sostenido por la Abogacía.

Tres cuestiones para  destacar también en este Observatorio. En primer lugar las recomendaciones del Grupo de Expertos externo mayoritariamente al Consejo con propuestas independientes y fáciles de aplicar que mejorarían la Justicia Gratuita.

En segundo lugar el Anexo I, la Ley de Justicia Gratuita de Aragón que, después de muchos problemas en ese territorio, demuestra que se pueden hacer bien las cosas, poniendo a los ciudadanos en el objetivo y contando con los que ejercen su trabajo con responsabilidad y eficiencia: los abogados y sus Colegios.

Y, por último, el Anexo II, un interesante artículo que explica como los tribunales –la Audiencia Nacional y los TSJ del País Vasco y de Andalucía-  han anulado cuatro resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que sancionaban con casi 300.000 euros al Consejo General de la Abogacía y a tres Colegios de Abogados (Málaga, Guadalajara y Bizkaia) por una supuesta e inexistente restricción de la competencia en los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.

El Consejo y los Colegios defendemos y garantizamos que la asistencia jurídica gratuita tiene que estar prestada con eficiencia por abogados adecuadamente preparados, con una cierta experiencia profesional y desde la cercanía.  Las sentencias confirman lo que sostiene la Abogacía: “la prestación del Servicio de Justicia Gratuita no es una función que desempeñen los Colegios de Abogados como libre ejercicio de servicios profesionales sino que se trata de una actividad en la que concurre un importante componente público y en el que el interés general aconseja la prestación de dicho servicio del modo más eficaz posible y manteniendo unos parámetros razonables de calidad.” Es decir, se trata de un servicio profesional con connotaciones claras de servicio público, y sin contenido económico, sin oferta profesional de servicios, ni libre fijación de remuneraciones u honorarios. Ni cabe hablar de un “mercado” de prestación de los mismos ni la Ley de Defensa de la Competencia, por propia determinación de la Ley 2/1974, es aplicable al caso, como han dejado claro los tribunales.

Tenemos muchas cosas que mejorar en la Justicia Gratuita, pero no son, precisamente, las que sancionaba, desproporcionada e injustamente, la CNMC. El Marcador de la Justicia Europea 2018, que elabora la Comisión Europea cada año, destaca la calidad y accesibilidad del servicio de asistencia jurídica gratuita de España, garantizada para los ciudadanos. Europa reconoce, valora y aplaude el excelente trabajo de nuestros abogados de oficio. Vamos a seguir trabajando para merecer y extender este reconocimiento.

¿Por qué existe desigualdad en el pago de Impuesto de Sucesiones según cada Comunidad?2018-07-24

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es el responsable de que tengas que pagar por recibir una herencia o una donación. Pero la legislación autonómica presenta grandes diferencias territoriales en cuanto a tipos impositivos. Recibir una herencia en Madrid, Asturias o Andalucía tenga unas consecuencias económicas muy diferentes para los herederos. ¿Esta situación es injusta? ¿Atenta contra la seguridad jurídica de todos los ciudadanos?

Pese al cambio de normativa, que entró en vigor a inicios de 2018, siguen existiendo grandes diferencias en la normativa reguladora del Impuesto de Sucesiones en las diferentes Comunidades Autónomas. En efecto, se pueden detectar bonificaciones de hasta el 99% en algunos territorios, como puede ser Madrid, cuando se trata de herencias de padres a hijos, por lo que el contribuyente apenas tiene que abonar al fisco en proporción a la masa hereditaria recibida. En cambio, en otras comunidades los impuestos por este tipo de operaciones son, cuanto menos, sangrantes.

“Entre los territorios más perjudicados por estas diferencias se encuentra Asturias, y hasta hace bien poco la Comunidad Autónoma de Andalucía, concretamente hasta la entrada en vigor de la reforma de la normativa reguladora de este impuesto el día 1 de enero de 2018. Hasta este momento un andaluz debía pagar un equivalente al 17% del patrimonio a heredar, frente al 1% de otras comunidades”, explica Lucía Gómez Barba, abogada del despacho Sanahuja Miranda.

Entre las Comunidades más beneficiadas por las bonificaciones fiscales y donde menos se paga al fisco por heredar se encuentran Canarias y la Comunidad de Madrid.
 
Polémica por la igualdad fiscal

La polémica en torno a la aplicación de este impuesto dio lugar a numerosas manifestaciones y concentraciones de los ciudadanos andaluces exigiendo lo que, para muchos, no es más que su derecho a la igualdad en todo el territorio español consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, relacionado con el artículo 31, que concretamente indica que “los impuestos deben ser justos, equitativos y no deben tener afán recaudatorio”, añade Gómez Barba.

A partir de la entrada en vigor de la mencionada reforma se ha aumentado el mínimo exento para heredar en Andalucía, pasando de 250.000 euros a 1.000.000 euros, y únicamente afecta a los parientes más próximos del fallecido, es decir, hijos, cónyuges y padres. A pesar de todo ello se trata de un paso más en el camino de la igualdad entre todas las Comunidad Autónomas.

En este contexto, y a raíz de estas diferencias fiscales, Gómez Barba, de Sanahuja Miranda, explica que “para muchos son inconstitucionales y supone que muchos ciudadanos opten por donar sus bienes antes que dejarlos en herencia a sus más allegados, ya que puede suponer en algunos casos un gran ahorro para el contribuyente”.
 
¿Herencia o donación?

Antes de optar por la herencia o donación de un bien hay que tener en cuenta, sin embargo, determinados factores que se deben valorar antes de decantarse por una de las dos opciones, como puede ser el tipo de bien, si se está ante un inmueble destinado a vivienda habitual, si se trata de bienes con pérdidas, o los bienes con altas plusvalías y el grado de parentesco entre las partes.

Otra de las causas que hace que los ciudadanos reclamen la reforma del impuesto de sucesiones e incluso la supresión del mismo es la percepción de que dicho tributo supone una doble imposición -continúa la especialista en este tema-, es decir, “el contribuyente, cuando hereda, tributa por unos bienes sobre los que ya tributaron sus propietarios anteriores, por ejemplo, si tus padres ya pagaron los impuestos correspondientes por la casa en la que han vivido toda la vida, por qué tú, como su hijo, tienes que volver a tributar por ello. Este es un pensamiento más que generalizado que hace de este impuesto uno de los más polémicos y menos “queridos” por la población”.

Para muchos, se trata de un impuesto arcaico, sin razón de ser en la actualidad y que debería haber sido suprimido hace mucho tiempo. Sin embargo, el debate sigue abierto ya que para muchos otros la eliminación de este tributo supondría una merma en las arcas públicas que nuestro país no podría permitirse a día de hoy.

Lo que sí está claro y sobre lo que no existe polémica posible es la palpable desigualdad fiscal que es, para muchos, no sólo es injusta, tal y como lo han demostrado los ciudadanos saliendo a las calles voz en grito (como en tantas otras ocasiones) sino que también es contaria a uno de los principios generales más importantes de nuestro ordenamiento jurídico y consagrados en la Consitución, la seguridad jurídica. Por ello, esperemos que estas movilizaciones hayan servido para que los partidos políticos se hagan cargo de la situación lo antes posible, garantizando la igualdad de todos los españoles a la hora de aceptar una herencia, sea cual sea la provincia en la que tengan su residencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra otorga una pensión de viudedad a una mujer divorciada que fue víctima de violencia de género2018-07-24
La Sala de lo Social confirma una sentencia que concede esta retribución al amparo de la ley Orgánica de 2004 de medidas de Protección Integral contra la violencia de género. El Instituto Nacional de la Seguridad Social se había opuesto al haber transcurrido más de 10 años entre la fecha de la separación judicial y el fallecimiento del exmarido

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado una sentencia que reconoce una pensión vitalicia por viudedad de 692,76 euros mensuales a una mujer víctima de violencia de género en el momento del divorcio.

La pareja, que contrajo matrimonio en San Sebastián en 1978, se divorció en 1998. Durante el periodo en que duró la relación, según consideró probado la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona, la mujer sufrió insultos frecuentes y desprecios de su esposo del tipo: “No vales nada”, “tonta”, “puta”.

También, según la sentencia, le propinó algún empujón. Todo ello delante de la familia, de forma que la demandante, a la que su esposo culpaba de todo lo que sucedía, estaba “aterrorizada y anulada”.

En la sentencia de divorcio, dictada de mutuo acuerdo en julio de 2000, el marido se quedó con la guarda y custodia del hijo menor y continuó con el uso y disfrute del domicilio conyugal por haber sido adquirido por él con anterioridad al matrimonio.

En dicho convenio, la mujer renunció a la pensión compensatoria y, por su parte, el esposo saldó la deuda que mantenía con ella en concepto de atrasos debidos por importe de 500.000 pesetas (3.005,06 euros). Mientras duró la convivencia, la mujer apenas trabajó tres meses.

El esposo falleció en diciembre de 2016, y su exmujer solicitó la pensión de viudedad en marzo de 2017, que fue desestimada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por no tener derecho a la pensión compensatoria al haber transcurrido más de 10 años entre la fecha de la separación judicial y el fallecimiento del exmarido.

La mujer reclamó entonces al INSS la pensión al amparo del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), en relación con la Ley Orgánica de 2004 de medidas de Protección Integral contra la violencia de género.

Según el artículo 220 del TRLGSS, “tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras a pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme”. Este precepto establece que la condición de víctima de violencia de género puede acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

A este respecto, tanto la juez de primera instancia como la Sala de lo Social del TSJN se amparan en una sentencia dictada en mayo de 1999 por un juzgado de instrucción de San Sebastián, que condenó al exmarido como autor de una falta de vejaciones. En esa sentencia, se consideró probado que el acusado se personó el 10 de enero de 1999 en el restaurante en el que trabajaba su exmujer, en donde, en el transcurso de una discusión, le llamó “zorra y desgraciada”, unos insultos que llegó a proferir delante de un ertzaina (policía autonómico vasco).

Unos insultos proferidos en público

Esta condena, así como los testimonios de la hermana y el cuñado de la demandante, sirvieron de base a la juez de lo Social para acreditar la existencia de violencia de género.

Para los magistrados del TSJN, el resultado de esa condena por vejaciones constituye un hecho aislado, pero “dotado de una enorme significación”. La denuncia, explica la Sala, se produjo en 1999, año en que este tipo de actuaciones no solían denunciarse.

A ello hay que añadir, recalca el tribunal, que el hecho vejatorio se produjo en público, “con desprecio por parte de su autor a cualquier atisbo de intentar ocultar su ruinoso comportamiento, lo que permite enmarcar la denuncia en un ámbito en el que los desprecios, insultos y vejaciones eran frecuentes, tal y como así corroboraron los testigos que depusieron en el juicio”.

Para el TSJN, “es evidente la coetaneidad entre la violencia de género y el momento de la separación y divorcios de la demandante y su esposo”, por lo que concurren “todas las exigencias legales y jurisprudenciales necesarias para acceder a la pensión de viudedad solicitada”.

El CGPJ aprueba las ternas de candidatos a cuatro plazas de magistrado del Tribunal Supremo2018-07-23

Una de las plazas es de la Sala Tercera y fue convocada por la jubilación del magistrado Manuel Vicente Garzón. Las otras tres son de la Sala Segunda, todas ellas correspondientes al turno de especialistas

CGPJ.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy las ternas de candidatos a cuatro plazas de magistrado del Tribunal Supremo: una en la Sala Tercera, para cubrir la vacante producida por la jubilación del magistrado Manuel Vicente Garzón Herrero; y las otras tres en la Sala Segunda, todas ellas correspondientes –como la anterior- al turno de especialistas. 

De los veintidós aspirantes a la plaza de la Sala Tercera, que fue convocada por acuerdo de la Comisión Permanente del pasado 26 de abril, han sido seleccionados, por unanimidad, los siguientes candidatos: 

-      Dimitry Berberoff Ayuda, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Actualmente director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

-      Ignacio de la Cueva Aleu, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

-      Ana Isabel Martín Valero, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

-      Fernando de Mateo Menéndez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

-      Juan Pedro Quintana Carretera, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

-      Berta María Santillán Pedrosa, magistrada de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

-      José Santos Gómez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla

Candidatos a la Sala Segunda 

La Comisión Permanente también ha aprobado las ternas de candidatos a las tres plazas del turno previsto en el artículo 344 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) convocadas en la Sala Segunda por acuerdo del pasado 3 de mayo, a las que podían optar todos los magistrados con diez años de servicios en órganos especializados de la jurisdicción penal. 

La decisión de abrir la convocatoria a quienes cumplieran ese requisito, así como a los que reunieran los establecidos por la disposición transitoria duodécima de la LOPJ, obedeció al escaso número de potenciales candidatos que resultaría de limitarla a quienes accedieron a la categoría de magistrado mediante las correspondientes pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal convocadas en su día. 

En la actualidad, solo doce magistrados cumplen ese requisito, de los que dos ya tienen la condición de magistrado del Tribunal Supremo y otros cuatro sirven en órganos de la jurisdicción civil. Habrían sido por tanto solo seis los posibles aspirantes a las plazas. 

Dos de las plazas corresponden a las vacantes producidas por el fallecimiento del magistrado José Manuel Maza Martin y por el nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido Tourón; mientras que la tercera, en el momento de la convocatoria, tenía como objeto cubrir la vacante dejada por el entonces fiscal general del Estado, Julián Artemio Sánchez Melgar, mientras éste permaneciera en la situación de servicios especiales. 

Pese a que Sánchez Melgar ha reingresado al servicio activo y se ha incorporado a su destino en el Tribunal Supremo, la plaza se ha mantenido en el concurso dado que a la fecha de su cese como fiscal general del Estado –que fue publicado por el Boletín del Estado el pasado 22 de junio- ya había concluido el plazo de presentación de candidaturas. El magistrado que obtenga la plaza quedará adscrito a la Sala Segunda y se le adjudicará la primera vacante de titular que se produzca. 

De los 34 aspirantes, han sido seleccionados, también por unanimidad, los siguientes candidatos: 

Plaza de magistrado de la Sala Segunda vacante por el nombramiento para otro cargo de Cándido Conde-Pumpido: 

-      Ángel Luis Hurtado Adrián, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

-      Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

-      Eduardo Porres Ortiz de Urbina, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid

-      Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

-      María Félix Tena Aragón, presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres

-      Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional 

Plaza de magistrado de la Sala Segunda vacante por el fallecimiento de José Manuel Maza: 

-      Manuel Caballero-Bonald Campuzano, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga

-      Manuela Fernández Prado, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

-      Javier Hernández García, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona

-      Carmen Lamela Díaz, magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3

-      Jaime Requena Juliani, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

-      Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba 

Plaza de magistrado de la Sala Segunda convocada al encontrarse Julián Sánchez Melgar en la situación de servicios especiales: 

-      Jesús María Barrientos Pacho, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

-      Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

-      Enrique López López, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional

-      Susana Polo García, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

-      Leopoldo Puente Segura, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

-      Ignacio Subijana Zunzunegui, presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa 

Los nombramientos serán decididos por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que debatirá y votará las candidaturas elevadas por la Comisión Permanente, así como cualquier otra propuesta por los vocales del órgano de gobierno de los jueces haciendo uso de la facultad que les otorga el artículo 16.6 del Reglamento 1/2010, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

La Audiencia de Pontevedra absuelve a los comuneros acusados de colocar una piedra en un sendero que provocó que un ciclista se quedase parapléjico2018-07-23

El tribunal considera acreditado que la piedra fue colocada a propósito en medio del camino que habitualmente utilizaban los deportistas para realizar descensos, pero señala que carece de pruebas de la autoría de los cuatro comuneros

CGPJ.- La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha absuelto a los cuatro comuneros acusados de los delitos de homicidio en grado de tentativa y de lesiones por su presunta implicación en la colocación de una piedra en un sendero del Monte Alba que provocó la caída de un ciclista en septiembre de 2014. Como consecuencia del impacto, la víctima se quedó parapléjica.

El tribunal considera acreditado que la piedra fue colocada a propósito en medio del camino que habitualmente utilizaban los deportistas para realizar descensos, pero señala que carece de pruebas de la autoría de los cuatro comuneros. "No resulta posible estimar probados la mayoría de indicios expuestos por las acusaciones, más teniendo en cuenta el principio in dubio pro reo", destaca la Audiencia.

El tribunal argumenta que no ha quedado acreditada "la existencia de un clima de animadversión contra los ciclistas que hubiera podido motivar que pusiesen la piedra", tan solo ciertas disputas o críticas, "ni que los acusados hubieran tenido tiempo de realizar los actos que les imputan, ni que hubiesen subido por el camino donde se movió la piedra, ni que hubieran sido las únicas personas que pudieran haber realizado ese hecho".

La Audiencia sostiene que es "cierto" que los acusados "estaban en las inmediaciones en ese lapso de tiempo", pero recalca que "la pruebas practicadas, aún con las evidentes dificultades que se reconocen dada la situación en la que se produjo el hecho", no permiten "extraer con la certeza que habría sido precisa una conclusión válida y explicable acerca de la participación de los acusados en los hechos".

El Tribunal Supremo condena al Estado a pagar 600.000 euros a una mujer cuya expareja asesinó a su hija en una visita no vigilada2018-07-23

CGPJ.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar una indemnización de 600.000 euros por daños morales a una mujer cuya expareja asesinó a su hija común durante una de las visitas no vigiladas que estableció un juzgado de Madrid tras su separación, después de denunciarle en 47 ocasiones por malos tratos y otras causas.

El tribunal establece que las resoluciones del Comité contra la discriminación contra la mujer de la ONU (CEDAW) pueden ser aplicables en España por la vía de la reclamación por anormal funcionamiento de la justicia, como ha ocurrido en este caso.

De este modo, obliga a la Administración a cumplir el Dictamen de la CEDAW, de 16 de julio de 2014, que obligó al Estado a que otorgara una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos por no haber cumplido con su deber de diligencia en relación con los hechos que llevaron al asesinato de la menor.

La Sala concluye en esta sentencia que la Administración vulneró derechos fundamentales de la mujer -a la igualdad y a no ser discriminada por razón de sexo, a la integridad física y moral, y a la tutela judicial efectiva- por no asumir la demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente para pedir el cumplimiento del Dictamen del CEDAW, y poner fin a los efectos de una declaración de lesión de derechos de la mujer por haber sufrido un acto de discriminación derivado de una situación de violencia sobre la mujer, que le vinculaba en los términos de la Convención y el Protocolo Facultativo.

Tras el asesinato de su hija el 24 de abril de 2003, la madre presentó ante el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la de la Administración de Justicia. En su reclamación alegó que la muerte de su hija se podría haber evitado si se hubiese mantenido el régimen de visitas con vigilancia inicialmente establecido para regular la separación matrimonial. Esta reclamación fue rechazada, decisión que fue confirmada por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Agotadas las instancias nacionales, la recurrente acudió al Comité de Naciones Unidas, CEDAW, que emitió un Dictamen en el que concluía que el Estado falló en su obligación de ejercer la debida diligencia. Tras este pronunciamiento, la mujer presentó el 6 de febrero de 2015 en el Ministerio de Justicia una segunda reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado en la que solicitaba que se cumpliera lo dicho por el Comité de la CEDAW. Ante el silencio de la administración a esta nueva petición, presentó recurso en la Audiencia Nacional, que fue rechazado de nuevo al no apreciar que existiesen datos que indicasen que el régimen de visitas que existía implicase peligros para la vida o salud física o psíquica de la menor.

Por este motivo, la mujer acudió al Tribunal Supremo solicitando una indemnización de 1,2 millones de euros por vulneración de derechos fundamentales. La Sala estima de forma parcial su recurso, concediendo una indemnización de 600.000 euros. También condena a la Administración a pagar 10.000 euros por las costas de la instancia debido a la especial vulneración de derechos producida.

Vulneración de derechos fundamentales de la madre

La Sala se plantea si la negativa de la Administración, que no contestó a la reclamación planteada por la mujer, vulneró sus derechos fundamentales. En este punto, los magistrados consideran que “la citada vulneración tiene encaje en el artículo 14 de la Constitución Española -derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo-, pues durante años no se pusieron en marcha medidas que hiciesen efectivas en la práctica previsiones legales existentes y de manera que si pudiese reestablecer una igualdad rota en el seno familiar por los graves actos de discriminación sufridos por la recurrente”.

También considera que se ha vulnerado el artículo 24 -derecho a la tutela judicial efectiva- debido a que en los diversos procedimientos judiciales que revisaron la práctica administrativa “no se dio amparo efectivo al derecho de la recurrente a no ser discriminada, todo ello con indudable y grave afectación de su dignidad humana y de su derecho a la integridad moral -artículo 15 de la Constitución Española- que, como derecho esencial y básico de toda persona, es la base ontológica que hace posible todo los demás”.

Por ello, resulta indudable, según la sentencia, que las especiales particularidades de la demanda de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia "no sólo debió merecer de la Administración General del Estado una consideración expresa, por demás impuesta por el artículo 42 de la Ley 30/1992, dando cumplimiento a la obligación internacional y de Derecho interno, sino que se torna ya en el remedio efectivo último para controlar la alegada vulneración de derechos fundamentales invocada por la parte recurrente que, además, se presenta como permanente en el tiempo, no tanto por estar vinculada al fatal desenlace que ciertamente acaeció hace años, cuanto por no haber sido restaurada la lesión de derechos por la Administración tras la conclusión del Comité de la CEDAW”.

Vía de aplicación de las resoluciones del Comité de la CEDAW de la ONU

La Sala afirma que el Dictamen del Comité de la CEDAW deberá ser tenido, en este caso y con sus particularidades, como presupuesto válido para formular una reclamación patrimonial del Estado y al margen de la anterior ya denegada, puesto que "acredita junto con los hechos que se desprenden del expediente administrativo la existencia de una lesión o daño real y efectivo, individualizado en la persona de la recurrente, que ella no estaba obligada a soportar, y que se produjo por la desprotección que ha soportado durante años ante una clara situación de discriminación, antes y después del fallecimiento de su hija, hecho en sí mismo que no puede ser valorado".

Es un daño, subraya la Sala, que no está integrado por el juicio de valor del órgano internacional aunque éste sirva para su constatación sobre la base de los hechos acaecidos, que “está aún vigente pues la situación de desprotección de derechos no ha sido resarcida y que, además, es evaluable económicamente por venir representado (no sólo por el fallecimiento de su hija, que también, sino) por los daños de todo tipo que ha tenido que soportar como consecuencia de ello siendo víctima de violencia sobre la mujer que es, proporcionada a la gravedad de los hechos y para repararlos en su integridad, actualizados cuantitativamente al momento presente”.

La conclusión a la que llega el tribunal es que la inexistencia de un cauce específico y autónomo para hacer efectivas en el ordenamiento español de las recomendaciones de un Dictamen del Comité de la CEDAW por vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Convención por parte del Estado español, impide exigir autónomamente el cumplimiento de aquellos dictámenes. No obstante, es posible admitir, según el tribunal, que ese Dictamen sea el presupuesto habilitante para formular una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia “como último cauce para obtener la reparación, ello con independencia de la decisión que resulte procedente en cada caso e incluso de la posible procedencia de otros en los supuestos de hecho que puedan llegar a plantearse”.

La Sala reconoce que el Comité de la CEDAW no ha introducido en el ordenamiento jurídico interno una instancia superior supranacional de revisión o control directo de las decisiones judiciales o administrativas internas, ni tampoco ha impuesto a los Estados miembros unas medidas procesales de carácter anulatorio o rescisorio para asegurar la reparación de las desviaciones que el Comité de la CEDAW pueda llegar a apreciar.

Pese a ello, no puede dudarse, según los magistrados, del carácter vinculante/obligatorio de los Dictámenes para el Estado parte que reconoció la Convención y el Protocolo puesto que el artículo 24 de la Convención dispone que los Estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en ella. Del mismo modo, el artículo 7.4 del Protocolo Facultativo establece que el Estado parte dará la debida consideración a las opiniones del Comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará en un plazo de seis meses una respuesta por escrito. Todo ello reforzado por el reconocimiento expreso de la competencia del Comité, voluntariamente asumido por España.

El Consejo General de la Abogacía convoca la XX Edición del Premio Derechos Humanos dedicados de forma extraordinaria a la ‘Prevención y Lucha contra los Delitos de Odio’2018-07-20

CGAE

El Consejo General de la Abogacía Española, a través de la Fundación Abogacía Española, ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la XX Edición de los Premios Derechos Humanos, que este año estarán dedicados a la prevención y lucha contra los delitos de odio. Con carácter excepcional para la convocatoria de 2018, todas las candidaturas de esta edición en las categorías de Persona, Institución y Medio de Comunicación, deberán referirse a acciones o personas que tengan como referencia educar, prevenir, denunciar y luchar contra los delitos de odio contra cualquier colectivo.

La presentación de candidaturas, abierta a todas las personas o instituciones relacionadas con el mundo del derecho, finaliza el 17 de septiembre y los premios se entregarán en el marco de un acto solemne del Consejo General de la Abogacía Española. Las bases pueden consultarse en  www.abogacia.es .

Premiados de años anteriores

Entre los premiados en años anteriores figuran la atleta Kathrine Switzer, el Proyecto CAPRE de los Salesianos de Medellín, la periodista Chika Oduah, el Equipo Olímpico de Refugiados de los Juegos de Rio 2016, Ibrahim al Hussein, Women´s Link Worldwide, Javier Bauluz, Carlos Carnicer, Francisca Sauquillo, la Congregación de Adoratrices de Almería, los misioneros Juan José Aguirre y Aurelio Gazzera, la Ciudad Escuela de los Muchachos (CEMU), Henrique Cymerman, la jueza guatemalteca Iris Yassmín Barrios, Cáritas y Banco de Alimentos, la Corte Penal Internacional, Federico Mayor Zaragoza, Almudena Ariza, la Asociación Madres de Srebrenica, el jesuita Jesús María Alemany, los abogados iraníes Mohammed Mostafaeí, Nasrin Sotoudeh y Javid Houtan, la Organización de los Pueblos Indígenas Mepha´a, el abogado experto en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, Juan Ignacio de la Mata, la abogada india Ela Bhatt, fundadora de SEWA, la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas, los trabajos de reinserción en los centros penitenciarios españoles, los ex rehenes de las FARC, Ingrid Betancourt y William Pérez, la coordinadora de la Asociación “Nuestras hijas de regreso a casa” de Ciudad Juárez, Marisela Ortiz, la esclava nigerina Hadijatou Mani, el director de la orquesta West-Eastern Divan, Daniel Barenboim, la presidenta de la Red Europea de Lucha contra las mutilaciones sexuales, Khady Koita, el Monasterio Mater Dei de Nampula (Mozambique), el Padre Jaime Garralda, fundador de Horizontes Abiertos, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el patrón y la tripulación del pesquero “Francisco y Catalina”, Amnistía Internacional, Vicente Ferrer, los ex defensores del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda y Joaquín Ruiz-Giménez, los periodistas Yolanda Álvarez (El Mundo), Mónica Bernabé (El Mundo), Angels Barceló (SER), Rosa Isela Pérez, Gervasio Sánchez, Carla Fibla (SER), Nicolás Castellano (SER), José Naranjo (La Provincia), el programa “Con todos los acentos” (La 2), Luis de Vega (ABC), Carmen Sarmiento (TVE), Marisa Goñi, Felipe Armendáriz y Matías Vallés (Diario de Mallorca), Manuel Leguineche, el espacio “12 meses, 12 causas”, de Tele5...

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechaza la entrega de Carles Puigdemont solo por el delito de malversación2018-07-20

El magistrado destaca la “falta de compromiso” del tribunal alemán que decidió sobre la euroorden dictada contra el expresidente de la Generalitat

CGPJ.- El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este jueves un auto en el que rechaza la entrega a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont en las condiciones acordadas por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania), es decir, para ser juzgado sólo por un delito de malversación de caudales públicos, pero no por los de rebelión o sedición.

Llarena destaca “la falta de compromiso” del tribunal alemán con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español, y estima que con su decisión han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea, ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni al Manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.

Para el magistrado, el control de la doble tipificación por parte del Estado de ejecución debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania, y si justificarían por ello que, de haberse perpetrado en el país de ejecución los hechos que se sospechan, se impulsaría una investigación penal semejante a la que aquí se sigue.

“En tal sentido –argumenta- no resulta conforme con la Decisión Marco que se deniegue la tramitación de la orden de detención respecto de unos hechos principales de rebelión o sedición (limitándose el ejercicio de la jurisdicción española a la persecución del delito de malversación de fondos públicos), a partir de un análisis en el que las autoridades judiciales del país de ejecución no realizan una ponderación en abstracto del pronóstico de tipicidad sospechado, sino que abordan el definitivo juicio de subsunción de los hechos en los tipos penales”.

Añade que lo hacen además “desde una conclusión cerrada de cómo se desarrollaron los hechos o de cuáles fueron las intenciones que pudieron guiar a los partícipes. Al actuar de ese modo, el Tribunal de ejecución alemán ha adelantado un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, y lo hace desde un posicionamiento desacertado”.

El tribunal alemán da valor de prueba definitivo a la versión de Puigdemont

Según el auto, el Tribunal de Schleswig-Holstein llega a valorar en algunos extremos, a efectos de fondo, la declaración del encausado. Y esa ponderación de su relato a la hora de evaluar la antijuridicidad de los hechos que se le atribuyen, entraña, para el juez Llarena, “conferir un valor probatorio definitivo a su versión, pese a que la declaración no pueda confrontarse con el resto de fuentes de prueba recogidas en una extensa instrucción que el Tribunal de ejecución desconoce, y sin que puedan someterse esas manifestaciones a contradicción con unas acusaciones que están privadas de las posibilidad de intervenir en el expediente de entrega”.

El magistrado resalta que el tribunal alemán denuncia que no se aprecian en los hechos algunas de las exigencias típicas identificadas por su propia jurisprudencia, “pero silencia que no ha reclamado a este instructor que le ilustre sobre aquellos extremos de la investigación que pudieran reflejar que sí concurren esos elementos, y ello pese a que este Tribunal (en escrito de 26 de abril de 2018), comunicó al órgano judicial de Schleswig-Holstein que el relato [del Auto de Procesamiento en el que se asienta la euroorden] sólo contiene los hechos que resultan de interés para el enjuiciamiento en España”.

Señala el juez que lo relevante a los efectos de mantener la petición de colaboración, es que el tribunal de ejecución, cuando constata unos hechos que satisfacen las exigencias abstractas en las que se asienta un determinado pronóstico de tipicidad, “ni legal ni materialmente puede abordar un juicio sobre la fuerza incriminatoria de unas pruebas que no están a su alcance, ni puede tampoco realizar un juicio definitivo de subsunción de los hechos que se imputan en los diferentes tipos penales”.

‘Cortocircuitada’ la operatividad de la euroorden

Llarena señala que todas esas circunstancias “no sólo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento”, por lo que procede, de un lado, rechazar la entrega de Puigdemont como mero responsable del delito de malversación y, de otro, retirar las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra él.

El tribunal alemán debió plantear una cuestión prejudicial al TJUE

Asimismo, el juez sostiene que el tribunal alemán debió haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que, cuando existen dudas de interpretación de una norma de la UE, en este caso la aplicación de la euroorden, en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de posterior recurso judicial debido a su derecho interno, dicho órgano está obligado a formular la cuestión prejudicial al TJUE. Así, se habría obtenido una interpretación uniforme de la norma garantizando el principio de igualdad en su aplicación en toda la UE.

El tribunal de ejecución (en este caso, de Alemania), que es quién debe plantear la cuestión prejudicial de acuerdo al artículo 267 del Tratado de la UE, estaba obligado, según Llarena, a preguntar al TJUE al no tratarse de un acto claro, entre otras razones por existir dudas interpretativas que se hubieron de hacer presentes al tribunal alemán, por la propia posición del fiscal general del Estado de Schleswig-Holstein, quien solicitaba la entrega por los dos delitos y no solo por malversación, y por la información complementaria que les remitió el propio Llarena en defensa de sus tesis.

A ello se añadía que no había jurisprudencia directa del Tribunal europeo sobre el concepto de ‘doble incriminación’ previsto en el procedimiento de la euroorden; y que la jurisprudencia indirecta del mismo TJUE era de sentido contrario a la sostenida por el tribunal alemán.

Falta de compromiso

Por todo ello, el juez destaca “la falta de compromiso del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español”, que “no sólo se refleja en no haber planteado una cuestión prejudicial cuando se estaba obligado a ello, sino por no haberlo hecho conociendo que el Tribunal Supremo español, como órgano judicial de emisión de la euroorden, no puede dirigirse al TJUE para plantear una cuestión prejudicial que intente suplir o colmar el déficit de colaboración padecido (artículo 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea)”.

Así, cita las conclusiones del Abogado General del TJUE, recientemente presentadas el 16 de mayo de 2018, que señalan que la decisión del Tribunal de la Unión Europea respecto de una cuestión prejudicial que fuera planteada por el Estado remitente (en este caso España), sería puramente consultiva y carente de efecto vinculante, y en cuanto tal inadmisible.

El auto del juez Llarena realiza un extenso análisis de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros aprobada por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea el 13 de junio de 2002. Destaca que se concibió como un instrumento de agilización de la cooperación judicial basado en los principios de reconocimiento y confianza mutuas entre los países miembros, y donde la autoridad judicial de ejecución sólo puede negarse a llevarlo a cabo en supuestos excepcionales.

Retiradas las órdenes contra Puig, Comin, Serret, Ponsatí y Rovira

En ese sentido, también hace referencia a la denegación de entrega acordada en Bélgica respecto a otros tres procesados en la misma causa que eran exconsellers del Gobierno de Puigdemont (Antoni Comin, Lluis Puig y Meritxell Serret). Recuerda que las autoridades belgas no aceptaron que el auto de procesamiento contra los tres tuviese la naturaleza ejecutiva que el ordenamiento jurídico español le atribuye, entendiendo así que no había una orden de detención nacional subyacente a la orden de detención europea.

Así, la valoración sobre el alcance del auto de procesamiento, “discrepa abiertamente de la indicación de suficiencia que trasladamos al Tribunal de ejecución, despreciando el conocimiento que cada órgano judicial tiene de su propio ordenamiento jurídico, además de desconfiar de sus aclaraciones. Se muestran así inasumibles las objeciones formales expresadas en la resolución belga”, reitera Llarena, que en su auto retira también las órdenes de detención europeas e internacionales contra Comin, Puig y Serret, reclamados a Bélgica, así como las de Clara Ponsatí, que se encuentra en Escocia, y Marta Rovira.

La AN archiva la pieza de las preferentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por la retirada de las acusaciones particulares2018-07-20

El Tribunal concluye que la acusación popular ejercida por ADICAE carece de legitimación para dirigirse contra los acusados por los supuestos delitos continuado de estafa agravada, delito continuado de publicidad engañosa y delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas

CGPJ.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la pieza separada por la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al haberse retirado las acusaciones particulares al inicio del juicio el pasado día 4. El Tribunal concluye que la acusación popular ejercida por ADICAE carece de legitimación para dirigirse contra los acusados Roberto López Abad y María Dolores Amorós Marco por los supuestos delitos continuado de estafa agravada, continuado de publicidad engañosa y delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas.

En un auto, los magistrados analizan la doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo en materia de legitimación de las acusaciones populares cuando no existe acusación del Ministerio Fiscal ni de la acusación particular, y considera que no hay margen de actuación a la pretendida acusación solitaria de ADICAE pues los intereses públicos y particulares reunidos en el procedimiento “han manifestado su tajante voluntad de retirada”.

La Sala, en el auto con ponencia de Juan Francisco Martel, considera relevante destacar que los delitos que provisionalmente se han venido atribuyendo a los acusados no protegen bienes jurídicos difusos, colectivos, ni metaindividuales, cuya defensa no hubiera sido susceptible de ser monopolizada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares. Añade que la doble y convergente petición de tales acusaciones pública y particulares implican “un posicionamiento de cierre a cualquier otra pretensión penal, ante la irrelevancia criminal de los hechos”.

Así pues, el enjuiciamiento de posibles delitos de carácter eminentemente patrimonial queda cerrada para la asociación ADICAE como acusación popular.

El juez recuerda que ante la inconsistencia penal de los hechos investigados queda el marco administrativo sancionador, propio de órganos no judiciales inicialmente, cuya suspensión se alzará una vez sea firme esta resolución.

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de una enfermera de urgencias a cobrar la prestación por riesgo durante la lactancia natural2018-07-19

CGPJ.- La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una enfermera de urgencias del SUMMA 112 a cobrar la prestación por riesgo durante la lactancia natural, que le denegó la Seguridad Social al haberse acreditado que en su puesto de trabajo existen riesgos que pueden tener incidencia en la lactancia. El tribunal estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la trabajadora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, al igual que el juzgado de lo Social nº de Toledo, confirmó la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que le denegó el cobro de dicha prestación por no ser considerado su trabajo una actividad de riesgo.

La enfermera trabaja en la Unidad de Asistencia Domiciliaria Rural de urgencias médicas en Castilla-La Mancha. El 13 de febrero de 2012 tuvo un hijo al que, por razones médicas, se aconsejó la alimentación mediante lactancia exclusivamente natural. Cuando acabó la licencia por maternidad solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la prestación de riesgo por lactancia natural, que le fue denegada por las razones citadas. El informe de evaluación de riesgos de su puesto de trabajo que se realizó, aludía sólo a riesgos genéricos (no específicos) por el manejo de productos químicos (alcohol, lejía), los cortes y pinchazos con material utilizado en limpieza y desinfección, la exposición a agentes químicos y biológicos (fluidos corporales, vómitos sangre…) y la carga mental por trabajo nocturno y a turnos. Tras su reincorporación posterior a la baja por parto, solicitó dos permisos sucesivos hasta el 31 de julio de 2012 y una excedencia por cuidado de hijo hasta el 13 de noviembre de 2012. Antes, se le reconoció la prestación por riesgo durante el embarazo con este hijo y con otro anterior.

La cuestión que se plantea la Sala de lo Social en esta sentencia, con ponencia de la magistrada María Lourdes Arastey, es si la demandante tiene o no derecho a la prestación de riesgo durante el periodo de lactancia natural, tratándose de una enfermera que presta servicios en la Unidad de Asistencia Domiciliaria Rural de un Servicio autonómico de urgencias médicas, durante 120 días al año, en turnos de 17 y 24 horas, realizando tareas de asistencia sanitaria en domicilio y, excepcionalmente, en la vía pública en las situaciones de emergencia que lo requieran.

La sentencia explica que la situación que protege esta prestación es la que se produce cuando existen riesgos para la lactancia natural que obligan a la empresa a suspender el contrato mientras el menor no alcance nueve meses si no ha podido adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo ni cambiar a la trabajadora de puesto de trabajo. A partir de ahí, el tribunal constata que en este caso no consta declaración en este sentido de la empresa, aunque sí se acredita que no ofreció modificación de condiciones ni recolocación alguna, habiéndose cubierto el periodo indicado mediante el disfrute de permisos y de excedencia por cuidado de hijo. Esto evidencia, según la Sala, “el apartamiento de la prestación de servicios por el periodo coincidente con el de lactancia materna protegida; sin que, por otra parte, la Entidad Gestora justificara la denegación en otra causa distinta que la inexistencia de riesgos.

Revisión de doctrina

La Sala revisa su doctrina y la ajusta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de octubre de 2017, caso Otero Ramos, que impone al empresario el deber de determinar, directamente o por medio de los servicios de prevención, la evaluación del riesgo de las trabajadoras en periodo de lactancia, lo que requiere un examen específico de la situación de la trabajadora que tenga en cuenta su situación individual para determinar si su salud o la de su hijo están expuestas a un riesgo. Por ello, afirma que cuando no se realiza esta evaluación se priva a la afectada y a su hijo de la protección que debería otorgársele. “Por tanto, no se puede tratar del mismo modo a una trabajadora en periodo de lactancia que a cualquier trabajador”, concluye la Sala que, además, añade que la falta de evaluación supone para el TJUE un trato menos favorable a una mujer, vinculado a la lactancia, y constituye una discriminación por razón de sexo.

Como consecuencia de ello, señala que “en este caso se realizó una evaluación de riesgos que recoge todos aquéllos que concurren en el puesto de la recurrente; pero que, no obstante, no hace particular mención ni precisión sobre la afectación de las condiciones del puesto sobre la eventual situación de lactancia de la trabajadora”. Ante tal escenario no se puede sostener que la demanda esté huérfana de prueba de la existencia de riesgos específicos, según la sentencia, ya que de la propia evaluación de riesgos se deduce que “concurren circunstancias que, aceptada su incidencia sobre cualquier trabajador, tienen particular repercusión en el caso de la mujer en periodo de lactancia y, frente a tal apreciación que cabe hacer sin necesidad de especiales conocimientos técnicos, como el riesgo de contagio por contacto con fluidos humanos diversos, habrá de ser la parte que niega la existencia de la situación de riesgo durante la lactancia la que haya de desarrollar la actividad probatoria en contrario”.

Por ello, frente a la justificación de la denegación de la prestación por parte del INSS basada exclusivamente en no considerar el trabajo de la actora una actividad de riesgo, la constatación del listado de riesgos comunes de dicha actividad basta, en un caso como este, para sostener que ninguna duda cabe del efecto que algunos de ellos tiene sobre la lactancia materna, sin que la falta precisa de evaluación de tal eventualidad pueda situar a la trabajadora en una posición de exclusión del acceso a la protección, señalan los magistrados.

Relevancia del trabajo a turnos y/o nocturno en la protección de la lactancia natural

La Sala destaca que no sólo el listado de los Anexos del Reglamento de los Servicios de Prevención no es exhaustivo, sino que la delimitación de la contingencia en el caso de la lactancia natural no es fácil porque lo que se busca es la constatación de que la lactancia se ve dificultado o impedida por el mero desempeño de la actividad laboral. Desde esa óptica, afirma el tribunal, no bastará con que exista un peligro de transmisión de enfermedades de la madre al hijo, puesto que tan perjudicial puede ser dicho contagio como la imposibilidad real de que el menor realice las imprescindibles tomas alimentarias.

Por eso, afirma que la influencia de los tiempos de trabajo sobre la efectividad de la lactancia natural no puede desdeñarse como elemento de influencia en la calidad y cantidad del amamantamiento so pena de incurrir en la contravención de la propia finalidad protectora buscada.

De ahí que, en caso de trabajo a turnos o con horarios y jornadas que impidan la alimentación regular del menor, sea necesario tomar en consideración la efectiva puesta a disposición de la trabajadora de las condiciones necesarias que permitan la extracción y conservación de la leche materna. “No cabe, pues, limitar la perspectiva de la presencia de riesgos a la exposición a contaminantes transmisibles por vía de la leche materna, porque con ello se estaría pervirtiendo el objetivo de la norma que pretende salvaguardar el mantenimiento de la lactancia natural en aquellos casos en que la madre haya optado por esa vía de alimentación del hijo”, subraya el tribunal.

Los expertos auguran un incremento de los recursos en los procesos de licitación en la primera etapa de implementación de la nueva Ley de Contratos2018-07-19

Expertos del despacho Gómez-Acebo & Pombo (GA_P) reunidos por la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid  (ADEFAM) para analizar la nueva Ley de Contratos del Sector Público auguran un incremento importante del volumen de recursos empresariales en la primera etapa de su implementación, y ello como consecuencia tanto de la multiplicación de los supuestos que incluye la nueva ley para que las empresas realicen sus objeciones, como del corto periodo de adaptación -tan sólo cuatro meses de vacatio legis- que ha previsto la norma.

Los especialistas de GA_P, Irene Fernández Puyol y Miguel Ángel García Otero, creen que se abre un periodo de cierta incertidumbre en lo que concierne a la aplicación de la nueva ley debido a su complejidad y a que habrá que esperar a que empiecen a funcionar los organismos supervisores cuya creación contempla la propia norma. La ley establece la creación de la Oficina de Supervisión de la Contratación, cuyos dictámenes contribuirán a homogeneizar la práctica de contratación en los diferentes entes públicos.

Requisitos más estrictos

Ambos expertos subrayan que, si bien los requisitos que impone la ley son más estrictos para administraciones y licitadores, lo que requerirá de un mayor esfuerzo de los contratistas en la preparación de las licitaciones, es previsible que en adelante se produzcan menos problemas en la fase de ejecución de los contratos.

Irene Fernández Puyol y Miguel Ángel García Otero consideran que estamos ante una ley con un componente muy político, en la medida en que constituye un “desiderátum”, aún pendiente de materializase desde un punto de vista práctico, y encaminado a implantar políticas públicas en materia social, medioambiental, de innovación o de apoyo a las pymes

Mayor transparencia

Entre los múltiples aspectos novedosos que aporta la nueva ley, los especialistas de GA_P destacaron la mayor transparencia que se introducirá en los procesos de licitación, tras fijar la obligación de que se publiquen a través de internet los expedientes completos de licitación y las posibles modificaciones contractuales. Ello fomentará que los licitadores puedan estar vigilantes a lo largo de los procesos y, llegado el caso, poder formular sus recursos.

Asimismo, se refirieron al tratamiento que tendrán las UTE (Unión Temporal de Empresas), una figura muy común en determinados tipos de licitación pública y que a partir de ahora será examinada con detalle con el fin de evitar prácticas colusorias o limitativas del libre mercado.

En relación con este punto, los expertos recomendaron a las empresas que se presenten a una licitación bajo esta forma de asociación que documenten bien los motivos económicos y técnicos que aconsejan su adopción con el fin de no encontrar posteriormente problemas. Ante la sospecha de prácticas colusorias en alguno de los licitantes, la ley establece la derivación del expediente a la Comisión Nacional del Mercado (CNMC) para que abra una investigación que puede saldarse con la imposición de fuertes sanciones económicas.

Se calcula que más del 13% del PIB agregado de la UE proviene de las inversiones que realizan las administraciones públicas, lo que da una idea de la trascendencia económica que tiene la nueva regulación de la contratación pública.

Acerca de ADEFAM

La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos momentos a 92 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los respectivos sectores en los que operan. Su facturación agregada es de 14.541 millones de euros, el equivalente al 7,16% del PIB de la Comunidad de Madrid. En conjunto dan empleo a 237.005 trabajadores.

El TS absuelve acusado delito humillación víctimas que se quejó en Facebook de poner calle a Miguel Ángel Blanco2018-07-19

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a un hombre acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo en su modalidad de humillación a las víctimas al considerar que los mensajes que publicó en las redes sociales sobre el concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, en los que se quejaba de que se le dedicara una calle, no tienen relevancia penal. El tribunal estima el recurso de casación planteado por el recurrente y anula la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó a dos años y 1 día de prisión, a 8 años de inhabilitación absoluta y multa de 1350 euros.

El 20 de mayo de 2016, comentó en su perfil de Facebook que dedicar una calle a Miguel Ángel Blanco era una “aberración” junto a una foto con la cabeza de la víctima acompañada del texto “BUUUUUU” y “Miguel Ángel caza mayor”. Dos días después, publicó en Youtube un vídeo en el que insistía en que era vergonzoso que dedicasen una calle al concejal del PP, a quien llamó “pepero de mierda”, porque lo mató ETA. En el vídeo, de más de seis minutos de duración, dijo que después del asesinato de Miguel Ángel Blanco empezó a odiar a la banda terrorista porque aquello fue un atentado contra la democracia. También aseguró que desde lo que le ocurrió un año antes ya no se iba a solidarizar más con Miguel Ángel Blanco ni con “la gentuza del PP”.

La Sala indica que “el discurso es altamente contradictorio porque, por un lado, su eje nuclear es la queja por dedicar una calle a un político asesinado salvajemente por la banda terrorista ETA”, que conmovió al país y lo sigue conmoviendo ante el execrable acto cometido en su momento y que pervive en las mentes de todos los ciudadanos, además de incluir menciones a personas pertenecientes a un partido político. Pero, por otro lado, en su discurso general “muestra su repulsa a las actuaciones llevadas a cabo por la banda terrorista ETA, e incluso en el juicio mostró su arrepentimiento a algunas expresiones que habría proferido, incluso admitiendo su culpa”.

Así, se refiere al mensaje en que el recurrente dijo “me acuerdo de aquel momento perfectamente, yo me solidaricé muchísimo con Miguel Ángel Blanco, me pareció una cosa totalmente aberrante, ya de hecho pues, como probablemente le pasó a muchos otros españoles, empecé a odiar a ETA realmente”. También alude a que las expresiones de rechazo del recurrente se debían a que se le había hecho daño por un partido político sin especificar en qué ha consistido.

Artículo 578 del Código Penal

La sentencia, con ponencia del magistrado Vicente Magro, explica que estas circunstancias hacen que no se pueda aplicar el artículo 578 del Código Penal y, aunque admite “lo absolutamente desacertado de algunas expresiones que podrían dejar abierta la vía civil en estos casos”, señala que el principio de intervención mínima del derecho penal y problemas de tipicidad del artículo 578 del CP son obstáculos insalvables para incardinar los hechos en el precepto en el que se sustenta la condena dictada en la sentencia recurrida.

En esta línea de los “problemas fronterizos” entre la vía penal y la civil, o lo desacertado de las expresiones que se suceden en este caso, el tribunal advierte de la necesidad de que se adopten medidas organizativas en los prestadores de servicio para cortar la difusión inmediata de expresiones como las aquí contempladas que se exceden del objetivo de estas redes de comunicación y que, obviamente, pueden ofender a personas afectadas por estas expresiones, pero en el terreno del derecho penal debe estarse al caso concreto.

La Sala recuerda su jurisprudencia sobre la necesidad de valorar en esta clase de delitos no sólo el tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la intención con que hayan sido utilizadas y su contexto para determinar con claridad en cuál de los posibles significados ha sido utilizado en cada concreta ocasión. Tras realizar esta valoración, acuerda la absolución del recurrente por no estimar en el grado necesario la concurrencia del dolo penal exigido para dictar una condena por un delito de enaltecimiento del terrorismo en su modalidad de humillación a las víctimas.

Las ‘narcolanchas’ serán embarcaciones prohibidas, aunque no se detecten en la comisión de un delito2018-07-17

El incremento de las actividades delictivas en nuestras costas cometidas por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco, especialmente en el Campo de Gibraltar, ha llevado al Gobierno a impulsar una reforma legislativa para prohibir las denominadas narcolanchas.

A tal fin, el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, mediante el que se contempla que las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad se declararán género prohibido con excepción de las adscritas a la defensa nacional, embarcaciones de organismos públicos u organizaciones internacionales reconocidas y las de recreo con ciertos requisitos.

Lo novedoso es que con la legislación vigente es muy difícil proceder legalmente contra las denominadas narcolanchas si no contienen carga ilícita en el momento de su detención. Con la reforma se podrá proceder a su decomiso en cuanto sean detectadas y tendrán implicaciones penales o administrativas diversas actividades relacionadas con las mismas.

Así, la tenencia de estas embarcaciones, al igual que su fabricación, circulación, importación, exportación, actividad de comercio y rehabilitación, constituirán, salvo que se cumplan los requisitos legales, una infracción administrativa si el valor de las embarcaciones aprehendidas no supera los 50.000 euros, o bien, si supera esa cantidad, un delito de contrabando, sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados.

Embarcaciones afectadas

Para garantizar el cumplimiento de la norma, se creará en el Ministerio de Hacienda un registro para este tipo de embarcaciones y se establecerá reglamentariamente un mecanismo de inspección y control. La propuesta de modificación legislativa afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios y a cualquier otra embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, si existen indicios racionales tasados en la propia regulación de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando.

Adicionalmente, quedarán exceptuadas de la prohibición, previa autorización e inscripción en un registro, las embarcaciones distintas a las anteriores que se encuentren afectas a salvamento y asistencia marítima; las que se utilizan para navegación interior por lagos, ríos y aguas fuera de los espacios marítimos españoles; las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación, y las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización.

‘Vacatio legis’ de seis meses

La propuesta de cambio normativo establece una vacatio legis de seis meses desde su aprobación para la entrada en vigor, momento a partir del cual se abre un periodo de seis meses para que se regularice la situación de embarcaciones que deban ser objeto de autorización de uso e inscripción en el registro.

La inversión en Justicia Gratuita sólo crece el 1,9% en 2017 frente a un mayor incremento de asuntos atendidos2018-07-17
  • La inversión en Justicia Gratuita alcanzó los 243,2 millones de euros, mientras que lo asuntos atendidos superaron los 1,8 millones, un 2,3% más
  • La inversión media por ciudadano es de 5,22 euros por año y la retribución media del abogado del Turno de Oficio se reduce a 133,5 euros por expediente
  • Hay 51.308 abogados y abogadas inscritos en el Turno de Oficio, un 13 % más que en 2016
  • 676.027 expedientes electrónicos de Justicia Gratuita
  • El Comité de Expertos considera necesario, entre otras actuaciones, ampliar las especialidades del Turno de Oficio, revisar el marco legal de la Justicia Gratuita para actualizar compensaciones o extender los Servicios de Orientación Jurídica a la población en riesgo de exclusión.
  • El 85% de los usuarios del Turno de Oficio valora de forma positiva la Justicia Gratuita.

La inversión total que las Administraciones Públicas destinaron en 2017 a la Asistencia Jurídica Gratuita alcanzó los 243,2 millones de euros, un incremento del 1,9% con respecto a 2016 cuando se invirtieron 238,7 millones de euros en este servicio imprescindible para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Esta leve recuperación de la inversión total en Justicia Gratuita se produce tras varios años de disminución o de estancamiento de las inversiones en Asistencia Jurídica Gratuita que han pasado de 254,5 millones de euros en 2011 a los 243,2 millones en 2017 con un descenso de casi el 5% y una reducción de más de 11 millones de euros en seis años. En buena medida este leve incremento obedece a la recuperación parcial de los baremos en algunas comunidades autónomas que sufrieron recortes durante la crisis de hasta el 40% en algunos casos.

La Asistencia Jurídica Gratuita, servicio recientemente valorado de forma muy positiva por el Cuadro de Indicadores de la Justicia que elabora la Comisión Europea, supone una inversión media por ciudadano de 5,22 euros por año, un 1,7% más que en 2016 (5,13 euros). La retribución media que percibe el abogado del Turno de Oficio por cada expediente se reduce a 133,5 euros cuando en 2016 la indemnización recibida por cada letrado era de 134,5 euros, incluyendo la atención 24 horas al día y 365 días al año.

 

LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN, EN EL TURNO DE OFICIO

El Turno de Oficio acapara en 2017 la mayor parte de la inversión con 166,4 millones de euros (68,4% del total del gasto en Justicia Gratuita) y un incremento del 1,7% con respecto a 2016. Dentro del Turno de Oficio, la jurisdicción con mayor inversión es la Penal con 93,6 millones de euros y más del 56% del gasto total destinado a este servicio. A continuación, se encuentra Civil con 46,3 millones de euros (28%), Contencioso-Administrativo con 6 millones (3,7%) y Social con 4,4 millones y el 2,7% de la inversión total en Turno de Oficio.

La Asistencia Letrada al Detenido aumenta un 2% alcanzando 45,7 millones de euros; mientras que la compensación que perciben los Colegios de Abogados por los Gastos de Infraestructura suponen 22,4 millones de euros con una clara tendencia a la estabilización de este gasto por la implantación del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita que reduce los costes y rebaja notablemente los tiempos de tramitación de documentación por los ciudadanos.

En Violencia de Género continúa la tendencia de subida de años anteriores con un incremento del 3,7% con respecto a 2016 y un importe que supera los 8,6 millones de euros.

 

CATALUÑA, MADRID Y ANDALUCÍA SUMAN EL 55% DE LA INVERSIÓN

Cataluña, como en años anteriores, es la comunidad autónoma que más invierte en Justicia Gratuita con 54,8 millones de euros y un incremento de casi el 3% con respecto a 2016. En segundo lugar se encuentra Madrid con 40,3 millones y un incremento del 6%. Hay que tener en cuenta que en 2017 esta autonomía ha recuperado el 7% de los baremos del Turno de Oficio tras la fuerte reducción (20%) de 2012. A continuación se encuentra Andalucía que invierte 39,6 millones con una subida del 4,6% y Valencia que sube un leve 0,2% hasta los 24,8 millones de euros.

Canarias y País Vasco ocupan los siguientes puestos con una inversión en Justicia Gratuita de 13,7 y 13,4 millones respectivamente. Las tres comunidades autónomas con mayor inversión (Cataluña, Madrid y Andalucía) alcanzan un total de 134,7 millones de euros lo que supone más del 55% del gasto a nivel de todo el Estado.

De los importes certificados en relación con el PIB regional cabe destacar, según el Informe ‘Inversión en Justicia. Inversión en Justicia Gratuita’ elaborado por la Universidad Carlos III, la existencia de un primer grupo formado por Cataluña, Canarias y Andalucía (además de Ceuta y Melilla) con inversiones en Justicia Gratuita por encima del nivel nacional; un segundo grupo formado por Madrid, Valencia, Asturias, Extremadura y Murcia con valores próximos al nivel del Estado y un tercer grupo con valores por debajo del nivel nacional formado por Galicia, País Vasco, Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, Aragón y La Rioja, siendo estas dos últimas comunidades autónomas la que se encuentran más alejadas del nivel nacional.

