El carácter abusivo de una cláusula contractual puede ser objeto de control jurisdiccional2018-09-21

En febrero de 2008, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss celebraron con un banco húngaro un contrato de préstamo denominado en francos suizos (CHF). Con arreglo a dicho contrato, aunque las cuotas mensuales de devolución del préstamo debían pagarse en forintos húngaros (HUF), el importe de dichas cuotas se calculaba a partir del tipo de cambio vigente entre el forinto húngaro y el franco suizo. Asimismo, el contrato mencionaba el riesgo del tipo de cambio en caso de posibles fluctuaciones de dicho tipo entre esas dos monedas.

El tipo de cambio experimentó posteriormente cambios considerables en perjuicio de los prestatarios, lo que se tradujo en un aumento significativo de sus cuotas mensuales. En mayo de 2013, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss emprendieron acciones legales ante un órgano jurisdiccional húngaro contra OTP Bank y OTP Factoring, dos sociedades a las que se habían cedido los créditos derivados del contrato de préstamo. En el marco de este procedimiento judicial, se suscitó la cuestión de si la cláusula contractual relativa al riesgo del tipo de cambio no había sido redactada por el banco de manera clara y comprensible y si podía por ello considerarse abusiva en el sentido de la Directiva sobre las cláusulas abusivas. [1]

Entre tanto, en 2014 Hungría había aprobado leyes por las que se eliminaban de los contratos de préstamo denominados en divisas determinadas cláusulas abusivas, se convertían virtualmente en HUF todas las deudas pendientes derivadas de esos contratos y se aplicaba el tipo de cambio fijado por el Banco Nacional de Hungría. Esas leyes también estaban destinadas a dar cumplimiento a una resolución de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) que había declarado incompatibles con la Directiva determinadas cláusulas incorporadas a contratos de préstamo denominados en divisas [2] (esta resolución fue adoptada a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia pronunciada en el asunto Kásler y Káslerné Rábai). [3] No obstante, estas nuevas leyes no modificaron el hecho de que el riesgo del tipo de cambio recae sobre el consumidor en caso de depreciación del forinto húngaro en relación con la divisa de que se trate.

Dado que, según la Directiva, las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas no están comprendidas en su ámbito de aplicación, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital, Hungría), que conoce del asunto de la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss, pregunta al Tribunal de Justicia si el juez nacional puede examinar el carácter abusivo de una cláusula, en el supuesto de que no esté redactada de manera clara y comprensible, cuando el legislador húngaro, al no intervenir sobre este aspecto, ha aceptado que el riesgo del tipo de cambio continúe recayendo sobre el consumidor en caso de depreciación del forinto húngaro en relación con la divisa de que se trate.

[1] Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).

[2] Resolución n.º 2/2014 PJE (Magyar Közlöny 2014/91, p. 10975).

[3] Sentencia del 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13, véase también CP n.º 66/14).

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda que la norma que excluye del ámbito de aplicación de la Directiva las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legislativas o reglamentarias imperativas se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha establecido un equilibrio entre el conjunto de los derechos y de las obligaciones de las partes en el contrato. Sin embargo, ello no significa que otra cláusula contractual que no haya sido objeto de tales disposiciones legislativas, como la relativa al riesgo del tipo de cambio en el caso de autos, también esté excluida en su totalidad del ámbito de aplicación de la Directiva. Por tanto, el carácter abusivo de esta cláusula puede ser apreciado por el juez nacional en la medida en que, tras un examen de cada caso concreto, éste estime que no está redactada de manera y clara y comprensible. 4

A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que las entidades financieras están obligadas a facilitar a los prestatarios información suficiente para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y prudentes. Ello implica que una cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio debe ser comprendida por el consumidor tanto en el plano formal como en el gramatical, y también en cuanto a su alcance concreto. De ello se deduce que un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, debe no sólo poder ser consciente de la posibilidad de depreciación de la moneda nacional en relación con la divisa extranjera en la que se ha denominado el préstamo, sino también evaluar las consecuencias económicas, potencialmente significativas, de dicha cláusula sobre sus obligaciones financieras.

Además, el Tribunal de Justicia señala que el carácter claro y comprensible de las cláusulas contractuales debe apreciarse refiriéndose, en el momento de la celebración del contrato, a todas las circunstancias que rodeaban tal celebración, así como a las demás cláusulas del contrato, aun cuando algunas de esas cláusulas se hayan declarado o presumido abusivas y, por ello, hayan sido anuladas en un momento posterior por el legislador nacional.

Por último, el Tribunal de Justicia confirma que incumbe al órgano jurisdiccional nacional señalar de oficio, en sustitución del consumidor en su condición de parte demandante, el carácter supuestamente abusivo de otras cláusulas contractuales distintas de la relativa al riesgo del tipo de cambio, desde el momento en que disponga de los elementos de Derecho y de hecho necesarios para ello.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El CGPJ extiende la formación especializada en Violencia Doméstica y de Género a los jueces que no tienen atribuida esa competencia en exclusiva2018-09-21

El órgano de gobierno de los jueces da cuenta en la reunión del Observatorio, celebrada hoy, de los avances realizados para cumplir las medidas del Pacto de Estado. El Promotor de la Acción Disciplinaria propone asignar a la Unidad de Atención Ciudadana dos técnicos especializados para atender las quejas relacionadas con violencia de género.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofrecerá la posibilidad de formarse en Violencia Doméstica y de Género a los jueces y magistrados que obtengan plaza en alguno de los Juzgados de Instrucción, Mixtos o Penales, o en las Secciones de las Audiencias que conozcan de esta materia, pero sin competencia exclusiva sobre ella. Se da así cumplimiento al Acuerdo de la Comisión Permanente que, el pasado 8 de febrero, puso en marcha el desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado por el Congreso de los Diputados hace un año.

Así lo ha expuesto hoy la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, a los representantes de las instituciones que integran este órgano, que ha estado dedicada a evaluar el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado. Al encuentro, presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, han asistido, entre otros, la fiscal general del Estado, María José Segarra; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; y la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Llop; además de la vocal del órgano de gobierno de los jueces Victoria Cinto.

La propuesta del Servicio de Formación del CGPJ facilitará a los jueces y magistrados a los que está dirigida el acceso al curso de iniciación a la Formación de Violencia de Género, pues les permitirá hacerlo de forma directa, sin necesidad de someterse a la selección previa prevista, como norma general, en el Plan Estatal de Formación de la Carrera Judicial. La medida dará así cumplimiento tanto al citado Acuerdo de la Permanente, como a las medidas 214 y 217 del Pacto de Estado.

Con el fin de impulsar la formación sobre inmigración a los operadores jurídicos especializados en Violencia de Género (medida 218), el Servicio de Formación incluirá un panel específico sobre violencia de género en el "Foro de Estudios sobre inmigración".

Atención ciudadana especializada

En relación con la medida 120, referida a facilitar la formulación de quejas por parte de mujeres víctimas de violencia de género, así como de los profesionales, por posibles irregularidades o anomalías institucionales o judiciales, el Promotor de la Acción Disciplinaria ha propuesto insertar en la web del Observatorio un enlace directo al formulario on line de presentación de quejas y reclamaciones; colocar carteles divulgativos (que en la actualidad están en fase de diseño y adquisición) en las sedes de los órganos judiciales con competencias en la materia; y designar dos personas con formación especializada en la Unidad de Atención Ciudadana (UCA) para que atiendan de forma exclusiva esas quejas.

El Servicio de Inspección, por su parte, ya realiza comprobaciones en relación con la efectiva comunicación entre los juzgados y los Puntos de Coordinación de las órdenes de protección. Estas comprobaciones no sólo tienen por objeto el cruce de información sobre sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias en casos de violencia de género (como indica la medida 82); también se revisa si se han abierto las correspondientes piezas separadas para la tramitación de las medidas cautelares, si se está dando una tramitación preferente a las causas con órdenes de protección vigentes y si existen mecanismos de control en relación con la vigencia y duración de las medidas cautelares.

En su informe, el Servicio de Inspección propone mejorar el sistema de control sobre las órdenes de protección introduciendo un apartado expreso sobre el estado de las mismas en los formularios que se envían a los juzgados antes de la visita del inspector.

Asimismo, explica que ya se está llevando a cabo el control sobre el funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer y que, en el caso de detectarse disfunciones significativas, se elabora un informe que incluye una propuesta con las medidas de corrección necesarias. Para mejorar la detección de posibles disfunciones o incidencias relevantes que afecten a los órganos especializados, el Servicio de Inspección propone llevar a cabo una campaña anual de inspección virtual.

En relación con la medida 272, relativa a la posible creación de una unidad específica de inspección para los juzgados de Violencia sobre la Mujer, el Servicio de Inspección señala que, dentro de la unidad penal, existe una sub-unidad especializada en violencia de género que ya ha emitido numerosos informes con propuestas de mejora.

Para dar cumplimiento a las medidas referidas a la recopilación de datos, se ha dado traslado de las mismas al vocal Presidente de la Comisión Nacional de Estadística Judicial (CNEJ), Gerardo Martínez Tristán. Está en fase de elaboración un informe conjunto de la Sección de Violencia de Género y la Sección de Estadística, que se remitirá a la CNEJ para su estudio y aprobación.

Protocolos de actuación judicial

Por último, el Grupo de Expertos y Expertas que asesora al Observatorio ha elaborado un borrador sobre las medidas referidas a la necesaria coordinación entre instituciones, así como sobre la revisión de los protocolos de actuación judicial existentes.

Los expertos ya han elaborado una propuesta-borrador de buenas prácticas que no sólo se refiere a la toma de declaración de menores (medida 205) sino que se hace extensiva a todas las víctimas de procedimientos de violencia de género, diferenciando las fases de instrucción, enjuiciamiento y ejecución.

Los expertos trabajan también en la actualización de la Guía de Actuación de Buenas Prácticas judiciales en el sentido que indican varias de las medidas del Pacto de Estado. En relación con la protección de los datos personales de las víctimas (medida 265), se ha acordado la constitución de un grupo de trabajo integrado por técnicos del CGPJ y de la Agencia Española de Protección de Datos y se ha remitido a esta última la propuesta de actuación del Grupo de Expertos y Expertas del Observatorio.

El trabajo de los expertos se refiere también a la aplicación de la agravante de género (circunstancia 4ª del art. 22 del Código Penal) en todos los casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos machistas o discriminatorios hacia la mujer (medida 107); mejora de los instrumentos de vigilancia electrónica y fomento de su uso en los casos de "riesgo medio" (medida 143); revisión del procedimiento para la concesión y uso de Dispositivos Telemáticos de Control (medida 270); seguimiento de los procedimientos en los que se producen denuncias cruzadas con el fin de evitar que se obstaculice el proceso de la víctima de Violencia de Género (medida 271); y fomento, entre los operadores jurídicos, de un mejor conocimiento del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP) para evitar que, dada su carencia de base científica, pueda ser tomado en consideración por los órganos judiciales.

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El Tribunal Supremo rechaza que las diputaciones forales indemnicen a las empresas2018-09-21
La Sala de lo Contencioso establece que no concurren los requisitos legales para que las diputaciones forales vascas respondan, en concepto de responsabilidad patrimonial, frente a empresas que fueron beneficiarias en su día de las denominadas ‘vacaciones fiscales vascas’

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido que no concurren los requisitos legales para que las diputaciones forales vascas respondan, en concepto de responsabilidad patrimonial, frente a empresas que fueron beneficiarias en su día de las denominadas ‘vacaciones fiscales vascas’ y que se vieron obligadas a su reintegro con intereses en ejecución de la Decisión de la Comisión Europea, de 2001, que las consideró ilegales. Los magistrados argumentan que “la devolución de los importes a que se vio obligada la recurrente, no constituyen un daño que la misma no tuviera el deber de soportar, sino el mecanismo de regreso a la situación de la equidad empresarial y competencial”.

El Supremo ha fijado este criterio al resolver un recurso de la empresa ‘Helados y Postres S.A.’ que reclamaba una indemnización por parte de la Diputación Foral de Álava, por responsabilidad patrimonial, al entender que no tenía la obligación de soportar el perjuicio consistente en la devolución de las ayudas fiscales que la UE consideró ilegales e incompatibles con el mercado común. La empresa argumentaba que había existido una manifiesta infracción del principio de confianza legítima y el de seguridad jurídica por parte de la Administración foral al dejar sin efecto un beneficio fiscal previamente reconocido, causándole un daño efectivo y evaluable económicamente.

Con carácter subsidiario, la empresa reclamaba que se declarara la responsabilidad patrimonial de la Diputación derivada de la exigencia de intereses (que en el caso de la sociedad recurrente ascendieron a 327.800 euros), por concurrir un retraso de seis años en la actuación para el reintegro de las ayudas (que se hizo en 2007) y entender que esa demora era imputable a la Administración foral.

El Supremo desestima el recurso de la empresa contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de noviembre de 2016, que a su vez confirmó el criterio de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria, de 2015, que consideró ajustado a derecho el acuerdo del Consejo de Diputados de la Diputación (de 2010) que desestimó la reclamación de responsabilidad patrimonial que formuló la empresa por actos legislativos en materia de Impuesto de Sociedades.

La Sala III rechaza que se vulnerasen por la Diputación el principio de confianza legítima o el de buena fe -como principios generales de actuación de las Administraciones Públicas- con su actuación tendente a la recuperación de los incentivos fiscales indebidamente concedidos por la misma. Recuerda que el artículo 88.3 del Tratado de la UE, cuya infracción se invocó como fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador, “no confiere derechos a los beneficiarios de las ayudas de Estado declaradas incompatibles con el Derecho de la Unión". Así, el Supremo cita una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE donde se expone que el derecho lesionado no sería el de los beneficiarios de las ayudas ilegales, sino el de los competidores que se encontrarían en una situación de desventaja.

La sentencia subraya que, en cualquier caso, la Administración Foral -desde una perspectiva subjetiva- no ha de responder como consecuencia de la Decisión adoptada por la Comisión Europea, procediendo a la declaración de ser contrarios al Derecho de la Unión Europea los beneficios fiscales de la Norma Foral. “La actuación de la Diputación Foral constituye una obligada ejecución de lo resuelto por la Comisión y los Tribunales europeos, no siendo, pues, en modo alguno, la citada Diputación Foral -demandada y luego recurrida en el presente litigio-, el órgano que decidió e impuso la devolución, sino, simplemente, el órgano que ejecutaba la Decisión de la Comisión Europea”, añaden los magistrados.

Posición de ventaja

A dicho elemento subjetivo, la Sala añade que, desde una perspectiva objetiva, “debe rechazarse que la Administración demandada haya realizado un comportamiento lesivo y que la supresión de la ayuda haya causado un daño efectivo evaluable económicamente, pues la recurrente fue libre para acogerse al beneficio fiscal, luego declarado ilegal por la Comisión, y, de esta forma, se colocó en una posición de ventaja frente a los competidores, y, por ello, la recuperación articulada por la Administración Foral demandada, por mandato de la Comisión Europea, lo que hace es situarlo en la posición en que los citados competidores se encontraron”.

“En consecuencia -agrega la sentencia-, la devolución de los importes a que se vio obligada la recurrente, no constituyen un daño que la misma no tuviera el deber de soportar, sino el mecanismo de regreso a la situación de la equidad empresarial y competencial, que no debió ser alterada por la Diputación demandada, y que, por ello, la Comisión Europea y los Tribunales de la Unión, procedieron a la declaración de tales ayudas como contrarias al mercado común. Así pues, tal devolución de lo indebidamente percibido, no puede ser calificado, en modo alguno, de daño antijurídico, resultando, pues, inviable -también desde esta perspectiva- la responsabilidad patrimonial pretendida, que, entre sus requisitos, impone la concurrencia de dicho daño antijurídico”.

Para el Supremo, en modo alguno “puede deducirse la generación de un clima, ambiente, estado, apariencia o situación de seguridad legal en torno a los beneficios fiscales concedidos por la Norma Foral de precedente cita, debiendo recordarse que la existencia de controversias sobre la fiscalidad vasca -en su conjunto considerada- no nace de la Decisión anulatoria de la Comisión, pues, ya con anterioridad se habían producido impugnaciones ante Tribunales e instituciones europeas, debiendo deducirse, por todo ello, que la recurrente era plenamente consciente de las dificultades con que contaba el régimen de ayuda al que se acogía y, sobre todo, las dudas que el mismo generaba”.

En cuanto a la petición subsidiaria sobre el pago de intereses, consecuencia del retraso de casi seis años en la exigencia de la recuperación de las ayudas, la Sala señala: “Tal obligación de devolución debe ir acompañada de los correspondientes intereses, pues, el abono de los mismos es la compensación necesaria por haber disfrutado de un beneficio que no le correspondía, que, sin duda, ha reportado a la recurrente -y a otras entidades en la misma situación fiscal- una ventaja financiera que puede ser calculada de forma objetiva”.

La Abogacía considera que la colegiación obligatoria garantiza el ejercicio profesional adecuado2018-09-20

Abogacía Española

El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, que se celebró en Pamplona el 12 de septiembre, abordó la modificación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales operada por el Real Decreto-ley 11/2018 que impone la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil a aquellos profesionales que por cuenta ajena presten determinados servicios a sociedades mercantiles, asociaciones y otras personas jurídicas. La Abogacía muestra su discrepancia con esta reforma porque considera que el requisito de la colegiación obligatoria es suficiente para garantizar que el ejercicio profesional se lleva a cabo de manera adecuada.

El Consejo General de la Abogacía se opone a esta modificación por considerarla ineficaz e innecesaria, ya que poco puede contribuir a la prevención del blanqueo de capitales -lacra social en cuya persecución todos debemos colaborar- el dejar constancia en el Registro Mercantil de quiénes son las personas que prestan asesoría externa a una sociedad.

La Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales de la Abogacía ya mostró su discrepancia con esta reforma al presentar sus alegaciones al proyecto de Real Decreto. La Abogacía considera que el requisito de colegiación obligatoria es suficiente para garantizar que el ejercicio profesional se lleva a cabo de manera adecuada, sin que sea necesaria la exigencia de ninguna nueva autorización o registro. Además la Subcomisión está estudiando el contenido, interpretación y alcance de la reforma, ya que en ocasiones los términos empleados son indeterminados y confusos y requieren de una mayor precisión e interpretación.

El Consejo General de la Abogacía apuesta -y está realizando las gestiones oportunas con representantes políticos- para que la convalidación del RDLey se lleve a cabo como proyecto de ley, lo que permitiría presentar enmiendas. La Abogacía está comprometida para mejorar el texto.

El RDLey establece, entre otras, las siguientes obligaciones:

  • Inscripción al inicio de sus actividades en el Registro Mercantil de su domicilio
  • Presentación con carácter anual de un documento en el que se determinen los tipos de servicios prestados
  • El ámbito territorial de actuación
  • El número de operaciones realizadas
  • El volumen facturado por los referidos servicios
  • El volumen facturado por los referidos servicios
  • El ámbito territorial de actuación
  • El número de operaciones realizadas

En todo caso hasta el 4 de septiembre de 2019 los profesionales comprendidos en el art. 2 apartado 1 letra O del art. 2.1.O de la Ley podrán inscribirse en el Registro Mercantil sin incurrir en ningún tipo de infracción. 

La Mutualidad de la Abogacía incorpora dos nuevos nombres a su Consejo Asesor2018-09-20

Con la reciente incorporación de Ana García Fau, consejera independiente de DLA Piper; miembro del Comité de auditoría de Globalvia; vocal y presidenta de la comisión de auditoría de Merlin Properties; vocal de Gestamp Automoción y Eutelsat Communications, Technicolor y de Renovalia, (participada por el fondo Cerberus) y Marieta del Rivero, Socia de Seeliger y Conde, con foco en las prácticas de Transformación Digital, Movilidad, Tecnología, Cliente, así como en Consejos de Administración y Gobierno corporativo; consejera independiente de Cellnex Telecom (IBEX35) y miembro de la junta directiva de AED,  se completa el Consejo Asesor formado por seis profesionales de prestigio, con experiencia y demostrada capacidad de liderazgo en el ámbito financiero y empresarial, cuyo asesoramiento tendrá carácter consultivo y representativo.

  • Con la incorporación de Ana García Fau y Marieta del Rivero se completa el Consejo Asesor formado por profesionales de prestigio, con demostrada capacidad de liderazgo en el ámbito financiero y empresarial.

Los otros miembros de Comité son el catedrático y presidente del grupo de expertos para la última reforma fiscal de 2015, Manuel Lagares; el que fuera vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin Génova; el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta; y José Miguel Rodriguez-Pardo, economista, actuario y exdirector general de BBVA Seguros.

Entre las funciones de Comité está la de aportar reflexiones, ideas, iniciativas, y mejoras en aquellos temas sectoriales estratégicos relacionados con la actividad de la Mutualidad,  que en ningún caso supondrá el asesoramiento en aquellas materias que pudieran estar relacionadas de manera directa o indirecta con actividades que entren en competencia con sus productos.

El nuevo Consejo se reunirá próximamente con el gobierno corporativo de la Mutualidad, presidido por Enrique Sanz Fernández-Lomana,  para definir y reforzar un mejor conocimiento de los procesos de innovación genéricos de la industria financiera, aseguradora y de la previsión social, establecidos dentro del Plan Estratégico 2018-2022 aprobado en la Junta General del pasado mes de julio.

Competencia internacional en los concursos de acreedores2018-09-20

En el ámbito concursal se presenta la peculiaridad de la existencia de una mayor presencia del elemento internacional que en otros procedimientos judiciales, dada la frecuencia con la que los efectos de los concursos se desplazan fuera de nuestras fronteras. Basta con la existencia de un acreedor residente fuera de España o que el deudor sea propietario de algún bien ubicado en otro Estado Miembro, para que entre en funcionamiento el sistema de derecho internacional privado de aplicación.

Enrique Llopis Millán,
Departamento de Derecho Mercantil y Concursal EJASO ETL GLOBAL.

El motivo de este artículo es hacer unas breves reflexiones sobre las reglas que determinan la competencia judicial internacional tras haber pasado ya un tiempo desde que entró en vigor el Reglamento Europeo sobre el procedimiento de Insolvencia 848/2015 del Parlamento Europeo y del Consejo. Reglamento que supuso un paso de gigante de cara a homogeneizar y coordinar las normas de insolvencia en los distintos países miembros de la Unión Europea.

Las reglas que determinan la competencia judicial internacional para que se abra un procedimiento de insolvencia no han cambiado respecto a la Ley Concursal interna. Al igual que en el artículo 10.1 de la Ley Concursal 22/2003, la competencia para declarar y tramitar un concurso corresponde al Juez de lo mercantil, en cuyo territorio,  el deudor tenga su centro de intereses principales; es decir, donde ejerza de modo habitual y reconocible la administración de sus intereses.

Se establecen en el Reglamento tres supuestos en los que se presume el lugar en el que radica el centro de intereses económicos del deudor:

(i) Para personas jurídicas: el lugar en que se encuentre el domicilio social. 

(ii) En el caso de trabajadores autónomos y profesionales: el lugar donde desarrolla su actividad profesional.

(iii) Para personas físicas, no empresarios: el lugar donde radica su residencia habitual.

Este procedimiento inicial se denomina "concurso principal" y, además de tener alcance universal, comprenderá todos los bienes y derechos que ostente el deudor, estén dentro o fuera del Estado que apertura el concurso.

Se han dictado no pocas resoluciones judiciales por los Tribunales españoles en aras a determinar qué Tribunal es competente cuando no coincide el Estado Miembro donde de facto se gestiona la actividad con aquel otro Estado Miembro donde parece que se lleva a cabo la gestión de la actividad frente a terceros.

Como botón de muestra, entre otras muchas resoluciones, traemos a colación el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia de 19 de noviembre de 2013, Concurso 976/2013 que sostiene:

"[...] No debe estarse tanto al lugar en el que el deudor desarrolla su actividad, como aquel en el que los administradores se reúnan de forma habitual para la toma de decisiones, si bien dicho criterio cede ante el del lugar en el que a los ojos de terceros tiene  lugar dicha administración, en el caso  que no coincida con aquél [...]".

Ahora bien, en el caso en que el deudor tenga establecimientos en distintos Estados Miembros, se contempla la posibilidad de la apertura de concursos secundarios ante los Juzgados en los que se encuentren dichos establecimientos. Los efectos de estos concursos denominados secundarios por el Reglamento, que en el ordenamiento interno se considerarán como "concursos territoriales", se limitarán a los bienes  del deudor que se encuentren en dicho Estado Miembro; concursos que podrán ser de liquidación, de reestructuración o de convenio.

Para el control de esa competencia del Juzgado, se establece un control de oficio de la competencia internacional por el artículo 4.1 del Reglamento 848/2015. Se establece una verdadera obligación legal de controlar por el Juez del concurso la competencia judicial internacional.

Con el fin de evitar traslados oportunistas o fraudulentos en busca de un ordenamiento jurídico más flexible que permita llevar a cabo operaciones de refinanciación de una forma más desjudicializada perjudicando a los acreedores - lo que se conoce como fórum shopping- se refuerza en el artículo 5 del Reglamento el control de la competencia judicial internacional ya que se introduce la posibilidad de que tanto el deudor como los acreedores estén legitimados para impugnar la resolución por la que se acuerde la apertura de un procedimiento de insolvencia por falta de competencia judicial internacional.

Esta posibilidad de poner en conocimiento del Juzgado la falta de competencia internacional por medio de declinatoria es una novedad en el Reglamento y por tanto hay que considerarla incluida en nuestro ordenamiento interno.

Para evitar estos fraudes, los traslados de domicilio o del centro principal de intereses en los tres meses anteriores a la solicitud del concurso por personas jurídicas se considerarán "sospechosos". En esto casos, quebrará la presunción a la que hemos hecho referencia anteriormente que se regula en el artículo 3 del Reglamento.

A modo de conclusión, es indudable el interés  del legislador en mejorar la eficacia de los procedimiento de insolvencia con elementos transfronterizos, estableciéndose medidas que protegen la continuidad de la actividad empresarial, defienden el empleo de los trabajadores y promueven la cooperación entre los actores que intervengan en el procedimiento principal en un Estado Miembro y aquellos otros Estados en los que se abran los procedimientos secundarios para contribuir a una eficaz administración de la masa activa del deudor o una efectiva liquidación para pago de sus acreedores.

El sujeto pasivo certificado en el IVA: ‘Certified Taxable Person’2018-09-19

En un post anterior publicado el pasado día 5 de diciembre de 2017 (Hacia un sistema definitivo de tributación en destino en el IVA), hablábamos de una serie de propuestas recientemente publicadas por la Comisión Europea en las que se exponían varias medidas cuya finalidad no es otra que armonizar el comercio internacional de bienes, así como poner en marcha un sistema definitivo de tributación en destino del IVA en las operaciones intracomunitarias.

Entre estas medidas, además de la propuesta para la puesta en marcha del citado sistema definitivo, encontramos las denominadas "soluciones rápidas" (Quick Fixes), que se refieren a una serie de propuestas de armonización y simplificación en el tratamiento que, a efectos del IVA, debe darse a las ventas llevadas a cabo mediante el sistema de existencias de reserva (call-off stock) y también a las las ventas en cadena. Ambas se tratan de operativas más que habituales en el comercio internacional de bienes. A día de hoy el tratamiento que se da a este tipo de operaciones varía de unos países a otros. Las soluciones rápidas pretenden acabar con esta disparidad de tratamientos.

En el seno de dichas propuestas se pretende aprobar el estatus de lo que la Comisión Europea denomina como "Certified Taxable Person" (Sujeto Pasivo Certificado). Se trata, en resumen, de una especie de operador económico reconocido como fiable.

Se pretende que el Sujeto Pasivo Certificado sea uno de los pilares del nuevo sistema definitivo de tributación en destino del IVA en las operaciones intracomunitarias, así como para las soluciones rápidas. De esta manera, los Sujetos Pasivos Certificados podrán beneficiarse de las simplificaciones previstas para las ventas de existencias en reserva. Por otro lado, podrán disfrutar de un criterio claro a la hora de realizar las operaciones en cadena.

Sin embargo, los supuestos en los que la condición de Sujeto Pasivo Certificado va a tener mayor relevancia serán los intercambios de bienes entre los distintos Estados miembros de la UE.  El actual régimen del IVA separa las transacciones intracomunitarias de bienes en dos tipos de operaciones: una entrega intracomunitaria de bienes exenta en el Estado miembro de origen y una adquisición intracomunitaria gravada en el Estado de llegada de los bienes. Esto pretende ser sustituido por un régimen definitivo, el cual contempla que las entregas intracomunitarias de bienes, que pasarán a denominarse entregas de bienes dentro de la Unión, sean gravadas en el Estado miembro de destino. El proveedor deberá repercutir el tipo del IVA aplicable en el Estado miembro de destino de los bienes. Se pretende, para ello, poner a disposición de los sujetos pasivos un sistema de ventanilla única.

Sin embargo, cuando el destinatario de las entregas de bienes dentro de la Unión sea un Sujeto Pasivo Certificado, será posible aplicar la regla de inversión del sujeto pasivo. Por lo tanto, el proveedor no deberá repercutir ninguna cuota del IVA y el Sujeto Pasivo Certificado hará el ingreso y, en su caso, la deducción del IVA correspondiente en su Estado miembro, a través de un mecanismo de autorrepercusión.

Cuando por ejemplo un vendedor español entrega bienes a un empresario establecido en Portugal, el español deberá repercutir IVA al tipo impositivo portugués del 23% e ingresarlo en la Administración española. Sin embargo, si el vendedor español verifica que el empresario portugués tiene reconocido el estatus de Sujeto Pasivo Certificado, aplicará la regla de inversión del sujeto pasivo siendo el adquirente de los bienes el sujeto pasivo de la operación. El vendedor español no repercutirá IVA en la factura y será el empresario portugués el que se autorrepercutirá las cuotas del impuesto en su correspondiente declaración.

Esto supondrá un beneficio para ambas partes. Por un lado, el adquirente de bienes no verá perjudicado su cash-flow al no tener que ingresar IVA y, por otro lado, el vendedor evitará tener que repercutir IVA de un Estado miembro distinto del de su establecimiento.

Para beneficiarse de todo ello, el concepto de Sujeto Pasivo Certificado deberá servir para autentificar que una determinada empresa puede ser considerada globalmente como un sujeto pasivo fiable. Hasta ahora, los sujetos pasivos se identificaban a efectos de IVA a través de un número de identificación fiscal y, más en concreto, a través del NIF IVA.  Esto estaba sujeto a una gran cantidad de procedimientos arbitrarios en los distintos Estados miembros de la UE. Hay estados que conceden el NIF IVA de una forma casi automática mientras que otros (por ejemplo España) llevan a cabo una serie de comprobaciones previas al otorgamiento del NIF IVA que pueden llegar a suponer un obstáculo. Lo que se pretende con el status de Sujeto Pasivo Certificado es poder identificar los sujetos pasivos como fiables dentro de la Unión Europea de una forma uniforme y armonizada.

El reconocimiento deberá ser a nivel comunitario y sólo se otorgará a aquellos sujetos pasivos que cuenten con un buen historial de cumplimientos ante sus correspondientes administraciones tributarias. En concreto, para la concesión del estatus de Sujeto Pasivo Certificado, deberán cumplirse los siguientes criterios:

  • Inexistencia de infracción grave o reiterada de la legislación aduanera y de la normativa fiscal, así como de condena por un delito grave en relación con la actividad económica del sujeto pasivo.
  • Demostración de un alto nivel de control de las operaciones y del flujo de los bienes.
  • Prueba de la solvencia financiera del sujeto pasivo. Dicha solvencia se considerará acreditada cuando el solicitante tenga una capacidad financiera adecuada que le permita cumplir sus compromisos teniendo en cuenta las características del tipo de actividad empresarial de que se trate o, en su caso, mediante la presentación de garantías.

A pesar de que la idea suene positiva y, a priori, debería ser bien acogida por los sujetos pasivos del impuesto, creemos que se producirán más desventajas que ventajas a la hora de ponerla en práctica, al menos si se aprueba en la forma en la que está diseñada actualmente. En definitiva, lo que inicialmente suena como una buena idea, puede no serlo tanto debido a la complejidad de los requisitos establecidos para su aplicación.

El estatus de Sujeto Pasivo Certificado está basado en la figura de Operador Económico Autorizado (OEA) a efectos de aduanas. El OEA lleva en vigor unos cuantos años y es de sobra conocido que el proceso para obtener su aprobación conlleva aproximadamente un año de relaciones entra la compañía y la Administración hasta que finalmente el operador pueda ser reconocido como fiable. Surge aquí la primera de las preguntas: ¿Están las administraciones preparadas para manejar y tramitar el volumen de solicitudes de Sujetos Pasivos Certificados que se supone que van a recibir en un periodo corto de tiempo?

Por otro lado, se exige un alto nivel de control en las operaciones de la compañía, así como prueba de solvencia financiera. No se especifica cómo se va a evaluar dicha solvencia, ni se hace distinción en función de si es una gran empresa o estamos ante una pyme lo que supone una clara desventaja hacia estas últimas, ya que en muchos casos no cuentan con medios, por ejemplo un auditor externo, que pueda certificar la solvencia de la compañía, sin que ello quiera decir que carezca de ella. Además, el mantenimiento de una garantía bancaria es costoso, mucho más para una pyme con medios limitados que para una gran compañía, por lo que aquellas volverían a estar en una posición de desventaja.

El Sujeto Pasivo Certificado se diseñó como una medida que ayude a la simplificación de la realización y declaración de operaciones intracomunitarias. Sin embargo, los términos previstos son poco realistas de alcanzar para las pequeñas empresas por lo que creemos que esta medida no saldrá finalmente adelante o, al menos, deberá ser enormemente matizada. Prueba de ello es que en la última reunión del ECOFIN, celebrada el pasado 22 de junio de 2018, se publicó un documento sobre las propuestas mencionadas en el que si bien se mantienen las soluciones rápidas por considerarse de enorme utilidad en el comercio intracomunitario (hay unanimidad en este sentido) se elimina toda referencia al requisito de contar con el estatus de Sujeto Pasivo Certificado para beneficiarse de las mismas.  

Puesto que se requiere aprobación unánime de todos los Estados miembros, es de prever que haya una demora considerable en la puesta en marcha de esta medida. En nuestra opinión, no es descartable que finalmente se abandone la idea debido a la gran oposición que está recibiendo por parte de determinados Estados miembros.

El juzgado comunica a la investigada como presunta autora de la muerte del niño de Níjar (Almería) que será juzgada por un jurado popular2018-09-19
El juez instructor deberá emitir un auto de apertura de juicio oral una vez que las diferentes partes personadas presenten sus escritos de acusación y defensa

Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Instrucción nº 5 de Almería ha comunicado hoy a Ana Julia Q. que un jurado popular será el encargado de juzgarla por la muerte del menor Gabriel Cruz en una sesión en la que las diferentes acusaciones han expuesto la relación de hechos que consideran acreditados así como los delitos que se derivan de los mismos. Ninguna de las acusaciones atribuye a la investigada el delito de detención ilegal que se le había imputado anteriormente.

La sesión celebrada hoy en las dependencias judiciales está prevista en la Ley del Jurado. A lo largo de la misma, la Fiscalía de Almería solicitó que la investigada sea juzgada por la comisión de un delito de asesinato y dos delitos de lesiones psíquicas a los padres del menor fallecido, mientras que la acusación particular que representa a los padres consideró a la detenida autora de un delito de asesinato y de dos delitos contra la integridad moral. Por su parte, la Asociación Clara Campoamor, personada en la causa como acusación popular, se adhirió a los planteamientos de la Fiscalía y de la acusación particular.

En la sesión las tres acusaciones propusieron las diligencias que consideraron oportunas.

De acuerdo con la Ley del Jurado Popular, el juez instructor deberá emitir un auto de apertura de juicio oral una vez que las diferentes partes personadas presenten sus escritos de acusación y defensa. Posteriormente, las diligencias se remitirán a la Audiencia Provincial de Almería donde el magistrado – presidente del tribunal que resulte designado habrá de redactar un auto de hechos justiciables que recogerá los hechos por los que será juzgada la presunta autora de los mismos.

Un narcotraficante que intentó introducir en Galicia 1,2 toneladas de cocaína es condenado a 11 años de cárcel2018-09-19
La droga fue aprehendida en enero de 2015 en medio del Atlántico cuando estaba siendo transportada a bordo del pesquero Coral I

Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a 11 años de cárcel a Rafael B.P. por tratar de introducir en Galicia un alijo de 1,2 toneladas de cocaína procedente de Sudamérica. La droga fue aprehendida en enero de 2015 en medio del Atlántico cuando estaba siendo transportada a bordo del pesquero Coral I.

El tribunal, que también le ha impuesto el pago de una multa de 278 millones de euros, lo ha sentenciado como autor de un delito contra la salud pública en concurso con otro de pertenencia a grupo criminal, así como por un delito de tenencia ilícita de armas. Los otros 16 miembros de la organización gallega, que tenía como cometido transportar la cocaína del Coral I a tierra, han sido condenados a penas que oscilan entre los cuatro y los ocho años de prisión.

TC avala que el personal de las empresas de transporte de viajeros por carretera pueda ejercer funciones de policía administrativa2018-09-18

El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Barcelonaen relación con la disposición adicional tercera de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/1987, de 28 de mayo, sobre regulación del transporte por carretera mediante vehículos de motor, queatribuye la condición de agente de autoridad a los empleados de las empresas de transportes de viajeros por carretera en el ejercicio de sus funciones. La sentencia considera por unanimidad que el contenido de esta disposición no invade las competencias del Estado en materia penal (art. 149.1.6 CE) y en materia de seguridad pública (art. 149.1.29ª CE).

  • Incluye la sentencia

El fallo, cuyo ponente ha sido el Magistrado Andrés Ollero, señala la norma catalana puesta en entredicho se limita a atribuir al personal concernido la condición de agente de la autoridad como título de intervención sobre los usuarios del servicio público del transporte regular de viajeros por carretera, a los efectos de "permitir que puedan ejercer funciones de policía administrativa sobre ellos". Por tanto, "dicho personal debe dar cuenta de las infracciones detectadas a los órganos administrativos competentes, que serán los encargados de imponer, en su caso, las sanciones que procedan conforme a la ley autonómica".

La sentencia añade que esa atribución no comporta la asunción por "ese personal de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales de las administraciones públicas".

El TC rechaza las dudas de constitucionalidad planteadas por la Audiencia de Barcelona, por posible vulneración de los artículos 17, 25.1, 149.1.6 y 149.1.29ª de la Constitución, razonando que la disposición cuestionada se inserta en una ley autonómica dirigida a regular un determinado sector material y "no amplía ni modifica el tipo penal del art. 550 del Código Penal ni define el sujeto pasivo de la acción penal, ni impone al juez penal una concreta subsunción del tipo sino que restringe su ámbito de aplicación al puramente administrativo".

En este sentido, el Tribunal aclara que a diferencia de lo que sucedía en el caso del artículo 38.4 de la Ley 4/2006, Ferroviaria de Cataluña, que atribuía la condición de agentes de la autoridad a los interventores ferroviarios a los efectos de exigir responsabilidad por conductas punibles conforme al Código Penal (este motivo fue declarado inconstitucional y nulo por la sentencia 50/2018), la disposición adicional aquí cuestionada no atribuye a los empleados de la empresa de transporte la protección del artículo 550 del Código Penal.

Por tanto, alcanzada la conclusión de que la disposición cuestionada no constituye una norma penal también se rechaza "la pretendida vulneración del principio de proporcionalidad en materia penal derivado del art. 25.1 Constitución".

Por último, el Tribunal también desestima otra de las dudas de constitucionalidad planteadas respecto a una posible vulneración de la competencia estatal en materia de seguridad pública. La sentencia explica que reconocer "la condición de agentes de autoridad a los empleados de las empresas de transporte de viajeros por carretera no lo es en el sentido de policía gubernativa sino en el estricto sentido de vigilancia de la observancia por los usuarios. Particularmente, en lo referido al control de la posesión por los viajeros de un título válido de transporte".

¿Quiere leer la sentencia?

El 70% de las empresas no están cumpliendo con el RGPD2018-09-18

Alrededor del 70% de las empresas de todo el mundo no han atendido las solicitudes de personas que desean obtener una copia de sus datos personales, tal y como exige el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), dentro del plazo de un mes establecido en el reglamento, según revela un nuevo estudio de Talend (NASDAQ: TLND), líder mundial en soluciones de integración de datos en la cloud

La investigación se basa en las solicitudes de datos personales realizadas a 103 empresas con sede o que operan en Europa en sectores como el comercio minorista, los medios de comunicación, la tecnología, el sector público, las finanzas y los viajes. Entre el 1 de junio y el 3 de septiembre de 2018, Talend evaluó las respuestas a las solicitudes de los artículos 15 ("Derecho de acceso del interesado") y 20 ("Derecho a la portabilidad de los datos") del RGPD, monitoreando las áreas que incluyen referencias al RGPD en las políticas de privacidad, y la rapidez y exhaustividad de las respuestas.

El RGPD requiere una visión de los datos de la compañía y su gobierno", dijo Penny Jones, Directora de Investigación de 451 Research.  "Investigaciones recientes, incluyendo la realizada por Talend e informes separados de 451 Research, han encontrado que mientras muchas organizaciones entienden la importancia del RGPD, otras muchas todavía no están tomando en serio sus datos en términos de las tecnologías y procesos que tienen en marcha. Como resultado, muchas empresas no están a la altura de sus obligaciones del RGPD. Pueden carecer de los métodos adecuados para almacenar, organizar o recuperar datos de acuerdo con los requisitos de la normativa".

"EL RGPD presenta una oportunidad para comprometerse con los clientes y crear lealtad. Es vital para las empresas en la era digital tener una visión de 360 grados de los clientes", dijo Jean-Michel Franco, Director Senior de Productos de Gobierno de Datos de Talend. "Las empresas deben asegurarse de que los datos se consoliden y almacenen de forma transparente y compartida. Es más, el plazo de un mes del RGPD debería considerarse como un plazo absoluto y no como un objetivo. Nuestra encuesta muestra que es posible que algunas marcas respondan en el plazo de un día, lo que sugiere que estas marcas entienden los tiempos de respuesta rápidos, lo que ayudará a aumentar la confianza de los clientes".

A continuación se explican los enfoques para ayudar a gestionar las tecnologías y los procesos del RGPD.

El cumplimiento del RGPD es mayor fuera de Europa

Sólo el 35% de las empresas europeas encuestadas proporcionaron los datos solicitados. Esto incluye empresas con sede en España, el Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia e Italia. Sin embargo, con un 50%, la tasa de cumplimiento fue ligeramente superior en el caso de las empresas no europeas, lo que sugiere que las empresas de fuera de Europa están adoptando un enfoque ligeramente más proactivo con respecto al RGPD.

Las empresas minoristas fueron las que tuvieron peores resultados

Un preocupante 76% de las empresas de retail encuestadas no respondieron, mientras que el sector más cumplidor, Servicios Financieros, sólo logró una tasa de éxito del 50%. Al profundizar en los resultados, la investigación sugiere que las empresas que comenzaron su negocio online, y aquellas que se ven obstaculizadas por los sistemas heredados, pueden encontrar más difícil el cumplimiento del RGPD.

Tiempos de respuesta significativamente diferentes entre los sectores

La gran mayoría (65%) de las empresas que cumplen con el RGPD tardaron más de diez días en responder y el tiempo promedio de respuesta fue de 21 días. Para algunos, sin embargo, la respuesta fue mucho más rápida. De los que respondieron dentro del plazo (22% de las empresas) - principalmente servicios de streaming, banca móvil y negocios de tecnología - respondieron en sólo un día, lo que sugiere que las empresas de servicios digitales son más ágiles cuando se trata del cumplimiento del RGPD.

¿Qué papel juega la Gestión del Conocimiento en los cambios que están sufriendo las Firmas de Abogados?2018-09-18

Ya mucho se ha escrito sobre los cambios que el sector legal ha venido sufriendo a nivel mundial en los últimos años. Hoy contamos con clientes más exigentes en cuanto a la calidad del servicio y el producto que desean recibir, quieren respuestas claras, concretas, en menor tiempo y desde luego un servicio más económico; es justamente para satisfacer estas necesidades, que la Gestión del Conocimiento juega un papel muy importante.

Fabian Urriago-Guzmán,
Gestor del Conocimiento
Gómez-Pinzón Abogados

Las Firmas deben prepararse para atender a los clientes de una forma diferente a la tradicional. Los retos vienen dados por el cambio generacional de quienes lideran las Firmas y los clientes que las las contratan; pues las grandes, medianas y pequeñas empresas están pasando a manos de millenials.

Ahora bien, estos cambios generacionales no son ajenos a la gestión interna de las Firmas, pues actualmente los equipos de trabajo (abogados y gestión administrativa) están conformados por generaciones como los baby boomers (en algunos casos), X, Millenials y Z, lo que a mi modo de ver genera una mezcla interesante entre experiencia y nuevas formas de ver las cosas, que bien aprovechada se podría convertir en una ventaja competitiva.

Con el panorama anterior, los esfuerzos internos deben estar enfocados en lo que genere valor y ventaja competitiva, es por ello que cada área debe hacer lo suyo de manera eficiente apoyándose en las herramientas apropiadas para lograr los objetivos. Para mencionar algunos ejemplos, el área de Mercadeo debe enfocarse en conocer por completo (visión 365º) a cada cliente y promover un excelente servicio al cliente, Gestión Humana debe contratar y retener el mejor talento para formar los mejores equipos, se debe aplicar Legal Project Management (LPM) como modelo de trabajo, y Gestión del Conocimiento debe promover prácticas innovadoras en la administración del capital intelectual y el conocimiento. Así, las áreas al interior de las Firmas podrán hacer posibles sus objetivos si se apalancan con herramientas tecnológicas, pero sin perder de vista que la tecnología es el medio para lograr parte de estos objetivos, y no el objetivo en sí mismo.

El papel fundamental de la Gestión del Conocimiento en este proceso de cambios, es el de convertirse en el eje estratégico, que le permitirá a los equipos ser más ágiles y eficientes, trasladando esta eficiencia a los clientes. Se trata pues, de facilitar el acceso a toda la información (jurídica, administrativa, económica, entre otras), así como de desarrollar y/o implementar herramientas tecnológicas para la administración eficiente de la información, como pueden ser:

  • Software de Gestión Documental (Document Management System - DMS): El DMS es el paso que permitirá desarrollar proyectos a futuro de Enterprise Search, Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning, entre otros. La elección e implementación de un DMS ofrecerá a la Firma acceso a la información de forma completa, su reutilización es tarea de todos, evitando reprocesos y que se deban iniciar proyectos desde cero. Se mitigaran las fugas de información, y es el factor clave para la centralización de información que generará nuevo conocimiento.
  • Estandarización de Modelos (Templates): Crear, utilizar y actualizar modelos por línea de negocio permitirá responder a los clientes más ágilmente, mitigando los errores y reduciendo el tiempo de revisión por parte de Socios / Partners o Seniors. Su automatización será la forma en que Asociados o Seniors podrán delegar trabajo en Asistentes Legales, Estudiantes y Juniors, liberando tiempo para la gestión comercial. 
  • Fichas Técnicas: Las fichas técnicas son parte de la memoria institucional de la Firma, con este procedimiento se logra recopilar y mantener en el tiempo la experiencia, las lecciones aprendidas, los equipos de trabajo y los productos entregados a clientes. Son el acceso rápido a gestiones importantes del pasado, que generaron valor en el tiempo y que muy posiblemente serán referente para trabajos futuros. Incluir la parte comercial es fundamental para conocer realmente el consumo de tiempo, equipo y validar la rentabilidad los negocios. 
  • Taxonomías del Conocimiento: La clasificación de la información más relevante por Grupo de Práctica y línea de negocio, permite acceder de forma ágil a la información que se ha producido en el pasado y que generará valor en el futuro. Es información que genera conocimiento con un clic.
  • Comunidades de Conocimiento: Promover espacios (formales e informales) de temas varios para diseminar el conocimiento y la experiencia de gestiones cerradas, mantiene informada a toda la Firma y a todos los niveles de gestiones cerradas. Es aquí donde se identifican posibles trabajos para otros Grupos de Práctica y se plantean nuevos retos.

Si las Firmas logran institucionalizar estas buenas prácticas, generarán poco a poco una cultura de Gestión del Conocimiento. No puede olvidarse que el principal activo de estas Firmas es el conocimiento, y que la Gestión del Conocimiento no la hace solo un equipo, sino toda la organización. Una buena Gestión del Conocimiento depende de todos.

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La mayoría de las empresas no están cumpliendo con el RGPD, según una nueva encuesta de Talend2018-09-17
  • El 70% de las empresas no pudieron cumplir con las solicitudes de acceso y portabilidad de datos dentro del plazo marcado por el RGPD

Talend

Alrededor del 70% de las empresas de todo el mundo no han atendido las solicitudes de personas que desean obtener una copia de sus datos personales, tal y como exige el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), dentro del plazo de un mes establecido en el reglamento, según revela un nuevo estudio de Talend (NASDAQ: TLND), líder mundial en soluciones de integración de datos en la cloud

La investigación se basa en las solicitudes de datos personales realizadas a 103 empresas con sede o que operan en Europa en sectores como el comercio minorista, los medios de comunicación, la tecnología, el sector público, las finanzas y los viajes. Entre el 1 de junio y el 3 de septiembre de 2018, Talend evaluó las respuestas a las solicitudes de los artículos 15 ("Derecho de acceso del interesado") y 20 ("Derecho a la portabilidad de los datos") del RGPD, monitoreando las áreas que incluyen referencias al RGPD en las políticas de privacidad, y la rapidez y exhaustividad de las respuestas.

El RGPD requiere una visión de los datos de la compañía y su gobierno", dijo Penny Jones, Directora de Investigación de 451 Research.  "Investigaciones recientes, incluyendo la realizada por Talend e informes separados de 451 Research, han encontrado que mientras muchas organizaciones entienden la importancia del RGPD, otras muchas todavía no están tomando en serio sus datos en términos de las tecnologías y procesos que tienen en marcha. Como resultado, muchas empresas no están a la altura de sus obligaciones del RGPD. Pueden carecer de los métodos adecuados para almacenar, organizar o recuperar datos de acuerdo con los requisitos de la normativa".

"EL RGPD presenta una oportunidad para comprometerse con los clientes y crear lealtad. Es vital para las empresas en la era digital tener una visión de 360 grados de los clientes", dijo Jean-Michel Franco, Director Senior de Productos de Gobierno de Datos de Talend. "Las empresas deben asegurarse de que los datos se consoliden y almacenen de forma transparente y compartida. Es más, el plazo de un mes del RGPD debería considerarse como un plazo absoluto y no como un objetivo. Nuestra encuesta muestra que es posible que algunas marcas respondan en el plazo de un día, lo que sugiere que estas marcas entienden los tiempos de respuesta rápidos, lo que ayudará a aumentar la confianza de los clientes".

A continuación se explican los enfoques para ayudar a gestionar las tecnologías y los procesos del RGPD.

El cumplimiento del RGPD es mayor fuera de Europa

Sólo el 35% de las empresas europeas encuestadas proporcionaron los datos solicitados. Esto incluye empresas con sede en España, el Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia e Italia. Sin embargo, con un 50%, la tasa de cumplimiento fue ligeramente superior en el caso de las empresas no europeas, lo que sugiere que las empresas de fuera de Europa están adoptando un enfoque ligeramente más proactivo con respecto al RGPD.

Las empresas minoristas fueron las que tuvieron peores resultados

Un preocupante 76% de las empresas de retail encuestadas no respondieron, mientras que el sector más cumplidor, Servicios Financieros, sólo logró una tasa de éxito del 50%. Al profundizar en los resultados, la investigación sugiere que las empresas que comenzaron su negocio online, y aquellas que se ven obstaculizadas por los sistemas heredados, pueden encontrar más difícil el cumplimiento del RGPD.

Tiempos de respuesta significativamente diferentes entre los sectores

La gran mayoría (65%) de las empresas que cumplen con el RGPD tardaron más de diez días en responder y el tiempo promedio de respuesta fue de 21 días. Para algunos, sin embargo, la respuesta fue mucho más rápida. De los que respondieron dentro del plazo (22% de las empresas) - principalmente servicios de streaming, banca móvil y negocios de tecnología - respondieron en sólo un día, lo que sugiere que las empresas de servicios digitales son más ágiles cuando se trata del cumplimiento del RGPD.

Delito de abandono de menores o discapacitados: ¿cuándo se aplica la agravante de peligro para la salud, la vida o la integridad?2018-09-17

En la referida Sentencia se enjuicia el recurso interpuesto por la condenada contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en fecha 17 de octubre de 2016 que la condenaba como autora responsable de un delito de abandono de incapaz previsto y penado en el artículo 229.3 del Código penal a la pena de 3 años de prisión y al pago de una indemnización por importe de 590.529,33 € en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte el Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación y en su virtud confirma la condena por un delito de abandono a la autora, tutora del discapacitado (su hermano) que percibió una indemnización a raíz de un accidente de tráfico sufrido por éste, sin que la tutora le prestara la debida ayuda y habiéndolo dejado en grave situación con peligro para su vida e integridad, sin que por otro lado, hubiera rendido cuentas de los bienes del incapaz durante años, desoyendo así los requerimientos judiciales existentes al respecto.

De esta manera, el Tribunal Supremo ratifica la condena en relación al tipo agravado del artículo 229.3 del Código Penal y desestima el recurso de casación interpuesto y que intentaba atenuar la condena, dentro de los posibles tipos penales en relación al abandono, como puede ser el artículo 226 (incumplimiento de deberes familiares) o los tipos más atenuados del artículo 229.1 o 231.1 del Código Penal.

La doctrina que fija la Sala de lo Penal es interesante en cuanto a la interpretación que se realiza del concepto de situación de abandono que provoque una situación de riesgo, y que en el artículo 229.3 del Código Penal se recoge como agravante del tipo. En concreto, el artículo mencionado es del siguiente tenor literal:  

 "Artículo 229

1. El abandono de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección por parte de la persona encargada de su guarda, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años.

2.  Si el abandono fuere realizado por los padres, tutores o guardadores legales, se impondrá la pena de prisión de dieciocho meses a tres años.

3. Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años cuando por las circunstancias del abandono se haya puesto en concreto peligro la vida, salud, integridad física o libertad sexual del menor de edad o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección, sin perjuicio de castigar el hecho como corresponda si constituyera otro delito más grave."

El tipo agravado del punto 3 del citado artículo se refiere a situaciones de abandono que se realizan en unas condiciones que ponen en peligro otros bienes jurídicos del menor o de la persona necesitada de especial protección como es la vida, la salud o la integridad física o sexual de la víctima.

Así, si en el caso del artículo 226 y el delito del artículo 229.1 debe interpretarse como un delito de aptitud abstracta o peligro hipotético, sin embargo, el subtipo agravado del apartado 3 requiere algo más, y que la Sentencia que comentamos resume de la siguiente forma:

"La verificación de un peligro concreto y constatado en los hechos probados, que en este caso se destaca al señalar el hecho probado que la condenada dejó de velar por su tutelado, suprimiendo envíos de dinero, poniendo fin a los tratamientos y asistencias que se le prestaban en España para el cuidado de sus graves secuelas, no informando al Juez sobre su situación, ni rindiendo cuentas sobre su administración, ni promoviendo de ningún modo la recuperación de su capacidad y su mejor inserción social. Tal situación se ha prolongado de manera ininterrumpida hasta la actualidad, lo que ha puesto en peligro la salud del tutelado. Por ello la situación descrita en los hechos probados evidencia esa situación de peligro que debe siempre recogerse en los hechos probados, como aquí consta, llegando el Tribunal a la convicción por la inferencia de esa constatación de peligro".

Se podría decir por tanto que es un delito de constatación del peligro concreto para la vida, salud o integridad de las personas (menor o incapaz), siendo el fundamento último de esta agravación que el sujeto activo del delito asume una posición de garante frente al tutelado, puesto que aquél necesita su cuidado y protección para cubrir sus necesidades básicas de forma digna y adecuada.

En conclusión, el Tribunal Supremo fija doctrina sobre la modalidad agravada del artículo 229.3 del Código penal relativo al abandono de menores o discapacitados, sin embargo, pueden darse casos fronterizos entre abandonos que empiezan siendo provisionales o temporales y luego pasan a ser definitivos, en los que, si la situación misma no conlleva ese concreto peligro para la salud, vida o integridad de las personas necesitadas de especial protección, estaríamos ante el tipo básico o atenuado si pudiera apreciarse temporalidad del abandono.

El derecho de separación en las modificaciones estatutarias sobre régimen de transmisión de participaciones: ¿Cuál es el límite?2018-09-17

Si bien es cierto que, teóricamente el socio que no desee continuar en la sociedad tiene diversas vías para salir de la misma, en la práctica la realidad es distinta. La principal alternativa es la transmisión de participaciones de la sociedad, que en muchas ocasiones puede verse limitada por lo establecido en los pactos parasociales (como, por ejemplo, por cláusulas de arrastre o de acompañamiento). Otra de las alternativas para una posible salida es el ejercicio del derecho de separación, cuyas causas están tasadas legalmente. Asimismo, cabe indicar que con la aplicación del 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de separación vuelve a cobrar gran protagonismo.

Uno de los motivos de separación de los socios establecidos en el artículo 346.2 es el caso de los socios que no hubieran votado a favor del acuerdo de modificación del régimen de transmisión de las participaciones. Pero, ¿opera este derecho a cualquier modificación del régimen de transmisiones de participaciones? ¿o únicamente a modificaciones sustanciales?

En este sentido, se pronuncia la DGRN, en su resolución de 4 de julio de 2018, alegando que no es inscribible una modificación del sistema de transmisión de participaciones sociales, sin que se de cumplimiento con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

El día 15 de febrero de 2018 se presentó en el Registro Mercantil de Barcelona copia autorizada de elevación a público de acuerdos sociales, en virtud de la cual se modificaba, entre otros, el régimen de transmisión de participaciones sociales, consistiendo dicha modificación en permitir la transmisión a favor de los ascendientes en línea recta (hasta el momento dicha transmisión solo era posible a favor de los descendientes). Dichos acuerdos se adoptaron sin el voto favorable de todos los socios, habiéndose denegado el ejercicio del derecho de separación a una socia al tratarse de una "modificación del régimen de transmisión de participaciones que no supone una alteración mínimamente sustancial del mismo".

Contra la nota de calificación negativa, se interpuso recurso alegando lo siguiente:

1.     El acuerdo de modificación de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de participaciones sociales fue adoptado por el 66'687% del capital social de la Compañía.

2.     El acuerdo de modificación del régimen de transmisión de participaciones propuesto va dirigido a permitir la transmisión de las participaciones sociales a favor de los ascendientes en línea recta, cuando hasta el momento la transmisión sólo era posible a favor de los descendientes.

3.     Sólo una socia titular del 15% del capital social ha ejercido el derecho de separación, a lo que el resto de socios y la administradora de la Sociedad se opusieron.

4.     Se trata de una modificación del régimen de transmisión de participaciones que no supone una alteración mínimamente sustancial del mismo.

La DG indica que "aunque cabe recordar que según la jurisprudencia el derecho de adquisición preferente reconocido a los socios no tiene el carácter de derecho individual a tales efectos, la principal tutela de los socios ante la modificación estatutaria del régimen de transmisión de las participaciones es el derecho de separación de los socios que no hubieran votado en favor del acuerdo modificatorio (artículo 346.2 de la Ley de Sociedades de Capital)".

Asimismo, la citada resolución admite que facultar el ejercicio del derecho de separación en ligeras modificaciones de aspectos no sustanciales del régimen de transmisión de las participaciones sería contrario al principio corporativo, al de autonomía de la voluntad y al fundamento mismo del derecho de separación como mecanismo protector de los socios, en detrimento del patrimonio social como consecuencia del reembolso al socio saliente del valor de sus participaciones.

No obstante, si bien es cierto que la modificación estatutaria es mínima, la DG afirma que, debido a que dicha modificación estatutaria implica un aumento de los supuestos de libre transmisibilidad de las participaciones, la misma tiene entidad suficiente para que entre en juego el derecho de separación de los socios.

Considera la DG que, desde un punto de vista registral, en principio, toda modificación que altere los titulares del derecho, o que declare libres transmisiones que antes estaban limitadas o viceversa, es modificación sustancial originadora del derecho de separación.

Así las cosas, es necesario tener en cuenta que desde un plano teórico resulta complicado determinar cuándo una modificación del régimen de transmisión de participaciones sociales es sustancial, y por ello, que dé lugar al derecho de separación de los socios. Por ello, sería necesario fijar las reglas de que supuestos pueden considerarse como una modificación sustancial y que supuestos quedarían excluidos.

Las autoridades nacionales de supervisión financiera pueden estar obligadas a dar acceso a los datos protegidos por el secreto profesional2018-09-14

Quienes deberán ponderar los intereses contrapuestos de las partes son las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales competentes.

Asunto C-358/16

En 2010, la Comisión luxemburguesa de supervisión del sector financiero («CSSF») declaró que el Sr. DV ya no era digno de confianza y que debía por lo tanto renunciar a sus funciones de administrador en una entidad supervisada por la CSSF. La CSSF motivó su decisión, entre otras consideraciones, debido a las funciones desempeñadas por el Sr. DV en la constitución y puesta en marcha de Luxalpha, una sociedad que, al parecer, estuvo implicada en las actuaciones fraudulentas del Sr. Bernard Madoff.

Para poder garantizar su defensa, el Sr. DV solicitó a la CSSF que le entregara los documentos que había recopilado durante la supervisión de Luxalpha y del banco depositario de ésta, UBS. Según el Sr. DV, dichos documentos son imprescindibles para comprender las funciones de quienes intervinieron con ocasión de la constitución de Luxalpha, concretamente en relación con el asunto Madoff. La CSSF se negó a entregar los documentos, invocando su obligación de respetar el secreto profesional en su calidad de autoridad de supervisión del sector financiero.

La Cour administrative du Luxembourg (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Luxemburgo), que conoce del litigio, se pregunta si la obligación de mantener el secreto profesional resulta imperativa para CSSF a los efectos de su negativa a entregar los documentos solicitados por el Sr. DV. En efecto, la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros [1] dispone que, con carácter excepcional, el secreto profesional podrá no ser tenido en cuenta en los supuestos contemplados por el Derecho penal. La Cour administrative du Luxembourg se pregunta si este precepto es aplicable en este caso, ya que la medida impuesta al Sr. DV es de naturaleza administrativa con arreglo al Derecho luxemburgués, pero está contemplada dentro del Derecho penal en sentido amplio, tal y como lo define el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En caso de respuesta negativa, el citado tribunal se pregunta sobre el modo de conciliar la obligación de mantener el secreto profesional con el respeto del derecho de defensa.

Asunto C-594/16

Desde el año 2004, el Sr. Enzo Buccioni es titular de una cuenta corriente abierta en una entidad de crédito italiana, la Banca Network Investimenti Spa («BNI»). Tras el procedimiento de liquidación forzosa de dicha entidad en 2012, el Sr. Buccioni sólo recibió un reintegro parcial del Fondo Interbancario di tutela dei dipositi (Fondo interbancario de garantía de los depósitos). En 2015, con objeto de conseguir información adicional para valorar la oportunidad de ejercitar una acción judicial contra la Banca d'Italia («BdI») y contra la BNI por los perjuicios sufridos, el Sr. Buccioni solicitó a la BdI que divulgase varios documentos relativos a la supervisión de la BNI. La BdI rechazó parcialmente esta solicitud, debido a que, en particular, determinados documentos cuya divulgación se solicitaba contenían datos confidenciales amparados por el deber de mantener el secreto profesional al que estaba sujeta. El Sr. Buccioni interpuso entonces ante los tribunales italianos de lo contencioso-administrativo un recurso para que se anulara esta resolución denegatoria.
El Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), órgano jurisdiccional que conoce en última instancia, suspendió el procedimiento y planteó unas cuestiones al Tribunal de Justicia. Pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva 2013/36 [2] se opone a que las autoridades competentes de los Estados miembros (en este caso, la BdI) proporcionen información confidencial a una persona que la haya solicitado con el fin de poder iniciar un procedimiento civil o mercantil para proteger intereses patrimoniales menoscabados debido a la liquidación forzosa de una entidad de crédito.

[1] Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12 del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO 2004, L 145, p. 1).

[2] Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87 y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).

En su sentencia dictada hoy en el asunto C-358/16, el Tribunal de Justicia considera, en primer lugar, que la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros, cuando establece que la obligación de mantener el secreto profesional puede dispensarse con carácter excepcional en los supuestos contemplados por el Derecho penal, sólo se refiere a la transmisión o utilización de información confidencial a efectos de las actuaciones emprendidas, así como a las sanciones impuestas de conformidad con el Derecho penal nacional.

El Tribunal de Justicia examina a continuación en qué medida la obligación de mantener el secreto profesional establecida en esta Directiva está limitada por el respeto del derecho de defensa proclamado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que el derecho a la divulgación de los documentos pertinentes para la defensa no es ilimitado y absoluto, y que la protección de la confidencialidad de los datos amparados por la obligación de mantener el secreto profesional que incumbe a las autoridades competentes debe ser garantizada y cumplida de tal modo que sea compatible con el respeto del derecho de defensa.

El Tribunal de Justicia recuerda que corresponde a las autoridades y a los órganos jurisdiccionales competentes alcanzar, atendiendo a las circunstancias de cada caso concreto, un equilibrio entre esos intereses contrapuestos. Por lo tanto, cuando una autoridad competente invoque la obligación de mantener el secreto profesional establecida en la Directiva para negarse a entregar información que obre en su poder y que no está contenida en el expediente relativo a la persona destinataria de un acto lesivo, corresponde al tribunal nacional competente comprobar si esos datos tienen un vínculo objetivo con los cargos presentados contra ella y, en caso afirmativo, ponderar los intereses en conflicto antes de resolver sobre la entrega de cada uno de los datos solicitados.

En el asunto C-594/16, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que la aplicación eficaz del régimen de supervisión prudencial de las entidades de crédito exige que tanto las entidades de crédito supervisadas como las autoridades competentes estén seguras de que los datos confidenciales proporcionados mantendrán en principio su carácter confidencial. Por lo tanto, la imposición por regla general, por parte de la Directiva 2013/36 de la obligación de mantener el secreto profesional responde a la finalidad de proteger no sólo los intereses específicos de las entidades de crédito directamente interesadas, sino también el interés general relacionado con la estabilidad del sistema financiero dentro de la Unión.

El Tribunal de Justicia observa asimismo que la Directiva 2013/36 establece excepciones a dicho principio general. En este caso, la Directiva permite a la autoridad competente divulgar únicamente a las personas directamente afectadas por la quiebra o liquidación forzosa de la entidad de crédito datos confidenciales que no afecten a terceros involucrados en los intentos de rescate de dicha entidad, con el objeto de utilizarlos en procedimientos civiles o mercantiles.

El Tribunal de Justicia señala que, según reiterada jurisprudencia, debe mantenerse una interpretación estricta de las excepciones a la prohibición general de divulgar información confidencial. Por consiguiente, la posibilidad de dispensar la obligación de mantener el secreto profesional exige que la solicitud de divulgación se refiera a datos respecto a los cuales el solicitante proporcione indicios precisos y coherentes que permitan suponer de manera plausible que resultan pertinentes a los efectos de un procedimiento civil o mercantil ya en tramitación o pendiente de iniciarse, cuyo objeto debe ser identificado de manera concreta por el solicitante, y fuera del cual no pueden utilizarse los datos en cuestión.

Corresponde a las autoridades y órganos jurisdiccionales competentes ponderar el interés del solicitante en disponer de la información solicitada y los intereses ligados al mantenimiento de la confidencialidad de esa misma información amparada por el secreto profesional, antes de divulgar cada uno de los datos confidenciales solicitados.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La fiscalidad del comercio exterior también existe2018-09-14

Fátima Blanco Calleja

Head of Tax de LG Electronics España

Con ocasión de la reciente publicación del Reglamento Delegado (UE) 2018/1118 de la Comisión de 7 de junio de 2018 por el que se modifica el anterior 2015/2446 en lo que se refiere a las condiciones para la reducción del nivel de la garantía global y la dispensa de garantía de las deudas aduaneras y otros gravámenes que puedan nacer (en particular en lo relativo a la acreditación de la solvencia financiera de los operadores), y el hecho de estar yo misma inmersa de forma indirecta en un procedimiento de reevaluación de garantía aduanera conforme a lo dispuesto en el artículo 250 del reglamento que se modifica y el 95 del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europea y del Consejo, me vuelvo a plantear lo que en algunas ocasiones ya había pensado antes: ¿por qué cuando hablamos de fiscalidad internacional parece que olvidamos la fiscalidad indirecta y todas sus obligaciones parejas? Qué duda cabe que esta tendencia se ha reforzado en las últimas décadas con la innumerable doctrina internacional que ha tenido como objetivo el aumento de la recaudación caída de los países a raíz de la erosión de bases imponibles y desplazamiento de beneficios empresariales causada por planificaciones fiscales artificiosas.

Tampoco hay duda que a diferencia de la fiscalidad directa, la indirecta, cuando es en el ámbito del comercio exterior no solo tiene una finalidad recaudatoria, o mejor dicho, sus agentes no solamente desempeñan ese rol.

Por ejemplo, ¿cuál es exactamente la función o el papel de la Unión Aduanera de la UE además de la fiscal? Según datos actuales publicados por la UE, el conjunto de las aduanas de los países miembros que conforman la Unión Aduanera gestionan más de 2.000 millones de toneladas de mercancías al año, casi el 16% del total de importaciones mundiales tramitando más de 270 millones de declaraciones, todo ello a fin de conceder el derecho de entrada en el libre comercio establecido en la UE y que los operadores deben pagar mediante los denominados aranceles o derechos de importación cuyo valor particular está condicionado por diversos factores originados en las políticas comunes de la UE (incentivar algunos aspectos de la economía, proteger la producción de algunas materias...). Dicho lo anterior, la realidad es que sus funciones principales son mucho más amplias: pongamos por ejemplo la protección del medio ambiente, la salud, la seguridad, la lucha contra la falsificación y piratería, la prevención del blanqueo de capitales y la evasión de impuestos, colaborar con la policía a combatir el tráfico de drogas, de pornografía, de personas, de armas, la lucha contra el terrorismo, y la protección de las especies y el patrimonio cultural. Desde un punto de vista de análisis de datos, todo lo anterior permite a las aduanas detectar tendencias económicas y/o prácticas desleales. Y ya en el más puro plano de la fiscalidad las aduanas tienen como objetivo, a la vez que dan entrada a mercancías de terceros países, combatir el fraude al deber detectar falsos certificados de origen (mediante la manipulación del lugar de fabricación/origen y aprovechamiento de un arancel más bajo o tipo 0) o declaraciones de IVA falsas (que puedan notificar actividades ficticias) y evitar la elusión de algunos impuestos especiales. Cabe señalar que aunque por todo lo dicho anteriormente, su cometido no sea puramente recaudatorio, el 100% de lo satisfecho por los importadores en las mismas es destinado a los fondos de la UE (si no contamos la parte que permanece en cada agencia local con el fin de cubrir los costes incurridos en el desempeño de sus funciones).  

Hasta aquí, visto de forma muy resumida una buena parte de la realidad en la que cobra entidad la fiscalidad indirecta que las empresas dedicadas o dependientes del tráfico internacional deben prever con el fin de definir el resto de sus áreas operativas o soporte, cómo por ejemplo puede ser el área logística: bienvenidos al mundo de los centros regionales de almacenamiento compartido, incoterms, acuerdos preferenciales e IVA internacional; o de ventas mismamente (a mayores costes aduaneros y derivados de obligaciones de establecimiento en otros países, mayor debería ser el precio de venta a sus clientes o menor su margen de beneficio).

Y hablando de IVA, la segunda gran pata del comercio transfronterizo... En la exposición de motivos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido se resume el origen de este tributo que trae causa en la creación de medidas destinadas a establecer progresivamente el mercado interior de la UE, cuyo funcionamiento se inició el 1 de enero de 1993, y que supone cómo dice la propia norma que la abolición de las fronteras fiscales y la supresión de los controles en frontera exigiera regular las operaciones intracomunitarias como las realizadas en el interior de cada Estado. Sin bien la complejidad del impuesto como las nuevas tendencias económicas han hecho que con el paso del tiempo algunos principios básicos se hayan alternado (como por ejemplo principios de tributación en origen y destino) o que hayan sido necesarias simplificaciones y frecuentes reformas, el objetivo final del IVA de no falsear las condiciones de competencia y no obstaculizar la libre circulación de bienes y servicios, de forma sencilla y neutral, se mantiene. A la postre, ya bajando al plano práctico y conectándolo con el apartado anterior, la traducción es que si bien el IVA es un tributo neutral que grava el volumen de operaciones a nivel del destinatario final, cuando se trata de IVA sobretodo en el plano internacional, no hablamos de un mecanismo recaudatorio únicamente si no de control de la legalidad de las operaciones en órdenes más allá del fiscal, que exige no solo el establecimiento (con lo que ellos conlleva) de las empresas allá donde operen que desembocan en obligaciones de cumplimiento y pagos a las agencias tributarias, si no la conexión entre las mismas de los Estados Miembros de la Unión Europea y las agencias de aduanas (recordemos ahora el IVA de importación).

Pero todo lo anterior no quedaría completo si no se recuerda que tanto en el ámbito del IVA como el de las Aduanas, las diferentes normativas aplicables prevén regímenes especiales de los que los distintos operadores pueden disfrutar con el fin de simplificar las obligaciones fiscales o permitir que estas no supongan una traba económica (por ejemplo generando doble imposición) o incluso que vayan parejas a la propia cadena del negocio (por ejemplo los regímenes especiales aduaneros cómo pueden ser el de tránsito, perfeccionamiento e importación temporal). Tampoco estaría completo si no se mencionan los grandes retos a los que se han tenido que enfrentar las administraciones públicas en términos de fraude (en IVA son bien conocidas las entidades "Truchas" o el famoso "Fraude Carrusel", y en aduanas solo hace falta remitirse al segundo párrafo, última línea), o los que existen en la actualidad de manos de algunos gobiernos que aplicando políticas proteccionistas refuerzan su política aduanera imponiendo elevadas cargas administrativas (¿habéis tratado de importan en Rusia por ejemplo?) o multiplicando los aranceles de entrada en dicho país. Un ejemplo reciente es el varapalo al estado español y dicho sea de paso a la política agraria de la UE de parte de la administración americana sobre la importación de la aceituna negra.

Por tanto, y volviendo a la pregunta que da pie a este resumen, ¿porqué cuando hablamos de fiscalidad internacional olvidamos la fiscalidad indirecta? O mejor dicho ¿porqué cuando hablamos de comercio exterior consideramos que la planificación fiscal internacional no forma parte de ello? En fin, qué injusticia. Os animo a poneros de acuerdo con vuestro departamento de logística o mejor dicho, aplicar la fiscalidad cuando el anterior ya ha determinado el almacén de salida de la mercancía, aún está por definir de qué fábrica salió la misma y el incoterm ya está pactado y firmado en un acuerdo bien vinculante y tras ello, informad a vuestro departamento de ventas que ahora el producto va a saliros solo un poquito más caro ¡Suerte!

Victoria Ortega participa en el acto conmemorativo del Bicentenario del Colegio de Abogados de Pamplona2018-09-14

CGAE

El miércoles 12 de septiembre se ha celebrado en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte de Pamplona, el acto institucional conmemorativo del Bicentenario del Colegio de Abogados de Pamplona. Un evento que ha contado con la participación de la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, de representantes y delegados de las instituciones navarras, así como, de delegados de las principales asociaciones y entidades de la Abogacía.

La sala de Cámara ha sido el escenario escogido para la celebración de este acto que ha comenzado con la interpretación del Himno de Navarra por el Coro Juvenil del Orfeón Pamplonés, que también ha intervenido a lo largo de la ceremonia. A continuación, se ha dirigido a los asistentes el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Pamplona, Aritz Romeo, y la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue Barkos. Tras la proyección de un vídeo corporativo rodado para la ocasión, ha pronunciado su discurso Victoria Ortega, destacando que el “Colegio de Abogados de Pamplona sirve a los abogados y a los ciudadanos y es pionero en muchos servicios y áreas como la de penitenciario”.

Victoria Ortega ha afirmado que “la Abogacía es interlocutora activa de los poderes públicos y en especial de la Justicia para impulsar las reformas que son imprescindibles, y en un futuro queremos serlo mucho más”. Además, ha defendido una Abogacía y unos Colegios de Abogados que “apuesten por la igualdad, por la innovación, por la formación de excelencia, por la especialización y por reforzar su compromiso como referente social”. Un tema, ha dicho, que centrará el XII Congreso Nacional que se celebrará en mayo de 2019 en Valladolid. En este sentido, Ortega ha apostado por una “abogacía transformadora” y “cercana a la ciudadanía” así como por formar “a los mejores profesionales para garantizar un ejercicio excelente del derecho de defensa”. Asimismo, ha defendido una abogacía “que apuesta por la prevención, la mediación, la conciliación y el arbitraje, que intenta solucionar los problemas antes de judicializarlos”.

De la misma manera, ha apostado por una abogacía “interlocutora activa de los poderes públicos, en especial de la Justicia, para impulsar las reformas que consideramos necesarias” y ha exigido una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que “no sea para la abogacía sino para garantizar a la ciudadanía ese derecho básico sin ningún tipo de cortapisa”. Posteriormente, Victoria Ortega ha hecho entrega de una medalla conmemorativa a la decana del Colegio de Abogados de Pamplona.

El evento ha sido clausurado por la decana del Colegio, Blanca Ramos. Por otra parte, Luis Buitrago, delegado territorial de la ONCE, ha hecho entrega de un cupón enmarcado del sorteo del día 22 de septiembre, dedicado al Bicentenario del Colegio y en el que figura el lema del Bicentenario: ‘Tu derecho es nuestro deber”.

En su intervención, Blanca Ramos ha destacado que el objetivo del Colegio en su fundación hace dos siglos fue “que fuese útil y defender el honor de la profesión”. “Han cambiado mucho los tiempos pero no el objetivo; sigue siendo un objetivo de servicio, de responsabilidad, de compromiso con la sociedad y de defensa de una profesión que se defiende básicamente desde la vocación”, ha subrayado.

Asimismo, ha afirmado que, a pesar de sus 200 años de historia, es una corporación “joven, moderna, respetuosa con las tradiciones, adaptada a los tiempos, plural, abierta a la ciudadanía, colaboradora con el Consejo de la Abogacía Española y con los restantes colegios de abogados de España”. “Una institución cuyo sentido es la búsqueda de la concordia, la defensa del derecho de defensa, el amparo a los abogados cuando se vulnera ese derecho y la garantía de que todas las personas puedan acceder a la defensa de sus intereses con independencia de los recursos económicos”, ha resaltado.

Blanca Ramos ha asegurado que “siempre la abogacía de Pamplona ha tenido un marcado carácter social” y ha valorado la abogacía de oficio que “sigue siendo el máximo exponente de la labor social que se desarrolla” así como la “tabla de salvación de muchas personas”, ha destacado.

“La corporación trabaja unida porque juntos somos más fuertes y porque ayudar a los compañeros en sus legítimas pretensiones es también la forma de servir a la sociedad, pues defender al abogado, su libertad y su independencia, es defender también a los propios ciudadanos”, ha concluido.

Coincidiendo con esta conmemoración, el Consejo General de la Abogacía ha celebrado una sesión plenaria en la sede colegial. Además,  las 19.30 horas el Ayuntamiento de Pamplona ha ofrecido una recepción a los consejeros y decanos de los Colegios de Abogados, que han podido visitar el interior de la Casa Consistorial.

El 80% de las sentencias en juicios rápidos son de conformidad con el abogado2018-09-13

La fiscal general del Estado, María José Segarra, destacó que en los procedimientos de juicios rápidos, casi el 80% de las sentencias se obtuvieron de conformidad entre fiscales y abogados en su discurso durante la apertura del Año Judicial.

  • María José Segarra apuesta por una reforma legal que amplíe el ámbito de aplicación de las conformidades

El volumen total de acusaciones durante 2017 se ha mantenido en cifras similares, alcanzando las 260.000 (262.319). Sin embargo, casi la mitad de estas acusaciones, unas 120.000 (el 46%) se emiten en procedimientos de juicios rápidos. "Eso supone, a su vez, el 66% (66,3%) del total de diligencias urgentes incoadas, procedimiento en el que se obtiene casi el 80% (79%) de sentencias de conformidad en el propio Juzgado de guardia. Parece lógico pensar, aseguró la fiscal general del Estado- que el fomento de este tipo de soluciones más ágiles a los procedimientos sólo puede provenir de la mano de una reforma legal que amplíe su ámbito de aplicación, a la vista de su notable eficiencia".

La fiscal general del Estado, María José Segarra, se refirió de forma concreta a la situación en Cataluña durante su primer discurso formal con motivo del acto de apertura del año judicial y, en clara alusión a las pretensiones separatistas, ha afirmado que la Ley "mientras esté en vigor" vincula a todos y "no puede haber excepciones a esta regla porque lo contrario supone la quiebra misma de la propia democracia".

En presencia del rey Felipe VI, de la cúpula fiscal y de la judicial representada por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; la práctica totalidad de miembros de este órgano y de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, entre numerosos representantes públicos, Segarra ha señalado que "las legítimas aspiraciones políticas de una parte de la sociedad -que en estos días se reivindican especialmente- deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico".

También se ha referido a la labor de los fiscales en Cataluña y ha afirmado que será "especialmente firme frente a cualquier intento de condicionar, personal o profesionalmente, a quienes ejercen sus funciones en esta Comunidad"; a los que muestra un apoyo "absolutamente inequívoco".

Tras hacer un conciso resumen de los datos estadísticos obrantes en la última Memoria de la Fiscalía, con datos de 2017 y que se ha hecho pública este lunes, la fiscal general ha incidido con "tozudez" en la necesidad de "una reforma profunda" del modelo vigente del proceso penal que consista en a ceder a la Fiscalía la fase de investigación con el fin de ofrecer una respuesta más efectiva a la delincuencia.

Reforma del proceso penal

Por otro lado, existiría un juez de instrucción o garantías "que se coloque en el rol que le corresponde desde el plano de su configuración funcional, es decir, una posición de verdadera imparcialidad en el debate contradictorio entre las defensas y las acusaciones" y, finalmente, un juicio de acusación "que implique un filtro real para la adecuada conformación de la relación jurídico-procesal, de manera que el juicio oral pueda recuperar su carácter de elemento central del proceso penal".

La nueva fiscal general -designada el pasado mes de junio- reconoció que el camino "es largo y no exento de complicaciones" pero ha insistido durante su discurso en que "no puede ser aplazado".

Como propuestas de futuro también mencionó el Reglamento de la Fiscalía, dirigido a ofrecer a los fiscales nuevas estrategias de formación y un plan de igualdad "que remueva los obstáculos que todavía impiden a muchas mujeres asumir puestos de responsabilidad en condiciones de igualdad de oportunidades".

Defensa de la Constitución

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, advirtió que cuando la Constitución resulta "golpeada" no puede renunciarse a defenderla y ha mostrado su apoyo a los jueces que reciben "ataques personales", como ha sido el caso el juez del Tribunal Supremo que ha llevado la instrucción de la causa abierta por el denominado ‘procés', Pablo Llarena.

Así lo dijo durante su discurso en el Solemne Acto de Apertura del Año Judicial, que se ha centrado en la defensa de la Constitución coincidiendo con en el 40 aniversario de la Constitución Española y en el que ha hecho numerosas referencias -sin mención expresa- a la situación independentista en Cataluña, pendiente de enjuiciamiento en el Tribunal Supremo.

Además, el máximo responsable del órgano de gobierno de los jueces aprovechó su discurso para manifestar su apoyo a los jueces que han recibido "ataques personales alentados no solo desde ciertos sectores sociales, sino, lo que es más preocupante, por algunos responsables políticos".

Asimismo, el presidente del Tribunal Supremo aludió a las recientes decisiones judiciales de los tribunales alemán y belga sobre Puigdemont y algunos exconsejeros huidos y ha afeado la "grave incertidumbre" por interpretar "de forma unilateral".

Lesmes recalcó que la Constitución es la "expresión democrática del poder político" y es "permeable" a las transformaciones políticas y sociales. No obstante, ha explicado que no puede ser entendida como "políticamente neutra", ya que es la que preserva la "convivencia democrática a través de un determinado modelo, querido y definido por el pueblo español, como poder constituyente".

En este sentido, afirmó que es "irrenunciable" respetarla porque la democracia no puede existir "sin reglas, sin derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad".

Populismos y ‘planteamientos identitarios excluyentes'

Así, continuó advirtiendo del riesgo que suponen para el Estado Constitucional "los movimientos populistas y los planteamientos identitarios excluyentes" y ha asegurado que si en algún momento la norma constitucional resulta "golpeada no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores, y del propio Estado, que es democrático y de Derecho".

Lesmes hizo hincapié en que en algunas ocasiones de la Historia "la violencia o la astucia -cuando no la combinación de ambas- han permitido desbordar un determinado modelo orgánico de democracia constitucional" dividiendo "profundamente a la sociedad" y alterando "gravemente la convivencia".

Insistió en que para los "promotores" de estos movimientos "los resultados son siempre inciertos" y que -acogiendo las palabras del historiador francés Alexis de Tocqueville- "la parte más difícil de inventar es el final". Con todo ello, el presidente del Poder Judicial ha recordado que la Constitución prevé sus propios mecanismos de reforma para satisfacer las reclamaciones de cambio.

DISCURSO DE LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TS Y DEL CGPJ

Fiscalía pide solucionar un vacío legal en la LeCrim que afecta al enjuiciamiento de personas con anomalías psíquicas2018-09-13

CGAE

La Fiscalía General del Estado propone en su última Memoria una reforma del artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que afecta al enjuiciamiento de personas con anomalías psíquicas. La regulación actual no tiene en cuenta algunos supuestos concretos y la respuesta de la Justicia es según los fiscales “arcaica e incompatible con los principios constitucionales, y en consecuencia inaplicable”.

