La Audiencia de La Rioja condena entre 7 y 10 años de prisión a los Guardias Civiles que robaron un alijo de droga2018-06-21
El tribunal impone la mayor condena al único acusado que no confesó los hechos. Al resto les rebaja la pena 3 años

Autor: Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial ha impuesto la pena de 7 años y 1 mes de prisión y multas que suman 593.803,70 euros a tres Guardias Civiles, dos empresarios y un guarda de seguridad acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, robo con violencia con uso de armas y de un delito leve de lesiones.

Todos ellos, al inicio del juicio, se confesaron autores de los hechos y la Fiscalía acordó de conformidad rebajarles la pena de 10 años y 6 meses de cárcel a 7 años y 1 mes.

Sólo uno de los acusados, otro Guardia Civil, no admitió los hechos, por lo que el Tribunal que considera probado la actuación criminal de todos los acusados, le impone la pena de 10 años y 6 meses de cárcel y multas que ascienden a 594.903,70 euros por los delitos antes mencionados. En la sentencia se indica a este acusado que puede recurrir el fallo ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. El resto de acusados renunció al recurso al tratarse de una sentencia de conformidad.

El Tribunal considera probado que los acusados, con el fin de obtener una gran cantidad de hachís procedente de Marruecos, entraron en contacto con un suministrador, al que siempre aseguraron que le comprarían la droga. “Sin embargo –especifica la sentencia- el grupo desde el inicio de los contactos tenían la intención de apoderarse del alijo de droga, siendo este hecho conocido por todos los integrantes del grupo”.

Por ello, los acusados idearon un plan para conseguir sus objetivos. A principios de septiembre de 2016, todos los integrantes viajaron en diferentes vehículos hasta la provincia de Málaga para reunirse con el suministrador de la droga. Una vez llegaron al punto de entrega acordado y cuando se estaba haciendo la transacción entre uno de los acusados y tres suministradores, el resto de acusado se bajaron sorpresivamente de una furgoneta con armas simulando una operación de la Guardia Civil. Los suministradores se mostraron colaboradores al entender que se trataba de una operación real de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los acusados “con el ánimo de amedrentarlos y evitar resistencia”, golpearon a dos de los suministradores y les maniataron con bridas. Un tercero logró escapar.

Poco después, los acusados abandonaron el lugar. Cuando circulaban por la A-45 dirección Madrid decidieron parar en un área de descanso donde fueron interceptados por agentes de la UDYCO, que consiguió detener a cinco, uno pudo huir pero fue detenido más tarde en León y el séptimo días después en Jaén. El alijo incautado fue de 97.653 gramos de hachís con un valor en el mercado ilícito de 592.753,71 euros.

Acceso a pruebas electrónicas transfronterizas2018-06-21

El Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, celebra el próximo jueves 28 de junio un evento en el Parlamento Europeo, en colaboración con la eurodiputada Birgit Sippel, miembro de la Comisión de Libertades civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), y que abordará el tema de la prueba electrónica y, en particular, sobre la propuesta de Reglamento de la Comisión  Europea sobre Órdenes Europeas de Producción y Preservación de pruebas electrónicas en materia penal.

El evento se centra en la mejora en el acceso a pruebas electrónicas transfronterizas, y si este acceso cuenta con suficientes garantías procesales y diligencia debida. Los participantes se beneficiarán de una variedad de puntos de vista expresados por una representación transversal de las partes interesadas. : Expertos de CCBE (abogados en el campo del Derecho TIC y Derecho Penal), eurodiputados, funcionarios de las instituciones europeas, etc.

El 11 de junio de 2018, la Comisión LIBE del Parlamento Europeo debatió la propuesta de Reglamento sobre las órdenes europeas de producción y conservación de pruebas electrónicas en materia penal. Durante esta reunión del Comité LIBE, el Comisario europeo para la Unión de la Seguridad, Julian King, subrayó  que el proceso para obtener acceso a los datos sigue siendo difícil y se dilata en el tiempo, especialmente en los casos transfronterizos.

Así, la propuesta de Reglamento proporcionará nuevas herramientas para facilitar el acceso a pruebas electrónicas con fines de investigación o enjuiciamiento, establecerá la posibilidad de que las autoridades judiciales soliciten directamente a los proveedores de servicios en otra jurisdicción que proporcionen datos dentro de un período específico (10 días en casos estándar); y, las autoridades pertinentes también podrían solicitar a los proveedores de servicios que conserven datos a los fines de procedimientos penales.

Requisitos para la condena en costas a la acusación particular2018-06-21

En fecha 11 de abril de 2018, la Sala II del Tribunal Supremo dictaba una Sentencia en la que ha sido Ponente Dña. Ana María Ferrer García por la que se establecen los requisitos que deben concurrir para que la acusación pueda ser condena al pago de las costas de la defensa cuando hay un pronunciamiento absolutorio.

Sergio Nuño Díez de la Lastra Martínez,
abogado penalista especialista en Derecho Procesal-Penal por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos.

El recurso de casación giraba en torno a la petición expresa realizada por la defensa en las conclusiones definitivas, donde además de solicitar una sentencia absolutoria, se solicitaba expresamente la condena en costas a la acusación particular, siendo atendida dicha pretensión por el Tribunal enjuiciador en sentencia.

La meritada sentencia dictada por el Tribunal Supremo afirma que para que la condena en costas a la acusación particular pueda ser estimada por el Tribunal, deben concurrir inicialmente dos requisitos procesales impuestos a la parte solicitante y un tercero que debe apreciar el Tribunal:

1. La condena en costas debe ser solicitada en el escrito de conclusiones provisionales o escrito de defensa.

2. La solicitud debe ser ratificada en las conclusiones definitivas por la defensa.

3. El Tribunal sentenciador debe apreciar una actuación temeraria o de mala fe en la acusación particular.

La meritada resolución razona que en relación al régimen de imposición de costas en el proceso penal, en los casos en que la condena a su abono se engarce con una actuación temeraria o de mala fe por parte de quien ha ejercitado la acción penal, la misma ha de ser introducida en el debate procesal en momento hábil, por imperativo del principio de rogación (SSTS, entre otras, 1845/2000 de 5 de diciembre, STS 1571/2003 de 25 de noviembre, 36/2006 de 25 de enero, 863/2014 de 11 de diciembre, 410/2016 de 12 de mayo, 682/2016 de 26 de julio o 522/2017 de 6 de julio).

Abandonada ya la concepción de las costas como sanción a favor de su carácter resarcitorio, y entendidas como compensación indemnizatoria por los gastos que se ha visto obligada a soportar la parte a quien el derecho ampara, su imposición queda sometida al principio dispositivo. Y solo si la pretensión se ha introducido en momento hábil, entendido como el último temporalmente idóneo el de la formulación de las conclusiones definitivas, goza la parte que pudiera verse afectada por esa petición de la posibilidad de instrumentalizar la defensa que estime oportuna en relación a la misma.

La resolución relaciona la necesidad de introducir la solicitud de condena en costas en las conclusiones provisionales con la posibilidad de que la parte afectada por la petición pueda organizar su defensa también respecto de esa cuestión y no generar con ello una posible indefensión al introducir nuevas cuestiones que varían los hechos ya conocidos y que fueron los tenidos en cuenta por las partes para la preparación del acto del juicio. Interpretación controvertida desde mi punto de vista, ya que la acusación en su papel de parte acusadora dentro del proceso nunca puede tener la consideración de defensa y por tanto, no podría sufrir indefensión. En todo caso, una vulneración del Derecho Fundamental a la Tutela Judicial Efectiva o de garantías del proceso como pudiese ser la igualdad de armas, pero esta cuestión bien merece otro artículo aparte.

Como plus a dicho formalismo impuesto a la parte que pretende solicitar la condena en costas a la parte acusadora en caso de absolución, se impone al Tribunal sentenciador la obligación de valorar y ponderar si la actuación llevar a cabo por la acusación supone contraria a la buena fe o pueda ser considerada como temeraria. Razona la citada sentencia en este sentido cuando afirma que además de las obligaciones impuestas a la parte solicitante, se requiere algo más: justificar que su actuación estaba inspirada por la mala fe, o desbordaba la mínima prudencia y mesura exigibles. Se entiende que sin un elemental fundamento, el ejercicio del derecho a constituirse en acusación se convierte en abuso con cuyas negativas consecuencias económicas no debe cargar el absuelto.

En palabras de la STS 847/2017 de 21 de diciembre, diferir la petición de condena en costas a la acusación al momento del informe, como forma de operar es inadecuada y no puede valorarse como el planteamiento válido de una pretensión dirigida al Tribunal. En primer lugar, porque las conclusiones provisionales y luego las definitivas son el lugar y momento oportunos para plantear pretensiones al Tribunal; en segundo lugar, porque conforme al artículo 737 de la LECrim, los informes de las partes se han de acomodar al contenido de sus conclusiones definitivas por lo que no es posible introducir en los informes nuevas conclusiones; y, en tercer lugar, porque, como consecuencia de lo anterior, el planteamiento de una pretensión en los informes finales implica que las partes que ya han intervenido carecen no solo de la oportunidad de proponer prueba sobre el particular, sino incluso, en ocasiones como la presente, de la posibilidad de contra argumentar y defenderse frente a la pretensión de la otra parte.

Por último, la resolución aclarar que el pronunciamiento de condena combatido vulneró el principio de rogación, y que la sentencia incurre en incongruencia al incluir pronunciamientos no pedidos por las partes legitimadas en exclusiva para hacerlo, que no pueden considerarse consecuencia legal inevitablemente anudada a alguna de sus pretensiones como sucede, por ejemplo, con las costas del condenado. La sentencia ha de resolver las cuestiones que hayan sido objeto de juicio (artículo 742 LECRIM). No puede extender sus pronunciamientos a cuestiones ni alegadas, ni debatidas, aunque pudieran haberlo sido. El diferente régimen material de costas en los procesos civil y penal arrastra también asimetrías en el tratamiento procesal.

Por tanto, si la petición no se realiza de forma expresa en el escrito de conclusiones provisionales, no se reitera en el momento de las conclusiones en el acto del juicio y además el Tribunal sentenciador no aprecia mala fe o temeridad en la actuación de la acusación particular, no se podrán imponer la condena en costas a la acusación particular aun habiendo sentencia absolutoria.

España, entre los países con menos reclamaciones y condenas en los tribunales europeos2018-06-20

En relación con su población, España figura entre los países con menos reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La ratio española de sentencias condenatorias del TEDH por habitante es similar a la de Alemania, Holanda o Reino Unido e inferior a la de Austria, Bélgica, Italia o Suiza. España está en la media europea en cuanto a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplimiento de los Tratados

España figura entre los países con menos reclamaciones y condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según los datos recogidos en el informe "España ante los tribunales de justicia europeos. Una visión a través de los datos estadísticos", que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha publicado hoy. 

El TEDH es un tribunal internacional competente para conocer de demandas individuales o estatales fundamentadas en violaciones de los derechos civiles y políticos enunciados en el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, que España firmó en 1977 y quedó ratificado el 26 de septiembre de 1979, una vez aprobado por las Cortes Generales. 

Las reclamaciones presentadas ante el TEDH se revisan para comprobar si incluyen toda la información necesaria y satisfacen los plazos legales. Superado ese filtro inicial, se asignan a una formación judicial, que puede ser un Comité (formado por tres jueces), una Cámara (7 jueces) o la Gran Cámara (17 jueces). A partir de ese momento, las reclamaciones pueden ser inadmitidas o resolverse mediante sentencia, a menudo tras ser acumuladas en un procedimiento. 

Entre 2014 y 2017, la media anual de reclamaciones con origen en España asignadas a una formación judicial fue de 622. Puesta en relación con la población del país, esa cifra arroja una ratio de 0,14 demandas asignadas por cada cien habitantes, muy inferior a la media del conjunto de los Estados firmantes del Convenio -0,64- y similar a la de Francia o Bélgica. 

Reclamaciones asignadas a una formación judicial en el TEDH (2014-2017) 

 

Reclamaciones asignadas a una formación judicial

Reclamaciones asignadas por cada 10.000 habitantes

 

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Albania

82

147

146

95

0,28

0,51

0,51

0,33

Alemania

1.026

789

676

586

0,13

0,10

0,08

0,07

Andorra

5

6

4

2

0,66

0,79

0,56

0,27

ARY de Macedonia

382

362

339

345

1,85

1,75

1,64

1,66

Armenia

156

122

753

356

0,52

0,40

2,51

1,19

Austria

315

261

236

228

0,37

0,30

0,27

0,26

Azerbaiyán

402

268

331

679

0,42

0,28

0,34

0,69

Bélgica

159

202

184

153

0,14

0,18

0,16

0,13

Bosnia-Herzegovina

667

908

1.030

866

1,74

2,37

2,93

2,47

Bulgaria

928

1.031

882

582

1,28

1,43

1,23

0,82

Chipre

55

32

33

31

0,64

0,38

0,39

0,36

Croacia

1.096

812

764

723

2,58

1,92

1,82

1,74

Dinamarca

66

44

47

58

0,12

0,08

0,08

0,10

Eslovenia

352

213

239

374

1,71

1,03

1,16

1,81

España

642

552

627

669

0,14

0,12

0,14

0,14

Estonia

187

190

206

156

1,42

1,45

1,57

1,19

Federación Rusa

8.913

6.003

5.587

7.957

0,62

0,42

0,39

0,55

Finlandia

185

177

196

181

0,34

0,32

0,36

0,33

Francia

1.142

1.087

916

887

0,17

0,16

0,14

0,13

Georgia

102

80

74

89

0,23

0,18

0,20

0,24

Grecia

585

457

337

422

0,54

0,42

0,31

0,39

Holanda

674

495

494

532

0,40

0,29

0,29

0,31

Hungría

2.403

4.234

5.568

1.952

2,43

4,30

5,66

1,99

Irlanda

33

18

26

54

0,07

0,04

0,06

0,11

Islandia

28

10

24

27

0,86

0,30

0,72

0,80

Italia

5.490

1.885

1.409

1.374

0,90

0,31

0,23

0,23

Letonia

298

244

255

275

1,49

1,23

1,30

1,41

Liechtenstein

12

13

10

9

3,24

3,51

2,63

2,37

Lituania

387

376

405

401

1,31

1,29

1,40

1,41

Luxemburgo

23

22

38

38

0,42

0,39

0,66

0,64

Malta

39

24

25

22

0,92

0,56

0,58

0,50

Mónaco

4

9

6

7

1,11

2,37

1,58

1,84

Montenegro

158

129

165

138

2,54

2,07

2,65

2,22

Noruega

141

73

90

123

0,28

0,14

0,17

0,23

Polonia

2.747

2.178

2.422

2.066

0,72

0,57

0,64

0,54

Portugal

252

233

152

197

0,24

0,22

0,15

0,19

Reino Unido

720

575

372

415

0,11

0,09

0,06

0,06

República Checa

370

340

338

385

0,35

0,32

0,32

0,36

República de Moldavia

1.101

1.011

834

758

3,09

2,84

2,35

2,13

República Eslovaca

324

353

309

425

0,60

0,65

0,57

0,78

Rumanía

4.425

4.604

8.192

6.509

2,22

2,32

4,15

3,31

San Marino

5

4

13

11

1,47

1,21

3,94

3,33

Serbia

2.786

1.235

1.330

1.431

3,90

1,74

1,88

2,03

Suecia

272

212

138

150

0,28

0,22

0,14

0,15

Suiza

304

318

258

266

0,37

0,39

0,31

0,32

Turquía

1.584

2.212

8.303

25.978

0,21

0,28

1,05

3,25

Ucrania

14.181

6.007

8.644

4.387

3,13

1,33

1,91

0,97

Total

56.208

40.557

53.427

63.369

0,68

0,49

0,65

0,76

En cuanto a las sentencias del TEDH en las que se declara que ha habido al menos alguna violación de los derechos enunciados en el Convenio, España también aparece entre los países con la ratio más baja en relación con su población, similar a la de Alemania, Holanda, Irlanda o Reino Unido e inferior a la de Estados como Austria, Bélgica, Italia, Portugal o Suiza. 

Sentencias dictadas por el TEDH (datos medios 2013-2017) 

 

2013-2017

 

Media de sentencias por año

Media de sentencias por año encontrando al menos una violación

Sentencias con al menos una violación por millón de habitantes

Albania

6,2

5,0

1,7

Alemania

12,8

4,6

0,1

Andorra

0,4

0,2

2,6

ARY de Macedonia

10,0

8,0

3,9

Armenia

8,2

7,4

2,5

Austria

12,8

8,0

0,9

Azerbaiyán

16,0

15,6

1,6

Bélgica

13,0

9,0

0,8

Bosnia-Herzegovina

6,0

5,2

1,5

Bulgaria

30,4

27,0

3,8

Chipre

2,6

2,2

2,6

Croacia

27,6

21,2

5,1

Dinamarca

1,4

0,2

0,0

Eslovenia

17,2

15,6

7,6

España

8,8

6,0

0,1

Estonia

4,8

3,4

2,6

Federación Rusa

181,4

173,0

2,4

Finlandia

5,0

2,8

0,5

Francia

24,0

16,4

0,2

Georgia

5,0

3,6

1,0

Grecia

44,2

40,4

3,8

Holanda

3,8

1,6

0,1

Hungría

40,2

38,2

3,9

Irlanda

1,0

0,6

0,1

Islandia

1,8

1,2

3,5

Italia

30,6

26,4

0,4

Letonia

13,2

10,6

5,4

Liechtenstein

0,8

0,6

15,9

Lituania

15,0

7,8

2,7

Luxemburgo

0,8

0,4

0,7

Malta

6,0

3,8

8,3

Mónaco

0,4

0,4

10,4

Montenegro

4,6

4,4

7,1

Noruega

2,6

1,2

0,2

Polonia

25,2

17,4

0,5

Portugal

16,2

14,4

1,4

Reino Unido

11,8

5,0

0,1

República Checa

7,0

3,0

0,3

República de Moldavia

20,2

17,6

5,0

República Eslovaca

13,2

12,6

2,3

Rumanía

82,8

71,0

3,6

San Marino

0,4

0,2

6,0

Serbia

21,2

19,4

2,8

Suecia

7,2

1,8

0,2

Suiza

12,2

5,8

0,7

Turquía

103,2

92,4

1.2

Ucrania

64,0

61,2

1.4

España y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

El ingreso en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986 conllevó la aplicación en España de los textos de los Tratados y la sujeción al papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que controla la legalidad de los actos de las instituciones de la UE, vela por que los Estados miembros respeten las obligaciones establecidas en los Tratados e interpreta el Derecho de la Unión a solicitud de los jueces nacionales. 

El siguiente cuadro detalla el número de recursos por incumplimiento de los Estados elevados al TJUE en los últimos cinco años y los pone en relación con la población de cada uno de los países. La ratio española es inferior a la del conjunto de la Unión y similar a la de países como Alemania, Italia, Holanda o Suecia. 

Recursos elevados al TJUE por incumplimiento de los Estados (2013-2017) 

 

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

Recursos por millón de habitantes

Bélgica

3

6

1

-

3

0,23

Bulgaria

3

2

1

-

2

0,23

Rep. Checa

-

1

2

2

2

0,13

Dinamarca

-

2

-

1

-

0,10

Alemania

4

2

4

7

2

0,05

Estonia

3

1

-

-

-

0,61

Irlanda

-

3

1

-

3

0,29

Grecia

4

7

4

7

2

0,45

España

1

2

3

1

4

0,05

Francia

2

3

1

-

2

0,02

Croacia

-

-

-

-

2

0,10

Italia

5

3

1

-

3

0,04

Chipre

1

1

-

-

-

0,47

Letonia

-

1

-

-

-

0,10

Lituania

-

-

-

-

-

0,00

Luxemburgo

1

2

2

3

-

2,71

Hungría

1

1

1

-

3

0,12

Malta

-

1

1

-

-

0,87

Holanda

1

1

1

-

1

0,05

Austria

1

2

2

1

-

0,14

Polonia

8

4

2

4

3

0,11

Portugal

2

5

4

-

3

0,27

Rumanía

2

-

3

1

1

0,07

Eslovenia

3

1

1

1

2

0,77

Eslovaquia

2

-

-

1

1

0,15

Finlandia

3

2

-

1

-

0,22

Suecia

1

1

-

-

-

0,04

Reino Unido

3

3

2

1

2

0,03

TOTAL

54

57

37

31

41

0,09

En cuanto al resultado de las sentencias dictadas por el TJUE en esos recursos por incumplimiento de los Estados, España -con 0,07 sentencias estimatorias por millón de habitantes- se sitúa en la media europea, que es de 0,06. 

Sentencias del TJUE en recursos por incumplimiento de los Estados 

 

Sentencias estimatorias

 

 

Estado miembro

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

Sentencias estimatorias por millón de habitantes 2013-2017

Bélgica

2

4

2

1

1

0,18

Bulgaria

-

1

2

1

1

0,14

República Checa

2

-

-

1

-

0,06

Dinamarca

1

1

1

-

-

0,10

Alemania

-

3

3

1

4

0,03

Estonia

-

-

-

-

-

0,00

Irlanda

3

-

-

-

1

0,17

Grecia

2

4

3

4

5

0,33

España

6

6

-

3

2

0,07

Francia

5

1

4

1

-

0,03

Croacia

-

-

-

-

-

0,00

Italia

7

6

2

1

-

0,05

Chipre

1

-

-

1

-

0,47

Letonia

-

-

1

-

-

0.10

Lituania

-

1

-

-

-

0,07

Luxemburgo

1

-

2

1

1

1,69

Hungría

1

2

-

1

1

0,10

Malta

-

-

-

-

-

0,00

Holanda

2

-

-

1

-

0,04

Austria

-

-

-

-

-

0,00

Polonia

4

4

3

2

-

0,07

Portugal

-

3

-

6

2

0,21

Rumanía

-

-

-

1

-

0,01

Eslovenia

1

-

1

-

1

0,29

Eslovaquia

1

-

-

-

-

0,04

Finlandia

-

-

-

-

-

0,00

Suecia

1

1

1

-

-

0,06

Reino Unido

-

4

1

1

1

0,02

TOTAL

40

41

26

27

20

0,06

El informe de la Sección de Estadística también detalla las cuestiones prejudiciales mediante las que los jueces nacionales se dirigen al TJUE para solicitar que éste precise una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión. 

Desde 1986, los jueces españoles han planteado un total de 460 cuestiones prejudiciales al TJUE, lo que representa el 5,3 por ciento de todas las presentadas ante el tribunal, un porcentaje que está por debajo del peso poblacional de España en la Unión Europea. 

En los últimos diez años, las materias por la que más veces han planteado los jueces españoles cuestión prejudicial son la de protección de consumidores (65) y política social (63). En cuanto a los órganos que en más ocasiones han elevado consultas al TJUE en ese mismo periodo (2008-2017), son el Tribunal Supremo (58), los Tribunales Superiores de Justicia (37), las Audiencias Provinciales (29) y los Juzgados de Primera Instancia (28).

¿Quiere leer la sentencia?

No toda la información que figura en el expediente de una autoridad de supervisión financiera es necesariamente confidencial2018-06-20

La información que pudo constituir secreto comercial pierde su carácter secreto, en general, cuando tiene cinco o más años de antigüedad

El Sr. Ewald Baumeister es uno de los inversores perjudicados por las actividades de la sociedad alemana Phoeni Kapitaldienst, cuyo modelo de negocio se basaba en un sistema fraudulento de tipo piramidal. Con ocasión de un procedimiento concursal incoado contra Phoenix en 2005, esta sociedad fue disuelta y se encuentra desde entonces en liquidación judicial.

El Sr. Baumeister solicitó a la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Oficina Federal de control de los servicios financieros) el acceso a determinados documentos relativos a Phoenix, como un informe de auditoría especial, informes de los auditores, documentos internos, informes y correspondencia recibidos o elaborados por esta Oficina en el marco de su actividad de supervisión de Phoenix. Al denegarle la Bundesanstalt el acceso a estos documentos, el Sr. Baumeister recurrió a los tribunales alemanes.

En estas circunstancias, el Bundesverwaltungsgericht (Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Alemania) pide al Tribunal de Justicia que precise el alcance de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros, [1] según la cual las autoridades competentes están sujetas al secreto profesional y, salvo en los supuestos taxativamente enumerados en la Directiva, no pueden divulgar la información confidencial que hayan recibido.

Mediante su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia declara, en primer lugar, que no toda la información relativa a la empresa supervisada que fue comunicada por esta a la autoridad competente, ni todas las declaraciones de dicha autoridad que figuren en el expediente de supervisión (incluida su correspondencia con otros servicios), constituye, incondicionalmente, información confidencial cubierta por la obligación de guardar el secreto profesional.

Esta calificación se aplica a la información que, en primer lugar, no tenga carácter público y cuya divulgación, en segundo lugar, pueda perjudicar los intereses de quien la haya proporcionado o de terceros o también el correcto funcionamiento del sistema de control de la actividad de las empresas de inversión establecido por la Directiva.

El Tribunal de Justicia precisa a continuación que la información que pudo constituir secreto comercial pierde su carácter secreto, en general, cuando tiene cinco o más años de antigüedad. Excepcionalmente, puede no suceder así cuando la parte que invoca el carácter secreto demuestra que, a pesar de su antigüedad, dicha información sigue constituyendo un elemento esencial de su posición en el mercado o de la de terceros afectados. El Tribunal de Justicia observa, sin embargo, que estas consideraciones no son válidas en lo que respecta a la información cuya confidencialidad pueda justificarse por razones distintas de su importancia para la posición en el mercado de las empresas implicadas, como la información relativa a la metodología y a las estrategias de supervisión financiera.

[1] Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO 2004, L 145, p. 1).

Por otro lado, el Tribunal de Justicia señala que la prohibición general de divulgar información confidencial establecida por la Directiva se refiere a la información que deba calificarse de confidencial al examinar la solicitud de divulgación, con independencia de la calificación que recibiera dicha información en el momento en que se comunicó a las autoridades competentes.

Finalmente, el Tribunal de Justicia destaca que los Estados miembros siguen teniendo la facultad de ampliar la protección contra la divulgación a la totalidad del contenido de los expedientes de supervisión de las autoridades competentes o, inversamente, de permitir el acceso a la información en poder de las autoridades competentes que no sea información confidencial en el sentido de la Directiva. En efecto, la Directiva tiene por único objeto obligar a las autoridades competentes a denegar, en principio, la divulgación de información confidencial.

En el presente asunto, corresponde al Bundesverwaltungsgericht comprobar si la información en poder de la Bundesanstalt cuya divulgación ha solicitado el Sr. Baumeister está cubierta por la obligación de secreto profesional que esta autoridad debe cumplir en virtud de la Directiva.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

¿Puede admitirse como prueba de la procedencia del despido la grabación obtenida por la cámara oculta instalada en un supermercado?2018-06-20

El Juzgado de lo Social nº 2 de Córdoba resuelve sobre el despido de una trabajadora de un hipermercado, determinando la inadmisibilidad de la prueba obtenida a través de las cámaras de seguridad, por entender que la misma vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la imagen o la protección de datos, y declarando por tanto el despido improcedente.

Supuesto de hecho:

  • Una trabajadora presta servicios como cajera de un hipermercado en un centro comercial desde el año 2005.
  • En noviembre de 2017 la trabajadora es despedida disciplinariamente tras ser grabada por la cámara oculta consumiendo un producto destinado a la venta del público, sin abonar su coste.
  • La trabajadora interpone demanda frente a la empresa, en fecha 4/1/2018, por despido improcedente.

Consideraciones Jurídicas:

  • La cuestión sobre la que debe resolver el Tribunal, es si la prueba de video aportada por la empresa es válida y, por lo tanto, el despido es procedente.
  • En primer lugar, el Tribunal recuerda que, si bien el empresario goza de un poder de dirección en virtud el cual puede tomar medidas de control de los empleados, este poder está limitado por derechos como la intimidad y la propia imagen, que constituyen derechos constitucionalmente protegidos, cuya restricción por parte del empresario debe observar estrictas garantías, de forma que no se produzca una vulneración de los mismos.
  • En esta línea, el Juzgado afirma que, para valorar la existencia, o no, de vulneración de derechos fundamentales, deben tenerse en cuenta una diversidad de circunstancias concurrentes en cada caso, como si la instalación se hace, o no, indiscriminada y masivamente, si los sistemas son visibles o han sido instalados subrepticiamente, la finalidad real perseguida con la instalación de tales sistemas, si existen razones de seguridad que justifiquen la implantación de tales medios de control, etc.
  • Añade que, además, el interés privado del empresario no puede justificar que el tratamiento de datos sea empleado en contra del trabajador sin una información previa sobre el control laboral puesto en práctica, ya que la propia Ley de Protección de Datos, exige que el trabajador sea informado del tratamiento de sus datos personales, tal y como recientemente ha venido afirmando la jurisprudencia europea.
  • En el caso concreto, el Juez afirma que la empresa llevó a cabo un seguimiento de la trabajadora durante varios días a través de una cámara fija orientada sobre la zona de trabajo sin que la trabajadora fuera informada o advertida, lo que supone una infracción del derecho fundamental de protección de datos en relación al derecho de información que establece el art. 5 LOPD, por lo que la prueba obtenida mediante la grabación no puede considerarse lícita. Y, es que, a juicio del Magistrado, en el presente caso se trataba de una cámara oculta.
  • Por ello, considera que no puede acreditarse la procedencia del despido disciplinario, en la medida en que la única prueba se ha obtenido de forma ilícita, vulnerando derechos fundamentales de la trabajadora y, por lo tanto, el despido debe ser considerado improcedente.

Conclusión Lex@:

El Juzgado considera que, en la medida en que la empresa realizó un seguimiento de la trabajadora, mediante las cámaras de seguridad del hipermercado, sin informar a la misma de ello, se ha vulnerado su derecho a la propia imagen y a la protección de datos, por lo que la prueba no puede ser tenida en cuenta y, por tanto, el despido no puede acreditarse, por lo que el mismo, debe ser declarado improcedente.

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 85 personas en el primer trimestre del año2018-06-19
  • En los 17 procedimientos concluidos por este tipo de delitos en ese periodo
  • El 75 por ciento de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo fueron condenatorias

Los jueces y juezas españoles concluyeron en el primer trimestre de 2018 un total de 17 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 85 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo.

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial tras la incorporación de los datos correspondientes a los tres primeros meses del año.

El repositorio es de acceso público en la web www.poderjudicial.es y permite conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción a través de sus principales indicadores –personas acusadas y/o procesadas, procedimientos, sentencias dictadas, etc.-, que se actualizan trimestralmente.

La información que se ofrece en él corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la ciudadanía. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política. 

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286, 3º y 4º).

Personas acusadas y procedimientos por delitos de corrupción*

 

Personas acusadas

Procedimientos

Tribunal Supremo

0

0

Audiencia Nacional

0

0

Órganos centrales

0

0

Andalucía

22

4

Aragón

0

0

Asturias

0

0

Baleares

6

2

Canarias

0

0

Cantabria

0

0

Castilla-La Mancha

1

1

Castilla y León

1

1

Cataluña

0

0

Comunidad Valenciana

40

6

Extremadura

4

1

Galicia

0

0

Madrid

11

2

Murcia

0

0

Navarra

0

0

País Vasco

0

0

La Rioja

0

0

CC.AA.

85

17

TOTAL

85

17

*La tabla refleja el número de personas contra las que se ha dictado auto de apertura de juicio oral o de procesamiento en procedimientos instruidos por Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción, Juzgados de Instrucción, Salas de lo Civil y Penal de Tribunales Superiores de Justicia, Juzgados Centrales de Instrucción y Sala Segunda del Tribunal Supremo

Un 75 por ciento de sentencias condenatorias

Entre los pasados 1 de enero y el 31 de marzo, los Juzgados y Tribunales dictaron 20 sentencias en procedimientos por corrupción, de las que 15 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 75 por ciento del total.

La información ofrecida detalla, dentro de las sentencias condenatorias, las que lo han sido con y sin conformidad, así como las parcialmente condenatorias (tanto porque no se haya condenado por todos los delitos por los que se acusaba o porque no se haya condenado a la totalidad de los acusados).

La distribución de sentencias dictadas por los órganos centrales y en las distintas Comunidades Autónomas es la siguiente:

Sentencias dictadas en procedimientos por corrupción

 

Condenatorias con conformidad

Condenatorias sin conformidad

Parcialmente condenatorias

Absolutorias

TOTAL

T.Supremo

0

0

0

0

0

A.Nacional

0

0

0

1

1

Ó.centrales

0

0

0

1

1

Andalucía

1

2

0

0

3

Aragón

0

0

0

1

1

Asturias

0

1

0

2

3

Baleares

1

0

0

0

1

Canarias

0

1

0

0

1

Cantabria

0

0

0

0

0

C.-La Mancha

0

1

0

0

1

C. y León

0

1

0

0

1

Cataluña

2

0

0

0

2

C.Valenciana

3

0

0

0

3

Extremadura

0

1

0

0

1

Galicia

0

0

0

1

1

Madrid

0

0

0

0

0

Murcia

0

0

1

0

1

Navarra

0

0

0

0

0

País Vasco

0

0

0

0

0

La Rioja

0

0

0

0

0

CC.AA.

7

7

1

4

19

TOTAL

7

7

1

5

20

73 penados sometidos a régimen penitenciario

Por último, el repositorio ofrece los datos procedentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, y de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña sobre población reclusa.

En este caso, la información se refiere a las personas sometidas a régimen penitenciario –como penados o en situación de prisión preventiva- tomando en consideración el delito principal por el que han sido condenados o acusados. A 1 de abril de este año había en el conjunto de España 73 penados –en 43 casos, con el de malversación como delito principal y en otros 16 con el de cohecho- y once preventivos.

Acceda al repositorio de datos de procedimientos por delitos de corrupción en el siguiente enlace:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Transparencia/Repositorio-de-datos-sobre-procesos-por-corrupcion/

El Gobierno devolverá vía Real Decreto-ley a los ‘sin papeles’ la sanidad universal2018-06-19
A pesar de que no se materializó en forma de propuesta legislativa, el Consejo de Ministros del pasado viernes abordó una iniciativa para devolver la asistencia sanitaria integral a todas las personas. Según informó el Gobierno, el Real Decreto que hará posible que por ejemplo los inmigrantes irregulares puedan acceder a la sanidad universal, será aprobado en unas seis semanas.
Legal Today

Cuando dicho Real Decreto-ley sea validado y entre en vigor, conllevará la derogación del Real Decreto-ley 16/2012, mediante el que el anterior Ejecutivo suprimió la asistencia sanitaria integral. El artículo 3 de dicho Real Decreto-ley delimitaba quiénes tenían la condición de asegurado y por tanto, tenían garantizada la asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional de Salud:

a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta.

b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social.

c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación y el subsidio por desempleo.

d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de asegurado por cualquier otro título.

"Una cuestión de decencia política"

En su comparecencia ante los medios, la ministra portavoz del Gobierno, María Isabel Celaá, afirmó que la norma que ahora pretenden derogar "dejó sin asistencia sanitaria integral a las personas en situación administrativa irregular, por lo que hay que eliminarlo y aprobar uno nuevo para devolver a todas las personas su derecho a la protección de su salud". Añadió que "es una cuestión de decencia política y un mandato de todos los organismos internacionales: de la ONU, de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud".

Ahora el Ejecutivo iniciará un proceso de diálogo con las Comunidades Autónomas y con la sociedad civil para devolver la asistencia sanitaria integral a todas las personas. El Ejecutivo también aprobó la concesión de un préstamo a la Seguridad Social para pagar las pensiones de junio.

¿Puede admitirse como prueba de la procedencia del despido la grabación obtenida por la cámara oculta instalada en un supermercado?2018-06-19

El Juzgado de lo Social nº 2 de Córdoba resuelve sobre el despido de una trabajadora de un hipermercado, determinando la inadmisibilidad de la prueba obtenida a través de las cámaras de seguridad, por entender que la misma vulnera derechos fundamentales, como el derecho a la imagen o la protección de datos, y declarando por tanto el despido improcedente.

Supuesto de hecho:

  • Una trabajadora presta servicios como cajera de un hipermercado en un centro comercial desde el año 2005.
  • En noviembre de 2017 la trabajadora es despedida disciplinariamente tras ser grabada por la cámara oculta consumiendo un producto destinado a la venta del público, sin abonar su coste.
  • La trabajadora interpone demanda frente a la empresa, en fecha 4/1/2018, por despido improcedente.

Consideraciones Jurídicas:

  • La cuestión sobre la que debe resolver el Tribunal, es si la prueba de video aportada por la empresa es válida y, por lo tanto, el despido es procedente.
  • En primer lugar, el Tribunal recuerda que, si bien el empresario goza de un poder de dirección en virtud el cual puede tomar medidas de control de los empleados, este poder está limitado por derechos como la intimidad y la propia imagen, que constituyen derechos constitucionalmente protegidos, cuya restricción por parte del empresario debe observar estrictas garantías, de forma que no se produzca una vulneración de los mismos.
  • En esta línea, el Juzgado afirma que, para valorar la existencia, o no, de vulneración de derechos fundamentales, deben tenerse en cuenta una diversidad de circunstancias concurrentes en cada caso, como si la instalación se hace, o no, indiscriminada y masivamente, si los sistemas son visibles o han sido instalados subrepticiamente, la finalidad real perseguida con la instalación de tales sistemas, si existen razones de seguridad que justifiquen la implantación de tales medios de control, etc.
  • Añade que, además, el interés privado del empresario no puede justificar que el tratamiento de datos sea empleado en contra del trabajador sin una información previa sobre el control laboral puesto en práctica, ya que la propia Ley de Protección de Datos, exige que el trabajador sea informado del tratamiento de sus datos personales, tal y como recientemente ha venido afirmando la jurisprudencia europea.
  • En el caso concreto, el Juez afirma que la empresa llevó a cabo un seguimiento de la trabajadora durante varios días a través de una cámara fija orientada sobre la zona de trabajo sin que la trabajadora fuera informada o advertida, lo que supone una infracción del derecho fundamental de protección de datos en relación al derecho de información que establece el art. 5 LOPD, por lo que la prueba obtenida mediante la grabación no puede considerarse lícita. Y, es que, a juicio del Magistrado, en el presente caso se trataba de una cámara oculta.
  • Por ello, considera que no puede acreditarse la procedencia del despido disciplinario, en la medida en que la única prueba se ha obtenido de forma ilícita, vulnerando derechos fundamentales de la trabajadora y, por lo tanto, el despido debe ser considerado improcedente.

Conclusión Lex@:

El Juzgado considera que, en la medida en que la empresa realizó un seguimiento de la trabajadora, mediante las cámaras de seguridad del hipermercado, sin informar a la misma de ello, se ha vulnerado su derecho a la propia imagen y a la protección de datos, por lo que la prueba no puede ser tenida en cuenta y, por tanto, el despido no puede acreditarse, por lo que el mismo, debe ser declarado improcedente.

Un juzgado de Huesca condena a Ryanair a devolver a una usuaria la prima de un seguro asociado a un vuelo cancelado2018-06-18
La magistrada considera dicha cláusula “abusiva y un enriquecimiento injusto”

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil 3 de Huesca ha condenado a la compañía aérea Ryanair a devolver la cuantía correspondiente a tres pólizas de seguros contratados por una usuaria. Tras la cancelación del vuelo, la compañía aérea devolvió a la usuaria la cantidad correspondiente a los billetes sin abonar la perteneciente a los seguros de viaje individual.

La magistrada considera no acreditada la exclusión legal que justifique que Ryanair, tras la cancelación de un vuelo, no proceda a la devolución de las primas del seguro asociado a ese viaje y supone “una cláusula abusiva y un enriquecimiento injusto al apropiarse de una cuantía que no responde a servicio efectivamente prestado”.

La Audiencia de A Coruña rechaza la petición de la Abogacía del Estado de ejecutar de forma provisional la sentencia del caso Prestige2018-06-18
La Sala entiende que es necesario esperar a que el Tribunal Supremo resuelva los recursos presentados

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado la petición planteada por la Abogacía del Estado de ejecución provisional de la sentencia del caso Prestige.

La Sala considera "que no es procedente acceder a tal solicitud" por varios motivos, entre ellos, que "no cabe la ejecución provisional de un auto". Recuerdan también los magistrados que el auto que se pretende ejecutar, en el que se fijan las indemnizaciones que corresponden a cada parte, está recurrido ante el Tribunal Supremo.

Para los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, de ejecutarse provisionalmente los autos, si la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo estimara en todo o en parte los recursos de casación interpuestos, llevaría a una "situación de consecuencias imprevisibles".

Archivos asociados

Victoria Ortega se reúne con una abogada que trabaja con refugiados en Grecia2018-06-18

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, se ha reunido con la abogada griega Chrysoula Archontaki, miembro de European Lawyers in Lesbos (ELIL), una organización que trabaja con personas refugiadas en Grecia, principalmente en la isla de Lesbos.

Esta organización sin ánimo de lucro, que opera fundamentalmente con abogados y abogadas voluntarios, se dedica a la prestación de asistencia jurídica independiente y gratuita a solicitantes de asilo, en estrecha colaboración con el Colegio de Abogados de Grecia. ELIL fue fundada por el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) y por el Consejo de la Abogacía de Alemania, entidades que originalmente promovieron los primeros pasos del proyecto de asistencia jurídica a refugiados en Lesbos, también con el apoyo de la Abogacía Española. Diversos abogados españoles participaron en 2015, 2016 y 2017 en este proyecto en Lesbos.

El Tribunal Supremo declara nulo el cese en los meses de verano de los profesores interinos de centros no universitarios2018-06-15
La Sala Tercera considera que dicha práctica vulnera el principio de no discriminación

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera nulo de pleno derecho el cese el 30 de junio de los profesores interinos de centros no universitarios que son contratados en septiembre para ejercer durante todo el curso escolar, sin pagarles los meses de julio y agosto, al considerar que dicha práctica supone una vulneración del principio de no discriminación recogida en la Cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1999/707CE.

El tribunal estima el recurso de casación planteado por la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (AIDMUR), junto a 74 profesores interinos no universitarios que se encontraban en esta situación, contra la sentencia del TSJ de Murcia que, a su vez, consideró ajustado a derecho el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad. En su recurso, alegaban que la sentencia recurrida establecía una diferencia de trato arbitraria entre funcionarios interinos y de carrera, puesto que ante un mismo trabajo –curso escolar- unos no cobran las retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto, pero otros sí.

Para el tribunal, la relación laboral entre el funcionario docente interino y la Administración educativa “queda truncada, a diferencia de lo que ocurre para el funcionario de carrera, cuando aún no han concluido las funciones, cometidos y actividades que son propias de ese concreto puesto de trabajo para que el funcionario interino fue nombrado, que no son sólo las de estricto carácter lectivo, sino también otras que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio de curso escolar y que, además, contribuyen a la mejor preparación del profesorado y a la mejor o más eficaz prestación del servicio educativo, como pueden ser las de análisis del curso, elaboración de la memoria escolar, programación del curso siguiente, etc…, con las consiguientes reuniones del profesorado, de todo lo cual se priva al funcionario docente interino que fue nombrado para aquella situación”.

“Esas consecuencias nada deseables para la preparación del profesorado y para la más eficaz prestación del servicio educativo, se agravarían sobremanera si fuera cierta aquella práctica de la Administración educativa de acudir de nuevo en el siguiente curso escolar al nombramiento de funcionarios docentes interinos nombrados en el curso anterior y que fueron privados de realizar esas otras actividades”, concluye la Sala. En relación con la práctica administrativa, el tribunal considera oportuno indicar lo que califican los recurrentes en su demanda como “una monstruosidad prohibida por el Derecho Laboral” la de “contratar a un trabajador para que realice sus funciones mientras la empresa está abierta y, cuando ésta cierra en verano, despedirle y volverle a contratar en septiembre para no pagarle las retribuciones ubicadas en el periodo vacacional”.

Al mismo tiempo, señala algunos de los perjuicios que suponen para los afectados como la privación de retribuciones en los meses de julio y agosto, la disminución proporcional del número de días de vacaciones retribuidas, así como la incidencia en la cotización a la Seguridad Social y las consecuencias derivadas de ellas. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, explica que la desigualdad de trato en este proceso no está justificada por razones objetivas y añade que las consideraciones de índole presupuestaria no justifican la aplicación de una normativa nacional que conduce a una diferencia de trato en detrimento de los trabajadores con contrato de duración determinada.

La Sala destaca que el Acuerdo Marco engloba a todos los trabajadores, sin establecer diferencias en función del carácter público o privado del empleador para el que trabajan. Y que, por tanto, las disposiciones contenidas en dicho acuerdo se aplican a los contratos y relaciones laborales de duración determinada celebrados por los órganos de la Administración y demás entidades del sector público. El tribunal precisa que su decisión afecta a estos profesores que se encuentran en la situación descrita pero no a los que son nombrados cuando el curso escolar ya ha avanzado por periodos inferiores a la duración de éste, denotando por ello una necesidad ocasional y transitoria.

La sentencia recoge la reiterada y uniforme doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha venido interpretando la Cláusula 4 del Acuerdo Marco por lo que la Sala entiende que no procede plantear una cuestión prejudicial al concluir que esa doctrina del TJUE es tan evidente que no deja lugar a ninguna duda razonable y “conduce de modo inevitable a la conclusión que alcanzamos en esta sentencia”. Como consecuencia de ello, anula los números 1 y 2 del apartado Segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de 24 de febrero de 2012, por el que se establecían medidas en materia de Personal Docente en la Administración Pública de dicha Comunidad.

El apartado 1 decía que se suspende el apartado sexto, “derechos retributivos”, del Acuerdo para la provisión de puestos de trabajo de los cuerpos docentes no universitarios, en régimen de interinidad en centros dependientes de dicha comunidad, publicado por Resolución de 6 de mayo de la Consejería de Hacienda. El apartado 2 establecía que la duración del nombramiento del personal docente interino se ajustará al tiempo que duren las circunstancias que dieron lugar a su nombramiento y se mantendrá mientras persistan las razones de urgencia o necesidad que lo justificaron, cesando, como máximo el 30 de junio de cada año, por lo que en esa fecha se extinguirán los contratos vigentes del personal docente interino.

Primeras impresiones tras el aterrizaje del RGPD en las Organizaciones2018-06-15

Ha transcurrido menos de un mes desde que el RGPD entró formalmente en nuestras vidas, es decir, se dejaba atrás el plazo establecido de dos años como margen para su directa aplicación, plazo que en muchas ocasiones ha actuado como una “vacatio legis” puesto que no se ha sabido aprovechar de la manera que se estableció desde Europa, es decir, con la finalidad de que en las Organizaciones se fuese materializando la ejecución de los principios del RGPD y el nacimiento del necesario cambio de mentalidad en cuanto al tratamiento de los datos personales de los ciudadanos.

Según comentaba Mar España, Directora General de la Agencia Española de Protección de Datos, la aplicación del RGPD ha tenido como resultado un "bombardeo" de correos electrónicos que, debido a un defectuoso asesoramiento y a una mala praxis del RGPD, no debieron enviarse atendiendo a lo indicado claramente en los olvidados  Considerandos del RGPD.

Todo ello ha derivado en una  respuesta de histeria no pretendida, bajo el lema "hay que enviar un email pidiendo el consentimiento, porque si no, no estaremos cumpliendo con el RGPD", pero "¿realmente estos correos electrónicos eran necesarios?"

Este error tan a primera vista insignificante jurídicamente hablando, ha tenido como consecuencia que miles de empresas hayan perdido sus bases de datos al no haberse otorgado por parte de los ciudadanos la mencionada renovación del consentimiento.

Y ahora, pasado el dia 25, con el RGPD formando parte del "listado" de normas a cumplir por las Organizaciones y resaltando la necesidad de cambiar de mentalidad en cuanto al tratamiento de los datos personales de los ciudadanos , ¿qué debemos hacer? ¿qué retos se nos plantean?

En primer lugar, cabe señalar que la aplicación del RGPD en las organizaciones ha tenido como primer efecto  relevante el nombramiento de la figura del Data Protection Officer (DPO), regulada en el artículo 37 y ss y renombrado en los mencionados Considerandos de la norma, haciendo hincapié en que los DPO, sean o no empleados del responsable del tratamiento, deben estar en condiciones de desempeñar sus funciones y cometidos de manera independiente.