MÁS DE 1,8 MILLONES DE ASUNTOS ATENDIDOS

Durante 2017 los 83 Colegios de Abogados con presencia en toda España atendieron 1.822.419 asuntos del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita lo que supone un incremento del 2,3% con respecto a 2016 cuando se gestionaron 1.781.886. Hay que destacar que cada uno de los 800.000 expedientes remitidos por los Colegios de Abogados a las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita ha podido generar diversos asuntos por la presentación de incidentes procesales, la interposición de recursos, la generación de nuevos procedimientos.

Teniendo en cuenta los diferentes servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, el 62,4% por ciento de los asuntos, más de 1.136.000, son del Turno de Oficio, mientras que casi 628.000 corresponden a la Asistencia Letrada al Detenido (34,5%). El Servicio de Violencia de Género atendió en 2017 casi 58.000 asuntos que suponen más del 3% del total atendido.

Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma con más asuntos atendidos. En 2017 tramitó más de 403.000 solicitudes de ciudadanos superando el 22% del total gestionado a nivel nacional. A continuación se encuentra Cataluña con 343.000 asuntos que suponen casi el 19% del total.

Los ciudadanos tramitaron en 2017 a través de los Colegios de Abogados o mediante presentación de escrito en los juzgados 975.405 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita. Los 83 Colegios de Abogados –tras el análisis pertinente de estas solicitudes – remitieron casi 800.000 expedientes a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (organismos dependientes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia), de los que se ratificaron una media del 84%.

UN 13% MÁS DE ABOGADAS ADSCRITAS AL TURNO DE OFICIO

Los abogados adscritos a 31 de diciembre de 2017 al Turno de Oficio fueron 51.308, lo que supone un incremento del 13% con respecto a 2016 cuando había 45.348 letrados registrados en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Como novedad en este XII Observatorio de Justicia Gratuita se ofrece el dato de los letrados adscritos al Servicio de Extranjería donde hay 10.672 abogados.

Continúa aumentando el número de abogadas adscritas al Turno de Oficio alcanzando ya el 48% con 24.502 letradas, un 15% más que en 2016 cuando había 21.314 mujeres. Por otro lado, más de 20.100 abogadas atienden el Servicio de Asistencia Letrada al Detenido (48% del total).

 

En Violencia de Género, el número de mujeres adscritas a este servicio supera con creces al de hombres, con 12.399 letradas -54% del total- frente a los 10.570 abogados registrados en el Servicio de Violencia de Género. El número de abogadas también supera al de hombres en el Servicio de Extranjería, de los 10.672 letrados 5.486 son mujeres (51%).

A 31 de diciembre de 2017, los 83 Colegios de Abogados tenían censados 144.212 letrados ejercientes, lo que supone que el 36% de los abogados y abogadas esté adscrito al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Este porcentaje supone un importante incremento con respecto a los datos de 31 de diciembre de 2016, cuando el 32% de los letrados estaba adscrito al Turno de Oficio.

Por otro lado, el número de quejas realizadas en los Colegios de Abogados por los ciudadanos en 2017 fue de 6.294, de las que 4.634 fueron archivadas y 228 acabaron convirtiéndose en expedientes sancionadores a abogados del Turno de Oficio.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE JUSTICIA GRATUITA: MÁS DE 676.000 SOLICITUDES

Los ciudadanos tramitaron por vía telemática 676.027 solicitudes de Justicia Gratuita en 2017, lo que supone un incremento de casi el 6% con respecto a 2016, cuando los Colegios de Abogados tramitaron 640.115 solicitudes con esta herramienta tecnológica.

Estos datos confirman que, año tras año, el uso que hacen los ciudadanos del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita continúa consolidándose. De hecho, desde 2010 –cuando se tramitaron más de 200.000 expedientes electrónicos- se ha triplicado con creces el número de solicitudes gestionadas con esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española y puesta a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, estatales y autonómicas, que se caracteriza por proporcionar una agilización notable del acceso a un derecho fundamental del ciudadano como es la Justicia Gratuita, facilitar sus trámites, a la vez que supone un ahorro de costes para la Administración.

En 2017, Andalucía, con 135.090 solicitudes, fue la comunidad autónoma que más expedientes electrónicos generó, seguida de Madrid con 106.926, Valencia 97.318 y Cataluña en la que se tramitaron 88.792 expedientes a través de las corporaciones colegiales.

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS

El Comité de Expertos que participa en el Observatorio de Justicia Gratuita, formado mayoritariamente por personalidades ajenas al mundo de la abogacía, elabora sus Recomendaciones con las finalidades de alcanzar un Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita más eficiente, que cuente con una mayor sostenibilidad económica, que se oriente hacia una mayor calidad y que garantice los derechos de las personas más desfavorecidas.

Los expertos consideran, entre otras actuaciones, que es necesario:

  • Ampliar las especialidades del Turno de Oficio para hacer frente a las nuevas demandas y problemas sociales
  • Revisar el marco legal y reglamentario de Justicia Gratuita para actualizar –respetando las competencias autonómicas- las compensaciones económicas de los 51.300 letrados
  • Crear un organismo de seguimiento y observación del sistema propiciando la homogeneización de los criterios de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita
  • Extender los Servicios de Orientación Jurídica a sectores de la población que se encuentran en situaciones de marginalidad o en riesgo de exclusión. 
El Tribunal General de la Unión Europea condena respectivamente al Parlamento Europeo y al BEI a abonar una indemnización por daños y perjuicios de 10 000 euros a unos empleados víctimas de acoso psicológico2018-07-16

En este contexto, el Tribunal General precisa la extensión del control jurisdiccional que le corresponde en materia de acoso psicológico y la obligación de las instituciones de abrir procedimientos disciplinarios cuando el acoso esté probado

En el asunto T-275/17, una antigua eurodiputada contrató a una asistente parlamentaria para el resto de su mandato, que expiraba en mayo de 2014. El 7 de noviembre de 2013, la eurodiputada solicitó al Parlamento Europeo que rescindiera el contrato, entre otras razones porque su asistente había decidido no venir a trabajar durante una semana entera sin haber solicitado permiso para ello. La eurodiputada indicaba en su solicitud que, al reprochárselo a su asistente, esta última la había insultado y a continuación había desaparecido.

Después de que el Parlamento hubo rescindido el contrato en diciembre de 2013, la asistente presentó una solicitud de asistencia en virtud del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, [1] alegando que había sufrido acoso psicológico por parte de la eurodiputada, consistente en humillaciones, amenazas, muestras de desprecio, insultos y gritos.

El Parlamento desestimó esta solicitud considerando que los acontecimientos controvertidos se habían producido en un contexto de fuerte tensión entre las dos interesadas. A juicio del Parlamento, aunque la utilización de un lenguaje duro era, en sí, lamentable, a veces resultaba difícil no utilizarlo en el ambiente de trabajo estresante propio de la actividad parlamentaria.

En el asunto T-377/17, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) contrató a una empleada el 1 de abril de 2008. A raíz de la llegada de un nuevo director en octubre de 2014, se reestructuró el servicio en el que esta empleada desempeñaba sus funciones y se disolvió el equipo del que ella era responsable. Dos años más tarde, esta empleada presentó ante el BEI una denuncia en la que calificaba de acoso psicológico el comportamiento para con ella del nuevo director. Esencialmente, la empleada acusaba al nuevo director de haber puesto fin brutalmente a su carrera privándola sin razón de un puesto de responsabilidad, de haberla denigrado, de haber utilizado expresiones inapropiadas, agresivas, despreciativas y acusatorias, de haberle ocultado información, de no haberle ofrecido indicaciones sobre cómo valoraba sus prestaciones profesionales y de haberla desfavorecido en comparación con otras personas.

El BEI sólo reconoció parcialmente el acoso psicológico sufrido por la empleada, a causa de algunos de los hechos alegados. Indicó entonces al nuevo director que, si se presentaba una nueva denuncia en su contra, le abriría un procedimiento disciplinario. Por otra parte, el BEI pidió al nuevo director que presentara excusas formales a la empleada por el sufrimiento que le había causado y encargó al servicio de recursos humanos que estudiara la posibilidad de ofrecer asesoramiento profesional al nuevo director sobre su estilo de gestión y de comunicación. Por último, el BEI indicó a la empleada que el procedimiento debía seguir siendo estrictamente confidencial, incluso en el interior de la entidad.

[1] Artículo 24 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea.

Insatisfechas con las decisiones respectivas del Parlamento Europeo y del BEI, ambas empleadas las impugnaron ante el Tribunal General de la Unión Europea y solicitaron una indemnización por daños y perjuicios.

En sus sentencias dictadas hoy, el Tribunal General reconoce que las dos empleadas de que se trata sufrieron acoso psicológico y condena respectivamente al Parlamento y al BEI a abonar a cada una de ellas una indemnización por daños y perjuicios de 10 000 euros.

El Tribunal General comienza por recordar [2] que el concepto de «acoso psicológico» se aplica a toda conducta abusiva que se materialice mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos que se produzcan de manera duradera, repetitiva o sistemática, lo que implica que el acoso psicológico debe considerarse un proceso que se desarrolla necesariamente a lo largo del tiempo y requiere la existencia de actuaciones repetidas o continuadas e intencionales, y no accidentales. Además, esos comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos deben producir el efecto de menoscabar la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona. A este respecto, el Tribunal General precisa que en este campo no considera oportuno limitarse a un control del error manifiesto en la apreciación de los hechos, sino que, por el contrario, debe proceder a un control completo de los hechos a la luz de los dos requisitos antes citados.

Por lo que respecta al asunto T-275/17, tras considerar que, pese a su condición de miembros de una institución, los eurodiputados están obligados a respetar la dignidad y la salud de sus colaboradores, el Tribunal General señala que los hechos alegados por la asistente parlamentaria han sido corroborados por testigos y que, en definitiva, ni el Parlamento ni la eurodiputada han negado su veracidad. A continuación, el Tribunal General hace constar que el tenor de las expresiones utilizadas por la eurodiputada contra su asistente y, sobre todo, su especial vulgaridad constituyen una denigración tanto de la propia persona de la asistente como de su trabajo. El comportamiento de la eurodiputada resulta, pues, abusivo y no puede considerarse en absoluto una actitud digna de un miembro de una institución de la Unión.

Por otra parte, el Tribunal General estima que el carácter abusivo del comportamiento controvertido de la eurodiputada no puede considerarse atenuado por la proximidad de las relaciones entre ella y su asistente ni tampoco por el clima de tensión que reinaba en el equipo de asistentes parlamentarios al servicio de la eurodiputada. Deduce de ello que, al considerar que el comportamiento de la eurodiputada no era abusivo, el Parlamento incurrió en un error de apreciación de los hechos, y además manifiesto, en relación con la definición del acoso psicológico.

En lo referente a la indemnización, el Tribunal General recuerda que la víctima de acoso psicológico en el seno de una institución de la Unión debe dirigirse a los tribunales nacionales para exigir una indemnización a su acosador, acción judicial para la cual la institución empleadora puede eventualmente ofrecer un apoyo económico, en virtud de su deber de asistencia. Así pues, el Tribunal General otorga a la asistente parlamentaria una indemnización por daños y perjuicios de 10 000 euros únicamente debido a la duración irrazonable de la tramitación de su solicitud de asistencia (incluyendo la realización de la investigación administrativa).

Por lo que respecta al asunto T-377/17, el Tribunal General consideró en primer lugar que el BEI cometió un error de Derecho al exigir, para considerar aplicable el concepto de «acoso psicológico» a un comportamiento, que este último se repitiera de modo idéntico, independientemente del efecto acumulativo de los demás comportamientos denunciados en el menoscabo de la autoestima y de la confianza en sí mismo de su destinataria. En efecto, el BEI se abstuvo de examinar si cada uno de los comportamientos de que se acusaba al nuevo director había podido, sumado a los demás, causar objetivamente un menoscabo a la autoestima y a la confianza en sí misma de la empleada. Así pues, en lo que se refiere a los comportamientos que a juicio del BEI no constituían acoso psicológico, el Tribunal General concluye que el BEI deberá examinar de nuevo los diferentes comportamientos del nuevo director con objeto de determinar si, considerados en conjunto, constituyen un acoso psicológico.

[2] Sentencia del Tribunal General de 29 de junio de 2018, HF/Parlamento, T-218/17.

A continuación, el Tribunal General declara que, al decidir que no se abriría un procedimiento disciplinario contra el nuevo director salvo en caso de reincidencia en un plazo de tres años, el BEI adoptó medidas insuficientes e inapropiadas atendiendo a la gravedad del caso, al menos en lo que se respecta a la respuesta inmediata que deben recibir unos comportamientos calificados de acoso psicológico por el propio BEI En efecto, por una parte, esa sanción contra un comportamiento de acoso psicológico probado queda supeditada a que se detecte un nuevo comportamiento reprensible, a pesar de que, llegado el caso, el que se detecte dependería de la decisión aleatoria de la nueva víctima de presentar o no una denuncia al amparo de la política de defensa de la dignidad en el trabajo. Por otra parte, dada la gravedad intrínseca de todo comportamiento de acoso psicológico, esa sanción no se ajusta a los objetivos de las normas aplicables en el BEI en materia de dignidad en el trabajo.

Por último, el Tribunal General estima que el BEI no podía exigir respecto de su decisión y de la carta de excusas del nuevo director un nivel de confidencialidad tal que se prohibiera a la empleada revelar a terceros la existencia de esos documentos y su contenido: en efecto, exigir a una víctima de acoso psicológico que guarde silencio sobre la existencia de esos hechos tiene como consecuencia impedir que ésta saque partido de las comprobaciones efectuadas por la institución de que se trate -por ejemplo, en una eventual acción judicial ante un tribunal nacional contra la persona que la acosó. Además, esa interpretación es contraria al objetivo de prevenir y sancionar todo acoso psicológico en el interior de las instituciones de la Unión, cuando el acoso moral constituye una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. Ese silencio indebidamente exigido a la víctima por el B.E.I. es la razón por la que el Tribunal General otorga a la empleada de que se trata una indemnización por daños y perjuicios de 10 000 euros.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

La inversión en Justicia Gratuita sólo crece el 1,9% en 2017 frente a un mayor incremento de asuntos atendidos2018-07-16
  • La inversión en Justicia Gratuita alcanzó los 243,2 millones de euros, mientras que lo asuntos atendidos superaron los 1,8 millones, un 2,3% más
  • La inversión media por ciudadano es de 5,22 euros por año y la retribución media del abogado del Turno de Oficio se reduce a 133,5 euros por expediente
  • Hay 51.308 abogados y abogadas inscritos en el Turno de Oficio, un 13 % más que en 2016
  • 676.027 expedientes electrónicos de Justicia Gratuita
  • El Comité de Expertos considera necesario, entre otras actuaciones, ampliar las especialidades del Turno de Oficio, revisar el marco legal de la Justicia Gratuita para actualizar compensaciones o extender los Servicios de Orientación Jurídica a la población en riesgo de exclusión (más información)
  • El 85% de los usuarios del Turno de Oficio valora de forma positiva la Justicia Gratuita (más información)

La inversión total que las Administraciones Públicas destinaron en 2017 a la Asistencia Jurídica Gratuita alcanzó los 243,2 millones de euros, un incremento del 1,9% con respecto a 2016 cuando se invirtieron 238,7 millones de euros en este servicio imprescindible para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Esta leve recuperación de la inversión total en Justicia Gratuita se produce tras varios años de disminución o de estancamiento de las inversiones en Asistencia Jurídica Gratuita que han pasado de 254,5 millones de euros en 2011 a los 243,2 millones en 2017 con un descenso de casi el 5% y una reducción de más de 11 millones de euros en seis años. En buena medida este leve incremento obedece a la recuperación parcial de los baremos en algunas comunidades autónomas que sufrieron recortes durante la crisis de hasta el 40% en algunos casos.

La Asistencia Jurídica Gratuita, servicio recientemente valorado de forma muy positiva por el Cuadro de Indicadores de la Justicia que elabora la Comisión Europea, supone una inversión media por ciudadano de 5,22 euros por año, un 1,7% más que en 2016 (5,13 euros). La retribución media que percibe el abogado del Turno de Oficio por cada expediente se reduce a 133,5 euros cuando en 2016 la indemnización recibida por cada letrado era de 134,5 euros, incluyendo la atención 24 horas al día y 365 días al año.

LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN, EN EL TURNO DE OFICIO

El Turno de Oficio acapara en 2017 la mayor parte de la inversión con 166,4 millones de euros (68,4% del total del gasto en Justicia Gratuita) y un incremento del 1,7% con respecto a 2016. Dentro del Turno de Oficio, la jurisdicción con mayor inversión es la Penal con 93,6 millones de euros y más del 56% del gasto total destinado a este servicio. A continuación se encuentra Civil con 46,3 millones de euros (28%), Contencioso-Administrativo con 6 millones (3,7%) y Social con 4,4 millones y el 2,7% de la inversión total en Turno de Oficio.

La Asistencia Letrada al Detenido aumenta un 2% alcanzando 45,7 millones de euros; mientras que la compensación que perciben los Colegios de Abogados por los Gastos de Infraestructura supunen 22,4 millones de euros con una clara tendencia a la estabilización de este gasto por la implantación del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita que reduce los costes y rebaja notablemente los tiempos de tramitación de documentación por los ciudadanos.

En Violencia de Género continúa la tendencia de subida de años anteriores con un incremento del 3,7% con respecto a 2016 y un importe que supera los 8,6 millones de euros.

CATALUÑA, MADRID Y ANDALUCÍA SUMAN EL 55% DE LA INVERSIÓN

Cataluña, como en años anteriores, es la comunidad autónoma que más invierte en Justicia Gratuita con 54,8 millones de euros y un incremento de casi el 3% con respecto a 2016. En segundo lugar se encuentra Madrid con 40,3 millones y un incremento del 6%. Hay que tener en cuenta que en 2017 esta autonomía ha recuperado el 7% de los baremos del Turno de Oficio tras la fuerte reducción (20%) de 2012. A continuación se encuentra Andalucía que invierte 39,6 millones con una subida del 4,6% y Valencia que sube un leve 0,2% hasta los 24,8 millones de euros.

Canarias y País Vasco ocupan los siguientes puestos con una inversión en Justicia Gratuita de 13,7 y 13,4 millones respectivamente. Las tres comunidades autónomas con mayor inversión (Cataluña, Madrid y Andalucía) alcanzan un total de 134,7 millones de euros lo que supone más del 55% del gasto a nivel de todo el Estado.

De los importes certificados en relación con el PIB regional cabe destacar, según el Informe ‘Inversión en Justicia. Inversión en Justicia Gratuita’ elaborado por la Universidad Carlos III, la existencia de un primer grupo formado por Cataluña, Canarias y Andalucía (además de Ceuta y Melilla) con inversiones en Justicia Gratuita por encima del nivel nacional; un segundo grupo formado por Madrid, Valencia, Asturias, Extremadura y Murcia con valores próximos al nivel del Estado y un tercer grupo con valores por debajo del nivel nacional formado por Galicia, País Vasco, Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, Aragón y La Rioja, siendo estas dos últimas comunidades autónomas la que se encuentran más alejadas del nivel nacional.

MÁS DE 1,8 MILLONES DE ASUNTOS ATENDIDOS

Durante 2017 los 83 Colegios de Abogados con presencia en toda España atendieron 1.822.419 asuntos del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita lo que supone un incremento del 2,3% con respecto a 2016 cuando se gestionaron 1.781.886. Hay que destacar que cada uno de los 800.000 expedientes remitidos por los Colegios de Abogados a las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita ha podido generar diversos asuntos por la presentación de incidentes procesales, la interposición de recursos, la generación de nuevos procedimientos.

Teniendo en cuenta los diferentes servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, el 62,4% por ciento de los asuntos, más de 1.136.000, son del Turno de Oficio, mientras que casi 628.000 corresponden a la Asistencia Letrada al Detenido (34,5%). El Servicio de Violencia de Género atendió en 2017 casi 58.000 asuntos que suponen más del 3% del total atendido.

Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma con más asuntos atendidos. En 2017 tramitó más de 403.000 solicitudes de ciudadanos superando el 22% del total gestionado a nivel nacional. A continuación se encuentra Cataluña con 343.000 asuntos que suponen casi el 19% del total.

Los ciudadanos tramitaron en 2017 a través de los Colegios de Abogados o mediante presentación de escrito en los juzgados 975.405 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita. Los 83 Colegios de Abogados –tras el análisis pertinente de estas solicitudes – remitieron casi 800.000 expedientes a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (organismos dependientes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia), de los que se ratificaron una media del 84%.

UN 13% MÁS DE ABOGADAS ADSCRITAS AL TURNO DE OFICIO

Los abogados adscritos a 31 de diciembre de 2017 al Turno de Oficio fueron 51.308, lo que supone un incremento del 13% con respecto a 2016 cuando había 45.348 letrados registrados en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Como novedad en este XII Observatorio de Justicia Gratuita se ofrece el dato de los letrados adscritos al Servicio de Extranjería donde hay 10.672 abogados.

Continúa aumentando el número de abogadas adscritas al Turno de Oficio alcanzando ya el 48% con 24.502 letradas, un 15% más que en 2016 cuando había 21.314 mujeres. Por otro lado, más de 20.100 abogadas atienden el Servicio de Asistencia Letrada al Detenido (48% del total).

En Violencia de Género, el número de mujeres adscritas a este servicio supera con creces al de hombres, con 12.399 letradas -54% del total- frente a los 10.570 abogados registrados en el Servicio de Violencia de Género. El número de abogadas también supera al de hombres en el Servicio de Extranjería, de los 10.672 letrados 5.486 son mujeres (51%).

A 31 de diciembre de 2017, los 83 Colegios de Abogados tenían censados 144.212 letrados ejercientes, lo que supone que el 36% de los abogados y abogadas esté adscrito al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Este porcentaje supone un importante incremento con respecto a los datos de 31 de diciembre de 2016, cuando el 32% de los letrados estaba adscrito al Turno de Oficio.

Por otro lado, el número de quejas realizadas en los Colegios de Abogados por los ciudadanos en 2017 fue de 6.294, de las que 4.634 fueron archivadas y 228 acabaron convirtiéndose en expedientes sancionadores a abogados del Turno de Oficio.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE JUSTICIA GRATUITA: MÁS DE 676.000 SOLICITUDES

Los ciudadanos tramitaron por vía telemática 676.027 solicitudes de Justicia Gratuita en 2017, lo que supone un incremento de casi el 6% con respecto a 2016, cuando los Colegios de Abogados tramitaron 640.115 solicitudes con esta herramienta tecnológica.

Estos datos confirman que, año tras año, el uso que hacen los ciudadanos del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita continúa consolidándose. De hecho, desde 2010 –cuando se tramitaron más de 200.000 expedientes electrónicos- se ha triplicado con creces el número de solicitudes gestionadas con esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española y puesta a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, estatales y autonómicas, que se caracteriza por proporcionar una agilización notable del acceso a un derecho fundamental del ciudadano como es la Justicia Gratuita, facilitar sus trámites, a la vez que supone un ahorro de costes para la Administración.

En 2017, Andalucía, con 135.090 solicitudes, fue la comunidad autónoma que más expedientes electrónicos generó, seguida de Madrid con 106.926, Valencia 97.318 y Cataluña en la que se tramitaron 88.792 expedientes a través de las corporaciones colegiales.

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS

El Comité de Expertos que participa en el Observatorio de Justicia Gratuita, formado mayoritariamente por personalidades ajenas al mundo de la abogacía, elabora sus Recomendaciones con las finalidades de alcanzar un Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita más eficiente, que cuente con una mayor sostenibilidad económica, que se oriente hacia una mayor calidad y que garantice los derechos de las personas más desfavorecidas.

Los expertos consideran, entre otras actuaciones, que es necesario:

  • Ampliar las especialidades del Turno de Oficio para hacer frente a las nuevas demandas y problemas sociales
  • Revisar el marco legal y reglamentario de Justicia Gratuita para actualizar –respetando las competencias autonómicas- las compensaciones económicas de los 51.300 letrados
  • Crear un organismo de seguimiento y observación del sistema propiciando la homogeneización de los criterios de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita
  • Extender los Servicios de Orientación Jurídica a sectores de la población que se encuentran en situaciones de marginalidad o en riesgo de exclusión. 

CONSULTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

El XII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita Abogacía Española-Wolters Kluwer es el resultado del análisis de más de 7.500 datos aportados por los 83 Colegios de Abogados existentes en España.

La presente edición se ha elaborado teniendo en cuenta el funcionamiento propio de cada comunidad autónoma, la incorporación de mejoras reflejada en la información comparativa de la evolución de importes certificados entre años, así como el cambio de baremos aplicado en algunas de las mismas.

Marketing, neurociencia y derecho a la intimidad2018-07-16

Los datos y la transformación digital han alterado la responsabilidad del área de marketing de las compañías. tal es así que las estrategias y acciones para la captación, fidelización y la generación de engagement con sus clientes han asegurado las posibilidades que ha abierto el análisis de enormes cantidades de datos (big data) haciendo más eficientes las acciones y los beneficios obtenidos de cada acción realizada.

Eneko Urrutia Sagardía,
Content Strategist

Con la información que proviene del Big Data podemos extraer datos clave sobre el cliente y por tanto sobre la persona: qué productos le interesan, qué productos están relacionados, cuáles son sus preferencias, etc... Con esta información podemos crear estrategias que le van guiando en el proceso de compra y asegurarnos que la complete con éxito o podemos clasificar qué campañas publicitarias enviar y cuáles no funcionarían, incluso segmentar por tipos de clientes o grupos de personas de interés.

Por la sola acumulación y archivo de infinitas cantidades de datos no se genera peligro, pero si existe peligro si se explota el potencial conocimiento que puedes llegar a obtener sobre las personas, tal es así que si cogemos esos cientos de miles de datos y los interpretamos y analizamos, podemos extraer conclusiones que pueden poner en peligro y atentar la privacidad e intimidad de las personas.

Estar en las redes, navegar por internet o usar las aplicaciones de tu móvil, estas acciones se hacen con un objetivo y fin concreto que no va más allá de ese fin y que no supone consentir en usar los registros o huellas digitales para que un tercero, desconocido, pueda llegar a saber de ti más que tú mismo.

Pero esto no es suficiente, nada más lejos de regular y poner límites a la vulneración de esa privacidad y proteger la intimidad de cada uno y el derecho a conocerse así mismo antes que los demás, se empiezan a aplicar técnicas de investigación de las neurociencias al marketing tradicional. A través de técnicas de medición de la actividad cerebral (como el EGG o la fMRI) las respuestas de los entrevistados a distintos estímulos (por ejemplo, anuncios publicitarios) son leídas directamente del cerebro.

La neuro ciencia, permite analizar directamente el cerebro. Se basa en que al activarse una parte se activan otras de forma simultánea. Se estima que la toma de decisión de compra dura alrededor de 25 segundos, momento en el que se activa la corteza cerebral. Una fracción de segundo después empiezan a surgir imágenes que impulsan a adquirir los productos. Este lapso de tiempo es el que estudia el neuromarketing.

Las técnicas neurocientíficas permiten obtener información sobre procesos mentales que no percibimos de manera consciente, de hecho, se estima que el 85% de nuestras decisiones las tomamos de manera subconsciente y sólo un 15% de forma son consciente.

Es cierto que el objetivo del neuromarketing es mejorar las técnicas y recursos publicitarios y ayu­dar a comprender la reacción del público objetivo para ofrecer el mejor producto sin embargo el potencial conocimiento que se puede obtener de una persona da verdadero miedo, da terror.

Las técnicas de las neurociencias son una de las pocas vías para alcanzar el subconsciente de las personas. Por muy buena voluntad que tenga la persona que se está analizando, esta será incapaz de verbalizar todo lo que realmente piensa o siente con respecto a lo que está viendo, en el marketing será el consumidor, pero ¿qué pasa en otros ámbitos?, es decir, el neuromarketing es especialmente relevante cuando se quieren investigar sobre temas en los que los sujetos analizados no hablan libremente como es de política o de preferencias sexuales u otros.

El neuromarketing obtiene las respuestas directamente de las reacciones neurológicas de los sujetos y cuando llega a plantearse que esa, puede llegar a ser la única manera de obtener una respuesta que no esté mediatizada por cuestiones sociales o condicionada por cuestiones personales, es cuando, a mi juicio, se produce una vulneración total y absoluta de nuestra intimidad y libertad.

Es importante recordarnos lo que establece el art. 18 aps.1 y 4 de la Constitución Española en relación al derecho a la intimidad:

"Artículo 18

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

[...]

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.".

Se garantiza el derecho al honor, intimidad, honor y la propia imagen y para ello se limitará el uso de la informática, además, hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional en este sentido, como es la la STC 170/1987, de 30 de octubre, que en su FJ 4 establece «Los derechos a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizados por el art. 18.1 de la Constitución, forman parte de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada. Salvaguardan estos derechos un espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extraña».

Personalmente, creo que llegamos tarde a establecer los límites legales que nos doten de un equilibrio entre intimidad y la vida en entornos digitales.

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El Tribunal Supremo condena al Estado por incumplir su obligación de tramitar las solicitudes de asilo de 19.449 refugiados2018-07-13

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Estado español por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia y de Italia, establecidas en las Decisiones 2015/1523 y 2015/1601 del Consejo Europeo, por las que se le asignó un cupo de 19.449 personas durante dos años, desde el 25 de septiembre de 2015 hasta el 26 de septiembre de 2017, de las que solo ofertó un 12,85%.

El tribunal considera que las decisiones comunitarias incumplidas, que establecían medidas provisionales para acoger a los solicitantes de asilo procedentes de Italia y de Grecia, eran de carácter vinculante y obligatorio, por lo que el incumplimiento de las mismas implica “la condena al Estado español a continuar la tramitación en los términos previstos en las Decisiones y de conformidad con los acuerdos que en lo sucesivo adopten las instituciones comunitarias”.

La Sala estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo planteado por la Associació de Suport a Stop Mare Mortum contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada el 21 de abril de 2017 ante el Gobierno de España. Los recurrentes solicitaban en su demanda que se declarase que España había incumplido las obligaciones periódicas (ofertar plazas de reubicados, aprobar las listas enviadas y acoger a los reubicados), así como las obligaciones finales establecidas en las referidas Decisiones, y que se ordenase al Gobierno que cumpliese inmediatamente y con carácter urgente las citadas obligaciones.

Por su parte, el abogado del Estado se opuso a esta pretensión que consideraba carente de fundamento y puso de manifiesto que España estaba realizando las gestiones necesarias para reclamar y reubicar a los asilados que le habían sido asignados, pero que el procedimiento era laborioso porque había que verificar si todas las personas del cupo asignado reunían las condiciones precisas para su consideración como asiladas. Subsidiarimente, el abogado del Estado solicitaba que se planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar si corresponde en exclusiva a la Comisión Europea realizar el control del cumplimiento de las decisiones de emergencia o si también pueden hacerlo los tribunales nacionales.

El control del cumplimiento de las Decisiones no es exclusivo de la Comisión Europea

La Sala rechaza plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE y entiende que tiene competencia para ejercitar el control de la actividad de la Administración nacional en el cumplimiento y ejecución de las obligaciones derivadas de la normativa de la Unión. “Es cierto que la tarea de supervisar la observancia del derecho comunitario ha sido confiada a la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, por el artículo 211 TCE (antiguo artículo 155). Esta prerrogativa conlleva responsabilidades y obligaciones específicas de las cuales la Comisión no puede evadirse”, concluye el tribunal.

El tribunal explica que la Comisión dentro de sus prerrogativas tiene amplio margen de discrecionalidad sobre si llevar o no el asunto ante el Tribunal de Justicia. En este caso no se ha iniciado ningún procedimiento frente a España, lo que permite, según los magistrados, que el Tribunal Supremo pueda examinar y en su caso estimar la pretensión ejercitada.

Dada la eficacia directa de las Decisiones, resulta posible que “el control de su cumplimiento pueda realizarse por los tribunales nacionales, atendiendo a la acción ejercitada por personas o entidades legitimadas, posibilidad que no contradice los poderes y competencias de la Comisión para plantear, si lo considera oportuno y de forma potestativa, un procedimiento por incumplimiento frente al Estado miembro”, precisa la Sala.

Un 12,85% de las 19.449 reubicaciones a las que estaba obligada en dos años

Tras analizar las Decisiones citadas, la Sala señala que las cuotas de reubicación establecidas para España en un plazo de 24 meses -desde el 25 de septiembre de 2015 que entraron en vigor las Decisiones hasta el 26 de septiembre de 2017- eran del 12,15% del total de las reubicaciones comunitarias. Así, la aplicación de las Decisiones comunitarias conllevaba que España debería haber ofertado y reubicado a 13.086 solicitantes de asilo procedentes de Grecia y a 6.363 de Italia.

Recuerda que a pesar de que se preveía expresamente la posibilidad de que los Estados miembros solicitaran una reducción de su cuota de hasta un 30%, el Estado español decidió no acogerse a tal posibilidad. Consecuentemente, añade el tribunal, se concluye que España “ha incumplido sus obligaciones de ofertar y de hacer efectivas las reubicaciones a las que estaba obligada: transcurrido más de medio año del vencimiento del término, el informe de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) reconoce que el cumplimiento de las obligaciones finales es inferior al 13%”.

De dicho informe se desprende, según los magistrados, que a fecha de 4 de marzo de 2018, seis meses después de finalizar el plazo impuesto por las citadas Decisiones, de las 19.449 plazas que el Estado español estaba obligado a ofertar -y a reubicar efectivamente- únicamente había ofertado 2500 plazas (1875 de Grecia y 625 de Italia); únicamente un 12,85 % del total al que estaba obligada. Igualmente, indica la Sala, el informe de la OAR aportado por el Ministerio del Interior reconoce que, a fecha de 22 de marzo de 2018, el estado español sólo ha reubicado a 235 personas desde Italia y a 1124 desde Grecia; una cuota de cumplimiento inferior al 7%.

No obstante, el tribunal admite que el gobierno español ha realizado peticiones a Grecia e Italia que "no han merecido la respuesta obligada, lo que pone de relieve un elevado índice de incumplimiento en las labores de coordinación que las Decisiones exigen para un adecuado logro de sus objetivos".

Las dificultades administrativas no eximen de las obligaciones de reubicación

La Sala concluye que de los datos anteriores se desprende que el Estado español no ha cumplido en su integridad las Decisiones comunitarias, que son de carácter vinculante y obligatorio como se desprende no solo de su propia naturaleza jurídica sino de las propias Decisiones. Añade que la existencia de graves dificultades administrativas para el cumplimiento de tales obligaciones, que en el fondo parece plantear el abogado del Estado, "no puede constituir causa de exención de las mismas, dado que la citada Decisión, recoge medidas flexibilizadoras, que no han sido alegadas ni utilizadas por el Gobierno español”.

Señala que, como sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el escaso número de reubicaciones efectuadas puede explicarse por un conjunto de factores que el Consejo no podía prever en el momento en que adoptó dicha Decisión, en particular, la falta de cooperación de determinados Estados Miembros, sin embargo, "la falta de cumplimiento generalizado de las citadas Decisiones no constituye justificación de la conducta omisiva que en el recurso se denuncia", concluye la Sala.

La Sala rechaza que el hecho de que se trate de una medida provisional suponga que, superado el plazo previsto para su aplicación, no se pueda obligar a los Estados miembros a cumplir con sus compromisos, como sostiene el Abogado del Estado. En este sentido, destaca que la Unión Europea, en un documento de la Comisión, de 12 de abril de 2017, dentro del proceso de evaluación de la ejecución de las decisiones, subrayó que no iba a vacilar en hacer uso de los poderes que le otorgan los Tratados con respecto a aquellos que no hayan cumplido las obligaciones de las Decisiones del Consejo, señalando que la obligación legal de reubicar a quienes cumplen las obligaciones no cesará después de septiembre, una vez expirado el plazo de aplicación de las Decisiones.

Condenado a seis años de cárcel un cliente de un supermercado por dar una paliza al vigilante, que perdió parcialmente la vista2018-07-13

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a seis años de prisión a un hombre que dio una paliza al vigilante de seguridad de un supermercado y le dejó incapacitado para trabajar al romperle la nariz y perder parcialmente la visión de un ojo como consecuencia de los puñetazos recibidos.

Condenado y víctima discutieron en enero de 2014 en el establecimiento en el que trabajaba el guardia de seguridad porque el cliente le reprochó que le vigilara demasiado. Durante la trifulca, fue necesaria la intervención de la Policía que logró que el cliente abandonara el establecimiento.

Como relata la sentencia, el penado espero en su vehículo hasta el cierre del supermercado, a las dos y media de la madrugada, y siguió con su coche a la víctima, de 51 años, que se dirigía a su domicilio.

El guardia se dio cuenta y se acercó al vehículo para que dejara de seguirle, lo que provocó que el condenado se bajara del mismo, le empujara, le tirara al suelo y le diera varios puñetazos en la cara. Como consecuencia de los golpes sufrió una fractura nasal, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y un desprendimiento de retina que le ha supuesto la incapacidad permanente total para su ocupación habitual como vigilante de seguridad.

La Sala considera que el agresor es culpable de un delito de lesiones agravadas por inutilidad de un órgano principal. No se pronuncia sobre la indemnización que ha de recibir la víctima, que optó por reclamarla por la vía civil.

Ausencia de responsabilidad patrimonial de la administración por anulación judicial del Planeamiento Urbanístico, cuando no se deriva un daño antijurídico2018-07-13

El Tribunal Supremo confirma que la actuación consciente y la asunción del riesgo de promover una reclasificación de suelo no urbanizable con valores ambientales patentes, excluyen que el daño producido por la anulación judicial de la modificación de planeamiento pueda considerarse antijurídico.

  • Supuesto de hecho

    El recurso de casación se dirigió contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 5 de noviembre de 2015 que declaró no haber lugar a la responsabilidad patrimonial de la Junta de Castilla y León por los daños derivados de la anulación judicial de la modificación puntual de planeamiento urbanístico aprobada por la Comisión Territorial de Ávila que reclasificaba como suelo urbanizable delimitado 120ha clasificadas como suelo no urbanizable.

    De la prueba practicada había quedado acreditado que la empresa recurrente había adquirido los terrenos conociendo su clasificación y había asumido la promoción y financiación de los instrumentos de planeamiento general y derivado necesarios para su reclasificación y los proyectos de reparcelación y urbanización para su transformación urbanística. La modificación de planeamiento fue aprobada, pero por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia y León de 29 de septiembre de 2006, confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2010, se anuló la reclasificación del suelo al concurrir valores ambientales que obligaban a clasificarlo como suelo no urbanizable de especial protección

  • Criterio o «ratio decidendi»

    El Tribunal Supremo aclara que si bien es cierto que la jurisprudencia ha equiparado los supuestos de anulación del planeamiento urbanístico con los de alteración anticipada del planeamiento del apartado a) del art. 35 del TRLS 2008, y ha entendido que la aprobación de un planeamiento declarado posteriormente nulo es un supuesto de funcionamiento anormal de los servicios públicos, también ha declarado que no en todos los supuestos se generará responsabilidad patrimonial sino “sólo en aquellos en que confiados en la vigencia y legalidad -apariencia provocada por la Administración Pública- se hayan devengado actividades y gastos que devengan inútiles”.

    En el caso enjuiciado, sin embargo, no puede afirmarse que fuera la apariencia de legalidad de la clasificación urbanística de las fincas la que provocó la inversión realizada, pues la entidad recurrente las adquirió antes de su reclasificación y plenamente consciente de las circunstancias físicas de las fincas y del riesgo que asumía, y continuó con la promoción de la transformación del suelo aún después de la impugnación judicial del planeamiento.

    Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas cuando sufran una lesión patrimonial imputable a la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos, siempre que haya una relación de causalidad y el daño sea antijurídico, es decir que se trate de un daño que el administrado no esté obligado a soportar.

    El Alto Tribunal remarca que aunque la actividad desarrollada por la Administración no se ajustara a los parámetros de racionalidad exigibles, al clasificar como suelo urbanizable un suelo de especial valor ambiental, e incluso su actuación pueda calificarse de “lamentable”, no se puede negar que el recurrente era conocedor de estas circunstancias y que conociendo la protección y el valor medioambiental del suelo clasificado como no urbanizable, participó voluntariamente en la licitación y compró los terrenos no urbanizables, asumiendo la promoción directa del cambio de ordenación a suelo urbanizable delimitado cuando el suelo no reunía los requisitos legales para serlo, por lo que solamente a él puede imputarse el resultado inútil de su actuación, siendo improcedente que pretenda resarcirse a cargo de la Administración.

    La Sentencia de casación expone la configuración que del principio de seguridad jurídica ha hecho el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia y concluye que es inapropiada su invocación en el ámbito urbanístico y, más concretamente, en una modificación de planeamiento que tenía por objeto materia reglada al tratarse de suelo dotado de valores ambientales especiales. El principio de seguridad jurídica puede entenderse como “la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados” o “como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho”, sin embargo, en opinión del Tribunal, en el supuesto estudiado no podía esperarse expectativa razonable alguna sino que más bien existía un riesgo suficiente de que la reclasificación fuera anulada judicialmente, como así ocurrió.

    El Tribunal Supremo asume como propios los fundamentos jurídicos de la Sentencia de Instancia y dictamina que no concurren los presupuestos que exige la ley para reconocer la responsabilidad patrimonial, dado que la actuación y el riesgo consciente asumido por la entidad recurrente excluyen la antijuricidad del daño.

  • Documentos relacionados

    • Normativa aplicada:
    • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (RCL 1992, 2512).
    • Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo (RCL 2008, 1260).
    • Jurisprudencia relacionada:
    • STS de 17 de octubre de 1988 (RJ 1988, 7760).
    • STS de 1 de julio de 2009 (RJ 2009, 6877).
Los Testigos de Jehová deben cumplir la normativa de datos personales con los datos que recogen puerta a puerta2018-07-12

El 17 de septiembre de 2013, la Tietosuojalautakunta (Comisión finlandesa de Protección de datos) prohibió a la Jehovan todistajat - uskonnollinen yhdyskunta (comunidad religiosa de los Testigos de Jehová en Finlandia) recoger o tratar datos personales durante la actividad de predicación puerta a puerta que llevan a cabo sus miembros si no se respetaban los requisitos legales para el tratamiento de esos datos.

En el curso de su actividad de predicación puerta a puerta, los miembros de dicha comunidad toman notas sobre las visitas hechas a personas que ni ellos mismos ni la comunidad conocen. Los datos recogidos pueden consistir en el nombre y la dirección de las personas visitadas, así como en información sobre sus convicciones religiosas y su situación familiar. Estos datos se recogen a modo de recordatorio, con el fin de poder recuperarlos para una posible visita posterior, sin que los interesados hayan dado su consentimiento ni hayan sido informados de ello. La comunidad de los Testigos de Jehová y las congregaciones que dependen de ella organizan y coordinan la actividad de predicación puerta a puerta de sus miembros, en particular elaborando mapas mediante los que distribuyen zonas entre los miembros predicadores y manteniendo fichas sobre los predicadores y el número de publicaciones de la comunidad que éstos difunden. Además, las congregaciones de la comunidad de los Testigos de Jehová llevan un registro de las personas que han manifestado el deseo de no recibir más visitas de los miembros predicadores; los datos personales que figuran en ese registro son utilizados por los miembros de la comunidad.

La petición de decisión prejudicial del Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia) se dirige esencialmente a determinar si la comunidad debe respetar la normativa de la Unión en materia de protección de datos 1 por el hecho de que sus miembros, cuando ejercen la actividad de predicación puerta a puerta, pueden tener que tomar notas que transcriben el contenido de sus conversaciones, en especial  sobre la orientación religiosa de las personas visitadas.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera, en primer lugar, que la actividad de predicación puerta a puerta llevada a cabo por miembros de la comunidad de los Testigos de Jehová no está comprendida entre las excepciones previstas en la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales. En concreto, no se trata de una actividad exclusivamente personal o doméstica a la que no resulte aplicable esa normativa. La circunstancia de que la actividad de predicación puerta a puerta esté protegida por el derecho fundamental a la libertad de conciencia y de religión, consagrado en el artículo 10, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no confiere a dicha actividad

1 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31), en relación con el artículo 10, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

carácter exclusivamente personal o doméstico, dado que está fuera de la esfera privada de un miembro predicador de una comunidad religiosa.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia recuerda que, no obstante, las normas de la Unión en materia de protección de datos personales sólo se aplican a los tratamientos manuales de los datos cuando éstos estén incluidos o destinados a ser incluidos en un fichero. En el presente asunto, dado que el tratamiento de datos personales no se efectúa de manera automatizada, se plantea la cuestión de si los datos tratados están incluidos o destinados a ser incluidos en un fichero. El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que el concepto de «fichero» comprende todo conjunto de datos personales recogidos durante una actividad de predicación puerta a puerta, y que incluyan nombres, direcciones y otra información relativa a las personas visitadas, siempre que los datos estén estructurados según criterios determinados que permitan, en la práctica, recuperarlos fácilmente para su utilización posterior. Para que dicho conjunto de datos esté comprendido en ese concepto no es preciso que incluya fichas, catálogos específicos u otros sistemas de búsqueda.

Por consiguiente, los tratamientos de datos personales que se efectúen en relación con la actividad de predicación puerta a puerta deben respetar la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales.

Por cuanto se refiere a quién puede ser considerado responsable del  tratamiento de datos personales, el Tribunal de Justicia recuerda que el concepto de «responsable del tratamiento» puede concernir a varios agentes que participen en ese tratamiento, cada uno de los cuales estará sujeto a la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales. Estos agentes pueden estar implicados en distintas etapas del tratamiento y en distintos grados, de modo que el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos debe evaluarse teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso concreto. El Tribunal de Justicia señala igualmente que ninguna disposición del Derecho de la Unión permite considerar que la determinación de la finalidad y de los medios del tratamiento deba efectuarse mediante instrucciones por escrito o consignas impartidas por el responsable del tratamiento. En cambio, una persona física o jurídica que, para sus propios fines, influye en el tratamiento de datos personales y participa, por tanto, en la determinación de la finalidad y de los medios de dicho tratamiento, puede ser considerada responsable del tratamiento.

Además, la responsabilidad conjunta de varios agentes no supone que cada uno de ellos tenga acceso a los datos personales.

En el presente asunto, resulta que, al organizar, coordinar y fomentar la actividad de predicación de sus miembros, la comunidad de los Testigos de Jehová determina junto con sus miembros predicadores la finalidad y los medios del tratamiento  de datos personales de las personas visitadas, extremo que, no obstante, deberá comprobar al órgano jurisdiccional finlandés a la vista de todas las circunstancias del caso. Este análisis no queda desvirtuado por el principio de autonomía organizativa de las comunidades religiosas garantizado por el artículo 17 TFUE.

El Tribunal de Justicia concluye que la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales permite considerar que una comunidad religiosa es responsable, junto con sus miembros predicadores, del tratamiento de los datos personales efectuado por estos últimos en relación con una actividad de predicación puerta a puerta organizada, coordinada y fomentada por dicha comunidad, sin que sea necesario que la comunidad en cuestión tenga acceso a los datos ni sea preciso demostrar que la comunidad ha impartido a sus miembros instrucciones por escrito o consignas respecto a ese tratamiento.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Un año de cárcel por pegar a la directora de la escuela de su hija2018-07-12

El juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria-Gasteiz ha condenado a un año de cárcel a una madre que abofeteó y dio dos golpes "fuertes" en la espalda a la directora de la escuela pública donde estudiaba su hija en Gasteiz.
Los hechos ocurrieron en abril de 2017, cuando la procesada y su marido acudieron al colegio para hablar con la directora de un problema que su hija -que tenía dos años en el momento que ocurrieron los hechos- había tenido el día anterior.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Gasteiz considera probado que mientras hablaban en el vestíbulo, la mujer "con ánimo de menoscabar su integridad física y despreciando la autoridad inherente a los funcionarios docentes" dio una bofetada en la mejilla a la directora y cuando esta se giró para marcharse, dos golpes "fuertes" en la espalda que le causaron eritemas.

En la sentencia el juez concluye que la acusada "agredió de forma directa y muy agresiva a la directora" y que actuó con "dolo o intención de lesionar". Por ello le considera culpable de un delito de atentado a funcionario público o docente y otro de lesiones leves.

La nulidad de la comisión de apertura depende de si el banco prestó efectivamente un servicio previo a la firma de la hipoteca2018-07-12

En casi todas las hipotecas existe una comisión de apertura a abonar en el momento de constituir el préstamo hipotecario. A efectos prácticos, la comisión de apertura suele ser entre el 0,5% y el 1% del capital total prestado, por lo que éstas suelen oscilar entre los 1.200-3.000 euros, dependiendo del importe de la hipoteca. No obstante, la comisión de apertura de la hipoteca, en ciertos casos, puede ser considerada abusiva. Existen sentencias que así la han declarado al considerar que realmente no corresponden a ningún servicio efectivo de la entidad y, por supuesto, no  suponen un negocio diferenciado al préstamo en sí solicitado.
 
En este sentido, desde hace unos meses la comisión de apertura está siendo combatida por los Tribunales, quienes declaran su nulidad y proceden a la devolución de las cantidades a favor de los clientes por considerar que se trata de una cláusula abusiva del calibre de las cláusulas suelo o los gastos hipotecarios. Es precisamente por la falta de transparencia y abuso que las recientes resoluciones anulan la cláusula y proceden a la devolución de lo cobrado a los clientes por la aplicación de esta comisión, la cual los consumidores asumían a la hora de pedir un préstamo hipotecario sin negociación alguna de su contenido. Así, las entidades bancarias han acabado siendo condenadas a la devolución a favor del cliente de los importes cobrados por dicho concepto, más los intereses legales correspondientes.
 
Hasta la fecha se han pronunciado muchos y diversos Juzgados y Tribunales acerca de la nulidad de la comisión de apertura, destacando el Juzgado especializado de Barcelona (JPI 50) en su Sentencia nº 304/2017; la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 6ª), Sentencia 2-02-2018; y la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª), Auto 5.01.2017. Todas tienen en común que la entidad bancaria no justificó a qué correspondía dicha cantidad abonada en concepto de comisión de apertura, a qué servicios efectivos prestados se refería, ni el coste concreto de los mismos. En cambio, establece una cuantía sin justificación dependiendo del capital prestado y no a los servicios que presta en cada préstamo concreto. Esto genera un desequilibrio en derechos y obligaciones entre las partes en perjuicio del consumidor.
 
“Es importante destacar que no todos los casos son considerados de esta forma, y que una comisión de apertura no siempre será declarada como abusiva. Lo que primero deberá estudiarse es si se trata de una cláusula nula por haber cobrado una comisión por un servicio que no se prestó. De esta forma, el banco deberá acreditar que previo a la firma del préstamo realizó un estudio de riesgo, tanto del cliente como de la operación financiera”, indica Estel Romero, abogada especialista en Derecho Bancario de Sanahuja Miranda.
 
Así, en el caso en el que el banco pueda acreditar que realizó esa actividad previa, lo más probable es que se pierda el juicio. Por esta misma razón es de suma importancia que antes de proceder, se realice un estudio de cada caso. Solo así será posible analizar las posibilidades de éxito de cada reclamación de la comisión de apertura.

El Tribunal Supremo determina el alcance de la sentencia del Constitucional sobre la plusvalía2018-07-11

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al estimar que éste interpretó de manera correcta el ordenamiento jurídico al considerar que la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y, por tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) resultan constitucionales y, por consiguiente, los ingresos, debidos.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Aguallo, interpreta el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017. Considera, de una parte, que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que debe darse al fallo y fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, "adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial".

"En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar (…) que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE".

De otra parte, entiende que "el artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, ‘no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene’, o, dicho de otro modo, porque ‘impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)’”.

Es, precisamente, esta nulidad total del artículo 110.4 del TRLHL la que, de acuerdo con la Sala Tercera, "posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL".

En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva obtenida en la transmisión del terrero, considera el tribunal, en primer lugar, que corresponde "al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido"; en segundo término, que para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla" (como es, por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas); y, en tercer lugar, en fin, que aportada "por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía".

Finalmente, considera el tribunal que en la medida en que la existencia de una plusvalía real y efectiva resulta perfectamente constatable sobre la base del empleo de los medios de comprobación que establece la Ley General Tributaria en los artículos 105 y siguientes, medios que permiten rechazar que la norma autorice a la Administración para decidir con entera libertad el valor real del terreno onerosamente transmitido, no existe -en los casos en los que se liquida el IIVTNU- vulneración de la reserva de ley tributaria recogida en los artículos 31.3 y 133.1 CE, ni quiebra alguna del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).

El TSJ de la Comunidad Valenciana endurece la condena a un maltratador que violó a su pareja al apreciar la agravante de género 2018-07-11

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha elevado en un año y medio la pena de prisión que deberá cumplir un maltratador, que violó y agredió a su pareja sentimental. El alto tribunal valenciano estima el recurso de la Fiscalía, aprecia la agravante de género y condena al agresor a 9 años y medio de cárcel por agresión sexual, lesiones y maltrato, frente a los ochos años impuestos por la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Así, la Sala condena al joven a nueve años de prisión por los delitos de agresión sexual y lesiones, que cometió en 2016 cuando se llevó a la víctima a una caseta de campo de una localidad de la provincia de Valencia y la forzó sexualmente de forma reiterada al tiempo que la agredía para vencer su resistencia. Además, le impone seis meses de cárcel por un episodio de malos tratos que tuvo lugar meses antes, cuando golpeó a la chica y le partió un labio.
La Sala, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Llombart, considera que en este caso es aplicable la agravante de género porque el agresor, de 22 años, actuó con la intención de dominar la víctima, de 20, con la que había mantenido una relación de dos años en la que no llegaron a convivir.

La lesiones que sufrió la mujer, subraya la resolución, “constituyen una manifestación de la discriminacion, situación de desigualdad y las relaciones de poder entre el acusado y la víctima (…) por lo que si en las lesiones concurre esa situación de dominación, discriminación y desigualdad, con mayor motivo en el delito de agresión sexual”.

En este sentido, “la conducta del condenado se proyecta sobre una mujer, pero no sobre cualquier mujer sino sobre la que había sido su pareja sentimental o que había tenido relación sentimental aunque fuese sin convivencia”. La sentencia añade que “la forma más aberrante de dominación es la dominación sexual sobre la que había sido su pareja”; destaca la “sucesión de hechos acontecidos esa madrugada” y “las frases proferidas” por el agresor para finalizar concluyendo la oportunidad de endurecer la condena por concurrir la agravante de género del artículo 24 del Código Penal.

La primera agresión se produjo en abril de 2016 cuando el condenado le partió el labio y le puso un ojo morado a su novia, de 20 años de edad. La relación continuó y ocho meses después, el hombre violó en varias ocasiones, agredió e insultó a la joven en una caseta de campo del mismo municipio. El agresor deberá indemnizar a la víctima con 12.000 euros por las lesiones físicas y los daños morales que sufrió.

Condenada Eulen en Valladolid a readmitir a un delegado de USO por represión sindical2018-07-11

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha obligado a la empresa Eulen de Seguridad a indemnizar con 3.000 euros y devolver a su puesto original de trabajo a un representante sindical de USO, responsable además de la FTSP-USO de Castilla y León. El fallo considera probado que nuestro compañero, que presta sus servicios en Valladolid, fue objeto de persecución y represión sindical y acosado por defender los intereses de los trabajadores en nombre de la USO.

La sentencia es muy dura con la empresa Eulen, pues considera que vulneró el derecho fundamental de libertad sindical de nuestro compañero. “Persecución sindical que dura ya largos años, no solo hacia este delegado, sino a todos los afiliados de la USO”, lamentan desde la FTSP-USO de Castilla y León.

Ahora, C.M.F.S. volverá a su anterior centro de trabajo, con el horario que tenía en el mismo, que también le habían modificado. Este episodio de persecución comenzó en 2017, cuando el trabajador, vigilante nocturno durante más de veinte años en el edificio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en Valladolid, fue cambiado de centro de trabajo y de horario tras varias denuncias interpuestas ante la Inspección de Trabajo como delegado sindical de USO.

Entre las deficiencias demandadas por nuestro compañero, estaban la falta de cuadrante anual de horarios, unos turnos de nueve horas nocturnas o los agravios comparativos con otros representantes sindicales y acoso a trabajadores afiliados a la USO. Eulen fue obligada, tras la denuncia del delegado, a elaborar los citados cuadrantes. Solo dos meses después de la denuncia, la empresa trasladó al trabajador a la fábrica Lingotes Especiales, con el correspondiente cambio de horario de 23 a 7 horas, a uno de 22 a 6 horas. El traslado produjo a su vez una pérdida de derechos de los compañeros de Lingotes Especiales, que dejaron de percibir el complemento de nocturnidad por la llegada de un nuevo trabajador a ese turno.

Tras una primera denuncia en el Juzgado de lo Social número 2 de Valladolid por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y vulneración de la libertad sindical, dicha sala consideró que sí había modificación pero no vulneración. Por lo tanto, Eulen tuvo que devolverle su antiguo horario, pero no recibió ninguna sanción ni el trabajador pudo volver a su anterior centro de trabajo.