El problema se ha hecho visible en varias ocasiones, la más reciente el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Constitucional amparó a un hombre que había sido absuelto por la Audiencia Provincial de Córdoba de un delito de homicidio al apreciar los jueces la eximente completa de trastorno mental. Mientras esperaba a que se resolvieran varios recursos en instancias superiores, la Audiencia decidió que ingresara en la unidad psiquiátrica de la prisión de Córdoba, que carecía de este tipo de servicio, y el hombre fue recluido en la enfermería.

Algunos de los beneficiarios de esta reforma serían personas que son imputables respecto del hecho realizado pero que, por una enfermedad o una anomalía psíquica sobrevenida, no tienen capacidad de defenderse durante el juicio porque carecen de las facultades mentales precisas para tomar conciencia, por ejemplo, del alcance jurídico de sus respuestas durante el interrogatorio de la acusación.

PROPONE APLICAR EL PROYECTO DE 2013

Para solventar este problema la Fiscalía General del Estado propone aplicar la regulación propuesta en el “aparcado Código Procesal Penal de 2013”, que no llegó a concluir su tramitación en el Parlamento.

En este proyecto se proponía reformar la actual LeCrim para que cuando la enfermedad o alteración de la percepción impida al encausado comprender el significado y consecuencias del proceso penal -y esta situación haya sobrevenido con posterioridad a la comisión del hecho punible- la causa sea archivada hasta que el encausado recobre la capacidad necesaria para ser sometido a juicio.

En cuanto a las medidas cautelares a aplicar a estas personas, se propone que puedan ser internados en un centro psiquátrico cuando se concluya que “existe riesgo relevante de comisión de nuevos delitos como consecuencia de su patología”.

Este internamiento debería ser de seis meses prorrogables a un año cuando se den los requisitos que justifiquen este internamiento. Si es condenado, la medida de internamiento psiquiátrico se podrá mantener mientras dure la resolución de un posible recurso.

El Juzgado de León que investiga una causa derivada del caso Enredadera suspende las declaraciones previstas para precisar mejor los hechos 2018-09-13
Tres de los ocho investigados estaban citados ayer para prestar declaración. El Juzgado espera que la UDEF complete el informe sobre el abundante material intervenido

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Instrucción 1 de León incoó unas diligencias previas en enero de 2018 en las que hay ocho personas investigadas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, fraude a la administración pública, cohecho, inducción a la malversación de caudales públicos, revelación de secretos por funcionario público, o inducción a dichos delitos.

La apertura de estas actuaciones vino como consecuencia de la inhibición acordada por el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona, por si el contenido de algunas de las conversaciones cuya interceptación acordó el juzgado catalán en el marco de la ‘Operación Enredadera’ pudieran constituir “notitia criminis” obtenida por “hallazgo casual” de hechos presuntamente delictivos cometidos en el partido judicial de León.

El Juzgado de Instrucción 1 de León acordó posteriormente una serie de intervenciones telefónicas, la práctica de diversos registros donde se intervino material documental e informático, y la citación para declarar de tres de los ocho investigados el día 11 de septiembre.

Para concretar de una manera más precisa los hechos objeto de la investigación, el Juzgado de Instrucción 1 de León ha suspendido las declaraciones previstas a la espera de que la UDEF complete, examine y valore el abundante material intervenido mediante el necesario informe ampliatorio.

Pisos de estudiantes: derechos y obligaciones de los inquilinos y los propietarios2018-09-12

Con la llegada de septiembre, además de la ‘vuelta al cole’ de los más pequeños de la casa, da comienzo otro clásico: la búsqueda de piso de los universitarios que inician sus estudios de las carreras profesionales. Las condiciones económicas hacen que cada vez sea más complicado tener una vivienda propia en España, lo que hace que aumente el número de personas que viven de alquiler. El mercado de habitaciones para estudiantes tiene sus particularidades, incluidas las económicas y, por eso, reclamador.es ha  recopilado a continuación los derechos y obligaciones de los arrendatarios y arrendadores. Todos ellos aparecen establecidos en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y dejan resueltas dudas como, por ejemplo, quién debe afrontar las reparaciones del hogar o cómo tiene que ser la intimidad de quien paga la renta.

  • Con septiembre llega el inicio de numerosos contratos de alquiler de los universitarios que comienzan un nuevo curso académico. Por este motivo, reclamador.es recopila los derechos y obligaciones de los arrendatarios y arrendadores.
  • La compañía online de reclamaciones explica que, por ejemplo, una vez iniciada la relación de alquiler, el casero no podrá entrar en la vivienda arrendada sin permiso.

5 derechos que tiene el inquilino

1.    Derecho a negociar con el propietario la renta del alquiler y la duración del contrato

Con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, aunque el usuario firme un contrato de alquiler de un año, puede darlo por terminado a los 6 meses de la firma. Eso sí, siempre que se le comunique al arrendador con una antelación mínima de 30 días. Además, si se desea, el contrato de arrendamiento podrá prorrogarse anualmente tres años, salvo que el casero (o sus familiares en primer grado por consanguinidad o cónyuge) necesite el inmueble para vivir en él permanentemente.

2.    Derecho de adquisición preferente de la vivienda

Esto quiere decir que se tendrá preferencia a la hora de comprar la vivienda si el arrendador decide ponerla en venta. Eso sí, existe la opción de acordar en el contrato de alquiler la exclusión de esta norma.

3.    Derecho a pedir al arrendador las reparaciones necesarias para la conservación de la vivienda

Como inquilino, también se tiene derecho a pedir al casero que repare todo aquello que sea necesario para que la vivienda se conserve en condiciones óptimas de habitabilidad. Pero, ¡ojo! El propietario no se hará cargo de deterioros derivados del uso diario que se haga en la  vivienda. Tampoco de roturas provocadas por mal uso.

4.    Derecho a denunciar al casero si entra a la vivienda sin permiso

Muy importante: una vez iniciada la relación de alquiler, el casero no podrá entrar en la vivienda arrendada sin permiso. De ser así, el inquilino tiene derecho a denunciarlo por violar su privacidad, recalca reclamador.es.

5.     Derecho a recuperar la fianza al abandonar la vivienda

Se tiene derecho a recuperar la fianza depositada al comenzar el contrato de alquiler, siempre y cuando la casa quede en buenas condiciones y sin pagos pendientes.

5 obligaciones que tiene el inquilino

1.     Abonar una fianza al comenzar la relación de alquiler

Antes de comenzar a vivir en el nuevo hogar hay que realizar el pago de una fianza. El importe a pagar, por lo general, es el mismo que el de una mensualidad de la renta de alquiler.

2.     Pagar mensualmente la renta del alquiler

El inquilino debe cumplir mensualmente con la renta del alquiler establecido en el contrato de arrendamiento. El pago deberá efectuarse (salvo pacto en contrario) durante los primeros 7 días del mes, como norma general. Siempre en el lugar y por el procedimiento acordado por ambas partes. Normalmente, los pagos del alquiler se realizan por transferencia bancaria.

3.     Dejar la vivienda en las mismas condiciones

El inquilino tiene la obligación, recuerda reclamador, de dejar la vivienda en las mismas condiciones que tenía cuando entró a vivir en ella. De lo contrario, puede perder la fianza abonada.

4.     Informar sobre la realización de reparaciones necesarias

Otra de las obligaciones del inquilino será la de comunicar al casero la realización de las reparaciones que sean oportunas para conservar la habitabilidad de la vivienda. A este deber va ligado el de permitir la entrada a la vivienda al propietario y al personal que sea necesario para la realización de dichas reformas.

5.   No realizar obras ni actividades peligrosas

Por último, es conveniente conocer que como inquilino no se puede realizar obras que provoquen inestabilidad o inseguridad en la vivienda. De igual manera, no se podrán llevar a cabo actividades molestas, ilegales, nocivas o peligrosas.

5 derechos que tiene el casero

1. Derecho a recibir puntualmente el pago de la renta del alquiler que se haya acordado con el inquilino

Además, el casero tendrá derecho a recibir una fianza como garantía de que la vivienda le será devuelta en las mismas condiciones en las que se entregó al inquilino.

La cantidad de esta fianza, por lo general, será equivalente a una o a dos mensualidades de la renta. Aunque hay ocasiones en las que se pide más. Especialmente si la vivienda tiene mucho valor. Todo ello será negociable a la hora de redactar y firmar el contrato de arrendamiento.

2. Derecho a exigir al inquilino que repare los daños que este haya podido causar en la vivienda

Ya sea por un uso indebido del inmueble o por consecuencia del uso diario. No obstante, los daños estructurales del inmueble o los causados por otros vecinos que afecten a la habitabilidad de la vivienda, deberán ser sufragados por el casero.

3. Derecho a aumentar la renta del alquiler en función de lo que se haya especificado en el contrato

Muchos de los contratos de alquileres de vivienda que se formalizan cada año en España son de larga duración. Por ello, reclamador.es afirma que es conveniente que el arrendador introduzca en el contrato una cláusula que le permita modificar la cuantía de la renta cada año. Si no se introduce dicha cláusula en el contrato, el casero deberá cobrar el mismo importe en concepto de renta durante la duración del contrato. Esto le puede ocasionar un gran perjuicio, ya que es muy probable que el mercado del alquiler se encarezca y el casero no pueda aumentar el precio ni finalizar el contrato hasta pasados 3 años de la firma.

La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos 3 años de duración del contrato, le dará derecho al aumento de la renta aunque no estuviese pactado en contrato.

4. Derecho a suspender el sistema de prórrogas del contrato de alquiler cuando haya pasado el primer año de duración del contrato

Eso sí, el casero tendrá que comunicárselo al inquilino con, al menos, 30 días de antelación y, en cualquier caso, apelando a la cláusula de necesidad. Esto es, que se tiene la necesidad de disponer de la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí mismo o para sus familiares.

5. Derecho a solicitar la resolución judicial del contrato de alquiler si el inquilino no paga las rentas

O bien, si este subarrienda la vivienda sin el consentimiento del propietario o si el inquilino hace obras sin permiso. También, cuando el inquilino realice en la vivienda actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas.

5 obligaciones que tiene el casero

1. Obligación de garantizar una vivienda habitable

El casero tendrá que mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad durante el tiempo que dure el contrato de alquiler.

2. Obligación de hacerse cargo de aquellas reparaciones urgentes que necesite la vivienda

Por ejemplo, deberá encargarse de averías en las instalaciones eléctricas del inmueble o de la caldera. El arrendador tendrá que reparar los daños o, por su parte, pagarle al inquilino los costes que él haya adelantado.

3. Obligación de no perturbar al arrendatario

El casero no podrá entrar en la vivienda sin previo aviso al inquilino. Tampoco podrá causar cualquier tipo de molestia al mismo.

4. Comunicar cualquier actualización que se produzca en la renta del alquiler

Cuando cambie la cantidad de la renta de alquiler, el propietario debe comunicárselo al inquilino con un mes de antelación como mínimo. Además, deberá justificar todos aquellos gastos que provoquen el aumento del alquiler pactado inicialmente.

5. Garantizar al inquilino un uso pacífico de la vivienda

El casero deberá garantizar al inquilino que ningún tercero reclamará judicialmente la posesión o utilización de la vivienda por disponer de mejor derecho.

El despido de un médico católico podría constituir una discriminación por motivos religiosos2018-09-12

El requisito de que un jefe de servicio católico respete el carácter sagrado e indisoluble del matrimonio conforme a la concepción de la Iglesia Católica no parece ser un requisito profesional esencial, legítimo y justificado, cuestión que en el presente asunto, no obstante, corresponde comprobar al Tribunal Supremo de lo Laboral de Alemania.

JQ, católico, trabajaba como jefe de servicio de medicina interna de un hospital gestionado por IR, sociedad alemana de responsabilidad limitada y sujeta al control del arzobispo católico de Colonia (Alemania).

IR despidió a JQ cuando supo que, tras divorciarse de su primera esposa, con la que estaba casado por el rito católico, se había vuelto a casar por lo civil sin que su primer matrimonio hubiera sido anulado. Para IR, al celebrar un matrimonio que según el Derecho canónico es inválido, JQ había incumplido de modo agravado las obligaciones de lealtad que se derivaban de su contrato laboral.

El contrato laboral en cuestión remite al Reglamento aplicable al Servicio Eclesiástico en el Marco de las Relaciones Laborales dentro de la Iglesia (GrO de 1993), [1] que establece que la celebración, por un trabajador católico con responsabilidades directivas, de un matrimonio que según el Derecho canónico sea inválido está tipificada como incumplimiento grave de sus obligaciones de lealtad y justifica su despido.Según la ética de la Iglesia Católica, el matrimonio religioso es sagrado e indisoluble. En ese contexto, procede observar que la Constitución alemana confiere a las iglesias e instituciones vinculadas con iglesias autonomía, con ciertos límites, para administrar con libertad sus propios asuntos.

JQ recurrió ante la jurisdicción laboral alemana, alegando que su segundo matrimonio no daba lugar a un despido procedente. Según JQ, su despido viola el principio de igualdad de trato, puesto que, con arreglo al GrO de 1993, las nuevas nupcias de un jefe de servicio de religión protestante o sin religión no tienen repercusiones en la relación laboral con IR.

En ese contexto, el Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania) solicita al Tribunal de Justicia que interprete la Directiva sobre igualdad de trato, [2] que prohíbe en principio que los trabajadores sean discriminados por motivos de religión o convicciones, permitiendo a la vez, con determinadas condiciones, que las iglesias u otras organizaciones cuya ética se base en la religión o las convicciones exijan a sus trabajadores una actitud de buena fe y lealtad hacia dicha ética.

[1] Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse, de 22 de septiembre de 1993 (Amtsblatt des Erzbistums Köln, p. 222).

[2] Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO 2000, L 303, p. 16).

Mediante su sentencia de hoy el Tribunal de Justicia declara que debe poder someterse a un control judicial efectivo 3 la decisión de una iglesia u otra organización cuya ética se base en la religión o las convicciones y que gestione centros hospitalarios constituidos como sociedades de capital de Derecho privado de imponer a empleados que ejerzan responsabilidades directivas el requisito de mantener una actitud de buena fe y lealtad hacia dicha ética, cuando dicho requisito se gradúe en función de si esos trabajadores no tienen ninguna religión o de cuál es esa religión.

Al efectuar ese control judicial, el tribunal nacional competente deberá asegurarse de que, a la vista de la naturaleza de las actividades profesionales de que se trate o del contexto en que se ejerzan, la religión o las convicciones constituyan un requisito profesional esencial, legítimo y justificado habida cuenta de esa ética en cuestión.

Si bien en el asunto corresponde al Bundesarbeitsgericht dilucidar si se cumplen esas condiciones, el Tribunal de Justicia indica que la adhesión a la concepción del matrimonio que defiende la Iglesia Católica no parece necesaria para proclamar la ética de IR cuando se tiene en cuenta la importancia de las actividades profesionales de JQ, que eran la prestación en un hospital de asesoramiento y cuidados de carácter médico y la gestión del servicio de medicina interna cuya jefatura ostentaba. Por tanto, no parece ser una condición esencial de la actividad profesional, lo cual queda corroborado por el hecho de que se encomendaran puestos análogos a trabajadores que no profesaban la religión católica, por lo que no estaban sujetos a esa misma exigencia de mantener una actitud de buena fe y lealtad hacia la ética de IR.

Además, el Tribunal de Justicia señala que, a la vista de los autos que obran ante él, el requisito en cuestión no parece justificado. No obstante, corresponde al Bundesarbeitsgericht comprobar si IR ha acreditado que a la luz de las circunstancias del asunto exista un riesgo probable y grave de vulneración de su ética o su derecho a la autonomía.

Por lo que se refiere a la problemática de que, en principio, las directivas de la Unión no surtan efectos directos entre los particulares sino que requieran la transposición al Derecho nacional, el Tribunal de Justicia recuerda que corresponde a los tribunales nacionales interpretar en la medida de lo posible el Derecho nacional que transpone las directivas de conformidad con estas.

El Tribunal de Justicia precisa que, en caso de que resulte imposible interpretar el Derecho nacional aplicable (en este caso, la Ley General alemana sobre Igualdad de Trato) de conformidad con la Directiva contra la discriminación, tal como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de hoy, el tribunal nacional que conozca de un litigio entre dos particulares deberá dejar inaplicado el Derecho nacional.

A ese respecto, el Tribunal de Justicia observa que la prohibición de cualquier discriminación basada en la religión o las convicciones tiene carácter imperativo como principio general de Derecho de la Unión, consagrado ahora ya en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y basta por sí misma para conceder a los particulares un derecho que puedan invocar en litigios que los enfrenten en ámbitos regidos por el Derecho de la Unión.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Audiencia de Pontevedra impone 15 años de cárcel a dos hombres por el asalto mortal a una anciana2018-09-12
El jurado consideró probado que los sospechosos exigieron a la víctima que les entregase dinero y para que les dijese dónde lo guardaba "comenzaron a golpearla reiteradamente y con gran contundencia”

Autor Comunicación Poder Judicial

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha impuesto 15 años de cárcel como autores de un delito de homicidio y de otro de robo con violencia en casa habitada a los dos acusados de matar a golpes a una mujer de 87 años en su vivienda de Lérez durante la madrugada del 30 de julio de 2016.

Tal y como consideró acreditado por unanimidad el Tribunal Jurado, los sospechosos exigieron a la víctima que les entregase dinero y para que les dijese dónde lo guardaba "comenzaron a golpearla reiteradamente y con gran contundencia en diferentes partes del cuerpo sin importarles poder acabar con su vida". De esta forma, obtuvieron 35 euros y abandonaron el lugar. La mujer falleció en el hospital como consecuencia de los golpes que le propinaron.

Empresa absuelta porque la acusación no probó que no existía un plan de prevención de delitos en la organización2018-09-11

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza absuelve a la persona jurídica imputada, del delito continuado de estafa del que se le acusaba.

  • SAP Zaragoza, de 7 mayo 2018 (JUR 2018, 194106)

María Elduayen Ibáñez
Área Derecho Penal y Compliance. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A

En el concreto caso de autos, resulta evidente que por las acusaciones (Ministerio Fiscal y Acusación Particular) no se intentó acreditar si la mercantil imputada había implantado o no, dentro de su modelo y estructura de gestión y de organización, algún Plan de prevención de delitos de naturaleza económica; lo que, por si sólo, hace procedente dictar una sentencia absolutoria.

En segundo lugar, para que exista responsabilidad penal en las personas jurídicas, se exige, además, que conste una persona física que haya cometido un delito, dentro del ámbito de la organización empresarial. En este sentido y en el caso que nos ocupa, un examen de las actuaciones llevó a la conclusión de que toda la dirección social de la Mercantil estaba concentrada en una sola persona (ya fallecida) que estaba siempre en la empresa como el único socio, que dirigía toda la actividad y que era el único responsable real de la misma. La mercantil, en suma, era teóricamente una sociedad limitada, pero en la práctica era una sociedad unipersonal cuyo titular era el fallecido, y respecto del cual se archivaron las actuaciones por fallecimiento.

En términos más generales, y, por último, la Sala entiende que el instituto de la responsabilidad de las personas jurídicas exige dos realidades simultáneas; una persona física que, desde dentro de la empresa, comete el hecho delictivo y, al mismo tiempo, una persona jurídica, que, por su falta grave de control, posibilita o facilita la comisión del referido delito. En el caso de autos no consta que exista una tal persona física (pues, en verdad, no se indagó la eventual comisión de un delito de falsificación por parte del ya fallecido) y tampoco existe una tal persona jurídica; por cuanto tampoco se investigó la posible inexistencia de mecanismos de control, en los que podría haberse apoyado la pretensión acusatoria.

La Audiencia de Cádiz condena a 3 meses y 22 días de cárcel a los tres acusados de maltrato animal en la residencia de animales de Puerto Real2018-09-11
El tribunal revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal que absolvió del delito al dueño, la directora y un veterinario del centro

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 que absolvió al dueño, la directora y un veterinario de la residencia de animales de Puerto Real y ha condenado a cada uno de ellos a 3 meses y 22 días de cárcel por un delito de maltrato animal.

En la sentencia, el tribunal estima así los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y las acusaciones y revoca el fallo dictado el día 1 de septiembre de 2017 por el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz, condenando a los tres acusados por un delito de maltrato animal a 3 meses y 22 días de prisión e inhabilitación para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales durante un año.

De este modo, la Audiencia considera que, en este caso, “tanto si acogemos la definición legal de ensañamiento como la gramatical, llegamos a la conclusión de que existió ensañamiento”, ya que, “con independencia de que la elección del medicamento Mioflex no tenía por finalidad aumentar el sufrimiento de los animales en su muerte, sino abaratar y simplificar las eutanasias, lo cierto es que se conocía y consentía que se producía una muerte agónica e insufrible, cuando ello era evitable, pues con otros medicamentos podía realizarse una eutanasia rápida con mínima molestia”.

El tribunal, en este sentido, pone de manifiesto que “hay que distinguir el llamado dolo directo de primer grado, que está presente cuando la finalidad de la acción del culpable coincide con la realización del tipo de delito, del dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias, que existe cuando quien delinque tiene una finalidad que excede de la ilicitud establecida en la norma, pero tiene que reflejar forzosamente en su pensamiento que la acción elegida para esa finalidad pasa inevitablemente por la realización del tipo delictivo”.

A juicio de la Audiencia, “en el presente caso concurre dolo directo de segundo grado”, ya que “se conocía que se producía esa muerte agónica e insufrible”, punto en el que resalta que “estamos ante un delito continuado en aplicación del artículo 74 del Código Penal, ya que hubo una pluralidad de acciones en ejecución de un plan preconcebido”.

El tribunal dice que son responsable del delito de maltrato animal tanto el veterinario acusado, “que realizaba las eutanasias”, como la directora y el responsable y administrador único del centro, ya que, “si bien no ejecutaban personalmente las eutanasias, tenían el dominio funcional de los hechos, ya que dados sus cargos y funciones no solo conocían y consentían el uso del mioflex, sino que podían haber evitado su utilización”.

Para finalizar, la Audiencia afirma que, en este caso, concurre la atenuante de dilaciones indebidas del artículo 21.6 del Código Penal como muy cualificada, ya que la causa fue incoada por auto de fecha 11 de octubre de 2007, recayendo sentencia en el Juzgado de lo Penal el día 1 de septiembre de 2017.

Cómo implantar una cultura de servicio orientada al cliente2018-09-11
  • Corresponde a los titulares del despacho establecer el conjunto de creencias que conforma la cultura de servicio al cliente.
  • Antes de cambiar la cultura existente es indispensable conocer cuál es la que rige en nuestra organización.

En la medida en la que los despachos estén más orientados a la prestación de un servicio de calidad al cliente, las opciones de sobrevivir en un mercado como el actual aumentarán significativamente, y ello debido a que la satisfacción o el exceso de ésta, la complacencia, son garantía de lealtad y, por tanto, de fidelización del cliente.

Óscar Fernández León,
Abogado. Experto en habilidades profesionales

Sin embargo, dicha orientación no se obtiene con un simple deseo de los socios que suele traducirse en una declaración programática al uso, sino que es preciso que el despacho, como organización, quede impregnado de esa filosofía, de modo que ésta se traduzca en una realidad perceptible por los clientes a través de las relaciones que mantenga con la organización y con todos sus miembros. Y esto se consigue únicamente a través del establecimiento de una cultura del despacho orientada al cliente.

La cultura de servicio la constituye aquel conjunto de creencias, actitudes y valores compartidos por todos los miembros del despacho que influyen en el desarrollo del servicio suministrado a los clientes, y que genera en éstos confianza y valor añadido.

Beneficios de su implantación

Entre los beneficios de su implantación de una cultura orientada al cliente podemos destacar:

  • Convertir el servicio al cliente en un factor diferencial de nuestra firma.
  • Incrementar la productividad de las personas que trabajan en la empresa (si nos preocupamos por la calidad del servicio al cliente la productividad aumenta).
  • Fidelizar a los clientes, reduciendo así su pérdida o deserción a través del aumento de su confianza en nosotros.
  • Incrementar las posibilidades de captación de los clientes a través de la publicidad que los clientes realizarán sobre nuestro excelente servicio (el famoso «boca a boca»).
  • Mejorar las habilidades, destrezas y técnicas de nuestros profesionales y empleados en todo lo relativo a la atención del cliente: aprender a sonreír, atender con rapidez, saber escuchar, resolver problemas, etc., lo que indudablemente aumentará la autoestima de aquellos.
  • Fomentar el trabajo en equipo.
  • La creación de un buen ambiente de trabajo en el despacho.

Corresponde a los titulares del despacho establecer el conjunto de creencias que conforma la cultura de servicio al cliente, declaraciones que además de definir la identidad perseguida, servirán como fundamento de sus políticas y acciones estratégicas. Una vez determinada, es precisa la adhesión de todo el cuerpo social a dichas creencias, ya que la creación de esta cultura implica una estrategia corporativa donde participen todos los niveles de la organización.

No es fácil implantar una cultura de servicio al cliente, y prueba de ello lo encontramos en la frecuencia con que muchas empresas atienden mal a los clientes con desplantes, demoras, poca cortesía o falta de solución a sus problemas.

Factores que se oponen a la implantación

Centrados en la Abogacía, a dicha implantación se oponen sustancialmente los siguientes factores:

  • La involucración permanente de los abogados en el trabajo profesional del día a día y su tradicional rechazo a los aspectos comerciales de su trabajo.
  • La necesaria lentitud de todo cambio de valores.
  • La falta de refuerzo de estos valores por parte de los socios durante el proceso de implantación.
  • La falta de acciones de revisión de la implantación de los valores por los socios.

Con estos antecedentes ya podemos entrar en el proceso de implantación de la cultura de servicio, proceso que conllevará tres pasos fundamentales:

1º.- Realizar una evaluación del nivel de cultura de atención al cliente existente en el despacho.

Lógicamente, antes de cambiar la cultura existente es indispensable conocer cuál es la que rige en nuestra organización. Para ello, es fundamental que los responsables (los socios o el socio responsable) se sumerjan en el día a día de la organización y conozcan lo que se cuece en la misma.

2º.- Modificación de la cultura existente.

El cambio cultural solo se produce si se realizan una serie de actuaciones destinadas a la asimilación de los nuevos valores por los integrantes del despacho.

Comunicación: Hay que realizar una comunicación formal de la nueva cultura a todos los miembros del despacho.

Organización del despacho: Toda la estructura del despacho deberá adaptarse a los nuevos valores.

Formación: Los socios, abogados y personal deberán adquirir de forma permanente conocimientos que mejoren las habilidades de atención a los clientes. Para ello, parte del presupuesto de formación debe destinarse a este aspecto.

Motivación: Al igual que se incentiva la mejora de la productividad o los resultados, deberán incentivarse conductas que favorezcan la mejora de la atención al cliente.

3º.- Implementación del sistema sometido a controles permanentes.

No basta con persistir, sino que los socios deben someter el proceso a revisiones periódicas que garanticen un seguimiento adecuado del proceso. El seguimiento puede llevarse a cabo bien a través de encuestas a los clientes o a los integrantes del propio despacho, encuestas a las que seguirá una evaluación de las mismas con la consiguiente toma de medidas correctoras.

No es fácil, pero con cierta constancia, la esencia del despacho, reflejada en las personas que lo componen, pueden reflejar esa cultura tan necesaria en los tiempos que corren.

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Un total de 50 jueces y magistrados optan a ser vocales en el próximo mandato del CGPJ2018-09-10

CGPJ

  • La Junta Electoral hace pública la lista de candidatos que reúnen los requisitos legalmente exigidos

Un total de 50 jueces y magistrados optan a las doce puestos de vocal de procedencia judicial en el próximo mandato del Consejo General del Poder Judicial, cuyo proceso de renovación se puso en marcha el pasado 3 de agosto. En 2013, el número de candidatos fue de 55.

La Junta Electoral regulada en el artículo 576 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha hecho pública hoy, tal y como establece el punto 7 de ese mismo precepto, la lista de candidatos que cumplen los requisitos legalmente exigidos, una vez que el pasado martes finalizó el plazo de un mes establecido para la presentación de solicitudes.

Los requisitos fijados en la LOPJ son los de estar en servicio activo en la Carrera Judicial y aportar el aval de veinticinco miembros de la Carrera, también en servicio activo, o el de una asociación judicial.

La lista de candidatos admitidos es la siguiente:

Avalados por la Asociación Profesional de la Magistratura

  • Abascal Junquera, Alejandro. Juzgado de Instrucción nº 4 de Fuenlabrada
  • López Soto, José Antonio. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Novelda
  • Martínez Ceyanes, María Pilar. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Oviedo
  • Montero Fernández, José Antonio. Sala Tercera del Tribunal Supremo
  • Moreno García, Juan Ángel. Audiencia Provincial de Madrid
  • Núñez Corral, José Luis. Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Vitoria-Gasteiz
  • Orga Larrés, José Carlos. Juzgado de Instrucción nº 3 de Logroño
  • Páez Martínez-Virel, José María. Juzgado Decano Exclusivo Único de Málaga
  • Rodríguez Vega, Luis. Audiencia Provincial de Barcelona
  • Rojo Beltrán, María Pilar Esther. Audiencia Provincial de Valencia
  • Serrano Frías, Isabel. Presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara
  • Vila Pariente, María de los Reyes. Juzgado de 1ª Instancia nº 29 de Sevilla

Avalados por la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria

  • Baena Sierra, José Antonio. Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Palma
  • Estévez Benito, Rafael. Juzgado de lo Penal nº 1 de Cáceres
  • García de Yzaguirre, Mónica. Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife
  • Jaén Vallejo, Manuel María. Juzgado de lo Penal nº 4 de Getafe
  • Tardón Olmos, María. Audiencia Provincial de Madrid

Avalados por Juezas y Jueces para la Democracia

  • Erice Martínez, María Esther. Presidenta de la Audiencia de Navarra
  • Espinosa Casares, Ignacio. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja
  • Fernández Seijo, José María. Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona
  • Martín Verona, Ignacio. Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de Valladolid
  • Preciado Doménech, Carlos Hugo. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
  • Rosell Aguilar, María Victoria. Juzgado de Instrucción nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria
  • Ruano Rodríguez, María Lucía. Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Madrid
  • Suárez-Mira Rodríguez, Carlos Manuel. Juzgado de lo Penal nº 2 de Ferrol

Avalados por Ágora Judicial

  • Figuera Lluch, Montserrat. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Avalados por miembros en activo de la Carrera Judicial

  • Andreu Miralles, Fernando. Juzgado Central de Instrucción nº 4 (43 avales)
  • Arozamena Laso, Ángel. Sala Tercera del Tribunal Supremo (54)
  • Avilés Palacios, Lucía. Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 3 de Arenys de Mar (79)
  • Balerdi Múgica, José Manuel. Juzgado de lo Penal nº 2 de Huelva (64)
  • Ballesteros Martín, Javier Mariano. Audiencia Provincial de Madrid (57)
  • Calderón González, Jesús María. Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (35)
  • de la Cueva Aleu, María Aurora. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (61)
  • Espinosa Conde, María Gema. Audiencia Provincial de Barcelona (309)
  • García Otero, César José. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias-Las Palmas de Gran Canaria (37)
  • González de la Varga, Susana. Juzgado de Instrucción nº 5 de Móstoles (49)
  • Gutiérrez Muñoz, Sonia Montserrate. Juzgado de lo Penal nº 16 de Barcelona (78)
  • Huerta Garicano, Inés María. Sala Tercera del Tribunal Supremo (43)
  • Íñiguez Hernández, Diego. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Bilbao (65)
  • Jiménez Hidalgo, Adoración. Juzgado de lo Social nº 3 de Granollers (79)
  • Martínez Mediavilla, José Eduardo. Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca (74)
  • Montalbán Huertas, Inmaculada. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (40)
  • Moreno Gómez, Virginia. Juzgado de lo Penal nº 1 de Girona (36)
  • Oliver Egea, Francisco Manuel. Juzgado de lo Penal nº 6 de Móstoles (92)
  • Renedo Juárez, María José. Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (250)
  • del Riego Valledor, José María. Sala Tercera del Tribunal Supremo (44)
  • Sánchez Conesa, Raúl. Tribunal Superior de Justicia de Murcia (35)
  • del Ser López, Ana. Presidenta de la Audiencia Provincial de León (65)
  • Serna Calvo, María del Mar. Juzgado de lo Social nº 23 de Barcelona (75)
  • Villagrá Álvarez, David. Juzgado de 1ª Instancia nº 9 de Almería (34)

Una vez publicada la lista de candidatos que cumplen los requisitos legalmente exigidos, se abre un plazo para presentar impugnaciones, que serán resueltas por la propia Junta Electoral antes de la proclamación definitiva de las candidaturas, contra la que cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Transcurridos, en su caso, dichos plazos, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial remitirá las candidaturas definitivamente admitidas a los presidentes del Congreso y del Senado, a fin de que ambas Cámaras procedan a la designación de los vocales del turno judicial.

La LOPJ establece que en la designación de estos vocales las Cámaras tomarán en consideración el número de jueces y magistrados no afiliados y de afiliados a cada una de las distintas asociaciones judiciales.

Además, la selección que hagan las Cámaras deberá respetar la siguiente proporción: tres magistrados del Tribunal Supremo, tres magistrados con más de 25 años de antigüedad y seis jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad. Si no hubiera candidatos a vocales dentro de alguna de esas categorías, la vacante se destinará al siguiente grupo.

Exclusión de la candidatura de José Ricardo de Prada

La Junta Electoral ha acordado por unanimidad excluir la candidatura del magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada por no reunir los requisitos legales.

La exclusión se acuerda “por aplicación de lo dispuesto en el art. 573.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al no hallarse en servicio activo en la carrera judicial, según acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 6 de septiembre de 2018, que expresamente rechaza su solicitud de ser reingresado en el servicio activo”.

La Junta Electoral también señala que, “a efectos del art. 573.2 de dicha ley orgánica, aducido por el señor De Prada Solaesa, no resulta aplicable por cuanto el puesto que ocupa corresponde a actividad que viene ejerciendo en régimen de compatibilidad desde el año 2011, y la situación administrativa de servicios especiales que le fue reconocida en 2018 lo fue con carácter instrumental y por tiempo determinado, según manifiesta el propio interesado”.

El plan de autoprotección como documento dinámico de revisión continua2018-09-10

Es común que cuando se habla de Auditorías de Sistemas de Gestión en Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL) o se piensa en las Certificaciones del mismo bajo OHSAS 18001 o, ahora, ISO 45001 o bien en la Auditoría Reglamentaria que define la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales -y concreta el RD 39/97 Reglamento de los Servicios de Prevención- y que, solamente alcanza (en lo referido a obligatoriedad) a determinado tipo de empresas en función de volumen, organización de su actividad preventiva o requerimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Javier Cassini Gómez de Cádiz,
Auditor Jefe y Director en Prevycontrol, Auditora de SGPRL

Pero el concepto de Auditoría relacionado con la prevención de riesgos laborales puede tener más alcance y configurarse como un instrumento de primera magnitud en la gestión de prevención de la empresa. Por ejemplo, ¿por qué no realizar Auditorías parciales que en el plazo máximo legal completen la revisión plena del Sistema? o ¿por qué no auditar aspectos concretos en momentos puntuales en función de riesgos especiales?

Uno de estos casos puede ser la Auditoría del Plan de Autoprotección que determinadas empresas deben asumir. En este sentido, y hablando siempre a nivel nacional pues hay Comunidades Autónomas que están regulando este aspecto, existe una normativa nacional que vamos a comentar de manera breve.

La regulación que obliga a la realización del Plan de Autoprotección es el RD 393/2007 por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia y modificado por el RD 1468/2008.

Además, y como aclaración y concreción de la citada norma, es de elevado interés utilizar la Nota Técnica de Prevención (NTP) 818 realizada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), hoy Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aunque debemos tener claro que las NTP no disponen de carácter normativo sino que son instrumentos de carácter técnico y, por tanto, orientativo.

Como resulta evidente, el primer paso que hay que dar es comprobar si en los centros de trabajo de la empresa en cuestión es de aplicación la expresada normativa. Por tanto, hay que remitirse al ámbito de esta legislación, lo que viene perfectamente descrito en el Anexo I de la norma; será necesario recurrir a asesoramiento técnico pues, salvo casos claros, pueden aparecer dudas sobre la aplicación o no del RD 393/2007 a determinadas actividades y/o centros de trabajo.

Una vez definido esto y estando convencidos de la pertinencia de realizar el Plan de Autoprotección, podemos hacer las siguientes consideraciones al respecto de comprobar la vigencia continua del mismo:

1. En el Anexo II del RD 393/2007 sobre el contenido del Plan de Autoprotección, dentro del capítulo de Mantenimiento de la eficacia y Actualización, obliga a que exista un programa de revisiones del mismo. Se define un plazo concreto para realización de dichas revisiones ya que deben acometerse en un plazo no superior a 3 años y la periodicidad debe estar descrita en el Plan de Autoprotección.

2. Igualmente, en dicho Anexo II y en el mismo capítulo, señala como parte del contenido del Plan de Autoprotección la programación de Auditorías e inspecciones, luego se presumen como obligatorias aunque no se señala un plazo máximo ni mínimo. Es decir, existe obligatoriedad de realizarlas pero no se define un plazo concreto en la normativa; es en el propio Plan de Autoprotección en el que debe definirse la programación y marcar fechas de realización.

3. ¿Y quién debe realizar estas Auditorías? La normativa indica que pueden ser realizadas por personal interno o externo. Desde luego, parece razonable -y así se indica en algunas guías realizadas al efecto- que la independencia y objetividad son características básicas a la hora de abordar estos trabajos, especialmente dada la importancia ante posibles sucesos-; resulta evidente que con personal de la propia empresa no resultará sencillo garantizar un trabajo independiente y objetivo dada la implicación que estas personas tendrán en la aplicación de propio Plan de Autoprotección.

Cuando se realiza una Auditoría SGPRL, ya sea reglamentaria o de certificación, se revisan las medidas de emergencia, incluyendo la existencia del Plan de Autoprotección si fuera el caso. Pero este aspecto siempre se analiza desde la perspectiva de gestión, no con profundidad técnica. En dichas Auditorías suele analizarse, sin que sea una lista con carácter exhaustivo:

  • Obligatoriedad o no de realización de Plan de Autoprotección.
  • Adecuación del Plan a las instalaciones de la Empresa, actualizaciones.
  • Nombramiento y vigencia de los equipos de intervención.
  • Formación adecuada de dicho personal.
  • Medios de que disponen (extintores, BIE´s, iluminación de emergencia...) y adecuación.

Pero es evidente que auditar un Plan de Autoprotección de manera específica exige mucha más profundidad, añadiendo a lo anterior un estudio técnico exigente y riguroso, por la seguridad de las personas así como por las responsabilidades jurídicas que pueden derivarse en estos casos, especialmente en caso de siniestro.

Por ello, se podría considerar conveniente hacer coincidir la Auditoría Reglamentaria del SGPRL con una Auditoría profunda del Plan de Autoprotección, si existiera obligatoriedad de la primera.

Abundando en lo anterior, si cruzamos lo estipulado en el RD 39/97 Reglamento de los Servicios de Prevención sobre Auditorías del SGPRL y lo descrito en el RD 393/2007, podríamos deducir que este trabajo ha de ser independiente, y más aún si se deben conservar a disposición de la Administración las actividades de mantenimiento de la eficacia del Plan de Autoprotección y de los informes de evaluación realizados. Todo ello, hace a las Auditoras de SGPRL un instrumento muy adecuado para la realización de las Auditorías del Plan de Autoprotección.

Para finalizar, es conveniente hacer notar que no resulta infrecuente que existan empresas que disponen de Planes de Autoprotección no actualizados, sin revisar o sin auditar y que, desde un punto de vista más de consecuencias jurídicas, podemos pensar en aspectos como:

  • ¿En qué situación nos encontraríamos si, estando obligados, no hemos realizado el Plan de Autoprotección según RD 393/2007 y solamente disponemos de unas Medidas de Emergencia en base al Art.20 de la Ley 31/95?
  • ¿Y si no hemos revisado la vigencia y operatividad del mismo según lo estipulado en el Plan de Autoprotección efectuado -revisiones y auditorías-?

Por lo anterior, si tenemos la mala fortuna de sufrir un suceso que haya disparado la aplicación del Plan de Autoprotección, no ha funcionado adecuadamente el mismo y no hemos realizado revisiones y/o auditorías, nuestra situación jurídica será complicada en caso de tener que responder ante daños de cualquier tipo.

El Pleno del Congreso convalida el decreto que adapta el modelo español al nuevo Reglamento General de Protección de Datos2018-09-10

A la espera de que se dé inicio al periodo ordinario de sesiones tras el periodo estival, esta semana, la actividad parlamentaria ha mantenido el foco de atención en la Cámara Baja donde se celebró una sesión extraordinaria para debatir la convalidación de tres Reales Decretos, así como el informe de la subcomisión creada en el seno de la Comisión de Cultura para la elaboración de un Estatuto del Artista, entre otros asuntos.

Así, el primer Real Decreto-Ley debatido adapta al derecho español parte de la normativa europea sobre la Protección de Datos. Esta adaptación se encuentra actualmente en trámite mediante una Ley Orgánica, pero, en tanto se aprueba la norma, el decreto fija algunos aspectos como la delimitación de los sujetos responsables del tratamiento de datos, el régimen sancionador y los procedimientos en caso de vulneración. También se convalidó una oferta extraordinaria de empleo público para reforzar los medios de atención a asilados y refugiados, con la que el Gobierno espera dar respuesta al aumento de la carga de trabajo de los profesionales que trabajan en las costas y fronteras, ante el aumento de los flujos migratorios.  El Pleno del Congreso también convalidó el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que garantiza la atención sanitaria a todas las personas que se encuentren en territorio español.

Por último, sus señorías apoyaron de forma unánime el informe de la subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista, que propone una serie de medidas laborales y tributarias para mejorar las condiciones de este colectivo.

En cuanto al trabajo de las comisiones, cabe destacar la comparecencia de la ministra de Educación, Isabel Celaá, para informar sobre la forma de derogar el decreto de racionalización del gasto público educativo aprobado por el anterior Gobierno y concretar las previsiones del Ejecutivo para centros concertados. Asimismo, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, acudió a la comisión de su ramo para dar cuenta de la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Cataluña, celebrada el pasado 1 de agosto de 2018.

Political Intelligence

Finalmente, la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades del Senado se reunió el pasado jueves, 6 de septiembre, para elaborar la lista definitiva de candidatos admitidos en el concurso público para ser designado miembro del consejo de administración de RTVE.

A continuación, les resumimos la actividad parlamentaria más destacada, desarrollada durante la semana del 3 al 7 de septiembre.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Pleno

El Pleno del Congreso, celebrado el pasado jueves, 6 de septiembre, dio el visto bueno a las siguientes iniciativas:

  • La convalidación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. Este reglamento regulará aspectos relacionados con la inspección, el régimen sancionador y el procedimiento de instrucción que son relevantes para que se garantice la protección de los datos personales, dado que aportan la seguridad jurídica necesaria. En este sentido, el decreto fija cuál es el personal competente para realizar las labores de investigación previstas en el reglamento europeo y regula el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección. También determina el régimen aplicable al personal de las autoridades de supervisión de otros estados miembros de la Unión Europea que participen en actuaciones conjuntas de investigación.
  • Asimismo, se dio luz verde a la convalidación del Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional de 323 plazas para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados. Este decreto busca dar respuesta al aumento en la carga de trabajo de los profesionales que trabajan en cuestiones de asilo en las costas y fronteras españolas, ante el aumento de los flujos migratorios de países en conflicto.
  • El último decreto debatido fue el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. El decreto será tramitado como proyecto de ley por vía urgente, tras que 340 diputados apoyaran la solicitud. Este real decreto tiene como objetivo garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a todas las personas que se encuentren en el territorio español.

Además de estos tres reales decretos, sus señorías debatieron el informe de la subcomisión creada en el seno de la Comisión de Cultura para la elaboración de un Estatuto del Artista, que ha recibido el apoyo unánime de la cámara. El informe propone una serie de medidas tributarias y laborales para dotar al sector cultural de un modelo legislativo capaz de responder a las necesidades específicas de sus trabajadores y adaptarlo a las transformaciones tecnológicas y al incremento de la precariedad.

Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo  

El martes, 4 de septiembre, la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo acogió una serie de comparecencias en torno a la brecha de género existente en materia de pensiones de la Seguridad Social. Durante esta sesión, intervinieron expertos como Marisa Soleto Ávila, Directora de la Fundación Mujeres y miembro del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género; Lourdes López Cumbre, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Cantabria; u Olga Fotinopoulou Basurko, Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad del País Vasco.

Comisión de Educación y Formación Profesional

También el martes, a las 10:30 horas, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, acudía a la Comisión de Educación y Formación Profesional para informar del contenido y tramitación del Anteproyecto de Ley para la mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria por el que se deroga el Real Decreto-ley 14/2012, así como para exponer las previsiones del Ministerio en relación con el artículo 109 de la LOMCE. Durante su intervención, la titular de la cartera de educación reiteró su mensaje de "tranquilidad" a las familias que optan por llevar a sus hijos a centros concertados, aunque insistió en que la educación pública "debe ser el eje vertebrador" del sistema educativo. Además, Celaá propuso que las Comunidades Autónomas puedan establecer el número de horas lectivas semanales de los docentes, tanto en los centros públicos como concertados.

Comisión de Política Territorial y Función Pública

El miércoles, 5 de septiembre, la Comisión de Política Territorial y Función Pública acogió la comparecencia de la ministra, Meritxell Batet, a petición propia, para informar sobre el contenido de la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Cataluña que tuvo lugar en Barcelona el día 1 de agosto de 2018. La ministra señaló que en relación con la Generalitat se ha iniciado una "agenda de normalidad", respetuosa con la Carta Magna, "una agenda abierta a reformas" y "atenta a los ciudadanos de Cataluña". Batet anunció una serie de reuniones tras las vacaciones donde se abordarán cuestiones como los traspasos de competencias pendientes, el estado de las infraestructuras, la situación financiera de la comunidad o la reducción de la conflictividad anta el Tribunal Constitucional, pasos que, según el ejecutivo, ya están programados.

Comisión de Transición Ecológica

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, compareció, a petición propia, el pasado jueves, 6 de septiembre, en la comisión de su ramo para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en relación al proyecto de construcción de un almacén temporal centralizado (ATC) en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca).

SENADO

Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades

Finalmente, la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades se reunió el pasado jueves, 6 de septiembre, para llevar a cabo la elaboración  de la lista definitiva de candidatos admitidos en el concurso público para ser designado miembro del consejo de administración de RTVE.

Para conocer en detalle toda la actividad parlamentaria del Congreso y el Senado, no dude en suscribirse a la Newsletter Sectorial de Political Intelligence de los lunes.

Un trabajador desplazado está sujeto al régimen de la Seguridad Social del lugar de trabajo cuando sustituye a otro trabajador desplazado2018-09-07

La empresa austriaca Alpenrind explota un matadero en Salzburgo. Entre 2012 y 2014 Alpenrind empleó para el despiece y envasado de carne a trabajadores desplazados a Austria por la empresa húngara Martimpex. Antes y después de dicho período el trabajo era llevado a cabo por trabajadores de otra empresa húngara, Martin-Meat.

Respecto de unos 250 trabajadores desplazados por Martimpex entre el 1 de febrero de 2012 y el 13 de diciembre de 2013, la institución húngara de Seguridad Social expidió (en algunos casos con efectos retroactivos y en otros casos respecto de trabajadores cuya sujeción al seguro obligatorio austriaco ya había sido determinada por la institución austriaca de Seguridad Social) [1] certificados A1 [2] que acreditaban la aplicación del régimen húngaro de Seguridad Social.

La resolución de la institución austriaca de Seguridad Social por la que se determinaba la sujeción de los trabajadores al seguro obligatorio austriaco fue impugnada ante los tribunales austriacos.

En este contexto, el Verwaltungsgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Austria) [3] solicita al Tribunal de Justicia que precise las normas de la Unión en materia de coordinación de los sistemas de Seguridad Social y, concretamente, el efecto obligatorio del certificado A1. [4]

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que los certificados A1 expedidos por la institución competente de un Estado miembro (en el presente asunto, Hungría) vinculan [5] tanto a las instituciones de Seguridad Social como a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se lleve a cabo el trabajo (Austria) mientras dichos certificados no sean retirados ni invalidados por el Estado miembro en que fueron expedidos (Hungría). [6]

[1] La Salzburger Gebietskrankenkasse (Caja Regional de Enfermedad del Land de Salzburgo, Austria).
[2] Antes, certificado E 101.
[3] El Verwaltungsgerichtshof conoce en casación de un recurso interpuesto por la Salzburger Gebietskrankenkasse y el Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministro Federal austriaco de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección de los Consumidores).
[4] Reglamento (CE) n.° 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO 2004, L 166, p. 1, y corrección de errores en DO 2004, L 200, p. 1), en la redacción que le dio el Reglamento (UE) n.º 1244/2010 de la Comisión, de 9 de diciembre de 2010 (DO 2010, L 338, p. 35), y Reglamento (CE) n.º 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento n.º 883/2004 (DO 2009, L 284, p. 1), en la redacción que le dio el Reglamento n.º 1244/2010 (DO 2010, L 338, p. 35).
[5] Salvo en caso de fraude o de abuso: véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de febrero de 2018, Altun y otros (C-359/16; véase asimismo el CP n.° 10/18).
[6] Es pacífico que los certificados controvertidos no han sido retirados por la institución húngara competente ni invalidados por los órganos jurisdiccionales húngaros.

Lo mismo se aplica cuando, como sucede en el presente asunto, las autoridades competentes de los dos Estados miembros hayan sometido la cuestión a la Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social y ésta haya concluido que los certificados habían sido expedidos indebidamente y debían retirarse. El Tribunal de Justicia observa sobre este punto que el papel que corresponde a la Comisión Administrativa en este marco se limita a conciliar las posturas de las autoridades competentes de los Estados miembros que le han planteado la cuestión, y que sus conclusiones tienen el valor de un dictamen.

Además, el Tribunal de Justicia declara que los certificados A1 pueden aplicarse retroactivamente aun cuando, en la fecha en que fueron expedidos, la institución competente del Estado miembro en que se desarrolle la actividad (Austria) ya hubiera decidido que el trabajador en cuestión quedaba sujeto al seguro obligatorio de dicho Estado miembro.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia declara que, en el supuesto de que un trabajador desplazado por su empleador a otro Estado miembro para llevar a cabo un trabajo sea sustituido por otro trabajador desplazado, a su vez, por otro empleador, el segundo trabajador no podrá quedar sujeto a la legislación del Estado miembro en que su empleador ejerza normalmente sus actividades.

Por norma general, los trabajadores quedan sujetos al régimen de Seguridad Social del Estado miembro en que trabajan, especialmente para garantizar del modo más eficaz posible la igualdad de trato de todas las personas que trabajen en el territorio de ese Estado miembro.

El legislador de la Unión únicamente contempla la posibilidad de que un trabajador desplazado siga sujeto al régimen de Seguridad Social del Estado miembro en que su empleador ejerza normalmente sus actividades cuando se cumplan determinados requisitos. El legislador ha excluido que ello pueda suceder cuando el trabajador desplazado esté sustituyendo a otra persona. Según el Tribunal de Justicia, dicha sustitución tiene lugar cuando un trabajador desplazado por su empresario para llevar a cabo un trabajo en otro Estado miembro es sustituido por otro trabajador desplazado, a su vez, por otro empresario.
Carece de relevancia a este respecto el hecho de que los empresarios de los dos trabajadores de que se trate tengan su domicilio social en el mismo Estado miembro o de que mantengan posibles vínculos personales u organizativos.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Procedimientos internos de comunicación: obligatoriedad del canal de denuncias internas2018-09-07

Una de las principales novedades del nuevo y reciente Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto (en vigor desde el 4 de septiembre de 2018, y por el que se transpone, entre otras, la Cuarta Directiva en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales) radica en la inclusión (a través de la modificación de la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo) de un nuevo artículo 26 bis relativo a los Procedimientos Internos de comunicación de potenciales incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Así, se exige de forma novedosa que los sujetos obligados establezcan procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos en relación a lo dispuesto por la Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, su normativa de desarrollo o las políticas internas implementadas para su cumplimiento a nivel corporativo.

La novedad reside pues en la propia exigencia específica de establecimiento de un canal de denuncias en el ámbito preventivo del blanqueo de capitales, para quienes ostentan la calificación de sujetos obligados en este ámbito, incentivando, por ende, una mayor implementación diligente y adecuada de los canales de denuncia o sistemas de whistleblowing. Estos sistemas han sido, a su vez, impulsados, de forma diligente, por las reformas de la normativa penal (5/2010 de 22 de junio y 1/2015 de 30 de marzo) que han promovido la creación y desarrollo de los Programas o Modelos de Prevención de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, llevando a la realidad práctica la obligación que afecta a todas las personas que integran la entidad de “informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención” (requisito 4º del artículo 31 bis.5. del Código Penal).

Es relevante subrayar que el nuevo artículo 26 bis identifica algunas de las características de estos procedimientos internos de comunicación o canales de denuncia, específicamente previstos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales:

  •  Podrán integrarse en los sistemas que hubiera podido establecer el sujeto obligado para la comunicación de informaciones relativas a la comisión de actos o conductas contrarias a la restante normativa general o sectorial que les fuera aplicable. Es decir, se prevé su integración en los canales de denuncia o whistleblowing implementados en materia de cumplimiento normativo y prevención de delitos.
  •  Estos sistemas de comunicación deben cumplir con la normativa de protección de datos.
  •  Los sujetos obligados adoptarán medidas para garantizar que los empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro tipo de trato injusto.
  •  Esta obligación (de implementación del sistema de comunicaciones o denuncias internas) no sustituye la necesaria existencia de mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas (conforme al vigente sistema de comunicación por indicio previsto por el art. 18 de la Ley 10/2010 de 28 de abril).
  •  La normativa prevé que, reglamentariamente, se puedan determinar excepciones (para determinados sujetos obligados) respecto del cumplimiento de esta obligación.
  •  Se trata de un sistema de comunicación interno, a nivel corporativo, complementario con la existencia de sistemas de comunicaciones públicos (previstos por el nuevo artículo 63 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, referente a la comunicación de infracciones) que prevé, a su vez, también la protección de los denunciantes.

SUJETOS OBLIGADOS

Todos los sujetos calificados como obligados por la Ley 10/2010, relativa a la prevención de blanqueo de capitales. El artículo 2.1 de la Ley 10/2010 de 28 de abril estipula (con la consideración, también, de los criterios de los apartados 2 a 5 del mismo artículo) quienes se integran en el ámbito de los “sujetos obligados” a los efectos de la aplicación de esta ley.

A modo de ejemplo:

  •  Las entidades de crédito.
  •  Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros cuando actúen en relación con seguros de vida u otros servicios relacionados con inversiones, con las excepciones que se establezcan reglamentariamente.
  •  Las empresas de servicios de inversión.
  •  Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y las sociedades de inversión cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
  •  Las entidades gestoras de fondos de pensiones.
  •  Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y las sociedades de capital-riesgo cuya gestión no esté encomendada a una sociedad gestora.
  •  Las sociedades de garantía recíproca.
  •  Etc.

¿EXISTEN SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO?

Los artículos 53, 58 y 59 de la Ley 10/2010 de 28 de abril establecen las sanciones en caso de incumplimiento. La no implementación del canal de denuncias sería considerada como una infracción leve de la Ley y sancionado con hasta 60.000 €.

La transformación digital en la figura del contable2018-09-07

En la actualidad el tejido empresarial español está predominado por microempresas, que constituyen más del 99% entre pymes y micropymes. Todas ellas están obligadas a presentar anualmente su situación económico-financiera a través de las cuentas anuales. En esta actividad entra en juego la figura del experto contable, profesional que ha superado una acreditación, que le dota de una alta cualificación, y que puede garantizar la imagen fiel de las cuentas anuales, otorgando mayor seguridad a la información en beneficio de todos los actores sociales que intervienen en las empresas.

Juan Carlos Berrocal Rangel,
Presidente de la AECE

Según el estudio publicado en The Economist: The future of Jobs, muchos trabajos desaparecerán en 20 años y serán reemplazados por robots o nuevas tecnologías. En la lista de las profesiones con más posibilidades de desaparecer, la de contable aparecía en segundo lugar. Los profesionales de la contabilidad somos conscientes de la transformación digital que se está produciendo en algunos campos y que afecta, sin ninguna duda, a la automatización y mecanización de la contabilidad.

El proceso de adaptación al nuevo mundo digital supone un cambio en la profesión del contable tal y como se ha venido oficiando. Con la implantación de la informática, el antiguo contable que escribía todos los ejercicios en el libro diario, pasa a emplear otra forma de "redactar" los asientos contables, muy alejada de la escritura a mano. Sin embargo, esta metamorfosis por la que pasa la figura del contable tiene también sus ventajas.

Con la llegada de la digitalización, se implantan nuevas herramientas de contabilidad automática, se introduce el factor de velocidad de procesamiento y permite tener a nuestra disposición y a la de nuestros clientes la información contable necesaria para que redactemos los informes preceptivos a la hora de acceder a la financiación, solicitar ayudas públicas o incentivos fiscales. Además, facilita la interpretación de los resultados contables y su traslado a las distintas figuras impositivas de obligado cumplimiento. Y, por otro lado, analizar las ratios para medir la calidad de gestión, así como la posibilidad de planificación en la empresa, mejorando su capacidad productiva.

En este nuevo panorama se debe prestigiar la profesión sin olvidar la aplicación práctica del conocimiento adquirido mediante años de estudio y experiencia. El cliente debe asumir que una profesión que exige un reciclaje continuo, no solo por los numerosos cambios legislativos que se producen en materia fiscal y contable, sino también por la irrupción de las nuevas tecnologías, debe reflejar en sus honorarios la compensación del esfuerzo.

Fundamentados en la complejidad normativa e interpretativa de este sector tan especializado, los expertos contables nos negamos a la tesis apocalíptica de que nuestro trabajo pueda ser sustituido o incluso llegar a desaparecer y nos resistimos, en cierta medida, a algunos cambios. Sin embargo, debe producirse una progresiva metamorfosis hacia una nueva figura digital mediante una redefinición de las actividades y tareas adaptadas a las nuevas tecnologías.

En definitiva, los profesionales de la contabilidad y la asesoría fiscal tenemos que vencer la resistencia al cambio, aceptar que la transformación digital ha llegado para quedarse y asumir que nuestra profesión debe reflejar que cobramos no por lo que hacemos, sino por lo que sabemos.

Grabar a un empleado sin su conocimiento, y sin que exista causa que lo justifique, vulnera el derecho a la intimidad del trabajador2018-09-06

Carlos Berlanga de la Pascua,
Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla
Director de Redes Abogados

El Juzgado de lo Social núm. 9 de Sevilla, ha dictado una Sentencia pionera en España, al declarar nulo el despido de un trabajador que fue grabado en su puesto de trabajo, considerando que las imágenes se han obtenido vulnerando derechos fundamentales, al no contar con causa que justificara las grabaciones ni tener el consentimiento del trabajador.

En este caso, el puesto de trabajo coincidía con el espacio habilitado para los empleados para cambiarse de ropa al entrar y salir del trabajo, por lo que no sólo se vulneró su derecho a la protección de datos sino, especialmente, su derecho fundamental a la intimidad.

Las imágenes, admitidas como prueba, revelaron la vulneración del derecho a la intimidad del trabajador, tanto por el espacio físico que grababa, como por la falta de consentimiento, de información previa y por la indiscriminación temporal de las grabaciones, que se mantenían permanentemente en el puesto de trabajo desde una fecha indeterminada, sin causa justificada.

Esta Sentencia, en concordancia con la condena a España por el TEDH (Caso López Ribalda y otros), por la que el Tribunal Europeo obligó al estado a indemnizar a unas trabajadoras por permitir, en instancia judicial, el uso de las grabaciones sin tener la legitimación necesaria, en este caso respecto de la falta de información previa a las mismas, derecho reconocido por el art. 5 de la Ley Orgánica 13/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En mayo de este mismo año, un Juzgado de lo Social de Córdoba, no admitió como prueba unas grabaciones por carecer éstas de los requisitos de información y consentimiento previos, declarando el despido como improcedente, al no acreditarse los hechos imputados.

En este asunto, el Juzgado sí admitió las imágenes como prueba, y por ello ha entendido que cuando se incumplan estos parámetros de información, consentimiento o causa justificada, el despido se produce con violación de derechos fundamentales, calificándolo necesariamente como nulo, obligando a la inmediata readmisión del trabajador y condenando a la empresa al abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido.

Acceda a la sentencia 296/2018 del Juzgado de lo Social nº9 de Sevilla

Las profesiones resisten ante la mayor caída de afiliación en agosto desde el 20082018-09-06
  • Breve análisis de Unión Profesional sobre los datos de afiliación y paro registrados en agosto del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Los datos de afiliación con que cerró el mes de agosto contribuyen a reforzar la ralentización de la actividad económica y, por tanto, del empleo. Con una destrucción de afiliaciones que no se registraba desde el 2008, los sectores más afectados fueron la educación, que continúa su ajuste antes del comienzo del curso académico, el régimen agrario y el frenazo típico en este periodo de la hostelería y el comercio asociados al turismo. El sector más destacado fueron las actividades sanitarias y servicios sociales que aún crearon cierto empleo por la cobertura de sustituciones en verano. Asimismo, el aumento del paro registrado fue el más alto en agosto desde el 2011.

El Sistema de la Seguridad Social concluyó el mes de agosto con 202.296 afiliaciones menos, un 1,07% inferior al dato de julio aunque se trata de la mayor caída en este mes desde el año 2008. El volumen total sumó 18.839.814 afiliaciones, el agregado más bajo desde abril. En el enfoque anual, hay 529.970 más, un 2,89%. Un ritmo que comienza a alejarse paulatinamente del 3% de los meses precedentes que se añade a la atonía desde junio en la afiliación ajustada estacionalmente con un retroceso de 1.830 registros, un 0,01% menos.

En el Régimen General (RG) las actividades sanitarias y servicios sociales supusieron dos tercios de las nuevas altas de afiliación en agosto con un 0,99% más. Con todo, el segundo sector que más empleo creó fue la hostelería que todavía fue capaz de añadir 5.833 afiliaciones antes de que comience a destruir ocupación en los próximos meses debido a su carácter estacional. Mientras, junto a la bajada de afiliación en el sector de la educación, que significó casi un tercio del total del bajas, cabe señalar el retroceso de la ocupación en la industria y la construcción, afectados con un cierto componente estacional, y el régimen agrario por la fluctuación de campañas. En el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) el comportamiento reflejado fue en consonancia con lo descrito en el RG y solo las actividades inmobiliarias consiguieron añadir, de forma testimonial, 85 afiliaciones más. Del conjunto, el comercio y la reparación de vehículos fue el ámbito más castigado con 3.296 afiliaciones menos.

MAYOR SUBIDA DEL PARO REGISTRADO EN AGOSTO DESDE EL 2011

El paro registrado aumentó en 47.047 personas en agosto, un 1,50% que supone el mayor incremento en este mes desde el 2011. La cifra total de parados se sitúa en 3.182.068. Igualmente, en perspectiva anual hay 200.256 parados menos, un 5,92%. Solo dos sectores lograron reducir el número de parados: la agricultura en 4.562, un 2,98%, y el colectivo sin empleo anterior en 5.505 y un 1,94%. En el resto, creció con los servicios a la cabeza que anotaron 39.758 parados más, un 1,85%, la construcción con 9.246 y un 3,43% más, y la industria con 8.110 y un 2,97% más. En cuanto al desempleo en hombres se alzó en 27.415, un 2,14%; en mujeres subió en 19.632, un 1,06%.

Los contratos registrados llegaron a 1.602.495, un 23,20% menos. De ellos, 153.921 fueron de carácter indefinido, un 9,61% del total, aunque es una cifra un 19,05% inferior a julio. Los contratos temporales fueron 1.448.574, pero retrocedieron un 23,62% sobre el mes anterior. Por su parte, la cobertura por desempleo se situó en el 60,10% con un 1.778.421 beneficiarios, un 3,9% anual menos.

COMPORTAMIENTO ESPERADO DE LAS PROFESIONES

En los epígrafes que recoge el Ministerio asociados a las profesiones la nota general fue de comportamiento esperado en este mes. Las actividades profesionales, científicas y técnicas apuntaron 11.304 afiliaciones menos, un 1,60% en el RG y 1.964, un 0,70% menos en el RETA. Se trata de datos ligeramente mejores que en el mismo mes del pasado año. En la medida que son fundamentalmente servicios de mercado, dependen también del carácter estacional del resto sectores que los demandan.

Como se ha expuesto, las actividades sanitarias y servicios sociales también se mantuvieron en la línea del pasado año, aunque unas décimas peor, pero con un incremento todavía significativo en el RG situado en 15.287 afiliaciones, un 0,99%, que responde de manera esencial a la cobertura de sustituciones en verano, y con una ligera caída en el RETA de 1.205 afiliaciones y un 1,08%.

Por último, el sector de la educación siguió su duro ajuste estacional en la misma línea que en el 2017, con 57.706 afiliaciones menos, un 7,45% en el RG y 3.059 menos, un 1,08% en el RETA. De cara a los datos de septiembre se espera que su saldo comience a ser positivo ante la demanda de personal docente por el comienzo del periodo lectivo.

El Ministerio Fiscal consigue cabecera propia en el BOE2018-09-06
  • “Viene a visibilizar mejor el esfuerzo de esta institución que trabaja diariamente en defensa de los derechos de los ciudadanos, la legalidad, el interés público tutelado por la ley y el interés social”, según ha informado la ministra Delgado a la fiscal general

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicará las instrucciones y circulares de la Fiscalía General del Estado bajo una cabecera propia, distinta a la que hasta ahora incluía este tipo de resoluciones. Así se lo ha comunicado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, a la fiscal general del Estado, María José Segarra.

En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el pasado 11 de julio, la ministra se comprometió a satisfacer una reivindicación histórica de la carrera fiscal, dotar al Ministerio Fiscal de una cabecera propia en el BOE.

Con ese objetivo se iniciaron las necesarias conversaciones con el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, departamento al que está adscrito el organismo encargado de la publicación del BOE, que fructificaron la pasada semana.

Por tanto, las futuras instrucciones y circulares de la Fiscalía General del Estado que deban publicarse en el BOE aparecerán recogidas en un epígrafe distinto al de ‘Administración de Justicia’, bajo el que habían aparecido publicadas hasta ahora. El nuevo capítulo se denomina ‘Ministerio Fiscal’, que es como aparece nombrada la institución en el artículo 124 de la Constitución.

Esta nueva cabecera satisface una vieja aspiración de la carrera judicial, y nace cuando por primera vez en democracia coinciden al frente del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General del Estado dos mujeres miembros de esa misma carrera.

“Por tanto, la Fiscalía ya tiene a su disposición este cauce de publicación de sus circulares e instrucciones y de aquellos actos de exclusiva competencia del Ministerio Fiscal, que viene a visibilizar mejor el esfuerzo de esta institución que trabaja diariamente en defensa de los derechos de los ciudadanos, la legalidad, el interés público tutelado por la ley y el interés social”, según ha informado por carta la ministra Delgado a la fiscal general para que, a su vez, dé cuenta de ello a todos los miembros de la carrera fiscal.

En dicha misiva, la titular de Justicia transmite su satisfacción por una iniciativa que es “fruto del reconocimiento que este Gobierno, y esta ministra en particular, otorgan a la labor indispensable de los integrantes de la carrera fiscal, por lo que supone de importante hito en el reforzamiento de la autonomía del Ministerio Fiscal”.

Las 10 noticias jurídicas imprescindibles para volver bien informado de las vacaciones2018-09-05

Apenas quedan unos días para que finalice el verano, uno de los periodos de descanso más extensos para una gran parte de la población. Para todos aquellos que han desconectado y no han podido conocer las últimas novedades informativas y normativas  en el sector legal, les hacemos un repaso de las noticias más destacadas que han ocurrido en el mundo de la Justicia durante las vacaciones.

1.- LA MINISTRA DELGADO SE COMPROMETE A EJECUTAR LA SUBIDA DEL 30,8% DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO AL TURNO DE OFICIO

La ministra de justicia, Dolores Delgado, expuso el 11 de julio en la Comisión de Justicia del Congreso, el conjunto de medidas que impulsará desde su departamento en lo que resta de legislatura. Entre ellas se encuentra uno de los principales ejes de estas normas en relación con los miembros jurídicos. Delgado anunció que en materia de justicia gratuita subirá un 30,8% en los Presupuestos Generales del Estado además de adaptar el actual Reglamento a la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita realizada en 2015.

La ministra indicó que con estas iniciativas pretende “articular una justicia que satisfaga las demandas de los ciudadanos en la medida que conforman los intereses generales”.

El Ministerio considera indispensable retomar el diálogo entre el Gobierno y las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la administración de Justicia, así como con las organizaciones sindicales y todos los colectivos afectados. Cree necesario superar la actual situación de bloqueo y el sentimiento de desconfianza que se ha generado entre los profesionales de la Administración de Justicia y el Ejecutivo.

2.- EL GOBIERNO ADAPTA EL DERECHO NACIONAL AL REGLAMENTO GENERAL EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA ASEGURAR SU APLICACIÓN EN ESPAÑA

El Consejo de Ministros aprobó el  27 de julio un Real Decreto-ley con medidas urgentes para adaptar el Derecho español al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), norma de la Unión Europea aplicable desde el 25 de mayo que impuso importantes modificaciones en la legislación interna.

El Real Decreto-ley regula aspectos relacionados con la inspección, el régimen sancionador y el procedimiento de instrucción que son relevantes para la garantía efectiva del derecho a la protección de datos personales porque aportan la seguridad jurídica necesaria sin cuya existencia el modelo europeo de supervisión queda debilitado y, con él, las opciones de los ciudadanos de hacer valer su privacidad.

El Real Decreto-ley fija cuál es el personal competente para realizar las labores de investigación previstas en el RGPD y regula el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección. Asimismo, determina el régimen aplicable al personal de las autoridades de supervisión de otros Estados miembros de la Unión Europea que participen en actuaciones conjuntas de investigación.

3.- UNA TREINTENA DE COLEGIOS DE ABOGADOS YA SE HAN ADHERIDO AL CONVENIO PARA TRAMITAR ELECTRÓNICAMENTE EL EXPEDIENTE DE NACIONALIDAD POR RESIDENCIA

Un total de 29 Colegios de Abogados se han adherido al convenio firmado con el Ministerio de Justicia para ofrecer el servicio de trámite electrónico del Expediente de Nacionalidad por residencia, de los cuales 12 ya han habilitado los recursos necesarios para poder ofrecerlo a sus colegiados. Concretamente, los Colegios de Madrid, Las Palmas y Cantabría han participado en la fase piloto con un grupo reducido de abogados para verificar el funcionamiento del servicio. Esta fase piloto tuvo lugar durante el primer trimestre.

Durante la fase piloto se tramitaron más de dos centenares de expedientes. Este documento, una vez completado por parte del abogado, pasa a la fase del cotejo por parte del Colegio. Esta participación del Colegio en la gestión y cotejo del expediente ha permitido a la Administración agilizar sus propios plazos de tramitación.

Esta aplicación, desarrollada por RedAbogacía, permite la tramitación de las solicitudes de nacionalidad por residencia por vía electrónica y la remisión de los expedientes a la Dirección General de los Registros y del Notariado, a través de la infraestructura tecnológica del Ministerio de Justicia gracias al convenio firmado entre el Consejo General de la Abogacía y dicho ministerio en julio de 2017.

4.- ABOGADOS CONSIDERAN QUE LAS DEVOLUCIONES DE LOS 116 MIGRANTES ES CONTRARIA EL DERECHO DE LA UE, PESE A LA VIOLENCIA AL SALTAR LA VALLA

Varios abogados expertos en Extrajería señalaron que la devolución del 24 de agosto de los 116 migrantes subsaharianos puede suponer una vulneración del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y otras normativas europeas porque es probable que no se haya garantizado “su derecho a ser escuchados” durante el proceso individual de asistencia e identificación al llegar a España.

Desde el Gobierno han justificado las devoluciones de los 116 migrantes –que se desarrollaron apenas 24 horas más tarde de su salto a la valla de Ceuta- por la “violencia” que utilizaron  los migrantes contra los agentes de la Guardia Civil durante el salto. “Humanidad no es permisividad”, ha dicho el ministro de interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha incidido en su legalidad porque se llevaron a cabo en virtud del Acuerdo de Readmisión firmado en 1992 entre España y Marruecos.

Si bien los expertos consultados coinciden en señalar que la aplicación de este acuerdo bilateral es “perfectamente legal”, también destacan el “poco tiempo” que duró el procedimiento de identificación y la asistencia letrada de los migrantes, lo que a su juicio pone entredicho su “calidad”. De hecho, subrayan que los propios letrados que asistieron a los migrantes son los que van a recurrir las devoluciones por la celeridad del proceso.

5.- EL TRIBUNAL SUPREMO CONDENA A ESPAÑA POR INCUMPLIR LAS SOLICITUDES DE ASILO DE REFUGIADOS.

El pasado 11 de julio la Sala de lo Contencioso-Administrativo condenó al Estado español por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo derefugiados procedentes de Grecia y de Italia. Las medidas fueron establecidas en las Decisiones del Consejo Europeo, por las que se le asignó a España un cupo de 19.449 personas durante dos años, desde el 25 de septiembre de 2015 hasta el 26 de septiembre de 2017, de las que solo ofertó un 12,85%.

El tribunal considera que las Decisiones comunitarias incumplidas, que establecían medidas provisionales para acoger a los solicitantes de asilo procedentes de Italia y Grecia, eran de carácter vinculante y obligatorio, por lo que el incumplimiento de las mismas implica “la condena al Estado español a continuar la tramitación en los términos previstos en las Decisiones y de conformidad con los acuerdos que en lo sucesivo adopten las instituciones comunitarias”.

La Sala estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo planteado por la Associació de Suport a Stop Mare Mortum contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada el 21 de abril de 2017 ante el Gobierno de España. Los recurrentes solicitaban en su demanda que se declarase que España había incumplido las obligaciones periódicas (ofertar plazas de reubicados, aprobar las listas enviadas y acoger a los reubicados), así como las obligaciones finales establecidas en las Decisiones, y que se ordenase al Gobierno que cumpliese inmediatamente y con carácter urgente las citadas obligaciones.

6.- EL GOBIERNO APRUEBA EL REAL DECRETO-LEY PARA DESARROLLAR EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

Estas modificaciones devuelven a los Ayuntamientos las competencias en esta materia. También fortalecen la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. Igualmente, se recoge que la confirmación de las situaciones de violencia de género se amplié más allá de la sentencia o resolución judicial. Con esta iniciativa se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.

Tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado día 31 de julio, una de las medidas más urgentes para el cumplimiento del Pacto de Estado es la devolución de competencias en la materia a la Administración local, por ser la más cercana a las víctimas. La promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género entrarán a formar parte del catálogo de competencias propias gracias a la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, los fondos destinados a los programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los Ayuntamientos- 20 millones en el presente ejercicio y 40 millones de euros en 2019- se distribuirán vía transferencia finalista y directa, o a través de otras Entidades Locales.

7.- DÍA DE LA JUSTICIA GRATUITA Y EL TURNO DE OFICIO

El pasado día 12 de julio los Colegios de Abogados celebraron el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio en toda España con diferentes actos reivindicativos que ponen de manifiesto la importancia de este servicio fundamental que garantiza la igualdad en el acceso a la Justicia para todos los ciudadanos y ciudadanas. Este día, además, se defiende y divulga la labor realizada por más de 51.300 abogados de oficio, 24 horas al día, 365 días al año a través de los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio.

Con la finalidad de actuar como altavoz social y llamar la atención sobre la importancia de la Justicia Gratuita  en un Estado que se denomina social y democrático de derecho, el Consejo General de la Abogacía Española instituyó hace unos años el 12 de julio como día destinado a reconocer y reivindicar el papel de los abogados del Turno de Oficio y la Justicia Gratuita.

Entre los actos que se celebraron en los Colegios de Abogados cabe destacar los izados de la bandera de la Justicia Gratuita, jornadas de puertas abiertas, distinciones por la defensa del Turno de Oficio, monólogos sobre la Justicia Gratuita, partidos de fútbol, caminatas y carreras, programas de radio en corporaciones colegiales, concursos de grafitis o talleres infantiles, entre otros. Como en años anteriores también se realizaron propuestas para ampliar el callejero de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio que ya cuenta con más de 30 localidades en toda España que tienen alguna calle, plaza o jardín dedicada al Turno de Oficio.

8.- EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL HA DICTAMINADO QUE LOS ENFERMOS MENTALES ABSUELTOS NO PUEDEN ESTAR EN PRISIÓN PROVISIONAL SIN SENTENCIA FIRME.

La sala segunda del Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia el pasado 18 de julio la que considera que un absuelto en primera instancia de un delito por presentar algún tipo de problema de salud mental no debe permanecer en prisión de forma provisional a la espera de la resolución de los posibles recursos.

La sentencia estima el recurso presentado por un hombre internado en el Centro Penitenciario de Córdoba, a la espera de la confirmación de una medida de seguridad impuesta.

El individuo fue absuelto por la Audiencia Provincial de Córdoba de un delito de homicidio agravado en grado de tentativa y de otro delito de violencia física simple o no habitual, al apreciar los jueces la eximente completa de trastorno mental. Mientras esperaba a que se resolvieran varios recursos, entre ellos el suyo propio, en instancias superiores, la Audiencia decidió que ingresara en la unidad psiquiátrica de la prisión de Córdoba hasta que la sentencia se hiciera firme. Sin embargo, en la citada cárcel no hay ninguna unidad de este tipo, por lo que fue recluido en la enfermería del centro.

Los magistrados han considerado que esto fue “una prisión encubierta, carente de absoluta cobertura legal y, por ello, vulneradora de su derecho a la libertad”. En este sentido, apuntan que debería haber ingresado en un hospital psiquiátrico penitenciario, pero recuerdan que en España tan solo hay dos, en Alicante y Sevilla. En este último terminó ingresado finalmente el acusado.

9.- FALLECE LUIS DEL CASTILLO ARAGÓN, DECANO EMÉRITO DEL ICAB Y EXPRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS PENAL INTERNACIONAL

El pasado 5 de agosto falleció el reconocido jurista Luis del Castillo Aragón, quien asumió el decanato del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) entre los años 2002 y 2003 y fue presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional (BPI-CAPI) de 2010 a 2014.

Luis del Castillo Aragón nació en Madrid en 1934 y se licenció en Derecho en 1956. Tres años más tarde trasladó su residencia a Barcelona, donde fue profesor de la Universidad de Barcelona desde 1960 hasta 1966, como adjunto a la Cátedra de Derecho Político. En 1975 fundó su propio despacho penalista en la ciudad condal.

Desde su incorporación como colegiado al ICAB, EN 1970, Luis del Castillo estuvo muy vinculado a la vida colegial. Colaboró estrechamente como ponente en la Comisión de Deontología, que posteriormente presidió. También fue vicedecano del Colegio desde 1997 a 2005; y ejerció como decano en 2002. También en 2002 fue elegido representante español del Colegio de Abogados del Tribunal Penal Internacional del BPI-CAPI.

10.- EL GOBIERNO APRUEBA LA CREACIÓN DE UN CONSEJO ASESOR PARA REVISAR LA REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aprobó la creación de un consejo asesor que revisará el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde un enfoque de género, a fin de que el nuevo texto normativo que se impulse atienda adecuadamente la realidad social actual.

Este consejo podrá, igualmente, pronunciarse sobre otras medidas y proyectos legislativos del Ministerio de Justicia y proponer las reformas necesarias para adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas exigencias planteadas por la sociedad en materia de género, particularmente en los ámbitos civil y penal.

Desde la aprobación de la Constitución Española se han llevado a cabo reformas normativas en diferentes ámbitos para introducir la igualdad de trato y de oportunidades y eliminar discriminaciones por razón de sexo. Recientemente, la ministra de Justicia subrayó el firme compromiso del Gobierno con esta demanda social. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el pasado 11 de julio defendió la incorporación de la perspectiva de género en la Justicia porque “no hacerlo supondrá que continuemos impartiendo una Justicia deficiente y parcial, que trata igual a los que son desiguales y se aleja de la equidad a la que debemos aspirar como sociedad avanzada”.

Comunicado del decano del ICAM sobre la demanda presentada en un juzgado de Bélgica contra el magistrado Llarena2018-09-05

En relación a la demanda civil presentada ante la justicia belga contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en la que los demandantes Carles Puigdemont, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluis Puig y Clara Ponsatí le acusan de haber vulnerado su derecho a un juez independiente e imparcial, a un juicio justo y equitativo y al derecho a la presunción de inocencia, el decano del Colegio de Abogados de Madrid manifiesta:

1.    Defiendo la integridad de los jueces españoles, la independencia del Poder Judicial y la inmunidad de la jurisdicción española, que bajo ninguna circunstancia puede ni debe ser fiscalizada por los tribunales de un tercer Estado.

2.    Comparto la decisión del Gobierno de poner en marcha todos los mecanismos necesarios para defender la soberanía jurisdiccional española en este y en todo proceso, atendiendo las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial.

3.    Apoyo todas las acciones del poder ejecutivo ajustadas a Derecho que, en las antípodas de la dejación de funciones, pasen por una respuesta positiva y con total diligencia con arreglo a la legislación vigente en defensa de las actuaciones desarrolladas por D. Pablo Llarena en el ejercicio de la función jurisdiccional.

4.    Expreso mi solidaridad a D. Pablo Llarena por haber sido objeto en el pasado reciente de ataques intolerables que enérgicamente rechazo, con subrayado énfasis por traer causa estas gravísimas ofensas de la actuación del juez en defensa de la Constitución.

5.    Tengo el pleno convencimiento de que D. Pablo Llarena es un magistrado, además de inamovible y responsable, independiente, estando por ello sometido en cualquier procedimiento únicamente al imperio de la ley, al igual que el resto de miembros de la carrera judicial.

Las gasolineras no tienen derecho a la devolución del céntimo sanitario repercutido a sus clientes2018-09-05

Las estaciones de servicio, que fueron sujetos pasivos del impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos, denominado ‘céntimo sanitario’, no tienen derecho a la devolución de las cuotas ingresadas por dicho impuesto, que fue declarado contrario a derecho por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Supremo considera que, de reintegrarse estas cantidades a las estaciones de servicio, se estaría generando un "enriquecimiento ilícito" ya que, aunque eran ellas quienes abonaban este impuesto a la Agencia Tributaria, lo hacían después de repercutírselo en los precios a los consumidores, que era sobre quienes recaía este esfuerzo en materia fiscal.

Supuesto de hecho

El abogado del Estado recurre el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que dio la razón a una estación de servicio y consideró que tenía derecho a que Hacienda le devolviese como ingresos indebidos los relativos al Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos pagados por la reclamante en su condición de sujeto pasivo del impuesto.

Criterio o ratio decidendi

En primer lugar, el Alto Tribunal distingue entre los obligados al pago (consumidores) que soportan la carga tributaria derivada del hecho imponible, y aquellos otros (gasolineras) que no se encuentran en tal situación, por liberarse por vía de la repercusión. Partiendo de esta distinción concluye que no entiende que el sujeto pasivo (estación de servicio) tenga derecho a obtener la devolución de las cuotas del impuesto ilegal que ingresó porque no ha soportado la carga tributaria correspondiente, ni se ha visto afectado su patrimonio como consecuencia del gravamen. No ha habido impacto alguno del gravamen fiscal en el patrimonio del repercutidor pues, en realidad, éste no ha sido más que una correa de transmisión entre quien efectivamente pagó/soportó el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos y la Hacienda Pública que, formalmente, tenía entonces derecho a la exacción de aquel tributo.

Por otro lado, la Sala III indica que la doctrina del enriquecimiento injusto no resulta relevante para resolver el litigio, pues nuestro ordenamiento jurídico (la Ley General Tributaria y el artículo 14 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo) no permite aquella devolución a favor del sujeto pasivo.

El Alto Tribunal concluye que, ninguna prueba se ha realizado a instancias del demandante que constate la existencia de un impacto real y efectivo en el patrimonio del sujeto pasivo con ocasión del ingreso en el Tesoro Público del impuesto ilegal, sea por la vía de la disminución de sus beneficios o por otras circunstancias. Dicho impacto podría servir para fundamentar una acción de naturaleza distinta de la que ahora se resuelve en la que, solo tiene derecho a la devolución quien ha soportado la carga del gravamen contrario al Derecho de la Unión Europea.

Documentos relacionados

Legislación

  • Artículo 14 del Real Decreto 520/2005 (RCL 2005, 1069)
  • Artículo 9 Ley 24/2001, de 27 de diciembre (RCL 2001, 3248)
  • Artículo 19 de la LGT (RCL 2003, 2945)

Jurisprudencia

  • STJUE de 27 febrero 2014 (TJCE 2014, 1)
El precio de la vivienda aumenta un 10,7% anual durante el segundo trimestre2018-09-04
  • Entre abril y junio se inscribieron 134.196 compraventas, un 12,4% más que en el mismo trimestre de 2017
  • Los tipos fijos de interés repuntan y se aplicaron en cuatro de cada diez hipotecas

El precio de la vivienda, calculado a través del Índice de Precio de la Vivienda de Ventas Repetidas (según metodología Case & Shiller aplicada a España), presenta un incremento anual del 10,7% en el segundo trimestre del año, continuando la senda de subida observada en los últimos trimestres. Con respecto al trimestre anterior, el aumento ha sido del 3%. El ritmo de crecimiento de los últimos trimestres deja un descenso acumulado del 16,9% desde los niveles máximos del índice, alcanzados en 2007. 