Obviando las características profesionales que debe ostentar un DPO, las cuales se han plasmado en diversos informes del Grupo de Trabajo del articulo 29 ya desde el año 2016, hay que destacar el hecho de que expresamente se haga referencia a cualidades personales tales como la integridad, alta ética profesional, capacidades de comunicación, habilidades personales y de empatía, así como capacidad para fomentar la cultura de protección de datos en las organizaciones.

Resulta fundamental destacar el hecho de que, unido al desarrollo de las no "sencillas" funciones del DPO, el gran reto de esta figura que se erige en la práctica como "el protector del dato dentro de las organizaciones", es el adecuado posicionamiento dentro de la empresa para poder desempeñar sus funciones, y para ello las compañías deben apostar por su inclusión en el seno de la misma. Como efecto directo al nombramiento del DPO, se va a producir un cambio en la estructura organizativa, al incluirse un ente con capacidades decisivas y plena independencia en sus funciones, tal y como indica el RGPD: "Tales delegados de protección de datos, sean o no empleados del responsable del tratamiento, deben estar en condiciones de desempeñar sus funciones y cometidos de manera independiente" "El sitio" del DPO en las Organizaciones a los efectos de garantizar el cumplimiento del RGPD está vinculado al término "accountability" o responsabilidad proactiva, basado en la máxima "no solo hay que cumplir también hay que acreditar que se cumple".

La Administración Pública de Madrid tendrá que devolver 23.000€ por dos sentencias perdidas frente a UNIVE Abogados2018-06-15

Unive Abogados

Una empresa contratista y un vecino de Arroyomolinos, clientes de UNIVE Abogados, han conseguido que se les devuelva el dinero que les correspondía por dos casos diferentes, ambos originados por una mala gestión de la Administración de la Comunidad de Madrid.

En el primero de los casos, el Tribunal Superior de Justicia condena a la Comunidad al abono de más de 20.000 euros en concepto de intereses de demora devengados por el retraso en el pago de las facturas debidas a una empresa contratista de la Administración.

En el segundo caso, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 12 de Madrid ha condenado al Ayuntamiento de Arroyomolinos a la anulación de la liquidación del IIVTNU girada a un vecino de la localidad, y a la devolución de las cantidades abonadas en este concepto más los intereses de demora devengados desde el pago, una cantidad que asciende a más de 3.000 euros.

Respecto a la sentencia sobre contratación pública, la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) establece que la Administración dispone de un plazo de 30 días para abonar las facturas a proveedores y contratistas de la Administración Pública, no obstante, en la práctica este plazo no se respeta. Puesto que la Administración hacía efectivas dichas facturas con retrasos de entre 15 y 250 días, la misma incurrió en mora, devengándose un interés del 8% más el tipo de interés fijado por el Banco Central Europeo.

En cuanto a la sentencia sobre plusvalía dictada, se indica que, al no existir parámetro legal para valorar si se ha producido un incremento o decremento del valor del terreno, hasta que el legislador no proceda a cubrir esa laguna legal, las liquidaciones del Impuesto de Plusvalía deben ser automáticamente anuladas, tanto si ha habido pérdida como si ha habido ganancia en la transmisión del inmueble.

Estas dos resoluciones favorables se añaden a las innumerables victorias que ha logrado UNIVE Abogados en el campo de la contratación pública, así como en la lucha por la recuperación del Impuesto de Plusvalía Municipal.

Vea la sentencia de Contratos públicos de 26042018

Vea la sentencia de la plusvalía de 08052018

Una marca consistente en un color aplicado en la suela de un zapato no está comprendida en la prohibición de registro de las formas2018-06-14

Dicha marca no está constituida «exclusivamente por la forma» en el sentido de la Directiva sobre marcas

El Sr. Louboutin y Christian Louboutin SAS diseñan zapatos para mujer de tacón alto que tienen como particularidad una suela sistemáticamente revestida de rojo. En 2010, el Sr. Louboutin registró su marca en el Benelux, en la clase denominada «zapatos», que en 2013 sustituyó por la clase «zapatos de tacón alto». Según la descripción de la marca, ésta consiste en «el color rojo (Pantone 18-1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)».

La sociedad Van Haren, que explota establecimientos de venta al por menor de calzado en los Países Bajos, vendió durante 2012 zapatos de tacón alto para mujer con la suela revestida de color rojo. El Sr. Louboutin y su sociedad presentaron una demanda ante los tribunales neerlandeses con objeto de que se declarara que Van Haren había vulnerado su marca. Por su parte, Van Haren alegó que la marca de que se trata es nula. En efecto, la Directiva de la Unión sobre marcas enumera diversas causas de nulidad o de denegación de registro, entre ellas la relativa a los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial al producto. [1] El rechtbank Den Haag (Tribunal de Primera Instancia de La Haya, Países Bajos) decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia a este respecto. El rechtbank Den Haag considera que la marca controvertida está indisociablemente vinculada a una suela de zapato y se pregunta si, según la Directiva, el concepto de «forma» se limita a las características tridimensionales de un producto, como son el contorno, la dimensión y el volumen, o si comprende también otras características, como el color.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia considera que, al no haber en la Directiva una definición del concepto de «forma», la determinación del significado de este término debe efectuarse conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente. El Tribunal de Justicia indica que del sentido usual del término no resulta que un color en sí mismo, sin estar delimitado en el espacio, pueda constituir una forma.

[1] Artículo 3, apartado 1, letra e), inciso iii), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25).

El Tribunal de Justicia estima, además, que, si bien la forma del producto o de una parte del producto desempeña un papel en la delimitación del color en el espacio, no puede considerarse que un signo esté constituido por la forma cuando lo que se persigue al registrar la marca no es proteger dicha forma, sino únicamente la aplicación de un color en un lugar específico del producto.

En el presente asunto, la marca no consiste en una forma específica de suela de zapatos de tacón alto, dado que su descripción indica expresamente que el contorno del zapato no forma parte de la marca, sino que únicamente sirve para poner de relieve la posición del color rojo objeto del registro.

El Tribunal de Justicia añade que no cabe considerar que un signo, como el controvertido en el presente asunto, esté constituido «exclusivamente» por la forma cuando su objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacionalmente reconocido.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El TSJ de Castilla y León deniega suspender la orden sobre los procesos selectivos de ingreso del profesorado de secundaria y formación profesional2018-06-14

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha denegado la medida cautelar de suspensión de la Orden EDU/246/2018, de 2 de marzo, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores técnicos de formación profesional, profesores de escuelas oficiales de idiomas, profesores de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño, y maestros de taller de artes plásticas y diseño, así como el procedimiento de baremación para la constitución de listas de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en los mencionados cuerpos y acreditación de la competencia lingüística en lenguas extranjeras.

La Mutualidad de la Abogacía aprueba por mayoría las cuentas de 2017 y los presupuestos para 20182018-06-13
  • En su 70 aniversario, la Mutualidad inmersa en una transformación digital para consolidar sus valores de liderazgo en el mercado asegurador
  • El presidente presentó a la Asamblea el futuro de la entidad con un nuevo plan estratégico quinquenal y la creación de un Comité Asesor, formado por Manuel Lagares; el que fuera vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin Génova; el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta; y José Miguel Rodriguez-Pardo, economista, actuario y exdirector general de BBVA Seguros.

El pasado 9 de junio, y con una identidad corporativa recién estrenada, se celebraba en el Auditorio del Museo Nacional Reina Sofía la 81 edición de la Asamblea General de la Mutualidad en la que se presentó la estrategia que seguirá la entidad para los próximos 5 años que, además, como novedad contará con un Comité Asesor en materia de inversiones.

La Asamblea aprobó las cuentas de 2017 por 208 votos a favor, 13 votos en contra y 13 abstenciones y los presupuestos para 2018 por 236 votos a favor, 10 votos en contra y 9 abstenciones. Estos resultados avalan la solvencia y confianza de los mutualistas en la entidad, desde sus grandes cifras a partidas menores.

Coincidiendo con los 70 años de historia de la Mutualidad creada en 1948, su presidente Enrique Sanz Fernández-Lomana recordó que la compañía continúa siendo la primera entre las mutualidades de previsión social y ocupa el séptimo puesto por volumen de provisiones técnicas y el décimo por volumen de primas en el ranking del sector de los grupos de aseguradoras de vida que publica ICEA.

Resultados 2017

Fernández-Lomana presentó su informe basado en las mejoras económicas y financieras del pasado ejercicio, “en el que hemos dado respuesta a los desafíos del mercado” y también se han impulsado “cambios y reformas orientadas a mejorar el gobierno corporativo para lograr una gestión más eficiente”, señaló.

Así, como datos objetivos, ofreció las cifras de crecimiento durante 2017. Destacó que al final del año la Mutualidad contaba con 196.326 mutualistas, lo que supone que el censo ha seguido subiendo con respecto al ejercicio anterior. Esto ha hecho posible que la evolución de primas se haya situado en los 628,7 millones de euros, frente a los 598,4 millones del 2016.

La rentabilidad neta de las inversiones, con un 5,17% sobre los activos invertidos, “supera un año más la rentabilidad media del sector”, destacó el presidente, lo que va a permitir retribuir a los mutualistas con el 4,65%, añadió.

El presidente cifró, además, el incremento del volumen de ahorro gestionado en un 11,50% más que el año anterior, lo que en números absolutos supone un total de 6.624 millones de euros.

Como últimos datos del informe económico, Enrique Sanz, recalcó refiriéndose a los gastos de gestión que se han reducido hasta el 0,20%, frente al 0,22 del año anterior y “frente al 1,50% de media del mercado en las aseguradoras de vida y fondos de pensiones”.

El excedente del ejercicio, un total de 22,6 millones, que se acumulará a los fondos propios y alcanzará la cifra de 319 millones de euros, supone que “hemos multiplicado por 35 veces los fondos propios en los últimos 12 años, contribuyendo decisivamente a reforzar nuestra solvencia”, concluyó el presidente.

Banco Popular: batería de medidas legales y futuro sin efecto negativo

En cuanto a la inversión de la Mutualidad en el desaparecido Banco Popular, Fernández-Lomana precisó que la pérdida de la inversión está contabilizada en el ejercicio 2017 y en la rebaja de las expectativas iniciales de rentabilidad del ejercicio que ha pasado del 5 al 4,65%, por lo que ya no tendrá ningún efecto negativo en el futuro. Y “si recuperáramos nuestra inversión, los mutualistas verían incrementada la rentabilidad del ejercicio en que fuera contabilizada”, añadió.

El presidente también explicó la batería de medidas jurídicas que la Mutualidad ha puesto en marcha en defensa de sus intereses que pasan, entre otras, por la personación en el procedimiento penal seguido ante la Audiencia Nacional, sin que se descarte “el ejercicio de otras acciones de naturaleza administrativa o civil, tendentes a la recuperación de nuestra inversión”.

Solvencia más de dos veces por encima de lo exigido

El Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia que publica la entidad por segundo año consecutivo con el principal propósito de garantizar la transparencia hacia sus mutualistas y el mercado en general, muestra que la Mutualidad obtiene un Ratio de Solvencia del 223%. Este porcentaje indica que la entidad cuenta con unos fondos propios 2,23 veces superior a los exigidos por las normas aseguradoras.

Plan Estratégico: valores de siempre con liderazgo tecnológico

Con la transformación digital de fondo y para mantener las bases del modelo de negocio que han hecho posible situar a la Mutualidad donde está en estos 70 años conjugado con una organización moderna, innovadora y eficiente, el presidente explicó los objetivos del Plan Estratégico aprobado para los próximos 5 años, con el que se pretende mantener un crecimiento sostenido y sostenible de las principales magnitudes de la Mutualidad; buscar la máxima eficiencia de los sistemas, los procesos y la toma de decisiones; integrar este cambio cultural en toda la entidad; y ser una entidad transparente y que sea reconocida por su alto nivel de innovación tecnológica y corporativa.

Comité Asesor

La Asamblea también tuvo conocimiento de que la Mutualidad ha creado un órgano asesor formado por profesionales de prestigio, con experiencia y demostrada capacidad de liderazgo en el ámbito financiero y empresarial cuyo asesoramiento tendrá carácter consultivo y representativo.

El nuevo Comité está compuesto inicialmente por el catedrático y presidente del grupo de expertos para la última reforma fiscal de 2015, Manuel Lagares; el que fuera vicepresidente y consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin Génova; el presidente de Renta 4, Juan Carlos Ureta; y José Miguel Rodriguez-Pardo, economista, actuario y exdirector general de BBVA Seguros.

Refuerzo del Gobierno Corporativo

El presidente también explicó que junto con la anterior medida, la Mutualidad ha fortalecido las competencias de sus órganos de gobierno y ha adaptado su estructura “a las exigencias de un sector asegurador y de previsión cada día más exigente y complejo”.

Así se han incorporado profesionales cualificados del sector como es el caso de Laura Duque, directora de cumplimiento normativo y control interno.

El presupuesto 2018 mantiene la tendencia alcista

El director general, Rafael Navas Lanchas presentó el presupuesto para este año donde la previsión de crecimiento de las aportaciones de los mutualistas se situaría en el 2%, hasta llegar a los 641,3 millones de euros. Con ello, el volumen del ahorro gestionado llegará a los 7.295 millones, frente a los 6.624 del año pasado, un 10,12% más.

La rentabilidad prevista para 2018 se estima en un 4,72%, lo que dejaría la rentabilidad a favor de los mutualistas en el 4,25%.

Con estas cifras, según indicó el director general, el excedente podrá situarse en los 25 millones, con lo que la Mutualidad pasaría a tener unos fondos propios de 344 millones.

Avance a abril 2018

Estos datos van en la línea de los objetivos fijados por la entidad e incluso, como expuso Rafael Navas, en algunas partidas se van mejorando.

Es el caso del crecimiento del  ahorro gestionado que se ha situado en los 6.885 millones, un 10,35% más que a abril del año anterior.

Las aportaciones de los mutualistas suponen un total de 232,8 millones de euros, y por lo que respecta a los ingresos financieros netos, hay que destacar que se han situado en 121,7 millones, en línea con la rentabilidad a conseguir al cierre del ejercicio.

Carles McCragh renueva su cargo como decano del Colegio de Abogados de Girona2018-06-13
  • Toman posesión de sus cargos los candidatos electos a la renovación parcial de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Girona

Carles McCragh ha renovado por cuatro años más su cargo de decano del Colegio de Abogados de Girona (ICAG). McCragh, junto con los candidatos electos a la renovación parcial de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Girona tomaron ayer, jueves 7 de junio, posesión de sus cargos, después que la Comisión Electoral para las elecciones parciales que estaban convocadas para el día 18 de junio, ante la presentación de una única candidatura, acordó, previa deliberación y por unanimidad, proclamar electa esta única candidatura, formada por los siguientes candidatos:

Para el cargo de decano: Carles McCragh i Prujà

Para el cargo de diputada 1ª: Marta Alsina Conesa

Para el cargo de diputado 3º: Josep Viella Massegú

Para el cargo de Diputado 9º: Santiago Soler Colomé

Para el cargo de secretario: Francesc Rebled Sarrà

Para el cargo de bibliotecaria-contadora: Eva Collell Hernández

De esta forma, una vez renovados estos cargos, el órgano de gobierno colegial queda constituido por los mencionados miembros electos y, además, por las personas cuyos cargos no eran objeto de renovación en estas elecciones parciales y que son:

Diputada 2ª: Mª Carmen Calvo López

Diputada 4ª: Marta Araus Llompart

Diputada 5ª: Yolanda Vilà Fernández

Diputada 6ª: Gemma Prat Vilalta

Diputat 7º: Martí Batllori Bas

Diputada 8ª: Míriam García Gutiérrez

Diputado 10º: Eduard Torrent Puig

Diputada 11º: Albert Sierra Vicens

Tesorero: Josep Arxer Canal

La toma de posesión de los nuevos cargos se formalizó en la sesión de la Junta de Gobierno del Colegio celebrada el jueves por la noche.

ELECCIONES EN COLEGIOS DE ABOGADOS

Además, a lo largo de este mes de junio, los Colegios de Abogados de Ferrol y de Burgos celebrarán elecciones para el cargo de decano. En ambos casos la actual decana (Ferrol) y el actual decano (Burgos) no se presentan a la reelección.

¿Puede considerarse como acoso, la actuación empresarial consistente en reducir las funciones de una trabajadora tras su embarazo?2018-06-13

El Juzgado nº 8 de Las Palmas desestima la demanda interpuesta por una empresa, que había sido sancionada por acoso contra una trabajadora ya que, tras su reincorporación tras la baja por maternidad, la empresa le había reducido sus funciones, con el argumento de que tras una auditoría de su trabajo se habían detectado deficiencias en el trabajo realizado.

Supuesto de hecho:

  • La trabajadora prestaba servicios para la empresa desde mayo de 2010.
  • El 27/08/2014, la trabajadora causa baja por riesgo durante el embarazo, dando a luz el día 13/10/2014.
  • El 09/04/2015 la trabajadora se reincorpora a su puesto, tras haber estado de baja y haber disfrutado de diversos permisos.
  • Para cubrir su ausencia, se contrató a otra trabajadora.
  • La Dirección de la empresa se reunió con la trabajadora para comunicarle que se habían detectado deficiencias en el trabajo realizado antes de la baja por maternidad.
  • El antiguo despacho de la trabajadora había pasado a pertenecer a la nueva trabajadora contratada, siendo ella desplazada a un despacho en otra planta, sin ordenador, sin impresora y sin acceso a los servidores de trabajo de la empresa.
  • Ante esta situación, la trabajadora presenta denuncia ante la Inspección de Trabajo que, tras diversas visitas a la empresa, sanciona a la misma con 6.251 euros de multa, como responsable de acoso por razón de sexo.
  • Contra esta sanción interpone la empresa la presente demanda.

Consideraciones Jurídicas:

  • En el presente caso, la cuestión litigiosa consiste en determinar si la actuación empresarial constituye, o no, acoso por razón de sexo para, en su caso, considerar la procedencia de la imposición de sanción.
  • El Juzgado considera probado que la empresa dio a la trabajadora un trato humillante y discriminatorio desde el primer día en que se reincorporó a su puesto de trabajo, tras su baja por maternidad, siendo desplazada de su lugar habitual de trabajo, sin justificación razonable alguna, dejándosele de asignar trabajo efectivo (el correspondiente a su categoría profesional y que venía desarrollando antes de su maternidad).
  • En tales circunstancias, el Juez considera que concurren elementos objetivos y subjetivos que la doctrina ha venido exigiendo para calificar la situación padecida como de "acoso laboral".
  • En concreto, en el presente caso, la actuación empresarial consiste en ejercer presión tendenciosa con la finalidad de destruir la autoestima y fortaleza psíquica y profesional de la víctima, presión de carácter laboral, que supone un exceso en los límites del poder de dirección empresarial, y que es de carácter individual y personalizado, siendo además una actuación empresarial sistemática y constante a lo largo del tiempo.
  • Añade que, según la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, considerándose, en todo caso, discriminatorio.
  • Para reforzar su argumentación, el Juez recuerda que, por imperativo del artículo 14 de la Constitución, la protección de la condición biológica y de la salud de la mujer trabajadora ha de ser compatible con la conservación de sus derechos profesionales, de suerte que la minusvaloración o el perjuicio causado por el embarazo o la sucesiva maternidad constituyen un supuesto de discriminación directa por razón de sexo.
  • Por todo lo expuesto, el Juzgado considera acreditada la existencia del acoso por razón de sexo, del que considera responsable a la empresa, afirmando que la sanción de 6.251 € de multa es completamente procedente y no sólo no debe minorarse la cuantía, sino que la cuantía debía ser considerada escasa, atendiendo a la gravedad de la actuación empresarial.

Conclusión Lex@:

El Juzgado de lo Social considera que la actuación empresarial constituye acoso por razón de sexo, en la medida en que la actuación de la empresa ha consistido en ejercer presión de forma sistemática sobre la trabajadora, como consecuencia de su baja por maternidad,  con el único fin de conseguir la salida de la trabajadora de la empresa, y declara la procedencia de la sanción consistente en multa de 6.251 euros.

Los fondos buitre no podrán beneficiarse de la nueva Ley de desahucio exprés de ‘okupas’2018-06-12

La reciente aprobación del Congreso de la nueva Ley de desahucio exprés para los ‘okupas’ ilegales de viviendas pone sobre la mesa el debate sobre qué agentes del mercado son los más beneficiados de esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por CCAA, las viviendas ocupadas de forma ilegal en Asturias, País Vasco, Baleares y Comunidad Valenciana son las que más valor pierden

La proposición que modificará la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ocupaciones ilegales de viviendas persigue acabar con una tendencia que había ido al alza a partir de la crisis económica. La nueva Ley ya no sólo supone regular lo que se consideró "un procedimiento específico para asegurar a las entidades sociales y a las administraciones públicas la disponibilidad de las viviendas en su haber destinadas a alquiler social", sino que del contenido del texto se han excluido a entidades privadas y gestoras de viviendas destinadas al alquiler social. Esto cierra la puerta a que entidades financieras y fondos buitre puedan beneficiarse de esta mayor rapidez en el proceso de desahucio de ‘okupas' para fines empresariales e inmobiliarios.

La ‘okupación' es uno de los principales problemas a los que un propietario de una vivienda se puede llegar a enfrentar, por lo que establecer un marco legal definido y ágil resulta de vital importancia para desencallar este tipo de situaciones. De hecho, según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, los propietarios que sufren la ocupación ilegal de sus viviendas en España deben aplicar un descuento medio de más de un 42% en el precio de venta del bien respecto a viviendas similares en su entorno que también estén en venta.

¿Quiénes podrán acogerse a la propuesta aprobada y cuánto tardará el desalojo?

Según el texto aprobado, las personas físicas que sean propietarias de una vivienda, así como entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas que sean propietarias o poseedoras de un inmueble social serán las que podrán solicitar la "inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella" en el caso de que ésta se halle ocupada sin su consentimiento.

"En el caso de admitirse la solicitud, la sentencia se haría efectiva en un plazo de menos de 20 días. Primero, se traslada la notificación a los ocupantes de la vivienda, que también afecta a todos aquellos que estén viviendo en el inmueble en ese momento. Sólo cabrá defensa de los ocupantes si poseyeran la titularidad de la vivienda o bien el demandante no dispusiera de la misma. Después, en el caso de que no se pudiese justificar su presencia en la vivienda por falta de titularidad o contrato de alquiler vigente, se ordenaría mediante auto la entrega inmediata de la vivienda a su legítimo propietario", indica Fernando Sanahuja, socio fundador de Sanahuja Miranda Abogados.

La nueva Ley indica que contra este auto no se podrá tramitar un nuevo recurso, mientras que el efecto de la sentencia sería inmediato en el caso de que el demandado no hubiera emitido ninguna respuesta al requerimiento en un plazo de cinco días. Además, el desahucio se podría realizar sin la necesidad de que transcurrieran los 20 días previstos por la Ley de Enjuiciamiento Civil siempre que el demandante lo solicitara.

Por otra parte, el nuevo texto también tiene previsto que se pueda pedir la actuación de los servicios públicos competentes en materia de política social. No obstante, la proposición no es garantía de conseguir una alternativa para aquellas personas que sean desahuciadas de estas okupaciones, pues no dispone de vías de actuación en concreto para aquellas situaciones en las que las personas que van a ser desalojadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Lo que sí contempla es que las Administraciones públicas incorporen en sus protocolos en materia de vivienda medidas que ayuden a agilizar la coordinación y cooperación entre los diferentes organismos para poder evitar que se produzcan casos de exclusión residencial y dar la "respuesta adecuada y más rápida posible".

Entre las medidas que se contemplan para cubrir tales necesidades, se han detallado protocolos que asegurarán la creación de registros que incorporen información sobre el parque de viviendas sociales que estén disponibles en cada momento para albergar a personas y familias en riesgo de exclusión social.

¿Qué CC.AA salen más beneficiadas?

Según el mismo informe de Idealista mencionado anteriormente, Asturias es la comunidad autónoma en la que mayor bajada de precio se da en una vivienda ocupada que pretende venderse, pues los propietarios se ven obligados a realizar una bajada de más del 65% de su valor real de mercado. Le siguen País Vasco (-53,2%), Baleares (-52,2%) y la Comunidad Valenciana (-50,7%). Eso significa que los propietarios de viviendas que estén ubicadas en estas comunidades son los más beneficiados por esta nueva Ley de desahucios exprés en situaciones de ocupación.

La lista la siguen las comunidades de Castilla y León, donde la rebaja llega al 48,2%, seguida de Cantabria (-46,7%), Andalucía (-44,7%), La Rioja (-44,4%), Aragón (-42,1%), Canarias (-41,9), Galicia (-41,8%), Castilla-La Mancha (-41,3%) y Murcia (-41,2%). En el otro extremo, las autonomías donde menos va a influir de cara a la pérdida de valor de las vivienda ocupada son Navarra (-28,1%), Madrid (-35,3%), Extremadura (-36,6%) y Cataluña (-39,3%).

Las disoluciones matrimoniales disminuyen un 8,2 por ciento en el primer trimestre del año 2018-06-12
La mayor tasa de separaciones y divorcios se dio en la Comunidad Valenciana y la más baja, en Galicia

Autor Comunicación Poder Judicial

En el primer trimestre de 2018 el número de demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios, ha mostrado una disminución del 8,2 por ciento respecto a igual trimestre de 2017, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial y hechos públicos hoy.

En el primer trimestre de este año han mostrado disminuciones interanuales todas las formas de disolución. Las 16.226 demandas de divorcio consensuado representan un 7,2% menos que en el mismo trimestre del año anterior; las 11.594 de divorcio no consensuado, un 8,6% menos; las 864 de separación de mutuo acuerdo, un 17% menos; y las 424 separaciones contenciosas un 13,6 por ciento menos que las presentadas en el primer trimestre de 2017.

El número de demandas de nulidad, 41, coincide con las presentadas en el primer trimestre de 2017.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del total del trimestre con la población a 1 de enero de 2018 se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 10.000 habitantes se ha dado en la Comunitat Valenciana, con 7,3; seguida de Illes Balears, Cataluña, y Navarra, con 6,7; Canarias, con 6,6; Andalucía y Asturias, con 6,5; y Castilla la Mancha y Murcia, con 6,3. Todas superan la media nacional de 6,2. Por el contrario, las más bajas, se han dado en Galicia, con 4,4; Castilla y León, con 4,9; y País Vasco, con 5,2.

Procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales

Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, especialmente las no consensuadas, han mostrado disminuciones interanuales. Se han presentado 2.846 modificaciones de medidas matrimoniales consensuadas, un 0,5 por ciento menos que en el primer trimestre de 2017; 8.734 de modificación de medidas no consensuadas, con una disminución del 4,9 por ciento; 4.998 de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, un 0,6 por ciento menos; y 7.050 no consensuadas, un 9,3 por ciento menos que en el primer trimestre de 2017.

Se adjuntan los datos estadísticos, a los que también se puede acceder desde la página web:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica_Judicial 

 

El TS califica como accidente de trabajo el sufrido por una empleada en el trayecto a su domicilio después de efectuar una parada en un supermercado2018-06-12

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo determina en su Sentencia de fecha 17 de abril de 2018 que el accidente sufrido por una trabajadora en el trayecto de regreso a su domicilio debe tener la consideración de in itinere, todo ello pese a que previamente hubiese efectuado una parada en el supermercado.

Respecto a las particularidades del supuesto de hecho, indicar que la presente Resolución tiene como objeto valorar la laboralidad -accidente de trabajo in itinere- pretendida respecto de un accidente de tráfico, sufrido en las siguientes circunstancias:

a) A las 13 horas del 22/07/14 la demandante sale de su centro de trabajo, sito en Avda. de Alemania -Cáceres- pero en lugar de dirigirse directamente a su domicilio se dirigió a un centro comercial próximo a comprar unos yogures.

b) Tras realizar tal compra se dirigió nuevamente a la Avda. de Alemania para coger el autobús hacia su domicilio

c) En el trayecto hacia su domicilio el vehículo efectuó un frenazo y la actora sufrió lesiones determinantes de IT.

En vía administrativa el proceso fue calificado como contingencia común y tal calificación fue mantenida por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Frente a la referida resolución reclama la parte actora alegando en su recurso que la Sentencia del TSJ vulnera la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de marzo de 2007 (rcu 210/06), presentando como Sentencia contradictoria la dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 17 de diciembre de 2001 por la que se considera accidente de trabajo el de tráfico sufrido por un trabajador también en su regreso al domicilio, tras haberse detenido en un videoclub durante aproximadamente una hora.

Pues bien, el Tribunal Supremo determina la viabilidad del recurso de casación sobre la base de que en ambas Sentencias se trata de empleados que al salir del trabajo y de regreso a su domicilio sufren accidentes de tráfico que les causa lesiones determinantes de IT, y en los dos casos teniendo ello lugar después de haber realizado una gestión de personal de cómo máximo una hora de duración; la actora -en autos- con carácter previo a inicio del trayecto habitual (compra de yogures en centro comercial cercano), y el trabajador de contraste deteniéndose a mitad de recorrido (parada en videoclub).

Habiendo determinado la existencia de contradicción entre ambas resoluciones judiciales, recuerda en el Tribunal Supremo respecto a la figura del accidente in itinere que:

a) idea básica que subyace en la construcción jurisprudencial del accidente in itinere es que sólo puede calificarse como tal aquel que se produce porque el desplazamiento viene impuesto por la obligación de acudir al trabajo.

b) Esta conexión del lugar de trabajo y domicilio del trabajador ha sido configurada en forma amplia por la doctrina de esta Sala, aunque exigiendo unos criterios de normalidad en la apreciación del binomio trayecto-trabajo, rechazando la calificación de accidente en aquellos supuestos en que se rompía este nexo causal.

c) Más concretamente, para calificar un accidente como laboral in itinere hemos venido exigiendo la simultánea concurrencia de las siguientes circunstancias:

    1. Que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo (elemento teleológico).

    2. Que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa (elemento geográfico).

    3. Que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto (elemento cronológico) o lo que es igual, que el recorrido no se vea alterado por desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales y obedezcan a motivos de interés particular de tal índole que rompan el nexo causal con la ida o vuelta del trabajo.

    4. Que el trayecto se realice con medio normal de transporte (elemento idoneidad del medio).

Pues bien, en base a la doctrina expuesta argumenta el TS en la Sentencia ahora analizada que el accidente acaecido en las presentes actuaciones debe tener la consideración de contingencia profesional y ello debido a que se cumplen de forma indubitada tres de los cuatro elementos configuradores de la laboralidad del accidente.

Para la Sala la única duda puede suscitarse en torno al elemento cronológico, cuya afirmada ruptura por la resolución recurrida se refiere no al tiempo invertido en el trayecto trabajo/domicilio, que fue el habitual en su recorrido y duración -se utilizó el usual medio de transporte-, sino a la consideración -irrelevante a juicio de esta Sala- de que su inicio fue demorado menos de una hora por causa de una gestión exclusivamente personal (la compra de yogures en un cercano supermercado).

Argumenta la Sala que la breve postergación temporal de autos no puede entenderse rupturista del nexo causal, en tanto que la demora por la simple compra de unos yogures no puede sino entenderse -sea a no ama de casa, como en el recurso se argumenta- como una "gestión razonable" que responde a "patrones usuales" de comportamiento y a "criterios de normalidad" de conducta, en los términos que refiere nuestra flexibilizadora doctrina.

TS: la expulsión administrativa de España de un extranjero sólo procede por penas de más de un año de prisión2018-06-11

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha establecido como doctrina jurisprudencial que la expulsión de España de un ciudadano extranjero por vía administrativa como consecuencia de una condena penal solo es procedente cuando la pena mínima prevista en el Código Penal para el delito por el que ha sido condenado sea superior a 1 año de prisión.

Al existir sentencias contradictorias de los Tribunales Superiores de Justicia de distintas comunidades autónomas, la Sala establece cómo tiene que interpretarse el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) que regula la expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, del extranjero que haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

En primer lugar, la Sala establece que la pena a la que se refiere dicho artículo es la prevista en abstracto en el Código Penal para el delito cometido, y no la pena concreta impuesta al afectado en sentencia. Y en segundo término, indica que la referencia a la pena superior a un año, debe interpretarse como la pena mínima que recoja el Código para cada delito.

Textualmente, la doctrina jurisprudencial acordada por el Supremo señala que “el artículo 57.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (LOEX) —y, en concreto, su inciso “delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año”— debe ser interpretado en el sentido de que el precepto se refiere a la pena prevista en abstracto en el Código Penal para el delito correspondiente, si bien, sólo en aquellos supuestos en los que la totalidad de la pena establecida en el Código Penal sea “una pena privativa de libertad superior a un año”, esto es, excluyendo aquellos delitos en los que, con independencia del máximo previsto para la pena de privación de libertad, el mínimo, igualmente previsto, es de un año o menos”.

Del precepto, explica la sentencia, no se deduce ninguna referencia a la condena concreta que se le impusiera al ciudadano extranjero, sino que lo único que exige y requiere es que la sanción prevista en el Código Penal español para el delito por el que se le condena sea una pena privativa de libertad superior al año, aunque la pena privativa de libertad que se le haya impuesto sea inferior al año.

“Se trata de una infracción objetiva en la que la valoración subjetiva de los hechos determinantes de la condena penal ya fue realizada por el tribunal penal, y tal valoración, con el juego de grados, atenuantes o conformidades, pudo dar lugar a una concreta pena privativa de libertad inferior al año; pero tal valoración subjetiva no le corresponde realizarla, de nuevo, a la administración en el momento de la imposición de la sanción de expulsión, ya que el legislador sólo ha habilitado a la misma para la comprobación de que el delito, por el que el extranjero fue condenado, está sancionado, en el Código Penal español, con una pena privativa de libertad superior al año”, subraya la Sala.

El precepto, según los magistrados, no se refiere a la conducta sino al delito, por lo que la decisión se debe adoptar sin considerar si el hecho se consumó o quedó en tentativa o la incidencia de determinadas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, pues la aplicación del mismo quedaría al arbitrio de que la acusación solicite mayor o menor pena o de que el tribunal del orden penal la imponga por encima o no de dicho umbral. En este contexto, la Sala se inclina por la interpretación de la “pena abstracta” o “pena tipo”, ya que si se aplica la contraria, “pena concreta”, se podría dar la circunstancia de que algún extranjero fuera expulsado al ser condenado penalmente por una pena superior a un año –por el juego y aplicación de las circunstancias agravantes concurrentes- por un delito que sólo tenga prevista en el Código Penal una pena de prisión inferior a un año. Recuerda el tribunal, además, que esta causa de expulsión recogida en el artículo 57.2 de la LOEX es una transposición de la normativa europea que ha sido decidida en un ámbito comunitario que no admite interpretaciones concretas en el ámbito del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro.

En la sentencia que fija la doctrina jurisprudencial, el Supremo resuelve el caso planteado por un ciudadano extranjero con una orden de expulsión de España, con prohibición de entrada durante siete años, como consecuencia de una sentencia firme a ocho meses de prisión por un delito de atentado a agentes de la autoridad. El tribunal estima el recurso de casación del interesado y anula la orden de expulsión dictada por la Subdelegación de Gobierno de Sevilla, de 19 de noviembre de 2015, al considerar que dicho delito “ni estaba ni está sancionado” en el Código Penal tanto en el momento en el que ocurrieron los hechos –uno a tres años de prisión Ley Orgánica 10/1995- como en una reforma posterior –seis meses a tres años de prisión Ley Orgánica 1/2015- con una pena privativa de libertad superior a un año.

La sentencia incluye dos votos particulares firmados por los magistrados Rafael Fernández Valverde y José Juan Suay Rincón que expresan su discrepancia con el criterio de la mayoría sobre la interpretación del citado artículo. En concreto, defienden que la sanción a considerar no debería ser la prevista en el Código Penal para el delito por que ha sido condenado el ciudadano extranjero, como afirman los demás magistrados, sino la pena por la que, concretamente, es condenado.

El número de asuntos resueltos por los Juzgados de cláusulas abusivas se incrementó un 60,5 % en el primer trimestre del año respecto al último de 20172018-06-11
La cifra de asuntos ingresados cae un 26,5 % y es la más baja de los tres trimestres completos de funcionamiento de estos órganos judiciales. El 97,6 % de las casi 23.000 sentencias notificadas desde la puesta en marcha del plan de urgencia el 1 de junio de 2017 es favorable al cliente

Autor Comunicación Poder Judicial

El número de asuntos resueltos en el primer trimestre del año por los Juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física fue de 16.988, lo que representa un incremento del 60,5 por ciento respecto a los 10.586 asuntos resueltos en el último trimestre de 2017. 

Estos órganos judiciales, que entraron en funcionamiento el 1 de junio del año pasado, conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa. 

El aumento de la cifra de asuntos resueltos coincide además con la disminución del número de asuntos ingresados, que entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo fue de 57.955, un 26,5 por ciento menos que en el trimestre anterior, cuando se recibieron 78.829. También es inferior al registrado en el tercer trimestre de 2017 –59.327 asuntos-, pese a que ese periodo incluía el mes de agosto, inhábil en la jurisdicción civil. 

La caída en la entrada de asuntos se observa también en la evolución dentro del propio trimestre: si en enero ingresaron algo más de 26.000 asuntos, en febrero fueron en torno a 17.000 y en marzo poco más de 13.000. 

Asuntos ingresados y resueltos (por Comunidades Autónomas) 

CC.AA.

2T 2017*

3T 2017

4T 2017

1T 2018

TOTAL

 

Ing.

Res.

Ing.

Res.

Ing.

Res.

Ing.

Res.

Ing.

Res.

Andalucía

1749

0

13217

353

17912

1373

11256

2327

44134

4053

Aragón

554

0

2307

171

2189

355

1716

450

6766

976

Asturias

289

0

1087

279

1841

893

1614

1517

4831

2689

Baleares

189

0

858

76

1831

240

1241

337

4119

653

Canarias

791

0

3414

134

6479

538

3676

979

14360

1651

Cantabria

0

0

988

29

1462

163

1137

340

3587

532

Castilla y León

1088

0

5126

230

5776

1505

3468

1905

15458

3640

C.-La Mancha

601

0

3391

63

4397

593

2874

1316

11263

1972

Cataluña

1392

0

8513

75

9943

660

10276

1267

30124

2002

C. Valenciana

1192

0

4664

170

7097

996

4231

1240

17184

2406

Extremadura

657

0

1196

84

3651

429

3134

969

8638

1482

Galicia

644

0

2726

143

3330

609

1547

589

8247

1341

Madrid

2283

0

6661

194

5318

954

5604

1419

19866

2567

Murcia

83

0

1493

4

1998

125

1592

357

5166

486

Navarra

224

0

945

65

870

178

623

333

2662

576

País Vasco

704

0

2281

202

4084

723

3615

1393

10684

2318

La Rioja

100

0

460

3

651

252

351

250

1562

505

 

ESPAÑA

 

12540

 

0

 

59327

 

2275

 

78829

 

10586

 

57955

 

16988

 

208651

 

29849

*Del 1 al 30 de junio 

El incremento del número de asuntos resueltos y el descenso de los ingresados ha supuesto que la tasa de resolución a nivel nacional en el primer trimestre del año haya alcanzado el 29,3 por ciento, frente al 13,4 por ciento del último trimestre de 2017. 

Esta tasa –que es el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un periodo determinado- pone en relación el volumen de entrada con la capacidad resolutiva del órgano judicial. 

Los datos recopilados por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial indican que en el primer trimestre de 2018 la tasa de resolución ya fue superior al 50 por ciento en cuatro Comunidades Autónomas: Asturias –donde llega al 94 por ciento-, Castilla y León, Navarra y La Rioja. 

Otros cinco territorios –Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y el País Vasco- se sitúan por encima de la media nacional con tasas de resolución que van del 29,9 por ciento de Cantabria al 45,8 por ciento de Castilla-La Mancha. 

Por debajo de la media nacional se sitúan Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia y Cataluña, teniendo esta última –con un 12,3 por ciento- la tasa de resolución más baja, si bien es la única, junto con Madrid, en la que el número de asuntos ingresados en el primer trimestre de 2018 (10.276) fue superior al registrado en el último trimestre del año pasado (9.943). 

Tasa de resolución (por Comunidades Autónomas) 

CC.AA.

2T 2017*

3T 2017

4T 2017

1T 2018

TOTAL

Andalucía

0 %

2,7 %

7,7 %

20,7 %

9,2 %

Aragón

0 %

7,4 %

16,2 %

26,2 %

14,4 %

Asturias

0 %

25,7 %

48,5 %

94,0 %

55,7 %

Baleares

0 %

8,9 %

13,1 %

27,2 %

15,9 %

Canarias

0 %

3,9 %

8,3 %

26,6 %

11,5 %

Cantabria

0 %

2,9 %

11,1 %

29,9 %

14,8 %

Castilla y León

0 %

4,5 %

26,1 %

54,9 %

23,5 %

C.-La Mancha

0 %

1,9 %

13,5 %

45,8 %

17,5 %

Cataluña

0 %

0,9 %

6,6 %

12,3 %

6,6 %

C. Valenciana

0 %

3,6 %

14,0 %

29,3 %

14,0 %

Extremadura

0 %

7,0 %

11,8 %

30,9 %

17,2 %

Galicia

0 %

5,2 %

18,3 %

38,1 %

16,3 %

Madrid

0 %

2,9 %

17,9 %

25,3 %

12,9 %

Murcia

0 %

0,3 %

6,3 %

22,4 %

9,4 %

Navarra

0 %

6,9 %

20,5 %

53,5 %

21,6 %

País Vasco

0 % 

8,9 %

17,7 %

38,5 %

21,7 %

La Rioja

0 %

0,7 %

38,7 %

71,2 %

32,3 %

 

ESPAÑA

 

0 %

 

3,8 %

 

13,4 %

 

29,3 %

 

14,3 %

*Del 1 al 30 de junio 

El 97,6 % de las sentencias, favorables al cliente 

En el primer trimestre del año, los Juzgados especializados dictaron 13.573 sentencias, un 67,6 por ciento más que en el trimestre anterior. En total, y desde que se pusieron en marcha el 1 de junio de 2017, estos órganos judiciales han dictado 22.899 sentencias, de las que el 97,6 por ciento han sido favorables al cliente. 

Sentencias dictadas por los Juzgados especializados 

CC.AA.

2T 2017*

3T 2017

4T 2017

1T 2018

TOTAL

Andalucía

0

43

721

1605

2369

Aragón

0

118

301

383

802

Asturias

0

173

819

138

2374

Baleares

0

62

90

271

423

Canarias

0

83

367

699

1149

Cantabria

0

º7

121

295

433

Castilla y León

0

150

1317

1588

3055

C.-La Mancha

0

25

476

957

1458

Cataluña

0

47

446

938

1431

C. Valenciana

0

85

801

1046

1932

Extremadura

0

56

384

816

1256

Galicia

0

70

426

440

936

Madrid

0

105

799

1225

2129

Murcia

0

0

77

246

323

Navarra

0

17

98

193

308

País Vasco

0

177

647

1263

2087

La Rioja

0

2

206

226

434

 

ESPAÑA

 

0

 

1230

 

8096

 

13573

 

22849

 

Est.

Des.

Est.

Des.

Est.

Des.

Est.

Des.

Est.

Des.

Estima/Desestima

0

0

1221

9

7941

155

13192

381

22354

545

Porcentaje (%)

0

0

99,3

0,7

98,1

1,9

97,2

2,8

97,6

2,4

*Del 1 al 30 de junio

La unificación de criterios que indica el elevado porcentaje de sentencias estimatorias en todo el territorio nacional es uno de los factores que explican el descenso en el número de asuntos ingresados, al propiciar que las entidades bancarias lleguen a acuerdos extrajudiciales, evitando el litigio. 

También se prevé que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 21 de marzo sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tenga efecto en la entrada de demandas que se refieran a esta cuestión, al haber determinado ya que el pago del impuesto por la constitución de préstamo incumbe al prestatario, mientras que, por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite. 

Incremento de la tasa de sentencia 

Las sentencias no son las únicas formas de terminación de los asuntos que entran en los Juzgados especializados. También pueden concluir por auto final o decreto cuando, por ejemplo, se acumulan en un solo procedimiento varias demandas referidas a distintas cláusulas de la misma hipoteca o se produce la renuncia o el desistimiento de una de las partes.

Los datos estadísticos indican que la tasa de sentencia, que pone en relación el número de sentencias dictadas con el de asuntos resueltos, se ha ido incrementando desde la puesta en marcha de los Juzgados. 

Tasa de sentencia 

 

2T 2017*

3T 2017

4T 2017

1T 2018

TOTAL

Asuntos resueltos

 

0

 

2275

 

10586

 

16988

 

29849

Sentencias dictadas

 

0

 

1230

 

8096

 

13573

 

22899

Tasa de sentencia

 

0 %

 

54,1 %

 

76,5 %

 

79,9 %

 

76,7 %

*Del 1 al 30 de junio

¿Es necesario un Balance Auditado para poder ejecutar una Operación Acordeón?2018-06-11

Es una aportación muy interesante que acabamos de analizar en un asunto que nos trasladaba uno de nuestros clientes.

Introducción

La  operación acordeón es un mecanismo especialmente útil para lograr el saneamiento patrimonial y la reestructuración.

Por lo que respecta a su regulación, ésta queda recogida en los artículos 343-345 TRLSC, que establece dos reglas: (i) la simultaneidad entre la operación de reducción y la de aumento y (ii) el respeto al derecho de asunción o suscripción preferente.

Todo lo no previsto en los artículos anteriores, se regulará por la normativa específica de la modificación estatutaria, y las operaciones de reducción y aumento.

Caso planteado

¿Es necesario un Balance Auditado para poder ejecutar una Operación Acordeón?

Previamente a la inscripción en el Registro mercantil de la escritura de aumento, reducción de capital y modificación estatutaria, nos planteamos esta pregunta.  No cabe olvidar que la mayoría de las compañías que requieren de esta operación no tienen liquidez para afrontar el gasto que supone auditar un balance.

En este sentido, no será necesario un balance auditado, siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones:

1º) Que los intereses de los acreedores queden salvaguardados. Esta circunstancia se producirá cuando la ampliación de capital que se realiza con posterioridad a la reducción, deje el capital establecido en un importe  superior al que lo estaba inicialmente. 

Así lo establece la Dirección General de los Registros y del Notariado;

"Ciertamente, cuando se trata de la reducción y aumento de capital simultáneos -en los términos de los artículos 343 a 345 de la Ley de Sociedades de Capital-, el recíproco condicionamiento de la operación como un todo unitario forzosamente produce una serie de consecuencias jurídicas, de tal manera que la posición de los acreedores puede quedar incólume en aquellos supuestos en los que lejos de disminuir la garantía que supone la cifra de capital social, ésta al menos se mantiene e incluso, a veces (aunque no siempre el motivo sea la existencia de deudas sociales), se produce un saneamiento de la sociedad como consecuencia de las nuevas aportaciones realizadas. Por ello, puede sostenerse que no son exigibles los requisitos que en garantía de los acreedores contemplan los artículos 331 a 333 de dicha Ley (cfr., respecto de sociedades anónimas, las Resoluciones de 28 de abril de 1994, y 16 de enero de 1995, así como la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2003).

Por lo tanto, si la nueva cifra de capital alcanza o supera la que tenía con anterioridad, el aumento experimentado por el patrimonio social supondrá un beneficio para los acreedores. Y en consecuencia quedarán salvaguardados los intereses de los acreedores.

Añade también la DGRN otro argumento para no tener que auditar el balance en una operación acordeón:

"si la causa alegada para la reducción es el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido por pérdidas podría cuestionarse si en tal caso la realidad de éstas sería intrascendente y, en consecuencia, es innecesario justificarlas a efectos de su inscripción registral tal como con carácter general exige el artículo 201.4 del Reglamento del Registro Mercantil para toda reducción que responda a aquella finalidad."

2º) Que se haya respetado el derecho de adquisición preferente de los socios. Además, los socios deben haber aprobado por unanimidad la medida aunque no ejerciten dicho derecho de adquisición preferente.

Por lo tanto, el acuerdo de la reducción y aumento de capital simultáneos deberá aprobarse en Junta General, por unanimidad. En el acta de la Junta deberá recogerse que los socios han ejercido o renunciado a su derecho de adquisición preferente.

Conclusión

La denominada "operación acordeón" se concibe como  una alternativa de especial interés para preservar la viabilidad patrimonial de una compañía. Así pues, la Ley de Sociedades de Capital, regula en los artículos 343-345 el procedimiento a seguir en estas operaciones.