Tanto el delegado como Eulen Seguridad presentaron recurso ante el TSJCyL, cuya sentencia ha sido muy dura con la empresa. No solo se reafirma en la modificación de condiciones, sino que exige la vuelta del trabajador a su centro anterior y considera que sí ha habido vulneración de derechos sindicales, por lo que impone una indemnización de 3.000 euros al trabajador. La FTSP-USO de Castilla y León abunda en que “la empresa tiene una especial fijación con la USO, tanto con este miembro del comité como por los afiliados que lo respaldan, por ser la parte más reivindicativa de la representación sindical”. La sentencia abre la puerta, además, a exigir responsabilidades tanto a la Jefatura del Departamento de Personal como a la de Seguridad de la empresa, “puesto que, igual que el resto de trabajadores están sometidos a un régimen disciplinario, los jefes de Departamento sobre los que una sentencia dicta represión a un delegado sindical no pueden quedar al margen de estas responsabilidades disciplinarias”.

Este nuevo caso de represión sindical contra delegados de la USO se une, entre otros, al de los compañeros del Grupo Celsa, que han tenido que ser readmitidos en la planta de Cantabria.

Sofía Duarte, nombrada directora general de Modernización de la Justicia2018-07-10

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, acordó el pasado viernes nombrar directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos a la jurista Sofía Duarte. El Ejecutivo ultima así la perfilación del nuevo organigrama del Ministerio de Justicia.

Con la creación de la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos el Ministerio de Justicia pretende profundizar en el proceso de modernización tecnológica de la Justicia española y reforzar áreas de actuación que hasta ahora estaban repartidas en unidades con nivel administrativo de subdirección general.

Una dilatada carrera profesional

Sofía Duarte Domínguez (1958) es licenciada en Derecho y, desde 1988, pertenece al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. En la actualidad desempeñaba su labor en los Juzgados de lo Penal de Sevilla donde estaba destinada desde 1999. También ha sido directora general de la Oficina Judicial y Fiscal en la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y, anteriormente, prestó servicio en la Audiencia Provincial de Huelva, en el Juzgado de lo Social nº 2 de Jerez de la Frontera, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de La Laguna, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 del Puerto de Santa María y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Corcubión.

ORGA

Entre otras competencias, Sofía Duarte estará al frente de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), un órgano de la Administración General del Estado cuya función es auxiliar a los órganos judiciales y fiscalías en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos más graves en concreto en los relacionados con el artículo 127 bis del Código Penal -tráfico de drogas, blanqueo de capitales, trata de seres humanos, corrupción, grandes estafas, terrorismo, etc.-

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El profesor del colegio Valdeluz de Madrid, condenado a casi 50 años de prisión por doce delitos de abusos sexuales2018-07-10
Los magistrados consideran probado que el acusado aprovechó que era un profesor querido y valorado y que su relación con sus alumnos y alumnas era cercana y cariñosa para satisfacer su deseo e impulso sexual. En los doce episodios de abuso sexual concurre, según la Sala, la circunstancia de prevalimiento por abuso de superioridad y, la mayoría de dichos abusos fueron continuados y algunos, agravados por la edad de las víctimas

Autor

Comunicación Poder Judicial

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al que fuera profesor del madrileño Colegio Valdeluz, Andrés D. D., a un total de 49 años, 5 meses y 21 días de prisión, como autor responsable de doce delitos de abusos sexuales.

Tras un estudio detallado del caso, el Tribunal concluye en la sentencia que el acusado era un profesor querido y valorado, y su relación con sus alumnos y alumnas era cercana y cariñosa; organizaba fiestas en la academia, así como viajes de estudios, y en verano, barbacoas en su casa, sintiendo por él todas las denunciantes una admiración superior a la normal.

Esa cercanía que tanto ponía en práctica, la aprovechó el acusado para tocarlas y satisfacer su deseo e impulso sexual, comenzando con besos, abrazos, cosquillas, hasta ir aumentando los toqueteos progresiva y gradualmente en el tiempo, poco a poco, llegando a manosear piernas hacia ingles y zona vulvar e interior de los muslos, espaldas, senos y nalgas, restregando en alguna ocasión su pene en sus espaldas o llevando el acusado la mano de alguna de ellas a su miembro, por fuera de la ropa; asimismo, llegó a introducir sus dedos en la vagina de algunas de ellas, escudándose muchas veces en la necesidad de llevar a cabo correcciones posturales mientras estaban sentadas tocando el piano.

En otras ocasiones, aprovechando la atención de los alumnos/as a la pantalla donde se proyectaban –en penumbra- audiovisuales musicales, llevaba a cabo también tocamientos sobre las menores, a quienes sentaba a su lado.

Individualizadamente la sentencia analiza la conducta que se llevó a cabo sobre cada una de las víctimas que se recogen en los hechos probados. Solamente sobre dos de ellas no se considera acreditada la conducta. En un caso dada la retractación total en el acto del juicio de cuanto había declarado hasta ahora en el sumario. En otro dada una insuficiencia de prueba a la luz de las exigencias que ya se han comentado; especialmente en cuanto a los elementos corroboradores.

Protección a las víctimas

En la vista oral del juicio, celebrado entre los días 21 de mayo y 12 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid, intervinieron, además del acusado, catorce víctimas/testigos, treinta y cinco testigos y cinco peritos. Por decisión previa del tribunal, con el acuerdo de las partes, se desarrolló la vista oral a puerta cerrada, a fin no solo de preservar la intimidad de las víctimas, sino también en protección del resto de derechos que les reconoce la Ley del Estatuto de la Víctima.

El Ministerio Fiscal solicitaba en conclusiones provisionales –y así lo mantuvo al elevarlas a definitivas- la condena del acusado como autor de 14 delitos de abusos sexuales, de los que trece fueron calificados como delitos continuados, solicitando por ellos las correspondientes penas, que ascendían a un total de 69 años de prisión, así como a las oportunas indemnizaciones a las víctimas. Tales conclusiones eran coincidentes con las formuladas por las distintas acusaciones particulares.

Por su parte, la defensa del acusado solicitó en todo momento su libre absolución, al igual que lo hizo la defensa del colegio Valdeluz.

El delito de abusos sexuales y la importancia de la prueba

Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid recuerdan que el delito de abusos sexuales aparece tipificado en el artículo 181 del Código Penal como la realización, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, de actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona.

La prueba en este tipo de delitos –y así ha sido en el presente proceso- se basa en gran medida en la declaración de la propia víctima, dadas las condiciones de discreción o privacidad de contexto en los que suelen desarrollarse buena parte de los delitos contra la libertad sexual.

El Tribunal establece en la sentencia del caso que no se trata, sin embargo, de que la declaración de la víctima, por sí sola, alcance sin más filtros el valor incriminatorio que debe superarse para vencer el derecho fundamental a la presunción de inocencia que rige en toda causa penal y que consagra el conocido artículo 24 de nuestra Constitución. De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, esa declaración ha de venir revestida de determinados elementos, que –en síntesis- exigen que el Tribunal valore por el resultado de la prueba, la persistencia, coherencia, verosimilitud, corroboración y ausencia de ánimo o elementos espurios.

La fundamentación jurídica de la sentencia analiza con detalle la prueba y tiene en cuenta asimismo los estudios doctrinales existentes en torno a la parcela de la victimología dedicada al fenómeno de los delitos contra la indemnidad sexual. Y recoge –especialmente en el FJ Cuarto- la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto al valor de la declaración de la víctima como prueba incriminatoria en este tipo de delitos.

Tras analizar con detenimiento todo el material probatorio, el tribunal descarta como no veraz la tesis del acusado quien sostiene que todo es fruto de una confabulación por venganza contra su esposa –también profesora de la academia musical- por el trato que daba a las alumnas, además de que exista una clara contaminación por el seguimiento mediático que ha tenido este caso.

Para la Sala, como se dice literalmente en el FJ 5º refiriéndose a las víctimas, todo esto “no les puede compensar al nivel que pretende el acusado, el altísimo coste emocional que supone denunciar y cuatro años más tarde desde la presentación de las denuncias, mantenerse firmes, hasta el punto de someterse a tratamientos psicológicos o retomarlos con esta revictimización”.

Por otra parte, no pasan inadvertidos al tribunal los testimonios de quienes en sus declaraciones narraron una experiencia normal en su estancia ya en el colegio o ya bien en la academia. Ello no debilita en absoluto la convicción incriminatoria que se desarrolla a lo largo de la sentencia. Habida cuenta del número de alumnos/as que tenía la actividad musical, es impensable que la conducta enjuiciada fuese una regla general.

Por todo ello la Sala estima que se han cometido por el acusado 12 Delitos de abuso sexual con prevalimiento por abuso de superioridad, la mayoría de ellos continuados y algunos agravados por la edad de las víctimas y la introducción de dedos.

El prevalimiento a que se refiere su apartado d) del artículo 183 Código Penal parte del aprovechamiento por parte del autor del delito en su ejecución de una relación de superioridad. Exige una cierta preeminencia del autor sobre la víctima y que esta ventaja haya sido utilizada o aprovechada por el autor para realizar el acto objeto de imputación.

Indemnización por daños morales y responsabilidad civil del colegio

La Sala declara no sólo la responsabilidad penal del acusado (prisión de casi 50 años), sino también su obligación de indemnizar a las víctimas por los daños morales que su conducta les produjo.

La sentencia declara asimismo la responsabilidad civil subsidiaria del colegio en cuyas instalaciones se ubicaba la academia de música y para el que también el acusado venía prestando servicio como profesor durante tantos años. Considera el tribunal que existió una clara “culpa in vigilando”, desestimando la pretensión de la defensa de la entidad docente de deslindar por completo la actividad que se desarrollaba en la academia y la que era propia del colegio. La relación entre ambos núcleos era tan intensa, y sus diferentes vínculos tan fuertes, que no puede exonerarse a la institución docente de esta responsabilidad indemnizatoria.

Abonado el pago de mayo del Turno de Oficio en el territorio del Ministerio de Justicia2018-07-09

La Dirección General del Tesoro ha efectuado el 4 de julio el pago correspondiente al mes de mayo de 2018 del Turno de Oficio que corresponde a los Colegios de Abogados de territorio común bajo competencia del Ministerio de Justicia.

El Consejo General de la Abogacía, que ha transferido a los Colegios de territorio común el importe correspondiente, confía en seguir con este ritmo de pagos mensuales, así como absorber este desfase de meses antes de acabar el año.

Desde hace meses y con los diferentes titulares del Departamento, se vienen manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia con el fin de agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, se ha conseguido que el Ministerio abone con carácter mensual las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita.

En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 que el Tesoro Público procedió a abonar el 18 de abril, la liquidación se efectuará con carácter mensual a partir de mayo, a excepción de enero y febrero de 2018 que se abonaron el 30 de mayo.

Más información:

No obstante, con ello no se soluciona el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado, así como el reconocimiento de nuevos módulos.

La Abogacía continuará trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El ICAM conmemora el 40 aniversario de la Constitución en el Día de la Justicia Gratuita2018-07-09
  • La consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, inaugurará la jornada junto al decano, José María Alonso, y la vicedecana, Begoña Castro

En el marco de los actos conmemorativos del Día de la Justicia Gratuita, el jueves 12 de julio, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) celebrará una jornada sobre el 40 aniversario de la Constitución y la consagración del derecho de defensa.

El encuentro, que tendrá lugar en la Biblioteca del ICAM, arrancará a las 9:00h con la intervención de la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, encargada de abrir el acto junto al decano, José María Alonso, y la vicedecana, Begoña Castro. Bajo el lema “40 años consagrando el derecho de defensa”, abogados, jueces y responsables políticos intervendrán en las distintas sesiones de debate incluidas en el programa.

La primera mesa redonda, titulada “40 años de la Constitución Española. La justicia, pilar del Estado de Derecho”, comenzará a las 10:00 h y será moderada por el decano. El magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Soledad Becerril, ex defensora del Pueblo y ex ministra de Cultura; Antonio Garrigues, abogado y presidente de la Fundación Garrigues; y Ramón Rodríguez Arribas, abogado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional serán los participantes en el panel.

A las 12:00h dará comienzo la segunda sesión, moderada por la vicedecana del ICAM, Begoña Castro. Los abogados José Luis Galán, Juan Luis Ydoate, Beatriz Monasterio y Juan Gonzalo Ospina, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM hablarán sobre “Ayer y hoy en el ejercicio del derecho de defensa”. El encuentro finalizará a las 13:30h con la entrega de placas a profesionales adscritos al Turno de Oficio.

El TC sobre ‘derecho al olvido’: buscar nombres propios en hemeroteca digital vulnera derechos fundamentales2018-06-29

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado por primera vez sobre el denominado ‘derecho al olvido’ y ha estimado el recurso de amparo interpuesto por dos ciudadanos juzgados en los años 80 por tráfico de drogas que consideran vulnerados sus derechos al honor, a la intimidad y a la protección de datos por el uso de las tecnologías de Internet, al aparecer sus nombres y apellidos en los buscadores de la hemeroteca de un periódico en su versión digital.

La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada María Luisa Balaguer, argumenta que “la prohibición de indexar los datos personales, en concreto los nombres y los apellidos de las personas recurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno del diario El País debe ser limitada, idónea, necesaria y proporcionada al fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos invocados”.

El Tribunal estima el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, de 15 de octubre de 2015, que reconoció el derecho al olvido digital de personas procesadas por implicación en un caso de tráfico y consumo de drogas en los años ochenta.

La Sala Civil rechazó la procedencia de eliminar los nombres y apellidos de la información recogida en la hemeroteca o que los datos personales contenidos en la información no puedan ser indexados por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca, pues consideró que estas medidas suponían una restricción excesiva de la libertad de información vinculada a la existencia de las hemerotecas digitales.

El objeto del recurso se contrae, según la sentencia de amparo, al análisis del contraste entre los preceptos constitucionales regulados en el artículo 18.4 de la Constitución, en relación con la garantía del derecho al honor, y a la intimidad de las personas (artículo 18.1 de la Carta Magna).

MODULAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

En ese sentido, el TC señala que es cierto que “la libertad de información constituye no sólo un derecho fundamental de cada persona sino también una garantía de la formación y existencia de una opinión pública libre y plural, capaz de adoptar decisiones políticas a través del ejercicio de los derechos de participación”, pero este derecho no es absoluto, sino que debe ser modulado por dos elementos.

Uno de estos elementos de modulación del derecho es el paso del tiempo a la hora de calibrar el impacto de la difusión de una noticia sobre el derecho a la intimidad del titular de ese derecho, y dos, la importancia de la digitalización de los documentos informativos, para facilitar el acceso a la información de todos los usuarios de Internet.

La sentencia explica que en estos casos “podría ponerse en duda la prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la intimidad de una persona que, pasado un lapso de tiempo, opta por solicitar que estos datos e información, que pudieron tener relevancia pública en su día, sean olvidados”. Para el Tribunal, “la universalización del acceso a las hemerotecas, como la universalización del acceso a la información a través de los motores de búsqueda, multiplica la injerencia en los derechos a la autodeterminación informativa y a la intimidad de los ciudadanos”.

En la resolución de este conflicto hay que tener en cuenta el equilibrio entre las libertades informativas y el derecho a la autodeterminación informativa, donde juega un papel importante el efecto del paso del tiempo sobre la función que desempeñan los medios de comunicación y, sobre la doble dimensión (informativa o investigadora) de esa función.

El fallo concluye afirmando que debe tenerse en cuenta que los motores de búsqueda internos de los sitios web cumplen la función de permitir el hallazgo y la divulgación de la noticia y que esa función queda garantizada aunque se suprima la posibilidad de efectuar la búsqueda acudiendo al nombre y apellidos de las personas en cuestión, que no tienen relevancia pública alguna.

Por tanto, “siempre será posible si existe una finalidad investigadora en la búsqueda de información alejada del mero interés periodístico en la persona investigada, localizar la noticia mediante una búsqueda temática, temporal, geográfica o de cualquier otro tipo”. No son necesarios los datos personales de los solicitantes del amparo, que nada agregan al interés de la noticia, bastando las iniciales del nombre y los apellidos.

Salvador Asenjo, abogado: “Los ciudadanos están en clara situación de inferioridad frente a las aseguradoras2018-06-29

Salvador Asenjo García está colegiado en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa desde junio de 1989. Este abogado donostiarra ha conseguido una sentencia del Tribunal Supremo que impone a las aseguradoras de salud la obligación de abonar los intereses moratorios recogidos en el artículo 20 de la Ley de Contratos de Seguros (LCS). Frente al interés legal del dinero, las entidades de seguros de salud deberán abonar el 20% anual en el supuesto que no reconozcan la negligencia cometida por los facultativos de su cuadro médico. Salvador Asenjo interpuso en nombre de su cliente una demanda contra la aseguradora de salud reclamando una indemnización de 125.000 euros –recibiendo 58.680- y los intereses moratorios por responsabilidad civil por los daños producidos tras una intervención quirúrgica que derivó en una infección renal y posterior pérdida del riñón.

  1. ¿Fue complicado elaborar todo el procedimiento teniendo en cuenta las numerosas variantes de seguros, el contenido de las pólizas y las obligaciones asumidas por las aseguradoras?                                                     

El planteamiento de una cuestión jurídica como la tratada en la Sentencia que comentamos ofrece diversas ópticas, como lo evidencia el Voto Particular emitido por el Magistrado Sr. Salas, y no sólo porque efectivamente haya numerosas variantes de seguros de salud y de enfermedad sino porque en realidad cada seguro, cada póliza en concreto, ofrece una realidad muy particular que debe ser valorada de forma específica.

Desde este punto de vista sí que existe una complejidad en la idea de abordar el tema en general para alcanzar un planteamiento jurídico que resulte aplicable a todas las variantes posibles del tema.

Esto es lo que nos ha ofrecido la Sentencia dictada por el Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de forma impecable bajo la ponencia del Magistrado Sr. Seijas Quintana que es realmente un maestro en esta materia.

  1. ¿Está realmente protegido el usuario de seguros ante un contrato de adhesión diseñado por la aseguradora? ¿Están los ciudadanos en situación de desigualdad ante las grandes compañías de seguros?

Desgraciadamente los ciudadanos están en clara situación de inferioridad frente a las aseguradoras por muchos motivos y no solo por las circunstancias que son inherentes a los seguros de adhesión, sino porque además, en ocasiones, la labor interpretativa realizada por algunos tribunales tampoco contribuye a equilibrar de forma decidida y eficaz esa desigualdad a pesar de las posibilidades que para ello les ofrece la legislación aplicable.

  1. ¿Los cuadros médicos de estas aseguradoras son una garantía para recibir un servicio sanitario adecuado?

Aunque desde el punto de vista jurídico los cuadros médicos de las aseguradora de asistencia médica ya  fueron acertadamente descritos por el Magistrado Sr. Xiol a finales del año 2007 como los instrumentos o las herramientas de que se dotan estas aseguradoras para cumplir con sus obligaciones contractuales, no siempre son suficiente garantía para los asegurados y en bastante medida la Sentencia que comentamos ha venido a dar una respuesta judicial importante para que de ahora en adelante se pueda alcanzar esa garantía por la vía indemnizatoria.

Deberíamos poder confiar en que a partir de esta Sentencia las aseguradoras de salud vayan a compaginar su objetivo empresarial del beneficio económico con un mayor compromiso con la vertiente asistencial que, lo quieran o no, tiene el ramo asegurador en el que despliegan su actividad. Aunque si he de ser sincero tampoco creo que puedan esperarse grandes cambios al respecto, pero al menos podremos corregir económicamente las consecuencias del problema con la doctrina asentada por esta Sentencia.

  1. En las aseguradoras de salud el objeto del seguro es la prestación de servicios médicos y no el reintegro de gastos sanitarios ¿En qué basó su argumentación para convencer al Tribunal Supremo?

A veces la línea divisoria entre una situación y otra no es fácil de concretar nítidamente pero resumiendo mucho las cosas y sin perjuicio de los múltiples matices que ofrecen los distintos condicionados de las pólizas, la esencia del problema viene determinado por ese cuadro médico al que debe ceñirse el asegurado para obtener una prestación médica si pretende que la cobertura aseguradora que ha contratado sea jurídicamente eficaz, y en este sentido es en el que debe argumentarse para que proceda la imputación de responsabilidad a las aseguradoras de salud.

  1. ¿Es responsable la aseguradora de salud de garantizar una correcta atención por parte de los médicos?

Naturalmente. Las aseguradoras de salud no pueden desentenderse del tipo de asistencia dispensada a sus asegurados, en primer lugar, porque existe el compromiso contractual para ello, derivado de una calidad asistencial que se utiliza como propaganda para la contratación de las pólizas, y en segundo lugar porque los cuadros médicos constituyen una limitación que deben respetar los asegurados si quieren que el seguro que están pagando les cubra la asistencia médica recibida. Lo uno y lo otro implica que las aseguradoras deban afrontar las consecuencias derivadas de que la asistencia prestada por los facultativos de sus cuadros médicos, que obviamente han sido seleccionado por ellas con un criterio que debería ser de calidad, genere algún daño antijurídico por el incumplimiento de la “Lex artis ad hoc” o por una mala praxis asistencial.

  1. En su demanda inicial solicitó una indemnización incrementada en los intereses legales aplicables sin aludir al art 20 de la LCS ¿Por qué planteó esta cuestión en el recurso de apelación?

Porque los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro son aplicables de oficio y por lo tanto no existe la necesidad de que sean reclamados expresamente, de manera que la solución dada en la Sentencia recurrida, contraria a su aplicación, era perfectamente impugnable porque suponía, y afortunadamente así se reconoció por el Tribunal Supremo, una solución contraria a Derecho.

  1. ¿Cuáles fueron sus argumentos contra la decisión de la Audiencia Provincial que consideró la responsabilidad de la aseguradora como contractual por hecho ajeno?

Los que acabo de exponer anteriormente en respuesta a alguna de las preguntas anteriores y especialmente a las cuestiones planteadas con las preguntas 4 y 5. El compromiso de las aseguradoras de salud con sus asegurados y sus obligaciones contractuales no pueden quedar limitadas a la simple puesta a disposición de sus clientes de unos medios profesionales sin responder de las consecuencias que de ellos se deriven, y creo que esto es una idea lógica de la que también participan y en la que también creen las propias aseguradoras aunque con el ánimo de limitar económicamente sus débitos indemnizatorios hayan venido empleando éste y otros argumentos que en ocasiones les han dado resultado debido a la dispersión de criterios judiciales que existían sobre esta cuestión, como también existe esa misma dispersión respecto a otras cuestiones sobre el tema de los seguros de salud.

La Sentencia que comentamos lo que ha venido es a sentar el criterio a seguir respecto de esta importante cuestión en concreto

  1. ¿Qué efectos puede tener para el resto de asegurados esta sentencia del Tribunal Supremo que resuelve un recurso de casación por interés casacional?

La unificación de criterios respecto a esta, y en realidad respecto a cualquier cuestión de las que llegan a debatirse en tribunales, siempre es positiva porque aporta seguridad jurídica y porque además ello tampoco implica uniformidad absoluta ya que cada situación concreta ha de ser estudiada en particular para que pueda recibir una respuesta judicial adecuada a sus circunstancias, pero siempre partiendo de una clarificación de conceptos básicos que es lo que en definitiva ha venido a determinar el Fallo del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo

  1. ¿Fue complicado ajustarse al límite de texto impuesto por el Tribunal Supremo?

Sí. Creo sinceramente que las limitaciones de todo tipo que impone el Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo en el Pleno no jurisdiccional de 27 de enero de 2017 son excesivas y en algunos de sus puntos difícilmente justificables atendiendo a los fines de Justicia que deberían ser la razón última de un recurso de casación por interés casacional, por encima de otras cuestiones formales.

Incluso creo que algunas de sus exigencias formales que se incluyen como requisitos para la admisión a trámite de los recursos de casación que regula pudieran llegar a ser de casi imposible cumplimiento.

  1. ¿Qué opina del voto particular del magistrado Salas Carceller que considera que la responsabilidad de la aseguradora sanitaria se regula por el artículo 1903 del Código Civil y por tanto no tiene que estar sujeta a la mora del 20% recogida en el art 20 de la LCS?

Me merece un respeto absoluto, aunque obviamente no comparta su criterio ni el resultado de su análisis en este caso, como parece que también ocurre con la opinión de los restantes nueve miembros de la Sala que han decidido de forma distinta en este tema.

El Buzón de LexNET como “domicilio” a efectos de notificaciones2018-06-29

¿Es válida una notificación realizada vía LexNET a una Letrada que actúa como representante procesal de su cliente, aún cuando aquélla designó expresamente como domicilio a efectos de notificaciones el despacho de otro profesional? ¿Encontramos en el artículo 221.1 de la Ley de la Jurisdicción Social una excepción a la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas?

Marina Martín González,
Graduada en Derecho. Doctoranda en el Programa de Doctorado de Derecho y Ciencias Sociales de la UNED

En el presente artículo analizaremos el reciente Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2018, el cual se pronuncia con contundente claridad sobre la vigencia e interpretación del primer apartado del art. 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en lo relativo a la obligatoriedad de designación de un domicilio a efectos de notificaciones en Madrid en los escritos de preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina.

Supuesto de hecho:

El presente Auto resuelve un incidente de nulidad presentado por una Letrada de Barcelona que, en nombre y representación de su cliente, había presentado inicialmente escrito de preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina (artículos 218 y ss. LJS), indicando como domicilio a efectos de notificaciones la dirección del despacho de una Procuradora de Madrid, cumpliendo con el mandato contenido en el citado artículo 221.1 LJS.

A pesar de dicha designación, las notificaciones del procedimiento (entre ellas: una Providencia por la que se daba traslado a la parte de las posibles causas de inadmisión y, finalmente, el Auto de inadmisión), se realizaron a la Letrada en su propio buzón virtual de LexNET, en lugar de a la citada Procuradora.

El problema que ocasionó dicha circunstancia y que se convertiría en fundamento del incidente de nulidad fue que, teniendo la certeza de que el Tribunal remitiría las notificaciones al domicilio designado de forma expresa, tanto en el escrito de preparación del recurso, como en el posterior escrito de interposición, la Letrada no consultó su buzón virtual de LexNET y, desconociendo el contenido de las mencionadas resoluciones, no pudo actuar en tiempo para evitar la inadmisión del recurso.

Vigencia e interpretación del artículo 221.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social:

Una de las principales cuestiones que se plantea el propio Tribunal Supremo a la hora de resolver sobre este incidente de nulidad es: ¿Qué sentido tiene la vigencia de la obligación de designar un domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, sede de la Sala de lo Social del TS, cuando, desde el 1 de enero de 2016, las comunicaciones del órgano judicial con los distintos operadores jurídicos se deben realizar por medios telemáticos?

Como razona en el Fundamento Jurídico 4º del Auto que analizamos, "de considerar vigente esa obligación [art. 221.1 LJS], de ella podría derivarse un efecto contrario al espíritu de la normativa de LexNET: si lo pretendido por este sistema es la agilización de las notificaciones a través de estas comunicaciones telemáticas, cualquier Abogado podría, haciendo uso interesado de ese mandato (...), dejar sin efecto la obligatoriedad que le afecta respecto del uso de LexNET, bastando para ello que designase como domicilio a efectos de notificaciones el de un particular (un familiar del Abogado, por ejemplo), con lo que habría que notificar con acuse de recibo."

Tampoco tiene mucho sentido que, pudiendo recibir las notificaciones de forma telemática en su propio buzón virtual de LexNET, un representante procesal designe como domicilio a estos efectos el de otro profesional, por el mero hecho de ubicarse en Madrid, sobre todo teniendo en cuenta que, por su condición de operador jurídico, éste último también recibirá sus notificaciones vía telemática con independencia de la ubicación de su despacho.

Como explica el Tribunal Supremo en el F.J. 5º del Auto, esta previsión del artículo 221.1 LJS ha quedado en parte vacía de sentido e, incluso, "tácita y parcialmente derogada" por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC. No obstante, estando aún vigente la redacción del artículo cuestionado y perdurando aún la creencia legítima del profesional de que tiene la obligación de designar un domicilio en Madrid a efectos de notificaciones, el TS nos ofrece una interpretación más acorde con la normativa reguladora de las comunicaciones telemáticas en la Admón. de Justicia, en tanto no sea suprimido formalmente este requisito:

  • No será válida la designación del domicilio de un particular, en tanto que ello permitiría esquivar la obligatoriedad del uso de medios telemáticos para las comunicaciones en el ámbito de la Administración de Justicia.
  • Sí que podría designarse a efectos de notificaciones el despacho de otro Letrado o el de un Procurador, ninguno de los cuales asumirá la representación de la parte, sino que tan sólo será mero receptor de las notificaciones. A efectos prácticos, en estos casos, más que designarse un domicilio a efectos de notificaciones en la sede de la Sala de lo Social del TS, lo que se estaría haciendo es, sencillamente, designar un buzón virtual de LexNET distinto, con lo cual, desde nuestro punto de vista, lo que se añade es un mero intermediario en la comunicación, en cierto modo innecesario, pues las comunicaciones podrían hacerse directamente con el representante procesal.

Doctrina sobre los actos de comunicación:

La relevancia constitucional de los actos de comunicación se deriva de su estrecha vinculación con el ejercicio del derecho de defensa. Son estos actos procesales los que permiten la correcta formación de la relación jurídico-procesal y sitúan a las partes en posición de actuar en defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Por esta razón, como señala el Tribunal Supremo, haciendo referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional, recae sobre el órgano jurisdiccional "el deber específico de adoptar, más allá del cumplimiento rituario de las formalidades legales, todas la cautelas y garantías que resulten razonablemente adecuadas al aseguramiento de que esa finalidad de conocimiento personal no se incumpla por causas ajenas a la voluntad de aquél a quien se dirigen y, a consecuencia de ello, se le impida hacer efectivo el derecho de defensa que le reconoce el art. 24.1 de la Constitución (STC 171/1987, F.J.2º).

Resulta obvio que una notificación practicada en un lugar no designado por la parte y, por tanto, inesperado, sitúa al destinatario en una situación de indefensión, en tanto se puede ver privado injustamente del efectivo conocimiento de la resolución, y ello, sin duda, le impediría adoptar en tiempo y forma las medidas que estimase necesarias y más eficaces a sus intereses.

Este es el principal fundamento en que se apoya la decisión del Tribunal Supremo de estimar el incidente de nulidad de actuaciones, entendiendo que, dado que la notificación no se realizó en el "lugar" y al destinatario adecuado, aún habiendo sido la propia representante procesal de la parte la receptora directa de dichos actos de comunicación "no puede hacérsele reproche grave de falta de diligencia por no abrirlo y consultarlo, en tanto que, si bien se podría admitir cierta dejadez en su actuar, (...) tal profesional confiaba cabalmente en que las notificaciones relacionadas con tal recurso iban a ser dirigidas por LexNET, como así se debió haber hecho, a la Procuradora que había designado a tales efectos amparándose en el tan citado precepto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social" (F.J. 7º ATS de 18 de abril de 2018).

El TSJ de Aragón inadmite la querella contra un juez porque no existen indicios de delito en la resolución que adoptó2018-06-28
Basan su decisión en que no es cierto que el Derecho Aragonés obligue a los tribunales a mantener a los hermanos bajo un mismo régimen de custodia

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Civil y Penal del TSJ de Aragón ha acordado inadmitir la querella presentada contra el juez de Fraga porque los hechos que los recurrentes atribuyen al magistrado no tienen, ni siquiera indiciariamente, la consideración de un delito de prevaricación judicial. Afirma el tribunal juzgador que la resolución que dictó está “ampliamente fundada”, y en ella aplica las normas civiles y procesales pertinentes al caso. Por ello, decretan el archivo de las actuaciones e imponen a los querellantes el pago de las costas causadas.

El auto de medidas provisionales dictado por el juez de Fraga, objeto de la querella, atribuía la guarda y custodia de una menor al padre y establecía un régimen de visitas para la madre, así como una pensión alimenticia a favor de la hija que debía ser satisfecha por la progenitora. En la querella presentada se argumentaba que, en su decisión, el juez no había tenido en cuenta la existencia de sus dos hermanas, de las cuales quedaba separada la menor.

Expresan los magistrados que el pronunciamiento del juez de Fraga es una medida provisional, sin que lo decidido en el auto sea una decisión definitiva sobre la situación en la que ha de quedar la menor respecto de sus progenitores y sus hermanas y recuerdan que “será en el procedimiento de derecho de familia, guarda, custodia y alimentos de hijos menores, en el que se adoptarán las medidas adecuadas, con plenitud de jurisdicción y tras la práctica de las pruebas que sean pertinentes”.

Señalan también que no es cierto que el Código de Derecho Foral Aragonés obligue a los tribunales a mantener a los hermanos bajo un mismo régimen 

de custodia y que existe “reiterada jurisprudencia” que avala que el juez pueda optar por dar un tratamiento diferenciado a los hermanos. En este sentido manifiestan que una “resolución injusta”, es aquélla que se aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles, careciendo de toda interpretación razonable, pero el concepto de prevaricación queda excluido “cuando el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión planteada, se decanta por alguna de las opciones posibles en aplicación de las normas, aun cuando pudiera ser considerada incorrecta posteriormente en la revisión pertinente en vía de recurso”.

Por estas razones, y en consonancia con el informe del Ministerio Fiscal que estima la inadmisión de la querella, el tribunal acuerda el archivo de las actuaciones.

No puede exigirse a una persona que ha cambiado de sexo que anule su matrimonio celebrado antes 2018-06-28

Una Directiva de la Unión prohíbe la discriminación por razón de sexo en lo que respecta a las prestaciones públicas, entre ellas las pensiones de vejez y de jubilación. La Directiva establece una excepción a esta prohibición, que permite a los Estados miembros excluir de su ámbito de aplicación la fijación de la edad de jubilación para la concesión de las pensiones de vejez y de jubilación. El Reino Unido ha ejercido ese derecho de manera que la edad de jubilación para una mujer nacida antes del 6 de abril de 1950 es de 60 años, mientras que para un hombre nacido antes del 6 de diciembre de 1953 es de 65 años.

MB es una persona nacida en 1948 de sexo masculino, que se casó con una mujer en 1974. En 1991 empezó a hacer vida como mujer, y en 1995 se sometió a una operación quirúrgica de cambio de sexo. Sin embargo, MB no dispone de un certificado de reconocimiento definitivo de su cambio de sexo, cuya concesión exigía, en virtud de la normativa nacional, la anulación de su matrimonio. MB y su esposa deseaban seguir estando casadas por motivos religiosos.

En 2008 MB cumplió 60 años, por lo que solicitó una pensión estatal de jubilación. Esta solicitud fue denegada porque, al no disponer de un certificado de reconocimiento definitivo de su cambio de sexo, no cabía considerarla mujer para determinar su edad legal de jubilación. MB recurrió esta decisión ante los tribunales británicos, alegando que la disposición en virtud de la cual no debe estar casada constituye una discriminación contraria al Derecho de la Unión. La Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido) pregunta al Tribunal de Justicia si esta situación es compatible con la Directiva.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia señala, para empezar, que en el presente asunto no se le plantea la cuestión de si el reconocimiento jurídico de un cambio de sexo puede supeditarse con carácter general a la anulación de un matrimonio celebrado antes del cambio de sexo. Sin embargo, afirma  que,  aunque el reconocimiento jurídico del  cambio de sexo y el matrimonio son cuestiones de la competencia de los Estados miembros en materia de estado civil, éstos deben respetar el Derecho de la Unión, especialmente el principio de no discriminación, al ejercer su competencia en este ámbito.

El Tribunal de Justicia confirma su jurisprudencia conforme a la cual la Directiva, en atención a su objeto y a la naturaleza de los derechos que pretende proteger, debe aplicarse igualmente a las discriminaciones que tienen lugar como consecuencia del cambio de sexo del interesado. A este respecto, señala que, a efectos de la aplicación de la Directiva, debe considerarse que han cambiado de sexo las personas que hayan vivido durante un período significativo como personas de un sexo distinto al de su nacimiento y que se hayan sometido a una operación de cambio de sexo.

El Tribunal de Justicia señala que el requisito de anulación del matrimonio para que pueda concederse una pensión estatal de jubilación a partir de la edad legal de jubilación de las personas del sexo de que se trate se aplica únicamente a las personas que hayan cambiado de sexo, por lo que concluye que la normativa británica confiere un trato menos favorable a las personas que hayan cambiado de sexo después de haberse casado que a las personas que hayan conservado su sexo de nacimiento y estén casadas.

A continuación, el Tribunal de Justicia examina si la situación de una persona que haya cambiado de sexo después de haberse casado es comparable a la situación de una persona casada que haya mantenido su sexo de nacimiento, requisito que debe cumplirse para determinar si una diferencia de trato constituye una discriminación directa.

El Tribunal de Justicia observa, a este respecto, que la finalidad del régimen legal de pensiones de jubilación en el Reino Unido es garantizar una protección frente al riesgo de vejez, al conferir al interesado una pensión en función de las cotizaciones abonadas a lo largo de su carrera profesional, con independencia de su situación matrimonial. El Tribunal de Justicia concluye que, en vista de este objetivo y de estos requisitos de concesión, la situación de una persona que ha cambiado de sexo después de haberse casado es comparable a la de una persona casada que ha conservado su sexo de nacimiento. El Tribunal de Justicia señala que la finalidad del requisito de anulación del matrimonio (finalidad que consiste en evitar el matrimonio entre personas del mismo sexo) es ajena al régimen de la pensión de jubilación. En consecuencia, esta finalidad no afecta al carácter comparable de la situación de las dos categorías de personas mencionadas en lo que respecta al objetivo y a los requisitos de concesión de la pensión.

Dado que ninguna de las excepciones admitidas por el Derecho de la Unión resulta aplicable a la diferencia de trato controvertida, el Tribunal de Justicia considera que la normativa británica constituye una discriminación directa por razón de sexo y está, por tanto, prohibida por la Directiva.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar

La Abogacía pide igual trato y coordinación en la recepción de migrantes tanto en rescates en el mar como en las llegadas a puerto2018-06-27
  • Más de 300 abogados del Turno de Extranjería atendieron en las dos últimas semanas a los 3.000 migrantes llegados a la frontera sur y a bordo de la flotilla Aquarius en el puerto de Valencia

Tras la llegada masiva de más 3.000 migrantes a los puertos de Valencia, Cádiz, Almería, Málaga y Granada en las dos últimas semanas, el Consejo General de la Abogacía Española, con la finalidad de defender los derechos humanos de estas personas, pide un trato igual y la actuación conjunta y coordinada en el operativo de recepción de migrantes a nuestro territorio, tanto en cada rescate en el mar como en la llegada de embarcaciones a puerto.

La colaboración activa entre las diferentes Administraciones Públicas, las instituciones, organizaciones humanitarias y la Abogacía es el camino correcto para afrontar estos casos en que la coordinación y cooperación entre todos los agentes es vital. Pero, además, la Abogacía Institucional tiene la convicción de que esta forma de actuar debe aplicarse en cada rescate y llegada por mar de embarcaciones a nuestras costas. Tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como las organizaciones, asociaciones y la sociedad civil, conjuntamente con la Abogacía, han dado ejemplo de profesionalidad en la gestión de información y asistencia de las personas rescatadas en alta mar.

Durante los dos últimos fines de semana, más de 300 abogados pertenecientes al Turno de Oficio de Extranjería de los Colegios de Abogados Valencia, Alicante, Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Melilla han estado disponibles para prestar asistencia jurídica a los más de 3.000 migrantes que han llegado tanto en la flotilla del ‘Aquarius’ al puerto Valencia como en pateras a la frontera sur.

La Abogacía destaca la acertada decisión de ofrecer -mediante el período de reflexión de 45 días concedido a los 629 migrantes de la flotilla ‘Aquarius’- la oportunidad de decidir acerca de la conveniencia de solicitar o no protección internacional de asilo, así como la detección temprana de las situaciones de especial vulnerabilidad, pero señala que esa misma manera de actuar debe ofrecerse a las personas que llegan a nuestra frontera sur, para los que deben disponerse, además, condiciones dignas de acogida y atención.

La Abogacía Española quiere destacar que siempre estará presente en la llegada de migrantes a través de los Turnos especializados en Extranjería y Protección Internacional de cada Colegio de Abogados que corresponda.

El Abogado General de Luxemburgo, a favor de la cesión a los fondos buitre2018-06-27
  • "Aunque existan fines especulativos y se ceda el préstamo a precio muy inferior o incluso irrisorio, carece de incidencia", señala el informe del Abogado General
  • Argumenta también que la directiva de derechos del consumidor afecta a las cláusulas, no a las prácticas
  • Navas & Cusí considera la cesión sin derecho de retracto contraria a la directiva de crédito y a la directiva hipotecaria. "Esperemos que Luxemburgo se despegue del criterio del Abogado General como hizo con la retroactividad de las cláusulas suelo"

Entonces planteaba si es conforme al derecho de la Unión Europea la cesión de créditos sin ofrecer al consumidor la posibilidad de extinguir la deuda. ¿Es compatible con el principio de protección del consumidor y de efectividad del derecho comunitaria la práctica por la que se compra de la deuda del consumidor por un precio exiguo sin su consentimiento ni conocimiento?, pregunta el titular del 28 de Barcelona.

La respuesta del Abogado General de Luxemburgo, Nils Wahl, es que sí es posible la cesión del crédito sin conocimiento ni consentimiento del cliente "aunque existan fines especulativos y se ceda a un precio muy inferior e incluso irrisorio". En su opinión, eso "carece de incidencia". Considera que no causa un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones entre las partes y que no se produce merma en las garantías del consumidor. "Tiene efecto neutro", concluye. Añade que la directiva regula cláusulas, no prácticas y que por lo tanto, Luxemburgo no tiene competencia para analizar prácticas.

"El Abogado General no ha tenido en cuenta la directiva de crédito ni la directiva hipotecaria", señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho bancario y financiero. Navas & Cusí presentó el pasado 13 de marzo una queja ante la Comisión Europea denunciando el incumplimiento de España de la legislación comunitaria relativa a la cesión de créditos.

En la queja se señala que el art. 2 de la directiva de crédito (2008/48/CE) establece que el consumidor será informado en caso de que la entidad financiera decidiera ceder el préstamo. "Lo mismo señala el art. 17 de la directiva hipotecaria 2014/17/UE que aunque todavía no ha sido traspuesta en España, es plenamente vigente en aplicación del principio de primacía del derecho europeo", señala Navas.

El letrado "disiente respetuosamente" del criterio del Abogado General porque considera que sí existe un claro perjuicio para el consumidor al que se le niega el derecho de retracto. "Se produce un enriquecimiento injusto de un absoluto ajeno negándole al consumidor el derecho a recomprar la deuda de su casa a precio de fondo buitre", concluye.

El socio-director de navascusi.com recuerda además que la directiva de crédito señala que ¡en caso de cesión, la posición del consumidor no debe de quedar debilitada. "Para el Abogado General no hay merma en sus garantías, pero parece obvio que no saber a quién le debes tu deuda y perder el derecho de tanteo y retracto es una merma de garantías", señala Navas. "El Abogado General sostiene que se queda igual, pero en nuestra opinión, se queda peor. El no poder ejercer su derecho de retracto produce un desequilibrio claro entre derechos y obligaciones. Y produce un daño objetivo equivalente al enriquecimiento injusto del fondo buitre; esperemos que finalmente Luxemburgo se aparte del criterio del Abogado General -como ocurrió con la retroactividad de las cláusulas suelo- y considere contrarias al derecho europeo las cesiones de crédito en las que se niega el derecho de retracto", concluye el socio-director de navacsusi.com

Intereses de demora

El titular del juzgado nº 38 de Barcelona también pregunta sobre los intereses de demora. Una pregunta coincidente con la cuestión prejudicial presentada por el Supremo sobre un caso del Banco Sabadell. Así que el Abogado General agrupa las cuestiones prejudiciales para responder que el criterio del Supremo de considerar abusivos los intereses de demora que superen los dos puntos al tipo de interés ordinario se ajusta al derecho de la Unión siempre que no se limite la capacidad de apreciación del juez nacional y que no impida que el juez deje de aplicar dicha cláusula si la considera abusiva.

"Permanece la duda de algunos jueces de qué hacer si se anula por abusividad una cláusula de interés de demora. ¿Se le debe de aplicar el interés ordinario más dos puntos o directamente nada? Esta es la cuestión que deberá de aclarar Luxemburgo", concluye Navas.

Adjuntamos la prejudicial del juzgado nº 38 de Madrid

Adjuntamos las conclusiones del Abogado General

Adjuntamos la queja presentada ante la Comisión Europea por la incompatibilidad del no respeto del derecho de retracto con el derecho europeo

La Comisión Europea otorga legitimación activa a Navas & Cusí en el proceso de queja

¿Puede considerarse nulo el despido de una trabajadora que sufre unas limitaciones psíquicas relacionadas con el trabajo, cuando la empresa ha tratado de readaptar su puesto?2018-06-27

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por una trabajadora en reclamación de la nulidad de su despido contra la sentencia del TSJ que consideraba el despido como improcedente, por haber adoptado la empresa tantas medidas como pudo con objeto de readaptar el puesto de la trabajadora, hasta que al final fue despedida por ineptitud sobrevenida.

Supuesto de hecho:

  • La trabajadora prestaba sus servicios como cajera de un banco.
  • En el año 2002 sufrió un atraco en el trabajo, siendo amenazada con un arma de fuego.
  • La trabajadora cayó en situación de IT, siéndole diagnosticado un síndrome post-traumático relacionado con aquel episodio.
  • La empresa le reubicó en un puesto de auxiliar administrativa, de tal forma que no tuviera que estar en la caja.
  • Tras varias demandas a la Inspección solicitando la readaptación del puesto, la trabajadora fue despedida en el año 2014.
  • Contra el despido, la trabajadora interpuso demanda que fue estimada, declarando el despido improcedente.
  • Contra esta sentencia, interpuso nueva demanda solicitando la nulidad, que fue parcialmente estimada, calificando el despido de improcedente.
  • Contra la sentencia del TSJ, interpone la trabajadora el presente recurso de suplicación.

Consideraciones jurídicas:

  • El Tribunal Supremo recuerda la evolución del concepto de "discapacitado" que la jurisprudencia ha manejado, para afirmar que hoy día se concibe como una situación del trabajador causada por una enfermedad diagnosticada médicamente, cuando esta enfermedad acarrea una limitación que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, siempre que esa limitación sea de larga duración.
  • En este sentido, la jurisprudencia europea, para determinar si el despido de un trabajador en esta situación ha de ser considerado nulo por su carácter discriminatorio, ha establecido que no basta sólo con analizar la situación del trabajador, sino que, además, debe valorarse una segunda circunstancia: la inexistencia o insuficiencia de las medidas de adaptación adoptadas por la empresa para adaptar el puesto del trabajador a sus limitaciones.
  • Asimismo, añade que esa exigencia de adaptación del puesto no puede suponer la imposición de una carga excesiva al empresario, motivo por el que el empresario no está obligado a contratar, mantener o ascender a un trabajador que no es competente, o no esté capacitado o en disposición de desempeñar las tareas más fundamentales de su puesto.
  • Por lo expuesto, el TS considera que el presente caso no constituye un supuesto de nulidad contemplado en la jurisprudencia europea ya que, si bien pudiera considerarse a la trabajadora como "discapacitada" a efectos de la normativa europea, la empresa ha tratado en múltiples ocasiones de adaptar el puesto a las limitaciones de ésta, modificando su trabajo de tal forma que desde el aquel atraco nunca más volvió a estar en la caja.
  • Por todo ello, el Tribunal considera que no puede considerarse el despido de carácter discriminatorio, ya que la empresa ha tratado de readaptar el puesto de la trabajadora.

Conclusión Lex@:

Según el Tribunal Supremo, el despido de un trabajador con discapacidad no es nulo de por sí, sino que, además, requiere que la empresa no haya tratado de adaptar el puesto del trabajador a sus limitaciones, o que el intento haya sido insuficiente, motivo por el que considera, que en este caso, no puede calificarse el despido de nulo, ya que la empresa sí trató en diversas ocasiones de adaptar el puesto de la trabajadora.

El Tribunal Supremo condena por publicidad engañosa a una sociedad que ofrecía hipotecas “sin avales” y sin tener contrato laboral fijo 2018-06-26
La Sala Primera entiende que se ha vulnerado la normativa general sobre publicidad y la específica sobre publicidad financiera

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ausbanc Consumo contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que había descartado que un anuncio de la entidad de intermediación financiera Credit Services S.A. integrara un supuesto de publicidad ilícita.

El anuncio en cuestión, publicado en prensa escrita, contenía el nombre comercial de la entidad y tres referencias (“Hipoteca 100% Sin avales.- Sin estar fijo”, “Préstamos personales. Rápidos. Casi sin papeleo” y “Reunificación de deudas. Hasta 50% de ahorro mensual”), seguidas de la dirección y del teléfono de la empresa, que aparecía en caracteres destacados.

La Audiencia había considerado que el carácter esquemático del anuncio y la falta de información concreta sobre los productos ofertados lo hacían inhábil para inducir a error o modificar el comportamiento económico del consumidor. Sin embargo, la Sala Primera entiende que se ha vulnerado la normativa general sobre publicidad y la específica sobre publicidad financiera.

El Tribunal Supremo condena a penas de entre cinco y seis años de cárcel a cuatro abogados y gestores del 'caso Golfinger' de Marbella por eludir impuestos2018-06-26
La sentencia constata que los procesados evitaron pagar 11,2 millones de euros del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2006 y 2007, correspondiente a la venta de 72 apartamentos de lujo en Marbella

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado a penas de entre 5 años y 2 meses de prisión y 6 años y 8 meses a dos abogados, un administrador y un promotor por el denominado ‘caso Goldfinger’, al constatar que evitaron pagar 11,2 millones de euros del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2006 y 2007, correspondiente a la venta de 72 apartamentos de lujo en Marbella construidos en unos terrenos que incluían la parcela donde había estado una mansión de Sean Connery. Asimismo, los cuatro tendrán que pagar cada uno una multa de 44 millones de euros por los delitos fiscales de los que son autores, e indemnizar conjuntamente a Hacienda en la cuota defraudada de 11,2 millones de euros.

El Supremo estima parcialmente el recurso de los cuatro condenados -los abogados Héctor J.D.B. y Luis J., el administrador Norberto P. y el promotor Ramón A.- y les absuelve de uno de los tres delitos contra la Hacienda Pública por los que fueron condenados por la Audiencia de Málaga, lo que supone una reducción de cada una de sus condenas en 2 años y 7 meses.

El tribunal mantiene las condenas por los delitos fiscales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, pero absuelve por el de 2005, al considerar que está acreditado que la compra real del terreno en el año 2001 superó los 14 millones de euros y no fue por tanto de 1.187.479 euros. Al reducirse la base imponible correspondiente a la liquidación tributaria de ese año arroja un saldo negativo, con lo que procede absolver de ese primer delito, explica la Sala. Ello afecta también a la multa que deberán pagar cada uno de ellos, que pasa de 63 millones a 44 millones de euros (el cuádruple de la cuota defraudada) así como a la indemnización que deberán abonar a Hacienda, que era de 15,9 millones y pasa a ser de 11,2 millones.

Asimismo, se confirma a Luis J. la condena por delito fiscal correspondiente a su IRPF, con lo que su pena se eleva a 6 años y 8 meses de cárcel, mientras que la de los otros tres es de 5 años y 2 meses (2 años y 7 meses por cada delito fiscal por el Impuesto de Sociedades). A un quinto acusado, Rafael Q., cómplice de los delitos fiscales, se le reduce la condena de 1 año y 6 meses de cárcel a 1 año como consecuencia de la absolución por el Impuesto de Sociedades de 2005.

La sentencia de la Audiencia de Málaga, en un aspecto que no fue recurrido por ninguna de las partes al Supremo, condenó a 1 año de cárcel al exalcalde de Marbella por delito contra la ordenación del territorio, y a penas de entre 9 meses y 1 año a otros seis exediles de Marbella por el mismo delito.

Por otro lado, el Supremo mantiene las absoluciones por delitos de fraude, malversación y cohecho, entre otros de Juan Antonio R., al rechazar los recursos de la Fiscalía y de la acusación en nombre del Ayuntamiento de Marbella.

Los hechos probados de la sentencia señalaban que el proyecto de urbanización, denominado ‘Malibú’, no se ajustaba a la normativa y al Plan General de Ordenación Urbana vigente, entre otras cosas por exceder la edificabilidad permitida, pero la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella concedió la licencia de obras para construir los 72 apartamentos y sus garajes.

En cuanto a las defraudaciones fiscales que dan lugar a las condenas, el Supremo explica que el núcleo consistió en que los gestores, representantes y titulares de la empresa que construyó y vendió el complejo urbanístico ‘Malibú’, con el fin de evitar pagar el Impuesto de Sociedades correspondiente a la venta de los 72 apartamentos de lujo (cada uno valía alrededor de 1.500.000 euros de media), realizaron dos operaciones simuladas: una de compra de acciones de la entidad vendedora del terreno por una suma de 40 millones de euros, y otra de compraventa de futuro de acciones de Google por un importe de 35 millones de euros.

Con esas operaciones pretendían justificar unas pérdidas societarias ficticias por 75 millones de euros, que trasladaron a los ejercicios fiscales de los años 2005, 2006 y 2007. Con lo cual evitaron pagar más de quince millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades.

En la sentencia de casación, sin embargo, se absuelve del primer delito fiscal (año 2005) porque se considera acreditado que la compra real del terreno en el año 2001 superó los 14 millones de euros y no fue por tanto de 1.187.479 euros. Al reducir la base imponible correspondiente a la liquidación tributaria de ese año arroja un saldo negativo, con lo que procede absolver de ese primer delito. No así de los otros dos.

Según el Abogado General Wathelet, las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten a un Estado miembro denegar o revocar el estatuto de refugiado son compatibles con el Derecho de la Unión2018-06-25

Dado que la decisión de denegar o revocar el estatuto de refugiado no afecta a la condición de refugiado, un Estado miembro está obligado a garantizar al refugiado de que se trate el respeto de los derechos que le confiere la Convención de Ginebra

Asunto C-77/17

X, nacional de Costa de Marfil, solicitó asilo en Bélgica. Al haber sido condenado por diversos delitos particularmente graves antes de presentar su solicitud de asilo, las autoridades belgas consideraron que constituía un peligro para la sociedad y le denegaron la concesión del estatuto de refugiado. Esta decisión se adoptó en virtud de la normativa belga que traspone la Directiva de la Unión sobre los refugiados, 1 la cual permite a un Estado miembro denegar la concesión del estatuto de refugiado o revocar dicho estatuto cuando el interesado representa una amenaza para la seguridad o, al haber sido condenado mediante sentencia firme por un delito de especial gravedad, para la sociedad de ese Estado miembro. X interpuso recurso contra esta decisión ante el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería, Bélgica).

Asunto C-78/18

X, nacional de la República Democrática del Congo, obtuvo el reconocimiento de la condición de refugiado en Bélgica. Posteriormente fue condenado a una pena privativa de libertad por haber cometido delitos de especial gravedad. Al considerar que constituía un peligro para la sociedad, las autoridades nacionales le retiraron el estatuto de refugiado. X interpuso recurso contra esta decisión ante el Conseil du contentieux des étrangers.

Asunto C-391/16

La República Checa reconoció la condición de refugiado a M, individuo de origen checheno. M había sido condenado a una pena privativa de libertad en dicho Estado antes incluso de que se produjera dicho reconocimiento. Tras haber sido reconocido como refugiado en la República Checa, fue condenado de nuevo por un delito de especial gravedad. Al representar por esta razón un peligro para la seguridad de este Estado miembro y de sus ciudadanos, se le revocó el estatuto de refugiado en virtud de la ley checa que aplica la Directiva sobre los refugiados. M interpuso recurso contencioso-administrativo contra esta decisión ante los tribunales checos. Al ver desestimadas sus pretensiones, interpuso recurso de casación ante el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa).

En estos tres asuntos, el Conseil du contentieux des étrangers y el Nejvyšší správní soud han remitido al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales. En esencia, estos órganos jurisdiccionales piden al Tribunal de Justicia que dilucide si las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten a los Estados miembros denegar o revocar el estatuto de refugiado incumplen la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados 2 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra») y, en consecuencia, son inválidas a la luz de las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y del TFUE en virtud de las cuales la política común de asilo debe respetar esa Convención.

En sus conclusiones leídas hoy, el Abogado General Melchior Wathelet observa, para empezar, que las circunstancias en las que un Estado miembro puede denegar o revocar el estatuto de refugiado en virtud de esta Directiva corresponden a las circunstancias en las que la Convención de Ginebra autoriza la devolución de un refugiado. Sin embargo, el Abogado General recuerda que las obligaciones de los Estados miembros en materia de protección de los derechos fundamentales neutralizan en gran medida su facultad de devolver a un refugiado. Cuando un refugiado no pueda ser devuelto a pesar de constituir  una amenaza para la seguridad o la sociedad del Estado miembro de refugio, dicho Estado miembro dispone no obstante, en virtud de la Directiva sobre los refugiados, de la posibilidad de privarle de su estatuto de refugiado.