Compraventas inscritas

Según la Estadística Inmobiliaria del Colegio de Registradores correspondiente al segundo trimestre, entre abril y junio se inscribieron en los registros de la propiedad 134.196 compraventas de vivienda, un 4% más que en el trimestre anterior. Es el resultado trimestral más elevado desde el segundo trimestre de 2008. Con relación al segundo trimestre de 2017 el aumento fue del 12,4%.

En los últimos doce meses se han inscrito 494.263, el mayor resultado interanual desde el primer trimestre de 2009.

En vivienda nueva se registran en el segundo trimestre 22.659 compraventas, un 1,6% más que en el trimestre anterior, alcanzando el mayor resultado desde el primer trimestre de 2015. En vivienda usada se han registrado 111.537 compraventas, con un importante incremento intertrimestral del 4,5%, siendo la cifra absoluta más alta desde mediados de 2007.

 

Compras de extranjeros

La compra de vivienda por extranjeros se ha situado en el 12,9% de las compraventas, ligeramente por debajo del 13,1% del pasado trimestre, pero con un incremento en términos del número de compraventas debido al significativo aumento del número general de operaciones. Así, se han registrado alrededor de 17.100 compras de vivienda por extranjeros, frente a las poco más de 16.500 del primer trimestre. Las nacionalidades con mayor peso en la compra de vivienda por extranjeros han sido: británicos (14,9%), alemanes (7,6%), franceses (7%), belgas (6,4%), suecos (6,1%), rumanos (5,6%) e italianos (5,5%). En los últimos doce meses los extranjeros han registrado más de 64.600 compras de vivienda.

Las comunidades autónomas que durante el segundo trimestre han registrado un mayor número de compras de vivienda por ciudadanos extranjeros han sido Canarias, donde el 31,4% de las compraventas de la región han sido efectuadas por extranjeros, Baleares (29%), Comunidad Valenciana (26,5%) y Murcia (19,2%).

 

Características del crédito hipotecario

El endeudamiento hipotecario por vivienda se ha visto incrementado un 0,7% durante el segundo trimestre con relación al primero, alcanzando un resultado medio de 121.918 €. El incremento sobre el mismo trimestre de 2017 ha sido del 5,3%.

La contratación a tipo de interés fijo se incrementó hasta alcanzar el 39,7% de los nuevos créditos hipotecarios, desde el 37,3% del trimestre anterior,  quedando la contratación a tipo de interés variable en el 60,3%, que en prácticamente su totalidad (59,4% del total) utiliza como índice de referencia el euríbor.

Los tipos de interés de contratación inicial permanecen estables con tendencia ascendente, con un resultado medio en el último trimestre del 2,3% similar al trimestre precedente (ascendió  solo 0,04pp).

 

La duración media de los nuevos créditos hipotecarios se redujo ligeramente en el segundo trimestre, alcanzando los 23 años y 4 meses, cuatro meses menos que el trimestre anterior.

Los indicadores de accesibilidad se han deteriorado de nuevo  en el segundo trimestre después de la ligera mejora del primero. La cuota hipotecaria mensual media ha sido de 563,1€ y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial se ha situado en el 29,6%. Esto ha significado que la cuota hipotecaria mensual media se ha incrementado un 2,2% y el porcentaje de dicha cuota con respecto al coste salarial ha aumentado en 0,6pp. Este deterioro se ha debido a factores tales como la reducción de los plazos medios de contratación  (-1,4),  el  aumento  de  los  tipos de  interés  (0,04 pp), y  al incremento  de  la hipoteca media (0,7%). El único factor positivo, insuficiente para contrarrestar los factores anteriores, fue el ligero incremento de los salarios, que crecieron el 0,20% durante el trimestre.

Impagos hipotecarios

Según la Estadística Registral Inmobiliaria, que también se puede consultar en el Portal de Precios de Vivienda (http://www.preciosdevivienda.es/registradores.html ), las certificaciones de vivienda por inicio de ejecución de hipoteca del segundo trimestre han sido 6.643, con una leve caída del 1,5% sobre el mismo trimestre de 2017. El 64,3% de las certificaciones ha correspondido a personas jurídicas, superando a las personas físicas, que alcanzaron el mínimo histórico (desde 2014 en que comenzó su publicación), con el 35,7% restante. En cuanto a la nacionalidad, el 3,1, ha correspondido a extranjeros, frente al 96,9% restante de nacionales.

Las daciones en pago han sido 1.709, con un descenso del 2,3% sobre el mismo trimestre de 2017. El 91,3% afectó a personas físicas, frente al 8,7% de personas jurídicas. Con respecto a la nacionalidad, el 11,9% de las daciones en pago han correspondido a extranjeros, frente al 88,1% restante de nacionales

El TS señala que para que una cláusula suelo supere el control de transparencia es necesario que se le haya prestado al consumidor una información completa2018-09-04

El Tribunal supremo ha establecido que para que una cláusula suelo supere el control de transparencia es necesario que se le haya prestado al consumidor una información precontractual adecuada sobre la existencia de la cláusula y su incidencia en el precio.

Sacristán & Rivas Abogados

El Tribunal Supremo se ha pronunciado en Sentencia nº 350/2017 de 7 de junio sobre la nulidad de una cláusula suelo contratada con Caja Rural del Sur, sociedad cooperativa de Crédito. El 14 de diciembre de 2007 los clientes, que eran consumidores y Caja Rural del Sur firmaron sendas escrituras notariales por las que Caja Rural se subrogaba en la posición de acreedora en el préstamo hipotecario a interés variable que los demandados habían concertado con Cajasol, y acto seguido procedían a la novación del préstamo, ampliando el capital prestado y el plazo de amortización. En esta segunda escritura se introdujo una cláusula suelo que impedía que el tipo de interés bajara por debajo del 4% anual. Los clientes interpusieron demanda contra la Caja, solicitando la nulidad, por abusiva, de dicha cláusula suelo. La demanda fue estimada en primera instancia, declarando la nulidad de la cláusula por falta de transparencia y condenando a la Caja a la devolución de las cantidades. La Sentencia fue recurrida en apelación, siendo estimado el recurso, esgrimiendo lo siguiente: "(...) no advierte el tribunal en este caso un ánimo de engaño por parte de la entidad demandada ni puede hablarse de una práctica ilegal»; que la escritura pública fue leída por el notario y los demandantes manifestaron quedar enterados de la misma; y que la redacción de la cláusula suelo es clara y comprensible.".

En relación con el control de transparencia de la cláusula suelo y con las afirmaciones realizadas por la Audiencia Provinciales, establece la Sala: "3.- El criterio mantenido por la Audiencia Provincial en esta sentencia es contrario a la doctrina jurisprudencial sentada por este tribunal a partir de la sentencia de pleno 241/2013, de 9 de mayo , sobre el control de transparencia de las condiciones generales que contienen una cláusula suelo, esto es, una cláusula que establece una limitación a la bajada del tipo de interés variable. 4.- La inexistencia de engaño por parte de la entidad bancaria resulta irrelevante en tanto que no se ha ejercitado una acción de anulación del contrato por dolo. Asimismo, que la cláusula suelo no sea en sí misma ilegal no obsta a que deban cumplirse los requisitos de transparencia o comprensibilidad real que ha establecido la jurisprudencia de esta sala a partir de la expresada sentencia de pleno. 5.- La conclusión de que la simple intervención del notario supone la superación del control de transparencia es incompatible con el hecho de que la jurisprudencia de este tribunal sobre el control de transparencia de la cláusula suelo se refiera en todos los casos a préstamos hipotecarios, documentados en escrituras notariales."

Y sobre la información precontractual que la Caja suministro a los consumidores, la Sentencia expone: "En el caso objeto de este recurso, la Audiencia no hace referencia a que se hubiera facilitado esa información precontractual adecuada, que hubiera dado a la existencia de la cláusula el tratamiento principal que esta exigía en tanto que delimitadora del precio del contrato. En el documento anexo a la escritura de subrogación aparece una "solicitud de certificación de saldo" enviada por Caja Rural a Caixabank, documento exigido por la Ley 2/1994, en el que el apartado "tipo interés mínimo" aparece en blanco. Y en la escritura de novación del préstamo hipotecario no aparece unido ningún documento que se hubiera entregado a los demandantes en la fase precontractual donde se les informara adecuadamente de la existencia y trascendencia de la cláusula suelo. Por tanto, la simple intervención del notario (sin la cual la hipoteca no habría podido ser inscrita) y la prestación del consentimiento contractual por los prestatarios (sin la que el contrato sencillamente no existiría) no son suficientes para que la cláusula suelo supere el control de transparencia."

Finalmente, concluye el Tribunal Supremo lo siguiente: "Pero para que supere el control de comprensibilidad real, es necesario que se haya prestado al consumidor una información precontractual adecuada sobre la existencia de la cláusula suelo y su incidencia en el precio (el interés a pagar por el prestatario), de modo que el consumidor haya podido tomar plena consciencia, sin necesidad de un análisis exhaustivo del contrato, de que no estaba contratando un préstamo a interés variable, sino un préstamo en el que la variación a la baja del interés resultaba limitada por la existencia de un suelo. Al no haber ocurrido así, se ha producido la paradoja de que la subrogación de Caja Rural en el contrato de préstamo hipotecario originariamente suscrito con Caixabank, realizada al amparo de lo previsto en la Ley 2/1994, en vez de mejorar las condiciones del precio, las ha empeorado, pues mientras que en el préstamo originario el interés variable no estaba limitado a la baja, tras la subrogación de Caja Rural y la inmediatamente posterior novación del préstamo, se ha introducido una severa limitación a la variación a la baja del tipo de interés supuestamente variable."

Sacristán&Rivas Abogados recomienda acudir a expertos cualificados, para la revisión del caso concreto, y realizar un estudio del proceso de reclamación que sea conveniente, estando este Despacho a su disposición a tales efectos, pues dado el desigual comportamiento de las entidades bancarias es preciso, también, particularizar las reclamaciones en la medida de lo posible.

El mediador concursal: ¿profesional retribuido o colaborador social sin ánimo de lucro?2018-09-04

Todo el procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos regulado en el Título X de la Ley Concursal, se articula sobre la labor a realizar por Notarios, Registradores Mercantiles y, fundamentalmente, por los Mediadores.

José Miguel de Peña Villarroya,
Miembro de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) y socio en BALAGUER MORERA CAJIGAS & ASOCIADOS

El mediador tiene encomendada la función de comprobar los datos y la documentación aportada por el deudor, analizar la existencia y cuantía de los créditos o convocar a los acreedores a la reunión (art. 234 LC). Adicionalmente la ley prevé que sea el mediador, con el consentimiento del deudor, quien remita a los acreedores la propuesta de acuerdo y plan de pagos (art. 236 LC), actuando mas como negociador que como estricto mediador civil. Y en el caso de fracaso del proceso, si bien el artículo 242 LC prevé que la solicitud de concurso pueda ser realizada por el deudor o los acreedores, el único obligado a ello es el mediador (art. 238.3 LC). Declarado el concurso y nombrado el mediador como administrador concursal, asumirá las funciones inherentes al cargo (art. 33 LC), más las que derivan de instar el concurso, habitualmente sin procurador.

Hay casos en los que el deudor acude al procedimiento con capacidad y voluntad de alcanzar un acuerdo con sus acreedores, mas hay muchos otros en los que el deudor carece de capacidad para ofrecer un plan de pagos aceptable a sus acreedores. Algunas personas físicas acuden al mecanismo con previsión de desembocar en una declaración de concurso que termine con una exoneración de su pasivo insatisfecho, siendo conscientes de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial. Son casos en los que el deudor carece de activos realizables y su capacidad económica apenas le permite ofrecer un acuerdo a sus acreedores cercano a la exoneración. La ley concursal no restringe estas situaciones pues lo que exige es que el deudor tenga capacidad para asumir los gastos del proceso (art. 231.2.c) pero no que tenga capacidad para hacer una propuesta de pagos asumible. Es cierto que no se permiten esperas superiores a los 10 años pero no hay límite alguno a la quita, no siendo excepcionales propuestas de quita del 90 o 95% de los créditos.

Pendientes del previsto desarrollo reglamentario, en la actualidad los honorarios del mediador concursal vienen determinados por lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 25/2015, que remite al obsoleto y también pendiente de reforma, arancel de los administradores concursales, aplicando sobre los mismos una reducción del 70% para el deudor persona natural no empresario, del 50% para la persona natural empresario y del 30% para las sociedades.

Pues bien, si aplicamos estos porcentajes, para una mediación sin activos y con una deuda de 30.000 € (supuestos no extraños), los honorarios en el caso de personas naturales no empresarias, no alcanzan los 35 € por todo el procedimiento de mediación. A esto hay que añadir que el artículo 242.2.2º LC dispone que el administrador concursal designado en el concurso consecutivo, "no podrá percibir por este concepto mas retribución que la que le hubiere sido fijada en el expediente de mediación concursal". Esto no significa que no se pueda cobrar en el concurso consecutivo honorarios de administración concursal (resultaría abusiva esta situación en los casos en los que excepcionalmente se designa un administrador diferente al mediador) sino que estos honorarios devengados en el concurso tendrán como techo los devengados durante la mediación. Señalar a este respecto que si bien el artículo 233.1 LC establece que los honorarios de la mediación deben ser fijados en el acta de su nombramiento, en la práctica esto no ocurre y es el propio mediador quien realiza la fijación de sus honorarios en la fase de mediación. Declarado el concurso corresponderá la determinación de los honorarios en la fase de concurso al Juez a propuesta del administrador concursal. Cabe discutir si el límite del 242 LC se refiere a la totalidad de los honorarios como administrador concursal o si caben honorarios adicionales por la fase de liquidación (abierta con la propia declaración del concurso consecutivo) pero, aun en este caso, lo cierto es que en la mayoría de los casos los honorarios considerados en su totalidad no hacen atractiva económicamente la aceptación del cargo.

Notarios y Registradores carecen de capacidad para evitar su intervención por lo que los expedientes se inician, pero en cada vez más casos, el expediente se ve paralizado por la falta de aceptación del mediador designado, y en cada vez más ocasiones el deudor, tras varios meses de espera, acaba desistiendo del procedimiento e instando directamente el concurso.

Si se desea que el mecanismo funcione adecuadamente y que, como pretende el legislador, el mediador sea un profesional especializado, deberán garantizarse unos mínimos ingresos o articular una forma de turno de oficio para determinadas mediaciones. Se podría penalizar más gravemente la renuncia al cargo, que en la actualidad consiste simplemente en correr turno de designación, igual consecuencia que la aceptación. Sin embargo, esta penalización únicamente determinaría el abandono de la lista de los profesionales más cualificados, salvo honrosas excepciones que consideran la tramitación del expediente como una labor social no retribuida. La solución es hacer atractivo el desempeño del trabajo. Garantizándose unas retribuciones aceptables podría implementarse la utópica previsión legal de que Cámaras de Comercio y Notarios asuman la función de mediadores concursales. Y es precisamente el caso de los Notarios ejemplo de que sin digna retribución es difícil convencer a un profesional cualificado para trabajar. El artículo 242 bis 2 LC impone a los Notarios la obligación de impulsar directamente las negociaciones entre deudor y acreedores, siendo meramente potestativa la designación del mediador concursal, mas la configurada como excepción se ha convertido en la absoluta generalidad.

 

Navas & Cusí advierte el “limbo jurídico” en el que se encuentran más de 900.000 hipotecas2018-09-03
  • Son las hipotecas constituidas desde que el 21 de marzo de 2016 se terminara el plazo de trasposición de la directiva hipotecaria
  • Navas & Cusí considera que dichas hipotecas fueron constituidas en un régimen legal no vigente privando al consumidor español de la protección jurídica que otorga la normativa europea
  • El retraso en la trasposición ha sido denunciado ante el TJUE con sede en Luxemburgo

Navas & Cusí

Más 900.000 hipotecas se encuentran en un “limbo jurídico” por haber sido constituidas con un régimen jurídico no vigente. Se trata de las hipotecas constituidas desde que el 21 de marzo de 2016 terminara el plazo de trasposición de la directiva hipotecaria. Según el INE, desde abril de 2016 a mayo de 2018 -último dato disponible- se constituyeron 886.384 hipotecas. A estas hay que sumar las firmadas desde mayo de 2018 y los últimos días del mes de marzo de 2016.

“Desde Navas & Cusí afirmamos que todas esas hipotecas tienen vicio de nulidad por haber sido constituidas sin aplicarse el sistema de garantías y protección al consumidor que establece la directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero de 2014”, afirma Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.

Siete días de reflexión antes de la firma

Navas explica que la directiva hipotecaria establece siete días de reflexión antes de la firma de la hipoteca, elimina los recargos por amortización anticipada y obliga al banco a informar de todas las ofertas existentes en el mercado. Además, limita severamente las ventas cruzadas de seguros de vida u otros productos, elimina los bonus bancarios ligados a la colocación y establece criterios de formación para los profesionales que intervengan. “Nada de esto se ha cumplido en las más de 900.000 hipotecas y el consumidor español no tiene por qué ser responsable de los retrasos injustificados de trasposición de las autoridades españolas”, señala el experto.

El socio-director de navascusi.com recuerda también que la doctrina de Luxemburgo es clara sobre el principio de primacía y efectividad del derecho europeo. “Las directivas europeas son plenamente vigentes y plenamente vigentes desde el momento en que se aprueban. La no trasposición no puede afectar a los principios de primacía y efectividad del derecho europeo como señala la sentencia Francovich y otras. Nuestro mismo Constitucional también reconoce la preeminencia o prioridad del derecho comunitario”.

No es la primera vez que el despacho Navas & Cusí lanza esta advertencia. Cuando hace dos veranos Economía abrió el anteproyecto de Ley Hipotecaria a consulta el bufete ya advirtió de las contingencias que una trasposición parcial -como se pretendía- podía tener en el consumidor bancario y en el sistema financiero. “Pero también lo advertimos en el mismo mes de abril de 2016, justo al finalizar el plazo de trasposición; y lo reiteramos en noviembre de 2017 cuando la Comisión decidió denunciar a España ante Luxemburgo por el retraso indebido en la trasposición”, apunta el socio-director de navascusi.com.

La sanción propuesta por Luxemburgo asciende a 105.991,6€ por cada día de retraso lo que elevaría la multa a más de 90 millones de euros. “El retraso irresponsable de las autoridades españolas tiene impactos muy negativos para la economía española, el sistema financiero y sobre todo para el consumidor bancario, despojado ilegítimamente del sistema europeo de protección; sólo los tribunales pueden solventar esta merma”, concluye el socio-director de navascusi.com

Hipotecas constituidas desde abril de 2016, según el INE http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=13896

Resolución del contrato de compraventa por retraso en la entrega de la vivienda2018-09-03

Hubo un tiempo no muy lejano, no más de siete años, en los que el Tribunal Supremo era impermeable a reconocer abusos en las cláusulas de los contratos con las entidades financieras. Tampoco reconocía – aunque lo sabían - que las cláusulas de las hipotecas no las leían ni los Notarios, ni los que contrataban las hipotecas.

ilp ABOGADOS

Si quiera admitía que desde hacía décadas se estaban comercializando determinados productos financieros que eran complejos, extraordinariamente complejos para un usuario medio. Ni que las Plusvalías gravaban con severidad lo que en realidad eran minusvalías. O que era un clamor que las Preferentes de la Banca estaban seriamente cuestionadas por el propio sector financiero y por el Regulador (Banco de España).

En siete años, el Tribunal Supremo, con las mismas normas e incluso con una gran parte de los mismos Magistrados, ha pasado de un extremo al otro.

En solo siete años, el Tribunal Supremo ha iniciado una impronta tuitiva del consumidor. No podemos decir que sus resoluciones sean injustas, porque no lo son. Pero podemos asegurar que sus cambios de criterio, de tendencia, son radicales, inesperados y criticables. Son criticables por tardíos, y son criticables porque han afectado a la seguridad jurídica. Si, se puede cambiar de criterio, por supuesto, pero no pasar en numerosas cuestiones de indudable complejidad jurídica, de un extremo al otro. Porque lo que ha cambiado, en realidad, no es la norma, ni si quiera una interpretación jurídica. Lo que en realidad ha cambiado es una actitud: un ánimo protector. Y ese carácter tuitivo poco o nada tiene que ver con la misión nomofiláctica propia de este Tribunal.

La última de estas cruzadas del Tribunal Supremo es la demora en la entrega de los inmuebles adquiridos por compraventa. Durante décadas los inmuebles de una promoción en inmobiliaria sistemáticamente se entregaban más tarde de los plazos que la promotora o constructora tenía comprometidos. Durante los últimos cincuenta años, todos los compradores de vivienda de una promoción inmobiliaria sabíamos que los plazos eran "orientativos" y que los Tribunales toleraban sistemáticamente los retrasos como algo comprensible, o propio de una cultura empresarial. De esa última cruzada surge además una derivada: la interpretación sobre la Ley 57/68. Son cincuenta años de vigencia, y solo ahora, en los últimos cinco años, los Tribunales comienzan a ser severos, rigurosos, con lo que está vigente desde hace cinco décadas.

Parece una obviedad que el comprador tiene como obligación principal pagar el precio del inmueble que adquiere y, el vendedor, entregarlo. Y que este último, además, deberá entregarlo antes de una fecha determinada.

¿Supone lo anterior un motivo de resolución del contrato?

Lo cierto es que se deberá analizar caso por caso, y atender fundamentalmente a si el retraso se debe a causas imputables al vendedor.

Existe abundante jurisprudencia sobre la resolución del contrato de compraventa de inmueble en construcción por retrasos en la entrega. A continuación se analizará una reciente Sentencia de nuestro Tribunal Supremo, que analiza este tipo de resolución contractual. Y lo hace tanto en el supuesto en el que se hubiese fijado una condición resolutoria por incumplimiento del plazo de entrega. Como en el que no hubiese mediado tal pacto entre las partes.

1. SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018

En esta Sentencia, se analiza si el retraso superior a un año por causas no justificadas se considera un incumplimiento grave. Teniendo en cuenta además que las partes han contratado un plazo expresamente y las consecuencias de su incumplimiento.

Como previo, señalar que las causas de resolución articuladas en la demanda interpuesta contra la constructora G. Cao Ribadeo, S.L, comprenden:

  • Retraso en la entrega de los inmuebles objeto de la compraventa, respecto de la fecha pactada.
  • Falta de información respecto a la fecha efectiva de entrega de los inmuebles y el estado de la edificación.

La constructora demandada, presentó oposición, formulando a su vez reconvención solicitando que se condenase al actor a otorgar las escrituras públicas de los contratos. Junto con el pago del precio, correspondiente al segundo y tercer pago.

Tanto el Juzgado de Primera Instancia, como la AP de Lugo, desestimaron la petición del actor, con estimación de la reconvención. Con el fundamento principal de que los incumplimientos no tienen entidad suficiente como para dar lugar a la resolución de los contratos. Y que no hubo voluntad deliberada y rebelde de la promotora en incumplir la obligación de entrega en plazo de las viviendas.

Pues bien, expuestos brevemente los antecedentes del Recurso de Casación, el TS, comienza apreciando una vulneración de los arts. 1.124 y 1.255 CC. Y una infracción de los principios recogidos en los arts. 1.091 y 1. 258 CC. Sosteniendo:

"La Sentencia recurrida ha infringido el art. 1.124 y 1.255 del Código Civil, pues el retraso constituye incumplimiento grave o sustancial siempre que haya sido pactado así por las partes en aras de la autonomía de la voluntad y permite al perjudicado por el incumplimiento la resolución del contrato. Igualmente infringe los principios lex contractus del artículo 1.091 CC, pacta servanda, artículo 1. 258 CC, y la necesidad de la esencia de la obligación, artículo 1.256 CC. Se aportan como Sentencias de contraste las STS 52/2014 de 6 de febrero, RJ/2014/836, y 7/2014 de 17 de enero, RJ/2014/1266. (...)"

Continúa la Sentencia, manifestando que la Sentencia de la AP  infringe el artículo 1 y 3 de la Ley 57/1968, de 27 de julio. Pues les otorgan al cesionario la facultad de rescindir el contrato con devolución de las cantidades entregadas a cuenta. Siempre y cuando haya finalizado el plazo para la terminación de las obras sin que haya acaecido la prestación.

En el motivo tercero del Recurso, sobre la aplicación de arras penitenciales, considera infringidos los arts. 1.454, 1, 288 Y 1.091 CC. Y lo hace, bajo la siguiente fundamentación:

"Se han vulnerado los preceptos indicados en el encabezamiento de este motivo al no aplicar la Estipulación Quinta de los contratos de compraventa como cláusula penitencial, ya sea en favor del vendedor o del comprador, y más cuando en este pacto se pone de manifiesto la esencialidad de lo acordado en los contratos, pues se establece expresamente que cualquier incumplimiento de los estipulados conllevará la aplicación del artículo 1.454 del Código Civil para arras penitenciales o de desistimiento.(...)"

Además, siguiendo la línea jurisprudencial del TS, para que estas arras puedan aplicarse, deben estar perfectamente formuladas. Tal y como ocurre en el presente caso, en el que consta, tanto el nombre de las arras, como el artículo del CC.

La decisión que adopta La Sala, con respecto al primer motivo del Recurso es la siguiente:

"la polémica surge cuando las partes no han pactado de forma expresa que la falta de entrega en el plazo acordado otorga al comprador el derecho de resolver el contrato, pues, si así fuese, una vez incumplido el plazo nacería el derecho a la resolución sin necesidad de otro tipo de valoraciones, en principio. (...)"

"La STS de 1 de abril de 2014 (Recurso 475/2012 recoge que: "Por lo que respecta a los efectos resolutorios del incumplimiento del plazo de entrega, la jurisprudencia más reciente (por ejemplo, SSTS de 14 de junio de 2011, Rc. 369/2008, 21 de marzo 2012, Rc. 931/2009, y 25 de octubre de 2013, Rc.1666/2010) viene interpretando la norma general en materia de resolución de obligaciones recíprocas (artículo 1124 CC) en el sentido de que el incumplimiento que constituye su presupuesto ha de ser grave o sustancial, lo que no supone una tenaz y persistente resistencia renuente al cumplimiento pero sí que origine la frustración del fin del contrato, esto es, que se malogren las legítimas aspiraciones de la contraparte, cosa que ocurre, en los términos de los Principios de Unidroit (art. 7.3.1 cuando se «priva sustancialmente» al contratante, en este caso al comprador, «de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato», encontrándose sin duda entre las lógicas expectativas del comprador el recibir la cosa en el tiempo, lugar y forma que se hubieran estipulado y en condiciones para ser usada conforme su naturaleza, pues, no en vano, la de entrega constituye la obligación esencial y más característica de la compraventa para el vendedor (artículo 1461 CC, en relación con el artículo 1445 CC) (...)."

Por otro lado, la Sentencia considera que es poco probable que exista alguna causa de fuerza mayor que justifique un retraso. Y lo hace teniendo en cuenta que el promotor es un experto conocedor de las dificultades propias de la actividad. Por tanto le compete a el prever estas circunstancias y fijar un plazo más extenso de entrega. Aun con el riesgo de perder un posible cliente. Citamos así:

"El riesgo de acabar las obras dentro del plazo establecido en el contrato es asumido íntegramente por el promotor vendedor como parte de su riesgo empresarial y, en consecuencia, no puede trasladarse al comprador."

Finaliza la Sentencia el Recurso, dictaminando que en el caso litigioso se ha visto frustrado el interés contractual del actor. Concretamente:

"i) No puede trasladarse al comprador por el vendedor profesional las dificultades urbanísticas que surjan y paralicen la obra. En primer lugar porque para un profesional del ramo tales circunstancias no pueden calificarse de imprevisibles. Y en segundo lugar porque quien compra en la confianza de lo que se le ofrece no debe ser el que soporte el riesgo empresarial.

(ii) Que el plazo de entrega era esencial, como para frustrar su incumplimiento el interés contractual del comprador, lo acredita las consecuencias que se pactan para el supuesto de que el vendedor no pueda entregar la vivienda y anexos en la fecha prevista en contrato. (...)"

Lo anterior, conduce a casar la Sentencia, estimando la demanda del actor y desestimando la reconvención de la promotora.

2. CONCLUSIONES

  • La crisis inmobiliaria ha provocado un incremento de retrasos en la entrega de los inmuebles en las fechas pactadas.
  • Si ha realizado un contrato de compraventa y no le han entregado la vivienda en el plazo previsto, revise sus condiciones de resolución. Y solicite toda la información de la situación al comprador.
  •  Aunque no se haya previsto como cláusula resolutoria el retraso en la entrega, usted podrá instar igualmente la resolución. Si bien es cierto que deben otorgarse plazos prudenciales, la entrega es la obligación más esencial del vendedor. Por tanto, el incumplimiento provoca que se malogren las legítimas aspiraciones del comprador.  Y que no son otras que, recibir la cosa en el tiempo, lugar y forma que se hubieran pactado.
  • Es improbable que concurra una causa de fuerza mayor que justifique el retraso en la entrega. El promotor, como experto, conoce todas las dificultades que pueden surgir y por tanto, es responsable de fijar un plazo de entrega coherente.
  • El principio de conservación del negocio jurídico no puede amparar el incumplimiento de una de las partes contractuales, yendo en perjuicio de la otra.

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https://www.ilpabogados.com/que-opciones-hay-cuando-se-incumple-una-obligacion/

https://www.ilpabogados.com/puede-el-juez-moderar-una-indemnizacion-pactada-por-las-partes-en-un-contrato/

De nuevo la triple de la mayor: a propósito del reciente acuerdo TS de 27 de junio2018-09-03

El verano cambia las tornas. Las noticias habituales desaparecen para dar paso a otras más livianas y refrescantes. Se apuesta por el ocio en contra de lo laboral y, en consecuencia, se corre el riesgo de que importantes resoluciones pasen desapercibidas. Es lo que sucede con el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del TS del pasado 27 de junio. En el mismo se aborda el relevante asunto de la aplicación del art. 76 CP, la habitualmente conocida acumulación jurídica o, en argot penitenciario, triple de la mayor. A diferencia de acuerdos aclaratorios anteriores, éste destaca especialmente por su extensión y la profundidad de algunas de las modificaciones que incluye y generaliza.

Puerto Solar Calvo,
Jurista de Instituciones Penitenciarias

En lado positivo de la balanza, se alaba que se establezca un criterio preciso y favorable al interno sobre la acumulación de las medidas alternativas de multa, localización permanente y las condenas suspendidas. Al respecto, en los puntos 5, 7 y 8 del acuerdo se recoge que "5. Las condenas con la suspensión de la ejecución reconocida, deben incluirse en la acumulación si ello favoreciere al condenado y se considerarán las menos graves, para el sucesivo cumplimiento, de modo que resultarán extinguidas cuando se alcance el periodo máximo de cumplimiento. Favorece al condenado, cuando la conclusión es que se extinguen, sin necesidad de estar sometidas al periodo de prueba. (...) 7. La pena de multa solo se acumula una vez que ha sido transformada en responsabilidad personal subsidiaria. Ello no obsta a la acumulación condicionada cuando sea evidente el impago de la multa.  8. La pena de localización permanente, como pena privativa de libertad que es, es susceptible de acumulación con cualquier otra pena de esta naturaleza".

Sin embargo, en esta balanza también hay lado negativo. En concreto, destacamos especialmente los puntos 1 y 4 del acuerdo que se manifiestan en sentido contrario al que venimos reclamando en este foro.

En primer lugar, como ya expusimos anteriormente (http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penitenciario/justifica-un-cambio-jurisprudencial-favorable-reabrir-una-acumulacion-juridica-firme) y ahora ampliamos, el anterior Acuerdo del TS de 3 de febrero de 2016 supuso un auténtico avance interpretativo que trata de facilitar que la aplicación del art. 76 CP sea lo más favorable posible al reo. En esencia, se permite escoger la sentencia que va a servir de referencia para la acumulación, de modo que puedan realizarse varios cálculos y combinaciones para que el resultado de esa acumulación sea el más favorable al interno. Consecuencia de dicho acuerdo, la STS 300/2017, de 27 de abril destaca que "hemos alcanzado una modificación del criterio jurisprudencial hasta entonces seguido, permitiéndose hoy la elección de la ejecutoria más antigua que sirva de base a la acumulación (SSTS 338/16, 339/16, de 21 de abril; 579/16, de 30 de junio; 790/16, de 20 de octubre; 178/2017, de 22 de marzo). Ello supone que la ejecutoria más antigua, cuya fecha de sentencia operará como acotación cronológica de los hechos anteriores que se agrupen, podrá ser aquella de la que se derive la refundición de menor gravamen o más favorable para el penado". Teniendo en cuenta lo anterior, la cuestión que entonces nos planteamos fue si esta postura jurisprudencial podía aplicarse a acumulaciones jurídicas que hubieran adquirido firmeza con anterioridad al cambio interpretativo. Como también señalamos, se trata de un ámbito jurídico en evolución en los últimos años. Hasta el momento, no había problema en plantear una nueva acumulación respecto de un interno al que ya se le hubiera aplicado el art. 76 CP, siempre y cuando, tras haber devenido en firme el auto de acumulación, se hubiera recibido una nueva condena susceptible de modificarlo. Sin embargo, recientes resoluciones del TS nos invitaban a ir más allá, pues establecen que un mero cambio jurisprudencial motiva por sí solo la posibilidad de plantear de nuevo una acumulación jurídica ya realizada. En este sentido, las SSTS 1000/2013, de 7 de febrero, 922/2013, de 2 de diciembre, 874/14, de 27 de enero, y 618/2015, de 14 de octubre, amplían la posibilidad de revisar una acumulación jurídica firme en caso de darse modificaciones normativas o interpretaciones jurisprudenciales más favorables.  De hecho, en aplicación de esta novedosa tesis, la STS 922/2013, de 2 de diciembre reabre un incidente de acumulación ya firme sobre la base de la modificación del art. 76 CP por LO 1/2015. En el mismo sentido, destacan los Autos de 21.09.17 JP 3 Santander, AJP Huesca n.1 de 05.03.18 y AJP Oviedo n.2 de 29.11.18 que la han asumido y seguido.

Siendo esta la situación, el punto 1 del Acuerdo de 27 de junio que ahora comentamos cortocircuita la evolución que veníamos exponiendo al determinar que "las resoluciones sobre acumulación de condena solo serán revisables en caso de una nueva condena (o anterior no tenida en cuenta)". Se trata del triunfo del principio de la seguridad jurídica sobre otros argumentos que creemos siguen vigentes. Entendemos que en casos de aplicación del art. 76 CP, relativos mayoritariamente a condenas de larga duración, mantener una privación de libertad por encima de lo normativa e interpretativamente posible, infringe el derecho fundamental a la libertad de los condenados recogido en el art. 17 CE. A la vez que se compromete el fin resocializador que el art. 25.2 CE determina como fundamental en la ejecución de la privación de libertad. De ahí que desde nuestro punto de vista, cualquier vía procesal que permita replantear acumulaciones jurídicas bien erróneamente realizadas, bien claramente mejorables conforme a una nueva y favorable corriente interpretativa, ha de ser bienvenida.   

En segundo lugar, el apartado 4 del Acuerdo de 27 de junio determina que "en la conciliación de la interpretación favorable del art. 76.2 con el art. 76.1 C.P., cabe elegir la sentencia inicial, base de la acumulación, también la última, siempre que todo el bloque cumpla el requisito cronológico exigido; pero no es dable excluir una condena". Con ello, de nuevo, se dificulta la línea interpretativa por la abogamos en este foro consistente en la eliminación de las sentencias estorbo en la combinación de condenas que se realice (http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/sentencias-estorbo-y-acumulacion-juridica-art-76-cp-buscando-la-combinacion-mas-favorable).  Entonces, teniendo en cuenta que el Acuerdo de 2016 abre la puerta a establecer como triple de la mayor la combinación más favorable al reo en términos de reinserción, proponíamos que dentro del literal del art. 76.2 CP y respetando el requisito de conexidad temporal que determina, se eliminase de las acumulaciones las sentencias estorbo, buscando así la acumulación jurídica que sea más favorable al reo. La postura mayoritaria del TS, que finalmente se ha impuesto en el Acuerdo de 2018, es realizar la acumulación jurídica siguiendo el orden cronológico de las sentencias impuestas y buscando cuáles cumplen con el requisito de conexidad respetando esa sucesión temporal. La propuesta que aquí hacemos prescinde de esa limitación. De manera que, con independencia de ese orden cronológico de las sentencias, y siempre que se cumpla el requisito temporal que la norma y la lógica jurídica exigen, se puedan eliminar de la acumulación las sentencias estorbo que evitan estimar la triple de la condena más favorable al reo. Ni el literal del art. 76.2 CP ni la jurisprudencia antes destacada se oponen a que se busque esa combinación que pueda dar lugar a la triple más favorable al interno. Parece que la lógica del análisis que el operador jurídico realiza para el estudio de la acumulación -seguir el orden cronológico de las sentencias impuestas-, se ha convertido en una limitación al resultado de la misma, sin que tal limitación se establezca en ninguna norma. A su vez, como fundamento de esta postura, ha de tenerse en cuenta que una perspectiva, ya no resocializadora, sino meramente humanitaria del cumplimiento, reclama soluciones prácticas que acorten condenas desproporcionadas teniendo en cuenta los márgenes habituales de duración de la vida humana.

En definitiva, el Acuerdo del TS de 27 de junio es regresivo en dos aspectos importantes que habían permitido trabajar por acortar las conocidas como condenas eternas. Siendo esta la situación, dos son las cuestiones que nos planteamos. De un lado, si no sería más conveniente encontrar un sistema de acumulación menos complejo y más justo en términos de proporcionalidad con los hechos cometidos. De otro lado, hasta qué punto el Acuerdo alcanzado es vinculante y permitiría que se sigan planteando propuestas de acumulación en el sentido que defendemos.   

El TJUE establece como tiempo de trabajo las guardias localizadas en el domicilio2018-08-31

Mabel Inda Errea

Área Fiscal y Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A

  • Comentario a la STJUE 21 febrero 2018 (JUR 2018, 49309)
  • Tiempo de trabajo, guardias localizadas 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) establece que el tiempo que un bombero voluntario belga pasa en su domicilio con la obligación de responder a su jefe en un plazo de breve de ocho minutos para prestar sus servicios de forma inmediata es tiempo de trabajo.

Supuesto de hecho

La sentencia se refiere al caso de un bombero voluntario, Rudy Matzak, de un pueblo de Bélgica, que compagina su actividad con otro empleo en una empresa privada. Matzak inició el procedimiento judicial contra el Ayuntamiento de la localidad en 2009 para obtener una indemnización por daños y perjuicios al considerar que sus servicios de guardia domiciliaria debían considerarse como tiempo de trabajo. El Tribunal de instancia estimó en gran parte la demanda del trabajador. No obstante, el Ayuntamiento interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Laboral Superior de Bruselas y éste planteó varias cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Criterio o «ratio decidendi»

El TJUE interpreta el artículo 2 de la Directiva Europea 2003/88 (LCEur 2003, 3868), donde se definen los conceptos "tiempo de trabajo" y "periodo de descanso", estableciendo que dichos conceptos no pueden ser determinados por los Estados miembros de forma diferente a la contenida en la Directiva, si bien, les permite adoptar disposiciones que establezcan una duración del tiempo de trabajo y periodos de descanso más favorables a los trabajadores.

Así mismo, el Tribunal aclara que sólo los integrantes de la Unión son los que pueden decidir en su Derecho nacional sobre la retribución de un trabajador durante el tiempo de trabajo y en periodo de descanso, teniendo ambos una calificación jurídica distinta, advirtiendo que en este último caso puede no remunerarse.

Los conceptos de «tiempo de trabajo» y de «período de descanso» se excluyen mutuamente. Para que sea «tiempo de trabajo», el trabajador está obligado a hallarse físicamente presente en el lugar determinado por el empresario y a permanecer a disposición de éste para poder prestar sus servicios inmediatamente en caso de necesidad. En cambio, las guardias localizadas, es decir, estar accesible permanentemente sin estar presente en el lugar de trabajo no pueden recibir igual calificación, especialmente, porque "en esta situación el trabajador puede administrar su tiempo con menos limitaciones y dedicarse a sus intereses personales".

En el presente caso el tribunal considera que es tiempo de trabajo, ya que, por una parte, el bombero debía responder a las convocatorias de su empresario en un plazo de ocho minutos y, por otra parte, estaba obligado a estar presente físicamente en el lugar determinado por el empresario, por lo que le limitaba de manera objetiva las posibilidades de dedicarse a sus intereses personales y sociales.

Por ello, aunque convendría cambiar la normativa y adaptarla, hasta entonces serán los órganos judiciales lo que estén obligados a realizar directamente una interpretación de la normativa nacional compatible con el criterio fijado por el TJUE.

Documentos relacionados:

  • Directiva Europea 2003/88/CE (LCEur 2003, 3868), de 4 de noviembre, por la que se regula determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo.

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Las pólizas de inversión y ahorro, conocidas en la práctica como unit link, vuelven a estar en el punto de mira de reguladores y Tribunales2018-08-31
  • Incluye la sentencia

Todo eran ventajas cuando se recomendaba este producto al cliente, que podría disfrutar de las ventajas fiscales de los seguros de vida y de la rentabilidad de los Fondos de Inversión. Pero se ocultaba sistemáticamente su verdadera naturaleza, la posibilidad de incurrir en pérdidas, o el elevado riesgo del producto.

Diego Rodríguez Marcos,
socio de Basilea Abogados

Como mencionó en 2015 la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, entre las quejas más habituales de los clientes estaban el desconocimiento sobre el verdadero riesgo de la inversión, o el no saber si se estaba contratando un seguro, un producto de inversión, o un plan de pensiones.

En los últimos años se han disparado las críticas ante las deficiencias en la comercialización de este producto. Así, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA), ha venido constatando la existencia de importantes conflictos de intereses en la comercialización de los unit linked.

A modo de ejemplo, el supervisor constató en 2017, tras analizar 218 compañías de todos los países de la Unión Europea (que representaban el 70% del mercado), que las aseguradoras invertían gran parte del patrimonio de los unit link de sus clientes en los fondos por los que más incentivos y remuneraciones recibían. Esta realidad, en la que más del 80% de las aseguradoras reciben incentivos de los gestores de los activos en los que se invierte, ha sido ocultada al cliente sin rubor, hasta crear un escenario de conflicto de interés y absoluta falta de transparencia. La nueva Directiva sobre Distribución de Seguros pretende corregir esta situación.

Hasta ahora y con una normativa sobre distribución de seguros demasiado genérica y permisiva, los Tribunales han tenido que acudir a la aplicación de normas sobre inversiones, en especial a la normativa MIFID. Pese a la oposición de entidades financieras y aseguradoras, que siempre han defendido la aplicación de la normativa reguladora de los seguros privados (con previsiones mucho más genéricas y fácilmente eludibles), nuestro Tribunal Supremo ha venido insistiendo en la aplicación a estos productos unit link de la normativa reguladora del Mercado de Valores, muy exigente en materia de información al potencial inversor. Destacar en este sentido la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 12 de enero de 2015, núm. 769/2014, que explica que la formula contractual del unit link es la diseñada por el banco, con la colaboración de la aseguradora, para hacer el producto más atractivo a efectos fiscales. Pero que lo que se oferta y contrata no es más que otro producto de inversión, no pudiendo por ello consentirse una rebaja en las obligaciones de información que ha establecido la normativa del mercado de valores.

La necesidad de acudir a la normativa de inversión para evitar la desprotección del consumidor, va a terminar con la llegada de la nueva Directiva 2016/97/UE, de 20 de enero de 2016, de Distribución de Seguros, que entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2018. Esta nueva normativa garantiza una transparencia similar a la ofrecida por la normativa MIFID, en este caso específicamente diseñada para este tipo de seguros de inversión y ahorro.

En este sentido, la Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante sentencia de 31 de mayo de 2018, ha declarado que el asesoramiento financiero en el marco de seguros de vida unit link está sujeto a la nueva normativa de distribución de seguros, y no a la normativa del mercado de valores (normativa MIFID).

Ante esta importante aclaración, próximamente deberá ser el Tribunal Supremo quien revise su doctrina sobre la materia. Si hasta ahora el criterio del Pleno era el de aplicar a la comercialización de estos productos de manera preferente la normativa MIFID, ante la nueva y específica Directiva de Distribución de Seguros, debe ser ésta última la que defina la Jurisprudencia en relación con los productos de inversión basados en seguros. Así mismo nuestro Tribunal Supremo debe continuar velando porque no se produzca una rebaja en las garantías del cliente. Deberá permanecer vigilante respecto al cumplimiento de los requisitos adicionales de protección al cliente que recoge el capitulo VI de la Directiva de Distribución de Seguros, que en la práctica han de garantizar para estos productos la misma transparencia que se ha conseguido para otros productos de inversión.

Me han perdido la maleta… ¿y ahora qué?2018-08-31

Parece que todo ha salido bien: no ha habido incidentes en el aeropuerto, el vuelo ha despegado a tiempo, ya estás en el lugar de destino, pero… la maleta no aparece. Se trata de una situación desagradable y más frecuente de lo que nos gustaría.

  • En 2017 se expidieron incorrectamente casi 6 maletas por cada mil pasajeros
  • El principal documento a tener en cuenta es el Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR), a rellenar enseguida que se produzca cualquier incidente con la maleta
  • El pasajero cuenta con dos años desde la llegada del avión para reclamar ante tribunales en caso de que la gestión por parte de la aerolínea sea insuficiente
DAS

Y es que según el informe sobre Equipaje 2018 de SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques), en 2017 se perdieron o retrasaron 6 maletas por cada 1000 pasajeros. Un dato que a priori parece muy positivo respecto a otros años, aunque si tenemos en cuenta que el número de pasajeros en a nivel mundial en 2017 fue de 4,08 mil millones, el número de equipajes afectados es realmente alto.

Pero, ¿qué hacer para reclamar una pérdida de equipaje? Para los expertos de DAS Seguros los pasos a seguir son:

Departamento de objetos perdidos: Antes de nada, conviene visitar el departamento de objetos perdidos del aeropuerto. Algunas maletas acaban allí debido a que han caído en un lateral de la cinta de equipaje o ha habido problemas de logística.

Parte de Irregularidad de Equipaje (PIR): Si no es nuestro caso y la maleta no aparece en objetos perdidos, el primer paso para reclamar es dirigirse al mostrador de la aerolínea en cuestión para rellenar y entregar el PIR. El plazo para hacerlo es de 7 días en caso de daños en la maleta y 21 días en caso de retraso o pérdida, en ambos casos a partir de la fecha de llegada del vuelo.

A falta de protesta: Una vez pasados los primeros 21 días, si nuestro equipaje no aparece, estará considerado oficialmente como extraviado y será necesario volver a interponer una reclamación a la aerolínea, en concreto por pérdida de equipaje. Es importante declarar el incidente en el plazo indicado ya que, de lo contrario, se considera que el equipaje facturado ha sido recibido en buen estado por parte del pasajero. Dado el caso, no se aplicarán ningunos de los derechos que corresponden al afectado por una maleta averiada o perdida.

Objetos perdidos: Otro posible problema es que, una vez recuperada y abierta la maleta, te des cuenta de que falta algo que antes sí estaba allí. Cuando ha ocurrido un robo, el paso indicado es ir a la comisaría de policía - puede ser la del propio aeropuerto - para interponer una denuncia que deje constancia de lo ocurrido.

Indemnización: Cada país cuenta con un convenio internacional que estipula la cantidad a abonar en caso de retraso, destrucción o pérdida de equipaje. En este sentido, una vez pasados 21 días desde el aterrizaje y si la maleta continua sin aparecer, se trata oficialmente de una pérdida. En España, a partir de entonces es posible obtener, de acuerdo con los Derechos Especiales de Giro DEG, le equivalente a un máximo de 1.400 euros en concepto de indemnización.

Gastos adicionales: En caso de que la falta de maleta haya causado gastos adicionales por parte del pasajero en cuanto a ropa u objetos de cuidado personal, se puede recibir una cantidad ajustada al gasto ocasionado mediante la presentación de facturas.

Equipaje de valor adicional: Asimismo, en caso de viajar con objetos de alto valor, es recomendable declarar el valor acumulado en la maleta a la aerolínea antes de embarcar. El usuario tendrá que pagar una tarifa suplementaria a la hora de facturar y dejar que el personal de la aerolínea realice una serie de comprobaciones.

A falta de respuesta: Si, una vez entregado el PIR y comunicado el problema a la aerolínea, la compañía no responde o lo hace de forma insatisfactoria, es posible reclamar ante los tribunales. El plazo para hacerlo es de dos años desde la llegada del vuelo en el que se perdió la maleta.

Según Reclamador.es, la mayoría de reclamaciones recibidas son por errores en los vuelos en conexión, y bajan los problemas de pérdidas y retrasos por el aumento de los vuelos punto a punto (aunque suben las reclamaciones por equipajes dañados). En lo que va de año, las aerolíenas más reclamadas por problemas de maletas en esta página son Iberia (25%, debido a los vuelos en conexión), Vueling (21%), Air Europa (12%), Ryanair (6%) y Air France (4%). 

Canal de denuncias interno (whistleblowing), ¿anónimos o no? Esa es la cuestión2018-08-30

Tamara Morales Martín

Abogada TIC y Protección de Datos. Directora de Prodat en Castilla y León

PRIMERA PARADA. El origen.

EEUU. Año 2002, entraba en vigor la Ley norteamericana Sarbanes-Oxley Act (SOX), esta norma exige a las filiales basadas en la Unión Europea de sociedades estadounidenses que cotizan en bolsa, el establecimiento de "(...) procedimientos para la recepción, retención y tratamiento de quejas recibidas por el causante en relación con la contabilidad, controles contables internos o cuestiones de auditoría; y la presentación confidencial y anónima por parte de los empleados de la persona causante de preocupación en relación con cuestiones contables o de auditoría cuestionables (...)".

SEGUNDA PARADA. Su popularización en España.

Diciembre 2010, entra en vigor la LO 5/2010, de 22 de junio que introduce el artículo 31 bis en nuestro Código Penal, estableciendo así un estatuto de responsabilidad penal para las personas jurídicas de forma autónoma e independiente del de sus representantes legales y administradores. Pero, además introduce como atenuante e incluso eximente a esa responsabilidad el demostrar "haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica».

Es en este momento cuando se hace más popular en la empresas españolas la implantación de sistemas de denuncias internos de irregularidades como medida de control sobre los empleados para prevenir y descubrir delitos.

Pero tenemos referencias importantes anteriores:

Año 2006, el Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, recomienda expresamente que "las sociedades cotizadas establezcan cauces internos para que sus empleados puedan denunciar irregularidades (whistleblowing), protegiendo, la identidad del denunciante, e incluso, si se considera oportuno, permitan su anonimato".

Abril 2010, la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (LPBC), se regula expresamente, aunque no lo menciona literalmente. Lo importante son las especialidades que en materia de protección de datos introduce:

  • Excepción expresa a tener que solicitar el consentimiento del afectado.
  • Eliminación del deber de informar, artículo 5 LOPD, en relación con las obligaciones reguladas en la misma.
  • No serán de aplicación a los tratamientos regulados en la (LPBC) las normas de la LOPD relativas a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
  • TERCERA PARADA. La protección de datos. WG29 y Agencia Española de Protección de Datos.

Si viajamos en el tiempo, tampoco mucho, año 2017, los canales de denuncia en España no podían se anónimos. Y esto, ¿por qué? ¿Si la norma origen o la propia CNMV establecen la posibilidad de que las denuncias puedan ser anónimas, y tampoco las Leyes nacionales lo impiden expresamente?

La respuesta está en:

1º El 1 de febrero de 2006 el Grupo de Trabajo del artículo 29 emite su Dictamen sobre la aplicación de las normas de la UE relativas a la protección de datos a programas internos de denuncia de irregularidades en los campos de la contabilidad, controles contables internos, asuntos de auditoría, lucha contra el soborno, delitos bancarios y financieros.

El WG29 en este Dictamen evalúa la compatibilidad de los programas de denuncia de irregularidades con las normas de protección de datos, y recoge un especifico epígrafe que reza: "Promoción de informes identificados y confidenciales frente a los informes anónimos" por tanto, el WG29 se postula hacia programas de denuncia abiertos, es decir, de manera identificada, lo fundamenta hasta en seis razones diferentes, pero a pesar de su preferencia, no rechaza de forma categórica la posibilidad de que se puedan dar denuncias de forma anónima. Esto es debido a que es consciente de que algunos denunciantes podrían no encontrarse siempre en situación o tener disposición psicológica para presentar informes identificados.

2º Pero sobre todo cuando en el año 2007 nos encontramos con el Informe Jurídico 128-2007 de la Agencia Española de Protección de Datos que dispone sólo serán válidos los canales de denuncia bajo un sistema NO anónimo.  Exactamente dice (página 8) "A nuestro juicio, debería partirse del establecimiento de procedimientos que garanticen el tratamiento confidencial de las denuncias presentadas a través de los sistemas de "whistleblowing", de forma que se evite la existencia de denuncias anónimas, garantizándose así la exactitud e integridad de la información contenida en dichos sistemas".

ÚLTIMA PARADA. ¿Fin de trayecto? Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

Año 2018. Sin su aprobación definitiva tenemos "nuestro ansiado" Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Con un artículo 24 dedicado en exclusiva a "Sistemas de información de denuncias internas en el sector privado" y ya en su apartado 1 indica" 1. Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad de Derecho privado, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la existencia de estos sistemas de información".

¡Eh voilà! Por fin todo parece indicar que tendremos un criterio unificado también en España, y que las entidades podrán conformar sus sistemas de denuncias de irregularidades como consideren, de forma anónima o no.

Eso sí elijan, la forma que elijan, no olvidar lo que establece la Circular de la Fiscalía 1/2016, "para que esta obligación pueda ser exigida a los empleados será imprescindible que la empresa implemente adicionalmente una "regulación protectora específica del denunciante (whistleblower)", no sólo asegurando la confidencialidad al denunciante mediante sistemas adecuados de comunicaciones (llamadas telefónicas, correos electrónicos, etc.), sino también la garantía de no sufrir represalias con motivo de la presentación de la denuncia, preservando lo que en derecho laboral se denomina "derecho a la indemnidad", cuya aplicación determina la nulidad de cualquier sanción de la empresa con motivo de una denuncia previa del empleado".

Justicia pone en marcha un consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal 2018-08-30

En la primera reunión celebrada hoy, la ministra Delgado les ha pedido ya un primer informe sobre la materia que permita contribuir con una propuesta cualificada al debate parlamentario abierto en el Congreso, que tramita una proposición de reforma de la LOPJ que en opinión del ministerio debería tener en cuenta la realidad social actual y la más moderna jurisprudencia sobre jurisdicción universal en consonancia con los tratados internacionales suscritos por España.

El consejo asesor está integrado por la ministra como presidenta, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, en calidad de vicepresidente, y los siguientes juristas:

  • José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde 1990 y actual juez internacional del Mecanismo Residual para Tribunales Internacionales.
  • Manuel Ollé Sesé, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Groupe d'Action Judiciaire de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
  • Manuel Miguel Vergara Céspedes, profesor de Derecho Penal en el Instituto de Empresa, asesor de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIGBAR) y colaborador del Tribunal Penal Internacional.
  • Hernán Hormazábal Malarée, catedrático de Derecho Penal y presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDH). 

En materia de jurisdicción universal hay ya muchos avances en el marco del Derecho Internacional, pero el ministerio quiere dar un paso más porque este instrumento jurídico, fundamental en la defensa y protección de los derechos humanos, puede ofrecer eficaces resultados en otros campos como la persecución de la criminalidad internacional organizada o los delitos contra el medio ambiente, entre otros supuestos.

Incorporar la sociedad civil

Con la creación de un consejo asesor para la recuperación de la jurisdicción universal, la ministra Delgado cumple otro objetivo colateral, como es la incorporación de la sociedad civil, a través de expertos en la materia, al trabajo de gestación de determinadas iniciativas legislativas. El propósito es abrir la entrada en ese proceso prelegislativo a expertos que colaboren en la mejora de la legislación vigente, porque esa mejora sirve para conseguir un futuro más justo.

Con esa pretensión, el consejo asesor puesto en marcha este martes también estudiará en el futuro otros proyectos normativos o decisiones relevantes del ministerio que admitan una lectura desde la perspectiva de la jurisdicción universal, así como podrá proponer cualquier otra reforma de detalle que con ese objetivo considere justificada.

El múltiplo de las transacciones del sector Consumo en España se situó en las 9,4 veces ebitda en 20172018-08-30

El sector de Productos de Consumo y Distribución requiere de cambios estructurales a largo plazo para afrontar con éxito los nuevos hábitos de los consumidores y conseguir un crecimiento rentable en el actual entorno disruptivo. El estudio Fusiones y adquisiciones en el sector consumo: múltiplos de valoración, elaborado por EY, establece que las transacciones de dicha industria realizadas en España en 2017 se realizaron a un múltiplo de 9,4 veces ebitda, frente a las 10,2 veces del período 2007-2017. En términos interanuales, el múltiplo de las operaciones fue un 21% inferior al observado en 2016 (año excepcional en el que se situó en 12 veces ebitda por los múltiplos elevados de algunas de las transaccionales), pero se situó en la mediana de los múltiplos observados en el periodo 2011-2015.

EY - El múltiplo de las transacciones del sector Consumo en España se situó en las 9,4 veces ebitda en 2017

 

Concretamente, EY ha analizado 101 transacciones en España por alrededor de 1.570 millones en el sector de Productos de Consumo y Distribución, frente al valor de 1.250 millones de euros de las 78 operaciones analizadas en 2016. El subsector de alimentación y bebidas concentró la mayor parte de la actividad en 2017 (64 operaciones por 972 millones de euros), seguido de retail (20 transacciones por 529 millones), restauración (11 operaciones por 59 millones) y hogar y cuidado personal (6 transacciones por 13 millones de euros).

Cecilia de la Hoz, Socia del Área de Transacciones de EY, asegura que “este aumento de operaciones es consecuencia de que las empresas del sector precisan seguir aportando valor a medio y largo plazo y tienen que dotarse de nuevas herramientas, capacidades y servicios para ofrecer productos atractivos y personalizados en todos los mercados y canales en los que operan”.

A nivel de múltiplos, sólo el subsector de hogar y cuidado personal consiguió superar tanto el nivel de 2016 como el de la media de la última década. El estudio refleja que las transacciones en este segmento se realizaron el año pasado a 11,1 veces ebitda, frente a las 9,9 veces de 2016 o las 10 veces del período 2007-2017.

Por su parte, las transacciones de los subsectores de retail y de alimentación y bebidas en España se completaron a múltiplos inferiores al realizarse respectivamente a 6,6 veces ebitda (en 2016 fue a 9,7 veces y en la década a 10,8 veces) y 9,6 veces (frente al 13,7 veces de 2016 y las 10,1 veces de 2007-2017).

Asimismo, el estudio pone de manifiesto que, en términos comparativos, las empresas españolas cotizadas del sector registraron múltiplos superiores a los múltiplos observados en transacciones (12,5 veces ebitda, frente al múltiplo general de las transacciones de 9,4 veces).

 

Actividad global y tendencias de la industria

A nivel europeo, EY ha analizado 1.120 transacciones en 2017 en el sector de Productos de Consumo y Distribución (en línea con las cifras del año anterior) por alrededor de 28.200 millones de euros (un 12% menos). El múltiplo de valoración se situó de media en 10,2 veces ebitda, frente a las 9,2 veces de 2016 y las 9,9 veces de la última década.

Por otro lado, EY ha estudiado 972 operaciones del sector en Norteamérica (un 15,5% más) por un importe cercano a los 90.430 millones de euros, frente a los 50.933 millones analizadas el año anterior. En este caso, el múltiplo fue de 11,3 veces ebitda, superior a las 9,9 veces de 2016 y al promedio de 9,8 veces de la última década.

En definitiva, en el sector de Productos de Consumo y Distribución EY ha analizado a nivel global un total de 2.193 transacciones por 120.212 millones de euros, lo que supone en cada caso un aumento del 7% y 42,5% con respecto a 2016. El múltiplo de valoración ascendió a 10,7 veces ebitda desde las 9,8 veces de 2016 (la media de la última década se sitúa en 9,9 veces).

El estudio de EY establece cuatro tendencias claves en la industria:

  1. La necesidad de ser rápidos requiere agilidad: las compañías necesitan rediseñar los modelos de negocio y transformar la experiencia de los consumidores para seguir en la senda del crecimiento. Muchas empresas están innovando para poder utilizar nuevas tecnologías, como el reconocimiento facial en las compras en línea y la realidad virtual, con el fin de poder mantener su crecimiento y márgenes de beneficios.
  2. El consumidor por delante del inversor: las empresas del sector están haciendo un esfuerzo para reenfocar su propósito y poner al consumidor de nuevo en el centro de su toma de decisiones con el fin de mantener un crecimiento sostenible.
  3. Desinvertir para crecer: el sector ha acometido fusiones, adquisiciones y desinversiones para conseguir elevar capital e invertir en innovación digital. Las nuevas herramientas de análisis permiten tomar mejores decisiones en cada etapa del ciclo de vida de la desinversión, utilizando datos en tiempo real, desde el suministro de revisiones de cartera más disciplinadas hasta la creación de una propuesta de valor para los compradores y la ejecución de la transacción.
  4. Reducción de costes que alimenta el crecimiento: las empresas líderes están buscando el equilibrio en el crecimiento y la reducción de costes, la innovación y la eficiencia, las contrataciones externas y los profesionales de la empresa, la centralización y la descentralización. Las empresas necesitan fomentar una mentalidad en la que la reducción de costes sea el “combustible para el crecimiento”.
¿Es procedente el despido disciplinario de un trabajador por una conducta y actividad en redes sociales que daña la imagen de la empresa?2018-08-29
  • Incluye la sentencia

El Juzgado de lo Social de Palma de Mallorca, considera procedente el despido disciplinario de un trabajador de una cadena de ropa, por una conducta y actividad en redes sociales que dañaba la imagen de la empresa.

Blog LEXA: Jurisprudencia Laboral Novedosa

Supuesto de hecho:

  • El trabajador venía prestando sus servicios a la empresa, con categoría de dependiente, desde enero de 2017.
  • El trabajador publicó en Facebook unos comentarios e imágenes que la propia entidad Facebook eliminó por considerarlos inapropiado.
  • En fecha 28/04/2017, la empresa comunica al trabajador su despido disciplinario con efectos del mismo día, tras descubrir cómo en un foro se hacía referencia a la conducta mantenida por este trabajador en sus redes sociales, y fue identificado como tal porque en su perfil de Facebook consta además de su nombre y apellidos, y también su condición de empleado de la empresa.
  • En fecha 15/06/17 el trabajador interpone demanda por despido frente a la empresa ante el Juzgado de lo Social de Palma de Mallorca.

Consideraciones Jurídicas:

  • La cuestión litigiosa consiste en determinar si los hechos acreditados alcanzan gravedad suficiente para justificar una sanción tan grave como la del despido disciplinario.
  • El Juzgado considera significativo el hecho de que fuese la propia entidad Facebook quien eliminara el contenido al considerarlo inapropiado. Por ello, entiende que tales imágenes puedan resultar ofensivas o afectar la dignidad de las personas, y ello al margen de que, como manifestó el actor en el juicio, no comparta dichas ideas y se trate de "humor negro", como define el propio trabajador.
  • Por otro lado, el Juzgado entiende que la carta de despido tipifica con exactitud los hechos, y lo hace de conformidad con el contenido del convenio colectivo de aplicación, aludiendo además la empresa a su normativa interna (conocida y firmada por el trabajador) en el que la empresa comunica al mismo la necesidad de actuar sin ofensas ni atentados contra la dignidad de las personas cuando él mismo se identifica como empleado de la entidad.
  • Por tanto, resulta intrascendente que se acredite, o no, la existencia de un lucro personal del trabajador, o el haber causado daños a la empresa, pues basta que se produzca el quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral.
  • Además, el Juez alude a una sentencia del TS donde, en supuestos como este, se reconoce la posibilidad de que una empresa puede adoptar medidas disciplinarias respecto a hechos cometidos por un trabajador. aunque no se encuentre ni en tiempo ni en lugar de trabajo. porque en este tiempo ajeno a la jornada laboral, tampoco puede realizar actuaciones que redunden, directa o indirectamente, en perjuicio para la empresa.
  • Por todo ello, el Juzgado declara la procedencia del despido disciplinario.

Conclusión Lex@:

El Juzgado determina que, en el presente caso, existió un incumplimiento contractual consistente en desobediencia, con un evidente y notorio perjuicio para la empresa, así como la pérdida de confianza en la persona del trabajador, por lo que debe considerase que la calificación del despido ha de ser la de procedente, por cuanto la medida adoptada por el empresario es proporcionada en atención a las condiciones concurrentes y a las expresiones y contenidos proferidos por el trabajador en su cuenta de Facebook.

¿Quiere ver la sentencia núm. 74 JUR 2018 121686?

¿Cómo debe ir etiquetado un producto ecológico o BIO?2018-08-29
  • El Reglamento de la UE del pasado mes de julio especifica los términos referidos a la producción ecológica y a su correcto etiquetado, entre otros
  • El producto, los ingredientes o las materias primas para piensos deben haber sido producidos conforme a los requisitos del reglamento europeo para obtener tal consideración
  • En los alimentos transformados el 95% de los ingredientes agrícolas del producto tienen que tener consideración de ecológicos

Eupharlaw

La producción ecológica es un sistema de gestión agrícola y producción de alimentos que combina las mejores prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad, la preservación de recursos naturales, la aplicación de normas exigentes sobre bienestar animal y una producción conforme a las preferencias de un número creciente de consumidores.

Así comienza el nuevo Reglamento de la UE 2018/848 sobre la producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y que sustituye al de 2007, en el que define qué es la producción ecológica y establece una serie de normas para la certificación y el correcto etiquetado de dichos productos.

¿Cuáles son las principales novedades? Eupharlaw-Derecho de la Salud, especialistas en el sector, trata de resumir las más importantes para comprender cómo debe ir etiquetado un producto considerado como ecológico o BIO.

En este nuevo Reglamento se recogen las normas relacionadas con la producción, recogida, envasado y almacenamiento de los productos ecológicos.

En lo que respecta al etiquetado el artículo 30, en su primer apartado, afirma que se considerará que un producto incluye términos referidos a la producción ecológica cuando en dicho etiquetado o publicidad se describan términos que sugieran al comprador que el producto, los ingredientes o las materias primas para piensos han sido producidos bajo la categoría de ecológicos en las condiciones que el Reglamento exige.

No se utilizarán en el etiquetado o la publicidad términos, incluidos los utilizados en marcas registradas o nombres de empresa, que puedan inducir al error al consumidor o usuario sugiriendo que sus ingredientes cumplen con las condiciones de producción ecológica dispuestas en este Reglamento.

Existe el matiz de emplear el concepto ecológico, “eco” o “bio” en el etiquetado de productos transformados bien en la denominación de venta o bien en la lista de ingredientes, o en ambos. Para ello, el nuevo Reglamento determina que:

  • En el caso de la denominación de venta y en la lista de ingredientes, cuando ésta sea obligatoria en virtud de la legislación de la UE, se podrá utilizar el etiquetado ecológico o BIO siempre que los alimentos transformados cumplan con las normas de producción establecidas, que al menos el 95% de los ingredientes agrícolas del producto en peso sean ecológicos y que los aromas o aromatizantes lo sean también.
  • La etiqueta de producto ecológico o BIO solo se podrá emplear únicamente en la lista de ingredientes cuando menos del 95% de los ingredientes agrarios del producto en peso sean ecológicos, siempre que cumplan con las normas de producción establecidas en el Reglamento. Mismo caso cuando los alimentos transformados cumplan con dichas normas
  • Por último, la etiqueta de producto ecológico o BIO se puede utilizar tanto en la denominación de venta como en la lista de ingredientes siempre que el ingrediente principal sea un producto de cazao de pesca, que el término al que se refiere esté claramente relacionado en la denominación de venta con otro ingrediente que es ecológico y diferente del ingrediente principal, que todos los demás ingredientes agrarios sean ecológicos y que los alimentos cumplan con las disposiciones establecidas en el Reglamento.

Finalmente, Eupharlaw-Derecho de la Salud destaca el hecho de que la lista de ingredientes indicará cuáles son los ingredientes ecológicos y la referencia a la producción ecológica sólo podrá aparecer en relación con los ingredientes ecológicos. Por otro lado, sólo se podrá incluir el logotipo de producción ecológica de la Unión Europea si el alimento cumple los requisitos del artículo 33.

La ministra de Justicia y el secretario de Estado de Justicia se reúnen con el colectivo de ciclistas y se comprometen a estudiar sus reivindicaciones2018-08-29

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, se han reunido con Anna González López, impulsora de la iniciativa #PorUnaLeyJusta, que reclama el endurecimiento de las penas previstas en el Código Penal para los causantes de atropellos a ciclistas y que ha acudido acompañada, entre otros representantes del colectivo, por Alberto Contador.

​A todos ellos les han transmitido su disposición a estudiar su propuesta y a trabajar para mejorar la respuesta penal ante este tipo de conductas delictivas. Tanto la ministra como el secretario de Estado de Justicia han querido conocer con detalle y de forma directa las reivindicaciones de los ciclistas, uno de los colectivos más afectados por los atropellos, y han expresado también su pleno apoyo a las víctimas.

Asistentes al encuentro

Junto a Anna González y Alberto Contador, han asistido al encuentro José Luis López Cerrón, presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, y Amancio del Castillo, presidente de la Federación Española de Triatlón. En representación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, han estado la secretaria de Estado y presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda; Conchi Bellorín Naranjo, directora del Gabinete de la Presidenta del Consejo Superior de Deportes; y Carlos Gascón Moreno, subdirector general de Alta Competición del Consejo Superior de Deportes.

Entre otros asistentes al encuentro, Francisco Jordán de Urríes Senante, ciclista y ex-delegado de Gobierno en Guipúzcoa; Pablo Bellido, diputado del PSOE; los abogados Alfonso José Triviño Fernández y Francisco Parres Rodríguez; y Michel Madoz, asesor de redes sociales.

Desciende un 45% la solicitud de patentes nacionales el primer semestre respecto el mismo período de 2017, y ya son nueve años de caída2018-08-28

Según los datos de la OEPM del primer semestre del año

En el período 2009-2017, el total de solicitudes de patentes anuales en España ha pasado de 3.712 a 2.286, lo que supone un descenso del 38%.

Según los datos de la OEPM relativos al primer semestre del año, descienden las solicitudes de patentes nacionales un 45% respecto el mismo período del año pasado, siguiendo la tendencia descendente iniciada hace 9 años.

En ninguna Comunidad Autónoma se han superado los datos del mismo periodo (enero-junio) del año pasado. 

Las patentes solicitadas en España durante el primer semestre de 2018 han sido 805, un 45% menos que durante los mismos meses de 2017, tras un decrecimiento que se arrastra desde los inicios de la crisis, en 2008. Estas cifras se desprenden del análisis de los datos publicados por la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, hasta el mes de junio de 2018. 

Esta caída el primer semestre del año es mayor que en años anteriores 

Estos datos reflejan claramente el efecto de la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes el año pasado, que ha provocado que muchas empresas acelerasen sus proyectos el año pasado, año en el que se notó un repunte durante el mes de marzo, para obtener las patentes temiendo que fueran denegadas un el marco de la nueva Ley.

La Nueva Ley de Patentes, que ha entrado en vigor tras más de 30 años de vigencia de la anterior, armoniza los requisitos y los procedimientos de concesión con la mayoría de países industrializados y se adecua a las necesidades actuales, ofrece más seguridad y más fuerza legal. 

Según Jorge Isern, socio de Isern Patentes y Marcas "No obstante, esta caída queda en entredicho con los datos que demuestran que desde España en los últimos años ha aumentado el número de Patentes que se solicitan vía Convenio de la Oficina Europea de Patentes y que superan el número de solicitudes de Patentes españolas ante la Oficina Española de Patentes y Marcas". 

Isern concluye que "a pesar de los datos, podemos confirmar que las empresas ya están inmersas en la recuperación, en Isern Patentes y Marcas percibimos un aumento del interés por patentar las innovaciones surgidas de estas empresas españolas, pero también crece el interés por tener a su alcance información tecnológica de su sector de manera constante a la hora de evaluar e iniciar nuevos proyectos, sobre todo desde la entrada en vigor de la Nueva Ley de Patentes". 

En este sentido Segio Larreina, Director de  Consultoría Estratégica, Innovación y Competitividad de Isern indica que el escenario económico, legal y tecnológico en que actualmente se mueven las empresas ha hecho aumentar los informes especializados a empresas que elabora su departamento a fin de ayudar a las empresas en su toma de decisiones estratégicas, minimizando la incertidumbre mediante la cuantificación de las posibilidades comerciales de un producto en un mercado, el impacto de una tecnología frente a lo existente y la posición frente a la competencia dibujando escenarios económicos para la explotación comercial de una invención o el desarrollo de nuevas líneas de investigación. 

Cuadro del número de patentes solicitadas por mes. Primer semestre 2012 a 2018

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

enero

214

214

196

191

179

175

111

febrero

290

271

230

215

205

240

130

marzo

325

263

297

255

244

688

159

abril

262

287

258

242

272

80

135

mayo

319

281

274

245

248

155

116

junio

276

267

216

261

272

151

154

TOTAL

1686

1583

1471

1409

1420

1489

805

Cuadro del número de patentes solicitadas por CCAA, de enero a junio 2013 a 2017

 

1r Sem. 2013

1r Sem. 2014

1r Sem. 2015

1r Sem. 2016

1r Sem. 2017

1r Sem. 2018

CCAA

         

 

Andalucía

222

247

202

243

244

108

Aragón

76

77

85

60

81

70

Asturias

23

18

12

25

15

13

Canarias

21

20

22

34

37

10

Cantabria

13

14

12

13

21

7

Castilla-La Mancha

35

30

41

31

37

21

Castilla-León

61

41

48

43

52

24

Catalunya

292

266

236

241

178

122

Com. Valenciana

186

148

155

197

166

94

Extremadura

14

12

30

19

12

5

Galicia

85

67

92

83

76

47

Illes Baleares

9

17

9

6

16

7

La Rioja

22

13

18

8

20

8

Madrid

279

287

240

242

217

138

Murcia

41

36

42

38

32

26

Navarra

47

39

28

22

32

20

País Vasco

88

83

77

60

45

44

Ceuta y Melilla

0

0

0

1

2

0

No residentes

69

56

60

54

206

41

TOTAL

1583

1471

1409

1420

1489

805

Isern concluye que "las empresas ya están inmersas en la recuperación, en el despacho hemos notado un aumento del interés por patentar las innovaciones surgidas de estas empresas españolas, pero también crece el interés por tener a su alcance información tecnológica de su sector de manera constante a la hora de evaluar e iniciar nuevos proyectos, y más ahora con la Nueva Ley de Patentes, que unifica el sistema de concesión de patentes con examen previo de novedad y actividad inventiva. Este aumento también se ha notado de manera paralela en el número de conflictos judiciales por infracción de patentes."

Contrato de seguro de asistencia sanitaria: aplicación del régimen de mora del artículo 20 LCS2018-08-28
  • STS 64/2018, de 6 febrero (RJ 2018, 219)
  • Contrato de seguro; seguro de salud; responsabilidad civil; recargo por demora
     

Ana Barbería Legarra
Área de Derecho Privado. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A

El Tribunal Supremo en Pleno ha declarado que, si el objeto del seguro de salud es la asistencia sanitaria y no el reintegro de los gastos médicos-quirúrgicos, se aplica el régimen de intereses moratorios del artículo 20 LCS.

Supuesto de hecho

Se plantea la cuestión de si a una compañía de seguros de salud declarada civilmente responsable por una mala praxis médica, le es de aplicación el régimen de mora establecido en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro.

Criterio o «ratio decidendi»

Comienza la Sala declarando que la  aplicación del régimen de mora del art. 20 de la LCS a las aseguradoras sanitarias ofrece numerosas variantes, según  el tipo de seguro contratado, las estipulaciones contenidas en la póliza y el contenido y alcance de la obligación que dicha ley impone a las aseguradoras cuando el objeto del seguro no es el reintegro de los gastos médico-quirúrgicos, sino la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos.

Es un hecho controvertido en la doctrina y con soluciones diversas en las Audiencias Provinciales si el objeto del seguro de asistencia sanitaria se extendería o no a asegurar el daño cuya causa es la mala práctica profesional médica, es decir, al acto médico.

En el presente supuesto, la Sala tiene en cuenta a la hora de decidir dos datos fundamentales. Por un lado, las características del seguro, ya que se trata de un "Seguro de enfermedad. Póliza de asistencia sanitaria" con la posibilidad de elegir médico dentro del cuadro ofertado de profesionales, y por otro, la condena firme de la aseguradora al pago de la indemnización que es claramente indicativa de que había asumido no solo la obligación de prestar los servicios médicos a sus afiliados, sino también la de garantizarles una correcta atención.

Por todo ello, la sala estima el recurso considerando que el régimen de intereses moratorios de artículo 20 LCS alcanza a todas las prestaciones convenidas vinculadas al contrato de seguro de asistencia sanitaria y condena a la aseguradora al pago de dichos intereses desde la fecha en que tuvo conocimiento de los hechos.

 Hay un voto particular que considera que la norma sanciona exclusivamente la mora por parte de la aseguradora en el cumplimiento de las obligaciones que constituyen directamente el objeto del contrato (asistencia médica) y no la que puede derivar de la aplicación de una norma ajena al contrato de seguro, como es la del artículo 1903 CC, según el resultado de la asistencia prestada.

Documentos relacionados

Normativa considerada:

  • Ley núm. 50/1980 de 8 de octubre. Ley del Contrato de Seguro. (RCL 1980, 2295): art. 20: aplica norma
  • Código Civil (LEG 1889,27): art. 1903

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Anulada una multidivisa de Caixabank por “oscura”2018-08-28

La sentencia concluye que la cláusula está redactada con términos complejos, afea la inexistencia de simulaciones ni de oferta vinculante ni de folleto informativo previo. Concluye que no existe prueba de que la información fuera real y completa

LegalToday

Una reciente sentencia del juzgado nº 8 de Madrid declara la nulidad de una cláusula multidivisa del Banco de Valencia (actualmente Caixabank) por falta de transparencia. Considera que la información facilitada fue "incompleta, sesgada y oscura". Y es que el fallo concluye que la cláusula adolece de transparencia "al emplear términos técnicos de difícil comprensión para los demandantes".

Para Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa, "se trata de una sentencia muy contundente y concluyente porque rechaza de plano la existencia de la más mínima transparencia en la colocación; una mala práctica de libro". La sentencia afea que la escritura no fue entregada con tiempo suficiente para que los clientes la pudieran estudiar y que el banco nunca ofreció una oferta vinculante o un folleto informativo antes de la oferta formal. Tampoco se les practicaron test de idoneidad o de conveniencia. "Se incumple la legislación bancaria y las buenas prácticas", señala Navas.

Pero es que la sentencia tampoco cree al empleado del banco que declara que se realizaron simulaciones de diferentes escenarios. No le otorga credibilidad, explica Navas, "porque la jurisprudencia es muy abundante en este sentido: el empleado tiene claro interés en salvar al banco que es quien le sigue pagando su nómina".

La sentencia concluye que no existe ninguna prueba de información real y completa. Al contrario, considera que la información facilitada fue "incompleta, sesgada y oscura". Y es precisamente por esta falta de transparencia por la que anula la cláusula multidivisa. Para ello se basa en la sentencia de Luxemburgo del pasado 20 de septiembre de 2017 en la que señala que la redacción de las cláusulas no negociadas debe ser "clara y comprensible" de manera que el cliente pueda conocer las consecuencias económicas y tomar decisiones "fundadas y prudentes".

Además -señala la sentencia- el art. 80 de la Ley de General de Defensa de Consumidores y Usuarios señala que las cláusulas no negociadas deben de ser redactadas de manera "concreta, clara y sencilla, con posibilidad de comprensión directa, sin remisiones a textos externos". Todo esto es lo que define la transparencia no sólo gramatical sino también real. Y es lo que la juez considera que se ha vulnerado en este caso, produciendo un grave daño sobre los clientes.

"No se les informó que una devaluación del euro respecto a la moneda de referencia de su hipoteca podía suponer un incremento de las cuotas que podía afectar gravemente a su capacidad de pago. Pero todavía peor: no se les informó que dicha devaluación podía suponer -como desgraciadamente ocurrió- un incremento sustancial del capital pendiente de amortizar de manera que pasados los años de pagar puntualmente su hipoteca termine debiendo más de lo inicialmente prestado; obviamente de haberlo sabido jamás habrían contratado", señala el socio-director de navascusi.com.

Los clientes explicaron en el juicio que les ofrecieron la multidivisa como la mejor opción para ellos porque pagarían cuotas más bajas. "Es decir, exactamente lo inverso de lo que señala la legislación bancaria, que les obliga a hacer hincapié en las advertencias de riesgos", lamenta Navas.

Así que el juzgado resuelve la nulidad parcial de la hipoteca multidivisa, obliga al banco a recalcular la hipoteca como si siempre hubiera estado nominada en euros, amortizando el capital que corresponda a los pagos realizados y condena a la entidad al pago de las costas. "Una sentencia muy firme que pone en valor la importancia de la transparencia en el negocio bancario", concluye el socio-director de navascusi.com

Aprobado un Real Decreto-ley que modifica la Ley de Memoria Histórica para la exhumación de Franco del Valle de Los Caídos2018-08-27

El Gobierno español aprobó el viernes la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del mausoleo monumental del Valle de los Caídos, ubicado a las afueras de Madrid, donde fue enterrado tras su muerte en 1975.

El trámite legal se realizará mediante la fórmula del real decreto, una medida extraordinaria destinada a situaciones de urgencia que tendrá que ser refrendada por mayoría simple en una votación parlamentaria para la que el Ejecutivo cuenta ya con los apoyos necesarios.

“El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley (...) para proceder a uno de los contenidos principales y preferentes de la Ley de Memoria Histórica, que es exhumar los restos del dictador Francisco Franco del lugar donde están las víctimas de la contienda”, dijo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El Real Decreto-ley introduce un apartado 3º al artículo 16 de la Ley de 2007 que lo consagra como un lugar destinado a la conmemoración, recuerdo y homenaje de los fallecidos en la guerra civil, disponiendo que solo los restos mortales de éstos podrán yacer en su recinto:

"En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la guerra civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda".

Para dar cumplimiento a este nuevo apartado del artículo 16, se incorpora la Disposición Adicional 6ª bis, que articula un procedimiento de exhumación y traslado legitimando al Consejo de Ministros para su incoación y resolución.

La vicepresidenta estableció un plazo máximo de 12 meses para la exhumación, aunque calculó que “contando con todos los plazos, iremos a final de año”.

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, declaró el jueves que se hará “sin informar del día en concreto” en una entrevista para la cadena de televisión Telecinco.

Apoyo garantizado en el congreso

El futuro del Valle de los Caídos -un monumento franquista en homenaje a los caídos durante la Guerra Civil- ha sido un tema recurrente en el debate político español en los últimos años.

El Gobierno socialista de Pedro Sánchez planea ahora convertirlo en un “espacio para la cultura de la reconciliación, de la memoria colectiva democrática y de dignificación y reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”.

El anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica que protege y da cobertura a las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior dictadura militar de cuatro décadas.

El Congreso votó en 2017 a favor de exhumar los restos del dictador del mausoleo del Valle de los Caídos, aunque el Gobierno del entonces presidente conservador Mariano Rajoy no llevó a cabo ninguna medida al respecto.

La exhumación de los restos de Franco fue una de las principales propuestas de Sánchez, que llegó al poder tras una moción de censura en junio y cuenta con una exigua mayoría en el Congreso de los Diputados.

Los partidos que apoyaron a Sánchez en la moción de censura han anunciado su apoyo a la exhumación, con lo que la aprobación -que tendrá lugar en un plazo de 30 días- estaría garantizada, mientras que los dos partidos que se disputan los votos del electorado de derechas, Ciudadanos y el Partido Popular (PP), no han dejado claro su voto.

El PP ha anunciado que recurrirá el real decreto al Tribunal Constitucional por considerar que no se trata de una situación de urgencia.

“No vamos a votar a favor, vamos a recurrir el decreto y, cuando esté cerca el debate, decidiremos”, declaró el secretario general del PP, Pablo Casado, en una entrevista en la emisora de radio Onda Cero el viernes.

Los siete nietos del dictador, con los que el Gobierno ha intentado negociar el traslado de los restos de Franco, firmaron una carta conjunta en junio oponiéndose a la exhumación de los restos de su abuelo.

Sin embargo, la vía administrativa elegida por el Gobierno, el real decreto, impide que la familia pueda recurrir a la vía legal.

“La familia será oída y podrá disponer en un plazo de 15 días para poder hacerse cargo de los restos de su familiar”, declaró Calvo. “Si la familia no plantea ningún lugar, será el Gobierno quien decida a qué lugar digno y respetuoso se trasladarán los restos de Franco”.

Reuters contactó con Carmen Martínez Bordiú, la actual duquesa de Franco y la mayor de los siete nietos, pero rechazó realizar ningún comentario.

Acceda al Real Decreto-ley

Información adicional de Belén Carreño, editado por Rodrigo de Miguel y Tomás Cobos.

España defenderá ante la Justicia belga la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles 2018-08-27

El Estado español se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el ex presidente y cuatro ex consellers de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos.

El proceso penal conocido como 'el procès', instruido por el magistrado demandado, está sometido de manera exclusiva y excluyente a la jurisdicción española. Por ese motivo, si se ve cuestionada por la actuación del tribunal de instancia de Bruselas que tramita dicha demanda, el Gobierno actuará en la medida proporcional y adecuada para proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España y su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción.

La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función.

Pero en lo que se refiere a la función jurisdiccional del magistrado, cualquier mención a la misma por parte de la autoridad judicial belga supondría una vulneración del principio acta iure imperii, en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país.

Bufete privado

La Ley 52/97 de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, y el Reglamento que la desarrolla, no prevé la intervención del Servicio Jurídico del Estado ante juzgados o tribunales ordinarios de países extranjeros. Por ello, si la evolución de la causa belga recomienda la personación del Estado español, el Ministerio de Justicia contratará un bufete privado que defienda su soberanía e inmunidad jurisdiccional.