No será necesario auditar el balance para ejecutar la operación acordeón siempre y cuando se cumpla con los requisitos de (1) salvaguardar el interés de los acreedores; y (2) aprobar por unanimidad la operación y respetar el derecho de adquisición preferente de los socios.

La Abogacía Catalana celebra la aprobación definitiva en el Senado de la reforma legislativa que permitirá el desalojo por la vía rápida de pisos ocupados ilegalmente2018-06-08

CGAE

El Consell de l’Advocacia Catalana, que representa a los catorce Colegios de Abogados de Cataluña, celebra la aprobación definitiva en el Senado de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitirá el desalojo por la vía rápida de las viviendas propiedad de particulares, organizaciones y administraciones con fines sociales, que hayan sido ocupadas de forma ilegal. La propuesta de modificación legislativa fue elaborada por la Comisión de Normativa del Consell de l’Advocacia Catalana y el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, ​​a instancias de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. El PDeCat la presentó el pasado mes de abril en el Congreso, donde se aprobó, y hoy ha sido ratificada en el Senado, lo que supone su aprobación definitiva.

La propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil planteada por la Abogacía Catalana consiste en que, antes del juicio verbal, el juez pueda actuar de forma inmediata y ejercite el desalojo de la vivienda cuando la parte propietaria acredite su condición a través de un título. Si el ocupante, en cambio, no puede aportar ningún título de alquiler o propiedad que demuestre su legalidad, se procederá a ejecutar el lanzamiento sin tener que recurrir a la vía penal, donde los procesos se alargan entre dos y tres años. Con esta reforma el propietario podrá recuperar su vivienda en un plazo de unos dos meses.

Esta reforma legislativa está pensada para particulares, organizaciones y administraciones propietarias de viviendas para usos sociales que son ocupados ilegalmente, y para combatir las mafias que abusan de las personas vulnerables. No se podrán acoger a esta ley el resto de propietarios de viviendas, como los bancos o los fondos buitre.

La nueva ley entrará en vigor en un plazo de 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Supremo plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regula el reingreso de jueces suspendidos2018-06-08
El caso concreto se refiere a un acuerdo de 10 de noviembre de 2016 de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declaró la falta de aptitud para el reingreso al servicio activo de un magistrado sancionado con un año de suspensión de sus funciones

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad sobre si el artículo 367.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula el reingreso en el servicio activo de los jueces suspendidos de sus funciones tras ser sancionados, pudiera ser contrario al principio de seguridad jurídica establecido en el artículo 9.3 de la Constitución, en relación con la reserva de ley prevista en los artículos 117.2 y 122.2 de la Constitución y con la garantía de la inamovilidad judicial que se reconoce en el artículo 117.1 y 2. El artículo cuestionado prevé que el reingreso de estos jueces “exigirá la previa declaración de aptitud por el Consejo General del Poder Judicial, quien recabará los informes y practicará las actuaciones necesarias para su comprobación”. 

El caso concreto por el que se ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad se refiere a un acuerdo de 10 de noviembre de 2016 de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se declaró la falta de aptitud para el reingreso al servicio activo de un magistrado que fue sancionado con un año de suspensión de sus funciones, asimilando su situación a la de una excedencia, conforme al artículo 367.1 de la LOPJ y con los efectos previstos en el artículo 200.2 del Reglamento de la Carrera Judicial. 

El tribunal explica que el artículo 367.1 establece como requisito para dicha reincorporación al servicio activo la solicitud de reingreso por parte del interesado y la declaración de aptitud por parte del CGPJ. Sin embargo, indica que nada dice respecto a las consecuencias de la declaración de no aptitud por parte del CGPJ, lo que conduce a una situación cuando menos anómala, aunque la omisión del legislador haya sido cubierta por el Reglamento de la Carrera Judicial que, en su artículo 200.2, establece que el afectado permanecerá en situación asimilada a la excedencia. 

Para la Sala, el precepto legal resultaría difícilmente compatible con el principio de seguridad jurídica al faltar la imprescindible consecuencia para el caso de que la declaración de aptitud fuese denegada por el CGPJ. “El precepto sería aplicable en caso de declaración de aptitud, pero no en cambio en supuestos como el presente en que el CGPJ ha declarado al suspenso no apto para el servicio activo, sin que pudiera determinar por falta de regulación las consecuencias que se derivan de ello y sin que el solicitante pueda continuar suspenso una vez cumplida el período de sanción de suspensión acordado en su día”, subrayan los magistrados. 

En un auto, la Sala indica que el artículo 367 de la LOPJ suscita “serias dudas de constitucionalidad” ya que la suspensión del juez “se produce como consecuencia de una sanción, por lo que no se trata de una situación administrativa en la que el afectado se encuentra de manera voluntaria”. Añade que la finalización del período de suspensión supone que se ha cumplido la sanción y que, en principio, el suspenso ha de reincorporarse al ejercicio activo de su condición de juez o magistrado.

En consecuencia, prosigue el tribunal, los requisitos que se establezcan para la reincorporación al servicio activo no pueden desconocer que la misma es consecuencia del efectivo cumplimiento de una sanción y que la suspensión no puede prolongarse en el tiempo, por lo que tales requisitos han de tener una justificación suficiente y ser proporcionados a su finalidad. “Lo que sí queda claro –precisa la Sala- es que la indeterminación del precepto atenta gravemente a la seguridad jurídica en cuestiones tan sensibles como lo son tanto el adecuado control de la idoneidad de jueces y magistrados para el ejercicio efectivo de la función judicial, por un lado, como la inamovilidad de los mismos, por otro”.

El Supremo confirma la obligatoriedad de la vigilancia de la salud para vigilantes y escoltas2018-06-08

USO

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo resuelve, en una sentencia de 7 de marzo de 2018, reitera su criterio de anteponer la obligatoriedad de la vigilancia de la salud en actividades de especial peligrosidad al derecho a la intimidad. Se trata de un criterio ya expresado en la sentencia de 10 de junio de 2015, en la que estableció la obligatoriedad del reconocimiento médico de setecientos Brigadas Rurales de Emergencia.

En este caso, los trabajadores demandaron a la empresa CAVSA SEGURIDAD SL, por imponer, a pesar del informe negativo de la representación legal de los trabajadores, la obligatoriedad de someter tanto al personal de la Central de Receptoras de alarmas como a los vigilantes de seguridad y escoltas, a reconocimientos médicos periódicos. En su demanda plantean que esta obligación vulnera el derecho de intimidad de los trabajadores.

El artículo 22.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) establece la obligación del empresario de garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos derivados del trabajo.

No obstante, para proteger el derecho a la intimidad de los trabajadores, el propio artículo 22.1 en su párrafo 2 de la LPRL señala que: “esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento”. Así, se asienta el llamado principio de voluntariedad en los reconocimientos médicos, que consiste en que el trabajador es libre para decidir someterse o no a los reconocimientos médicos y también, para decidir a qué pruebas desea someterse y a cuáles no.

Ahora bien, en la propia sentencia, el TS señala que el principio de voluntariedad no es un derecho absoluto. Es decir, este principio cede a favor de la obligatoriedad de los reconocimientos médicos periódicos en tres supuestos, de conformidad con el artículo 22 LPRL que son:

  1. La obligatoriedad del reconocimiento médico cuando su práctica resulte imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones del trabajo sobre la salud de los trabajadores.
  2. La necesidad de verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, (función preventiva).
  3. Que la obligatoriedad esté establecida en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad (lo que es el caso).

En conclusión, el Tribunal Supremo estima que en caso de producirse alguno de los tres supuestos anteriores, los trabajadores están obligados a someterse a los reconocimientos médicos periódicos. Por ello, estima parcialmente la demanda, al dejar sin efecto para el personal de la Central Receptora de Alarmas, la obligación de someterse a los reconocimientos médicos periódicos impuestos por la empresa, es decir, para estos trabajadores rige el principio de voluntariedad. Pero con respecto a los vigilantes de seguridad y escoltas, mantiene la obligatoriedad del reconocimiento impuesta por la empresa debido a que los considera expuestos a riesgos específicos y que realizan una actividad de especial peligrosidad, tal y como recoge el apartado c) del artículo 22 de la LPRL.

Abonado el pago de marzo del Turno de Oficio en el territorio del Ministerio de Justicia2018-06-07

La Dirección General del Tesoro ha efectuado el 4 de junio el pago correspondiente al mes de marzo de 2018 del Turno de Oficio que corresponde a los Colegios de Abogados de territorio común bajo competencia del Ministerio de Justicia.

El Consejo General de la Abogacía confía en seguir con este ritmo de pagos mensuales, así como absorber este desfase de meses antes de acabar el año.

Desde hace meses, se vienen manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia con el fin de agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, se ha conseguido que el Ministerio abone con carácter mensual las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita.

En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 que el Tesoro Público procedió a abonar el 18 de abril, la liquidación se efectuará con carácter mensual a partir de mayo, a excepción de enero y febrero de 2018 que se abonaron el 30 de mayo.

No obstante, con ello no se soluciona el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado, así como el reconocimiento de nuevos módulos.

La Abogacía continuará trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Enrique Arnaldo, abogado: “Ante el Tribunal Supremo, lo más complicado es contar todo en sólo 25 folios”2018-06-07

Enrique Arnaldo Benzo, abogado del Colegio de Abogados de Madrid, ha ganado su primer recurso de casación con sólo 29 años y seis ejerciendo la abogacía. El recurso de casación resolvió el caso de las ex gimnastas Gloria Viseras Die e Irene Martínez Mecha y el ex entrenador Antonio Llorens. Viseras denunció al ex seleccionador nacional de gimnasia artística, Jesús “Fillo” Carballo García, de haber sufrido abusos sexuales desde los 12 a los 15 años en los entrenamientos, en hoteles y en el coche del denunciado. Esta denuncia fue respaldada por su ex compañera Irene Martínez, quien declaró haber visto a Carballo abusar de Viseras una noche en un hotel de concentración. Gloria Viseras denunció los hechos en primer lugar ante el Consejo Superior de Deportes y ante la Policía Nacional. Carballo, que fue suspendido de su trabajo por el Consejo Superior de Deportes, fue acusado de trato vejatorio y abusos sexuales pero la justicia archivó el asunto al considerar que los delitos habían prescrito hacía cuatro años. El ex seleccionador nacional respondió presentando una demanda civil contra Viseras y Martínez, pidiendo a las dos ex gimnastas una indemnización de 50.000 euros, por una intromisión ilegítima en su derecho al honor.

  1. Tenía 25 años cuando este asunto llega a sus manos, ¿Qué supuso para usted que le confiaran un caso como este?

Pues llevaba no más de dos años de ejercicio, y aunque había tenido casos de relativa importancia en la Audiencia Provincial, con este encargo me enfrentaba sin duda a mi mayor reto profesional. Suponía por un lado un tremendo orgullo para mí, por contar conmigo para un caso tan importante para ellas, y una tremenda responsabilidad, sobre todo después de escuchar de primera mano, tras nuestro primer encuentro, todo el caso desde que los hechos ocurrieron a finales de los 70 hasta la actualidad, que fue cuando me di cuenta de que para ellas era un asunto muy personal y de gran relevancia pública al haber aparecido el caso en los medios.

  1. ¿Cómo planteó el caso?

En primer lugar, separé por un lado las acusaciones que se vertían respecto de las dos gimnastas cuya defensa era diferente a la del entrenador Llorens, al que se le demandaba por unas declaraciones hechas en el diario EL PAIS a raíz de la aparición del caso, donde manifestaba haber presenciado tocamientos a Gloria Viseras por parte de su compañero de profesión.

Por otro lado, consideré necesario para defendernos de las acusaciones de intromisión ilegítima al derecho del honor de Carballo vertidas sobre mis clientes, poner de relieve todos los testimonios que acreditaban los hechos denunciados en las diligencias policiales, así como a través de otros testigos y, en definitiva, mostrar a sus señorías y al Ministerio Fiscal todos las manifestaciones que acreditaban la existencia de los abusos, lo que suponía que había mucho más que una mera apariencia de veracidad de los hechos denunciados y que la causa penal se archivó por prescripción, no porque los hechos relatados fueran falsos.

A ello había que sumarle el principal problema jurídico que residía en ver qué derecho prevalecía en este caso, si el derecho al honor de la supuesta víctima o el derecho a la libertad de expresión de mis clientes y de libertad de información de los medios que publicaron esta noticia, lo que suponía un importante estudio, ya que la jurisprudencia es dispar en este tema, ateniéndose principalmente al caso concreto.

Fue una labor dura pero que por lo menos para mí, es mi parte favorita de la profesión, el estudio del caso y el planteamiento inicial de la defensa.

  1. Aunque en un primer momento el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 7 de Collado Villalba, Madrid dio la razón a las gimnastas en su sentencia de septiembre de 2015, desestimando la demanda de Carballo, la Audiencia Provincial tumbó la sentencia y condenó a sus clientes a pagar 10.000 euros por las “intromisiones ilegítimas en el honor del demandado. ¿Cómo reciben la noticia Viseras y Martínez?

Sin duda, fue un verdadero mazazo, las dos se quedaron destrozadas y más tras leer la Sentencia, donde se acogían a pequeñas contradicciones para entender que no se había probado la veracidad de los hechos, sin llevar a cabo un análisis para ponderar los intereses en conflicto.

Pero traté de animarlas acogiéndonos a la posibilidad de recurrir en casación ya que en mi opinión la sentencia se podía revocar.

  1. Decide recurrir en casación ante la Sala de lo Civil del Supremo, ¿Fue un desafío ajustar la extensión del mismo a las nuevas normas introducidas por la sala?

Me gusta que lo califique como desafío, porque coincide totalmente con lo que ocurrió. No había pasado tampoco mucho tiempo desde la aprobación del acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, y no tenía acceso a ningún prototipo de recurso de casación en cuanto a su estructura, pero sin duda la mayor complicación para mí estaba en contar todo en sólo 25 folios, que justo en este caso había muchos puntos, aunque me centre en las que jurídicamente tenían un mayor interés casacional.

  1. ¿En torno a qué tres infracciones levantó el recurso de casación?

La primera fue a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial, en aras a distinguir entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información, ya que el canon de veracidad exigido es muy diferente entre un derecho y otro, y que a diferencia de la Sentencia de la Audiencia la libertad ejercitada por mis mandantes no fue libertad de información, como declaraba la Audiencia, sino la de expresión y por ello la ponderación entre ambos derechos no se había realizado correctamente.

El segundo de los motivos de interés casacional planteado era la singularidad de este caso concreto que viene derivado del archivo de una causa penal por prescripción, y con ello me remito a la segunda respuesta, ya que al final era un hecho importante sobre el que no existía jurisprudencia, y si bien había numerosos testimonios que compartían lo denunciado por Viseras y Martínez, ningún Juzgado había declarado a Jesús Carballo como culpable, ni lo contrario, no había pruebas suficientes de que los hechos denunciados fueran falsos y por tanto pudieran considerarse como una vulneración del derecho al honor de Jesús Carballo, cuando lo que se había contado eran unas vivencias personales sufridas.

Y el tercero, que para mí era el más importante y así termino siendo, versaba sobre la necesidad de ponderar los intereses en conflicto en el presente caso. Toda vez que la exigencia de veracidad aplicada por parte de la Audiencia era muy rigurosa, que a la postre resultó el motivo para la estimación del recurso por parte del Tribunal.

  1. ¿El ponente del caso se alineó con el tribunal de la Audiencia Provincial sobre la primera infracción?

Así es, además se denota de las manifestaciones del Tribunal una defectuosa técnica empleada por mi parte en ese motivo del recurso, pero desde un punto de vista global supone para mí una importante lección pues si bien, no comparto en ese aspecto la opinión del Tribunal no puedo negar que está muy bien fundamentado.

Por lo que, si bien me llevo un palo jurídico en ese motivo, luego conseguí levantarlo con el tercer motivo de interés casacional.

  1. Finalmente, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo revocó la sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Madrid, dejándola “sin valor ni efecto”. ¿Qué fue más importante para sus clientes quedar libres de cargos o la gratificación porque dieran veracidad a los hechos denunciados, aunque hubieran prescrito los delitos?

Yo diría que fue un poco mezcla de ambos, pero lo más importante para los tres ha sido el conseguir hacer justicia y que no prosperase la demanda de Jesús Carballo. Y ya que no pudieron conseguir una pronunciación sobre el fondo del asunto en vía penal, sobre la veracidad o no de los hechos denunciados, que al menos la Justicia considerase que lo que habían relatado en los medios suponía la expresión de unas vivencias muy dolorosas y en ningún caso una falsedad que dañaba el honor del demandante.

  1. ¿Por qué considera que esta sentencia tiene en cuenta a las víctimas?

Hemos de tener en cuenta que la publicación de la sentencia coincidió con el caso de abusos sexuales cometidos por el Dr. Nassar a las gimnastas de EEUU, donde cabe decir que el delito por abuso sexual a menores de edad no prescribe, lo cual, sin duda, dio un mayor alcance mediático.

Pero sobre todo por lo expuesto al final de la sentencia donde habla de la importancia y la gravedad que tienen unos hechos de esta naturaleza, la necesaria protección que debe darse a las víctimas de abusos sexuales en el contexto de la enorme dificultad que supone probar plenamente unos hechos de esta índole.

  1. ¿Cómo se sintió al saber que había ganado un recurso de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con 29 años?

Pues fue un día que jamás olvidaré ya que además me enteré del resultado de la sentencia por la prensa en primer lugar, a raíz del Boletín del Tribunal Supremo, y se estaban publicando varios artículos sobre ello, pero como abogado yo no quería creérmelo del todo hasta que no viera el fallo de la sentencia, por lo que fueron momentos de muchos nervios al principio, pero que finalmente se convirtieron en una tremenda alegría.

La conclusión con la que me quedo es que no debemos desistir de nuestras metas por la dificultad que pueden suponer, ya que con esfuerzo y trabajo puedes conseguir lo que te propongas, como ocurre igualmente cuando escalas una alta montaña, donde igualmente tienes que sortear numerosas dificultades, pero el placer de alcanzar la cima, o una sentencia favorable, es un gran motivo de orgullo y satisfacción.

  1. ¿Cómo valora la labor de sus compañeros en el Turno de Oficio?

En muchas ocasiones como auténticos héroes sin capa, que ejercen una labor por vocación muy sacrificada y mal pagada donde lo que se defiende y persigue es una justicia universal accesible a todos y tener una defensa en igualdad de condiciones.

Eso sí también pienso que es una profesión muy poco reconocida, a pesar de la importancia que tiene y que debe mejorarse el sistema y eliminar los retrasos en los pagos.

La presencia digital significativa, ¿solución a los retos de la economía digital?2018-06-07

Elizabeth Gil García
Profesora Ayudante Doctora del Área de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Alicante.

Como se indicó en una anterior colaboración de este boletín, la Unión Europea ha puesto en marcha una reforma integral en materia del impuesto sobre sociedades que permita el gravamen sobre los beneficios digitales en el lugar en el que éstos se obtienen. Esta propuesta de Directiva, publicada el 21 de marzo de 2018, se basa en la presencia digital significativa o "significant digital presence" y viene a unirse a las diferentes iniciativas de la Comisión para asegurar un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz. De hecho, la propuesta para una Base Imponible Consolidada Común del Impuesto sobre Sociedades (BICCIS) es considerada como la solución para asegurar la justicia y eficacia de la tributación empresarial dentro de la Unión. Sin embargo, los retos de la economía digital no han sido recogidos en la misma, por lo que las reglas basadas en la presencia digital significativa deberían incluirse en la BICCIS.

El nexo que permite gravar en el Estado de la fuente las rentas obtenidas por un no residente es la existencia de una presencia física en aquél, esto es, la obtención de rentas mediante establecimiento permanente (EP). Ahora bien, en el caso de los servicios digitales, al no ser requisito para su prestación un "lugar fijo de negocios", las actuales normas no permiten el gravamen respecto de los mismos. En consecuencia, la Comisión considera necesario determinar una presencia digital significativa que permita el gravamen de estos nuevos modelos de negocios.

El objeto, por tanto, de esta propuesta de Directiva es extender el concepto de EP de forma que los Estados miembros puedan incluir a efectos del impuesto sobre sociedades la presencia digital significativa como el canal a través del que se realiza, en todo o en parte, un determinado negocio. Se establece, pues, un nuevo nexo imponible. Asimismo, se establecen los principios para la atribución de beneficios en base a esa presencia digital significativa.

La propuesta afecta a las entidades establecidas en la Unión Europea o en un tercer Estado cuando no exista Convenio de Doble Imposición (CDI) con el Estado miembro en el que se haya identificado una presencia digital significativa. En consecuencia, no se aplica si existe CDI, salvo que éste incluya una disposición similar sobre presencia digital significativa (en concreto, como los arts. 4 y 5 de la propuesta de Directiva). Precisamente, en este sentido, la Comisión recomienda que los Estados miembros negocien las adaptaciones necesarias en sus CDIs con terceros Estados para incluir la definición de una presencia digital significativa y normas de imputación de beneficios a la misma.

Se considera que existe presencia digital significativa en un Estado miembro si el negocio realizado consiste, en todo o en parte, en la prestación de servicios digitales a través de una interfaz digital y si una o más condiciones (del art. 4 de la propuesta de Directiva) se cumplen en relación a la prestación de esos servicios por la entidad que realiza ese negocio: (i) los ingresos procedentes de la prestación de servicios digitales a los usuarios en una jurisdicción superan los 7.000.000€; (ii) el número de usuarios de un servicio digital en un Estado miembro es superior a 100.000; (iii) el número de contratos entre empresas para servicios digitales es superior a 3.000.

De modo que la propuesta de la UE extiende el concepto de EP a la prestación de un servicio digital realizado a través de una interfaz digital cuando, al menos, una de esas tres condiciones se cumplan. Ahora bien, ¿la prestación de servicios digitales es un generador de valor por sí solo? Éstos son definidos como aquellos servicios prestados a través de Internet o de una red electrónica y que están esencialmente automatizados y requieren una intervención humana mínima. No parece que el mero hecho de prestar un servicio por medios electrónicos implique necesariamente la creación de valor. La propia propuesta de Directiva, en su art. 2, señala que los servicios digitales no incluirán la venta de bienes u otros servicios facilitados por el uso de Internet o una red electrónica. Por lo tanto, ¿dónde radica la generación de valor?

La Comisión señala que los ingresos, el número de usuarios y el de contratos son criterios que permiten determinar la "huella digital" ("digital footprint") de un negocio en una jurisdicción, debiendo reflejar la dependencia de las empresas digitales de una gran base de usuarios; la participación y contribuciones del usuario; y, el valor creado por los usuarios para estas empresas. Coincidimos en que la participación de los usuarios representa un importante factor en la creación de valor de las empresas digitales. Pensemos, por ejemplo, en las contribuciones e interrelaciones generadas por los usuarios en determinadas plataformas como las redes sociales o aquéllas que prestan un servicio de intermediación permitiendo a los usuarios conectar entre sí. Llama la atención que la propuesta de Directiva pueda considerar el número de usuarios como único indicador de la participación de los usuarios y el valor creado por los mismos. De hecho, la Comisión ha reconocido que, dada la heterogeneidad de los modelos digitales de negocio, la mayor o menor base de usuarios no implica necesariamente una mayor o menor contribución de los usuarios en la generación de valor.

Podemos afirmar, pues, que la participación de los usuarios es un elemento clave en la generación de valor. Sin embargo, ¿cómo genera valor a los modelos de negocios digitales esa participación? Lógicamente, el valor derivado de la participación de los usuarios dependerá del modelo de negocio por lo que habría que preguntarse: ¿en qué medida la participación de los usuarios genera valor a ciertos negocios digitales? En este sentido, cabe destacar el informe publicado por el Reino Unido, el cual incide especialmente en la participación de los usuarios como un generador de valor para determinadas empresas digitales e indica que ello debe ser considerado en las normas de reparto de la potestad tributaria entre Estados. En concreto, este informe señala cuatro posibles canales a través de los cuales los usuarios generan valor: (i) la generación de contenido (por ejemplo, un post); (ii) el compromiso con la plataforma mediante, por ejemplo, la interacción con otros usuarios; (iii) la generación de redes de contactos a partir de las interrelaciones de los usuarios; y, (iv) la contribución a la marca y a su reputación. 

Considerada la participación de los usuarios como un generador de valor, se hace necesario fijar éste (esto es, ¿cómo se cuantifica el valor resultante de la participación de los usuarios?) para después  determinar los beneficios que el valor generado reporta a ciertos negocios digitales. El art. 5 de la propuesta de Directiva, bajo la rúbrica "beneficios imputables a la presencia digital significativa o en relación con la misma", señala que son imputables aquellos beneficios que la presencia digital debería haber percibido de haber sido una empresa separada e independiente que lleve a cabo actividades idénticas o similares, en condiciones idénticas o similares. Esta imputación de beneficios se basa en un análisis funcional, siendo la realización de actividades económicas a través de la interfaz digital las que van a permitir determinar las funciones de ese "EP virtual". La propuesta de Directiva recoge, en su art. 5.5., un listado de carácter abierto de actividades significativas. Por ejemplo, la venta de espacio publicitario en línea o la recogida y venta de datos a nivel de usuario. Sin duda, los datos representan un importante valor para las empresas digitales. No obstante ello, la mera recogida de datos no implica, como señala el Reino Unido en su paper, una participación de los usuarios en la generación de valor para un negocio digital. Como es lógico, el tratamiento o la venta de los datos sí puede estar generando un valor añadido a una determinada empresa digital. Ahora bien, ¿cabe entender que, conforme al art. 5.5 de la propuesta de Directiva, la (mera) recogida de datos implica la realización de una actividad económica significativa a través de la cual atribuir beneficios al "EP virtual"?  

Dado el valor generado por los usuarios en determinados negocios digitales, parece lógico que, a fin de asegurar que los beneficios sean gravados en aquel lugar en el que se produce la creación de valor, se revisen las actuales normas internacionales. Sin embargo, no parece, a nuestro juicio, que la actual configuración de la presencia digital significativa vaya a asegurar el gravamen allí donde el valor ha sido creado. Consideramos más acertada la posición británica que parte del reconocimiento de la participación de los usuarios como un generador de valor y se inclina por posibles cambios en el Modelo Convenio de la OCDE (por ejemplo, de los arts. 5, 7 y 9 MC OCDE) a fin de que el valor creado por los usuarios sea considerado por las normas internacionales.

Por todo ello, ¿es la presencia digital significativa la solución que estábamos esperando?

El Tribunal Supremo avala el límite de una licencia de VTC por cada 30 de taxi para asegurar el mantenimiento de éste como servicio de interés general2018-06-06
La Sala Tercera anula el requisito de que las empresas de VTC dispongan de una flota mínima de siete vehículos

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha avalado la imposición de limitaciones a la actividad de las VTC, siempre que sean necesarias y proporcionadas, como forma de garantizar el equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano, para asegurar el mantenimiento del servicio del taxi como un servicio de interés general. Así, el tribunal considera ajustado a derecho y no discriminatorio el límite de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, así como la exigencia a las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor de que desarrollen el 80 por ciento de sus servicios en el ámbito de la comunidad autónoma donde esté domiciliada su autorización.

Por el contrario, el tribunal da la razón a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y a las plataformas Uber y Unauto, en el requisito impuesto a las empresas de VTC de que dispongan al menos de una flota de siete vehículos dedicados a dicha actividad, ya que excluiría a los pequeños empresarios de su ejercicio sin razón de interés general o necesidad que lo justifique. Por ello, anula tal limitación.

Los magistrados recogen estos criterios en la sentencia que resuelve los recursos de la CNMC, Uber, Unauto y Maxi Mobility Spain (Cabify) contra el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modificó el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y que estableció las referidas restricciones a la actividad de VTC. En la posición contraria, que respaldaba el Decreto, estaban la Administración del Estado, numerosas federaciones del taxi, la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, o la Asociación Española de la Economía Digital.

En primer término, la Sala rechaza declarar la pérdida sobrevenida parcial del objeto del recurso derivada de la aprobación por el Gobierno, después de celebrarse la vista de los recursos en el Tribunal Supremo (el pasado 17 de abril) del Real Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril, que modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987 en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. Señala que la revisión jurisdiccional de legalidad del Real Decreto impugnado no puede ser evitada por la aprobación del Real Decreto-Ley porque durante el periodo de vigencia (de 2 años y 5 meses) de los preceptos del primero, ahora derogados, han podido originar efectos que pudieran verse afectados por una eventual declaración de ilegalidad de los mismos.

El Supremo examina si las limitaciones del Real Decreto de noviembre de 2015 incumplen prohibiciones contenidas en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado o el ordenamiento europeo, como sostenían los recurrentes, quienes alegaban que no estaban amparadas por una razón imperiosa de interés general, eran desproporcionadas y discriminatorias, y por su carácter económico o finalidad de planificación del sector.

Proporción 1/30 VTC-Taxi y 80% servicios en el territorio de la autorización

Sobre la limitación de licencias VTC en relación al número de taxis, el Supremo destaca que “una vez admitida la justificación de preservar un equilibrio entre las dos modalidades de transporte urbano a fin de asegurar una modalidad como la del taxi, la previsión de una proporción entre el número de licencias es sin duda medida idónea y proporcionada, sin que parezca fácil arbitrar una medida alternativa que pudiera ser menos restrictiva ni corresponda hacerlo en esta Sala”.

En cuanto a la concreta proporción de 1 licencia VTC por cada 30 taxis, admite que la Administración no ha ofrecido una justificación razonada a esas cifras, pero considera que es ajustada a derecho y no discriminatoria, ya que los recurrentes tampoco han planteado una posible alternativa a la misma, y además se trata de un límite máximo y que puede ser rebajado por las administraciones competentes, permitiendo que haya más de una licencia VTC por cada 30.

La Sala también acepta la restricción de que el 80 por ciento de los servicios de VTC deban desarrollarse en el ámbito territorial de la comunidad autónoma donde está domiciliada su autorización. Esta limitación, señala el tribunal, tiene la finalidad de evitar que la utilización de autorizaciones de VTC en localidades de otras comunidades autónomas se convierta en una forma fraudulenta de incumplir la regla de la proporcionalidad. En cualquier caso, señala que en este punto tampoco la Administración ni la CNMC han justificado las razones de la proporción elegida (en el caso del Gobierno) o de la que sería adecuada (por los recurrentes).

En cuanto a los requisitos materiales relativos a los vehículos, la Sala tampoco estima el recurso de la CNMC al entender que también se exigen medidas análogas al servicio del taxi para asegurar los niveles de calidad y seguridad en los mismos.

Flota mínima de siete vehículos

Por el contrario, la Sala estima de forma parcial el recurso de la CNMC, de Uber y de Unauto, y anula por ser contraria a derecho la exigencia de una flota mínima de siete vehículos a las empresas que se dedican a esta actividad por entender que constituye una limitación a la actividad de VTC que excluye a pequeños empresarios del ejercicio de la misma y que carece, sin embargo, de una razón de interés general o de necesidad que la justifique.

La sentencia explica que el Real Decreto impugnado no obliga a tener una flota mínima de siete vehículos destinados al ejercicio de la actividad de VTC sino que, “simplemente, obliga a disponer de uno o más vehículos en las condiciones reglamentarias que se determinen, esto es, simplemente a disponer al menos de algún vehículo destinado a la actividad para la que se solicita autorización”. Para el tribunal, este requisito resulta por completo irrelevante desde la perspectiva de dicha razón de interés general, pues el equilibrio entre taxis y VTC no se ve ni favorecido ni perjudicado por esta exigencia ni tampoco lo justifica la seguridad de las transacciones comerciales.

Tampoco resultan convincentes para el tribunal las razones recogidas en la memoria de impacto normativa que se refieren a que dicha exigencia supone una mejor protección de los derechos de los usuarios o incrementa la seguridad de las transacciones financieras, ni por qué se iba a producir una constante aparición y desaparición de microempresas y por qué, de producirse tal circunstancia, se oscurecería la seguridad jurídica y económica en las relaciones comerciales. “Se trata de afirmaciones apodícticas carentes de explicación y que resultan desmentidas, por cierto, por la existencia de numerosos taxistas que son titulares exclusivamente de su licencia, sin que ello haya ocasionado tan perniciosas consecuencia”, subraya la Sala.

La Audiencia Nacional confirma libertad para una investigada relacionada con los Comités de Defensa de la República por desórdenes públicos durante la Semana Santa 2018-06-06
La Sala considera que los indicios no revisten la gravedad necesaria para adoptar la medida de prisión

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la libertad provisional con medidas cautelares acordada por el juez Diego de Egea respecto de T.C., a la que el juez atribuye un delito de desórdenes públicos por su relación con los actos llevados a cabo durante la pasada Semana Santa por los denominados Comités de Defensa de la República (CDR).

En un auto, los magistrados desestiman el recurso presentado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que pedía que se acordara la medida cautelar de prisión provisional o, subsidiariamente, eludible con la imposición de una fianza por diversos delitos con la finalidad del artículo 573 del Código Penal (terrorismo).

La resolución reproduce los argumentos del juez instructor para dejar en libertad a la detenida como investigada por un delito de desórdenes públicos, así como los de la Fiscalía para ordenar su ingreso en prisión.

Los jueces explican que en este procedimiento se investigan concretamente las acciones realizadas entre el 26 de marzo y el 2 de abril que se describen en el atestado como cortes de carretera, manifestaciones (como rodear simbólicamente la estación de Sants en Barcelona) y el levantamiento de barreras durante unas horas en algunos peajes.

En este punto, advierte la Sala, en orden a resolver únicamente sobre la situación personal de la investigada -“sin pronunciarse en este momento procesal sobre la calificación definitiva que pudiera revestir los hechos tras la completa instrucción de la causa”-, considera que los indicios no revisten la gravedad necesaria para adoptar la medida de prisión. A su juicio, existen medidas alternativas como las acordadas por el instructor, poniendo de relieve, dicen, “que la investigada ha cumplido escrupulosamente las medidas y restricciones a su libertad de deambulación acordadas”.

Además, apunta el Tribunal, la investigada carece de antecedentes penales, tiene trabajo y domicilio conocido, familia en la zona de Barcelona y no consta que disponga de medios ni contactos internacionales idóneos para escapar de la acción de la administración de justicia, por lo que no presenta riesgo de fuga.

El concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión en materia de libertad de residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo2018-06-06

Aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio homosexual, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando a su cónyuge del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, la concesión un derecho de residencia derivado en su territorio

El Sr. Relu Adrian Coman, nacional rumano, y el Sr. Robert Clabourn Hamilton, nacional estadounidense, convivieron durante cuatro años en Estados Unidos antes de contraer matrimonio en Bruselas en 2010. En diciembre de 2012, el Sr. Coman y su esposo solicitaron a las autoridades rumanas que se les informase del procedimiento y de los requisitos con arreglo a los cuales el Sr. Hamilton podía, en calidad de miembro de la familia del Sr. Coman, obtener el derecho a residir legalmente en Rumanía por un período superior a tres meses. Esta solicitud se basaba en la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación, [1] que permite al cónyuge de un ciudadano de la Unión que ha ejercido dicha libertad reunirse con él en el Estado miembro en el que éste reside.

En respuesta a la citada solicitud, las autoridades rumanas informaron a los Sres. Coman y Hamilton de que a este último únicamente le correspondía un derecho de residencia de tres meses, debido, concretamente, a que en Rumanía no podía ser considerado «cónyuge» de un ciudadano de la Unión, ya que dicho Estado miembro no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo («matrimonios homosexuales»).

Los Sres. Coman y Hamilton interpusieron entonces recurso ante los tribunales rumanos con el fin de que se declarase la existencia de una discriminación por razón de la orientación sexual respecto al ejercicio del derecho a la libre circulación dentro de la Unión. La Curtea Constituţională (Tribunal Constitucional, Rumanía), que conoce de una cuestión de inconstitucionalidad planteada en el marco de dicho litigio, pregunta al Tribunal de Justicia si el Sr. Hamilton está comprendido en el concepto de «cónyuge» de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su libertad de circulación y si, en consecuencia, debe concedérsele un derecho de residencia permanente en Rumanía.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, para empezar, que la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación únicamente regula los requisitos de entrada y residencia de un ciudadano de la Unión en Estados miembros distintos de aquel del que es nacional, y no puede servir de fundamento a un derecho de residencia derivado en favor de los nacionales de terceros Estados, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro del que éste es nacional. Así pues, la Directiva no permite fundamentar un derecho de residencia derivado en favor del Sr. Hamilton en Rumanía, Estado miembro del que es nacional el Sr. Coman. Sin embargo, el Tribunal de Justicia recuerda que, en determinados casos, los nacionales de terceros Estados, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, que, en virtud de las disposiciones de la Directiva, no pueden disfrutar de un derecho de residencia derivado en el Estado miembro del que es nacional ese ciudadano, pueden obtener el reconocimiento de ese derecho sobre la base del artículo 21, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (disposición que confiere directamente a los ciudadanos de la Unión el derecho fundamental e individual de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros).

[1] Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO 2004, L 158, p. 77; corrección de errores en DO 2004, L 229, p. 35, y DO 2007, L 204, p. 28).

El Tribunal de Justicia señala a continuación que los requisitos de concesión de este derecho de residencia derivado no deben ser más estrictos que los establecidos por la Directiva para la concesión de ese derecho de residencia a un nacional de un tercer Estado, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión que ha ejercido su derecho de libre circulación estableciéndose en un Estado miembro distinto de aquel del que es nacional.

El Tribunal de Justicia indica que, en el contexto de la Directiva relativa al ejercicio de la libertad de circulación, el concepto de «cónyuge», que designa a una persona unida a otra mediante el vínculo matrimonial, es neutro desde el punto de vista del género, por lo que puede incluir al cónyuge del mismo sexo del ciudadano de la Unión. El Tribunal de Justicia precisa, no obstante, que el estado civil de las personas, en el que se incluyen las normas relativas al matrimonio, es una materia competencia de los Estados miembros, no restringida por el Derecho de la Unión, de modo que los Estados miembros disponen de la libertad de institucionalizar o no el matrimonio homosexual. Señala asimismo que la Unión respeta la identidad nacional de los Estados miembros, inherente a las estructuras políticas y constitucionales fundamentales de éstos.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que la negativa de un Estado miembro a reconocer, únicamente a efectos de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, el matrimonio de éste con un ciudadano de la Unión del mismo sexo, contraído legalmente en otro Estado miembro, puede obstaculizar el ejercicio del derecho de ese ciudadano a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Esto supondría que la libertad de circulación variaría de un Estado miembro a otro en función de las disposiciones de Derecho nacional que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Dicho esto, el Tribunal de Justicia recuerda que la libre circulación de personas puede estar sometida a restricciones independientes de la nacionalidad de los sujetos afectados, siempre que tales restricciones se basen en consideraciones objetivas de interés general y sean proporcionadas al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional.

A este respecto, el orden público, que se invoca en el presente asunto como justificación para restringir el derecho a la libre circulación, debe interpretarse en sentido estricto, de manera que su alcance no pueda ser determinado unilateralmente por cada Estado miembro, sin que medie control por parte de las instituciones de la Unión. La obligación de un Estado miembro de reconocer un matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro de conformidad con el Derecho de este último Estado, con el fin exclusivo de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado, no afecta negativamente a la institución del matrimonio en el primer Estado miembro. En particular, esa obligación no impone a dicho Estado miembro el deber de contemplar la institución del matrimonio homosexual en su Derecho nacional. Además, la citada obligación de reconocimiento con el fin exclusivo de conceder un derecho de residencia derivado a un nacional de un tercer Estado no atenta contra la identidad nacional, ni amenaza el orden público del Estado miembro concernido.

Por último, el Tribunal de Justicia recuerda que una medida nacional que pueda obstaculizar el ejercicio de la libre circulación de las personas sólo puede justificarse si es conforme con los derechos fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Al estar garantizado el derecho al respeto de la vida privada y familiar en el artículo 7 de la Carta, el Tribunal de Justicia señala que también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos resulta que la relación que mantiene una pareja homosexual puede estar comprendida en el concepto de «vida privada» y en el de «vida familiar» del mismo modo que la de una pareja heterosexual que se encuentre en la misma situación.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Audiencia Nacional reconoce por primera vez un incremento salarial ligado a las cuentas de una segunda empresa2018-06-05

La empresa Eltec, en su día perteneciente al grupo T-Systems y hoy ligada a ella a través de contratos para servicios, ha sido condenada por la Audiencia Nacional a pagar a más de 100 trabajadores y trabajadoras, un variable económico dependiente de las cuentas de T-Systems y que se sitúa en torno a 1.000 euros de media por afectado.

En 2012, la empresa practicó una reducción salarial a toda la plantilla, que tenían derecho a recuperar si se cumplían ciertos parámetros. Estos parámetros iban ligados a cuentas y presupuestos tanto de Eltec como de T-Systems. En el caso de los ligados a Eltec, esos resultados no se cumplieron, pero sí en lo referente a los presupuestos positivos de T-Systems.

La Audiencia Nacional reconoce ahora, tras denuncia de la Federación de Industria de USO contra la empresa y contra los sindicatos CCOO y UGT, que Eltec debe abonar ese 25% de recuperación de salario ligado a las cuentas de T-Systems, aunque la empresa demandada ya no forme parte del mismo grupo que T-Systems ITC Iberia.

En los hechos probados, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional destaca que “en lo que respecta al 25% indexado al presupuesto de ITC, si se alcanza por dicha sociedad el resultado antes de impuestos presupuestado anualmente por la misma (…), se procedería a la distribución del 25% de la reducción salarial pactada (…) entre los afectados”. También considera probado que en 2015 el Grupo vende T-Systems Eltec, pero “el acuerdo de reducción salarial alcanzado el 29-10-2012 continúa aplicándose actualmente en Eltec IT Services SL.

Este pago anual de 2016 tiene exactamente la misma redacción para el pasado 2017 y futuros años, por lo que, una vez que la sentencia sea ratificada por el Tribunal Supremo, las cuentas positivas de T-Systems darán lugar a ese pago, y así sucesivamente.

Eltec IT Services es una compañía enfocada en la prestación de soluciones y servicios tecnológicos para la gestión, instalación, despliegue, soporte y mantenimiento de equipamiento y de infraestructuras TIC, cuenta con seis sedes principales repartidas en Comunidad de Madrid, Barcelona, Valencia y Euskadi, y más de 60 puntos de servicio, en todas las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. Los más de 200 afectados, con contrato en vigor en el citado 2012, están repartidos por todas ellas.

El TSJCyL confirma la anulación de convocatoria de la Diputación de Salamanca denunciada por USO2018-06-05

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado la apelación de la Diputación Provincial de Salamanca y ha reafirmado, con más dureza aún en sus conclusiones, la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo nº 2 de Salamanca que declaraba nula la convocatoria para cubrir el puesto de trabajo de Coordinador de Servicios del Área de Bienestar Social. La sentencia condena en costas a la Diputación de Salamanca.

La convocatoria impugnada establecía que, para la provisión de este puesto, podrían participar en la convocatoria personal funcionario de carrera del grupo A2/B de cualquier Administración Pública.

La sentencia dictada por el TSJ de Castilla y León clarifica que en la Diputación de Salamanca no existe el grupo B; que los puestos abiertos a otras administraciones publicas están condicionados a un convenio de reciprocidad y que, asimismo, deben figurar en la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Diputación.

Tanto USO como CCOO han intentado por todos los medios solucionar esta cuestión por la vía del diálogo, de la negociación, pero la actitud del equipo de gobierno no ha dado lugar a otra vía que solicitar el amparo de la justicia.

Desde USO, deseamos que esta sentencia haga reflexionar sobre la política de recursos humanos de la Diputación y llame a los sindicatos a una mesa de diálogo para paralizar la actividad de las causas pendientes en los tribunales.

La Audiencia Provincial de Málaga acuerda la tenencia compartida de un perro tras una ruptura de pareja2018-06-05

La Audiencia Provincial de Málaga ha dictado una Sentencia en donde se acuerda la tenencia compartida de una perrita de raza Pomerania, que tras la ruptura de la pareja, fue arrebatada de las manos de su copropietaria.

Tras más de 10 años de convivencia y una vez rota la relación, el demandado abandonó el domicilio donde había convivido la pareja, dejando al cuidado de la demandante a la perrita y desentendiéndose por completo del animal.

Cuatro años después de la ruptura, el demandado decidió llevarse a la perra consigo a más de 400 km del que había sido su domicilio e impidiendo desde ese momento a la demandante mantener cualquier contacto con el animal, todo ello amparándose en el hecho de que tanto en el Registro de Animales de Compañía como en las cartillas sanitarias de la perra, él era el único propietario.

El Juzgado de Antequera desestimó inicialmente la demanda interpuesta en donde se solicitaba la tenencia compartida del animal, entendiendo que pertenecía exclusivamente al demandado. Fue finalmente la Audiencia Provincial de Málaga, la que en apelación, concede la tenencia compartida de la perra, entendiendo que la relación afectiva mantenida entre la recurrente y el perro durante más de siete años, ampara la creencia de la cotitularidad de la mascota, y que esa relación afectiva tan intensa merece tutela jurídica.

La Sala acuerda por tanto la tenencia compartida del animal por periodos iguales de convivencia de 6 meses cada litigante.
Es la primera vez que una Audiencia Provincial se pronuncia en este extremo, siendo ésta la cuarta sentencia en España que acuerda la tenencia compartida de un perro.

Es una Sentencia trascendente en esta materia, ya que confirma que tras la reforma y actualización del Estatuto jurídico del animal que se está tramitando en España, los animales dejan de ser considerados como “cosas”, para ser considerados como seres vivos dotados de sensibilidad, debiendo el juez tomar la decisión de a quién entregar el cuidado del animal atendiendo prioritariamente a su bienestar.

Ahora esta perrita puede disfrutar finalmente de la compañía de cada uno de sus dueños, como hacía antes de producirse la ruptura de la relación que éstos mantenían, porque no son cosas, son seres vivos con sentimientos y emociones, que crean vínculos afectivos muy fuertes con las personas que los cuidan y con quienes conviven, y sería

Tres de cada cuatro mujeres asesinadas por violencia de género en 2016 no habían presentado denuncia previa2018-06-04

En diez de las treinta y ocho sentencias dictadas por tribunales de Jurado y por las Audiencias Provinciales en el año 2016, relativas a homicidios y/o asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, consta la existencia de denuncias previas por violencia de género, según el Informe del Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, del Consejo General del Poder Judicial.

El Grupo de Expertos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que preside la vocal del CGPJ, Ángeles Carmona, ha aprobado en su reunión de hoy el Análisis sobre las sentencias dictadas en el año 2016, relativas a homicidios y/o asesinatos entre los miembros de la pareja o expareja y de menores a manos de sus progenitores.

El Grupo de expertos ha analizado 38 sentencias de crímenes por violencia de género, 10 sentencias de casos de muertes por violencia doméstica y 5 sentencias en procesos por asesinato de menores a manos de sus progenitores.

El Análisis de las sentencias por feminicidio dictadas por los órganos judiciales en el año 2016 constata el incremento de denuncias previas en los crímenes de género respecto al año anterior, aunque la cifra apenas alcanza el 26 por ciento del total.

El Grupo de Expertos indica que en el porcentaje del 74 por ciento de sentencias por feminicidio donde no constan denuncias previas, “a buen seguro había malos tratos no denunciados y que fueron ocultados”.

El Informe señala que es preciso fomentar la mejora en la información a todos los agentes implicados en Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y organismos centrales para que las víctimas conozcan sus derechos y los recursos a su disposición. También se incide en la necesidad de mejorar los canales de detección de riesgo en mujeres que acuden a centros sociales a recabar ayudas y no desean denunciar, y en hacer hincapié en los programas de información, prevención y mecanismos de protección a niños/as y adolescentes.

Incremento de la media de edad de las víctimas

 La media de edad de las víctimas de feminicidio en las sentencias dictadas en 2016 fue de 40 años, incrementándose respecto de 2015, en el que había sido de 32 años. Ninguna de las víctimas era menor de edad y la más joven tenía 20 años.

El Grupo de Expertos aboga por reforzar programas de información y sensibilización en los centros educativos, a fin de mejorar la prevención y protección de los/las jóvenes. También considera necesario fortalecer el apoyo a personas mayores en situación de dependencia, pues cada año se registran feminicidios de mujeres mayores a cargo de sus parejas masculinas.

Agravantes y atenuantes

 La agravante de parentesco fue la más aplicada, ya que así se recoge en el 92 por ciento de los casos de muertes por violencia de género, en un 52 por ciento en los casos de violencia doméstica y en el total de las sentencias dictadas cuando la víctima era un o una menor.