 

A continuación el Abogado General subraya que la denegación o la revocación del estatuto de refugiado no tienen como consecuencia privar a la persona de que se trate de la condición de refugiado. Según el Abogado General, del texto, de los objetivos y de la estructura general de esta Directiva se desprende que la condición de refugiado, por un lado, y el estatuto de refugiado, por otro, constituyen dos conceptos distintos. La condición de refugiado se deriva del mero hecho de que una persona cumpla los requisitos para ser considerado como tal, con independencia de cualquier reconocimiento por parte de un Estado miembro. Así, una persona sigue teniendo esta condición mientras cumpla esos requisitos. En cambio, el estatuto de refugiado, en el sentido de las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten su denegación o revocación, designa el goce de los derechos que emanan en principio del reconocimiento de la condición de refugiado con arreglo a dicha Directiva. El Abogado General observa que algunos de estos derechos (como el derecho a un permiso de residencia, al reconocimiento de las cualificaciones y a la asistencia sanitaria) no tienen equivalente en la Convención de Ginebra y que ésta únicamente garantiza otros derechos (como los de acceso al empleo, a la vivienda y a la asistencia social) a los refugiados que residen legalmente en el país de refugio.

En consecuencia, el Abogado General considera que la denegación o la revocación del estatuto de refugiado supone que el interesado no goza de los derechos previstos por la Directiva sobre los refugiados, o deja de hacerlo, a pesar de lo cual conserva la condición de refugiado y todos los derechos que la Convención de Ginebra garantiza a cualquier refugiado con independencia de la legalidad de su residencia (como los derechos a la no discriminación, al acceso a los tribunales y a la educación pública y a la protección contra la expulsión). Además, la denegación de la concesión del estatuto de refugiado no exime al Estado miembro de que se trate de su obligación de examinar la solicitud de asilo que se le ha presentado, y de reconocer, en su caso, la condición de refugiado del solicitante al finalizar dicho examen.

El Abogado General concluye a partir de ello que las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten a un Estado miembro denegar o revocar el estatuto de refugiado no incumplen la Convención de Ginebra, por lo que son compatibles con las disposiciones del TFUE y de la Carta.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El Pleno del Senado aprueba con modificaciones los PGE 20182018-06-25

Esta semana, el Pleno de la Cámara Baja daba luz verde a una Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se reclama un cambio urgente de políticas de la Unión Europea en materia de migración. Por otro lado, sus señorías rechazaron el paquete de medidas contra la Precariedad Laboral que había llevado al Congreso el Grupo Parlamentario Ciudadanos en forma de Proposición de Ley.

Durante la sesión de control al gobierno, la ministra de Hacienda aseguró que se llevará a cabo un análisis general de la aplicación del IVA, y que, concretamente, se estudiará la rebaja del IVA cultural y de los productos de higiene femenina. Por su parte, la ministra de Trabajo anunció que su Gobierno llevará a cabo "actuaciones urgentes" para revertir la Reforma Laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores en el que prime el diálogo social y el consenso.

En cuanto al trabajo de las comisiones, cabe destacar la comparecencia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en el seno de la Comisión de Justicia, donde informó, entre otros temas, sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial que comenzará "en semanas".

En relación a la Cámara Baja, el Pleno del Senado aprobó con modificaciones, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que, de este modo, queda pendiente de aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, el martes, 19 de junio, durante la sesión de control al Gobierno, el presidente del Gobierno confirmó su intención de hacer mejoras en la financiación de todas las Comunidades Autónomas. Además, con motivo de una pregunta del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana sobre las energías renovables, la ministra de Transición Energética se comprometió a recuperar un marco regulatorio "que otorgue confianza a los inversores".

A continuación, les resumimos la actividad parlamentaria más destacada, desarrollada durante la semana del

18 al 22 de junio.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Pleno del Congreso, celebrado los días 19 y 20 de junio, dio el visto bueno a una Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se insta al Gobierno a modificar las políticas comunitarias sobre el control migratorio en el Mediterráneo. El texto, aprobado con el voto a favor de 213 de sus señorías y 127 abstenciones, plantea generar unas políticas de choque que permitan una mejor gestión de la crisis del Mediterráneo, y urge a la UE a que dé una respuesta adecuada, duradera y eficaz para evitar el aumento del número de víctimas en el Mediterráneo Central.

Por otro lado, la Cámara Baja rechazó, con amplia mayoría, la tramitación de la Proposición de Ley, impulsada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, contra la Precariedad Laboral, que buscaba unificar todos los contratos en un único contrato indefinido.

El miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, la ministra de Hacienda, María José Montero, aseguró que estudiará la posible rebaja del IVA cultural y de los productos de higiene femenina, en respuesta a la pregunta del diputado de ERC, Joan Capdevila, sobre si el Ejecutivo "tiene previsto aplicar un tipo reducido de IVA a algún nuevo producto o servicio". No obstante, Montero subrayó que esta posibilidad tendrá que ser abordada "en su totalidad" en un análisis general de la aplicación del IVA, que actualmente se va a analizar en el marco de la Unión Europea.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio anunció que el Gobierno llevará a cabo "actuaciones de urgencia" para restablecer el equilibrio de la relaciones laborales en España, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre qué aspectos de la reforma laboral piensa "retocar el Gobierno". La ministra subrayó que su compromiso es eliminar "los aspectos más dañinos de la reforma laboral" y trabajar por un nuevo Estatuto de los Trabajadores "para el siglo XXI".

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

El martes, 19 de junio, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, dio luz verde, entre otras, a una Proposición no de Ley, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular y aprobada por unanimidad, sobre los apoyos públicos a las personas con discapacidad auditiva. Asimismo, sus señorías aprobaron otra proposición del mismo grupo también por unanimidad, relativa a la promoción de la lengua de signos en el sistema educativo.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

También el martes, a las 11.30 horas, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobó con enmiendas el dictamen sobre la Comunicación Anual 2018 sobre el Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021; así como del Informe Anual de Evaluación 2016.

Comisión de Justicia

El miércoles, 20 de junio, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, compareció  en la Comisión de Justicia para dar cuenta de los datos de la Justicia española de la última memoria de 2016 y también del año pasado. Durante su intervención, Lesmes anunció que el proceso para renovar a los 20 vocales del CGPJ empezará "en unas semanas", eligiendo también un nuevo presidente para el organismo. Además, instó a los miembros de la comisión a acometer "una gran reforma organizativa de la administración de Justicia", debido a la situación de "colapso" en la que se encuentran muchos órganos judiciales, con un 60 % de juzgados sobrecargados.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ese mismo día, a las 16.00 horas, la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente contó con la intervención de Leonor Saiz Amorós, representante de Food Defense y Directora corporativa de relaciones institucionales de Embutidos Martínez S.A, quien presentó a la Comisión la propuesta legislativa sobre "Food Defense". También participó Eva Hernández, Responsable del Programa de Aguas y Alimento de WWF, que habló sobre los costes de los servicios del agua. Por otro lado, Pascual Fernández Martínez, Decano-Presidente del Colegio de Economistas, mostró su punto de vista sobre la racionalización en la gestión de los recursos. Finalmente, Miguel Huerta Dana, Secretario General de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), expuso su punto de vista sobre aquellos temas de los que es experto. 

Comisión de Cultura

El jueves, 21 de junio, la Comisión de Cultura se reunía para debatir el informe elaborado en el seno de la subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista, que, finalmente, fue aprobado por unanimidad. El documento, que ahora deberá ser ratificado en el Pleno, plantea, entre sus principales propuestas, la necesidad de modificar hasta tres leyes, la de IRPF, la de Autónomos y la de Enjuiciamiento Civil, para adaptar la normativa española a la realidad de la profesión cultura.

SENADO

Pleno

El Pleno del Senado, reunido los días 18 y 19 de junio, aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Por lo tanto, queda pendiente de aprobación definitiva por parte de la Cámara Baja.

Durante la sesión de control, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se sometía por primera vez al control Parlamentario del Senado, respondió a la senadora María del Mar del Pino Julio Reyes sobre los plazos del Ejecutivo para los compromisos de la agenda canaria, asegurando que no hay "tiempo material" en esta legislatura para poder reformar en su conjunto el sistema de financiación autonómica, aunque el Gobierno tiene la intención de hacer mejoras de la financiación de todas las comunidades.

Además, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió a recuperar un marco regulatorio "que otorgue confianza a los inversores" y anticipe cómo hacer el proceso de la transición energética, ante la pregunta del senador por Esquerra Republicana, Miquel Ángel Estradé, sobre las previsión del Gobierno  para revertir todos los recortes y obstáculos establecidos a las energías renovables.

Finalmente, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tras ser preguntada sobre las medidas concretas que el Ejecutivo piensa adoptar ante el aumento de los delitos de odio hacia las personas con discapacidad, aseguró que uno de los compromisos del Gobierno es "avanzar" hacia un modelo de convivencia "que logre eliminar todas las barreras que dificultan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos en igualdad de condiciones", mediante la aplicación de una política dialogada con diferentes agentes que ponga en marcha acciones y programas de formación y sensibilización, así como la aplicación efectivas de las leyes.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

Por último, la Ponencia de estudio sobre el desperdicio alimentario en el Estado español se reunió el pasado miércoles, 20 de junio, para llevar a cabo el debate sobre el informe de la Ponencia.

La Audiencia de Navarra decreta la prórroga de la prisión provisional, eludible bajo fianza de 6.000 euros, para los cinco condenados a 9 años de prisión por abuso sexual en los Sanfermines de 20162018-06-25
Los magistrados consideran que el riesgo de fuga puede conjurarse con otras medidas menos gravosas que la prisión provisional. El tribunal descarta el riesgo de reiteración delictiva debido a que la repercusión del caso y la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social que permiten cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo. Uno de los tres jueces ha emitido un voto particular discrepante que aboga por la prórroga de la prisión provisional incondicional hasta los 4 años y 6 meses, la mitad de la condena

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decretado la prórroga, eludible bajo fianza de 6.000 euros, de la prisión provisional establecida para los cinco condenados el pasado abril a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento por una violación perpetrada el 7 de julio de 2016 en Pamplona.

Entre otras medidas cautelares, además del depósito de la mencionada fianza, el tribunal impone a los condenados la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia su localidad de residencia, la prohibición de acceder a la Comunidad de Madrid –lugar de residencia de la denunciante–, la prohibición de comunicación con la víctima por cualquier medio o procedimiento, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la designación de un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en esos domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria (orden de busca y captura).

El auto, contra el que puede interponerse recurso de súplica ante el mismo tribunal, cuenta con un voto particular discrepante, emitido por el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, José Francisco Cobo, quien aboga por la prórroga de la prisión provisional incondicional hasta la mitad de la pena impuesta, esto es, 4 años y 6 meses.

Los magistrados Ricardo González, ponente, y Raquel Fernandino, explican que, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tras realizar la pertinente ponderación de los intereses en juego y teniendo siempre presente la preeminencia que debe otorgarse al derecho a la libertad personal, la pretensión de las acusaciones de prorrogar la prisión provisional de los condenados en primera instancia hasta la mitad de la pena impuesta en sentencia de forma incondicional incurre en un automatismo del que se debe huir.

“Así, en primer lugar, entendemos que para valorar la situación actual ya no cabe retomar las razones que fundamentaron en un primer momento la adopción como medida cautelar de la prisión provisional, entre las que se indicaba la posibilidad de imponer a los acusados unas penas de 80 años de prisión; como tampoco las que sirvieron para desestimar los diferentes recursos que contra el auto de prisión o de denegación de la solicitud de libertad provisional se interpusieron”, apunta la Sección Segunda.

Una condena grave no resulta suficiente para la prisión provisional

Tras la sentencia condenatoria a 9 años de prisión, apostilla la sala, “se ha producido, por tanto, una más que notable reducción de las penas solicitadas por las acusaciones y que éstas pretenden minimizar mediante un planteamiento en el que subyace la idea de que la sentencia condenatoria por un delito grave y con una pena grave, como es el caso, resulta suficiente, por sí sola, para justificar la prórroga de la prisión provisional, cuando, según la doctrina constitucional anteriormente expuesta, esta no legitima el automatismo con el que frecuentemente se aplica o pretende aplicarse el precepto en cuestión”, razonan los magistrados.

En cualquier caso, prosiguen los jueces, para resolver cualquier duda o incertidumbre al respecto siempre se atienen a “dos reglas de oro: los principios favor libertatis y el in dubio pro reo.

Según el tribunal, en relación al riesgo de fuga, que durante la instrucción de la causa se vinculaba a las altas penas solicitadas y a la inminencia de la celebración del juicio oral, estas razones han perdido notablemente la fuerza que, en su día, pudieron tener.

“En tal sentido, no habiéndose cuestionado durante todo el procedimiento el arraigo familiar y social de todos los condenados, no cabe ahora, por razón de haya recaído sentencia condenatoria, negárselo; como tampoco cabe seguir invocando el riesgo de fuga como un riesgo genérico y no concreto (derivado de circunstancias concretas y determinadas) que las partes acusadoras no han tratado siquiera de reseñar, sin que de las alegaciones que sobre este particular han expuesto pueda inferirse racionalmente tal riesgo de fuga; riesgo que, aun estando siempre latente, no cabe inferir en este caso como una posibilidad real y concreta, y que, en todo caso, puede conjurarse más que razonablemente con otras medidas cautelares menos gravosas para la libertad”, zanja el tribunal.

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva que se pretende justificar por las acusaciones por el hecho de que cuatro de los cinco procesados, ahora condenados, se encuentran incursos en otra causa penal por hechos análogos a los que han motivado su condena y que se están investigando ante un Juzgado de Pozoblanco, el tribunal destaca, de entrada, que tal planteamiento excluye del referido riesgo a Ángel Boza Florido, quien no está inmerso en esa investigación.

La Audiencia de Navarra asegura desconocer cuál es la situación en que se encuentra la instrucción de la referida causa de Pozoblanco, más allá de que se inició en el mes de octubre de 2016. “Se trata por tanto de hechos sub iudice, que aún continúan en fase de investigación por razones que se desconocen y que ninguna de las acusaciones ha podido esclarecer.

La pérdida del anonimato de los condenados “hace poco menos que impensable” el riesgo de reiteración delictiva

“Por otra parte, según la Audiencia, ninguno de los acusados ahora condenados cuenta con antecedentes penales por delitos de naturaleza análoga o similar a aquel por el que vienen condenados y no puede desconocerse tampoco que la repercusión que ha tenido este caso y la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto de los cinco acusados que ello permite cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva que, respecto de cuatro de ellos, se presume por las acusaciones, pues lo que todo ello hace presumir, en buena lógica, no son sino extraordinarias dificultades para que puedan desarrollar una vida social normalizada en libertad una vez regresen a su entorno familiar y social; todo ello, junto con la pérdida de su anonimato a que anteriormente hemos hecho referencia, hace poco menos que impensable el referido riesgo de reiteración delictiva”, destaca la Audiencia.

El tribunal resalta también que los acusados tienen sus domicilios a más de 500 kilómetros del lugar en que reside la víctima y que garantizar su tranquilidad y su sosiego es algo que puede procurarse mediante la adopción de medidas menos gravosas que la prolongación de la situación de prisión provisional.

Y, respecto a la alegación de que “la ocultación de la perpetración de otros hechos presuntamente delictivos, que posteriormente fueron averiguados por los policías encargados de la investigación”, permita “presumir la existencia del riesgo de acceder por sí, o a través de terceros a las fuentes de prueba o influir sobre otros investigados”, el tribunal considera que es algo que ciertamente carece de todo fundamento si se considera que tales supuestos hechos delictivos habrían de haberse cometido necesariamente con anterioridad a su ingreso en prisión, situación en la que están próximos a cumplir dos años, “tiempo más que suficiente para que se hayan realizado las investigaciones necesarias y asegurado las pruebas que las sustenten si es que esto ha sucedido, pues nada se acredita al respecto por ninguna de las acusaciones”.

El voto particular destaca que las medidas cautelares impuestas no conjuran eficazmente el riesgo de fuga

El auto cuenta con el voto particular discrepante del presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, José Francisco Cobo, ponente además de la sentencia condenatoria a 9 años de prisión.

Según este magistrado, “teniendo en cuenta las características y gravedad del delito por el que han sido condenados los acusados, y ponderando las circunstancias del caso y las personales de dichos procesados, se revela como razonable y proporcionado” la prórroga por plazo de dos años y seis meses, a contar desde el día 7 de julio próximo, de la medida de prisión provisional con el carácter incondicional.

Para este juez, “es indiscutible la gravedad de delito, expresada en el contenido de la pena impuesta”, la afectación a bienes jurídicos especialmente relevantes como lo es en este caso la libertad e indemnidad sexual, en el marco en que se produjeron los hechos delictuales por los que se estableció la condena.

Así, respecto a los datos que pueden evaluarse, en función de lo actuado sobre la estabilidad domiciliaria de los procesados, su disponibilidad de medios para poder desarrollar su vida, su integración en su contexto familiar y convivencial extenso, no permiten, a juicio del magistrado, “conjurar eficazmente el riesgo de que los procesados se sustraigan a la acción de la justicia y las medidas a tal efecto propuestas en la decisión mayoritaria”.

Para el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, “en conclusión, por todo lo expuesto, entiendo que resultaba procedente acordar como así se hace en la decisión mayoritaria, la prórroga de la prisión provisional, pero configurada por las razones expuestas de modo incondicional”.

El presidente del TS y del CGPJ urge una gran reforma organizativa de la Justicia ante la situación de colapso de muchos órganos judiciales2018-06-22
Carlos Lesmes afirma que más del 60 % de los Juzgados están “claramente sobrecargados” y dice que si la situación se prolonga “puede provocar que el propio sistema se resienta”. Lesmes confía en que la renovación de los veinte vocales del CGPJ y de su presidente, que se activará en unas semanas, se desarrolle “dentro de los plazos establecidos por la ley”. “El Poder Judicial está dando sobradas muestras de independencia y de responsabilidad a la hora de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta el Estado de Derecho”, dice en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. El presidente del TS y del CGPJ pide que se atiendan las “legítimas reivindicaciones” de los miembros de la Carrera Judicial para mejorar sus condiciones de trabajo

Autor Comunicación Poder Judicial

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha advertido hoy de la situación de “colapso” de muchos de los órganos judiciales españoles y ha urgido a “abordar las grandes reformas estructurales de nuestra Justicia, que siempre, por unos motivos u otros, acaban postergadas”.

“Mientras no se lleve a cabo una gran reforma organizativa de la Administración de Justicia, difícilmente serán superables las actuales ineficiencias que impiden que los grandes indicadores de asuntos pendientes, tasas de resolución o tiempos medios de respuesta experimenten mejoras significativas”, ha señalado Lesmes durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

El presidente del Poder Judicial, que ha dado cuenta del estado, funcionamiento y actividad de los Juzgados y Tribunales con datos actualizados a 31 de diciembre de 2017, ha afirmado que el sistema de Justicia, “al menos en cuanto a la capacidad global para absorber con agilidad la carga de trabajo que entra, no ha experimentado grandes mejoras en los últimos años”.

“Nuestra litigiosidad sigue siendo elevada si la comparamos con la de los países de nuestro entorno, y aunque nuestros jueces, gracias a su esfuerzo, llevaban varios años siendo capaces, a nivel global, de resolver más asuntos de los que ingresaban, esta es una situación difícilmente sostenible en el tiempo”, ha señalado.

Lesmes también ha considerado “difícilmente soportables” las situaciones de colapso de buena parte de los órganos judiciales y ha recordado que, según un estudio realizado por el Servicio de Inspección del CGPJ, “casi el 60 por ciento de nuestros Juzgados se encuentran claramente sobrecargados”, mientras que otros no alcanzan la carga de trabajo fijada como asumible.

“Esta situación de colapso en muchos órganos y, en todo caso, de desequilibrio en el conjunto del sistema, si se mantiene prolongadamente en el tiempo, puede provocar que el propio sistema se resienta, como de hecho puede estar ocurriendo”, ha concluido.

Reformas pendientes

Ante esta situación, el presidente del TS y del CGPJ ha subrayado que “sigue estando pendiente la gran reforma organizativa de nuestra Justicia”, que debería ir acompañada de la modernización de ciertos aspectos de la legislación procesal, “muy especialmente en el orden penal”.

“Sigue estando pendiente, sin perjuicio de la introducción de reformas parciales de cuya utilidad no dudo, la reforma global y definitiva de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es necesario estudiar el modelo en su conjunto, modernizar la investigación penal, estableciendo un nuevo diseño de enjuiciamiento criminal que conjugue adecuadamente, como en otros modelos de Derecho comparado, las garantías procesales con la celeridad”, ha dicho.

Lesmes también ha abogado por “seguir avanzando en la plena implantación de la digitalización de nuestra Justicia”, corrigiendo las deficiencias detectadas, y ha pedido no olvidar “la dotación de medios”.

“Hay que invertir en Justicia, y hacerlo de manera suficiente y con una adecuada planificación, aunando y coordinando esfuerzos entre las distintas Administraciones implicadas”, ha añadido.

Independencia judicial

El presidente del TS y del CGPJ ha señalado durante su intervención en el Congreso que “distintos acontecimientos han exigido del Consejo que, hasta en ocho ocasiones en los últimos nueve meses, haya hecho públicos comunicados o declaraciones institucionales exigiendo respeto por el principio de independencia de los jueces y recordando que se trata de una de las garantías más básicas que el Estado de Derecho proporciona a la propia sociedad”.

Además, el órgano de gobierno de los jueces ha estimado durante este mandato varias solicitudes de amparo elevadas por miembros de la Carrera Judicial, “una vez constatado que se estaban produciendo circunstancias que perturbaban gravemente el ejercicio independiente de la función jurisdiccional”.

Por todo ello, Lesmes ha instado a “prestar la máxima atención, siempre, a los principios de colaboración, respeto y lealtad institucional” y ha subrayado que “en nada y a nadie ayudan actitudes tendentes a desacreditar ante la sociedad la legitimidad de nuestras instituciones, pues la fortaleza de éstas está directamente vinculada con el progreso y la convivencia pacífica”.

“Así lo creemos en el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial y así lo hemos expresado públicamente siempre que ha sido necesario. Un Poder Judicial que ha dado y está dando sobradas muestras de independencia y de responsabilidad a la hora de dar respuesta a los retos a los que se enfrenta nuestro Estado de Derecho”, ha concluido.

Mejorar las condiciones de trabajo de los jueces

El presidente del TS y del CGPJ también ha dicho ante los miembros de la Comisión de Justicia que es necesario “prestar la debida atención a las legítimas reivindicaciones que en estos momentos están reclamando los miembros de la Carrera Judicial” y que les llevaron recientemente a convocar una jornada de paro.

“Hay que mejorar, en la medida de lo posible, sus condiciones de trabajo y responder adecuadamente a la especial dificultad que entraña su labor, pues con ello estaremos favoreciendo la calidad de un servicio que es pieza fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho”, ha afirmado Lesmes, que ha citado, entre otras reivindicaciones, las retributivas y las relativas a la protección social, las cargas de trabajo o los medios materiales.

También ha hecho referencia a los permisos y licencias, recordando que se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto que restituye a los jueces los derechos perdidos en ese ámbito y confiando en que salga adelante “porque, simplemente, es lo justo”.

Por último, el presidente del Poder Judicial ha abogado por establecer un nuevo diseño de la Carrera Judicial –que deberá ser recogido por la Ley Orgánica del Poder Judicial- que favorezca y premie de manera real “la formación, la especialización y la excelencia, objetivando claramente los méritos que den acceso a las altas instancias judiciales y a los puestos gubernativos”.

Renovación del CGPJ

Carlos Lesmes ha anunciado que en unas semanas se activará el mecanismo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial para proceder a la renovación de los veinte vocales que integran el órgano, quienes, una vez nombrados, habrán de elegir un nuevo presidente.

“La renovación de las instituciones, señorías, es necesaria. Por ello confiamos en que el proceso de renovación del máximo órgano de gobierno del Poder Judicial, proceso del que son protagonistas, precisamente, las Cortes Generales, se desarrolle con absoluta normalidad y dentro de los plazos establecidos por la ley”, ha dicho el presidente del TS y del CGPJ ante los diputados que integran la Comisión de Justicia.

Ante la finalización el próximo mes de diciembre del mandato del actual Consejo, Lesmes ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas para tratar de alcanzar los objetivos que trasladó a la Cámara en su primera comparecencia tras asumir el cargo.

Así, ha señalado que el CGPJ se ha convertido en un referente en materia de transparencia, recibiendo por ello el reconocimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o del Consejo General de la Abogacía; y que ha cumplido con el mandato de austeridad que debe regir el funcionamiento de todas las instituciones públicas, como prueba la reducción de su presupuesto en el periodo 2013-2018 en un 8,21 por ciento –disminución que ha superado el 40 por ciento en las partidas destinadas a altos cargos-.

El presidente del TS y del CGPJ también ha recordado que el actual Consejo ha favorecido que el contacto con los miembros de la Carrera Judicial y con las asociaciones profesionales sea lo más directo y frecuente posible, manteniendo él mismo encuentros directos con más de 1.500 jueces y magistrados; y ha destacado el trabajo realizado en materia de protección social, con la puesta en marcha del primer Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la Carrera Judicial; o la regularización de la situación de los casi 400 jueces –el 8 por ciento del total- que al inicio de su mandato se encontraban en expectativa de destino.

Lesmes ha hecho referencia asimismo a iniciativas como la creación de la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción (UACC), que en algo más de tres años de funcionamiento ha tramitado decenas de medidas de apoyo a los jueces y magistrados que investigan delitos de corrupción; al impulso dado a la formación de los miembros de la Carrera Judicial, especialmente en materias como la violencia de género, menores, cooperación internacional o discapacidad; o a que, por primera vez, los jueces españoles cuenten con un código ético propio –denominado “Principios de Ética Judicial”- en cuya elaboración participaron las asociaciones judiciales, miembros no asociados de la judicatura, expertos y representantes de los Tribunal Superior de Justicia.

Estos avances se han conseguido “gracias a la implicación y entrega demostradas por los vocales del Consejo, a quienes es justo agradecer el trabajo realizado”, ha dicho el presidente del Poder Judicial, que ha subrayado el alto nivel de acuerdo y consenso que ha existido en la institución, como demuestra que el 79 por ciento de los 1.202 acuerdos adoptados por el Pleno desde diciembre de 2013 lo hayan sido por unanimidad o asentimiento o que el 92 por ciento de los 216 nombramientos discrecionales efectuados hasta la fecha lo fueran por unanimidad o mayoría cualificada.

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la inadmisibilidad de los recursos casación por omisión de requisitos2018-06-22
Desestima un recurso contra una sentencia de la Audiencia de Álava al considerar que el se interpuso fuera de plazo

Autor Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de casación interpuesto contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, al considerar que el mismo se interpuso fuera de plazo.

El plazo para la interposición del recurso vencía el 23 de junio de 2015, aunque la parte recurrente podía presentar el escrito de interposición hasta las 15 horas del día 24 de junio; la Sala aclara que la disposición del artículo 135 LEC, que permite la presentación de escritos hasta las 15 horas del día hábil siguiente al vencimiento, no supone una ampliación del plazo.

Se adjunta nota de la Sala de lo Civil.

Veinticinco años de profesión vistos por un abogado2018-06-22

Óscar Fernández León

Abogado. Experto en habilidades profesionales
@oscarleon_abog

Mañana, día 22, en el evento Legal Millennials organizado por Bbrainers en Madrid, y en unión de otros compañeros, tendré la oportunidad de compartir con estudiantes del grado de derecho mi experiencia profesional. A la vista de dicha circunstancia, he pedido a legaltoday.com que vuelva a publicar un post en el que narraba mis vivencias tras veinticinco años de profesión, publicación que ha tenido la cortesía de acceder y que, sin más preámbulos, da comienzo a continuación.

"La semana pasada recibí una carta del Decano del Colegio de Abogados de Sevilla comunicándome la próxima entrega, en unión de otros compañeros, de un diploma conmemorativo por mis veinticinco años de incorporación al Colegio, o lo que es lo mismo, de mi ejercicio profesional. Mientras la leía, me admiraba de la rapidez con la que habían pasado todos estos años, y repasaba mentalmente algunos de los acontecimientos y anécdotas que habían jalonado este increíble viaje. Hoy, aprovechando la oportunidad que me brinda legaltoday a través de este blog, me gustaría compartir con vosotros algunas ideas que han surgido de esta experiencia y que espero os hagan a más de uno rememorar situaciones parecidas y, a los otros, animaros a seguir.

Lo primero que me gustaría destacar es que en veinticinco años de ejercicio de una profesión como la nuestra hay tiempo para cambios verdaderamente notables.

Todavía sigo sin explicarme como, allá por los ochenta,  podíamos hacer las demandas, contestaciones y recursos a máquina de escribir, con la única ayuda del milagroso type. Era una labor verdaderamente artesanal en la que cada palabra o signo ortográfico estaba medido antes de quedar plasmado en el folio. Con los ordenadores y procesadores de textos todo cambió, y empezamos a multiplicar nuestra productividad por diez. No obstante, reconozco que aquella forma de trabajar nos ayudó a ser más centrados y analíticos. ¡Equivocarse más de dos veces era un desastre irreparable!

¿Y que decir de los teléfonos? Cuando empecé a ejercer no había teléfonos móviles, aunque a los pocos años comenzaron a desembarcar en nuestro país. Sin móviles, las comunicaciones con los clientes se limitaban a los horarios del despacho o, excepcionalmente, la llamada al domicilio particular ante una urgencia. El concepto de prisa era muy distinto al actual. Con los portátiles, la productividad igualmente se ha multiplicado, pero ¿a que coste para nuestros nervios?

El transcurso del tiempo me ha permitido ver crecer mi práctica profesional desde la pasantía e independencia inicial (vaya un cariñoso abrazo a mi maestro don Ignacio Galán Cano) hasta la comunidad de gastos con otros compañeros y una nueva vuelta a la independencia hasta evolucionar hacía el despacho al que ahora pertenezco y me honro de formar parte. Por otro lado, ¡Como han cambiado los conocimientos adquiridos en estos años! De no saber nada, hasta saber, como ahora, un poquito de derecho. Igualmente ha variado el tipo de asuntos que he tenido la suerte de llevar. Desde los primeros asuntillos, con escasa importancia económica o jurídica, encargados por familiares y amigos (trasunto del dicho de las tres p), hasta asuntos de más enjundia que jamás habría soñado llevar en mis comienzos... También he podido trabajar en las diversas ramas del derecho, a modo de abogado todo-terreno: penal, contencioso, laboral, mercantil, y finalmente, con el paso de los años, la especialización en el marco del derecho civil. Y como no, para concluir con los cambios, he presenciado como testigo privilegiado a la transformación de los despachos unipersonales a despachos organizados como empresas de servicios profesionales.

Pero aparte de los cambios vividos, he tenido ocasión en todos estos años de ser testigo de muchas situaciones curiosas. Gracias al trabajo de abogado he visitado lugares a los que jamás imaginé podría acceder. Recuerdo con cariño una negociación en el interior del lugar donde Gustavo Adolfo Bécquer escribía sus poemas; en otra ocasión, conocí las interioridades y secretos de un Palacio cuya visita estaba reservada a personas de abolengo Real, y así, podría continuar con otros ejemplos sorprendentes. También he viajado y conocido ciudades a las que quizás nunca hubiera estado sino fuera por tener que asistir a alguna vista de un juicio, juicios en los que, por otro lado, he tenido la suerte y el honor de enfrentarme a magníficos y afamados abogados de los que he aprendido mas que en muchos libros. También he tenido la ocasión de conocer, a través de mi trabajo a mucha gente, tanto a clientes como a otros profesionales con los que he podido compartir el despacho; abogados, pasantes, empleados, etc... que me han ayudado a  apreciar la diferencia en la forma de ser, pensar y hacer de las personas en el ejercicio profesional. No puedo dejar de citar la oportunidad que disfruté en mis comienzos, a través del turno de oficio, de descubrir una realidad social desconocida para mi cuando en aquellas asistencias al detenido desfilaban ante mí numerosos personajes de nuestra sociedad, capaces de incurrir en conductas inimaginables.

Finalmente, y quizás lo más importante, con mi profesión, he tenido la suerte de poder ayudar a gente que me necesitaba y a la que creo que he sabido responderles, dando a mi ejercicio un sentido y vocación social sin el que no habría podido avanzar todos estos años.

Pero también he pasado momentos tristes y llenos de confusión. Los casos incomprensiblemente perdidos y sus penosas consecuencias, la falta de clientes en determinadas épocas, el agotamiento por la carrera de relevos en la que se convierte nuestro trabajo y que, a veces,  no te deja respirar y te hace preguntarte si esto merece la pena ¿Quién no se ha cuestionado que es lo que está haciendo en esta bendita profesión?

Pero hoy, que aun me siguen comiendo los nervios antes de cada vista oral y que me esfuerzo mas si cabe por hacer las cosas mejor, hoy, sigo aquí haciendo las veces de abogado itinerante, litigante, proactivo, preventivo y todo un sinfín de camaleónicas variedades, satisfecho de haber recorrido este camino lleno de descubrimientos y cautivado por lo que el futuro me deparará.

La Audiencia de La Rioja condena entre 7 y 10 años de prisión a los Guardias Civiles que robaron un alijo de droga2018-06-21
El tribunal impone la mayor condena al único acusado que no confesó los hechos. Al resto les rebaja la pena 3 años

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial ha impuesto la pena de 7 años y 1 mes de prisión y multas que suman 593.803,70 euros a tres Guardias Civiles, dos empresarios y un guarda de seguridad acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, robo con violencia con uso de armas y de un delito leve de lesiones.

Todos ellos, al inicio del juicio, se confesaron autores de los hechos y la Fiscalía acordó de conformidad rebajarles la pena de 10 años y 6 meses de cárcel a 7 años y 1 mes.

Sólo uno de los acusados, otro Guardia Civil, no admitió los hechos, por lo que el Tribunal que considera probado la actuación criminal de todos los acusados, le impone la pena de 10 años y 6 meses de cárcel y multas que ascienden a 594.903,70 euros por los delitos antes mencionados. En la sentencia se indica a este acusado que puede recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. El resto de acusados renunció al recurso al tratarse de una sentencia de conformidad.

El Tribunal considera probado que los acusados, con el fin de obtener una gran cantidad de hachís procedente de Marruecos, entraron en contacto con un suministrador, al que siempre aseguraron que le comprarían la droga. “Sin embargo –especifica la sentencia- el grupo desde el inicio de los contactos tenían la intención de apoderarse del alijo de droga, siendo este hecho conocido por todos los integrantes del grupo”.

Por ello, los acusados idearon un plan para conseguir sus objetivos. A principios de septiembre de 2016, todos los integrantes viajaron en diferentes vehículos hasta la provincia de Málaga para reunirse con el suministrador de la droga. Una vez llegaron al punto de entrega acordado y cuando se estaba haciendo la transacción entre uno de los acusados y tres suministradores, el resto de acusado se bajaron sorpresivamente de una furgoneta con armas simulando una operación de la Guardia Civil. Los suministradores se mostraron colaboradores al entender que se trataba de una operación real de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los acusados “con el ánimo de amedrentarlos y evitar resistencia”, golpearon a dos de los suministradores y les maniataron con bridas. Un tercero logró escapar.

Poco después, los acusados abandonaron el lugar. Cuando circulaban por la A-45 dirección Madrid decidieron parar en un área de descanso donde fueron interceptados por agentes de la UDYCO, que consiguió detener a cinco, uno pudo huir pero fue detenido más tarde en León y el séptimo días después en Jaén. El alijo incautado fue de 97.653 gramos de hachís con un valor en el mercado ilícito de 592.753,71 euros.

Acceso a pruebas electrónicas transfronterizas2018-06-21

El Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, celebra el próximo jueves 28 de junio un evento en el Parlamento Europeo, en colaboración con la eurodiputada Birgit Sippel, miembro de la Comisión de Libertades civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), y que abordará el tema de la prueba electrónica y, en particular, sobre la propuesta de Reglamento de la Comisión  Europea sobre Órdenes Europeas de Producción y Preservación de pruebas electrónicas en materia penal.

El evento se centra en la mejora en el acceso a pruebas electrónicas transfronterizas, y si este acceso cuenta con suficientes garantías procesales y diligencia debida. Los participantes se beneficiarán de una variedad de puntos de vista expresados por una representación transversal de las partes interesadas. : Expertos de CCBE (abogados en el campo del Derecho TIC y Derecho Penal), eurodiputados, funcionarios de las instituciones europeas, etc.

El 11 de junio de 2018, la Comisión LIBE del Parlamento Europeo debatió la propuesta de Reglamento sobre las órdenes europeas de producción y conservación de pruebas electrónicas en materia penal. Durante esta reunión del Comité LIBE, el Comisario europeo para la Unión de la Seguridad, Julian King, subrayó  que el proceso para obtener acceso a los datos sigue siendo difícil y se dilata en el tiempo, especialmente en los casos transfronterizos.

Así, la propuesta de Reglamento proporcionará nuevas herramientas para facilitar el acceso a pruebas electrónicas con fines de investigación o enjuiciamiento, establecerá la posibilidad de que las autoridades judiciales soliciten directamente a los proveedores de servicios en otra jurisdicción que proporcionen datos dentro de un período específico (10 días en casos estándar); y, las autoridades pertinentes también podrían solicitar a los proveedores de servicios que conserven datos a los fines de procedimientos penales.

Requisitos para la condena en costas a la acusación particular2018-06-21

En fecha 11 de abril de 2018, la Sala II del Tribunal Supremo dictaba una Sentencia en la que ha sido Ponente Dña. Ana María Ferrer García por la que se establecen los requisitos que deben concurrir para que la acusación pueda ser condena al pago de las costas de la defensa cuando hay un pronunciamiento absolutorio.

Sergio Nuño Díez de la Lastra Martínez,
abogado penalista especialista en Derecho Procesal-Penal por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos.

El recurso de casación giraba en torno a la petición expresa realizada por la defensa en las conclusiones definitivas, donde además de solicitar una sentencia absolutoria, se solicitaba expresamente la condena en costas a la acusación particular, siendo atendida dicha pretensión por el Tribunal enjuiciador en sentencia.

La meritada sentencia dictada por el Tribunal Supremo afirma que para que la condena en costas a la acusación particular pueda ser estimada por el Tribunal, deben concurrir inicialmente dos requisitos procesales impuestos a la parte solicitante y un tercero que debe apreciar el Tribunal:

1. La condena en costas debe ser solicitada en el escrito de conclusiones provisionales o escrito de defensa.

2. La solicitud debe ser ratificada en las conclusiones definitivas por la defensa.

3. El Tribunal sentenciador debe apreciar una actuación temeraria o de mala fe en la acusación particular.

La meritada resolución razona que en relación al régimen de imposición de costas en el proceso penal, en los casos en que la condena a su abono se engarce con una actuación temeraria o de mala fe por parte de quien ha ejercitado la acción penal, la misma ha de ser introducida en el debate procesal en momento hábil, por imperativo del principio de rogación (SSTS, entre otras, 1845/2000 de 5 de diciembre, STS 1571/2003 de 25 de noviembre, 36/2006 de 25 de enero, 863/2014 de 11 de diciembre, 410/2016 de 12 de mayo, 682/2016 de 26 de julio o 522/2017 de 6 de julio).

Abandonada ya la concepción de las costas como sanción a favor de su carácter resarcitorio, y entendidas como compensación indemnizatoria por los gastos que se ha visto obligada a soportar la parte a quien el derecho ampara, su imposición queda sometida al principio dispositivo. Y solo si la pretensión se ha introducido en momento hábil, entendido como el último temporalmente idóneo el de la formulación de las conclusiones definitivas, goza la parte que pudiera verse afectada por esa petición de la posibilidad de instrumentalizar la defensa que estime oportuna en relación a la misma.

La resolución relaciona la necesidad de introducir la solicitud de condena en costas en las conclusiones provisionales con la posibilidad de que la parte afectada por la petición pueda organizar su defensa también respecto de esa cuestión y no generar con ello una posible indefensión al introducir nuevas cuestiones que varían los hechos ya conocidos y que fueron los tenidos en cuenta por las partes para la preparación del acto del juicio. Interpretación controvertida desde mi punto de vista, ya que la acusación en su papel de parte acusadora dentro del proceso nunca puede tener la consideración de defensa y por tanto, no podría sufrir indefensión. En todo caso, una vulneración del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva o de garantías del proceso como pudiese ser la igualdad de armas, pero esta cuestión bien merece otro artículo aparte.

Como plus a dicho formalismo impuesto a la parte que pretende solicitar la condena en costas a la parte acusadora en caso de absolución, se impone al Tribunal sentenciador la obligación de valorar y ponderar si la actuación llevar a cabo por la acusación supone contraria a la buena fe o pueda ser considerada como temeraria. Razona la citada sentencia en este sentido cuando afirma que además de las obligaciones impuestas a la parte solicitante, se requiere algo más: justificar que su actuación estaba inspirada por la mala fe, o desbordaba la mínima prudencia y mesura exigibles. Se entiende que sin un elemental fundamento, el ejercicio del derecho a constituirse en acusación se convierte en abuso con cuyas negativas consecuencias económicas no debe cargar el absuelto.

En palabras de la STS 847/2017 de 21 de diciembre, diferir la petición de condena en costas a la acusación al momento del informe, como forma de operar es inadecuada y no puede valorarse como el planteamiento válido de una pretensión dirigida al Tribunal. En primer lugar, porque las conclusiones provisionales y luego las definitivas son el lugar y momento oportunos para plantear pretensiones al Tribunal; en segundo lugar, porque conforme al artículo 737 de la LECrim, los informes de las partes se han de acomodar al contenido de sus conclusiones definitivas por lo que no es posible introducir en los informes nuevas conclusiones; y, en tercer lugar, porque, como consecuencia de lo anterior, el planteamiento de una pretensión en los informes finales implica que las partes que ya han intervenido carecen no solo de la oportunidad de proponer prueba sobre el particular, sino incluso, en ocasiones como la presente, de la posibilidad de contra argumentar y defenderse frente a la pretensión de la otra parte.

Por último, la resolución aclarar que el pronunciamiento de condena combatido vulneró el principio de rogación, y que la sentencia incurre en incongruencia al incluir pronunciamientos no pedidos por las partes legitimadas en exclusiva para hacerlo, que no pueden considerarse consecuencia legal inevitablemente anudada a alguna de sus pretensiones como sucede, por ejemplo, con las costas del condenado. La sentencia ha de resolver las cuestiones que hayan sido objeto de juicio (artículo 742 LECRIM). No puede extender sus pronunciamientos a cuestiones ni alegadas, ni debatidas, aunque pudieran haberlo sido. El diferente régimen material de costas en los procesos civil y penal arrastra también asimetrías en el tratamiento procesal.

Por tanto, si la petición no se realiza de forma expresa en el escrito de conclusiones provisionales, no se reitera en el momento de las conclusiones en el acto del juicio y además el Tribunal sentenciador no aprecia mala fe o temeridad en la actuación de la acusación particular, no se podrán imponer la condena en costas a la acusación particular aun habiendo sentencia absolutoria.

España, entre los países con menos reclamaciones y condenas en los tribunales europeos2018-06-20

En relación con su población, España figura entre los países con menos reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La ratio española de sentencias condenatorias del TEDH por habitante es similar a la de Alemania, Holanda o Reino Unido e inferior a la de Austria, Bélgica, Italia o Suiza. España está en la media europea en cuanto a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplimiento de los Tratados

España figura entre los países con menos reclamaciones y condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según los datos recogidos en el informe "España ante los tribunales de justicia europeos. Una visión a través de los datos estadísticos", que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha publicado hoy. 

El TEDH es un tribunal internacional competente para conocer de demandas individuales o estatales fundamentadas en violaciones de los derechos civiles y políticos enunciados en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que España firmó en 1977 y quedó ratificado el 26 de septiembre de 1979, una vez aprobado por las Cortes Generales. 

Las reclamaciones presentadas ante el TEDH se revisan para comprobar si incluyen toda la información necesaria y satisfacen los plazos legales. Superado ese filtro inicial, se asignan a una formación judicial, que puede ser un Comité (formado por tres jueces), una Cámara (7 jueces) o la Gran Cámara (17 jueces). A partir de ese momento, las reclamaciones pueden ser inadmitidas o resolverse mediante sentencia, a menudo tras ser acumuladas en un procedimiento. 

Entre 2014 y 2017, la media anual de reclamaciones con origen en España asignadas a una formación judicial fue de 622. Puesta en relación con la población del país, esa cifra arroja una ratio de 0,14 demandas asignadas por cada cien habitantes, muy inferior a la media del conjunto de los Estados firmantes del Convenio -0,64- y similar a la de Francia o Bélgica. 

Reclamaciones asignadas a una formación judicial en el TEDH (2014-2017) 

 

Reclamaciones asignadas a una formación judicial

Reclamaciones asignadas por cada 10.000 habitantes

 

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Albania

82

147

146

95

0,28

0,51

0,51

0,33

Alemania

1.026

789

676

586

0,13

0,10

0,08

0,07

Andorra

5

6

4

2

0,66

0,79

0,56

0,27

ARY de Macedonia

382

362

339

345

1,85

1,75

1,64

1,66

Armenia

156

122

753

356

0,52

0,40

2,51

1,19

Austria

315

261

236

228

0,37

0,30

0,27

0,26

Azerbaiyán

402

268

331

679

0,42

0,28

0,34

0,69

Bélgica

159

202

184

153

0,14

0,18

0,16

0,13

Bosnia-Herzegovina

667

908

1.030

866

1,74

2,37

2,93

2,47

Bulgaria

928

1.031

882

582

1,28

1,43

1,23

0,82

Chipre

55

32

33

31

0,64

0,38

0,39

0,36

Croacia

1.096

812

764

723

2,58

1,92

1,82

1,74

Dinamarca

66

44

47

58

0,12

0,08

0,08

0,10

Eslovenia

352

213

239

374

1,71

1,03

1,16

1,81

España

642

552

627

669

0,14

0,12

0,14

0,14

Estonia

187

190

206

156

1,42

1,45

1,57

1,19

Federación Rusa

8.913

6.003

5.587

7.957

0,62

0,42

0,39

0,55

Finlandia

185

177

196

181

0,34

0,32

0,36

0,33

Francia

1.142

1.087

916

887

0,17

0,16

0,14

0,13

Georgia

102

80

74

89

0,23

0,18

0,20

0,24

Grecia

585

457

337

422

0,54

0,42

0,31

0,39

Holanda

674

495

494

532

0,40

0,29

0,29

0,31

Hungría

2.403

4.234

5.568

1.952

2,43

4,30

5,66

1,99

Irlanda

33

18

26

54

0,07

0,04

0,06

0,11

Islandia

28

10

24

27

0,86

0,30

0,72

0,80

Italia

5.490

1.885

1.409

1.374

0,90

0,31

0,23

0,23

Letonia

298

244

255

275

1,49

1,23

1,30

1,41

Liechtenstein

12

13

10

9

3,24

3,51

2,63

2,37

Lituania

387

376

405

401

1,31

1,29

1,40

1,41

Luxemburgo

23

22

38

38

0,42

0,39

0,66

0,64

Malta

39

24

25

22

0,92

0,56

0,58

0,50

Mónaco

4

9

6

7

1,11

2,37

1,58

1,84

Montenegro

158

129

165

138

2,54

2,07

2,65

2,22

Noruega

141

73

90

123

0,28

0,14

0,17

0,23

Polonia

2.747

2.178

2.422

2.066

0,72

0,57

0,64

0,54

Portugal

252

233

152

197

0,24

0,22

0,15

0,19

Reino Unido

720

575

372

415

0,11

0,09

0,06

0,06

República Checa

370

340

338

385

0,35

0,32

0,32

0,36

República de Moldavia

1.101

1.011

834

758

3,09

2,84

2,35

2,13

República Eslovaca

324

353

309

425

0,60

0,65

0,57

0,78

Rumanía

4.425

4.604

8.192

6.509

2,22

2,32

4,15

3,31

San Marino

5

4

13

11

1,47

1,21

3,94

3,33

Serbia

2.786

1.235

1.330

1.431

3,90

1,74

1,88

2,03

Suecia

272

212

138

150

0,28

0,22

0,14

0,15

Suiza

304

318

258

266

0,37

0,39

0,31

0,32

Turquía

1.584

2.212

8.303

25.978

0,21

0,28

1,05

3,25

Ucrania

14.181

6.007

8.644

4.387

3,13

1,33

1,91

0,97

Total

56.208

40.557

53.427

63.369

0,68

0,49

0,65

0,76

En cuanto a las sentencias del TEDH en las que se declara que ha habido al menos alguna violación de los derechos enunciados en el Convenio, España también aparece entre los países con la ratio más baja en relación con su población, similar a la de Alemania, Holanda, Irlanda o Reino Unido e inferior a la de Estados como Austria, Bélgica, Italia, Portugal o Suiza. 

Sentencias dictadas por el TEDH (datos medios 2013-2017) 

 

2013-2017

 

Media de sentencias por año

Media de sentencias por año encontrando al menos una violación

Sentencias con al menos una violación por millón de habitantes

Albania

6,2

5,0

1,7

Alemania

12,8

4,6

0,1

Andorra

0,4

0,2

2,6

ARY de Macedonia

10,0

8,0

3,9

Armenia

8,2

7,4

2,5

Austria

12,8

8,0

0,9

Azerbaiyán

16,0

15,6

1,6

Bélgica

13,0

9,0

0,8

Bosnia-Herzegovina

6,0

5,2

1,5

Bulgaria

30,4

27,0

3,8

Chipre

2,6

2,2

2,6

Croacia

27,6

21,2

5,1

Dinamarca

1,4

0,2

0,0

Eslovenia

17,2

15,6

7,6

España

8,8

6,0

0,1

Estonia

4,8

3,4

2,6

Federación Rusa

181,4

173,0

2,4

Finlandia

5,0

2,8

0,5

Francia

24,0

16,4

0,2

Georgia

5,0

3,6

1,0

Grecia

44,2

40,4

3,8

Holanda

3,8

1,6

0,1

Hungría

40,2

38,2

3,9

Irlanda

1,0

0,6

0,1

Islandia

1,8

1,2

3,5

Italia

30,6

26,4

0,4

Letonia

13,2

10,6

5,4

Liechtenstein

0,8

0,6

15,9

Lituania

15,0

7,8

2,7

Luxemburgo

0,8

0,4

0,7

Malta

6,0

3,8

8,3

Mónaco

0,4

0,4

10,4

Montenegro

4,6

4,4

7,1

Noruega

2,6

1,2

0,2

Polonia

25,2

17,4

0,5

Portugal

16,2

14,4

1,4

Reino Unido

11,8

5,0

0,1

República Checa

7,0

3,0

0,3

República de Moldavia

20,2

17,6

5,0

República Eslovaca

13,2

12,6

2,3

Rumanía

82,8

71,0

3,6

San Marino

0,4

0,2

6,0

Serbia

21,2

19,4

2,8

Suecia

7,2

1,8

0,2

Suiza

12,2

5,8

0,7

Turquía

103,2

92,4

1.2

Ucrania

64,0

61,2

1.4

España y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

El ingreso en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 conllevó la aplicación en España de los textos de los Tratados y la sujeción al papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que controla la legalidad de los actos de las instituciones de la UE, vela por que los Estados miembros respeten las obligaciones establecidas en los Tratados e interpreta el Derecho de la Unión a solicitud de los jueces nacionales. 

El siguiente cuadro detalla el número de recursos por incumplimiento de los Estados elevados al TJUE en los últimos cinco años y los pone en relación con la población de cada uno de los países. La ratio española es inferior a la del conjunto de la Unión y similar a la de países como Alemania, Italia, Holanda o Suecia. 

Recursos elevados al TJUE por incumplimiento de los Estados (2013-2017) 

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

Recursos por millón de habitantes

Bélgica

3

6

1

-

3

0,23

Bulgaria

3

2

1

-

2

0,23

Rep. Checa

-

1

2

2

2

0,13

Dinamarca

-

2

-

1

-

0,10

Alemania

4

2

4

7

2

0,05

Estonia

3

1

-

-

-

0,61

Irlanda

-

3

1

-

3

0,29

Grecia

4

7

4

7

2

0,45

España

1

2

3

1

4

0,05

Francia

2

3

1

-

2

0,02

Croacia

-

-

-

-

2

0,10

Italia

5

3

1

-

3

0,04

Chipre

1

1

-

-

-

0,47

Letonia

-

1

-

-

-

0,10

Lituania

-

-

-

-

-

0,00

Luxemburgo

1

2

2

3

-

2,71

Hungría

1

1

1

-

3

0,12

Malta

-

1

1

-

-

0,87

Holanda

1

1

1

-

1

0,05

Austria

1

2

2

1

-

0,14

Polonia

8

4

2

4

3

0,11

Portugal

2

5

4

-

3

0,27

Rumanía

2

-

3

1

1

0,07

Eslovenia

3

1

1

1

2

0,77

Eslovaquia

2

-

-

1

1

0,15

Finlandia

3

2

-

1

-

0,22

Suecia

1

1

-

-

-

0,04

Reino Unido

3

3

2

1

2

0,03

TOTAL

54

57

37

31

41

0,09

En cuanto al resultado de las sentencias dictadas por el TJUE en esos recursos por incumplimiento de los Estados, España -con 0,07 sentencias estimatorias por millón de habitantes- se sitúa en la media europea, que es de 0,06. 

Sentencias del TJUE en recursos por incumplimiento de los Estados 

 

Sentencias estimatorias

 

 

Estado miembro

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

Sentencias estimatorias por millón de habitantes 2013-2017

Bélgica

2

4

2

1

1

0,18

Bulgaria

-

1

2

1

1

0,14

República Checa

2

-

-

1

-

0,06

Dinamarca

1

1

1

-

-

0,10

Alemania

-

3

3

1

4

0,03

Estonia

-

-

-

-

-

0,00

Irlanda

3

-

-

-

1

0,17

Grecia

2

4

3

4

5

0,33

España

6

6

-

3

2

0,07

Francia

5

1

4

1

-

0,03

Croacia

-

-

-

-

-

0,00

Italia

7

6

2

1

-

0,05

Chipre

1

-

-

1

-

0,47

Letonia

-

-

1

-

-

0.10

Lituania

-

1

-

-

-

0,07

Luxemburgo

1

-

2

1

1

1,69

Hungría

1

2

-

1

1

0,10

Malta

-

-

-

-

-

0,00

Holanda

2

-

-

1

-

0,04

Austria

-

-

-

-

-

0,00

Polonia

4

4

3

2

-

0,07

Portugal

-

3

-

6

2

0,21

Rumanía

-

-

-

1

-

0,01

Eslovenia

1

-

1

-

1

0,29

Eslovaquia

1

-

-

-

-

0,04

Finlandia

-

-

-

-

-

0,00

Suecia

1

1

1

-

-

0,06

Reino Unido

-

4

1

1

1

0,02

TOTAL

40

41

26

27

20

0,06

El informe de la Sección de Estadística también detalla las cuestiones prejudiciales mediante las que los jueces nacionales se dirigen al TJUE para solicitar que éste precise una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión. 

Desde 1986, los jueces españoles han planteado un total de 460 cuestiones prejudiciales al TJUE, lo que representa el 5,3 por ciento de todas las presentadas ante el tribunal, un porcentaje que está por debajo del peso poblacional de España en la Unión Europea. 

En los últimos diez años, las materias por la que más veces han planteado los jueces españoles cuestión prejudicial son la de protección de consumidores (65) y política social (63). En cuanto a los órganos que en más ocasiones han elevado consultas al TJUE en ese mismo periodo (2008-2017), son el Tribunal Supremo (58), los Tribunales Superiores de Justicia (37), las Audiencias Provinciales (29) y los Juzgados de Primera Instancia (28).

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No toda la información que figura en el expediente de una autoridad de supervisión financiera es necesariamente confidencial2018-06-20

La información que pudo constituir secreto comercial pierde su carácter secreto, en general, cuando tiene cinco o más años de antigüedad

El Sr. Ewald Baumeister es uno de los inversores perjudicados por las actividades de la sociedad alemana Phoeni Kapitaldienst, cuyo modelo de negocio se basaba en un sistema fraudulento de tipo piramidal. Con ocasión de un procedimiento concursal incoado contra Phoenix en 2005, esta sociedad fue disuelta y se encuentra desde entonces en liquidación judicial.

El Sr. Baumeister solicitó a la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Oficina Federal de control de los servicios financieros) el acceso a determinados documentos relativos a Phoenix, como un informe de auditoría especial, informes de los auditores, documentos internos, informes y correspondencia recibidos o elaborados por esta Oficina en el marco de su actividad de supervisión de Phoenix. Al denegarle la Bundesanstalt el acceso a estos documentos, el Sr. Baumeister recurrió a los tribunales alemanes.

En estas circunstancias, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania) pide al Tribunal de Justicia que precise el alcance de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros, [1] según la cual las autoridades competentes están sujetas al secreto profesional y, salvo en los supuestos taxativamente enumerados en la Directiva, no pueden divulgar la información confidencial que hayan recibido.

Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara, en primer lugar, que no toda la información relativa a la empresa supervisada que fue comunicada por esta a la autoridad competente, ni todas las declaraciones de dicha autoridad que figuren en el expediente de supervisión (incluida su correspondencia con otros servicios), constituye, incondicionalmente, información confidencial cubierta por la obligación de guardar el secreto profesional.