Esa personación es necesaria al ser el paso previo imprescindible para poder ejercer las acciones pertinentes, si fuese preciso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

La Convención de Naciones Unidas de 2004 sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, en su artículo 5, establece que "todo Estado goza, para sí y sus bienes, de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado, según lo dispuesto en la presente Convención".

¿Dónde puedes demandar con el RGPD?2018-08-27

En la protección de datos, puede darse cualquier tipo de ilícito que nos afecte personalmente, como comunicaciones de datos personales a terceros, vulneración de derechos, tratamientos ilícitos por fines incompatibles…

En Áudea Seguridad de la Información somos conscientes de estas situaciones y de los problemas que genera.

En estos casos, la solución que se adopta es acudir a la AEPD para que esta institución sancione a la entidad que ha tratado de forma ilícita nuestros datos personales. Cabe destacar que en ningún caso una denuncia ante la AEPD nos va a proporcionar la posibilidad de obtener una indemnización puesto que, en casos donde se pueda acreditar un daño a la propia persona, se puede acudir a los tribunales para obtener una indemnización.

El supuesto típico puede ser la difusión de nuestra imagen sin consentimiento, y que dicha difusión sea de tal magnitud que pueda afectarnos personalmente y generarnos un daño, por ejemplo, si somos modelos de moda y alguna revista online con tirón en varios países difunde una foto nuestra "comprometida" que nos haga perder patrocinadores y contratos, ahí podríamos acreditar un daño y demandar a dicha revista.

Debido a este tipo se supuestos, el RGPD prevé varias posibilidades para demandar:

  • En cualquier establecimiento del responsable: si dicha editora tiene establecimientos en España, Alemania, Italia y Reino Unido, el afectado podría demandar en cualquiera de esos países.
  • En el propio país de residencia del afectado: si el afectado no quisiera demandar en los países donde exista un establecimiento, podría demandar en el país donde viva el propio afectado.

Posteriormente, queda resolver la ley que se aplica a la demanda, que, al no existir ninguna disposición en este sentido en el RGPD, debemos estar a las propias leyes del país donde demandemos, las cuales suelen estipular que se aplicarán las leyes de los Estados donde se haya materializado el daño, criterio difuso tratándose de ilícitos cometidos en internet.

Como observamos, el RGPD es una norma muy garantista para los afectados. Conscientes de la sociedad global e interconectada en la que vivimos, y los graves riesgos que supone la internacionalización de los datos, no hay más que aplaudir la llegada del RGPD en cuanto a la posibilidad de que cualquier afectado pueda ejercer sus derechos, aunque la empresa infractora se en encuentre en cualquier país del mundo.

Verano en el TJUE: una de cal (contra España) y otra de...arena2018-08-24

El órgano jurisdiccional de la Unión Europea -otrora llamado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas- nos ha ido deleitando a lo largo de este periodo estival con distintas resoluciones de marcado carácter tributario que merece la pena analizar, sobre todo porque una de ellas supone una reprimenda para nuestro país.

Será que el calor me trae recuerdos de westerns  como "Le llamaban Trinidad" o que se me ha reblandecido el cerebro, lo cierto es que ahora veo en los togados europeos el rostro del inolvidable Bud Spencer, afable con los inocentes pero dispuesto a liarse a mandobles si alguien se pasaba de la raya. La tentación de poder resolver cualquier disputa en el ámbito teórico de una forma tan clara e inmediata como en las películas de acción es grande, sin embargo el debate dialéctico no deja de ser fascinante, como veremos, pues el propio Tribunal de Justicia anula ahora la sentencia dictada el 17 de septiembre de 2015 por el Tribunal General de la Unión Europea.

  • Asunto n.º C-128/16 P, sobre el Sistema Español de Arrendamiento Fiscal (SEAF):

Sin ánimo de extenderme demasiado merece la pena conocer los antecedentes de este tema para entender mejor la auténtica batalla campal que, involucrando a múltiples bandos, se ha extendido durante al menos ocho años. El problema toma forma ya en el año 2010 cuando varias asociaciones del sector naval de diversos países europeos firman una petición en contra del mal llamado SEAF, pues nunca fue concebido por el Estado español ni por ningún operador como un sistema, -que acaba materializándose en una denuncia-, dando lugar a una investigación y finalmente a la decisión de fecha 29 de junio del 2011, por la cual la Comisión dictaminó que "las medidas fiscales controvertidas eran incompatibles con el mercado interior", por considerarlas, en definitiva, una ayuda de Estado, exigiendo que el Reino de España debía "poner fin a este régimen [...] y recuperar las ayudas incompatibles de los inversores de las AIE [Agrupaciones de Interés Económico] que se hubieran beneficiado de ellas".

Cierto es que el conjunto de normas preexistentes al régimen actual -modificado en el año 2013 para adecuarlo justamente a las directrices marcadas desde Europa-,  permitía a las empresas que se acogían al mismo una ventaja fiscal por medio de las AIE (aprovechando el principio de transparencia fiscal de las mismas respecto de sus socios o partícipes y la transferencia de las pérdidas iniciales, acogiéndose además la entidad, en un segundo momento, al régimen de tributación por tonelaje -v. gráfico ilustrativo-), lo que en la práctica daba lugar a un descuento sobre el precio final de los buques de hasta el treinta por ciento; sin embargo todo este entramado contractual y societario ideado por las navieras, astilleros y los bancos no dejaba de ser una forma de ingeniería fiscal aprovechando el conjunto de normas vigentes en ese momento, sin que hubiesen sido dictadas por el legislador con tal fin, ni tampoco existiese un proceso de autorización discrecional por parte de las autoridades tributarias a la hora de permitir la amortización acelerada (parte importante de toda la estrategia de ahorro fiscal señalada) en favor de un sector industrial específico.

Así pues, la sentencia del 17 de diciembre del 2015 el TGUE anula, en un primer momento, la decisión de la Comisión principalmente porque considera que el órgano europeo ha errado en sus conclusiones ya que:

a) la parte que obtiene el beneficio de la SEAF son los partícipes de la AIE y no la agrupación misma (por efecto del régimen de transparencia fiscal aplicable a las mismas); y

b) no se trata de un beneficio selectivo, por lo que no vulneraría el Art. 107 del TFUE.  "Cuando se otorga, en idénticas condiciones, una ventaja a cualquier empresa que efectúe un cierto tipo de inversión que puede ser realizado por cualquier operador, esa ventaja tiene carácter general con respecto a esos operadores y no constituye una ayuda estatal".

Y es ahora el TJUE (en su sentencia del 25 de julio del 2018) el que se enfrenta a tal argumentación, basculando su resolución en favor de la Comisión, al considerar que las AIE sí son beneficiarias de la ventaja fiscal ("eran las AIE quienes, por una parte, solicitaban de la administración fiscal, de conformidad con el artículo 115, apartado 11, de la Ley del Impuesto de Sociedades, el beneficio de la amortización anticipada de activos y, por otra parte, eran quienes renunciaban al régimen ordinario del impuesto sobre sociedades y optaban por el régimen de tributación por tonelaje") y"por lo tanto, el SEAF implicaba el uso de recursos estatales en forma de una pérdida de ingresos fiscales y de intereses no percibidos".

Sobre decir que este varapalo es una mala noticia para los intereses de España y, desde luego, una vez expuestas todas las posiciones, a un servidor le resulta difícil determinar cuál de todas ellas es la acertada, y si, en efecto, la Comisión debió actuar como hizo desde un inicio, pero lo que, en mi humilde opinión, chirría en este tema es el elemento discrecional (que no parece existir) y que nunca pretendió el Estado facilitar una estructura o estrategia fiscal similar al SEAF.

Para terminar me planteo, una vez más, una reflexión que es recurrente cuando escribo sobre cuestiones jurídicas. Es evidente que en todo ordenamiento jurídico (ya sea nacional o supranacional) se necesita un sistema de recursos para depurar eventuales errores que se hubieran podido cometer a la hora de aplicar el derecho, no obstante a uno siempre le queda la duda de cuántas instancias serían las deseables para considerar el sistema cuasiperfecto o qué debe primar más si la eficacia o la seguridad jurídica. Esa es la sempiterna pregunta que siempre me queda sin responder.

 

¿Es necesaria una reforma del delito de agresión sexual?2018-08-24

Todo lo acontecido en torno a un escandaloso hecho relativo a la libertad sexual en cuanto si debe ser calificado como agresión o abuso de prevalimiento, creando una situación de agitación y protesta social por su disconformidad con la calificación jurídica por la que se ha optado, merece que se haga una reflexión sobre la tipificación vigente de los delitos de agresión y abuso sexual que se contienen en nuestro principal texto punitivo.

La pregunta que debemos hacernos es triple. Por una parte, ¿convendría introducir en el propio CP una definición de lo que es violencia e intimidación, para de esa forma los tribunales, que deben juzgar lo que aparece como una agresión sexual, conociesen mediante una interpretación auténtica su alcance y así distinguirla del abuso sexual? La respuesta es negativa, creemos que es suficiente la interpretación que hace el TS en numerosas sentencias de lo que se entiende por violencia o intimidación, que además aparece en otros delitos y cuya exégesis es similar.

En este contexto se podría formular otra pregunta: ¿es necesario incluir en el delito de abuso sexual qué se entiende por consentimiento del sujeto pasivo, hombre o mujer, para así excluir su tipicidad precisamente por el asentimiento de la persona que puede legalmente hacerlo? Nuestra respuesta vuelve a ser negativa; el consentimiento, o mejor, la falta de consentimiento, es un hecho y por tanto una cuestión probatoria, que en caso de acusación debe acreditarse por los medios admitidos procesalmente, sin que en nada ayude a esa tipificación el describir en el tipo cómo ha de otorgarse o cuándo no se ha concedido.

Introducir otras conductas

La tercera pregunta sí nos parece mucho más relevante y merece una respuesta adecuada a los tiempos en que nos hallamos, sin que con ello estemos pensando que es necesaria una modificación del CP en caliente, lo que, como ha demostrado la experiencia, nunca ha sido positiva y ha dado lugar a una contra reforma. Nos referimos a si ¿es necesario dentro del delito de agresión sexual introducir otras conductas, siempre junto a la de violencia o intimidación, que puedan ensanchar el ámbito de aplicación de esa actividad delictiva?

No nos parece en absoluto desatinado incluir como una modalidad de agresión sexual los supuestos en que el autor busca de propósito la pérdida de voluntad o consciencia mediante el uso de drogas, fármacos o sustancias similares que hagan posible la conducta atentatoria a la libertad sexual en esta modalidad delictiva. La justificación de este supuesto es que produce los mismos efectos que los que se consiguen con la utilización de violencia o la intimidación, incluso superiores porque facilita absolutamente la perpetración de esos actos sexuales en la víctima por su falta de conciencia o voluntad.

La violencia o intimidación que motivan la agresión sexual haciendo que el sujeto pasivo ceda en su voluntad, siendo consciente de lo que acontece en su persona, pero no puede reaccionar, bien por no poder hacerlo materialmente, por estar impedida físicamente al estar sujeta por terceros o atada a elementos físicos, o en caso de intimidación el pavor que sufre o el miedo que le infunde el agresor le paralizan, sin poder reaccionar, o pudiendo hacerlo no actúa al preverse unas consecuencias físicas en su persona en ese momento que le pudieran acarrear males devastadores o incluso su muerte, optando por no resistirse, son los supuestos admitidos, sin duda alguna, en el ámbito punitivo de la  agresión sexual.

Si comparamos estas posibles situaciones hoy admitidas en el vigente CP con la acción que recae en el sujeto pasivo atentatoria a su libertad sexual o, más específicamente, consistiendo su acción en un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, para lo que se ha utilizado drogas, fármacos o sustancias similares que anulan la conciencia del sujeto o su voluntad, o ambas, podemos observar que la acción delictiva es tan peligrosa en sus consecuencias y como medio para asegurar la perpetración del ataque a la libertad sexual de mayor eficacia que la violencia o intimidación, por tanto estamos tratando supuestos análogos fundado ello en la peligrosidad del sujeto y en el aseguramiento del delito.

Esta reflexión, motivada por los hechos acontecidos de notoria repercusión social, nos llevan a la conclusión que las penas por el delito de agresión sexual deben ser impuestas a los que realizan la conducta descrita, no por la vía de aumentarlas en el delito de abuso sexual, sino trasladando esa forma de perpetrar el atentado a la libertad sexual del abuso a la agresión, lo que creemos justificado por las razones expuestas.

El Gobierno aprobará esta semana medidas para exhumar al dictador Franco2018-08-23
Visitas nocturnas de la Inspección de Trabajo2018-08-23

La Inspección de Trabajo, según una nota interna, tiene previsto realizar visitas nocturnas y aleatorias en las empresas en las próximas semanas/meses.

Los funcionarios de la Inspección de Trabajo se presentarán en las empresas de noche y en días festivos para controlar la proliferación del trabajo no declarado, sobre todo ahora, en verano. Así se recoge en el borrador del plan director de 2018-2020 de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fija, además, que los encargados de la inspección contarán con la colaboración de la policía. El plan también prevé revisar el cuadro de infracciones y sanciones para delimitar la contratación temporal abusiva.

Llegados a este punto es importante que se tengan en cuenta las particularidades que establece el artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores en su referencia al trabajo nocturno:

1. A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considera trabajo nocturno el realizado entre las diez la noche y las seis de la mañana. El empresario que recurra regularmente a la realización de trabajo nocturno deberá informar de ello a la autoridad laboral.

La jornada de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá exceder de 8 horas diarias de promedio, en un periodo de referencia de 15 días. Dichos trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias.

Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará trabajador nocturno a aquel que realice normalmente en periodo nocturno una parte no inferior a 3 horas de su jornada diaria de trabajo, así como a aquel que se prevea que puede realizar en tal periodo una parte no inferior a un tercio de su jornada de trabajo anual.

Resultará de aplicación a lo establecido en el párrafo segundo lo dispuesto en el art.

34.7. Igualmente, el Gobierno podrá establecer limitaciones y garantías adicionales a las previstas en el presente artículo para la realización de trabajo nocturno en ciertas actividades o por determinada categoría de trabajadores, en función de los riesgos que comporten para su salud y seguridad.

2. El trabajo nocturno tendrá una retribución específica que se determinará en la negociación colectiva, salvo que el salario se haya establecido atendiendo a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza o se haya acordado la compensación de este trabajo por descansos.

3. Se considera trabajo a turnos toda forma de organización del trabajo en equipo según la cual los trabajadores ocupan sucesivamente los mismos puestos de trabajo, según un cierto ritmo, continuo o discontinuo, implicando para el trabajador la necesidad de prestar sus servicios en horas diferentes en  un  periodo  determinado  de días o  de semanas.

En las empresas con procesos productivos continuos durante las 24 horas del día, en la organización del trabajo de los turnos se tendrá en cuenta la rotación de los mismos y que ningún trabajador esté en el de noche más de 2 semanas consecutivas, salvo adscripción voluntaria.

Las empresas que por la naturaleza de su actividad realicen el trabajo en régimen de turnos, incluidos los domingos y días festivos, podrán efectuarlo bien por equipos de trabajadores que desarrollen su actividad por semanas completas, o contratando personal para completar los equipos necesarios durante uno o más días a la semana.

4. Los trabajadores nocturnos y quienes trabajen a turnos deberán gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo, y equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa.

El empresario deberá garantizar que los trabajadores nocturnos que ocupe dispongan de una evaluación gratuita de su estado de salud, antes de su afectación a un trabajo nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares, en los términos establecidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en sus normas de desarrollo. Los trabajadores nocturnos a los que se reconozcan problemas de salud ligados al hecho de su trabajo nocturno tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno que exista en la empresa y para el que sean profesionalmente aptos. El cambio de puesto de trabajo se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en los arts. 39 y 41, en su caso, de la presente ley.

5. El empresario que organice el trabajo en la empresa según un cierto ritmo deberá tener en cuenta el principio general de adaptación del trabajo a la persona, especialmente de cara a atenuar el trabajo monótono y repetitivo en función del tipo de actividad y de las exigencias en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Dichas exigencias deberán ser tenidas particularmente en cuenta a la hora de determinar los periodos de descanso durante la jornada de trabajo.

Los derechos de los viajeros mejorarán con la transposición de la directiva (UE) 2015/23022018-08-23

Uno de los sectores que se ha visto afectado por el aumento de los concursos de acreedores durante la crisis ha sido el de usuarios de viajes. Esto ha sido resultado, en gran parte, por los concursos de las grandes mayoristas de viajes, como VIAJES MARSANS, S.A. o el grupo ORIZONIA

El marco legislativo de protección de los derechos de los usuarios, incluyendo los de viajes, se inició con la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, de 30 de noviembre de 2007. Pero la protección de los viajeros se intensificó en toda Europa con la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.

La mencionada Directiva, anuló la que era normativa comunitaria vigente desde los años 90, relativa a viajes, vacaciones y circuitos combinados, poniendo en marcha un sistema de garantías más proteccionista para los consumidores, en especial para solucionar los incidentes que sufran los viajeros, mejorando sus derechos y completando lagunas legislativas existentes hasta la fecha. Además, incluye nuevas formas de contratación, así como una mayor transparencia y nuevos conceptos relacionados con el sector.

En cuanto a la protección contra la insolvencia de los empresarios, organizadores o minoristas, la Directiva estableció dos obligaciones a los Estados: por un lado, que se legitimara que los empresarios constituyeran una garantía efectiva que permitiese reembolsar los pagos realizados por los viajeros y por otro, la cooperación ágil entre Estados en situaciones de conflicto en relación a los viajes combinados y vinculados y a los sujetos intervinientes.

La transposición en España de la nombrada Directiva se encuentra fuera de plazo (debía realizarse antes del 1 de enero de 2018). A pesar de esto, se encuentra desde el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados, en trámite parlamentario urgente, el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, con objeto de llevar a cabo la transposición de la Directiva (UE) 2015/2302.

El Proyecto de Ley modifica el libro cuarto de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, dividiéndolo en tres títulos. El primero, recoge el ámbito de aplicación y las definiciones armonizadas del texto; el segundo, hace referencia a los viajes combinados y el tercero a los servicios de viajes vinculados.

En relación a la garantía que establece obligatoriamente la Directiva (UE) 2015/2302, el proyecto de ley propone que tanto organizadores como minoristas tengan que constituir una garantía para responder con carácter general del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de sus servicios y, especialmente, esa garantía deberá responder del reembolso de pagos anticipados y repatriación de viajeros en caso de la insolvencia del organizador o minorista.

Esta obligación, se prevé tanto para los organizadores y minoristas establecidos en España, como los no establecidos en un Estado Miembro de la Unión Europea, siempre que ofrezcan sus servicios en territorio español.

Como característica principal de la mencionada garantía, se determina que ésta debe ser efectiva y cubrir los costes previsibles de manera razonable.  De esta manera estará disponible tan pronto como se produzca el perjuicio al viajero por la falta de liquidez del organizador o no se ejecuten los servicios contratados por el viajero.

El proyecto de Ley deja a las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas la concreción de la forma de dicha garantía, aunque el proyecto de Ley señala que podrá constituirse mediante la creación de un fondo de garantía, contratación de un seguro o aval u otra garantía financiera.

Cuando se dio a conocer el proyecto de Ley, algunos agentes del sector dieron su opinión sobre el mismo, como ha sido CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), que lo valoró positivamente por reforzar la protección a los consumidores, pero advertía que la exigencia de una garantía podría convertirse en una restricción a la competencia; por eso, apuntaba que dicha garantía debía ser modulada aplicando principios de regulación económica eficiente.

Tal y como se podía prever, el centro de las alegaciones al proyecto de Ley está siendo el establecimiento de la garantía. Las empresas del sector solicitan que se busque el equilibrio entre la protección al consumidor y la competencia de este mercado.

La disposición final tercera del proyecto de Ley señala que la entrada en vigor de esta modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios estaba prevista para el 1 de julio de 2018, pero no se han cumplido los plazos previstos y el proyecto de ley continua estando en el trámite de enmiendas en el Congreso de los Diputados.

Por el reconocimiento y la dignidad del Turno de Oficio2018-08-22

Incluso en un Estado del bienestar avanzado y en una sociedad desarrollada como la española, no siempre es posible encontrar servicios públicos que funcionan de forma excelente, sin apenas quejas y a un coste realmente bajo; y, lo más, relevante, sustentando decisivos derechos constitucionales. Es el caso del Turno de Oficio.

Como máximo representante de la Abogacía madrileña, y cuando hace apenas unos días se ha celebrado el Día de la Justicia Gratuita, no puedo sino trasladar un mensaje exigente a las administraciones competentes para que sean conscientes de la labor de los abogados del turno y para que, en consecuencia, doten al sistema de medios suficientes y adecuados. Eso significa una retribución digna y puntual. Y eso debe ser consecuencia de la mejor valoración por todas las instituciones de unos profesionales altamente cualificados, que no buscan medallas ni protagonismos, sino que ejercen por verdadera vocación para dar garantías a la salvaguarda del derecho de defensa por los más desfavorecidos.

Desde mi responsabilidad no puedo sino manifestar ante esos compañeros y compañeras, y ante la propia sociedad, que el Colegio de Abogados de Madrid, sin reservas y sin tregua, se vuelca cada día para promover y alcanzar las mejores condiciones laborales de quienes llevan a cabo una labor admirable y sin reloj, imprescindible: a veces en las cárceles o las comisarías, en otras en los juzgados o los centros de internamiento de extranjeros... y en sus propios despachos.

No podemos permitir que existan desde los poderes actitudes desafectas o insensibles con el Turno, porque eso deja a ras de suelo los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico recogidos en la Constitución.

Tutela judicial efectiva

Puede que haya una parte de la población que considere que el Turno es una carga para la Abogacía, pero, muy por el contrario, es un honor. Como letrados, no esperamos que se vea nuestro oficio en estos casos como una manifestación de solidaridad o caridad. Es mucho más que una cuestión de entrega y generosidad. Nos hallamos ante la ineludible obligación del Estado de hacer efectivo el derecho a la tutela judicial efectiva, especialmente de las personas que carecen de recursos. Nada más, pero nada menos.

Los derechos otorgados a los ciudadanos son en muchas circunstancias el corolario evidente de la concepción asistencial del modo en que se organiza nuestra democracia. Y aquí, de las políticas sociales protegidas y que tienen como destinatarios a quienes acreditan insuficiencia de recursos para litigar y de ninguna manera pueden ver obstaculizado o laminado el acceso a un derecho fundamental por razón de su situación económica.

Nuestra sociedad es consciente, quizá no en toda su dimensión o con el deseable detalle, de la existencia de un amplísimo grupo de profesionales que ha demostrado desde la Transición lo que es capaz de aportar de forma voluntaria y, por regla, desinteresada. De ahí la legitimidad de las reivindicaciones del turno, que emanan directamente de la prueba de confianza que los letrados superan en cumplimiento de su deber y aferrados, invariablemente, a una admirable vocación de servicio.

El futuro del Impuesto sobre Sociedades en la Unión Europea: a vueltas con la BICCIS2018-08-22

La tributación empresarial se erige como piedra angular de un sistema fiscal equitativo y eficaz, dada la importante fuente de ingresos que supone para los Estados miembros, pero también dado el rol que juega en las decisiones comerciales de las empresas.

El relanzamiento de la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades forma parte del Plan de la Comisión Europea para lograr un sistema de imposición justo y eficaz en la Unión Europea. Este plan tiene como objetivo el establecimiento de un sistema de tributación empresarial donde los beneficios empresariales tributen en aquella jurisdicción donde el valor es realmente creado.     

Se acordó, en julio de 2013, que el establecimiento de la base imponible común del impuesto sobre sociedades precediera a su consolidación. De modo que la Comisión Europea reelaboró la propuesta (de 2011) y la escindió en dos Directivas, siendo publicadas el 25 de octubre de 2016: una Directiva por la que se establece una base imponible común del impuesto sobre sociedades (BICIS) y una Directiva por la que se establece una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS). La primera se centra en la denominada "primera fase", limitándose a las reglas de cálculo de la base imponible del impuesto sobre sociedades. En comparación con la propuesta de 2011, se prevé que el nuevo sistema del impuesto sobre sociedades sea obligatorio para los grandes grupos multinacionales, aquellos con mayor capacidad para ejercer prácticas de planificación fiscal agresiva, garantizando de esta forma que las empresas con ingresos globales superiores a 750 millones de euros anuales sean objeto de gravamen donde realmente obtienen sus beneficios. 

El Parlamento holandés remitió, en diciembre de 2016, a la Comisión Europea su opinión respecto de la BICCIS, considerando que ambas propuestas de Directiva no cumplen con el principio de subsidiariedad. En base al art. 5 TUE, la UE intervendrá, en aquellos ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, solamente cuando los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros. En concreto, los argumentos del Parlamento holandés para considerar la no adecuación de las propuestas a este principio fueron: (i) los efectos negativos para la economía holandesa; (ii) la no evitación del llamado "race to the bottom"; (iii) la posibilidad de prevenir en poco o nada la elusión fiscal; y, (iv) el hecho de que diferentes sistemas fiscales seguirían existiendo.  

Ahora, el 19 de junio de 2018, Francia y Alemania han publicado su posición común respecto de la BICIS, señalando su apoyo a las dos propuestas y manifestando su compromiso a adoptar con rapidez la BICIS. A tales efectos, han realizado determinadas consideraciones dirigidas a completar o modificar ciertos aspectos de la propuesta de Directiva BICIS. En primer lugar, consideran que el ámbito de la BICIS debiera extenderse de modo que fuese obligatoria para todas las empresas sujetas al impuesto sobre sociedades, con independencia de su forma jurídica o tamaño. Asimismo, consideran que una base imponible armonizada no debe incluir ningún incentivo fiscal. Por tanto, no están de acuerdo con la superdeducción a la I+D (art. 9 de la Directiva BICIS) y con la bonificación en concepto de crecimiento e inversión (art. 11 de la Directiva BICIS). Estas cuestiones deben observarse fuera del ámbito de la BICIS. 

Por otra parte, no están de acuerdo con introducir disposiciones relativas a la compensación por pérdidas y recuperación (art. 42 de la Directiva BICIS), sino que estas cuestiones deberían discutirse en una segunda fase, esto es, como parte de la negociación de la Directiva BICCIS. Igualmente, en el caso de las normas sobre precios de transferencia (art. 56 de la Directiva BICIS), consideran que deben ser de competencia de los Estados miembros hasta la implementación de la Directiva BICCIS.

En lo que se refiere a los gastos e ingresos, Francia y Alemania proponen determinadas modificaciones como que ciertos gravámenes especiales no sean deducibles o, por ejemplo, están de acuerdo con la posibilidad de deducir las donaciones y liberalidades en favor de entidades benéficas (art. 9.4 de la Directiva BICIS), pero consideran que los Estados miembros deben ser libres de usar otras medidas de política fiscal para alcanzar ese mismo objetivo.    

En lo relativo a las medidas anti-BEPS, ambos países están de acuerdo en incluirlas en la Directiva BICIS pero han matizado determinados aspectos. Por un lado, en casos como la GAAR, las asimetrías híbridas o la imposición de salida, la Directiva BICIS debería ser más consistente con la Directiva antiabuso.  Por otro lado, son partidarios de la cláusula de inversión (art. 53 de la Directiva BICIS) siempre que el tipo de referencia sea único para todos los Estados miembros y su ámbito se refiera también a la renta de entidades situadas en la UE.

Por último, cabe señalar que dada la adaptación técnica que la Directiva BICIS requiere, Francia y Alemania entienden necesario un período de transición razonable de al menos cuatro años.

¿Existe diferencia entre permisos retribuidos largos y cortos a efectos del inicio del cómputo de su disfrute?2018-08-22

La Audiencia Nacional estima parcialmente la demanda interpuesta por un sindicato, al diferenciar entre permisos cortos y de larga duración. Así, a juicio de la AN, los permisos largos están referidos a días naturales, que incluyen días laborables y no laborables, mientras que los permisos de corta duración están referidos a días, que deben interpretarse como días laborables.

Supuesto de hecho:

  • Un sindicato interpone una demanda en procedimiento de conflicto colectivo en fecha 20/04/18 contra las dos organizaciones empresariales representativas de las empresas de trabajo temporal, habiéndose celebrado el acto del juicio el 12/06/18.
  • El sindicato demandante basó su pretensión en la doctrina sentada por la sentencia del TS de 13 de febrero, solicitando que la fecha de inicio de algunos permisos fuera la del primer día laborable del calendario del trabajador tras la producción del hecho causante.
  • La argumentación de la parte demanda versó sobre las diferencias existentes entre el convenio colectivo de la sentencia del TS y el de las ETTs, respecto a que el cómputo de los permisos hace referencia en este último a días naturales.
  • Los permisos en cuestión son los regulados por V Convenio Colectivo estatal de empresas de trabajo temporal.

Consideraciones jurídicas:

  • La cuestión que debe resolver la Sala consiste en determinar si los permisos retribuidos, regulados en el artículo 37 ET comienzan a computarse partir del primer día laborable, cuando sus hechos causantes se produzcan en día no laborable para el trabajador.
  • En primer lugar, la Sala analiza el art. 37.3 ET sobre los permisos retribuidos, determinando que se trata de permisos causales cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades de los trabajadores, como puede ser el matrimonio o, en su caso, nacimientos, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas, o fallecimientos de familiares hasta determinado grado de afinidad.
  • Además, la doctrina científica mantiene sin fisuras que el art. 37.3 ET tiene naturaleza de mínimo de derecho necesario, que puede mejorarse por la negociación colectiva en un doble sentido, ampliando, por una parte, los permisos reconocidos, o mejorando, por otra, las situaciones previstas o introduciendo otras nuevas.
  • En ese sentido, razona la Audiencia, que la simple lectura del precepto examinado permite distinguir entre permisos largos (como es el matrimonio, que da derecho a quince días naturales de permiso retribuido), de los permisos cortos (en concreto, por el nacimiento de hijo y por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, a los que se reconoce dos días de permiso, ampliables a cuatro días , cuando sea preciso el desplazamiento), donde ya no se utiliza el adjetivo naturales, que incluye necesariamente los días laborables y no laborables, al igual que sucede con las vacaciones anuales, reguladas en el art. 38.1 ET .
  • El art. 37.3 ET no precisa en qué momento se actualiza el disfrute de los permisos, ni determina tampoco en qué momento debe comenzar a disfrutarse el permiso, cuando el hecho causante se produzca en día no laborable para el trabajador, aunque es claro que debe anudarse con el hecho causante, puesto que esa es la finalidad perseguida por este tipo de permisos, cuyo disfrute, a diferencia de las vacaciones, no puede disfrutarse en otro momento posterior.
  • Por todo ello, la mención "días", prevista para los permisos de corta duración, debe interpretarse necesariamente como días laborables, ya que, si la intención de legislador o de los negociadores del convenio hubiera sido equiparar ambos permisos, habría utilizado también el adjetivo de días naturales.
  • Esta interpretación, razona la AN, cuadra con las finalidades perseguidas por unos y otros tipos de permiso. En efecto, es lógico que, en los permisos largos, al igual que en las vacaciones, se opte por días naturales, que incluirán lógicamente todos los días no laborables, que se produzcan en el período de permiso.
  • Además, la Sala determina que los días de permiso cortos, sean días laborables puesto que la finalidad del permiso es atender a las múltiples contingencias que puedan producir los supuestos previstos, que no podrán realizarse normalmente en días inhábiles, siendo razonable, por tanto, que se activen con carácter general en el primer día hábil desde que se produzca el hecho causante.

Conclusión Lex@:

La Sala de la Audiencia Nacional declara el derecho de los trabajadores afectados por el presente conflicto colectivo a que el "dies a quo" (o día inicial) del cómputo de los permisos retribuidos regulados en los apartados b), c), d) y e), del artículo 37 del V Convenio Colectivo estatal de empresas de trabajo temporal, en los casos en que el hecho causante del permiso suceda en día no laborable para el trabajador, tenga que iniciarse en el primer día laborable siguiente.

Acceda a la sentencia

¿Cuántos días de vacaciones pueden cogerse los españoles este agosto?2018-08-21

La duración mínima de las vacaciones es de 30 días naturales o de 22 días laborables, con independencia de si se trata de un contrato a tiempo parcial o completo

Los períodos vacacionales deben fijarse de común acuerdo entre la empresa y el trabajador y conocerse al menos con 2 meses de antelación.

Agosto de 2018 – Con la llegada del mes de agosto, muchos son los planes para disfrutar del buen tiempo y muchos los interrogantes que surgen a la hora de conocer al detalle cuáles son los derechos que cualquier trabajador tiene a la hora de poder disfrutar de sus vacaciones. En este sentido, el ordenamiento jurídico español vigente relativo a las vacaciones anuales queda reflejado en el Estatuto de los Trabajadores, que en su Artículo 38 señala que:

1. El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensación económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales.

2. El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones.

3. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador conocerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute.
 
“El período vacacional es fundamental tanto para el trabajador como para la empresa, pues el descanso es un elemento fundamental para el rendimiento de un empleado. Además, de estar bien organizados los periodos vacacionales de los trabajadores, la empresa podrá reducir al máximo el impacto de esa falta de personal en sus resultados, a la vez que evitará conflictos e insatisfacciones laborales”, afirma Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados.

Pese a la claridad del texto, existen ciertas dudas recurrentes que los trabajadores albergan en cuanto a la realización final de su período vacacional.


¿Cuántos días tengo si no he trabajado todo el año? ¿Y si estoy a media jornada?

Evidentemente, la duración de las vacaciones se fija legalmente con referencia al año completo, por lo que si el trabajador no ha desempeñado su actividad profesional durante todo el año, sólo tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente al periodo trabajado. Por otra parte, aunque un trabajador tenga un contrato a tiempo parcial o se le haya aplicado una reducción de jornada, la duración mínima de las vacaciones anuales es de 30 días naturales (incluyendo domingos y festivos) o de 22 días laborables (en la mayoría de convenios), por lo que los días de vacaciones seguirán siendo los mismos.

Eso sí, la retribución percibida por esos días sí que guardará proporción con las horas de trabajo diarias correspondientes. Es decir, que el trabajador a tiempo parcial recibirá durante las vacaciones el salario correspondiente a esta jornada parcial (inferior al salario del trabajador a tiempo completo) pero en ningún caso eso habrá de afectar al número de días de disfrute de las vacaciones.

¿Puedo elegir qué días me voy de vacaciones?

Los períodos de disfrute de las vacaciones deben fijarse de común acuerdo entre la empresa y el trabajador, y para ello se tendrá en cuenta lo establecido en los convenios colectivos sobre la planificación anual de las vacaciones.

Se recomienda llevar a cabo un calendario laboral anual de vacaciones, de modo que todos los trabajadores conozcan, al menos con 2 meses de antelación (salvo que el convenio colectivo por el que se rija su contrato establezca un plazo superior), en qué fechas disfrutarán sus vacaciones. Finalmente, y si a pesar de lo establecido en el Estatuto o en el convenio colectivo, no se pudiera llegar a un acuerdo entre la empresa y los trabajadores, éstos tendrían la posibilidad de remitirse al Juzgado de lo Social mediante un proceso especial y urgente específico para ello. La decisión del Juzgado en materia de vacaciones podrá recurrirse.
 
¿Qué pasa con bajas por maternidad o por enfermedad?

Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de suspensión del contrato de trabajo, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en un período distinto al de la incapacidad temporal o el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural al que correspondan.

La jueza ordena el precinto de todo el entarimado de la zona donde se produjo el accidente de O Marisquiño2018-08-21

El Juzgado de Instrucción nº3 de Vigo, en funciones de guardia cuando se produjo el accidente en la clausura del festival O Marisquiño, se ha hecho cargo de la investigación abierta para esclarecer los motivos del hundimiento del muelle y las eventuales responsabilidades que se puedan derivar de estos hechos.

Las diligencias previas incoadas tras recibir un oficio dando cuenta de lo sucedido y un informe fotográfico elaborado por la Policía Nacional, se siguen por un presunto delito de lesiones imprudentes, sin perjuicio de ulteriores calificaciones a lo largo de la instrucción. Para una mejor y más ágil tramitación de la causa, el juzgado ha decidido que se abra una pieza separada por cada uno de los perjudicados.

La comisión judicial, formada por la Magistrada titular del juzgado, la Letrada de la Administración de Justicia y un miembro del Ministerio Fiscal, se constituyó en la zona del suceso para realizar una inspección ocular. Tras la misma, la jueza ordenó no solo el precinto de la zona que se vino abajo, sino de todo el entarimado por motivos de seguridad. Tan solo permanece abierta al paso una pequeña zona que da acceso a los pantalanes y que no supone riesgo para el público.

La jueza ha acordado que tanto policía científica como judicial realicen las tareas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Entre estas diligencias se encuentra la realización de periciales y recabar diferente documentación de Concello y Puerto, así como del organizador del evento, en especial sobre el plan de seguridad.

¿Prescribe la responsabilidad civil ‘ex delicto’?2018-08-21

LA CARA

Paloma Ucelay
Jurista de II.PP.
autora del blog juristadeprisiones.com

La responsabilidad civil ex delicto posee la peculiaridad de tratarse de una deuda de naturaliza civil surgida en el marco de un procedimiento penal. Ello hace que se rija tanto por la LEC, como por las disposiciones del Código Penal, tal y como establecen el art. 984.3º de la LECrim y el art. 1.092 del Código Civil. También explica que se promueva de oficio por el juez sentenciador, salvo que exista reserva de acción por parte del perjudicado, que puede optar por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción civil.

El impulso de oficio origina dudas razonables acerca de si puede hablarse o no de prescripción de esta responsabilidad civil, ya que no existe un precepto específico que lo aborde. Sin embargo, el principio de seguridad jurídica hace necesario que el obligado al pago pueda atenerse a un plazo determinado desde que pudo exigírsele el cumplimiento de tal obligación. Así, el Código Civil establece que los derechos y acciones de cualquier clase se extinguen por la prescripción, en perjuicio de toda clase de personas, por el mero lapso del tiempo fijado por la ley (arts. 1.930, 1.932 y 1.961). Resulta, pues, aplicable el plazo establecido en el art. 1.964.2, que señala 5 años para las acciones personales que no tengan señalado un plazo especial (eran 15 años antes de la reforma operada por Ley 42/2015). Este plazo de prescripción empieza a contar "desde que pueda exigirse el cumplimiento de la obligación" (esto es, desde la firmeza de la sentencia, según el art. 1.971, o más concretamente, desde la notificación al perjudicado de la resolución, según doctrina consolidada del TC y el TS). Cualquier actuación en relación a la exigencia de responsabilidad civil (p.e., la declaración de insolvencia del penado) interrumpiría, por otro lado, del plazo de prescripción iniciado (art. 1.973 CC).         

En este punto es necesario destacar la falta de actuación de la mayoría de los juzgados durante el tiempo de ejecución de la pena (unida a la frecuente inactividad del propio perjudicado), generalmente tras un único requerimiento de pago frustrado. Y ello a pesar de las posibilidades que les brinda la LECrim, no sólo de modo genérico en el art. 984, sino de modo más concreto en el art. 989, permitiendo al secretario judicial encomendar a los organismos tributarios correspondientes la investigación patrimonial necesaria para conocer las rentas y patrimonio del condenado (actuales o que vaya adquiriendo) hasta la total satisfacción de la responsabilidad civil. Y, tratándose de delitos contra la Hacienda Pública, contrabando y contra la Seguridad Social, los órganos de recaudación correspondientes tienen competencia para investigar, bajo supervisión de la autoridad judicial, el patrimonio que pueda llegar a resultar afecto al pago de las responsabilidades civiles derivadas del delito (art. 989.3º).

Considero complicado defender la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil cuando la legislación prevé mecanismos para su exigencia dentro de un plazo razonable. Quizá la cuestión deba centrarse más bien en el hecho de que, mientras el legislador se empeña en reducir los plazos de prescripción, sigue sin ponerse medios para la investigación judicial de los bienes del penado que impidan el archivo automático de numerosas sentencias con responsabilidades civiles pendientes de ejecutar.

También convendría analizar si, a pesar de la distinta naturaleza de la pena y la responsabilidad civil, resulta razonable que esta pueda en muchos casos prescribir sin haberlo hecho aún el delito que originó tal obligación.

LA CRUZ

Puerto Solar Calvo
Jurista de Instituciones Penitenciarias

El ATSJ de Cataluña de 19 de marzo de 2018 plantea dudas sobre lo que venía siendo práctica común de algunos órganos judiciales. Esto es, y siguiendo su propio literal, el archivo "por prescripción, automáticamente y sin discusión, transcurridos los quince años de paralización a que se refería el art. 1.964.2 CC, aquellas ejecutorias con responsabilidades civiles pendientes de ejecutar, generalmente tras un solo requerimiento de pago fallido o infructuoso y, en no pocas ocasiones, sin atender siquiera a la investigación de los posibles bienes del penado". En concreto, el ATSJ de Cataluña que comentamos destaca otras resoluciones que defienden una línea interpretativa opuesta. De entre ellas, sobresale el Acuerdo del pleno no jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 enero 2018, en el que se expresa que la responsabilidad civil impuesta en sentencia es imprescriptible, sin distinguir según que se hubiese dado inicio o no a su ejecución, teniendo en cuenta que, en el proceso penal, la ejecución ha de ser promovida en todo caso de oficio (art. 984.3 LECrim).

De este modo, y aun asumiendo la naturaleza eminentemente civil de la responsabilidad pecuniaria ex delicto, la resolución que traemos a colación aporta argumentos de peso para alinearse con la opción de la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil ex delicto. En primer lugar, en la posible prescripción de la responsabilidad civil impuesta en sentencia decaen los argumentos que normalmente concurren para defender la institución de la prescripción en sí. Esto es, la necesidad de seguridad jurídica y la falta de acción del acreedor de la obligación, pues lo que se reclama parte de una sentencia que ha de ser ejecutada de oficio por el órgano judicial encargado de ello. En segundo lugar, no existe un precepto que específicamente establezca la prescripción de la responsabilidad civil impuesta en sentencia por delito, con lo que, siendo la prescripción una institución ciertamente extraña a la idea más pura de justicia, especialmente desde el punto de vista de la víctima, se debe imponer una interpretación restrictiva de la misma. Por ello, el ATSJ de Cataluña distingue la prescripción de la acción civil de la imprescripción de la responsabilidad civil impuesta en sentencia. Mientras la primera responde enteramente a lo recogido en la LEC y se ve afectada por la reducción de plazo de prescripción llevada a cabo por Ley 42/2015 -de 15 a 5 años-, la segunda es ajena a cualquier plazo de prescripción que sea considerado.

Los argumentos del TSJ de Cataluña convencen en tanto lo justo es promover el resarcimiento de la víctima en todos sus términos. A la vez, es necesario lograr un grado de reinserción social del penado tal que el mismo busque la satisfacción del daño causado y no el mero transcurso del tiempo necesario para su prescripción. Sin embargo, no podemos olvidar el aspecto práctico. La cuantía de las responsabilidades civiles ex delicto es en muchas ocasiones inabordable en términos realistas. Además, en contra de lo que considera el ATSJ catalán, concurren argumentos de seguridad jurídica a considerar, pues los condenados raramente conocen de qué modo y en qué términos se ejecutan dichas responsabilidades una vez pasado largo tiempo tras haber sido condenados por el delito. En definitiva, y si bien los argumentos que aporta la resolución se aproximan al mejor ideal de justicia, quizá el camino para la satisfacción de la víctima consista más en lograr que la responsabilidad civil se determine de forma realista y se ejecute de manera eficaz, que en la mera declaración formal de su imprescriptibilidad.   

 

 

¿Qué ocurre si los herederos de una persona fallecida ignoran que tenía un seguro de vida?2018-08-20

El desconocimiento de la existencia de un contrato de seguro de vida podría ocasionar a los herederos pérdidas de miles de euros.

Resulta muy habitual que los herederos de una persona fallecida ignoren que el causante contrató un seguro de vida, ya fuera un contrato de seguro de vida independiente o asociado a un préstamo hipotecario. En estos casos de incertidumbre, se preguntan cómo averiguarlo o qué pasos jurídicos se deben dar para saber si existía o nodicha contratación.

Para evitar este tipo de situaciones, se creó el Registro de Contratos de Seguros de Fallecimiento para poder localizarlos directamente por los interesados o terceras personas así como por seguridad jurídica.

"Al ser un contrato privado, suscrito entre el asegurado y la aseguradora, si el asegurado no informó en vida a sus herederos de la contratación de ese seguro, su existencia no tiene por qué ser conocida por éstos", explica Urtzi González, abogado del despacho jurídico Sanahuja Miranda.

En estos casos, el problema radica en que "los eventuales beneficiarios de un seguro de vida pueden tener un derecho de cobro contra la aseguradora y desconocerlo", añade González.

Por éste y otros motivos, se creó el Registro de Contratos de Seguro de Fallecimiento, regulado mediante la Ley 20/2005 de 14 de noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento y el Real Decreto 398/2007 que la desarrolla.

Por disposición de dicha normativa, las entidades aseguradoras se encuentran obligadas a inscribir los datos de los seguros de vida vigentes en el citado Registro, bajo pena de incurrir en responsabilidad frente a las personas interesadas, y sin perjuicio de las sanciones de índole administrativo que les pueden ser impuestas en caso de no hacerlo.

Espíritu del Registro y deber de las aseguradoras

En este sentido y respecto a la responsabilidad frente a los beneficiarios, se podría dar la situación de que un eventual beneficiario se hubiera podido ver privado, por desconocimiento, de la posibilidad de disponer de la suma dineraria objeto de indemnización por muerte. "Y hablamos de cantidades que en muchos casos pueden superar los 100.000 euros", explica el abogado de Sanahuja Miranda.

En este caso, "todos los daños y perjuicios derivados de no haber accedido al cobro de dicha indemnización, si se acredita que el beneficiario no tuvo conocimiento del seguro por otros medios, serán a cargo de la aseguradora y podrán reclamarse por el afectado",  precisa González.

Además del deber de las aseguradoras, también los notarios que realicen la partición de una herencia o la disposición de bienes de una persona fallecida, están obligados a consultar el Registro de Contratos de Seguro de Fallecimiento , a fin de informar a los herederos de la existencia de estos seguros. En caso de no hacerlo, entendemos que también podrían incurrir en las responsabilidades antes descritas para las aseguradoras.

Por todo ello, "se recomienda a las personas que pudieran creerse beneficiarios de un seguro de vida suscrito por su causante que, además de revisar toda la documentación del fallecido, soliciten un certificado de los seguros de vida contratados por aquél vigentes en la fecha de su defunción. Para ello sólo se requiere el pago de una tasa y aportar el certificado de fallecimiento del causante", explica el profesional jurídico.

Reconocido como accidente laboral desprendimiento de retina sufrido trabajando con ordenador2018-08-20

El Tribunal Supremo ha reconocido como accidente laboral el desprendimiento de retina sufrido por una trabajadora mientras se encontraba delante de su pantalla de ordenador, en el ejercicio de las funciones que ejercía como administrativa. La trabajadora, estando en su puesto de trabajo, comenzó a sentir molestias en los ojos y alteraciones visuales, por lo que decidió acudir a un centro de salud, siendo poco después operada de urgencia por un desprendimiento de retina. El Instituto Nacional de la Seguridad Social declaró el carácter de la incapacidad temporal sobrevenida, como derivada de enfermedad común.

La afectada, disconforme con el no reconocimiento como laboral del daño sufrido, cursó demanda ante el Juzgado de lo Social número 3 de Ourense, el cual la dio la razón, calificando su incapacidad como accidente de trabajo. A continuación, el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social recurrieron esta sentencia ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, la cual declaró que la incapacidad derivaba de enfermedad común. Según la sentencia, no procedía aplicar presunción de laboralidad, pues no se acreditaba que la causa del desprendimiento fuese un traumatismo, y tampoco había datos de los que deducir una relación de causalidad entre la lesión y el trabajo, pues la literatura médica no considera el trabajo frente a pantallas de ordenador como causa de desprendimiento de retina.

Posteriormente, la trabajadora, en desacuerdo con la sentencia, la recurrió ante el Tribunal Supremo, quien juzgó los hechos objeto de controversia teniendo en cuenta algunos criterios destacados:

– “Ha de calificarse como accidente de trabajo aquel en el que, de alguna manera, concurra una conexión con la ejecución de un trabajo, bastando con que el nexo causal, indispensable siempre en algún grado, se dé sin necesidad de precisar su significación. Debe otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada la ruptura de la relación de causalidad entre actividad profesional y el hecho dañoso”.

– “Para destruir la presunción de laboralidad a que se refiere el Artículo 156.3 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (según la cual “Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo”), es necesario que la falta de relación entre la lesión y el trabajo se acredite de manera suficiente, bien porque se trate de una patología que, por su propia naturaleza, excluya la etiología laboral, bien porque se aduzcan hechos que desvirtúan dicho nexo causal”.

– “La presunción de laboralidad entra en juego cuando concurren las dos condiciones: tiempo y lugar de trabajo. Es decir, si la parte afectada prueba el hecho básico de que la lesión se produjo en el tiempo y el lugar de trabajo, existe presunción de laboralidad del resultado lesivo materializado. Ello a su vez determina que a la parte que niega la existencia de accidente de trabajo le incumba probar la falta de conexión entre el hecho dañoso y el trabajo”.

– “En el caso en cuestión, el desprendimiento de retina materializado fue una lesión súbita que ocurrió en tiempo y lugar de trabajo, lo que conduce necesariamente a aplicar la presunción de laboralidad, en cuya virtud se presume que se trata de un accidente de trabajo. Más aún si se tiene en cuenta que no cabe excluir el factor trabajo en el desencadenamiento de patologías oculares, en concreto, el desprendimiento de retina, sin perjuicio de que, estadísticamente, existan otras causas productoras más frecuentes”.

– “Establecida la presunción de laboralidad, corresponde a quien pretende destruirla acreditar la falta de conexión causal entre trabajo y lesión. Esta acreditación no se realizó por el INSS y la Tesorería General de la Seguridad Social, habida cuenta de que no puede considerarse como tal el argumento de que no existen casos en la literatura médica que conecten trabajo ante pantallas de ordenador con desprendimiento de retina. Esto es así por dos motivos: en primer lugar, porque, aunque la tarea realizada cuando se produjo el fatal evento se producía ante una pantalla, la presunción legal se refiere al tiempo y lugar de trabajo y no a los instrumentos de los mismos; en segundo lugar, porque la destrucción de la presunción hubiera exigido la acreditación de una radical incompatibilidad entre el trabajo y la lesión, circunstancia que en este caso no se produjo”.

El Tribunal Supremo, con base en estos criterios en sentencia firme (Sentencia de la Sala 4ª de 21 de junio de 2018, EDJ 2018/513438), resolvió la controversia creada sobre el origen laboral o no del daño sufrido por la trabajadora, reconociendo el desprendimiento de retina producido como accidente de trabajo. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta sentencia constituye un importante precedente jurídico para que, en un futuro, casos similares sean reconocidos igualmente como accidentes de origen laboral.

¿Cómo recuperar una vivienda okupada? ¿Qué vías hay? ¿ Qué novedades aporta la nueva regulación?2018-08-20

Viene siendo un problema real en la práctica inmobiliaria, la situación de ver ocupados los inmuebles por personas ajenas al propietario, y sin el consentimiento de este. Frente a esta problemática no existe una solución única, y ahora el legislador ha venido a desarrollar una de estas vías de solución.

¿Podemos recuperarlo extra judicialmente?

La primera cuestión que nos planteamos es buscar una vía judicial o extrajudicial. Algunos clientes, con esa intención de ahorrar algo en honorarios profesionales, prefieren hacer una primera aproximación a los nuevos ocupantes. Sin embargo, los supuestos en que logran una solución satisfactoria por una conversación amistosa, son procos frecuentes.  En mi experiencia, sólo existen dos posibilidades de lograr una solución extrajudicial con ciertas garantías de éxito: 1) en los casos en los que advertimos la ocupación en menos de 24 horas y podemos requerir el auxilio de la policía; 2) cuando ofrecemos algún emolumento a los nuevos ocupantes, para que amistosamente y enriquecidos, abandonen nuestra propiedad.  

Y judicialmente, ¿qué opciones tengo?

Superada la fase anterior, una vez abocados a la vía judicial, entonces, podemos optar por la vía penal o civil. 

En la vía penal, podemos optar por la vía del delito de usurpación, art. 245.2º CP. En estos casos, se exigirá que la autoría del delito sea dolosa, la ocupación se haga con vocación de permanencia, y conste la contraria voluntad del titular del inmueble a tal ocupación. Ahora bien, este delito tiene un tipo agravado, que sería el delito de allanamiento de morada del art. 202 CP, siempre que el inmueble ocupado sea la vivienda actual de alguna persona. También entra en juego, la posible eximente de estado de necesidad, ex art. 20.5º CP, pero en todo caso, el ocupante ilegal quedará afecto a la responsabilidad civil del desalojo, en virtud del art. 118 CP.

Sin embargo, esta vía puede ser tratada con desprecio por los juzgados, que vendrán a darle carpetazo, con la teoría de que Derecho Penal es el último medio que el Estado tiene para reprimir aquellas conductas más graves, y aunque esté tipificado, deciden que  el cauce civil es excluyente, y deciden no instruir los expedientes por la vía penal. Esto, que  la resistencia del funcionario a aplicar la ley es una conducta punible, sin embargo, esta postura ha llegado a ser defendida por alguna Audiencia Provincial. Afortunadamente, la doctrina y otras Audiencias Provinciales han venido a criticar este auto-investidura del juzgador como legislador. 

Otro problema procesal de la via penal, es la necesaria identificación de los ocupantes, algo superado en la vía civil (STS nº5518/2010), o la aparición de nuevos ocupantes a lo largo del proceso penal, de modo que la condena solo será efectiva para con los  ocupantes denunciados, haciendo inútil todo lo actuado. Frente a esto, podemos adoptar como garantía, solicitar una medida cautelar de desalojo, pero, lo cierto es que el juzgado no suele concederlo en los casos de ocupación de vivienda.

En la vía civil, encontramos otros cauces procesales distintos. Así, podemos implementar la vía de desahucio por precario, del art. 250.1.2ª LEC, pero es necesario que el ocupante fuera poseedor anterior en base a una relación previa, o bien, en base a una posesión consentida del propietario.

Por otra parte, encontramos el cauce del art. 250.1.7 LEC, siempre y cuando el propietario tenga su título inscrito en el Registro de la Propiedad, Art. 38 y 41 LH, por la protección que  se otorga a las titularidades inscritas frente a las no inscritas. Eso sí, deberá aportarse certificación registral actualizada de la titularidad del inmueble. En este procedimiento, tenemos como ventaja, que el art. 444.2 LEC exigirá para la oposición a la demanda, prestación de caución. A falta de ella, el juez dictará sentencia directamente. Pero vemos muchas posibilidades de acabar siendo recurridos en apelación, sin que se le exija, caución al ocupante-apelante, incoherentemente a lo que el legislador ha establecido en el caso del arrendamiento, art. 449 LEC.

En siguiente lugar, encontramos la tutela sumaria de la posesión que brinda el art. 250.1.4 LEC. Esta acción, tiene unas limitaciones procesales que limitan su acceso a determinados supuestos de hecho. Así, sólo es un cauce viable para quienes hayan sido perturbados en su posesión, (i) hace menos de un año, (ii) que fueran poseedores previos del inmueble, (iii) deben dirigirse contra el causante del despojo.

Este último es el procedimiento que ha sido objeto de reforma por la Ley 5/2018, de 11 de junio. En ella, se han introducido algunas mejoras, para evitar dilaciones injustificadas de perturbación de derechos. Así, el art. 477.3 LEC ahora prevé  expresamente la posibilidad de demandar a los "ignorados ocupantes" que se tendrán por notificados por el acto de comunicación que realicen in situ las fuerzas de seguridad del Estado mediante auxilio, y al mismo tiempo, el AUTO de requerimiento de desalojo tiene eficacia directa frente a cualquier ocupante, y en caso de no oponerse ni contestar a la demanda en 5 días, se dictará AUTO que no será recurrible.  Por otro lado, se limitan las causas de oposición a la oposición de título justo de posesión, y a falta del mismo, la resolución judicial será ejecutable sin esperar los 20 días que exige el art. 548 LEC. Entre las limitaciones de este procedimiento especial, hemos de añadir que sólo puede instarse por personas físicas o entidades sin ánimo de lucro, y sólo respecto a inmuebles que sean primera o segunda vivienda.

Por otra parte, no todo será celeridad. Se hace preceptiva la comunicación y participación de los Servicios sociales en el procedimiento. Si la participación del juzgado supone muchas veces, convertir un procedimiento sumario en eterno, la participación de un cuarto agente procesal, podrá  echar por tierra el esfuerzo legislador de la reforma. En todo caso, vemos en la práctica como la celeridad deseada por el legislador, queda frustrada por la actividad del juzgado, convirtiendo procedimientos sumarios como el monitorio, el desahucio por falta de pago, o estos casos de tutela de la posesión, en procedimientos excesivamente largos, y los abogados nos vemos a lidiar con la incomprensión del cliente, y la nuestra.

La jueza ordena el precinto de todo el entarimado de la zona donde se produjo el accidente de O Marisquiño2018-08-17

CGPJ.- El Juzgado de Instrucción nº3 de Vigo, en funciones de guardia cuando se produjo el accidente en la clausura del festival O Marisquiño, se ha hecho cargo de la investigación abierta para esclarecer los motivos del hundimiento del muelle y las eventuales responsabilidades que se puedan derivar de estos hechos.

Las diligencias previas incoadas tras recibir un oficio dando cuenta de lo sucedido y un informe fotográfico elaborado por la Policía Nacional, se siguen por un presunto delito de lesiones imprudentes, sin perjuicio de ulteriores calificaciones a lo largo de la instrucción. Para una mejor y más ágil tramitación de la causa, el juzgado ha decidido que se abra una pieza separada por cada uno de los perjudicados.

La comisión judicial, formada por la Magistrada titular del juzgado, la Letrada de la Administración de Justicia y un miembro del Ministerio Fiscal, se constituyó en la zona del suceso para realizar una inspección ocular. Tras la misma, la jueza ordenó no solo el precinto de la zona que se vino abajo, sino de todo el entarimado por motivos de seguridad. Tan solo permanece abierta al paso una pequeña zona que da acceso a los pantalanes y que no supone riesgo para el público.

La jueza ha acordado que tanto policía científica como judicial realicen las tareas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Entre estas diligencias se encuentra la realización de periciales y recabar diferente documentación de Concello y Puerto, así como del organizador del evento, en especial sobre el plan de seguridad.

Absueltos los acusados de vender una sociedad de explotación de balnearios a un precio inferior al de mercado 2018-08-17

TSJC.- La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto del delito de apropiación indebida a los dos acusados de vender una sociedad de explotación de balnearios a un precio inferior al de mercado a otra sociedad propiedad de ellos.

En una reciente sentencia, el tribunal considera que los hechos objeto de acusación “no son más que el mero cumplimiento de lo pactado entre los socios, sin que los mismos puedan ser constitutivos de infracción penal alguna”.

 Además, añade el tribunal que, a la vista de lo acordado en una junta celebrada recientemente, “ni siquiera cabe hacer reclamaciones civiles por dicha operación al haber reconocido los socios que lejos de resultar perjudicial ha resultado beneficioso, hecho –continúa la sentencia- acreditado por la contundente prueba pericial”.

El procedimiento judicial se inició con la querella de varios socios de la sociedad que manifestaban que la operación de compraventa se había realizado sin su consentimiento. Sin embargo, el día del juicio y previamente a su celebración presentaron un escrito en el desistían del ejercicio de la acusación particular.

 En el mismo, hacían constar expresamente que la compraventa de acciones había resultado beneficiosa para sus intereses “en tanto que el precio pactado por las acciones se considera acorde con su valor real de mercado”. Además, la entidad compradora “ha cumplido rigurosamente todas y cada una de las condiciones pactadas en el contrato, motivo por el que los querellantes ratifican y reconocen como suya la citada operación de compraventa, admitiendo su validez y licitud”.

Sin embargo, el ministerio fiscal sí ejerció la acusación al considerar, según rezaba su escrito de calificación, que los dos acusados se habían puesto de común acuerdo para llevar a cabo la compraventa, sin conocimiento del resto de socios, a una tercera mercantil, propiedad de ambos, a un precio de venta inferior al valor de mercado y en condiciones que los socios en modo alguno hubieran aceptado.

Por ello, el ministerio público solicitaba una condena de dos años de prisión, multa de 2.400 euros y, en concepto de responsabilidad civil, que se declarase la nulidad de la venta de las acciones.

 No constituye delito

 

Pero la Audiencia Provincial de Cantabria señala en su sentencia que “ha llegado al razonable, pleno y absoluto convencimiento de que los hechos no son constitutivos de un delito de apropiación indebida ni, alternativamente, de un delito de administración desleal”.

Para llevar a tal convencimiento, el tribunal se refiere al escrito que presentó la acusación particular y recuerda que “no sólo los querellantes sino la Junta Universal de la sociedad celebrada el 4 de junio de 2018 han reconocido expresamente” que la operación de compraventa de acciones “ha resultado beneficiosa para sus intereses”.

Por un lado, el precio pactado “se considera acorde con su valor real de mercado” y, por otro lado, la compradora “ha cumplido rigurosamente todas y cada una de las condiciones pactadas en el contrato”.

 Por tanto, “no concurren los elementos configuradores de los tipos penales objeto de acusación”, ni el que se refiere al que actúa en perjuicio de otro –apropiación indebida- ni tampoco el que causa un perjuicio económicamente evaluable –administración desleal.

 El tribunal fija su criterio en base al escrito de los querellantes pero también a la prueba testifical practicada y a la “contundente prueba pericial”.

 El precio de la acción y las condiciones, razonables

 En este sentido, explica que “constan tres informes periciales convincentes en que se concluye que el precio de 5,47 euros por acción es un valor razonable, que las condiciones pactadas son habituales en el tráfico empresarial para operaciones similares, así como que ha resultado beneficiosa para la sociedad”.

 Junto a ello, las condiciones establecidas en la escritura de compraventa sobre el aplazamiento del pago y la no aplicación de intereses “son conformes a la práctica habitual en las transacciones de compraventa entre miembros de la familia”, en alusión al parentesco existente entre los socios de la mercantil cuyas acciones fueron vendidas.

 Añade la sentencia que de los cuatro informes periciales aportados el “menos convincente” para la sala ha sido “el que mayor crédito le ofrece al ministerio fiscal, pese a la claridad y contundencia con que los otros tres informes periciales rebaten aquél”.

 En definitiva, concluye el tribunal que “consta que la compraventa realizada por los acusados fue pactada”, “el precio de la acción era razonable”, las condiciones de aplazamiento y no fijación de intereses al venir incluido en el precio de la acción “ya habían sido convenidas por la sociedad en otras operaciones similares”, que se han pagado “puntualmente” los plazos y que la operación “lejos de causar un perjuicio a la sociedad ha resultado beneficiosa para la misma”.

Tramitados 130 expedientes de víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils en el primer aniversario de los ataques2018-08-16

MI.- Un año después de los atentados de Barcelona y Cambrils, en los que fallecieron 16 personas y fueron heridas 137, la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo (DGAVT), dependiente del Ministerio del Interior, continúa recibiendo solicitudes de ayudas e indemnizaciones. De forma provisional, han sido tramitados 130 expedientes de los 407 generados, y el Estado ha destinado 9.800.000 euros a indemnizaciones y ayudas a las víctimas.

Una persona puede tener más de un expediente abierto, por ejemplo, uno de lesiones y otro de ayuda psicológica, por lo que el número de expedientes es superior al de afectados por el atentado. A esto se le añade que bastantes de los heridos se hallan de baja médica, por lo que no se les podrá realizar la pertinente evaluación hasta que obtengan el alta. Sucede lo mismo con los afectados psicológicos que aún no tengan un diagnóstico acreditativo de la secuela. En estos casos el reconocimiento como víctima se puede demorar en el tiempo, aunque estas personas ya están recibiendo ayudas específicas. En total, son 70 personas las que han recibido ya el reconocimiento legal de víctimas.

Causa abierta en la Audiencia Nacional

En relación con posibles acciones judiciales, los afectados extranjeros han sido informados por carta de que ya había una causa abierta en la Audiencia Nacional, y que la Fiscalía de ese tribunal era el órgano encargado de representarlos y no era necesario que se personasen.

Atención inmediata

La atención a las víctimas ha sido constante e inmediata desde el 17 de agosto. En la misma tarde que se produjo el atentado en Las Ramblas de Barcelona se activó al personal de la DGAVT. A primera hora de la mañana del día 18 de agosto se trasladó a Barcelona un equipo integrado fundamentalmente por trabajadores sociales con más de 15 años de experiencia en la atención a víctimas del terrorismo.

Este equipo se mantuvo en Barcelona de forma continuada hasta el 31 de agosto. Durante ese periodo se ocupó de la atención a los heridos y a los familiares de fallecidos. Sus tareas incluyeron el apoyo en el Instituto de Medicina Legal de Cataluña, la recepción en aeropuerto de familiares desplazados y la colaboración con consulados y embajadas para las repatriaciones. Todos los heridos hospitalizados, salvo los que recibieron el alta inmediata o al día siguiente al atentado, fueron visitados en los hospitales y se gestionaron las necesidades de alojamiento y desplazamiento de sus familiares.

Asimismo, desde el 22 al 29 de agosto estuvo operativa una Oficina de la DGAVT en la Delegación del Gobierno en Cataluña. Allí se informó presencialmente a las víctimas y a sus familias, así como al personal de los consulados, sobre cuestiones asistenciales, incluidas ayudas para presentar la solicitud de indemnización. Cerrada la oficina, la información y atención a las víctimas ha continuado desde la DGAVT, que ha coordinado las relaciones con consulados y embajadas, el consorcio de seguros y las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo.

Intervención posterior

Concluida la fase de intervención inmediata se asignó a cada familia de fallecidos y a cada herido un trabajador social de la DGAVT que se ha ocupado de su seguimiento individualizado, atendiendo sus demandas psicosociales y supervisando su situación psicológica para proponer, siempre de acuerdo con la víctima, la derivación a un profesional.

A lo largo de estos meses se han efectuado visitas domiciliarias a los heridos y a los familiares de fallecidos residentes en España. El personal de la DGAVT también ha realizado numerosas llamadas de seguimiento y gestiones con otras administraciones públicas y servicios de salud para asegurar la atención correcta a las víctimas, contabilizándose más de 700 intervenciones de este tipo.

Además de la asistencia psicológica inmediata facilitada por las distintas administraciones implicadas, el Ministerio del Interior ha asumido la atención psicológica continuada de 28 personas afectadas por los atentados a través de la Red Nacional de Psicólogos de Atención a Víctimas del Terrorismo.

De los 16 fallecidos en los atentados, a 12 se les han concedido las Grandes Cruces con las que son reconocidas las víctimas del terrorismo. No han recibido la condecoración cuatro fallecidos porque, a día de hoy, sus familiares no han presentado la solicitud o no han prestado su consentimiento para tramitarla de oficio.

Afectados extranjeros

Ciudadanos de 34 nacionalidades resultaron afectados por los atentados, según los listados facilitados por la Generalitat de Cataluña. De los 16 fallecidos, diez eran extranjeros, cinco españoles, y uno tenía doble nacionalidad. De las 137 personas heridas, 105 eran extranjeras.

Los heridos y los familiares de fallecidos que regresaron a su país de forma inmediata han sido informados de sus derechos bien sea de forma directa o a través de sus respectivos consulados.

Para facilitar la información se elaboró un documento sobre Ayudas e Indemnizaciones a Víctimas del Terrorismo que se tradujo al inglés. También se tradujeron al inglés y al francés las solicitudes de indemnización por daños personales, daños materiales, asistencia sanitaria y psicológica, y asistencia psicológica inmediata.

A estos afectados también se les ha ofrecido el abono de todas las terapias psicológicas que no estén a disposición de sus sistemas sanitarios.

El personal de la DGAVT ha contestado por escrito y telefónicamente a todas las dudas planteadas por las víctimas y afectados extranjeros sobre los trámites de presentación de las solicitudes, acreditación de su presencia en el lugar del atentado, los plazos, los documentos que deben acompañar y el procedimiento de tramitación de los expedientes. En algunos casos, estas consultas se han canalizado a través de las embajadas y consulados en España de los países de origen de las víctimas.

JJpD denuncia la falta de rigor en nombramientos del TSJJpD denuncia la falta de rigor en nombramientos del TS2018-08-16

La Asociación de jueces y magistrados Juezas y Jueces para la Democracia ha denunciado un reciente comunicado que, a su entender, existe “una falta de rigor” en los nombramientos de los magistrados del Tribunal supremo.

Según refiere de forma textual en su comunicado:

“El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha efectuado el 24 de julio de 2018 varios nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, en sus Salas Segunda y Tercera.

La encuesta realizada por la Red Europea de Consejos de Justicia entre juezas y jueces europeos sobre su percepción de independencia arroja, entre otros, un dato revelador. Las juezas y jueces españoles se sitúan a la cabeza, por delante del resto de sus compañeros europeos, cuando mayoritariamente creen que durante los últimos años algunos jueces y juezas en España han sido nombrados o promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia.

Juezas y Jueces para la Democracia ha suscrito un documento con propuestas para la mejora de la Justicia, junto con el resto de asociaciones judiciales, al que posteriormente se han adherido las asociaciones de fiscales. En la propuesta 3ª se señala en materia de nombramientos de altos cargos judiciales: Definir previamente los perfiles de los puestos a cubrir. Proceso transparente, con fijación de unos criterios objetivos basados en el mérito y capacidad e igualdad de género. Limitación de mandatos: el nombramiento será prorrogable por una sola vez. Exigencia de motivación no solo respecto a los méritos del designado/a sino también en su relación con los de los demás aspirantes. En los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y presidentes de Tribunales Superiores de Justicia será precisa una mayoría cualificada.

Juezas y Jueces para la Democracia denuncia que los nombramientos recientemente efectuados no se ajustan en algunos casos a los principios de mérito y capacidad sostenidos por el precedente ejercicio profesional de cada uno/a de los candidatos/as, habiendo sido preteridos candidatos/as con un aquilatada e ininterrumpida experiencia profesional en órganos colegiados”.

Julio 2018: el peor registro de autónomos de la década en este mes2018-08-16

ATA.- Julio de 2018 ha registrado la mayor caída de afiliación de autónomos desde 2009. Comparada la cifra de evolución de autónomos mensual (junio-julio) de la última década, y destacando que siempre es un mes en el que cae el número de autónomos por regla general, el mes de julio de 2018 marca un récord de caída al perder 22.261 autónomos, lo que supone que supera en 5.763 autónomos la pérdida de julio de 2009, en plena crisis.

Es una cifra récord en su peor cara. Necesitamos que se siga apostando por los autónomos de forma decidida y sin dobleces para que este bache sea sólo eso, un bache a superar, y no una tendencia que acabe con el crecimiento del empleo”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA “Hasta junio hablábamos de crecimiento sin precedentes y ahora se ha dado la vuelta de una forma preocupante hasta desplomarse”.

Reclamamos que se mantenga un entorno favorable a la creación de empleo y para los autónomos. Que constantemente escuchemos noticias sobre posibles subidas de impuestos, subidas de cuotas de retirada de incentivos al autoempleo y la contratación… no genera precisamente un entorno favorable sino todo lo contrario. Y la desconfianza es lo que menos necesitan los autónomos que ya lo apuestan todo por labrarse su propio futuro”. “A este desplome es muy posible que también haya contribuido que es el primer mes de julio en el que las altas y bajas de autónomos son efectivas en el día y esto provoca facilidades para que autónomos con poca carga de trabajo en julio y agosto causen baja en el RETA como son los profesionales, educación, agentes comerciales, etc. Y en tercer lugar, aunque en menor medida, hay que tener en cuenta la buena campaña que está haciendo la Inspección de Trabajo para que los autónomos que estaban mal encuadrados en el RETA y que debían ser trabajadores por cuenta ajena hayan pasado a este régimen, como debería haber sido desde el principio”, ha añadido Amor.

Durante los seis primeros meses de 2018, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) vio aumentar su número de afiliados en 73.891 autónomos, un incremento del 2,3%. Así, el descenso en un solo mes de 22.261 autónomos supone perder de junio a julio casi un tercio de lo que se ganó en seis meses. 718 autónomos menos al día en un mes frente a los 410 autónomos al día más en el primer semestre del año.

Pérdida de autónomos en todas las CCAA

Cabe destacar cómo todas las comunidades autónomas perdieron autónomos en el mes de julio de 2018. Así, en términos absolutos la Comunidad de Madrid ha sido la que más autónomos ha perdido, concretamente 5.5729 autónomos. Le siguen Cataluña (-4.035 autónomos), Andalucía(-3.149) y la Comunidad Valenciana, con 2.773 autónomos menos que en junio de 2018. Estas cuatro comunidades pierden a siete de cada diez autónomos que se pierden en España (el 69,7%).

Por el contrario, hay cuatro provincias en España que no pierden autónomos en este mes aunque sí lo haga su comunidad autónoma en su conjunto. Huesca lidera esa cifra positiva con la suma de 51 autónomos en el mes de julio. Le sigue Ávila con 44 autónomos más, Burgos (+28 autónomos) y Cuenca con 4 autónomos más en un mes en el que Castilla-La Mancha pierde 818 autónomos.

El colectivo ha demostrado en los últimos años que es el protagonista de la generación de empleo”, señala Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, que puntualiza que “sin duda, la Ley de Autónomos y la tarifa plana de 50 euros para el inicio de la actividad dieron sus frutos y ahora no se puede hacer temblar sus cimientos”. “Hay que seguir avanzando en la misma dirección, con medidas que faciliten el emprendimiento, eliminen trabas y lo que es realmente importante, ayuden a consolidar las actividades y no a la desestabilización”, concluye Lorenzo Amor.

Pedraz envía a juicio al fundador de Gowex y a otras cuatro personas más2018-08-14

CGPJ.- El juez Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado por el ‘caso Gowex’ contra quien fue presidente del Consejo de Administración y consejero delegado de ‘Let’s Gowex’ y ‘Gowrx Wireless’, Jénaro García Martín, y otras cuatro personas, por su presunta participación en delitos de estafa, societarios en su modalidad de falseamiento de cuentas, delitos relativos al mercado y los consumidores (en concreto delito de falseamiento de información económica y financiera) y delito de uso de información relevante que afecta a una generalidad de inversores.

Los cuatro investigados junto a Jénaro García a los que afecta el auto son Florencia Maté Garabito, consejera de ‘Let’s Gowex’ y ‘Gowex Wireless’, y firmante de las cuentas anuales del grupo en los ejercicios 2009-2012; Francisco Manuel Martínez Marugán, secretario del Consejo de Administración; y Guadalupe-Esmeralda Almeida Figueroa y Javier Martín Vaquero, a quienes Jénaro García otorgó el cargo de apoderados/administradores de algunas de las sociedades vinculadas a ‘Let’s Gowex’ “para mantener el estatus fraudulento del negocio”, según señala el auto en la relación de hechos.

El auto también se dicta contra las mercantilesLet’s Gowex, S.A.’, ‘Gowex Wireless SLU’, ‘Eco Energy 1y3’ y ‘Biotelgy VC S.A.’ como accionistas mayoritarios de ‘Let’s Gowex’ y receptoras de cuantiosos dividendos repartidos indebidamente, por lo que deberán responder civilmente por la acción de sus administradores. El auto afecta además a Tania Roel Mosquera como partícipe a título lucrativo.

La resolución da un plazo de diez días a la Fiscalía, Abogacía del Estado, y acusaciones particulares y populares para solicitar la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o alternativamente el sobreseimiento de la causa.

El juez recuerda en su auto que, como corresponde a una resolución de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, su contenido delimitador para las acusaciones se circunscribe a los hechos relatados y a las personas imputadas, no a su calificación jurídica, a la que no quedan vinculadas las acusaciones.

Auge y caída

Gowex fue creada por Jenaro García Martín en 1999. Salió a bolsa (en el Mercado Alternativo Bursátil de Madrid) en marzo de 2010 con una capitalización de 36 millones de euros. En los cuatro años siguientes su capitalización se revalorizó un 2.700 % y llegó a cotizar también en el NYSE Alternext de París.

Fue suspendida en el Mercado Alternativo Bursátil el 3 de julio de 2014.Tres días antes, Gotham City Research, una empresa de análisis económico y de inversión, radicada en Nueva York, había publicado un informe afirmando la condición deficitaria de las arcas de la empresa, calificándola de fraude,​ y comparándola con Pescanova (recientemente en quiebra).​ Concretamente, lo que decía Gotham City Research en su informe era que el 90% de los ingresos que manifestaba la empresa percibir según sus cuentas anuales era irreal, puesto que se trataba de operaciones que llevaba a cabo la empresa consigo misma y no se producía, por tanto, ningún flujo de caja.

307 muertes en el trabajo en el primer semestre de 2018, 7 más que el año anterior en el primer semestre de 2018, 7 más que el año anterior2018-08-14

La siniestralidad laboral continúa siendo un problema de salud pública de primer orden que exige que el Gobierno impulse políticas públicas activas y aumente las medidas de control para evitar la explotación laboral.

CCOO.- Las datos del avance de estadísticas de accidentes de trabajo correspondientes al periodo enero-junio de 2018 que ha hecho públicos en su web el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social muestra un incremento en el conjunto de accidentes con baja (2,7%), más acentuado para los accidentes in itinere (4,8%) que para los sucedidos en jornada de trabajo (2,3%). Los mayores incrementos del número de accidentes en jornada los registran la construcción (11%), las industrias extractivas (6,1%) y el transporte y almacenamiento (6%). En cuanto a la siniestralidad mortal, hay que señalar que en jornada de trabajo ha fallecido un trabajador menos que en el mismo periodo de 2017 (-0,4%), mientras han aumentado en 8 los fallecimientos in itinere (14,5%). Los incrementos en el número de accidentes mortales en jornada se producen en los servicios (7,3%) y la industria (2,2%), registrándose de descensos en la construcción (-16,3%) y el sector agrario (-11,8%).

Sin embargo, si centramos nuestra atención en los índices de incidencia en jornada de trabajo, que reflejan la siniestralidad relativa expresada en número de accidentes por cada 100.000 trabajadores, se aprecia un descenso tanto para el conjunto de accidentes (-1,5%) como para los mortales (-4,1%).

Valoración desde la central sindical

“Aunque el descenso de los índices de incidencia de accidentes en el primer semestre del año podría romper la tendencia de aumento de la siniestralidad iniciada en 2013 y habrá que esperar a los próximos meses para certificar que se confirma, la siniestralidad laboral continúa siendo un problema de primer orden para la salud pública de España”, ha indicado Pedro J. Linares, secretario confederal de salud laboral de CCOO. “Es necesario que como sociedad reflexionemos sobre un sistema de prevención de riesgos laborales que, en estos últimos años de crisis económica, de políticas de austeridad y de reformas laborales ha demostrado ser un gigante con pies de barro. Y también es imprescindible que el Gobierno impulse políticas públicas activas para relanzar la prevención de riesgos laborales en las empres y que, a través de la Inspección de Trabajo, intensifique las medidas de control de la explotación laboral, algunas de ellas contenidas en el Plan Director por un Trabajo Digno recientemente aprobado”, ha añadido Linares

El TC dictamina que los enfermos mentales absueltos no pueden estar en prisión provisional sin sentencia firme2018-08-14

CGAE.- La sala segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha dictado la sentencia 2018/84, en la que considera que un absuelto en primera instancia de un delito por presentar algún tipo de problema de salud mental no debe permanecer en prisión de forma provisional a la espera de la resolución de los posibles recursos.

La sentencia estima el recurso presentado por un hombre internado en el Centro Penitenciario de Córdoba, a la espera de la confirmación de una medida de seguridad impuesta.

El individuo fue absuelto por la Audiencia Provincial de Córdoba de un delito de homicidio agravado en grado de tentativa y de otro delito de violencia física simple o no habitual, al apreciar los jueces la eximente completa de trastorno mental. Mientras esperaba a que se resolvieran varios recursos, entre ellos el suyo propio, en instancias superiores, la Audiencia decidió que ingresara en la unidad psiquiátrica de la prisión de Córdoba hasta que la sentencia se hiciera firme. Sin embargo, en la citada cárcel no hay ninguna unidad de este tipo, por lo que fue recluido en la enfermería del centro.

Los magistrados han considerado que esto fue “una prisión encubierta, carente de absoluta cobertura legal y, por ello, vulneradora de su derecho a la libertad”. En este sentido, apuntan que debería haber ingresado en un hospital psiquiátrico penitenciario, pero recuerdan que en España tan solo hay dos, en Alicante y Sevilla. En este último terminó ingresado finalmente el acusado.

En última instancia, el Constitucional insta a los legisladores “a poner fin a este delicado vacío normativo, regulando de manera pertinente la medida cautelar penal de internamiento en centro psiquiátrico”.

“Hasta tanto dicha norma con rango de Ley Orgánica se dicte, con una redacción que incluya los requisitos, garantías y condiciones necesaria para adoptar la medida de internamiento en centro psiquiátrico con la duración al efecto previsible, no cabe privar de libertad al acusado absuelto en sentencia por aplicación de una eximente por trastorno mental, mientras se resuelven el o los recursos interpuestos contra dicha resolución judicial, excepto si dicho internamiento se acuerda por el juez competente en un centro integrado en la red hospitalaria civil y no bajo el control de la Administración penitenciaria, que no tiene injerencia en este ámbito”, concluye el TC.

APDHA: es una práctica contraria a los Derechos Humanos

Ante esta sentencia, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha remarcado que este es un hecho que “llevan años denunciando”. Así, consideran que, en este caso, “el internamiento en un centro penitenciario una práctica contraria a los Derechos Humanos”.

Por ello, exigen a los juzgados que “requieran a la administración penitenciaria el cumplimiento de la ley en la interpretación del Tribunal Constitucional, para que ninguna persona con un problema de salud mental absuelta de una pena privativa de libertad se vea cumpliendo pena en un centro penitenciario que tiene un fin sancionador y no terapéutico“.

La asociación denuncia que el número de personas con enfermedad mental en prisión “no ha dejado de aumentar” en los últimos años, y ahora se sitúa en torno al 8%. “Desde la desaparición de los psiquiátricos no se han adoptado suficientes programas destinados a evitar la comisión de delitos, apoyar a las familias y a los enfermos, y menos aún para crear una red de centros psiquiátricos que pudieran acoger a los enfermos que hubieran cometido delitos a consecuencia de la enfermedad”, concluye la organización.

El Supremo considera preceptiva la prohibición de aproximación a la víctima a condenados por maltrato sin lesión2018-08-13

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido que la condena por el delito de maltrato de obra sin causar lesión, infligido a la pareja o expareja sentimental, y que puede ser castigado con penas de prisión de entre 6 meses y 1 año, debe llevar aparejada además de forma preceptiva la prohibición temporal de aproximación a la víctima. El tribunal destaca que es una interpretación acorde con la protección a las víctimas de violencia de género.

La sentencia fija así criterio en una cuestión donde las audiencias provinciales no habían mantenido una línea uniforme, y en la que tampoco la jurisprudencia de la propia Sala II del Supremo había sido unánime. Los magistrados han determinado que el delito de golpear o maltratar sin causar lesión (es decir, sin que se requiera una asistencia facultativa) a la esposa o exesposa, o persona ligada por análoga relación de afectividad, que está sancionado en el artículo 153 del Código Penal, debe entenderse comprendido en el artículo 57 del Código, lo que supone que conlleva de forma imperativa la pena accesoria de prohibición de aproximación a la víctima.

El artículo 57 del Código Penal establece como obligado, y no sólo potestativo del juez, la imposición de esta prohibición de aproximación a la víctima para los autores de delitos de homicidio, torturas, contra la libertad sexual o de lesiones, en los que la persona agredida sea la pareja o expareja.

Y el Supremo puntualiza que cuando habla de los delitos “de lesiones”, “esta última expresión no puede interpretarse desde un punto de vista puramente gramatical (…) porque cuando el artículo 57.1 enumera los delitos en general no lo hace en relación con delitos concretos, sino atendiendo a las rúbricas de los títulos del Libro II del Código Penal. De no entenderlo así, no cabría imponer las penas accesorias a delitos como el asesinato o la inducción al suicidio (ya que no son delitos de homicidio (…)”, indica la Sala.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Pablo Llarena, explica que la distinción que realiza el artículo 153 del Código entre el maltrato que causa lesión de carácter menos grave, y aquellos golpes y maltrato de obra que no causan lesión, “solo responde a un intento de diferenciar dos conductas lesivas que, como dijimos con anterioridad y de acuerdo con la Jurisprudencia de esta Sala, protegen idéntico bien jurídico: la integridad física y psíquica”.

Así, la consideración de que el delito de maltrato de obra no es genéricamente un delito «de lesiones» y, por tanto, no está incluido en el catálogo del artículo 57 del Código, “produciría una consecuencia incoherente”, ya que nunca podrían imponerse las penas de prohibición de aproximación a tal delito, ni de forma facultativa ni preceptiva, “pues, sencillamente, quedaría fuera de la relación de delitos contemplada en aquél”.

El tribunal añade otro argumento y es que el artículo 153 castiga con idénticas penas privativas de libertad y de derechos tanto al que causare a la víctima lesiones menos graves (que requieran una primera asistencia médica) como al que la maltratare de obra sin causarle lesión; y, sin embargo, si se entendiera que el delito de maltrato de obra sin lesión no está comprendido en el artículo 57, sólo al condenado por la primera infracción se le podría imponer la pena de prohibición de aproximación. Al condenado por la segunda, sin embargo, ni siquiera se le podría imponer con carácter facultativo.