También han sido aplicadas agravantes de abuso de superioridad, reincidencia, alevosía y ensañamiento.

En cuanto a atenuantes, el trastorno o afectación mental fue apreciado en apenas un 10 por ciento de los casos, lo que demuestra la nula o reducida influencia de las disfunciones mentales en los crímenes de violencia de género. No fue apreciada esta atenuante en ningún supuesto de violencia doméstica y en un caso se aplicó como eximente completa en sentencias de menores, al apreciarse que la madre padecía esquizofrenia paranoide.

Sólo en una de las sentencias dictadas en 2016, se apreció la atenuante por consumo de alcohol y/o drogas, mientras que en el resto de procedimientos, en los que fue solicitada dicha atenuante por las defensas, no quedó demostrado que la adicción o ingesta disminuyera o anulara la capacidad de discernimiento del acusado.

Aumentó el número de muertes conexas en violencia de género

En los casos de violencia de género, y en conexión con el feminicidio, se registraron, según el Análisis de las sentencias de 2016, siete víctimas, cuatro de ellas mortales, de las que dos eran menores de edad, hijos de la pareja.

Según se recoge en las sentencias, ocho menores presenciaron el crimen de su madre y un total de 64 hijos/as -38, menores de edad-  debían recibir indemnización por responsabilidad civil.

El Grupo de Expertos señala que “son muchos los estudios que demuestran que haber sido testigo o víctima directa de las agresiones tiene consecuencias devastadoras para la salud psicológica de los menores”, por lo que incide en la necesidad de fortalecer los servicios sociales y sanitarios para la detección temprana y para la mejor protección y atención de los menores.

Incremento de los reconocimientos de hechos y entrega del autor

 En los casos de violencia de género, el Grupo de Expertos alerta del preocupante porcentaje de la entrega voluntaria del autor (un 40 por ciento) superior al registrado en las sentencias de años anteriores. Como ha venido incidiendo en otras ocasiones, propone valorar la supresión del beneficio penal de la atenuante prevista en el artículo 21 del Código Penal.

El Grupo de Expertos señala que en los delitos de asesinato u homicidio donde no existe relación de pareja, apenas se produce la circunstancia de que se entregue el autor del crimen. Ello demuestra “el tratamiento diferenciador que deben tener los estudios y medidas legales a adoptar en los crímenes de violencia de género”.

 Ausencia de impunidad

 De las 38 sentencias dictadas por feminicidio recayó fallo condenatorio en 37. De ellas, 30 fueron por asesinato y 7 por homicidio, lo que evidencia para el Grupo de Expertos, una especial agravación de los hechos, concretada en una mayor preparación de los mismos y en una mayor agresividad en su ejecución. La pena media privativa de libertad impuesta fue superior a 17 años.

La mayor parte de los homicidios o asesinatos de violencia de género que han dado lugar a las 37 sentencias condenatorias en 2016, son motivados por una relación de dominio del agresor varón, bien habiendo ejercido malos tratos sobre la víctima mortal con anterioridad, bien porque no admite que la víctima desee dejar la relación y salir de su esfera de control.

En materia de violencia doméstica, en un 40 por ciento de los casos, los hechos fueron calificados como asesinato, con una pena media privativa de libertad ligeramente superior a 12 años. Cuando la víctima fue menor de edad, todos los casos fueron calificados como asesinato y la pena media impuesta fue de 20 años.

Sentencias de violencia de género en el ámbito del Convenio de Estambul

 En este estudio se incluye por primera vez el análisis de 9 sentencias dictadas por homicidio y/o asesinato de una mujer a manos de un varón con el que no mantenía una relación de afectividad o parentesco, en los que el género de la víctima era lo que la hacía vulnerable.

Entre estos casos se encuentran, por ejemplo, supuestos de feminicidio no íntimo, consiguientes a agresiones sexuales, crímenes sucedidos en el ámbito del ejercicio de la prostitución y homicidios o asesinatos ocurridos en situaciones de robo con violencia. La relación entre víctima y autor del crimen es muy variable, contemplándose casos de compañeros de trabajo, conocidos, vecinos, amigos, y otros supuestos en los que no pudo acreditarse la existencia de relación alguna.

En su Informe el Grupo de Expertos recuerda que en el Pacto de Estado contra la violencia de género se contiene una medida referida a la agravante de género y es la de recomendar la aplicación de la circunstancia 4ª del artículo 22 del Código Penal en todos aquellos casos en los que resulte probado el elemento subjetivo de motivos machistas o discriminatorios hacia la mujer en los casos de agresión sexual y abuso de los artículos 178 a 183 bis del Código Penal.

Ante la dificultad de apreciar la motivación de género en estos casos, se hace necesario, en opinión del Grupo de Expertos, “profundizar en los patrones de los hechos, las motivaciones y circunstancias concurrentes para poder ofrecer unos indicadores que permitan facilitar la apreciación de la agravante de género”.

Puede consultar el informe completo pinchando AQUÍ

La Audiencia Nacional condena por atentado a la autoridad a penas de entre 2 y 13 años de prisión a los acusados de agredir a dos guardias civiles en Alsasua2018-06-04
El tribunal considera que no ha quedado acreditada la finalidad terrorista de la acción

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas de entre 2 y 13 años de prisión por delitos de atentado a los agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas a los ocho acusados de la agresión a dos guardias civiles y sus novias ocurrida la madrugada del 15 de octubre de 2016, en la localidad navarra de Alsasua.

El tribunal considera probado que fue el acusado Jokin U., condenado a 12 años de prisión, quien inició los actos de hostigamiento a los dos guardias civiles y sus parejas, secundado por Ohian A., condenado a 13 años de prisión, y Jon A.C., condenado a 9 años de cárcel. También resultan condenados a 9 años Julen G. y Aratz U.; mientras que Adur R. ha sido condenado a 12 años e Iñaki A. a 13 años.

Excepto Ainara U., que resulta condenada por delito de amenazas y desórdenes públicos a dos años de prisión, el resto de los acusados lo han sido por los delitos de atentado a los Agentes de Autoridad y lesiones. En el caso de Iñaki A. y Ohian A. se les condena también por desórdenes públicos.

Por vía de responsabilidad civil deberán indemnizar al teniente en 9.200 euros por lesiones; al sargento en 3.750 euros y a sus novias en 6.100 euros a cada una por las lesiones. Además, por las secuelas y daños morales, la Sala fija 45.000 euros para la novia del teniente y 25.000 euros para la novia del sargento.

El tribunal aprecia las agravantes de abuso de superioridad y de odio y considera probado que los acusados actuaron movidos por la animadversión y menosprecio hacia la Guardia Civil y por motivos claramente ideológicos, pero entiende que no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA.

No obstante, ante la gravedad de las conductas, la Sala impone las penas más altas previstas para estos delitos porque “no puede permitirse que en el siglo XXI, y en un Estado democrático y de derecho, se prive a unas personas, solamente porque tengan la condición de Guardias Civiles, y a sus novias, de poder moverse en libertad por la localidad de Alsasua, y que solamente pueden acudir a determinados lugares y no pueden salir por la noche a pasar un rato de ocio y diversión”.

La sentencia, cuya ponencia ha recaído en el magistrado Jesús Eduardo Gutiérrez Gómez, relata cómo la madrugada del 15 de octubre los dos guardias civiles, acompañados por sus parejas fueron al bar Koxka de Alsasua con la intención de tomar unas consumiciones. Uno de ellos, el teniente, al dirigirse a los baños, fue interceptado por uno de los acusados; Ohian A., que le increpó llamándole “madero”.

“Esto es lo que os ha pasado por bajar al pueblo”

La sentencia relata cómo desde ese momento se fue incrementando la tensión en el interior del bar, hasta que las 4 víctimas fueron rodeadas por un grupo de unas 25 personas que les increpaban para que se fueran, con expresiones como “os vamos a matar por ser guardias civiles” “ hijos de puta” “ pikoletos”, “ cabrones” o ”txakurras”. Ante los golpes y patadas, los cuatro intentaron salir del establecimiento, “haciéndose como una especia de “pasillo” por donde pasaron los denunciantes y eran agredidos por los acusados antes mencionados que propinaban todo tipo de golpes, patadas y puñetazos, así como por otro número importante de individuos que se iban congregando y que no han llegado a ser identificadas totalmente”.

La pelea continuó en la calle, hasta que llegó una patrulla de la Policía Foral de Navarra. La situación de crispación y violencia llegó a un nivel tan elevado que los dos policías forales temieron por su integridad física y tuvo que acudir la Unidad de Intervención de Antidisturbios de la Policía Foral. El teniente permanecía inmóvil en el suelo porque una de las patadas le produjo la rotura de la tibia y el peroné.
La sentencia describe cómo una de las acusadas, Ainara U. dirigiéndose a la novia del sargento y con el dedo en alto, en tono intimidatorio le dijo: “esto os ha pasado por bajar al pueblo, cada vez que salgáis os va a pasar lo mismo".

Notabilísima gravedad de los hechos, pero no terrorismo

Después de las pruebas practicadas en el juicio y especialmente después de escuchar el testimonio de las cuatro víctimas, que califica de “claro, rotundo, contundente y coincidente”, el tribunal concluye que ha quedado acreditado que aquella noche los acusados no sólo eran conscientes de que el teniente y el sargento pertenecían a la Guardia Civil, sino que actuaron guiados “por su clara animadversión y desprecio hacia la Guarida Civil y por motivos claramente ideológicos intentando expulsar a dicho estamento de la localidad de Alsasua”.

Ha quedado patente, según la Sala, el sentimiento contrario de los procesados hacia la Guardia Civil como institución “pues no se entiende que agredieran de esa manera a dos Guaridas Civiles y a sus parejas cuando aquellos llevaban trabajando en la casa cuartel, escasamente uno de ellos un año y el otro apenas veinte días”.

La Sala rechaza el argumento de las defensas de que los hechos juzgados constituyeron “una pelea de bar o un pequeño incidente o discusión”. Tanto en el interior del bar , como en el exterior, señala el tribunal, “la actitud de brutalidad adoptada por los acusados, el hecho de que las víctimas no fueran auxiliadas por ninguna persona presente en ese momento, tan solo el dueño del bar Koska salió para ver si los hechos habían sido dentro o fuera y ofrecer su chaqueta a uno de los agredidos, el clima de violencia verbal de insultos, amenazas directas, etc… incluso después de que llegara una Patrulla de la Policía Foral a auxiliar a los agredidos, denota que no se trató, sin más de lo que podríamos denominar un simple altercado, o como se dice vulgarmente, una pelea de bar”. Sin embargo y pese a la “notabilísima gravedad de los hechos”, el tribunal considera que no han quedado plenamente acreditados los requisitos que recoge la jurisprudencia para condenar por delito de terrorismo.

Así, no se ha probado el requisito de la “finalidad” ni de que los acusados hubieran asumido en aquella época los postulados de la banda terrorista, ni consta en autos su vinculación directa ni pertenencia a la misma y por lo tanto no resulta probado que con sus acciones tuvieran la intención de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública o provocar el terror en la gente, tal y como se requiere para condenar por terrorismo. La Sala ha tenido en cuenta la edad de los acusados, que eran menores de edad cuando ETA anunció el abandono de la lucha armada.

La Sala da por probada la vinculación de algunos de los acusados al movimiento denominado “Ospa”, en el que subyace un propósito claro de alimentar el clima contrario y de rechazo a la guardia Civil, con el fin de que abandone el País Vasco y Navarra. Sin embargo, el tribunal concluye que se produce una descontextualización entre el ideario inicial de ETA y la posterior actuación de los acusados que no permite probar la vinculación de los mismos con alguna organización terrorista.

La sentencia destaca la “significativa profesionalidad” de los guardias civiles, que no respondieron con ningún tipo de actitud defensiva y no se dejaron llevar por la agresividad frente a las provocaciones y la violencia desplegada por los acusados. El tribunal también resalta la valentía de las novias de los guardias civiles “y el aplomo que demostraron igualmente al no contestar a las referidas provocaciones y no siendo ayudadas por ninguna de las personas allí presentes”.

Una de ellas nació en Alsasua y había sido compañera de instituto de varios de los acusados. El tribunal se ha basado en su testimonio, identificando a los acusados, para probar la participación activa de los ocho. La sentencia recuerda que abandonó Alsasua cuando ocurrieron los hechos, pero que sus padres siguen residiendo en esa localidad.

Agravantes de abuso de superioridad y de discriminación

La Sala estima procedente aplicar la agravante de abuso de superioridad en tanto que el número de agresores era superior al de las víctimas, tanto dentro como fuera del bar, lo que creó una situación clara de superioridad respecto de las víctimas, que disminuyó notablemente su posibilidad de defenderse.

En cuanto a la pena a imponer, el tribunal opta por las máximas posibles valorando la gravedad de los hechos, el plus de antijuridicidad, la agravante de abuso de superioridad y que el delito de atentado, en el presente caso se pena en concurso ideal con un delito de lesiones. Respecto al delito de lesiones, los jueces añaden que no solo se produjeron lesiones físicas sino que en el caso de la novia del teniente se encuentra en tratamiento psicológico, ha tenido que abandonar Alsasua por miedo y su pareja, el teniente, se ha visto obligado a cambiar de destino” viendo truncada en cierta forma su carrera profesional”.

En relación con la agravante de discriminación del artículo 22.4 del Código Penal, la Sala explica que concurre en este caso porque los acusados cometieron una clara discriminación por razón de la pertenencia a un estamento o cuerpo policial.

Esa circunstancia, según el tribunal, agrava el hecho delictivo, al añadirle un plus de antijuridicidad que en otro caso no existiría por lo que merece un mayor reproche desde el punto de vista penal. No sólo se trata, destaca la sentencia, de proteger por vía indirecta a un determinado grupo, sino, como señala la doctrina del Tribunal Supremo proteger también otros derechos constitucionales “los valores de antirracismo o la tolerancia ideológica y religiosa son valores esenciales de la convivencia, y el derecho penal debe cumplir su función de asentar tales valores en el seno del tejido social, de ahí que entendemos positiva su incorporación al Código Penal”.

Los expertos recuerdan que las pequeñas empresas no están obligadas a contratar un DPO2018-06-04

‘III Congreso Internacional de Compliance’

Legal Today

Los expertos en materia de protección de datos coinciden a la hora de afirmar que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de obligado cumplimiento desde el pasado 25 de mayo, "ha generado una cierta alarma en las pequeñas empresas que, por error, creen que están obligados a incorporar a su plantilla un delegado de protección de datos". Así lo afirma Lucía Sánchez-Ocaña, Leyun Head of Compliance and Legal de Cabot Financial Spain, durante su intervención en el III Congreso Internacional de Compliance organizado por Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales y por la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

Un encuentro internacional que congrega a más de 400 profesionales

A lo largo de sus tres ediciones, el Congreso Internacional de Compliance se ha convertido en un referente no sólo español sino a nivel global sobre cumplimiento normativo, como punto de encuentro de los profesionales dedicados a esta materia, sobre prácticas y tendencias en otros países. Así lo demuestran los más de 400 asistentes procedentes de todo el mundo que han acudido a la edición de este año y que entre ayer y hoy han llenado el madrileño Teatro Goya.

Lucía Sánchez-Ocaña intervino en el panel Reglamento Europeo de Protección de Datos y normativa nacional adaptada. Eva Jara Garro, directora de Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales, DPO en Grupo EVO España, ahondó en esta materia, para advertir de que "hay personas que se han ofrecido a las pequeñas empresas para ser DPO -Data Protection Officer- argumentando que es necesario, cuando no es cierto. Les animo a que consulten a la Agencia Española de Protección de Datos -(AEPD)-".  Cabe recordar que el Reglamento ofrece una descripción general de los supuestos en que será obligatorio en función de la cantidad de datos tratados, personas afectadas por el tratamiento o el ámbito de los mismos, si bien no concreta los casos en los que será necesario contratar un DPO.

Julián Prieto Hergueta, subdirector general del Registro General de Protección de Datos, recordó que no vale "el consentimiento tácito", ya que desde la aplicación del Reglamento "tiene que ser expreso", he hizo hincapié en el nuevo concepto de intereses legítimos, "mediante el que es posible usar los datos sin necesidad de tener que pedir autorización". Algunos ejemplos son las personas de contacto en las empresas, o los datos de empresarios particulares. 

Por su parte Alonso Hurtado, miembro de la Junta Directiva de ASCOM, añadió en relación con este ámbito que el Reglamento "impacta de forma directa en materias como el consentimiento expreso; el silencio  no puede considerarse nunca como positivo". Considera también que estamos asistiendo a un cambio cultural, en el que "compañías, como las de telecomunicaciones, están hablando mucho de devolver al usuario el control de sus datos. Se están haciendo las cosas bien para que no se produzca el daño a la protección de los datos, que es un derecho fundamental".

El mundo va tomando consciencia de la importancia de llevar a cabo programas de compliance

Durante el Congreso Internacional de Compliance se ha puesto de manifiesto un denominador común en las políticas de Compliance de distintos países: la importancia de llevar a cabo programas de cumplimiento normativo.

Durante la sesión vespertina de ayer se expusieron los desarrollos recientes de Compliance en Alemania bajo la batuta de Gloria Hernández, miembro de la directiva de ASCOM. En este panel se hizo hincapié en la experiencia alemana (sentencia de la Corte Suprema de 7 de mayo de 2017). El doctor Frank Böhme, civil servant in the Federal Ministry of Justice and Customer Protection in Berlin, firts prosecutor, sugirió que las empresas deberían autorregularse y hacer un esfuerzo para servir como factor mitigante en caso de verse con problemas. El professor doctor Peter Fissenewert, partner at Buse Heberer Fromm, apuesta por contar con programas eficaces. "Los responsables de cumplimiento deben influir, organizar, formar, aprender soluciones innovadores".

Ya con la vista puesta en Asia se ha centró la atención en el Compliance en China. Jesús Pindado, de ASCOM, moderó la ponencia de Pablo Miranda López, head of Compliance en Industrial and Commercial Bank of China - Spain. China está produciendo estándares alineados con lo que dicen los textos internacionales, por lo que se espera que sea una exigencia para las empresas del gigante asiático.

Según Pablo Miranda, "el mundo del compliance en China recorre un camino que quiere ser lo más cercano posible a lo que está sucediendo en Europa o EEUU". Miranda destacó la figura de la familia: "La red familiar es muy importante. Usan a la familia antes que acudir a un banco, les piden ayuda financiera y cubren la limitación del cambio y, así, acceden a la compra de un piso, por poner un ejemplo. Se trata de un elemento que enriquezca los controles que tenemos".

Los requisitos de compliance en materia anticorrupción se desgranaron en el panel conducido por José F. Zamarriego (ASCOM). Contó con las intervenciones de Anatoly Yakorev, director del Center for Business Ethics & Compliance de la International University in Moscow y Juan Antonio Palacios, Compliance Manager en 3M. Anatoly Yakorev califica el Compliance como "un laberinto", ya que el cumplimiento "es una solución empresarial para muchos. Pero hay empresas que no saben qué es el Compliance".

Juan Antonio Palacios aseguró que hay países que viven con una cultura de sobornos, así que hay que apostar por la concienciación. "Los países de la antigua Unión Soviética no comprenden que se apliquen medidas de cumplimiento normativo", afrimó.

Por último, ya con la atención en Francia, se trató la Ley Sapin II y Ley de confianza y moralización de la vida pública. En este panel han intervenido Emmanuel Farhat, señor  international Affairs Officer en la Agencia Anticorrupción gala; Corinne Lagache, president of MEDEF's International deontology committee and Senor VP Gropu Compliance Officet at Safran y Grégoire Guinand, senior Adviser, MEDEF - French Business Confederation. Moderados por este último, quien ha dicho que "la corrupción limita el desarrollo de manera notable".

Emmanuel Farhat afirmó que Francia debía tomar medidas, no solo para cumplir con los compromisos internacionales, si bien añade que "la Agencia Francesa contra la Corrupción apoya a las entidades a la hora de realizar las inspecciones".

Corinne Lagache destaca por último que un programa robusto de compliance "puede dar ciertas pautas a las empresas. Lo negativo es que son empresas que sufren sanciones muy bajas".

Herramientas Forensic                                  

Las empresas españolas han hecho un esfuerzo por sentar unas estructuras relacionadas con el compliance. Esta conclusión es a la que se ha llegado tras atender a las explicaciones de Marisa Yepes, Juan Arenas y Juan Mazzarredo, todos ellos de KPMG. Estos tres profesionales han indicado las pautas a seguir ante una denuncia interna:

"La resolución del procedimiento ha de contar con un informe preciso, claro y bien documentado" afirmó Marisa Yepes. Juan Arenas añadió que "se debe proteger a las partes implicadas en la investigación", mientras que Juan Mazzarredo se centró en el objetivo de una investigación interna, que exige tener claro el objeto de la denuncia. "Si no hay una investigación robusta de los hechos, hay que pausar y recopilar los resultados de la investigación", concluyó.

Thomson Reuters

Thomson Reuters, la compañía líder en el ofrecimiento de soluciones tecnológicas e información inteligente para empresas y profesionales, tiene una presencia consolidada en España, con amplio portfolio de herramientas y contenidos de alto valor agregado para respaldar la toma de decisiones de empresas y profesionales. Combinamos la experiencia industrial con tecnología innovadora para proporcionar información esencial a los principales tomadores de decisión en los mercados financieros, de riesgo y compliance; jurídico; tributario, contable y de gestión de comercio exterior; de propiedad intelectual y ciencia; y de medios de comunicación, impulsada por la organización de noticias más fiable y prestigiosa del mundo. Las acciones de Thomson Reuters Acciones de Thomson Reuters cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: TRI) y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: TRI).

Acerca de ASCOM

ASCOM es la Asociación Española de Compliance, la primera asociación profesional de estas características en España, constituida en mayo de 2014 en respuesta a la necesidad de crear un espacio común para los profesionales de Compliance en nuestro país. Es una asociación sin ánimo de lucro, que se creó por la iniciativa de un grupo de personas con amplia experiencia en el ejercicio de la función de Compliance, con el principal objetivo de profesionalizar esta figura en España. ASCOM se dirige a los profesionales de Compliance de todos los sectores económicos y de todo tipo de organizaciones.

Cuadro de indicadores de Justicia en la UE 20182018-06-01

La Comisión Europea ha publicado el cuadro de indicadores de Justicia en la UE correspondiente a 2018, que ofrece un análisis comparativo de la calidad, la independencia y la eficiencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros de la UE. Su objetivo es ayudar a las autoridades nacionales a mejorar la eficacia de sus sistemas judiciales. Comparado con las anteriores ediciones, el cuadro de indicadores de 2018 refuerza, en particular, la sección sobre la independencia judicial, pertinente para evaluar el Estado de Derecho. Se examinan con mayor detalle los consejos del poder judicial, la intervención del poder ejecutivo y el parlamento en los nombramientos y destituciones de jueces y presidentes de los tribunales, y la organización de los servicios de la fiscalía. Presenta también, por primera vez, datos sobre la duración de los procesos judiciales en todas las instancias.

La Abogacía Española, a través de CCBE, ha contribuido con datos en varios apartados del Cuadro de Indicadores de Justicia en la UE (solo disponible en inglés):

  • Página 24: Asistencia jurídica y tasas judiciales: Figura 26 – Umbral de ingresos para asistencia jurídica en un caso de consumo específico
  • Página 25: Asistencia letrada y tasas judiciales: Figura 27 – Tasa judicial para iniciar un procedimiento judicial en un caso específico
  • Página 26: Intercambios entre tribunales y abogados: Figura 30 – Uso de las TIC entre tribunales y abogados
  • Página 27: Figura 31 – Razones para el (no) uso de las TIC entre los tribunales y los abogados

También se menciona a las Abogacías institucionales europeas en las preguntas y respuestas, como parte de la metodología utilizada en el cuadro de indicadores de justicia de la UE.

El cuadro de indicadores de Justicia es parte del instrumental utilizado por la Comisión para hacer un seguimiento de las reformas en el ámbito de la justicia de los Estados miembros, junto con el Semestre Europeo, el Marco para reformar el Estado de Derecho, el mecanismo de cooperación y verificación, y los procedimientos de infracción. La Comisión también considera que la buena gestión financiera de los fondos de la UE por parte de los Estados miembros exige una protección judicial efectiva por parte de órganos jurisdiccionales independientes. Por lo tanto, como parte del marco financiero plurianual, la Comisión ha propuesto un nuevo mecanismo de respeto del Estado de Derecho.

En el caso de España, esta edición 2018 mejora la nota en el conjunto de indicadores sobre eficiencia, calidad e independencia de los sistemas judiciales de la Unión Europea y coloca a España en la media de los Estados miembros: destaca por la accesibilidad de su sistema de Justicia y por la calidad del servicio de asistencia jurídica gratuita, gestionado por los Colegios de Abogados, y que garantiza el acceso a la Justicia para todos aquellos ciudadanos que se sitúan un 40% por encima del umbral de la pobreza marcado por Eurostat, un nivel sólo alcanzado en la UE por Dinamarca.

Las principales conclusiones del cuadro de 2018 son las siguientes:

  • Independencia judicial: La percepción de la independencia del poder judicial por parte de las empresas ha mejorado o se ha mantenido estable en aproximadamente dos tercios de los Estados miembros, con respecto al año anterior o desde 2010, aunque también ha empeorado en algunos países. Tanto los ciudadanos como las empresas consideran las injerencias o presiones por parte del Gobierno y los políticos como la causa principal de la falta de independencia de los órganos jurisdiccionales y los jueces. El nuevo indicador sobre la organización de los servicios de la fiscalía demuestra que existe una tendencia generalizada hacia una mayor independencia de la fiscalía, en lugar de una fiscalía subordinada o vinculada al poder ejecutivo.
  • Recursos financieros de los sistemas judiciales: En general, el nivel del gasto de las administraciones públicas en el sistema judicial se ha mantenido estable en la mayoría de los Estados miembros, pero existen grandes diferencias entre los países. Los Estados miembros utilizan sobre todo costes históricos o reales para determinar los recursos financieros, en lugar de basarse en la carga de trabajo real o las peticiones judiciales. Dieciséis Estados miembros han utilizado los fondos de la UE en apoyo de sus sistemas judiciales.
  • Eficiencia de los sistemas judiciales: Se puede observar una evolución positiva en los Estados miembros con problemas, pero los procedimientos civiles y mercantiles siguen siendo muy largos en varios Estados miembros. En el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero, los procedimientos judiciales en primera instancia en aproximadamente la mitad de los Estados miembros duran hasta un año de media. Pueden durar un promedio de incluso dos o más años en otros Estados miembros.

Los resultados del cuadro de indicadores de 2018 se tuvieron en cuenta en la evaluación específica por país llevada a cabo en el Semestre Europeo de 2018 y en las propuestas de recomendaciones específicas para cada país formuladas por la Comisión Europea el 23 de mayo de 2018. Esas recomendaciones de actuación son objeto de debate entre los Estados miembros en el Consejo. Los dirigentes de la UE las aprueban en junio antes de que el Consejo las adopte en julio. A continuación, los gobiernos incorporan las recomendaciones a sus planes de reforma y a los presupuestos nacionales del año siguiente.

El cuadro de indicadores se centra en contenciosos civiles y mercantiles, así como en asuntos administrativos, con el fin de ayudar a los Estados miembros en su esfuerzo por sentar las bases para un entorno más favorable a la inversión, las empresas y los ciudadanos. El cuadro de indicadores se centra en los tres elementos principales de un sistema judicial eficaz:

  • Eficiencia: indicadores sobre duración de los procesos, tasa de resolución y número de asuntos pendientes.
  • Calidad: indicadores sobre asistencia jurídica gratuita, tasas judiciales, formación, supervisión de las actividades de los órganos jurisdiccionales, presupuestos y recursos humanos.
  • Independencia: indicadores sobre la percepción de la independencia judicial entre las empresas y la población en general, así como sobre las salvaguardias relativas a los jueces.

La mejora de la eficacia de los sistemas judiciales nacionales es una prioridad bien asentada del Semestre Europeo, que es el ciclo anual de coordinación de las políticas económicas de la UE. El cuadro de indicadores de la justicia de la UE ayuda a los Estados miembros a alcanzar este objetivo al proporcionarles un análisis comparativo anual del funcionamiento de los sistemas judiciales nacionales.

Puede acceder al Cuadro de Indicadores de Justicia en la UE a través del siguiente enlace:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/eu-justice-scoreboard_en

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3932_es.htm

¿En qué casos se comete un delito de quebrantamiento del deber de custodia?2018-06-01

Hoy en día, muchos menores o personas con discapacidad necesitada de especial protección se encuentran bajo el cuidado de terceras personas de manera temporal, por ejemplo, los abuelos o los tíos. El problema surge cuando al solicitar los progenitores la entrega del menor, quien se encuentra a cargo del mismo se niega a efectuarla.

¿Esta conducta podría ser constitutiva de una infracción penal? La respuesta es sí, y se encuentra regulada en el artículo 223 del Código Penal, que trata el delito de quebrantamiento de los deberes de custodia, cuya condena puede comprender una pena de prisión de seis meses a dos años.

¿Qué dice el Código Penal sobre este delito?

Así, el citado precepto recoge lo siguiente: "El que, teniendo a su cargo la custodia de un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, no lo presentare a sus padres o guardadores sin justificación para ello, cuando fuere requerido por ellos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años, sin perjuicio de que los hechos constituyan otro delito más grave."

Este artículo se encuentra incluido dentro de los llamados delitos contra las relaciones familiares, recogidos en el Título XII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y que son todas aquellas acciones u omisiones que son cometidas en el ámbito familiar y que están penadas por el Código Penal.

En el caso del artículo 223, debemos tener claro cuál es el bien jurídico protegido. No se trata únicamente de proteger el derecho del menor de estar con sus progenitores; sino de proteger las relaciones familiares, es decir, los derechos y deberes familiares.

¿Pueden ser los progenitores el sujeto activo?

Respecto al citado delito surge la siguiente pregunta: ¿pueden ser los progenitores el sujeto activo? La respuesta es no. Y así lo aclara el Auto nº 226/2011 de 4 marzo dictado por la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 23) (JUR 2011156488), en el que indica expresamente que "el sujeto activo es quien tenga a su cargo la custodia del menor o incapaz, como sujeto pasivo, entendida como toda situación transitoria por la que, por las circunstancias o por el título que sean, ostente el cuidado, la guarda o, en general, la protección temporal del menor. Por el contrario, no lo serán las personas que tengan atribuida la guarda y patria potestad del menor o incapaz." -Nota "la referencia al término «persona con discapacidad necesitada de especial protección» ha sido introducida en sustitución de la anterior referencia al término «incapaz», conforme establece el número doscientos cincuenta y ocho del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal"-.

Entonces, teniendo en cuenta lo anterior ¿qué personas pueden ser sujetos activos? Pueden serlo cualquier persona que tenga temporalmente a su cargo el cuidado del menor, distinto a los progenitores o los guardadores. Por ejemplo, como hemos indicado anteriormente, los abuelos u otros familiares.

Esto significa que, cuando dos progenitores están divorciados o separados, y el no custodio decide no reintegrar al menor tras la finalización de las visitas, no está cometiendo el delito que se está comentando. En todo caso, se aplicaría el artículo 618.2 del Código Penal, el cual regulaba la falta ante los incumplimientos de las obligaciones familiares establecidas en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial.  Sin embargo, este artículo fue derogado por la Ley Orgánica 1/2015, de reforma del Código Penal, por lo cual este incumplimiento debe juzgarse en otra jurisdicción distinta a la penal.

¿Quién puede ser el sujeto pasivo de este delito?

En cuanto al sujeto pasivo, ninguna duda suscita, es el menor o la persona con discapacidad necesitada de especial protección. Y, de hecho, también se entiende que los padres o guardadores del menor o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección son el sujeto pasivo del mencionado delito, ya que se ha vulnerado su derecho de custodia.

¿Cómo se consuma el delito?

La consumación del delito se produce ante la negativa de presentar al menor a sus padres o guardadores. Sin embargo, el artículo 223 exige que concurran tres requisitos más:

1. Que los padres o guardadores hayan requerido previamente al sujeto activo para que realice la entrega del menor o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección sometido a su custodia temporal. El citado requerimiento debe ser realizado mediante cualquier medio de prueba admitido en el Derecho Penal.

2. Que la persona que tiene a cargo de la custodia del menor o de la persona con discapacidad necesitada de especial protección no acredite una causa que justifique su negativa a la entrega del mismo.

3. Que exista intencionalidad por parte del sujeto activo, es decir, no se aprecia el delito si falta el dolo.

Conclusión

En definitiva, este artículo tiene como finalidad proteger las relaciones familiares que están protegidas en la Constitución Española. Relaciones familiares que no tienen que ser protegidas únicamente en el seno de la familia, sino de las acciones de terceras personas que puedan ponerlas en peligro.

El Tribunal Supremo aplica por primera vez perspectiva de género y condena por intento de asesinato, en lugar de homicidio, a hombre que asestó ocho puñaladas a su mujer2018-06-01

La Sala de lo Penal aplica la perspectiva de género y eleva de 12 a 16 años y 8 meses de prisión la condena impuesta. Destaca que convirtió su casa “en un escenario del miedo” y le priva de la patria potestad de su hija, que presenció el ataque

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez la perspectiva de género en un caso de intento de asesinato y maltrato de un hombre a su pareja. Así, ha elevado de 12 años a 16 años y 8 meses de prisión la pena impuesta al acusado al entender que el delito que cometió fue un asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco, en lugar de un homicidio intentado, al apreciar la existencia de alevosía en el agresor por la nula capacidad de defensa de la mujer a la que asestó ocho puñaladas delante de su hija.

En su sentencia, el tribunal analiza desde una perspectiva de género la acción desplegada por el hombre sobre la mujer, lo que supuso un aseguramiento de la acción agresiva. Para la Sala, en este supuesto, la defensa de la víctima fue inviable, lo que lleva a considerar la existencia de la alevosía, porque el ataque de forma desproporcionada hace ineficaz e imposible un mecanismo defensivo por la anulación absoluta de las posibilidades de defensa que, por el carácter sorpresivo del ataque, determina la concurrencia de esta acción alevosa que cualifica el delito en asesinato, y no en homicidio, y en este caso en grado de tentativa.

"Escenario del miedo"

El Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto por la víctima y el fiscal, y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que impuso al condenado una pena de 12 años por un delito de homicidio doloso en grado de tentativa acabada (9 años y seis meses que ahora pasan a 14 años de prisión)-, y dos de maltrato habitual en el ámbito familiar (2 años y 8 meses de prisión que se quedan igual).

En cuanto a la condena por estos últimos delitos que ha sido confirmada, la sentencia, con ponencia del magistrado Vicente Magro Servet, indica que el maltrato habitual se configura con unas características de especial crueldad en el autor que en el círculo de su propio hogar familiar ejerce un maltrato prolongado en el tiempo, que crea una especie de "escenario del miedo", y que aunque se desdobla en actos aislados de hechos que pueden conllevar, individualmente considerados, una penalidad reducida, la reiteración en esos hechos provoca un doble daño en la víctima.

En este sentido, afirma que ese daño puede ser físico si se trata de agresiones que causan lesión o sin causarlas, o en expresiones que profiere el autor y constan probadas; como psíquico, por afectar a la psique de las víctimas, no solo las expresiones que se profieren, sino el maltrato físico habitual viniendo del autor del que vienen los hechos, que no se trata de un tercero ajeno a las víctimas, sino de la pareja de la víctima, o el padre de las mismas, lo que agrava el padecimiento de las víctimas de violencia de género y doméstica.

La Sala destaca que el retraso en denunciar el maltrato no supone merma en la credibilidad de las víctimas y afirma que éstas lo silencian por miedo, temor a una agresión mayor, o a que las maten. Pero ese silencio de las víctimas -añade la sentencia- no puede correr contra ellas cuando finalmente lo cuentan a raíz de un hecho más grave, como en este caso, y el autor les cuestiona el silencio como sinónimo de faltar a la verdad cuando relatan unos hechos de maltrato habitual.

Para el tribunal, no puede admitirse que el estado de pánico y terror que sufren las víctimas les suponga una "traba de credibilidad" cuando éstas deciden denunciarlo más tarde, ya que el retraso en denunciar hechos de violencia de género no es sinónimo de falsedad en una declaración, sino que es perfectamente admisible entender veraz esa declaración por las especiales características de los hechos de maltrato ante una especie de "síndrome de Estocolmo", como perfil típico en muchos casos de este tipo.

Privación de la patria potestad de su hija

A petición del fiscal, cuyo recurso ha sido estimado, la Sala ha acordado imponer a este hombre la pena de privación de la patria potestad de la hija de la pareja al haber presenciado el intento de asesinato. Una pena que no impuso la sentencia recurrida porque entendió que, pese a la gravedad de los hechos, no se había producido ningún comportamiento delictivo respecto a la menor para imponer una pena tan drástica.

En contra de este criterio, la sentencia explica que no es preciso que se produzca un ataque directo al menor para que se proceda la imposición de esta pena, sino que el ataque a la propia madre de este menor por su propio padre, y con la clara intención de acabar con su vida, determina la imposición de la pena interesada de privación para el ejercicio de la patria potestad, lo que supone la fijación de la vinculación de la relación directa entre la imposición de esta pena con el delito cometido y presenciado por la propia menor y en consecuencia la inexistencia de régimen de visitas ni ningún tipo de medida que implique contacto alguno con la menor.

El Abogado General Bot propone al Tribunal de Justicia que declare que el mero hecho de que un trabajador no haya solicitado tomar sus vacaciones no puede entrañar automáticamente la pérdida del derecho a compensación económica por las vacaciones no disfrutadas al extinguirse la relación laboral2018-05-31

Sin embargo, si el empresario demuestra que llevó a cabo las actuaciones necesarias para permitir a los trabajadores ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas y que, a pesar de las medidas adoptadas, el trabajador renunció de manera deliberada a ejercer ese derecho a pesar de gozar de esa posibilidad durante la relación laboral, dicho trabajador no puede reclamar la compensación

Tras finalizar su período de prácticas como preparación para el ejercicio de profesiones jurídicas (Rechtsreferendariat) en el Land de Berlín, el Sr. Sebastian W. Kreuziger solicitó que se le concediera una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas. En efecto, durante los últimos cinco meses de su período de prácticas había decidido no tomar vacaciones anuales retribuidas. Esa solicitud fue desestimada debido, en particular, a que la norma nacional aplicable [1] no prevé ese derecho a compensación. Según esa norma, tal como la interpretan ciertos tribunales nacionales, el derecho a vacaciones anuales retribuidas se extingue al final del período de devengo cuando el trabajador no haya solicitado ejercerlo durante dicho período. Esta extinción del derecho a vacaciones anuales retribuidas supone la pérdida del derecho a compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral. El Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandemburgo, Alemania), que conoce del recurso interpuesto por el Sr. Kreuziger, pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión se opone a esa legislación o práctica nacional.

El Sr. Tetsuji Shimizu fue contratado por el Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (una organización de Derecho privado sin ánimo de lucro) durante más de diez años en virtud de diversos contratos de duración determinada. El 23 de octubre de 2013 se le comunicó que su contrato no sería renovado. Al mismo tiempo, el Max-Planck-Gesellschaft le invitó a tomar sus vacaciones antes de que se extinguiera la relación laboral, a finales de diciembre de 2013. Comoquiera que solo tomó dos días de vacaciones, el Sr. Shimizu solicitó al Max-Planck-Gesellschaft el abono de una compensación por los 51 días de vacaciones anuales no disfrutados en los dos últimos años. Al denegar el Max-Planck-Gesellschaft esa solicitud, el Sr. Shimizu interpuso recurso ante los tribunales de lo laboral alemanes. El Bundesarbeitsgericht (Tribunal Supremo de lo Laboral, Alemania) explica que, según la normativa alemana aplicable al Sr. Shimizu, [2] el trabajador debe solicitar tomar sus vacaciones, indicando sus preferencias respecto de las fechas de éstas, para no perder su derecho a vacaciones cuando finalice el período de devengo, sin obtener ninguna compensación. El Bundesarbeitsgericht pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión se opone a dicha normativa, y, en caso afirmativo, si la misma respuesta se aplica en un litigio entre dos particulares.

[1] Verordnung über den Erholungsurlaub der Beamten und Richter (Reglamento relativo a las vacaciones de funcionarios y jueces), de 26 de abril de 1988 (GVBl. 1988, p. 846).

[2] Bundesurlaubsgesetz (Ley federal sobre vacaciones), de 8 de enero de 1963 (BGBl. 1963, p. 2), en su versión de 7 de mayo de 2002 (BGBl. 2002 I, p. 1529).

En sus conclusiones leídas hoy, el Abogado General Yves Bot recuerda, ante todo, que, según la Directiva relativa al tiempo de trabajo, [3] los trabajadores dispondrán de un período de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas. La finalidad de este derecho es permitir que los trabajadores descansen y dispongan de un período de ocio y esparcimiento. El abono de una compensación económica a fin de sustituir el período mínimo de vacaciones anuales retribuidas sólo es posible en caso de extinción de la relación laboral.

El Abogado General se remite asimismo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el derecho a vacaciones anuales retribuidas debe considerarse un principio particularmente importante del Derecho social de la Unión. Una vez adquirido, no puede extinguirse a la conclusión del período de devengo o de un período de aplazamiento fijado por el Derecho nacional, cuando el trabajador no haya podido disfrutar de sus vacaciones. De este modo, un trabajador que, por causas ajenas a su voluntad, no haya estado en condiciones de ejercitar su derecho a vacaciones anuales retribuidas antes de extinguirse la relación laboral tiene derecho a una compensación económica.

El Abogado General propone al Tribunal de Justicia, en particular, que responda que la Directiva se opone a legislaciones o prácticas nacionales, como las controvertidas, en virtud de las cuales un trabajador pierde su derecho a compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral en caso de que no hubiera solicitado disfrutar de las vacaciones mientras estuvo en activo y no demuestre que no pudo tomar dichas vacaciones por causas ajenas a su voluntad, sin determinar con carácter previo si el empresario ofreció efectivamente a dicho trabajador la posibilidad de ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

Además, el Abogado General propone responder que, cuando un órgano jurisdiccional nacional conoce de un litigio relativo al derecho de un trabajador a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral, deberá comprobar si el empresario ha demostrado que adoptó las medidas apropiadas para garantizar a dicho trabajador la posibilidad de ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas durante esa relación. Si el empresario demuestra que llevó a cabo las actuaciones necesarias y que, pese a las medidas que adoptó, el trabajador renunció de manera deliberada y consciente a ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas a pesar de gozar de esa posibilidad, dicho trabajador no puede reclamar, al amparo de la Directiva, el abono de una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral.

En apoyo de esta solución, el Abogado General recuerda que, según el Tribunal de Justicia, la Directiva establece la regla de que el trabajador deberá normalmente poder disfrutar de un descanso efectivo, en aras de una protección eficaz de su seguridad y su salud.

Según el Abogado General, el empresario tiene una responsabilidad particular a fin de que los trabajadores sujetos a su dirección ejerzan efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas. De este modo, el empresario ha de adoptar medidas de organización concretas que permitan a los trabajadores ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas. Concretamente, debe informar a los trabajadores en tiempo oportuno de que, si no disfrutan efectivamente de sus vacaciones, corren el riesgo de perderlas al final del período de devengo o del período de aplazamiento autorizado. También ha de informarles de que, si no disfrutan de sus vacaciones durante la relación laboral, teniendo efectivamente esa posibilidad, no podrán invocar el derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral. Sin embargo, la obligación que recae en el empresario no puede llegar al extremo de exigirle que obligue a sus trabajadores a utilizar efectivamente los períodos de descanso que les corresponden.

[3] Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).

El Abogado General considera que procede velar por que los trabajadores no puedan utilizar la posibilidad de sustituir el periodo mínimo de vacaciones anuales retribuidas por una compensación económica en caso de extinción de la relación laboral -prevista por la Directiva- como un instrumento que permita acumular días de vacaciones anuales retribuidas con vistas a percibir una remuneración por ellos al extinguirse la relación laboral. A este respecto, el Abogado General subraya que la protección de la salud y de la seguridad del trabajador no responde únicamente al interés individual del trabajador, sino también al interés de su empresario y al interés general.

Por lo que respecta a la situación del Sr. Kreuziger, el Abogado General indica que, si de las comprobaciones realizadas por el tribunal nacional resulta que el Land de Berlín, en su calidad de empleador del Sr. Kreuziger, puso a éste en condiciones de ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas y que, pese a ello, el Sr. Kreuziger no quiso tomar sus vacaciones antes de superar la prueba oral del segundo examen de Estado, dicho órgano jurisdiccional podrá estimar que la denegación de esa compensación es procedente.
En lo que atañe a la problemática que plantea el hecho de que una Directiva únicamente vincula a los Estados miembros, quienes deben transponerla en el Derecho nacional, y, por lo tanto, en principio, no puede aplicarse directamente en un litigio entre particulares (como el que opone al Sr. Shimizu y al Max-Planck-Gesellschaft), el Abogado General señala que el derecho a vacaciones anuales retribuidas también está garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. [4]

Según el Abogado General, en la medida en que la Carta garantiza a un trabajador el derecho a una compensación económica por las vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas al extinguirse la relación laboral cuando dicho trabajador no haya estado en condiciones de ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas durante esa relación, puede ser invocada directamente por el trabajador en un litigio contra su empresario a fin de excluir la aplicación de una norma nacional que impide el abono de tal compensación. [5]

En lo tocante a la situación concreta del Sr. Shimizu, el Abogado General observa que, aunque la apreciación final de este extremo corresponde al Bundesarbeitsgericht, duda de que pueda estimarse que el Max-Planck Gesellschaft haya llevado a cabo las actuaciones necesarias para que el Sr. Shimizu estuviera en condiciones de disfrutar las vacaciones anuales retribuidas a las que tenía derecho. En efecto, la única medida que consta en los autos es la invitación, dirigida por el Max-Planck Gesellschaft al Sr. Shimizu, el 23 de octubre de 2013, a tomar sus vacaciones, al tiempo que éste tuvo conocimiento de que su contrato de trabajo no sería renovado. Habida cuenta del breve período comprendido entre la fecha de adopción de esa medida y la fecha de finalización del contrato de duración determinada del Sr. Shimizu, a saber, el 31 de diciembre de 2013, dicha medida resulta extemporánea, lo que, en opinión del Abogado General, impide que pueda considerarse apropiada para permitir al trabajador ejercer efectivamente su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

[4] Artículo 31, apartado 2, de la Carta.

[5] Para una explicación más detallada en relación con el efecto directo del artículo 31, apartado 2, de la Carta, véase el CP n.º 70/18 de hoy sobre las conclusiones del Sr. Bot presentadas en los asuntos acumulados C-569/16, Stadt Wuppertal/Maria Elisabeth Bauer, y C-570/16, Volker Willmeroth als Inhaber der TWI Technische Wartung und Instandsetzung Volker Willmeroth e. K./Martina Broßonn.

 

El ICAM reivindica cooperación con los periodistas para preservar el Estado de Derecho2018-05-31

CGAE

El Aula de Debate del Colegio de Abogados de Madrid dedicó su tercera jornada al análisis de la imagen de la Justicia que se ofrece desde los medios de comunicación. Raúl Ochoa, diputado responsable de formación del ICAM, se encargó de dirigir el debate y centró la cuestión principal: la dignidad de la persona y el principio de presunción de inocencia deben estar por encima “de la obtención de la noticia”. Asimismo, al hablar de Derecho, que es una ciencia, no procede dar cobertura a la “opinión de profanos en justicia”, afirmó.

Junto a Ochoa, componían la mesa el diputado responsable de comunicación del ICAM, Juan Gonzalo Ospina; la periodista y presentadora de Las Mañanas de Cuatro, Verónica Sanz, e Ignacio González, Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 20 de Madrid y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia.

Para Ospina la libertad de prensa es un indicativo directo de la calidad democrática de un país, pero a su vez consideró que debe combatirse “la estigmatización” a que se somete a muchos abogados por defender a sus clientes, pues el derecho de defensa es igualmente imprescindible para garantizar el Estado de Derecho. En ese sentido, defendió el papel de la institución colegial para conseguir “un trato igualitario entre fiscales y abogados defensores” y para exigir a los medios respecto a la presunción de inocencia.