Esta calificación se aplica a la información que, en primer lugar, no tenga carácter público y cuya divulgación, en segundo lugar, pueda perjudicar los intereses de quien la haya proporcionado o de terceros o también el correcto funcionamiento del sistema de control de la actividad de las empresas de inversión establecido por la Directiva.

El Tribunal de Justicia precisa a continuación que la información que pudo constituir secreto comercial pierde su carácter secreto, en general, cuando tiene cinco o más años de antigüedad. Excepcionalmente, puede no suceder así cuando la parte que invoca el carácter secreto demuestra que, a pesar de su antigüedad, dicha información sigue constituyendo un elemento esencial de su posición en el mercado o de la de terceros afectados. El Tribunal de Justicia observa, sin embargo, que estas consideraciones no son válidas en lo que respecta a la información cuya confidencialidad pueda justificarse por razones distintas de su importancia para la posición en el mercado de las empresas implicadas, como la información relativa a la metodología y a las estrategias de supervisión financiera.

[1] Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO 2004, L 145, p. 1).

Por otro lado, el Tribunal de Justicia señala que la prohibición general de divulgar información confidencial establecida por la Directiva se refiere a la información que deba calificarse de confidencial al examinar la solicitud de divulgación, con independencia de la calificación que recibiera dicha información en el momento en que se comunicó a las autoridades competentes.

Finalmente, el Tribunal de Justicia destaca que los Estados miembros siguen teniendo la facultad de ampliar la protección contra la divulgación a la totalidad del contenido de los expedientes de supervisión de las autoridades competentes o, inversamente, de permitir el acceso a la información en poder de las autoridades competentes que no sea información confidencial en el sentido de la Directiva. En efecto, la Directiva tiene por único objeto obligar a las autoridades competentes a denegar, en principio, la divulgación de información confidencial.

En el presente asunto, corresponde al Bundesverwaltungsgericht comprobar si la información en poder de la Bundesanstalt cuya divulgación ha solicitado el Sr. Baumeister está cubierta por la obligación de secreto profesional que esta autoridad debe cumplir en virtud de la Directiva.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

¿Puede admitirse como prueba de la procedencia del despido la grabación obtenida por la cámara oculta instalada en un supermercado?2018-06-20

El Juzgado de lo Social nº 2 de Córdoba resuelve sobre el despido de una trabajadora de un hipermercado, determinando la inadmisibilidad de la prueba obtenida a través de las cámaras de seguridad, por entender que la misma vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la imagen o la protección de datos, y declarando por tanto el despido improcedente.

Supuesto de hecho:

  • Una trabajadora presta servicios como cajera de un hipermercado en un centro comercial desde el año 2005.
  • En noviembre de 2017 la trabajadora es despedida disciplinariamente tras ser grabada por la cámara oculta consumiendo un producto destinado a la venta del público, sin abonar su coste.
  • La trabajadora interpone demanda frente a la empresa, en fecha 4/1/2018, por despido improcedente.

Consideraciones Jurídicas:

  • La cuestión sobre la que debe resolver el Tribunal, es si la prueba de video aportada por la empresa es válida y, por lo tanto, el despido es procedente.
  • En primer lugar, el Tribunal recuerda que, si bien el empresario goza de un poder de dirección en virtud el cual puede tomar medidas de control de los empleados, este poder está limitado por derechos como la intimidad y la propia imagen, que constituyen derechos constitucionalmente protegidos, cuya restricción por parte del empresario debe observar estrictas garantías, de forma que no se produzca una vulneración de los mismos.
  • En esta línea, el Juzgado afirma que, para valorar la existencia, o no, de vulneración de derechos fundamentales, deben tenerse en cuenta una diversidad de circunstancias concurrentes en cada caso, como si la instalación se hace, o no, indiscriminada y masivamente, si los sistemas son visibles o han sido instalados subrepticiamente, la finalidad real perseguida con la instalación de tales sistemas, si existen razones de seguridad que justifiquen la implantación de tales medios de control, etc.
  • Añade que, además, el interés privado del empresario no puede justificar que el tratamiento de datos sea empleado en contra del trabajador sin una información previa sobre el control laboral puesto en práctica, ya que la propia Ley de Protección de Datos, exige que el trabajador sea informado del tratamiento de sus datos personales, tal y como recientemente ha venido afirmando la jurisprudencia europea.
  • En el caso concreto, el Juez afirma que la empresa llevó a cabo un seguimiento de la trabajadora durante varios días a través de una cámara fija orientada sobre la zona de trabajo sin que la trabajadora fuera informada o advertida, lo que supone una infracción del derecho fundamental de protección de datos en relación al derecho de información que establece el art. 5 LOPD, por lo que la prueba obtenida mediante la grabación no puede considerarse lícita. Y, es que, a juicio del Magistrado, en el presente caso se trataba de una cámara oculta.
  • Por ello, considera que no puede acreditarse la procedencia del despido disciplinario, en la medida en que la única prueba se ha obtenido de forma ilícita, vulnerando derechos fundamentales de la trabajadora y, por lo tanto, el despido debe ser considerado improcedente.

Conclusión Lex@:

El Juzgado considera que, en la medida en que la empresa realizó un seguimiento de la trabajadora, mediante las cámaras de seguridad del hipermercado, sin informar a la misma de ello, se ha vulnerado su derecho a la propia imagen y a la protección de datos, por lo que la prueba no puede ser tenida en cuenta y, por tanto, el despido no puede acreditarse, por lo que el mismo, debe ser declarado improcedente.

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 85 personas en el primer trimestre del año2018-06-19
  • En los 17 procedimientos concluidos por este tipo de delitos en ese periodo
  • El 75 por ciento de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo fueron condenatorias

Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de 2018 un total de 17 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 85 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de los datos correspondientes a los tres primeros meses del año.

El repositorio es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. 

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción*

 

Personas acusadas

Procedimientos

Tribunal Supremo

0

0

Audiencia Nacional

0

0

Órganos centrales

0

0

Andalucía

22

4

Aragón

0

0

Asturias

0

0

Baleares

6

2

Canarias

0

0

Cantabria

0

0

Castilla-La Mancha

1

1

Castilla y León

1

1

Cataluña

0

0

Comunidad Valenciana

40

6

Extremadura

4

1

Galicia

0

0

Madrid

11

2

Murcia

0

0

Navarra

0

0

País Vasco

0

0

La Rioja

0

0

CC.AA.

85

17

TOTAL

85

17

*La tabla refleja el número de personas contra las que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

Un 75 por ciento de sentencias condenatorias

Entre los pasados 1 de enero y el 31 de marzo, los Juzgados y Tribunales dictaron 20 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 15 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 75 por ciento del total.

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

La distribución de sentencias dictadas por los órganos centrales y en las distintas Comunidades Autónomas es la siguiente:

Sentencias dictadas en procedimientos por corrupción

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

T.Supremo

0

0

0

0

0

A.Nacional

0

0

0

1

1

Ó.centrales

0

0

0

1

1

Andalucía

1

2

0

0

3

Aragón

0

0

0

1

1

Asturias

0

1

0

2

3

Baleares

1

0

0

0

1

Canarias

0

1

0

0

1

Cantabria

0

0

0

0

0

C.-La Mancha

0

1

0

0

1

C. y León

0

1

0

0

1

Cataluña

2

0

0

0

2

C.Valenciana

3

0

0

0

3

Extremadura

0

1

0

0

1

Galicia

0

0

0

1

1

Madrid

0

0

0

0

0

Murcia

0

0

1

0

1

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

0

0

0

0

0

La Rioja

0

0

0

0

0

CC.AA.

7

7

1

4

19

TOTAL

7

7

1

5

20

73 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de abril de este año había en el conjunto de España 73 penados –en 43 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 16 con el de cohecho- y once preventivos.

Acceda al repositorio de datos de procedimientos por delitos de corrupción en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/

El Gobierno devolverá vía Real Decreto-ley a los ‘sin papeles’ la sanidad universal2018-06-19
A pesar de que no se materializó en forma de propuesta legislativa, el Consejo de Ministros del pasado viernes abordó una iniciativa para devolver la asistencia sanitaria integral a todas las personas. Según informó el Gobierno, el Real Decreto que hará posible que por ejemplo los inmigrantes irregulares puedan acceder a la sanidad universal, será aprobado en unas seis semanas.
Legal Today

Cuando dicho Real Decreto-ley sea validado y entre en vigor, conllevará la derogación del Real Decreto-ley 16/2012, mediante el que el anterior Ejecutivo suprimió la asistencia sanitaria integral. El artículo 3 de dicho Real Decreto-ley delimitaba quiénes tenían la condición de asegurado y por tanto, tenían garantizada la asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud:

a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta.

b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social.

c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo.

d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.

"Una cuestión de decencia política"

En su comparecencia ante los medios, la ministra portavoz del Gobierno, María Isabel Celaá, afirmó que la norma que ahora pretenden derogar "dejó sin asistencia sanitaria integral a las personas en situación administrativa irregular, por lo que hay que eliminarlo y aprobar uno nuevo para devolver a todas las personas su derecho a la protección de su salud". Añadió que "es una cuestión de decencia política y un mandato de todos los organismos internacionales: de la ONU, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud".

Ahora el Ejecutivo iniciará un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas y con la sociedad civil para devolver la asistencia sanitaria integral a todas las personas. El Ejecutivo también aprobó la concesión de un préstamo a la Seguridad Social para pagar las pensiones de junio.

¿Puede admitirse como prueba de la procedencia del despido la grabación obtenida por la cámara oculta instalada en un supermercado?2018-06-19

El Juzgado de lo Social nº 2 de Córdoba resuelve sobre el despido de una trabajadora de un hipermercado, determinando la inadmisibilidad de la prueba obtenida a través de las cámaras de seguridad, por entender que la misma vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la imagen o la protección de datos, y declarando por tanto el despido improcedente.

Supuesto de hecho:

  • Una trabajadora presta servicios como cajera de un hipermercado en un centro comercial desde el año 2005.
  • En noviembre de 2017 la trabajadora es despedida disciplinariamente tras ser grabada por la cámara oculta consumiendo un producto destinado a la venta del público, sin abonar su coste.
  • La trabajadora interpone demanda frente a la empresa, en fecha 4/1/2018, por despido improcedente.

Consideraciones Jurídicas:

  • La cuestión sobre la que debe resolver el Tribunal, es si la prueba de video aportada por la empresa es válida y, por lo tanto, el despido es procedente.
  • En primer lugar, el Tribunal recuerda que, si bien el empresario goza de un poder de dirección en virtud el cual puede tomar medidas de control de los empleados, este poder está limitado por derechos como la intimidad y la propia imagen, que constituyen derechos constitucionalmente protegidos, cuya restricción por parte del empresario debe observar estrictas garantías, de forma que no se produzca una vulneración de los mismos.
  • En esta línea, el Juzgado afirma que, para valorar la existencia, o no, de vulneración de derechos fundamentales, deben tenerse en cuenta una diversidad de circunstancias concurrentes en cada caso, como si la instalación se hace, o no, indiscriminada y masivamente, si los sistemas son visibles o han sido instalados subrepticiamente, la finalidad real perseguida con la instalación de tales sistemas, si existen razones de seguridad que justifiquen la implantación de tales medios de control, etc.
  • Añade que, además, el interés privado del empresario no puede justificar que el tratamiento de datos sea empleado en contra del trabajador sin una información previa sobre el control laboral puesto en práctica, ya que la propia Ley de Protección de Datos, exige que el trabajador sea informado del tratamiento de sus datos personales, tal y como recientemente ha venido afirmando la jurisprudencia europea.
  • En el caso concreto, el Juez afirma que la empresa llevó a cabo un seguimiento de la trabajadora durante varios días a través de una cámara fija orientada sobre la zona de trabajo sin que la trabajadora fuera informada o advertida, lo que supone una infracción del derecho fundamental de protección de datos en relación al derecho de información que establece el art. 5 LOPD, por lo que la prueba obtenida mediante la grabación no puede considerarse lícita. Y, es que, a juicio del Magistrado, en el presente caso se trataba de una cámara oculta.
  • Por ello, considera que no puede acreditarse la procedencia del despido disciplinario, en la medida en que la única prueba se ha obtenido de forma ilícita, vulnerando derechos fundamentales de la trabajadora y, por lo tanto, el despido debe ser considerado improcedente.

Conclusión Lex@:

El Juzgado considera que, en la medida en que la empresa realizó un seguimiento de la trabajadora, mediante las cámaras de seguridad del hipermercado, sin informar a la misma de ello, se ha vulnerado su derecho a la propia imagen y a la protección de datos, por lo que la prueba no puede ser tenida en cuenta y, por tanto, el despido no puede acreditarse, por lo que el mismo, debe ser declarado improcedente.

Un juzgado de Huesca condena a Ryanair a devolver a una usuaria la prima de un seguro asociado a un vuelo cancelado2018-06-18
La magistrada considera dicha cláusula “abusiva y un enriquecimiento injusto”

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil 3 de Huesca ha condenado a la compañía aérea Ryanair a devolver la cuantía correspondiente a tres pólizas de seguros contratados por una usuaria. Tras la cancelación del vuelo, la compañía aérea devolvió a la usuaria la cantidad correspondiente a los billetes sin abonar la perteneciente a los seguros de viaje individual.

La magistrada considera no acreditada la exclusión legal que justifique que Ryanair, tras la cancelación de un vuelo, no proceda a la devolución de las primas del seguro asociado a ese viaje y supone “una cláusula abusiva y un enriquecimiento injusto al apropiarse de una cuantía que no responde a servicio efectivamente prestado”.

La Audiencia de A Coruña rechaza la petición de la Abogacía del Estado de ejecutar de forma provisional la sentencia del caso Prestige2018-06-18
La Sala entiende que es necesario esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado la petición planteada por la Abogacía del Estado de ejecución provisional de la sentencia del caso Prestige.

La Sala considera "que no es procedente acceder a tal solicitud" por varios motivos, entre ellos, que "no cabe la ejecución provisional de un auto". Recuerdan también los magistrados que el auto que se pretende ejecutar, en el que se fijan las indemnizaciones que corresponden a cada parte, está recurrido ante el Tribunal Supremo.

Para los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, de ejecutarse provisionalmente los autos, si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estimara en todo o en parte los recursos de casación interpuestos, llevaría a una "situación de consecuencias imprevisibles".

Archivos asociados

Victoria Ortega se reúne con una abogada que trabaja con refugiados en Grecia2018-06-18

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, se ha reunido con la abogada griega Chrysoula Archontaki, miembro de European Lawyers in Lesbos (ELIL), una organización que trabaja con personas refugiadas en Grecia, principalmente en la isla de Lesbos.

Esta organización sin ánimo de lucro, que opera fundamentalmente con abogados y abogadas voluntarios, se dedica a la prestación de asistencia jurídica independiente y gratuita a solicitantes de asilo, en estrecha colaboración con el Colegio de Abogados de Grecia. ELIL fue fundada por el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) y por el Consejo de la Abogacía de Alemania, entidades que originalmente promovieron los primeros pasos del proyecto de asistencia jurídica a refugiados en Lesbos, también con el apoyo de la Abogacía Española. Diversos abogados españoles participaron en 2015, 2016 y 2017 en este proyecto en Lesbos.

El Tribunal Supremo declara nulo el cese en los meses de verano de los profesores interinos de centros no universitarios2018-06-15
La Sala Tercera considera que dicha práctica vulnera el principio de no discriminación

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera nulo de pleno derecho el cese el 30 de junio de los profesores interinos de centros no universitarios que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, sin pagarles los meses de julio y agosto, al considerar que dicha práctica supone una vulneración del principio de no discriminación recogida en la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/707CE.

El tribunal estima el recurso de casación planteado por la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR), junto a 74 profesores interinos no universitarios que se encontraban en esta situación, contra la sentencia del TSJ de Murcia que, a su vez, consideró ajustado a derecho el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad. En su recurso, alegaban que la sentencia recurrida establecía una diferencia de trato arbitraria entre funcionarios interinos y de carrera, puesto que ante un mismo trabajo –curso escolar- unos no cobran las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto, pero otros sí.

Para el tribunal, la relación laboral entre el funcionario docente interino y la Administración educativa “queda truncada, a diferencia de lo que ocurre para el funcionario de carrera, cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de ese concreto puesto de trabajo para que el funcionario interino fue nombrado, que no son sólo las de estricto carácter lectivo, sino también otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio de curso escolar y que, además, contribuyen a la mejor preparación del profesorado y a la mejor o más eficaz prestación del servicio educativo, como pueden ser las de análisis del curso, elaboración de la memoria escolar, programación del curso siguiente, etc…, con las consiguientes reuniones del profesorado, de todo lo cual se priva al funcionario docente interino que fue nombrado para aquella situación”.

“Esas consecuencias nada deseables para la preparación del profesorado y para la más eficaz prestación del servicio educativo, se agravarían sobremanera si fuera cierta aquella práctica de la Administración educativa de acudir de nuevo en el siguiente curso escolar al nombramiento de funcionarios docentes interinos nombrados en el curso anterior y que fueron privados de realizar esas otras actividades”, concluye la Sala. En relación con la práctica administrativa, el tribunal considera oportuno indicar lo que califican los recurrentes en su demanda como “una monstruosidad prohibida por el Derecho Laboral” la de “contratar a un trabajador para que realice sus funciones mientras la empresa está abierta y, cuando ésta cierra en verano, despedirle y volverle a contratar en septiembre para no pagarle las retribuciones ubicadas en el periodo vacacional”.

Al mismo tiempo, señala algunos de los perjuicios que suponen para los afectados como la privación de retribuciones en los meses de julio y agosto, la disminución proporcional del número de días de vacaciones retribuidas, así como la incidencia en la cotización a la Seguridad Social y las consecuencias derivadas de ellas. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, explica que la desigualdad de trato en este proceso no está justificada por razones objetivas y añade que las consideraciones de índole presupuestaria no justifican la aplicación de una normativa nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores con contrato de duración determinada.

La Sala destaca que el Acuerdo Marco engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan. Y que, por tanto, las disposiciones contenidas en dicho acuerdo se aplican a los contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público. El tribunal precisa que su decisión afecta a estos profesores que se encuentran en la situación descrita pero no a los que son nombrados cuando el curso escolar ya ha avanzado por periodos inferiores a la duración de éste, denotando por ello una necesidad ocasional y transitoria.

La sentencia recoge la reiterada y uniforme doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha venido interpretando la Cláusula 4 del Acuerdo Marco por lo que la Sala entiende que no procede plantear una cuestión prejudicial al concluir que esa doctrina del TJUE es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y “conduce de modo inevitable a la conclusión que alcanzamos en esta sentencia”. Como consecuencia de ello, anula los números 1 y 2 del apartado Segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad.

El apartado 1 decía que se suspende el apartado sexto, “derechos retributivos”, del Acuerdo para la provisión de puestos de trabajo de los cuerpos docentes no universitarios, en régimen de interinidad en centros dependientes de dicha comunidad, publicado por Resolución de 6 de mayo de la Consejería de Hacienda. El apartado 2 establecía que la duración del nombramiento del personal docente interino se ajustará al tiempo que duren las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento y se mantendrá mientras persistan las razones de urgencia o necesidad que lo justificaron, cesando, como máximo el 30 de junio de cada año, por lo que en esa fecha se extinguirán los contratos vigentes del personal docente interino.

Primeras impresiones tras el aterrizaje del RGPD en las Organizaciones2018-06-15

Ha transcurrido menos de un mes desde que el RGPD entró formalmente en nuestras vidas, es decir, se dejaba atrás el plazo establecido de dos años como margen para su directa aplicación, plazo que en muchas ocasiones ha actuado como una “vacatio legis” puesto que no se ha sabido aprovechar de la manera que se estableció desde Europa, es decir, con la finalidad de que en las Organizaciones se fuese materializando la ejecución de los principios del RGPD y el nacimiento del necesario cambio de mentalidad en cuanto al tratamiento de los datos personales de los ciudadanos.

Según comentaba Mar España, Directora General de la Agencia Española de Protección de Datos, la aplicación del RGPD ha tenido como resultado un "bombardeo" de correos electrónicos que, debido a un defectuoso asesoramiento y a una mala praxis del RGPD, no debieron enviarse atendiendo a lo indicado claramente en los olvidados  Considerandos del RGPD.

Todo ello ha derivado en una  respuesta de histeria no pretendida, bajo el lema "hay que enviar un email pidiendo el consentimiento, porque si no, no estaremos cumpliendo con el RGPD", pero "¿realmente estos correos electrónicos eran necesarios?"

Este error tan a primera vista insignificante jurídicamente hablando, ha tenido como consecuencia que miles de empresas hayan perdido sus bases de datos al no haberse otorgado por parte de los ciudadanos la mencionada renovación del consentimiento.

Y ahora, pasado el dia 25, con el RGPD formando parte del "listado" de normas a cumplir por las Organizaciones y resaltando la necesidad de cambiar de mentalidad en cuanto al tratamiento de los datos personales de los ciudadanos , ¿qué debemos hacer? ¿qué retos se nos plantean?

En primer lugar, cabe señalar que la aplicación del RGPD en las organizaciones ha tenido como primer efecto  relevante el nombramiento de la figura del Data Protection Officer (DPO), regulada en el artículo 37 y ss y renombrado en los mencionados Considerandos de la norma, haciendo hincapié en que los DPO, sean o no empleados del responsable del tratamiento, deben estar en condiciones de desempeñar sus funciones y cometidos de manera independiente.

Obviando las características profesionales que debe ostentar un DPO, las cuales se han plasmado en diversos informes del Grupo de Trabajo del articulo 29 ya desde el año 2016, hay que destacar el hecho de que expresamente se haga referencia a cualidades personales tales como la integridad, alta ética profesional, capacidades de comunicación, habilidades personales y de empatía, así como capacidad para fomentar la cultura de protección de datos en las organizaciones.

Resulta fundamental destacar el hecho de que, unido al desarrollo de las no "sencillas" funciones del DPO, el gran reto de esta figura que se erige en la práctica como "el protector del dato dentro de las organizaciones", es el adecuado posicionamiento dentro de la empresa para poder desempeñar sus funciones, y para ello las compañías deben apostar por su inclusión en el seno de la misma. Como efecto directo al nombramiento del DPO, se va a producir un cambio en la estructura organizativa, al incluirse un ente con capacidades decisivas y plena independencia en sus funciones, tal y como indica el RGPD: "Tales delegados de protección de datos, sean o no empleados del responsable del tratamiento, deben estar en condiciones de desempeñar sus funciones y cometidos de manera independiente" "El sitio" del DPO en las Organizaciones a los efectos de garantizar el cumplimiento del RGPD está vinculado al término "accountability" o responsabilidad proactiva, basado en la máxima "no solo hay que cumplir también hay que acreditar que se cumple".

La Administración Pública de Madrid tendrá que devolver 23.000€ por dos sentencias perdidas frente a UNIVE Abogados2018-06-15

Unive Abogados

Una empresa contratista y un vecino de Arroyomolinos, clientes de UNIVE Abogados, han conseguido que se les devuelva el dinero que les correspondía por dos casos diferentes, ambos originados por una mala gestión de la Administración de la Comunidad de Madrid.

En el primero de los casos, el Tribunal Superior de Justicia condena a la Comunidad al abono de más de 20.000 euros en concepto de intereses de demora devengados por el retraso en el pago de las facturas debidas a una empresa contratista de la Administración.

En el segundo caso, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Arroyomolinos a la anulación de la liquidación del IIVTNU girada a un vecino de la localidad, y a la devolución de las cantidades abonadas en este concepto más los intereses de demora devengados desde el pago, una cantidad que asciende a más de 3.000 euros.

Respecto a la sentencia sobre contratación pública, la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece que la Administración dispone de un plazo de 30 días para abonar las facturas a proveedores y contratistas de la Administración Pública, no obstante, en la práctica este plazo no se respeta. Puesto que la Administración hacía efectivas dichas facturas con retrasos de entre 15 y 250 días, la misma incurrió en mora, devengándose un interés del 8% más el tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo.

En cuanto a la sentencia sobre plusvalía dictada, se indica que, al no existir parámetro legal para valorar si se ha producido un incremento o decremento del valor del terreno, hasta que el legislador no proceda a cubrir esa laguna legal, las liquidaciones del Impuesto de Plusvalía deben ser automáticamente anuladas, tanto si ha habido pérdida como si ha habido ganancia en la transmisión del inmueble.

Estas dos resoluciones favorables se añaden a las innumerables victorias que ha logrado UNIVE Abogados en el campo de la contratación pública, así como en la lucha por la recuperación del Impuesto de Plusvalía Municipal.

Vea la sentencia de Contratos públicos de 26042018

Vea la sentencia de la plusvalía de 08052018

Una marca consistente en un color aplicado en la suela de un zapato no está comprendida en la prohibición de registro de las formas2018-06-14

Dicha marca no está constituida «exclusivamente por la forma» en el sentido de la Directiva sobre marcas

El Sr. Louboutin y Christian Louboutin SAS diseñan zapatos para mujer de tacón alto que tienen como particularidad una suela sistemáticamente revestida de rojo. En 2010, el Sr. Louboutin registró su marca en el Benelux, en la clase denominada «zapatos», que en 2013 sustituyó por la clase «zapatos de tacón alto». Según la descripción de la marca, ésta consiste en «el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)».

La sociedad Van Haren, que explota establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos, vendió durante 2012 zapatos de tacón alto para mujer con la suela revestida de color rojo. El Sr. Louboutin y su sociedad presentaron una demanda ante los tribunales neerlandeses con objeto de que se declarara que Van Haren había vulnerado su marca. Por su parte, Van Haren alegó que la marca de que se trata es nula. En efecto, la Directiva de la Unión sobre marcas enumera diversas causas de nulidad o de denegación de registro, entre ellas la relativa a los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto. [1] El rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos) decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia a este respecto. El rechtbank Den Haag considera que la marca controvertida está indisociablemente vinculada a una suela de zapato y se pregunta si, según la Directiva, el concepto de «forma» se limita a las características tridimensionales de un producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen, o si comprende también otras características, como el color.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera que, al no haber en la Directiva una definición del concepto de «forma», la determinación del significado de este término debe efectuarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente. El Tribunal de Justicia indica que del sentido usual del término no resulta que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma.

[1] Artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

El Tribunal de Justicia estima, además, que, si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue al registrar la marca no es proteger dicha forma, sino únicamente la aplicación de un color en un lugar específico del producto.

En el presente asunto, la marca no consiste en una forma específica de suela de zapatos de tacón alto, dado que su descripción indica expresamente que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que únicamente sirve para poner de relieve la posición del color rojo objeto del registro.

El Tribunal de Justicia añade que no cabe considerar que un signo, como el controvertido en el presente asunto, esté constituido «exclusivamente» por la forma cuando su objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacionalmente reconocido.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El TSJ de Castilla y León deniega suspender la orden sobre los procesos selectivos de ingreso del profesorado de secundaria y formación profesional2018-06-14

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha denegado la medida cautelar de suspensión de la Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño, y maestros de taller de artes plásticas y diseño, así como el procedimiento de baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras.

La Mutualidad de la Abogacía aprueba por mayoría las cuentas de 2017 y los presupuestos para 20182018-06-13
  • En su 70 aniversario, la Mutualidad inmersa en una transformación digital para consolidar sus valores de liderazgo en el mercado asegurador
  • El presidente presentó a la Asamblea el futuro de la entidad con un nuevo plan estratégico quinquenal y la creación de un Comité Asesor, formado por Manuel Lagares; el que fuera vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin Génova; el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta; y José Miguel Rodriguez-Pardo, economista, actuario y exdirector general de BBVA Seguros.

El pasado 9 de junio, y con una identidad corporativa recién estrenada, se celebraba en el Auditorio del Museo Nacional Reina Sofía la 81 edición de la Asamblea General de la Mutualidad en la que se presentó la estrategia que seguirá la entidad para los próximos 5 años que, además, como novedad contará con un Comité Asesor en materia de inversiones.

La Asamblea aprobó las cuentas de 2017 por 208 votos a favor, 13 votos en contra y 13 abstenciones y los presupuestos para 2018 por 236 votos a favor, 10 votos en contra y 9 abstenciones. Estos resultados avalan la solvencia y confianza de los mutualistas en la entidad, desde sus grandes cifras a partidas menores.

Coincidiendo con los 70 años de historia de la Mutualidad creada en 1948, su presidente Enrique Sanz Fernández-Lomana recordó que la compañía continúa siendo la primera entre las mutualidades de previsión social y ocupa el séptimo puesto por volumen de provisiones técnicas y el décimo por volumen de primas en el ranking del sector de los grupos de aseguradoras de vida que publica ICEA.

Resultados 2017

Fernández-Lomana presentó su informe basado en las mejoras económicas y financieras del pasado ejercicio, “en el que hemos dado respuesta a los desafíos del mercado” y también se han impulsado “cambios y reformas orientadas a mejorar el gobierno corporativo para lograr una gestión más eficiente”, señaló.

Así, como datos objetivos, ofreció las cifras de crecimiento durante 2017. Destacó que al final del año la Mutualidad contaba con 196.326 mutualistas, lo que supone que el censo ha seguido subiendo con respecto al ejercicio anterior. Esto ha hecho posible que la evolución de primas se haya situado en los 628,7 millones de euros, frente a los 598,4 millones del 2016.

La rentabilidad neta de las inversiones, con un 5,17% sobre los activos invertidos, “supera un año más la rentabilidad media del sector”, destacó el presidente, lo que va a permitir retribuir a los mutualistas con el 4,65%, añadió.

El presidente cifró, además, el incremento del volumen de ahorro gestionado en un 11,50% más que el año anterior, lo que en números absolutos supone un total de 6.624 millones de euros.

Como últimos datos del informe económico, Enrique Sanz, recalcó refiriéndose a los gastos de gestión que se han reducido hasta el 0,20%, frente al 0,22 del año anterior y “frente al 1,50% de media del mercado en las aseguradoras de vida y fondos de pensiones”.

El excedente del ejercicio, un total de 22,6 millones, que se acumulará a los fondos propios y alcanzará la cifra de 319 millones de euros, supone que “hemos multiplicado por 35 veces los fondos propios en los últimos 12 años, contribuyendo decisivamente a reforzar nuestra solvencia”, concluyó el presidente.

Banco Popular: batería de medidas legales y futuro sin efecto negativo

En cuanto a la inversión de la Mutualidad en el desaparecido Banco Popular, Fernández-Lomana precisó que la pérdida de la inversión está contabilizada en el ejercicio 2017 y en la rebaja de las expectativas iniciales de rentabilidad del ejercicio que ha pasado del 5 al 4,65%, por lo que ya no tendrá ningún efecto negativo en el futuro. Y “si recuperáramos nuestra inversión, los mutualistas verían incrementada la rentabilidad del ejercicio en que fuera contabilizada”, añadió.

El presidente también explicó la batería de medidas jurídicas que la Mutualidad ha puesto en marcha en defensa de sus intereses que pasan, entre otras, por la personación en el procedimiento penal seguido ante la Audiencia Nacional, sin que se descarte “el ejercicio de otras acciones de naturaleza administrativa o civil, tendentes a la recuperación de nuestra inversión”.

Solvencia más de dos veces por encima de lo exigido

El Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia que publica la entidad por segundo año consecutivo con el principal propósito de garantizar la transparencia hacia sus mutualistas y el mercado en general, muestra que la Mutualidad obtiene un Ratio de Solvencia del 223%. Este porcentaje indica que la entidad cuenta con unos fondos propios 2,23 veces superior a los exigidos por las normas aseguradoras.

Plan Estratégico: valores de siempre con liderazgo tecnológico

Con la transformación digital de fondo y para mantener las bases del modelo de negocio que han hecho posible situar a la Mutualidad donde está en estos 70 años conjugado con una organización moderna, innovadora y eficiente, el presidente explicó los objetivos del Plan Estratégico aprobado para los próximos 5 años, con el que se pretende mantener un crecimiento sostenido y sostenible de las principales magnitudes de la Mutualidad; buscar la máxima eficiencia de los sistemas, los procesos y la toma de decisiones; integrar este cambio cultural en toda la entidad; y ser una entidad transparente y que sea reconocida por su alto nivel de innovación tecnológica y corporativa.

Comité Asesor

La Asamblea también tuvo conocimiento de que la Mutualidad ha creado un órgano asesor formado por profesionales de prestigio, con experiencia y demostrada capacidad de liderazgo en el ámbito financiero y empresarial cuyo asesoramiento tendrá carácter consultivo y representativo.

El nuevo Comité está compuesto inicialmente por el catedrático y presidente del grupo de expertos para la última reforma fiscal de 2015, Manuel Lagares; el que fuera vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin Génova; el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta; y José Miguel Rodriguez-Pardo, economista, actuario y exdirector general de BBVA Seguros.

Refuerzo del Gobierno Corporativo

El presidente también explicó que junto con la anterior medida, la Mutualidad ha fortalecido las competencias de sus órganos de gobierno y ha adaptado su estructura “a las exigencias de un sector asegurador y de previsión cada día más exigente y complejo”.

Así se han incorporado profesionales cualificados del sector como es el caso de Laura Duque, directora de cumplimiento normativo y control interno.

El presupuesto 2018 mantiene la tendencia alcista

El director general, Rafael Navas Lanchas presentó el presupuesto para este año donde la previsión de crecimiento de las aportaciones de los mutualistas se situaría en el 2%, hasta llegar a los 641,3 millones de euros. Con ello, el volumen del ahorro gestionado llegará a los 7.295 millones, frente a los 6.624 del año pasado, un 10,12% más.

La rentabilidad prevista para 2018 se estima en un 4,72%, lo que dejaría la rentabilidad a favor de los mutualistas en el 4,25%.

Con estas cifras, según indicó el director general, el excedente podrá situarse en los 25 millones, con lo que la Mutualidad pasaría a tener unos fondos propios de 344 millones.

Avance a abril 2018

Estos datos van en la línea de los objetivos fijados por la entidad e incluso, como expuso Rafael Navas, en algunas partidas se van mejorando.

Es el caso del crecimiento del  ahorro gestionado que se ha situado en los 6.885 millones, un 10,35% más que a abril del año anterior.

Las aportaciones de los mutualistas suponen un total de 232,8 millones de euros, y por lo que respecta a los ingresos financieros netos, hay que destacar que se han situado en 121,7 millones, en línea con la rentabilidad a conseguir al cierre del ejercicio.

Carles McCragh renueva su cargo como decano del Colegio de Abogados de Girona2018-06-13
  • Toman posesión de sus cargos los candidatos electos a la renovación parcial de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Girona

Carles McCragh ha renovado por cuatro años más su cargo de decano del Colegio de Abogados de Girona (ICAG). McCragh, junto con los candidatos electos a la renovación parcial de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Girona tomaron ayer, jueves 7 de junio, posesión de sus cargos, después que la Comisión Electoral para las elecciones parciales que estaban convocadas para el día 18 de junio, ante la presentación de una única candidatura, acordó, previa deliberación y por unanimidad, proclamar electa esta única candidatura, formada por los siguientes candidatos:

Para el cargo de decano: Carles McCragh i Prujà

Para el cargo de diputada 1ª: Marta Alsina Conesa

Para el cargo de diputado 3º: Josep Viella Massegú

Para el cargo de Diputado 9º: Santiago Soler Colomé

Para el cargo de secretario: Francesc Rebled Sarrà

Para el cargo de bibliotecaria-contadora: Eva Collell Hernández

De esta forma, una vez renovados estos cargos, el órgano de gobierno colegial queda constituido por los mencionados miembros electos y, además, por las personas cuyos cargos no eran objeto de renovación en estas elecciones parciales y que son:

Diputada 2ª: Mª Carmen Calvo López

Diputada 4ª: Marta Araus Llompart

Diputada 5ª: Yolanda Vilà Fernández

Diputada 6ª: Gemma Prat Vilalta

Diputat 7º: Martí Batllori Bas

Diputada 8ª: Míriam García Gutiérrez

Diputado 10º: Eduard Torrent Puig

Diputada 11º: Albert Sierra Vicens

Tesorero: Josep Arxer Canal

La toma de posesión de los nuevos cargos se formalizó en la sesión de la Junta de Gobierno del Colegio celebrada el jueves por la noche.

ELECCIONES EN COLEGIOS DE ABOGADOS

Además, a lo largo de este mes de junio, los Colegios de Abogados de Ferrol y de Burgos celebrarán elecciones para el cargo de decano. En ambos casos la actual decana (Ferrol) y el actual decano (Burgos) no se presentan a la reelección.

¿Puede considerarse como acoso, la actuación empresarial consistente en reducir las funciones de una trabajadora tras su embarazo?2018-06-13

El Juzgado nº 8 de Las Palmas desestima la demanda interpuesta por una empresa, que había sido sancionada por acoso contra una trabajadora ya que, tras su reincorporación tras la baja por maternidad, la empresa le había reducido sus funciones, con el argumento de que tras una auditoría de su trabajo se habían detectado deficiencias en el trabajo realizado.

Supuesto de hecho:

  • La trabajadora prestaba servicios para la empresa desde mayo de 2010.
  • El 27/08/2014, la trabajadora causa baja por riesgo durante el embarazo, dando a luz el día 13/10/2014.
  • El 09/04/2015 la trabajadora se reincorpora a su puesto, tras haber estado de baja y haber disfrutado de diversos permisos.
  • Para cubrir su ausencia, se contrató a otra trabajadora.
  • La Dirección de la empresa se reunió con la trabajadora para comunicarle que se habían detectado deficiencias en el trabajo realizado antes de la baja por maternidad.
  • El antiguo despacho de la trabajadora había pasado a pertenecer a la nueva trabajadora contratada, siendo ella desplazada a un despacho en otra planta, sin ordenador, sin impresora y sin acceso a los servidores de trabajo de la empresa.
  • Ante esta situación, la trabajadora presenta denuncia ante la Inspección de Trabajo que, tras diversas visitas a la empresa, sanciona a la misma con 6.251 euros de multa, como responsable de acoso por razón de sexo.
  • Contra esta sanción interpone la empresa la presente demanda.

Consideraciones Jurídicas:

  • En el presente caso, la cuestión litigiosa consiste en determinar si la actuación empresarial constituye, o no, acoso por razón de sexo para, en su caso, considerar la procedencia de la imposición de sanción.
  • El Juzgado considera probado que la empresa dio a la trabajadora un trato humillante y discriminatorio desde el primer día en que se reincorporó a su puesto de trabajo, tras su baja por maternidad, siendo desplazada de su lugar habitual de trabajo, sin justificación razonable alguna, dejándosele de asignar trabajo efectivo (el correspondiente a su categoría profesional y que venía desarrollando antes de su maternidad).
  • En tales circunstancias, el Juez considera que concurren elementos objetivos y subjetivos que la doctrina ha venido exigiendo para calificar la situación padecida como de "acoso laboral".
  • En concreto, en el presente caso, la actuación empresarial consiste en ejercer presión tendenciosa con la finalidad de destruir la autoestima y fortaleza psíquica y profesional de la víctima, presión de carácter laboral, que supone un exceso en los límites del poder de dirección empresarial, y que es de carácter individual y personalizado, siendo además una actuación empresarial sistemática y constante a lo largo del tiempo.
  • Añade que, según la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, considerándose, en todo caso, discriminatorio.
  • Para reforzar su argumentación, el Juez recuerda que, por imperativo del artículo 14 de la Constitución, la protección de la condición biológica y de la salud de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales, de suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo o la sucesiva maternidad constituyen un supuesto de discriminación directa por razón de sexo.
  • Por todo lo expuesto, el Juzgado considera acreditada la existencia del acoso por razón de sexo, del que considera responsable a la empresa, afirmando que la sanción de 6.251 € de multa es completamente procedente y no sólo no debe minorarse la cuantía, sino que la cuantía debía ser considerada escasa, atendiendo a la gravedad de la actuación empresarial.

Conclusión Lex@:

El Juzgado de lo Social considera que la actuación empresarial constituye acoso por razón de sexo, en la medida en que la actuación de la empresa ha consistido en ejercer presión de forma sistemática sobre la trabajadora, como consecuencia de su baja por maternidad,  con el único fin de conseguir la salida de la trabajadora de la empresa, y declara la procedencia de la sanción consistente en multa de 6.251 euros.

Los fondos buitre no podrán beneficiarse de la nueva Ley de desahucio exprés de ‘okupas’2018-06-12

La reciente aprobación del Congreso de la nueva Ley de desahucio exprés para los ‘okupas’ ilegales de viviendas pone sobre la mesa el debate sobre qué agentes del mercado son los más beneficiados de esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por CCAA, las viviendas ocupadas de forma ilegal en Asturias, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana son las que más valor pierden

La proposición que modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ocupaciones ilegales de viviendas persigue acabar con una tendencia que había ido al alza a partir de la crisis económica. La nueva Ley ya no sólo supone regular lo que se consideró "un procedimiento específico para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social", sino que del contenido del texto se han excluido a entidades privadas y gestoras de viviendas destinadas al alquiler social. Esto cierra la puerta a que entidades financieras y fondos buitre puedan beneficiarse de esta mayor rapidez en el proceso de desahucio de ‘okupas' para fines empresariales e inmobiliarios.

La ‘okupación' es uno de los principales problemas a los que un propietario de una vivienda se puede llegar a enfrentar, por lo que establecer un marco legal definido y ágil resulta de vital importancia para desencallar este tipo de situaciones. De hecho, según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, los propietarios que sufren la ocupación ilegal de sus viviendas en España deben aplicar un descuento medio de más de un 42% en el precio de venta del bien respecto a viviendas similares en su entorno que también estén en venta.

¿Quiénes podrán acogerse a la propuesta aprobada y cuánto tardará el desalojo?

Según el texto aprobado, las personas físicas que sean propietarias de una vivienda, así como entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas que sean propietarias o poseedoras de un inmueble social serán las que podrán solicitar la "inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella" en el caso de que ésta se halle ocupada sin su consentimiento.

"En el caso de admitirse la solicitud, la sentencia se haría efectiva en un plazo de menos de 20 días. Primero, se traslada la notificación a los ocupantes de la vivienda, que también afecta a todos aquellos que estén viviendo en el inmueble en ese momento. Sólo cabrá defensa de los ocupantes si poseyeran la titularidad de la vivienda o bien el demandante no dispusiera de la misma. Después, en el caso de que no se pudiese justificar su presencia en la vivienda por falta de titularidad o contrato de alquiler vigente, se ordenaría mediante auto la entrega inmediata de la vivienda a su legítimo propietario", indica Fernando Sanahuja, socio fundador de Sanahuja Miranda Abogados.

La nueva Ley indica que contra este auto no se podrá tramitar un nuevo recurso, mientras que el efecto de la sentencia sería inmediato en el caso de que el demandado no hubiera emitido ninguna respuesta al requerimiento en un plazo de cinco días. Además, el desahucio se podría realizar sin la necesidad de que transcurrieran los 20 días previstos por la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre que el demandante lo solicitara.

Por otra parte, el nuevo texto también tiene previsto que se pueda pedir la actuación de los servicios públicos competentes en materia de política social. No obstante, la proposición no es garantía de conseguir una alternativa para aquellas personas que sean desahuciadas de estas okupaciones, pues no dispone de vías de actuación en concreto para aquellas situaciones en las que las personas que van a ser desalojadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Lo que sí contempla es que las Administraciones públicas incorporen en sus protocolos en materia de vivienda medidas que ayuden a agilizar la coordinación y cooperación entre los diferentes organismos para poder evitar que se produzcan casos de exclusión residencial y dar la "respuesta adecuada y más rápida posible".

Entre las medidas que se contemplan para cubrir tales necesidades, se han detallado protocolos que asegurarán la creación de registros que incorporen información sobre el parque de viviendas sociales que estén disponibles en cada momento para albergar a personas y familias en riesgo de exclusión social.

¿Qué CC.AA salen más beneficiadas?

Según el mismo informe de Idealista mencionado anteriormente, Asturias es la comunidad autónoma en la que mayor bajada de precio se da en una vivienda ocupada que pretende venderse, pues los propietarios se ven obligados a realizar una bajada de más del 65% de su valor real de mercado. Le siguen País Vasco (-53,2%), Baleares (-52,2%) y la Comunidad Valenciana (-50,7%). Eso significa que los propietarios de viviendas que estén ubicadas en estas comunidades son los más beneficiados por esta nueva Ley de desahucios exprés en situaciones de ocupación.

La lista la siguen las comunidades de Castilla y León, donde la rebaja llega al 48,2%, seguida de Cantabria (-46,7%), Andalucía (-44,7%), La Rioja (-44,4%), Aragón (-42,1%), Canarias (-41,9), Galicia (-41,8%), Castilla-La Mancha (-41,3%) y Murcia (-41,2%). En el otro extremo, las autonomías donde menos va a influir de cara a la pérdida de valor de las vivienda ocupada son Navarra (-28,1%), Madrid (-35,3%), Extremadura (-36,6%) y Cataluña (-39,3%).

Las disoluciones matrimoniales disminuyen un 8,2 por ciento en el primer trimestre del año 2018-06-12
La mayor tasa de separaciones y divorcios se dio en la Comunidad Valenciana y la más baja, en Galicia

Autor Comunicación Poder Judicial

En el primer trimestre de 2018 el número de demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios, ha mostrado una disminución del 8,2 por ciento respecto a igual trimestre de 2017, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y hechos públicos hoy.

En el primer trimestre de este año han mostrado disminuciones interanuales todas las formas de disolución. Las 16.226 demandas de divorcio consensuado representan un 7,2% menos que en el mismo trimestre del año anterior; las 11.594 de divorcio no consensuado, un 8,6% menos; las 864 de separación de mutuo acuerdo, un 17% menos; y las 424 separaciones contenciosas un 13,6 por ciento menos que las presentadas en el primer trimestre de 2017.

El número de demandas de nulidad, 41, coincide con las presentadas en el primer trimestre de 2017.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del trimestre con la población a 1 de enero de 2018 se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en la Comunitat Valenciana, con 7,3; seguida de Illes Balears, Cataluña, y Navarra, con 6,7; Canarias, con 6,6; Andalucía y Asturias, con 6,5; y Castilla la Mancha y Murcia, con 6,3. Todas superan la media nacional de 6,2. Por el contrario, las más bajas, se han dado en Galicia, con 4,4; Castilla y León, con 4,9; y País Vasco, con 5,2.

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las no consensuadas, han mostrado disminuciones interanuales. Se han presentado 2.846 modificaciones de medidas matrimoniales consensuadas, un 0,5 por ciento menos que en el primer trimestre de 2017; 8.734 de modificación de medidas no consensuadas, con una disminución del 4,9 por ciento; 4.998 de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, un 0,6 por ciento menos; y 7.050 no consensuadas, un 9,3 por ciento menos que en el primer trimestre de 2017.

Se adjuntan los datos estadísticos, a los que también se puede acceder desde la página web:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial 

 

El TS califica como accidente de trabajo el sufrido por una empleada en el trayecto a su domicilio después de efectuar una parada en un supermercado2018-06-12

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo determina en su Sentencia de fecha 17 de abril de 2018 que el accidente sufrido por una trabajadora en el trayecto de regreso a su domicilio debe tener la consideración de in itinere, todo ello pese a que previamente hubiese efectuado una parada en el supermercado.

Respecto a las particularidades del supuesto de hecho, indicar que la presente Resolución tiene como objeto valorar la laboralidad -accidente de trabajo in itinere- pretendida respecto de un accidente de tráfico, sufrido en las siguientes circunstancias:

a) A las 13 horas del 22/07/14 la demandante sale de su centro de trabajo, sito en Avda. de Alemania -Cáceres- pero en lugar de dirigirse directamente a su domicilio se dirigió a un centro comercial próximo a comprar unos yogures.

b) Tras realizar tal compra se dirigió nuevamente a la Avda. de Alemania para coger el autobús hacia su domicilio

c) En el trayecto hacia su domicilio el vehículo efectuó un frenazo y la actora sufrió lesiones determinantes de IT.

En vía administrativa el proceso fue calificado como contingencia común y tal calificación fue mantenida por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Frente a la referida resolución reclama la parte actora alegando en su recurso que la Sentencia del TSJ vulnera la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de marzo de 2007 (rcu 210/06), presentando como Sentencia contradictoria la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 17 de diciembre de 2001 por la que se considera accidente de trabajo el de tráfico sufrido por un trabajador también en su regreso al domicilio, tras haberse detenido en un videoclub durante aproximadamente una hora.

Pues bien, el Tribunal Supremo determina la viabilidad del recurso de casación sobre la base de que en ambas Sentencias se trata de empleados que al salir del trabajo y de regreso a su domicilio sufren accidentes de tráfico que les causa lesiones determinantes de IT, y en los dos casos teniendo ello lugar después de haber realizado una gestión de personal de cómo máximo una hora de duración; la actora -en autos- con carácter previo a inicio del trayecto habitual (compra de yogures en centro comercial cercano), y el trabajador de contraste deteniéndose a mitad de recorrido (parada en videoclub).

Habiendo determinado la existencia de contradicción entre ambas resoluciones judiciales, recuerda en el Tribunal Supremo respecto a la figura del accidente in itinere que:

a) idea básica que subyace en la construcción jurisprudencial del accidente in itinere es que sólo puede calificarse como tal aquel que se produce porque el desplazamiento viene impuesto por la obligación de acudir al trabajo.

b) Esta conexión del lugar de trabajo y domicilio del trabajador ha sido configurada en forma amplia por la doctrina de esta Sala, aunque exigiendo unos criterios de normalidad en la apreciación del binomio trayecto-trabajo, rechazando la calificación de accidente en aquellos supuestos en que se rompía este nexo causal.

c) Más concretamente, para calificar un accidente como laboral in itinere hemos venido exigiendo la simultánea concurrencia de las siguientes circunstancias:

    1. Que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo (elemento teleológico).

    2. Que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa (elemento geográfico).

    3. Que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto (elemento cronológico) o lo que es igual, que el recorrido no se vea alterado por desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales y obedezcan a motivos de interés particular de tal índole que rompan el nexo causal con la ida o vuelta del trabajo.

    4. Que el trayecto se realice con medio normal de transporte (elemento idoneidad del medio).

Pues bien, en base a la doctrina expuesta argumenta el TS en la Sentencia ahora analizada que el accidente acaecido en las presentes actuaciones debe tener la consideración de contingencia profesional y ello debido a que se cumplen de forma indubitada tres de los cuatro elementos configuradores de la laboralidad del accidente.

Para la Sala la única duda puede suscitarse en torno al elemento cronológico, cuya afirmada ruptura por la resolución recurrida se refiere no al tiempo invertido en el trayecto trabajo/domicilio, que fue el habitual en su recorrido y duración -se utilizó el usual medio de transporte-, sino a la consideración -irrelevante a juicio de esta Sala- de que su inicio fue demorado menos de una hora por causa de una gestión exclusivamente personal (la compra de yogures en un cercano supermercado).

Argumenta la Sala que la breve postergación temporal de autos no puede entenderse rupturista del nexo causal, en tanto que la demora por la simple compra de unos yogures no puede sino entenderse -sea a no ama de casa, como en el recurso se argumenta- como una "gestión razonable" que responde a "patrones usuales" de comportamiento y a "criterios de normalidad" de conducta, en los términos que refiere nuestra flexibilizadora doctrina.

TS: la expulsión administrativa de España de un extranjero sólo procede por penas de más de un año de prisión2018-06-11

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido como doctrina jurisprudencial que la expulsión de España de un ciudadano extranjero por vía administrativa como consecuencia de una condena penal solo es procedente cuando la pena mínima prevista en el Código Penal para el delito por el que ha sido condenado sea superior a 1 año de prisión.

Al existir sentencias contradictorias de los Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas, la Sala establece cómo tiene que interpretarse el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) que regula la expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, del extranjero que haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

En primer lugar, la Sala establece que la pena a la que se refiere dicho artículo es la prevista en abstracto en el Código Penal para el delito cometido, y no la pena concreta impuesta al afectado en sentencia. Y en segundo término, indica que la referencia a la pena superior a un año, debe interpretarse como la pena mínima que recoja el Código para cada delito.

Textualmente, la doctrina jurisprudencial acordada por el Supremo señala que “el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) —y, en concreto, su inciso “delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año”— debe ser interpretado en el sentido de que el precepto se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente, si bien, sólo en aquellos supuestos en los que la totalidad de la pena establecida en el Código Penal sea “una pena privativa de libertad superior a un año”, esto es, excluyendo aquellos delitos en los que, con independencia del máximo previsto para la pena de privación de libertad, el mínimo, igualmente previsto, es de un año o menos”.

Del precepto, explica la sentencia, no se deduce ninguna referencia a la condena concreta que se le impusiera al ciudadano extranjero, sino que lo único que exige y requiere es que la sanción prevista en el Código Penal español para el delito por el que se le condena sea una pena privativa de libertad superior al año, aunque la pena privativa de libertad que se le haya impuesto sea inferior al año.

“Se trata de una infracción objetiva en la que la valoración subjetiva de los hechos determinantes de la condena penal ya fue realizada por el tribunal penal, y tal valoración, con el juego de grados, atenuantes o conformidades, pudo dar lugar a una concreta pena privativa de libertad inferior al año; pero tal valoración subjetiva no le corresponde realizarla, de nuevo, a la administración en el momento de la imposición de la sanción de expulsión, ya que el legislador sólo ha habilitado a la misma para la comprobación de que el delito, por el que el extranjero fue condenado, está sancionado, en el Código Penal español, con una pena privativa de libertad superior al año”, subraya la Sala.

El precepto, según los magistrados, no se refiere a la conducta sino al delito, por lo que la decisión se debe adoptar sin considerar si el hecho se consumó o quedó en tentativa o la incidencia de determinadas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pues la aplicación del mismo quedaría al arbitrio de que la acusación solicite mayor o menor pena o de que el tribunal del orden penal la imponga por encima o no de dicho umbral. En este contexto, la Sala se inclina por la interpretación de la “pena abstracta” o “pena tipo”, ya que si se aplica la contraria, “pena concreta”, se podría dar la circunstancia de que algún extranjero fuera expulsado al ser condenado penalmente por una pena superior a un año –por el juego y aplicación de las circunstancias agravantes concurrentes- por un delito que sólo tenga prevista en el Código Penal una pena de prisión inferior a un año. Recuerda el tribunal, además, que esta causa de expulsión recogida en el artículo 57.2 de la LOEX es una transposición de la normativa europea que ha sido decidida en un ámbito comunitario que no admite interpretaciones concretas en el ámbito del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro.

En la sentencia que fija la doctrina jurisprudencial, el Supremo resuelve el caso planteado por un ciudadano extranjero con una orden de expulsión de España, con prohibición de entrada durante siete años, como consecuencia de una sentencia firme a ocho meses de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad. El tribunal estima el recurso de casación del interesado y anula la orden de expulsión dictada por la Subdelegación de Gobierno de Sevilla, de 19 de noviembre de 2015, al considerar que dicho delito “ni estaba ni está sancionado” en el Código Penal tanto en el momento en el que ocurrieron los hechos –uno a tres años de prisión Ley Orgánica 10/1995- como en una reforma posterior –seis meses a tres años de prisión Ley Orgánica 1/2015- con una pena privativa de libertad superior a un año.

La sentencia incluye dos votos particulares firmados por los magistrados Rafael Fernández Valverde y José Juan Suay Rincón que expresan su discrepancia con el criterio de la mayoría sobre la interpretación del citado artículo. En concreto, defienden que la sanción a considerar no debería ser la prevista en el Código Penal para el delito por que ha sido condenado el ciudadano extranjero, como afirman los demás magistrados, sino la pena por la que, concretamente, es condenado.

El número de asuntos resueltos por los Juzgados de cláusulas abusivas se incrementó un 60,5 % en el primer trimestre del año respecto al último de 20172018-06-11
La cifra de asuntos ingresados cae un 26,5 % y es la más baja de los tres trimestres completos de funcionamiento de estos órganos judiciales. El 97,6 % de las casi 23.000 sentencias notificadas desde la puesta en marcha del plan de urgencia el 1 de junio de 2017 es favorable al cliente

Autor Comunicación Poder Judicial

El número de asuntos resueltos en el primer trimestre del año por los Juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fue de 16.988, lo que representa un incremento del 60,5 por ciento respecto a los 10.586 asuntos resueltos en el último trimestre de 2017. 

Estos órganos judiciales, que entraron en funcionamiento el 1 de junio del año pasado, conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa. 

El aumento de la cifra de asuntos resueltos coincide además con la disminución del número de asuntos ingresados, que entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo fue de 57.955, un 26,5 por ciento menos que en el trimestre anterior, cuando se recibieron 78.829. También es inferior al registrado en el tercer trimestre de 2017 –59.327 asuntos-, pese a que ese periodo incluía el mes de agosto, inhábil en la jurisdicción civil. 

La caída en la entrada de asuntos se observa también en la evolución dentro del propio trimestre: si en enero ingresaron algo más de 26.000 asuntos, en febrero fueron en torno a 17.000 y en marzo poco más de 13.000. 

Asuntos ingresados y resueltos (por Comunidades Autónomas) 

CC.AA.

2T 2017*

3T 2017

4T 2017

1T 2018

TOTAL

 

Ing.

Res.

Ing.

Res.

Ing.

Res.

Ing.

Res.

Ing.

Res.