La Sala subraya además que el artículo 153 del Código (introducido en 2015) es un delito enmarcado en la violencia de género que el legislador ha querido diferenciar claramente de otras figuras delictivas en las que las víctimas de las acciones descritas no son las mujeres unidas al agresor por los vínculos que en él se incluyen. De hecho, precisamente por esta razón, el maltrato de obra en él previsto -también el delito de lesiones- está castigado con penas más graves que el maltrato de obra ejercido sobre cualquier otro sujeto pasivo. “Cualquier interpretación pues que se haga del precepto debe estar inspirada en una mejor y más adecuada protección de las víctimas”, concluye la Sala.

Prohibición de aproximación durante 2 años

En el caso concreto examinado en su resolución, la Sala estima un recurso de la Fiscalía contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que dejó sin efecto la prohibición de aproximación impuesta a un hombre que dio una bofetada y otros golpes a su pareja en una calle de Getafe, que le causaron contusiones y heridas por las que no recibió atención médica.

El Supremo repone la sentencia tal y como la dictó en primera instancia el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Getafe, que condenó al acusado a 9 meses de prisión, dos años de privación del derecho a tenencia y porte de armas, y prohibición de acercarse a menos de 500 metros a la víctima, a su domicilio, o su lugar de trabajo, durante dos años, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo tiempo.

Fomento recuerda los derechos de los pasajeros en casos de cancelaciones o grandes retrasos de vuelos2018-08-13

A raíz de la reciente huelga de pilotos de la compañía Ryanair, el Ministerio de Fomento ha recordado a los afectados qué derechos les asisten, entre los que destacan los de asistencia y al reembolso o transporte alternativo hasta su destino final.

Recuerda el Ministerio que la cancelación de vuelos por una huelga del personal de la propia compañía no es una circunstancia extraordinaria, por lo que la aerolínea está obligada a pagar compensaciones por la cancelación del vuelo, si no ha cumplido con unos requisitos relativos al tiempo de aviso de la cancelación y realizado una propuesta de transporte alternativo con unas determinadas condiciones. Éstas serán en función de la distancia del vuelo cancelado, la mínima es de 250 euros y la máxima de 600 euros.

Derecho a la información y a asistencia

Estas compensaciones económicas van más allá de la asistencia que la compañía está obligada a dar. Los pasajeros tienen derecho a la información, para ello la compañía aérea debe entregarles un impreso con las condiciones de asistencia y compensación.

El pasaje tiene también el derecho de asistencia, es decir, la aerolínea tiene que darles comida y bebida suficiente, tienen derecho a realizar dos llamadas telefónicas o acceso al correo electrónico y, si fuese necesario, a una o más noches de alojamiento, así como al transporte entre el aeropuerto y el lugar de alojamiento. Esta asistencia tiene que pagarla la compañía aérea, que no puede pedirle al pasajero que la abone él y luego la reclame.

Reembolso o transporte alternativo disponible

En caso de cancelación, el pasajero tiene derecho a elegir entre el reembolso del billete o que la compañía le proporcione un transporte alternativo hasta el destino final lo más rápidamente posible.

En caso de elegir el transporte alternativo, la compañía debe buscar la opción más rápida; por ello, no puede ofrecer únicamente plazas en vuelos propios, o uno o varios días después, si existen plazas disponibles en otras compañías en ese mismo día.

El transporte alternativo es hasta el destino final y es responsabilidad de la compañía abonar el mismo, por lo que ésta no puede pedir al pasajero que adelante el coste de dicho transporte.

Retrasos por la huelga

En caso de retrasos de dos o más horas en la salida del vuelo, los pasajeros tienen derecho a información y derecho a asistencia, aunque éste está condicionado a una serie de límites temporales en función de la distancia del vuelo.

Si el retraso es de 5 horas o más, el pasajero tiene derecho a recibir el reembolso del billete en caso de que ya no desee viajar. El pasajero debe tener en cuenta que, en caso de retraso y optar por el reembolso y por tanto no viajar, ya no tendrá derecho a recibir la compensación económica por el retraso del vuelo de más de tres horas en destino final.

Los retrasos en las llegadas se pueden reclamar cuando se llega al destino final tres o más horas después de la llegada inicialmente prevista por la compañía aérea. En ese caso, el pasajero puede tener derecho a una compensación idéntica a la que le correspondería en caso de cancelación de un vuelo.

Casos en que la compañía puede eximirse del abono de la compensación

La compañía aérea quedará eximida del pago de compensación si, en caso de cancelación del vuelo, informó al pasajero con una antelación de al menos dos semanas con respecto a la hora de salida prevista, o con una antelación de entre dos semanas y 7 días y ofreció un transporte alternativo que les permita salir con no más de 2 horas de antelación respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino final con menos de 4 horas de retraso respecto a la hora de llegada prevista; o si informó al pasajero de la cancelación con menos de 7 días de antelación y les ofreció un vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación respecto a la hora de salida prevista y llegar a su destino con menos de dos horas de retraso respecto a la hora de llegada prevista.

Recurso a la vía judicial

En caso de que considere que la compañía no ha respetado sus derechos, establecidos en el Reglamento 261/2004, debe reclamar a la misma y, si no está de acuerdo con su respuesta, puede presentar una reclamación, de forma totalmente gratuita, a AESA: https://sede.seguridadaerea.gob.es/SAU_Pasajeros/Paginas/Inicio.aspx

La Agencia analizará si hubo incumplimiento del Reglamento y emitirá un informe con el resultado de sus actuaciones. Si éste es positivo para el pasajero y la compañía no lo atiende, podrá acudir a la vía judicial, para lo cual el informe positivo de AESA le será de gran utilidad. Los pasajeros cuentan con el recurso de la vía judicial para solicitar una indemnización por daños y perjuicios y pueden ejecutarlo en cualquier momento del proceso.

Recordar a los pasajeros que AESA tiene la competencia para resolver las reclamaciones de todos los vuelos que tengan como origen un aeropuerto español u origen un aeropuerto de un país no comunitario y destino aeropuerto español en caso de ser con compañía aérea comunitaria. En el caso de vuelos que tengan como origen otro país comunitario y destino un aeropuerto español, la autoridad que deberá resolver su reclamación es la del Estado del país de origen del vuelo. En la web de AESA pueden consultar los datos de las autoridades de cada país para poder presentar la reclamación.

Penal 2 de Valencia absuelve a cinco personas, tres de ellas socorristas, por la muerte de un bañista en la playa de Canet2018-08-13

Comunicación Poder Judicial.- El Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia ha absuelto a cinco  personas, tres de ellos socorristas y otros dos trabajadores de la misma empresa, que estaban acusados de un delito de homicidio por imprudencia grave, después de que un bañista de 35 años muriera ahogado en Canet d’en Berenguer, en una playa que estaba bajo su vigilancia.

La sentencia considera que cuatro de ellos no tuvieron ninguna responsabilidad en el fallecimiento. En cuanto al quinto acusado, socorrista encargado de la vigilancia en la playa en el momento de los hechos, el juez sí aprecia imprudencia en su actuación “por no haber tenido constancia” de la presencia del fallecido y su acompañante en el mar y por no haber previsto el riesgo de su entrada en el agua más allá de la altura permitida con la bandera amarilla que ondeaba en ese momento.

Sin embargo, el Magistrado estima que la imprudencia del vigilante fue leve, y no grave, por lo que su conducta constituye una falta de homicidio por imprudencia leve, despenalizada desde 2015. Así, la sentencia declara extinguida la responsabilidad penal del socorrista, que sí deberá hacer frente a la responsabilidad civil.

Los hechos sucedieron en agosto de 2013 cuando la víctima y un amigo fueron a bañarse a la playa de Canet d’en Berenguer. Ambos se meterieron en el agua, se alejaron de la orilla y fueron incapaces de volver por el mal estado del mar. El socorrista que en ese momento estaba en la torre de vigilancia no advirtió del peligro hasta que la compañera, que se disponía a entrar en turno, fue advertida de la presencia de un cuerpo en el mar, por lo que activó el protocolo de salvamento.

Accede a la sentencia

El Pleno de la Abogacía condena las escuchas telefónicas a abogados y urge la ley del Derecho de Defensa para impedirlas2018-08-10

CGAE.- El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española -compuesto por los 83 decanos de Colegios de Abogados, los presidentes de los Consejos Autonómicos, el presidente de la Mutualidad de la Abogacía y 12 consejeros electivos- ha manifestado en una reciente reunión su más absoluto rechazo a la violación del Derecho a la Defensa y del secreto profesional en la investigación judicial del caso Lezo por la autorización de la grabación de conversaciones privadas de uno de los abogados con su cliente.

El Pleno del Consejo muestra su respaldo a los acuerdos de la Comisión Permanente y del Colegio de Abogados de Madrid ya que el secreto profesional como parte esencial del derecho de defensa tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente que, además, adquiere una dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en la profesión de abogado.

Gravísimo atentado contra el Estado de Derecho

El Pleno considera que las escuchas telefónicas a abogados son un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho y que estos procedimientos ponen en peligro el Derecho a la Defensa y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales que no pueden limitarse o someterse a ponderación en aras de la investigación penal. La posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad.

Para evitar estos hechos, el Pleno de la Abogacía Española considera inaplazable y urgente completar el sistema de tutela judicial efectiva mediante la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que desarrolle nuestro sistema de defensa jurídica. Por ello, el Pleno solicita a la ministra de Justicia que impulse la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa presentado al anterior equipo ministerial, una norma que pretende recoger en un único texto legal el conjunto de las garantías de la defensa de la ciudadanía, que cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios.

Una treintena de Colegios de Abogados ya se han adherido al convenio para tramitar electrónicamente el Expediente de Nacionalidad por residencia2018-08-10

Un total de 29 Colegios de Abogados se han adherido al convenio firmado con el Ministerio de Justicia para ofrecer el servicio de trámite electrónico del Expediente de Nacionalidad por residencia, de los cuales 12 ya han habilitado los recursos necesarios para poder ofrecerlo a sus colegiados. Concretamente, los Colegios de Madrid, Las Palmas y Cantabria han participado en la fase piloto con un grupo reducido de abogados para verificar el funcionamiento del servicio. Esta fase piloto tuvo lugar durante el primer trimestre.

Durante la fase piloto se tramitaron más de dos centenares de expedientes. Este expediente, una vez completado por parte del abogado, pasa a la fase del cotejo por parte del Colegio. Esta participación del Colegio en la gestión y cotejo del expediente ha permitido a la Administración agilizar sus propios plazos de tramitación.

Esta aplicación, desarrollada por RedAbogacía, permite la tramitación de las solicitudes de nacionalidad por residencia por vía electrónica y la remisión de los expedientes a la Dirección General de los Registros y del Notariado, a través de la infraestructura tecnológica del Ministerio de Justicia gracias al convenio firmado entre el Consejo General de la Abogacía y dicho ministerio en julio de 2017.

Para poder utilizar este servicio, que el Consejo General de la Abogacía Española a través de su área tecnológica pone de forma gratuita a disposición de todos los Colegios, tan solo se requiere solicitarlo mediante la adhesión al convenio firmado con el Ministerio de Justicia. Posteriormente, los abogados también realizarán este trámite de adhesión, pero ya desde el propio aplicativo. Para ello, solo es necesario añadir el documento plantilla disponible para su descarga previo firma electrónica con su carné colegial con firma ACA.

Gracias a este servicio, se agiliza la tramitación de los expedientes, lo que redunda en una mayor satisfacción tanto para los propios abogados como para sus clientes, reduciendo el tiempo de respuesta de la resolución del expediente.

Colegios adheridos

Los Colegios que han solicitado la adhesión hasta ahora son: Alicante, Ávila, Burgos, Cantabria, Cartagena, Ceuta, Córdoba, Cuenca, Elche, Gipuzkoa, Granada, La Rioja, Las Palmas, León, Lorca, Lucena, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Orihuela, Oviedo, Pontevedra, Salamanca, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia y Vigo.

El equipo de la Universidad Carlos III de Madrid ganador de la Copa Máster de Debate Jurídico 20182018-08-10

MAE.- Los 6 mejores equipos de la Liga Nacional de Debate Jurídico se trasladaban a comienzos de julio a Bruselas. El Parlamento Europeo acogía la fase preliminar de esta competición organizada por la Fundación Española de Debate Jurídico, junto con Mutualidad y el despacho Martín Molina.Unos días más tarde, los equipos regresaban a España, para seguir debatiendo sobre si son eficaces o no los actuales sistemas de extradición en la lucha contra la delincuencia en Europa.

Tras la jornada en el Senado de España se establecieron quiénes serían los equipos finalistas y qué 8 participantes se disputarían el premio anual de Mejor Jurista Universitario del año.

Las semifinales, que se desarrollaron en Deloitte, desvelaron que los equipos finalistas serían la Universidad Carlos III de Madrid y el equipo de la Fundación Cánovas.

En el Ayuntamiento de Madrid se realizaron los enfrentamientos individuales, resultando seleccionados José María Argüello (UC3M) y María Ángeles Rivas (CDU).

Los vencedores ser decidirían tras los debates realizados en el Congreso de los Diputados.

Vocales del Consejo General del Poder Judicial, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, Juez Decana de Madrid, fiscales, ex fiscales, Abogados del Estado y abogados además de expertos en materia de comunicación, oratoria y debate han formado un excelente jurado para valorar a los participantes de la competición y determinar los ganadores.

La Rioja acoge las ‘IV Jornadas de Tesorería de Colegios y Consejos de la Abogacía’2018-08-09
  • Esta edición se celebrará los días 19 y 20 de septiembre en Logroño

CGAE.- Las IV Jornadas de Tesorería de Colegios y Consejos de la Abogacía, organizadas por el Colegio de Abogados de La Rioja y la Abogacía Española, se celebrarán los días 19 y 20 de septiembre en Logroño. El tema principal de esta edición se centrará en el análisis de la prestación de servicios desde el Colegio visto en sus dos vertientes pública o privada.

Asimismo, habrá talleres prácticos que permitirán a los asistentes acercarse a materias como la realización de auditorías económicas y financieras orientadas al cumplimiento de la Responsabilidad Social Corporativa, la adopción de acuerdos con entidades para la prestación de servicios para colegiados o aplicación de descuentos.

Las Jornadas comenzarán el miércoles 19 de septiembre de 2018 a las 9.30 con la inauguración. Seguidamente, a las 10.00 de la mañana, dará comienzo la primera ponencia moderada por Rafael Bonmatí Llorens, tesorero de la Abogacía Española y decano del Colegio de Abogados de Valencia, en la que se tratarán entre otras cuestiones el papel que juegan los Colegios en relación con los contratos, convenios y subvenciones de la Administración Pública o si las competencias delegadas deben ser financiadas con subvenciones, entre otros.

A las 12.00 está prevista la segunda mesa redonda, moderada por José María Cid Monrealen, decano del Colegio de Abogados de La Rioja. En ella se abordarán las implicaciones en la gestión colegial respecto de la justificación de subvenciones, con casos prácticos de aplicación según territorio; así como, la fiscalidad de los Colegios de Abogados. En horario vespertino, a las 16.00 horas, comenzarán los talleres prácticos, con Adolfo Estébanez Velasco, gerente de la Abogacía Española, como moderador.

El jueves 20 de septiembre está previsto que la jornada se centre en abordar los servicios de naturaleza privada que ofrecen los distintos Colegios de Abogados. Para ello, a las 9.30 se realizará una primera ponencia a cargo de Manuel Albiac Cruxent, decano del Colegio de Abogados de Tarragona. En la que se tratará, entre otras cuestiones, la Seguridad jurídica, como un factor clave para generar confianza.

A las 11.30 comenzará la segunda mesa redonda, moderada por María José Valgañón Valgañón, tesorera del Colegio de Abogados de La Rioja, en la que se tratarán los mecanismos de sostenimiento y financiación de los Colegios y la responsabilidad de las Juntas de Gobierno en la gestión económica.

Consulta el programa inscríbete en las IV Jornadas de Tesorería de Colegios y Consejos de la Abogacía.

La justicia europea respalda al TS en el rechazo a los intereses de demora abusivos2018-08-09
  • El TJUE considera abusivas las cláusulas “no negociadas” de un préstamo que impliquen aumentar su tasa de interés en más de dos puntos
  • La  justicia europea declara conforme a Derecho la jurisprudencia del TS en materia de intereses de demora

CGAE.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la legislación europea “no se opone a la jurisprudencia” del Supremo que declara como abusiva una cláusula no negociada que establece un tipo de interés demora que es más de dos puntos porcentuales superior al tipo de interés ordinario.

El Tribunal también ha avalado la práctica empresarial que consiste en ceder o comprar créditos sin que el consumidor sea informado previamente, otorgue su consentimiento a la operación ni se le ofrezca la oportunidad de recomprar la deuda. En la sentencia, el Tribunal con sede en Luxemburgo ha declarado conforme a Derecho la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de intereses de demora.

Los dos asuntos están relacionados con la compatibilidad con el Derecho de la UE de un criterio jurisprudencial nacional según el cual se presumen abusivas las cláusulas no negociadas de préstamo que fijan un tipo de demora que excede en más de dos puntos porcentuales el tipo de interés ordinario.

El primer caso fue elevado a la Justicia europea por un juzgado de Barcelona y tiene que ver con la cesión por parte de Banco Santander de dos contratos de préstamo a un tercero cuyo vencimiento se había anticipado por impagos. En el primero, el tipo de interés ordinario era del 8,50%, mientras que el interés de demora era del 18,50%. El segundo fijaba un tipo de interés ordinario del 11,20% y un interés de demora del 23,70%.

El juez de Barcelona planteó al TJUE dudas sobre si los consumidores tienen derecho a recomprar su deuda y a extinguirla abonando al tercero el importe que éste pagó por la cesión, más los intereses, las costas y los gastos aplicables. De este modo, se discutía la legalidad de una práctica de cesión o compra de créditos por un precio “exiguo” sin la existencia de una cláusula en este sentido, sin que el deudor hubiera sido informado previamente y sin que se le ofreciera la oportunidad de recomprar su deuda para extinguirla reembolsando al cesionario el importe que éste pagó por la cesión.

El segundo asunto fue planteado por el Tribunal Supremo y hace referencia a un contrato de préstamo hipotecario entre un consumidor y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, integrada posteriormente en Banco Sabadell. En la fecha de los hechos, el interés se devengaba al tipo 4,75% y el contrato establecía que los intereses de demora se calcularían al tipo del 25%. En consumidor, que se había retrasado en los pagos, interpuso una demanda contra Banco Sabadell en la que solicitaba que se declarara nula esta última cláusula por entender que era abusiva.

En el fallo publicado, el TJUE declara que la directiva sobre cláusulas abusivas “no es aplicable a la mencionada práctica empresarial de cesión o compra de créditos frente a un consumidor”, así como tampoco lo es a disposiciones nacionales que regulan la trasmisión de créditos y la sustitución del cedente por el cesionario en procedimientos en curso.

Así, explica que la directiva “se aplica únicamente a las cláusulas contractuales y no a las meras prácticas”. En el caso concreto elevado por el juez de Barcelona, la Justicia europea remarca que “ninguna cláusula de los contratos examinados prevé ni regula la posibilidad de que Banco Santander transmita a un tercero los créditos que tiene frente a los deudores, ni tampoco el eventual derecho de estos últimos a extinguir la deuda mediante la compra de los créditos al tercero”.

En relación al segundo asunto, el TJUE ha dictaminado que la legislación europea no es contraria a la jurisprudencia del Supremo, según la cual la consecuencia del carácter abusivo de una cláusula no negociada que establece el tipo de interés de demora consiste en la suspensión total de los intereses de demora sin que dejen de devengarse los intereses remuneratorios pactados en el contrato.

La sentencia está disponible en el siguiente enlace.

Confirmado el archivo de la denuncia contra el ganador del concurso de la gala ‘drag’ del carnaval de Las Palmas de 20172018-08-09

La Audiencia Provincial afirma que el uso de elementos religiosos en la actuación no debe descontextualizarse de lo que es una fiesta “transgresora”, “exagerada” y “atrevida” en la que, afirma, no hubo ”animo ofensivo” hacia los sentimientos religiosos

CGPJ.- La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso interpuesto por la Asociación de Abogados Cristianos contra el auto del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria que el 11 de diciembre de 2017 acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia de este colectivo contra Borja C. por usar elementos de la religión católica en su actuación en la Gala Drag Queen del carnaval capitalino 2017 como Drag Sethlas, que le coronó como ganador del concurso. La Sala condena a la Asociación a pagar las costas generadas en el trámite de apelación, declarando de oficio las de la primera instancia.

Para confirmar el archivo, el Tribunal, la Sección Primera de la Audiencia, se apoya en el argumento que ya había presidido la respuesta del Ministerio Fiscal en su momento, y que había hecho suyo el Juzgado de instancia: “tener presente” el ámbito temporal y espacial en el que se desarrolla la acción denunciada, la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

“Por tanto”, expone el magistrado Pedro Herrera, de consenso con sus compañeros de Tribunal, “no se debe perder de vista que durante el Carnaval, fiesta pagana muy asentada en países de tradición católica, se combinan diferentes y característicos ingredientes tales como disfraces, murgas, cabalgatas, bailes y fiestas en la calle; siendo especialmente relevante en esta ciudad las galas de elección de las reinas del carnaval y la gala Drag Queen”.

Apunta el magistrado que esta fiesta, con el paso del tiempo, “Se ha ido afianzando y consolidando como la más peculiar y original, con una gran repercusión pública y mediática no solo a nivel local y autonómico, sino también nacional y diría que internacional. Tal gala se desarrolla en ese, y no en otro periodo festivo en el que prima la permisividad y el jolgorio y se dejan a un lado por un corto espacio de tiempo los esquemas habituales y reglas de conducta que rigen nuestro quehacer cotidiano. Se caracteriza además tal espectáculo por su naturaleza transgresora, por su tolerancia y apertura con la temática y por su exagerada y atrevida puesta en escena”, subraya.

“En este contexto”, razona, “no cabe buscar afrentas ni conductas ofensivas, sino más bien conductas arriesgadas y osadas y, en cierto modo, agitadoras, como así fue la que escenificó el denunciado en su papel de Drag Sethlas, quien apoyó su interpretación en la simbología y oraciones católicas. Utilizó a su manera, en sus llamativos y peculiares disfraces, la figura de Jesucristo crucificado y la de la Virgen María en un paso procesional con personas vestidas de nazarenos”.

A juicio de la Audiencia, lo que en definitiva hizo Sethlas fue “tomar como referencia imágenes, ceremonias y concretos actos conectados con la religión católica, mezclado todo ello con baile y música y con el sentido provocador y transgresor que caracteriza a esa gala”.

Pero, como bien se indica en la resolución judicial recurrida, “en modo alguno cabe de su conjunto deducir que el actor haya cuestionado los dogmas y ritos de esa concreta confesión, ni que haya ofendido los sentimientos religiosos”.

El auto subraya que en la representación del que fue ganador del certamen de 2017 “lo figurativo e innovador prevalece frente a cualquier otro aspecto”.

“Puede llamar más o menos la atención, puede gustar o no gustar, puede resultar incomoda, incluso excesiva y molesta”, enfatiza el magistrado, “más lo que no se puede hacer es descontextualizarla de ese concreto y puntual ambiente y entorno y, por ende, no ha de ser catalogada, si quiera prima facie, de delictiva por la falta total de intencionalidad ofensiva.

Así pues, entiende el Tribunal que “no cabe hablar de escarnio en el sentido expuesto -no hay burla tenaz con propósito de afrenta-, tan solo un uso ocasional de esa referida simbología con fines transgresores y artísticos, sin que se infiera un ánimo ofensivo, ni directo ni indirecto, contra la religión católica ni contra los sentimientos religiosos de los miembros que profesan tal confesión”.

La Delegación de España en Eurojust tramitó 368 casos operativos en 20172018-08-08

Pool Moncloa

La Delegación de España en Eurojust tramitó en 2017 un total de 368 casos operativos, 120 a raíz de solicitudes de cooperación internacional formuladas por autoridades judiciales españolas y 248 a petición de autoridades judiciales extranjeras que reclamaron asistencia judicial española.

A estas cifras hay que sumar los 86 expedientes temporales de trabajo abiertos al recibir información susceptible de dar lugar a la apertura de un caso, con intercambio de datos personales, pero que finalmente no llegaron a registrarse como tales ante el Colegio de Eurojust.

Los 368 casos operativos abiertos en 2017 suponen un incremento de un 19,6% sobre los 296 tramitados el año anterior. Estas cifras aparecen recogidas en la Memoria de Actividades del Miembro Nacional de España en Eurojust 2017, Francisco Jiménez-Villarejo Fernández, máximo responsable de la delegación que califica los resultados como "muy satisfactorios" ya que reflejan que la delegación española fue el pasado año una de las más activas de Eurojust no solo por el número de casos en los que intervino, "también por la calidad del trabajo operativo desarrollado".

Competencias

La Delegación de España en Eurojust tramita aquellas solicitudes de cooperación internacional formuladas por las autoridades judiciales españolas, así como cuando la administración judicial española es requerida por el resto de las 27 delegaciones nacionales representadas en el organismo europeo. Además, hay que añadir los casos abiertos por los Fiscales de Enlace de Eurojust con Suiza, Noruega y EEUU, países no integrados en la red europea pero que disponen de un estatus especial de colaboración. Y a todo ello hay que sumar también los expedientes temporales de trabajo.

De los 120 expedientes promovidos por la Justicia española, 27 iban dirigidos a Alemania, 19 a Francia, 18 a Reino Unido e Italia, respectivamente, 16 casos a Bélgica y 13 casos a Rumania, Portugal y Países Bajos. El resto de las iniciativas españolas se repartió entre las restantes delegaciones de los veintisiete Estados miembros de Eurojust. Respecto de las tipologías delictivas, la mayoría de los casos abiertos por España están relacionados con el delito de blanqueo de capitales (27 casos), investigaciones contra organizaciones o grupos criminales (24 casos), tráfico de drogas (21 casos) y otras tipologías defraudadoras (19 casos).

Sobre las solicitudes pasivas, la Justicia española fue la cuarta más requerida de asistencia con 248 casos, tras Alemania (376 casos), Reino Unido (290 casos) y Francia (270 casos). Alemania es el país que más peticiones de colaboración dirigió a los tribunales españoles (32), seguida de Italia (24) y Países Bajos (23). Respecto a los delitos investigados, destacan el tráfico de drogas (70 casos) y los fraudes y estafas (57 casos). Les siguen un cajón de sastre integrado con diferentes modalidades delictivas, al que siguen el blanqueo de capitales, como categoría delictiva transversal con treinta y cinco casos y el delito de pertenencia a grupo u organización criminal con treinta y un casos, como categorías delictivas más frecuentes.

Eurojust fue creado en 2002 con el objetivo de apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades judiciales nacionales en la lucha contra las formas graves de delincuencia transfronteriza en la Unión Europea. Cada uno de los 28 Estados miembros de la UE nombra a un representante de alto nivel para trabajar en su sede de La Haya. Ese miembro nacional cuenta a su vez con una serie de colaboradores que forman la delegación, que en el caso de la española participó en 2017 en sesenta reuniones de coordinación de las 302 organizadas en Eurojust, así como en siete de los diecisiete centros de coordinación organizados en 2017.

Una apuesta europea

La evolución del número de casos en Eurojust es de un constante y mantenido incremento de estos desde su creación en 2002. El número total de casos abiertos creció de los 2.306 en 2016 a 2.550 casos en 2017, 306 más, lo que supone un aumento de un 10,6%, a los que habría que añadir los 148 casos nuevos abiertos por los fiscales de enlace de Suiza, EEUU y Noruega, con lo que en realidad el número de casos abiertos por el Colegio de Eurojust ascendió el pasado año a un total de 2.698 casos.

Con los 368 casos activos, el 14,4% del total, la española se convierte en la quinta delegación con más trabajo de Eurojust, por detrás de Alemania (610 casos, el 23,9 por ciento del total), Italia (460 casos, el 18 por ciento), Francia (400 casos, el 15,7) y Reino Unido (372 casos, el 14,6).

Los juzgados y tribunales españoles pueden recurrir a Eurojust: 

  • Cuando haya que coordinar las investigaciones preliminares entre dos o más Estados.
  • Cuando se constate la existencia de investigaciones paralelas y sea necesario intercambiar información para determinar la preferencia por investigaciones separadas o por concentrar las investigaciones en un solo Estado. Alternativamente: cuando sea preciso prevenir o resolver conflictos de jurisdicción.
  • Cuando concurran solicitudes de entrega por la vía de la Orden de Detención Europea y se requiera ayuda para decidir la preferencia de entrega.
  • Cuando fuere necesario coordinar la adopción de medidas provisionales en varios Estados al mismo tiempo (entradas y registros, intervenciones telefónicas, decomisos...).
  • Cuando pueda constituirse un Equipo Conjunto de Investigación entre varios Estados y se necesite contar con el apoyo financiero y la participación de Eurojust.
  • En situaciones de urgencia teniendo en cuenta el cumplimiento de plazos y situaciones personales.
  • Con carácter subsidiario, cuando el resto de los canales de comunicación (Magistrado de enlace o cualquier red judicial) no han sido operativos.
  • Cuando sea preciso recabar información adicional en el marco de procedimientos de consulta que exijan contactos o reuniones para tratar de desbloquear el obstáculo o impedimento existente.
  • Cuando surjan consultas legales que resulten complicadas de resolver a nivel nacional y que necesiten de discusión entre los Estados implicados.
  • En relación con terceros Estados, siempre que las exigencias de coordinación o auxilio en general justifiquen el valor añadido de la intervención de Eurojust.
El presidente del TS y del CGPJ comunica a los presidentes del Congreso y del Senado la próxima finalización del mandato del órgano de gobierno de los jueces para que procedan a su renovación2018-08-08

Carlos Lesmes declara abierto el plazo de presentación de candidaturas para la designación de los vocales del CGPJ correspondientes al turno judicial

CGPJ

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha remitido sendas cartas a los presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García Escudero, poniendo en su conocimiento que el próximo 4 de diciembre se cumplirán cinco años desde la constitución del órgano de gobierno de los jueces en su actual mandato.

Tal y como establece el artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Lesmes les ha remitido también los datos del escalafón de la Carrera Judicial y del registro de asociaciones judiciales para que pueda dar comienzo el proceso de renovación del Consejo.

El citado precepto dispone que, cuatro meses antes de la expiración de su mandato, el presidente del TS y del CGPJ acordará el envío de esa información a los presidentes del Congreso y del Senado, que “deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo”.

La ley también establece que, en esa misma fecha, el presidente del Poder Judicial dispondrá la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los doce vocales correspondientes al turno judicial, a lo que ha dado cumplimiento mediante un acuerdo que se publicará en la página web del CGPJ y se remitirá por correo electrónico a todos los integrantes de la Carrera Judicial, así como a las asociaciones judiciales, para su conocimiento y efectos.

El acuerdo también será notificado a los presidentes del Congreso y del Senado, así como al Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Justicia, y se pondrá en conocimiento del Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su próxima sesión ordinaria.

Candidaturas a vocal del turno judicial

El plazo para la presentación de candidaturas para la designación de los vocales del CGPJ correspondientes al turno judicial será de un mes, tal y como establece el artículo 575.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Durante ese tiempo, los miembros de la Carrera Judicial interesados deberán dirigir un escrito al presidente del TS y del CGPJ poniendo de manifiesto su intención de ser designado vocal por el turno judicial, acompañado por una memoria justificativa de las líneas de actuación que, a su juicio, debería desarrollar el Consejo General del Poder Judicial.

Los candidatos también deben presentar en ese momento el aval de veinticinco miembros de la Carrera Judicial en servicio activo o el de una asociación judicial.

Ante la coincidencia con el periodo estival del plazo de presentación de candidaturas, el presidente del Poder Judicial dirigió el pasado 3 de julio una carta a todos los jueces y magistrados para informarles de las fechas en las que iba a comenzar el proceso y para que todos los interesados en presentar su candidatura pudieran preparar con antelación suficiente la documentación requerida.

La reforma de la Ley contra la Violencia de Género refuerza la función del abogado en la defensa de las víctimas2018-08-08

CGAE.-La aprobación por el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil, introduce importantes modificaciones en la defensa y asistencia jurídica que los letrados y letradas ofrecen a las víctimas.

La presente reforma tiene como objeto fortalecer la tutela judicial y el acceso a la justicia, así como, los recursos de asistencia de las víctimas de violencia de género, a través de la modificación de los artículos 20 y 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. De este modo, se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.

El artículo 20 contiene tres tipos de medidas destinadas a mejorar la participación de la víctima en el proceso penal. Por un lado, se reforma su apartado 4 y se añade un apartado 5 para reforzar la asistencia jurídica de las víctimas, tal y como exige el Pacto de Estado, contemplando no solamente que los Colegios de Abogados, sino también los de Procuradores, adopten las medidas necesarias para la designación urgente de letrados y procuradores de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género, que aseguren su inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas.

Por otro lado, se añade un nuevo apartado 6 para implementar una medida del Pacto de Estado referente a la habilitación legal del letrado de la víctima a fin de que pueda ostentar su representación procesal hasta la designación de procurador o procuradora en tanto la víctima no se haya personado como acusación, si bien esto debe armonizarse con la tercera medida consistente en la adición de un nuevo apartado 7 con el objeto de permitir a la víctima personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

De tal modo, que la nueva redacción de este artículo queda modificada en los siguientes términos:

Artículo 20. Asistencia jurídica.

«4. Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrado o letrada de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas.

5. Los Colegios de Procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de procurador o procuradora en los procedimientos que se sigan por violencia de género cuando la víctima desee personarse como acusación particular.

6. El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces cumplirá el abogado o abogada el deber de señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos.

7. Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma del derecho de defensa del acusado».

Por su parte, la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica permite concretar y ampliar los títulos judiciales habilitantes para acreditar la condición de víctima de violencia de género. A su vez, se establecen otros títulos no judiciales habilitantes para los casos en los que no hay denuncia y, en consecuencia, tampoco existe procedimiento judicial abierto. En este sentido, cabe recordar que el artículo 18.3 del Convenio de Estambul exige no supeditar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio por parte de aquéllas de acciones legales ni a la declaración contra el autor.

El papel de la Administración Local

Con las modificaciones introducidas se devuelven a los Ayuntamientos competencias en esta materia, ya que se quiere reforzar el papel de la Administración local por ser la más próxima a la ciudadanía. En este sentido, se plantea que estas cuestiones deberán formar parte del catálogo de materias recogido como competencia propia de los municipios en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Por otra parte, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, establece cuantías específicas destinadas a las entidades locales dirigidas a implementar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

La protección de los menores

La protección de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de
género constituye uno de los ejes del Pacto de Estado que exige una respuesta más
urgente. Por ello el presente real decreto-ley incluye una modificación del artículo 156 del Código Civil para dar cumplimiento a la medida 148, del Informe de la Subcomisión del Congreso.

De este modo, se propone desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad. En concreto la reforma que afecta al artículo 156 del Código Civil tiene como objetivo que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.

La violencia de género, como manifestación más cruel de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ha cobrado la vida de 947 mujeres en España desde 2003, año en que en nuestro país empezaron a contabilizarse
las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. 11 de ellas lo han sido en los últimos dos meses de junio y julio de 2018.

El Gobierno aprueba el Real Decreto-ley para desarrollar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género2018-08-07

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que modifica la Ley de Bases del Régimen Local, la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Código Civil.

Estas modificaciones devuelven a los Ayuntamientos las competencias en esta materia. También fortalecen la tutela judicial, el acceso a la justicia y a los recursos de asistencia a las víctimas de violencia de género. Igualmente, se recoge que la confirmación de las situaciones de violencia de género se amplíe más allá de la sentencia o resolución judicial. Con esta iniciativa se da cumplimiento al Convenio de Estambul en lo que se refiere a prevención y diligencia debida ante casos de violencia de género.

Tras la Conferencia Sectorial de Igualdad celebrada el pasado 31 de julio, una de las medidas más urgentes para el cumplimiento del Pacto de Estado es la devolución de competencias en la materia a la Administración local, por ser la más cercana a las víctimas. La promoción de la igualdad y la lucha contra la violencia de género entrarán a formar parte del catálogo de competencias propias gracias a la modificación de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Asimismo, los fondos destinados a los programas dirigidos a erradicar la violencia de género para los Ayuntamientos -20 millones en el presente ejercicio y 40 millones de euros en 2019- se distribuirán vía transferencia finalista y directa, o a través de otras Entidades Locales.

La protección de los menores constituye uno de los ejes más importantes del Pacto de Estado. Por ello, el Real Decreto-ley incluye una modificación en el artículo 156 de Código Civil para que la atención y asistencia psicológica quede fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté acusado en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.

Por otro lado, la reforma de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género aprobada fortalece la tutela judicial para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal, con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos que aseguren la inmediata presencia para la defensa y representación de las víctimas. Además, la víctima podrá personarse como acusación particular en cualquier fase del procedimiento.

En relación con las ayudas reguladas en el artículo 27 de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, el Real Decreto-ley posibilita que dichas ayudas sean compatibles con otras de carácter autonómico o local.

Por último, y en línea con el artículo 18.3 del Convenio de Consejo de Europa que exige no subordinar la protección de las víctimas de violencia de género al ejercicio de acciones legales o declaración contra el autor, el Real Decreto-ley modifica la Ley integral para ampliar los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia de género. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de las víctimas se podrá acreditar por el informe del Ministerio Fiscal, de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial, diseñarán de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha dicha acreditación.

Fallece Luis del Castillo Aragón, decano emérito del ICAB y expresidente del Colegio de Abogados Penal Internacional2018-08-07

CGAE.-El domingo 5 de agosto fallecía el reconocido jurista Luis del Castillo Aragón, quien asumió el decanato del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) entre los años 2002 y 2003 y fue presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional (BPI-CAPI) de 2010 a 2014.

Luis del Castillo Aragón nació en Madrid en 1934 y se licenció en Derecho en 1956. Tres años más tarde trasladó su residencia a Barcelona, donde fue profesor de la Universidad de Barcelona desde 1960 hasta 1966, como adjunto a la Cátedra de Derecho Político. En 1975 fundó su propio despacho penalista en la ciudad condal.

Desde su incorporación como colegiado al ICAB, en 1970, Luis del Castillo estuvo muy vinculado a la vida colegial. Colaboró estrechamente como ponente en la Comisión de Deontología, que posteriormente presidió. También fue vicedecano del Colegio desde 1997 a 2005; y ejerció como decano en 2002. También en 2002 fue elegido representante español del Colegio de Abogados del Tribunal Penal Internacional del BPI-CAPI.

Durante su trayectoria fue galardonado por diferentes instituciones, como la Abogacía Española que le otorgó la Gran Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía. También por sus años de servicio a la profesión fue distinguido con una mención honorífica del Premio Justicia de Cataluña.

Asimismo, el 14 de abril de este año fue condecorado con la Cruz de Honor de la Orden de Raimundo de Peñafort de manos del entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá. Actualmente era presidente de la Comisión de Justicia Penal Internacional del ICAB y presidente honorario del CAPI-BPI.

Garantías para la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social2018-08-07
  • El Real Decreto aprobado modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.
  • Se evita así que las empresas obstruyan la actuación de la Tesorería General de la Seguridad Social cuando la Inspección de Trabajo detecta altas irregulares en el Régimen de Autónomos.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que modifica la normativa de Seguridad Social para garantizar la afiliación de los falsos autónomos en el Régimen General de la Seguridad Social.

Se trata de aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social detecta el encuadramiento irregular de trabajadores en el Régimen de Autónomos cuando por su actividad laboral son trabajadores por cuenta ajena. Es lo que se conoce como "falsos autónomos". En estos casos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social inicia un procedimiento e insta a la Seguridad Social (ITSS) para que, de oficio, dé de alta a estos trabajadores en el Régimen General, que es el correspondiente para los trabajadores por cuenta ajena, al menos hasta la finalización del procedimiento.

Las empresas afectadas -o en su caso, los trabajadores- tramitan la baja para anular el alta practicada de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, que actúa a instancia de la Inspección de Trabajo y dentro del procedimiento de infracción iniciado por ésta.

Bajas fraudulentas a través de RED

La medida aprobada trata de evitar estas incidencias que se han venido produciendo en los procedimientos iniciados por la Inspección de Trabajo cuando, tras practicar la Tesorería General de la Seguridad Social las altas de oficio de los trabajadores en el Fichero General de Afiliación, las empresas o los propios trabajadores tramitaban la baja de esos mismos trabajadores y por esos mismos periodos a través del Sistema de remisión electrónica de datos (RED).

De esta forma, se distorsionaba el procedimiento. Un ejemplo del volumen de gestión es que para uno de los supuestos afectados el número de movimientos realizados -altas, bajas o variación de datos- ha sido de 14.500, que afectaban a 5.500 trabajadores y a 21 Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Mediante el Real Decreto aprobado se reforman los artículos 31 y 35 del Reglamento General sobre inscripción de empresas, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social.

Modificación del Reglamento

Lo más importante es que partir de ahora, serán preceptivos los Informes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para resolver las solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores a instancia de la propia Inspección. Hasta ahora, estos informes eran potestativos.

Asimismo las bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas o trabajadores no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos cuando afecten a los periodos de tiempo comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que motivaron la tramitación del alta y variación de datos de oficio, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores.

El Tribunal Supremo confirma la pena de tres meses de prisión a un brigada del ejército por imprudencia por las graves lesiones que sufrió un cabo de la UME2018-08-06
El brigada dirigía un entrenamiento de rescate en aguas rápidas en el que un cabo primero quedó tetrapléjico tras permanecer atrapado bajo el agua durante unos diez minutos

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala V, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres meses de prisión impuesta a un brigada del Ejército de Tierra por delito contra la eficacia del servicio (en su modalidad de producir lesiones por imprudencia), cometido cuando dirigía un entrenamiento de rescate en aguas rápidas por parte de la Unidad Militar de Emergencias, en el que un cabo primero quedó tetrapléjico tras permanecer atrapado bajo el agua durante unos diez minutos. El suceso ocurrió en marzo de 2010 en aguas del Tajo cerca de Ocentejo (Guadalajara).

El TS mantiene también la absolución del entonces jefe del Batallón de Intervención de Emergencias de la UME y de un comandante, para quienes la familia de la víctima pedía una condena por negligencia o imprudencia, por infringir normas de seguridad personal y de atención sanitaria previstas en este tipo de ejercicios.

La sentencia ratificada, que dictó en enero de 2017 el Tribunal Militar Central, también condena al brigada, con responsabilidad subsidiaria del Estado, a abonar 808.000 euros de indemnización al cabo afectado, en situación de gran invalidez por el daño cerebral sufrido que le hace completamente dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria, según la resolución.

Asimismo, tendrá que pagar, con responsabilidad subsidiaria del Estado, una indemnización de 30.000 euros tanto al padre como a la madre del militar. Además, el Supremo estima parcialmente el recurso planteado por la pareja de hecho del cabo, y eleva la indemnización reconocida a esta mujer de 15.000 a 30.000 euros, al entender que el Tribunal Militar Central no tuvo en cuenta el daño moral sufrido por la misma.

El Supremo desestima el recurso del brigada que sostenía que no había vulnerado el deber de cuidado que le era exigible y que la Sala de instancia no había valorado adecuadamente la concurrencia de un comportamiento negligente de la víctima, que él consideraba que podría conceptuarse como un caso de “autopuesta en peligro”.

Los magistrados contestan que la concurrencia de la culpa de la propia víctima ya se tomó expresamente en consideración por el Tribunal de Instancia para calificar de simple la negligencia del recurrente, “pero sin que pueda excluir su responsabilidad penal, ya que su comportamiento contribuyó de modo notorio al incremento del riesgo, y con ello a la producción del resultado”.

Agrega que la conducta del recurrente, “de naturaleza omisiva, estuvo desprovista del deber de cuidado exigible al no hacer lo que le incumbía y era esperable desde su posición de garante de la indemnidad física de los diecisiete militares participantes en el ejercicio de técnicas de rescate de víctimas en aguas rápidas, puestos a su cargo por ser el Jefe responsable de la Unidad desplazada para dicho ejercicio, al haber descuidado deberes relevantes con incidencia efectiva en el resultado fatal producido”.

Confirmada la absolución de dos jefes de batallón

La Sala desestima también la petición de las acusaciones particulares de que se revocasen las absoluciones dictadas por el Tribunal Militar Central para el entonces teniente coronel jefe del Batallón de Intervención de Emergencias de la UME y para el comandante jefe de la Sección de Operaciones de la Plana Mayor, y se les condenase por negligencia o imprudencia profesional. Entendían que ambos incumplieron obligaciones bien en cuanto a las normas de apoyo sanitario del ejercicio o por el hecho de que los participantes no contaban con todos los elementos de seguridad, ya que no todos disponían de chalecos de rescate (entre ellos, el cabo afectado).

El Supremo explica que, según doctrina constitucional, está vedado al tribunal condenar a quienes han sido absueltos en la instancia partiendo de una reconsideración de los hechos probados para establecer su ausencia de culpabilidad. En relación a la absolución del entonces teniente coronel jefe del Batallón, recuerda el TS que la Sala de instancia, basándose en los dictámenes de los peritos médicos, recalcó que “la presencia de los apoyos sanitarios previstos en las normas (en todo caso, de difícil acceso al lugar de los hechos) no hubiera ni siquiera minimizado las gravísimas lesiones del Cabo 1º, lesiones producidas por el tiempo que permaneció bajo el agua, período de tiempo que…..si supera ciertos límites hace independiente el apoyo sanitario del que se disponga en ese momento”. Valoración probatoria que, resalta el Supremo, no se puede revisar en perjuicio del reo.

Y en cuanto a la actuación del comandante, indica la sentencia, entre otros aspectos, que el ámbito de la imprudencia punible “no alcanza supuestos en los que la intervención de terceros, tanto en el caso actual la de la víctima como la del suboficial que se encontraba presente cuando ocurrió el hecho, tiene una relevancia decisiva en la producción del daño, no previsible ni evitable por el jefe militar que simplemente controla a distancia la realización del ejercicio”.

Voto particular: el jefe del batallón debió ser condenado

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la han dictado que considera que el teniente coronel jefe del Batallón (hoy general de Brigada) debió ser condenado por delito de negligencia profesional o imprudencia, y que no debió aminorarse la indemnización en favor del lesionado como hizo la Sala de instancia, ya que considera que su conducta no tuvo nada que ver con la grave infracción del deber de cuidado que se cometió al ordenarse la realización del ejercicio de alto riesgo.

La juez Carmen Lamela propone juzgar a 48 personas, directivos de Bancaja y Banco Valencia y empresarios, por las inversiones inmobiliarias en México2018-08-06
En su auto, acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía

Autor Comunicación Poder Judicial

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela propone juzgar a un total de 48 personas, entre ellas directivos de Bancaja y Banco de Valencia como el expresidente de ambas entidades, José Luis Olivas, y empresarios, por las inversiones inmobiliarias en México a través del llamado Grupo Grand Coral y que supusieron “una auténtica operativa de desfalco” de ambas entidades bancarias.

En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado que pone fin a la instrucción, la magistrada considera que los hechos son constitutivos de un delito societario continuado en su modalidad de administración desleal de gestión fraudulenta del patrimonio social o de apropiación indebida y de un delito de blanqueo de capitales.

Lamela acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía y emplaza a las acusaciones a que en un plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de las actuaciones.

La magistrada explica que las entidades Bancaja y Banco de Valencia participaron, entre 2005 y 2009, en unas inversiones inmobiliarias en México formando parte del llamado Grupo Grand Coral (CGC) del que formaban parte también otros socios externos, inversiones muy diversas y de una “enorme magnitud económica”.

Señala de acuerdo con los informes de los peritos judiciales las entidades Bancaja y Banco de Valencia fueron los socios denominados “financiadores”, en tanto que los socios externos fueron accionistas denominados “promotores-gestores”, resultando que “los máximos responsables de Bancaja y Banco de Valencia favorecieron económicamente, de modo sistemático e injustificado, en detrimento de dichas entidades, a los segundos, esto es, Juan Vicente Ferri, José Salvador Baldó y Juan Poch”.

La resolución enumera las operaciones sospechosas, entre ellas el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, en el que Ferri, Baldó y Poch, indica, obtuvieron una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares, que sufragaron las entidades financieras y que se transfirió a sus cuentas en Andorra.

“En todas estas operaciones se comprueba que los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch”, asegura la juez, que indica que los ejecutivos de las entidades eran José Luis Olivas, así como los directores generales de Bancaja Aurelio Izquierdo y José Fernando García de la Checa y el consejero delegado de banco de Valencia Domingo Parra. Añade que a los fines de la operativa de concesión de créditos colaboraban los gestores de nivel inferior vinculados a Bancaja y a sus participadas Actura y Bancaja hábitat y los gestores de Banco de Valencia y su participada Bavacu.

Olivas alentó las inversiones millonarias

Lamela subraya que José Luis Olivas conoció y alentó las inversiones millonarias que las entidades que presidía estaban realizando en CGC, que las lastraban y que, por el contrario, “suponían un continuo favorecimiento a los hoteleros Ferri y Baldó” de tal manera que estos, en agradecimiento por el trato que recibían de Olivas, pagaron a éste hasta 14 viajes a Cuba por motivos puramente de ocio.

Señala la magistrada de que acuerdo con el informe de 3 de julio de 2017 de los peritos designados por el Banco de España y nombrados judicialmente, se han constatado múltiples irregularidades, ausencia de racionalidad económica en parte de las inversiones, “constatándose un quebranto económico del 100% de la inversión llevada a cabo por las entidades financieras Bancaja y Banco de Valencia en el Grupo Grand Coral, lo que se valora en 750 millones de euros”.

Operativa de blanqueo de capitales en Andorra

En el curso de la instrucción, dice Lamela, se ha podido determinar la realización de una presunta operativa de blanqueo a través de las cuentas en Andorra controladas por Aurelio Izquierdo y Domingo Parra que gestionaban tanto cuentas propias como la cuenta Summerville receptora de la “injustificable plusvalía” de la operación Zacatón y Piedras Bolas, que, según los indicios, se pudieron repartir Izquierdo y Parra junto con los hoteleros Ferri, Baldo y Poch.

Igualmente, señala la magistrada, a lo largo de la investigación se ha determinado que los Consejos de Administración de Bancaja que permitieron las operaciones “en claro menoscabo de la entidad” y que fueron los celebrados el 24 de octubre de 2005, el 19 de diciembre de 2006, el 24 de octubre de 2007 y el del 17 de diciembre de 2009.

Anulada una multidivisa colocada a un directivo asegurador2018-08-06
  • Que tenga responsabilidades en el mundo del seguro no implica que sea un experto en materia financiera", señala la sentencia
  • La escritura no detalla los riesgos de la fluctuación de la divisa y la comercial no explicó el riesgo de vencimiento anticipado en caso de devaluación del euro
  • No se entregó folleto informativo ni se realizaron simulaciones de escenarios

10 Julio 2018. El juzgado nº 53 de Madrid ha anulado una cláusula multidivisa de una hipoteca de Bankinter colocada a un directivo del sector asegurador por 455.000€ el 1 d agosto de 2008. La entidad alega que el cliente conocía por su profesión las características del producto, pero la sentencia considera que el hecho de que fuera master en gestión de empresas y directivo asegurador no le convertía en experto en materia financiera.

Legal Today

"La multidivisa es un producto muy complejo porque exige conocer tipos de interés ajenos al español y todas las consecuencias de la fluctuación de la moneda, no sólo sobre la cuota, sino lo más relevante, sobre el capital pendiente de amortizar", explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.

El letrado aportó en el juicio el cruce de correos entre el cliente y la entidad cuando el cliente se comunicó para informarse sobre un cambio en la nominación de la moneda de su hipoteca. "Pide información sobre el impacto en la cuota, pero no sobre el capital pendiente, cuestión muy relevante; por lo que probablemente no conocía el impacto que tendría efectuar el cambio", señala la sentencia. "Efectivamente, al cambiar la moneda de referencia del préstamo, se consolida la pérdida en el capital pendiente de amortización en caso de que se haya producido una devaluación del euro", explica Navas.

La sentencia considera que una persona media puede entender que la fluctuación de la moneda puede acarrear una pérdida "pero no que a pesar del pago puntual de la deuda el importe del préstamo puede aumentar de forma muy significativa". En opinión de Navas, "esta es la clave de todo: puede que estés pagando religiosamente tu hipoteca pero que al cabo de unos años debas más de lo inicialmente prestado".

La sentencia recuerda que el Supremo señala que la fluctuación de la moneda supone un "recálculo constante del capital pendiente de amortizar". Por eso considera que esta información es la clave para que el cliente entienda la carga económica que supone este tipo de préstamos. Y esa transparencia no se dio. Para empezar porque la misma escritura no especifica los riesgos que implica la fluctuación de la divisa. "Los señala de forma poco clara y comprensible", señala la sentencia.

Además, aunque el comercial del banco asegura haber informado de los riesgos y haber presentado simulaciones, la sentencia concluye que "no existe ningún documento que puede dicha información" y desconfía de su testifical. "Comprensible porque sigue siendo empleada del banco y quiere seguir siéndolo", señala Navas. Tampoco se entregó folleto informatrivo, según concluye la sentencia.

Por otra parte, la información posterior remitida por el banco no detalle el contravalor en euros del capital pendiente de amortización. "De esta manera el cliente cree que como está pagando las cuotas, está amortizando capital, aunque puede que en su contravalor en euros eso no esté pasando", explica el socio-director de navascusi.com.

La sentencia concluye que no existe transparencia porque no se explica con detalle la carga económica (sacrificio patrimonial) y jurídica que implica para el cliente. "No conoció con antelación y de manera precisa y compresible las consecuencias de su contrato" De esta manera, el cliente no pudo tomar una decisión "cabal y prudente" porque no tuvo un "conocimiento real".

Además, la sentencia afea que tampoco se informara sobre la posibilidad de que el banco anticipara el vencimiento del préstamo en caso de devaluación del euro. La empleada que comercializó la hipoteca reconoció que no informó de dicha posibilidad. "Supone un serio riesgo para el consumidor pese a no haber incurrido en incumplimiento contractual", señala el fallo. "La gente no sabe que el banco se reserva la posibilidad de rescindir el contrato y de echarte de tu casa si hay una devaluación del euro -de la que eres absolutamente ajeno-  y no eres capaz de cubrirla", lamenta Navas.

El banco también trató de defenderse alegando a los actos propios: como los clientes pagaron su cuota, confirmaron su voluntad de contratar. La sentencia recuerda el fallo del Supremo del 24 de julio de 2006 en la que señala que "el mero conocimiento de la causa de nulidad no implica su aceptación". Recuerda también que los actos propios deben de ser "inequívocos" y no "ambiguos o inconcretos". Y en este caso, apunta el socio-director de navascusi.com, "es evidente que el cliente desconocía el impacto de la fluctuación euro/yen respecto al capital pendiente y que su voluntad era de cumplir; no se puede sancionar por querer cumplir".

Por último, Bankinter trata de alegar el control notarial, pero el falo del 53 de Madrid recuerda que el Supremo ya ha señalado que no es el momento más adecuado para que el cliente revoque su decisión y que el control notarial "no suple la obligación informativa del banco". Asi que concluye decretando la nulidad de la cláusula multidivisa y obliga al banco a rehacer los pago y cuadro de amortizaciones como si la hipoteca se hubiera firmado en euros desde el primer momento.

"Una sentencia relevante porque deja claro que la multidivisa es un producto altamente complejo y especulativo y que para comprenderlo el banco debe de asegurarse que el cliente comprende la totalidad de riesgos que implica. Ni siquiera un directivo de seguros está capacitado para comprender la complejidad financiera que implica la multidivisa", concluye el socio-director de navascusi.com.

El Tribunal Supremo confirma la legalidad de la colegiación de oficio para evitar el ejercicio irregular de los profesionales2018-08-03

El sistema de los colegios profesionales en España prevé el requisito de colegiación para aquellos profesionales cuyo ejercicio afecta a derechos de los ciudadanos introduciendo el cumplimiento de normas específicas de la profesión tanto a las exigencias de titulación como al cumplimiento de un código deontológico. Los colegios profesionales tienen atribuida por ley la función deontológica, siendo los colegiados, los sujetos obligados al cumplimiento de la normas recogidas en el código deontológico. Sin embargo, esta aplicación se viene planteando por extensión a los profesionales, que debiendo estar colegiados, no cumplen dicho requisito. La función deontológica, en su vertiente disciplinaria,  implica asimismo un régimen de faltas y sanciones para hacerlo efectivo.

La colegiación es una garantía para los propios colegiados y para los beneficiarios de los servicios que éstos prestan. Sin embargo, se  viene dando en ocasiones, que hay personas con un título académico que ejercen una profesión, sin estar colegiado, cuando está previsto el requisito de colegiación. Este tipo de ejercicio es el que se denomina irregular puesto que está afectando negativamente a los derechos ciudadanos por no estar bajo el control legalmente previsto.

Este ejercicio irregular ha venido siendo contemplado por la doctrina y particularmente por el Tribunal Supremo, que en algunas sentencias (STS de 11 de noviembre de 1992 -RJ 1992/8667-y STC 8 de marzo de 1996 -RJ 1996/2267-), ha explicitado que «dicha potestad disciplinaria- de los colegios profesionales- debe entenderse de modo amplio, de manera que suponga un robustecimiento de los poderes públicos del Colegio profesional». Ello nos lleva a contemplar la aplicación de la potestad disciplinaria de los colegios profesionales a aquellos que ejercen la profesión correspondiente sin estar colegiados.

Esta cuestión ha sido tratada también en diversas ocasiones por la doctrina y en particular, fue recogida en el estudio «La función deontológica de las organizaciones colegiales y su impacto económico y social. Garantía de los derechos de los consumidores y usuarios» (Unión Profesional. Diciembre 2016). En él se contemplan como sujetos de aplicación del código deontológico tanto los colegiados como lo que pudieran ejercer la profesión irregularmente.

ÚLTIMA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

El asunto se ha puesto nuevamente de manifiesto con motivo de la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de julio del 2018 en la que se determina que el Reglamento de Régimen Interior del Colegio de Ópticos y Optometristas del Colegio de la Comunidad Valenciana, responde a la legalidad en cuanto que prevé la apertura de un expediente instando de oficio la colegiación, en la medida que este «no se dirige a imponer o sustituir la voluntad del interesado en la decisión de ejercer la profesión colegiada sino a exigir que quien ha decidido y se halla en el ejercicio de la misma se sujete a la obligación de colegiación legalmente establecida y ello en virtud de las facultades que la Ley atribuye al colegio profesional en garantía y tutela del interés público valorado por el legislador al establecer tal obligación de colegiación».

Se presentó en junio pasado una proposición de Ley de modificación de la Ley de colegios profesionales de la Comunidad Valenciana, actualmente en trámite, que atribuye la potestad sancionadora en el caso del ejercicio irregular (de profesiones colegiadas sin estar colegiado), a la administración pública competente.

Según establece la exposición de motivos «la normativa autonómica valenciana debe dar respuesta a una situación no deseable como es que las personas con sanción firme de no ejercicio de la profesión colegiada o personas que ejercen la profesión sin cumplir con el requisito de colegiación obligatoria, cuando la normativa que la regule lo exija, continúe ejerciendo». Se pretende por tanto garantizar la eficacia del mandato legal y proteger los derechos ciudadanos posibilitando la eficacia de las sanciones impuestas.

Justicia recupera la política de reconocimiento y reparación moral a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo2018-08-03

La Dirección General de Memoria Histórica revisará las solicitudes de reconocimiento no tramitadas o denegadas por el anterior equipo ministerial.

El Ministerio de Justicia ha retomado la política de reconocimiento y reparación moral de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo iniciada con la promulgación de la Ley 52/2007, conocida como de la memoria histórica, y que había sido abandonada por el anterior equipo ministerial. La ministra Dolores Delgado ha entregado hoy a Cristina Calandre Hoenigsfeld la declaración de reparación y reconocimiento personal a su abuelo, el médico Luis Calandre Ibáñez, destacado cardiólogo durante la II República represaliado por la dictadura franquista.

El pasado 8 de julio, Cristina Calandre reclamó por escrito a la recién creada Dirección General de Memoria Histórica del Ministerio que se honrase la historia del Hospital de Carabineros, dirigido por su abuelo entre 1937 y 1939. El centro estuvo abierto en pabellones pertenecientes a la Residencia de Estudiantes, donde el doctor Calandre Ibáñez fue director del laboratorio de anatomía microscópica.

Con anterioridad, Cristina Calandre había solicitado en enero de 2013 al entonces ministro de Justicia y en mayo de 2018 al Congreso de los Diputados la derogación del decreto de 19 de mayo de 1938 que disolvió la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), institución científica de la que su abuelo fue subdelegado entre 1938 y 1939. Ambas peticiones fueron desatendidas. 

El director general de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, ha mantenido hoy un encuentro con Cristina Calandre en la sede del Ministerio para conocer de primera mano sus peticiones, cuya viabilidad prometió estudiar. A la reunión se sumó la ministra Delgado, que hizo entrega a Cristina Calandre de la declaración de reparación y reconocimiento personal a la memoria de su abuelo, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 52/2007 que reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.

El derecho a obtener la reparación moral del cardiólogo Calandre Ibáñez se fundamenta en que fue sometido a dos procesos militares con sendos consejos de guerra por permanecer leal a la legalidad republicana. Absuelto en el primero de ellos, el Colegio de Médicos de Madrid forzó el segundo juicio, en el que fue condenado a doce años y un día de reclusión menor, pena que fue conmutada por la de seis años y un día de prisión mayor, por haber dirigido el Hospital de Carabineros y ocupado cargos de confianza durante la II República. El tribunal militar consideró que esos hechos eran constitutivos de un delito de auxilio a la rebelión por el que también le impidió acceder a cargos de responsabilidad política a perpetuidad. Además, el Colegio de Médicos le sancionó a su vez con cinco años de inhabilitación en Madrid.

Revisión

El certificado de declaración de reparación y reconocimiento personal entregado hoy a Cristina Calandre es el número 2.475 de los expedidos por el Ministerio de Justicia desde la promulgación de la Ley 52/2007.  Entre 2009 y 2011 se expidieron 1.355 títulos similares, pero a partir de ese año el ritmo decayó y entre 2012 y 2018 solo se han entregado 1.120, veinte de ellos durante este mismo año.

La Dirección General de Memoria Histórica trabaja en la recuperación de la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, suprimida por el Gobierno en marzo de 2012. Uno de sus primeros cometidos será determinar cuántas solicitudes de certificación quedaron sin tramitar o fueron rechazadas y darles trámite o revisar la resolución adoptada en su día.

¿Qué pasa con el dinero que adelantaste por la compra de una vivienda que nunca se entregó?2018-08-03

Durante los peores años de la crisis, miles de personas pagaron elevadas cantidades por la compra de una vivienda sobre plano que jamás llegó a construirse y, lo que es más grave, se tuvieron que resignar a perder el dinero adelantado debido a que muchas promotoras se declararon insolventes.

José Luis Parrondo,
LABE Abogados

Para evitar responsabilizarse, la banca esgrimió en su momento que "su papel era de tercero y ajeno a la relación entre comprador y vendedor", por lo que toda responsabilidad debía recaer sobre las promotoras. No obstante, el Tribunal Supremo rechazó este argumento al dictar una sentencia el 13 de enero de 2015 en la que señalaba que tienen "un especial deber de vigilancia sobre el promotor al que concede el préstamo a la construcción", lo que les obliga a devolver el dinero adelantado por clientes a promotores.

Esta sentencia bebe de la Ley 57/1968 sobre recuperación de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, aprobada tras el caso ‘Nueva esperanza', que obligó a los bancos a tener avalada la cantidad entregada a cuenta para la vivienda, requisito que se ha incumplido en numerosas ocasiones (Artículo 1 Ley 57/1968):

Primera.- Garantizar la devolución de las cantidades entregadas más el seis por ciento de interés anual, mediante contrato de seguro otorgado con Entidad aseguradora inscrita y autorizada en el Registro de la Subdirección General de Seguros o por aval solidario prestado por Entidad inscrita en el Registro de Bancos y Banqueros, o Caja de Ahorros, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido.

Segunda.- Percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de una Entidad bancaria o Caja de Ahorros en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas. Para la apertura de estas cuentas o depósitos la Entidad bancaria o Caja de Ahorros, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior.

La Sentencia TS (Sala 1.ª) de 13 enero 2015, Rec. 2300/2012, declara que "es obligación exclusiva del promotor-vendedor ingresar las cantidades anticipadas por los compradores en la cuenta especial, que el referido promotor debe abrir". La Sentencia TS (Sala 1.ª) de 21 diciembre 2015, Rec. 2470/2012, fija la siguiente doctrina jurisprudencial: "En las compraventas de viviendas regidas por la Ley 57/1968 las entidades de crédito que admitan ingresos de los compradores en una cuenta del promotor sin exigir la apertura de una cuenta especial y la correspondiente garantía responderán frente a los compradores por el total de las cantidades anticipadas por los compradores e ingresadas en la cuenta o cuentas que el promotor tenga abiertas en dicha entidad".

La Sentencia TS (Sala Primera) de 12 septiembre 2016, Rec. 1933/2014, fija la siguiente doctrina: "las garantías legales de las cantidades anticipadas para adquisición de viviendas que regula la ley 57/1968 y disposición adicional primera de la LOE se extienden a aquellos supuestos en que el contrato de compra-venta no llega a buen fin, por declararse nulo por vicio invalidante del consentimiento al haber ocultado el promotor-vendedor al comprador la existencia de vicios de la edificación de naturaleza urbanística".

En los casos en los que ya se haya resuelto el contrato con la promotora y no se haya podido obtener la reintegración de las cantidades, lo normal es que se pueda demandar directamente al banco, al igual que en aquellos casos en los que la promotora está en concurso de acreedores y se ha indicado la imposibilidad de finalización o entrega de la obra.

Sin embargo, es aconsejable demandar conjuntamente a la promotora y a la entidad de crédito en los casos en los que se ha producido un pequeño retraso en la entrega o iniciación de la vivienda o en los que el contrato de compraventa no se le atribuye al retraso trascendencia resolutoria de forma clara.

Es importante recalcar que no se puede reclamar judicialmente por la compraventa de cualquier tipo de inmueble; sólo por las destinadas a domicilio o residencia familiar, con carácter permanente o bien a residencia de temporada, accidental o circunstancial, lo que excluye a las Viviendas de Protección Oficial (VPO)

Para iniciar la reclamación hay que acreditar que había un compromiso de iniciación o  entrega de la vivienda en un plazo determinado que ha sido incumplido por el promotor, que se han realizado ingresos en concepto de cantidades entregadas a cuenta en la cuenta corriente aperturada por la promotora en la entidad de crédito y que estas cantidades no están aseguradas.

Por último, la reclamación se puede realizar como máximo hasta octubre de 2020, teniendo en cuenta el plazo de prescripción de 15 años del código civil desde el momento en que se produce el incumplimiento de entrega por la promotora en relación con la reforma de octubre de 2015 que redujo ese plazo a 5 años. No obstante, hay casos excepcionales en los que la fecha límite puede variar. Por ello, siempre es aconsejable consultarlo con un despacho lo antes posible.

Un juzgado contencioso de Oviedo determina que el empadronamiento no puede ser un requisito excluyente para acceder a las becas municipales de comedor2018-08-02
La sentencia señala que el lugar de trabajo del padre, que le dio acceso al colegio, equivale al lugar de residencia para que le asignen este tipo de ayudas

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Oviedo ha dictado una sentencia en la que determina que todos los niños que estudien en los colegios públicos del municipio tienen derecho a las becas de comedores que otorga el Ayuntamiento si cumplen los requisitos exigidos, con independencia de que estén empadronados en el municipio o no. La sentencia estima las pretensiones de los padres de un menor empadronado en Lugo de Llanera, donde reside la familia, y que acude a clase a un centro de Oviedo, donde trabaja uno de sus progenitores.

La pareja recurrió el pasado 27 de abril el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital del Principado que desestimaba el recurso de reposición presentado por ellos mismos anteriormente en contra de la resolución de la convocatoria de becas para comedores escolares.

En la resolución el magistrado reconoce el derecho de los reclamantes "a que su solicitud de ayuda de comedor escolar sea admitida y tramitada recibiendo, en caso de cumplir el resto de requisitos, la subvención que proceda". Para el juez, "si el objetivo de las ayudas es garantizar el acceso de todos los niños a los comedores escolares de los colegios del municipio, no tiene sentido hacer diferenciaciones entre los que están empadronados y los que no, e incluso dejar fuera de la convocatoria a los menores que tengan una situación económica peor a la del resto".

Conciliación

Además, toma en consideración la "realidad social" de la región, en la que no es "infrecuente" que para conciliar la vida laboral y familiar los niños acudan a centros escolares que no les corresponden atendiendo a su lugar de residencia, sino a otro más próximo al trabajo de sus padres. De hecho, el juez destaca que ese dato, el de la ubicación del centro de trabajo de los progenitores, es equivalente a la dirección del domicilio como criterio de admisión a un colegio.

La sentencia refleja que sería "un contrasentido que niños que asisten a un mismo comedor y que están sentados en la misma mesa" sean diferenciados cuando la situación económica de sus familias es similar. El juez entiende que los alumnos superan "criterios de admisión que, una vez cumplidos, se considera que deben situar a los niños en igualdad de condiciones". Los demandantes consideraban en su demanda que el Ayuntamiento estaba vulnerando "el principio de igualdad".

El Tribunal Supremo considera accidente laboral el sufrido por una mariscadora de Galicia durante el traslado del producto a la lonja2018-08-02
El alto tribunal considera que el desplazamiento del marisco no es una actividad complementaria e instrumental, como pretendía la Seguridad Social

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado que el accidente de tráfico sufrido por una mariscadora autónoma en el traslado del marisco desde la playa de extracción a la lonja debe ser considerado accidente laboral, porque es consecuencia directa e inmediata de su trabajo. El Supremo estima que forma parte de la actividad profesional propiamente dicha de la mariscadora, y no es una actividad complementaria e instrumental, como pretendía la Seguridad Social.

El tribunal desestima el recurso de casación que interpuso, para unificación de doctrina, el Instituto social de la Marina, La Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social contra una sentencia del TSJ de Galicia de 30 de enero de 2017, que reconoció como accidente laboral el sufrido en Vilanova de Arousa (Pontevedra) por una mariscadora autónoma gallega, cuando trasladaba el marisco desde la playa de O Terrón a la lonja de Vilanova para su comercialización.

La trabajadora circulaba en un vehículo de la Cofradía de Mariscadores -conducido por la patrona mayor de la Cofradía-, siguiendo un turno establecido entre los cofrades, para trasladar, supervisar y controlar el marisco que se depositaba en la lonja para su comercialización. Por el accidente causó baja laboral durante cuatro meses, con diagnóstico de cervicalgia.

La Seguridad Social en su recurso de casación rechazaba que el accidente pudiese calificarse como de trabajo, ya que ocurrió durante una actividad instrumental o complementaria como, según su criterio, era el traslado del marisco a la lonja. Para ello, presentaba como sentencia de contraste el caso de un patrón de una embarcación, también en el régimen de autónomos, que fue atropellado cuando se dirigía a un establecimiento para comprar una pieza de su barco. El tribunal de Asturias que analizó la demanda del patrón concluyó que no se trataba de accidente de trabajo.

Después de analizar los dos casos, la Sala de lo Social concluye que en el supuesto de la mariscadora, sí existe una vinculación entre la “actividad extractiva” del marisco y su posterior comercialización, al objeto de garantizar “la trazabilidad del producto desde su extracción hasta la venta en lonja”. Para el tribunal resulta “meridianamente claro – a nuestro juicio- que el traslado del marisco a la lonja, garantizando aquella obligatoria trazabilidad que consintiese su reglamentaria comercialización, formaba parte de la actividad productiva que como Mariscadora correspondía a la demandante, de forma que el accidente de tráfico sufrido en tales circunstancias comportaba el declararlo AT (Accidente de Trabajo), en tanto que desencadenado “como consecuencia directa e inmediata del trabajo” y “durante el tiempo y en el lugar del trabajo”.

Respecto a la sentencia de contraste, la Sala distingue entre el accidente sufrido por el patrón, cuando desarrollaba “una actividad complementaria o instrumental” ( la de reparar una avería en la embarcación) y la actividad en la que se produjo el accidente de la mariscadora, que era la de garantizar la obligatoria trazabilidad del producto para su comercialización, por lo que ambos casos no se pueden equiparar porque no concurre la identidad sustancial que exige el juicio de contradicción.

M. Ángeles Jaime de Pablo: “La sensación de que el ideario machista impera más en el poder judicial que en la sociedad en general es preocupante”2018-08-02

Por María José Cámara

María Ángeles Jaime de Pablo, nueva presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, es abogada ejerciente del Colegio de Abogados de Madrid. Esta letrada conoce bien la Asociación que ahora preside, ya que ha estado vinculada como socia desde 1991, formando parte del servicio de asesoramiento de género y colaborando con los programas estatales de Asistencia Jurídica Gratuita a mujeres. Asimismo, ha desempeñado, en distintos períodos, el cargo de vicepresidenta de Themis.

Consciente de los desafíos por los que atraviesa la igualdad jurídica entre mujeres y hombres, ha ejercido como docente en cursos de especialización y formación en violencia de género, siendo coordinadora del grupo de trabajo del Observatorio Estatal sobre Violencia de Género sobre evaluación de aplicación de la normativa aplicable (2012-2014).

  1. ¿Qué nuevos retos se propone como presidenta de la Asociación?

Como organización de juristas feministas llevamos más de treinta años reclamando la incorporación de la perspectiva de género en la Administración de Justicia y, afortunadamente, en los últimos tiempos, esta reivindicación es ya un clamor.
Por ello, en esta etapa, que comienzo como presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, continuaremos trabajando para que el enfoque de género tanto en la actuación letrada como en todo el Derecho sea una verdadera realidad.

También desde la Asociación seguiremos apostando por una formación especializada con perspectiva de género, que nos permita transmitir la experiencia y práctica procesal a las juristas más jóvenes. Ellas deben tomar el relevo en nuestra lucha.

  1. ¿Cuáles han sido los logros más destacables que ha conseguido Themis desde su fundación en 1987?

En tantos años de labor me resulta difícil mencionar uno solo, porque Themis ha  conseguido varios hitos importantes.  Antes de la constitución de la Asociación, fue clave el papel de muchas de nuestras socias fundadoras. Con nuestra primera presidenta, Alicia Herrera Rivera, se promovió la inclusión en la Constitución de 1978 del principio de igualdad entre hombres y mujeres como rector del ordenamiento jurídico, la prohibición de discriminación y el mandato a los poderes públicos para la promoción activa de la igualdad de oportunidades.

Ya con la Asociación creada, fue especial la comparecencia de Alicia Herrera Rivera en el Senado en 1988, para informar sobre el desamparo que las mujeres víctimas de violencia de género sufrían frente a la ley española, ya que con su comparecencia se dio el primer paso para visibilizar los malos tratos que las mujeres padecían y a exigir a los poderes públicos su protección integral. Otro logro importante, fue en 1989 al conseguir la introducción del delito de impago de pensiones.

También Themis fue pionera al realizar el primer trabajo de investigación de procesos judiciales por violencia intrafamiliar. Esta investigación de más de 3.000 procesos judiciales, realizada altruistamente por treinta abogadas de la Asociación, entre las que me encontraba, fue el primer trabajo que ofreció estadísticas sobre esta materia en nuestro país.  Este esfuerzo se materializó en el libro “Respuesta Judicial a la Violencia Familiar” (1999). Igualmente, Themis fue promotora en la puesta en marcha de la orden de protección y sus modificaciones posteriores en el formulario de su solicitud.

Desde entonces la Asociación ha reivindicado y reivindica, a veces con éxito, mejoras en la ley y en su interpretación, que salvaguarden los derechos fundamentales que amparan a toda persona, también a las mujeres, que sufren vulneraciones específicas en la familia. Y ello a través de nuestra presencia en observatorios institucionales y foros, comparecencias en Parlamentos estatal y autonómicos, reuniones, llevanza de litigios estratégicos, intervención en medios de comunicación y formación jurídico-feminista. También reclamamos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los órdenes, combatiendo la brecha salarial, la corresponsabilidad de los cuidados a infancia y dependencia, la eliminación del techo de cristal y el uso de un lenguaje jurídico inclusivo, combatiendo los falsos igualitarismos, que ahondan en la desigualdad, como la custodia compartida impuesta.

  1. ¿Considera que la sociedad española sigue teniendo un ideario machista?

Por supuesto. Todavía están muy arraigados los estereotipos machistas que están obstaculizando alcanzar la plena igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres, que persigue el feminismo. La sensación de que el ideario machista impera más en el poder judicial que en la sociedad en general es preocupante. Por ello, desde la Asociación dedicaremos esfuerzos para implementar definitivamente la perspectiva de género en el Derecho y en la Administración de Justicia.

Por otra parte, no creo que la sociedad española sea más machista que otras, como por ejemplo, la francesa. No olvidemos que en España conseguimos el derecho al voto en 1931, catorce años antes que en Francia. Tras la Dictadura los avances sociales e hitos legislativos han sido verdaderamente notables. A pesar de haber conseguido grandes avances, quedan otros muchos, por eso, a todos los niveles debemos promocionar e instaurar la coeducación en igualdad de género para conseguir una sociedad democrática entre mujeres y hombres.

  1. La Asociación realiza una importante tarea en materia de formación jurídica, ¿a quién va dirigida? ¿cómo contribuye esta herramienta formativa en su tarea de luchar contra la discriminación entre mujeres y hombres?

La formación impartida por Themis va destinada a nuestras socias y a todas las personas interesadas en un conocimiento jurídico especializado sobre diversos temas de interés relativos al Derecho y a las mujeres.

Para esta Asociación de Mujeres Juristas es fundamental la formación especializada desde una perspectiva de género como herramienta jurídica para corregir disfunciones en la tutela judicial efectiva de los derechos fundamentales de las mujeres. Queremos consolidar con la formación una doctrina jurisprudencial, que garantice el amparo judicial ante sus vulneraciones. También, difundir aspectos novedosos de la legislación y una praxis procesal, que permita una mejor defensa de los derechos de las mujeres.

  1. Los convenios internacionales como el CEDAW o los aprobados por el Consejo de Europa regulan la urgente necesidad de una aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. ¿Qué trascendencia tienen los estereotipos de género en la adopción de decisiones judiciales?

En el ideario colectivo los estereotipos de género nacieron en la antigüedad para justificar un orden social y legal patriarcal, en el que las mujeres carecían de toda  capacidad jurídica. Las mujeres estaban relegadas al espacio doméstico y tenían una situación de subordinación respecto de los hombres.  La violencia contra las mujeres se naturalizó y legitimó como herramienta para perpetuar esta situación de subordinación, tanto en el espacio doméstico como en social. A lo largo de la historia, por fortuna, siempre ha habido voces, especialmente de mujeres, que se han alzado contra estas injusticias y discriminaciones.

Sin embargo, estos valores siguen vigentes en la sociedad y los operadores jurídicos están plasmándolos en las resoluciones judiciales y con ello, están contribuyendo a perpetuarlos y justificarlos. Sin ir más lejos, por ejemplo, aún hoy existe un estereotipo que asocia a los agresores de género con determinadas patologías mentales, alcoholismo, marginalidad social o económica, etc.

Asimismo, por ese imaginario machista vigente se relativiza la falta de consentimiento expreso a un contacto sexual, porque entiende que las mujeres expresan negativa a relaciones sexuales por el pudor o para reactivar el deseo masculino, cuando en realidad quieren decir sí. O el de que una mujer que ha mostrado su atracción por un hombre ha de soportar cualquier contacto o actividad sexual que quiera imponerle éste.

  1. En nuestro país, recientes sentencias como la del caso de “La Manada” han suscitado un fuerte de debate en materia de legislar y juzgar desde una perspectiva de género. ¿Están los profesionales jurídicos formados en materia de igualdad de género?

Obviamente no en su mayor parte, a pesar de los esfuerzos formativos realizados desde hace muchos años por parte de las organizaciones e instituciones que promueven la igualdad. Sin embargo, esta formación no es obligatoria, ni evaluable y solo recientemente se ha introducido en el temario de la oposición de acceso a la carrera judicial. Y, hoy por hoy, a modo de ejemplo, no existe una prueba de evaluación de una capacitación específica para ocupar plazas en un juzgado de violencia.

Solo así se explica que un magistrado perciba jolgorio y goce sexual y se permita además expresarlo en estos términos en un voto particular. Cuando las mujeres y la mayor parte de los hombres ven una agresión sexual con intimidación, en la que la víctima solo quería que todo acabase cuanto antes, y los agresores le roban el móvil para impedir que pueda pedir ayuda inmediata.

  1. La nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha decidido ampliar el objeto del análisis encomendado a la Comisión General de Codificación que plantea, entre otras cuestiones, una posible reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde una perspectiva de género. ¿Es necesario promover reformas legislativas?

Previamente a abordar las bases de cualquier reforma, es conveniente resaltar que la falta de amparo judicial de los derechos fundamentales a la libertad y dignidad humanas, que ha percibido el movimiento feminista con el caso  de “La Manada”, no concernía tanto a deficiencias en las previsiones legales como a los parámetros valorativos de interpretación judicial.

Tanto en el  desarrollo del juicio como en la sentencia se ha reproducido y naturalizado estereotipos de dominio-sumisión, como eje de las relaciones sexuales entre hombres y mujeres, explicando así que la resolución y sobre todo el voto discrepante, contengan un relato y valoración de la prueba con expresiones humillantes y vejatorias para la víctima, y, por ende, para todas las mujeres.

Sin que el poder judicial aborde esta cuestión con honestidad y con perspectiva de género, difícilmente se va avanzar solamente con la reforma legal en el reconocimiento de la autodeterminación de las mujeres, así como en la igualdad en la capacidad de decidir sobre las relaciones sexuales.

Y, en materia de delitos contra la libertad sexual creemos que hay que poner fin a la actual diferenciación entre agresión  y abuso bajo un único tipo, que se podría llamar violación o atentado. En el que los elementos fácticos fundamentales para individualizar la pena sean: la falta de consentimiento, el ataque más o menos virulento a la libertad y la dignidad humanas, la intensidad, características y duración del contacto sexual impuesto, así como, la vulnerabilidad de las víctimas.

También penalizar con mayor gravedad el acoso sexual, aunque en España no haya habido un movimiento similar al #MeToo,  ya que, a pesar de la devastación que sufren sus víctimas, prácticamente todas las condenas por acoso sexual se saldan con una multa, establecida como pena facultativa en nuestro Código Penal.

Y sin perjuicio de las mejoras que traigan nuevas reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en opinión de Themis, es prioritario que se asegure el cumplimiento de las previsiones del Estatuto de la Víctima aprobado en 2015, que modificó muchos de su preceptos para evitar la revictimización dentro del proceso judicial. Preceptos cuyo seguimiento es desigual en los juzgados.

  1. El Congreso de los Diputados ha tramitado la Proposición de Ley relativa a la reforma del sistema de permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento ¿Qué trascendencia jurídica puede tener esta medida, y cómo contribuirá a una mayor equidad?

La proposición de ley, aprobada por unanimidad en el Congreso, sobre permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles es una magnífica noticia, ya que permite instaurar la corresponsabilidad en los cuidados desde que las criaturas vienen al mundo. Es la forma de construir igualdad desde el principio.

Sin embargo, la doctrina judicial relativa a la custodia compartida impuesta, además de invadir competencias del poder legislativo, ha sido una medida igualitarista, que se ha aplicado causando más males que remedios. En ningún momento esta doctrina menciona, por ejemplo, las estadísticas del INE, que revelan las notables diferencias entre padres y madres en cuanto a abandono del mercado laboral, jornadas reducidas o a tiempo parciales, los permisos por cuidado de hijos e hijas, etcétera.

  1. Los expertos alertan sobre cómo afecta la violencia de género en las chicas más jóvenes. Desde la Asociación, ¿han notado un cambio en la evolución de los perfiles de mujeres que demandan asistencia jurídica?

Sí. Con el avance vertiginoso de las nuevas tecnologías se crearon distintos escenarios, generando nuevas formas de maltrato, que afectan especialmente a las adolescentes, que están sufriendo en extremos insospechados control, acoso, amenazas, hostigamiento, etc.  Ante estas nuevas situaciones de violencia de género, generadas por las tecnologías de la comunicación y las redes sociales, se tipificaron conductas como el acecho u hostigamiento en la reforma del Código Penal, mediante la Ley Orgánica 1/2015.

También me preocupa que, en cuanto a los delitos contra libertad sexual ha surgido como gran obstáculo la redoblada capacidad actual de la industria del sexo a través de la prostitución y de la pornografía para sustentar y perpetuar los estereotipos de dominio-sumisión como patrón de las relaciones sexuales, y que pone de relieve la necesidad de llevar a cabo políticas educativas de prevención en la infancia.

  1. En la actualidad, las mujeres representan un 53% de jueces y magistrados en activo, sin embargo, su presencia en los cargos de poder es mínima. ¿Qué mecanismos se deben promover para frenar las desigualdades existentes?

La judicatura está integrada mayoritariamente por mujeres, como revelan los datos. Por esta razón, es fundamental instaurar medidas de conciliación y corresponsabilidad, además de atender a los méritos indiscutibles de juezas y magistradas. También es necesario poner fin en la designación de los cargos de poder, a las interferencias del poder ejecutivo y el poder legislativo ajenas a tales méritos.

Más de 3.100 abogados ya tramitan online las reclamaciones de sus clientes por accidentes de tráfico2018-08-01
  • Los abogados que realicen tramitaciones dentro del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita no deberán abonar los gastos de reclamación (1 euro) o de certificado (3 euros)

Más de 3.110 abogados ya están tramitando las reclamaciones de sus clientes sobre accidentes de tráfico de forma online, con un total de 5.713 solicitudes realizadas desde enero de 2018.

Desde el 1 de enero de 2018, los abogados están tramitando por vía telemática ante las aseguradoras las reclamaciones de sus clientes para el pago de indemnizaciones por accidentes de tráfico con daños personales. Este programa contribuye a reducir la litigiosidad por siniestros de circulación con víctimas.