En la misma línea se pronunció González, crítico también con la difusión de imágenes de imputados “que atentan contra la dignidad de la persona”. Para el magistrado, en los medios prevalece la “presunción de culpabilidad”, y una solución sería que el fiscal fuese el encargado de informar y explicar las resoluciones judiciales, pues es la figura que puede ofrecer la visión más imparcial, y es algo que el propio Reglamento del Estatuto del Ministerio Fiscal contempla.

Sanz, aportando la perspectiva del lado periodístico, reconoció que en ocasiones se produce mala praxis en los medios, pero en ellos recae la tarea de “informar sobre leyes a ciudadanos que no saben nada sobre ellas”, y de ahí que en ocasiones “se simplifique demasiado y se obvie la realidad”. Firme defensora del derecho a informar, apuntó también que para el respetable “la justicia no es igual para todos” señalando como “ejes de desigualdad el poder, el dinero, y el género”. En este sentido, para la presentadora es fundamental una labor pedagógica que refuerce la presunción de inocencia cuando se comunican causas en las que aún no hay sentencia firme y que evite que se produzcan juicios paralelos.

Aula de debate

Aula de Debate es un foro jurídico impulsado por el Centro de Estudios del ICAM en el que la abogacía invita a otros sectores de la sociedad civil para analizar los temas que más preocupan a los ciudadanos. Con una periodicidad quincenal, jueces, fiscales, abogados, académicos y periodistas analizan desde una óptica técnico jurídica cuestiones candentes que formen parte del debate público y de actualidad.

La CDDA del ICA Baleares inaugura un Servicio de Orientación Jurídica contra el Maltrato Animal2018-05-31

La Comisión de Defensa de los Derechos de los Animales del ICAIB pondrá en marcha este viernes, 1 de junio, el nuevo Servicio de Orientación Jurídica contra el Maltrato Animal (SOJMA), con el objetivo de que aquellas personas, asociaciones o entidades que crean estar en conocimiento de posibles malos tratos o de prácticas denigrantes a animales puedan recibir una primera orientación legal gratuita sobre las medidas que se pueden adoptar y/o las herramientas de denuncia existentes actualmente.

El servicio, que funcionará mediante el sistema de cita previa en el enlace web  (https://www.icaib.org/abogados/secciones-y-comisiones/sojma/), será atendido de forma voluntaria y altruista, y de modo rotatorio, por los letrados de dicha comisión, los primeros viernes de cada mes, de 10:00 a 12:00 horas, en la sede del Colegio de Abogados en Palma (La Rambla, 10).

La finalidad del SOJMA es proporcionar a los usuarios una primera orientación legal para informarles sobre la viabilidad de la pretensión y acerca de las diferentes opciones judiciales o extrajudiciales existentes para la defensa de los derechos de los animales supuestamente maltratados. Así, se tratarán exclusivamente cuestiones relacionadas con el maltrato, quedando excluidas del nuevo servicio otras cuestiones relacionadas con los derechos de los animales, así como la elaboración de cualquier documento; la tramitación, judicial o no, del asunto planteado, y la obtención de una opinión fundada en derecho sobre el fondo de las cuestiones planteadas.

Los letrados impulsores del SOJMA consideran que uno de los principales obstáculos para conseguir niveles eficaces de protección de los derechos de los animales es precisamente que buena parte de la ciudadanía no sabe que determinados tratos a los animales pueden ser sancionados por la vía penal – en los casos más graves-, o por la vía administrativa, lo que a su juicio se traduce en una ausencia de denuncias y, en consecuencia, en casos que, finalmente, no llegan al conocimiento de las autoridades ni se pueden investigar.

Revertir o, al menos, mitigar esta situación es, por tanto, el objetivo fundamental de un nuevo servicio pensado para incrementar y avanzar en la protección de los animales frente a tratos y prácticas degradantes.

Reconocido como accidente laboral el ocurrido tras parar a comprar volviendo del trabajo2018-05-30

La Sala 4ª del Tribunal Supremo ha reconocido como accidente de trabajo el sufrido por una trabajadora tras parar a comprar en un centro comercial volviendo del trabajo.

La trabajadora prestaba servicios para una conocida empresa como auxiliar de ayuda a domicilio. El día que sufrió el accidente, al acabar su jornada de trabajo al mediodía, en lugar de coger directamente el autobús en el que solía desplazarse de vuelta a casa se dirigió a un supermercado de un centro comercial cercano y tras la compra se encaminó de nuevo a la parada del autobús para ir a su domicilio. Tras subir al autobús este realizó un brusco frenazo, a consecuencia del cual la trabajadora sufrió lesiones que fueron calificadas por la Mutua y por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS como de carácter común.

Después de un largo proceso, en el que la trabajadora, disconforme con el no reconocimiento como laboral de los daños sufridos, interpuso sucesivas demandas ante los Tribunales Superiores de Justicia, siendo estas desestimadas, finalmente el Tribunal Supremo la ha dado la razón, reconociendo el hecho lesivo ocurrido como accidente de trabajo in itinere.

Recordemos que un accidente in itinere es aquel que sucede al ir o al volver del trabajo. En el caso descrito la cuestión a resolver es si se rompe o no el nexo causal entre el trabajo y el daño sufrido por el hecho de que la trabajadora acudiera brevemente al centro comercial a realizar la compra para luego continuar el recorrido de vuelta a casa.

Concretamente, el Tribunal Supremo tiene en cuenta diversos criterios de otras sentencias en esta materia, siguiendo algunos como los siguientes:

  • El nexo causal trabajo-daño sufrido no se rompe si la conducta normal de la persona responde a patrones usuales de convivencia o comportamiento de las gentes.
  • La cualidad de accidente de trabajo no debe excluirse por la posibilidad de alguna gestión intermedia razonable.
  • Se admite la razonabilidad de ampliaciones en la acción protectora ligada al concepto de accidente de trabajo in itinere atendiendo a criterios de normalidad dentro de los que se produce una conexión también normal entre el desplazamiento y el trabajo.

Conforme a estos criterios, el Tribunal Supremo en sentencia firme resuelve la duda sobre el origen laboral o no del daño estimando que no puede entenderse que hay una ruptura del nexo causal, en tanto que la demora por la realización de una compra es una gestión razonable que responde a patrones usuales de comportamiento y a criterios de normalidad de conducta. En base a ello, asienta que los daños sufridos por la trabajadora derivan de accidente de trabajo in itinere.

Catalá confía en los nuevos presupuestos para satisfacer las demandas de los profesionales de la Justicia2018-05-30

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado durante su intervención en el Foro Cinco Días que la aprobación de los nuevos presupuestos permitirá atender cuanto antes las distintas demandas y reivindicaciones de los profesionales del sector para llevar a cabo las reformas necesarias, impulsadas desde el consenso y contando con todas las fuerzas políticas.

Desde ese punto de vista, el ministro de Justicia señala que el mensaje reivindicativo lanzado por los principales agentes implica en su responsabilidad compartida a los poderes ejecutivos con políticas activas en la materia, al poder judicial con su función de garantizar la independencia de los jueces y al poder legislativo como encargado de identificar y priorizar las reformas necesarias.

Así, Catalá ha reivindicado la cultura del consenso, a la vez que ha denunciado cómo después de haberse alcanzado un compromiso firme en el seno de los grupos parlamentarios para alcanzar un Pacto de Estado por la Justicia, algunas formaciones abandonaron las conversaciones en una actitud que dista mucho del diálogo.

No obstante, el ministro de Justicia se ha mostrado plenamente convencido de que en España tenemos una buena Justicia, impartida por profesionales competentes, que se sustenta en diferentes y prestigiosos informes internacionales que destacan la alta calidad de nuestras instituciones y las garantías de los derechos y libertades que ofrecen, como el estudio de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ), cuyos datos utiliza la Comisión Europea para llevar a cabo su informe anual Marcador de la Justicia que se ha conocido hoy.

Sin embargo, Catalá asume la necesidad de afrontar nuevos desafíos para mejorar la Justicia de calidad de la que ya disfrutamos, poniendo en valor para ello la importancia de los nuevos recursos disponibles en los presupuestos que se están tramitando en el Parlamento. Estos, que son los cuartos presupuestos que crecen de manera consecutiva para el departamento de Justicia, suponen además un crecimiento consolidado y sostenido del 20% respecto a 2014 y certifican el interés del Ejecutivo nacional en una mejora decidida de esta área.

En cuanto a los profesionales, se mejorarán las retribuciones como respuesta a las demandas del sector. En este contexto, el ministro ha avanzado su voluntad de que la mesa de retribución se reúna en la primera quincena del próximo mes de junio. Además, se incrementarán los recursos con 300 nuevas plazas de jueces y fiscales y 3.759 para distintos cuerpos de la Administración de Justicia. Como medios materiales, durante 2018 se destinarán un 50% más de recursos para infraestructuras y equipamientos judiciales, lo que supondrá un total de 50 millones de euros.

Con el interés de perseguir una Justicia más accesible a los ciudadanos, los nuevos presupuestos destinarán un total de 49 millones a la asistencia jurídica gratuita (un 33% más que el año anterior), incrementando los baremos de indemnización del servicio. Igualmente, con el fin de conseguir una Justicia más cercana a las personas se destinarán 59 millones (casi 14 millones más que en 2017) para combatir la violencia de género y cumplir las previsiones del Pacto de Estado.

Catalá ha destacado que este esfuerzo presupuestario ha contemplado la necesidad de completar la transformación tecnológica que ha conseguido ya a día de hoy un sistema generalizado de comunicaciones electrónicas entre los profesionales de la Justicia y que en todo el territorio gestionado por el Ministerio la tramitación judicial sea completamente electrónica. Actualmente, todos los órganos unipersonales, las audiencias provinciales y los tribunales superiores de Justicia están totalmente digitalizados.

A los nuevos retos tecnológicos se destinarán 131 millones de euros para culminar la implantación digital en el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y fiscalías, la puesta en marcha de nuevos servicios a profesionales y ciudadanos, la mejora de la calidad del servicio, la renovación de las salas de vistas, nuevas aplicaciones de Justicia y Fiscalía digital y un decidido avance en la construcción del nuevo Registro Civil digital.

Las medidas no se limitan al ámbito presupuestario, ya que el Ministerio atenderá las reivindicaciones del sector basadas en la necesidad de mejoras organizativas, entre las que destaca la implantación definitiva de la Oficina Judicial y Fiscal.

Igualmente, Catalá ha incidido en la necesidad de reformar el proceso penal, atendiendo así al clamor unánime de los profesionales y sus asociaciones. La respuesta se encuentra en una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que agilice los tiempos de respuesta y sea más eficaz en la persecución del delito, permitiendo la plena convivencia con el modelo de Fiscalía Europea. También se contempla la creación de un nuevo Estatuto Fiscal, básico para las necesidades formativas, operativas y profesionales del cuerpo.

En relación con la percepción de la independencia de la Justicia, Catalá está convencido de que tenemos un Estado de derecho que funciona, donde jueces y fiscales realizan su labor sin dejarse intimidar y donde la independencia e imparcialidad están aseguradas, por lo que responsabiliza a quienes hablan de la politización de la Justicia de dañar su credibilidad. No obstante, para reforzar esa percepción de independencia, el ministro propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en línea con las reclamaciones de las asociaciones judiciales, incrementar la objetivación en nombramientos discrecionales y suprimir el magistrado de designación autonómica.

Los jueces anulan el laudo entre la SGAE y editores musicales y trasladan la disputa a la justicia ordinaria2018-05-30
La Sala de lo Civil y Penal del TSJM da la razón a Telecinco y Música Aparte al entender que el régimen jurídico de la Sociedad General de Autores de España no autoriza a que las controversias entre la entidad y sus asociados sean resueltas por la vía arbitral

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el laudo arbitral administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la disputa entre la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Asociación Española de Editores de Música (AEDEM) y la Organización Profesional de Editores de Música (OPEM), al entender que “el régimen jurídico actualmente vigente en la SGAE no autoriza a que las controversias que surjan entre la sociedad y sus asociados sean resueltas por la vía arbitral”.

A punto y seguido, la Sala aclara que deben ser los juzgados ordinarios los que diriman este tipo de disputas, extremo éste recogido en los propios estatutos de la compañía, que sólo permiten el arbitraje cuando el conflicto se presenta entre los socios, no entre éstos y la sociedad”.

El laudo arbitral anulado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid, administrado por OMPI entre la SGAE y OPEM y AEDEM, alcanzado en diciembre de 2016, afectaba a la modificación de los criterios para regular el reparto en las distintas franjas horarias, la utilización de los fondos musicales y su reparto y el pago de las costas del arbitraje.

El Grupo Editorial Telecinco y Música Aparte interpusieron demanda de anulación del laudo ante la Sala de lo Civil del TSJM por considerar que vulneraba los estatutos al haber sido adoptado, en el caso de la SGAE, por la Junta Directiva en vez de por la Asamblea General, la única habilitada para reformar los estatutos de modo que éstos previeran el recurso al arbitraje como medio de solución de conflictos.

Y también por haber sometido a arbitraje controversias que recaen sobre materias indisponibles, como la supresión de la remuneración de las obras denominadas “fondos sonoros”, contraviniendo la legislación que establece con carácter imperativo, y sin excepciones, que todo autor debe ser remunerado por la explotación de sus obras. Frente a esta sentencia no cabe recurso alguno.

El TSJ de la Comunidad Valenciana anula parcialmente el decreto del Consell y devuelve a los colegios concertados las aulas suprimidas2018-05-29

La Sala de lo Contencioso estima parcialmente 13 recursos contra la norma autonómica y obliga a mantener las aulas concertadas que Educación no renovó. Los magistrados reconocen el derecho de la Conselleria a no concertar, pero le impiden suprimir aulas por decreto mientras los conciertos estén en vigor

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado parcialmente cinco recursos interpuestos contra el decreto de la Conselleria de Educación que regula la enseñanza concertada y contra el reglamento que fija los criterios para el acceso o renovación de los mismos.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo avala la legalidad de parte de la norma recurrida, reconoce que la Generalitat Valenciana “no está obligada a concertar”; admite que si la Administración autonómica “opta por los conciertos, no está obligada a la gratuidad total” pero precisa que, en el caso de la enseñanza no obligatoria, “si opta por los conciertos, debe someterse a la normativa básica del Estado” que impide extinguir por Decreto conciertos que siguen vigentes y obliga a renovarlos si los centros educativos cumplen los requisitos exigidos por la norma.

“La Adminsitración, mientras lo centros cumplan con los requisitos establecidos en las normas, debe mantenerlos (…). La extinción unilateral por Decreto no se regula como causa de extinción (…). La razón es obvia, es contraria a Derecho”, señala la Sala en sus resoluciones en las que establece que la Administración Autonómica “no sólo no puede extinguirlos unilateralmente, sino que debe renovarlos siempre que (el colegio) siga cumplimiento los requisitos que marca el precepto”.

El Estado, arguyen los magistrados, “ha dejado en manos de las Comunidades Autónomas la opción de formalizar conciertos para las enseñanazas no obligatorais. Significa lo expuesto, que corresponde a cada Comunidad Autónoma la decisión de formalizar o no conciertos en estos niveles de enseñanza”.

Pero, “una vez que ha decidido formalizar conciertos para las enseñanzas no obligatorias (…) queda vinculada al régimen básico del Estado para los conciertos”. La Generalitat “no puede escudarse en que no está obligada a concertar”.

De este modo, el TSJ da la razón, en algunas de sus pretensiones, a los recurrentes que impugnaron la disposición general del decreto.

La Sala avala la legalidad de parte de la norma recurrida y ampara a la Conselleria de Educación en su decisión de suprimir los conciertos de Formación Profesional Básica por falta de alumnado matriculado.

Los magistrados consideran que tales artículos no vulneran los derechos de las familias en segundas o posteriores opciones, ni discriminan a los alumnos que opten por la enseñanza concertada respecto de la pública.

Tampoco consideran contrario a derecho el artículo que limita, vía Presupuestos Generales de la Generalitat Valenciana, las unidades que han de concertarse cada curso.

En base a estas cinco sentencias, el TSJ ha resuelto los casos particulares de ocho centros educativos que habían recurrido la no renovación o reducción del número de aulas que tenían concertadas.

La Sala estima los recursos de ocho colegios y les reconoce el derecho a conservar las aulas concertadas que la Generalitat no les renovó.

“Para poder reducir una unidad, la Administración debe ofrecer una motivación sólida, suficiente y debidamente justificada”. “En el supuesto que nos ocupa”, señala el Tribunal en relación a la decisión de la Conselleria de reducir las aulas concertadas con el Colegio El Pilar de Valencia, “se ha limitado a rellenar unos impresos. El Tribunal no tiene forma de comprobar cómo se han distribuido las unidades, criterios seguidos que puedan ser verificados, cómo se ubicarían hipotéticamente en la zona los alumnos cuya unidad se suprime (…). Ni existe motivación ni mucho menos (la decisión) está debidamente justificada como exige nuestro Alto Tribunal”.

Una sentencia da la razón a UGT y reconoce a empleados del Gobierno de La Rioja el derecho a más días de asuntos propios y vacaciones2018-05-29

Los servicios jurídicos de la Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de UGT La Rioja (FeSP-UGT La Rioja) han vuelto a ganar en los juzgados el derecho al disfrute de asuntos particulares y vacaciones de seis empleados de la Dirección General de Agenda Digital, dependientes del Gobierno de La Rioja.

Es la segunda vez que la justicia da la razón a UGT, en esta ocasión, ante el recurso de casación presentado por la Comunidad Autónoma de La Rioja, frente a la sentencia favorable dictada por el Juzgado de lo Social Nº2 en julio del 2017. Dicha sentencia reconocía la antigüedad de los trabajadores, por la cual también ha sido reconocido su derecho al disfrute de dos días más de asuntos propios y un día más de vacaciones, tiempo que la Administración pretendía negarles.

FeSP-UGT La Rioja celebra esta sentencia, pero lamenta la falta de voluntad que está demostrando el Gobierno regional para reconocer unos derechos más que evidentes a sus empleados, una actitud que está caracterizando al Gobierno del presidente Ceniceros.

De este modo, la Administración Autonómica debe, otra vez, dedicar recursos económicos al pago de las costas a las que ha sido condenada.

El reconocimiento de estos días de asuntos propios y de vacaciones se tendrá que hacer efectivo en los próximos días para los 60 empleados que se encuentran a esta situación, a quienes UGT anima a contactar con el sindicato ante cualquier duda que puedan tener al respecto.​​

La Comisión de Transformación Digital del ICAB denuncia el intrusismo profesional en la Protección de Datos2018-05-29

La Comisión de Transformación Digital del ICAB denuncia las infracciones por parte de las empresas al hacer uso de bases de datos sin titulación e infringir los parámetros establecidos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter general.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter general, denuncia el intrusismo empresarial y el delito que supone cometer infracciones al utilizar archivos y bases de datos personales electrónicas sin autorización.

La Comisión incide en la mejora del derecho a la protección de los datos personales y saber qué se hace con ellas, quien trata esta información y cuál es su finalidad, teniendo presente que quien gestiona esta información no es el titular de los datos y que muchas veces no posee la formación para hacerlo.

El Colegio de la Abogacía de Barcelona pone de relieve la actuación de la Autoridad Catalana de Protección de Datos que vela para que las entidades que gestionan nuestros datos respeten el derecho a su uso de carácter personal. Además, esta institución informa a las personas de sus derechos, como ejercerlos y qué hacer en caso de que no sean respetados.

Por otra parte, la Comisión denuncia el intrusismo profesional en la Protección de datos por parte de las empresas que ha acabado por banalizar la profesión de los abogados expertos en esta materia. La falta de conocimientos y habilidades jurídicas necesarias por parte de otras organizaciones infravalora la tarea de la abogacía. Por este motivo es importante tratar datos de carácter personal teniendo conocimiento de Derecho Administrativo, esencial para los requisitos que exige la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

En relación a la legislación actual, el derecho a la protección de datos personales deriva del artículo 18 de la Constitución Española y se encuentra presente en el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En esta línea, el ICAB tiene presente la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos. Una nueva legislación que cubrirá a todos los ciudadanos de la UE e introducirá cambios como la posibilidad de borrar los datos personales en manos de empresas, pedir copia de los datos y en caso de haber alguna filtración que el usuario sea notificado.

El ICAB apuesta por trabajar por el cumplimiento de la normativa, dar respuestas efectivas y evitar irregularidades en el uso de los datos personales y de acceso a la información que está vinculada.

LA COMISIÓN

El abogado experto en TIC Rodolfo Tesone es el diputado de la Junta de Gobierno del Colegio responsable de la Comisión de Transformación Digital, que se presentó el pasado 9 de febrero de 2018.

Esta Comisión persigue tanto la renovación y transformación digital del Colegio, como de la profesión y de los abogados en general para afrontar las nuevas necesidades de la era de la digitalización y, sobre todo, la que se está dando en el ámbito de la Justicia.

Un juzgado de lo Social de Cáceres concede la incapacidad permanente total a un obrero que no estaba dado de alta en el INSS2018-05-28
La magistrada considera que el trabajador estuvo todo ese tiempo sin inscribirse por las graves enfermedades de sus padres a los que tenía que atender personalmente
El Juzgado de lo Social 1 de Cáceres ha concedido la incapacidad permanente total a un peón agrícola que permaneció 24 meses sin estar inscrito como demandante de empleo en el INSS por haberse dedicado al cuidado de sus padres gravemente enfermos.

El juzgado considera, con criterio humanizador, que el trabajador estuvo todo ese tiempo sin inscribirse por las graves enfermedades de sus padres a los que tenía que atender personalmente además de su propia enfermedad. Considera que no actuó con desidia sino por motivo de las circunstancias familiares y propias que concurrían, teniendo además en cuenta la dilatada trayectoria profesional del mismo.

La magistrada le ha declarado en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual. La sentencia fue confirmada por la Sala de lo Social el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Condenado a 25 años y dos meses el acusado de asesinar al abogado Díaz Moñux2018-05-28
La Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Miguel Ángel D. A. como autor material de la muerte del abogado Alfonso Díaz Moñux de dos disparos en la cabeza a finales de mayo de 2008. De acuerdo con el veredicto del Jurado, la Sala condena al procesado a 23 años y nueve meses de prisión como autor de un delito de asesinato alevoso mediante precio con la circunstancia agravante de uso de disfraz y a un año y cinco meses de prisión por tenencia ilícita de armas. Esta resolución puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJ de Madrid.
El Tribunal Supremo sienta doctrina jurisprudencial sobre la deducción del IVA en los vehículos turismo adquiridos para su uso en la actividad económica2018-05-28

Después del tira y afloja entre la Administración y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de febrero de 2018, aborda al fin la controvertida cuestión suscitada en torno a si el legislador nacional ha vulnerado la normativa europea al limitar la deducción del IVA soportado en la adquisición de vehículos afectos a una actividad económica.

Si bien no ha negado la posibilidad de que los empresarios y profesionales se deduzcan el 100 % del IVA soportado, sigue el mismo criterio que la Agencia Tributaria y condiciona tal deducción a la prueba de su exclusiva afectación a la actividad empresarial o profesional.

La limitación a la deducción total del IVA de los vehículos afectos es una presunción que puede ser destruida mediante prueba en contrario

El artículo 95.Tres de la Ley 37/1992 (Ley IVA) determina el derecho a deducir las cuotas de IVA soportadas o satisfechas, en atención "al grado efectivo de utilización del bien en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional", estableciendo una presunción de afectación a esa actividad "en una proporción del 50 por 100" y haciendo recaer sobre el sujeto pasivo la carga de acreditar por cualquier medio de prueba admitido en derecho "el grado de utilización en el desarrollo de la actividad empresarial o profesional".

De acuerdo al Tribunal Supremo, el precepto citado prevé un derecho del sujeto pasivo a deducirse las cuotas soportadas relacionadas con vehículos turismos, en proporción al grado de utilización de tales bienes en la actividad empresarial o profesional. Por tanto, no determina a priori el derecho a la deducción que corresponde por esas cuotas, sino que condiciona el quantum a la completa acreditación del uso efectivo del vehículo en su actividad.

El artículo 95.Tres Ley 37/1992 (LIVA) incorpora también una presunción iuris tantum de afectación del vehículo en un 50 por 100, lo que implica, en la práctica, que esta presunción pueda ser destruida tanto por el contribuyente -acreditando por cualquier medio de prueba admitido en derecho un grado de utilización del bien superior a ese porcentaje-, como por la Administración, que deberá probar cumplidamente, para imponer una menor deducción, que el grado de afectación es inferior al presumido por la ley.

El "principio de deducción proporcional" contenido en la norma española no vulnera la directiva europea

Así interpretado, el Alto Tribunal considera, en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana impugnada en casación, que nuestro artículo 95.Tres, reglas 2 ª y 3ª Ley 37/1992 (Ley IVA) no se opone a la Sexta Directiva (artículo 17) ni al principio de neutralidad fiscal en el que se basa el sistema común del IVA.

Este precepto tampoco contradice la interpretación que el TJUE efectuó de la norma europea en su sentencia de 11 de julio de 1991 -caso Lennart, asunto C/97/90-, al afirmar que "todo sujeto pasivo que utilice bienes para una actividad económica tiene derecho a deducir el IVA soportado en el momento de su adquisición por pequeña que sea la proporción de su uso para fines profesionales", ya que ello no implica en ningún caso que tal deducción deba ser necesariamente la que corresponda a la totalidad de la cuota soportada, sino que todo sujeto pasivo que utilice bienes para una actividad económica tendrá derecho a deducir el IVA soportado en el momento de su adquisición, aunque esa afectación sea proporcionalmente poco relevante.

Según el TS, no se impone la probatio diabólica de un hecho negativo

El Supremo tampoco estima aceptable el argumento de que la práctica de la prueba de la dedicación exclusiva del vehículo a la actividad empresarial sea "imposible" o "extraordinariamente difícil" en las instancias administrativas, y considera que el contribuyente dispone de los medios necesarios para constatar ese destino.

No obstante, más allá de dicha afirmación, en la sentencia no se especifica ningún medio de prueba válido para acreditar una afectación íntegra a la actividad comercial, por lo que conviene exponer en este punto algunas pruebas aportadas por el contribuyente que en su momento fueron consideradas apropiadas por los tribunales para desvirtuar la presunción legal establecida:

De todo lo expuesto, parece que podemos considerar que la solución de las posibles controversias que se susciten entre el contribuyente y Hacienda en relación a esta cuestión, quedará supeditada a la valoración caso por caso de los Tribunales Superiores de Justicia de las pruebas aportadas y el porcentaje de deducción aplicado.

  • Indicación del número de kilómetros anualmente recorrido por el vehículo y la aportación de una relación, con las acreditaciones que sean posibles, de las salidas realizadas en el año, a fin de ponderar la adecuación de una magnitud a la otra (Sentencia 245/2005 del TSJ Albacete)
  • Prueba pericial -kilómetros recorridos por el vehículo coincidentes con las visitas planificadas y realizadas a los clientes- y testifical -clientes que afirman que el visitador de la empresa demandante se traslada en un automóvil de las mismas características- (Sentencia 101/2006 del TSJ de Asturias)
  • Póliza del contrato del seguro de vehículo afirmando que el mismo tiene uso estrictamente profesional, manifestación en dicho contrato de que el conductor habitual del vehículo es empleado de la empresa, aportando los documentos de cotización a la Seguridad Social (Sentencia 953/2007 del TSJ Extremadura)
  • Gastos de combustible, kilómetros efectuados, rótulo en el vehículo, garaje donde se guarda el vehículo, declaraciones testificales de clientes y proveedores que conociesen la utilización y desplazamientos del vehículo, etc. (Sentencia 659/2012 del TSJ Extremadura)
Pleno de la Abogacía Europea en Praga2018-05-25

El Consejo de la Abogacía Europea, CCBE, ha celebrado su pleno de mayo en Praga (Chequia), en honor a su Presidente 2018, Antonin Mokry. Los temas que han destacado dentro de la agenda han sido el acceso a la Justicia, Brexit, Convención europea de la Abogacía, formación, inteligencia artificial aplicada a la profesión, deontología, futuro de la Fundación de los abogados europeos, jurisprudencia europea reciente de importancia para la profesión, fiscalidad, Derecho de sociedades y Estado de Derecho en Polonia.

Entre los posicionamientos aprobados, cabe destacar la interpretación del Código Deontológico, de su modelo y de los principios básicos para la profesión. Respecto a la Convención de la Abogacía, el Comité de Ministros del Consejo de Europa ha aprobado iniciar la redacción, encargando su primer borrador al Comité GR-J de Cooperación Jurídica. Por último, cabe destacar la aprobación de las cuentas de CCBE en 2017, presentadas por el Comité de finanzas, último acto de Iñigo Nagore, que acaba su mandato como presidente del mencionado comité.

Asimismo, en torno a esta sesión plenaria, CCBE ha celebrado varias reuniones de sus Comités y Grupos de Trabajo. Y también coincidiendo con estas reuniones, se ha celebrado en Praga el Foro de Innovación de Servicios Jurídicos – el Tercer Foro anual de servicios jurídicos innovadores se ha centrado en tres áreas principales: Visiones Tecnológicas / Empresariales / Europeas. La conferencia ha reunido a expertos sobre estos temas en un solo escenario y ante abogados, empresarios y profesionales de los sectores implicados.

Primera suspensión en Andalucía sobre IRPH a la espera del Tribunal de la UE2018-05-25

El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Algeciras ha dictado un Auto por el que suspende el curso de un procedimiento sobre la nulidad del IRPH en una hipoteca, a la espera del pronunciamiento que deba realizar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la cuestión prejudicial que planteó en febrero otro Juzgado de Barcelona.

  • La decisión final sobre el IRPH dependerá del Tribunal de la UE, como ya sucediera en su momento con las cláusulas suelo
  • Incluye el auto
Legal Today

Francisco Orozco, abogado experto en Derecho Inmobiliario y director de este asunto, ha afirmado que "no tiene constancia de que ningún otro Juzgado de Andalucía haya suspendido el curso de las actuaciones en un procedimiento sobre IRPH, por lo que espera que el Auto de este Juzgado gaditano sirva de precedente". En los últimos días hemos conocido que otros como el de Primera Instancia nº 2 de San Fernando de Henares (Madrid) o el de Primera Instancia nº 3 de Gavà (Barcelona) han dictado resoluciones en el mismo sentido. 

El pasado 22 de noviembre, el Tribunal Supremo se pronunció a favor de los bancos, y estableció la validez de la cláusula IRPH al entender que "la mera referencia a este índice en las hipotecas no suponía falta de transparencia o abusividad". Con ello, el alto tribunal había frustrado las pretensiones de miles de afectados en toda España. Ante esto, el Juzgado de la capital condal planteó una cuestión prejudicial, y el Tribunal de Luxemburgo la admitió a trámite el pasado 21 de febrero. Ahora todo dependerá de su resolución.

En el caso de Algeciras, los clientes formalizaron una hipoteca con Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI) el 6 de septiembre de 2005. El contrato de préstamo hipotecario contenía una referencia sobre el interés al IRPH, de manera que las cuotas devengadas durante todos estos años han sido muy superiores en comparación a otra hipoteca con las mismas características, pero referenciada al Euribor.

Según Francisco Orozco "esta decisión podría provocar que otros muchos juzgados se adhieran y suspendan sus procedimientos, como también ha sucedido en las ejecuciones hipotecarias por planteamientos similares sobre la cláusula de vencimiento anticipado o la cláusula de interés de demora".

Por otro lado, la abogada Mónica Guzmán, integrante del Bufete Orozco y Asociados, ha afirmado que "los jueces deberían acordar la suspensión o, subsidiariamente, plantear nueva cuestión prejudicial en los mismos términos que lo hizo el Juzgado de Barcelona". Pero es evidente que esto último sería contraproducente por razones de prudencia y economía procesal (para evitar reiterados planteamientos de la misma cuestión). Por ello, declara la letrada, "acordar la suspensión es la opción que menos perjudicaría a los afectados".

Por ello, todo apunta a que la decisión final sobre el IRPH dependerá de instancias comunitarias, como ya sucediera en su momento con las cláusulas suelo.

Sobre Francisco Orozco

Francisco Orozco es Profesor en la Universidad de Sevilla - Facultad de Derecho- y Abogado. Está colegiado como ejerciente por cuenta propia en el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga y en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, siguiendo el itinerario de Derecho Público. También cursó estudios del Grado en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad de Granada. Es experto en Derecho de Extranjería por la Universidad de Cádiz, experto en Documentoscopia por la Universidad de Salamanca y tiene un Máster Universitario Oficial en Abogacía por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid.

En 2014 residió en Estados Unidos. Primero estuvo en Miami, desde donde se preparó para ser admitido en una de las mejores universidades del mundo: Georgetown University (en Washington D.C.). Tras conseguirlo, estudió un "EFL Program". Además, trabajó y asistió a numerosos Seminarios y Conferencias en otras universidades de la capital de Estados Unidos (American University y George Washington University).

Actualmente es Doctorando en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Pablo de Olavide, donde realiza su tesis doctoral sobre la regulación de la maternidad subrogada en España y sus efectos jurídicos, en la línea jurídico-privada (Derecho Civil - Derecho de Familia).

¿Quiere leer el auto?

Un juzgado investiga un entramado de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo desde la Diputación de Barcelona2018-05-25
La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona investiga desde hace más de un año un entramado por el que se habría defraudado un mínimo de dos millones de euros a través de subvenciones irregulares en materia de cooperación al desarrollo con países de América Latina, Marruecos o Bosnia, entre otros, desde la Diputación de Barcelona mediante varias entidades entre los años 2012 y 2015.

En el marco de esta causa, que está secreta, el magistrado ha acordado la práctica de 20 entradas y registros en oficinas profesionales, despachos, domicilios y empresas (entre ellas la Oficina de Cooperación al Desarrollo o la sede de CATmón) ubicadas en Barcelona, Manresa, Olot, Tordera, Cabrils y Reus, entre otras. Para garantizar la ejecución de las entradas y registros, la policía practicará una treintena de detenciones.

La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación, negociación prohibida a funcionario público, falsedad y fraude en subvenciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores se reúne con las profesiones colegiadas para su contribución en la implementación de la Agenda 20302018-05-24

A iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC), como Presidencia del Grupo de Alto Nivel para la implementación de la Agenda 2030, ha tenido lugar en la mañana de hoy una jornada organizada por el mismo Ministerio, Unión Profesional (UP) y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) titulada Profesiones por el común con la Agenda 2030 como herramienta de trabajo.

El objetivo principal con el que se ha convocado a las profesiones colegiadas de España ha sido el de profundizar en la labor desempeñada por sus corporaciones colegiales en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el plan de acción más ambicioso a favor de las personas, el planeta y la prosperidad hasta 2030, así como de informarles sobre el proceso de preparación del examen voluntario nacional al que se presenta nuestro país el próximo mes de julio.

Presidida por la presidenta de UP, Victoria Ortega y por el presidente de la UPCI, Luis Vilches, la jornada ha sido introducida en la materia por Cristina Pérez, directora general de políticas de desarrollo sostenible y Juan Francisco Montalbán, embajador en misión especial para la Agenda 2030, dependientes ambos departamentos institucionales del MAEC.

Profesiones por el común con la Agenda 2030

En la apertura de este encuentro, Victoria Ortega ha señalado la labor que las profesiones colegiadas están llevando a cabo en lo que respecta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde los anteriormente denominados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) —planteados en el año 2000 y reformulados en el 2015 con el propósito de incluir a la sociedad civil e incrementar la calidad de lo exigido—. Los profesionales, como parte activa de la sociedad civil, están especialmente implicados en el cuidado y desarrollo de la ciudadanía; y cuya labor queda reflejada en cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. «Sin las profesiones no tendríamos el mundo que tenemos, ni podríamos avanzar al mundo que queremos», ha recalcado la presidenta de UP.

Luis Vilches hizo hincapié en la necesidad de trabajar de forma conjunta por la sociedad civil de la que UP y UPCI forman parte, así como la Administración y el Gobierno, tal y como esta jornada demuestra. La UPCI ha apoyado totalmente la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se han ofrecido a seguir trabajando en su desarrollo. En línea con esta idea, Vilches ha trasladado la labor conjunta realizada con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad desde hace tres años para la consecución de un Pacto de Estado por la Industria en el que participen sociedad civil, sector privado, sindicatos y partidos políticos, con el objetivo de que la contribución de la industria al PIB sea, al menos, del 20% en próximas legislaturas. Todo ello con el objetivo de crear un empleo de calidad y estable y, por ende, mejorar la economía española.

Profesiones y Objetivos de Desarrollo Sostenible

La reunión de todas las profesiones colegiadas en este acto supone la oportunidad de ofrecer una visión transversal y cooperativa para continuar trabajando, por un lado, la consecución de objetivos concretos, y por otro, en favor del común, proponiendo la «consecución del acceso universal a los servicios profesionales como garantía de un Estado democrático, compartiendo esfuerzos para llegar a la consecución real de dichos objetivos», tal y como ha especificado Ortega en su intervención. Asimismo, pretenden que esta iniciativa sea el comienzo de una interlocución que se fortalezca con el tiempo, ya que solamente se puede avanzar, también en el terreno de los ODS, contando con las profesiones. «Como instituciones inclusivas, las organizaciones colegiales favorecen la defensa de los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, y la redistribución de la renta y la riqueza», advertía la presidenta de Unión Profesional.

Durante sus intervenciones, tanto el embajador como la directora general, han explicado la hoja de ruta a seguir para lo que se ha diseñado un borrador de Plan de Acción con un horizonte temporal limitado (2018-2020) con el que se pretende impulsar urgentemente aspectos clave, a la vez que sentar las bases fundamentales para trazar la senda 2020-2030. Juan Francisco Montalbán ha querido referirse a la necesidad de consolidación de la alianza con los colegios profesionales y llegar de esta manera a los colegiados, a la sociedad: «La Agenda 2030 no es más que una manera ordenada de debatir políticas públicas, dando respuestas a la sociedad».

Cristina Pérez, por su parte, ha destacado que «la Agenda 2030 es transformadora, evolutiva y tiene carácter universal», motivando a las corporaciones colegiales a cumplir con su papel de «actor dual: objeto y sujeto de la Agenda 2030». Este impulso, «solo será eficaz si va acompañado de un proceso de deliberación, participación y diálogo entre todos los niveles de la administración y que involucra a todos los actores sociales (entre los que se encuentran las profesiones) y al parlamento», han señalado desde el Ministerio.

La jornada Profesiones por el común con la Agenda 2030 como herramienta de trabajo fue clausurada por los presidentes de las asociaciones que agrupan a los Consejos Generales y Colegios Nacionales de profesiones, Victoria Ortega y Luis Vilches, instando a los asistentes a continuar el camino trazado por el Ministerio, y así superar el examen voluntario del próximo mes de julio, que se presentará ante Naciones Unidas, lo que significará que las profesiones han podido contribuir a la consecución de unos objetivos globales que terminen con la pobreza, protejan el planeta y aseguren prosperidad para todos.

Las mutuas ingresarán 548 millones de euros en los fondos de la Seguridad Social2018-05-24

La gestión realizada durante 2017 por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social ha supuesto, una vez cubiertas las reservas correspondientes, un excedente de 548,71 millones de euros que se ingresará, antes de finalizar el mes de julio, en los diferentes fondos de la Seguridad Social, según informó la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT).

Este excedente corresponde a la suma de tres grandes actividades que desarrollan las Mutuas en su condición de entidades colaboradoras con la Seguridad Social: la gestión integral de contingencias profesionales (accidentes laborales y enfermedades profesionales), la gestión de prestaciones por contingencias comunes (accidentes y enfermedades no laborales) y la gestión de prestaciones por cese de actividad de Trabajadores Autónomos (CATA). Cada una de estas actividades permite financiar un fondo específico de la Seguridad Social.

Así, el 80% del excedente resultante de la gestión de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y que en 2017 asciende a 441,79 millones de euros, se ingresará en el Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, por lo que las aportaciones históricas de las Mutuas a este fondo ascienden a 10.417,37 millones.

El excedente de la gestión de las contingencias comunes se destinará en su totalidad (770.000 euros) al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido popularmente como "hucha de las pensiones", elevando el total de aportaciones acumuladas por las Mutuas hasta los 1.488,08 millones de euros.

Por último, las Mutuas ingresarán 106,15 millones de euros en la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad de los Trabajadores Autónomos, en la Tesorería General de la Seguridad Social, como excedente de la gestión de dicha prestación. La aportación histórica por este concepto asciende a 849,98 millones de euros.

El resultado de la gestión de las prestaciones por contingencia común ha sido de -462,33 millones en 2017. Ante esta situación, las Mutuas esperan que el próximo Reglamento de Mutuas incorpore instrumentos positivos para la colaboración en esta área, así como que los Agentes Sociales y Económicos consensúen medidas sobre la materia, dentro de los Acuerdos de Negociación Colectiva.

La abogacía madrileña espera que la nueva Consejería de Justicia acometa la actualización de los baremos del Turno de Oficio en esta misma legislatura2018-05-23
  • Así lo ha manifestado el decano José María Alonso tras la toma de posesión de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid

En representación de los cerca de 78.000 profesionales adscritos al Colegio de Abogados de Madrid, el decano José María Alonso y la vicedecana Begoña Castro han asistido a la toma de posesión de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid.

Tras el acto, celebrado en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol en presencia de autoridades como la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, las ministras María Dolores de Cospedal y Fátima Báñez, o los expresidentes madrileños Joaquín Leguina y Alberto Ruiz-Gallardón, Alonso ha valorado muy positivamente la inminente puesta en marcha de una consejería dedicada en exclusiva a la Justicia.

“Desde la abogacía madrileña estamos muy satisfechos con la creación de esta nueva Consejería”, ha señalado el decano, pues “la justicia es un elemento fundamental no sólo para la seguridad jurídica de los ciudadanos sino para el desarrollo económico de la Comunidad de Madrid”.

De la nueva consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, Alonso espera que tenga en especial consideración al mundo de la abogacía: “los abogados somos un elemento fundamental del funcionamiento de la justicia y, por tanto, debemos ser tratados en el mismo plano que los demás operadores jurídicos”, ha afirmado.

Respecto a la agenda de trabajo del nuevo organismo durante el año que queda de legislatura, el decano del ICAM confía en que se acometa de una vez la revisión de los baremos del Turno de Oficio, que permanecen congelados desde el año 2003. “El Turno de Oficio presta un servicio constitucionalmente recogido que es fundamental para los ciudadanos, y tiene que ser remunerado conforme a criterios de mercado”, ha explicado.

En ese sentido, y desde el convencimiento de que la Comunidad de Madrid es consciente de esta necesidad, “el Colegio de Abogados de Madrid va a ser especialmente beligerante en la defensa de los abogados del Turno, que tan importante servicio prestan a la ciudadanía madrileña”, ha concluido Alonso.

Consejeros de la Abogacía prestarán asesoramiento jurídico a la ONG Reporteros Sin Fronteras2018-05-23

Consejeros y Consejeras de la Abogacía Española prestarán asesoramiento jurídico, en el ámbito de su actividad como letrados y letradas, a la asociación Reporteros Sin Fronteras-España, gracias al convenio suscrito entre la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y el presidente de Reporteros Sin Fronteras-España, Alfonso Armada.

Por su parte, Reporters sans Frontieres R.S.F Sección Española colaborará con la Abogacía Española en actividades de promoción y defensa de los Derechos Humanos, especialmente las relacionadas con el derecho a la información y la libertad de expresión recogidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 20 de la Constitución Española.

La colaboración entre ambas organizaciones incluye la información sobre la situación de defensores de derechos humanos amenazados por el desarrollo de su labor de la que pudiera tener conocimiento Reporteros Sin Fronteras Sección Española.

Ambas instituciones colaborarán en también en la organización de actividades de formación o divulgación de interés para los colectivos profesionales que representan.

A la firma del convenio, efectuada el día 21 de mayo en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, han asistido, además de Armada, las dos vicepresidentas de la asociación, Macu de la Cruz y Alicia Gómez Montano.

La Audiencia de Sevilla condena a tres años de cárcel y multa de 3.960 euros a un funcionario de prisiones por abusar de una interna y vejar a dos reclusas2018-05-23
La Sección Séptima condena al acusado por dos delitos contra la integridad moral, uno de abuso sexual y otro de actividad prohibida a funcionario

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 3.960 euros a un funcionario de la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra por abusar sexualmente de una interna y vejar tanto a ésta como a otra reclusa.

En la sentencia, fechada el día 18 de mayo, la Audiencia condena al acusado a dos años de prisión y cuatro años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por dos delitos contra la integridad moral; a un año de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta por un delito de actividad prohibida a funcionario, y al pago de una multa de 3.960 euros por un delito de abuso sexual.

Asimismo, el acusado deberá indemnizar con 2.500 euros y 1.000 euros, respectivamente, a las dos víctimas, según dictamina la Audiencia Provincial en una sentencia en la que declara responsable subsidiaria a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

De igual modo, el tribunal absuelve al acusado de tres delitos contra la integridad moral por los que llegó a ser enjuiciado.

La Audiencia considera probado que el acusado estuvo destinado como funcionario de Instituciones Penitenciarias en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra desde el 11 de octubre de 2012 hasta el 5 de julio de 2014, cuando inició una situación de baja médica, “sin que se haya reincorporado tras ella en virtud de acuerdo adoptado el 19 de noviembre de 2014 en expediente disciplinario del que ha sido objeto al ser suspendido provisionalmente de funciones”.

Durante el periodo de tiempo en que estuvo desempeñando su trabajo en esta prisión, el acusado ejerció distintas funciones “que le permitían el contacto con las internas allí recluidas, y ello a pesar de que a partir del 1 de marzo de 2014 su destino le restringía el acceso a las mismas, lo que no fue un impedimento para el contacto con ellas”, ya que “desobedeció las órdenes cambiando el servicio con sus compañeros o incluso abandonando el puesto encomendado”.

En relación a una de las víctimas, la Audiencia indica que el acusado le exhibió un vídeo de contenido sexual que tenía almacenado en su móvil, a lo que se suma que, “tras interceptarle una carta en la que aparecían dibujos de tipo erótico, al devolvérsela” en el módulo “le dijo que estaría dispuesto a dejarse hacer una felación por ella y acto seguido, en dicho lugar, le intentó besar, defendiéndose la interna dándole un bofetón”.

Asimismo, y en los meses de enero a marzo de 2014, el acusado, “en dos ocasiones, se metió en la ducha mientras se encontraba en ella desnuda” dicha reclusa, “abandonando el lugar tras los gritos de la interna”, mientras que en dos ocasiones “tocó los glúteos” de esta mujer, lo que “originó intranquilidad y desasosiego en ella”.

De igual modo, en los meses de verano de 2014 y antes de causar baja por motivos de salud, el acusado “se introdujo en la ducha que estaba siendo usada” por otra interna y al verla desnuda “le dijo ‘qué culo más bonito tienes’”, según recoge la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, contra la que cabe interponer recurso de casación.

La Audiencia remarca que todos estos hechos “se han visto acompañados de otros comportamientos del acusado” que dieron lugar a la apertura de un expediente disciplinario que finalizó con resolución de 19 de noviembre de 2014 por el que se acordaba la suspensión temporal de funciones para el condenado.

Catalá anuncia un incremento del 30% de los honorarios de los letrados del Turno de Oficio2018-05-22
  • La subida será del 35 o del 20% según los diferentes asuntos tramitados por Asistencia Jurídica Gratuita y afectará a la práctica totalidad de los expedientes tramitados
  • La subida de los baremos, anunciada por el ministro de Justicia, será efectiva tras la aprobación de los Presupuestos de 2018
  • La Abogacía continúa exigiendo mejoras que respeten la dignidad de los profesionales y que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de la ciudadanía y no un bien de mercado

CGAE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado durante el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, al que asisten los 83 decanos de los Colegios de Abogados y los 12 consejeros electivos, que una vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado para 2018 se incrementará un 30% de media los baremos que reciben los abogados adscritos al Turno de Oficio, como respuesta a las demandas y negociaciones con el Consejo, en representación de los 83 Colegios de Abogados.

El ministro ha destacado que la subida afectará al 99% de los expedientes tramitados por Justicia Gratuita con una subida que variará entre el 35%, especialmente en las jurisdicciones penal y civil, y el 20% para el resto de asuntos. Catalá ha afirmado que estas medidas se aplicarán inmediatamente tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, prevista para antes de que finalice junio. El detalle de las subidas se negociará en las próximas semanas.

El Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados, en el ejercicio de su función legítima y democrática de representación, defensa de los derechos de los abogados y de la dignidad de la profesión, han venido denunciando que la actual retribución del Turno de Oficio –en determinadas comunidades autónomas y, sobre, todo en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia- supone una falta de reconocimiento tanto a la labor de los más de 51.000 abogados adscritos al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita como del servicio público de Justicia Gratuita reconocido en la Constitución.

Durante meses, se han venido manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia para agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, ya se ha conseguido el abono mensual de las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita. En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 y el abono antes de finalizar mayo de los meses de enero, febrero y marzo, la liquidación de las indemnizaciones en el territorio competencia del Ministerio de Justicia se efectuará con carácter mensual.

No obstante, con este anuncio del ministro de Justicia no se soluciona de forma total el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado así como el reconocimiento de nuevos módulos y el abono de las guardias. El ministro se ha mostrado partidario de ir armonizando paulatinamente los baremos para que no haya grandes diferencias entre lo que se cobra en distintos lugares de España.

La Justicia Gratuita es un servicio con protección constitucional que prestan eficientemente más de 51.000 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, en todos los órdenes jurisdiccionales y en todos los puntos de España, garantizando la defensa a todas las personas que carecen de recursos económicos suficientes.

Los abogados de oficio son los auténticos protagonistas del servicio, y deben desarrollar su función en condiciones dignas, con garantías de percibir siempre el cobro por cada actuación y asegurando una retribución digna, tal y como prevé la propia exposición de motivos de la actual Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita.

La Abogacía continua trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos y que la Justicia Gratuita sea considerada un derecho de  la ciudadanía y no un bien de mercado.

15 mujeres y 13 hombres estudiarán la posible reforma del Código Penal2018-05-22

CGAE

Finalmente serán 15 mujeres y 13 hombres juristas quienes abordarán el encargo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de analizar una posible reforma del Código Penal en el seno de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación cuya nueva composición se ha completado hoy.

Con los nombramientos efectuados se logra una representación equilibrada de mujeres y hombres en este órgano asesor que deberá pronunciarse sobre materias de especial sensibilidad como la libertad sexual de la mujer y la tipificación que se hizo en el Código Penal de 1995 de los delitos de abuso y agresión sexual.

La Sección de Derecho Penal queda integrada por 12 mujeres y 13 hombres con la condición de vocales permanentes: Esteban Mestre Delgado (presidente), Avelina Alonso de Escamilla, Luis Arroyo Zapatero, Javier Boix Reig, Manuel Cancio Meliá, Juan Carlos Carbonell Mateu, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Patricia Faraldo Cabana, Pilar Fernández Valcárcel, Ana Mª Ferrer García, Piedad García-Escudero Márquez, Carlos García Valdés, Enrique Gimbernat Ordeig, Carmen Gómez Rivero, José Luis González Cussac, Myriam Herrera Moreno, Carmen Lamarca Pérez, Borja Mapelli Caffarena, Pilar Martín Nájera, Enrique Peñaranda Ramos, Miguel Polaino Navarrete, Susana Polo García, Gonzalo Quintero Olivares, Mª del Carmen Sánchez Morán y Jesús Mª Silva Sánchez.

Asimismo, Blanca Hernández Oliver y Lucía Pedreño Navarro han sido nombradas vocales adscritas, así como la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, que ha sido designada para esta labor por su condición de vocal nata de la Comisión General de Codificación.

El Tribunal General de la UE confirma la validez de las restricciones introducidas a escala de la UE en 2013 con respecto a los insecticidas clotianidina, tiametoxam e imidacloprid debido a los riesgos que representan para las abejas2018-05-22

En cambio, estima gran parte del recurso de BASF y anula las medidas que limitan el uso del plaguicida fipronil, puesto que se impusieron sin que mediara una evaluación previa de su impacto

A raíz de la pérdida de colonias de abejas debido a varios casos de utilización inadecuada de plaguicidas, la Comisión decidió revisar en 2012 las aprobaciones concedidas a escala de la Unión a las sustancias activas clotianidina, tiametoxam e imidacloprid (pertenecientes a la familia de los neonicotinoides) y a la sustancia activa fipronil (perteneciente a la familia de los fenilpirazoles). Concretamente, la Comisión solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) que procediera a realizar una nueva evaluación de los riesgos que estas sustancias representan para la salud de las abejas.

Habida cuenta de los riesgos identificados por la EFSA, el 24 de mayo de 2013 la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución 485/2013, [1] que establece desde el 26 de mayo de 2013 las siguientes prohibiciones con respecto a la clotianidina, el tiametoxam y el imidacloprid:

  • Cualquier uso no profesional en el interior y en el exterior.
  • Cualquier uso como tratamiento de las semillas o del suelo para los siguientes cereales, cuando se siembren de enero a junio: cebada, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo, tritical y trigo.
  • Cualquier tratamiento foliar de los siguientes cereales: cebada, mijo, avena, arroz, centeno, sorgo, tritical y trigo.
  • Cualquier uso como tratamiento de semillas, tratamiento del suelo o aplicación foliar, con excepción de los usos en invernaderos y los tratamientos foliares después de la floración, para un centenar de cultivos, entre ellos la colza, la soja, el girasol y el maíz.

Asimismo, el citado Reglamento de Ejecución prohíbe desde el 1 de diciembre de 2013 el uso y la comercialización de las semillas de determinados cultivos que hayan sido tratadas con productos fitosanitarios que contengan esas sustancias (en particular, las semillas de cereales de verano, la colza, la soja, el girasol y el maíz), exceptuando las semillas usadas en invernadero.

Además, el 14 de agosto de 2013 la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución 781/2013, [2] relativo al fipronil.

[1] Reglamento de Ejecución (UE) n.º 485/2013 de la Comisión, de 24 de mayo de 2013, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de las sustancias activas clotianidina, tiametoxam e imidacloprid, y se prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que las contengan (DO 2013, L 139, p. 12)

[2] Reglamento de Ejecución (UE) n.º 781/2013 de la Comisión, de 14 de agosto de 2013, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de la sustancia activa fipronil, y se prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que la contengan (DO 2013, L 219, p. 22).

Este Reglamento de Ejecución:

  • Limita desde el 16 de agosto de 2013 el uso de productos fitosanitarios que contengan fipronil a los cultivos en invernadero y a las semillas de puerros, de cebollas, de chalotes y del grupo de hortalizas del género Brassica para siembra en el campo que se recolectan antes de la floración.
  • Prohíbe desde el 1 de marzo de 2014 el uso y la comercialización de las semillas tratadas con productos fitosanitarios que contengan fipronil, exceptuando las destinadas a sembrarse en invernaderos y las semillas de puerros, de cebollas, de chalotes y del grupo de hortalizas del género Brassica para siembra en el campo que se recolectan antes de la floración.

Además, estos dos Reglamentos de Ejecución obligan a los Estados miembros a modificar o a retirar las autorizaciones vigentes de productos fitosanitarios que contengan clotianidina, tiametoxam e imidacloprid como muy tarde el 30 de septiembre de 2013 (sin perjuicio de un posible período de gracia que debía durar, como máximo, hasta el 30 de noviembre de 2013). En lo que respecta a los productos fitosanitarios que contengan fipronil, se establece idéntica obligación con la fecha límite de 31 de diciembre de 2013 (sin perjuicio de un posible período de gracia que debía durar, como máximo, hasta el 28 de febrero de 2014).

El grupo Bayer, que fabrica y comercializa el imidacloprid y la clotianidina en la Unión, el grupo Syngenta, que fabrica y comercializa el tiametoxam (y semillas tratadas), y el grupo BASF, que fabrica y comercializa el fipronil, interpusieron un recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea mediante el que solicitaban la anulación de estas prohibiciones y restricciones. Syngenta solicitó además que se le abonara una indemnización por un importe no inferior a 367,9 millones de euros.

Mediante una de sus sentencias dictadas hoy, el Tribunal General desestima íntegramente los recursos de Bayer y de Syngenta relativos a los neonicotinoides clotianidina, tiametoxam e imidacloprid.

El Tribunal General hace constar a este respecto que, con la entrada en vigor del Reglamento 1107/2009 [3] el 14 de junio de 2011, los requisitos relativos a la ausencia de efectos inaceptables sobre las abejas -que, junto con los demás polinizadores, desempeñan una importante función tanto para la flora natural como para los cultivos herbáceos [4]- se endurecieron sustancialmente a escala de la Unión. En la actualidad, se exige expresamente que la exposición de las abejas a las sustancias activas de que se trate sea tan sólo «insignificante» o que su uso no tenga «efectos agudos o crónicos inaceptables para la supervivencia y el desarrollo de la colonia, teniendo en cuenta los efectos sobre las larvas de las abejas y sobre el comportamiento de las abejas». Estos nuevos requisitos se aplican también en caso de revisión de las aprobaciones vigentes.

Según el Tribunal General, habida cuenta de la existencia de nuevos estudios cuyos resultados, [5] comparados con los conocimientos disponibles en el momento en que se efectuó la evaluación anterior, habían causado preocupación sobre si seguían o no cumpliéndose los requisitos de aprobación, la Comisión pudo considerar fundadamente que era necesario volver a examinar la aprobación de las sustancias en cuestión.

Por lo demás, el plazo de aproximadamente ocho meses de que la EFSA disponía en el presente caso para llevar a cabo la nueva evaluación de los riesgos no era ni excesivamente reducido ni infrecuente.

[3] Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo (DO 2009, L 309, p. 1).

[4] Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 84 % de las 264 especies de cultivo presentes en Europa dependen de los polinizadores, entre ellos las abejas.

[5] Tres estudios habían formulado conclusiones preocupantes sobre los efectos de la exposición de las abejas a dosis subletales de las sustancias controvertidas (reducción de la proporción de las abejas pecoreadoras que regresaban a la colmena y efectos en el desarrollo de las colonias de abejorros).

En lo que respecta a los usos restringidos o prohibidos en 2013, el Tribunal General declara que la Comisión ha conseguido demostrar que, habida cuenta del sustancial endurecimiento de las exigencias relativas a la ausencia de efectos inaceptables de las sustancias activas sobre las abejas, los riesgos señalados por la EFSA justificaban la conclusión de que las tres sustancias en cuestión habían dejado de cumplir los criterios de aprobación. El examen de las alegaciones formuladas por Bayer y Syngenta a este respecto no revela que se hubiesen cometido errores (tales como errores manifiestos de apreciación) ni que se hubiese realizado una incorrecta aplicación del principio de cautela o del principio de proporcionalidad. En cuanto al principio de cautela, el Tribunal General recuerda que este principio permite que, mientras no se despeje la incertidumbre científica sobre la existencia o el alcance de ciertos riesgos para la salud humana o el medio ambiente, las instituciones adopten medidas de protección sin necesidad de esperar a que la realidad y la gravedad de esos riesgos queden plenamente demostradas o a que se materialicen efectos perjudiciales para la salud. Además, el principio de cautela otorga a las exigencias ligadas a la protección de la salud pública, de la seguridad y del medio ambiente primacía sobre los intereses económicos.

En lo que respecta a la prohibición de usar y de comercializar semillas tratadas, el Tribunal General hace constar que esta prohibición era la única forma de garantizar el efecto útil de la restricción aplicada a la aprobación de las sustancias en cuestión. En efecto, si no se hubiera incluido dicha restricción, las existencias de semillas legalmente tratadas antes de la retirada o la modificación efectiva de las autorizaciones vigentes a escala nacional podrían haber circulado en los Estados miembros y haber sido utilizadas en aquellos que no han adoptado medidas nacionales.

En lo que se refiere al fipronil, mediante su otra sentencia de hoy, el Tribunal General anula el Reglamento de Ejecución 781/2013 en la medida en que éste i) limita, desde el 16 de agosto de 2013, el uso de productos fitosanitarios que contengan esta sustancia activa a los cultivos en invernadero y a las semillas de puerros, de cebollas, de chalotes y del grupo de hortalizas del género Brassica para siembra en el campo que se recolectan antes de la floración y ii) obliga a los Estados miembros a modificar o retirar las autorizaciones vigentes de productos fitosanitarios que contengan fipronil.

En efecto, la Comisión adoptó estas limitaciones sin haber medido antes las consecuencias de su acción para los distintos intereses en juego, comparadas con las posibles consecuencias de su inacción. Al no haber hecho esa evaluación de impacto, la Comisión violó el principio de cautela.

En cambio, el Tribunal General desestima el recurso de BASF en lo que atañe a la prohibición de usar y de comercializar, desde el 1 de marzo de 2014, semillas tratadas con productos fitosanitarios que contengan fipronil. En efecto, como este grupo no comercializa él mismo semillas tratadas con dichos productos, la citada prohibición no lo afecta directamente, por lo que no está legitimado para solicitar su anulación.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

La Directiva de la Unión sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores puede aplicarse a una institución educativa2018-05-21

El juez nacional está obligado a apreciar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos comprendidos en la Directiva celebrados entre las instituciones educativas y los estudiantes

La Sra. Susan Kuijpers estudió en una institución educativa de Bélgica (Karel de Grote-Hogeschool) durante los cursos académicos 2012/2013 y 2013/2014. Como no pudo saldar en un solo pago el importe total de 1 546 euros que adeudaba en concepto de tasas de matrícula y de gastos correspondientes a un viaje de fin de estudios, celebró un contrato por escrito con la institución educativa en el que acordaron una devolución calculada conforme a un plan de pago a plazos sin intereses. Según lo estipulado en dicho contrato, el departamento de «asistencia a los estudiantes» de la institución educativa le adelantó el importe que necesitaba para saldar su deuda, comprometiéndose la estudiante a transferir a dicho departamento siete cuotas mensuales de 200 euros. El pago de la deuda restante (146 euros) se realizaría el 25 de septiembre de 2014. Además, el contrato estipulaba unos intereses a un tipo del 10 % anual en caso de impago (sin necesidad de requerimiento) y una indemnización en concepto de gastos de cobro (fijada en un 10 % del importe impagado, con un mínimo de 100 euros). Pese a haber recibido un escrito de requerimiento, la Sra. Kuijpers no efectuó los pagos.

En 2015, la entidad educativa presentó una demanda ante el vredegerecht te Antwerpen (Juez de Paz de Amberes, Bélgica) contra la Sra. Kuijpers con objeto de que se la condenara a abonarle el importe adeudado en concepto de principal (1 546 euros), más los intereses de demora a un tipo del 10 %, devengados desde el 25 de febrero de 2014 (269,81 euros) y una indemnización (154,60 euros). La Sra. Kuijpers no compareció ante ese órgano jurisdiccional ni tampoco lo hizo nadie en su nombre.

Este es el contexto en que el juez belga decidió plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. El juez se pregunta, en primer lugar, si puede examinar de oficio, en el marco de un procedimiento en el que una de las partes ha sido declarada en rebeldía, la cuestión de si el contrato está comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva de la Unión sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. [1] En segundo lugar, el juez se pregunta si una institución educativa principalmente financiada con fondos públicos debe tener la consideración de «profesional», en el sentido de la Directiva, cuando concede a un estudiante un plan de pago a plazos.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia comienza recordando su jurisprudencia según la cual el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual. Esta obligación supone que el juez nacional también está obligado a examinar si el contrato que contiene la cláusula está o no comprendido en el ámbito de aplicación de la Directiva de la Unión.

[1] Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (DO 1993, L 95, p. 29).

A continuación, el Tribunal de Justicia subraya que el legislador de la Unión pretendió conferir en al concepto de «profesional» un sentido amplio. En efecto, se trata de un concepto funcional que requiere que se determine si la relación contractual forma parte de las actividades que una persona ejerce con carácter profesional.

Además, el Tribunal de Justicia señala que parece que el asunto no se refiere directamente al cometido educativo de la institución en cuestión, sino que, por el contrario, se refiere a una prestación concedida por esa institución, con carácter complementario y accesorio a su actividad educativa, consistente en ofrecer mediante contrato la posibilidad de que una estudiante le devuelva a plazos y sin intereses unos importes adeudados. Pues bien, esta prestación supone, por definición, la concesión de facilidades de pago de una deuda existente y constituye esencialmente un contrato de crédito. Por tanto, dejando a salvo la comprobación de este extremo por el juez nacional, el Tribunal de Justicia considera que, al conceder tal prestación complementaria y accesoria de su actividad educativa, la institución educativa actúa como «profesional» en el sentido de la Directiva.

El Tribunal de Justicia subraya a este respecto que esta interpretación resulta corroborada por la finalidad protectora perseguida por la Directiva. En efecto, en el contrato existe, en principio, una desigualdad entre la institución educativa y el estudiante, debido a la asimetría entre estas partes en materia de información y de competencias técnicas.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

15 mujeres y 13 hombres estudiarán la posible reforma del Código Penal 2018-05-21

Finalmente serán 15 mujeres y 13 hombres juristas quienes abordarán el encargo del ministro de Justicia, Rafael Catalá, de analizar una posible reforma del Código Penal en el seno de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación cuya nueva composición se ha completado hoy.

​Con los nombramientos efectuados se logra una representación equilibrada de mujeres y hombres en este órgano asesor que deberá pronunciarse sobre materias de especial sensibilidad como la libertad sexual de la mujer y la tipificación que se hizo en el Código Penal de 1995 de los delitos de abuso y agresión sexual.

La Sección de Derecho Penal queda integrada por 12 mujeres y 13 hombres con la condición de vocales permanentes: Esteban Mestre Delgado (presidente), Avelina Alonso de Escamilla, Luis Arroyo Zapatero, Javier Boix Reig, Manuel Cancio Meliá, Juan Carlos Carbonell Mateu, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Patricia Faraldo Cabana, Pilar Fernández Valcárcel, Ana Mª Ferrer García, Piedad García-Escudero Márquez, Carlos García Valdés, Enrique Gimbernat Ordeig, Carmen Gómez Rivero, José Luis González Cussac, Myriam Herrera Moreno, Carmen Lamarca Pérez, Borja Mapelli Caffarena, Pilar Martín Nájera, Enrique Peñaranda Ramos, Miguel Polaino Navarrete, Susana Polo García, Gonzalo Quintero Olivares, Mª del Carmen Sánchez Morán y Jesús Mª Silva Sánchez. 

Asimismo, Blanca Hernández Oliver y Lucía Pedreño Navarro han sido nombradas vocales adscritas, así como la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, que ha sido designada para esta labor por su condición de vocal nata de la Comisión General de Codificación.

El TSJ de Canarias homologa una subida salarial a todas las camareras de piso de una cadena hotelera en Las Palmas2018-05-21
La cadena hotelera RIU llega a un acuerdo con los sindicatos ante el TSJC para acabar en cinco años con la brecha salarial por razón del sexo

Autor Comunicación Poder Judicial

La cadena hotelera RIU ha llegado a un acuerdo con los sindicatos, homologado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, para abonarle a todas sus camareras de piso en la provincia de Las Palmas un plus mensual de 100 euros brutos a través de un plan quinquenal, con el fin de mitigar la brecha salarial por razón de sexo.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en su sede de Las Palmas ha dictado el auto que homologa el pacto extraprocesal alcanzado entre CCOO, UGT y el Frente Sindical Obrero y los hoteles de RIU en Las Palmas el 13 de marzo de 2018 para que los agentes sociales desistieran en la demanda mediante la cual exigían a la cadena el “cese en su trato de discriminación salarial entre las camareras de pisos y el resto de los empleados dentro de las diferentes categorías profesionales encuadradas en el nivel salarial IV del Convenio de Hostelería de la Provincia de Las Palmas”.

En aplicación de este acuerdo, a las camareras de pisos de RIU se les abonará, con efectos de 1 de enero de 2018, un plus en concepto de incentivo que alcanzará los 100 euros brutos en el año 2023, y que se desglosa como sigue: 60 euros brutos al mes en 2018; 70 en 2019; 80 en 2020; 90 en 2021, 95 en 2022, y finalmente 100 euros brutos en 2023.

El pacto es de obligado cumplimiento en los hoteles Riu Palmeras, Riu Palace Maspalomas, Riu Palace Oasis, Riu Palace Meloneras, Club Hotel Riu Gran Canaria, Riu Palace Tres Islas, Riu Palace Jandía, Riu Palace Paraíso Lanzarote Resort, Club Hotel Riu Oliva Beach, Riu Don Miguel, Club Hotel Riu Vistamar, Club Hotel Riu Papayas Flamingo y Hotel Calypso.

Según el Abogado General Szpunar, el Tribunal de Justicia no es competente para responder a las preguntas formuladas por la autoridad judicial que emite una orden de detención europea sobre la cuestión de si la autoridad de ejecución puede negarse a ejecutar dicha orden2018-05-18

La autoridad que emite la orden no puede reemplazar a la autoridad de ejecución formulando al Tribunal de Justicia preguntas que sólo esta última tiene derecho a formular en el marco del procedimiento de remisión prejudicial

AY es un ciudadano húngaro, presidente de una sociedad húngara, contra el cual se ha incoado un procedimiento penal en Croacia. Se sospecha que accedió a pagar una cantidad de dinero considerable a un alto cargo de Croacia a cambio de la celebración de un acuerdo entre la citada sociedad húngara y el Gobierno croata.

A raíz de la apertura de una investigación contra  AY en Croacia por  corrupción activa,  las autoridades croatas solicitaron en varias ocasiones a las autoridades húngaras competentes (por primera vez el 10 de junio de 2011) que les facilitaran asistencia jurídica internacional tomando declaración a AY en calidad de sospechoso y entregándole una citación. Aunque las autoridades húngaras no accedieron a estas solicitudes, iniciaron también una investigación para comprobar si se había cometido un delito contra la integridad de la vida pública en forma de corrupción activa a nivel internacional, con arreglo al Código Penal húngaro. Esa investigación se archivó el 20 de enero de 2012 porque se consideró que los hechos cometidos no eran constitutivos de delito. Sin embargo, la investigación de las autoridades húngaras no se había abierto contra AY en calidad de sospechoso, sino únicamente en relación con el supuesto delito, y en el curso de dicha investigación AY sólo fue interrogado como testigo.

El 1 de octubre de 2013, tras la adhesión de Croacia a la Unión Europea, las autoridades croatas emitieron una orden de detención europea contra AY. No obstante, las autoridades húngaras denegaron la ejecución de esa orden de detención aduciendo que ya se había puesto fin en Hungría al procedimiento criminal relativo a los mismos hechos en que se basaba la orden de detención.

El 15 de diciembre de 2015, el Županijski Sud u Zagrebu (Tribunal de condado de Zagreb, Croacia), ante el que se sustanciaba el procedimiento penal contra AY, dictó una segunda orden de detención europea contra éste. Las autoridades húngaras se negaron a adoptar resolución formal alguna con respecto a esta segunda orden de detención por considerar que no era legalmente posible detener a AY en Hungría ni iniciar un nuevo procedimiento para ejecutar dicha orden.

En esas circunstancias, el tribunal croata pregunta, esencialmente, al Tribunal de Justicia, si la Decisión marco relativa a la orden de detención europea 1 permite que la autoridad competente de un Estado miembro no ejecute una orden de ese tipo basándose en el hecho de que en dicho Estado ya se ha puesto fin al procedimiento criminal por los mismos hechos especificados en la orden de detención, aun cuando la persona contra la que se emitió la orden sólo haya tenido en ese procedimiento la condición de testigo, y no la de sospechoso o acusado. El tribunal croata desea saber asimismo si una autoridad nacional está obligada a adoptar una decisión sobre toda orden de detención europea que se le transmita, a pesar de que ya haya tomado una decisión con respecto a una orden de detención europea previa relativa a la misma persona y al mismo procedimiento penal.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Maciej Szpunar indica que, en este asunto, el tribunal croata que emitió la orden de detención europea de que se trata desea obtener orientaciones sobre los derechos y obligaciones de las autoridades húngaras, que son las autoridades encargadas de dar ejecución a esa orden. El Abogado General opina que no son necesarias para que el tribunal croata pueda continuar con el procedimiento sustanciado ante él las respuestas del Tribunal de Justicia a las preguntas sobre si las autoridades húngaras tienen derecho (o, en su caso están obligadas) a no ejecutar la orden de detención de que se trata, con arreglo a la Decisión marco. En este contexto, el Abogado General pone de relieve que, desde un punto de vista jurídico, las respuestas del Tribunal de Justicia no afectarían a la cuestión de si ese tribunal nacional mantiene o retira la orden de detención, ya que incumbe a este último tribunal adoptar finalmente una decisión al respecto, con independencia de esas respuestas.

Además, el Abogado General recalca que, en definitiva, el presente asunto se refiere a la interpretación de la legislación húngara a la luz de las disposiciones de la Decisión marco, tarea que incumbe a las autoridades húngaras, que son quienes deben adoptar una decisión sobre la orden de detención. A este respecto, el Abogado General indica que el tribunal croata en cuestión no puede reemplazar a las autoridades húngaras competentes formulando al Tribunal de Justicia preguntas sobre este tema en el marco del procedimiento de remisión prejudicial.

El Abogado General considera, por tanto, que el Tribunal de Justicia carece de competencia para responder a las cuestiones relativas a los derechos y obligaciones de las autoridades húngaras competentes para decidir sobre la ejecución de la orden de detención de que se trata.

Por último, el Abogado General estima que las autoridades de los Estados miembros están obligadas a adoptar una decisión sobre toda orden de detención europea, incluso cuando ya hayan tomado una decisión sobre una orden de detención anterior relativa a la misma persona y al mismo procedimiento penal.

1 Decisión marco 2002/584/JHA del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO 2002, L 190, p. 1).

Sancionado un colegio profesional de Las Palmas por acoso grave por razón de sexo2018-05-18

La sentencia declara probado que se presionó a una trabajadora que acababa de ser madre para que dejara su puesto laboral. “Los hechos son inaceptables y sólo se dan en las sociedades de más rancio machismo”, dice el fallo, contra el que no cabe recurso

El Juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas ha desestimado la demanda interpuesta por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas contra la resolución de la Directora General de Trabajo del Gobierno de Canarias que el 18 de enero de 2017 sancionó a la Corporación con 6.251 euros de multa como autora de una conducta “muy grave” contra el Estatuto de los Trabajadores, por someter a “acoso por razón de sexo” a una empleada -una abogada- cuando ésta se reincorporó a su puesto de trabajo tras dar a luz. La sanción ya había sido confirmada en alzada por la Viceconsejería de Empleo.

La autoridad judicial, en un fallo contra el que no cabe recurso alguno, expone en la fundamentación de la sentencia que, de los hechos sometidos a contradicción en el juicio se deduce, sintetiza, “que la trabajadora ha venido siendo objeto de un trato humillante, discriminatorio, desde el primer día que se reincorporó a su puesto de trabajo, el 9 de abril de 2015, tras su baja por maternidad, siendo desplazada de su lugar habitual de trabajo, sin justificación razonable alguna, dejándosele de asignar trabajo efectivo, el correspondiente a su categoría profesional y que venía desarrollando antes de su maternidad, se le priva de los elementos materiales y técnicos imprescindibles para desarrollar su trabajo o se le niega el acceso a los mismos, en el caso del programa informático de la empresa, se le aisla, no se le traslada la documentación y las llamadas telefónicas que se les pasaba anteriormente por razón de su trabajo, etc”.

La sentencia reconoce que la situación generada por los dirigentes del colegio ha tenido “consecuencias negativas” en la salud de la trabajadora, que en septiembre de 2015 pasó a estar de baja por incapacidad temporal.

El Colegio pedía al juez que anulara la sanción o, en su caso, aminorara su cuantía. “En cuanto a la minoración de la sanción que se solicita”, enfatiza la autoridad judicial, “no cabe en modo alguno apreciarla. El acoso por razón de sexo esta tipificado como infracción muy grave habiendo sido graduada en su grado mínimo. Si tenemos en cuenta la gravedad de los hechos hoy en día absolutamente inaceptables y que solo se dan en las sociedades de más rancio machismo, la entidad que los realiza (un colegio de farmacéuticos), y la persistencia en el tiempo, la sanción se considera incluso un castigo menor teniendo en cuenta la entidad de los hechos”.

Nace la Corte de Arbitraje de las Illes Balears para convertirse en un referente del arbitraje institucional2018-05-18

El Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) fue la sede del acto de presentación de la Corte de Arbitraje de las Illes Balears, una nueva herramienta a disposición de ciudadanos y empresas para resolver conflictos y que nace con el objetivo de convertirse en un referente claro del arbitraje institucional no sólo en las islas, sino también a nivel internacional. En este sentido, se plantea fomentar el arbitraje entre las empresas del sector turístico (hoteleras, agencias, touroperadores…) para facilitar de forma rápida y eficaz la resolución de conflictos en los que estén implicadas empresas de distintos países, aprovechando el alto conocimiento y la especialización que se tiene en Baleares de este sector económico.

El arbitraje es un sistema ágil y eficaz alternativo a la vía judicial para que empresas y particulares puedan solucionar las controversias que puedan surgir entre ellas y/o con terceros. Supone que las partes implicadas acuerdan voluntariamente someter las cuestiones litigiosas a la decisión de uno o varios árbitros nombrados por la Corte, renunciando a acudir a los tribunales ordinarios y obteniendo una decisión que pone fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada.

Dos de los beneficios del sistema arbitral son la confidencialidad y la agilidad. Todo el procedimiento y el laudo –resolución adoptada por el árbitro- tienen carácter confidencial. Además, las controversias suelen resolverse en un plazo de entre 4 y 6 meses y no cabe segunda instancia. Los asuntos que pueden someterse al arbitraje se circunscriben al derecho privado.

La Corte de Arbitraje de las Illes Balears está impulsada por la Asociación para el Arbitraje Institucional de les Illes Balears (ASAIB), entidad sin ánimo de lucro integrada por el Colegio de Abogados de Baleares, la Cámara de Comercio de Mallorca, el Ilustre Colegio Notarial de Baleares, el Colegio Oficial de Arquitectos y la Universitat de las Illes Balears. La ASAIB se constituyó en 2011 con el objetivo de fomentar la cultura arbitral y con ánimo unificador destinado a evitar la dispersión y diversidad de reglamentos de las distintas instituciones que ofrecen arbitraje en Baleares. Con la puesta en marcha de la Corte se da ahora el impulso definitivo a la práctica de este sistema extrajudicial.

La ASAIB dispone de una cláusula modelo para poder incorporar a los contratos que puedan suscribir las partes y de un Reglamento que regula el procedimiento por el que se habrán de dirimir los conflictos que puedan surgir. La experiencia de la Cámara de Comercio y del Colegio de Abogados en arbitraje es muy amplia y se remonta a los años 90, cuando ambas entidades firmaron un convenio de colaboración para trabajar en la resolución de conflictos empresariales e impulsar la figura del arbitraje institucional.

En el acto de presentación de la nueva Corte han intervenido el decano del Colegio de Abogados, Martín Aleñar Feliu; el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Álvaro Middelmann; el secretario de la Facultad de Derecho de la UIB, José Luis Mateo Hernández;  el decano del Colegio Notarial, Raimundo Fortuny Marqués; y, el vocal de la junta de gobierno del Colegio de Arquitectos, Manuel Forteza-Rey Riesco. A la presentación, ha seguido una mesa redonda en la que han participado Miguel Coca Payeras, abogado y catedrático de Derecho Civil, con la exposición “Arbitraje y derechos de la personalidad en la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo” y Pilar Perales Viscasillas, catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, quien ha hablado sobre “La arbitrabilidad y sus límites”.

Un juez de lo mercantil de Sevilla acuerda la resolución de 20 contratos firmados por ‘El Barrio’ con una compañía para la edición musical de sus canciones2018-05-17
El cantante considera “incumplidas” por la entidad demandada sus obligaciones de distribuir la obra

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha acordado la resolución contractual de 20 contratos firmados entre los años 1996 y 2011 por el cantautor gaditano conocido como ‘El Barrio’ con una compañía para la edición musical de sus canciones al considerar “incumplidas” por la entidad demandada sus obligaciones de distribuir la obra y también sus obligaciones dimanantes de los sistemas instaurados para el preceptivo control del número de ejemplares tirados.

‘El Barrio’ ejerció una acción de resolución contractual por incumplimiento reiterado por la entidad demandada de sus obligaciones derivadas de estos 20 contratos de edición musical, y en concreto la no recaudación y liquidación de los derechos de autor por explotación de las obras, del derecho de sincronización y del derecho de reproducción mecánica en el extranjero.

A todo ello se añade, según la demanda, el incumplimiento de las obligaciones de satisfacer la remuneración estipulada, de reproducir la obra en la forma convenida, de someter las pruebas de tirada al autor, de proceder a distribuir la obra, y de asegurar a la obra una explotación continuada y una difusión comercial.

Frente a ello, la compañía demandada alegó no haber incurrido en incumplimiento de sus obligaciones derivadas de los contratos de edición.

En la sentencia, el juez de lo Mercantil declara incumplidas por la entidad demandada sus obligaciones de distribuir la obra y sus obligaciones dimanantes de los sistemas instaurados para el preceptivo control del número de ejemplares tirados.

En este sentido, el magistrado recuerda que la representación legal del artista atribuyó al editor un incumplimiento de su obligación de distribuir la obra al no realizarla en los plazos pactados, frente a lo que la compañía “no ha realizado ningún tipo de alegación o argumentación más allá de referencias genéricas que no tienen relación con el cumplimiento de su obligación de distribuir la obra en forma y en el plazo marcado por los correspondientes contratos, manifestando que su ausencia se basa en la falta de mercado de las partituras o que no suelen ser objeto de explotación comercial”, lo cual “no puede constituir justificación válida para dejar de dar cumplimiento a sus obligaciones”.

Asimismo, el juez considera que la entidad demandada “no ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones” sobre control de tirada, procedimientos de control de certificación de datos y el de numeración o contraseñado de los ejemplares de cada edición, “ausencia de prueba que determina el incumplimiento de la carga que le corresponde”, por lo que el juez estima también la resolución contractual de los contratos por esta causa.

La resolución contractual de los contratos analizados operará desde el día 12 de marzo de 2013, excepción hecha de cinco de los contratos cuya resolución operará desde la fecha de presentación de la demanda.

Cómo cumplir el RGPD en tu web2018-05-17

Ya queda muy poco para el 25 de mayo, fecha en la que será de aplicación el Reglamento General de Protección de Datos, como ya todo el mundo sabe.

Los nuevos cambios afectan a la implementación de la normativa en la actividad profesional o empresarial, y también, como no, en la web corporativa.

Aun veo formularios de contacto que recopilan datos y que, o simplemente tienen el botón de enviar, si remisión a ninguna información sobre la política de privacidad, o la tienen pero no así ninguna casilla para expresar el consentimiento, o teniendo la casilla la misma está premarcada. Muy mal.

La prestación del consentimiento es un punto clave del nuevo reglamento, que debe ser expreso, específico y demostrable.

En este punto, y ligado con el principio de calidad, es importante que aquellos que obtuvieron el consentimiento de sus usurarios de manera no expresa, hagan un esfuerzo para cambiar dicha situación. Y que lo puedan demostrar, en caso de inspección.

Es mejor perder usuarios y tener una base de calidad, que pasar las noches sin dormir porque nos han llovido mil denuncias que hacen peligrar la continuidad de nuestra entidad.

El usuario es dueño y señor de sus datos, como lo era antes, pero ahora más. Y como dueño y señor tiene derechos, y ahora más. Por lo que se debe facilitar al interesado la información de estos derechos, sus derechos, y su efectivo ejercicio, y ayudarle en todo lo posible, incluso en el asesoramiento a interponer una denuncia ante la autoridad de control. En el caso de realizar campañas de marketing, es necesario ofrecer un sistema sencillo de oposición al tratamiento de sus datos para dicha finalidad.

La información que se ofrezca a los usuarios debe ser clara y concisa, en un lenguaje que sea entendible por todos. Se acabó ya de tanta palabrería que no entendía ni quien lo había hecho.

La AEPD recomienda la información por capas, donde en una primera capa, de un vistazo, puedas tener toda la información básica, y en una segunda capa desarrollar dicha información.

La información básica debe contener los siguientes puntos:

  • Identidad del responsable del tratamiento, de su representante y de su DPD (Delegado de Protección de Datos), si los tuviere.
  • Destinatarios de los datos personales.
  • Finalidad.
  • Plazo de conservación.
  • Derechos de los interesados.

Por tanto, ya no hay excusa para no leer la información legal, al menos la primera capa que no lleva más de medio minuto en leerlo.

La información legal debe estar adaptada al responsable que realiza el tratamiento, por lo que se acabó el copy-paste, que muchos casos hemos visto en los que no se molestaban ni en cambiar los datos de quien los había copiado.  

¿Recordáis qué nos decía el profesor en el colegio cuando hacíamos un examen? Quien copie, suspende.

La Audiencia Provincial de Córdoba condena a seis años de cárcel a un hombre por matar a su madre en Lucena2018-05-17
El juicio con jurado popular no se llegó a celebrar tras la conformidad alcanzada entre las partes.

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a seis años de cárcel a un hombre por matar a su madre de 84 años de edad en el verano de 2016 en la vivienda donde ambos residían en localidad de Lucena.

El encausado iba a ser enjuiciado por un jurado popular, pero finalmente la vista oral no llegó a celebrarse tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre la Fiscalía, la defensa del acusado y el propio investigado, que ha sido condenado a seis años de prisión por un delito de homicidio con la circunstancia agravante de parentesco y la atenuante muy cualificada de alteración psíquica.

La sentencia, fechada el día 7 de mayo, considera probado que el acusado convivía desde el año 2013 en la localidad cordobesa de Lucena con su madre, que había sido diagnosticada de demencia senil en febrero de 2010, mientras que desde julio de 2016 su situación había empeorado, de forma que tenía que ser atendida en todas sus necesidades y trasladada en silla de ruedas, unas necesidades de las que se encargaba el encausado “sin ayuda de otras personas”.

La Audiencia señala que, en el lapso de doce horas entre las 12,00 del día 6 de agosto de 2016 y las 00,00 horas del día siguiente, la víctima se encontraba sentada en una butaca en el salón de su casa, “lo que aprovechó el acusado para agarrarla del cuello con el antebrazo y apretar con fuerza con la intención de causarle la muerte”, todo ello “hasta que la falta de oxígeno acabó con su vida”.

El domicilio que compartían el acusado y su madre estuvo cerrado, “sin que ninguna puerta o ventana fuese forzada, ni ninguna otra persona entrase en el mismo”, hasta que a las 00,20 horas del 8 de agosto, “más de 24 horas después de que ocurrieran los hechos”, el condenado llamara a los servicios de emergencias para alertar de la situación de su madre.

El acusado, que permanece en prisión provisional por estos hechos desde el 7 de noviembre de 2016, fue diagnosticado de depresión en el año 2001 tras la muerte de su mujer y previamente la de sus hijas en 1999 en un accidente de tráfico, “y desde entonces había sufrido una situación mental que sin limitar sus capacidades volitivas e intelectivas, sí las mermaba, afectando a su toma de decisiones”.

Condenan al Concello de Ourense a autorizar la instalación de un ascensor sobre suelo público municipal 2018-05-16

Con el objetivo de dotar de ascensor a edificios de viviendas antiguos que carecen de él la normativa permite en supuestos excepcionales la construcción del ascensor sobre suelo público

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ourense ha condenado al Concello de esta ciudad a aceptar la instalación de un ascensor en la fachada de un edificio, con la consiguiente ocupación del dominio público municipal.

En una sentencia pionera, se obliga al Ayuntamiento a aplicar la normativa estatal de accesibilidad que, para dotar de ascensor a edificios de viviendas antiguos que carecen de él, permite en supuestos excepcionales la construcción del ascensor sobre suelo público.

Se trata de un edificio de viviendas de cinco plantas, sin ascensor, en el que reside gente mayor con problemas de accesibilidad. El inmueble carece de patio interior, y para poder instalar el ascensor por dentro del edificio habría que realizar una obra desproporcionadamente compleja, derribando parte de las viviendas. Dadas estas circunstancias, el magistrado condena al Ayuntamiento a aceptar la opción de instalación del ascensor por la fachada exterior del edificio, sobre suelo público. El fallo no ha sido apelado por ninguna de las partes, por lo que el mismo es firme.

¿Es válida la orden empresarial que prohíbe a los empleados fumar en el recinto de la empresa, incluidos los espacios al aire libre?2018-05-16

El TSJ desestima un recurso de suplicación interpuesto por un sindicato frente a la sentencia del Juzgado que también desestimaba la impugnación de la decisión empresarial que prohibía fumar a los trabajadores en todo el recinto de la empresa, incluidos los espacios al aire libre.

 

Supuesto de hecho:

  • Tras la entrada en vigor de la Ley 28/2005, de 26 diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo (posteriormente modifica por la Ley 42/2010), en la empresa en cuestión se acotaron dos lugares para fumadores al aire libre, dentro del recinto fabril.
  • En reunión del Comité de seguridad y Salud de 12 marzo 2015 se acordó que los dos puntos de fumadores fueran sustituidos por un único punto ubicado junto al Centro de Formación.
  • Con fecha 19 diciembre 2016, la empresa informa que "los puntos de fumadores se eliminarán a partir del 1 marzo 2017, estando prohibido fumar desde entonces en todo el recinto a partir de ese momento".
  • Contra esa decisión interpuso el sindicato actor demanda ante el Juzgado de lo Social, que fue desestimada.
  • Contra la decisión del Juzgado interpuso el sindicato el presente recurso de suplicación.

Consideraciones Jurídicas:

  • Para resolver la cuestión, el Tribunal comienza señalando que el artículo 8 de la Ley 42/2010 establece que la prohibición de fumar en el centro de trabajo en determinados supuestos tasados es extensible, además, a "cualquier otro lugar en el que, por mandato de esta Ley o de otra norma o por decisión de su titular, se prohíba fumar".
  • Así, de la literalidad del mencionado artículo no se desprende, a juicio del TSJ, que deba alcanzarse acuerdo alguno sobre fijación en concreto de los lugares para fumar.
  • En este sentido, el Tribunal recuerda que el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, confiere al empresario el poder de dirección y control de la actividad laboral, resultando por tanto obligado para el trabajador, conforme al artículo 5 ET, el cumplimiento de las órdenes e instrucciones que en el ejercicio regular de esas facultades formule el empleador.
  • En el caso concreto, el Tribunal considera que la decisión constituye una iniciativa empresarial que, en principio, se encuentra dentro de las facultades de su poder de dirección, como es la orden de imponer que dentro de su centro fabril, incluidos los espacios al aire libre, no se fume, que concuerda con la finalidad que persigue la normativa sobre el tabaquismo.
  • Añade que la prohibición también resulta acorde a las normas de seguridad y salud en el trabajo, que establecen que el empresario vele por la salud y seguridad de sus trabajadores, por lo que no se aprecia en este caso vulneración de los derechos fundamentales de los empleados.
  • Por último, el TSJ matiza que, el hecho de que en la reunión con el comité de 12 de marzo de 2015, se anunciase que los dos puntos de fumadores previos eran sustituidos por un único punto ubicado junto al centro de formación, por ser área alejada de la zona de fabricación, en modo alguno supone el reconocimiento empresarial de un derecho a fumar en el tiempo de bocadillo a los empleados, dentro del recinto fabril, al aire libre.

Conclusión Lex@:

En definitiva, el TSJ entiende que la prohibición de fumar en el recinto fabril, no vulnera derechos fundamentales de los trabajadores, en la medida en que la decisión se encuadra en el poder de dirección del empresario, y resulta completamente acorde a las finalidades de las leyes que regulan medidas sanitarias frente al tabaquismo, así como la normativa de seguridad y salud en el trabajo.

¿Quiere leer la sentencia?

Anulada una multidivisa colocada a un piloto de Iberia2018-05-16
  • La Audiencia Provincial de Madrid da la razón al piloto y desestima la sentencia de primera instancia
  • Tras 10 años pagando la cuota debía más de los 425.000 prestados al inicio
  • La Audiencia censura la ausencia de información precontractual del Banco Popular

La sección 21ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado una cláusula multidivisa del Banco Popular colocada a un piloto de Iberia. Revoca la sentencia de primera instancia y admite íntegramente el recurso. “Llevaba 10 años pagando religiosamente sus cuotas y debía más de los 425.000€ prestados por el banco”, lamenta Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.

El asunto había sido desestimado por el juzgado nº 1 de Majadahonda (Madrid) por entender que la acción había caducado. La Audiencia Provincial revoca este criterio y recuerda que el Supremo estableció en su sentencia de 12 de enero de 2015 que no podía contabilizarse el plazo de 4 años “al menos hasta que se tuviera cabal y completo conocimiento” de lo contratado. La razón es sencilla: “no se puede privar de la acción a quien no ha podido ejercerla por causa que no le es imputable”.

Pero es que además, el Supremo recordó en su sentencia de 18 de febrero pasado que los 4 años deben de contabilizarse desde la consumación del contrato, es decir, desde que se haya pagado la última cuota. Así que la Audiencia concluye rechazando la caducidad. “No hay que confundir consumación con perfección y el concepto consumación es muy claro en español”, explica Navas.

En cuanto al fondo, el fallo recuerda la sentencia del Supremo del 30 de junio de 2015 en el que señala que la hipoteca multidivisa excede a los riesgos de una hipoteca a intereses variable. “Al riesgo del tipo de interés se suma el riesgo de fluctuación de la moneda”, señalaba. Un riesgo que afecta no sólo a las cuotas sino también al capital pendiente de amortización. “Puede ocurrir que tras años pagando la cuota el capital adeudado sea superior al inicialmente prestado (…) una cantidad desproporcionada respecto al valor del inmueble”, señalaba el Supremo. “Lamentablemente es lo que se ha producido en este caso”, apunta el socio-director de navascusi.com

El Supremo señalaba también que el riesgo de fluctuación de la moneda supone una dificultad añadida para que el cliente se haga una idea cabal de lo que realmente estaba contratando. Posteriormente, el Alto Tribunal señalaba en sentencia de 15 de noviembre de 2017 que no cabe entender que hubo negociación individual de la cláusula multidivisa por el hecho de que se hubiera negociado la cuantía y el plazo de amortización.

La sentencia hace hincapié en la información precontractual. Sin ella -argumenta- es posible que el cliente se formara una representación equivocada o errónea de la realidad produciéndose un error sustancial y excusable que vicia el consentimiento. La conclusión es que “resulta evidente que no existió esa información precontractual necesaria para que el cliente conociera la naturaleza y riesgos de lo que contrataba”.

En opinión de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, el Popular no explicó adecuadamente que la fluctuación de la moneda podía afectar a las cuotas hasta el punto de poner en riesgo su capacidad de pago. Y mucho menos explicó que la fluctuación de la moneda supone un “recálculo constante del capital prestado”, afea la sentencia. “La percepción media de un consumidor es que pagando cuotas amortiza capital”, señaló el Supremo en su sentencia del pasado 15 de noviembre citada por la Audiencia de Madrid.

“Y desde luego nunca le explicaron que si el capital pendiente de amortización era superior en un 10% al capital prestado, el cliente tenía obligación de realizar una amortización extraordinaria a riesgo de que el banco rescindiera la operación”, lamenta Navas.

El Popular trata de defenderse alegando que el contrató contó con el control notarial. La sentencia de Madrid recuerda la sentencia del Supremo del 24 de marzo de 2015 pasado en la que señala que el momento de la firma ante notario “no parece el momento más adecuado para revocar su decisión”. Añade que el control notarial “no puede por si solo suplir la requerida información precontractual”.

Esta falta de transparencia bancaria, prosigue el fallo, genera un “grave desequilibrio en contra de las exigencias de buena fe”. El cliente no sólo no pudo comparar razonablemente diferentes ofertas sino que sufre ahora un grave daño económico y jurídico, apunta el fallo.

Por último, el Popular se defendió alegando que el cliente siempre había tenido la oportunidad de convertir su hipoteca en yenes en euros. La sentencia reconoce -como lo hace la directiva hipotecaria- que esta posibilidad minora el riesgo. Sin embargo, subraya que el cambio sólo se puede realizar cuando termina el período de amortización, lo que probablemente lleve a la consolidación de la pérdida. “Sólo se puede beneficiar si recibe una amplia información y tiene amplios conocimientos de los mercados de divisas”, señala la sentencia. “Obviamente un piloto tiene amplios conocimientos de lo suyo, pero no del mercado de divisas”, señala el socio-director de navascusi.com.