Andalucía

1749

0

13217

353

17912

1373

11256

2327

44134

4053

Aragón

554

0

2307

171

2189

355

1716

450

6766

976

Asturias

289

0

1087

279

1841

893

1614

1517

4831

2689

Baleares

189

0

858

76

1831

240

1241

337

4119

653

Canarias

791

0

3414

134

6479

538

3676

979

14360

1651

Cantabria

0

0

988

29

1462

163

1137

340

3587

532

Castilla y León

1088

0

5126

230

5776

1505

3468

1905

15458

3640

C.-La Mancha

601

0

3391

63

4397

593

2874

1316

11263

1972

Cataluña

1392

0

8513

75

9943

660

10276

1267

30124

2002

C. Valenciana

1192

0

4664

170

7097

996

4231

1240

17184

2406

Extremadura

657

0

1196

84

3651

429

3134

969

8638

1482

Galicia

644

0

2726

143

3330

609

1547

589

8247

1341

Madrid

2283

0

6661

194

5318

954

5604

1419

19866

2567

Murcia

83

0

1493

4

1998

125

1592

357

5166

486

Navarra

224

0

945

65

870

178

623

333

2662

576

País Vasco

704

0

2281

202

4084

723

3615

1393

10684

2318

La Rioja

100

0

460

3

651

252

351

250

1562

505

 

ESPAÑA

 

12540

 

0

 

59327

 

2275

 

78829

 

10586

 

57955

 

16988

 

208651

 

29849

*Del 1 al 30 de junio 

El incremento del número de asuntos resueltos y el descenso de los ingresados ha supuesto que la tasa de resolución a nivel nacional en el primer trimestre del año haya alcanzado el 29,3 por ciento, frente al 13,4 por ciento del último trimestre de 2017. 

Esta tasa –que es el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un periodo determinado- pone en relación el volumen de entrada con la capacidad resolutiva del órgano judicial. 

Los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial indican que en el primer trimestre de 2018 la tasa de resolución ya fue superior al 50 por ciento en cuatro Comunidades Autónomas: Asturias –donde llega al 94 por ciento-, Castilla y León, Navarra y La Rioja. 

Otros cinco territorios –Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco- se sitúan por encima de la media nacional con tasas de resolución que van del 29,9 por ciento de Cantabria al 45,8 por ciento de Castilla-La Mancha. 

Por debajo de la media nacional se sitúan Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia y Cataluña, teniendo esta última –con un 12,3 por ciento- la tasa de resolución más baja, si bien es la única, junto con Madrid, en la que el número de asuntos ingresados en el primer trimestre de 2018 (10.276) fue superior al registrado en el último trimestre del año pasado (9.943). 

Tasa de resolución (por Comunidades Autónomas) 

CC.AA.

2T 2017*

3T 2017

4T 2017

1T 2018

TOTAL

Andalucía

0 %

2,7 %

7,7 %

20,7 %

9,2 %

Aragón

0 %

7,4 %

16,2 %

26,2 %

14,4 %

Asturias

0 %

25,7 %

48,5 %

94,0 %

55,7 %

Baleares

0 %

8,9 %

13,1 %

27,2 %

15,9 %

Canarias

0 %

3,9 %

8,3 %

26,6 %

11,5 %

Cantabria

0 %

2,9 %

11,1 %

29,9 %

14,8 %

Castilla y León

0 %

4,5 %

26,1 %

54,9 %

23,5 %

C.-La Mancha

0 %

1,9 %

13,5 %

45,8 %

17,5 %

Cataluña

0 %

0,9 %

6,6 %

12,3 %

6,6 %

C. Valenciana

0 %

3,6 %

14,0 %

29,3 %

14,0 %

Extremadura

0 %

7,0 %

11,8 %

30,9 %

17,2 %

Galicia

0 %

5,2 %

18,3 %

38,1 %

16,3 %

Madrid

0 %

2,9 %

17,9 %

25,3 %

12,9 %

Murcia

0 %

0,3 %

6,3 %

22,4 %

9,4 %

Navarra

0 %

6,9 %

20,5 %

53,5 %

21,6 %

País Vasco

0 % 

8,9 %

17,7 %

38,5 %

21,7 %

La Rioja

0 %

0,7 %

38,7 %

71,2 %

32,3 %

 

ESPAÑA

 

0 %

 

3,8 %

 

13,4 %

 

29,3 %

 

14,3 %

*Del 1 al 30 de junio 

El 97,6 % de las sentencias, favorables al cliente 

En el primer trimestre del año, los Juzgados especializados dictaron 13.573 sentencias, un 67,6 por ciento más que en el trimestre anterior. En total, y desde que se pusieron en marcha el 1 de junio de 2017, estos órganos judiciales han dictado 22.899 sentencias, de las que el 97,6 por ciento han sido favorables al cliente. 

Sentencias dictadas por los Juzgados especializados 

CC.AA.

2T 2017*

3T 2017

4T 2017

1T 2018

TOTAL

Andalucía

0

43

721

1605

2369

Aragón

0

118

301

383

802

Asturias

0

173

819

138

2374

Baleares

0

62

90

271

423

Canarias

0

83

367

699

1149

Cantabria

0

º7

121

295

433

Castilla y León

0

150

1317

1588

3055

C.-La Mancha

0

25

476

957

1458

Cataluña

0

47

446

938

1431

C. Valenciana

0

85

801

1046

1932

Extremadura

0

56

384

816

1256

Galicia

0

70

426

440

936

Madrid

0

105

799

1225

2129

Murcia

0

0

77

246

323

Navarra

0

17

98

193

308

País Vasco

0

177

647

1263

2087

La Rioja

0

2

206

226

434

 

ESPAÑA

 

0

 

1230

 

8096

 

13573

 

22849

 

Est.

Des.

Est.

Des.

Est.

Des.

Est.

Des.

Est.

Des.

Estima/Desestima

0

0

1221

9

7941

155

13192

381

22354

545

Porcentaje (%)

0

0

99,3

0,7

98,1

1,9

97,2

2,8

97,6

2,4

*Del 1 al 30 de junio

La unificación de criterios que indica el elevado porcentaje de sentencias estimatorias en todo el territorio nacional es uno de los factores que explican el descenso en el número de asuntos ingresados, al propiciar que las entidades bancarias lleguen a acuerdos extrajudiciales, evitando el litigio. 

También se prevé que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 21 de marzo sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tenga efecto en la entrada de demandas que se refieran a esta cuestión, al haber determinado ya que el pago del impuesto por la constitución de préstamo incumbe al prestatario, mientras que, por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite. 

Incremento de la tasa de sentencia 

Las sentencias no son las únicas formas de terminación de los asuntos que entran en los Juzgados especializados. También pueden concluir por auto final o decreto cuando, por ejemplo, se acumulan en un solo procedimiento varias demandas referidas a distintas cláusulas de la misma hipoteca o se produce la renuncia o el desistimiento de una de las partes.

Los datos estadísticos indican que la tasa de sentencia, que pone en relación el número de sentencias dictadas con el de asuntos resueltos, se ha ido incrementando desde la puesta en marcha de los Juzgados. 

Tasa de sentencia 

 

2T 2017*

3T 2017

4T 2017

1T 2018

TOTAL

Asuntos resueltos

 

0

 

2275

 

10586

 

16988

 

29849

Sentencias dictadas

 

0

 

1230

 

8096

 

13573

 

22899

Tasa de sentencia

 

0 %

 

54,1 %

 

76,5 %

 

79,9 %

 

76,7 %

*Del 1 al 30 de junio

¿Es necesario un Balance Auditado para poder ejecutar una Operación Acordeón?2018-06-11

Es una aportación muy interesante que acabamos de analizar en un asunto que nos trasladaba uno de nuestros clientes.

Introducción

La  operación acordeón es un mecanismo especialmente útil para lograr el saneamiento patrimonial y la reestructuración.

Por lo que respecta a su regulación, ésta queda recogida en los artículos 343-345 TRLSC, que establece dos reglas: (i) la simultaneidad entre la operación de reducción y la de aumento y (ii) el respeto al derecho de asunción o suscripción preferente.

Todo lo no previsto en los artículos anteriores, se regulará por la normativa específica de la modificación estatutaria, y las operaciones de reducción y aumento.

Caso planteado

¿Es necesario un Balance Auditado para poder ejecutar una Operación Acordeón?

Previamente a la inscripción en el Registro mercantil de la escritura de aumento, reducción de capital y modificación estatutaria, nos planteamos esta pregunta.  No cabe olvidar que la mayoría de las compañías que requieren de esta operación no tienen liquidez para afrontar el gasto que supone auditar un balance.

En este sentido, no será necesario un balance auditado, siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones:

1º) Que los intereses de los acreedores queden salvaguardados. Esta circunstancia se producirá cuando la ampliación de capital que se realiza con posterioridad a la reducción, deje el capital establecido en un importe  superior al que lo estaba inicialmente. 

Así lo establece la Dirección General de los Registros y del Notariado;

"Ciertamente, cuando se trata de la reducción y aumento de capital simultáneos -en los términos de los artículos 343 a 345 de la Ley de Sociedades de Capital-, el recíproco condicionamiento de la operación como un todo unitario forzosamente produce una serie de consecuencias jurídicas, de tal manera que la posición de los acreedores puede quedar incólume en aquellos supuestos en los que lejos de disminuir la garantía que supone la cifra de capital social, ésta al menos se mantiene e incluso, a veces (aunque no siempre el motivo sea la existencia de deudas sociales), se produce un saneamiento de la sociedad como consecuencia de las nuevas aportaciones realizadas. Por ello, puede sostenerse que no son exigibles los requisitos que en garantía de los acreedores contemplan los artículos 331 a 333 de dicha Ley (cfr., respecto de sociedades anónimas, las Resoluciones de 28 de abril de 1994, y 16 de enero de 1995, así como la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2003).

Por lo tanto, si la nueva cifra de capital alcanza o supera la que tenía con anterioridad, el aumento experimentado por el patrimonio social supondrá un beneficio para los acreedores. Y en consecuencia quedarán salvaguardados los intereses de los acreedores.

Añade también la DGRN otro argumento para no tener que auditar el balance en una operación acordeón:

"si la causa alegada para la reducción es el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido por pérdidas podría cuestionarse si en tal caso la realidad de éstas sería intrascendente y, en consecuencia, es innecesario justificarlas a efectos de su inscripción registral tal como con carácter general exige el artículo 201.4 del Reglamento del Registro Mercantil para toda reducción que responda a aquella finalidad."

2º) Que se haya respetado el derecho de adquisición preferente de los socios. Además, los socios deben haber aprobado por unanimidad la medida aunque no ejerciten dicho derecho de adquisición preferente.

Por lo tanto, el acuerdo de la reducción y aumento de capital simultáneos deberá aprobarse en Junta General, por unanimidad. En el acta de la Junta deberá recogerse que los socios han ejercido o renunciado a su derecho de adquisición preferente.

Conclusión

La denominada "operación acordeón" se concibe como  una alternativa de especial interés para preservar la viabilidad patrimonial de una compañía. Así pues, la Ley de Sociedades de Capital, regula en los artículos 343-345 el procedimiento a seguir en estas operaciones.

No será necesario auditar el balance para ejecutar la operación acordeón siempre y cuando se cumpla con los requisitos de (1) salvaguardar el interés de los acreedores; y (2) aprobar por unanimidad la operación y respetar el derecho de adquisición preferente de los socios.

La Abogacía Catalana celebra la aprobación definitiva en el Senado de la reforma legislativa que permitirá el desalojo por la vía rápida de pisos ocupados ilegalmente2018-06-08

CGAE

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los catorce Colegios de Abogados de Cataluña, celebra la aprobación definitiva en el Senado de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitirá el desalojo por la vía rápida de las viviendas propiedad de particulares, organizaciones y administraciones con fines sociales, que hayan sido ocupadas de forma ilegal. La propuesta de modificación legislativa fue elaborada por la Comisión de Normativa del Consell de l’Advocacia Catalana y el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ​​a instancias de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El PDeCat la presentó el pasado mes de abril en el Congreso, donde se aprobó, y hoy ha sido ratificada en el Senado, lo que supone su aprobación definitiva.

La propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil planteada por la Abogacía Catalana consiste en que, antes del juicio verbal, el juez pueda actuar de forma inmediata y ejercite el desalojo de la vivienda cuando la parte propietaria acredite su condición a través de un título. Si el ocupante, en cambio, no puede aportar ningún título de alquiler o propiedad que demuestre su legalidad, se procederá a ejecutar el lanzamiento sin tener que recurrir a la vía penal, donde los procesos se alargan entre dos y tres años. Con esta reforma el propietario podrá recuperar su vivienda en un plazo de unos dos meses.

Esta reforma legislativa está pensada para particulares, organizaciones y administraciones propietarias de viviendas para usos sociales que son ocupados ilegalmente, y para combatir las mafias que abusan de las personas vulnerables. No se podrán acoger a esta ley el resto de propietarios de viviendas, como los bancos o los fondos buitre.

La nueva ley entrará en vigor en un plazo de 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Supremo plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula el reingreso de jueces suspendidos2018-06-08
El caso concreto se refiere a un acuerdo de 10 de noviembre de 2016 de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declaró la falta de aptitud para el reingreso al servicio activo de un magistrado sancionado con un año de suspensión de sus funciones

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre si el artículo 367.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula el reingreso en el servicio activo de los jueces suspendidos de sus funciones tras ser sancionados, pudiera ser contrario al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución, en relación con la reserva de ley prevista en los artículos 117.2 y 122.2 de la Constitución y con la garantía de la inamovilidad judicial que se reconoce en el artículo 117.1 y 2. El artículo cuestionado prevé que el reingreso de estos jueces “exigirá la previa declaración de aptitud por el Consejo General del Poder Judicial, quien recabará los informes y practicará las actuaciones necesarias para su comprobación”. 

El caso concreto por el que se ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad se refiere a un acuerdo de 10 de noviembre de 2016 de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declaró la falta de aptitud para el reingreso al servicio activo de un magistrado que fue sancionado con un año de suspensión de sus funciones, asimilando su situación a la de una excedencia, conforme al artículo 367.1 de la LOPJ y con los efectos previstos en el artículo 200.2 del Reglamento de la Carrera Judicial. 

El tribunal explica que el artículo 367.1 establece como requisito para dicha reincorporación al servicio activo la solicitud de reingreso por parte del interesado y la declaración de aptitud por parte del CGPJ. Sin embargo, indica que nada dice respecto a las consecuencias de la declaración de no aptitud por parte del CGPJ, lo que conduce a una situación cuando menos anómala, aunque la omisión del legislador haya sido cubierta por el Reglamento de la Carrera Judicial que, en su artículo 200.2, establece que el afectado permanecerá en situación asimilada a la excedencia. 

Para la Sala, el precepto legal resultaría difícilmente compatible con el principio de seguridad jurídica al faltar la imprescindible consecuencia para el caso de que la declaración de aptitud fuese denegada por el CGPJ. “El precepto sería aplicable en caso de declaración de aptitud, pero no en cambio en supuestos como el presente en que el CGPJ ha declarado al suspenso no apto para el servicio activo, sin que pudiera determinar por falta de regulación las consecuencias que se derivan de ello y sin que el solicitante pueda continuar suspenso una vez cumplida el período de sanción de suspensión acordado en su día”, subrayan los magistrados. 

En un auto, la Sala indica que el artículo 367 de la LOPJ suscita “serias dudas de constitucionalidad” ya que la suspensión del juez “se produce como consecuencia de una sanción, por lo que no se trata de una situación administrativa en la que el afectado se encuentra de manera voluntaria”. Añade que la finalización del período de suspensión supone que se ha cumplido la sanción y que, en principio, el suspenso ha de reincorporarse al ejercicio activo de su condición de juez o magistrado.

En consecuencia, prosigue el tribunal, los requisitos que se establezcan para la reincorporación al servicio activo no pueden desconocer que la misma es consecuencia del efectivo cumplimiento de una sanción y que la suspensión no puede prolongarse en el tiempo, por lo que tales requisitos han de tener una justificación suficiente y ser proporcionados a su finalidad. “Lo que sí queda claro –precisa la Sala- es que la indeterminación del precepto atenta gravemente a la seguridad jurídica en cuestiones tan sensibles como lo son tanto el adecuado control de la idoneidad de jueces y magistrados para el ejercicio efectivo de la función judicial, por un lado, como la inamovilidad de los mismos, por otro”.

El Supremo confirma la obligatoriedad de la vigilancia de la salud para vigilantes y escoltas2018-06-08

USO

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo resuelve, en una sentencia de 7 de marzo de 2018, reitera su criterio de anteponer la obligatoriedad de la vigilancia de la salud en actividades de especial peligrosidad al derecho a la intimidad. Se trata de un criterio ya expresado en la sentencia de 10 de junio de 2015, en la que estableció la obligatoriedad del reconocimiento médico de setecientos Brigadas Rurales de Emergencia.

En este caso, los trabajadores demandaron a la empresa CAVSA SEGURIDAD SL, por imponer, a pesar del informe negativo de la representación legal de los trabajadores, la obligatoriedad de someter tanto al personal de la Central de Receptoras de alarmas como a los vigilantes de seguridad y escoltas, a reconocimientos médicos periódicos. En su demanda plantean que esta obligación vulnera el derecho de intimidad de los trabajadores.

El artículo 22.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece la obligación del empresario de garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos derivados del trabajo.

No obstante, para proteger el derecho a la intimidad de los trabajadores, el propio artículo 22.1 en su párrafo 2 de la LPRL señala que: “esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento”. Así, se asienta el llamado principio de voluntariedad en los reconocimientos médicos, que consiste en que el trabajador es libre para decidir someterse o no a los reconocimientos médicos y también, para decidir a qué pruebas desea someterse y a cuáles no.

Ahora bien, en la propia sentencia, el TS señala que el principio de voluntariedad no es un derecho absoluto. Es decir, este principio cede a favor de la obligatoriedad de los reconocimientos médicos periódicos en tres supuestos, de conformidad con el artículo 22 LPRL que son:

  1. La obligatoriedad del reconocimiento médico cuando su práctica resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones del trabajo sobre la salud de los trabajadores.
  2. La necesidad de verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, (función preventiva).
  3. Que la obligatoriedad esté establecida en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad (lo que es el caso).

En conclusión, el Tribunal Supremo estima que en caso de producirse alguno de los tres supuestos anteriores, los trabajadores están obligados a someterse a los reconocimientos médicos periódicos. Por ello, estima parcialmente la demanda, al dejar sin efecto para el personal de la Central Receptora de Alarmas, la obligación de someterse a los reconocimientos médicos periódicos impuestos por la empresa, es decir, para estos trabajadores rige el principio de voluntariedad. Pero con respecto a los vigilantes de seguridad y escoltas, mantiene la obligatoriedad del reconocimiento impuesta por la empresa debido a que los considera expuestos a riesgos específicos y que realizan una actividad de especial peligrosidad, tal y como recoge el apartado c) del artículo 22 de la LPRL.

Abonado el pago de marzo del Turno de Oficio en el territorio del Ministerio de Justicia2018-06-07

La Dirección General del Tesoro ha efectuado el 4 de junio el pago correspondiente al mes de marzo de 2018 del Turno de Oficio que corresponde a los Colegios de Abogados de territorio común bajo competencia del Ministerio de Justicia.

El Consejo General de la Abogacía confía en seguir con este ritmo de pagos mensuales, así como absorber este desfase de meses antes de acabar el año.

Desde hace meses, se vienen manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia con el fin de agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, se ha conseguido que el Ministerio abone con carácter mensual las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita.

En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 que el Tesoro Público procedió a abonar el 18 de abril, la liquidación se efectuará con carácter mensual a partir de mayo, a excepción de enero y febrero de 2018 que se abonaron el 30 de mayo.

No obstante, con ello no se soluciona el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado, así como el reconocimiento de nuevos módulos.

La Abogacía continuará trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Enrique Arnaldo, abogado: “Ante el Tribunal Supremo, lo más complicado es contar todo en sólo 25 folios”2018-06-07

Enrique Arnaldo Benzo, abogado del Colegio de Abogados de Madrid, ha ganado su primer recurso de casación con sólo 29 años y seis ejerciendo la abogacía. El recurso de casación resolvió el caso de las ex gimnastas Gloria Viseras Die e Irene Martínez Mecha y el ex entrenador Antonio Llorens. Viseras denunció al ex seleccionador nacional de gimnasia artística, Jesús “Fillo” Carballo García, de haber sufrido abusos sexuales desde los 12 a los 15 años en los entrenamientos, en hoteles y en el coche del denunciado. Esta denuncia fue respaldada por su ex compañera Irene Martínez, quien declaró haber visto a Carballo abusar de Viseras una noche en un hotel de concentración. Gloria Viseras denunció los hechos en primer lugar ante el Consejo Superior de Deportes y ante la Policía Nacional. Carballo, que fue suspendido de su trabajo por el Consejo Superior de Deportes, fue acusado de trato vejatorio y abusos sexuales pero la justicia archivó el asunto al considerar que los delitos habían prescrito hacía cuatro años. El ex seleccionador nacional respondió presentando una demanda civil contra Viseras y Martínez, pidiendo a las dos ex gimnastas una indemnización de 50.000 euros, por una intromisión ilegítima en su derecho al honor.

  1. Tenía 25 años cuando este asunto llega a sus manos, ¿Qué supuso para usted que le confiaran un caso como este?

Pues llevaba no más de dos años de ejercicio, y aunque había tenido casos de relativa importancia en la Audiencia Provincial, con este encargo me enfrentaba sin duda a mi mayor reto profesional. Suponía por un lado un tremendo orgullo para mí, por contar conmigo para un caso tan importante para ellas, y una tremenda responsabilidad, sobre todo después de escuchar de primera mano, tras nuestro primer encuentro, todo el caso desde que los hechos ocurrieron a finales de los 70 hasta la actualidad, que fue cuando me di cuenta de que para ellas era un asunto muy personal y de gran relevancia pública al haber aparecido el caso en los medios.

  1. ¿Cómo planteó el caso?

En primer lugar, separé por un lado las acusaciones que se vertían respecto de las dos gimnastas cuya defensa era diferente a la del entrenador Llorens, al que se le demandaba por unas declaraciones hechas en el diario EL PAIS a raíz de la aparición del caso, donde manifestaba haber presenciado tocamientos a Gloria Viseras por parte de su compañero de profesión.

Por otro lado, consideré necesario para defendernos de las acusaciones de intromisión ilegítima al derecho del honor de Carballo vertidas sobre mis clientes, poner de relieve todos los testimonios que acreditaban los hechos denunciados en las diligencias policiales, así como a través de otros testigos y, en definitiva, mostrar a sus señorías y al Ministerio Fiscal todos las manifestaciones que acreditaban la existencia de los abusos, lo que suponía que había mucho más que una mera apariencia de veracidad de los hechos denunciados y que la causa penal se archivó por prescripción, no porque los hechos relatados fueran falsos.

A ello había que sumarle el principal problema jurídico que residía en ver qué derecho prevalecía en este caso, si el derecho al honor de la supuesta víctima o el derecho a la libertad de expresión de mis clientes y de libertad de información de los medios que publicaron esta noticia, lo que suponía un importante estudio, ya que la jurisprudencia es dispar en este tema, ateniéndose principalmente al caso concreto.

Fue una labor dura pero que por lo menos para mí, es mi parte favorita de la profesión, el estudio del caso y el planteamiento inicial de la defensa.

  1. Aunque en un primer momento el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Collado Villalba, Madrid dio la razón a las gimnastas en su sentencia de septiembre de 2015, desestimando la demanda de Carballo, la Audiencia Provincial tumbó la sentencia y condenó a sus clientes a pagar 10.000 euros por las “intromisiones ilegítimas en el honor del demandado. ¿Cómo reciben la noticia Viseras y Martínez?

Sin duda, fue un verdadero mazazo, las dos se quedaron destrozadas y más tras leer la Sentencia, donde se acogían a pequeñas contradicciones para entender que no se había probado la veracidad de los hechos, sin llevar a cabo un análisis para ponderar los intereses en conflicto.

Pero traté de animarlas acogiéndonos a la posibilidad de recurrir en casación ya que en mi opinión la sentencia se podía revocar.

  1. Decide recurrir en casación ante la Sala de lo Civil del Supremo, ¿Fue un desafío ajustar la extensión del mismo a las nuevas normas introducidas por la sala?

Me gusta que lo califique como desafío, porque coincide totalmente con lo que ocurrió. No había pasado tampoco mucho tiempo desde la aprobación del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, y no tenía acceso a ningún prototipo de recurso de casación en cuanto a su estructura, pero sin duda la mayor complicación para mí estaba en contar todo en sólo 25 folios, que justo en este caso había muchos puntos, aunque me centre en las que jurídicamente tenían un mayor interés casacional.

  1. ¿En torno a qué tres infracciones levantó el recurso de casación?

La primera fue a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial, en aras a distinguir entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información, ya que el canon de veracidad exigido es muy diferente entre un derecho y otro, y que a diferencia de la Sentencia de la Audiencia la libertad ejercitada por mis mandantes no fue libertad de información, como declaraba la Audiencia, sino la de expresión y por ello la ponderación entre ambos derechos no se había realizado correctamente.

El segundo de los motivos de interés casacional planteado era la singularidad de este caso concreto que viene derivado del archivo de una causa penal por prescripción, y con ello me remito a la segunda respuesta, ya que al final era un hecho importante sobre el que no existía jurisprudencia, y si bien había numerosos testimonios que compartían lo denunciado por Viseras y Martínez, ningún Juzgado había declarado a Jesús Carballo como culpable, ni lo contrario, no había pruebas suficientes de que los hechos denunciados fueran falsos y por tanto pudieran considerarse como una vulneración del derecho al honor de Jesús Carballo, cuando lo que se había contado eran unas vivencias personales sufridas.

Y el tercero, que para mí era el más importante y así termino siendo, versaba sobre la necesidad de ponderar los intereses en conflicto en el presente caso. Toda vez que la exigencia de veracidad aplicada por parte de la Audiencia era muy rigurosa, que a la postre resultó el motivo para la estimación del recurso por parte del Tribunal.

  1. ¿El ponente del caso se alineó con el tribunal de la Audiencia Provincial sobre la primera infracción?

Así es, además se denota de las manifestaciones del Tribunal una defectuosa técnica empleada por mi parte en ese motivo del recurso, pero desde un punto de vista global supone para mí una importante lección pues si bien, no comparto en ese aspecto la opinión del Tribunal no puedo negar que está muy bien fundamentado.

Por lo que, si bien me llevo un palo jurídico en ese motivo, luego conseguí levantarlo con el tercer motivo de interés casacional.

  1. Finalmente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo revocó la sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Madrid, dejándola “sin valor ni efecto”. ¿Qué fue más importante para sus clientes quedar libres de cargos o la gratificación porque dieran veracidad a los hechos denunciados, aunque hubieran prescrito los delitos?

Yo diría que fue un poco mezcla de ambos, pero lo más importante para los tres ha sido el conseguir hacer justicia y que no prosperase la demanda de Jesús Carballo. Y ya que no pudieron conseguir una pronunciación sobre el fondo del asunto en vía penal, sobre la veracidad o no de los hechos denunciados, que al menos la Justicia considerase que lo que habían relatado en los medios suponía la expresión de unas vivencias muy dolorosas y en ningún caso una falsedad que dañaba el honor del demandante.

  1. ¿Por qué considera que esta sentencia tiene en cuenta a las víctimas?

Hemos de tener en cuenta que la publicación de la sentencia coincidió con el caso de abusos sexuales cometidos por el Dr. Nassar a las gimnastas de EEUU, donde cabe decir que el delito por abuso sexual a menores de edad no prescribe, lo cual, sin duda, dio un mayor alcance mediático.

Pero sobre todo por lo expuesto al final de la sentencia donde habla de la importancia y la gravedad que tienen unos hechos de esta naturaleza, la necesaria protección que debe darse a las víctimas de abusos sexuales en el contexto de la enorme dificultad que supone probar plenamente unos hechos de esta índole.

  1. ¿Cómo se sintió al saber que había ganado un recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con 29 años?

Pues fue un día que jamás olvidaré ya que además me enteré del resultado de la sentencia por la prensa en primer lugar, a raíz del Boletín del Tribunal Supremo, y se estaban publicando varios artículos sobre ello, pero como abogado yo no quería creérmelo del todo hasta que no viera el fallo de la sentencia, por lo que fueron momentos de muchos nervios al principio, pero que finalmente se convirtieron en una tremenda alegría.

La conclusión con la que me quedo es que no debemos desistir de nuestras metas por la dificultad que pueden suponer, ya que con esfuerzo y trabajo puedes conseguir lo que te propongas, como ocurre igualmente cuando escalas una alta montaña, donde igualmente tienes que sortear numerosas dificultades, pero el placer de alcanzar la cima, o una sentencia favorable, es un gran motivo de orgullo y satisfacción.

  1. ¿Cómo valora la labor de sus compañeros en el Turno de Oficio?

En muchas ocasiones como auténticos héroes sin capa, que ejercen una labor por vocación muy sacrificada y mal pagada donde lo que se defiende y persigue es una justicia universal accesible a todos y tener una defensa en igualdad de condiciones.

Eso sí también pienso que es una profesión muy poco reconocida, a pesar de la importancia que tiene y que debe mejorarse el sistema y eliminar los retrasos en los pagos.

La presencia digital significativa, ¿solución a los retos de la economía digital?2018-06-07

Elizabeth Gil García
Profesora Ayudante Doctora del Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante.

Como se indicó en una anterior colaboración de este boletín, la Unión Europea ha puesto en marcha una reforma integral en materia del impuesto sobre sociedades que permita el gravamen sobre los beneficios digitales en el lugar en el que éstos se obtienen. Esta propuesta de Directiva, publicada el 21 de marzo de 2018, se basa en la presencia digital significativa o "significant digital presence" y viene a unirse a las diferentes iniciativas de la Comisión para asegurar un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz. De hecho, la propuesta para una Base Imponible Consolidada Común del Impuesto sobre Sociedades (BICCIS) es considerada como la solución para asegurar la justicia y eficacia de la tributación empresarial dentro de la Unión. Sin embargo, los retos de la economía digital no han sido recogidos en la misma, por lo que las reglas basadas en la presencia digital significativa deberían incluirse en la BICCIS.

El nexo que permite gravar en el Estado de la fuente las rentas obtenidas por un no residente es la existencia de una presencia física en aquél, esto es, la obtención de rentas mediante establecimiento permanente (EP). Ahora bien, en el caso de los servicios digitales, al no ser requisito para su prestación un "lugar fijo de negocios", las actuales normas no permiten el gravamen respecto de los mismos. En consecuencia, la Comisión considera necesario determinar una presencia digital significativa que permita el gravamen de estos nuevos modelos de negocios.

El objeto, por tanto, de esta propuesta de Directiva es extender el concepto de EP de forma que los Estados miembros puedan incluir a efectos del impuesto sobre sociedades la presencia digital significativa como el canal a través del que se realiza, en todo o en parte, un determinado negocio. Se establece, pues, un nuevo nexo imponible. Asimismo, se establecen los principios para la atribución de beneficios en base a esa presencia digital significativa.

La propuesta afecta a las entidades establecidas en la Unión Europea o en un tercer Estado cuando no exista Convenio de Doble Imposición (CDI) con el Estado miembro en el que se haya identificado una presencia digital significativa. En consecuencia, no se aplica si existe CDI, salvo que éste incluya una disposición similar sobre presencia digital significativa (en concreto, como los arts. 4 y 5 de la propuesta de Directiva). Precisamente, en este sentido, la Comisión recomienda que los Estados miembros negocien las adaptaciones necesarias en sus CDIs con terceros Estados para incluir la definición de una presencia digital significativa y normas de imputación de beneficios a la misma.

Se considera que existe presencia digital significativa en un Estado miembro si el negocio realizado consiste, en todo o en parte, en la prestación de servicios digitales a través de una interfaz digital y si una o más condiciones (del art. 4 de la propuesta de Directiva) se cumplen en relación a la prestación de esos servicios por la entidad que realiza ese negocio: (i) los ingresos procedentes de la prestación de servicios digitales a los usuarios en una jurisdicción superan los 7.000.000€; (ii) el número de usuarios de un servicio digital en un Estado miembro es superior a 100.000; (iii) el número de contratos entre empresas para servicios digitales es superior a 3.000.

De modo que la propuesta de la UE extiende el concepto de EP a la prestación de un servicio digital realizado a través de una interfaz digital cuando, al menos, una de esas tres condiciones se cumplan. Ahora bien, ¿la prestación de servicios digitales es un generador de valor por sí solo? Éstos son definidos como aquellos servicios prestados a través de Internet o de una red electrónica y que están esencialmente automatizados y requieren una intervención humana mínima. No parece que el mero hecho de prestar un servicio por medios electrónicos implique necesariamente la creación de valor. La propia propuesta de Directiva, en su art. 2, señala que los servicios digitales no incluirán la venta de bienes u otros servicios facilitados por el uso de Internet o una red electrónica. Por lo tanto, ¿dónde radica la generación de valor?

La Comisión señala que los ingresos, el número de usuarios y el de contratos son criterios que permiten determinar la "huella digital" ("digital footprint") de un negocio en una jurisdicción, debiendo reflejar la dependencia de las empresas digitales de una gran base de usuarios; la participación y contribuciones del usuario; y, el valor creado por los usuarios para estas empresas. Coincidimos en que la participación de los usuarios representa un importante factor en la creación de valor de las empresas digitales. Pensemos, por ejemplo, en las contribuciones e interrelaciones generadas por los usuarios en determinadas plataformas como las redes sociales o aquéllas que prestan un servicio de intermediación permitiendo a los usuarios conectar entre sí. Llama la atención que la propuesta de Directiva pueda considerar el número de usuarios como único indicador de la participación de los usuarios y el valor creado por los mismos. De hecho, la Comisión ha reconocido que, dada la heterogeneidad de los modelos digitales de negocio, la mayor o menor base de usuarios no implica necesariamente una mayor o menor contribución de los usuarios en la generación de valor.

Podemos afirmar, pues, que la participación de los usuarios es un elemento clave en la generación de valor. Sin embargo, ¿cómo genera valor a los modelos de negocios digitales esa participación? Lógicamente, el valor derivado de la participación de los usuarios dependerá del modelo de negocio por lo que habría que preguntarse: ¿en qué medida la participación de los usuarios genera valor a ciertos negocios digitales? En este sentido, cabe destacar el informe publicado por el Reino Unido, el cual incide especialmente en la participación de los usuarios como un generador de valor para determinadas empresas digitales e indica que ello debe ser considerado en las normas de reparto de la potestad tributaria entre Estados. En concreto, este informe señala cuatro posibles canales a través de los cuales los usuarios generan valor: (i) la generación de contenido (por ejemplo, un post); (ii) el compromiso con la plataforma mediante, por ejemplo, la interacción con otros usuarios; (iii) la generación de redes de contactos a partir de las interrelaciones de los usuarios; y, (iv) la contribución a la marca y a su reputación. 

Considerada la participación de los usuarios como un generador de valor, se hace necesario fijar éste (esto es, ¿cómo se cuantifica el valor resultante de la participación de los usuarios?) para después  determinar los beneficios que el valor generado reporta a ciertos negocios digitales. El art. 5 de la propuesta de Directiva, bajo la rúbrica "beneficios imputables a la presencia digital significativa o en relación con la misma", señala que son imputables aquellos beneficios que la presencia digital debería haber percibido de haber sido una empresa separada e independiente que lleve a cabo actividades idénticas o similares, en condiciones idénticas o similares. Esta imputación de beneficios se basa en un análisis funcional, siendo la realización de actividades económicas a través de la interfaz digital las que van a permitir determinar las funciones de ese "EP virtual". La propuesta de Directiva recoge, en su art. 5.5., un listado de carácter abierto de actividades significativas. Por ejemplo, la venta de espacio publicitario en línea o la recogida y venta de datos a nivel de usuario. Sin duda, los datos representan un importante valor para las empresas digitales. No obstante ello, la mera recogida de datos no implica, como señala el Reino Unido en su paper, una participación de los usuarios en la generación de valor para un negocio digital. Como es lógico, el tratamiento o la venta de los datos sí puede estar generando un valor añadido a una determinada empresa digital. Ahora bien, ¿cabe entender que, conforme al art. 5.5 de la propuesta de Directiva, la (mera) recogida de datos implica la realización de una actividad económica significativa a través de la cual atribuir beneficios al "EP virtual"?  

Dado el valor generado por los usuarios en determinados negocios digitales, parece lógico que, a fin de asegurar que los beneficios sean gravados en aquel lugar en el que se produce la creación de valor, se revisen las actuales normas internacionales. Sin embargo, no parece, a nuestro juicio, que la actual configuración de la presencia digital significativa vaya a asegurar el gravamen allí donde el valor ha sido creado. Consideramos más acertada la posición británica que parte del reconocimiento de la participación de los usuarios como un generador de valor y se inclina por posibles cambios en el Modelo Convenio de la OCDE (por ejemplo, de los arts. 5, 7 y 9 MC OCDE) a fin de que el valor creado por los usuarios sea considerado por las normas internacionales.

Por todo ello, ¿es la presencia digital significativa la solución que estábamos esperando?

El Tribunal Supremo avala el límite de una licencia de VTC por cada 30 de taxi para asegurar el mantenimiento de éste como servicio de interés general2018-06-06
La Sala Tercera anula el requisito de que las empresas de VTC dispongan de una flota mínima de siete vehículos

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha avalado la imposición de limitaciones a la actividad de las VTC, siempre que sean necesarias y proporcionadas, como forma de garantizar el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano, para asegurar el mantenimiento del servicio del taxi como un servicio de interés general. Así, el tribunal considera ajustado a derecho y no discriminatorio el límite de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, así como la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80 por ciento de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización.

Por el contrario, el tribunal da la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y a las plataformas Uber y Unauto, en el requisito impuesto a las empresas de VTC de que dispongan al menos de una flota de siete vehículos dedicados a dicha actividad, ya que excluiría a los pequeños empresarios de su ejercicio sin razón de interés general o necesidad que lo justifique. Por ello, anula tal limitación.

Los magistrados recogen estos criterios en la sentencia que resuelve los recursos de la CNMC, Uber, Unauto y Maxi Mobility Spain (Cabify) contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y que estableció las referidas restricciones a la actividad de VTC. En la posición contraria, que respaldaba el Decreto, estaban la Administración del Estado, numerosas federaciones del taxi, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o la Asociación Española de la Economía Digital.

En primer término, la Sala rechaza declarar la pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso derivada de la aprobación por el Gobierno, después de celebrarse la vista de los recursos en el Tribunal Supremo (el pasado 17 de abril) del Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Señala que la revisión jurisdiccional de legalidad del Real Decreto impugnado no puede ser evitada por la aprobación del Real Decreto-Ley porque durante el periodo de vigencia (de 2 años y 5 meses) de los preceptos del primero, ahora derogados, han podido originar efectos que pudieran verse afectados por una eventual declaración de ilegalidad de los mismos.

El Supremo examina si las limitaciones del Real Decreto de noviembre de 2015 incumplen prohibiciones contenidas en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado o el ordenamiento europeo, como sostenían los recurrentes, quienes alegaban que no estaban amparadas por una razón imperiosa de interés general, eran desproporcionadas y discriminatorias, y por su carácter económico o finalidad de planificación del sector.

Proporción 1/30 VTC-Taxi y 80% servicios en el territorio de la autorización

Sobre la limitación de licencias VTC en relación al número de taxis, el Supremo destaca que “una vez admitida la justificación de preservar un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano a fin de asegurar una modalidad como la del taxi, la previsión de una proporción entre el número de licencias es sin duda medida idónea y proporcionada, sin que parezca fácil arbitrar una medida alternativa que pudiera ser menos restrictiva ni corresponda hacerlo en esta Sala”.

En cuanto a la concreta proporción de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, admite que la Administración no ha ofrecido una justificación razonada a esas cifras, pero considera que es ajustada a derecho y no discriminatoria, ya que los recurrentes tampoco han planteado una posible alternativa a la misma, y además se trata de un límite máximo y que puede ser rebajado por las administraciones competentes, permitiendo que haya más de una licencia VTC por cada 30.

La Sala también acepta la restricción de que el 80 por ciento de los servicios de VTC deban desarrollarse en el ámbito territorial de la comunidad autónoma donde está domiciliada su autorización. Esta limitación, señala el tribunal, tiene la finalidad de evitar que la utilización de autorizaciones de VTC en localidades de otras comunidades autónomas se convierta en una forma fraudulenta de incumplir la regla de la proporcionalidad. En cualquier caso, señala que en este punto tampoco la Administración ni la CNMC han justificado las razones de la proporción elegida (en el caso del Gobierno) o de la que sería adecuada (por los recurrentes).

En cuanto a los requisitos materiales relativos a los vehículos, la Sala tampoco estima el recurso de la CNMC al entender que también se exigen medidas análogas al servicio del taxi para asegurar los niveles de calidad y seguridad en los mismos.

Flota mínima de siete vehículos

Por el contrario, la Sala estima de forma parcial el recurso de la CNMC, de Uber y de Unauto, y anula por ser contraria a derecho la exigencia de una flota mínima de siete vehículos a las empresas que se dedican a esta actividad por entender que constituye una limitación a la actividad de VTC que excluye a pequeños empresarios del ejercicio de la misma y que carece, sin embargo, de una razón de interés general o de necesidad que la justifique.

La sentencia explica que el Real Decreto impugnado no obliga a tener una flota mínima de siete vehículos destinados al ejercicio de la actividad de VTC sino que, “simplemente, obliga a disponer de uno o más vehículos en las condiciones reglamentarias que se determinen, esto es, simplemente a disponer al menos de algún vehículo destinado a la actividad para la que se solicita autorización”. Para el tribunal, este requisito resulta por completo irrelevante desde la perspectiva de dicha razón de interés general, pues el equilibrio entre taxis y VTC no se ve ni favorecido ni perjudicado por esta exigencia ni tampoco lo justifica la seguridad de las transacciones comerciales.

Tampoco resultan convincentes para el tribunal las razones recogidas en la memoria de impacto normativa que se refieren a que dicha exigencia supone una mejor protección de los derechos de los usuarios o incrementa la seguridad de las transacciones financieras, ni por qué se iba a producir una constante aparición y desaparición de microempresas y por qué, de producirse tal circunstancia, se oscurecería la seguridad jurídica y económica en las relaciones comerciales. “Se trata de afirmaciones apodícticas carentes de explicación y que resultan desmentidas, por cierto, por la existencia de numerosos taxistas que son titulares exclusivamente de su licencia, sin que ello haya ocasionado tan perniciosas consecuencia”, subraya la Sala.

La Audiencia Nacional confirma libertad para una investigada relacionada con los Comités de Defensa de la República por desórdenes públicos durante la Semana Santa 2018-06-06
La Sala considera que los indicios no revisten la gravedad necesaria para adoptar la medida de prisión

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la libertad provisional con medidas cautelares acordada por el juez Diego de Egea respecto de T.C., a la que el juez atribuye un delito de desórdenes públicos por su relación con los actos llevados a cabo durante la pasada Semana Santa por los denominados Comités de Defensa de la República (CDR).

En un auto, los magistrados desestiman el recurso presentado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que pedía que se acordara la medida cautelar de prisión provisional o, subsidiariamente, eludible con la imposición de una fianza por diversos delitos con la finalidad del artículo 573 del Código Penal (terrorismo).

La resolución reproduce los argumentos del juez instructor para dejar en libertad a la detenida como investigada por un delito de desórdenes públicos, así como los de la Fiscalía para ordenar su ingreso en prisión.

Los jueces explican que en este procedimiento se investigan concretamente las acciones realizadas entre el 26 de marzo y el 2 de abril que se describen en el atestado como cortes de carretera, manifestaciones (como rodear simbólicamente la estación de Sants en Barcelona) y el levantamiento de barreras durante unas horas en algunos peajes.

En este punto, advierte la Sala, en orden a resolver únicamente sobre la situación personal de la investigada -“sin pronunciarse en este momento procesal sobre la calificación definitiva que pudiera revestir los hechos tras la completa instrucción de la causa”-, considera que los indicios no revisten la gravedad necesaria para adoptar la medida de prisión. A su juicio, existen medidas alternativas como las acordadas por el instructor, poniendo de relieve, dicen, “que la investigada ha cumplido escrupulosamente las medidas y restricciones a su libertad de deambulación acordadas”.

Además, apunta el Tribunal, la investigada carece de antecedentes penales, tiene trabajo y domicilio conocido, familia en la zona de Barcelona y no consta que disponga de medios ni contactos internacionales idóneos para escapar de la acción de la administración de justicia, por lo que no presenta riesgo de fuga.

El concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de libertad de residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo2018-06-06

Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio

El Sr. Relu Adrian Coman, nacional rumano, y el Sr. Robert Clabourn Hamilton, nacional estadounidense, convivieron durante cuatro años en Estados Unidos antes de contraer matrimonio en Bruselas en 2010. En diciembre de 2012, el Sr. Coman y su esposo solicitaron a las autoridades rumanas que se les informase del procedimiento y de los requisitos con arreglo a los cuales el Sr. Hamilton podía, en calidad de miembro de la familia del Sr. Coman, obtener el derecho a residir legalmente en Rumanía por un período superior a tres meses. Esta solicitud se basaba en la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación, [1] que permite al cónyuge de un ciudadano de la Unión que ha ejercido dicha libertad reunirse con él en el Estado miembro en el que éste reside.

En respuesta a la citada solicitud, las autoridades rumanas informaron a los Sres. Coman y Hamilton de que a este último únicamente le correspondía un derecho de residencia de tres meses, debido, concretamente, a que en Rumanía no podía ser considerado «cónyuge» de un ciudadano de la Unión, ya que dicho Estado miembro no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo («matrimonios homosexuales»).

Los Sres. Coman y Hamilton interpusieron entonces recurso ante los tribunales rumanos con el fin de que se declarase la existencia de una discriminación por razón de la orientación sexual respecto al ejercicio del derecho a la libre circulación dentro de la Unión. La Curtea Constituţională (Tribunal Constitucional, Rumanía), que conoce de una cuestión de inconstitucionalidad planteada en el marco de dicho litigio, pregunta al Tribunal de Justicia si el Sr. Hamilton está comprendido en el concepto de «cónyuge» de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su libertad de circulación y si, en consecuencia, debe concedérsele un derecho de residencia permanente en Rumanía.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación únicamente regula los requisitos de entrada y residencia de un ciudadano de la Unión en Estados miembros distintos de aquel del que es nacional, y no puede servir de fundamento a un derecho de residencia derivado en favor de los nacionales de terceros Estados, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro del que éste es nacional. Así pues, la Directiva no permite fundamentar un derecho de residencia derivado en favor del Sr. Hamilton en Rumanía, Estado miembro del que es nacional el Sr. Coman. Sin embargo, el Tribunal de Justicia recuerda que, en determinados casos, los nacionales de terceros Estados, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, que, en virtud de las disposiciones de la Directiva, no pueden disfrutar de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro del que es nacional ese ciudadano, pueden obtener el reconocimiento de ese derecho sobre la base del artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (disposición que confiere directamente a los ciudadanos de la Unión el derecho fundamental e individual de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros).

[1] Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28).

El Tribunal de Justicia señala a continuación que los requisitos de concesión de este derecho de residencia derivado no deben ser más estrictos que los establecidos por la Directiva para la concesión de ese derecho de residencia a un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho de libre circulación estableciéndose en un Estado miembro distinto de aquel del que es nacional.

El Tribunal de Justicia indica que, en el contexto de la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación, el concepto de «cónyuge», que designa a una persona unida a otra mediante el vínculo matrimonial, es neutro desde el punto de vista del género, por lo que puede incluir al cónyuge del mismo sexo del ciudadano de la Unión. El Tribunal de Justicia precisa, no obstante, que el estado civil de las personas, en el que se incluyen las normas relativas al matrimonio, es una materia competencia de los Estados miembros, no restringida por el Derecho de la Unión, de modo que los Estados miembros disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio homosexual. Señala asimismo que la Unión respeta la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las estructuras políticas y constitucionales fundamentales de éstos.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que la negativa de un Estado miembro a reconocer, únicamente a efectos de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, el matrimonio de éste con un ciudadano de la Unión del mismo sexo, contraído legalmente en otro Estado miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho de ese ciudadano a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esto supondría que la libertad de circulación variaría de un Estado miembro a otro en función de las disposiciones de Derecho nacional que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Dicho esto, el Tribunal de Justicia recuerda que la libre circulación de personas puede estar sometida a restricciones independientes de la nacionalidad de los sujetos afectados, siempre que tales restricciones se basen en consideraciones objetivas de interés general y sean proporcionadas al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional.

A este respecto, el orden público, que se invoca en el presente asunto como justificación para restringir el derecho a la libre circulación, debe interpretarse en sentido estricto, de manera que su alcance no pueda ser determinado unilateralmente por cada Estado miembro, sin que medie control por parte de las instituciones de la Unión. La obligación de un Estado miembro de reconocer un matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho de este último Estado, con el fin exclusivo de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, no afecta negativamente a la institución del matrimonio en el primer Estado miembro. En particular, esa obligación no impone a dicho Estado miembro el deber de contemplar la institución del matrimonio homosexual en su Derecho nacional. Además, la citada obligación de reconocimiento con el fin exclusivo de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado no atenta contra la identidad nacional, ni amenaza el orden público del Estado miembro concernido.

Por último, el Tribunal de Justicia recuerda que una medida nacional que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas sólo puede justificarse si es conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al estar garantizado el derecho al respeto de la vida privada y familiar en el artículo 7 de la Carta, el Tribunal de Justicia señala que también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta que la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de «vida privada» y en el de «vida familiar» del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Audiencia Nacional reconoce por primera vez un incremento salarial ligado a las cuentas de una segunda empresa2018-06-05

La empresa Eltec, en su día perteneciente al grupo T-Systems y hoy ligada a ella a través de contratos para servicios, ha sido condenada por la Audiencia Nacional a pagar a más de 100 trabajadores y trabajadoras, un variable económico dependiente de las cuentas de T-Systems y que se sitúa en torno a 1.000 euros de media por afectado.

En 2012, la empresa practicó una reducción salarial a toda la plantilla, que tenían derecho a recuperar si se cumplían ciertos parámetros. Estos parámetros iban ligados a cuentas y presupuestos tanto de Eltec como de T-Systems. En el caso de los ligados a Eltec, esos resultados no se cumplieron, pero sí en lo referente a los presupuestos positivos de T-Systems.

La Audiencia Nacional reconoce ahora, tras denuncia de la Federación de Industria de USO contra la empresa y contra los sindicatos CCOO y UGT, que Eltec debe abonar ese 25% de recuperación de salario ligado a las cuentas de T-Systems, aunque la empresa demandada ya no forme parte del mismo grupo que T-Systems ITC Iberia.

En los hechos probados, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional destaca que “en lo que respecta al 25% indexado al presupuesto de ITC, si se alcanza por dicha sociedad el resultado antes de impuestos presupuestado anualmente por la misma (…), se procedería a la distribución del 25% de la reducción salarial pactada (…) entre los afectados”. También considera probado que en 2015 el Grupo vende T-Systems Eltec, pero “el acuerdo de reducción salarial alcanzado el 29-10-2012 continúa aplicándose actualmente en Eltec IT Services SL.

Este pago anual de 2016 tiene exactamente la misma redacción para el pasado 2017 y futuros años, por lo que, una vez que la sentencia sea ratificada por el Tribunal Supremo, las cuentas positivas de T-Systems darán lugar a ese pago, y así sucesivamente.

Eltec IT Services es una compañía enfocada en la prestación de soluciones y servicios tecnológicos para la gestión, instalación, despliegue, soporte y mantenimiento de equipamiento y de infraestructuras TIC, cuenta con seis sedes principales repartidas en Comunidad de Madrid, Barcelona, Valencia y Euskadi, y más de 60 puntos de servicio, en todas las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. Los más de 200 afectados, con contrato en vigor en el citado 2012, están repartidos por todas ellas.

El TSJCyL confirma la anulación de convocatoria de la Diputación de Salamanca denunciada por USO2018-06-05

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado la apelación de la Diputación Provincial de Salamanca y ha reafirmado, con más dureza aún en sus conclusiones, la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Salamanca que declaraba nula la convocatoria para cubrir el puesto de trabajo de Coordinador de Servicios del Área de Bienestar Social. La sentencia condena en costas a la Diputación de Salamanca.

La convocatoria impugnada establecía que, para la provisión de este puesto, podrían participar en la convocatoria personal funcionario de carrera del grupo A2/B de cualquier Administración Pública.

La sentencia dictada por el TSJ de Castilla y León clarifica que en la Diputación de Salamanca no existe el grupo B; que los puestos abiertos a otras administraciones publicas están condicionados a un convenio de reciprocidad y que, asimismo, deben figurar en la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Diputación.

Tanto USO como CCOO han intentado por todos los medios solucionar esta cuestión por la vía del diálogo, de la negociación, pero la actitud del equipo de gobierno no ha dado lugar a otra vía que solicitar el amparo de la justicia.

Desde USO, deseamos que esta sentencia haga reflexionar sobre la política de recursos humanos de la Diputación y llame a los sindicatos a una mesa de diálogo para paralizar la actividad de las causas pendientes en los tribunales.

La Audiencia Provincial de Málaga acuerda la tenencia compartida de un perro tras una ruptura de pareja2018-06-05

La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado una Sentencia en donde se acuerda la tenencia compartida de una perrita de raza Pomerania, que tras la ruptura de la pareja, fue arrebatada de las manos de su copropietaria.

Tras más de 10 años de convivencia y una vez rota la relación, el demandado abandonó el domicilio donde había convivido la pareja, dejando al cuidado de la demandante a la perrita y desentendiéndose por completo del animal.

Cuatro años después de la ruptura, el demandado decidió llevarse a la perra consigo a más de 400 km del que había sido su domicilio e impidiendo desde ese momento a la demandante mantener cualquier contacto con el animal, todo ello amparándose en el hecho de que tanto en el Registro de Animales de Compañía como en las cartillas sanitarias de la perra, él era el único propietario.

El Juzgado de Antequera desestimó inicialmente la demanda interpuesta en donde se solicitaba la tenencia compartida del animal, entendiendo que pertenecía exclusivamente al demandado. Fue finalmente la Audiencia Provincial de Málaga, la que en apelación, concede la tenencia compartida de la perra, entendiendo que la relación afectiva mantenida entre la recurrente y el perro durante más de siete años, ampara la creencia de la cotitularidad de la mascota, y que esa relación afectiva tan intensa merece tutela jurídica.

La Sala acuerda por tanto la tenencia compartida del animal por periodos iguales de convivencia de 6 meses cada litigante.
Es la primera vez que una Audiencia Provincial se pronuncia en este extremo, siendo ésta la cuarta sentencia en España que acuerda la tenencia compartida de un perro.

Es una Sentencia trascendente en esta materia, ya que confirma que tras la reforma y actualización del Estatuto jurídico del animal que se está tramitando en España, los animales dejan de ser considerados como “cosas”, para ser considerados como seres vivos dotados de sensibilidad, debiendo el juez tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal atendiendo prioritariamente a su bienestar.

Ahora esta perrita puede disfrutar finalmente de la compañía de cada uno de sus dueños, como hacía antes de producirse la ruptura de la relación que éstos mantenían, porque no son cosas, son seres vivos con sentimientos y emociones, que crean vínculos afectivos muy fuertes con las personas que los cuidan y con quienes conviven, y sería

Tres de cada cuatro mujeres asesinadas por violencia de género en 2016 no habían presentado denuncia previa2018-06-04

En diez de las treinta y ocho sentencias dictadas por tribunales de Jurado y por las Audiencias Provinciales en el año 2016, relativas a homicidios y/o asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, consta la existencia de denuncias previas por violencia de género, según el Informe del Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial.

El Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que preside la vocal del CGPJ, Ángeles Carmona, ha aprobado en su reunión de hoy el Análisis sobre las sentencias dictadas en el año 2016, relativas a homicidios y/o asesinatos entre los miembros de la pareja o expareja y de menores a manos de sus progenitores.

El Grupo de expertos ha analizado 38 sentencias de crímenes por violencia de género, 10 sentencias de casos de muertes por violencia doméstica y 5 sentencias en procesos por asesinato de menores a manos de sus progenitores.

El Análisis de las sentencias por feminicidio dictadas por los órganos judiciales en el año 2016 constata el incremento de denuncias previas en los crímenes de género respecto al año anterior, aunque la cifra apenas alcanza el 26 por ciento del total.

El Grupo de Expertos indica que en el porcentaje del 74 por ciento de sentencias por feminicidio donde no constan denuncias previas, “a buen seguro había malos tratos no denunciados y que fueron ocultados”.

El Informe señala que es preciso fomentar la mejora en la información a todos los agentes implicados en Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y organismos centrales para que las víctimas conozcan sus derechos y los recursos a su disposición. También se incide en la necesidad de mejorar los canales de detección de riesgo en mujeres que acuden a centros sociales a recabar ayudas y no desean denunciar, y en hacer hincapié en los programas de información, prevención y mecanismos de protección a niños/as y adolescentes.

Incremento de la media de edad de las víctimas

 La media de edad de las víctimas de feminicidio en las sentencias dictadas en 2016 fue de 40 años, incrementándose respecto de 2015, en el que había sido de 32 años. Ninguna de las víctimas era menor de edad y la más joven tenía 20 años.