Siete meses después de la puesta en funcionamiento de este servicio 3.110 abogados se han dado de alta para tramitar on line las reclamaciones de sus clientes por accidentes de tráfico. Así mismo, los 83 Colegios de Abogados existentes en España cuentan con abogados que se han dado de alta en este sistema de tramitación electrónica. Hasta finales de julio se han realizado por los abogados un total de 5.713 reclamaciones de clientes, de las cuales 5.687 son con lesionado y 26 con fallecidos; y se han solicitado 368 certificados de la solicitud.

El Consejo General de la Abogacía Española y UNESPA han desarrollado, a través de la empresa informática TIREA, una plataforma que permite a los letrados comunicarse de forma telemática y segura con las aseguradoras de los vehículos que se han visto implicados en un siniestro de circulación con víctimas.

Hay que recordar que la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, modifica el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el RD Legislativo 8/2004 de 29 de octubre estableciendo en su artículo 7.1 la obligación, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, de comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda.

Hasta la fecha, 28 entidades aseguradoras se han dado de alta en el servicio, de las cuales Mapfre España ha recibido 1.358 reclamaciones; Allianz, 821 y Axa Seguros, 496, siendo las tres aseguradoras con más reclamaciones.

El coste del servicio para el abogado es de 1 euro por expediente que se inicie y 3 euros por certificado para aportar en juicio, cantidades que incluyen el IVA. Los abogados que actúen dentro del Turno de Oficio están exentos de abonar los gastos de reclamación o certificado.

MÁS INFORMACIÓN PARA ABOGADOS SOBRE EL SERVICIO

José María Alonso pide a Policía y Delegación del Gobierno que se respete el derecho de los abogados a acreditarse con el carnet profesional2018-08-01
  • “Cómo voy a defender a los demás si no defiendo antes mis propios derechos”
  • Letrados madrileños denuncian ante el área de Defensa de la Abogacía del ICAM el trato desconsiderado que sufren en algunas dependencias policiales antes de las asistencias
  • El decano José María Alonso solicita a Policía y Delegación del Gobierno que se respete el derecho de los abogados a acreditarse con el carnet profesional expedido por el Colegio de Madrid

Domingo por la tarde. Tras haber realizado dos asistencias en las dependencias policiales de Vallecas y Hortaleza, una letrada del Turno de Oficio recibe una llamada desde el Colegio de Abogados de Madrid para asistir a otra víctima de violencia de género. La abogada, que acumula más de 15 años de ejercicio profesional, se dirige esta vez al distrito de Carabanchel.

En la comisaría, un agente considera que su carnet profesional no sirve para acreditar su condición de letrada y le exige mostrar el Documento Nacional de Identidad para poder asistir a la víctima. Cuando la abogada, en base a lo acordado por la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial el pasado 23 de enero de 2018, reivindica su derecho a acreditarse mediante el carnet de colegiada y a exhibir el DNI sólo a efectos identificativos, recibe amenazas y vejaciones por parte del agente.

“Fue bastante bochornoso y notorio que hubo un abuso de poder y coacciones por parte del agente. Veía que me detenía, porque yo tenía claro que no daba el DNI”, declaró la abogada. “Con la víctima delante, el agente me preguntaba si no me daba vergüenza no querer dar el DNI, y yo le respondía que cómo iba a defender a los demás si no era capaz de defender mis propios derechos”, afirmó la letrada del Turno, respaldada en todo momento por el Colegio a través de la diputada que estaba de guardia.

Finalmente, incumpliendo el acuerdo alcanzado en la Comisión Provincial, el agente incorporó en el atestado el número de DNI de la letrada, quien, además de poner una queja en comisaría, trasladó la incidencia al área de Defensa de la Abogacía del ICAM. El Colegio, una vez analizada la queja, dará amparo a la colegiada.

El ICAM protesta a la Policía y a la Delegación del Gobierno

Ante la reiteración de incidencias remitidas al departamento de Defensa de la Abogacía relativas a la persistencia en algunas comisarías, en contra de lo acordado por la Comisión de Coordinación de Policía Judicial el pasado 23 de enero de 2018, de exigir la exhibición del DNI a los letrados y letradas en el momento de comenzar la declaración del detenido, el decano José María Alonso ha solicitado al Director General de la Policía y al Delegado de Gobierno que se adopten las medidas oportunas.

Toda vez que, tras la identificación para acceder a las dependencias policiales, los abogados y abogadas no deben tener que acreditar su condición salvo con la exhibición de su carnet profesional, el Colegio ha remitido las referidas comunicaciones en la confianza de que se procederá a finalizar con estas prácticas y se dará cumplimiento debidamente al referido acuerdo de dicha Comisión de Coordinación de Policía Judicial cuando se traten temas que afecten a la profesión.

En dicho acuerdo, por unanimidad de los asistentes, se solicita que en el ámbito de la Comunidad de Madrid se tomen “las medidas necesarias para que la identificación del abogado que realiza la asistencia letrada al detenido se lleve a cabo a través del carné profesional expedido por el Colegio de Abogados”.

Teniendo en cuenta que algunas dependencias han informado al ICAM de que “no constan instrucciones de servicio nuevas al respecto”, el decano considera imprescindible que se adopten las medidas necesarias “para que todas las comisarías tengan conocimiento de las medidas acordadas con el fin de evitar la sucesión de incidencias sobre este asunto que tantas molestias innecesarias ocasiona a nuestros colegiados y colegiadas”.

El TSJ de Asturias confirma la ausencia de responsabilidad civil del Ayuntamiento de Oviedo en la muerte de un bombero durante un incendio en abril de 2016 2018-08-01
La Sala de lo Social desestima íntegramente el recurso de suplicación presentado por la familia

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado íntegramente el recurso de suplicación presentado por la familia de un bombero, que falleció tras el colapso de un edificio durante un incendio de grandes proporciones que se declaró en el centro de Oviedo en abril de 2016.

La Sala confirma así la sentencia del El Juzgado de lo Social nº 2 que había desestimado la demanda de indemnización de daños y perjuicios presentada por la familia del bombero que falleció mientras extinguía el incendio. Cuando ya estaba controlado el fuego, el inmueble colapsó, afectando a dos miembros del servicio municipal de Bomberos, que cayeron al vacío, falleciendo uno de ellos en el acto y el otro resultando herido de gravedad.

La Sala considera que "no es posible declarar la responsabilidad civil reclamada, pues no existe ningún acto u omisión imputable al Ayuntamiento de Oviedo, que haya influido en la causación del accidente".

Como la sentencia de instancia, el TSJA asegura que que cuando los dos bomberos se colocaron con el brazo articulado dentro de la superficie interior del edificio, decidieron sin autorización salir de la cesta, soltar la fijación y continuar actuando sobre el foco de fuego de los archivadores, momento en el que se derrumbó el forjado, cayendo ambos al interior, y falleciendo uno de ellos por el golpe recibido.Y ese comportamiento "desobedeciendo las órdenes que les dieron los mandos, aparece como única causa del accidente".

Asimismo la sentencia precisa que " los mandos no podían prever que iban a incumplir la instrucción, máxime cuando les fue reiterada momentos antes de subir al tejado del inmueble".

Contra esta sentencia, cabe recurso de casación para la unificación de doctrina.

Extinción de pensión alimenticia a hijo mayor de edad discapacitado2018-07-31

Gloria Sánchez Castrillo

Área Derecho Privado. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A.
Editora. Área de Derecho Privado-Redacción-Legal & T&A

  • Sentencia TS (Sala de lo Civil) núm. 666/2017, de 13 de diciembre (RJ 2017, 5406).
  • Alimentos a hijos; discapacidad; incapacidad absoluta; mayoría de edad.

El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por un progenitor discapacitado que carece de medios para, una vez atendidas sus necesidades más perentorias, cumplir con la obligación de pagar la pensión de alimentos a favor de su hijo, mayor de edad y también discapacitado.

  • Supuesto de hecho

    Se solicita la supresión o reducción de los alimentos fijados en el convenio regulador de separación a favor de un hijo mayor de edad. El alimentante es una persona afectada de una incapacidad absoluta para toda actividad laboral por la que percibe una pensión. El hijo trabaja a pesar de la minusvalía física acreditada que padece.

  • Criterio o ratio decidendi

    La situación de discapacidad de un hijo mayor de edad no determina por sí misma la extinción o modificación de los alimentos que los padres deben prestarle y deberán equipararse a los que se entregan a los menores siempre que concurran las circunstancias de convivencia en la casa y ausencia de recursos económicos.

    El motivo principal es superar una condición de precariedad mediante un apoyo económico complementario y siempre con la posibilidad de que los alimentos pudieran ser atendidos por el alimentante recibiéndole y atendiéndole en su propia casa, pues lo que se pretende es complementar la situación personal por la que atraviesan en un determinado momento para integrarles en el mundo laboral, social y económico mediante estas medidas de apoyo.

    Dichas premisas no se dan en el caso analizado. Por un lado, el hijo mayor de edad sí trabaja a pesar de la minusvalía física acreditada, pues esta situación en ningún caso ha influido en el desarrollo de su formación; y por otro lado quien le alimenta es una persona afectada por una incapacidad absoluta para toda actividad laboral por la que percibe una pensión, razones que justifican la extinción de la prestación alimenticia fijada a su cargo.

  • Documentos relacionados

    Normativa considerada

    • Arts. 146, 147, 152 del Código Civil (LEG 1889, 27).

    Sentencias a favor

    • STS Sala de lo Civil nº 372/2014, de 7 julio (RJ 2014, 3540).
    • STS Sala de lo Civil nº 296/2015, de 2 junio (RJ 2015, 3159).

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La juez Carmen Lamela abre juicio oral contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell por la ‘Operación Rimet’2018-07-31
La magistrada de la Audiencia Nacional le impone una fianza de 78,6 millones de euros

Autor Comunicación Poder Judicial

Enviamos el auto de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el que acuerda abrir juicio oral contra el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, su mujer y otras cuatro personas por delito continuado de blanqueo de capitales y delito de organización criminal para cometer delito grave en el marco de la denominada ‘Operación Rimet’.

Para asegurar las posible responsabilidades que pudiera imponérseles en sentencia, la magistrada impone a Rosell una fianza de 78,6 millones de euros; de 73,3 millones a Joan B.; de 66,6 a Pedro A.R. y Marta P.; y de 53,3 para Shahe O. y José C. La juez les da un plazo de 24 horas para depositar estas cantidades y en el en el caso de no hacerlo procederá al embargo de sus bienes para cubrir esas sumas.

La juez acuerda mantener la situación personal de los investigados al no haber variado las circunstancias que motivaron su actual situación y señala a la Sala de lo Penal para el enjuiciamiento de este procedimiento.

¿Por qué las huellas digitales o patrones faciales no deben entenderse como contraseñas?2018-07-31

Desde hace ya varios años se viene planteando esta controversia doctrinal acerca de si las huellas digitales, patrones faciales o cualquier otro sistema de reconocimiento basado en patrones biométricos, se pueden entender dentro del derecho a no confesarse culpable y a no declarar contra sí mismo derivado de los artículos 17.3 y 24.2 CE, así como de lo recogido en los arts. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Luis Jurado Cano,
Socio del área penal de Perseus & RC Abogados

Esta disquisición tiene especial relevancia desde que la mayoría de los terminales móviles u ordenadores disponen de sistemas de reconocimiento basados en patrones biométricos que por un lado hacen fácil acceder de forma repetida al contenido del terminal y por otro lado en determinadas situaciones puede provocar que el contenido del mismo pueda ser revisado por terceros dentro del uso de sus funciones derivadas otorgadas por el Estado de derecho como por ejemplo serían las FCSE.

Por eso vamos a diferenciar en 2 partes el acto de acceder por parte de la policía judicial de un terminal que esté encendido y bloqueado. En primer lugar, tendremos el acto de desbloquear el terminal y en segundo lugar tendremos el hecho de revisar el contenido del mismo para obtener alguna información relevante.

Desbloqueo

El simple acto de que un sujeto pueda desbloquear un terminal, puede aportar información valiosa a la policía judicial. Porque desde ese momento el sujeto no podrá alegar que no tiene ningún tipo de relación con ese terminal, dado que de forma previa ha tenido que tener acceso al mismo para identificarse -mediante contraseña- y que registre su propio patrón biométrico válido, sea o no, el propietario del mismo

Dentro de los sistemas de desbloqueo -donde se usan factores de autenticación- a grandes rasgos -citamos algunos ejemplos- tenemos 4 vías:

- Algo que sabe el usuario y lo expresa: pin, contraseña, patrón dibujado.

- Algo que hace o resuelve el usuario: patrones junto a unos conocimientos muy específicos, una prueba test, cálculos aritméticos, resolver un captcha, etc.

- Algo que tienes: un token -suele ser un código temporal- por ejemplo, para las transacciones bancarias.

- Algo que eres y no es modificable: huellas dactilares, iris, patrones faciales, ADN u ondas cerebrales, etc.

Hay que tener claro que un patrón de desbloqueo se puede realizar a partir de cualquier cosa, siempre que dicho patrón se pueda reiterar sin alteración -o de forma imperceptible para el dispositivo- a lo largo del tiempo. Y también, a ser posible que el dispositivo sólo se desbloquee ante un único individuo -el propietario del terminal- o persona autorizada en el mismo. Hay, por tanto, determinados patrones biométricos en el ser humano que indican que un ser humano es él mismo y no es otro individuo -la llamada mismidad, es decir, la condición de ser uno mismo-, que se pueden utilizar y que a su vez cumplen dichas dos condiciones; por ejemplo, las huellas dactilares, el iris, los patrones faciales -como los recogidos por el faceID de Apple y en un futuro no tan lejano los basados en el ADN u ondas cerebrales. Por tanto, habría por un lado patrones biométricos que desbloquean el terminal por lo que eres y por otro lado patrones o contraseñas que implican que manifiestes lo que sabes. Por hacer un símil, no es lo mismo que te soliciten que reveles tu contraseña, a que te soliciten que entregues un papel donde tengas apuntada la misma.

            Para desbloquear un dispositivo que utilice alguno de estos sistemas de reconocimiento biométrico no hace falta manifestar o exteriorizar en modo alguno la voluntad del sujeto que quiere desbloquear el dispositivo. Dicho de otro modo, no hace falta una manifestación volitiva del sujeto propietario del terminal. El propio terminal se desbloquea al detectar que coincide el patrón biométrico con el almacenado de forma previa.

            Mientras que para desbloquear un terminal usando la introducción de números -el conocido PIN-, patrones dibujados en la pantalla o introducción de contraseñas, sí hace falta una manifestación exteriorizada de la voluntad del sujeto; en el caso de los patrones biométricos no hace falta la misma, por lo tanto, no pueden quedar amparados por los artículos 17.3 y 24.2 CE, así como los restantes expuestos al inicio.

            Entendiendo falta de manifestación al exterior, como el concepto recogido dentro de la teoría del delito; no se considerarán como acción las ideas, pensamientos o propósitos de las personas, por más que los mismos se hallen en relación con un hecho jurídico que sea penalmente no valioso.

           

            Acceso al contenido del terminal una vez desbloqueado

El motivo de la necesidad de una autorización judicial habilitante es la consideración de estos instrumentos como lugar de almacenamiento de una serie compleja de datos que afectan de modo muy variado a la intimidad del investigado -archivos, fotos, emails, conversaciones-. Esta autorización será precisa en los supuestos en que los teléfonos móviles se ocupen durante un registro domiciliario, o sean incautados fuera del domicilio del investigado. La diversa funcionalidad de los datos que se albergan en estos dispositivos provoca una extrema debilidad de la tutela jurisdiccional del derecho del investigado a la reserva de su propio entorno virtual, pues una vez realizado el acceso al dispositivo, superando la barrera de la contraseña o patrón biométrico, todos los datos, incluidos los relacionados con el secreto de las comunicaciones están al libre alcance del investigador.

Si bien la doctrina tiene establecido que se admite el examen directo de la agenda de un teléfono móvil por los agentes de la policía judicial, por estimar que no afecta al derecho al secreto de las comunicaciones sino al derecho a la intimidad (art. 18 CE), también tiene establecido que la injerencia en ese derecho exige que "se encuentre justificada con arreglo a los criterios de urgencia y necesidad y que se cumpla el requisito de proporcionalidad al ponderar los intereses en juego en el caso concreto".

Por eso no vale una respuesta única, si no que habrá que justificar y motivar caso por caso la injerencia en el derecho a la intimidad por el registro policial directo del terminal, cumpliendo siempre de forma justificada con arreglo a los criterios de urgencia y necesidad; pudiendo convertirse en caso de no hacerlo en una prueba de cargo nula, que derive en una no justificación de la condena del acusado. Para ello, es importante que dentro del protocolo policial se contemple, y ante la duda, se solicite la correspondiente orden judicial habilitante para revisar el contenido o extracción de información del dispositivo -siendo necesario que se realice en condiciones idóneas para que no se rompa la cadena de custodia que puedan derivar en otra nulidad de actuaciones-.

Un juzgado de Granada condena a cinco años de prisión a una madre por sustracción de menores por no entregar a sus hijos al padre2018-07-30
Además, no podrá ejercer la patria potestad durante seis años

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Penal 1 de Granada ha condenado a Juana R. a cincos años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, a dos años y seis meses de prisión por cada uno de ellos, además de la privación del ejercicio de la patria potestad durante seis años respecto de sus hijos y a que indemnice a su expareja con 30.000 euros.

El juez considera que Juana R. “era sabedora de la obligación que tenía de entregar los menores al padre y de forma consciente y deliberada lo incumplió. Y el argumento de haber huido para protegerse ella y proteger a sus hijos de malos tratos cuando éstos no han sido refrendados por una resolución judicial que los declare probados, carece de virtualidad justificadora”.

Así, considera que la acusada ha incurrido en el delito de sustracción de menores en sus dos modalidades. “En un primer momento, en mayo de 2016, cuando traslada a los menores desde Italia, donde residían habitualmente en compañía de ella y el padre, a España, bajo el pretexto de ver al resto de sus familiares, pero adopta la decisión de no volver ni devolverlos a aquel país, aunque a su expareja se la va manifestando de forma progresivamente meditada, primero bajo el achaque de no hallarse bien, para al fin manifestarle de forma expresa que no iba a volver con los niños”.

Y también con el incumplimiento de resolución judicial, cuando en julio de 2017, “cuando hay una resolución judicial firme del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada que le impone la inmediata devolución de los menores, y, de forma deliberada y consciente, vuelve a mostrar su voluntad de no entregarlos”.

Junto a ello, la sentencia considera que la acusada “no ha acreditado haber sufrido malos tratos entre 2009 y 2016, ni siquiera haberlos denunciado”. Para el juez, “no es creíble la certeza de los hechos contenidos en esta denuncia, porque ningún Juzgado ha declarado la veracidad de los mismos. Porque la misma se interpone en un tiempo en el que ya se ha dado inicio a ese conjunto de actuaciones llevadas a cabo por la acusada para consolidar su decisión de no volver y no entregar a los niños. Cuando las denuncias por malos tratos se interponen de forma coetánea a un proceso de separación o por disputas sobre guarda y custodia o bienes, se exige un análisis cauteloso, sobre todo si en ellas se relatan hechos pasados, que se pudieron denunciar antes”, indica. Además, redunda en que “ni siquiera aporta dato alguno indiciario de haber tenido lugar alguno de ellos, a nivel incluso de haberlo contado a familiares o allegados”.

Y sobre todo, concluye, “pesa a la hora de restar credibilidad a su alegación de huir del maltrato, el hecho de que la perito forense haya concluido que no ha apreciado en el menor vestigios de maltrato ni de haberlos presenciado hacia la persona de la madre”.

La sentencia considera probado que Juana R. se encontraba unida sentimentalmente a F., unión de la que nacieron dos hijos. Tras haber residido en España, donde la pareja estuvo temporalmente separada en 2009 en que F. resultó condenado por un delito de malos tratos, decidieron reconciliarse y en 2012 se marcharon a Italia donde de común acuerdo fijaron la residencia familiar, y allí los menores fueron escolarizados y quedaron registrados como residentes.

En mayo de 2016 Juana se trasladó a Granada con los dos menores manifestando que lo hacía para visitar a la familia y mostrando intención de volver nuevamente en un mes a la residencia familiar.

Llegada la fecha de vuelta, relata la sentencia “no lo hizo y el 12 de julio de 2016 interpuso denuncia por malos tratos contra F. en el Juzgado de Violencia 2 de Granada, manifestando antes a este que se hallaba enferma y no iba a volver en la fecha prevista, cuando en realidad había adoptado la decisión de no retornar con los dos hijos” a Italia. Esta decisión se la hizo llegar a él el día 2 de agosto de 2016 cuando expresamente le manifestó su negativa a volver a Italia con los niños a los que escolarizó en el curso escolar 2016/17 en Maracena. Por estas fechas la acusada, continúa la sentencia, remite dos correos electrónicos a su expareja el 16 de agosto y el 30 de agosto de 2016, en los que le manifiesta que llame a los niños cuando quiera y los puede ver en Granada.

En esa situación, la expareja promovió y obtuvo, ante el Tribunal de Cagliari, la guarda y custodia provisional de los dos menores el 23 de junio de 2017; y promovió procedimiento de devolución de menores ante el Ministerio de Justicia de Italia, invocando el convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 y el Estado italiano lo remitió al Ministerio de Justicia español, y este, al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que en fecha 14 de diciembre de 2016, dictó sentencia en la que acordó la inmediata restitución de los menores a Italia como Estado de residencia habitual de los dos, sentencia confirmada por la Audiencia de Granada.

Juana R. desatendió el auto de ejecución forzosa de dicha sentencia y un nuevo requerimiento, “sin que la acusada se presentara ni diera explicación sobre su inasistencia”. En dichas circunstancias, el 26 de julio de 2017, Juana R. “decide ocultarse en compañía de los dos menores en lugar desconocido para todas las autoridades y agentes intervinientes, quienes trataron de localizarlos en diversos domicilios de familiares y allegados, sin conseguirlo, motivando que F. interpusiera denuncia por desaparición de los niños”.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Granada, que tramitó la causa, ordenó nuevamente la inmediata entrega de los dos, que finalmente tuvo lugar el 28 de agosto de 2017, cuando la acusada compareció asistida de ellos a la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, donde los menores fueron entregados a F., “bajo llantos al principio por no querer separarse de la madre, si bien estos cesaron cuando empezaron a tomar contacto con el padre”.

La sentencia concluye en sus hechos probados que “salvo el episodio de malos tratos ocurrido en 2009, no se ha acreditado ningún otro posterior, ni en el mayor de los dos hijos se han detectado desajustes sicológicos relacionados con malos tratos contra él o por haberlos presenciado hacia la persona de la madre, ni se ha apreciado que la restitución al contexto paterno, suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica.”

¿Cómo deben hacerse las transferencias internacionales de datos?2018-07-30

Cada vez es más frecuente que las empresas españolas transfieran datos de carácter personal a empresas situadas fuera de la Unión Europea para llevar a cabo su actividad habitual.

Estas transferencias de datos suelen hacerse principalmente por dos motivos:

a)       El intercambio de datos de carácter personal entre sociedades del mismo grupo para gestionar la relación comercial con los clientes a la sociedad matriz que puede situarse fuera de la Unión Europea.

b)      El acceso por parte de la matriz y/ o envío desde las filiales a la misma sociedad de reports para la gestión integral del área de Recursos Humanos.

Hay que destacar que el acceso remoto por parte de una sociedad establecida fuera de la UE a datos de carácter personal de trabajadores o clientes está considerado como transferencia internacional de datos.

Este escenario debe situarse en el contexto normativo actual donde la UE ha adoptado el RGPD con el objetivo de armonizar la legislación de los estados miembros y de ofrecer garantías comunes a los ciudadanos. En este sentido, si bien es cierto que los flujos transfronterizos de datos personales son necesarios para la expansión del comercio y la cooperación internacional, la voluntad de la UE es la de no menoscabar el nivel de protección de las personas físicas, ofreciendo en la Unión las mismas garantías cuando los datos son transferidos fuera de esta.

Una transferencia internacional de datos únicamente se podrá realizar si se cumplen los requisitos establecidos en el Reglamento:

a)       Transferencias basadas en una decisión de adecuación (art. 45 RGPD).

El artículo 45 RGPD establece que podrán hacerse transferencias internacionales de datos cuando el tercer país sea aceptado como destinatario adecuado en cuanto a garantías ofrecidas en materia de protección de datos por una Decisión de la Comisión Europea.

b)      Transferencias mediante garantías adecuadas (art. 46 RGPD).

El artículo 46 prevé una serie de supuestos donde se permitirán las transferencias internacionales mediante mecanismos como el uso de cláusulas tipo elaboradas por la Comisión, código de conducta, elaboración de códigos tipo.

En caso de mediar la autorización de la autoridad de control competente, podrán utilizarse cláusulas contractuales entre el representante y el responsable o el encargado y el responsable, encargado o destinatario de los datos personales en el tercer país.

c)       Adopción de las normas corporativas vinculantes (art. 47 RGPD).

Las normas corporativas vinculantes (Binding Corporate Rules) son la herramienta elegida por la mayoría de empresas con flujos de datos internacionales habituales, dado que establecen los parámetros para la transferencia internacional de datos de forma única para todas las empresas de la compañía en todas las transferencias de datos de carácter personal. De esta forma, es la empresa es quien, siguiendo los requisitos exigidos por la normativa vigente, elabora estas normas y las presenta a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos para su aprobación.

Las normas corporativas vinculantes no son fruto del nuevo RGPD, sin embargo, su contenido ha devenido más claro y exigente.

d)    Excepciones para situaciones específicas.

El RGPD prevé una serie de supuestos donde se podrán realizar las transferencias internacionales de datos sin que se den los supuestos anteriores tales como: que el interesado haya autorizado expresamente la transferencia, que la misma sea necesaria para la celebración y ejecución de un contrato entre el interesado y el responsable, que la transferencia sea necesaria por importantes razones de interés público, etc.)

Finalmente, si bien es cierto que dentro del mercado español ha habido un alto porcentaje de cumplimiento y preocupación entorno a las obligaciones contenidas en la nueva normativa, la realidad es que muchas empresas aún desconocen la necesidad de regulación de estos aspectos que conforman una más de las obligaciones exigibles por la normativa europea.

La Audiencia de Pontevedra condena a un exentrenador de fútbol por abusar de una jugadora2018-07-30
El tribunal le considera autor de un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal a menor de 16 años y de otro delito continuado de elaboración de pornografía infantil sobre menor de 16 años

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado al exentrenador de un equipo de fútbol femenino a 18 años de cárcel como autor de un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal a menor de 16 años y de otro delito continuado de elaboración de pornografía infantil sobre menor de 16 años. El tribunal también le ha impuesto la prohibición durante veinte años de aproximarse a la jugadora.

Los magistrados consideran acreditado que a finales de enero de 2016, cuando el procesado tenía 37 años, empezó a mantener relaciones sexuales consentidas con la menor, quien tenía 14 años y acababa de empezar a jugar en el equipo de fútbol que dirigía. Los jueces indican en la sentencia que la menor accedió a enviarle en numerosas ocasiones fotografías y vídeos de ella desnuda y en actitud sexual.

Además, la sala lo ha considerado culpable de un delito de exhibición de material pornográfico entre menores de edad, por el que lo ha sentenciado a nueve meses de cárcel y a la prohibición de aproximarse a otra de las jugadoras del equipo a la que le mostró un vídeo de contenido sexual durante un año.

La Audiencia también lo ha condenado a siete años de libertad vigilada una vez que salga de prisión. La medida consiste en la prohibición de acudir a eventos, espectáculos públicos, privados o deportivos, recintos o acontecimientos públicos o deportivos destinados a menores de edad; la prohibición de llevar a cabo actividades de carácter laboral, participativo, lúdico o deportivo en las que intervengan menores; y la prohibición de aproximarse a los recintos en los que se esté llevando a cabo tales espectáculos o eventos a una distancia inferior de 500 metros. Además, deberá someterse a un programa de educación sexual.

El acusado, que es reincidente, ha sido inhabilitado para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior en cinco años al de la duración de la pena de prisión impuesta.

El Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General sobre el «sistema español de arrendamiento fiscal»2018-07-27

TJUE

El Tribunal General había anulado la Decisión de la Comisión según la cual este régimen constituía una ayuda de Estado ilegal

A partir de mayo de 2006, la Comisión recibió varias denuncias contra el denominado «sistema español de arrendamiento fiscal» («SEAF»). En esas denuncias se afirmaba que este sistema permitía que las compañías navieras obtuvieran unos descuentos de entre un 20 % y un 30 % al adquirir buques construidos por astilleros españoles, en detrimento de las ventas de los astilleros de otros Estados miembros.

El SEAF se basaba en una estructura jurídica y financiera ad hoc organizada por un banco, que actuaba como intermediario entre una compañía naviera (comprador) y un astillero (vendedor). El banco hacía intervenir en la venta del buque a una sociedad de arrendamiento financiero (leasing) y a una agrupación de interés económico (AIE) constituida por el banco. Este último vendía a inversores participaciones de la AIE, que tomaba en arrendamiento el buque de la sociedad de arrendamiento financiero desde el inicio de su construcción, para arrendarlo posteriormente a la compañía naviera mediante un contrato de fletamento a casco desnudo. La finalidad de este montaje era generar ventajas fiscales en favor de los inversores agrupados en la AIE y trasladar parte de estas ventajas (entre el 85 % y el 90 %) a la compañía naviera en forma de un descuento sobre el precio del buque, mientras que los inversores conservaban los demás beneficios fiscales como rendimiento de su inversión (un 10 %-15 %). Las ventajas eran el resultado de cinco medidas fiscales, aplicables a los contratos de arrendamiento financiero (amortización acelerada y -con autorización previa- amortización anticipada de determinados bienes), a las AIE (transparencia fiscal) y a las actividades marítimas (régimen especial de tributación por tonelaje).

Mediante Decisión de 17 de julio de 2013, [1] la Comisión estimó que tres de las cinco medidas fiscales examinadas constituían una ayuda de Estado a las AIE y a sus inversores, ejecutada ilegalmente por España desde el 1 de enero de 2002. [2] La ayuda fue declarada parcialmente incompatible con el mercado interior. Por respeto al principio de seguridad jurídica, la Comisión sólo exigió que se recuperase la ayuda concedida a determinadas operaciones. Esta recuperación se ordenó únicamente de los inversores, sin que estos beneficiarios pudieran transferir a otras personas la carga de la recuperación de la ayuda.

[1] Decisión 2014/200/UE de la Comisión, de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP n.º 137/06) ejecutada por España - Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de arrendamiento financiero, también conocidos como Sistema español de arrendamiento fiscal (DO 2014, L 114, p. 1) (véase el comunicado IP-13-706 de la Comisión).

[2] España modificó algunas disposiciones fiscales aplicables al SEAF en 2012, antes de que se adoptara la Decisión de la Comisión de 17 de julio de 2013. A la vista de las modificaciones introducidas, la Comisión estimó que las nuevas normas no constituían una ayuda de Estado en su Decisión de 20 de noviembre de 2012 sobre la ayuda estatal SA.34736 (12/N), referente a la aplicación por el Reino de España de un sistema fiscal que permite la amortización anticipada de determinados activos adquiridos mediante un contrato de leasing (DO 2012 C 384, p. 1) (véase el comunicado IP-12-1241 de la Comisión). El Tribunal General de la Unión Europea desestimó un recurso contra esta Decisión en su sentencia de 9 de diciembre de 2014, Netherlands Maritime Technology Association/Comisión (T-140/13). Esta sentencia fue objeto de un recurso de casación que fue desestimado por el Tribunal de Justicia (asunto C-100/15 P, Netherlands Maritime Technology Association/Comisión).

España, Lico Leasing (establecimiento financiero que invirtió en un cierto número de AIE que participaron en el SEAF) y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (sociedad que coopera con los astilleros pequeños y medianos para la adecuada consecución de sus fines industriales) solicitaron al Tribunal General de la Unión Europea que anulase esta Decisión de la Comisión. [3] Mediante sentencia de 17 de diciembre de 2015, [4] el Tribunal General anuló dicha Decisión. La Comisión solicitó entonces al Tribunal de Justicia la anulación de la sentencia del Tribunal General. [5]

Mediante su sentencia dictada hoy el Tribunal de Justicia anula la sentencia del Tribunal General y ordena devolver el asunto a este último Tribunal.

El Tribunal de Justicia indica, en primer lugar, que el Tribunal General aplicó erróneamente el artículo 107 TFUE, apartado 1, sobre las ayudas de Estado prohibidas. En efecto, el Tribunal General concluyó que las AIE no podían ser las beneficiarias de una ayuda de Estado por el único motivo de que, debido a la transparencia fiscal de estas agrupaciones, eran los inversores, y no las AIE, quienes se habían beneficiado de las ventajas fiscales y económicas derivadas de las medidas fiscales en cuestión. Ahora bien, dado que las AIE ejercían una actividad económica, constituían empresas en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Eran las AIE quienes, por una parte, solicitaban a la administración tributaria que se les concediera la amortización anticipada de activos arrendados, y era a ellas a quienes se les concedía dicho beneficio y, por otra parte, eran las AIE quienes renunciaban al régimen ordinario del impuesto sobre sociedades y optaban por el régimen de tributación por tonelaje. También eran las AIE quienes conseguían las ventajas fiscales en dos fases, mediante la combinación de las medidas fiscales en cuestión. Si bien es cierto que las ventajas económicas resultantes se transferían íntegramente a los socios de las AIE, no lo es menos que las medidas fiscales controvertidas se aplicaban a las AIE y que éstas eran las beneficiarias directas de las ventajas derivadas de dichas medidas. Estas ventajas favorecían la actividad de adquisición de buques mediante contratos de arrendamiento, concretamente con vistas a su fletamento a casco desnudo y su posterior reventa, actividad que ejercían las AIE. Al descartar que las AIE pudieran ser las beneficiarias de ayudas de Estado atendiendo únicamente a su forma jurídica y a las normas relativas a la tributación de los beneficios vinculados a éstas, el Tribunal General no tuvo en cuenta la jurisprudencia según la cual la calificación de una medida como «ayuda de Estado» no puede depender del estatuto jurídico de las empresas afectadas ni de las técnicas utilizadas.

El Tribunal de Justicia señala que el análisis llevado a cabo por el Tribunal General en su sentencia se basa en la premisa errónea de que sólo los inversores, y no las AIE, podían considerarse beneficiarios de las ventajas derivadas de las medidas fiscales controvertidas. Por consiguiente, el requisito relativo a la selectividad se examinó erróneamente con respecto a los inversores, y no con respecto a las AIE. Además, en su examen de este requisito, el Tribunal General se basó también en dos sentencias que había dictado el 7 de noviembre de 2014 (asuntos Banco Santander y Santusa/Comisión y Autogrill España/Comisión), [6] que el Tribunal de Justicia anuló posteriormente mediante sentencia de 21 de diciembre de 2016. [7] Por tanto, el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar que las ventajas obtenidas por los inversores que participaron en las operaciones del SEAF no podían considerarse selectivas por el hecho de que podía participar en ellas, en las mismas condiciones, cualquier empresa sin distinción, sin haber averiguado si la Comisión había demostrado que, debido a sus efectos concretos, las medidas fiscales controvertidas establecían un tratamiento diferenciado entre operadores, cuando los operadores que se beneficiaban de las ventajas fiscales y los que estaban excluidos de las mismas se encontraban en una situación fáctica y jurídica comparable en relación con el objetivo perseguido por dicho régimen fiscal.
[3] Existen en total otros 63 asuntos pendientes ante el Tribunal General contra esta Decisión de la Comisión.
[4] Sentencia de 17 de diciembre de 2015, España/Comisión y Lico Leasing, S.A., y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A./Comisión (asuntos acumulados T-515/13 y T-719/13; véase el CP n.º 150/15).

[5] 34 entidades de crédito, sociedades y compañías navieras españolas han intervenido en el recurso de casación.

[6] Sentencias del Tribunal General de 7 de noviembre de 2014 (asuntos Banco Santander y Santusa/Comisión (T-399/11) y Autogrill España/Comisión T-219/10; véase también el CP n.º 145/14).

[7] Sentencia de Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/World Duty Free Group y otros (asuntos acumulados C-20/15 P y C-21/15 P, véase también el CP n.º 139/16). Los asuntos fueron devueltos al Tribunal General.

Por último, el Tribunal de Justicia declara que, al contrario de lo que consideró el Tribunal General, la Decisión de la Comisión no adolece de falta de motivación ni de motivación contradictoria.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

El Acuerdo marco sobre el trabajo de dur ación determinada no se opone a que el personal laboral no fijo de la A dministración española no tenga derecho a una garantía de readmisión en caso de despido disciplinario improcedente2018-07-27

En efecto, con arreglo al Derecho común en este caso el empleador puede elegir entre readmitir o indemnizar al trabajador. El trato diferenciado al que tiene derecho el personal laboral fijo, que debe ser readmitido, está justificado por la garantía de permanencia en el puesto que, en virtud del Derecho de la función pública nacional, sólo puede ser invocada por este personal

La Sra. Gardenia Vernaza Ayovi es enfermera y trabajaba para el Consorci Sanitari de Terrassa con un contrato de trabajo indefinido no fijo. En julio de 2011 se concedió a la Sra. Vernaza Ayovi una excedencia voluntaria. Cuando solicitó su reincorporación, el Consorci Sanitari de Terrassa le propuso un puesto a jornada parcial. Dado que se negaba a aceptar un puesto que no fuera a jornada completa, la enfermera no se presentó en su centro de trabajo y por esta razón fue objeto de despido disciplinario en julio de 2016.

La Sra. Vernaza Ayovi solicitó entonces al Juzgado de lo Social n.º 2 de Terrassa que declarara la improcedencia del despido y condenara a su empleador a readmitirla o a abonarle la indemnización legal máxima en caso de despido improcedente. La Sra. Vernaza Ayovi invoca a este respecto el Derecho laboral común. [1]

En efecto, la normativa española establece una distinción en virtud de la cual, cuando es declarado improcedente el despido disciplinario de un trabajador fijo (personal laboral fijo), que está al servicio de una Administración pública sin ser funcionario, el trabajador deberá ser readmitido obligatoriamente, mientras que, en el mismo supuesto, un trabajador no fijo (indefinido no fijo o temporal) que realice las mismas tareas que el trabajador fijo puede no ser readmitido y recibir como contrapartida una indemnización.

El juez español pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión y, más concretamente, el Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, [2] se opone a esta normativa. En lo que respecta a las condiciones de trabajo, el Acuerdo marco prohíbe que se trate a los trabajadores con contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de que los primeros tengan un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que el Acuerdo marco no se opone a la normativa española controvertida.

El Tribunal de Justicia señala que existe una diferencia de trato entre el personal laboral fijo y el personal laboral no fijo en relación con las consecuencias derivadas de un posible despido improcedente. En consecuencia, es preciso comprobar si existe una razón objetiva que justifique la diferencia de trato. A este respecto, el Tribunal de Justicia observa que, en España, la regla general aplicable en caso de despido improcedente establece que el empresario puede optar entre la readmisión o la indemnización del trabajador afectado. Como excepción a la mencionada norma general, el personal laboral fijo que presta servicios para las administraciones públicas y cuyo despido disciplinario es declarado improcedente debe ser readmitido obligatoriamente.

[1] Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE n.º 255, de 24 de octubre de 2015).

[2] Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 (en lo sucesivo, «Acuerdo marco»), que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO 1999, L 175, p. 43).

El Tribunal de Justicia estima que la diferencia de trato controvertida no puede justificarse atendiendo al interés público que está vinculado, en sí mismo, a las modalidades de contratación del personal laboral fijo. No obstante, el Tribunal de Justicia señala que determinadas consideraciones derivadas de las características del Derecho de la función pública nacional -como la imparcialidad, la eficacia y la independencia de la Administración- que implican una cierta permanencia y estabilidad en el empleo, pueden justificar esa diferencia de trato.

Estas consideraciones, que no tienen equivalente en el Derecho laboral común, explican y justifican los límites a la facultad de extinción unilateral de los contratos impuestos a los empleadores públicos y, en consecuencia, la decisión del legislador nacional de no concederles la facultad de elegir entre readmisión e indemnización del perjuicio sufrido a causa de un despido improcedente. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera que la readmisión automática del personal laboral fijo forma parte de un contexto muy diferente, desde un punto de vista fáctico y jurídico, de aquel en el que se encuentra el personal laboral no fijo.

El Tribunal de Justicia concluye que la desigualdad de trato observada está justificada por la existencia de elementos precisos y concretos, que caracterizan la condición de trabajo de que se trata, en el contexto específico en que se enmarca y con arreglo a criterios objetivos y transparentes.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Por haber tardado en dar cumplimiento a la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, se condena a España a abonar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 11 millones de euros aproximadamente por cada semestre de retraso2018-07-27

El Tribunal de Justicia ya había declarado una primera vez el incumplimiento de España en una sentencia de 2011

Una Directiva de la Unión [1] tiene como objetivo proteger el medio ambiente de los efectos negativos de los vertidos de las aguas residuales urbanas (aguas domésticas y aguas residuales industriales). Dicha Directiva establece, entre otras cosas, que los Estados miembros velarán por que todas las aglomeraciones urbanas con más de 15 000 equivalentes habitante [2] dispongan de sistemas colectores para las aguas residuales urbanas a más tardar el 31 de diciembre de 2000. Además, antes de ser vertidas, las aguas procedentes de las mencionadas aglomeraciones urbanas deben ser objeto de un tratamiento.

Al haber comprobado que varias aglomeraciones urbanas españolas con más de 15 000 equivalentes habitante no disponían ni de sistemas colectores ni de sistemas de tratamiento de las aguas residuales urbanas, la Comisión interpuso en 2010 ante el Tribunal de Justicia un recurso por incumplimiento contra España. Mediante sentencia de 14 de abril de 2011, [3] el Tribunal de Justicia declaró que España había incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de la Directiva, al no haberse llevado a cabo ni la recogida ni el tratamiento de las aguas residuales urbanas de 6 y de 37 aglomeraciones urbanas, respectivamente, con más de 15 000 equivalentes habitante.

Al considerar que España seguía sin cumplir la sentencia de 2011 respecto de 17 [4] de las 43 aglomeraciones urbanas en cuestión, en 2017 la Comisión decidió interponer un nuevo recurso por incumplimiento contra dicho Estado miembro. En este marco, la Comisión solicitó al Tribunal de Justicia que condenara a España a abonar una multa coercitiva por un importe de 171 217 euros por cada día de retraso, así como una suma a tanto alzado de 19 303 euros por cada día transcurrido entre la fecha en que se dictó la sentencia de 2011 y su plena ejecución.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido su obligación de dar cumplimiento a la sentencia de 2011, en la medida en que, al finalizar el plazo fijado por la Comisión para la ejecución de dicha sentencia (a saber, el 31 de julio de 2013), 17 de las 43 aglomeraciones urbanas seguían sin disponer de sistemas colectores y de tratamiento de las aguas residuales urbanas.

[1] Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO 1991, L 135, p. 40).

[2] El concepto de «equivalente habitante» es una unidad que corresponde a la contaminación que un habitante produce de media cada día.

[3] Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de abril de 2011, Comisión/España (C-343/10).

[4] Se trata de las aglomeraciones urbanas de Alhaurín el Grande, Barbate, Isla Cristina, Matalascañas, Tarifa, Peñíscola, Aguiño-Carreira-Ribeira, Estepona (San Pedro de Alcántara), Coín, Nerja, Gijón-Este, Noreste (Valle Guerra), Benicarló, Teulada Moraira (Rada Moraira), Vigo, Santiago de Compostela y Valle de Güímar.

Por la razón expuesta, el Tribunal de Justicia estima pertinente imponer a España sanciones pecuniarias, en forma de una multa coercitiva y de una suma a tanto alzado.

En lo que atañe a la multa coercitiva, el Tribunal de Justicia comienza indicando que la inexistencia de sistemas colectores o de tratamiento de las aguas residuales urbanas o la insuficiencia de los mismos pueden perjudicar el medio ambiente y deben considerarse incumplimientos graves. A pesar de los esfuerzos significativos que ha realizado España para reducir el número de aglomeraciones urbanas que no están dotadas de sistemas colectores y de tratamiento de las aguas residuales urbanas (actualmente en número de 9), el Tribunal de Justicia considera que el carácter especialmente prolongado de la infracción constituye una circunstancia agravante. En efecto, con arreglo a la información facilitada por España, la plena ejecución de la sentencia no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años en relación con el plazo que fija la Directiva (el 31 de diciembre de 2000). Por otra parte, el Tribunal de Justicia subraya que las dificultades jurídicas y económicas internas que España invoca para justificar su retraso en la ejecución de la sentencia no le eximen de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión.

También a efectos del cálculo de la multa coercitiva, el Tribunal de Justicia tiene en cuenta la duración considerable de la infracción -7 años a partir de la fecha en que se dictó la sentencia de 2011. A fin de tomar en consideración los progresos realizados por España en el cumplimiento de sus obligaciones, el Tribunal de Justicia decide imponerle una multa coercitiva de carácter decreciente, fijada sobre una base semestral.

En lo que respecta al cálculo de la suma a tanto alzado, el Tribunal de Justicia precisa que el número de aglomeraciones urbanas en cuestión, así como los numerosos procedimientos por incumplimiento incoados contra España en este ámbito 5 justifican la adopción de una medida disuasoria, como es la condena al pago de una suma a tanto alzado, a fin de evitar que se repitan en el futuro infracciones análogas del Derecho de la Unión.

Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera oportuno condenar a España a abonar al presupuesto de la Unión una suma a tanto alzado de 12 millones de euros, así como una multa coercitiva de 10 950 000 euros por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia de 2011 (esta multa coercitiva deberá abonarse a partir de hoy y hasta la plena ejecución de la sentencia de 2011). 6

NOTA: El recurso por incumplimiento, dirigido contra un Estado miembro que ha incumplido sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión, puede ser interpuesto por la Comisión o por otro Estado miembro. Si el Tribunal de Justicia declara que existe incumplimiento, el Estado miembro de que se trate debe ajustarse a lo dispuesto en la sentencia con la mayor brevedad posible. Si la Comisión considera que el Estado miembro ha incumplido la sentencia, puede interponer un nuevo recurso solicitando que se le impongan sanciones pecuniarias. No obstante, en caso de que no se hayan comunicado a la Comisión las medidas tomadas para la adaptación del Derecho interno a una directiva, el Tribunal de Justicia, a propuesta de la Comisión, podrá imponer sanciones en la primera sentencia.

Un trabajador autónomo podrá cobrar la pensión de jubilación y compatibilizarlo con la gestión de su propia empresa2018-07-26

El Juzgado de lo Social Nº 3 de Oviedo ha dictado una sentencia en la que le reconoce a un autónomo asturiano el derecho a percibir una pensión de jubilación del 100% y compatibilizarla con su trabajo como gestor de su propia empresa. Este derecho se le reconocía, desde la reforma de la ley de septiembre del año pasado, a aquellos autónomos que mantuvieran, al menos, a un trabajador en nómina. Pero desde el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solía interponerse una problemática recurrente, y es que dicho trabajador o trabajadores debían estar contratados a nombre del autónomo y no de una sociedad.

  • Incluye la sentencia

Llegado a la edad para exigir una pensión por jubilación, la INSS le denegó al autónomo asturiano la pensión por no tener trabajadores contratados a su nombre. Tras un primer recurso, la resolución administrativa emitida desde la Seguridad Social solo le reconoció una pensión de jubilación del 50% mientras fuera compatibilizada con el trabajo de gerente en su propia empresa.

La sentencia del juzgado ovetense, que no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de Lo Social del TSJA, afirma por el contrario que la interpretación hecha por el INSS es "contraria a la finalidad legislativa misma de la ley, además de no ser resultante del tenor literal de la norma".

Vea la sentencia Jdo Social 3 Oviedo 17 julio 2018-1

El Ministerio y los Letrados de la Administración de Justicia acuerdan reformar las normas que regulan el funcionamiento del cuerpo2018-07-26

La reforma del Reglamento Orgánico de los Letrados de la Administración de Justicia es uno de los acuerdos alcanzados por la ministra Dolores Delgado y los representantes del Cuerpo en su primer encuentro oficial, en el que se ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar ese texto a las modificaciones introducidas en 2015 en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

La reunión, que ha permitido a las cuatro asociaciones poner sobre la mesa las cuestiones que más les preocupan, ha concluido con un acuerdo para aprobar también un reglamento de sustituciones entre el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y con el compromiso para estudiar el posible incremento de las retribuciones en el ámbito de las retribuciones variables, para diciembre de este año.

La voluntad de diálogo del equipo encabezado por la ministra Delgado se ha puesto de manifiesto con la constitución de grupos de trabajo con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los Letrados de la Administración de Justicia en relación con la implantación del expediente digital y de la Oficina Judicial.

Por parte del Ministerio de Justicia, junto a la ministra y al secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, han asistido a la reunión el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; la directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, Sofía Duarte; y el director de su Gabinete, Borja Sastre.  

Por parte de las asociaciones profesionales han asistido: Rafael Lara y José Palazuelos por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia; Abigail Fernández y Rafael Lafuente por el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia; Lidia Urrea y Carlos Artal por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia; y Ángel Maraver y José Antonio Castillo por la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia.

Carmen Lamela, Susana Polo, Dimitry Berberoff y Eduardo de Porres, nuevos magistrados del Tribunal Supremo2018-07-26

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy a Carmen Lamela Díaz Susana Polo, Dimitry Berberoff y Eduardo de Porres, nuevos magistrados del Tribunal Supremo.

Carmen Lamela ha obtenido 13 de los 21 votos del Pleno. El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Juan José López Ortega y el de la Audiencia Nacional Juan Ramón Sáez Valcárcel han recibido dos cada uno, y han conseguido uno la magistrada de la Audiencia Nacional Manuela Fernández Prado y los presidentes de las Audiencias Provinciales de Tarragona, Javier Hernández García; de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano; y de Gipuzkoa, Ignacio Subijana Zunzunegui. 

Susana Polo García, nueva magistrada de la Sala Penal

Susana Polo García ocupará la plaza -correspondiente al turno de especialistas- convocada como consecuencia del nombramiento para otro cargo del magistrado Julián Sánchez Melgar y cuya convocatoria fue anunciada con anterioridad al reingreso de dicho magistrado al Tribunal Supremo. La magistrada Susana Polo quedará adscrita a la Sala Segunda y se le adjudicará la primera vacante de titular que se produzca.

Susana Polo ha obtenido 14 votos del Pleno. El magistrado de la Audiencia Nacional, Juan Ramón Sáez Valcárcel ha obtenido tres votos, y han logrado un voto cada uno las magistradas de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel Jorquera y Manuela Fernández Prado, y los presidentes de las Audiencias Provinciales de Tarragona, Javier Hernández García y de Gipuzkoa, Ignacio Subijana Zunzunegui.

Dimitry Berberoff, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

El magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Dimitry Berberoff Ayuda ha sido elegido nuevo magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en la que ocupará la plaza -correspondiente al turno de especialistas- convocada por la jubilación de Manuel Vicente Garzón Herrero.

Berberoff ha obtenido 9 de los 21 votos del Pleno, frente a los 7 recibidos por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Juan Pedro Quintana Carretero. El magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional Fernando de Mateo Menéndez ha tenido 3 votos y los también magistrados de esta última Sala Berta María Santillán Pedrosa y Santiago-Pablo Soldevila Fragoso uno cada uno.

Eduardo de Porres, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha elegido hoy al presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, nuevo magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que ocupará la plaza -correspondiente al turno de especialistas- convocada por el nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido Tourón.

De Porres ha obtenido 14 de los 21 votos del Pleno. El presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona, Javier Hernández García, ha obtenido tres; los magistrados de la Audiencia Nacional Manuela Fernández Prado, Enrique López López y Juan Ramón Sáez Valcárcel uno cada uno; y también ha recibido uno el magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife Jaime Requena Juliani.

La Abogacía condena las escuchas telefónicas a abogados y urge la ley del Derecho de Defensa para evitarlas2018-07-25
  • La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española denuncia la violación del secreto profesional en la investigación judicial del ‘caso Lezo’

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española manifiesta su más absoluto rechazo a la violación del Derecho a la Defensa y del secreto profesional en la investigación judicial del ‘caso Lezo’ después de que se autorizara la grabación de conversaciones privadas de uno de los abogados con su cliente, el empresario Juan Miguel Villar Mir.

La Abogacía considera que es un gravísimo atentado contra el Estado de Derecho y que estos procedimientos, que la ley reserva de forma claramente restrictiva para casos de terrorismo o en supuestos en los que el abogado pueda estar implicado, no pueden ser aplicados en cualquier circunstancia, ya que ponen en peligro el Derecho a la Defensa, recogido en el artículo 24 de la Constitución, y suponen una ilegítima vulneración de derechos fundamentales que no pueden limitarse o someterse a ponderación en aras de la investigación penal.

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía muestra su apoyo al amparo colegial que el Colegio de Abogados de Madrid concedió al letrado el pasado 2 de julio ya que el secreto profesional como parte esencial del derecho de defensa tiene una vertiente de tutela de la intimidad del cliente que, además, adquiere una dimensión pública al constituir un instrumento para salvaguardar la confianza en la profesión de abogado. El abogado está eximido de denunciar y declarar como testigo en relación con los hechos que su cliente le hubiera confiado en su calidad de defensor, según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Está fuera de toda duda que las grabaciones, cuando son empleadas como medio de investigación en un proceso penal, implican un altísimo grado de injerencia pública en el círculo de derechos fundamentales que nuestro sistema constitucional garantiza a cualquier ciudadano. La posibilidad de que las comunicaciones de un ciudadano con su abogado puedan ser sometidas a escucha convierte estas diligencias en un instrumento de control de los poderes públicos frente a una de las más singulares manifestaciones de privacidad.

Para evitar estos hechos, la Abogacía Española considera inaplazable y urgente completar el sistema de tutela judicial efectiva mediante la promulgación de una Ley Orgánica del Derecho de Defensa que desarrolle nuestro sistema de defensa jurídica. Sin defensa efectiva no puede haber contradicción ni igualdad de las partes en el proceso ni, por tanto, Justicia y sin Justicia no puede haber Estado de Derecho, no puede haber ni siquiera democracia.

La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española solicita a la ministra de Justicia que impulse la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa presentado al anterior equipo ministerial, una norma que pretende recoger en un único texto legal el conjunto de las garantías de la defensa de la ciudadanía, que cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios.

Justicia y las asociaciones de jueces y fiscales crean un grupo de trabajo para estudiar mejoras retributivas2018-07-25

El Ministerio de Justicia, las cuatro asociaciones profesionales con representación en la carrera judicial y las tres asociaciones profesionales presentes en la carrera fiscal han acordado la puesta en marcha de un grupo de trabajo que estudie la adopción de mejoras retributivas para los miembros de ambas carreras ya en este ejercicio presupuestario de 2018.

La cúpula directiva del Ministerio y representantes de esas siete organizaciones han mantenido esta tarde una primera reunión oficial para abordar la plataforma reivindicativa en torno a la cual jueces y fiscales acordaron un calendario de protestas que culminó en la jornada de paro del pasado 22 de mayo.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha transmitido a los asistentes su compromiso por conseguir "mejoras retributivas que contribuyan a mejorar las condiciones laborales de jueces y fiscales como forma de dignificar el elevado servicio público que prestan".

Con ese objetivo, un grupo de trabajo compuesto por representantes del Ministerio y de las asociaciones profesionales deberá cerrar una propuesta que resuelva cómo combinar las reivindicaciones salariales de los miembros de ambas carreras con las dotaciones presupuestarias fijadas por el Parlamento para 2018.

De manera paralela, el departamento que dirige Delgado negociará con el Ministerio de Hacienda la convocatoria de una mesa de retribuciones a finales del próximo mes de septiembre para que las nuevas retribuciones variables a través del complemento de productividad puedan llegar a las nóminas de jueces y fiscales este próximo mes de diciembre de 2018.

Consensos parlamentarios

Respecto a otros puntos de la plataforma reivindicativa conjunta de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales, la ministra Delgado ha informado a los asistentes de que en sus contactos con los distintos portavoces de los grupos parlamentarios ha podido constatar que algunas reformas legislativas en marcha o inminentes disponen ya de consenso suficiente para superar el trámite parlamentario.

En ese caso están la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo que atañe a las licencias y permisos de jueces y fiscales, así como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para derogar el artículo 324, que fija un límite de seis meses para la instrucción de los procedimientos penales excepto en casos de especial complejidad.

La ministra Delgado ha explicado a los asistentes que, como ya avanzó en su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, el departamento que dirige impulsará otras reformas legislativas que afectan a alguno de los puntos de la plataforma reivindicativa de jueces y fiscales, como la reforma de la LOPJ para dar mayor transparencia a la elección de los vocales del CGPJ, así como para que este órgano de gobierno de la judicatura recupere el carácter colegiado que perdió con la reforma de 2015.

Por lo que se refiere al Ministerio Fiscal, el ministerio también pretende incluir factores de transparencia en el proceso de nombramiento del titular de la Fiscalía General del Estado, así como impulsar un nuevo reglamento de la carrera fiscal que sustituya al actual, que data de 1969. 

Al término del encuentro, el secretario de Estado Manuel Dolz destacó que la reunión "ha servido para desbloquear una situación de incomunicación y abrir vías de diálogo y cooperación entre el Ministerio y las asociaciones para mejorar el servicio público que la Justicia presta a la ciudadanía". 

Junto a la ministra Delgado y el secretario de Estado Dolz, han representado al Ministerio en la reunión el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo; la directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, Sofía Duarte; y el director de su Gabinete, Borja Sastre.

Por parte de las asociaciones profesionales han asistido: Manuel Almenar (Asociación Profesional de la Magistratura); Raimundo Prado (Asociación de Jueces Francisco de Vitoria); Ignacio González y Diego Gutiérrez (Juezas y Jueces para la Democracia); Concepción Rodríguez y Roberto Esteban (Foro Judicial Independiente); Jesús Alonso y Montserrat García (Asociación de Fiscales); Emilio Fernández (Unión Progresista de Fiscales), y Miguel Pallarés y Ana Fernández (Asociación Profesional e  Independiente de Fiscales).

Los pasajeros podrán reclamar a las aerolíneas este año por haber sido convocadas las huelgas con antelación2018-07-25

Como viene ocurriendo en los últimos años, las huelgas de personal de las compañías aéreas, controladores aéreos o personal de seguridad del aeropuerto son un elemento inherente al verano, período de máxima actividad aeroportuaria por el gran número de viajeros y turistas que eligen la temporada estival para disfrutar de sus vacaciones en otra parte del mundo. 

 Si bien es cierto que la contingencia de huelga se establece inicialmente como una circunstancia extraordinaria en el Reglamento (CE) Nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de febrero de 2004, la jurisprudencia europea ha matizado su carácter extraordinario. Así, y a pesar de que de entrada la compañía se cubrirá las espaldas ante la reclamación de indemnización por una cancelación o retraso de un vuelo con dicha excusa, hay casos que son reclamables judicialmente.  

 Así pues, el hecho de que se anuncien las huelgas con antelación, tal y como ha sucedido este verano de 2018, pone en jaque a las compañías aéreas, pues dichas huelgas no se podrán presentar ante el juez como sorpresivas o inesperadas, por lo que deberán demostrar con mayor ahínco el esfuerzo realizado y la imposibilidad de evitar las cancelaciones y retrasos.  

 “Lo más importante es que los perjudicados por las cancelaciones y retrasos aéreos guarden el billete, las comunicaciones de la compañía en relación al retraso o cancelación y todos los documentos acreditativos de los costes extras”, indica Estel Romero, abogada de Sanahuja Miranda. 

En este sentido, la SAP de Barcelona, Sec. 15, 161/15, de 18 de junio de 2015 determinó que las huelgas que no guarden relación alguna con las capacidades de organización interna de la compañía aérea son susceptibles de reclamación. Dicha doctrina tiene origen en la STJCE de 22 de diciembre de 2008, la cual interpretó el Art. 5.3 del Reglamento estableciendo que:  

- El legislador comunitario no exonera de indemnizar al pasajero con cualquier circunstancia extraordinaria, sino únicamente cuando concurran circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado aunque se hubieran adoptado todas las medidas razonables.  

- De ello se deduce que no todas las circunstancias extraordinarias tienen carácter exoneratorio 

- Corresponderá a quien invoque las circunstancias extraordinarias (la compañía aérea), el demostrar que le ha sido imposible evitarlas, así como que ha utilizado todos los medios personales, materiales y financieros para prevenir las cancelaciones y retrasos.  

 Por tanto, no sólo se tendrá derecho a la indemnización establecida en el Art. 7 del Reglamento, sino que también se podrán pedir, dependiendo del caso, el reembolso del vuelo cancelado o los costes que la cancelación o retraso haya supuesto para el pasajero, e incluso, los daños morales que puedan devengarse si se pierde, por ejemplo, un evento familiar, un evento laboral, una conexión aérea, etc. 

Un paso adelante, pero mucho por hacer para dignificar la Justicia Gratuita2018-07-24

Por Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española

La Justicia Gratuita sigue siendo una de las asignaturas pendientes de nuestro Estado de Derecho. Y no porque no funcione de forma eficiente gracias al excelente trabajo de 51.000 abogados y a la labor de organización y coordinación de los 83 Colegios de Abogados, sino porque unos y otros no tienen el reconocimiento político y social necesario para que su trabajo, se desarrolle en unas condiciones dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica.

En los últimos meses, después de un arduo trabajo con el Ministerio de Justicia –al que agradezco públicamente su disposición al diálogo institucional-, se han conseguido avances importantes en lo que afecta a la Justicia Gratuita en el llamado territorio común, es decir, en aquellas comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. En concreto se han revisado –a expensas de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018- los honorarios que cobran los abogados de oficio que subirán en torno al 30 por ciento –un incremento del 35 por ciento que afectará a los procesos civiles y penales a los que dedican su esfuerzo mayoritariamente los abogados del Turno y un 20 por ciento para el resto de asuntos- después de permanecer intocados durante 15 años. De la misma manera se ha conseguido que las liquidaciones de los Colegios se hagan cada mes en lugar de cada trimestre y, lo que es verdaderamente importante, que  los pagos por parte del Ministerio de Justicia también se hagan mensualmente. Así se evitará que, en ocasiones, muchos abogados se pasen tres, seis meses y hasta más de un año sin cobrar, como sucede todavía en algunas comunidades autónomas.

Son dos pasos muy importantes, que el ministro ratificó personalmente ante el Pleno del Consejo a mediados de mayo, y que suponen una sustancial mejora de las indemnizaciones, pero solo reducen una injusticia histórica y no solucionan el problema de la deficiente retribución del Turno. Por eso, tanto el Consejo como los Colegios de Abogados seguimos exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento real del IPC acumulado así como el reconocimiento de nuevos módulos y el abono de las guardias.

BAREMOS SIN ACTUALIZAR, RETRASOS…

Hablamos de territorio común, pero lo hacemos también del resto de comunidades autónomas. La situación es muy diversa, pero los problemas son similares en algunas autónomas: baremos sin actualizar desde hace años, retrasos en los pagos, falta de medios… De norte a sur y de este a oeste, con escasas excepciones, que también se recogen. Pero no tiene sentido que por el mismo servicio un abogado de la misma cualificación y experiencia cobre cantidades distintas según la comunidad autónoma en la que trabaje. Y no se trata, por supuesto, de igualar a la baja ni tampoco de ajustarse a los precios de mercado, sino de buscar una remuneración realmente digna. He dicho en muchas ocasiones que a los abogados lo que les interesa es que el cliente vaya a su despacho y pague conforme a lo que dicta el mercado, por cierto cada vez más exigente. Si está en el Turno de Oficio es más por un convencimiento moral y por una exigencia deontológica que por una cuestión puramente crematística.

Los datos que aporta el Observatorio de Justicia Gratuita son una radiografía exacta de la situación de la Justicia Gratuita: 51.000 abogados –casi la mitad exacta mujeres- al servicio de los ciudadanos 365 días al año, 24 horas al día en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de España garantizando la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes para ejercer su legítimo e imprescindible derecho de defensa. La retribución media que es de 133,5 euros por expediente no solo es muy baja sino que decrece respecto a 2016. La inversión en Justicia Gratuita es de 5,22 euros por ciudadano y año, lo que representa el 0,021 del PIB nacional. No son cifras que puedan asustar a nadie, todo lo contrario. Y, sin embargo, la satisfacción media del usuario es muy alta, como demuestra la encuesta de Metroscopia que publicamos en este mismo Observatorio: “la labor profesional del abogado de oficio es percibida por quienes se benefician de ella, como una asistencia de gran calidad y eficacia: de forma ampliamente mayoritaria los usuarios consideran que la atención prestada es buena (80%) y que el horario de atención y el trabajo desempeñado por los abogados son adecuados (71%)”.

También es importante señalar que durante 2017, los Colegios de Abogados tramitaron de forma telemática más de 676.000 solicitudes de Justicia Gratuita presentadas por los ciudadanos. Y lo hicieron gracias a un Expediente Electrónico puesto en marcha y sostenido por la Abogacía.

Tres cuestiones para  destacar también en este Observatorio. En primer lugar las recomendaciones del Grupo de Expertos externo mayoritariamente al Consejo con propuestas independientes y fáciles de aplicar que mejorarían la Justicia Gratuita.

En segundo lugar el Anexo I, la Ley de Justicia Gratuita de Aragón que, después de muchos problemas en ese territorio, demuestra que se pueden hacer bien las cosas, poniendo a los ciudadanos en el objetivo y contando con los que ejercen su trabajo con responsabilidad y eficiencia: los abogados y sus Colegios.

Y, por último, el Anexo II, un interesante artículo que explica como los tribunales –la Audiencia Nacional y los TSJ del País Vasco y de Andalucía-  han anulado cuatro resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que sancionaban con casi 300.000 euros al Consejo General de la Abogacía y a tres Colegios de Abogados (Málaga, Guadalajara y Bizkaia) por una supuesta e inexistente restricción de la competencia en los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita.

El Consejo y los Colegios defendemos y garantizamos que la asistencia jurídica gratuita tiene que estar prestada con eficiencia por abogados adecuadamente preparados, con una cierta experiencia profesional y desde la cercanía.  Las sentencias confirman lo que sostiene la Abogacía: “la prestación del Servicio de Justicia Gratuita no es una función que desempeñen los Colegios de Abogados como libre ejercicio de servicios profesionales sino que se trata de una actividad en la que concurre un importante componente público y en el que el interés general aconseja la prestación de dicho servicio del modo más eficaz posible y manteniendo unos parámetros razonables de calidad.” Es decir, se trata de un servicio profesional con connotaciones claras de servicio público, y sin contenido económico, sin oferta profesional de servicios, ni libre fijación de remuneraciones u honorarios. Ni cabe hablar de un “mercado” de prestación de los mismos ni la Ley de Defensa de la Competencia, por propia determinación de la Ley 2/1974, es aplicable al caso, como han dejado claro los tribunales.

Tenemos muchas cosas que mejorar en la Justicia Gratuita, pero no son, precisamente, las que sancionaba, desproporcionada e injustamente, la CNMC. El Marcador de la Justicia Europea 2018, que elabora la Comisión Europea cada año, destaca la calidad y accesibilidad del servicio de asistencia jurídica gratuita de España, garantizada para los ciudadanos. Europa reconoce, valora y aplaude el excelente trabajo de nuestros abogados de oficio. Vamos a seguir trabajando para merecer y extender este reconocimiento.

¿Por qué existe desigualdad en el pago de Impuesto de Sucesiones según cada Comunidad?2018-07-24

El Impuesto de Sucesiones y Donaciones es el responsable de que tengas que pagar por recibir una herencia o una donación. Pero la legislación autonómica presenta grandes diferencias territoriales en cuanto a tipos impositivos. Recibir una herencia en Madrid, Asturias o Andalucía tenga unas consecuencias económicas muy diferentes para los herederos. ¿Esta situación es injusta? ¿Atenta contra la seguridad jurídica de todos los ciudadanos?

Pese al cambio de normativa, que entró en vigor a inicios de 2018, siguen existiendo grandes diferencias en la normativa reguladora del Impuesto de Sucesiones en las diferentes Comunidades Autónomas. En efecto, se pueden detectar bonificaciones de hasta el 99% en algunos territorios, como puede ser Madrid, cuando se trata de herencias de padres a hijos, por lo que el contribuyente apenas tiene que abonar al fisco en proporción a la masa hereditaria recibida. En cambio, en otras comunidades los impuestos por este tipo de operaciones son, cuanto menos, sangrantes.

“Entre los territorios más perjudicados por estas diferencias se encuentra Asturias, y hasta hace bien poco la Comunidad Autónoma de Andalucía, concretamente hasta la entrada en vigor de la reforma de la normativa reguladora de este impuesto el día 1 de enero de 2018. Hasta este momento un andaluz debía pagar un equivalente al 17% del patrimonio a heredar, frente al 1% de otras comunidades”, explica Lucía Gómez Barba, abogada del despacho Sanahuja Miranda.

Entre las Comunidades más beneficiadas por las bonificaciones fiscales y donde menos se paga al fisco por heredar se encuentran Canarias y la Comunidad de Madrid.
 
Polémica por la igualdad fiscal

La polémica en torno a la aplicación de este impuesto dio lugar a numerosas manifestaciones y concentraciones de los ciudadanos andaluces exigiendo lo que, para muchos, no es más que su derecho a la igualdad en todo el territorio español consagrado en el artículo 14 de nuestra Carta Magna, relacionado con el artículo 31, que concretamente indica que “los impuestos deben ser justos, equitativos y no deben tener afán recaudatorio”, añade Gómez Barba.

A partir de la entrada en vigor de la mencionada reforma se ha aumentado el mínimo exento para heredar en Andalucía, pasando de 250.000 euros a 1.000.000 euros, y únicamente afecta a los parientes más próximos del fallecido, es decir, hijos, cónyuges y padres. A pesar de todo ello se trata de un paso más en el camino de la igualdad entre todas las Comunidad Autónomas.

En este contexto, y a raíz de estas diferencias fiscales, Gómez Barba, de Sanahuja Miranda, explica que “para muchos son inconstitucionales y supone que muchos ciudadanos opten por donar sus bienes antes que dejarlos en herencia a sus más allegados, ya que puede suponer en algunos casos un gran ahorro para el contribuyente”.
 
¿Herencia o donación?

Antes de optar por la herencia o donación de un bien hay que tener en cuenta, sin embargo, determinados factores que se deben valorar antes de decantarse por una de las dos opciones, como puede ser el tipo de bien, si se está ante un inmueble destinado a vivienda habitual, si se trata de bienes con pérdidas, o los bienes con altas plusvalías y el grado de parentesco entre las partes.

Otra de las causas que hace que los ciudadanos reclamen la reforma del impuesto de sucesiones e incluso la supresión del mismo es la percepción de que dicho tributo supone una doble imposición -continúa la especialista en este tema-, es decir, “el contribuyente, cuando hereda, tributa por unos bienes sobre los que ya tributaron sus propietarios anteriores, por ejemplo, si tus padres ya pagaron los impuestos correspondientes por la casa en la que han vivido toda la vida, por qué tú, como su hijo, tienes que volver a tributar por ello. Este es un pensamiento más que generalizado que hace de este impuesto uno de los más polémicos y menos “queridos” por la población”.

Para muchos, se trata de un impuesto arcaico, sin razón de ser en la actualidad y que debería haber sido suprimido hace mucho tiempo. Sin embargo, el debate sigue abierto ya que para muchos otros la eliminación de este tributo supondría una merma en las arcas públicas que nuestro país no podría permitirse a día de hoy.

Lo que sí está claro y sobre lo que no existe polémica posible es la palpable desigualdad fiscal que es, para muchos, no sólo es injusta, tal y como lo han demostrado los ciudadanos saliendo a las calles voz en grito (como en tantas otras ocasiones) sino que también es contaria a uno de los principios generales más importantes de nuestro ordenamiento jurídico y consagrados en la Consitución, la seguridad jurídica. Por ello, esperemos que estas movilizaciones hayan servido para que los partidos políticos se hagan cargo de la situación lo antes posible, garantizando la igualdad de todos los españoles a la hora de aceptar una herencia, sea cual sea la provincia en la que tengan su residencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra otorga una pensión de viudedad a una mujer divorciada que fue víctima de violencia de género2018-07-24
La Sala de lo Social confirma una sentencia que concede esta retribución al amparo de la ley Orgánica de 2004 de medidas de Protección Integral contra la violencia de género. El Instituto Nacional de la Seguridad Social se había opuesto al haber transcurrido más de 10 años entre la fecha de la separación judicial y el fallecimiento del exmarido

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado una sentencia que reconoce una pensión vitalicia por viudedad de 692,76 euros mensuales a una mujer víctima de violencia de género en el momento del divorcio.

La pareja, que contrajo matrimonio en San Sebastián en 1978, se divorció en 1998. Durante el periodo en que duró la relación, según consideró probado la sentencia de primera instancia, dictada por el Juzgado de lo Social número 4 de Pamplona, la mujer sufrió insultos frecuentes y desprecios de su esposo del tipo: “No vales nada”, “tonta”, “puta”.

También, según la sentencia, le propinó algún empujón. Todo ello delante de la familia, de forma que la demandante, a la que su esposo culpaba de todo lo que sucedía, estaba “aterrorizada y anulada”.

En la sentencia de divorcio, dictada de mutuo acuerdo en julio de 2000, el marido se quedó con la guarda y custodia del hijo menor y continuó con el uso y disfrute del domicilio conyugal por haber sido adquirido por él con anterioridad al matrimonio.

En dicho convenio, la mujer renunció a la pensión compensatoria y, por su parte, el esposo saldó la deuda que mantenía con ella en concepto de atrasos debidos por importe de 500.000 pesetas (3.005,06 euros). Mientras duró la convivencia, la mujer apenas trabajó tres meses.

El esposo falleció en diciembre de 2016, y su exmujer solicitó la pensión de viudedad en marzo de 2017, que fue desestimada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por no tener derecho a la pensión compensatoria al haber transcurrido más de 10 años entre la fecha de la separación judicial y el fallecimiento del exmarido.

La mujer reclamó entonces al INSS la pensión al amparo del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), en relación con la Ley Orgánica de 2004 de medidas de Protección Integral contra la violencia de género.

Según el artículo 220 del TRLGSS, “tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras a pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante sentencia firme”. Este precepto establece que la condición de víctima de violencia de género puede acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

A este respecto, tanto la juez de primera instancia como la Sala de lo Social del TSJN se amparan en una sentencia dictada en mayo de 1999 por un juzgado de instrucción de San Sebastián, que condenó al exmarido como autor de una falta de vejaciones. En esa sentencia, se consideró probado que el acusado se personó el 10 de enero de 1999 en el restaurante en el que trabajaba su exmujer, en donde, en el transcurso de una discusión, le llamó “zorra y desgraciada”, unos insultos que llegó a proferir delante de un ertzaina (policía autonómico vasco).

Unos insultos proferidos en público

Esta condena, así como los testimonios de la hermana y el cuñado de la demandante, sirvieron de base a la juez de lo Social para acreditar la existencia de violencia de género.

Para los magistrados del TSJN, el resultado de esa condena por vejaciones constituye un hecho aislado, pero “dotado de una enorme significación”. La denuncia, explica la Sala, se produjo en 1999, año en que este tipo de actuaciones no solían denunciarse.

A ello hay que añadir, recalca el tribunal, que el hecho vejatorio se produjo en público, “con desprecio por parte de su autor a cualquier atisbo de intentar ocultar su ruinoso comportamiento, lo que permite enmarcar la denuncia en un ámbito en el que los desprecios, insultos y vejaciones eran frecuentes, tal y como así corroboraron los testigos que depusieron en el juicio”.

Para el TSJN, “es evidente la coetaneidad entre la violencia de género y el momento de la separación y divorcios de la demandante y su esposo”, por lo que concurren “todas las exigencias legales y jurisprudenciales necesarias para acceder a la pensión de viudedad solicitada”.

El CGPJ aprueba las ternas de candidatos a cuatro plazas de magistrado del Tribunal Supremo2018-07-23

Una de las plazas es de la Sala Tercera y fue convocada por la jubilación del magistrado Manuel Vicente Garzón. Las otras tres son de la Sala Segunda, todas ellas correspondientes al turno de especialistas

CGPJ.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy las ternas de candidatos a cuatro plazas de magistrado del Tribunal Supremo: una en la Sala Tercera, para cubrir la vacante producida por la jubilación del magistrado Manuel Vicente Garzón Herrero; y las otras tres en la Sala Segunda, todas ellas correspondientes –como la anterior- al turno de especialistas. 

De los veintidós aspirantes a la plaza de la Sala Tercera, que fue convocada por acuerdo de la Comisión Permanente del pasado 26 de abril, han sido seleccionados, por unanimidad, los siguientes candidatos: 

-      Dimitry Berberoff Ayuda, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Actualmente director del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

-      Ignacio de la Cueva Aleu, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

-      Ana Isabel Martín Valero, magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

-      Fernando de Mateo Menéndez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

-      Juan Pedro Quintana Carretera, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

-      Berta María Santillán Pedrosa, magistrada de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

-      José Santos Gómez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla

Candidatos a la Sala Segunda 

La Comisión Permanente también ha aprobado las ternas de candidatos a las tres plazas del turno previsto en el artículo 344 a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) convocadas en la Sala Segunda por acuerdo del pasado 3 de mayo, a las que podían optar todos los magistrados con diez años de servicios en órganos especializados de la jurisdicción penal. 

La decisión de abrir la convocatoria a quienes cumplieran ese requisito, así como a los que reunieran los establecidos por la disposición transitoria duodécima de la LOPJ, obedeció al escaso número de potenciales candidatos que resultaría de limitarla a quienes accedieron a la categoría de magistrado mediante las correspondientes pruebas de selección en el orden jurisdiccional civil y penal convocadas en su día. 

En la actualidad, solo doce magistrados cumplen ese requisito, de los que dos ya tienen la condición de magistrado del Tribunal Supremo y otros cuatro sirven en órganos de la jurisdicción civil. Habrían sido por tanto solo seis los posibles aspirantes a las plazas. 

Dos de las plazas corresponden a las vacantes producidas por el fallecimiento del magistrado José Manuel Maza Martin y por el nombramiento como miembro del Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido Tourón; mientras que la tercera, en el momento de la convocatoria, tenía como objeto cubrir la vacante dejada por el entonces fiscal general del Estado, Julián Artemio Sánchez Melgar, mientras éste permaneciera en la situación de servicios especiales. 

Pese a que Sánchez Melgar ha reingresado al servicio activo y se ha incorporado a su destino en el Tribunal Supremo, la plaza se ha mantenido en el concurso dado que a la fecha de su cese como fiscal general del Estado –que fue publicado por el Boletín del Estado el pasado 22 de junio- ya había concluido el plazo de presentación de candidaturas. El magistrado que obtenga la plaza quedará adscrito a la Sala Segunda y se le adjudicará la primera vacante de titular que se produzca. 

De los 34 aspirantes, han sido seleccionados, también por unanimidad, los siguientes candidatos: 

Plaza de magistrado de la Sala Segunda vacante por el nombramiento para otro cargo de Cándido Conde-Pumpido: 

-      Ángel Luis Hurtado Adrián, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

-      Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

-      Eduardo Porres Ortiz de Urbina, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid

-      Juan Ramón Sáez Valcárcel, magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

-      María Félix Tena Aragón, presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres

-      Eloy Velasco Núñez, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional 

Plaza de magistrado de la Sala Segunda vacante por el fallecimiento de José Manuel Maza: 

-      Manuel Caballero-Bonald Campuzano, magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga

-      Manuela Fernández Prado, magistrada de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

-      Javier Hernández García, presidente de la Audiencia Provincial de Tarragona

-      Carmen Lamela Díaz, magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3

-      Jaime Requena Juliani, magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife

-      Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba 

Plaza de magistrado de la Sala Segunda convocada al encontrarse Julián Sánchez Melgar en la situación de servicios especiales: 

-      Jesús María Barrientos Pacho, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

-      Concepción Espejel Jorquera, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

-      Enrique López López, magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional

-      Susana Polo García, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

-      Leopoldo Puente Segura, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid

-      Ignacio Subijana Zunzunegui, presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa 

Los nombramientos serán decididos por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que debatirá y votará las candidaturas elevadas por la Comisión Permanente, así como cualquier otra propuesta por los vocales del órgano de gobierno de los jueces haciendo uso de la facultad que les otorga el artículo 16.6 del Reglamento 1/2010, por el que se regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales.

La Audiencia de Pontevedra absuelve a los comuneros acusados de colocar una piedra en un sendero que provocó que un ciclista se quedase parapléjico2018-07-23

El tribunal considera acreditado que la piedra fue colocada a propósito en medio del camino que habitualmente utilizaban los deportistas para realizar descensos, pero señala que carece de pruebas de la autoría de los cuatro comuneros

CGPJ.- La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha absuelto a los cuatro comuneros acusados de los delitos de homicidio en grado de tentativa y de lesiones por su presunta implicación en la colocación de una piedra en un sendero del Monte Alba que provocó la caída de un ciclista en septiembre de 2014. Como consecuencia del impacto, la víctima se quedó parapléjica.

El tribunal considera acreditado que la piedra fue colocada a propósito en medio del camino que habitualmente utilizaban los deportistas para realizar descensos, pero señala que carece de pruebas de la autoría de los cuatro comuneros. "No resulta posible estimar probados la mayoría de indicios expuestos por las acusaciones, más teniendo en cuenta el principio in dubio pro reo", destaca la Audiencia.

El tribunal argumenta que no ha quedado acreditada "la existencia de un clima de animadversión contra los ciclistas que hubiera podido motivar que pusiesen la piedra", tan solo ciertas disputas o críticas, "ni que los acusados hubieran tenido tiempo de realizar los actos que les imputan, ni que hubiesen subido por el camino donde se movió la piedra, ni que hubieran sido las únicas personas que pudieran haber realizado ese hecho".

La Audiencia sostiene que es "cierto" que los acusados "estaban en las inmediaciones en ese lapso de tiempo", pero recalca que "la pruebas practicadas, aún con las evidentes dificultades que se reconocen dada la situación en la que se produjo el hecho", no permiten "extraer con la certeza que habría sido precisa una conclusión válida y explicable acerca de la participación de los acusados en los hechos".

El Tribunal Supremo condena al Estado a pagar 600.000 euros a una mujer cuya expareja asesinó a su hija en una visita no vigilada2018-07-23

CGPJ.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar una indemnización de 600.000 euros por daños morales a una mujer cuya expareja asesinó a su hija común durante una de las visitas no vigiladas que estableció un juzgado de Madrid tras su separación, después de denunciarle en 47 ocasiones por malos tratos y otras causas.

El tribunal establece que las resoluciones del Comité contra la discriminación contra la mujer de la ONU (CEDAW) pueden ser aplicables en España por la vía de la reclamación por anormal funcionamiento de la justicia, como ha ocurrido en este caso.

De este modo, obliga a la Administración a cumplir el Dictamen de la CEDAW, de 16 de julio de 2014, que obligó al Estado a que otorgara una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la gravedad de la conculcación de sus derechos por no haber cumplido con su deber de diligencia en relación con los hechos que llevaron al asesinato de la menor.

La Sala concluye en esta sentencia que la Administración vulneró derechos fundamentales de la mujer -a la igualdad y a no ser discriminada por razón de sexo, a la integridad física y moral, y a la tutela judicial efectiva- por no asumir la demanda de reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por la recurrente para pedir el cumplimiento del Dictamen del CEDAW, y poner fin a los efectos de una declaración de lesión de derechos de la mujer por haber sufrido un acto de discriminación derivado de una situación de violencia sobre la mujer, que le vinculaba en los términos de la Convención y el Protocolo Facultativo.

Tras el asesinato de su hija el 24 de abril de 2003, la madre presentó ante el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la de la Administración de Justicia. En su reclamación alegó que la muerte de su hija se podría haber evitado si se hubiese mantenido el régimen de visitas con vigilancia inicialmente establecido para regular la separación matrimonial. Esta reclamación fue rechazada, decisión que fue confirmada por la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Agotadas las instancias nacionales, la recurrente acudió al Comité de Naciones Unidas, CEDAW, que emitió un Dictamen en el que concluía que el Estado falló en su obligación de ejercer la debida diligencia. Tras este pronunciamiento, la mujer presentó el 6 de febrero de 2015 en el Ministerio de Justicia una segunda reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado en la que solicitaba que se cumpliera lo dicho por el Comité de la CEDAW. Ante el silencio de la administración a esta nueva petición, presentó recurso en la Audiencia Nacional, que fue rechazado de nuevo al no apreciar que existiesen datos que indicasen que el régimen de visitas que existía implicase peligros para la vida o salud física o psíquica de la menor.

Por este motivo, la mujer acudió al Tribunal Supremo solicitando una indemnización de 1,2 millones de euros por vulneración de derechos fundamentales. La Sala estima de forma parcial su recurso, concediendo una indemnización de 600.000 euros. También condena a la Administración a pagar 10.000 euros por las costas de la instancia debido a la especial vulneración de derechos producida.

Vulneración de derechos fundamentales de la madre

La Sala se plantea si la negativa de la Administración, que no contestó a la reclamación planteada por la mujer, vulneró sus derechos fundamentales. En este punto, los magistrados consideran que “la citada vulneración tiene encaje en el artículo 14 de la Constitución Española -derecho de igualdad y no discriminación por razón de sexo-, pues durante años no se pusieron en marcha medidas que hiciesen efectivas en la práctica previsiones legales existentes y de manera que si pudiese reestablecer una igualdad rota en el seno familiar por los graves actos de discriminación sufridos por la recurrente”.