Además -añade la sentencia-que exista la posibilidad del cambio de divisas, “no releva al banco de su obligación de información precontractual”. Así que revoca íntegramente la sentencia de primera instancia, anula la cláusula multidivisa, obliga al banco a recalcular la hipoteca como si se hubiera contratado en euros desde el principio y condena a la entidad a costas. “Era un escándalo que le colocaran -sin información ni advertencia alguna- un producto de alto riesgo que ha resultado muy dañino; finalmente, se hace justicia”, concluye Navas.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dicta sentencia sobre la acumulación en jornadas completas del permiso de lactancia2018-05-15

Una sentencia de la Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo, ha declarado que existe derecho a la acumulación en jornadas completas del permiso de lactancia. Es la primera sentencia del Supremo dictada por un tribunal formado íntegramente por magistradas.

La resolución expone que el permiso por lactancia natural es un derecho necesario relativo, que se concreta en poder ausentarse del trabajo una hora, con los incrementos proporcionales en casos de lactancia múltiple.

La negociación colectiva o el pacto individual pueden mejorar este derecho y/o fijar que la hora de ausencia de trabajo pueda ser sustituida por una reducción de jornada en media hora. También puede establecer que el permiso sea acumulado en jornadas completas, al garantizarse también con ello la mejor protección y atención del recién nacido, que es lo que persigue la norma. En ambos supuestos el Convenio Colectivo puede fijar los términos de estas opciones. En todo caso y por lo que se refiere a la acumulación en jornadas completas, ésta debe calcularse, al menos, sobre la hora de ausencia y no sobre la otra opción -de sustitución por reducción de jornada.

Esta es la primera sentencia dictada por una Sala del Tribunal Supremo formada exclusivamente por magistradas. El tribunal que ha dictado la sentencia ha estado formado por las magistradas, de izquierda a derecha: María Lourdes Arastey, María Luisa Segoviano, Milagros Calvo, Rosa Virolés y María Luz García Paredes (ponente).

El Expediente Electrónico de Justicia Gratuita se consolida con más de 676.000 solicitudes de ciudadanos en 20172018-05-15
  • En 2017 se tramitaron 676.027 solicitudes de ciudadanos para tramitar por vía telemática su expediente de Justicia Gratuita, con un incremento de casi el 6% con respecto a 2016
  • El sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, ya conecta a cerca de 80 Colegios de Abogados

En 2017 se tramitaron 676.027 solicitudes de ciudadanos para tramitar por vía telemática su expediente de Justicia Gratuita, lo que supone un incremento de casi el 6% con respecto a 2016, cuando los Colegios de Abogados tramitaron 640.115 solicitudes con esta herramienta tecnológica.

Estos datos confirman que, año tras año, el uso que hacen los ciudadanos del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita continúa consolidándose. De hecho, desde 2010 –cuando se tramitaron más de 200.000 expedientes electrónicos- se ha superado con creces el triple de solicitudes tramitadas con esta herramienta desarrollada por la Abogacía Española y puesta a disposición de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, estatales y autonómicas, que se caracteriza por proporcionar una agilización notable del acceso a un derecho fundamental del ciudadano como es la Justicia Gratuita, facilitar sus trámites, a la vez que supone un ahorro de costes para la Administración.

En 2017, Andalucía fue la Comunidad Autónoma que más expedientes electrónicos generó con 135.090 solicitudes, seguida de Madrid con 106.926, Valencia 97.318 y Cataluña en la que se tramitaron 88.792 expedientes a través de las entidades colegiales.

Hay que destacar que el sistema desarrollado por la Infraestructura Tecnológica de la Abogacía Española, RedAbogacía, ya conecta a cerca de 80 Colegios de Abogados de forma telemática y sencilla con instituciones como la Agencia Tributaria, Agencias Forales, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y su Tesorería General, la Dirección General del Catastro o el Instituto Nacional de Empleo, también con organismos de comunidades autónomas con competencias en Justicia. Con este servicio, la Abogacía refuerza aún más su papel en la ‘Administración Electrónica’, centrándose en su compromiso con el servicio de la Justicia Gratuita al ciudadano que prestan más de 51.300 abogados a través del Turno de Oficio 365 días al año, 24 horas al día.

Interconexión con Hacienda Foral Navarra

En 2017 se ha desarrollado la integración y se ha puesto en producción la integración del Expediente Electrónico de Justicia Gratuita con el sistema informático de la Hacienda Tributaria Navarra a través de servicios web, al amparo del convenio firmado en 2015 entre el Consejo General de la Abogacía y la Hacienda Tributaria de Navarra. Esta integración permite recabar datos tributarios de los solicitantes de Justicia Gratuita que tengan su domicilio fiscal en Navarra a través de este sistema automatizado.

Ventajas del Expediente Electrónico

El Expediente Electrónico ofrece numerosas ventajas al ciudadano, al abogado, al Colegio y a las Administraciones Públicas.

Al ciudadano se le facilita el acceso a la Justicia Gratuita al simplificar los trámites y acortar los plazos en la obtención de documentos, ya que evita los desplazamientos y las esperas en las ventanillas de cada una de las Administraciones necesarias.

La digitalización del proceso permite al abogado atender y dar curso a un mayor número de casos con más agilidad.

Por su parte, el Colegio de Abogados asegura el contenido de las comunicaciones gracias a la firma electrónica y mejora su gestión ya que reduce los plazos de obtención de la información, a la vez que incrementa la calidad en el servicio prestado al ciudadano al unificar la información del solicitante en un único expediente de forma estandarizada y común a todos los Colegios de Abogados.

Por último, las Administraciones Públicas mejoran y agilizan el servicio que ofrecen al ciudadano, consiguen la trazabilidad completa del proceso para su posible auditoría y eliminan los posibles fraudes optimizando el gasto público y aportando la máxima transparencia en la gestión.

PREMIOS AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

Hay que destacar que el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita ha sido reconocido por su calidad desde diferentes organismos e instituciones. El Consejo de Europa concedió en 2014 el Premio ‘Balanza de Cristal de la Justicia’ al Consejo General de la Abogacía Española por el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita.

En 2011, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le otorgó el Premio a la Calidad de la Justicia en la categoría ‘Justicia más accesible’ y el Ministerio de Justicia lo distinguió con una mención honorífica en la categoría ‘Aplicación de las tecnologías de la Información para la mejora de los servicios de Justicia’ en la primera edición del Premio a las Buenas Prácticas en la Justicia.

Desde 2010 está vigente un convenio de colaboración tecnológica y Asistencia Jurídica Gratuita entre la Abogacía Española y el Ministerio de Presidencia –suscrito por el Ministerio de Justicia en 2011- gracias al cual las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita dependientes de ambos Ministerios pueden utilizar el Expediente Electrónico de Justicia Gratuita de la Abogacía Española para tramitar las solicitudes de forma “más ágil, segura y rápida”.

El 53,5 por ciento de las sentencias notificadas en 2017 fueron dictadas por juezas o magistradas2018-05-15

El 53,5 por ciento de las sentencias notificadas en 2017 por los órganos judiciales fue dictado por juezas y magistradas, que a 1 de enero de ese año representaban el 52,7 por ciento de los miembros de la Carrera Judicial en activo.

Este es uno de los datos que figura en el informe “Una perspectiva de género en la Justicia” publicado hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, en el que se analiza la presencia de la mujer en la Carrera Judicial desde distintas perspectivas.

La mujer no pudo acceder a la Judicatura ni a la Carrera Fiscal hasta la entrada en vigor de la Ley 96/1966, que suprimía la limitación establecida en el apartado c) del número 2 del artículo tercero de la Ley de 22 de julio de 1961 sobre derechos de la mujer. Aun así, hubo que esperar hasta la Ley 11/1981, de modificación del Código Civil en materia de filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio para poder hacerlo sin necesidad de consentimiento del marido, en caso de estar casada.

Desde entonces se ha recorrido un largo camino, pero en los últimos años la mujer viene incrementando de manera imparable su presencia en la Administración de Justicia, como prueba su predominio total en el ingreso en la Carrera Judicial desde 1996, lo que ha hecho que desde el año 2013 las mujeres sean mayoría entre los jueces y magistrados españoles.

Así, a 1 de enero de 2018 el porcentaje de mujeres entre los miembros de la Carrera Judicial en activo era del 53,2 por ciento y superaba al de los hombres en todos los órganos unipersonales, a excepción de los Juzgados de lo Mercantil. Entre los titulares de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, las mujeres suponen el 71,4 por ciento.

Por el contrario, y tal y como reflejaba el informe sobre Estructura Demográfica de la Carrera Judicial publicado el pasado 28 de marzo, el porcentaje de presidentas de Sala de Tribunales Superiores de Justicia era del 20,7 por ciento; el de presidentas de Audiencia Provincial del 16,3 por ciento; y el de presidentas de Sección del 21,9 por ciento. Entre los magistrados del Tribunal Supremo, las mujeres suponen el 14,5 por ciento.

* Puede acceder a los datos del informe sobre Estructura demográfica de la Carrera Judicial a 1 de enero de 2018 en el siguiente enlace: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Estructura-demografica-de-la-Carrera-Judicial/ 

El 53,5 por ciento de las sentencias, dictadas por mujeres

El porcentaje de sentencias dictadas en 2017 por juezas y magistradas, que en total fue del 53,5 por ciento, alcanzó el 66,1 por ciento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (penales), el 62,1 por ciento en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (civiles) y el 62 por ciento en los Juzgados de Menores.

Las mujeres también dictaron prácticamente seis de cada diez sentencias en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción y en los Juzgados de lo Penal. Las juezas y magistradas también dictan más de la mitad de las sentencias –exactamente el 56 por ciento- en los Juzgados de lo Social.

Por el contrario, los órganos judiciales en los que el porcentaje de resoluciones finales dictadas por mujeres no alcanzó el 40 por ciento son las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (33,6 %), las Secciones civiles de las Audiencias Provinciales (34,8 %), las Salas de lo Social de los TSJ (37,9 %) y los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo (39,5 %).

En el caso de los órganos colegiados, aunque las sentencias las firman todos los miembros del tribunal, a cada juez/a o magistrado/a se le han contabilizado como suyas solo aquellas de las que ha sido el/la ponente.

Otras profesiones jurídicas

El informe “Una perspectiva de género en la Justicia” ofrece datos de la presencia de mujeres en otras profesiones jurídicas.

Así, en la Carrera Fiscal las mujeres representan a fecha de hoy el 64,1 por ciento de sus miembros y el 36 por ciento de sus cuadros directivos (fiscal de Sala, fiscal jefe, fiscal jefe de Área o fiscal superior de Comunidad Autónoma).

La presencia femenina también es mayoritaria entre los letrados de la Administración de Justicia, donde suponen el 67,5 por ciento. Las mujeres son exactamente el 50 por ciento de los LAJ destinados en el Tribunal Supremo y, entre los cuadros directivos, representan el 52,4 por ciento de los secretarios de Gobierno y el 46,9 por ciento de los coordinadores provinciales.

En otras profesiones jurídicas, la presencia de la mujer, aunque importante, aun es minoritaria: son el 40 por ciento de los abogados del Estado, el 30,8 por ciento de los notarios, el 44,7 por ciento de los registradores, el 33,4 por ciento de los procuradores y el 47,1 por ciento de los graduados sociales.

Por último, las mujeres superan el 55 por ciento entre los estudiantes matriculados de grado y primer y segundo ciclo de Derecho, y el 57 por ciento entre los que obtienen el título.

* Consulte el informe “Una perspectiva de género en la Justicia” y otros boletines de información estadística en el siguiente enlace:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Datos-de-Justicia/Datos-de-Justicia 

El Tribunal Supremo confirma que las rutas del aeropuerto de Madrid-Barajas aprobadas en 2004 no vulneran los derechos de los vecinos de la urbanización Fuente del Fresno2018-05-14

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado que los procedimientos de salida y maniobras de aproximación del aeropuerto Madrid-Barajas, aprobados por Acuerdo de la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento (CIDEFO) de 16 de abril de 2004, para la determinación de los correspondientes al campo de vuelos una vez que estuviesen operativas las nuevas pistas tras la ampliación, no vulneran los derechos fundamentales de los vecinos de la urbanización Fuente del Fresno.

El tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por la Asociación de Propietarios de Chalets y Parcelas de Fuente del Fresno contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 29 de octubre de 2015, que consideró acreditado que dichas rutas, que fueron aprobadas en la resolución impugnada, no infringen las normas sobre huellas sonoras y límites de emisiones sonoras, por lo que descartó la vulneración de derechos fundamentales alegada por los recurrentes.

La sentencia recurrida rechazó los argumentos de esta asociación que denunció en su demanda que los aviones al despegar y al aterrizar del aeropuerto de Madrid-Barajas, aplicando las rutas establecidas en esta resolución, producían contaminación acústica y sometían a los residentes en esta urbanización, como a los de otras del norte del aeropuerto, a niveles de ruido ilegítimamente elevados.

La Sala sostiene que la sentencia impugnada no ha infringido los derechos a la dignidad de las personas, a la integridad física, a la intimidad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a la libre circulación de los recurrentes al concluir, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que, en este supuesto, los niveles de ruido producido por el sobrevuelo de los aviones por la urbanización Fuente del Fresno “no resultan excesivos ni desproporcionados”, en cuanto se encuentran dentro de los parámetros admitidos por las normas sobre huellas sonoras y límites de emisiones sonoras, tras valorar las pruebas que, a su juicio, no demuestran que se hayan superado los niveles definidos en la Declaración de Impacto Ambiental.

IRPH: anulada la cláusula que convertía de hecho el tipo variable en fijo2018-05-14
  • Tras la no publicación del IRPH se aplica la siguiente cláusula: “se mantendrá fijo hasta que a tenor de lo pactado sea factible su variación”.
  • El juez señala que preguntado sobre lo pactado “no se alcanzó a dar mayor explicación razonable”
  • Considera la redacción “poco clara, confusa, no trasparente e inútil” y por tanto abusiva y nula

El juzgado nº 2 de Gavá (Barcelona) declaró nula una cláusula sustitutiva del IRPH. En sentencia del 25 de abril pasado señala que la cláusula supone de hecho convertir un tipo variable en tipo fijo. “La referencia a un tipo variable que realmente es fijo es abusiva por desproporcionada en tanto que esencialmente irreal”, concluye el fallo.

“Se trata de un transportista y de su mujer administrativa a los que colocan un IRPH en su hipoteca del 2004 sin la debida transparencia; afortunadamente se hace justicia”, señala Juan Ignacio Navas, socio director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.

La demanda señala que hubo “ocultación y omisión de aspectos que de haberse llevado a cabo hubieran provocado la no contratación”. El juez da la razón al entender que la cláusula por la que se regula el tipo de interés variable contratado, es abusiva. En concreto, la cláusula reza lo siguiente: “en caso de no publicación del índice de referencia, se mantendrá fijo hasta que a no tenor de lo pactado sea factible su variación”. ¿A qué pactado se refiere?, se pregunta el juez. También se lo pregunta al comercial del banco en el juicio pero termina concluyendo que “no se alcanzó a dar mayor explicación razonable”.

“En efecto, si se refiere al IRPH es precisamente la supresión de su publicación la que lleva a aplicar la polémica cláusula; así que nos encontramos en un callejón sin salida donde de hecho convierte en fijo el interés variable contratado”, explica Navas.

El banco Sabadell se defiende en el juicio afirmando que “se trata de una novación automática contra la que no cabe ejercer acción alguna”. Un argumento que la sentencia califica de “puramente falaz”. El juez señala que efectivamente no cabe contrapartida por un cambio previsto. Pero obviamente, señala, siempre cabe control de transparencia y de abusividad. Y son estos controles los que no pasa la polémica cláusula. “Es poco clara, confusa, no trasparente e inútil”, concluye la sentencia.

“Es tautológico afirmar que no es abusiva porque se sostiene en la nueva norma, la cual de modo circular remite al propio contrato”, señala la sentencia. “Es decir, el banco viene a argumentar que no es abusiva porque estaba prevista en contrato; pero que esté prevista en el contrato no implica necesariamente que no sea abusiva, como es obvio”, explica el socio-director de navascusi.com

La sentencia también denuncia la “falta absoluta de información precontractual” y recuerda la sentencia de Luxemburgo del pasado 20 de septiembre en la que el Tribunal de Justicia de la UE señala que el banco debe de facilitar posibles escenarios. Ese deber de transparencia, prosigue la sentencia “trata de restablecer la simetría informativa para que el cliente pueda conocer el alcance de lo que contrata sin necesidad de análisis pormenorizados y minuciosos”.

Para la defensa también resulta significativo la carencia de formación académica y su “escasa capacidad para discernir” y remarca que la contratación se produjo por la relación de confianza, por la “cara amiga”. Desgraciadamente, lamenta Navas, “se produjo un abuso claro de confianza”.

Por último, el banco trata de alegar la caducidad de la acción, pero el juez le recuerda que en los casos de nulidad radical no hay plazos de caducidad y que en todo caso correrían desde que el contrato fuera plenamente consumado, lo que no ha ocurrido todavía.

Con todo, declara nula la polémica sentencia, obliga al banco a devolver las cantidades de más cobradas y condena a la entidad al pago de las costas. “Se hace justicia tras una mala praxis y un abuso de confianza que resultó ser muy dañino”, concluye Navas.

El Tribunal Supremo condena a cuatro años y medio de prisión a dos exresponsables de la Fundació Catalunya i Territori por falsedad y defraudación2018-05-14

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a los exresponsables de la Fundació Catalunya i Territori (FCT) Joan Albert L.S. y a Miguel Ángel C.G. a cuatro años y nueve meses de prisión y a cuatro años y seis meses de prisión, respectivamente, como autores de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito continuado de defraudación.

El tribunal les ha absuelto, junto a Xavier S.B. y a Josép B.C., del delito de insolvencia punible por el que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona. La Sala mantiene el fallo de la sentencia recurrida respecto a las indemnizaciones fijadas a cargo de los dos condenados que tendrán que pagar una indemnización de 1,7 millones de euros a FCT por los fondos desviados a fines desconocidos, y de Unió Democrática de Catalunya que, en calidad de partícipe a título lucrativo, indemnizará con 178.000 euros a esta misma entidad. UDC no recurrió la sentencia.

La Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Joan Albert L.S. y a Miguel Ángel C.G. por delitos de falsedad en documento mercantil, estafa, apropiación indebida y por dos delitos de insolvencia punible a doce años y cuatro meses de prisión. Los otros dos acusados también fueron condenados como cómplices de este último delito -insolvencia punible- a seis meses de prisión. Sin embargo, la Sala considera que tanto la estafa como la apropiación indebida por la que fueron condenados Joan Albert L.S. y a Miguel Ángel C.G. en la sentencia recurrida pueden obedecer a un mismo designio criminal, lo que permite, en beneficio del reo, que dichas infracciones sean agrupadas en un único delito continuado de estafa y apropiación indebida, precedidas de un delito continuado de falsedad realizado con carácter instrumental.

Tampoco comparte el criterio de la sentencia recurrida en el caso del delito de insolvencia punible, ya que los magistrados consideran que “no estaríamos ante este delito, sino más bien ante una situación que representa justamente su reverso: una disminución del pasivo del concursado, una contrainsolvencia”.

Según los hechos probados, Joan Albert L.S. y a Miguel Ángel C.G. dirigían el grupo de empresas IMS y figuraban como administradores solidarios de las sociedades de primer nivel, mientras que en las de segundo nivel aparecían hombres de paja de los primeros. Para obtener un beneficio económico, utilizaron la estructura societaria para solicitar en diversos bancos y cajas de ahorro, la apertura de numerosas líneas de descuento a nombre de las entidades del primer nivel, aparentando que tenían una actividad económica relevante y solvente, para descontar a través de ellas miles de facturas, que no se correspondían a prestación alguna, giradas contra las sociedades de segundo nivel, controladas por ellos mismos a través de testaferros. Las cantidades obtenidas de los descuentos bancarios “salieron de los bancos en su mayor parte en metálico por lo que no se conoce a donde han ido a parar”, según los hechos acreditados en la sentencia recurrida que también recogió que investigado el patrimonio de ambos no se advirtió un incremento en el mismo como consecuencia de estas operaciones.

Desde 2004 hasta 2007, los dos acusados, aprovechando los cargos como vocales que ocupaban en la Fundació Catalunya i Territori (FCT), que además de su actividad fundacional se encargaba del alquiler de locales de oficinas a Unió Democrática de Catalunya para sedes, y con intención de beneficiarse económicamente, “se apoderaron de diversas sumas que extrajeron de la caja de ésta para ingresarlas en los fondos del grupo IMS o, a través de estos fondos, a un destino desconocido.

Por un lado, emitían facturas, que no correspondían a contraprestación alguna, giradas a FCT y, por otro lado, consignaron en la contabilidad de la Fundación el concepto de “préstamo a grupo IMS” que, según los hechos probados, amparaba la extracción de fondos de la fundación por medio de transferencias y cheques de caja que eran cobrados sin que exista factura y sin que conste el destino que se dio a esos fondos.

Las salidas de fondos, en los ejercicios 20004, 2005 y 2006, desde FCT hasta IMS ascendieron a 1.804.263 euros, de los cuales 17.612 euros corresponden a facturas reales.

Una sentencia reconoce el fraude en la venta de libros a domicilio2018-05-11

El despacho de Hispajuris en Santander, Aesyr & Abogados, ha logrado que se reconozca el fraude en la venta de libros a domicilio con la anulación por parte del Juzgado de Primera Instancia nº4 de Santander de un contrato de compraventa de libros junto con la financiación del mismo.

  • Incluye la sentencia

La forma de actuación de este tipo de empresas es siempre la misma, contactan con personas mayores a las que abordan en su domicilio cuando se encuentran solas. Una vez en la vivienda, les engatusan con ofertas y regalos para que firmen los contratos por los que se les hace entrega de diferentes objetos tales como enciclopedias, DVD o colecciones de arte. Junto con el contrato de compra se les hace firmar otro de financiación que les obliga al pago de un crédito que supera con creces el precio del objeto financiado.

Este modo de operar fue el seguido con la clienta del despacho de Ángel E. Sánchez Resina, la cual suscribió un elevado contrato de financiación con una editorial por una enciclopedia. Se interpuso demanda frente a la editorial y la financiera solicitando que se anulase el contrato y se restituyeran las cantidades abonadas. El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander, en su sentencia del 8 de marzo, estimó íntegramente la demanda por no cumplir las empresas demandas con las exigencias que impone la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Concretamente, indica la sentencia que el contrato contraviene el art. 97 de la LGDCU al no identificar de manera precisa los bienes que se adquieren con el mismo, como también exigen los artículos 1261 y 1273 del Código Civil. Del mismo modo, el contrato no recogía las exigencias del art. 102 de la LDGCU en relación con el desistimiento. El contrato, en palabras de la propia sentencia "resulta de difícil lectura", algo contrario a los principios básicos de la contratación. Además, no se identificaba de forma correcta la dirección del empresario. Todos estos incumplimientos han llevado a que se declare la nulidad del contrato y, en virtud del artículo 1303 del Código Civil, los contratantes deban restituirse recíprocamente los elementos objetos del contrato.

Según el abogado Ángel E. Sánchez y Resina, "estos casos no sólo se han dado en Cantabria, sino que hay procedimientos idénticos en distintas comunidades autónomas" y "la similitud en los hechos ha propiciado que el Ministerio Fiscal haya iniciado diligencias de investigación por poder estar ante casos de estafa por ser el perfil del contratante siempre el mismo, personas mayores, que viven solas y carecen de recursos".

En el despacho de Hispajuris en Santander hay actualmente en proceso varios asuntos sobre hechos similares, por lo que apunta que hay una amplia pluralidad de afectados a nivel nacional.

¿Quiere leer la sentencia?

El uso de las preguntas cerradas durante el contrainterrogatorio2018-05-11

Una de las mayores deficiencias que encontramos en la práctica del interrogatorio del testigo por parte de los abogados reside en la tendencia a realizar interrogatorios planos, es decir, interrogatorios que no se sirven de las tácticas o estrategias a emplear en función del testigo al que interrogamos (sea el propuesto por quien interroga o por la otra parte). Este error se suele materializar a través del empleo, igualmente indiscriminado, de las preguntas que dirigimos al testigo, pues con independencia del mismo, usamos las diversas modalidades de preguntas (abiertas y cerradas, con sus múltiples variedades), sin realizar una selección previa de la modalidad más pertinente.

En el presente post pretende arrojar algo de luz al necesario uso estratégico de las preguntas durante la fase más importante del interrogatorio: el contrainterrogatorio.

Para ello hemos de señalar que durante el interrogatorio directo, el testigo, de forma honesta y con buena fe, sostiene una versión de los hechos afín a la parte que la propone, por lo que el testimonio que prestará en juicio durante el mismo será presumiblemente favorable a dicha parte. De este modo, el testigo a través de sus propias palabras expondrá los hechos conocidos y percibidos en un estilo narrativo; por el contrario, en el contrainterrogatorio o contraexamen, una vez llevado a cabo el interrogatorio directo, el objeto cambia completamente, pues a través del mismo se pretende superponer otra versión a los hechos relatados por el testigo revelando que la información ofrecida en el interrogatorio directo omitió, exageró o tergiversó determinada información, lo que provoca que entre el abogado y el testigo se genere una cierta hostilidad que no va a favorecer que este varíe o adapte su declaración previa a la versión solicitada en el contraexamen.

Sobre la base de esta realidad, si el abogado que contrainterroga quiere obtener del testigo una versión alternativa del relato de éste, no deberá emplear preguntas abiertas ya que el testigo podrá divagar a sus anchas y disfrutar de una ambigüedad que facilitará que se aleje de cualquier cuestión comprometida, reforzando, de paso, la versión del interrogatorio directo.

Por ello, consideramos que el abogado, durante el contrainterrogatorio debe emplear, en la medida de lo posible, preguntas cerradas, especialmente neutras  o informativas , en las que podrá orientar el relato del testigo organizando la materia narrativa en pasos, claros, simples y sucesivos, encaminados al final que aquel quiere alcanzar. En ambos casos, el abogado, lejos de dar un amplio margen para que el testigo se explaye (lo cual es perjudicial al contrainterrogatorio) tratará de focalizar la respuesta en un contexto en el que el testigo se verá obligado a concretar su respuesta dentro del entorno de la información deseada

Entendemos por cerradas neutras aquellas que esperan una respuesta que confirme o niegue el contenido ínsito en la misma preguntas; preguntas puntuales, concretas, y específicas en las que el interrogador suministra mucha información relevante al testigo a través de la pregunta, requiriendo su admisión o rechazo. Igualmente, a través de las preguntas cerradas informativas, el interrogador puede invitar al testigo a que escoja entre varias respuestas posibles, focalizando la respuesta en aspectos concretos de su relato.

Igualmente, la pregunta del contrainterrogatorio debe ser de un solo punto, es decir, relativa a un único trozo de información, a una única cuestión, lo que se contrapone a las denominadas preguntas compuestas.

Las ventajas de las preguntas de un solo punto son obvias, ya que se mantiene el control del testigo, evitando que se explaye y relativice su respuesta ante diferentes enunciados; permite al juez o al jurado disponer de una información más ordenada y fácil de comprender y, finalmente, las opciones de obtener una o varias respuestas favorables son mayores que de realizar una pregunta compuesta, en la que la negación a alguno de sus enunciados supone a efectos formales la negación de todos.

Es recomendable que las preguntas del contrainterrogatorio, al realizarse de forma temática (nunca de forma cronológica), se realicen de forma secuencial y ordenada, de lo general a lo particular. Esta técnica permite transmitir al juez una imagen de los hechos muy clara y diáfana a la paz que mantenemos el control del testigo. Realizando preguntas generales al principio, vamos conduciendo al testigo obteniendo respuestas favorables que nos permitirán llegar a las cuestiones claves del interrogatorio.

En cuanto al uso de las preguntas abiertas durante el contrainterrogatorio (aquellas que solicitan al testigo una respuesta a través de la cual exponga su visión de los hechos, de modo que sin restricción o información alguna el testigo referirá su experiencia a través de una narración extensa), si bien son ideales para el interrogatorio directo y poco recomendables para el contrainterrogatorio, lo cierto es que en ocasiones es conveniente emplear este tipo de preguntas durante el contrainterrogatorio; las razones pueden ser variadas: dar al interrogatorio mayores alternativas ofreciendo una imagen de mayor fluidez, confianza y credibilidad; enfrentarnos a un testigo escasamente hostil; o incluso en el caso de que sospechemos que el testigo está mintiendo.

En este último supuesto, el uso de las preguntas abiertas es recomendable, pues cuando se está mintiendo, el detalle en la mentira puede facilitar evidencias de que no se está diciendo la verdad, ya que el riesgo de incoherencias e inconsistencias aumenta. Como señala Baytelman, «lo único más despreciable que una mentira es una mentira detallada».

Concluir señalando que, fuera de los supuestos en los que el testigo esté mintiendo, las preguntas abiertas deben realizarse en las fases de zonas seguras del contrainterrogatorio, es decir, cuando el riesgo de que el testigo se explaye en su historia sea mínimo y no pueda perjudicar nuestra teoría del caso.

La Abogacía Española participa en el grupo de análisis de los delitos de agresión y abuso sexual2018-05-11
  • El Consejo General de la Abogacía Española confía que la presencia de mujeres en las comisiones de estudio sea representativa de nuestra sociedad, siendo paritarias y plurales en su constitución
  • Toda reforma del Código Penal requiere de una reflexión serena y sosegada que no pierda de vista la proporcionalidad de las penas

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, forma parte del grupo de expertas que se sumarán a los miembros de la Sección de Derecho Penal de la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia para analizar la regulación de los delitos de agresión y abuso sexual y proponer, en su caso, su modificación en el Código Penal.

El Consejo General de la Abogacía Española considera que sus aportaciones son necesarias para cualquier propuesta de reforma legislativa y, por decisión de su Comisión Permanente, su presidenta asume esta responsabilidad.

A pesar del escaso tiempo que se ha dado para este análisis, la Abogacía Española considera necesaria una clarificación del texto del Código Penal y su adecuación a normas internacionales, como el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convención de Estambul.

Reiteramos sin embargo que cualquier reforma penal requiere de una reflexión serena y sosegada que no pierda de vista la proporcionalidad de las penas.

Para la Abogacía Española, las reformas legales en esta materia serán ineficaces si además no van acompañadas de la necesaria formación de todos los actores jurídicos en perspectiva de género y otras medidas que eviten la revictimización de las mujeres durante el proceso penal, entre otras.

El Consejo General de la Abogacía Española espera que la presencia de mujeres en las comisiones de estudio no se limite a un momento ni una situación concreta, ya que para que sean realmente representativas de nuestra sociedad, deben ser paritarias y plurales en su constitución, máxime en un ámbito como el de la Justicia en el que las mujeres ya son mayoría entre las profesionales.

La Sección de Penal de la Comisión General de Codificación propone una composición equilibrada de mujeres y hombres para la posible reforma del Código Penal

El Abogado General Wahl propone que el Tribunal de Justicia declare que la legislación nacional que obliga al destinatario de un servicio a prestar una fianza para asegurar el cobro de una multa que, en su caso, se imponga a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro por incumplimiento de una disposición de la legislación laboral nacional es contraria al Derecho de la Unión2018-05-10

La Directiva de Servicios se opone a una medida de esta índole, que, en cualquier caso, iría más allá de lo necesario para que las autoridades nacionales puedan verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social

Čepelnik es una sociedad de responsabilidad limitada establecida en Eslovenia, que prestó servicios de construcción al Sr. Vavti por valor de 12 200 EUR. Los servicios fueron prestados en un establecimiento propiedad del Sr. Vavti situado en Austria, cerca de la frontera con Eslovenia, mediante el desplazamiento de trabajadores. El Sr. Vavti pagó a Čepelnik un anticipo de 7 000 EUR.

En 2016 la policía financiera austriaca llevó a cabo una inspección en la obra e imputó a Čepelnik dos infracciones administrativas. En primer lugar, en el caso de dos trabajadores desplazados, Čepelnik no había comunicado el inicio de su actividad con arreglo a lo dispuesto en la Ley de adaptación de la normativa relativa al contrato de trabajo (en lo sucesivo, «AVRAG», en sus siglas en alemán). En segundo lugar, Čepelnik no había presentado la documentación salarial en lengua alemana relativa a cuatro trabajadores desplazados. Inmediatamente después de la inspección, la policía financiera impuso al Sr. Vavti una retención del pago y solicitó a la autoridad administrativa competente, la Bezirksmannschaft Völkermarkt (Presidencia del Distrito de Völkermarkt; en lo sucesivo, «BHM Völkermarkt», Austria) que le exigiera la prestación de una fianza, con el objeto de garantizar el pago de una posible multa que podría imponerse en un futuro procedimiento contra Čepelnik, en función del resultado de la inspección. La policía financiera propuso que el importe de la fianza se fijase en un importe equivalente al saldo pendiente, es decir, 5 200 EUR. La BHM Völkermarkt impuso la fianza solicitada, alegando que «habida cuenta de que la sociedad […] del prestador de servicios está establecida en Eslovenia [...], cabe presumir que será muy complicado, si no imposible, instruir un procedimiento sancionador y ejecutar las sanciones». El Sr. Vavti prestó la fianza.

Se inició un procedimiento de infracción contra Čepelnik en relación con las presuntas infracciones administrativas. Mediante resoluciones de octubre de 2016, se impusieron a Čepelnik multas de 1 000 EUR y 8 000 EUR, por presuntas infracciones de la AVRAG.

Al culminar los trabajos, Čepelnik facturó al Sr. Vavti 5 000 EUR para liquidar el saldo pendiente. El Sr. Vavti rehusó el pago, alegando haber pagado el saldo pendiente a BHM Völkermarkt, de conformidad con la resolución administrativa de dicha autoridad. Čepelnik interpuso entonces una demanda contra el Sr. Vavti, a fin de cobrar el saldo pendiente.

La Directiva de Servicios [1] establece, en particular, que los Estados miembros respetarán el derecho de los prestadores a prestar servicios en un Estado miembro distinto de aquel en el que estén establecidos. Además, los Estados miembros no podrán imponer al destinatario requisitos que restrinjan la utilización de servicios prestados por un prestador establecido en otro Estado miembro. Esta Directiva no afecta al Derecho laboral nacional […] que sea conforme al Derecho [de la Unión].

En este contexto el Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno sodišče Pliberk (Tribunal de Distrito de Bleiburg, Austria) pregunta al Tribunal de Justicia si el Derecho de la Unión prohíbe a los Estados miembros imponer al comitente nacional una retención del pago y la prestación de una fianza por el importe del precio pendiente de la obra contratada cuando el único objetivo que se persigue con la retención del pago y la prestación de la fianza es asegurar el cobro de la multa que, en su caso, pueda imponerse, a través de un procedimiento separado, a un prestador de servicios establecido en otro Estado miembro.

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Nils Wahl considera, en primer lugar, que la Directiva de Servicios es aplicable en este asunto. Dado que el objetivo legal de esta medida es garantizar, en beneficio del Tesoro Público, la ejecución de las sanciones que las autoridades públicas puedan imponer en el futuro a un prestador de servicios, y que la medida no se le impone al autor de la supuesta infracción, sino a la otra parte contractual, no puede considerarse amparada por la excepción prevista en la Directiva de Servicios para el «Derecho laboral». En segundo lugar, el Abogado General observa que, independientemente de que adolezca o no de carácter discriminatorio, una medida de esta índole, por su propia naturaleza, puede, por un lado, disuadir a los clientes austriacos de adquirir servicios de proveedores establecidos en el extranjero y, por otro lado, disuadir a los prestadores establecidos en otros Estados miembros de ofrecer sus servicios en Austria con carácter temporal. Por lo tanto, esta medida constituye una restricción que, en principio, está prohibida por la Directiva de Servicios. En tercer lugar, el Abogado General examina si dicha medida puede justificarse y considera que las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los prestadores de servicios pueden justificarse únicamente con arreglo a determinadas condiciones que se establecen en esa Directiva. No obstante, las medidas nacionales que restrinjan los derechos de los destinatarios de servicios, en principio, no pueden justificarse.

Por todas estas razones el Abogado General concluye que una medida de este tipo es incompatible con la Directiva de Servicios.

Esta conclusión no sería diferente aunque el Tribunal de Justicia examinase la compatibilidad de esta medida con el artículo 56 TFUE, relativo a la libre prestación de servicios.

En efecto, una restricción a la libre prestación de servicios sólo puede admitirse cuando persiga un objetivo legítimo compatible con los Tratados y esté justificada por razones imperiosas de interés general, si bien, en tal caso, debe ser adecuada para garantizar la realización del objetivo perseguido y no ir más allá de lo necesario para lograrlo.

Según el Abogado General, el objetivo de permitir a las autoridades nacionales verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social (que es la justificación invocada por el Gobierno austriaco) constituye una razón imperiosa de interés general que puede justificar una restricción a la libre prestación de servicios. No obstante, cabe preguntarse si la medida persigue de forma auténtica y coherente el objetivo. En su opinión, la medida es, en cualquier caso, desproporcionada, pues va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo propuesto.

[1] Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (en lo sucesivo, «Directiva de Servicios») (DO 2006, L 376, p. 36).

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Deberán tomarse en consideración las solicitudes de reagrupación familiar incluso cuando existan prohibiciones de entrada en el territorio contra nacionales de países de fuera de la UE que sean familiares de ciudadanos de la UE que no hayan ejercido nunca su libertad de circulación2018-05-10

Se evaluarán caso a caso tanto la existencia de relación de dependencia entre nacionales de países de fuera de la UE y ciudadanos de la UE como la justificación de la prohibición de entrada en el territorio por razones de orden público

En su día se dictaron decisiones de retorno a sus países respectivos (acompañadas de decisiones de prohibición de entrada en territorio belga) contra una serie de nacionales de países de fuera de la UE (Armenia, Rusia, Uganda, Kenia, Nigeria, Albania y Guinea) que residían en Bélgica. En el caso de algunos de ellos, las decisiones citadas se adoptaron por motivos de riesgo para el orden público. Posteriormente, los afectados presentaron en Bélgica sendas solicitudes de permiso de residencia amparándose en su condición respectiva, según los casos, de descendiente a cargo de nacional belga, progenitor de menor belga o pareja de hecho que cohabita legalmente en relación estable con un nacional belga. Las autoridades belgas competentes no examinaron dichas solicitudes, basándose en que contra los afectados se habían dictado decisiones de prohibición de entrada en el territorio que aún estaban vigentes. Tras convertirse en definitivas, con arreglo al Derecho nacional esas decisiones únicamente pueden desaparecer o dejar temporalmente de surtir efectos, en principio, cuando se presenta en el extranjero una solicitud de revocación o suspensión.

El Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Consejo de lo Contencioso-Administrativo para Asilo e Inmigración, Bélgica), que conoce de los litigios correspondientes, acordó plantear varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia. Precisa que, de conformidad con la práctica nacional, no se tomaron en consideración (y, por tanto, no se entró en el fondo de las mismas) las solicitudes de residencia presentadas con fines de reagrupación familiar, debido a que contra los nacionales en cuestión de países de fuera de la UE se habían dictado prohibiciones de entrada en territorio belga. Señala asimismo que los distintos ciudadanos de la Unión interesados no se desplazan periódicamente a otros Estados miembros como trabajadores o prestadores de servicios y que no desarrollaron o consolidaron su vida familiar con los nacionales de países de fuera de la UE con ocasión de una estancia efectiva en un Estado miembro que no fuera Bélgica. Por lo tanto, se plantea la cuestión de si la Directiva de la Unión que se ocupa de la estancia irregular o el artículo 20 TFUE (sobre la ciudadanía de la Unión) son de aplicación a dichas situaciones. [1]

En la sentencia de hoy el Tribunal de Justicia recuerda la jurisprudencia que ha dictado sobre la ciudadanía de la Unión, que indica que existen situaciones muy especiales en las que, a pesar de que los ciudadanos de la Unión de que se trate no hayan hecho uso de su libertad de circulación, debe concederse a los nacionales de países de fuera de la UE que sean familiares suyos el derecho de residencia. Así sucede cuando, como consecuencia de la denegación de ese derecho, los ciudadanos de la Unión en cuestión se fueran a ver obligados en la práctica a abandonar el territorio de la Unión en su conjunto, lo cual los privaría del disfrute efectivo de la esencia de los derechos conferidos por su estatuto.

Por lo tanto, la obligación de los nacionales de países de fuera de la UE de abandonar el territorio de la Unión al objeto de interesar la revocación o suspensión de la prohibición de entrada en el territorio que sobre ellos recae puede poner en peligro el efecto útil de la ciudadanía de la Unión. Es lo que sucede cuando, dado que existe una relación de dependencia familiar entre un nacional de fuera de la UE y un ciudadano de la UE, el cumplimiento de esa obligación lleva a que el segundo se vea obligado en la práctica a acompañar al primero y, con ello, a abandonar él mismo el territorio de la Unión durante un período que, tal como señala el juez nacional, resulta indeterminado.

Además, el Tribunal de Justicia precisa las circunstancias en las que concurrirá una relación de dependencia que pueda fundamentar la existencia de un derecho de residencia derivado para los familiares de ciudadanos de la Unión que no hayan nunca ejercido su libertad de circulación. El Tribunal de Justicia destaca que, a diferencia de los menores de edad (y en especial de los niños de corta edad), los adultos están en principio en condiciones de llevar una existencia independiente de sus familiares. Por lo tanto, en el caso de los adultos únicamente cabe contemplar la existencia de un derecho de residencia derivado en los casos excepcionales en los que, habida cuenta del conjunto de circunstancias relevantes, el interesado no pueda en modo alguno estar separado del familiar del que depende. En cambio, cuando los ciudadanos de la Unión son menores de edad, el juicio sobre si existe relación de dependencia con nacionales de fuera de la UE deberá basarse en la toma en consideración, respetando el interés superior del niño, del conjunto de circunstancias del caso concreto y, en particular, de su edad, de su desarrollo físico y emocional, de la intensidad de su relación afectiva con cada uno de los progenitores y del riesgo que separarlo del progenitor que es nacional de un país de fuera de la UE entrañaría para el equilibrio del menor. A la hora de acreditar que concurre dicha relación de dependencia, no basta con que exista un vínculo familiar con dicho nacional (sea biológico o jurídico) ni con que se viva con éste, aun cuando ello es un dato relevante que se tendrá en cuenta.

Por otra parte, el Tribunal de Justicia precisa que resulta indiferente que la relación de dependencia que invoquen los nacionales de países de fuera de la UE surgiera después de que se adoptara contra ellos una decisión de prohibición de entrada en el territorio.
Resulta del mismo modo indiferente que la decisión de prohibición de entrada en el territorio fuera ya definitiva en el momento en que los nacionales de fuera de la UE presentaron con fines de reagrupación familiar sus solicitudes de residencia.

Resulta indiferente asimismo que la justificación de la decisión de prohibición de entrada en el territorio se halle en el incumplimiento de una obligación de retorno. Cuando la justificación de la decisión sean motivos de orden público, estos no podrán llevar automáticamente a la denegación a los nacionales de países de fuera de la UE del derecho de residencia derivado. Únicamente podrá denegarse por motivos de orden público la concesión a nacionales de países de fuera de la UE de derechos de residencia derivados cuando el análisis concreto del conjunto de las circunstancias del asunto, a la luz del principio de proporcionalidad, del interés superior del niño y de los derechos fundamentales, indique que los nacionales de fuera de la UE constituyen una amenaza real, actual y lo suficientemente grave para el orden público.

Por último, la Directiva 2008/115 [2] obsta a la práctica nacional de que quepa adoptar decisiones de retorno contra nacionales de países de fuera de la UE contra los que ya existan otras decisiones de retorno acompañadas de prohibiciones de entrada en el territorio que aún estén en vigor cuando ello suceda sin que se tengan en cuenta factores de la vida familiar de dichos nacionales (en especial, el interés de sus hijos menores) que se mencionen en las solicitudes de residencia que presenten con fines de reagrupación familiar después de que se hayan adoptado
dichas prohibiciones de entrada en el territorio, con la salvedad de los casos en que los interesados hubieran podido invocar anteriormente esos factores.

[1] Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (DO 2008, L 348, p. 98).

[2] En su artículo 5.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Comisión Europea propone nuevas normas europeas para el Derecho de sociedades2018-05-10

La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas relativas al Derecho de Sociedades para facilitar la fusión, la escisión o el traslado de empresas dentro del Mercado único. Las nuevas normas también garantizarán la prevención del abuso fiscal y la protección de los derechos de los trabajadores. Las normas estimularán el potencial de crecimiento de las empresas europeas mediante la digitalización del proceso de creación y gestión de una empresa

La propuesta establece procedimientos comunes a nivel de la UE sobre la manera en que una empresa puede trasladarse de un país a otro de la UE, fusionarse o escindirse en dos o más nuevas entidades en diferentes Estados.

En consonancia con la STJUE C-106/16 del caso Polbud, que ha creado jurisprudencia, las empresas podrán trasladar su sede de un Estado miembro a otro siguiendo un procedimiento simplificado. Las nuevas normas sobre las conversiones y las escisiones transfronterizas incluirán ahora también medidas específicas que ayudarán a las autoridades nacionales a luchar contra las prácticas abusivas. Los traslados de este tipo incluirán salvaguardias eficaces contra los montajes abusivos para eludir la legislación tributaria, perjudicar los derechos de los trabajadores o poner en peligro los intereses de los acreedores o de los accionistas minoritarios. En tales casos, la autoridad nacional del Estado miembro de partida interrumpirá la operación incluso antes de que pueda tener lugar el traslado.

En la actualidad, las normas nacionales difieren en gran medida entre los Estados miembros o imponen demasiadas trabas administrativas. Esto disuade a las empresas de buscar nuevas oportunidades por temor a una burocracia excesiva. También significa que, cuando las empresas se trasladan, quedan sin proteger adecuadamente los intereses de los acreedores y de los accionistas minoritarios.

Las nuevas normas se inscriben en la actuación de la Comisión Europea en favor de un mercado único más justo. También complementan las iniciativas recientes para reforzar las normas relativas a los trabajadores desplazados y la lucha contra la evasión y el fraude fiscales, así como la propuesta de la Comisión relativa a la Autoridad Laboral Europea. Al mismo tiempo, las nuevas normas permitirán a las empresas trasladarse o reorganizarse sin complicaciones jurídicas innecesarias y a un menor coste en todo el mercado único.

En la actualidad solo hay 17 Estados miembros que ofrezcan un procedimiento íntegramente en línea para el registro de sociedades. Con arreglo a las nuevas normas, las empresas podrán inscribirse, establecer nuevas sucursales o presentar documentos en el registro mercantil en línea en todos los Estados miembros. La digitalización hace que el proceso de creación de una empresa sea más rentable y eficaz:

  • el registro en línea dura como media la mitad del tiempoy puede ser hasta tres veces más barato que el tradicional realizado en papel;
  • el ahorro en el caso del registro y la presentación de una solicitud a tal efecto en línea con arreglo a las nuevas normas se estima en un cifra comprendida entre los 42 y los 84 millones de eurosal año para las empresas de la UE;
  • el principio de «solo una vez», incluido en la presente propuesta, acaba con la necesidad de presentar varias veces la misma información a distintas autoridades en el ciclo de vida de una empresa;
  • se pondrá a disposición de todas las partes interesadas más información sobre las sociedades de forma gratuita en los registros mercantiles.

Para prevenir el fraude y las prácticas abusivas, las autoridades nacionales podrán basarse recíprocamente en sus datos sobre los directivos inhabilitados. Si sospechan de la existencia de un fraude, las autoridades seguirán pudiendo solicitar la presencia física de los propietarios de la empresa. También podrán exigir la participación de agentes acreditados, tales como los notarios, en el proceso.

La propuesta de Directiva deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, y posteriormente implementada en todas las legislaciones nacionales de los Estados miembro.

La Audiencia Nacional anula el despido colectivo de los 43 trabajadores de Air Berlin en España2018-05-09

La Audiencia Nacional ha estimado la petición de la USO de considerar nulo el despido colectivo de los 43 trabajadores que prestaban el servicio de call-center en España para la compañía aérea alemana Air Berlin, y que fueron incluidos en el concurso de acreedores presentado en Alemania, pero no en España.

Los empleados (41 en Palma de Mallorca, 1 en Madrid y 1 en Barcelona) fueron despedidos en noviembre, sin negociación con la Comisión designada a tal efecto por los trabajadores, y con el mínimo legal de indemnización de 20 días por año trabajado hasta un máximo de doce mensualidades.