El Grupo de Expertos aboga por reforzar programas de información y sensibilización en los centros educativos, a fin de mejorar la prevención y protección de los/las jóvenes. También considera necesario fortalecer el apoyo a personas mayores en situación de dependencia, pues cada año se registran feminicidios de mujeres mayores a cargo de sus parejas masculinas.

Agravantes y atenuantes

 La agravante de parentesco fue la más aplicada, ya que así se recoge en el 92 por ciento de los casos de muertes por violencia de género, en un 52 por ciento en los casos de violencia doméstica y en el total de las sentencias dictadas cuando la víctima era un o una menor.

También han sido aplicadas agravantes de abuso de superioridad, reincidencia, alevosía y ensañamiento.

En cuanto a atenuantes, el trastorno o afectación mental fue apreciado en apenas un 10 por ciento de los casos, lo que demuestra la nula o reducida influencia de las disfunciones mentales en los crímenes de violencia de género. No fue apreciada esta atenuante en ningún supuesto de violencia doméstica y en un caso se aplicó como eximente completa en sentencias de menores, al apreciarse que la madre padecía esquizofrenia paranoide.

Sólo en una de las sentencias dictadas en 2016, se apreció la atenuante por consumo de alcohol y/o drogas, mientras que en el resto de procedimientos, en los que fue solicitada dicha atenuante por las defensas, no quedó demostrado que la adicción o ingesta disminuyera o anulara la capacidad de discernimiento del acusado.

Aumentó el número de muertes conexas en violencia de género

En los casos de violencia de género, y en conexión con el feminicidio, se registraron, según el Análisis de las sentencias de 2016, siete víctimas, cuatro de ellas mortales, de las que dos eran menores de edad, hijos de la pareja.

Según se recoge en las sentencias, ocho menores presenciaron el crimen de su madre y un total de 64 hijos/as -38, menores de edad-  debían recibir indemnización por responsabilidad civil.

El Grupo de Expertos señala que “son muchos los estudios que demuestran que haber sido testigo o víctima directa de las agresiones tiene consecuencias devastadoras para la salud psicológica de los menores”, por lo que incide en la necesidad de fortalecer los servicios sociales y sanitarios para la detección temprana y para la mejor protección y atención de los menores.

Incremento de los reconocimientos de hechos y entrega del autor

 En los casos de violencia de género, el Grupo de Expertos alerta del preocupante porcentaje de la entrega voluntaria del autor (un 40 por ciento) superior al registrado en las sentencias de años anteriores. Como ha venido incidiendo en otras ocasiones, propone valorar la supresión del beneficio penal de la atenuante prevista en el artículo 21 del Código Penal.

El Grupo de Expertos señala que en los delitos de asesinato u homicidio donde no existe relación de pareja, apenas se produce la circunstancia de que se entregue el autor del crimen. Ello demuestra “el tratamiento diferenciador que deben tener los estudios y medidas legales a adoptar en los crímenes de violencia de género”.

 Ausencia de impunidad

 De las 38 sentencias dictadas por feminicidio recayó fallo condenatorio en 37. De ellas, 30 fueron por asesinato y 7 por homicidio, lo que evidencia para el Grupo de Expertos, una especial agravación de los hechos, concretada en una mayor preparación de los mismos y en una mayor agresividad en su ejecución. La pena media privativa de libertad impuesta fue superior a 17 años.

La mayor parte de los homicidios o asesinatos de violencia de género que han dado lugar a las 37 sentencias condenatorias en 2016, son motivados por una relación de dominio del agresor varón, bien habiendo ejercido malos tratos sobre la víctima mortal con anterioridad, bien porque no admite que la víctima desee dejar la relación y salir de su esfera de control.

En materia de violencia doméstica, en un 40 por ciento de los casos, los hechos fueron calificados como asesinato, con una pena media privativa de libertad ligeramente superior a 12 años. Cuando la víctima fue menor de edad, todos los casos fueron calificados como asesinato y la pena media impuesta fue de 20 años.

Sentencias de violencia de género en el ámbito del Convenio de Estambul

 En este estudio se incluye por primera vez el análisis de 9 sentencias dictadas por homicidio y/o asesinato de una mujer a manos de un varón con el que no mantenía una relación de afectividad o parentesco, en los que el género de la víctima era lo que la hacía vulnerable.

Entre estos casos se encuentran, por ejemplo, supuestos de feminicidio no íntimo, consiguientes a agresiones sexuales, crímenes sucedidos en el ámbito del ejercicio de la prostitución y homicidios o asesinatos ocurridos en situaciones de robo con violencia. La relación entre víctima y autor del crimen es muy variable, contemplándose casos de compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, amigos, y otros supuestos en los que no pudo acreditarse la existencia de relación alguna.

En su Informe el Grupo de Expertos recuerda que en el Pacto de Estado contra la violencia de género se contiene una medida referida a la agravante de género y es la de recomendar la aplicación de la circunstancia 4ª del artículo 22 del Código Penal en todos aquellos casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos machistas o discriminatorios hacia la mujer en los casos de agresión sexual y abuso de los artículos 178 a 183 bis del Código Penal.

Ante la dificultad de apreciar la motivación de género en estos casos, se hace necesario, en opinión del Grupo de Expertos, “profundizar en los patrones de los hechos, las motivaciones y circunstancias concurrentes para poder ofrecer unos indicadores que permitan facilitar la apreciación de la agravante de género”.

Puede consultar el informe completo pinchando AQUÍ

La Audiencia Nacional condena por atentado a la autoridad a penas de entre 2 y 13 años de prisión a los acusados de agredir a dos guardias civiles en Alsasua2018-06-04
El tribunal considera que no ha quedado acreditada la finalidad terrorista de la acción

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 2 y 13 años de prisión por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas a los ocho acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus novias ocurrida la madrugada del 15 de octubre de 2016, en la localidad navarra de Alsasua.

El tribunal considera probado que fue el acusado Jokin U., condenado a 12 años de prisión, quien inició los actos de hostigamiento a los dos guardias civiles y sus parejas, secundado por Ohian A., condenado a 13 años de prisión, y Jon A.C., condenado a 9 años de cárcel. También resultan condenados a 9 años Julen G. y Aratz U.; mientras que Adur R. ha sido condenado a 12 años e Iñaki A. a 13 años.

Excepto Ainara U., que resulta condenada por delito de amenazas y desórdenes públicos a dos años de prisión, el resto de los acusados lo han sido por los delitos de atentado a los Agentes de Autoridad y lesiones. En el caso de Iñaki A. y Ohian A. se les condena también por desórdenes públicos.

Por vía de responsabilidad civil deberán indemnizar al teniente en 9.200 euros por lesiones; al sargento en 3.750 euros y a sus novias en 6.100 euros a cada una por las lesiones. Además, por las secuelas y daños morales, la Sala fija 45.000 euros para la novia del teniente y 25.000 euros para la novia del sargento.

El tribunal aprecia las agravantes de abuso de superioridad y de odio y considera probado que los acusados actuaron movidos por la animadversión y menosprecio hacia la Guardia Civil y por motivos claramente ideológicos, pero entiende que no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA.

No obstante, ante la gravedad de las conductas, la Sala impone las penas más altas previstas para estos delitos porque “no puede permitirse que en el siglo XXI, y en un Estado democrático y de derecho, se prive a unas personas, solamente porque tengan la condición de Guardias Civiles, y a sus novias, de poder moverse en libertad por la localidad de Alsasua, y que solamente pueden acudir a determinados lugares y no pueden salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión”.

La sentencia, cuya ponencia ha recaído en el magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, relata cómo la madrugada del 15 de octubre los dos guardias civiles, acompañados por sus parejas fueron al bar Koxka de Alsasua con la intención de tomar unas consumiciones. Uno de ellos, el teniente, al dirigirse a los baños, fue interceptado por uno de los acusados; Ohian A., que le increpó llamándole “madero”.

“Esto es lo que os ha pasado por bajar al pueblo”

La sentencia relata cómo desde ese momento se fue incrementando la tensión en el interior del bar, hasta que las 4 víctimas fueron rodeadas por un grupo de unas 25 personas que les increpaban para que se fueran, con expresiones como “os vamos a matar por ser guardias civiles” “ hijos de puta” “ pikoletos”, “ cabrones” o ”txakurras”. Ante los golpes y patadas, los cuatro intentaron salir del establecimiento, “haciéndose como una especia de “pasillo” por donde pasaron los denunciantes y eran agredidos por los acusados antes mencionados que propinaban todo tipo de golpes, patadas y puñetazos, así como por otro número importante de individuos que se iban congregando y que no han llegado a ser identificadas totalmente”.

La pelea continuó en la calle, hasta que llegó una patrulla de la Policía Foral de Navarra. La situación de crispación y violencia llegó a un nivel tan elevado que los dos policías forales temieron por su integridad física y tuvo que acudir la Unidad de Intervención de Antidisturbios de la Policía Foral. El teniente permanecía inmóvil en el suelo porque una de las patadas le produjo la rotura de la tibia y el peroné.
La sentencia describe cómo una de las acusadas, Ainara U. dirigiéndose a la novia del sargento y con el dedo en alto, en tono intimidatorio le dijo: “esto os ha pasado por bajar al pueblo, cada vez que salgáis os va a pasar lo mismo".

Notabilísima gravedad de los hechos, pero no terrorismo

Después de las pruebas practicadas en el juicio y especialmente después de escuchar el testimonio de las cuatro víctimas, que califica de “claro, rotundo, contundente y coincidente”, el tribunal concluye que ha quedado acreditado que aquella noche los acusados no sólo eran conscientes de que el teniente y el sargento pertenecían a la Guardia Civil, sino que actuaron guiados “por su clara animadversión y desprecio hacia la Guarida Civil y por motivos claramente ideológicos intentando expulsar a dicho estamento de la localidad de Alsasua”.

Ha quedado patente, según la Sala, el sentimiento contrario de los procesados hacia la Guardia Civil como institución “pues no se entiende que agredieran de esa manera a dos Guaridas Civiles y a sus parejas cuando aquellos llevaban trabajando en la casa cuartel, escasamente uno de ellos un año y el otro apenas veinte días”.

La Sala rechaza el argumento de las defensas de que los hechos juzgados constituyeron “una pelea de bar o un pequeño incidente o discusión”. Tanto en el interior del bar , como en el exterior, señala el tribunal, “la actitud de brutalidad adoptada por los acusados, el hecho de que las víctimas no fueran auxiliadas por ninguna persona presente en ese momento, tan solo el dueño del bar Koska salió para ver si los hechos habían sido dentro o fuera y ofrecer su chaqueta a uno de los agredidos, el clima de violencia verbal de insultos, amenazas directas, etc… incluso después de que llegara una Patrulla de la Policía Foral a auxiliar a los agredidos, denota que no se trató, sin más de lo que podríamos denominar un simple altercado, o como se dice vulgarmente, una pelea de bar”. Sin embargo y pese a la “notabilísima gravedad de los hechos”, el tribunal considera que no han quedado plenamente acreditados los requisitos que recoge la jurisprudencia para condenar por delito de terrorismo.

Así, no se ha probado el requisito de la “finalidad” ni de que los acusados hubieran asumido en aquella época los postulados de la banda terrorista, ni consta en autos su vinculación directa ni pertenencia a la misma y por lo tanto no resulta probado que con sus acciones tuvieran la intención de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública o provocar el terror en la gente, tal y como se requiere para condenar por terrorismo. La Sala ha tenido en cuenta la edad de los acusados, que eran menores de edad cuando ETA anunció el abandono de la lucha armada.

La Sala da por probada la vinculación de algunos de los acusados al movimiento denominado “Ospa”, en el que subyace un propósito claro de alimentar el clima contrario y de rechazo a la guardia Civil, con el fin de que abandone el País Vasco y Navarra. Sin embargo, el tribunal concluye que se produce una descontextualización entre el ideario inicial de ETA y la posterior actuación de los acusados que no permite probar la vinculación de los mismos con alguna organización terrorista.

La sentencia destaca la “significativa profesionalidad” de los guardias civiles, que no respondieron con ningún tipo de actitud defensiva y no se dejaron llevar por la agresividad frente a las provocaciones y la violencia desplegada por los acusados. El tribunal también resalta la valentía de las novias de los guardias civiles “y el aplomo que demostraron igualmente al no contestar a las referidas provocaciones y no siendo ayudadas por ninguna de las personas allí presentes”.

Una de ellas nació en Alsasua y había sido compañera de instituto de varios de los acusados. El tribunal se ha basado en su testimonio, identificando a los acusados, para probar la participación activa de los ocho. La sentencia recuerda que abandonó Alsasua cuando ocurrieron los hechos, pero que sus padres siguen residiendo en esa localidad.

Agravantes de abuso de superioridad y de discriminación

La Sala estima procedente aplicar la agravante de abuso de superioridad en tanto que el número de agresores era superior al de las víctimas, tanto dentro como fuera del bar, lo que creó una situación clara de superioridad respecto de las víctimas, que disminuyó notablemente su posibilidad de defenderse.

En cuanto a la pena a imponer, el tribunal opta por las máximas posibles valorando la gravedad de los hechos, el plus de antijuridicidad, la agravante de abuso de superioridad y que el delito de atentado, en el presente caso se pena en concurso ideal con un delito de lesiones. Respecto al delito de lesiones, los jueces añaden que no solo se produjeron lesiones físicas sino que en el caso de la novia del teniente se encuentra en tratamiento psicológico, ha tenido que abandonar Alsasua por miedo y su pareja, el teniente, se ha visto obligado a cambiar de destino” viendo truncada en cierta forma su carrera profesional”.

En relación con la agravante de discriminación del artículo 22.4 del Código Penal, la Sala explica que concurre en este caso porque los acusados cometieron una clara discriminación por razón de la pertenencia a un estamento o cuerpo policial.

Esa circunstancia, según el tribunal, agrava el hecho delictivo, al añadirle un plus de antijuridicidad que en otro caso no existiría por lo que merece un mayor reproche desde el punto de vista penal. No sólo se trata, destaca la sentencia, de proteger por vía indirecta a un determinado grupo, sino, como señala la doctrina del Tribunal Supremo proteger también otros derechos constitucionales “los valores de antirracismo o la tolerancia ideológica y religiosa son valores esenciales de la convivencia, y el derecho penal debe cumplir su función de asentar tales valores en el seno del tejido social, de ahí que entendemos positiva su incorporación al Código Penal”.

Los expertos recuerdan que las pequeñas empresas no están obligadas a contratar un DPO2018-06-04

‘III Congreso Internacional de Compliance’

Legal Today

Los expertos en materia de protección de datos coinciden a la hora de afirmar que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de obligado cumplimiento desde el pasado 25 de mayo, "ha generado una cierta alarma en las pequeñas empresas que, por error, creen que están obligados a incorporar a su plantilla un delegado de protección de datos". Así lo afirma Lucía Sánchez-Ocaña, Leyun Head of Compliance and Legal de Cabot Financial Spain, durante su intervención en el III Congreso Internacional de Compliance organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales y por la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

Un encuentro internacional que congrega a más de 400 profesionales

A lo largo de sus tres ediciones, el Congreso Internacional de Compliance se ha convertido en un referente no sólo español sino a nivel global sobre cumplimiento normativo, como punto de encuentro de los profesionales dedicados a esta materia, sobre prácticas y tendencias en otros países. Así lo demuestran los más de 400 asistentes procedentes de todo el mundo que han acudido a la edición de este año y que entre ayer y hoy han llenado el madrileño Teatro Goya.

Lucía Sánchez-Ocaña intervino en el panel Reglamento Europeo de Protección de Datos y normativa nacional adaptada. Eva Jara Garro, directora de Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales, DPO en Grupo EVO España, ahondó en esta materia, para advertir de que "hay personas que se han ofrecido a las pequeñas empresas para ser DPO -Data Protection Officer- argumentando que es necesario, cuando no es cierto. Les animo a que consulten a la Agencia Española de Protección de Datos -(AEPD)-".  Cabe recordar que el Reglamento ofrece una descripción general de los supuestos en que será obligatorio en función de la cantidad de datos tratados, personas afectadas por el tratamiento o el ámbito de los mismos, si bien no concreta los casos en los que será necesario contratar un DPO.

Julián Prieto Hergueta, subdirector general del Registro General de Protección de Datos, recordó que no vale "el consentimiento tácito", ya que desde la aplicación del Reglamento "tiene que ser expreso", he hizo hincapié en el nuevo concepto de intereses legítimos, "mediante el que es posible usar los datos sin necesidad de tener que pedir autorización". Algunos ejemplos son las personas de contacto en las empresas, o los datos de empresarios particulares. 

Por su parte Alonso Hurtado, miembro de la Junta Directiva de ASCOM, añadió en relación con este ámbito que el Reglamento "impacta de forma directa en materias como el consentimiento expreso; el silencio  no puede considerarse nunca como positivo". Considera también que estamos asistiendo a un cambio cultural, en el que "compañías, como las de telecomunicaciones, están hablando mucho de devolver al usuario el control de sus datos. Se están haciendo las cosas bien para que no se produzca el daño a la protección de los datos, que es un derecho fundamental".

El mundo va tomando consciencia de la importancia de llevar a cabo programas de compliance

Durante el Congreso Internacional de Compliance se ha puesto de manifiesto un denominador común en las políticas de Compliance de distintos países: la importancia de llevar a cabo programas de cumplimiento normativo.

Durante la sesión vespertina de ayer se expusieron los desarrollos recientes de Compliance en Alemania bajo la batuta de Gloria Hernández, miembro de la directiva de ASCOM. En este panel se hizo hincapié en la experiencia alemana (sentencia de la Corte Suprema de 7 de mayo de 2017). El doctor Frank Böhme, civil servant in the Federal Ministry of Justice and Customer Protection in Berlin, firts prosecutor, sugirió que las empresas deberían autorregularse y hacer un esfuerzo para servir como factor mitigante en caso de verse con problemas. El professor doctor Peter Fissenewert, partner at Buse Heberer Fromm, apuesta por contar con programas eficaces. "Los responsables de cumplimiento deben influir, organizar, formar, aprender soluciones innovadores".

Ya con la vista puesta en Asia se ha centró la atención en el Compliance en China. Jesús Pindado, de ASCOM, moderó la ponencia de Pablo Miranda López, head of Compliance en Industrial and Commercial Bank of China - Spain. China está produciendo estándares alineados con lo que dicen los textos internacionales, por lo que se espera que sea una exigencia para las empresas del gigante asiático.

Según Pablo Miranda, "el mundo del compliance en China recorre un camino que quiere ser lo más cercano posible a lo que está sucediendo en Europa o EEUU". Miranda destacó la figura de la familia: "La red familiar es muy importante. Usan a la familia antes que acudir a un banco, les piden ayuda financiera y cubren la limitación del cambio y, así, acceden a la compra de un piso, por poner un ejemplo. Se trata de un elemento que enriquezca los controles que tenemos".

Los requisitos de compliance en materia anticorrupción se desgranaron en el panel conducido por José F. Zamarriego (ASCOM). Contó con las intervenciones de Anatoly Yakorev, director del Center for Business Ethics & Compliance de la International University in Moscow y Juan Antonio Palacios, Compliance Manager en 3M. Anatoly Yakorev califica el Compliance como "un laberinto", ya que el cumplimiento "es una solución empresarial para muchos. Pero hay empresas que no saben qué es el Compliance".

Juan Antonio Palacios aseguró que hay países que viven con una cultura de sobornos, así que hay que apostar por la concienciación. "Los países de la antigua Unión Soviética no comprenden que se apliquen medidas de cumplimiento normativo", afrimó.

Por último, ya con la atención en Francia, se trató la Ley Sapin II y Ley de confianza y moralización de la vida pública. En este panel han intervenido Emmanuel Farhat, señor  international Affairs Officer en la Agencia Anticorrupción gala; Corinne Lagache, president of MEDEF's International deontology committee and Senor VP Gropu Compliance Officet at Safran y Grégoire Guinand, senior Adviser, MEDEF - French Business Confederation. Moderados por este último, quien ha dicho que "la corrupción limita el desarrollo de manera notable".

Emmanuel Farhat afirmó que Francia debía tomar medidas, no solo para cumplir con los compromisos internacionales, si bien añade que "la Agencia Francesa contra la Corrupción apoya a las entidades a la hora de realizar las inspecciones".

Corinne Lagache destaca por último que un programa robusto de compliance "puede dar ciertas pautas a las empresas. Lo negativo es que son empresas que sufren sanciones muy bajas".

Herramientas Forensic                                  

Las empresas españolas han hecho un esfuerzo por sentar unas estructuras relacionadas con el compliance. Esta conclusión es a la que se ha llegado tras atender a las explicaciones de Marisa Yepes, Juan Arenas y Juan Mazzarredo, todos ellos de KPMG. Estos tres profesionales han indicado las pautas a seguir ante una denuncia interna:

"La resolución del procedimiento ha de contar con un informe preciso, claro y bien documentado" afirmó Marisa Yepes. Juan Arenas añadió que "se debe proteger a las partes implicadas en la investigación", mientras que Juan Mazzarredo se centró en el objetivo de una investigación interna, que exige tener claro el objeto de la denuncia. "Si no hay una investigación robusta de los hechos, hay que pausar y recopilar los resultados de la investigación", concluyó.

Thomson Reuters

Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales, tiene una presencia consolidada en España, con amplio portfolio de herramientas y contenidos de alto valor agregado para respaldar la toma de decisiones de empresas y profesionales. Combinamos la experiencia industrial con tecnología innovadora para proporcionar información esencial a los principales tomadores de decisión en los mercados financieros, de riesgo y compliance; jurídico; tributario, contable y de gestión de comercio exterior; de propiedad intelectual y ciencia; y de medios de comunicación, impulsada por la organización de noticias más fiable y prestigiosa del mundo. Las acciones de Thomson Reuters Acciones de Thomson Reuters cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: TRI) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: TRI).

Acerca de ASCOM

ASCOM es la Asociación Española de Compliance, la primera asociación profesional de estas características en España, constituida en mayo de 2014 en respuesta a la necesidad de crear un espacio común para los profesionales de Compliance en nuestro país. Es una asociación sin ánimo de lucro, que se creó por la iniciativa de un grupo de personas con amplia experiencia en el ejercicio de la función de Compliance, con el principal objetivo de profesionalizar esta figura en España. ASCOM se dirige a los profesionales de Compliance de todos los sectores económicos y de todo tipo de organizaciones.

Cuadro de indicadores de Justicia en la UE 20182018-06-01

La Comisión Europea ha publicado el cuadro de indicadores de Justicia en la UE correspondiente a 2018, que ofrece un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE. Su objetivo es ayudar a las autoridades nacionales a mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales. Comparado con las anteriores ediciones, el cuadro de indicadores de 2018 refuerza, en particular, la sección sobre la independencia judicial, pertinente para evaluar el Estado de Derecho. Se examinan con mayor detalle los consejos del poder judicial, la intervención del poder ejecutivo y el parlamento en los nombramientos y destituciones de jueces y presidentes de los tribunales, y la organización de los servicios de la fiscalía. Presenta también, por primera vez, datos sobre la duración de los procesos judiciales en todas las instancias.

La Abogacía Española, a través de CCBE, ha contribuido con datos en varios apartados del Cuadro de Indicadores de Justicia en la UE (solo disponible en inglés):

  • Página 24: Asistencia jurídica y tasas judiciales: Figura 26 – Umbral de ingresos para asistencia jurídica en un caso de consumo específico
  • Página 25: Asistencia letrada y tasas judiciales: Figura 27 – Tasa judicial para iniciar un procedimiento judicial en un caso específico
  • Página 26: Intercambios entre tribunales y abogados: Figura 30 – Uso de las TIC entre tribunales y abogados
  • Página 27: Figura 31 – Razones para el (no) uso de las TIC entre los tribunales y los abogados

También se menciona a las Abogacías institucionales europeas en las preguntas y respuestas, como parte de la metodología utilizada en el cuadro de indicadores de justicia de la UE.

El cuadro de indicadores de Justicia es parte del instrumental utilizado por la Comisión para hacer un seguimiento de las reformas en el ámbito de la justicia de los Estados miembros, junto con el Semestre Europeo, el Marco para reformar el Estado de Derecho, el mecanismo de cooperación y verificación, y los procedimientos de infracción. La Comisión también considera que la buena gestión financiera de los fondos de la UE por parte de los Estados miembros exige una protección judicial efectiva por parte de órganos jurisdiccionales independientes. Por lo tanto, como parte del marco financiero plurianual, la Comisión ha propuesto un nuevo mecanismo de respeto del Estado de Derecho.

En el caso de España, esta edición 2018 mejora la nota en el conjunto de indicadores sobre eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de la Unión Europea y coloca a España en la media de los Estados miembros: destaca por la accesibilidad de su sistema de Justicia y por la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita, gestionado por los Colegios de Abogados, y que garantiza el acceso a la Justicia para todos aquellos ciudadanos que se sitúan un 40% por encima del umbral de la pobreza marcado por Eurostat, un nivel sólo alcanzado en la UE por Dinamarca.

Las principales conclusiones del cuadro de 2018 son las siguientes:

  • Independencia judicial: La percepción de la independencia del poder judicial por parte de las empresas ha mejorado o se ha mantenido estable en aproximadamente dos tercios de los Estados miembros, con respecto al año anterior o desde 2010, aunque también ha empeorado en algunos países. Tanto los ciudadanos como las empresas consideran las injerencias o presiones por parte del Gobierno y los políticos como la causa principal de la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces. El nuevo indicador sobre la organización de los servicios de la fiscalía demuestra que existe una tendencia generalizada hacia una mayor independencia de la fiscalía, en lugar de una fiscalía subordinada o vinculada al poder ejecutivo.
  • Recursos financieros de los sistemas judiciales: En general, el nivel del gasto de las administraciones públicas en el sistema judicial se ha mantenido estable en la mayoría de los Estados miembros, pero existen grandes diferencias entre los países. Los Estados miembros utilizan sobre todo costes históricos o reales para determinar los recursos financieros, en lugar de basarse en la carga de trabajo real o las peticiones judiciales. Dieciséis Estados miembros han utilizado los fondos de la UE en apoyo de sus sistemas judiciales.
  • Eficiencia de los sistemas judiciales: Se puede observar una evolución positiva en los Estados miembros con problemas, pero los procedimientos civiles y mercantiles siguen siendo muy largos en varios Estados miembros. En el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero, los procedimientos judiciales en primera instancia en aproximadamente la mitad de los Estados miembros duran hasta un año de media. Pueden durar un promedio de incluso dos o más años en otros Estados miembros.

Los resultados del cuadro de indicadores de 2018 se tuvieron en cuenta en la evaluación específica por país llevada a cabo en el Semestre Europeo de 2018 y en las propuestas de recomendaciones específicas para cada país formuladas por la Comisión Europea el 23 de mayo de 2018. Esas recomendaciones de actuación son objeto de debate entre los Estados miembros en el Consejo. Los dirigentes de la UE las aprueban en junio antes de que el Consejo las adopte en julio. A continuación, los gobiernos incorporan las recomendaciones a sus planes de reforma y a los presupuestos nacionales del año siguiente.

El cuadro de indicadores se centra en contenciosos civiles y mercantiles, así como en asuntos administrativos, con el fin de ayudar a los Estados miembros en su esfuerzo por sentar las bases para un entorno más favorable a la inversión, las empresas y los ciudadanos. El cuadro de indicadores se centra en los tres elementos principales de un sistema judicial eficaz:

  • Eficiencia: indicadores sobre duración de los procesos, tasa de resolución y número de asuntos pendientes.
  • Calidad: indicadores sobre asistencia jurídica gratuita, tasas judiciales, formación, supervisión de las actividades de los órganos jurisdiccionales, presupuestos y recursos humanos.
  • Independencia: indicadores sobre la percepción de la independencia judicial entre las empresas y la población en general, así como sobre las salvaguardias relativas a los jueces.

La mejora de la eficacia de los sistemas judiciales nacionales es una prioridad bien asentada del Semestre Europeo, que es el ciclo anual de coordinación de las políticas económicas de la UE. El cuadro de indicadores de la justicia de la UE ayuda a los Estados miembros a alcanzar este objetivo al proporcionarles un análisis comparativo anual del funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales.

Puede acceder al Cuadro de Indicadores de Justicia en la UE a través del siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3932_es.htm

¿En qué casos se comete un delito de quebrantamiento del deber de custodia?2018-06-01

Hoy en día, muchos menores o personas con discapacidad necesitada de especial protección se encuentran bajo el cuidado de terceras personas de manera temporal, por ejemplo, los abuelos o los tíos. El problema surge cuando al solicitar los progenitores la entrega del menor, quien se encuentra a cargo del mismo se niega a efectuarla.

¿Esta conducta podría ser constitutiva de una infracción penal? La respuesta es sí, y se encuentra regulada en el artículo 223 del Código Penal, que trata el delito de quebrantamiento de los deberes de custodia, cuya condena puede comprender una pena de prisión de seis meses a dos años.

¿Qué dice el Código Penal sobre este delito?

Así, el citado precepto recoge lo siguiente: "El que, teniendo a su cargo la custodia de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, no lo presentare a sus padres o guardadores sin justificación para ello, cuando fuere requerido por ellos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otro delito más grave."

Este artículo se encuentra incluido dentro de los llamados delitos contra las relaciones familiares, recogidos en el Título XII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y que son todas aquellas acciones u omisiones que son cometidas en el ámbito familiar y que están penadas por el Código Penal.

En el caso del artículo 223, debemos tener claro cuál es el bien jurídico protegido. No se trata únicamente de proteger el derecho del menor de estar con sus progenitores; sino de proteger las relaciones familiares, es decir, los derechos y deberes familiares.

¿Pueden ser los progenitores el sujeto activo?

Respecto al citado delito surge la siguiente pregunta: ¿pueden ser los progenitores el sujeto activo? La respuesta es no. Y así lo aclara el Auto nº 226/2011 de 4 marzo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 23) (JUR 2011156488), en el que indica expresamente que "el sujeto activo es quien tenga a su cargo la custodia del menor o incapaz, como sujeto pasivo, entendida como toda situación transitoria por la que, por las circunstancias o por el título que sean, ostente el cuidado, la guarda o, en general, la protección temporal del menor. Por el contrario, no lo serán las personas que tengan atribuida la guarda y patria potestad del menor o incapaz." -Nota "la referencia al término «persona con discapacidad necesitada de especial protección» ha sido introducida en sustitución de la anterior referencia al término «incapaz», conforme establece el número doscientos cincuenta y ocho del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal"-.

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior ¿qué personas pueden ser sujetos activos? Pueden serlo cualquier persona que tenga temporalmente a su cargo el cuidado del menor, distinto a los progenitores o los guardadores. Por ejemplo, como hemos indicado anteriormente, los abuelos u otros familiares.

Esto significa que, cuando dos progenitores están divorciados o separados, y el no custodio decide no reintegrar al menor tras la finalización de las visitas, no está cometiendo el delito que se está comentando. En todo caso, se aplicaría el artículo 618.2 del Código Penal, el cual regulaba la falta ante los incumplimientos de las obligaciones familiares establecidas en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial.  Sin embargo, este artículo fue derogado por la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal, por lo cual este incumplimiento debe juzgarse en otra jurisdicción distinta a la penal.

¿Quién puede ser el sujeto pasivo de este delito?

En cuanto al sujeto pasivo, ninguna duda suscita, es el menor o la persona con discapacidad necesitada de especial protección. Y, de hecho, también se entiende que los padres o guardadores del menor o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección son el sujeto pasivo del mencionado delito, ya que se ha vulnerado su derecho de custodia.

¿Cómo se consuma el delito?

La consumación del delito se produce ante la negativa de presentar al menor a sus padres o guardadores. Sin embargo, el artículo 223 exige que concurran tres requisitos más:

1. Que los padres o guardadores hayan requerido previamente al sujeto activo para que realice la entrega del menor o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección sometido a su custodia temporal. El citado requerimiento debe ser realizado mediante cualquier medio de prueba admitido en el Derecho Penal.

2. Que la persona que tiene a cargo de la custodia del menor o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección no acredite una causa que justifique su negativa a la entrega del mismo.

3. Que exista intencionalidad por parte del sujeto activo, es decir, no se aprecia el delito si falta el dolo.

Conclusión

En definitiva, este artículo tiene como finalidad proteger las relaciones familiares que están protegidas en la Constitución Española. Relaciones familiares que no tienen que ser protegidas únicamente en el seno de la familia, sino de las acciones de terceras personas que puedan ponerlas en peligro.

El Tribunal Supremo aplica por primera vez perspectiva de género y condena por intento de asesinato, en lugar de homicidio, a hombre que asestó ocho puñaladas a su mujer2018-06-01

La Sala de lo Penal aplica la perspectiva de género y eleva de 12 a 16 años y 8 meses de prisión la condena impuesta. Destaca que convirtió su casa “en un escenario del miedo” y le priva de la patria potestad de su hija, que presenció el ataque

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez la perspectiva de género en un caso de intento de asesinato y maltrato de un hombre a su pareja. Así, ha elevado de 12 años a 16 años y 8 meses de prisión la pena impuesta al acusado al entender que el delito que cometió fue un asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco, en lugar de un homicidio intentado, al apreciar la existencia de alevosía en el agresor por la nula capacidad de defensa de la mujer a la que asestó ocho puñaladas delante de su hija.

En su sentencia, el tribunal analiza desde una perspectiva de género la acción desplegada por el hombre sobre la mujer, lo que supuso un aseguramiento de la acción agresiva. Para la Sala, en este supuesto, la defensa de la víctima fue inviable, lo que lleva a considerar la existencia de la alevosía, porque el ataque de forma desproporcionada hace ineficaz e imposible un mecanismo defensivo por la anulación absoluta de las posibilidades de defensa que, por el carácter sorpresivo del ataque, determina la concurrencia de esta acción alevosa que cualifica el delito en asesinato, y no en homicidio, y en este caso en grado de tentativa.

"Escenario del miedo"

El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por la víctima y el fiscal, y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que impuso al condenado una pena de 12 años por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa acabada (9 años y seis meses que ahora pasan a 14 años de prisión)-, y dos de maltrato habitual en el ámbito familiar (2 años y 8 meses de prisión que se quedan igual).

En cuanto a la condena por estos últimos delitos que ha sido confirmada, la sentencia, con ponencia del magistrado Vicente Magro Servet, indica que el maltrato habitual se configura con unas características de especial crueldad en el autor que en el círculo de su propio hogar familiar ejerce un maltrato prolongado en el tiempo, que crea una especie de "escenario del miedo", y que aunque se desdobla en actos aislados de hechos que pueden conllevar, individualmente considerados, una penalidad reducida, la reiteración en esos hechos provoca un doble daño en la víctima.

En este sentido, afirma que ese daño puede ser físico si se trata de agresiones que causan lesión o sin causarlas, o en expresiones que profiere el autor y constan probadas; como psíquico, por afectar a la psique de las víctimas, no solo las expresiones que se profieren, sino el maltrato físico habitual viniendo del autor del que vienen los hechos, que no se trata de un tercero ajeno a las víctimas, sino de la pareja de la víctima, o el padre de las mismas, lo que agrava el padecimiento de las víctimas de violencia de género y doméstica.

La Sala destaca que el retraso en denunciar el maltrato no supone merma en la credibilidad de las víctimas y afirma que éstas lo silencian por miedo, temor a una agresión mayor, o a que las maten. Pero ese silencio de las víctimas -añade la sentencia- no puede correr contra ellas cuando finalmente lo cuentan a raíz de un hecho más grave, como en este caso, y el autor les cuestiona el silencio como sinónimo de faltar a la verdad cuando relatan unos hechos de maltrato habitual.

Para el tribunal, no puede admitirse que el estado de pánico y terror que sufren las víctimas les suponga una "traba de credibilidad" cuando éstas deciden denunciarlo más tarde, ya que el retraso en denunciar hechos de violencia de género no es sinónimo de falsedad en una declaración, sino que es perfectamente admisible entender veraz esa declaración por las especiales características de los hechos de maltrato ante una especie de "síndrome de Estocolmo", como perfil típico en muchos casos de este tipo.

Privación de la patria potestad de su hija

A petición del fiscal, cuyo recurso ha sido estimado, la Sala ha acordado imponer a este hombre la pena de privación de la patria potestad de la hija de la pareja al haber presenciado el intento de asesinato. Una pena que no impuso la sentencia recurrida porque entendió que, pese a la gravedad de los hechos, no se había producido ningún comportamiento delictivo respecto a la menor para imponer una pena tan drástica.

En contra de este criterio, la sentencia explica que no es preciso que se produzca un ataque directo al menor para que se proceda la imposición de esta pena, sino que el ataque a la propia madre de este menor por su propio padre, y con la clara intención de acabar con su vida, determina la imposición de la pena interesada de privación para el ejercicio de la patria potestad, lo que supone la fijación de la vinculación de la relación directa entre la imposición de esta pena con el delito cometido y presenciado por la propia menor y en consecuencia la inexistencia de régimen de visitas ni ningún tipo de medida que implique contacto alguno con la menor.

El Abogado General Bot propone al Tribunal de Justicia que declare que el mero hecho de que un trabajador no haya solicitado tomar sus vacaciones no puede entrañar automáticamente la pérdida del derecho a compensación económica por las vacaciones no disfrutadas al extinguirse la relación laboral2018-05-31

Sin embargo, si el empresario demuestra que llevó a cabo las actuaciones necesarias para permitir a los trabajadores ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas y que, a pesar de las medidas adoptadas, el trabajador renunció de manera deliberada a ejercer ese derecho a pesar de gozar de esa posibilidad durante la relación laboral, dicho trabajador no puede reclamar la compensación

Tras finalizar su período de prácticas como preparación para el ejercicio de profesiones jurídicas (Rechtsreferendariat) en el Land de Berlín, el Sr. Sebastian W. Kreuziger solicitó que se le concediera una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas. En efecto, durante los últimos cinco meses de su período de prácticas había decidido no tomar vacaciones anuales retribuidas. Esa solicitud fue desestimada debido, en particular, a que la norma nacional aplicable [1] no prevé ese derecho a compensación. Según esa norma, tal como la interpretan ciertos tribunales nacionales, el derecho a vacaciones anuales retribuidas se extingue al final del período de devengo cuando el trabajador no haya solicitado ejercerlo durante dicho período. Esta extinción del derecho a vacaciones anuales retribuidas supone la pérdida del derecho a compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral. El Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandemburgo, Alemania), que conoce del recurso interpuesto por el Sr. Kreuziger, pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión se opone a esa legislación o práctica nacional.

El Sr. Tetsuji Shimizu fue contratado por el Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (una organización de Derecho privado sin ánimo de lucro) durante más de diez años en virtud de diversos contratos de duración determinada. El 23 de octubre de 2013 se le comunicó que su contrato no sería renovado. Al mismo tiempo, el Max-Planck-Gesellschaft le invitó a tomar sus vacaciones antes de que se extinguiera la relación laboral, a finales de diciembre de 2013. Comoquiera que solo tomó dos días de vacaciones, el Sr. Shimizu solicitó al Max-Planck-Gesellschaft el abono de una compensación por los 51 días de vacaciones anuales no disfrutados en los dos últimos años. Al denegar el Max-Planck-Gesellschaft esa solicitud, el Sr. Shimizu interpuso recurso ante los tribunales de lo laboral alemanes. El Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania) explica que, según la normativa alemana aplicable al Sr. Shimizu, [2] el trabajador debe solicitar tomar sus vacaciones, indicando sus preferencias respecto de las fechas de éstas, para no perder su derecho a vacaciones cuando finalice el período de devengo, sin obtener ninguna compensación. El Bundesarbeitsgericht pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión se opone a dicha normativa, y, en caso afirmativo, si la misma respuesta se aplica en un litigio entre dos particulares.

[1] Verordnung über den Erholungsurlaub der Beamten und Richter (Reglamento relativo a las vacaciones de funcionarios y jueces), de 26 de abril de 1988 (GVBl. 1988, p. 846).

[2] Bundesurlaubsgesetz (Ley federal sobre vacaciones), de 8 de enero de 1963 (BGBl. 1963, p. 2), en su versión de 7 de mayo de 2002 (BGBl. 2002 I, p. 1529).

En sus conclusiones leídas hoy, el Abogado General Yves Bot recuerda, ante todo, que, según la Directiva relativa al tiempo de trabajo, [3] los trabajadores dispondrán de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. La finalidad de este derecho es permitir que los trabajadores descansen y dispongan de un período de ocio y esparcimiento. El abono de una compensación económica a fin de sustituir el período mínimo de vacaciones anuales retribuidas sólo es posible en caso de extinción de la relación laboral.

El Abogado General se remite asimismo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el derecho a vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio particularmente importante del Derecho social de la Unión. Una vez adquirido, no puede extinguirse a la conclusión del período de devengo o de un período de aplazamiento fijado por el Derecho nacional, cuando el trabajador no haya podido disfrutar de sus vacaciones. De este modo, un trabajador que, por causas ajenas a su voluntad, no haya estado en condiciones de ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas antes de extinguirse la relación laboral tiene derecho a una compensación económica.

El Abogado General propone al Tribunal de Justicia, en particular, que responda que la Directiva se opone a legislaciones o prácticas nacionales, como las controvertidas, en virtud de las cuales un trabajador pierde su derecho a compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral en caso de que no hubiera solicitado disfrutar de las vacaciones mientras estuvo en activo y no demuestre que no pudo tomar dichas vacaciones por causas ajenas a su voluntad, sin determinar con carácter previo si el empresario ofreció efectivamente a dicho trabajador la posibilidad de ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

Además, el Abogado General propone responder que, cuando un órgano jurisdiccional nacional conoce de un litigio relativo al derecho de un trabajador a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral, deberá comprobar si el empresario ha demostrado que adoptó las medidas apropiadas para garantizar a dicho trabajador la posibilidad de ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas durante esa relación. Si el empresario demuestra que llevó a cabo las actuaciones necesarias y que, pese a las medidas que adoptó, el trabajador renunció de manera deliberada y consciente a ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas a pesar de gozar de esa posibilidad, dicho trabajador no puede reclamar, al amparo de la Directiva, el abono de una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral.

En apoyo de esta solución, el Abogado General recuerda que, según el Tribunal de Justicia, la Directiva establece la regla de que el trabajador deberá normalmente poder disfrutar de un descanso efectivo, en aras de una protección eficaz de su seguridad y su salud.

Según el Abogado General, el empresario tiene una responsabilidad particular a fin de que los trabajadores sujetos a su dirección ejerzan efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas. De este modo, el empresario ha de adoptar medidas de organización concretas que permitan a los trabajadores ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas. Concretamente, debe informar a los trabajadores en tiempo oportuno de que, si no disfrutan efectivamente de sus vacaciones, corren el riesgo de perderlas al final del período de devengo o del período de aplazamiento autorizado. También ha de informarles de que, si no disfrutan de sus vacaciones durante la relación laboral, teniendo efectivamente esa posibilidad, no podrán invocar el derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral. Sin embargo, la obligación que recae en el empresario no puede llegar al extremo de exigirle que obligue a sus trabajadores a utilizar efectivamente los períodos de descanso que les corresponden.

[3] Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).

El Abogado General considera que procede velar por que los trabajadores no puedan utilizar la posibilidad de sustituir el periodo mínimo de vacaciones anuales retribuidas por una compensación económica en caso de extinción de la relación laboral -prevista por la Directiva- como un instrumento que permita acumular días de vacaciones anuales retribuidas con vistas a percibir una remuneración por ellos al extinguirse la relación laboral. A este respecto, el Abogado General subraya que la protección de la salud y de la seguridad del trabajador no responde únicamente al interés individual del trabajador, sino también al interés de su empresario y al interés general.

Por lo que respecta a la situación del Sr. Kreuziger, el Abogado General indica que, si de las comprobaciones realizadas por el tribunal nacional resulta que el Land de Berlín, en su calidad de empleador del Sr. Kreuziger, puso a éste en condiciones de ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas y que, pese a ello, el Sr. Kreuziger no quiso tomar sus vacaciones antes de superar la prueba oral del segundo examen de Estado, dicho órgano jurisdiccional podrá estimar que la denegación de esa compensación es procedente.
En lo que atañe a la problemática que plantea el hecho de que una Directiva únicamente vincula a los Estados miembros, quienes deben transponerla en el Derecho nacional, y, por lo tanto, en principio, no puede aplicarse directamente en un litigio entre particulares (como el que opone al Sr. Shimizu y al Max-Planck-Gesellschaft), el Abogado General señala que el derecho a vacaciones anuales retribuidas también está garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. [4]

Según el Abogado General, en la medida en que la Carta garantiza a un trabajador el derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral cuando dicho trabajador no haya estado en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas durante esa relación, puede ser invocada directamente por el trabajador en un litigio contra su empresario a fin de excluir la aplicación de una norma nacional que impide el abono de tal compensación. [5]

En lo tocante a la situación concreta del Sr. Shimizu, el Abogado General observa que, aunque la apreciación final de este extremo corresponde al Bundesarbeitsgericht, duda de que pueda estimarse que el Max-Planck Gesellschaft haya llevado a cabo las actuaciones necesarias para que el Sr. Shimizu estuviera en condiciones de disfrutar las vacaciones anuales retribuidas a las que tenía derecho. En efecto, la única medida que consta en los autos es la invitación, dirigida por el Max-Planck Gesellschaft al Sr. Shimizu, el 23 de octubre de 2013, a tomar sus vacaciones, al tiempo que éste tuvo conocimiento de que su contrato de trabajo no sería renovado. Habida cuenta del breve período comprendido entre la fecha de adopción de esa medida y la fecha de finalización del contrato de duración determinada del Sr. Shimizu, a saber, el 31 de diciembre de 2013, dicha medida resulta extemporánea, lo que, en opinión del Abogado General, impide que pueda considerarse apropiada para permitir al trabajador ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

[4] Artículo 31, apartado 2, de la Carta.

[5] Para una explicación más detallada en relación con el efecto directo del artículo 31, apartado 2, de la Carta, véase el CP n.º 70/18 de hoy sobre las conclusiones del Sr. Bot presentadas en los asuntos acumulados C-569/16, Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer, y C-570/16, Volker Willmeroth als Inhaber der TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn.

 

El ICAM reivindica cooperación con los periodistas para preservar el Estado de Derecho2018-05-31

CGAE

El Aula de Debate del Colegio de Abogados de Madrid dedicó su tercera jornada al análisis de la imagen de la Justicia que se ofrece desde los medios de comunicación. Raúl Ochoa, diputado responsable de formación del ICAM, se encargó de dirigir el debate y centró la cuestión principal: la dignidad de la persona y el principio de presunción de inocencia deben estar por encima “de la obtención de la noticia”. Asimismo, al hablar de Derecho, que es una ciencia, no procede dar cobertura a la “opinión de profanos en justicia”, afirmó.

Junto a Ochoa, componían la mesa el diputado responsable de comunicación del ICAM, Juan Gonzalo Ospina; la periodista y presentadora de Las Mañanas de Cuatro, Verónica Sanz, e Ignacio González, Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.

Para Ospina la libertad de prensa es un indicativo directo de la calidad democrática de un país, pero a su vez consideró que debe combatirse “la estigmatización” a que se somete a muchos abogados por defender a sus clientes, pues el derecho de defensa es igualmente imprescindible para garantizar el Estado de Derecho. En ese sentido, defendió el papel de la institución colegial para conseguir “un trato igualitario entre fiscales y abogados defensores” y para exigir a los medios respecto a la presunción de inocencia.

En la misma línea se pronunció González, crítico también con la difusión de imágenes de imputados “que atentan contra la dignidad de la persona”. Para el magistrado, en los medios prevalece la “presunción de culpabilidad”, y una solución sería que el fiscal fuese el encargado de informar y explicar las resoluciones judiciales, pues es la figura que puede ofrecer la visión más imparcial, y es algo que el propio Reglamento del Estatuto del Ministerio Fiscal contempla.

Sanz, aportando la perspectiva del lado periodístico, reconoció que en ocasiones se produce mala praxis en los medios, pero en ellos recae la tarea de “informar sobre leyes a ciudadanos que no saben nada sobre ellas”, y de ahí que en ocasiones “se simplifique demasiado y se obvie la realidad”. Firme defensora del derecho a informar, apuntó también que para el respetable “la justicia no es igual para todos” señalando como “ejes de desigualdad el poder, el dinero, y el género”. En este sentido, para la presentadora es fundamental una labor pedagógica que refuerce la presunción de inocencia cuando se comunican causas en las que aún no hay sentencia firme y que evite que se produzcan juicios paralelos.

Aula de debate

Aula de Debate es un foro jurídico impulsado por el Centro de Estudios del ICAM en el que la abogacía invita a otros sectores de la sociedad civil para analizar los temas que más preocupan a los ciudadanos. Con una periodicidad quincenal, jueces, fiscales, abogados, académicos y periodistas analizan desde una óptica técnico jurídica cuestiones candentes que formen parte del debate público y de actualidad.

La CDDA del ICA Baleares inaugura un Servicio de Orientación Jurídica contra el Maltrato Animal2018-05-31

La Comisión de Defensa de los Derechos de los Animales del ICAIB pondrá en marcha este viernes, 1 de junio, el nuevo Servicio de Orientación Jurídica contra el Maltrato Animal (SOJMA), con el objetivo de que aquellas personas, asociaciones o entidades que crean estar en conocimiento de posibles malos tratos o de prácticas denigrantes a animales puedan recibir una primera orientación legal gratuita sobre las medidas que se pueden adoptar y/o las herramientas de denuncia existentes actualmente.

El servicio, que funcionará mediante el sistema de cita previa en el enlace web  (https://www.icaib.org/abogados/secciones-y-comisiones/sojma/), será atendido de forma voluntaria y altruista, y de modo rotatorio, por los letrados de dicha comisión, los primeros viernes de cada mes, de 10:00 a 12:00 horas, en la sede del Colegio de Abogados en Palma (La Rambla, 10).

La finalidad del SOJMA es proporcionar a los usuarios una primera orientación legal para informarles sobre la viabilidad de la pretensión y acerca de las diferentes opciones judiciales o extrajudiciales existentes para la defensa de los derechos de los animales supuestamente maltratados. Así, se tratarán exclusivamente cuestiones relacionadas con el maltrato, quedando excluidas del nuevo servicio otras cuestiones relacionadas con los derechos de los animales, así como la elaboración de cualquier documento; la tramitación, judicial o no, del asunto planteado, y la obtención de una opinión fundada en derecho sobre el fondo de las cuestiones planteadas.

Los letrados impulsores del SOJMA consideran que uno de los principales obstáculos para conseguir niveles eficaces de protección de los derechos de los animales es precisamente que buena parte de la ciudadanía no sabe que determinados tratos a los animales pueden ser sancionados por la vía penal – en los casos más graves-, o por la vía administrativa, lo que a su juicio se traduce en una ausencia de denuncias y, en consecuencia, en casos que, finalmente, no llegan al conocimiento de las autoridades ni se pueden investigar.

Revertir o, al menos, mitigar esta situación es, por tanto, el objetivo fundamental de un nuevo servicio pensado para incrementar y avanzar en la protección de los animales frente a tratos y prácticas degradantes.

Reconocido como accidente laboral el ocurrido tras parar a comprar volviendo del trabajo2018-05-30

La Sala 4ª del Tribunal Supremo ha reconocido como accidente de trabajo el sufrido por una trabajadora tras parar a comprar en un centro comercial volviendo del trabajo.

La trabajadora prestaba servicios para una conocida empresa como auxiliar de ayuda a domicilio. El día que sufrió el accidente, al acabar su jornada de trabajo al mediodía, en lugar de coger directamente el autobús en el que solía desplazarse de vuelta a casa se dirigió a un supermercado de un centro comercial cercano y tras la compra se encaminó de nuevo a la parada del autobús para ir a su domicilio. Tras subir al autobús este realizó un brusco frenazo, a consecuencia del cual la trabajadora sufrió lesiones que fueron calificadas por la Mutua y por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS como de carácter común.

Después de un largo proceso, en el que la trabajadora, disconforme con el no reconocimiento como laboral de los daños sufridos, interpuso sucesivas demandas ante los Tribunales Superiores de Justicia, siendo estas desestimadas, finalmente el Tribunal Supremo la ha dado la razón, reconociendo el hecho lesivo ocurrido como accidente de trabajo in itinere.

Recordemos que un accidente in itinere es aquel que sucede al ir o al volver del trabajo. En el caso descrito la cuestión a resolver es si se rompe o no el nexo causal entre el trabajo y el daño sufrido por el hecho de que la trabajadora acudiera brevemente al centro comercial a realizar la compra para luego continuar el recorrido de vuelta a casa.

Concretamente, el Tribunal Supremo tiene en cuenta diversos criterios de otras sentencias en esta materia, siguiendo algunos como los siguientes:

  • El nexo causal trabajo-daño sufrido no se rompe si la conducta normal de la persona responde a patrones usuales de convivencia o comportamiento de las gentes.
  • La cualidad de accidente de trabajo no debe excluirse por la posibilidad de alguna gestión intermedia razonable.
  • Se admite la razonabilidad de ampliaciones en la acción protectora ligada al concepto de accidente de trabajo in itinere atendiendo a criterios de normalidad dentro de los que se produce una conexión también normal entre el desplazamiento y el trabajo.

Conforme a estos criterios, el Tribunal Supremo en sentencia firme resuelve la duda sobre el origen laboral o no del daño estimando que no puede entenderse que hay una ruptura del nexo causal, en tanto que la demora por la realización de una compra es una gestión razonable que responde a patrones usuales de comportamiento y a criterios de normalidad de conducta. En base a ello, asienta que los daños sufridos por la trabajadora derivan de accidente de trabajo in itinere.

Catalá confía en los nuevos presupuestos para satisfacer las demandas de los profesionales de la Justicia2018-05-30

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado durante su intervención en el Foro Cinco Días que la aprobación de los nuevos presupuestos permitirá atender cuanto antes las distintas demandas y reivindicaciones de los profesionales del sector para llevar a cabo las reformas necesarias, impulsadas desde el consenso y contando con todas las fuerzas políticas.

Desde ese punto de vista, el ministro de Justicia señala que el mensaje reivindicativo lanzado por los principales agentes implica en su responsabilidad compartida a los poderes ejecutivos con políticas activas en la materia, al poder judicial con su función de garantizar la independencia de los jueces y al poder legislativo como encargado de identificar y priorizar las reformas necesarias.

Así, Catalá ha reivindicado la cultura del consenso, a la vez que ha denunciado cómo después de haberse alcanzado un compromiso firme en el seno de los grupos parlamentarios para alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia, algunas formaciones abandonaron las conversaciones en una actitud que dista mucho del diálogo.

No obstante, el ministro de Justicia se ha mostrado plenamente convencido de que en España tenemos una buena Justicia, impartida por profesionales competentes, que se sustenta en diferentes y prestigiosos informes internacionales que destacan la alta calidad de nuestras instituciones y las garantías de los derechos y libertades que ofrecen, como el estudio de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), cuyos datos utiliza la Comisión Europea para llevar a cabo su informe anual Marcador de la Justicia que se ha conocido hoy.

Sin embargo, Catalá asume la necesidad de afrontar nuevos desafíos para mejorar la Justicia de calidad de la que ya disfrutamos, poniendo en valor para ello la importancia de los nuevos recursos disponibles en los presupuestos que se están tramitando en el Parlamento. Estos, que son los cuartos presupuestos que crecen de manera consecutiva para el departamento de Justicia, suponen además un crecimiento consolidado y sostenido del 20% respecto a 2014 y certifican el interés del Ejecutivo nacional en una mejora decidida de esta área.

En cuanto a los profesionales, se mejorarán las retribuciones como respuesta a las demandas del sector. En este contexto, el ministro ha avanzado su voluntad de que la mesa de retribución se reúna en la primera quincena del próximo mes de junio. Además, se incrementarán los recursos con 300 nuevas plazas de jueces y fiscales y 3.759 para distintos cuerpos de la Administración de Justicia. Como medios materiales, durante 2018 se destinarán un 50% más de recursos para infraestructuras y equipamientos judiciales, lo que supondrá un total de 50 millones de euros.

Con el interés de perseguir una Justicia más accesible a los ciudadanos, los nuevos presupuestos destinarán un total de 49 millones a la asistencia jurídica gratuita (un 33% más que el año anterior), incrementando los baremos de indemnización del servicio. Igualmente, con el fin de conseguir una Justicia más cercana a las personas se destinarán 59 millones (casi 14 millones más que en 2017) para combatir la violencia de género y cumplir las previsiones del Pacto de Estado.

Catalá ha destacado que este esfuerzo presupuestario ha contemplado la necesidad de completar la transformación tecnológica que ha conseguido ya a día de hoy un sistema generalizado de comunicaciones electrónicas entre los profesionales de la Justicia y que en todo el territorio gestionado por el Ministerio la tramitación judicial sea completamente electrónica. Actualmente, todos los órganos unipersonales, las audiencias provinciales y los tribunales superiores de Justicia están totalmente digitalizados.

A los nuevos retos tecnológicos se destinarán 131 millones de euros para culminar la implantación digital en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y fiscalías, la puesta en marcha de nuevos servicios a profesionales y ciudadanos, la mejora de la calidad del servicio, la renovación de las salas de vistas, nuevas aplicaciones de Justicia y Fiscalía digital y un decidido avance en la construcción del nuevo Registro Civil digital.