También considera que se ha vulnerado el artículo 24 -derecho a la tutela judicial efectiva- debido a que en los diversos procedimientos judiciales que revisaron la práctica administrativa “no se dio amparo efectivo al derecho de la recurrente a no ser discriminada, todo ello con indudable y grave afectación de su dignidad humana y de su derecho a la integridad moral -artículo 15 de la Constitución Española- que, como derecho esencial y básico de toda persona, es la base ontológica que hace posible todo los demás”.

Por ello, resulta indudable, según la sentencia, que las especiales particularidades de la demanda de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia "no sólo debió merecer de la Administración General del Estado una consideración expresa, por demás impuesta por el artículo 42 de la Ley 30/1992, dando cumplimiento a la obligación internacional y de Derecho interno, sino que se torna ya en el remedio efectivo último para controlar la alegada vulneración de derechos fundamentales invocada por la parte recurrente que, además, se presenta como permanente en el tiempo, no tanto por estar vinculada al fatal desenlace que ciertamente acaeció hace años, cuanto por no haber sido restaurada la lesión de derechos por la Administración tras la conclusión del Comité de la CEDAW”.

Vía de aplicación de las resoluciones del Comité de la CEDAW de la ONU

La Sala afirma que el Dictamen del Comité de la CEDAW deberá ser tenido, en este caso y con sus particularidades, como presupuesto válido para formular una reclamación patrimonial del Estado y al margen de la anterior ya denegada, puesto que "acredita junto con los hechos que se desprenden del expediente administrativo la existencia de una lesión o daño real y efectivo, individualizado en la persona de la recurrente, que ella no estaba obligada a soportar, y que se produjo por la desprotección que ha soportado durante años ante una clara situación de discriminación, antes y después del fallecimiento de su hija, hecho en sí mismo que no puede ser valorado".

Es un daño, subraya la Sala, que no está integrado por el juicio de valor del órgano internacional aunque éste sirva para su constatación sobre la base de los hechos acaecidos, que “está aún vigente pues la situación de desprotección de derechos no ha sido resarcida y que, además, es evaluable económicamente por venir representado (no sólo por el fallecimiento de su hija, que también, sino) por los daños de todo tipo que ha tenido que soportar como consecuencia de ello siendo víctima de violencia sobre la mujer que es, proporcionada a la gravedad de los hechos y para repararlos en su integridad, actualizados cuantitativamente al momento presente”.

La conclusión a la que llega el tribunal es que la inexistencia de un cauce específico y autónomo para hacer efectivas en el ordenamiento español de las recomendaciones de un Dictamen del Comité de la CEDAW por vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Convención por parte del Estado español, impide exigir autónomamente el cumplimiento de aquellos dictámenes. No obstante, es posible admitir, según el tribunal, que ese Dictamen sea el presupuesto habilitante para formular una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia “como último cauce para obtener la reparación, ello con independencia de la decisión que resulte procedente en cada caso e incluso de la posible procedencia de otros en los supuestos de hecho que puedan llegar a plantearse”.

La Sala reconoce que el Comité de la CEDAW no ha introducido en el ordenamiento jurídico interno una instancia superior supranacional de revisión o control directo de las decisiones judiciales o administrativas internas, ni tampoco ha impuesto a los Estados miembros unas medidas procesales de carácter anulatorio o rescisorio para asegurar la reparación de las desviaciones que el Comité de la CEDAW pueda llegar a apreciar.

Pese a ello, no puede dudarse, según los magistrados, del carácter vinculante/obligatorio de los Dictámenes para el Estado parte que reconoció la Convención y el Protocolo puesto que el artículo 24 de la Convención dispone que los Estados partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en ella. Del mismo modo, el artículo 7.4 del Protocolo Facultativo establece que el Estado parte dará la debida consideración a las opiniones del Comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará en un plazo de seis meses una respuesta por escrito. Todo ello reforzado por el reconocimiento expreso de la competencia del Comité, voluntariamente asumido por España.

El Consejo General de la Abogacía convoca la XX Edición del Premio Derechos Humanos dedicados de forma extraordinaria a la ‘Prevención y Lucha contra los Delitos de Odio’2018-07-20

CGAE

El Consejo General de la Abogacía Española, a través de la Fundación Abogacía Española, ha abierto el plazo de presentación de candidaturas para la XX Edición de los Premios Derechos Humanos, que este año estarán dedicados a la prevención y lucha contra los delitos de odio. Con carácter excepcional para la convocatoria de 2018, todas las candidaturas de esta edición en las categorías de Persona, Institución y Medio de Comunicación, deberán referirse a acciones o personas que tengan como referencia educar, prevenir, denunciar y luchar contra los delitos de odio contra cualquier colectivo.

La presentación de candidaturas, abierta a todas las personas o instituciones relacionadas con el mundo del derecho, finaliza el 17 de septiembre y los premios se entregarán en el marco de un acto solemne del Consejo General de la Abogacía Española. Las bases pueden consultarse en  www.abogacia.es .

Premiados de años anteriores

Entre los premiados en años anteriores figuran la atleta Kathrine Switzer, el Proyecto CAPRE de los Salesianos de Medellín, la periodista Chika Oduah, el Equipo Olímpico de Refugiados de los Juegos de Rio 2016, Ibrahim al Hussein, Women´s Link Worldwide, Javier Bauluz, Carlos Carnicer, Francisca Sauquillo, la Congregación de Adoratrices de Almería, los misioneros Juan José Aguirre y Aurelio Gazzera, la Ciudad Escuela de los Muchachos (CEMU), Henrique Cymerman, la jueza guatemalteca Iris Yassmín Barrios, Cáritas y Banco de Alimentos, la Corte Penal Internacional, Federico Mayor Zaragoza, Almudena Ariza, la Asociación Madres de Srebrenica, el jesuita Jesús María Alemany, los abogados iraníes Mohammed Mostafaeí, Nasrin Sotoudeh y Javid Houtan, la Organización de los Pueblos Indígenas Mepha´a, el abogado experto en defensa de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, Juan Ignacio de la Mata, la abogada india Ela Bhatt, fundadora de SEWA, la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas, los trabajos de reinserción en los centros penitenciarios españoles, los ex rehenes de las FARC, Ingrid Betancourt y William Pérez, la coordinadora de la Asociación “Nuestras hijas de regreso a casa” de Ciudad Juárez, Marisela Ortiz, la esclava nigerina Hadijatou Mani, el director de la orquesta West-Eastern Divan, Daniel Barenboim, la presidenta de la Red Europea de Lucha contra las mutilaciones sexuales, Khady Koita, el Monasterio Mater Dei de Nampula (Mozambique), el Padre Jaime Garralda, fundador de Horizontes Abiertos, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el patrón y la tripulación del pesquero “Francisco y Catalina”, Amnistía Internacional, Vicente Ferrer, los ex defensores del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda y Joaquín Ruiz-Giménez, los periodistas Yolanda Álvarez (El Mundo), Mónica Bernabé (El Mundo), Angels Barceló (SER), Rosa Isela Pérez, Gervasio Sánchez, Carla Fibla (SER), Nicolás Castellano (SER), José Naranjo (La Provincia), el programa “Con todos los acentos” (La 2), Luis de Vega (ABC), Carmen Sarmiento (TVE), Marisa Goñi, Felipe Armendáriz y Matías Vallés (Diario de Mallorca), Manuel Leguineche, el espacio “12 meses, 12 causas”, de Tele5...

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena rechaza la entrega de Carles Puigdemont solo por el delito de malversación2018-07-20

El magistrado destaca la “falta de compromiso” del tribunal alemán que decidió sobre la euroorden dictada contra el expresidente de la Generalitat

CGPJ.- El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dictado este jueves un auto en el que rechaza la entrega a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont en las condiciones acordadas por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania), es decir, para ser juzgado sólo por un delito de malversación de caudales públicos, pero no por los de rebelión o sedición.

Llarena destaca “la falta de compromiso” del tribunal alemán con unos hechos que podrían haber quebrantado el orden constitucional español, y estima que con su decisión han anticipado un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa, sin sujetarse ni a los preceptos de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea, ni a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni al Manual sobre la euroorden elaborado por la Comisión Europea.

Para el magistrado, el control de la doble tipificación por parte del Estado de ejecución debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania, y si justificarían por ello que, de haberse perpetrado en el país de ejecución los hechos que se sospechan, se impulsaría una investigación penal semejante a la que aquí se sigue.

“En tal sentido –argumenta- no resulta conforme con la Decisión Marco que se deniegue la tramitación de la orden de detención respecto de unos hechos principales de rebelión o sedición (limitándose el ejercicio de la jurisdicción española a la persecución del delito de malversación de fondos públicos), a partir de un análisis en el que las autoridades judiciales del país de ejecución no realizan una ponderación en abstracto del pronóstico de tipicidad sospechado, sino que abordan el definitivo juicio de subsunción de los hechos en los tipos penales”.

Añade que lo hacen además “desde una conclusión cerrada de cómo se desarrollaron los hechos o de cuáles fueron las intenciones que pudieron guiar a los partícipes. Al actuar de ese modo, el Tribunal de ejecución alemán ha adelantado un enjuiciamiento que no es coherente con la cristalización progresiva de la imputación, y lo hace desde un posicionamiento desacertado”.

El tribunal alemán da valor de prueba definitivo a la versión de Puigdemont

Según el auto, el Tribunal de Schleswig-Holstein llega a valorar en algunos extremos, a efectos de fondo, la declaración del encausado. Y esa ponderación de su relato a la hora de evaluar la antijuridicidad de los hechos que se le atribuyen, entraña, para el juez Llarena, “conferir un valor probatorio definitivo a su versión, pese a que la declaración no pueda confrontarse con el resto de fuentes de prueba recogidas en una extensa instrucción que el Tribunal de ejecución desconoce, y sin que puedan someterse esas manifestaciones a contradicción con unas acusaciones que están privadas de las posibilidad de intervenir en el expediente de entrega”.

El magistrado resalta que el tribunal alemán denuncia que no se aprecian en los hechos algunas de las exigencias típicas identificadas por su propia jurisprudencia, “pero silencia que no ha reclamado a este instructor que le ilustre sobre aquellos extremos de la investigación que pudieran reflejar que sí concurren esos elementos, y ello pese a que este Tribunal (en escrito de 26 de abril de 2018), comunicó al órgano judicial de Schleswig-Holstein que el relato [del Auto de Procesamiento en el que se asienta la euroorden] sólo contiene los hechos que resultan de interés para el enjuiciamiento en España”.

Señala el juez que lo relevante a los efectos de mantener la petición de colaboración, es que el tribunal de ejecución, cuando constata unos hechos que satisfacen las exigencias abstractas en las que se asienta un determinado pronóstico de tipicidad, “ni legal ni materialmente puede abordar un juicio sobre la fuerza incriminatoria de unas pruebas que no están a su alcance, ni puede tampoco realizar un juicio definitivo de subsunción de los hechos que se imputan en los diferentes tipos penales”.

‘Cortocircuitada’ la operatividad de la euroorden

Llarena señala que todas esas circunstancias “no sólo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento”, por lo que procede, de un lado, rechazar la entrega de Puigdemont como mero responsable del delito de malversación y, de otro, retirar las órdenes europeas e internacionales de detención dictadas contra él.

El tribunal alemán debió plantear una cuestión prejudicial al TJUE

Asimismo, el juez sostiene que el tribunal alemán debió haber planteado una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que, cuando existen dudas de interpretación de una norma de la UE, en este caso la aplicación de la euroorden, en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de posterior recurso judicial debido a su derecho interno, dicho órgano está obligado a formular la cuestión prejudicial al TJUE. Así, se habría obtenido una interpretación uniforme de la norma garantizando el principio de igualdad en su aplicación en toda la UE.

El tribunal de ejecución (en este caso, de Alemania), que es quién debe plantear la cuestión prejudicial de acuerdo al artículo 267 del Tratado de la UE, estaba obligado, según Llarena, a preguntar al TJUE al no tratarse de un acto claro, entre otras razones por existir dudas interpretativas que se hubieron de hacer presentes al tribunal alemán, por la propia posición del fiscal general del Estado de Schleswig-Holstein, quien solicitaba la entrega por los dos delitos y no solo por malversación, y por la información complementaria que les remitió el propio Llarena en defensa de sus tesis.

A ello se añadía que no había jurisprudencia directa del Tribunal europeo sobre el concepto de ‘doble incriminación’ previsto en el procedimiento de la euroorden; y que la jurisprudencia indirecta del mismo TJUE era de sentido contrario a la sostenida por el tribunal alemán.

Falta de compromiso

Por todo ello, el juez destaca “la falta de compromiso del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español”, que “no sólo se refleja en no haber planteado una cuestión prejudicial cuando se estaba obligado a ello, sino por no haberlo hecho conociendo que el Tribunal Supremo español, como órgano judicial de emisión de la euroorden, no puede dirigirse al TJUE para plantear una cuestión prejudicial que intente suplir o colmar el déficit de colaboración padecido (artículo 267 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea)”.

Así, cita las conclusiones del Abogado General del TJUE, recientemente presentadas el 16 de mayo de 2018, que señalan que la decisión del Tribunal de la Unión Europea respecto de una cuestión prejudicial que fuera planteada por el Estado remitente (en este caso España), sería puramente consultiva y carente de efecto vinculante, y en cuanto tal inadmisible.

El auto del juez Llarena realiza un extenso análisis de la Decisión Marco sobre la Orden de Detención Europea y los procedimientos de entrega entre Estados miembros aprobada por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea el 13 de junio de 2002. Destaca que se concibió como un instrumento de agilización de la cooperación judicial basado en los principios de reconocimiento y confianza mutuas entre los países miembros, y donde la autoridad judicial de ejecución sólo puede negarse a llevarlo a cabo en supuestos excepcionales.

Retiradas las órdenes contra Puig, Comin, Serret, Ponsatí y Rovira

En ese sentido, también hace referencia a la denegación de entrega acordada en Bélgica respecto a otros tres procesados en la misma causa que eran exconsellers del Gobierno de Puigdemont (Antoni Comin, Lluis Puig y Meritxell Serret). Recuerda que las autoridades belgas no aceptaron que el auto de procesamiento contra los tres tuviese la naturaleza ejecutiva que el ordenamiento jurídico español le atribuye, entendiendo así que no había una orden de detención nacional subyacente a la orden de detención europea.

Así, la valoración sobre el alcance del auto de procesamiento, “discrepa abiertamente de la indicación de suficiencia que trasladamos al Tribunal de ejecución, despreciando el conocimiento que cada órgano judicial tiene de su propio ordenamiento jurídico, además de desconfiar de sus aclaraciones. Se muestran así inasumibles las objeciones formales expresadas en la resolución belga”, reitera Llarena, que en su auto retira también las órdenes de detención europeas e internacionales contra Comin, Puig y Serret, reclamados a Bélgica, así como las de Clara Ponsatí, que se encuentra en Escocia, y Marta Rovira.

La AN archiva la pieza de las preferentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo por la retirada de las acusaciones particulares2018-07-20

El Tribunal concluye que la acusación popular ejercida por ADICAE carece de legitimación para dirigirse contra los acusados por los supuestos delitos continuado de estafa agravada, delito continuado de publicidad engañosa y delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas

CGPJ.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha acordado el sobreseimiento libre y archivo de la pieza separada por la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al haberse retirado las acusaciones particulares al inicio del juicio el pasado día 4. El Tribunal concluye que la acusación popular ejercida por ADICAE carece de legitimación para dirigirse contra los acusados Roberto López Abad y María Dolores Amorós Marco por los supuestos delitos continuado de estafa agravada, continuado de publicidad engañosa y delito continuado de maquinación para alterar el precio de las cosas.

En un auto, los magistrados analizan la doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo en materia de legitimación de las acusaciones populares cuando no existe acusación del Ministerio Fiscal ni de la acusación particular, y considera que no hay margen de actuación a la pretendida acusación solitaria de ADICAE pues los intereses públicos y particulares reunidos en el procedimiento “han manifestado su tajante voluntad de retirada”.

La Sala, en el auto con ponencia de Juan Francisco Martel, considera relevante destacar que los delitos que provisionalmente se han venido atribuyendo a los acusados no protegen bienes jurídicos difusos, colectivos, ni metaindividuales, cuya defensa no hubiera sido susceptible de ser monopolizada por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares. Añade que la doble y convergente petición de tales acusaciones pública y particulares implican “un posicionamiento de cierre a cualquier otra pretensión penal, ante la irrelevancia criminal de los hechos”.

Así pues, el enjuiciamiento de posibles delitos de carácter eminentemente patrimonial queda cerrada para la asociación ADICAE como acusación popular.

El juez recuerda que ante la inconsistencia penal de los hechos investigados queda el marco administrativo sancionador, propio de órganos no judiciales inicialmente, cuya suspensión se alzará una vez sea firme esta resolución.

El Tribunal Supremo reconoce el derecho de una enfermera de urgencias a cobrar la prestación por riesgo durante la lactancia natural2018-07-19

CGPJ.- La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de una enfermera de urgencias del SUMMA 112 a cobrar la prestación por riesgo durante la lactancia natural, que le denegó la Seguridad Social al haberse acreditado que en su puesto de trabajo existen riesgos que pueden tener incidencia en la lactancia. El tribunal estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la trabajadora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que, al igual que el juzgado de lo Social nº de Toledo, confirmó la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que le denegó el cobro de dicha prestación por no ser considerado su trabajo una actividad de riesgo.

La enfermera trabaja en la Unidad de Asistencia Domiciliaria Rural de urgencias médicas en Castilla-La Mancha. El 13 de febrero de 2012 tuvo un hijo al que, por razones médicas, se aconsejó la alimentación mediante lactancia exclusivamente natural. Cuando acabó la licencia por maternidad solicitó al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) la prestación de riesgo por lactancia natural, que le fue denegada por las razones citadas. El informe de evaluación de riesgos de su puesto de trabajo que se realizó, aludía sólo a riesgos genéricos (no específicos) por el manejo de productos químicos (alcohol, lejía), los cortes y pinchazos con material utilizado en limpieza y desinfección, la exposición a agentes químicos y biológicos (fluidos corporales, vómitos sangre…) y la carga mental por trabajo nocturno y a turnos. Tras su reincorporación posterior a la baja por parto, solicitó dos permisos sucesivos hasta el 31 de julio de 2012 y una excedencia por cuidado de hijo hasta el 13 de noviembre de 2012. Antes, se le reconoció la prestación por riesgo durante el embarazo con este hijo y con otro anterior.

La cuestión que se plantea la Sala de lo Social en esta sentencia, con ponencia de la magistrada María Lourdes Arastey, es si la demandante tiene o no derecho a la prestación de riesgo durante el periodo de lactancia natural, tratándose de una enfermera que presta servicios en la Unidad de Asistencia Domiciliaria Rural de un Servicio autonómico de urgencias médicas, durante 120 días al año, en turnos de 17 y 24 horas, realizando tareas de asistencia sanitaria en domicilio y, excepcionalmente, en la vía pública en las situaciones de emergencia que lo requieran.

La sentencia explica que la situación que protege esta prestación es la que se produce cuando existen riesgos para la lactancia natural que obligan a la empresa a suspender el contrato mientras el menor no alcance nueve meses si no ha podido adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo ni cambiar a la trabajadora de puesto de trabajo. A partir de ahí, el tribunal constata que en este caso no consta declaración en este sentido de la empresa, aunque sí se acredita que no ofreció modificación de condiciones ni recolocación alguna, habiéndose cubierto el periodo indicado mediante el disfrute de permisos y de excedencia por cuidado de hijo. Esto evidencia, según la Sala, “el apartamiento de la prestación de servicios por el periodo coincidente con el de lactancia materna protegida; sin que, por otra parte, la Entidad Gestora justificara la denegación en otra causa distinta que la inexistencia de riesgos.

Revisión de doctrina

La Sala revisa su doctrina y la ajusta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 19 de octubre de 2017, caso Otero Ramos, que impone al empresario el deber de determinar, directamente o por medio de los servicios de prevención, la evaluación del riesgo de las trabajadoras en periodo de lactancia, lo que requiere un examen específico de la situación de la trabajadora que tenga en cuenta su situación individual para determinar si su salud o la de su hijo están expuestas a un riesgo. Por ello, afirma que cuando no se realiza esta evaluación se priva a la afectada y a su hijo de la protección que debería otorgársele. “Por tanto, no se puede tratar del mismo modo a una trabajadora en periodo de lactancia que a cualquier trabajador”, concluye la Sala que, además, añade que la falta de evaluación supone para el TJUE un trato menos favorable a una mujer, vinculado a la lactancia, y constituye una discriminación por razón de sexo.

Como consecuencia de ello, señala que “en este caso se realizó una evaluación de riesgos que recoge todos aquéllos que concurren en el puesto de la recurrente; pero que, no obstante, no hace particular mención ni precisión sobre la afectación de las condiciones del puesto sobre la eventual situación de lactancia de la trabajadora”. Ante tal escenario no se puede sostener que la demanda esté huérfana de prueba de la existencia de riesgos específicos, según la sentencia, ya que de la propia evaluación de riesgos se deduce que “concurren circunstancias que, aceptada su incidencia sobre cualquier trabajador, tienen particular repercusión en el caso de la mujer en periodo de lactancia y, frente a tal apreciación que cabe hacer sin necesidad de especiales conocimientos técnicos, como el riesgo de contagio por contacto con fluidos humanos diversos, habrá de ser la parte que niega la existencia de la situación de riesgo durante la lactancia la que haya de desarrollar la actividad probatoria en contrario”.

Por ello, frente a la justificación de la denegación de la prestación por parte del INSS basada exclusivamente en no considerar el trabajo de la actora una actividad de riesgo, la constatación del listado de riesgos comunes de dicha actividad basta, en un caso como este, para sostener que ninguna duda cabe del efecto que algunos de ellos tiene sobre la lactancia materna, sin que la falta precisa de evaluación de tal eventualidad pueda situar a la trabajadora en una posición de exclusión del acceso a la protección, señalan los magistrados.

Relevancia del trabajo a turnos y/o nocturno en la protección de la lactancia natural

La Sala destaca que no sólo el listado de los Anexos del Reglamento de los Servicios de Prevención no es exhaustivo, sino que la delimitación de la contingencia en el caso de la lactancia natural no es fácil porque lo que se busca es la constatación de que la lactancia se ve dificultado o impedida por el mero desempeño de la actividad laboral. Desde esa óptica, afirma el tribunal, no bastará con que exista un peligro de transmisión de enfermedades de la madre al hijo, puesto que tan perjudicial puede ser dicho contagio como la imposibilidad real de que el menor realice las imprescindibles tomas alimentarias.

Por eso, afirma que la influencia de los tiempos de trabajo sobre la efectividad de la lactancia natural no puede desdeñarse como elemento de influencia en la calidad y cantidad del amamantamiento so pena de incurrir en la contravención de la propia finalidad protectora buscada.

De ahí que, en caso de trabajo a turnos o con horarios y jornadas que impidan la alimentación regular del menor, sea necesario tomar en consideración la efectiva puesta a disposición de la trabajadora de las condiciones necesarias que permitan la extracción y conservación de la leche materna. “No cabe, pues, limitar la perspectiva de la presencia de riesgos a la exposición a contaminantes transmisibles por vía de la leche materna, porque con ello se estaría pervirtiendo el objetivo de la norma que pretende salvaguardar el mantenimiento de la lactancia natural en aquellos casos en que la madre haya optado por esa vía de alimentación del hijo”, subraya el tribunal.

Los expertos auguran un incremento de los recursos en los procesos de licitación en la primera etapa de implementación de la nueva Ley de Contratos2018-07-19

Expertos del despacho Gómez-Acebo & Pombo (GA_P) reunidos por la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid  (ADEFAM) para analizar la nueva Ley de Contratos del Sector Público auguran un incremento importante del volumen de recursos empresariales en la primera etapa de su implementación, y ello como consecuencia tanto de la multiplicación de los supuestos que incluye la nueva ley para que las empresas realicen sus objeciones, como del corto periodo de adaptación -tan sólo cuatro meses de vacatio legis- que ha previsto la norma.

Los especialistas de GA_P, Irene Fernández Puyol y Miguel Ángel García Otero, creen que se abre un periodo de cierta incertidumbre en lo que concierne a la aplicación de la nueva ley debido a su complejidad y a que habrá que esperar a que empiecen a funcionar los organismos supervisores cuya creación contempla la propia norma. La ley establece la creación de la Oficina de Supervisión de la Contratación, cuyos dictámenes contribuirán a homogeneizar la práctica de contratación en los diferentes entes públicos.

Requisitos más estrictos

Ambos expertos subrayan que, si bien los requisitos que impone la ley son más estrictos para administraciones y licitadores, lo que requerirá de un mayor esfuerzo de los contratistas en la preparación de las licitaciones, es previsible que en adelante se produzcan menos problemas en la fase de ejecución de los contratos.

Irene Fernández Puyol y Miguel Ángel García Otero consideran que estamos ante una ley con un componente muy político, en la medida en que constituye un “desiderátum”, aún pendiente de materializase desde un punto de vista práctico, y encaminado a implantar políticas públicas en materia social, medioambiental, de innovación o de apoyo a las pymes

Mayor transparencia

Entre los múltiples aspectos novedosos que aporta la nueva ley, los especialistas de GA_P destacaron la mayor transparencia que se introducirá en los procesos de licitación, tras fijar la obligación de que se publiquen a través de internet los expedientes completos de licitación y las posibles modificaciones contractuales. Ello fomentará que los licitadores puedan estar vigilantes a lo largo de los procesos y, llegado el caso, poder formular sus recursos.

Asimismo, se refirieron al tratamiento que tendrán las UTE (Unión Temporal de Empresas), una figura muy común en determinados tipos de licitación pública y que a partir de ahora será examinada con detalle con el fin de evitar prácticas colusorias o limitativas del libre mercado.

En relación con este punto, los expertos recomendaron a las empresas que se presenten a una licitación bajo esta forma de asociación que documenten bien los motivos económicos y técnicos que aconsejan su adopción con el fin de no encontrar posteriormente problemas. Ante la sospecha de prácticas colusorias en alguno de los licitantes, la ley establece la derivación del expediente a la Comisión Nacional del Mercado (CNMC) para que abra una investigación que puede saldarse con la imposición de fuertes sanciones económicas.

Se calcula que más del 13% del PIB agregado de la UE proviene de las inversiones que realizan las administraciones públicas, lo que da una idea de la trascendencia económica que tiene la nueva regulación de la contratación pública.

Acerca de ADEFAM

La Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) agrupa en estos momentos a 92 empresas familiares madrileñas, todas ellas líderes en los respectivos sectores en los que operan. Su facturación agregada es de 14.541 millones de euros, el equivalente al 7,16% del PIB de la Comunidad de Madrid. En conjunto dan empleo a 237.005 trabajadores.

El TS absuelve acusado delito humillación víctimas que se quejó en Facebook de poner calle a Miguel Ángel Blanco2018-07-19

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha absuelto a un hombre acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo en su modalidad de humillación a las víctimas al considerar que los mensajes que publicó en las redes sociales sobre el concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, en los que se quejaba de que se le dedicara una calle, no tienen relevancia penal. El tribunal estima el recurso de casación planteado por el recurrente y anula la sentencia de la Audiencia Nacional que le condenó a dos años y 1 día de prisión, a 8 años de inhabilitación absoluta y multa de 1350 euros.

El 20 de mayo de 2016, comentó en su perfil de Facebook que dedicar una calle a Miguel Ángel Blanco era una “aberración” junto a una foto con la cabeza de la víctima acompañada del texto “BUUUUUU” y “Miguel Ángel caza mayor”. Dos días después, publicó en Youtube un vídeo en el que insistía en que era vergonzoso que dedicasen una calle al concejal del PP, a quien llamó “pepero de mierda”, porque lo mató ETA. En el vídeo, de más de seis minutos de duración, dijo que después del asesinato de Miguel Ángel Blanco empezó a odiar a la banda terrorista porque aquello fue un atentado contra la democracia. También aseguró que desde lo que le ocurrió un año antes ya no se iba a solidarizar más con Miguel Ángel Blanco ni con “la gentuza del PP”.

La Sala indica que “el discurso es altamente contradictorio porque, por un lado, su eje nuclear es la queja por dedicar una calle a un político asesinado salvajemente por la banda terrorista ETA”, que conmovió al país y lo sigue conmoviendo ante el execrable acto cometido en su momento y que pervive en las mentes de todos los ciudadanos, además de incluir menciones a personas pertenecientes a un partido político. Pero, por otro lado, en su discurso general “muestra su repulsa a las actuaciones llevadas a cabo por la banda terrorista ETA, e incluso en el juicio mostró su arrepentimiento a algunas expresiones que habría proferido, incluso admitiendo su culpa”.

Así, se refiere al mensaje en que el recurrente dijo “me acuerdo de aquel momento perfectamente, yo me solidaricé muchísimo con Miguel Ángel Blanco, me pareció una cosa totalmente aberrante, ya de hecho pues, como probablemente le pasó a muchos otros españoles, empecé a odiar a ETA realmente”. También alude a que las expresiones de rechazo del recurrente se debían a que se le había hecho daño por un partido político sin especificar en qué ha consistido.

Artículo 578 del Código Penal

La sentencia, con ponencia del magistrado Vicente Magro, explica que estas circunstancias hacen que no se pueda aplicar el artículo 578 del Código Penal y, aunque admite “lo absolutamente desacertado de algunas expresiones que podrían dejar abierta la vía civil en estos casos”, señala que el principio de intervención mínima del derecho penal y problemas de tipicidad del artículo 578 del CP son obstáculos insalvables para incardinar los hechos en el precepto en el que se sustenta la condena dictada en la sentencia recurrida.

En esta línea de los “problemas fronterizos” entre la vía penal y la civil, o lo desacertado de las expresiones que se suceden en este caso, el tribunal advierte de la necesidad de que se adopten medidas organizativas en los prestadores de servicio para cortar la difusión inmediata de expresiones como las aquí contempladas que se exceden del objetivo de estas redes de comunicación y que, obviamente, pueden ofender a personas afectadas por estas expresiones, pero en el terreno del derecho penal debe estarse al caso concreto.

La Sala recuerda su jurisprudencia sobre la necesidad de valorar en esta clase de delitos no sólo el tenor literal de las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la intención con que hayan sido utilizadas y su contexto para determinar con claridad en cuál de los posibles significados ha sido utilizado en cada concreta ocasión. Tras realizar esta valoración, acuerda la absolución del recurrente por no estimar en el grado necesario la concurrencia del dolo penal exigido para dictar una condena por un delito de enaltecimiento del terrorismo en su modalidad de humillación a las víctimas.

Las ‘narcolanchas’ serán embarcaciones prohibidas, aunque no se detecten en la comisión de un delito2018-07-17

El incremento de las actividades delictivas en nuestras costas cometidas por organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco, especialmente en el Campo de Gibraltar, ha llevado al Gobierno a impulsar una reforma legislativa para prohibir las denominadas narcolanchas.

A tal fin, el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, mediante el que se contempla que las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad se declararán género prohibido con excepción de las adscritas a la defensa nacional, embarcaciones de organismos públicos u organizaciones internacionales reconocidas y las de recreo con ciertos requisitos.

Lo novedoso es que con la legislación vigente es muy difícil proceder legalmente contra las denominadas narcolanchas si no contienen carga ilícita en el momento de su detención. Con la reforma se podrá proceder a su decomiso en cuanto sean detectadas y tendrán implicaciones penales o administrativas diversas actividades relacionadas con las mismas.

Así, la tenencia de estas embarcaciones, al igual que su fabricación, circulación, importación, exportación, actividad de comercio y rehabilitación, constituirán, salvo que se cumplan los requisitos legales, una infracción administrativa si el valor de las embarcaciones aprehendidas no supera los 50.000 euros, o bien, si supera esa cantidad, un delito de contrabando, sancionado con pena de prisión de uno a cinco años y multa de hasta seis veces el valor de los bienes incautados.

Embarcaciones afectadas

Para garantizar el cumplimiento de la norma, se creará en el Ministerio de Hacienda un registro para este tipo de embarcaciones y se establecerá reglamentariamente un mecanismo de inspección y control. La propuesta de modificación legislativa afecta a las embarcaciones neumáticas y semirrígidas de más de ocho metros de eslora, así como a las de longitud inferior que cuenten con una potencia máxima igual o superior a 150 kilovatios y a cualquier otra embarcación, con independencia de dimensiones y potencia, si existen indicios racionales tasados en la propia regulación de que pueden ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un delito de contrabando.

Adicionalmente, quedarán exceptuadas de la prohibición, previa autorización e inscripción en un registro, las embarcaciones distintas a las anteriores que se encuentren afectas a salvamento y asistencia marítima; las que se utilizan para navegación interior por lagos, ríos y aguas fuera de los espacios marítimos españoles; las afectas al ejercicio de actividades empresariales, deportivas, de investigación o formación, y las de recreo destinadas a uso privado que cumplan los requisitos reglamentariamente establecidos en materia de seguridad, técnicos y de comercialización.

‘Vacatio legis’ de seis meses

La propuesta de cambio normativo establece una vacatio legis de seis meses desde su aprobación para la entrada en vigor, momento a partir del cual se abre un periodo de seis meses para que se regularice la situación de embarcaciones que deban ser objeto de autorización de uso e inscripción en el registro.

La inversión en Justicia Gratuita sólo crece el 1,9% en 2017 frente a un mayor incremento de asuntos atendidos2018-07-17
  • La inversión en Justicia Gratuita alcanzó los 243,2 millones de euros, mientras que lo asuntos atendidos superaron los 1,8 millones, un 2,3% más
  • La inversión media por ciudadano es de 5,22 euros por año y la retribución media del abogado del Turno de Oficio se reduce a 133,5 euros por expediente
  • Hay 51.308 abogados y abogadas inscritos en el Turno de Oficio, un 13 % más que en 2016
  • 676.027 expedientes electrónicos de Justicia Gratuita
  • El Comité de Expertos considera necesario, entre otras actuaciones, ampliar las especialidades del Turno de Oficio, revisar el marco legal de la Justicia Gratuita para actualizar compensaciones o extender los Servicios de Orientación Jurídica a la población en riesgo de exclusión.
  • El 85% de los usuarios del Turno de Oficio valora de forma positiva la Justicia Gratuita.

La inversión total que las Administraciones Públicas destinaron en 2017 a la Asistencia Jurídica Gratuita alcanzó los 243,2 millones de euros, un incremento del 1,9% con respecto a 2016 cuando se invirtieron 238,7 millones de euros en este servicio imprescindible para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Esta leve recuperación de la inversión total en Justicia Gratuita se produce tras varios años de disminución o de estancamiento de las inversiones en Asistencia Jurídica Gratuita que han pasado de 254,5 millones de euros en 2011 a los 243,2 millones en 2017 con un descenso de casi el 5% y una reducción de más de 11 millones de euros en seis años. En buena medida este leve incremento obedece a la recuperación parcial de los baremos en algunas comunidades autónomas que sufrieron recortes durante la crisis de hasta el 40% en algunos casos.

La Asistencia Jurídica Gratuita, servicio recientemente valorado de forma muy positiva por el Cuadro de Indicadores de la Justicia que elabora la Comisión Europea, supone una inversión media por ciudadano de 5,22 euros por año, un 1,7% más que en 2016 (5,13 euros). La retribución media que percibe el abogado del Turno de Oficio por cada expediente se reduce a 133,5 euros cuando en 2016 la indemnización recibida por cada letrado era de 134,5 euros, incluyendo la atención 24 horas al día y 365 días al año.

 

LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN, EN EL TURNO DE OFICIO

El Turno de Oficio acapara en 2017 la mayor parte de la inversión con 166,4 millones de euros (68,4% del total del gasto en Justicia Gratuita) y un incremento del 1,7% con respecto a 2016. Dentro del Turno de Oficio, la jurisdicción con mayor inversión es la Penal con 93,6 millones de euros y más del 56% del gasto total destinado a este servicio. A continuación, se encuentra Civil con 46,3 millones de euros (28%), Contencioso-Administrativo con 6 millones (3,7%) y Social con 4,4 millones y el 2,7% de la inversión total en Turno de Oficio.

La Asistencia Letrada al Detenido aumenta un 2% alcanzando 45,7 millones de euros; mientras que la compensación que perciben los Colegios de Abogados por los Gastos de Infraestructura suponen 22,4 millones de euros con una clara tendencia a la estabilización de este gasto por la implantación del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita que reduce los costes y rebaja notablemente los tiempos de tramitación de documentación por los ciudadanos.

En Violencia de Género continúa la tendencia de subida de años anteriores con un incremento del 3,7% con respecto a 2016 y un importe que supera los 8,6 millones de euros.

 

CATALUÑA, MADRID Y ANDALUCÍA SUMAN EL 55% DE LA INVERSIÓN

Cataluña, como en años anteriores, es la comunidad autónoma que más invierte en Justicia Gratuita con 54,8 millones de euros y un incremento de casi el 3% con respecto a 2016. En segundo lugar se encuentra Madrid con 40,3 millones y un incremento del 6%. Hay que tener en cuenta que en 2017 esta autonomía ha recuperado el 7% de los baremos del Turno de Oficio tras la fuerte reducción (20%) de 2012. A continuación se encuentra Andalucía que invierte 39,6 millones con una subida del 4,6% y Valencia que sube un leve 0,2% hasta los 24,8 millones de euros.

Canarias y País Vasco ocupan los siguientes puestos con una inversión en Justicia Gratuita de 13,7 y 13,4 millones respectivamente. Las tres comunidades autónomas con mayor inversión (Cataluña, Madrid y Andalucía) alcanzan un total de 134,7 millones de euros lo que supone más del 55% del gasto a nivel de todo el Estado.

De los importes certificados en relación con el PIB regional cabe destacar, según el Informe ‘Inversión en Justicia. Inversión en Justicia Gratuita’ elaborado por la Universidad Carlos III, la existencia de un primer grupo formado por Cataluña, Canarias y Andalucía (además de Ceuta y Melilla) con inversiones en Justicia Gratuita por encima del nivel nacional; un segundo grupo formado por Madrid, Valencia, Asturias, Extremadura y Murcia con valores próximos al nivel del Estado y un tercer grupo con valores por debajo del nivel nacional formado por Galicia, País Vasco, Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, Aragón y La Rioja, siendo estas dos últimas comunidades autónomas la que se encuentran más alejadas del nivel nacional.

MÁS DE 1,8 MILLONES DE ASUNTOS ATENDIDOS

Durante 2017 los 83 Colegios de Abogados con presencia en toda España atendieron 1.822.419 asuntos del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita lo que supone un incremento del 2,3% con respecto a 2016 cuando se gestionaron 1.781.886. Hay que destacar que cada uno de los 800.000 expedientes remitidos por los Colegios de Abogados a las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita ha podido generar diversos asuntos por la presentación de incidentes procesales, la interposición de recursos, la generación de nuevos procedimientos.

Teniendo en cuenta los diferentes servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, el 62,4% por ciento de los asuntos, más de 1.136.000, son del Turno de Oficio, mientras que casi 628.000 corresponden a la Asistencia Letrada al Detenido (34,5%). El Servicio de Violencia de Género atendió en 2017 casi 58.000 asuntos que suponen más del 3% del total atendido.

Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma con más asuntos atendidos. En 2017 tramitó más de 403.000 solicitudes de ciudadanos superando el 22% del total gestionado a nivel nacional. A continuación se encuentra Cataluña con 343.000 asuntos que suponen casi el 19% del total.

Los ciudadanos tramitaron en 2017 a través de los Colegios de Abogados o mediante presentación de escrito en los juzgados 975.405 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita. Los 83 Colegios de Abogados –tras el análisis pertinente de estas solicitudes – remitieron casi 800.000 expedientes a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (organismos dependientes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia), de los que se ratificaron una media del 84%.

UN 13% MÁS DE ABOGADAS ADSCRITAS AL TURNO DE OFICIO

Los abogados adscritos a 31 de diciembre de 2017 al Turno de Oficio fueron 51.308, lo que supone un incremento del 13% con respecto a 2016 cuando había 45.348 letrados registrados en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Como novedad en este XII Observatorio de Justicia Gratuita se ofrece el dato de los letrados adscritos al Servicio de Extranjería donde hay 10.672 abogados.

Continúa aumentando el número de abogadas adscritas al Turno de Oficio alcanzando ya el 48% con 24.502 letradas, un 15% más que en 2016 cuando había 21.314 mujeres. Por otro lado, más de 20.100 abogadas atienden el Servicio de Asistencia Letrada al Detenido (48% del total).

 

En Violencia de Género, el número de mujeres adscritas a este servicio supera con creces al de hombres, con 12.399 letradas -54% del total- frente a los 10.570 abogados registrados en el Servicio de Violencia de Género. El número de abogadas también supera al de hombres en el Servicio de Extranjería, de los 10.672 letrados 5.486 son mujeres (51%).

A 31 de diciembre de 2017, los 83 Colegios de Abogados tenían censados 144.212 letrados ejercientes, lo que supone que el 36% de los abogados y abogadas esté adscrito al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Este porcentaje supone un importante incremento con respecto a los datos de 31 de diciembre de 2016, cuando el 32% de los letrados estaba adscrito al Turno de Oficio.

Por otro lado, el número de quejas realizadas en los Colegios de Abogados por los ciudadanos en 2017 fue de 6.294, de las que 4.634 fueron archivadas y 228 acabaron convirtiéndose en expedientes sancionadores a abogados del Turno de Oficio.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE JUSTICIA GRATUITA: MÁS DE 676.000 SOLICITUDES

Los ciudadanos tramitaron por vía telemática 676.027 solicitudes de Justicia Gratuita en 2017, lo que supone un incremento de casi el 6% con respecto a 2016, cuando los Colegios de Abogados tramitaron 640.115 solicitudes con esta herramienta tecnológica.

Estos datos confirman que, año tras año, el uso que hacen los ciudadanos del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita continúa consolidándose. De hecho, desde 2010 –cuando se tramitaron más de 200.000 expedientes electrónicos- se ha triplicado con creces el número de solicitudes gestionadas con esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española y puesta a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, estatales y autonómicas, que se caracteriza por proporcionar una agilización notable del acceso a un derecho fundamental del ciudadano como es la Justicia Gratuita, facilitar sus trámites, a la vez que supone un ahorro de costes para la Administración.

En 2017, Andalucía, con 135.090 solicitudes, fue la comunidad autónoma que más expedientes electrónicos generó, seguida de Madrid con 106.926, Valencia 97.318 y Cataluña en la que se tramitaron 88.792 expedientes a través de las corporaciones colegiales.

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS

El Comité de Expertos que participa en el Observatorio de Justicia Gratuita, formado mayoritariamente por personalidades ajenas al mundo de la abogacía, elabora sus Recomendaciones con las finalidades de alcanzar un Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita más eficiente, que cuente con una mayor sostenibilidad económica, que se oriente hacia una mayor calidad y que garantice los derechos de las personas más desfavorecidas.

Los expertos consideran, entre otras actuaciones, que es necesario:

  • Ampliar las especialidades del Turno de Oficio para hacer frente a las nuevas demandas y problemas sociales
  • Revisar el marco legal y reglamentario de Justicia Gratuita para actualizar –respetando las competencias autonómicas- las compensaciones económicas de los 51.300 letrados
  • Crear un organismo de seguimiento y observación del sistema propiciando la homogeneización de los criterios de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita
  • Extender los Servicios de Orientación Jurídica a sectores de la población que se encuentran en situaciones de marginalidad o en riesgo de exclusión. 
El Tribunal General de la Unión Europea condena respectivamente al Parlamento Europeo y al BEI a abonar una indemnización por daños y perjuicios de 10 000 euros a unos empleados víctimas de acoso psicológico2018-07-16

En este contexto, el Tribunal General precisa la extensión del control jurisdiccional que le corresponde en materia de acoso psicológico y la obligación de las instituciones de abrir procedimientos disciplinarios cuando el acoso esté probado

En el asunto T-275/17, una antigua eurodiputada contrató a una asistente parlamentaria para el resto de su mandato, que expiraba en mayo de 2014. El 7 de noviembre de 2013, la eurodiputada solicitó al Parlamento Europeo que rescindiera el contrato, entre otras razones porque su asistente había decidido no venir a trabajar durante una semana entera sin haber solicitado permiso para ello. La eurodiputada indicaba en su solicitud que, al reprochárselo a su asistente, esta última la había insultado y a continuación había desaparecido.

Después de que el Parlamento hubo rescindido el contrato en diciembre de 2013, la asistente presentó una solicitud de asistencia en virtud del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, [1] alegando que había sufrido acoso psicológico por parte de la eurodiputada, consistente en humillaciones, amenazas, muestras de desprecio, insultos y gritos.

El Parlamento desestimó esta solicitud considerando que los acontecimientos controvertidos se habían producido en un contexto de fuerte tensión entre las dos interesadas. A juicio del Parlamento, aunque la utilización de un lenguaje duro era, en sí, lamentable, a veces resultaba difícil no utilizarlo en el ambiente de trabajo estresante propio de la actividad parlamentaria.

En el asunto T-377/17, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) contrató a una empleada el 1 de abril de 2008. A raíz de la llegada de un nuevo director en octubre de 2014, se reestructuró el servicio en el que esta empleada desempeñaba sus funciones y se disolvió el equipo del que ella era responsable. Dos años más tarde, esta empleada presentó ante el BEI una denuncia en la que calificaba de acoso psicológico el comportamiento para con ella del nuevo director. Esencialmente, la empleada acusaba al nuevo director de haber puesto fin brutalmente a su carrera privándola sin razón de un puesto de responsabilidad, de haberla denigrado, de haber utilizado expresiones inapropiadas, agresivas, despreciativas y acusatorias, de haberle ocultado información, de no haberle ofrecido indicaciones sobre cómo valoraba sus prestaciones profesionales y de haberla desfavorecido en comparación con otras personas.

El BEI sólo reconoció parcialmente el acoso psicológico sufrido por la empleada, a causa de algunos de los hechos alegados. Indicó entonces al nuevo director que, si se presentaba una nueva denuncia en su contra, le abriría un procedimiento disciplinario. Por otra parte, el BEI pidió al nuevo director que presentara excusas formales a la empleada por el sufrimiento que le había causado y encargó al servicio de recursos humanos que estudiara la posibilidad de ofrecer asesoramiento profesional al nuevo director sobre su estilo de gestión y de comunicación. Por último, el BEI indicó a la empleada que el procedimiento debía seguir siendo estrictamente confidencial, incluso en el interior de la entidad.

[1] Artículo 24 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea.

Insatisfechas con las decisiones respectivas del Parlamento Europeo y del BEI, ambas empleadas las impugnaron ante el Tribunal General de la Unión Europea y solicitaron una indemnización por daños y perjuicios.

En sus sentencias dictadas hoy, el Tribunal General reconoce que las dos empleadas de que se trata sufrieron acoso psicológico y condena respectivamente al Parlamento y al BEI a abonar a cada una de ellas una indemnización por daños y perjuicios de 10 000 euros.

El Tribunal General comienza por recordar [2] que el concepto de «acoso psicológico» se aplica a toda conducta abusiva que se materialice mediante comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos que se produzcan de manera duradera, repetitiva o sistemática, lo que implica que el acoso psicológico debe considerarse un proceso que se desarrolla necesariamente a lo largo del tiempo y requiere la existencia de actuaciones repetidas o continuadas e intencionales, y no accidentales. Además, esos comportamientos, palabras, actos, gestos o escritos deben producir el efecto de menoscabar la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de una persona. A este respecto, el Tribunal General precisa que en este campo no considera oportuno limitarse a un control del error manifiesto en la apreciación de los hechos, sino que, por el contrario, debe proceder a un control completo de los hechos a la luz de los dos requisitos antes citados.

Por lo que respecta al asunto T-275/17, tras considerar que, pese a su condición de miembros de una institución, los eurodiputados están obligados a respetar la dignidad y la salud de sus colaboradores, el Tribunal General señala que los hechos alegados por la asistente parlamentaria han sido corroborados por testigos y que, en definitiva, ni el Parlamento ni la eurodiputada han negado su veracidad. A continuación, el Tribunal General hace constar que el tenor de las expresiones utilizadas por la eurodiputada contra su asistente y, sobre todo, su especial vulgaridad constituyen una denigración tanto de la propia persona de la asistente como de su trabajo. El comportamiento de la eurodiputada resulta, pues, abusivo y no puede considerarse en absoluto una actitud digna de un miembro de una institución de la Unión.

Por otra parte, el Tribunal General estima que el carácter abusivo del comportamiento controvertido de la eurodiputada no puede considerarse atenuado por la proximidad de las relaciones entre ella y su asistente ni tampoco por el clima de tensión que reinaba en el equipo de asistentes parlamentarios al servicio de la eurodiputada. Deduce de ello que, al considerar que el comportamiento de la eurodiputada no era abusivo, el Parlamento incurrió en un error de apreciación de los hechos, y además manifiesto, en relación con la definición del acoso psicológico.

En lo referente a la indemnización, el Tribunal General recuerda que la víctima de acoso psicológico en el seno de una institución de la Unión debe dirigirse a los tribunales nacionales para exigir una indemnización a su acosador, acción judicial para la cual la institución empleadora puede eventualmente ofrecer un apoyo económico, en virtud de su deber de asistencia. Así pues, el Tribunal General otorga a la asistente parlamentaria una indemnización por daños y perjuicios de 10 000 euros únicamente debido a la duración irrazonable de la tramitación de su solicitud de asistencia (incluyendo la realización de la investigación administrativa).

Por lo que respecta al asunto T-377/17, el Tribunal General consideró en primer lugar que el BEI cometió un error de Derecho al exigir, para considerar aplicable el concepto de «acoso psicológico» a un comportamiento, que este último se repitiera de modo idéntico, independientemente del efecto acumulativo de los demás comportamientos denunciados en el menoscabo de la autoestima y de la confianza en sí mismo de su destinataria. En efecto, el BEI se abstuvo de examinar si cada uno de los comportamientos de que se acusaba al nuevo director había podido, sumado a los demás, causar objetivamente un menoscabo a la autoestima y a la confianza en sí misma de la empleada. Así pues, en lo que se refiere a los comportamientos que a juicio del BEI no constituían acoso psicológico, el Tribunal General concluye que el BEI deberá examinar de nuevo los diferentes comportamientos del nuevo director con objeto de determinar si, considerados en conjunto, constituyen un acoso psicológico.

[2] Sentencia del Tribunal General de 29 de junio de 2018, HF/Parlamento, T-218/17.

A continuación, el Tribunal General declara que, al decidir que no se abriría un procedimiento disciplinario contra el nuevo director salvo en caso de reincidencia en un plazo de tres años, el BEI adoptó medidas insuficientes e inapropiadas atendiendo a la gravedad del caso, al menos en lo que se respecta a la respuesta inmediata que deben recibir unos comportamientos calificados de acoso psicológico por el propio BEI En efecto, por una parte, esa sanción contra un comportamiento de acoso psicológico probado queda supeditada a que se detecte un nuevo comportamiento reprensible, a pesar de que, llegado el caso, el que se detecte dependería de la decisión aleatoria de la nueva víctima de presentar o no una denuncia al amparo de la política de defensa de la dignidad en el trabajo. Por otra parte, dada la gravedad intrínseca de todo comportamiento de acoso psicológico, esa sanción no se ajusta a los objetivos de las normas aplicables en el BEI en materia de dignidad en el trabajo.

Por último, el Tribunal General estima que el BEI no podía exigir respecto de su decisión y de la carta de excusas del nuevo director un nivel de confidencialidad tal que se prohibiera a la empleada revelar a terceros la existencia de esos documentos y su contenido: en efecto, exigir a una víctima de acoso psicológico que guarde silencio sobre la existencia de esos hechos tiene como consecuencia impedir que ésta saque partido de las comprobaciones efectuadas por la institución de que se trate -por ejemplo, en una eventual acción judicial ante un tribunal nacional contra la persona que la acosó. Además, esa interpretación es contraria al objetivo de prevenir y sancionar todo acoso psicológico en el interior de las instituciones de la Unión, cuando el acoso moral constituye una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. Ese silencio indebidamente exigido a la víctima por el B.E.I. es la razón por la que el Tribunal General otorga a la empleada de que se trata una indemnización por daños y perjuicios de 10 000 euros.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

La inversión en Justicia Gratuita sólo crece el 1,9% en 2017 frente a un mayor incremento de asuntos atendidos2018-07-16
  • La inversión en Justicia Gratuita alcanzó los 243,2 millones de euros, mientras que lo asuntos atendidos superaron los 1,8 millones, un 2,3% más
  • La inversión media por ciudadano es de 5,22 euros por año y la retribución media del abogado del Turno de Oficio se reduce a 133,5 euros por expediente
  • Hay 51.308 abogados y abogadas inscritos en el Turno de Oficio, un 13 % más que en 2016
  • 676.027 expedientes electrónicos de Justicia Gratuita
  • El Comité de Expertos considera necesario, entre otras actuaciones, ampliar las especialidades del Turno de Oficio, revisar el marco legal de la Justicia Gratuita para actualizar compensaciones o extender los Servicios de Orientación Jurídica a la población en riesgo de exclusión (más información)
  • El 85% de los usuarios del Turno de Oficio valora de forma positiva la Justicia Gratuita (más información)

La inversión total que las Administraciones Públicas destinaron en 2017 a la Asistencia Jurídica Gratuita alcanzó los 243,2 millones de euros, un incremento del 1,9% con respecto a 2016 cuando se invirtieron 238,7 millones de euros en este servicio imprescindible para la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Esta leve recuperación de la inversión total en Justicia Gratuita se produce tras varios años de disminución o de estancamiento de las inversiones en Asistencia Jurídica Gratuita que han pasado de 254,5 millones de euros en 2011 a los 243,2 millones en 2017 con un descenso de casi el 5% y una reducción de más de 11 millones de euros en seis años. En buena medida este leve incremento obedece a la recuperación parcial de los baremos en algunas comunidades autónomas que sufrieron recortes durante la crisis de hasta el 40% en algunos casos.

La Asistencia Jurídica Gratuita, servicio recientemente valorado de forma muy positiva por el Cuadro de Indicadores de la Justicia que elabora la Comisión Europea, supone una inversión media por ciudadano de 5,22 euros por año, un 1,7% más que en 2016 (5,13 euros). La retribución media que percibe el abogado del Turno de Oficio por cada expediente se reduce a 133,5 euros cuando en 2016 la indemnización recibida por cada letrado era de 134,5 euros, incluyendo la atención 24 horas al día y 365 días al año.

LA MAYOR PARTE DE LA INVERSIÓN, EN EL TURNO DE OFICIO

El Turno de Oficio acapara en 2017 la mayor parte de la inversión con 166,4 millones de euros (68,4% del total del gasto en Justicia Gratuita) y un incremento del 1,7% con respecto a 2016. Dentro del Turno de Oficio, la jurisdicción con mayor inversión es la Penal con 93,6 millones de euros y más del 56% del gasto total destinado a este servicio. A continuación se encuentra Civil con 46,3 millones de euros (28%), Contencioso-Administrativo con 6 millones (3,7%) y Social con 4,4 millones y el 2,7% de la inversión total en Turno de Oficio.

La Asistencia Letrada al Detenido aumenta un 2% alcanzando 45,7 millones de euros; mientras que la compensación que perciben los Colegios de Abogados por los Gastos de Infraestructura supunen 22,4 millones de euros con una clara tendencia a la estabilización de este gasto por la implantación del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita que reduce los costes y rebaja notablemente los tiempos de tramitación de documentación por los ciudadanos.

En Violencia de Género continúa la tendencia de subida de años anteriores con un incremento del 3,7% con respecto a 2016 y un importe que supera los 8,6 millones de euros.

CATALUÑA, MADRID Y ANDALUCÍA SUMAN EL 55% DE LA INVERSIÓN

Cataluña, como en años anteriores, es la comunidad autónoma que más invierte en Justicia Gratuita con 54,8 millones de euros y un incremento de casi el 3% con respecto a 2016. En segundo lugar se encuentra Madrid con 40,3 millones y un incremento del 6%. Hay que tener en cuenta que en 2017 esta autonomía ha recuperado el 7% de los baremos del Turno de Oficio tras la fuerte reducción (20%) de 2012. A continuación se encuentra Andalucía que invierte 39,6 millones con una subida del 4,6% y Valencia que sube un leve 0,2% hasta los 24,8 millones de euros.

Canarias y País Vasco ocupan los siguientes puestos con una inversión en Justicia Gratuita de 13,7 y 13,4 millones respectivamente. Las tres comunidades autónomas con mayor inversión (Cataluña, Madrid y Andalucía) alcanzan un total de 134,7 millones de euros lo que supone más del 55% del gasto a nivel de todo el Estado.

De los importes certificados en relación con el PIB regional cabe destacar, según el Informe ‘Inversión en Justicia. Inversión en Justicia Gratuita’ elaborado por la Universidad Carlos III, la existencia de un primer grupo formado por Cataluña, Canarias y Andalucía (además de Ceuta y Melilla) con inversiones en Justicia Gratuita por encima del nivel nacional; un segundo grupo formado por Madrid, Valencia, Asturias, Extremadura y Murcia con valores próximos al nivel del Estado y un tercer grupo con valores por debajo del nivel nacional formado por Galicia, País Vasco, Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria, Castilla y León, Aragón y La Rioja, siendo estas dos últimas comunidades autónomas la que se encuentran más alejadas del nivel nacional.

MÁS DE 1,8 MILLONES DE ASUNTOS ATENDIDOS

Durante 2017 los 83 Colegios de Abogados con presencia en toda España atendieron 1.822.419 asuntos del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita lo que supone un incremento del 2,3% con respecto a 2016 cuando se gestionaron 1.781.886. Hay que destacar que cada uno de los 800.000 expedientes remitidos por los Colegios de Abogados a las respectivas Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita ha podido generar diversos asuntos por la presentación de incidentes procesales, la interposición de recursos, la generación de nuevos procedimientos.

Teniendo en cuenta los diferentes servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, el 62,4% por ciento de los asuntos, más de 1.136.000, son del Turno de Oficio, mientras que casi 628.000 corresponden a la Asistencia Letrada al Detenido (34,5%). El Servicio de Violencia de Género atendió en 2017 casi 58.000 asuntos que suponen más del 3% del total atendido.

Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma con más asuntos atendidos. En 2017 tramitó más de 403.000 solicitudes de ciudadanos superando el 22% del total gestionado a nivel nacional. A continuación se encuentra Cataluña con 343.000 asuntos que suponen casi el 19% del total.

Los ciudadanos tramitaron en 2017 a través de los Colegios de Abogados o mediante presentación de escrito en los juzgados 975.405 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita. Los 83 Colegios de Abogados –tras el análisis pertinente de estas solicitudes – remitieron casi 800.000 expedientes a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita (organismos dependientes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia), de los que se ratificaron una media del 84%.

UN 13% MÁS DE ABOGADAS ADSCRITAS AL TURNO DE OFICIO

Los abogados adscritos a 31 de diciembre de 2017 al Turno de Oficio fueron 51.308, lo que supone un incremento del 13% con respecto a 2016 cuando había 45.348 letrados registrados en el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Como novedad en este XII Observatorio de Justicia Gratuita se ofrece el dato de los letrados adscritos al Servicio de Extranjería donde hay 10.672 abogados.

Continúa aumentando el número de abogadas adscritas al Turno de Oficio alcanzando ya el 48% con 24.502 letradas, un 15% más que en 2016 cuando había 21.314 mujeres. Por otro lado, más de 20.100 abogadas atienden el Servicio de Asistencia Letrada al Detenido (48% del total).

En Violencia de Género, el número de mujeres adscritas a este servicio supera con creces al de hombres, con 12.399 letradas -54% del total- frente a los 10.570 abogados registrados en el Servicio de Violencia de Género. El número de abogadas también supera al de hombres en el Servicio de Extranjería, de los 10.672 letrados 5.486 son mujeres (51%).

A 31 de diciembre de 2017, los 83 Colegios de Abogados tenían censados 144.212 letrados ejercientes, lo que supone que el 36% de los abogados y abogadas esté adscrito al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita. Este porcentaje supone un importante incremento con respecto a los datos de 31 de diciembre de 2016, cuando el 32% de los letrados estaba adscrito al Turno de Oficio.

Por otro lado, el número de quejas realizadas en los Colegios de Abogados por los ciudadanos en 2017 fue de 6.294, de las que 4.634 fueron archivadas y 228 acabaron convirtiéndose en expedientes sancionadores a abogados del Turno de Oficio.

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE JUSTICIA GRATUITA: MÁS DE 676.000 SOLICITUDES

Los ciudadanos tramitaron por vía telemática 676.027 solicitudes de Justicia Gratuita en 2017, lo que supone un incremento de casi el 6% con respecto a 2016, cuando los Colegios de Abogados tramitaron 640.115 solicitudes con esta herramienta tecnológica.

Estos datos confirman que, año tras año, el uso que hacen los ciudadanos del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita continúa consolidándose. De hecho, desde 2010 –cuando se tramitaron más de 200.000 expedientes electrónicos- se ha triplicado con creces el número de solicitudes gestionadas con esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española y puesta a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, estatales y autonómicas, que se caracteriza por proporcionar una agilización notable del acceso a un derecho fundamental del ciudadano como es la Justicia Gratuita, facilitar sus trámites, a la vez que supone un ahorro de costes para la Administración.

En 2017, Andalucía, con 135.090 solicitudes, fue la comunidad autónoma que más expedientes electrónicos generó, seguida de Madrid con 106.926, Valencia 97.318 y Cataluña en la que se tramitaron 88.792 expedientes a través de las corporaciones colegiales.

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS

El Comité de Expertos que participa en el Observatorio de Justicia Gratuita, formado mayoritariamente por personalidades ajenas al mundo de la abogacía, elabora sus Recomendaciones con las finalidades de alcanzar un Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita más eficiente, que cuente con una mayor sostenibilidad económica, que se oriente hacia una mayor calidad y que garantice los derechos de las personas más desfavorecidas.

Los expertos consideran, entre otras actuaciones, que es necesario:

  • Ampliar las especialidades del Turno de Oficio para hacer frente a las nuevas demandas y problemas sociales
  • Revisar el marco legal y reglamentario de Justicia Gratuita para actualizar –respetando las competencias autonómicas- las compensaciones económicas de los 51.300 letrados
  • Crear un organismo de seguimiento y observación del sistema propiciando la homogeneización de los criterios de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita
  • Extender los Servicios de Orientación Jurídica a sectores de la población que se encuentran en situaciones de marginalidad o en riesgo de exclusión. 

CONSULTA LAS RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

El XII Informe del Observatorio de Justicia Gratuita Abogacía Española-Wolters Kluwer es el resultado del análisis de más de 7.500 datos aportados por los 83 Colegios de Abogados existentes en España.

La presente edición se ha elaborado teniendo en cuenta el funcionamiento propio de cada comunidad autónoma, la incorporación de mejoras reflejada en la información comparativa de la evolución de importes certificados entre años, así como el cambio de baremos aplicado en algunas de las mismas.

Marketing, neurociencia y derecho a la intimidad2018-07-16

Los datos y la transformación digital han alterado la responsabilidad del área de marketing de las compañías. tal es así que las estrategias y acciones para la captación, fidelización y la generación de engagement con sus clientes han asegurado las posibilidades que ha abierto el análisis de enormes cantidades de datos (big data) haciendo más eficientes las acciones y los beneficios obtenidos de cada acción realizada.

Eneko Urrutia Sagardía,
Content Strategist

Con la información que proviene del Big Data podemos extraer datos clave sobre el cliente y por tanto sobre la persona: qué productos le interesan, qué productos están relacionados, cuáles son sus preferencias, etc... Con esta información podemos crear estrategias que le van guiando en el proceso de compra y asegurarnos que la complete con éxito o podemos clasificar qué campañas publicitarias enviar y cuáles no funcionarían, incluso segmentar por tipos de clientes o grupos de personas de interés.

Por la sola acumulación y archivo de infinitas cantidades de datos no se genera peligro, pero si existe peligro si se explota el potencial conocimiento que puedes llegar a obtener sobre las personas, tal es así que si cogemos esos cientos de miles de datos y los interpretamos y analizamos, podemos extraer conclusiones que pueden poner en peligro y atentar la privacidad e intimidad de las personas.

Estar en las redes, navegar por internet o usar las aplicaciones de tu móvil, estas acciones se hacen con un objetivo y fin concreto que no va más allá de ese fin y que no supone consentir en usar los registros o huellas digitales para que un tercero, desconocido, pueda llegar a saber de ti más que tú mismo.

Pero esto no es suficiente, nada más lejos de regular y poner límites a la vulneración de esa privacidad y proteger la intimidad de cada uno y el derecho a conocerse así mismo antes que los demás, se empiezan a aplicar técnicas de investigación de las neurociencias al marketing tradicional. A través de técnicas de medición de la actividad cerebral (como el EGG o la fMRI) las respuestas de los entrevistados a distintos estímulos (por ejemplo, anuncios publicitarios) son leídas directamente del cerebro.

La neuro ciencia, permite analizar directamente el cerebro. Se basa en que al activarse una parte se activan otras de forma simultánea. Se estima que la toma de decisión de compra dura alrededor de 25 segundos, momento en el que se activa la corteza cerebral. Una fracción de segundo después empiezan a surgir imágenes que impulsan a adquirir los productos. Este lapso de tiempo es el que estudia el neuromarketing.

Las técnicas neurocientíficas permiten obtener información sobre procesos mentales que no percibimos de manera consciente, de hecho, se estima que el 85% de nuestras decisiones las tomamos de manera subconsciente y sólo un 15% de forma son consciente.

Es cierto que el objetivo del neuromarketing es mejorar las técnicas y recursos publicitarios y ayu­dar a comprender la reacción del público objetivo para ofrecer el mejor producto sin embargo el potencial conocimiento que se puede obtener de una persona da verdadero miedo, da terror.

Las técnicas de las neurociencias son una de las pocas vías para alcanzar el subconsciente de las personas. Por muy buena voluntad que tenga la persona que se está analizando, esta será incapaz de verbalizar todo lo que realmente piensa o siente con respecto a lo que está viendo, en el marketing será el consumidor, pero ¿qué pasa en otros ámbitos?, es decir, el neuromarketing es especialmente relevante cuando se quieren investigar sobre temas en los que los sujetos analizados no hablan libremente como es de política o de preferencias sexuales u otros.

El neuromarketing obtiene las respuestas directamente de las reacciones neurológicas de los sujetos y cuando llega a plantearse que esa, puede llegar a ser la única manera de obtener una respuesta que no esté mediatizada por cuestiones sociales o condicionada por cuestiones personales, es cuando, a mi juicio, se produce una vulneración total y absoluta de nuestra intimidad y libertad.

Es importante recordarnos lo que establece el art. 18 aps.1 y 4 de la Constitución Española en relación al derecho a la intimidad:

"Artículo 18

1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

[...]

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.".

Se garantiza el derecho al honor, intimidad, honor y la propia imagen y para ello se limitará el uso de la informática, además, hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional en este sentido, como es la la STC 170/1987, de 30 de octubre, que en su FJ 4 establece «Los derechos a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizados por el art. 18.1 de la Constitución, forman parte de los bienes de la personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada. Salvaguardan estos derechos un espacio de intimidad personal y familiar que queda sustraído a intromisiones extraña».

Personalmente, creo que llegamos tarde a establecer los límites legales que nos doten de un equilibrio entre intimidad y la vida en entornos digitales.

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de vista a Actualidad Jurídica Aranzadi

El Tribunal Supremo condena al Estado por incumplir su obligación de tramitar las solicitudes de asilo de 19.449 refugiados2018-07-13

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha condenado al Estado español por incumplir parcialmente sus obligaciones administrativas de tramitación de solicitudes de asilo de refugiados procedentes de Grecia y de Italia, establecidas en las Decisiones 2015/1523 y 2015/1601 del Consejo Europeo, por las que se le asignó un cupo de 19.449 personas durante dos años, desde el 25 de septiembre de 2015 hasta el 26 de septiembre de 2017, de las que solo ofertó un 12,85%.

El tribunal considera que las decisiones comunitarias incumplidas, que establecían medidas provisionales para acoger a los solicitantes de asilo procedentes de Italia y de Grecia, eran de carácter vinculante y obligatorio, por lo que el incumplimiento de las mismas implica “la condena al Estado español a continuar la tramitación en los términos previstos en las Decisiones y de conformidad con los acuerdos que en lo sucesivo adopten las instituciones comunitarias”.

La Sala estima de forma parcial el recurso contencioso-administrativo planteado por la Associació de Suport a Stop Mare Mortum contra la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada el 21 de abril de 2017 ante el Gobierno de España. Los recurrentes solicitaban en su demanda que se declarase que España había incumplido las obligaciones periódicas (ofertar plazas de reubicados, aprobar las listas enviadas y acoger a los reubicados), así como las obligaciones finales establecidas en las referidas Decisiones, y que se ordenase al Gobierno que cumpliese inmediatamente y con carácter urgente las citadas obligaciones.

Por su parte, el abogado del Estado se opuso a esta pretensión que consideraba carente de fundamento y puso de manifiesto que España estaba realizando las gestiones necesarias para reclamar y reubicar a los asilados que le habían sido asignados, pero que el procedimiento era laborioso porque había que verificar si todas las personas del cupo asignado reunían las condiciones precisas para su consideración como asiladas. Subsidiarimente, el abogado del Estado solicitaba que se planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar si corresponde en exclusiva a la Comisión Europea realizar el control del cumplimiento de las decisiones de emergencia o si también pueden hacerlo los tribunales nacionales.

El control del cumplimiento de las Decisiones no es exclusivo de la Comisión Europea

La Sala rechaza plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE y entiende que tiene competencia para ejercitar el control de la actividad de la Administración nacional en el cumplimiento y ejecución de las obligaciones derivadas de la normativa de la Unión. “Es cierto que la tarea de supervisar la observancia del derecho comunitario ha sido confiada a la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, por el artículo 211 TCE (antiguo artículo 155). Esta prerrogativa conlleva responsabilidades y obligaciones específicas de las cuales la Comisión no puede evadirse”, concluye el tribunal.

El tribunal explica que la Comisión dentro de sus prerrogativas tiene amplio margen de discrecionalidad sobre si llevar o no el asunto ante el Tribunal de Justicia. En este caso no se ha iniciado ningún procedimiento frente a España, lo que permite, según los magistrados, que el Tribunal Supremo pueda examinar y en su caso estimar la pretensión ejercitada.

Dada la eficacia directa de las Decisiones, resulta posible que “el control de su cumplimiento pueda realizarse por los tribunales nacionales, atendiendo a la acción ejercitada por personas o entidades legitimadas, posibilidad que no contradice los poderes y competencias de la Comisión para plantear, si lo considera oportuno y de forma potestativa, un procedimiento por incumplimiento frente al Estado miembro”, precisa la Sala.

Un 12,85% de las 19.449 reubicaciones a las que estaba obligada en dos años

Tras analizar las Decisiones citadas, la Sala señala que las cuotas de reubicación establecidas para España en un plazo de 24 meses -desde el 25 de septiembre de 2015 que entraron en vigor las Decisiones hasta el 26 de septiembre de 2017- eran del 12,15% del total de las reubicaciones comunitarias. Así, la aplicación de las Decisiones comunitarias conllevaba que España debería haber ofertado y reubicado a 13.086 solicitantes de asilo procedentes de Grecia y a 6.363 de Italia.

Recuerda que a pesar de que se preveía expresamente la posibilidad de que los Estados miembros solicitaran una reducción de su cuota de hasta un 30%, el Estado español decidió no acogerse a tal posibilidad. Consecuentemente, añade el tribunal, se concluye que España “ha incumplido sus obligaciones de ofertar y de hacer efectivas las reubicaciones a las que estaba obligada: transcurrido más de medio año del vencimiento del término, el informe de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) reconoce que el cumplimiento de las obligaciones finales es inferior al 13%”.

De dicho informe se desprende, según los magistrados, que a fecha de 4 de marzo de 2018, seis meses después de finalizar el plazo impuesto por las citadas Decisiones, de las 19.449 plazas que el Estado español estaba obligado a ofertar -y a reubicar efectivamente- únicamente había ofertado 2500 plazas (1875 de Grecia y 625 de Italia); únicamente un 12,85 % del total al que estaba obligada. Igualmente, indica la Sala, el informe de la OAR aportado por el Ministerio del Interior reconoce que, a fecha de 22 de marzo de 2018, el estado español sólo ha reubicado a 235 personas desde Italia y a 1124 desde Grecia; una cuota de cumplimiento inferior al 7%.

No obstante, el tribunal admite que el gobierno español ha realizado peticiones a Grecia e Italia que "no han merecido la respuesta obligada, lo que pone de relieve un elevado índice de incumplimiento en las labores de coordinación que las Decisiones exigen para un adecuado logro de sus objetivos".

Las dificultades administrativas no eximen de las obligaciones de reubicación

La Sala concluye que de los datos anteriores se desprende que el Estado español no ha cumplido en su integridad las Decisiones comunitarias, que son de carácter vinculante y obligatorio como se desprende no solo de su propia naturaleza jurídica sino de las propias Decisiones. Añade que la existencia de graves dificultades administrativas para el cumplimiento de tales obligaciones, que en el fondo parece plantear el abogado del Estado, "no puede constituir causa de exención de las mismas, dado que la citada Decisión, recoge medidas flexibilizadoras, que no han sido alegadas ni utilizadas por el Gobierno español”.

Señala que, como sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el escaso número de reubicaciones efectuadas puede explicarse por un conjunto de factores que el Consejo no podía prever en el momento en que adoptó dicha Decisión, en particular, la falta de cooperación de determinados Estados Miembros, sin embargo, "la falta de cumplimiento generalizado de las citadas Decisiones no constituye justificación de la conducta omisiva que en el recurso se denuncia", concluye la Sala.

La Sala rechaza que el hecho de que se trate de una medida provisional suponga que, superado el plazo previsto para su aplicación, no se pueda obligar a los Estados miembros a cumplir con sus compromisos, como sostiene el Abogado del Estado. En este sentido, destaca que la Unión Europea, en un documento de la Comisión, de 12 de abril de 2017, dentro del proceso de evaluación de la ejecución de las decisiones, subrayó que no iba a vacilar en hacer uso de los poderes que le otorgan los Tratados con respecto a aquellos que no hayan cumplido las obligaciones de las Decisiones del Consejo, señalando que la obligación legal de reubicar a quienes cumplen las obligaciones no cesará después de septiembre, una vez expirado el plazo de aplicación de las Decisiones.

Condenado a seis años de cárcel un cliente de un supermercado por dar una paliza al vigilante, que perdió parcialmente la vista2018-07-13

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a seis años de prisión a un hombre que dio una paliza al vigilante de seguridad de un supermercado y le dejó incapacitado para trabajar al romperle la nariz y perder parcialmente la visión de un ojo como consecuencia de los puñetazos recibidos.

Condenado y víctima discutieron en enero de 2014 en el establecimiento en el que trabajaba el guardia de seguridad porque el cliente le reprochó que le vigilara demasiado. Durante la trifulca, fue necesaria la intervención de la Policía que logró que el cliente abandonara el establecimiento.

Como relata la sentencia, el penado espero en su vehículo hasta el cierre del supermercado, a las dos y media de la madrugada, y siguió con su coche a la víctima, de 51 años, que se dirigía a su domicilio.

El guardia se dio cuenta y se acercó al vehículo para que dejara de seguirle, lo que provocó que el condenado se bajara del mismo, le empujara, le tirara al suelo y le diera varios puñetazos en la cara. Como consecuencia de los golpes sufrió una fractura nasal, por la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, y un desprendimiento de retina que le ha supuesto la incapacidad permanente total para su ocupación habitual como vigilante de seguridad.

La Sala considera que el agresor es culpable de un delito de lesiones agravadas por inutilidad de un órgano principal. No se pronuncia sobre la indemnización que ha de recibir la víctima, que optó por reclamarla por la vía civil.

Ausencia de responsabilidad patrimonial de la administración por anulación judicial del Planeamiento Urbanístico, cuando no se deriva un daño antijurídico2018-07-13

El Tribunal Supremo confirma que la actuación consciente y la asunción del riesgo de promover una reclasificación de suelo no urbanizable con valores ambientales patentes, excluyen que el daño producido por la anulación judicial de la modificación de planeamiento pueda considerarse antijurídico.

  • Supuesto de hecho

    El recurso de casación se dirigió contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 5 de noviembre de 2015 que declaró no haber lugar a la responsabilidad patrimonial de la Junta de Castilla y León por los daños derivados de la anulación judicial de la modificación puntual de planeamiento urbanístico aprobada por la Comisión Territorial de Ávila que reclasificaba como suelo urbanizable delimitado 120ha clasificadas como suelo no urbanizable.

    De la prueba practicada había quedado acreditado que la empresa recurrente había adquirido los terrenos conociendo su clasificación y había asumido la promoción y financiación de los instrumentos de planeamiento general y derivado necesarios para su reclasificación y los proyectos de reparcelación y urbanización para su transformación urbanística. La modificación de planeamiento fue aprobada, pero por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia y León de 29 de septiembre de 2006, confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de marzo de 2010, se anuló la reclasificación del suelo al concurrir valores ambientales que obligaban a clasificarlo como suelo no urbanizable de especial protección

  • Criterio o «ratio decidendi»

    El Tribunal Supremo aclara que si bien es cierto que la jurisprudencia ha equiparado los supuestos de anulación del planeamiento urbanístico con los de alteración anticipada del planeamiento del apartado a) del art. 35 del TRLS 2008, y ha entendido que la aprobación de un planeamiento declarado posteriormente nulo es un supuesto de funcionamiento anormal de los servicios públicos, también ha declarado que no en todos los supuestos se generará responsabilidad patrimonial sino “sólo en aquellos en que confiados en la vigencia y legalidad -apariencia provocada por la Administración Pública- se hayan devengado actividades y gastos que devengan inútiles”.

    En el caso enjuiciado, sin embargo, no puede afirmarse que fuera la apariencia de legalidad de la clasificación urbanística de las fincas la que provocó la inversión realizada, pues la entidad recurrente las adquirió antes de su reclasificación y plenamente consciente de las circunstancias físicas de las fincas y del riesgo que asumía, y continuó con la promoción de la transformación del suelo aún después de la impugnación judicial del planeamiento.

    Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas cuando sufran una lesión patrimonial imputable a la Administración por el funcionamiento de los servicios públicos, siempre que haya una relación de causalidad y el daño sea antijurídico, es decir que se trate de un daño que el administrado no esté obligado a soportar.

    El Alto Tribunal remarca que aunque la actividad desarrollada por la Administración no se ajustara a los parámetros de racionalidad exigibles, al clasificar como suelo urbanizable un suelo de especial valor ambiental, e incluso su actuación pueda calificarse de “lamentable”, no se puede negar que el recurrente era conocedor de estas circunstancias y que conociendo la protección y el valor medioambiental del suelo clasificado como no urbanizable, participó voluntariamente en la licitación y compró los terrenos no urbanizables, asumiendo la promoción directa del cambio de ordenación a suelo urbanizable delimitado cuando el suelo no reunía los requisitos legales para serlo, por lo que solamente a él puede imputarse el resultado inútil de su actuación, siendo improcedente que pretenda resarcirse a cargo de la Administración.

    La Sentencia de casación expone la configuración que del principio de seguridad jurídica ha hecho el Tribunal Constitucional a través de su jurisprudencia y concluye que es inapropiada su invocación en el ámbito urbanístico y, más concretamente, en una modificación de planeamiento que tenía por objeto materia reglada al tratarse de suelo dotado de valores ambientales especiales. El principio de seguridad jurídica puede entenderse como “la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados” o “como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho”, sin embargo, en opinión del Tribunal, en el supuesto estudiado no podía esperarse expectativa razonable alguna sino que más bien existía un riesgo suficiente de que la reclasificación fuera anulada judicialmente, como así ocurrió.

    El Tribunal Supremo asume como propios los fundamentos jurídicos de la Sentencia de Instancia y dictamina que no concurren los presupuestos que exige la ley para reconocer la responsabilidad patrimonial, dado que la actuación y el riesgo consciente asumido por la entidad recurrente excluyen la antijuricidad del daño.

  • Documentos relacionados

    • Normativa aplicada:
    • Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común (RCL 1992, 2512).
    • Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo (RCL 2008, 1260).
    • Jurisprudencia relacionada:
    • STS de 17 de octubre de 1988 (RJ 1988, 7760).
    • STS de 1 de julio de 2009 (RJ 2009, 6877).
Los Testigos de Jehová deben cumplir la normativa de datos personales con los datos que recogen puerta a puerta2018-07-12

El 17 de septiembre de 2013, la Tietosuojalautakunta (Comisión finlandesa de Protección de datos) prohibió a la Jehovan todistajat - uskonnollinen yhdyskunta (comunidad religiosa de los Testigos de Jehová en Finlandia) recoger o tratar datos personales durante la actividad de predicación puerta a puerta que llevan a cabo sus miembros si no se respetaban los requisitos legales para el tratamiento de esos datos.

En el curso de su actividad de predicación puerta a puerta, los miembros de dicha comunidad toman notas sobre las visitas hechas a personas que ni ellos mismos ni la comunidad conocen. Los datos recogidos pueden consistir en el nombre y la dirección de las personas visitadas, así como en información sobre sus convicciones religiosas y su situación familiar. Estos datos se recogen a modo de recordatorio, con el fin de poder recuperarlos para una posible visita posterior, sin que los interesados hayan dado su consentimiento ni hayan sido informados de ello. La comunidad de los Testigos de Jehová y las congregaciones que dependen de ella organizan y coordinan la actividad de predicación puerta a puerta de sus miembros, en particular elaborando mapas mediante los que distribuyen zonas entre los miembros predicadores y manteniendo fichas sobre los predicadores y el número de publicaciones de la comunidad que éstos difunden. Además, las congregaciones de la comunidad de los Testigos de Jehová llevan un registro de las personas que han manifestado el deseo de no recibir más visitas de los miembros predicadores; los datos personales que figuran en ese registro son utilizados por los miembros de la comunidad.

La petición de decisión prejudicial del Korkein hallinto-oikeus (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia) se dirige esencialmente a determinar si la comunidad debe respetar la normativa de la Unión en materia de protección de datos 1 por el hecho de que sus miembros, cuando ejercen la actividad de predicación puerta a puerta, pueden tener que tomar notas que transcriben el contenido de sus conversaciones, en especial  sobre la orientación religiosa de las personas visitadas.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera, en primer lugar, que la actividad de predicación puerta a puerta llevada a cabo por miembros de la comunidad de los Testigos de Jehová no está comprendida entre las excepciones previstas en la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales. En concreto, no se trata de una actividad exclusivamente personal o doméstica a la que no resulte aplicable esa normativa. La circunstancia de que la actividad de predicación puerta a puerta esté protegida por el derecho fundamental a la libertad de conciencia y de religión, consagrado en el artículo 10, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, no confiere a dicha actividad

1 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31), en relación con el artículo 10, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

carácter exclusivamente personal o doméstico, dado que está fuera de la esfera privada de un miembro predicador de una comunidad religiosa.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia recuerda que, no obstante, las normas de la Unión en materia de protección de datos personales sólo se aplican a los tratamientos manuales de los datos cuando éstos estén incluidos o destinados a ser incluidos en un fichero. En el presente asunto, dado que el tratamiento de datos personales no se efectúa de manera automatizada, se plantea la cuestión de si los datos tratados están incluidos o destinados a ser incluidos en un fichero. El Tribunal de Justicia llega a la conclusión de que el concepto de «fichero» comprende todo conjunto de datos personales recogidos durante una actividad de predicación puerta a puerta, y que incluyan nombres, direcciones y otra información relativa a las personas visitadas, siempre que los datos estén estructurados según criterios determinados que permitan, en la práctica, recuperarlos fácilmente para su utilización posterior. Para que dicho conjunto de datos esté comprendido en ese concepto no es preciso que incluya fichas, catálogos específicos u otros sistemas de búsqueda.

Por consiguiente, los tratamientos de datos personales que se efectúen en relación con la actividad de predicación puerta a puerta deben respetar la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales.

Por cuanto se refiere a quién puede ser considerado responsable del  tratamiento de datos personales, el Tribunal de Justicia recuerda que el concepto de «responsable del tratamiento» puede concernir a varios agentes que participen en ese tratamiento, cada uno de los cuales estará sujeto a la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales. Estos agentes pueden estar implicados en distintas etapas del tratamiento y en distintos grados, de modo que el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos debe evaluarse teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso concreto. El Tribunal de Justicia señala igualmente que ninguna disposición del Derecho de la Unión permite considerar que la determinación de la finalidad y de los medios del tratamiento deba efectuarse mediante instrucciones por escrito o consignas impartidas por el responsable del tratamiento. En cambio, una persona física o jurídica que, para sus propios fines, influye en el tratamiento de datos personales y participa, por tanto, en la determinación de la finalidad y de los medios de dicho tratamiento, puede ser considerada responsable del tratamiento.

Además, la responsabilidad conjunta de varios agentes no supone que cada uno de ellos tenga acceso a los datos personales.

En el presente asunto, resulta que, al organizar, coordinar y fomentar la actividad de predicación de sus miembros, la comunidad de los Testigos de Jehová determina junto con sus miembros predicadores la finalidad y los medios del tratamiento  de datos personales de las personas visitadas, extremo que, no obstante, deberá comprobar al órgano jurisdiccional finlandés a la vista de todas las circunstancias del caso. Este análisis no queda desvirtuado por el principio de autonomía organizativa de las comunidades religiosas garantizado por el artículo 17 TFUE.

El Tribunal de Justicia concluye que la normativa de la Unión en materia de protección de datos personales permite considerar que una comunidad religiosa es responsable, junto con sus miembros predicadores, del tratamiento de los datos personales efectuado por estos últimos en relación con una actividad de predicación puerta a puerta organizada, coordinada y fomentada por dicha comunidad, sin que sea necesario que la comunidad en cuestión tenga acceso a los datos ni sea preciso demostrar que la comunidad ha impartido a sus miembros instrucciones por escrito o consignas respecto a ese tratamiento.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Un año de cárcel por pegar a la directora de la escuela de su hija2018-07-12

El juzgado de lo Penal número 2 de Vitoria-Gasteiz ha condenado a un año de cárcel a una madre que abofeteó y dio dos golpes "fuertes" en la espalda a la directora de la escuela pública donde estudiaba su hija en Gasteiz.
Los hechos ocurrieron en abril de 2017, cuando la procesada y su marido acudieron al colegio para hablar con la directora de un problema que su hija -que tenía dos años en el momento que ocurrieron los hechos- había tenido el día anterior.

El Juzgado de lo Penal número 2 de Gasteiz considera probado que mientras hablaban en el vestíbulo, la mujer "con ánimo de menoscabar su integridad física y despreciando la autoridad inherente a los funcionarios docentes" dio una bofetada en la mejilla a la directora y cuando esta se giró para marcharse, dos golpes "fuertes" en la espalda que le causaron eritemas.

En la sentencia el juez concluye que la acusada "agredió de forma directa y muy agresiva a la directora" y que actuó con "dolo o intención de lesionar". Por ello le considera culpable de un delito de atentado a funcionario público o docente y otro de lesiones leves.

La nulidad de la comisión de apertura depende de si el banco prestó efectivamente un servicio previo a la firma de la hipoteca2018-07-12

En casi todas las hipotecas existe una comisión de apertura a abonar en el momento de constituir el préstamo hipotecario. A efectos prácticos, la comisión de apertura suele ser entre el 0,5% y el 1% del capital total prestado, por lo que éstas suelen oscilar entre los 1.200-3.000 euros, dependiendo del importe de la hipoteca. No obstante, la comisión de apertura de la hipoteca, en ciertos casos, puede ser considerada abusiva. Existen sentencias que así la han declarado al considerar que realmente no corresponden a ningún servicio efectivo de la entidad y, por supuesto, no  suponen un negocio diferenciado al préstamo en sí solicitado.
 
En este sentido, desde hace unos meses la comisión de apertura está siendo combatida por los Tribunales, quienes declaran su nulidad y proceden a la devolución de las cantidades a favor de los clientes por considerar que se trata de una cláusula abusiva del calibre de las cláusulas suelo o los gastos hipotecarios. Es precisamente por la falta de transparencia y abuso que las recientes resoluciones anulan la cláusula y proceden a la devolución de lo cobrado a los clientes por la aplicación de esta comisión, la cual los consumidores asumían a la hora de pedir un préstamo hipotecario sin negociación alguna de su contenido. Así, las entidades bancarias han acabado siendo condenadas a la devolución a favor del cliente de los importes cobrados por dicho concepto, más los intereses legales correspondientes.
 
Hasta la fecha se han pronunciado muchos y diversos Juzgados y Tribunales acerca de la nulidad de la comisión de apertura, destacando el Juzgado especializado de Barcelona (JPI 50) en su Sentencia nº 304/2017; la Audiencia Provincial de Asturias (Sección 6ª), Sentencia 2-02-2018; y la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5ª), Auto 5.01.2017. Todas tienen en común que la entidad bancaria no justificó a qué correspondía dicha cantidad abonada en concepto de comisión de apertura, a qué servicios efectivos prestados se refería, ni el coste concreto de los mismos. En cambio, establece una cuantía sin justificación dependiendo del capital prestado y no a los servicios que presta en cada préstamo concreto. Esto genera un desequilibrio en derechos y obligaciones entre las partes en perjuicio del consumidor.
 
“Es importante destacar que no todos los casos son considerados de esta forma, y que una comisión de apertura no siempre será declarada como abusiva. Lo que primero deberá estudiarse es si se trata de una cláusula nula por haber cobrado una comisión por un servicio que no se prestó. De esta forma, el banco deberá acreditar que previo a la firma del préstamo realizó un estudio de riesgo, tanto del cliente como de la operación financiera”, indica Estel Romero, abogada especialista en Derecho Bancario de Sanahuja Miranda.
 
Así, en el caso en el que el banco pueda acreditar que realizó esa actividad previa, lo más probable es que se pierda el juicio. Por esta misma razón es de suma importancia que antes de proceder, se realice un estudio de cada caso. Solo así será posible analizar las posibilidades de éxito de cada reclamación de la comisión de apertura.

El Tribunal Supremo determina el alcance de la sentencia del Constitucional sobre la plusvalía2018-07-11

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto contra una Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón al estimar que éste interpretó de manera correcta el ordenamiento jurídico al considerar que la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite no acceder a la rectificación de las autoliquidaciones del IIVTNU y, por tanto, a la devolución de los ingresos efectuados por dicho concepto, en aquellos casos en los que no se acredita por el obligado tributario la inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, supuestos en los que los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) resultan constitucionales y, por consiguiente, los ingresos, debidos.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Aguallo, interpreta el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017. Considera, de una parte, que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que debe darse al fallo y fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, "adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial".

"En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar (…) que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE".

De otra parte, entiende que "el artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, ‘no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene’, o, dicho de otro modo, porque ‘impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)’”.

Es, precisamente, esta nulidad total del artículo 110.4 del TRLHL la que, de acuerdo con la Sala Tercera, "posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL".

En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva obtenida en la transmisión del terrero, considera el tribunal, en primer lugar, que corresponde "al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido"; en segundo término, que para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla" (como es, por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas); y, en tercer lugar, en fin, que aportada "por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía".

Finalmente, considera el tribunal que en la medida en que la existencia de una plusvalía real y efectiva resulta perfectamente constatable sobre la base del empleo de los medios de comprobación que establece la Ley General Tributaria en los artículos 105 y siguientes, medios que permiten rechazar que la norma autorice a la Administración para decidir con entera libertad el valor real del terreno onerosamente transmitido, no existe -en los casos en los que se liquida el IIVTNU- vulneración de la reserva de ley tributaria recogida en los artículos 31.3 y 133.1 CE, ni quiebra alguna del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE).

El TSJ de la Comunidad Valenciana endurece la condena a un maltratador que violó a su pareja al apreciar la agravante de género 2018-07-11

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha elevado en un año y medio la pena de prisión que deberá cumplir un maltratador, que violó y agredió a su pareja sentimental. El alto tribunal valenciano estima el recurso de la Fiscalía, aprecia la agravante de género y condena al agresor a 9 años y medio de cárcel por agresión sexual, lesiones y maltrato, frente a los ochos años impuestos por la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Así, la Sala condena al joven a nueve años de prisión por los delitos de agresión sexual y lesiones, que cometió en 2016 cuando se llevó a la víctima a una caseta de campo de una localidad de la provincia de Valencia y la forzó sexualmente de forma reiterada al tiempo que la agredía para vencer su resistencia. Además, le impone seis meses de cárcel por un episodio de malos tratos que tuvo lugar meses antes, cuando golpeó a la chica y le partió un labio.
La Sala, en una sentencia de la que ha sido ponente la magistrada Carmen Llombart, considera que en este caso es aplicable la agravante de género porque el agresor, de 22 años, actuó con la intención de dominar la víctima, de 20, con la que había mantenido una relación de dos años en la que no llegaron a convivir.

La lesiones que sufrió la mujer, subraya la resolución, “constituyen una manifestación de la discriminacion, situación de desigualdad y las relaciones de poder entre el acusado y la víctima (…) por lo que si en las lesiones concurre esa situación de dominación, discriminación y desigualdad, con mayor motivo en el delito de agresión sexual”.

En este sentido, “la conducta del condenado se proyecta sobre una mujer, pero no sobre cualquier mujer sino sobre la que había sido su pareja sentimental o que había tenido relación sentimental aunque fuese sin convivencia”. La sentencia añade que “la forma más aberrante de dominación es la dominación sexual sobre la que había sido su pareja”; destaca la “sucesión de hechos acontecidos esa madrugada” y “las frases proferidas” por el agresor para finalizar concluyendo la oportunidad de endurecer la condena por concurrir la agravante de género del artículo 24 del Código Penal.

La primera agresión se produjo en abril de 2016 cuando el condenado le partió el labio y le puso un ojo morado a su novia, de 20 años de edad. La relación continuó y ocho meses después, el hombre violó en varias ocasiones, agredió e insultó a la joven en una caseta de campo del mismo municipio. El agresor deberá indemnizar a la víctima con 12.000 euros por las lesiones físicas y los daños morales que sufrió.

Condenada Eulen en Valladolid a readmitir a un delegado de USO por represión sindical2018-07-11

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha obligado a la empresa Eulen de Seguridad a indemnizar con 3.000 euros y devolver a su puesto original de trabajo a un representante sindical de USO, responsable además de la FTSP-USO de Castilla y León. El fallo considera probado que nuestro compañero, que presta sus servicios en Valladolid, fue objeto de persecución y represión sindical y acosado por defender los intereses de los trabajadores en nombre de la USO.

La sentencia es muy dura con la empresa Eulen, pues considera que vulneró el derecho fundamental de libertad sindical de nuestro compañero. “Persecución sindical que dura ya largos años, no solo hacia este delegado, sino a todos los afiliados de la USO”, lamentan desde la FTSP-USO de Castilla y León.

Ahora, C.M.F.S. volverá a su anterior centro de trabajo, con el horario que tenía en el mismo, que también le habían modificado. Este episodio de persecución comenzó en 2017, cuando el trabajador, vigilante nocturno durante más de veinte años en el edificio de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en Valladolid, fue cambiado de centro de trabajo y de horario tras varias denuncias interpuestas ante la Inspección de Trabajo como delegado sindical de USO.

Entre las deficiencias demandadas por nuestro compañero, estaban la falta de cuadrante anual de horarios, unos turnos de nueve horas nocturnas o los agravios comparativos con otros representantes sindicales y acoso a trabajadores afiliados a la USO. Eulen fue obligada, tras la denuncia del delegado, a elaborar los citados cuadrantes. Solo dos meses después de la denuncia, la empresa trasladó al trabajador a la fábrica Lingotes Especiales, con el correspondiente cambio de horario de 23 a 7 horas, a uno de 22 a 6 horas. El traslado produjo a su vez una pérdida de derechos de los compañeros de Lingotes Especiales, que dejaron de percibir el complemento de nocturnidad por la llegada de un nuevo trabajador a ese turno.

Tras una primera denuncia en el Juzgado de lo Social número 2 de Valladolid por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y vulneración de la libertad sindical, dicha sala consideró que sí había modificación pero no vulneración. Por lo tanto, Eulen tuvo que devolverle su antiguo horario, pero no recibió ninguna sanción ni el trabajador pudo volver a su anterior centro de trabajo.

Tanto el delegado como Eulen Seguridad presentaron recurso ante el TSJCyL, cuya sentencia ha sido muy dura con la empresa. No solo se reafirma en la modificación de condiciones, sino que exige la vuelta del trabajador a su centro anterior y considera que sí ha habido vulneración de derechos sindicales, por lo que impone una indemnización de 3.000 euros al trabajador. La FTSP-USO de Castilla y León abunda en que “la empresa tiene una especial fijación con la USO, tanto con este miembro del comité como por los afiliados que lo respaldan, por ser la parte más reivindicativa de la representación sindical”. La sentencia abre la puerta, además, a exigir responsabilidades tanto a la Jefatura del Departamento de Personal como a la de Seguridad de la empresa, “puesto que, igual que el resto de trabajadores están sometidos a un régimen disciplinario, los jefes de Departamento sobre los que una sentencia dicta represión a un delegado sindical no pueden quedar al margen de estas responsabilidades disciplinarias”.

Este nuevo caso de represión sindical contra delegados de la USO se une, entre otros, al de los compañeros del Grupo Celsa, que han tenido que ser readmitidos en la planta de Cantabria.

Sofía Duarte, nombrada directora general de Modernización de la Justicia2018-07-10

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, acordó el pasado viernes nombrar directora general de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos a la jurista Sofía Duarte. El Ejecutivo ultima así la perfilación del nuevo organigrama del Ministerio de Justicia.

Con la creación de la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos el Ministerio de Justicia pretende profundizar en el proceso de modernización tecnológica de la Justicia española y reforzar áreas de actuación que hasta ahora estaban repartidas en unidades con nivel administrativo de subdirección general.

Una dilatada carrera profesional

Sofía Duarte Domínguez (1958) es licenciada en Derecho y, desde 1988, pertenece al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. En la actualidad desempeñaba su labor en los Juzgados de lo Penal de Sevilla donde estaba destinada desde 1999. También ha sido directora general de la Oficina Judicial y Fiscal en la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía y, anteriormente, prestó servicio en la Audiencia Provincial de Huelva, en el Juzgado de lo Social nº 2 de Jerez de la Frontera, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de La Laguna, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 del Puerto de Santa María y en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Corcubión.

ORGA

Entre otras competencias, Sofía Duarte estará al frente de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), un órgano de la Administración General del Estado cuya función es auxiliar a los órganos judiciales y fiscalías en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos más graves en concreto en los relacionados con el artículo 127 bis del Código Penal -tráfico de drogas, blanqueo de capitales, trata de seres humanos, corrupción, grandes estafas, terrorismo, etc.-

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El profesor del colegio Valdeluz de Madrid, condenado a casi 50 años de prisión por doce delitos de abusos sexuales2018-07-10
Los magistrados consideran probado que el acusado aprovechó que era un profesor querido y valorado y que su relación con sus alumnos y alumnas era cercana y cariñosa para satisfacer su deseo e impulso sexual. En los doce episodios de abuso sexual concurre, según la Sala, la circunstancia de prevalimiento por abuso de superioridad y, la mayoría de dichos abusos fueron continuados y algunos, agravados por la edad de las víctimas

Autor

Comunicación Poder Judicial

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al que fuera profesor del madrileño Colegio Valdeluz, Andrés D. D., a un total de 49 años, 5 meses y 21 días de prisión, como autor responsable de doce delitos de abusos sexuales.

Tras un estudio detallado del caso, el Tribunal concluye en la sentencia que el acusado era un profesor querido y valorado, y su relación con sus alumnos y alumnas era cercana y cariñosa; organizaba fiestas en la academia, así como viajes de estudios, y en verano, barbacoas en su casa, sintiendo por él todas las denunciantes una admiración superior a la normal.

Esa cercanía que tanto ponía en práctica, la aprovechó el acusado para tocarlas y satisfacer su deseo e impulso sexual, comenzando con besos, abrazos, cosquillas, hasta ir aumentando los toqueteos progresiva y gradualmente en el tiempo, poco a poco, llegando a manosear piernas hacia ingles y zona vulvar e interior de los muslos, espaldas, senos y nalgas, restregando en alguna ocasión su pene en sus espaldas o llevando el acusado la mano de alguna de ellas a su miembro, por fuera de la ropa; asimismo, llegó a introducir sus dedos en la vagina de algunas de ellas, escudándose muchas veces en la necesidad de llevar a cabo correcciones posturales mientras estaban sentadas tocando el piano.

En otras ocasiones, aprovechando la atención de los alumnos/as a la pantalla donde se proyectaban –en penumbra- audiovisuales musicales, llevaba a cabo también tocamientos sobre las menores, a quienes sentaba a su lado.

Individualizadamente la sentencia analiza la conducta que se llevó a cabo sobre cada una de las víctimas que se recogen en los hechos probados. Solamente sobre dos de ellas no se considera acreditada la conducta. En un caso dada la retractación total en el acto del juicio de cuanto había declarado hasta ahora en el sumario. En otro dada una insuficiencia de prueba a la luz de las exigencias que ya se han comentado; especialmente en cuanto a los elementos corroboradores.

Protección a las víctimas

En la vista oral del juicio, celebrado entre los días 21 de mayo y 12 de junio en la Audiencia Provincial de Madrid, intervinieron, además del acusado, catorce víctimas/testigos, treinta y cinco testigos y cinco peritos. Por decisión previa del tribunal, con el acuerdo de las partes, se desarrolló la vista oral a puerta cerrada, a fin no solo de preservar la intimidad de las víctimas, sino también en protección del resto de derechos que les reconoce la Ley del Estatuto de la Víctima.

El Ministerio Fiscal solicitaba en conclusiones provisionales –y así lo mantuvo al elevarlas a definitivas- la condena del acusado como autor de 14 delitos de abusos sexuales, de los que trece fueron calificados como delitos continuados, solicitando por ellos las correspondientes penas, que ascendían a un total de 69 años de prisión, así como a las oportunas indemnizaciones a las víctimas. Tales conclusiones eran coincidentes con las formuladas por las distintas acusaciones particulares.

Por su parte, la defensa del acusado solicitó en todo momento su libre absolución, al igual que lo hizo la defensa del colegio Valdeluz.

El delito de abusos sexuales y la importancia de la prueba

Los magistrados de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid recuerdan que el delito de abusos sexuales aparece tipificado en el artículo 181 del Código Penal como la realización, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, de actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona.

La prueba en este tipo de delitos –y así ha sido en el presente proceso- se basa en gran medida en la declaración de la propia víctima, dadas las condiciones de discreción o privacidad de contexto en los que suelen desarrollarse buena parte de los delitos contra la libertad sexual.

El Tribunal establece en la sentencia del caso que no se trata, sin embargo, de que la declaración de la víctima, por sí sola, alcance sin más filtros el valor incriminatorio que debe superarse para vencer el derecho fundamental a la presunción de inocencia que rige en toda causa penal y que consagra el conocido artículo 24 de nuestra Constitución. De acuerdo con la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, esa declaración ha de venir revestida de determinados elementos, que –en síntesis- exigen que el Tribunal valore por el resultado de la prueba, la persistencia, coherencia, verosimilitud, corroboración y ausencia de ánimo o elementos espurios.

La fundamentación jurídica de la sentencia analiza con detalle la prueba y tiene en cuenta asimismo los estudios doctrinales existentes en torno a la parcela de la victimología dedicada al fenómeno de los delitos contra la indemnidad sexual. Y recoge –especialmente en el FJ Cuarto- la doctrina del Tribunal Supremo en cuanto al valor de la declaración de la víctima como prueba incriminatoria en este tipo de delitos.

Tras analizar con detenimiento todo el material probatorio, el tribunal descarta como no veraz la tesis del acusado quien sostiene que todo es fruto de una confabulación por venganza contra su esposa –también profesora de la academia musical- por el trato que daba a las alumnas, además de que exista una clara contaminación por el seguimiento mediático que ha tenido este caso.

Para la Sala, como se dice literalmente en el FJ 5º refiriéndose a las víctimas, todo esto “no les puede compensar al nivel que pretende el acusado, el altísimo coste emocional que supone denunciar y cuatro años más tarde desde la presentación de las denuncias, mantenerse firmes, hasta el punto de someterse a tratamientos psicológicos o retomarlos con esta revictimización”.

Por otra parte, no pasan inadvertidos al tribunal los testimonios de quienes en sus declaraciones narraron una experiencia normal en su estancia ya en el colegio o ya bien en la academia. Ello no debilita en absoluto la convicción incriminatoria que se desarrolla a lo largo de la sentencia. Habida cuenta del número de alumnos/as que tenía la actividad musical, es impensable que la conducta enjuiciada fuese una regla general.

Por todo ello la Sala estima que se han cometido por el acusado 12 Delitos de abuso sexual con prevalimiento por abuso de superioridad, la mayoría de ellos continuados y algunos agravados por la edad de las víctimas y la introducción de dedos.

El prevalimiento a que se refiere su apartado d) del artículo 183 Código Penal parte del aprovechamiento por parte del autor del delito en su ejecución de una relación de superioridad. Exige una cierta preeminencia del autor sobre la víctima y que esta ventaja haya sido utilizada o aprovechada por el autor para realizar el acto objeto de imputación.

Indemnización por daños morales y responsabilidad civil del colegio

La Sala declara no sólo la responsabilidad penal del acusado (prisión de casi 50 años), sino también su obligación de indemnizar a las víctimas por los daños morales que su conducta les produjo.

La sentencia declara asimismo la responsabilidad civil subsidiaria del colegio en cuyas instalaciones se ubicaba la academia de música y para el que también el acusado venía prestando servicio como profesor durante tantos años. Considera el tribunal que existió una clara “culpa in vigilando”, desestimando la pretensión de la defensa de la entidad docente de deslindar por completo la actividad que se desarrollaba en la academia y la que era propia del colegio. La relación entre ambos núcleos era tan intensa, y sus diferentes vínculos tan fuertes, que no puede exonerarse a la institución docente de esta responsabilidad indemnizatoria.

Abonado el pago de mayo del Turno de Oficio en el territorio del Ministerio de Justicia2018-07-09

La Dirección General del Tesoro ha efectuado el 4 de julio el pago correspondiente al mes de mayo de 2018 del Turno de Oficio que corresponde a los Colegios de Abogados de territorio común bajo competencia del Ministerio de Justicia.

El Consejo General de la Abogacía, que ha transferido a los Colegios de territorio común el importe correspondiente, confía en seguir con este ritmo de pagos mensuales, así como absorber este desfase de meses antes de acabar el año.

Desde hace meses y con los diferentes titulares del Departamento, se vienen manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia con el fin de agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, se ha conseguido que el Ministerio abone con carácter mensual las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita.

En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 que el Tesoro Público procedió a abonar el 18 de abril, la liquidación se efectuará con carácter mensual a partir de mayo, a excepción de enero y febrero de 2018 que se abonaron el 30 de mayo.

Más información:

No obstante, con ello no se soluciona el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado, así como el reconocimiento de nuevos módulos.

La Abogacía continuará trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El ICAM conmemora el 40 aniversario de la Constitución en el Día de la Justicia Gratuita2018-07-09
  • La consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, inaugurará la jornada junto al decano, José María Alonso, y la vicedecana, Begoña Castro

En el marco de los actos conmemorativos del Día de la Justicia Gratuita, el jueves 12 de julio, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) celebrará una jornada sobre el 40 aniversario de la Constitución y la consagración del derecho de defensa.

El encuentro, que tendrá lugar en la Biblioteca del ICAM, arrancará a las 9:00h con la intervención de la consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, encargada de abrir el acto junto al decano, José María Alonso, y la vicedecana, Begoña Castro. Bajo el lema “40 años consagrando el derecho de defensa”, abogados, jueces y responsables políticos intervendrán en las distintas sesiones de debate incluidas en el programa.

La primera mesa redonda, titulada “40 años de la Constitución Española. La justicia, pilar del Estado de Derecho”, comenzará a las 10:00 h y será moderada por el decano. El magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Soledad Becerril, ex defensora del Pueblo y ex ministra de Cultura; Antonio Garrigues, abogado y presidente de la Fundación Garrigues; y Ramón Rodríguez Arribas, abogado y ex vicepresidente del Tribunal Constitucional serán los participantes en el panel.

A las 12:00h dará comienzo la segunda sesión, moderada por la vicedecana del ICAM, Begoña Castro. Los abogados José Luis Galán, Juan Luis Ydoate, Beatriz Monasterio y Juan Gonzalo Ospina, diputado de la Junta de Gobierno del ICAM hablarán sobre “Ayer y hoy en el ejercicio del derecho de defensa”. El encuentro finalizará a las 13:30h con la entrega de placas a profesionales adscritos al Turno de Oficio.

El TC sobre ‘derecho al olvido’: buscar nombres propios en hemeroteca digital vulnera derechos fundamentales2018-06-29

La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) se ha pronunciado por primera vez sobre el denominado ‘derecho al olvido’ y ha estimado el recurso de amparo interpuesto por dos ciudadanos juzgados en los años 80 por tráfico de drogas que consideran vulnerados sus derechos al honor, a la intimidad y a la protección de datos por el uso de las tecnologías de Internet, al aparecer sus nombres y apellidos en los buscadores de la hemeroteca de un periódico en su versión digital.

La sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada María Luisa Balaguer, argumenta que “la prohibición de indexar los datos personales, en concreto los nombres y los apellidos de las personas recurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno del diario El País debe ser limitada, idónea, necesaria y proporcionada al fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos invocados”.

El Tribunal estima el recurso de amparo interpuesto contra la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, de 15 de octubre de 2015, que reconoció el derecho al olvido digital de personas procesadas por implicación en un caso de tráfico y consumo de drogas en los años ochenta.

La Sala Civil rechazó la procedencia de eliminar los nombres y apellidos de la información recogida en la hemeroteca o que los datos personales contenidos en la información no puedan ser indexados por el motor de búsqueda interno de la hemeroteca, pues consideró que estas medidas suponían una restricción excesiva de la libertad de información vinculada a la existencia de las hemerotecas digitales.

El objeto del recurso se contrae, según la sentencia de amparo, al análisis del contraste entre los preceptos constitucionales regulados en el artículo 18.4 de la Constitución, en relación con la garantía del derecho al honor, y a la intimidad de las personas (artículo 18.1 de la Carta Magna).

MODULAR EL DERECHO A LA INFORMACIÓN

En ese sentido, el TC señala que es cierto que “la libertad de información constituye no sólo un derecho fundamental de cada persona sino también una garantía de la formación y existencia de una opinión pública libre y plural, capaz de adoptar decisiones políticas a través del ejercicio de los derechos de participación”, pero este derecho no es absoluto, sino que debe ser modulado por dos elementos.

Uno de estos elementos de modulación del derecho es el paso del tiempo a la hora de calibrar el impacto de la difusión de una noticia sobre el derecho a la intimidad del titular de ese derecho, y dos, la importancia de la digitalización de los documentos informativos, para facilitar el acceso a la información de todos los usuarios de Internet.

La sentencia explica que en estos casos “podría ponerse en duda la prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la intimidad de una persona que, pasado un lapso de tiempo, opta por solicitar que estos datos e información, que pudieron tener relevancia pública en su día, sean olvidados”. Para el Tribunal, “la universalización del acceso a las hemerotecas, como la universalización del acceso a la información a través de los motores de búsqueda, multiplica la injerencia en los derechos a la autodeterminación informativa y a la intimidad de los ciudadanos”.

En la resolución de este conflicto hay que tener en cuenta el equilibrio entre las libertades informativas y el derecho a la autodeterminación informativa, donde juega un papel importante el efecto del paso del tiempo sobre la función que desempeñan los medios de comunicación y, sobre la doble dimensión (informativa o investigadora) de esa función.

El fallo concluye afirmando que debe tenerse en cuenta que los motores de búsqueda internos de los sitios web cumplen la función de permitir el hallazgo y la divulgación de la noticia y que esa función queda garantizada aunque se suprima la posibilidad de efectuar la búsqueda acudiendo al nombre y apellidos de las personas en cuestión, que no tienen relevancia pública alguna.

Por tanto, “siempre será posible si existe una finalidad investigadora en la búsqueda de información alejada del mero interés periodístico en la persona investigada, localizar la noticia mediante una búsqueda temática, temporal, geográfica o de cualquier otro tipo”. No son necesarios los datos personales de los solicitantes del amparo, que nada agregan al interés de la noticia, bastando las iniciales del nombre y los apellidos.

Salvador Asenjo, abogado: “Los ciudadanos están en clara situación de inferioridad frente a las aseguradoras2018-06-29

Salvador Asenjo García está colegiado en el Colegio de Abogados de Gipuzkoa desde junio de 1989. Este abogado donostiarra ha conseguido una sentencia del Tribunal Supremo que impone a las aseguradoras de salud la obligación de abonar los intereses moratorios recogidos en el artículo 20 de la Ley de Contratos de Seguros (LCS). Frente al interés legal del dinero, las entidades de seguros de salud deberán abonar el 20% anual en el supuesto que no reconozcan la negligencia cometida por los facultativos de su cuadro médico. Salvador Asenjo interpuso en nombre de su cliente una demanda contra la aseguradora de salud reclamando una indemnización de 125.000 euros –recibiendo 58.680- y los intereses moratorios por responsabilidad civil por los daños producidos tras una intervención quirúrgica que derivó en una infección renal y posterior pérdida del riñón.

  1. ¿Fue complicado elaborar todo el procedimiento teniendo en cuenta las numerosas variantes de seguros, el contenido de las pólizas y las obligaciones asumidas por las aseguradoras?                                                     

El planteamiento de una cuestión jurídica como la tratada en la Sentencia que comentamos ofrece diversas ópticas, como lo evidencia el Voto Particular emitido por el Magistrado Sr. Salas, y no sólo porque efectivamente haya numerosas variantes de seguros de salud y de enfermedad sino porque en realidad cada seguro, cada póliza en concreto, ofrece una realidad muy particular que debe ser valorada de forma específica.

Desde este punto de vista sí que existe una complejidad en la idea de abordar el tema en general para alcanzar un planteamiento jurídico que resulte aplicable a todas las variantes posibles del tema.

Esto es lo que nos ha ofrecido la Sentencia dictada por el Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de forma impecable bajo la ponencia del Magistrado Sr. Seijas Quintana que es realmente un maestro en esta materia.

  1. ¿Está realmente protegido el usuario de seguros ante un contrato de adhesión diseñado por la aseguradora? ¿Están los ciudadanos en situación de desigualdad ante las grandes compañías de seguros?

Desgraciadamente los ciudadanos están en clara situación de inferioridad frente a las aseguradoras por muchos motivos y no solo por las circunstancias que son inherentes a los seguros de adhesión, sino porque además, en ocasiones, la labor interpretativa realizada por algunos tribunales tampoco contribuye a equilibrar de forma decidida y eficaz esa desigualdad a pesar de las posibilidades que para ello les ofrece la legislación aplicable.

  1. ¿Los cuadros médicos de estas aseguradoras son una garantía para recibir un servicio sanitario adecuado?

Aunque desde el punto de vista jurídico los cuadros médicos de las aseguradora de asistencia médica ya  fueron acertadamente descritos por el Magistrado Sr. Xiol a finales del año 2007 como los instrumentos o las herramientas de que se dotan estas aseguradoras para cumplir con sus obligaciones contractuales, no siempre son suficiente garantía para los asegurados y en bastante medida la Sentencia que comentamos ha venido a dar una respuesta judicial importante para que de ahora en adelante se pueda alcanzar esa garantía por la vía indemnizatoria.

Deberíamos poder confiar en que a partir de esta Sentencia las aseguradoras de salud vayan a compaginar su objetivo empresarial del beneficio económico con un mayor compromiso con la vertiente asistencial que, lo quieran o no, tiene el ramo asegurador en el que despliegan su actividad. Aunque si he de ser sincero tampoco creo que puedan esperarse grandes cambios al respecto, pero al menos podremos corregir económicamente las consecuencias del problema con la doctrina asentada por esta Sentencia.

  1. En las aseguradoras de salud el objeto del seguro es la prestación de servicios médicos y no el reintegro de gastos sanitarios ¿En qué basó su argumentación para convencer al Tribunal Supremo?

A veces la línea divisoria entre una situación y otra no es fácil de concretar nítidamente pero resumiendo mucho las cosas y sin perjuicio de los múltiples matices que ofrecen los distintos condicionados de las pólizas, la esencia del problema viene determinado por ese cuadro médico al que debe ceñirse el asegurado para obtener una prestación médica si pretende que la cobertura aseguradora que ha contratado sea jurídicamente eficaz, y en este sentido es en el que debe argumentarse para que proceda la imputación de responsabilidad a las aseguradoras de salud.

  1. ¿Es responsable la aseguradora de salud de garantizar una correcta atención por parte de los médicos?

Naturalmente. Las aseguradoras de salud no pueden desentenderse del tipo de asistencia dispensada a sus asegurados, en primer lugar, porque existe el compromiso contractual para ello, derivado de una calidad asistencial que se utiliza como propaganda para la contratación de las pólizas, y en segundo lugar porque los cuadros médicos constituyen una limitación que deben respetar los asegurados si quieren que el seguro que están pagando les cubra la asistencia médica recibida. Lo uno y lo otro implica que las aseguradoras deban afrontar las consecuencias derivadas de que la asistencia prestada por los facultativos de sus cuadros médicos, que obviamente han sido seleccionado por ellas con un criterio que debería ser de calidad, genere algún daño antijurídico por el incumplimiento de la “Lex artis ad hoc” o por una mala praxis asistencial.

  1. En su demanda inicial solicitó una indemnización incrementada en los intereses legales aplicables sin aludir al art 20 de la LCS ¿Por qué planteó esta cuestión en el recurso de apelación?

Porque los intereses moratorios del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro son aplicables de oficio y por lo tanto no existe la necesidad de que sean reclamados expresamente, de manera que la solución dada en la Sentencia recurrida, contraria a su aplicación, era perfectamente impugnable porque suponía, y afortunadamente así se reconoció por el Tribunal Supremo, una solución contraria a Derecho.

  1. ¿Cuáles fueron sus argumentos contra la decisión de la Audiencia Provincial que consideró la responsabilidad de la aseguradora como contractual por hecho ajeno?

Los que acabo de exponer anteriormente en respuesta a alguna de las preguntas anteriores y especialmente a las cuestiones planteadas con las preguntas 4 y 5. El compromiso de las aseguradoras de salud con sus asegurados y sus obligaciones contractuales no pueden quedar limitadas a la simple puesta a disposición de sus clientes de unos medios profesionales sin responder de las consecuencias que de ellos se deriven, y creo que esto es una idea lógica de la que también participan y en la que también creen las propias aseguradoras aunque con el ánimo de limitar económicamente sus débitos indemnizatorios hayan venido empleando éste y otros argumentos que en ocasiones les han dado resultado debido a la dispersión de criterios judiciales que existían sobre esta cuestión, como también existe esa misma dispersión respecto a otras cuestiones sobre el tema de los seguros de salud.

La Sentencia que comentamos lo que ha venido es a sentar el criterio a seguir respecto de esta importante cuestión en concreto

  1. ¿Qué efectos puede tener para el resto de asegurados esta sentencia del Tribunal Supremo que resuelve un recurso de casación por interés casacional?

La unificación de criterios respecto a esta, y en realidad respecto a cualquier cuestión de las que llegan a debatirse en tribunales, siempre es positiva porque aporta seguridad jurídica y porque además ello tampoco implica uniformidad absoluta ya que cada situación concreta ha de ser estudiada en particular para que pueda recibir una respuesta judicial adecuada a sus circunstancias, pero siempre partiendo de una clarificación de conceptos básicos que es lo que en definitiva ha venido a determinar el Fallo del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo

  1. ¿Fue complicado ajustarse al límite de texto impuesto por el Tribunal Supremo?

Sí. Creo sinceramente que las limitaciones de todo tipo que impone el Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo en el Pleno no jurisdiccional de 27 de enero de 2017 son excesivas y en algunos de sus puntos difícilmente justificables atendiendo a los fines de Justicia que deberían ser la razón última de un recurso de casación por interés casacional, por encima de otras cuestiones formales.

Incluso creo que algunas de sus exigencias formales que se incluyen como requisitos para la admisión a trámite de los recursos de casación que regula pudieran llegar a ser de casi imposible cumplimiento.

  1. ¿Qué opina del voto particular del magistrado Salas Carceller que considera que la responsabilidad de la aseguradora sanitaria se regula por el artículo 1903 del Código Civil y por tanto no tiene que estar sujeta a la mora del 20% recogida en el art 20 de la LCS?

Me merece un respeto absoluto, aunque obviamente no comparta su criterio ni el resultado de su análisis en este caso, como parece que también ocurre con la opinión de los restantes nueve miembros de la Sala que han decidido de forma distinta en este tema.

El Buzón de LexNET como “domicilio” a efectos de notificaciones2018-06-29

¿Es válida una notificación realizada vía LexNET a una Letrada que actúa como representante procesal de su cliente, aún cuando aquélla designó expresamente como domicilio a efectos de notificaciones el despacho de otro profesional? ¿Encontramos en el artículo 221.1 de la Ley de la Jurisdicción Social una excepción a la obligatoriedad de las comunicaciones electrónicas?

Marina Martín González,
Graduada en Derecho. Doctoranda en el Programa de Doctorado de Derecho y Ciencias Sociales de la UNED

En el presente artículo analizaremos el reciente Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 18 de abril de 2018, el cual se pronuncia con contundente claridad sobre la vigencia e interpretación del primer apartado del art. 221 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en lo relativo a la obligatoriedad de designación de un domicilio a efectos de notificaciones en Madrid en los escritos de preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina.

Supuesto de hecho:

El presente Auto resuelve un incidente de nulidad presentado por una Letrada de Barcelona que, en nombre y representación de su cliente, había presentado inicialmente escrito de preparación del recurso de casación para la unificación de doctrina (artículos 218 y ss. LJS), indicando como domicilio a efectos de notificaciones la dirección del despacho de una Procuradora de Madrid, cumpliendo con el mandato contenido en el citado artículo 221.1 LJS.

A pesar de dicha designación, las notificaciones del procedimiento (entre ellas: una Providencia por la que se daba traslado a la parte de las posibles causas de inadmisión y, finalmente, el Auto de inadmisión), se realizaron a la Letrada en su propio buzón virtual de LexNET, en lugar de a la citada Procuradora.

El problema que ocasionó dicha circunstancia y que se convertiría en fundamento del incidente de nulidad fue que, teniendo la certeza de que el Tribunal remitiría las notificaciones al domicilio designado de forma expresa, tanto en el escrito de preparación del recurso, como en el posterior escrito de interposición, la Letrada no consultó su buzón virtual de LexNET y, desconociendo el contenido de las mencionadas resoluciones, no pudo actuar en tiempo para evitar la inadmisión del recurso.

Vigencia e interpretación del artículo 221.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social:

Una de las principales cuestiones que se plantea el propio Tribunal Supremo a la hora de resolver sobre este incidente de nulidad es: ¿Qué sentido tiene la vigencia de la obligación de designar un domicilio a efectos de notificaciones en Madrid, sede de la Sala de lo Social del TS, cuando, desde el 1 de enero de 2016, las comunicaciones del órgano judicial con los distintos operadores jurídicos se deben realizar por medios telemáticos?

Como razona en el Fundamento Jurídico 4º del Auto que analizamos, "de considerar vigente esa obligación [art. 221.1 LJS], de ella podría derivarse un efecto contrario al espíritu de la normativa de LexNET: si lo pretendido por este sistema es la agilización de las notificaciones a través de estas comunicaciones telemáticas, cualquier Abogado podría, haciendo uso interesado de ese mandato (...), dejar sin efecto la obligatoriedad que le afecta respecto del uso de LexNET, bastando para ello que designase como domicilio a efectos de notificaciones el de un particular (un familiar del Abogado, por ejemplo), con lo que habría que notificar con acuse de recibo."

Tampoco tiene mucho sentido que, pudiendo recibir las notificaciones de forma telemática en su propio buzón virtual de LexNET, un representante procesal designe como domicilio a estos efectos el de otro profesional, por el mero hecho de ubicarse en Madrid, sobre todo teniendo en cuenta que, por su condición de operador jurídico, éste último también recibirá sus notificaciones vía telemática con independencia de la ubicación de su despacho.

Como explica el Tribunal Supremo en el F.J. 5º del Auto, esta previsión del artículo 221.1 LJS ha quedado en parte vacía de sentido e, incluso, "tácita y parcialmente derogada" por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la LEC. No obstante, estando aún vigente la redacción del artículo cuestionado y perdurando aún la creencia legítima del profesional de que tiene la obligación de designar un domicilio en Madrid a efectos de notificaciones, el TS nos ofrece una interpretación más acorde con la normativa reguladora de las comunicaciones telemáticas en la Admón. de Justicia, en tanto no sea suprimido formalmente este requisito:

  • No será válida la designación del domicilio de un particular, en tanto que ello permitiría esquivar la obligatoriedad del uso de medios telemáticos para las comunicaciones en el ámbito de la Administración de Justicia.
  • Sí que podría designarse a efectos de notificaciones el despacho de otro Letrado o el de un Procurador, ninguno de los cuales asumirá la representación de la parte, sino que tan sólo será mero receptor de las notificaciones. A efectos prácticos, en estos casos, más que designarse un domicilio a efectos de notificaciones en la sede de la Sala de lo Social del TS, lo que se estaría haciendo es, sencillamente, designar un buzón virtual de LexNET distinto, con lo cual, desde nuestro punto de vista, lo que se añade es un mero intermediario en la comunicación, en cierto modo innecesario, pues las comunicaciones podrían hacerse directamente con el representante procesal.

Doctrina sobre los actos de comunicación:

La relevancia constitucional de los actos de comunicación se deriva de su estrecha vinculación con el ejercicio del derecho de defensa. Son estos actos procesales los que permiten la correcta formación de la relación jurídico-procesal y sitúan a las partes en posición de actuar en defensa de sus derechos e intereses legítimos.

Por esta razón, como señala el Tribunal Supremo, haciendo referencia a la doctrina del Tribunal Constitucional, recae sobre el órgano jurisdiccional "el deber específico de adoptar, más allá del cumplimiento rituario de las formalidades legales, todas la cautelas y garantías que resulten razonablemente adecuadas al aseguramiento de que esa finalidad de conocimiento personal no se incumpla por causas ajenas a la voluntad de aquél a quien se dirigen y, a consecuencia de ello, se le impida hacer efectivo el derecho de defensa que le reconoce el art. 24.1 de la Constitución (STC 171/1987, F.J.2º).

Resulta obvio que una notificación practicada en un lugar no designado por la parte y, por tanto, inesperado, sitúa al destinatario en una situación de indefensión, en tanto se puede ver privado injustamente del efectivo conocimiento de la resolución, y ello, sin duda, le impediría adoptar en tiempo y forma las medidas que estimase necesarias y más eficaces a sus intereses.

Este es el principal fundamento en que se apoya la decisión del Tribunal Supremo de estimar el incidente de nulidad de actuaciones, entendiendo que, dado que la notificación no se realizó en el "lugar" y al destinatario adecuado, aún habiendo sido la propia representante procesal de la parte la receptora directa de dichos actos de comunicación "no puede hacérsele reproche grave de falta de diligencia por no abrirlo y consultarlo, en tanto que, si bien se podría admitir cierta dejadez en su actuar, (...) tal profesional confiaba cabalmente en que las notificaciones relacionadas con tal recurso iban a ser dirigidas por LexNET, como así se debió haber hecho, a la Procuradora que había designado a tales efectos amparándose en el tan citado precepto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social" (F.J. 7º ATS de 18 de abril de 2018).

El TSJ de Aragón inadmite la querella contra un juez porque no existen indicios de delito en la resolución que adoptó2018-06-28
Basan su decisión en que no es cierto que el Derecho Aragonés obligue a los tribunales a mantener a los hermanos bajo un mismo régimen de custodia

Autor: Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Civil y Penal del TSJ de Aragón ha acordado inadmitir la querella presentada contra el juez de Fraga porque los hechos que los recurrentes atribuyen al magistrado no tienen, ni siquiera indiciariamente, la consideración de un delito de prevaricación judicial. Afirma el tribunal juzgador que la resolución que dictó está “ampliamente fundada”, y en ella aplica las normas civiles y procesales pertinentes al caso. Por ello, decretan el archivo de las actuaciones e imponen a los querellantes el pago de las costas causadas.

El auto de medidas provisionales dictado por el juez de Fraga, objeto de la querella, atribuía la guarda y custodia de una menor al padre y establecía un régimen de visitas para la madre, así como una pensión alimenticia a favor de la hija que debía ser satisfecha por la progenitora. En la querella presentada se argumentaba que, en su decisión, el juez no había tenido en cuenta la existencia de sus dos hermanas, de las cuales quedaba separada la menor.

Expresan los magistrados que el pronunciamiento del juez de Fraga es una medida provisional, sin que lo decidido en el auto sea una decisión definitiva sobre la situación en la que ha de quedar la menor respecto de sus progenitores y sus hermanas y recuerdan que “será en el procedimiento de derecho de familia, guarda, custodia y alimentos de hijos menores, en el que se adoptarán las medidas adecuadas, con plenitud de jurisdicción y tras la práctica de las pruebas que sean pertinentes”.

Señalan también que no es cierto que el Código de Derecho Foral Aragonés obligue a los tribunales a mantener a los hermanos bajo un mismo régimen 

de custodia y que existe “reiterada jurisprudencia” que avala que el juez pueda optar por dar un tratamiento diferenciado a los hermanos. En este sentido manifiestan que una “resolución injusta”, es aquélla que se aparta de todas las opciones jurídicamente defendibles, careciendo de toda interpretación razonable, pero el concepto de prevaricación queda excluido “cuando el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión planteada, se decanta por alguna de las opciones posibles en aplicación de las normas, aun cuando pudiera ser considerada incorrecta posteriormente en la revisión pertinente en vía de recurso”.

Por estas razones, y en consonancia con el informe del Ministerio Fiscal que estima la inadmisión de la querella, el tribunal acuerda el archivo de las actuaciones.

No puede exigirse a una persona que ha cambiado de sexo que anule su matrimonio celebrado antes 2018-06-28

Una Directiva de la Unión prohíbe la discriminación por razón de sexo en lo que respecta a las prestaciones públicas, entre ellas las pensiones de vejez y de jubilación. La Directiva establece una excepción a esta prohibición, que permite a los Estados miembros excluir de su ámbito de aplicación la fijación de la edad de jubilación para la concesión de las pensiones de vejez y de jubilación. El Reino Unido ha ejercido ese derecho de manera que la edad de jubilación para una mujer nacida antes del 6 de abril de 1950 es de 60 años, mientras que para un hombre nacido antes del 6 de diciembre de 1953 es de 65 años.

MB es una persona nacida en 1948 de sexo masculino, que se casó con una mujer en 1974. En 1991 empezó a hacer vida como mujer, y en 1995 se sometió a una operación quirúrgica de cambio de sexo. Sin embargo, MB no dispone de un certificado de reconocimiento definitivo de su cambio de sexo, cuya concesión exigía, en virtud de la normativa nacional, la anulación de su matrimonio. MB y su esposa deseaban seguir estando casadas por motivos religiosos.

En 2008 MB cumplió 60 años, por lo que solicitó una pensión estatal de jubilación. Esta solicitud fue denegada porque, al no disponer de un certificado de reconocimiento definitivo de su cambio de sexo, no cabía considerarla mujer para determinar su edad legal de jubilación. MB recurrió esta decisión ante los tribunales británicos, alegando que la disposición en virtud de la cual no debe estar casada constituye una discriminación contraria al Derecho de la Unión. La Supreme Court of the United Kingdom (Tribunal Supremo del Reino Unido) pregunta al Tribunal de Justicia si esta situación es compatible con la Directiva.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia señala, para empezar, que en el presente asunto no se le plantea la cuestión de si el reconocimiento jurídico de un cambio de sexo puede supeditarse con carácter general a la anulación de un matrimonio celebrado antes del cambio de sexo. Sin embargo, afirma  que,  aunque el reconocimiento jurídico del  cambio de sexo y el matrimonio son cuestiones de la competencia de los Estados miembros en materia de estado civil, éstos deben respetar el Derecho de la Unión, especialmente el principio de no discriminación, al ejercer su competencia en este ámbito.

El Tribunal de Justicia confirma su jurisprudencia conforme a la cual la Directiva, en atención a su objeto y a la naturaleza de los derechos que pretende proteger, debe aplicarse igualmente a las discriminaciones que tienen lugar como consecuencia del cambio de sexo del interesado. A este respecto, señala que, a efectos de la aplicación de la Directiva, debe considerarse que han cambiado de sexo las personas que hayan vivido durante un período significativo como personas de un sexo distinto al de su nacimiento y que se hayan sometido a una operación de cambio de sexo.

El Tribunal de Justicia señala que el requisito de anulación del matrimonio para que pueda concederse una pensión estatal de jubilación a partir de la edad legal de jubilación de las personas del sexo de que se trate se aplica únicamente a las personas que hayan cambiado de sexo, por lo que concluye que la normativa británica confiere un trato menos favorable a las personas que hayan cambiado de sexo después de haberse casado que a las personas que hayan conservado su sexo de nacimiento y estén casadas.

A continuación, el Tribunal de Justicia examina si la situación de una persona que haya cambiado de sexo después de haberse casado es comparable a la situación de una persona casada que haya mantenido su sexo de nacimiento, requisito que debe cumplirse para determinar si una diferencia de trato constituye una discriminación directa.

El Tribunal de Justicia observa, a este respecto, que la finalidad del régimen legal de pensiones de jubilación en el Reino Unido es garantizar una protección frente al riesgo de vejez, al conferir al interesado una pensión en función de las cotizaciones abonadas a lo largo de su carrera profesional, con independencia de su situación matrimonial. El Tribunal de Justicia concluye que, en vista de este objetivo y de estos requisitos de concesión, la situación de una persona que ha cambiado de sexo después de haberse casado es comparable a la de una persona casada que ha conservado su sexo de nacimiento. El Tribunal de Justicia señala que la finalidad del requisito de anulación del matrimonio (finalidad que consiste en evitar el matrimonio entre personas del mismo sexo) es ajena al régimen de la pensión de jubilación. En consecuencia, esta finalidad no afecta al carácter comparable de la situación de las dos categorías de personas mencionadas en lo que respecta al objetivo y a los requisitos de concesión de la pensión.

Dado que ninguna de las excepciones admitidas por el Derecho de la Unión resulta aplicable a la diferencia de trato controvertida, el Tribunal de Justicia considera que la normativa británica constituye una discriminación directa por razón de sexo y está, por tanto, prohibida por la Directiva.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar

La Abogacía pide igual trato y coordinación en la recepción de migrantes tanto en rescates en el mar como en las llegadas a puerto2018-06-27
  • Más de 300 abogados del Turno de Extranjería atendieron en las dos últimas semanas a los 3.000 migrantes llegados a la frontera sur y a bordo de la flotilla Aquarius en el puerto de Valencia

Tras la llegada masiva de más 3.000 migrantes a los puertos de Valencia, Cádiz, Almería, Málaga y Granada en las dos últimas semanas, el Consejo General de la Abogacía Española, con la finalidad de defender los derechos humanos de estas personas, pide un trato igual y la actuación conjunta y coordinada en el operativo de recepción de migrantes a nuestro territorio, tanto en cada rescate en el mar como en la llegada de embarcaciones a puerto.

La colaboración activa entre las diferentes Administraciones Públicas, las instituciones, organizaciones humanitarias y la Abogacía es el camino correcto para afrontar estos casos en que la coordinación y cooperación entre todos los agentes es vital. Pero, además, la Abogacía Institucional tiene la convicción de que esta forma de actuar debe aplicarse en cada rescate y llegada por mar de embarcaciones a nuestras costas. Tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como las organizaciones, asociaciones y la sociedad civil, conjuntamente con la Abogacía, han dado ejemplo de profesionalidad en la gestión de información y asistencia de las personas rescatadas en alta mar.

Durante los dos últimos fines de semana, más de 300 abogados pertenecientes al Turno de Oficio de Extranjería de los Colegios de Abogados Valencia, Alicante, Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Melilla han estado disponibles para prestar asistencia jurídica a los más de 3.000 migrantes que han llegado tanto en la flotilla del ‘Aquarius’ al puerto Valencia como en pateras a la frontera sur.

La Abogacía destaca la acertada decisión de ofrecer -mediante el período de reflexión de 45 días concedido a los 629 migrantes de la flotilla ‘Aquarius’- la oportunidad de decidir acerca de la conveniencia de solicitar o no protección internacional de asilo, así como la detección temprana de las situaciones de especial vulnerabilidad, pero señala que esa misma manera de actuar debe ofrecerse a las personas que llegan a nuestra frontera sur, para los que deben disponerse, además, condiciones dignas de acogida y atención.

La Abogacía Española quiere destacar que siempre estará presente en la llegada de migrantes a través de los Turnos especializados en Extranjería y Protección Internacional de cada Colegio de Abogados que corresponda.

El Abogado General de Luxemburgo, a favor de la cesión a los fondos buitre2018-06-27
  • "Aunque existan fines especulativos y se ceda el préstamo a precio muy inferior o incluso irrisorio, carece de incidencia", señala el informe del Abogado General
  • Argumenta también que la directiva de derechos del consumidor afecta a las cláusulas, no a las prácticas
  • Navas & Cusí considera la cesión sin derecho de retracto contraria a la directiva de crédito y a la directiva hipotecaria. "Esperemos que Luxemburgo se despegue del criterio del Abogado General como hizo con la retroactividad de las cláusulas suelo"

Entonces planteaba si es conforme al derecho de la Unión Europea la cesión de créditos sin ofrecer al consumidor la posibilidad de extinguir la deuda. ¿Es compatible con el principio de protección del consumidor y de efectividad del derecho comunitaria la práctica por la que se compra de la deuda del consumidor por un precio exiguo sin su consentimiento ni conocimiento?, pregunta el titular del 28 de Barcelona.

La respuesta del Abogado General de Luxemburgo, Nils Wahl, es que sí es posible la cesión del crédito sin conocimiento ni consentimiento del cliente "aunque existan fines especulativos y se ceda a un precio muy inferior e incluso irrisorio". En su opinión, eso "carece de incidencia". Considera que no causa un desequilibrio importante en los derechos y obligaciones entre las partes y que no se produce merma en las garantías del consumidor. "Tiene efecto neutro", concluye. Añade que la directiva regula cláusulas, no prácticas y que por lo tanto, Luxemburgo no tiene competencia para analizar prácticas.

"El Abogado General no ha tenido en cuenta la directiva de crédito ni la directiva hipotecaria", señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho bancario y financiero. Navas & Cusí presentó el pasado 13 de marzo una queja ante la Comisión Europea denunciando el incumplimiento de España de la legislación comunitaria relativa a la cesión de créditos.

En la queja se señala que el art. 2 de la directiva de crédito (2008/48/CE) establece que el consumidor será informado en caso de que la entidad financiera decidiera ceder el préstamo. "Lo mismo señala el art. 17 de la directiva hipotecaria 2014/17/UE que aunque todavía no ha sido traspuesta en España, es plenamente vigente en aplicación del principio de primacía del derecho europeo", señala Navas.

El letrado "disiente respetuosamente" del criterio del Abogado General porque considera que sí existe un claro perjuicio para el consumidor al que se le niega el derecho de retracto. "Se produce un enriquecimiento injusto de un absoluto ajeno negándole al consumidor el derecho a recomprar la deuda de su casa a precio de fondo buitre", concluye.

El socio-director de navascusi.com recuerda además que la directiva de crédito señala que ¡en caso de cesión, la posición del consumidor no debe de quedar debilitada. "Para el Abogado General no hay merma en sus garantías, pero parece obvio que no saber a quién le debes tu deuda y perder el derecho de tanteo y retracto es una merma de garantías", señala Navas. "El Abogado General sostiene que se queda igual, pero en nuestra opinión, se queda peor. El no poder ejercer su derecho de retracto produce un desequilibrio claro entre derechos y obligaciones. Y produce un daño objetivo equivalente al enriquecimiento injusto del fondo buitre; esperemos que finalmente Luxemburgo se aparte del criterio del Abogado General -como ocurrió con la retroactividad de las cláusulas suelo- y considere contrarias al derecho europeo las cesiones de crédito en las que se niega el derecho de retracto", concluye el socio-director de navacsusi.com

Intereses de demora

El titular del juzgado nº 38 de Barcelona también pregunta sobre los intereses de demora. Una pregunta coincidente con la cuestión prejudicial presentada por el Supremo sobre un caso del Banco Sabadell. Así que el Abogado General agrupa las cuestiones prejudiciales para responder que el criterio del Supremo de considerar abusivos los intereses de demora que superen los dos puntos al tipo de interés ordinario se ajusta al derecho de la Unión siempre que no se limite la capacidad de apreciación del juez nacional y que no impida que el juez deje de aplicar dicha cláusula si la considera abusiva.

"Permanece la duda de algunos jueces de qué hacer si se anula por abusividad una cláusula de interés de demora. ¿Se le debe de aplicar el interés ordinario más dos puntos o directamente nada? Esta es la cuestión que deberá de aclarar Luxemburgo", concluye Navas.

Adjuntamos la prejudicial del juzgado nº 38 de Madrid

Adjuntamos las conclusiones del Abogado General

Adjuntamos la queja presentada ante la Comisión Europea por la incompatibilidad del no respeto del derecho de retracto con el derecho europeo

La Comisión Europea otorga legitimación activa a Navas & Cusí en el proceso de queja

¿Puede considerarse nulo el despido de una trabajadora que sufre unas limitaciones psíquicas relacionadas con el trabajo, cuando la empresa ha tratado de readaptar su puesto?2018-06-27

El Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por una trabajadora en reclamación de la nulidad de su despido contra la sentencia del TSJ que consideraba el despido como improcedente, por haber adoptado la empresa tantas medidas como pudo con objeto de readaptar el puesto de la trabajadora, hasta que al final fue despedida por ineptitud sobrevenida.

Supuesto de hecho:

  • La trabajadora prestaba sus servicios como cajera de un banco.
  • En el año 2002 sufrió un atraco en el trabajo, siendo amenazada con un arma de fuego.
  • La trabajadora cayó en situación de IT, siéndole diagnosticado un síndrome post-traumático relacionado con aquel episodio.
  • La empresa le reubicó en un puesto de auxiliar administrativa, de tal forma que no tuviera que estar en la caja.
  • Tras varias demandas a la Inspección solicitando la readaptación del puesto, la trabajadora fue despedida en el año 2014.
  • Contra el despido, la trabajadora interpuso demanda que fue estimada, declarando el despido improcedente.
  • Contra esta sentencia, interpuso nueva demanda solicitando la nulidad, que fue parcialmente estimada, calificando el despido de improcedente.
  • Contra la sentencia del TSJ, interpone la trabajadora el presente recurso de suplicación.

Consideraciones jurídicas:

  • El Tribunal Supremo recuerda la evolución del concepto de "discapacitado" que la jurisprudencia ha manejado, para afirmar que hoy día se concibe como una situación del trabajador causada por una enfermedad diagnosticada médicamente, cuando esta enfermedad acarrea una limitación que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad de condiciones con los demás trabajadores, siempre que esa limitación sea de larga duración.
  • En este sentido, la jurisprudencia europea, para determinar si el despido de un trabajador en esta situación ha de ser considerado nulo por su carácter discriminatorio, ha establecido que no basta sólo con analizar la situación del trabajador, sino que, además, debe valorarse una segunda circunstancia: la inexistencia o insuficiencia de las medidas de adaptación adoptadas por la empresa para adaptar el puesto del trabajador a sus limitaciones.
  • Asimismo, añade que esa exigencia de adaptación del puesto no puede suponer la imposición de una carga excesiva al empresario, motivo por el que el empresario no está obligado a contratar, mantener o ascender a un trabajador que no es competente, o no esté capacitado o en disposición de desempeñar las tareas más fundamentales de su puesto.
  • Por lo expuesto, el TS considera que el presente caso no constituye un supuesto de nulidad contemplado en la jurisprudencia europea ya que, si bien pudiera considerarse a la trabajadora como "discapacitada" a efectos de la normativa europea, la empresa ha tratado en múltiples ocasiones de adaptar el puesto a las limitaciones de ésta, modificando su trabajo de tal forma que desde el aquel atraco nunca más volvió a estar en la caja.
  • Por todo ello, el Tribunal considera que no puede considerarse el despido de carácter discriminatorio, ya que la empresa ha tratado de readaptar el puesto de la trabajadora.

Conclusión Lex@:

Según el Tribunal Supremo, el despido de un trabajador con discapacidad no es nulo de por sí, sino que, además, requiere que la empresa no haya tratado de adaptar el puesto del trabajador a sus limitaciones, o que el intento haya sido insuficiente, motivo por el que considera, que en este caso, no puede calificarse el despido de nulo, ya que la empresa sí trató en diversas ocasiones de adaptar el puesto de la trabajadora.

El Tribunal Supremo condena por publicidad engañosa a una sociedad que ofrecía hipotecas “sin avales” y sin tener contrato laboral fijo 2018-06-26
La Sala Primera entiende que se ha vulnerado la normativa general sobre publicidad y la específica sobre publicidad financiera

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ausbanc Consumo contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que había descartado que un anuncio de la entidad de intermediación financiera Credit Services S.A. integrara un supuesto de publicidad ilícita.

El anuncio en cuestión, publicado en prensa escrita, contenía el nombre comercial de la entidad y tres referencias (“Hipoteca 100% Sin avales.- Sin estar fijo”, “Préstamos personales. Rápidos. Casi sin papeleo” y “Reunificación de deudas. Hasta 50% de ahorro mensual”), seguidas de la dirección y del teléfono de la empresa, que aparecía en caracteres destacados.

La Audiencia había considerado que el carácter esquemático del anuncio y la falta de información concreta sobre los productos ofertados lo hacían inhábil para inducir a error o modificar el comportamiento económico del consumidor. Sin embargo, la Sala Primera entiende que se ha vulnerado la normativa general sobre publicidad y la específica sobre publicidad financiera.

El Tribunal Supremo condena a penas de entre cinco y seis años de cárcel a cuatro abogados y gestores del 'caso Golfinger' de Marbella por eludir impuestos2018-06-26
La sentencia constata que los procesados evitaron pagar 11,2 millones de euros del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2006 y 2007, correspondiente a la venta de 72 apartamentos de lujo en Marbella

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado a penas de entre 5 años y 2 meses de prisión y 6 años y 8 meses a dos abogados, un administrador y un promotor por el denominado ‘caso Goldfinger’, al constatar que evitaron pagar 11,2 millones de euros del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2006 y 2007, correspondiente a la venta de 72 apartamentos de lujo en Marbella construidos en unos terrenos que incluían la parcela donde había estado una mansión de Sean Connery. Asimismo, los cuatro tendrán que pagar cada uno una multa de 44 millones de euros por los delitos fiscales de los que son autores, e indemnizar conjuntamente a Hacienda en la cuota defraudada de 11,2 millones de euros.

El Supremo estima parcialmente el recurso de los cuatro condenados -los abogados Héctor J.D.B. y Luis J., el administrador Norberto P. y el promotor Ramón A.- y les absuelve de uno de los tres delitos contra la Hacienda Pública por los que fueron condenados por la Audiencia de Málaga, lo que supone una reducción de cada una de sus condenas en 2 años y 7 meses.

El tribunal mantiene las condenas por los delitos fiscales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007, pero absuelve por el de 2005, al considerar que está acreditado que la compra real del terreno en el año 2001 superó los 14 millones de euros y no fue por tanto de 1.187.479 euros. Al reducirse la base imponible correspondiente a la liquidación tributaria de ese año arroja un saldo negativo, con lo que procede absolver de ese primer delito, explica la Sala. Ello afecta también a la multa que deberán pagar cada uno de ellos, que pasa de 63 millones a 44 millones de euros (el cuádruple de la cuota defraudada) así como a la indemnización que deberán abonar a Hacienda, que era de 15,9 millones y pasa a ser de 11,2 millones.

Asimismo, se confirma a Luis J. la condena por delito fiscal correspondiente a su IRPF, con lo que su pena se eleva a 6 años y 8 meses de cárcel, mientras que la de los otros tres es de 5 años y 2 meses (2 años y 7 meses por cada delito fiscal por el Impuesto de Sociedades). A un quinto acusado, Rafael Q., cómplice de los delitos fiscales, se le reduce la condena de 1 año y 6 meses de cárcel a 1 año como consecuencia de la absolución por el Impuesto de Sociedades de 2005.

La sentencia de la Audiencia de Málaga, en un aspecto que no fue recurrido por ninguna de las partes al Supremo, condenó a 1 año de cárcel al exalcalde de Marbella por delito contra la ordenación del territorio, y a penas de entre 9 meses y 1 año a otros seis exediles de Marbella por el mismo delito.

Por otro lado, el Supremo mantiene las absoluciones por delitos de fraude, malversación y cohecho, entre otros de Juan Antonio R., al rechazar los recursos de la Fiscalía y de la acusación en nombre del Ayuntamiento de Marbella.

Los hechos probados de la sentencia señalaban que el proyecto de urbanización, denominado ‘Malibú’, no se ajustaba a la normativa y al Plan General de Ordenación Urbana vigente, entre otras cosas por exceder la edificabilidad permitida, pero la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella concedió la licencia de obras para construir los 72 apartamentos y sus garajes.

En cuanto a las defraudaciones fiscales que dan lugar a las condenas, el Supremo explica que el núcleo consistió en que los gestores, representantes y titulares de la empresa que construyó y vendió el complejo urbanístico ‘Malibú’, con el fin de evitar pagar el Impuesto de Sociedades correspondiente a la venta de los 72 apartamentos de lujo (cada uno valía alrededor de 1.500.000 euros de media), realizaron dos operaciones simuladas: una de compra de acciones de la entidad vendedora del terreno por una suma de 40 millones de euros, y otra de compraventa de futuro de acciones de Google por un importe de 35 millones de euros.

Con esas operaciones pretendían justificar unas pérdidas societarias ficticias por 75 millones de euros, que trasladaron a los ejercicios fiscales de los años 2005, 2006 y 2007. Con lo cual evitaron pagar más de quince millones de euros en concepto de Impuesto de Sociedades.

En la sentencia de casación, sin embargo, se absuelve del primer delito fiscal (año 2005) porque se considera acreditado que la compra real del terreno en el año 2001 superó los 14 millones de euros y no fue por tanto de 1.187.479 euros. Al reducir la base imponible correspondiente a la liquidación tributaria de ese año arroja un saldo negativo, con lo que procede absolver de ese primer delito. No así de los otros dos.

Según el Abogado General Wathelet, las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten a un Estado miembro denegar o revocar el estatuto de refugiado son compatibles con el Derecho de la Unión2018-06-25

Dado que la decisión de denegar o revocar el estatuto de refugiado no afecta a la condición de refugiado, un Estado miembro está obligado a garantizar al refugiado de que se trate el respeto de los derechos que le confiere la Convención de Ginebra

Asunto C-77/17

X, nacional de Costa de Marfil, solicitó asilo en Bélgica. Al haber sido condenado por diversos delitos particularmente graves antes de presentar su solicitud de asilo, las autoridades belgas consideraron que constituía un peligro para la sociedad y le denegaron la concesión del estatuto de refugiado. Esta decisión se adoptó en virtud de la normativa belga que traspone la Directiva de la Unión sobre los refugiados, 1 la cual permite a un Estado miembro denegar la concesión del estatuto de refugiado o revocar dicho estatuto cuando el interesado representa una amenaza para la seguridad o, al haber sido condenado mediante sentencia firme por un delito de especial gravedad, para la sociedad de ese Estado miembro. X interpuso recurso contra esta decisión ante el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería, Bélgica).

Asunto C-78/18

X, nacional de la República Democrática del Congo, obtuvo el reconocimiento de la condición de refugiado en Bélgica. Posteriormente fue condenado a una pena privativa de libertad por haber cometido delitos de especial gravedad. Al considerar que constituía un peligro para la sociedad, las autoridades nacionales le retiraron el estatuto de refugiado. X interpuso recurso contra esta decisión ante el Conseil du contentieux des étrangers.

Asunto C-391/16

La República Checa reconoció la condición de refugiado a M, individuo de origen checheno. M había sido condenado a una pena privativa de libertad en dicho Estado antes incluso de que se produjera dicho reconocimiento. Tras haber sido reconocido como refugiado en la República Checa, fue condenado de nuevo por un delito de especial gravedad. Al representar por esta razón un peligro para la seguridad de este Estado miembro y de sus ciudadanos, se le revocó el estatuto de refugiado en virtud de la ley checa que aplica la Directiva sobre los refugiados. M interpuso recurso contencioso-administrativo contra esta decisión ante los tribunales checos. Al ver desestimadas sus pretensiones, interpuso recurso de casación ante el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, República Checa).

En estos tres asuntos, el Conseil du contentieux des étrangers y el Nejvyšší správní soud han remitido al Tribunal de Justicia cuestiones prejudiciales. En esencia, estos órganos jurisdiccionales piden al Tribunal de Justicia que dilucide si las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten a los Estados miembros denegar o revocar el estatuto de refugiado incumplen la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados 2 (en lo sucesivo, «Convención de Ginebra») y, en consecuencia, son inválidas a la luz de las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y del TFUE en virtud de las cuales la política común de asilo debe respetar esa Convención.

En sus conclusiones leídas hoy, el Abogado General Melchior Wathelet observa, para empezar, que las circunstancias en las que un Estado miembro puede denegar o revocar el estatuto de refugiado en virtud de esta Directiva corresponden a las circunstancias en las que la Convención de Ginebra autoriza la devolución de un refugiado. Sin embargo, el Abogado General recuerda que las obligaciones de los Estados miembros en materia de protección de los derechos fundamentales neutralizan en gran medida su facultad de devolver a un refugiado. Cuando un refugiado no pueda ser devuelto a pesar de constituir  una amenaza para la seguridad o la sociedad del Estado miembro de refugio, dicho Estado miembro dispone no obstante, en virtud de la Directiva sobre los refugiados, de la posibilidad de privarle de su estatuto de refugiado.

 

A continuación el Abogado General subraya que la denegación o la revocación del estatuto de refugiado no tienen como consecuencia privar a la persona de que se trate de la condición de refugiado. Según el Abogado General, del texto, de los objetivos y de la estructura general de esta Directiva se desprende que la condición de refugiado, por un lado, y el estatuto de refugiado, por otro, constituyen dos conceptos distintos. La condición de refugiado se deriva del mero hecho de que una persona cumpla los requisitos para ser considerado como tal, con independencia de cualquier reconocimiento por parte de un Estado miembro. Así, una persona sigue teniendo esta condición mientras cumpla esos requisitos. En cambio, el estatuto de refugiado, en el sentido de las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten su denegación o revocación, designa el goce de los derechos que emanan en principio del reconocimiento de la condición de refugiado con arreglo a dicha Directiva. El Abogado General observa que algunos de estos derechos (como el derecho a un permiso de residencia, al reconocimiento de las cualificaciones y a la asistencia sanitaria) no tienen equivalente en la Convención de Ginebra y que ésta únicamente garantiza otros derechos (como los de acceso al empleo, a la vivienda y a la asistencia social) a los refugiados que residen legalmente en el país de refugio.

En consecuencia, el Abogado General considera que la denegación o la revocación del estatuto de refugiado supone que el interesado no goza de los derechos previstos por la Directiva sobre los refugiados, o deja de hacerlo, a pesar de lo cual conserva la condición de refugiado y todos los derechos que la Convención de Ginebra garantiza a cualquier refugiado con independencia de la legalidad de su residencia (como los derechos a la no discriminación, al acceso a los tribunales y a la educación pública y a la protección contra la expulsión). Además, la denegación de la concesión del estatuto de refugiado no exime al Estado miembro de que se trate de su obligación de examinar la solicitud de asilo que se le ha presentado, y de reconocer, en su caso, la condición de refugiado del solicitante al finalizar dicho examen.

El Abogado General concluye a partir de ello que las disposiciones de la Directiva sobre los refugiados que permiten a un Estado miembro denegar o revocar el estatuto de refugiado no incumplen la Convención de Ginebra, por lo que son compatibles con las disposiciones del TFUE y de la Carta.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El Pleno del Senado aprueba con modificaciones los PGE 20182018-06-25

Esta semana, el Pleno de la Cámara Baja daba luz verde a una Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, en la que se reclama un cambio urgente de políticas de la Unión Europea en materia de migración. Por otro lado, sus señorías rechazaron el paquete de medidas contra la Precariedad Laboral que había llevado al Congreso el Grupo Parlamentario Ciudadanos en forma de Proposición de Ley.

Durante la sesión de control al gobierno, la ministra de Hacienda aseguró que se llevará a cabo un análisis general de la aplicación del IVA, y que, concretamente, se estudiará la rebaja del IVA cultural y de los productos de higiene femenina. Por su parte, la ministra de Trabajo anunció que su Gobierno llevará a cabo "actuaciones urgentes" para revertir la Reforma Laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores en el que prime el diálogo social y el consenso.

En cuanto al trabajo de las comisiones, cabe destacar la comparecencia del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en el seno de la Comisión de Justicia, donde informó, entre otros temas, sobre el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial que comenzará "en semanas".

En relación a la Cámara Baja, el Pleno del Senado aprobó con modificaciones, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que, de este modo, queda pendiente de aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados.

Por otro lado, el martes, 19 de junio, durante la sesión de control al Gobierno, el presidente del Gobierno confirmó su intención de hacer mejoras en la financiación de todas las Comunidades Autónomas. Además, con motivo de una pregunta del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana sobre las energías renovables, la ministra de Transición Energética se comprometió a recuperar un marco regulatorio "que otorgue confianza a los inversores".

A continuación, les resumimos la actividad parlamentaria más destacada, desarrollada durante la semana del

18 al 22 de junio.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Pleno del Congreso, celebrado los días 19 y 20 de junio, dio el visto bueno a una Proposición no de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se insta al Gobierno a modificar las políticas comunitarias sobre el control migratorio en el Mediterráneo. El texto, aprobado con el voto a favor de 213 de sus señorías y 127 abstenciones, plantea generar unas políticas de choque que permitan una mejor gestión de la crisis del Mediterráneo, y urge a la UE a que dé una respuesta adecuada, duradera y eficaz para evitar el aumento del número de víctimas en el Mediterráneo Central.

Por otro lado, la Cámara Baja rechazó, con amplia mayoría, la tramitación de la Proposición de Ley, impulsada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, contra la Precariedad Laboral, que buscaba unificar todos los contratos en un único contrato indefinido.

El miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, la ministra de Hacienda, María José Montero, aseguró que estudiará la posible rebaja del IVA cultural y de los productos de higiene femenina, en respuesta a la pregunta del diputado de ERC, Joan Capdevila, sobre si el Ejecutivo "tiene previsto aplicar un tipo reducido de IVA a algún nuevo producto o servicio". No obstante, Montero subrayó que esta posibilidad tendrá que ser abordada "en su totalidad" en un análisis general de la aplicación del IVA, que actualmente se va a analizar en el marco de la Unión Europea.

Por su parte, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio anunció que el Gobierno llevará a cabo "actuaciones de urgencia" para restablecer el equilibrio de la relaciones laborales en España, en respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Popular sobre qué aspectos de la reforma laboral piensa "retocar el Gobierno". La ministra subrayó que su compromiso es eliminar "los aspectos más dañinos de la reforma laboral" y trabajar por un nuevo Estatuto de los Trabajadores "para el siglo XXI".

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

El martes, 19 de junio, la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, dio luz verde, entre otras, a una Proposición no de Ley, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular y aprobada por unanimidad, sobre los apoyos públicos a las personas con discapacidad auditiva. Asimismo, sus señorías aprobaron otra proposición del mismo grupo también por unanimidad, relativa a la promoción de la lengua de signos en el sistema educativo.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

También el martes, a las 11.30 horas, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobó con enmiendas el dictamen sobre la Comunicación Anual 2018 sobre el Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021; así como del Informe Anual de Evaluación 2016.

Comisión de Justicia

El miércoles, 20 de junio, el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, compareció  en la Comisión de Justicia para dar cuenta de los datos de la Justicia española de la última memoria de 2016 y también del año pasado. Durante su intervención, Lesmes anunció que el proceso para renovar a los 20 vocales del CGPJ empezará "en unas semanas", eligiendo también un nuevo presidente para el organismo. Además, instó a los miembros de la comisión a acometer "una gran reforma organizativa de la administración de Justicia", debido a la situación de "colapso" en la que se encuentran muchos órganos judiciales, con un 60 % de juzgados sobrecargados.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Ese mismo día, a las 16.00 horas, la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente contó con la intervención de Leonor Saiz Amorós, representante de Food Defense y Directora corporativa de relaciones institucionales de Embutidos Martínez S.A, quien presentó a la Comisión la propuesta legislativa sobre "Food Defense". También participó Eva Hernández, Responsable del Programa de Aguas y Alimento de WWF, que habló sobre los costes de los servicios del agua. Por otro lado, Pascual Fernández Martínez, Decano-Presidente del Colegio de Economistas, mostró su punto de vista sobre la racionalización en la gestión de los recursos. Finalmente, Miguel Huerta Dana, Secretario General de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE), expuso su punto de vista sobre aquellos temas de los que es experto. 

Comisión de Cultura

El jueves, 21 de junio, la Comisión de Cultura se reunía para debatir el informe elaborado en el seno de la subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista, que, finalmente, fue aprobado por unanimidad. El documento, que ahora deberá ser ratificado en el Pleno, plantea, entre sus principales propuestas, la necesidad de modificar hasta tres leyes, la de IRPF, la de Autónomos y la de Enjuiciamiento Civil, para adaptar la normativa española a la realidad de la profesión cultura.

SENADO

Pleno

El Pleno del Senado, reunido los días 18 y 19 de junio, aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Por lo tanto, queda pendiente de aprobación definitiva por parte de la Cámara Baja.

Durante la sesión de control, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se sometía por primera vez al control Parlamentario del Senado, respondió a la senadora María del Mar del Pino Julio Reyes sobre los plazos del Ejecutivo para los compromisos de la agenda canaria, asegurando que no hay "tiempo material" en esta legislatura para poder reformar en su conjunto el sistema de financiación autonómica, aunque el Gobierno tiene la intención de hacer mejoras de la financiación de todas las comunidades.

Además, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió a recuperar un marco regulatorio "que otorgue confianza a los inversores" y anticipe cómo hacer el proceso de la transición energética, ante la pregunta del senador por Esquerra Republicana, Miquel Ángel Estradé, sobre las previsión del Gobierno  para revertir todos los recortes y obstáculos establecidos a las energías renovables.

Finalmente, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tras ser preguntada sobre las medidas concretas que el Ejecutivo piensa adoptar ante el aumento de los delitos de odio hacia las personas con discapacidad, aseguró que uno de los compromisos del Gobierno es "avanzar" hacia un modelo de convivencia "que logre eliminar todas las barreras que dificultan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos en igualdad de condiciones", mediante la aplicación de una política dialogada con diferentes agentes que ponga en marcha acciones y programas de formación y sensibilización, así como la aplicación efectivas de las leyes.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

Por último, la Ponencia de estudio sobre el desperdicio alimentario en el Estado español se reunió el pasado miércoles, 20 de junio, para llevar a cabo el debate sobre el informe de la Ponencia.

La Audiencia de Navarra decreta la prórroga de la prisión provisional, eludible bajo fianza de 6.000 euros, para los cinco condenados a 9 años de prisión por abuso sexual en los Sanfermines de 20162018-06-25
Los magistrados consideran que el riesgo de fuga puede conjurarse con otras medidas menos gravosas que la prisión provisional. El tribunal descarta el riesgo de reiteración delictiva debido a que la repercusión del caso y la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social que permiten cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo. Uno de los tres jueces ha emitido un voto particular discrepante que aboga por la prórroga de la prisión provisional incondicional hasta los 4 años y 6 meses, la mitad de la condena

Autor:Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decretado la prórroga, eludible bajo fianza de 6.000 euros, de la prisión provisional establecida para los cinco condenados el pasado abril a 9 años de prisión por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento por una violación perpetrada el 7 de julio de 2016 en Pamplona.

Entre otras medidas cautelares, además del depósito de la mencionada fianza, el tribunal impone a los condenados la obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia su localidad de residencia, la prohibición de acceder a la Comunidad de Madrid –lugar de residencia de la denunciante–, la prohibición de comunicación con la víctima por cualquier medio o procedimiento, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial, la designación de un domicilio donde puedan ser hallados, así como un teléfono de contacto, con la advertencia expresa de que en el caso de no ser localizados en esos domicilios de inmediato se expedirá la correspondiente requisitoria (orden de busca y captura).

El auto, contra el que puede interponerse recurso de súplica ante el mismo tribunal, cuenta con un voto particular discrepante, emitido por el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, José Francisco Cobo, quien aboga por la prórroga de la prisión provisional incondicional hasta la mitad de la pena impuesta, esto es, 4 años y 6 meses.

Los magistrados Ricardo González, ponente, y Raquel Fernandino, explican que, en virtud de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tras realizar la pertinente ponderación de los intereses en juego y teniendo siempre presente la preeminencia que debe otorgarse al derecho a la libertad personal, la pretensión de las acusaciones de prorrogar la prisión provisional de los condenados en primera instancia hasta la mitad de la pena impuesta en sentencia de forma incondicional incurre en un automatismo del que se debe huir.

“Así, en primer lugar, entendemos que para valorar la situación actual ya no cabe retomar las razones que fundamentaron en un primer momento la adopción como medida cautelar de la prisión provisional, entre las que se indicaba la posibilidad de imponer a los acusados unas penas de 80 años de prisión; como tampoco las que sirvieron para desestimar los diferentes recursos que contra el auto de prisión o de denegación de la solicitud de libertad provisional se interpusieron”, apunta la Sección Segunda.

Una condena grave no resulta suficiente para la prisión provisional

Tras la sentencia condenatoria a 9 años de prisión, apostilla la sala, “se ha producido, por tanto, una más que notable reducción de las penas solicitadas por las acusaciones y que éstas pretenden minimizar mediante un planteamiento en el que subyace la idea de que la sentencia condenatoria por un delito grave y con una pena grave, como es el caso, resulta suficiente, por sí sola, para justificar la prórroga de la prisión provisional, cuando, según la doctrina constitucional anteriormente expuesta, esta no legitima el automatismo con el que frecuentemente se aplica o pretende aplicarse el precepto en cuestión”, razonan los magistrados.

En cualquier caso, prosiguen los jueces, para resolver cualquier duda o incertidumbre al respecto siempre se atienen a “dos reglas de oro: los principios favor libertatis y el in dubio pro reo.

Según el tribunal, en relación al riesgo de fuga, que durante la instrucción de la causa se vinculaba a las altas penas solicitadas y a la inminencia de la celebración del juicio oral, estas razones han perdido notablemente la fuerza que, en su día, pudieron tener.

“En tal sentido, no habiéndose cuestionado durante todo el procedimiento el arraigo familiar y social de todos los condenados, no cabe ahora, por razón de haya recaído sentencia condenatoria, negárselo; como tampoco cabe seguir invocando el riesgo de fuga como un riesgo genérico y no concreto (derivado de circunstancias concretas y determinadas) que las partes acusadoras no han tratado siquiera de reseñar, sin que de las alegaciones que sobre este particular han expuesto pueda inferirse racionalmente tal riesgo de fuga; riesgo que, aun estando siempre latente, no cabe inferir en este caso como una posibilidad real y concreta, y que, en todo caso, puede conjurarse más que razonablemente con otras medidas cautelares menos gravosas para la libertad”, zanja el tribunal.

En cuanto al riesgo de reiteración delictiva que se pretende justificar por las acusaciones por el hecho de que cuatro de los cinco procesados, ahora condenados, se encuentran incursos en otra causa penal por hechos análogos a los que han motivado su condena y que se están investigando ante un Juzgado de Pozoblanco, el tribunal destaca, de entrada, que tal planteamiento excluye del referido riesgo a Ángel Boza Florido, quien no está inmerso en esa investigación.

La Audiencia de Navarra asegura desconocer cuál es la situación en que se encuentra la instrucción de la referida causa de Pozoblanco, más allá de que se inició en el mes de octubre de 2016. “Se trata por tanto de hechos sub iudice, que aún continúan en fase de investigación por razones que se desconocen y que ninguna de las acusaciones ha podido esclarecer.

La pérdida del anonimato de los condenados “hace poco menos que impensable” el riesgo de reiteración delictiva

“Por otra parte, según la Audiencia, ninguno de los acusados ahora condenados cuenta con antecedentes penales por delitos de naturaleza análoga o similar a aquel por el que vienen condenados y no puede desconocerse tampoco que la repercusión que ha tenido este caso y la presión que ha desatado han alimentado un rechazo social de tal magnitud respecto de los cinco acusados que ello permite cuestionar fundadamente ese hipotético riesgo de reiteración delictiva que, respecto de cuatro de ellos, se presume por las acusaciones, pues lo que todo ello hace presumir, en buena lógica, no son sino extraordinarias dificultades para que puedan desarrollar una vida social normalizada en libertad una vez regresen a su entorno familiar y social; todo ello, junto con la pérdida de su anonimato a que anteriormente hemos hecho referencia, hace poco menos que impensable el referido riesgo de reiteración delictiva”, destaca la Audiencia.

El tribunal resalta también que los acusados tienen sus domicilios a más de 500 kilómetros del lugar en que reside la víctima y que garantizar su tranquilidad y su sosiego es algo que puede procurarse mediante la adopción de medidas menos gravosas que la prolongación de la situación de prisión provisional.

Y, respecto a la alegación de que “la ocultación de la perpetración de otros hechos presuntamente delictivos, que posteriormente fueron averiguados por los policías encargados de la investigación”, permita “presumir la existencia del riesgo de acceder por sí, o a través de terceros a las fuentes de prueba o influir sobre otros investigados”, el tribunal considera que es algo que ciertamente carece de todo fundamento si se considera que tales supuestos hechos delictivos habrían de haberse cometido necesariamente con anterioridad a su ingreso en prisión, situación en la que están próximos a cumplir dos años, “tiempo más que suficiente para que se hayan realizado las investigaciones necesarias y asegurado las pruebas que las sustenten si es que esto ha sucedido, pues nada se acredita al respecto por ninguna de las acusaciones”.

El voto particular destaca que las medidas cautelares impuestas no conjuran eficazmente el riesgo de fuga

El auto cuenta con el voto particular discrepante del presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, José Francisco Cobo, ponente además de la sentencia condenatoria a 9 años de prisión.

Según este magistrado, “teniendo en cuenta las características y gravedad del delito por el que han sido condenados los acusados, y ponderando las circunstancias del caso y las personales de dichos procesados, se revela como razonable y proporcionado” la prórroga por plazo de dos años y seis meses, a contar desde el día 7 de julio próximo, de la medida de prisión provisional con el carácter incondicional.

Para este juez, “es indiscutible la gravedad de delito, expresada en el contenido de la pena impuesta”, la afectación a bienes jurídicos especialmente relevantes como lo es en este caso la libertad e indemnidad sexual, en el marco en que se produjeron los hechos delictuales por los que se estableció la condena.

Así, respecto a los datos que pueden evaluarse, en función de lo actuado sobre la estabilidad domiciliaria de los procesados, su disponibilidad de medios para poder desarrollar su vida, su integración en su contexto familiar y convivencial extenso, no permiten, a juicio del magistrado, “conjurar eficazmente el riesgo de que los procesados se sustraigan a la acción de la justicia y las medidas a tal efecto propuestas en la decisión mayoritaria”.

Para el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia, “en conclusión, por todo lo expuesto, entiendo que resultaba procedente acordar como así se hace en la decisión mayoritaria, la prórroga de la prisión provisional, pero configurada por las razones expuestas de modo incondicional”.