Las medidas no se limitan al ámbito presupuestario, ya que el Ministerio atenderá las reivindicaciones del sector basadas en la necesidad de mejoras organizativas, entre las que destaca la implantación definitiva de la Oficina Judicial y Fiscal.

Igualmente, Catalá ha incidido en la necesidad de reformar el proceso penal, atendiendo así al clamor unánime de los profesionales y sus asociaciones. La respuesta se encuentra en una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los tiempos de respuesta y sea más eficaz en la persecución del delito, permitiendo la plena convivencia con el modelo de Fiscalía Europea. También se contempla la creación de un nuevo Estatuto Fiscal, básico para las necesidades formativas, operativas y profesionales del cuerpo.

En relación con la percepción de la independencia de la Justicia, Catalá está convencido de que tenemos un Estado de derecho que funciona, donde jueces y fiscales realizan su labor sin dejarse intimidar y donde la independencia e imparcialidad están aseguradas, por lo que responsabiliza a quienes hablan de la politización de la Justicia de dañar su credibilidad. No obstante, para reforzar esa percepción de independencia, el ministro propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en línea con las reclamaciones de las asociaciones judiciales, incrementar la objetivación en nombramientos discrecionales y suprimir el magistrado de designación autonómica.

Los jueces anulan el laudo entre la SGAE y editores musicales y trasladan la disputa a la justicia ordinaria2018-05-30
La Sala de lo Civil y Penal del TSJM da la razón a Telecinco y Música Aparte al entender que el régimen jurídico de la Sociedad General de Autores de España no autoriza a que las controversias entre la entidad y sus asociados sean resueltas por la vía arbitral

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el laudo arbitral administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la disputa entre la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Asociación Española de Editores de Música (AEDEM) y la Organización Profesional de Editores de Música (OPEM), al entender que “el régimen jurídico actualmente vigente en la SGAE no autoriza a que las controversias que surjan entre la sociedad y sus asociados sean resueltas por la vía arbitral”.

A punto y seguido, la Sala aclara que deben ser los juzgados ordinarios los que diriman este tipo de disputas, extremo éste recogido en los propios estatutos de la compañía, que sólo permiten el arbitraje cuando el conflicto se presenta entre los socios, no entre éstos y la sociedad”.

El laudo arbitral anulado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid, administrado por OMPI entre la SGAE y OPEM y AEDEM, alcanzado en diciembre de 2016, afectaba a la modificación de los criterios para regular el reparto en las distintas franjas horarias, la utilización de los fondos musicales y su reparto y el pago de las costas del arbitraje.

El Grupo Editorial Telecinco y Música Aparte interpusieron demanda de anulación del laudo ante la Sala de lo Civil del TSJM por considerar que vulneraba los estatutos al haber sido adoptado, en el caso de la SGAE, por la Junta Directiva en vez de por la Asamblea General, la única habilitada para reformar los estatutos de modo que éstos previeran el recurso al arbitraje como medio de solución de conflictos.

Y también por haber sometido a arbitraje controversias que recaen sobre materias indisponibles, como la supresión de la remuneración de las obras denominadas “fondos sonoros”, contraviniendo la legislación que establece con carácter imperativo, y sin excepciones, que todo autor debe ser remunerado por la explotación de sus obras. Frente a esta sentencia no cabe recurso alguno.

El TSJ de la Comunidad Valenciana anula parcialmente el decreto del Consell y devuelve a los colegios concertados las aulas suprimidas2018-05-29

La Sala de lo Contencioso estima parcialmente 13 recursos contra la norma autonómica y obliga a mantener las aulas concertadas que Educación no renovó. Los magistrados reconocen el derecho de la Conselleria a no concertar, pero le impiden suprimir aulas por decreto mientras los conciertos estén en vigor

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado parcialmente cinco recursos interpuestos contra el decreto de la Conselleria de Educación que regula la enseñanza concertada y contra el reglamento que fija los criterios para el acceso o renovación de los mismos.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo avala la legalidad de parte de la norma recurrida, reconoce que la Generalitat Valenciana “no está obligada a concertar”; admite que si la Administración autonómica “opta por los conciertos, no está obligada a la gratuidad total” pero precisa que, en el caso de la enseñanza no obligatoria, “si opta por los conciertos, debe someterse a la normativa básica del Estado” que impide extinguir por Decreto conciertos que siguen vigentes y obliga a renovarlos si los centros educativos cumplen los requisitos exigidos por la norma.

“La Adminsitración, mientras lo centros cumplan con los requisitos establecidos en las normas, debe mantenerlos (…). La extinción unilateral por Decreto no se regula como causa de extinción (…). La razón es obvia, es contraria a Derecho”, señala la Sala en sus resoluciones en las que establece que la Administración Autonómica “no sólo no puede extinguirlos unilateralmente, sino que debe renovarlos siempre que (el colegio) siga cumplimiento los requisitos que marca el precepto”.

El Estado, arguyen los magistrados, “ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas la opción de formalizar conciertos para las enseñanazas no obligatorais. Significa lo expuesto, que corresponde a cada Comunidad Autónoma la decisión de formalizar o no conciertos en estos niveles de enseñanza”.

Pero, “una vez que ha decidido formalizar conciertos para las enseñanzas no obligatorias (…) queda vinculada al régimen básico del Estado para los conciertos”. La Generalitat “no puede escudarse en que no está obligada a concertar”.

De este modo, el TSJ da la razón, en algunas de sus pretensiones, a los recurrentes que impugnaron la disposición general del decreto.

La Sala avala la legalidad de parte de la norma recurrida y ampara a la Conselleria de Educación en su decisión de suprimir los conciertos de Formación Profesional Básica por falta de alumnado matriculado.

Los magistrados consideran que tales artículos no vulneran los derechos de las familias en segundas o posteriores opciones, ni discriminan a los alumnos que opten por la enseñanza concertada respecto de la pública.

Tampoco consideran contrario a derecho el artículo que limita, vía Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana, las unidades que han de concertarse cada curso.

En base a estas cinco sentencias, el TSJ ha resuelto los casos particulares de ocho centros educativos que habían recurrido la no renovación o reducción del número de aulas que tenían concertadas.

La Sala estima los recursos de ocho colegios y les reconoce el derecho a conservar las aulas concertadas que la Generalitat no les renovó.

“Para poder reducir una unidad, la Administración debe ofrecer una motivación sólida, suficiente y debidamente justificada”. “En el supuesto que nos ocupa”, señala el Tribunal en relación a la decisión de la Conselleria de reducir las aulas concertadas con el Colegio El Pilar de Valencia, “se ha limitado a rellenar unos impresos. El Tribunal no tiene forma de comprobar cómo se han distribuido las unidades, criterios seguidos que puedan ser verificados, cómo se ubicarían hipotéticamente en la zona los alumnos cuya unidad se suprime (…). Ni existe motivación ni mucho menos (la decisión) está debidamente justificada como exige nuestro Alto Tribunal”.

Una sentencia da la razón a UGT y reconoce a empleados del Gobierno de La Rioja el derecho a más días de asuntos propios y vacaciones2018-05-29

Los servicios jurídicos de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT La Rioja (FeSP-UGT La Rioja) han vuelto a ganar en los juzgados el derecho al disfrute de asuntos particulares y vacaciones de seis empleados de la Dirección General de Agenda Digital, dependientes del Gobierno de La Rioja.

Es la segunda vez que la justicia da la razón a UGT, en esta ocasión, ante el recurso de casación presentado por la Comunidad Autónoma de La Rioja, frente a la sentencia favorable dictada por el Juzgado de lo Social Nº2 en julio del 2017. Dicha sentencia reconocía la antigüedad de los trabajadores, por la cual también ha sido reconocido su derecho al disfrute de dos días más de asuntos propios y un día más de vacaciones, tiempo que la Administración pretendía negarles.

FeSP-UGT La Rioja celebra esta sentencia, pero lamenta la falta de voluntad que está demostrando el Gobierno regional para reconocer unos derechos más que evidentes a sus empleados, una actitud que está caracterizando al Gobierno del presidente Ceniceros.

De este modo, la Administración Autonómica debe, otra vez, dedicar recursos económicos al pago de las costas a las que ha sido condenada.

El reconocimiento de estos días de asuntos propios y de vacaciones se tendrá que hacer efectivo en los próximos días para los 60 empleados que se encuentran a esta situación, a quienes UGT anima a contactar con el sindicato ante cualquier duda que puedan tener al respecto.​​

La Comisión de Transformación Digital del ICAB denuncia el intrusismo profesional en la Protección de Datos2018-05-29

La Comisión de Transformación Digital del ICAB denuncia las infracciones por parte de las empresas al hacer uso de bases de datos sin titulación e infringir los parámetros establecidos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter general.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter general, denuncia el intrusismo empresarial y el delito que supone cometer infracciones al utilizar archivos y bases de datos personales electrónicas sin autorización.

La Comisión incide en la mejora del derecho a la protección de los datos personales y saber qué se hace con ellas, quien trata esta información y cuál es su finalidad, teniendo presente que quien gestiona esta información no es el titular de los datos y que muchas veces no posee la formación para hacerlo.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona pone de relieve la actuación de la Autoridad Catalana de Protección de Datos que vela para que las entidades que gestionan nuestros datos respeten el derecho a su uso de carácter personal. Además, esta institución informa a las personas de sus derechos, como ejercerlos y qué hacer en caso de que no sean respetados.

Por otra parte, la Comisión denuncia el intrusismo profesional en la Protección de datos por parte de las empresas que ha acabado por banalizar la profesión de los abogados expertos en esta materia. La falta de conocimientos y habilidades jurídicas necesarias por parte de otras organizaciones infravalora la tarea de la abogacía. Por este motivo es importante tratar datos de carácter personal teniendo conocimiento de Derecho Administrativo, esencial para los requisitos que exige la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

En relación a la legislación actual, el derecho a la protección de datos personales deriva del artículo 18 de la Constitución Española y se encuentra presente en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En esta línea, el ICAB tiene presente la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Una nueva legislación que cubrirá a todos los ciudadanos de la UE e introducirá cambios como la posibilidad de borrar los datos personales en manos de empresas, pedir copia de los datos y en caso de haber alguna filtración que el usuario sea notificado.

El ICAB apuesta por trabajar por el cumplimiento de la normativa, dar respuestas efectivas y evitar irregularidades en el uso de los datos personales y de acceso a la información que está vinculada.

LA COMISIÓN

El abogado experto en TIC Rodolfo Tesone es el diputado de la Junta de Gobierno del Colegio responsable de la Comisión de Transformación Digital, que se presentó el pasado 9 de febrero de 2018.

Esta Comisión persigue tanto la renovación y transformación digital del Colegio, como de la profesión y de los abogados en general para afrontar las nuevas necesidades de la era de la digitalización y, sobre todo, la que se está dando en el ámbito de la Justicia.

Un juzgado de lo Social de Cáceres concede la incapacidad permanente total a un obrero que no estaba dado de alta en el INSS2018-05-28
La magistrada considera que el trabajador estuvo todo ese tiempo sin inscribirse por las graves enfermedades de sus padres a los que tenía que atender personalmente
El Juzgado de lo Social 1 de Cáceres ha concedido la incapacidad permanente total a un peón agrícola que permaneció 24 meses sin estar inscrito como demandante de empleo en el INSS por haberse dedicado al cuidado de sus padres gravemente enfermos.

El juzgado considera, con criterio humanizador, que el trabajador estuvo todo ese tiempo sin inscribirse por las graves enfermedades de sus padres a los que tenía que atender personalmente además de su propia enfermedad. Considera que no actuó con desidia sino por motivo de las circunstancias familiares y propias que concurrían, teniendo además en cuenta la dilatada trayectoria profesional del mismo.

La magistrada le ha declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual. La sentencia fue confirmada por la Sala de lo Social el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Condenado a 25 años y dos meses el acusado de asesinar al abogado Díaz Moñux2018-05-28
La Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Miguel Ángel D. A. como autor material de la muerte del abogado Alfonso Díaz Moñux de dos disparos en la cabeza a finales de mayo de 2008. De acuerdo con el veredicto del Jurado, la Sala condena al procesado a 23 años y nueve meses de prisión como autor de un delito de asesinato alevoso mediante precio con la circunstancia agravante de uso de disfraz y a un año y cinco meses de prisión por tenencia ilícita de armas. Esta resolución puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Madrid.
El Tribunal Supremo sienta doctrina jurisprudencial sobre la deducción del IVA en los vehículos turismo adquiridos para su uso en la actividad económica2018-05-28

Después del tira y afloja entre la Administración y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de febrero de 2018, aborda al fin la controvertida cuestión suscitada en torno a si el legislador nacional ha vulnerado la normativa europea al limitar la deducción del IVA soportado en la adquisición de vehículos afectos a una actividad económica.

Si bien no ha negado la posibilidad de que los empresarios y profesionales se deduzcan el 100 % del IVA soportado, sigue el mismo criterio que la Agencia Tributaria y condiciona tal deducción a la prueba de su exclusiva afectación a la actividad empresarial o profesional.

La limitación a la deducción total del IVA de los vehículos afectos es una presunción que puede ser destruida mediante prueba en contrario

El artículo 95.Tres de la Ley 37/1992 (Ley IVA) determina el derecho a deducir las cuotas de IVA soportadas o satisfechas, en atención "al grado efectivo de utilización del bien en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional", estableciendo una presunción de afectación a esa actividad "en una proporción del 50 por 100" y haciendo recaer sobre el sujeto pasivo la carga de acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho "el grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional".

De acuerdo al Tribunal Supremo, el precepto citado prevé un derecho del sujeto pasivo a deducirse las cuotas soportadas relacionadas con vehículos turismos, en proporción al grado de utilización de tales bienes en la actividad empresarial o profesional. Por tanto, no determina a priori el derecho a la deducción que corresponde por esas cuotas, sino que condiciona el quantum a la completa acreditación del uso efectivo del vehículo en su actividad.

El artículo 95.Tres Ley 37/1992 (LIVA) incorpora también una presunción iuris tantum de afectación del vehículo en un 50 por 100, lo que implica, en la práctica, que esta presunción pueda ser destruida tanto por el contribuyente -acreditando por cualquier medio de prueba admitido en derecho un grado de utilización del bien superior a ese porcentaje-, como por la Administración, que deberá probar cumplidamente, para imponer una menor deducción, que el grado de afectación es inferior al presumido por la ley.

El "principio de deducción proporcional" contenido en la norma española no vulnera la directiva europea

Así interpretado, el Alto Tribunal considera, en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana impugnada en casación, que nuestro artículo 95.Tres, reglas 2 ª y 3ª Ley 37/1992 (Ley IVA) no se opone a la Sexta Directiva (artículo 17) ni al principio de neutralidad fiscal en el que se basa el sistema común del IVA.

Este precepto tampoco contradice la interpretación que el TJUE efectuó de la norma europea en su sentencia de 11 de julio de 1991 -caso Lennart, asunto C/97/90-, al afirmar que "todo sujeto pasivo que utilice bienes para una actividad económica tiene derecho a deducir el IVA soportado en el momento de su adquisición por pequeña que sea la proporción de su uso para fines profesionales", ya que ello no implica en ningún caso que tal deducción deba ser necesariamente la que corresponda a la totalidad de la cuota soportada, sino que todo sujeto pasivo que utilice bienes para una actividad económica tendrá derecho a deducir el IVA soportado en el momento de su adquisición, aunque esa afectación sea proporcionalmente poco relevante.

Según el TS, no se impone la probatio diabólica de un hecho negativo

El Supremo tampoco estima aceptable el argumento de que la práctica de la prueba de la dedicación exclusiva del vehículo a la actividad empresarial sea "imposible" o "extraordinariamente difícil" en las instancias administrativas, y considera que el contribuyente dispone de los medios necesarios para constatar ese destino.

No obstante, más allá de dicha afirmación, en la sentencia no se especifica ningún medio de prueba válido para acreditar una afectación íntegra a la actividad comercial, por lo que conviene exponer en este punto algunas pruebas aportadas por el contribuyente que en su momento fueron consideradas apropiadas por los tribunales para desvirtuar la presunción legal establecida:

De todo lo expuesto, parece que podemos considerar que la solución de las posibles controversias que se susciten entre el contribuyente y Hacienda en relación a esta cuestión, quedará supeditada a la valoración caso por caso de los Tribunales Superiores de Justicia de las pruebas aportadas y el porcentaje de deducción aplicado.

  • Indicación del número de kilómetros anualmente recorrido por el vehículo y la aportación de una relación, con las acreditaciones que sean posibles, de las salidas realizadas en el año, a fin de ponderar la adecuación de una magnitud a la otra (Sentencia 245/2005 del TSJ Albacete)
  • Prueba pericial -kilómetros recorridos por el vehículo coincidentes con las visitas planificadas y realizadas a los clientes- y testifical -clientes que afirman que el visitador de la empresa demandante se traslada en un automóvil de las mismas características- (Sentencia 101/2006 del TSJ de Asturias)
  • Póliza del contrato del seguro de vehículo afirmando que el mismo tiene uso estrictamente profesional, manifestación en dicho contrato de que el conductor habitual del vehículo es empleado de la empresa, aportando los documentos de cotización a la Seguridad Social (Sentencia 953/2007 del TSJ Extremadura)
  • Gastos de combustible, kilómetros efectuados, rótulo en el vehículo, garaje donde se guarda el vehículo, declaraciones testificales de clientes y proveedores que conociesen la utilización y desplazamientos del vehículo, etc. (Sentencia 659/2012 del TSJ Extremadura)
Pleno de la Abogacía Europea en Praga2018-05-25

El Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, ha celebrado su pleno de mayo en Praga (Chequia), en honor a su Presidente 2018, Antonin Mokry. Los temas que han destacado dentro de la agenda han sido el acceso a la Justicia, Brexit, Convención europea de la Abogacía, formación, inteligencia artificial aplicada a la profesión, deontología, futuro de la Fundación de los abogados europeos, jurisprudencia europea reciente de importancia para la profesión, fiscalidad, Derecho de sociedades y Estado de Derecho en Polonia.

Entre los posicionamientos aprobados, cabe destacar la interpretación del Código Deontológico, de su modelo y de los principios básicos para la profesión. Respecto a la Convención de la Abogacía, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado iniciar la redacción, encargando su primer borrador al Comité GR-J de Cooperación Jurídica. Por último, cabe destacar la aprobación de las cuentas de CCBE en 2017, presentadas por el Comité de finanzas, último acto de Iñigo Nagore, que acaba su mandato como presidente del mencionado comité.

Asimismo, en torno a esta sesión plenaria, CCBE ha celebrado varias reuniones de sus Comités y Grupos de Trabajo. Y también coincidiendo con estas reuniones, se ha celebrado en Praga el Foro de Innovación de Servicios Jurídicos – el Tercer Foro anual de servicios jurídicos innovadores se ha centrado en tres áreas principales: Visiones Tecnológicas / Empresariales / Europeas. La conferencia ha reunido a expertos sobre estos temas en un solo escenario y ante abogados, empresarios y profesionales de los sectores implicados.

Primera suspensión en Andalucía sobre IRPH a la espera del Tribunal de la UE2018-05-25

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Algeciras ha dictado un Auto por el que suspende el curso de un procedimiento sobre la nulidad del IRPH en una hipoteca, a la espera del pronunciamiento que deba realizar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial que planteó en febrero otro Juzgado de Barcelona.

  • La decisión final sobre el IRPH dependerá del Tribunal de la UE, como ya sucediera en su momento con las cláusulas suelo
  • Incluye el auto
Legal Today

Francisco Orozco, abogado experto en Derecho Inmobiliario y director de este asunto, ha afirmado que "no tiene constancia de que ningún otro Juzgado de Andalucía haya suspendido el curso de las actuaciones en un procedimiento sobre IRPH, por lo que espera que el Auto de este Juzgado gaditano sirva de precedente". En los últimos días hemos conocido que otros como el de Primera Instancia nº 2 de San Fernando de Henares (Madrid) o el de Primera Instancia nº 3 de Gavà (Barcelona) han dictado resoluciones en el mismo sentido. 

El pasado 22 de noviembre, el Tribunal Supremo se pronunció a favor de los bancos, y estableció la validez de la cláusula IRPH al entender que "la mera referencia a este índice en las hipotecas no suponía falta de transparencia o abusividad". Con ello, el alto tribunal había frustrado las pretensiones de miles de afectados en toda España. Ante esto, el Juzgado de la capital condal planteó una cuestión prejudicial, y el Tribunal de Luxemburgo la admitió a trámite el pasado 21 de febrero. Ahora todo dependerá de su resolución.

En el caso de Algeciras, los clientes formalizaron una hipoteca con Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) el 6 de septiembre de 2005. El contrato de préstamo hipotecario contenía una referencia sobre el interés al IRPH, de manera que las cuotas devengadas durante todos estos años han sido muy superiores en comparación a otra hipoteca con las mismas características, pero referenciada al Euribor.

Según Francisco Orozco "esta decisión podría provocar que otros muchos juzgados se adhieran y suspendan sus procedimientos, como también ha sucedido en las ejecuciones hipotecarias por planteamientos similares sobre la cláusula de vencimiento anticipado o la cláusula de interés de demora".

Por otro lado, la abogada Mónica Guzmán, integrante del Bufete Orozco y Asociados, ha afirmado que "los jueces deberían acordar la suspensión o, subsidiariamente, plantear nueva cuestión prejudicial en los mismos términos que lo hizo el Juzgado de Barcelona". Pero es evidente que esto último sería contraproducente por razones de prudencia y economía procesal (para evitar reiterados planteamientos de la misma cuestión). Por ello, declara la letrada, "acordar la suspensión es la opción que menos perjudicaría a los afectados".

Por ello, todo apunta a que la decisión final sobre el IRPH dependerá de instancias comunitarias, como ya sucediera en su momento con las cláusulas suelo.

Sobre Francisco Orozco

Francisco Orozco es Profesor en la Universidad de Sevilla - Facultad de Derecho- y Abogado. Está colegiado como ejerciente por cuenta propia en el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga y en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, siguiendo el itinerario de Derecho Público. También cursó estudios del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad de Granada. Es experto en Derecho de Extranjería por la Universidad de Cádiz, experto en Documentoscopia por la Universidad de Salamanca y tiene un Máster Universitario Oficial en Abogacía por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid.

En 2014 residió en Estados Unidos. Primero estuvo en Miami, desde donde se preparó para ser admitido en una de las mejores universidades del mundo: Georgetown University (en Washington D.C.). Tras conseguirlo, estudió un "EFL Program". Además, trabajó y asistió a numerosos Seminarios y Conferencias en otras universidades de la capital de Estados Unidos (American University y George Washington University).

Actualmente es Doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pablo de Olavide, donde realiza su tesis doctoral sobre la regulación de la maternidad subrogada en España y sus efectos jurídicos, en la línea jurídico-privada (Derecho Civil - Derecho de Familia).

¿Quiere leer el auto?

Un juzgado investiga un entramado de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo desde la Diputación de Barcelona2018-05-25
La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona investiga desde hace más de un año un entramado por el que se habría defraudado un mínimo de dos millones de euros a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos o Bosnia, entre otros, desde la Diputación de Barcelona mediante varias entidades entre los años 2012 y 2015.

En el marco de esta causa, que está secreta, el magistrado ha acordado la práctica de 20 entradas y registros en oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas (entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de CATmón) ubicadas en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus, entre otras. Para garantizar la ejecución de las entradas y registros, la policía practicará una treintena de detenciones.

La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores se reúne con las profesiones colegiadas para su contribución en la implementación de la Agenda 20302018-05-24

A iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), como Presidencia del Grupo de Alto Nivel para la implementación de la Agenda 2030, ha tenido lugar en la mañana de hoy una jornada organizada por el mismo Ministerio, Unión Profesional (UP) y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) titulada Profesiones por el común con la Agenda 2030 como herramienta de trabajo.

El objetivo principal con el que se ha convocado a las profesiones colegiadas de España ha sido el de profundizar en la labor desempeñada por sus corporaciones colegiales en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el plan de acción más ambicioso a favor de las personas, el planeta y la prosperidad hasta 2030, así como de informarles sobre el proceso de preparación del examen voluntario nacional al que se presenta nuestro país el próximo mes de julio.

Presidida por la presidenta de UP, Victoria Ortega y por el presidente de la UPCI, Luis Vilches, la jornada ha sido introducida en la materia por Cristina Pérez, directora general de políticas de desarrollo sostenible y Juan Francisco Montalbán, embajador en misión especial para la Agenda 2030, dependientes ambos departamentos institucionales del MAEC.

Profesiones por el común con la Agenda 2030

En la apertura de este encuentro, Victoria Ortega ha señalado la labor que las profesiones colegiadas están llevando a cabo en lo que respecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde los anteriormente denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) —planteados en el año 2000 y reformulados en el 2015 con el propósito de incluir a la sociedad civil e incrementar la calidad de lo exigido—. Los profesionales, como parte activa de la sociedad civil, están especialmente implicados en el cuidado y desarrollo de la ciudadanía; y cuya labor queda reflejada en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. «Sin las profesiones no tendríamos el mundo que tenemos, ni podríamos avanzar al mundo que queremos», ha recalcado la presidenta de UP.

Luis Vilches hizo hincapié en la necesidad de trabajar de forma conjunta por la sociedad civil de la que UP y UPCI forman parte, así como la Administración y el Gobierno, tal y como esta jornada demuestra. La UPCI ha apoyado totalmente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se han ofrecido a seguir trabajando en su desarrollo. En línea con esta idea, Vilches ha trasladado la labor conjunta realizada con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad desde hace tres años para la consecución de un Pacto de Estado por la Industria en el que participen sociedad civil, sector privado, sindicatos y partidos políticos, con el objetivo de que la contribución de la industria al PIB sea, al menos, del 20% en próximas legislaturas. Todo ello con el objetivo de crear un empleo de calidad y estable y, por ende, mejorar la economía española.

Profesiones y Objetivos de Desarrollo Sostenible

La reunión de todas las profesiones colegiadas en este acto supone la oportunidad de ofrecer una visión transversal y cooperativa para continuar trabajando, por un lado, la consecución de objetivos concretos, y por otro, en favor del común, proponiendo la «consecución del acceso universal a los servicios profesionales como garantía de un Estado democrático, compartiendo esfuerzos para llegar a la consecución real de dichos objetivos», tal y como ha especificado Ortega en su intervención. Asimismo, pretenden que esta iniciativa sea el comienzo de una interlocución que se fortalezca con el tiempo, ya que solamente se puede avanzar, también en el terreno de los ODS, contando con las profesiones. «Como instituciones inclusivas, las organizaciones colegiales favorecen la defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, y la redistribución de la renta y la riqueza», advertía la presidenta de Unión Profesional.

Durante sus intervenciones, tanto el embajador como la directora general, han explicado la hoja de ruta a seguir para lo que se ha diseñado un borrador de Plan de Acción con un horizonte temporal limitado (2018-2020) con el que se pretende impulsar urgentemente aspectos clave, a la vez que sentar las bases fundamentales para trazar la senda 2020-2030. Juan Francisco Montalbán ha querido referirse a la necesidad de consolidación de la alianza con los colegios profesionales y llegar de esta manera a los colegiados, a la sociedad: «La Agenda 2030 no es más que una manera ordenada de debatir políticas públicas, dando respuestas a la sociedad».

Cristina Pérez, por su parte, ha destacado que «la Agenda 2030 es transformadora, evolutiva y tiene carácter universal», motivando a las corporaciones colegiales a cumplir con su papel de «actor dual: objeto y sujeto de la Agenda 2030». Este impulso, «solo será eficaz si va acompañado de un proceso de deliberación, participación y diálogo entre todos los niveles de la administración y que involucra a todos los actores sociales (entre los que se encuentran las profesiones) y al parlamento», han señalado desde el Ministerio.

La jornada Profesiones por el común con la Agenda 2030 como herramienta de trabajo fue clausurada por los presidentes de las asociaciones que agrupan a los Consejos Generales y Colegios Nacionales de profesiones, Victoria Ortega y Luis Vilches, instando a los asistentes a continuar el camino trazado por el Ministerio, y así superar el examen voluntario del próximo mes de julio, que se presentará ante Naciones Unidas, lo que significará que las profesiones han podido contribuir a la consecución de unos objetivos globales que terminen con la pobreza, protejan el planeta y aseguren prosperidad para todos.

Las mutuas ingresarán 548 millones de euros en los fondos de la Seguridad Social2018-05-24

La gestión realizada durante 2017 por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social ha supuesto, una vez cubiertas las reservas correspondientes, un excedente de 548,71 millones de euros que se ingresará, antes de finalizar el mes de julio, en los diferentes fondos de la Seguridad Social, según informó la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

Este excedente corresponde a la suma de tres grandes actividades que desarrollan las Mutuas en su condición de entidades colaboradoras con la Seguridad Social: la gestión integral de contingencias profesionales (accidentes laborales y enfermedades profesionales), la gestión de prestaciones por contingencias comunes (accidentes y enfermedades no laborales) y la gestión de prestaciones por cese de actividad de Trabajadores Autónomos (CATA). Cada una de estas actividades permite financiar un fondo específico de la Seguridad Social.

Así, el 80% del excedente resultante de la gestión de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y que en 2017 asciende a 441,79 millones de euros, se ingresará en el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, por lo que las aportaciones históricas de las Mutuas a este fondo ascienden a 10.417,37 millones.

El excedente de la gestión de las contingencias comunes se destinará en su totalidad (770.000 euros) al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como "hucha de las pensiones", elevando el total de aportaciones acumuladas por las Mutuas hasta los 1.488,08 millones de euros.

Por último, las Mutuas ingresarán 106,15 millones de euros en la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos, en la Tesorería General de la Seguridad Social, como excedente de la gestión de dicha prestación. La aportación histórica por este concepto asciende a 849,98 millones de euros.

El resultado de la gestión de las prestaciones por contingencia común ha sido de -462,33 millones en 2017. Ante esta situación, las Mutuas esperan que el próximo Reglamento de Mutuas incorpore instrumentos positivos para la colaboración en esta área, así como que los Agentes Sociales y Económicos consensúen medidas sobre la materia, dentro de los Acuerdos de Negociación Colectiva.

La abogacía madrileña espera que la nueva Consejería de Justicia acometa la actualización de los baremos del Turno de Oficio en esta misma legislatura2018-05-23
  • Así lo ha manifestado el decano José María Alonso tras la toma de posesión de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid

En representación de los cerca de 78.000 profesionales adscritos al Colegio de Abogados de Madrid, el decano José María Alonso y la vicedecana Begoña Castro han asistido a la toma de posesión de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid.

Tras el acto, celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol en presencia de autoridades como la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, las ministras María Dolores de Cospedal y Fátima Báñez, o los expresidentes madrileños Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón, Alonso ha valorado muy positivamente la inminente puesta en marcha de una consejería dedicada en exclusiva a la Justicia.

“Desde la abogacía madrileña estamos muy satisfechos con la creación de esta nueva Consejería”, ha señalado el decano, pues “la justicia es un elemento fundamental no sólo para la seguridad jurídica de los ciudadanos sino para el desarrollo económico de la Comunidad de Madrid”.

De la nueva consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, Alonso espera que tenga en especial consideración al mundo de la abogacía: “los abogados somos un elemento fundamental del funcionamiento de la justicia y, por tanto, debemos ser tratados en el mismo plano que los demás operadores jurídicos”, ha afirmado.

Respecto a la agenda de trabajo del nuevo organismo durante el año que queda de legislatura, el decano del ICAM confía en que se acometa de una vez la revisión de los baremos del Turno de Oficio, que permanecen congelados desde el año 2003. “El Turno de Oficio presta un servicio constitucionalmente recogido que es fundamental para los ciudadanos, y tiene que ser remunerado conforme a criterios de mercado”, ha explicado.

En ese sentido, y desde el convencimiento de que la Comunidad de Madrid es consciente de esta necesidad, “el Colegio de Abogados de Madrid va a ser especialmente beligerante en la defensa de los abogados del Turno, que tan importante servicio prestan a la ciudadanía madrileña”, ha concluido Alonso.

Consejeros de la Abogacía prestarán asesoramiento jurídico a la ONG Reporteros Sin Fronteras2018-05-23

Consejeros y Consejeras de la Abogacía Española prestarán asesoramiento jurídico, en el ámbito de su actividad como letrados y letradas, a la asociación Reporteros Sin Fronteras-España, gracias al convenio suscrito entre la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el presidente de Reporteros Sin Fronteras-España, Alfonso Armada.

Por su parte, Reporters sans Frontieres R.S.F Sección Española colaborará con la Abogacía Española en actividades de promoción y defensa de los Derechos Humanos, especialmente las relacionadas con el derecho a la información y la libertad de expresión recogidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 20 de la Constitución Española.

La colaboración entre ambas organizaciones incluye la información sobre la situación de defensores de derechos humanos amenazados por el desarrollo de su labor de la que pudiera tener conocimiento Reporteros Sin Fronteras Sección Española.

Ambas instituciones colaborarán en también en la organización de actividades de formación o divulgación de interés para los colectivos profesionales que representan.

A la firma del convenio, efectuada el día 21 de mayo en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, han asistido, además de Armada, las dos vicepresidentas de la asociación, Macu de la Cruz y Alicia Gómez Montano.

La Audiencia de Sevilla condena a tres años de cárcel y multa de 3.960 euros a un funcionario de prisiones por abusar de una interna y vejar a dos reclusas2018-05-23
La Sección Séptima condena al acusado por dos delitos contra la integridad moral, uno de abuso sexual y otro de actividad prohibida a funcionario

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 3.960 euros a un funcionario de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra por abusar sexualmente de una interna y vejar tanto a ésta como a otra reclusa.

En la sentencia, fechada el día 18 de mayo, la Audiencia condena al acusado a dos años de prisión y cuatro años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por dos delitos contra la integridad moral; a un año de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta por un delito de actividad prohibida a funcionario, y al pago de una multa de 3.960 euros por un delito de abuso sexual.

Asimismo, el acusado deberá indemnizar con 2.500 euros y 1.000 euros, respectivamente, a las dos víctimas, según dictamina la Audiencia Provincial en una sentencia en la que declara responsable subsidiaria a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

De igual modo, el tribunal absuelve al acusado de tres delitos contra la integridad moral por los que llegó a ser enjuiciado.

La Audiencia considera probado que el acusado estuvo destinado como funcionario de Instituciones Penitenciarias en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra desde el 11 de octubre de 2012 hasta el 5 de julio de 2014, cuando inició una situación de baja médica, “sin que se haya reincorporado tras ella en virtud de acuerdo adoptado el 19 de noviembre de 2014 en expediente disciplinario del que ha sido objeto al ser suspendido provisionalmente de funciones”.

Durante el periodo de tiempo en que estuvo desempeñando su trabajo en esta prisión, el acusado ejerció distintas funciones “que le permitían el contacto con las internas allí recluidas, y ello a pesar de que a partir del 1 de marzo de 2014 su destino le restringía el acceso a las mismas, lo que no fue un impedimento para el contacto con ellas”, ya que “desobedeció las órdenes cambiando el servicio con sus compañeros o incluso abandonando el puesto encomendado”.

En relación a una de las víctimas, la Audiencia indica que el acusado le exhibió un vídeo de contenido sexual que tenía almacenado en su móvil, a lo que se suma que, “tras interceptarle una carta en la que aparecían dibujos de tipo erótico, al devolvérsela” en el módulo “le dijo que estaría dispuesto a dejarse hacer una felación por ella y acto seguido, en dicho lugar, le intentó besar, defendiéndose la interna dándole un bofetón”.

Asimismo, y en los meses de enero a marzo de 2014, el acusado, “en dos ocasiones, se metió en la ducha mientras se encontraba en ella desnuda” dicha reclusa, “abandonando el lugar tras los gritos de la interna”, mientras que en dos ocasiones “tocó los glúteos” de esta mujer, lo que “originó intranquilidad y desasosiego en ella”.

De igual modo, en los meses de verano de 2014 y antes de causar baja por motivos de salud, el acusado “se introdujo en la ducha que estaba siendo usada” por otra interna y al verla desnuda “le dijo ‘qué culo más bonito tienes’”, según recoge la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, contra la que cabe interponer recurso de casación.

La Audiencia remarca que todos estos hechos “se han visto acompañados de otros comportamientos del acusado” que dieron lugar a la apertura de un expediente disciplinario que finalizó con resolución de 19 de noviembre de 2014 por el que se acordaba la suspensión temporal de funciones para el condenado.

Catalá anuncia un incremento del 30% de los honorarios de los letrados del Turno de Oficio2018-05-22
  • La subida será del 35 o del 20% según los diferentes asuntos tramitados por Asistencia Jurídica Gratuita y afectará a la práctica totalidad de los expedientes tramitados
  • La subida de los baremos, anunciada por el ministro de Justicia, será efectiva tras la aprobación de los Presupuestos de 2018
  • La Abogacía continúa exigiendo mejoras que respeten la dignidad de los profesionales y que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de la ciudadanía y no un bien de mercado

CGAE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado durante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, al que asisten los 83 decanos de los Colegios de Abogados y los 12 consejeros electivos, que una vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se incrementará un 30% de media los baremos que reciben los abogados adscritos al Turno de Oficio, como respuesta a las demandas y negociaciones con el Consejo, en representación de los 83 Colegios de Abogados.

El ministro ha destacado que la subida afectará al 99% de los expedientes tramitados por Justicia Gratuita con una subida que variará entre el 35%, especialmente en las jurisdicciones penal y civil, y el 20% para el resto de asuntos. Catalá ha afirmado que estas medidas se aplicarán inmediatamente tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, prevista para antes de que finalice junio. El detalle de las subidas se negociará en las próximas semanas.

El Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados, en el ejercicio de su función legítima y democrática de representación, defensa de los derechos de los abogados y de la dignidad de la profesión, han venido denunciando que la actual retribución del Turno de Oficio –en determinadas comunidades autónomas y, sobre, todo en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia- supone una falta de reconocimiento tanto a la labor de los más de 51.000 abogados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita como del servicio público de Justicia Gratuita reconocido en la Constitución.

Durante meses, se han venido manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia para agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, ya se ha conseguido el abono mensual de las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita. En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 y el abono antes de finalizar mayo de los meses de enero, febrero y marzo, la liquidación de las indemnizaciones en el territorio competencia del Ministerio de Justicia se efectuará con carácter mensual.

No obstante, con este anuncio del ministro de Justicia no se soluciona de forma total el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado así como el reconocimiento de nuevos módulos y el abono de las guardias. El ministro se ha mostrado partidario de ir armonizando paulatinamente los baremos para que no haya grandes diferencias entre lo que se cobra en distintos lugares de España.

La Justicia Gratuita es un servicio con protección constitucional que prestan eficientemente más de 51.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de España, garantizando la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes.

Los abogados de oficio son los auténticos protagonistas del servicio, y deben desarrollar su función en condiciones dignas, con garantías de percibir siempre el cobro por cada actuación y asegurando una retribución digna, tal y como prevé la propia exposición de motivos de la actual Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.

La Abogacía continua trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos y que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de  la ciudadanía y no un bien de mercado.

15 mujeres y 13 hombres estudiarán la posible reforma del Código Penal2018-05-22

CGAE

Finalmente serán 15 mujeres y 13 hombres juristas quienes abordarán el encargo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de analizar una posible reforma del Código Penal en el seno de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación cuya nueva composición se ha completado hoy.

Con los nombramientos efectuados se logra una representación equilibrada de mujeres y hombres en este órgano asesor que deberá pronunciarse sobre materias de especial sensibilidad como la libertad sexual de la mujer y la tipificación que se hizo en el Código Penal de 1995 de los delitos de abuso y agresión sexual.

La Sección de Derecho Penal queda integrada por 12 mujeres y 13 hombres con la condición de vocales permanentes: Esteban Mestre Delgado (presidente), Avelina Alonso de Escamilla, Luis Arroyo Zapatero, Javier Boix Reig, Manuel Cancio Meliá, Juan Carlos Carbonell Mateu, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Patricia Faraldo Cabana, Pilar Fernández Valcárcel, Ana Mª Ferrer García, Piedad García-Escudero Márquez, Carlos García Valdés, Enrique Gimbernat Ordeig, Carmen Gómez Rivero, José Luis González Cussac, Myriam Herrera Moreno, Carmen Lamarca Pérez, Borja Mapelli Caffarena, Pilar Martín Nájera, Enrique Peñaranda Ramos, Miguel Polaino Navarrete, Susana Polo García, Gonzalo Quintero Olivares, Mª del Carmen Sánchez Morán y Jesús Mª Silva Sánchez.

Asimismo, Blanca Hernández Oliver y Lucía Pedreño Navarro han sido nombradas vocales adscritas, así como la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, que ha sido designada para esta labor por su condición de vocal nata de la Comisión General de Codificación.

El Tribunal General de la UE confirma la validez de las restricciones introducidas a escala de la UE en 2013 con respecto a los insecticidas clotianidina, tiametoxam e imidacloprid debido a los riesgos que representan para las abejas2018-05-22

En cambio, estima gran parte del recurso de BASF y anula las medidas que limitan el uso del plaguicida fipronil, puesto que se impusieron sin que mediara una evaluación previa de su impacto

A raíz de la pérdida de colonias de abejas debido a varios casos de utilización inadecuada de plaguicidas, la Comisión decidió revisar en 2012 las aprobaciones concedidas a escala de la Unión a las sustancias activas clotianidina, tiametoxam e imidacloprid (pertenecientes a la familia de los neonicotinoides) y a la sustancia activa fipronil (perteneciente a la familia de los fenilpirazoles). Concretamente, la Comisión solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que procediera a realizar una nueva evaluación de los riesgos que estas sustancias representan para la salud de las abejas.

Habida cuenta de los riesgos identificados por la EFSA, el 24 de mayo de 2013 la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución 485/2013, [1] que establece desde el 26 de mayo de 2013 las siguientes prohibiciones con respecto a la clotianidina, el tiametoxam y el imidacloprid:

  • Cualquier uso no profesional en el interior y en el exterior.
  • Cualquier uso como tratamiento de las semillas o del suelo para los siguientes cereales, cuando se siembren de enero a junio: cebada, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo, tritical y trigo.
  • Cualquier tratamiento foliar de los siguientes cereales: cebada, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo, tritical y trigo.
  • Cualquier uso como tratamiento de semillas, tratamiento del suelo o aplicación foliar, con excepción de los usos en invernaderos y los tratamientos foliares después de la floración, para un centenar de cultivos, entre ellos la colza, la soja, el girasol y el maíz.

Asimismo, el citado Reglamento de Ejecución prohíbe desde el 1 de diciembre de 2013 el uso y la comercialización de las semillas de determinados cultivos que hayan sido tratadas con productos fitosanitarios que contengan esas sustancias (en particular, las semillas de cereales de verano, la colza, la soja, el girasol y el maíz), exceptuando las semillas usadas en invernadero.

Además, el 14 de agosto de 2013 la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución 781/2013, [2] relativo al fipronil.

[1] Reglamento de Ejecución (UE) n.º 485/2013 de la Comisión, de 24 de mayo de 2013, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de las sustancias activas clotianidina, tiametoxam e imidacloprid, y se prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que las contengan (DO 2013, L 139, p. 12)

[2] Reglamento de Ejecución (UE) n.º 781/2013 de la Comisión, de 14 de agosto de 2013, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa fipronil, y se prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que la contengan (DO 2013, L 219, p. 22).

Este Reglamento de Ejecución:

  • Limita desde el 16 de agosto de 2013 el uso de productos fitosanitarios que contengan fipronil a los cultivos en invernadero y a las semillas de puerros, de cebollas, de chalotes y del grupo de hortalizas del género Brassica para siembra en el campo que se recolectan antes de la floración.
  • Prohíbe desde el 1 de marzo de 2014 el uso y la comercialización de las semillas tratadas con productos fitosanitarios que contengan fipronil, exceptuando las destinadas a sembrarse en invernaderos y las semillas de puerros, de cebollas, de chalotes y del grupo de hortalizas del género Brassica para siembra en el campo que se recolectan antes de la floración.

Además, estos dos Reglamentos de Ejecución obligan a los Estados miembros a modificar o a retirar las autorizaciones vigentes de productos fitosanitarios que contengan clotianidina, tiametoxam e imidacloprid como muy tarde el 30 de septiembre de 2013 (sin perjuicio de un posible período de gracia que debía durar, como máximo, hasta el 30 de noviembre de 2013). En lo que respecta a los productos fitosanitarios que contengan fipronil, se establece idéntica obligación con la fecha límite de 31 de diciembre de 2013 (sin perjuicio de un posible período de gracia que debía durar, como máximo, hasta el 28 de febrero de 2014).

El grupo Bayer, que fabrica y comercializa el imidacloprid y la clotianidina en la Unión, el grupo Syngenta, que fabrica y comercializa el tiametoxam (y semillas tratadas), y el grupo BASF, que fabrica y comercializa el fipronil, interpusieron un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea mediante el que solicitaban la anulación de estas prohibiciones y restricciones. Syngenta solicitó además que se le abonara una indemnización por un importe no inferior a 367,9 millones de euros.

Mediante una de sus sentencias dictadas hoy, el Tribunal General desestima íntegramente los recursos de Bayer y de Syngenta relativos a los neonicotinoides clotianidina, tiametoxam e imidacloprid.

El Tribunal General hace constar a este respecto que, con la entrada en vigor del Reglamento 1107/2009 [3] el 14 de junio de 2011, los requisitos relativos a la ausencia de efectos inaceptables sobre las abejas -que, junto con los demás polinizadores, desempeñan una importante función tanto para la flora natural como para los cultivos herbáceos [4]- se endurecieron sustancialmente a escala de la Unión. En la actualidad, se exige expresamente que la exposición de las abejas a las sustancias activas de que se trate sea tan sólo «insignificante» o que su uso no tenga «efectos agudos o crónicos inaceptables para la supervivencia y el desarrollo de la colonia, teniendo en cuenta los efectos sobre las larvas de las abejas y sobre el comportamiento de las abejas». Estos nuevos requisitos se aplican también en caso de revisión de las aprobaciones vigentes.

Según el Tribunal General, habida cuenta de la existencia de nuevos estudios cuyos resultados, [5] comparados con los conocimientos disponibles en el momento en que se efectuó la evaluación anterior, habían causado preocupación sobre si seguían o no cumpliéndose los requisitos de aprobación, la Comisión pudo considerar fundadamente que era necesario volver a examinar la aprobación de las sustancias en cuestión.

Por lo demás, el plazo de aproximadamente ocho meses de que la EFSA disponía en el presente caso para llevar a cabo la nueva evaluación de los riesgos no era ni excesivamente reducido ni infrecuente.

[3] Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO 2009, L 309, p. 1).

[4] Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 84 % de las 264 especies de cultivo presentes en Europa dependen de los polinizadores, entre ellos las abejas.

[5] Tres estudios habían formulado conclusiones preocupantes sobre los efectos de la exposición de las abejas a dosis subletales de las sustancias controvertidas (reducción de la proporción de las abejas pecoreadoras que regresaban a la colmena y efectos en el desarrollo de las colonias de abejorros).

En lo que respecta a los usos restringidos o prohibidos en 2013, el Tribunal General declara que la Comisión ha conseguido demostrar que, habida cuenta del sustancial endurecimiento de las exigencias relativas a la ausencia de efectos inaceptables de las sustancias activas sobre las abejas, los riesgos señalados por la EFSA justificaban la conclusión de que las tres sustancias en cuestión habían dejado de cumplir los criterios de aprobación. El examen de las alegaciones formuladas por Bayer y Syngenta a este respecto no revela que se hubiesen cometido errores (tales como errores manifiestos de apreciación) ni que se hubiese realizado una incorrecta aplicación del principio de cautela o del principio de proporcionalidad. En cuanto al principio de cautela, el Tribunal General recuerda que este principio permite que, mientras no se despeje la incertidumbre científica sobre la existencia o el alcance de ciertos riesgos para la salud humana o el medio ambiente, las instituciones adopten medidas de protección sin necesidad de esperar a que la realidad y la gravedad de esos riesgos queden plenamente demostradas o a que se materialicen efectos perjudiciales para la salud. Además, el principio de cautela otorga a las exigencias ligadas a la protección de la salud pública, de la seguridad y del medio ambiente primacía sobre los intereses económicos.

En lo que respecta a la prohibición de usar y de comercializar semillas tratadas, el Tribunal General hace constar que esta prohibición era la única forma de garantizar el efecto útil de la restricción aplicada a la aprobación de las sustancias en cuestión. En efecto, si no se hubiera incluido dicha restricción, las existencias de semillas legalmente tratadas antes de la retirada o la modificación efectiva de las autorizaciones vigentes a escala nacional podrían haber circulado en los Estados miembros y haber sido utilizadas en aquellos que no han adoptado medidas nacionales.

En lo que se refiere al fipronil, mediante su otra sentencia de hoy, el Tribunal General anula el Reglamento de Ejecución 781/2013 en la medida en que éste i) limita, desde el 16 de agosto de 2013, el uso de productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa a los cultivos en invernadero y a las semillas de puerros, de cebollas, de chalotes y del grupo de hortalizas del género Brassica para siembra en el campo que se recolectan antes de la floración y ii) obliga a los Estados miembros a modificar o retirar las autorizaciones vigentes de productos fitosanitarios que contengan fipronil.

En efecto, la Comisión adoptó estas limitaciones sin haber medido antes las consecuencias de su acción para los distintos intereses en juego, comparadas con las posibles consecuencias de su inacción. Al no haber hecho esa evaluación de impacto, la Comisión violó el principio de cautela.

En cambio, el Tribunal General desestima el recurso de BASF en lo que atañe a la prohibición de usar y de comercializar, desde el 1 de marzo de 2014, semillas tratadas con productos fitosanitarios que contengan fipronil. En efecto, como este grupo no comercializa él mismo semillas tratadas con dichos productos, la citada prohibición no lo afecta directamente, por lo que no está legitimado para solicitar su anulación.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

La Directiva de la Unión sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores puede aplicarse a una institución educativa2018-05-21

El juez nacional está obligado a apreciar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos comprendidos en la Directiva celebrados entre las instituciones educativas y los estudiantes

La Sra. Susan Kuijpers estudió en una institución educativa de Bélgica (Karel de Grote-Hogeschool) durante los cursos académicos 2012/2013 y 2013/2014. Como no pudo saldar en un solo pago el importe total de 1 546 euros que adeudaba en concepto de tasas de matrícula y de gastos correspondientes a un viaje de fin de estudios, celebró un contrato por escrito con la institución educativa en el que acordaron una devolución calculada conforme a un plan de pago a plazos sin intereses. Según lo estipulado en dicho contrato, el departamento de «asistencia a los estudiantes» de la institución educativa le adelantó el importe que necesitaba para saldar su deuda, comprometiéndose la estudiante a transferir a dicho departamento siete cuotas mensuales de 200 euros. El pago de la deuda restante (146 euros) se realizaría el 25 de septiembre de 2014. Además, el contrato estipulaba unos intereses a un tipo del 10 % anual en caso de impago (sin necesidad de requerimiento) y una indemnización en concepto de gastos de cobro (fijada en un 10 % del importe impagado, con un mínimo de 100 euros). Pese a haber recibido un escrito de requerimiento, la Sra. Kuijpers no efectuó los pagos.

En 2015, la entidad educativa presentó una demanda ante el vredegerecht te Antwerpen (Juez de Paz de Amberes, Bélgica) contra la Sra. Kuijpers con objeto de que se la condenara a abonarle el importe adeudado en concepto de principal (1 546 euros), más los intereses de demora a un tipo del 10 %, devengados desde el 25 de febrero de 2014 (269,81 euros) y una indemnización (154,60 euros). La Sra. Kuijpers no compareció ante ese órgano jurisdiccional ni tampoco lo hizo nadie en su nombre.

Este es el contexto en que el juez belga decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. El juez se pregunta, en primer lugar, si puede examinar de oficio, en el marco de un procedimiento en el que una de las partes ha sido declarada en rebeldía, la cuestión de si el contrato está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva de la Unión sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. [1] En segundo lugar, el juez se pregunta si una institución educativa principalmente financiada con fondos públicos debe tener la consideración de «profesional», en el sentido de la Directiva, cuando concede a un estudiante un plan de pago a plazos.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia comienza recordando su jurisprudencia según la cual el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual. Esta obligación supone que el juez nacional también está obligado a examinar si el contrato que contiene la cláusula está o no comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva de la Unión.

[1] Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).

A continuación, el Tribunal de Justicia subraya que el legislador de la Unión pretendió conferir en al concepto de «profesional» un sentido amplio. En efecto, se trata de un concepto funcional que requiere que se determine si la relación contractual forma parte de las actividades que una persona ejerce con carácter profesional.

Además, el Tribunal de Justicia señala que parece que el asunto no se refiere directamente al cometido educativo de la institución en cuestión, sino que, por el contrario, se refiere a una prestación concedida por esa institución, con carácter complementario y accesorio a su actividad educativa, consistente en ofrecer mediante contrato la posibilidad de que una estudiante le devuelva a plazos y sin intereses unos importes adeudados. Pues bien, esta prestación supone, por definición, la concesión de facilidades de pago de una deuda existente y constituye esencialmente un contrato de crédito. Por tanto, dejando a salvo la comprobación de este extremo por el juez nacional, el Tribunal de Justicia considera que, al conceder tal prestación complementaria y accesoria de su actividad educativa, la institución educativa actúa como «profesional» en el sentido de la Directiva.

El Tribunal de Justicia subraya a este respecto que esta interpretación resulta corroborada por la finalidad protectora perseguida por la Directiva. En efecto, en el contrato existe, en principio, una desigualdad entre la institución educativa y el estudiante, debido a la asimetría entre estas partes en materia de información y de competencias técnicas.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

15 mujeres y 13 hombres estudiarán la posible reforma del Código Penal 2018-05-21

Finalmente serán 15 mujeres y 13 hombres juristas quienes abordarán el encargo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de analizar una posible reforma del Código Penal en el seno de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación cuya nueva composición se ha completado hoy.

​Con los nombramientos efectuados se logra una representación equilibrada de mujeres y hombres en este órgano asesor que deberá pronunciarse sobre materias de especial sensibilidad como la libertad sexual de la mujer y la tipificación que se hizo en el Código Penal de 1995 de los delitos de abuso y agresión sexual.

La Sección de Derecho Penal queda integrada por 12 mujeres y 13 hombres con la condición de vocales permanentes: Esteban Mestre Delgado (presidente), Avelina Alonso de Escamilla, Luis Arroyo Zapatero, Javier Boix Reig, Manuel Cancio Meliá, Juan Carlos Carbonell Mateu, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Patricia Faraldo Cabana, Pilar Fernández Valcárcel, Ana Mª Ferrer García, Piedad García-Escudero Márquez, Carlos García Valdés, Enrique Gimbernat Ordeig, Carmen Gómez Rivero, José Luis González Cussac, Myriam Herrera Moreno, Carmen Lamarca Pérez, Borja Mapelli Caffarena, Pilar Martín Nájera, Enrique Peñaranda Ramos, Miguel Polaino Navarrete, Susana Polo García, Gonzalo Quintero Olivares, Mª del Carmen Sánchez Morán y Jesús Mª Silva Sánchez. 

Asimismo, Blanca Hernández Oliver y Lucía Pedreño Navarro han sido nombradas vocales adscritas, así como la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, que ha sido designada para esta labor por su condición de vocal nata de la Comisión General de Codificación.

El TSJ de Canarias homologa una subida salarial a todas las camareras de piso de una cadena hotelera en Las Palmas2018-05-21
La cadena hotelera RIU llega a un acuerdo con los sindicatos ante el TSJC para acabar en cinco años con la brecha salarial por razón del sexo

Autor Comunicación Poder Judicial

La cadena hotelera RIU ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, homologado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, para abonarle a todas sus camareras de piso en la provincia de Las Palmas un plus mensual de 100 euros brutos a través de un plan quinquenal, con el fin de mitigar la brecha salarial por razón de sexo.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas ha dictado el auto que homologa el pacto extraprocesal alcanzado entre CCOO, UGT y el Frente Sindical Obrero y los hoteles de RIU en Las Palmas el 13 de marzo de 2018 para que los agentes sociales desistieran en la demanda mediante la cual exigían a la cadena el “cese en su trato de discriminación salarial entre las camareras de pisos y el resto de los empleados dentro de las diferentes categorías profesionales encuadradas en el nivel salarial IV del Convenio de Hostelería de la Provincia de Las Palmas”.

En aplicación de este acuerdo, a las camareras de pisos de RIU se les abonará, con efectos de 1 de enero de 2018, un plus en concepto de incentivo que alcanzará los 100 euros brutos en el año 2023, y que se desglosa como sigue: 60 euros brutos al mes en 2018; 70 en 2019; 80 en 2020; 90 en 2021, 95 en 2022, y finalmente 100 euros brutos en 2023.

El pacto es de obligado cumplimiento en los hoteles Riu Palmeras, Riu Palace Maspalomas, Riu Palace Oasis, Riu Palace Meloneras, Club Hotel Riu Gran Canaria, Riu Palace Tres Islas, Riu Palace Jandía, Riu Palace Paraíso Lanzarote Resort, Club Hotel