Los servicios jurídicos de la USO presentaron la impugnación del despido colectivo al estimar que no había fundamentos de derecho para ello en España, ya que el concurso de acreedores solo se había presentado en Alemania a pesar de tener plantilla en España. La letrada María Eugenia Moreno afirma además que “durante todo el proceso, la compañía no ha querido sentarse a negociar y ponía todas las trabas posibles a la defensa de los trabajadores, entregando la documentación en inglés a pesar de tener su centro de trabajo en España”. Igualmente, “ha sido imposible estimar las ganancias que Air Berlin ha obtenido de los contratos de compraventa de sus diferentes líneas de negocio, así como de las subastas de los activos, que ha incluido hasta el interior de los aviones. Algunos de estos materiales podrían haber actuado como garantía del pago de los trabajadores”, continúa Moreno.

Ahora, Air Berlin está condenada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional a reincorporar a los 43 trabajadores. Al no haber centro de trabajo, puede comenzar el incidente de no readmisión, pero en todo caso se anula el despido colectivo de noviembre y los trabajadores tendrán derecho a percibir tanto las nóminas devengadas desde entonces como una indemnización de 45 días por año trabajo, en lugar de los 20 días impuestos por la aérea alemana.

El TS declara la prescripción de la acción para reclamar el dinero de la República2018-05-09

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de cuatro ciudadanos que reclamaban una indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado que se derivaría de los perjuicios que les causó la privación de valor de los billetes emitidos por el Banco de España, bajo el Gobierno de la República, desde el 18 de julio de 1936, que se acordó en un Decreto Ley de 12 de noviembre de 1936 por la Junta del bando 'nacional' con sede en Burgos.

 

 

  • Supuesto de hecho

    Se interpone recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2016, que declaró no haber lugar a la reclamación de indemnización de cuatro ciudadanos por el perjuicio sufrido como consecuencia de la aplicación de la legislación que privó de valor a los billetes y demás instrumentos de pago emitidos por el Banco de Estaña, Gobierno republicano, con posterioridad al 18 de julio de 1936. La petición consistía en el pago de la cantidad incautada, 48.458 pesetas, actualizada al valor actual del dinero.

  • Criterio o ratio decidendi

    El TS desestima la petición de los recurrentes por entender que su acción de reclamación ha prescrito al haber transcurrido más de un año desde la entrada en vigor de la Constitución.

    Aunque se intenta hacer valer por la parte actora que las medidas de incautación de moneda fueron un delito imprescriptible, el Supremo indica que “No estamos ante la persecución de un crimen de lesa humanidad sino ante una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, que no cabe considerar que era imprescriptible.” Si la parte entiende que se ha producido un hecho delictivo lo propio es acudir a su depuración ante la jurisdicción penal. Todas las alegaciones de nulidad e imprescriptibilidad que la parte funda en la existencia de esa conducta delictiva carecen de cualquier eficacia y deben rechazarse y con ello los efectos que le atribuye para la obtención de sus pretensiones (nulidad e imprescriptibilidad alegadas).

    Sobre la invocación de distintas leyes dictadas a partir del año 1986, en virtud de las cuales se ha procedido a efectuar devoluciones de carácter económico a favor de determinadas personas con ocasión de la Guerra Civil o de la dictadura posterior, el Alto Tribunal concluye que son manifestaciones de la potestad legislativa que, al margen del régimen general de garantía de indemnidad patrimonial del administrado por la actuación de la Administración o el Legislador, valora la procedencia de reparación en situaciones concretas atendiendo a las circunstancias concurrentes.

  • Documentos relacionados

    Normativa aplicada

    • Artículo 106.2 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836)
    • Artículos 139 a 146 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (RCL 1992, 2512)

    Jurisprudencia relacionada

    • STS, de 5 de abril de 2006 (RJ 2006, 1686)
    • STS 101/2012, de 27 de febrero (RJ 2012, 3659)
    • STC 4/1981, de 2 de febrero (RTC 1981, 4)
    • STS, de 5 de abril de 2006 (RJ 2006, 1686)
Wizink Bank pierde frente al consumidor en el caso de las tarjetas abusivas2018-05-09

Sanahuja Miranda Abogados obtuvo el pasado marzo una resolución judicial favorable en la que  se condena a Wizink Bank a pagar 8.000 euros al denunciante en un caso sobre tarjetas abusivas. Los puntos clave sobre los que se basó Sanahuja Abogados para vencer a Wizink Bank fueron tres:

  • La excesiva desproporcionalidad de los intereses
  • Falta de control en los contratos
  • Contratos ilegibles

En dicha sentencia, (Sentencia nº 51/2018 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Sant Feliu de Llobregat), se especifica que esta cifra equivale a las cantidades abonadas por el consumidor que exceden del capital total que el banco le había abonado efectivamente. En la misma resolución se declara la nulidad del contrato de tarjeta de crédito revolving de Wizink Bank.

Este caso está vinculado con el fenómeno de tarjetas abusivas que cobran intereses moratorios por el pago fraccionado que superan en dos puntos el interés remuneratorio.

El interés desproporcionado, clave en la sentencia

Uno de los factores clave a la hora de conseguir una sentencia favorable fue la excesiva desproporcionalidad en el porcentaje de los intereses asociados a la tarjeta Revolving. Mientras que en los últimos diez años la media de intereses en este tipo de crédito es de 9,59%, la tarjeta Revolving de Wizink Bank aplicaba un 27,24% de interés a sus clientes.

Cláusula suelo: Otro exceso

Además de los intereses abusivos de la tarjeta Revolving, el contrato de la tarjeta no cumple con los controles de transparencia y de incorporación, basadas en la sentencia del 9 de mayo de 2013 relativa a la cláusula suelo.

Así se determinó que el contrato contiene cláusulas predispuestas y no negociadas que han de cumplir con lo establecido en el Art. 5 y 7 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación y los Art. 10 y 12 de la Ley de Contratos de Crédito al Consumo. Lo que significa que es imprescindible que las cláusulas del contrato ofrezcan al consumidor de manera completa y específica la totalidad de condiciones a las que quedarán sujetos los clientes.

Un contrato ilegible

A todo lo anterior hay que añadir el incumplimiento y abuso más básico de todos, un contrato debe ser legible. Sobre esta cuestión, el juzgado indica de manera clara:

"En este sentido, conviene señalar que el contrato contiene unas 18 condiciones más un anexo en una letra que por su tamaño resulta prácticamente ilegible, y así debe considerarse, que este contrato, ni por su sistemática ni por su presentación supera el control de transparencia, en los términos en que viene siendo exigido por la Sala 1ª Tribunal Supremo".

Así pues y tras la exposición de argumentos, el juez resolvió que los contratos de tarjeta de crédito Revolving de Wizink Bank no cumplen con el control de incorporación ni de transparencia.

Indemnización a cliente de compañía telefónica incluida en un fichero de morosos por no pagar penalizaciones2018-05-08
  • Incluye la sentencia

El Juzgado de Primera Instancia de Lena en sentencia de 26 de enero de 2017, declaró que la inclusión de la cliente en unos ficheros de morosos fue irregular y constituía una vulneración de su derecho al honor. Dicha sentencia fue recurrida en apelación, declarando la Audiencia Provincial de Oviedo, en sentencia de 21 de junio 2017, que dicha inclusión no fue ilícita. Finalmente, el Tribunal Supremo, en sentencia de 23 de marzo destaca que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, como ocurrió en este caso, reponiendo la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia de Lena.

Irune Agorreta Martínez
Área Derecho Privado. Departamento de Desarrollo y Soluciones de Contenidos-Legal & T&A.

La compañía telefónica le reclamaba una deuda de 200€ con la que la cliente no estaba de acuerdo y le comunicaron que si no pagaba incluirían sus datos en unos ficheros de solvencia patrimonial, tal y como ocurrió.  Los datos de esos ficheros se pasaron a varias entidades de crédito, y cuando la mujer fue a solicitar una tarjeta de crédito a una de ellas, se la denegaron al estar incluida en un archivo de morosos.

El Supremo destaca que al no estar la cliente de acuerdo con la reclamación de la deuda, el impago no puede ser por sí solo un indicativo de la falta de solvencia y que no se pueden incluir en esos ficheros los datos de aquellos que legítimamente discrepan del acreedor en cuanto a la existencia y cuantía de la deuda.

La Sala explica que el hecho de que la cliente pagara únicamente las partidas de la facturación que considera correctas, no puede ser interpretada como un reconocimiento de la veracidad de la deuda sino todo lo contrario, porque no ha aprovechado las incorrecciones de las partidas para dejar de pagar por completo los servicios.

Así pues, al reponerse la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia, se indemniza con 10.000€, al considerarse además que la cantidad se ajusta a los parámetros establecidos en la jurisprudencia.

¿Quiere leer la sentencia?

Condenado a ocho años de inhabilitación el exalcalde de Bakio (Vizcaya) por prevaricación2018-05-08
El tribunal ha estimado de forma parcial el recurso de casación interpuesto por el excalcalde y ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya que le impuso 2 años y medio de prisión y el pago de una multa de 1.800 euros

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Supremo ha condenado a 8 años de inhabilitación de empleo o cargo público al exalcalde de Bakio (Vizcaya) Txomin Rentería Fernández como autor criminalmente de un delito de prevaricación administrativa, con la atenuante de dilaciones indebidas, en relación con la modificación del contenido de un contrato para la construcción de un centro de talasoterepia, así como la concesión de la explotación de dicho servicio a la mercantil Talasoterapia Kiura SL. La sentencia establece que la inhabilitación afecta al cargo de alcalde, concejal, y a cualquier cargo de representación pública y todo aquél que conlleve por razón del mismo intervención en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública.

El tribunal ha estimado de forma parcial el recurso de casación interpuesto por el excalcalde y ha anulado la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya que le impuso 2 años y medio de prisión y el pago de una multa de 1.800 euros por un delito de falsificación de documento público siendo autoridad y por otro delito de fraude a la administración. En concepto de responsabilidad civil, también fue condenado a indemnizar al ayuntamiento de Bakio en la cantidad de 140.000 euros.

La Sala explica que no concurren los elementos del delito de falsedad por el que fue condenado, dado que el dolo de llevar a cabo la alteración clara y diáfana del contrato no es alteración de la verdad, sino más bien un delito de prevaricación que fue objeto de acusación por la fiscalía y por la acusación popular. En este sentido, afirma que, pese a la advertencia de ilegalidad que le hizo el secretario, “impuso su voluntad de que ese contrato se redactara alterando el pliego de condiciones, formando el contrato parte indisoluble de la resolución de adjudicación como ‘modus operandi’ de desarrollo de la misma. Por ello, recoge la sentencia, “la ilegalidad es contundente y manifiesta, ya que se altera el contrato por su propia decisión y a sabiendas de que se modifican las condiciones de la adjudicación”.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro Servet, destaca que la decisión del recurrente fue “arbitraria, dado que lo hizo de forma unilateral, con la advertencia de que era ilegal, a sabiendas de la alteración de las condiciones y en clara contradicción con la resolución, lo que venía a constituir la misma resolución la redacción del contrato, como parte integrante de la decisión de adjudicación y eslabón final de la cadena en el procedimiento administrativo”.

Las irregularidades administrativas, indican los magistrados, “fueron esenciales y obviadas conscientemente para dar entrada a la arbitrariedad, al amiguismo y al clientelismo político, con desprecio y apartamiento voluntario de las normas administrativas que rigen la adjudicación de tales contratos”.
Los magistrados consideran que el contrato firmado por el recurrente, e ideado por él en la modificación del pliego de condiciones, es una declaración de voluntad dirigida con la empresa que era la adjudicataria para fijar “las reglas del juego” de su relación con el Ayuntamiento en la explotación objeto del contrato, y que era la base de la resolución de adjudicación; ese contrato forma parte de ésta última, y la integra, y puede entenderse dentro del concepto de resolución, porque define en términos ejecutivos una situación jurídica que le afecta.

¿Puede la empresa registrar el bolso de sus empleadas a la salida del trabajo, por haber constatado la dirección la desaparición de determinados productos de la empresa?2018-05-08
  • Incluye la sentencia

El TSJ de Baleares desestima el recurso interpuesto por una empresa contra la sentencia del Juzgado que estimaba la demanda de una trabajadora a la que se le había registrado el bolso a la salida del trabajo, condenando a la empresa al abono de una indemnización de 1.000 euros por haber vulnerado el derecho a la intimidad de la empleada.

Supuesto de hecho:

  • La trabajadora venía prestando servicios para una empresa de catering en el comedor de un hospital público.
  • La empresa había constatado la desaparición de determinados productos de alimentación, unos días antes de proceder al registro de la empleada.
  • A la salida del trabajo, la trabajadora y otra compañera fueron registradas en la salida al parking, por dos responsables de la empresa, en presencia de los delegados de personal, sin que se les hallara en posesión de ningún producto.
  • Frente a dicha actuación, interpuso la trabajadora demanda por vulneración de su derecho a la intimidad contra la empresa, que fue estimada por el Juzgado de lo Social.
  • Contra la sentencia del Juzgado interpuso la representación de la empresa el presente recurso de suplicación.

Consideraciones jurídicas:

  • El Tribunal analiza si la actuación empresarial es vulneradora del derecho a la intimidad y al honor de la trabajadora.
  • En este sentido, el Tribunal parte de la base de que, si bien no resulta discutible que la empresa deba emprender medidas de averiguación o preventivas, a efectos de evitar cualquier sustracción de productos que son objeto de la misma actividad empresarial, no cualquier medio de indagación puede estar amparado en los parámetros legales marcados en el artículo 18 del ET.
  • En primer lugar, señala que el artículo 18 del ET constituye un precepto sustantivo que regula la forma de realizar los registros, con los requisitos que han de cumplirse suficientemente, trasladando de forma práctica al ámbito laboral los derechos fundamentales que la Constitución contiene, como son el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen.
  • Por tanto, la medida debe someterse a una ponderación de los derechos en confrontación, tanto el interés legítimo de la empresa de conocer los posibles autores de un hecho como, de otro lado, los derechos antes mencionados cuando el registro no es efectuado por un agente de la autoridad.
  • El TSJ señala que lo más relevante en este caso es el lugar en que se produce el control, en la medida en que un lugar público puede incidir de forma irremediable en la reputación de la persona registrada, por lo que afirma que el registro debería haber sido efectuado en un sitio diferente a aquel de tránsito del hospital, a efectos de suficiente garantía y de adecuación.
  • Añade que el juicio de idoneidad tampoco puede ser superado, en la medida en que la actuación empresarial tiene lugar casi dos semanas después de haberse producido la desaparición constatada por el responsable, período en que no se procedió a realizar ninguna actuación investigadora.
  • Por todo lo anterior, el TSJ concluye que la empresa pudo utilizar medidas menos lesivas de los derechos de las empleadas (mediante el control después de cada turno de los productos almacenados, o la instalación de cámaras de videovigilancia), por lo que considera que la actuación empresarial vulneró el derecho fundamental de la empleada.

Conclusión Lex@:

En definitiva, el Tribunal considera que la medida empresarial consistente en registrar los bolsos de las empleadas en la salida del parking del centro de trabajo, resulta lesiva para los derechos fundamentales de la empleada, en la medida en que el registro se produce en un lugar de tránsito del hospital, pudiendo afectar a la reputación de la empleada, y señalando que la empresa podía haber utilizado métodos menos lesivos.

¿Quiere leer la sentencia?

Según el Abogado General Tanchev, está sometida a control jurisdiccional la respuesta legislativa a una sentencia del Tribunal de Justicia relativa al carácter abusivo de cláusulas contractuales por falta de claridad2018-05-07

En febrero de 2008, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss celebraron con un banco húngaro un contrato de préstamo denominado en francos suizos (CHF). Con arreglo a dicho contrato, aunque las cuotas mensuales de devolución del préstamo debían pagarse en forintos húngaros (HUF), el importe de dichas cuotas se calculaba a partir del tipo de cambio vigente entre HUF y CHF. Asimismo, los prestatarios aceptaron asumir el riesgo relativo a las posibles fluctuaciones del tipo de cambio entre esas dos monedas.

El tipo de cambio experimentó posteriormente cambios considerables en perjuicio de los prestatarios, lo que se tradujo en un aumento significativo de sus cuotas mensuales. En mayo de 2013, la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss emprendieron acciones legales contra OTP Bank y OTP Factoring, empresa esta última a la que se habían cedido los créditos derivados del contrato de préstamo. En el marco de este procedimiento judicial, se suscitó la cuestión de si la cláusula contractual que obligaba a los prestatarios a soportar el riesgo del tipo de cambio podría considerarse abusiva en el sentido de la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores [1] y, en consecuencia, no vinculante para los prestatarios, por no haber sido redactada por el banco en cuestión de manera clara y comprensible.

Mientras tanto, Hungría aprobó en 2014 leyes por las que se eliminaban de los contratos de préstamo denominados en divisas determinadas cláusulas abusivas, se convertían virtualmente en HUF todas las deudas pendientes de los consumidores derivadas de esos contratos, y se introducían otras modificaciones en el contenido de las relaciones jurídicas de las partes de los contratos en cuestión. Esas Leyes tenían también por objeto dar cumplimiento a una resolución de la Kúria (Tribunal Supremo, Hungría) acerca de la falta de adecuación con la Directiva de determinadas cláusulas incorporadas a contratos de préstamo denominados en divisas [2] (esta resolución fue adoptada a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada en el asunto Kásler). [3] No obstante, las nuevas leyes mantuvieron el riesgo del tipo de cambio sobre el prestatario.

Dado que, según la Directiva, las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas no están comprendidas en su ámbito de aplicación, el Fővárosi Ítélőtábla (Tribunal Superior de la Capital, Hungría), quien conoce del asunto de la Sra. Ilyés y el Sr. Kiss, pregunta al Tribunal de Justicia si el juez nacional puede examinar el carácter abusivo de una cláusula carente de claridad que hace recaer en el prestatario el riesgo del tipo de cambio a pesar de que el legislador húngaro haya confirmado la validez de esta cláusula.

[1] Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (DO 1993, L 95, p. 29; corrección de errores en DO 2015, L 137, p. 13).

[2] Resolución n.º 2/2014.

[3] Sentencia de 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai (C-26/13) (véase el CP n.º 66/14).

En sus conclusiones hechas públicas hoy, el Abogado General Evgeni Tanchev recuerda que la exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva de las cláusulas que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en los contratos en cuestión.

No obstante, esta consideración no rige respecto de las medidas legislativas, como las leyes húngaras antes mencionadas, aprobadas después de la fecha en que se celebró el contrato correspondiente y con el objetivo específico de dar ejecución a una resolución judicial que declara el incumplimiento de la Directiva.En este sentido, el Abogado General considera que la excepción en cuestión se concibió con el fin de garantizar que se permitiera a los Estados miembros mantener o introducir normas que fuesen más allá del ámbito de las medidas de protección que contempla la Directiva, si bien los Estados miembros tienen vedado reducir el nivel de protección que confieren esas disposiciones.

Asimismo, el Abogado General destaca que la respuesta legislativa de un Estado miembro a una resolución del Tribunal de Justicia por la que se declara que una normativa o una práctica nacional es incompatible con la Directiva no puede sustraerse del control judicial, ya que dicha sustracción sería contraria a las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que garantizan un elevado nivel de protección de los consumidores y el derecho a la tutela judicial efectiva.

En estas circunstancias, el Abogado General propone que una cláusula que ha pasado a formar parte de un contrato de préstamo denominado en divisas mediante una iniciativa legislativa y que hace recaer desde el principio el riesgo del tipo de cambio sobre el prestatario no refleja disposiciones legales o reglamentarias imperativas en el sentido de la Directiva. En consecuencia, cuando esa cláusula no haya sido formulada dentro del contrato de manera clara y comprensible, el juez nacional puede examinar si constituye una cláusula abusiva que no vincula al consumidor.

NOTA: Las conclusiones del Abogado General no vinculan al Tribunal de Justicia. La función del Abogado General consiste en proponer al Tribunal de Justicia, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces del Tribunal de Justicia comienzan ahora sus deliberaciones sobre este asunto. La sentencia se dictará en un momento posterior.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El Tribunal Supremo confirma la anulación de una orden de 2014 de limitación en la prestación de servicios de taxi en Valencia2018-05-07
La orden establecía, entre otras medidas, un tope de 16 horas diarias por taxi

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativa, del Tribunal Supremo, ha confirmado la anulación de la Orden 2/2014, de 6 de Febrero, de la Consellería valenciana de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, que reguló el sistema de descanso obligatorio y la limitación diaria en la prestación de servicios de taxi en el Área de Prestación Conjunta de Valencia, estableciendo, entre otras medidas, un tope de 16 horas diarias por taxi.

El Supremo ha desestimado el recurso de la Abogacía de la Generalitat valenciana contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, de 19 de enero de 2016, que estimó un recurso de la Asociación Empresarial de Auto-taxis de la Comunidad valenciana y anuló la citada Orden.

El TS indica que la sentencia del TSJ valenciano contiene una ‘motivación razonable’, al argumentar que la Orden cuestionada infringe el artículo 43.3 a) de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunidad Valenciana, por no justificar la necesidad de la intervención de la Administración en la regulación cuestionada del servicio público de taxis.

También infringe, según el tribunal valenciano, el artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y del artículo 4 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, al no acreditar su adecuación para proteger fines de interés público.

El alto tribunal no comparte la tesis argumental que desarrolla la Abogada de la Generalidad Valenciana, respecto de que el Tribunal de instancia no ha interpretado adecuadamente los principios de legalidad, eficacia y jerarquía normativa que rigen el ejercicio de la potestad reglamentaria.

Para el Supremo, la Abogada de la Generalitat Valenciana se limita a cuestionar que la sentencia impugnada argumente que falta un estudio sobre la forma, modo y medios en que la crisis ha afectado al sector del taxi que justifique la intervención de la Administración, que no es exigido por la normativa aplicable, pero no ha tenido en cuenta –destaca el Supremo-- que, en este extremo de la fundamentación jurídica, el Tribunal de instancia reproduce consideraciones que efectuó el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana en el Dictamen emitido el 23 de enero de 2014, sobre el Proyecto de Orden ahora anulada.

En su sentencia, el TSJ valenciano consideró además que no se había discernido un dato de interés general, como es la distinta afección de la orden al servicio de taxi según la prestación se haga por taxista autónomo -puede realizar 16 horas diarias- o asalariado –ya que éste último no puede pasar de 8 horas según el Estatuto de los Trabajadores.

El Tribunal General de la UE desestima la acción indemnizatoria interpuesta por cerca de 1 500 personas a raíz de la adopción por la Comisión de un Reglamento de 2016 sobre las emisiones contaminantes de los vehículos2018-05-07

Sin pronunciarse acerca de la legalidad de ese Reglamento, cuya anulación solicitan varias capitales europeas en otros asuntos, el Tribunal General considera que esas aproximadamente 1 500 personas no han demostrado el carácter real y cierto o personal de los perjuicios invocados

Mediante un Reglamento de 2016, [1] la Comisión definió los límites de emisión de óxidos de nitrógeno que no debían superarse con ocasión de nuevos ensayos en condiciones reales de conducción («ensayos RDE») a los que los fabricantes de automóviles deben someter los turismos y vehículos comerciales ligeros, en particular en el marco de las operaciones de homologación de los nuevos modelos de vehículos. Esos ensayos RDE tienen por objeto responder a la constatación de que los ensayos en laboratorio no reflejan el verdadero nivel de las emisiones contaminantes en condiciones reales de conducción y para impedir el empleo eventual de «programas informáticos engañosos».

Los límites de emisión acordados por la Comisión han sido objeto de varios recursos ante el Tribunal General de la Unión Europea, entre ellos los interpuestos por las ciudades de París, Bruselas y Madrid. [2] Esos recursos de anulación están siendo examinados por el Tribunal General, estando prevista una vista en esos tres asuntos para el próximo 17 de mayo.

En paralelo a esos recursos de anulación, 1 429 personas físicas, esencialmente domiciliadas en Francia, interpusieron una acción contra la Unión Europea para solicitar indemnización por el perjuicio que afirman que les ha causado la adopción del Reglamento de la Comisión. Sobre ese recurso de indemnización versa el auto de hoy.

Las 1 429 personas consideran que ese Reglamento les causa perjuicios materiales relacionados con la degradación de la calidad del aire que respiran y la consecuente degradación de su salud y que les causa también perjuicios morales relacionados con los temores que sienten al respecto por ellos y por su entorno así como por los temores que sienten por la pérdida de confianza en la acción de las instituciones europeas para luchar contra la degradación del medio ambiente. Cada una de esas personas solicita un euro simbólico como indemnización por los perjuicios materiales y 1 000 euros de indemnización por los perjuicios morales.

Con el auto de hoy, el Tribunal General desestima el recurso de indemnización de las 1 429 personas por carecer de fundamento jurídico.

El Tribunal General empieza recordando que, además del caso de un litigio relacionado con un contrato, para que se pueda generar la responsabilidad de la Unión, deben reunirse tres requisitos acumulativos: es necesario 1) que una institución de la Unión haya adoptado un comportamiento ilegal que infrinja de modo caracterizado una norma jurídica que tenga por objeto conceder derechos a los particulares, 2) que el perjuicio alegado sea real y 3) que exista una relación de causalidad entre el comportamiento de la Unión y el perjuicio.

[1] Reglamento (UE) 2016/646 de la Comisión, de 20 de abril de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 692/2008 en lo que concierne a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 6) (DO 2016, L 109, p. 1).

[2] Asuntos T-339/16, T-352/16 y T-391/16.

En el presente asunto, sin pronunciarse sobre el primero y el tercero de esos requisitos (es decir, en particular, la cuestión de la legalidad del Reglamento de la Comisión, objeto de los recursos de las ciudades de París, Bruselas y Madrid), el Tribunal General considera que la realidad de los perjuicios alegados por las 1 429 personas no está suficientemente establecida. Recuerda a este respecto que corresponde al demandante probar el carácter real y cierto así como el alcance del perjuicio alegado y probar que este le afecta personalmente. Le corresponde en particular establecer, para un perjuicio moral, que el comportamiento imputado a la institución de que se trata pueda, por su gravedad, causarle tal perjuicio.

Pues bien, el Tribunal General determina, por un lado, que el alcance del perjuicio relacionado con la degradación de la calidad del aire está insuficientemente establecido, en la medida en que un balance de las emisiones contaminantes adicionales debidas a las disposiciones criticadas solo podría en su caso intentarse de manera muy aproximativa y global, al cabo de un tiempo determinado, con resultados muy inciertos. En particular, resultaría imposible predecir, en el supuesto en que la Comisión hubiera establecido límites más rigurosos, en qué medida los adquirentes potenciales se dirigirían inmediatamente hacia los modelos de vehículos, en su caso menos numerosos, que hayan superado con éxito los ensayos llevados a cabo respetando dichos límites o si habrían preferido conservar durante más tiempo su antiguo vehículo. Por otro lado, el Tribunal General determina que los autores del recurso presentaron una argumentación global y datos generales en apoyo de sus solicitudes, sin ningún dato individualizado que permita apreciar la situación personal de cada uno de ellos en relación con los perjuicios alegados, a pesar de ser 1 429 y habitar en regiones o en condiciones diferentes.

Por lo que atañe a los perjuicios morales, el Tribunal General considera que el hecho de que la totalidad de los interesados estén particularmente sensibilizados con el problema de la contaminación atmosférica no basta para establecer que cada uno de ellos siente realmente temor por su salud y la de su entorno hasta el punto de que afecte suficientemente a sus condiciones de existencia para que se les conceda una indemnización. De un modo más general, el Tribunal General recuerda que un sentimiento que cualquier persona pueda tener no constituye un perjuicio moral indemnizable.

La desestimación de la pretensión indemnizatoria conjunta de las 1 429 personas físicas no prejuzga el resultado de los recursos interpuestos por las ciudades de París, Bruselas y Madrid contra el Reglamento de la Comisión.

RECORDATORIO: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

Condenan por estafa y falsedad a cuatro hermanos que simulaban padecer la enfermedad de catatonia2018-05-04
Fingían estar enfermos para cobrar pensiones por invalidez de la Seguridad Social. La Audiencia de Las Palmas declara prescritos los delitos del médico que les ayudó con recetas e informes

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia de Las Palmas ha condenado a distintas penas que oscilan entre los tres años y seis meses y los veintiún meses de cárcel por un delito de estafa en concurso medial con un delito de falsedad a cuatro hermanos residentes en Gran Canaria que entre 2006 y 2009 simularon graves dolencias ante la Inspección Médica -entre otros cuadros patológicos, la catatonia, un síndrome neuropsiquiátrico caracterizado por anomalías motoras- con el fin de obtener las más altas prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por incapacidad laboral “lo más severa posible”.

Según detalla el fallo, los imputados lograron engañar a los médicos del Ministerio de Trabajo en algunos casos de forma natural, simplemente simulando enfermedades, pero en otros valiéndose de “la ingesta de productos médicos y/o farmacológicos”.

La sentencia declara probado que entre 2006 y 2009, los cuatro hermanos, con el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito en perjuicio de la arcas públicas, “se confabularon para, en la medida de su situación laboral y personal, y previa tramitación de los oportunos expedientes administrativos ante el INSS, obtener la declaración de incapacidad más severa posible, que les permitiera obtener las prestaciones sociales en función del grado de incapacidad alcanzado, simulando para ello unos padecimientos que no se correspondían en absoluto con su situación clínica bien por no existir en modo alguno, bien por ser exacerbados -de manera natural o con la ayuda de la ingesta de productos médicos y/o farmacológicos-” .

La resolución judicial absuelve al médico que les ayudó a consumar el fraude, al considerar que los delitos de estafa agravada y falsedad de los que venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal están prescritos en la actualidad.

Además de la condena penal, la sentencia obliga a los acusados a abonar a la Seguridad Social indemnizaciones por un valor total de 86.237 euros, a la mutualidad Muprespa en 14.374 euros y a la entidad Mapfre con 172.365 euros.

Contra la decisión judicial cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

INTERcids propone la creación de un Turno de Oficio especial para la protección de animales2018-05-04

Un equipo de letrados miembros de INTERcids, expertos en Derecho penal y con amplia experiencia e implicación en delitos relacionados con animales, ha presentado ante el Colegio de Abogados de Barcelona una propuesta pionera: la creación de un turno de oficio específico para la defensa y protección de los animales, dentro del turno penal.

En la propuesta, atendiendo a las características de vulnerabilidad que presentan las víctimas, en este caso, los animales, e inspirándose en el espíritu que dio origen a otros turnos especiales, se detalla la manera en que podría articularse este nuevo servicio.

Se pretende solventar el problema social que se plantea en la práctica, cuando particulares y asociaciones de defensa de los animales carecen de recursos para acceder a los profesionales necesarios y personarse como acusación particular o popular en los procedimientos judiciales. Esta problemática puede observarse en el gran número de casos que son difundidos en los medios y no llegan a denunciarse, así como en el alto porcentaje de denuncias que son archivadas.

Desde INTERcids se pretende impulsar este proyecto hasta la efectiva creación del Turno especial de Defensa y Protección de los Animales en todos los Colegios de Abogados. Próximamente está prevista también su presentación ante el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC).

Los expertos de INTERcids que han elaborado el proyecto, Maria José Mata, Cristina Bécares y Carles-Joan Lorente, coinciden en señalar que es necesario garantizar un servicio prestado por letrados especialistas a través del Turno de Oficio y Asistencia Jurídica gratuita, a fin de que la protección que otorga el Código Penal a los animales sea realmente efectiva.

El TSJ de la Comunidad Valenciana condena a 22 años de prisión un guardia civil que intentó envenenar a una compañera de cuartel, a su marido y a su hijo en Villajoyosa2018-05-04
Entró en el domicilio de la familia y roció la comida con plaguicida. Se llevó ropa interior y fotos personales de la mujer

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a 22 años de prisión a un guardia civil que intentó asesinar a una compañera del cuartel de Villajoyosa, a su marido y a su hijo, de tres años de edad, al rociar con plaguicida y raticida la comida de la familia. La Sala confirma así la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia de Alicante, que le considera culpable de tres delitos de intento de asesinato, uno de ellos a menor de edad, un delito continuado de allanamiento de morada y un delito continuado contra la intimidad. El hombre deberá indemnizar a las víctimas con 20.000 euros.

El condenado entró en casa de la familia en junio de 2016 y vertió un producto tóxico, compuesto de plaguicida y raticida, sobre el arroz cocido que el marido había dejado preparado para la hora de la comida. En el domicilio del condenado se encontró una botella de plástico con la misma sustancia tóxica con la que estaba impregnada la comida.

Poco antes de entrar en la casa, el guardia dejó almacenado en un USB un documento con frases como "llegó el momento de ver si de verdad tengo valor para hacerlo, lo he planificado muchas veces (al menos en mi pensamiento), pero una cosa es pensarlo y otra atreverse a hacerlo y hacerlo, claro está" o "estoy en un constante sinvivir por su culpa, mientras tanto, ella parece ser inmensamente feliz y eso no lo puedo soportar".

Según el relato de hechos que hace la sentencia, el hombre accedió en varias ocasiones a casa de la familia para envenenar la comida y para llevarse objetos personales de la mujer, como ropa interior o fotos personales.

¿Puede la empresa registrar el bolso de sus empleadas a la salida del trabajo, por haber constatado la dirección la desaparición de determinados productos de la empresa?2018-05-03
  • Incluye la sentencia

El TSJ de Baleares desestima el recurso interpuesto por una empresa contra la sentencia del Juzgado que estimaba la demanda de una trabajadora a la que se le había registrado el bolso a la salida del trabajo, condenando a la empresa al abono de una indemnización de 1.000 euros por haber vulnerado el derecho a la intimidad de la empleada.

Supuesto de hecho:

  • La trabajadora venía prestando servicios para una empresa de catering en el comedor de un hospital público.
  • La empresa había constatado la desaparición de determinados productos de alimentación, unos días antes de proceder al registro de la empleada.
  • A la salida del trabajo, la trabajadora y otra compañera fueron registradas en la salida al parking, por dos responsables de la empresa, en presencia de los delegados de personal, sin que se les hallara en posesión de ningún producto.
  • Frente a dicha actuación, interpuso la trabajadora demanda por vulneración de su derecho a la intimidad contra la empresa, que fue estimada por el Juzgado de lo Social.
  • Contra la sentencia del Juzgado interpuso la representación de la empresa el presente recurso de suplicación.

Consideraciones jurídicas:

  • El Tribunal analiza si la actuación empresarial es vulneradora del derecho a la intimidad y al honor de la trabajadora.
  • En este sentido, el Tribunal parte de la base de que, si bien no resulta discutible que la empresa deba emprender medidas de averiguación o preventivas, a efectos de evitar cualquier sustracción de productos que son objeto de la misma actividad empresarial, no cualquier medio de indagación puede estar amparado en los parámetros legales marcados en el artículo 18 del ET.
  • En primer lugar, señala que el artículo 18 del ET constituye un precepto sustantivo que regula la forma de realizar los registros, con los requisitos que han de cumplirse suficientemente, trasladando de forma práctica al ámbito laboral los derechos fundamentales que la Constitución contiene, como son el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen.
  • Por tanto, la medida debe someterse a una ponderación de los derechos en confrontación, tanto el interés legítimo de la empresa de conocer los posibles autores de un hecho como, de otro lado, los derechos antes mencionados cuando el registro no es efectuado por un agente de la autoridad.
  • El TSJ señala que lo más relevante en este caso es el lugar en que se produce el control, en la medida en que un lugar público puede incidir de forma irremediable en la reputación de la persona registrada, por lo que afirma que el registro debería haber sido efectuado en un sitio diferente a aquel de tránsito del hospital, a efectos de suficiente garantía y de adecuación.
  • Añade que el juicio de idoneidad tampoco puede ser superado, en la medida en que la actuación empresarial tiene lugar casi dos semanas después de haberse producido la desaparición constatada por el responsable, período en que no se procedió a realizar ninguna actuación investigadora.
  • Por todo lo anterior, el TSJ concluye que la empresa pudo utilizar medidas menos lesivas de los derechos de las empleadas (mediante el control después de cada turno de los productos almacenados, o la instalación de cámaras de videovigilancia), por lo que considera que la actuación empresarial vulneró el derecho fundamental de la empleada.

Conclusión Lex@:

En definitiva, el Tribunal considera que la medida empresarial consistente en registrar los bolsos de las empleadas en la salida del parking del centro de trabajo, resulta lesiva para los derechos fundamentales de la empleada, en la medida en que el registro se produce en un lugar de tránsito del hospital, pudiendo afectar a la reputación de la empleada, y señalando que la empresa podía haber utilizado métodos menos lesivos.

¿Quiere leer la sentencia?

La Agencia Tributaria realizó 3.000 operaciones antipiratería en 2017 con la intervención de 3,1 millones de productos falsificados 2018-05-03

La Agencia Tributaria, a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, intervino durante el año 2017 un total de 3,1 millones de productos falsificados en 2.999 operaciones (retenciones), así como a través de 87 atestados con las correspondientes denuncias por delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

​Consciente del grave perjuicio económico y social que supone el negocio de las falsificaciones, el plan anual de control del fraude de la Agencia Tributaria viene considerando una de sus prioridades el control integral de la importación y venta de mercancía, con el objetivo de desarticular posibles circuitos de economía sumergida.

Para ello, la Agencia Tributaria realiza un análisis por perfiles de riesgo de todas las declaraciones de comercio exterior que se realizan en territorio nacional atendiendo al país de origen, tipo de producto, intervinientes y otras muchas características de la operación mercantil.

Mercancía incautada

Atendiendo a la distribución de las incautaciones por grupo y número de productos, el pasado año la evolución queda distorsionada por la intervención, en el puerto de Melilla, de 960.000 bolígrafos procedentes de China, lo que lleva a que la cifra total intervenida en 2017 en esta categoría de productos de oficina supere los 1,3 millones, el 43% del total incautado. También se procedió a la incautación de más de 354.000 productos para el aseo corporal (un 11,2% del total) y 276.000 prendas de ropa, calzado y complementos (8,8% del total incautado).

Desde el punto de vista de la relevancia de las actuaciones, conviene, en cambio, atender a la distribución en función del valor de la mercancía incautada; no del número de productos. De acuerdo con las normas de valoración marcadas por la Comisión Europea, si hubiese llegado al mercado, la mercancía incautada por la AEAT en 2017 podría haber alcanzado un valor de hasta 60 millones de euros.

Por valor de los productos incautados, el grupo más relevante es la joyería, que suma un valor estimado de más de 24 millones de euros (40,6% del total); los relojes falsificados aprehendidos tienen un valor de algo más de 12 millones de euros (20,3%); la ropa, casi 6 millones de euros (9,8%) y los zapatos deportivos más de 4 millones (7,4%).

Actuaciones por áreas geográficas

Sumando retenciones y atestados, del total de 3.086 actuaciones destacan las 1.067 que se realizaron en Madrid (un 36% del total). Le sigue, por número de actuaciones, Canarias con 723 (un 23%), Andalucía con 604 (19%) y Cataluña con 372 (un 12%). En cambio, por volumen de productos destacan la Delegación de Andalucía, Ceuta y Melilla (2,3 millones, 73% del total) y la Comunidad Valenciana (500.000, un 16%), mientras que esta última es la primera en valor del producto aprehendido (24,8 millones, 41% del total) y Andalucía, la segunda (17,7 millones, 29% del total incautado).

Mercancía falsa por vía de entrada y origen

De todos los productos incautados, algo más del 92% se aprehendieron en los puertos y casi un 6% en los aeropuertos. En cambio, por número de intervenciones, más del 88% afectaron a expediciones comerciales por vía aérea y algo más del 10% a expediciones por vía marítima.

De todas las intervenciones, algo más del 12% se concentró en el equipaje de viajeros (tanto por vía aérea como marítima). A su vez, el pasado año 2017, el 98% de productos falsos incautados procedió del continente asiático.

Reproche judicial al Popular por una multidivisa colocada a un becario2018-05-03

El pasado 16 de abril el juzgado nº 45 de Madrid anuló la cláusula multidivisa de una hipoteca contratada en el 2006 por un ingeniero informático que entonces era becario. La sentencia concluye que “se ha producido una falta de transparencia que ha provocado un gran desequilibrio en contra de las exigencias de buena fe”.

El cliente era un becario con ingresos de 900 euros mensuales. El 28 de junio de 2006 firma una hipoteca por 178.000€, pero al poco tiempo las cuotas empiezan a subir hasta los 1.100-1.200 euros. “El cliente se ve forzado a pedir ayuda a sus padres y trata de renegociar con el banco”, explica Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.

En el banco Popular le hablaron de la multidivisa, una modalidad hipotecaria que “solucionaría sus problemas de cuotas”, señala la demanda. “Sólo le explicaron las ventajas de la multidivisa; amortización de capital más rápida, intereses menores y cuotas de 800€”, señala Navas. El Popular -sin embargo- se defiende afirmando que se advirtió del riesgo de la fluctuación de la moneda, se hizo hincapié en los riesgos y se realizaron simulaciones.

Sin embargo, el comercial del banco reconoció en la vista que no informó de que la devaluación del euro podría suponer un incremento significativo del capital pendiente de amortización. En cuanto a las simulaciones, la sentencia concluye que la afirmación del banco en la contestación a la demanda está “huérfana de prueba”.

Teniendo en cuenta que el cliente era un ingeniero informático y por lo tanto una persona lega en cuestiones financieras, el banco debía de haber cuidado la información precontractual, señala la juez. “Luxemburgo otorga una gran importancia a la información precontractual para evaluar si el cliente tenía o podía tener un conocimiento cabal de la naturaleza y riesgos que contrata”, explica Navas.

No obstante, la sentencia afea que no se entregara documento informativo ni se practicaran simulaciones ni se hiciera una oferta vinculante “que hubiera permitido que el cliente se hubiera asesorado con terceros”· El banco se defiende que hubo control notarial, pero la sentencia recuerda que pretender protegerse tras el notario “supone trasladar al fedatario obligaciones que corresponden al banco”.

La sentencia también recuerda que la directiva hipotecaria señala en su considerando que ante la irresponsable concesión y contratación de hipotecas multidivisas y ante el margen de potencial comportamiento irresponsable se hace necesarias medidas para garantizar que el consumidor sea consciente de los riesgos que asume. “La directiva no es aplicable por tiempos, pero es revelante que la juez la mencione porque aunque no ha sido traspuesta, está plenamente vigente en aplicación de la primacía y efectividad del derecho europeo”, señala el socio-director de navascusi.com

El fallo recuerda que el Supremo ya ha señalado que la multidivisa es un producto complejo a efectos de transparencia porque el riesgo de tipo de interés hay que agregar el riesgo de tipo de cambio. Un riesgo que afecta no sólo a la cuota sino también al capital pendiente de amortización.

El Popular dice que el clausulado era perfectamente entendible para un consumidor medio. Sin embargo, la sentencia recuerda la doctrina del Supremo que señala que aunque el consumidor medio entiende que las cuotas pueden subir, “la mayoría entiende que tras el abono de la cuota, el capital pendiente de amortización va disminuyendo, cuando en una multidivisa puede ocurrir lo inverso en el caso de una devaluación el euro, como sucedió en este caso”, señala el fallo. “Es decir, que aunque el cliente pague religiosamente sus cuotas, puede que termine debiendo más de lo inicialmente prestado”, aclara Navas.

Por último, el Popular trata de alegar caducidad de la acción. La sentencia recuerda el fallo del Supremo del 15 de enero de 2015 el que aclara que el plazo de 4 años debe de contabilizarse desde la consumación del contrato, no desde la perfección. Un criterio confirmado en sentencia del Supremo del pasado 9 de junio de 2017. Y en todo caso, la sentencia aclara que los 4 años tendrían que contabilizarse desde que el cliente tuviera conocimiento cabal del error “que es cuando el riesgo se materializa en perjuicio cierto”.

El juzgado nº 45 también rechaza la pretensión del Popular de considerar confirmación de contrato la novación a euros realizada en el 2012. “Trató de evitar la ejecución (…) es una doctrina pacífica y reiterada”, señala.

La sentencia concluye que el banco no proporcionó información clara y comprensible suficiente para que el cliente tomara una decisión consciente y cabal. No fue consciente de su carga económica y jurídica por lo que resuelve anular la cláusula multidivisa y rehacer los pagos como si la hipoteca hubiera estado en euros desde el principio. Además, condena a la entidad a las costas. “Se pone fin un calvario de 10 años por una mala praxis de libro: colocar un producto complejo a un becario; afortunadamente, la justicia es inexorable y las malas praxis reciben su correspondiente reproche judicial”, concluye Navas.

La Audiencia de Sevilla impone condenas de 12 y 18 meses de cárcel a dos hombres acusados de simular un accidente de tráfico para cobrar del seguro2018-05-02
El tribunal condena también a seis meses de prisión a la pareja de uno de ellos por mentir en el juicio al asegurar que el siniestro se había producido

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha impuesto penas de un año de cárcel y un año y medio de prisión, respectivamente, a dos hombres acusados de simular un accidente de tráfico en abril del año 2014 para cobrar del seguro.

En la sentencia, fechada el día 24 de abril, el tribunal condena a uno de los acusados a seis meses de cárcel y el pago de una multa de 270 euros por un delito de estafa procesal tentada, a seis meses de prisión y el pago de 540 euros de multa por un delito de falsedad en documento mercantil, y a seis meses de cárcel y multa de 270 euros por un delito de falso testimonio.

Del mismo modo, el segundo de los acusados ha aceptado seis meses de cárcel y 540 euros de multa por un delito de falsedad en documento mercantil y otros seis meses de prisión y 270 euros de multa por el delito de falso testimonio. Además, el tribunal ha condenado a seis meses de cárcel y 270 euros de multa a la pareja de uno de ellos por falso testimonio.

La Sección Primera considera probado que los dos principales condenados, en día no precisado pero próximo y anterior al 11 de abril de 2014, se pusieron de acuerdo para suscribir una declaración amistosa de un accidente “que no se había producido” entre la motocicleta de uno de ellos y el turismo del que era propietario el segundo de los acusados.

En la declaración amistosa, se hizo constar que el accidente había tenido lugar el 11 de abril de 2014 en la A-49, a la altura de Castilleja de la Cuesta, por alcance trasero del turismo a la motocicleta, tras lo que, con la declaración amistosa del accidente suscrita por ambos acusados, uno de ellos, “aparentando tener derecho y con clara intención de enriquecerse injustamente engañando a la Administración de Justicia”, interpuso demanda de juicio verbal de reclamación de daños de su vehículo por importe de 4.969,86 euros y por 821,59 euros por los desperfectos supuestamente causados contra la compañía aseguradora.

Convocada la vista oral para el 13 de abril de 2015, el entonces demandante, “sabedor de lo irreal de sus manifestaciones, mantuvo que el accidente había ocurrido y narró una colisión inexistente provocada por el vehículo del otro acusado”, quien a su vez mantuvo esta versión de los hechos “con manifiesta maledicencia pese a ser advertido de las consecuencias de su falta de veracidad”.

La acusada, por su parte, “conocedora de lo incierto de sus afirmaciones e igualmente advertida de las consecuencias de la falta de sinceridad, mantuvo que el accidente había ocurrido, que acudió a socorrer a su pareja y que abandonaron el lugar en la motocicleta y en otro vehículo tras recoger diversas piezas”. La demanda fue desestimada por sentencia de 24 de septiembre de 2015 y confirmada en febrero de 2016 por la Sección Octava de la Audiencia Provincial, que acordó deducir testimonio de todo lo actuado por si los hechos fueran constitutivos de infracción penal.

La Audiencia concede a los acusados la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta por el plazo de dos años, con la advertencia de que durante dicho plazo “no vuelvan a cometer nuevo delito por el que resulten condenados, en cuyo caso, dará lugar a la posible revocación de la suspensión y al cumplimiento de la pena de prisión, en su caso”.

La sentencia ya es firme tras la conformidad mostrada por los acusados con las penas solicitadas por la Fiscalía y después de que los mismos expresaran su decisión de no recurrir el fallo.

Archivos asociados

El Tribunal Supremo confirma la incapacidad por causa de indignidad de un padre para heredar a su hijo enfermo al que tuvo en “absoluto abandono”2018-05-02
La Sala Primera dice que la conducta paterna tiene la suficiente entidad “para acarrear, como sanción civil, su incapacidad por indignidad para suceder al menor”

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la incapacidad por causa de indignidad de un padre de heredar a su hijo con parálisis cerebral ya fallecido al haberse acreditado “el abandono grave y absoluto” del menor por parte del progenitor, que, además, incumplió sus obligaciones de pasar pensión de alimentos mientras estaba con vida.

El tribunal afirma que, teniendo en cuenta la grave discapacidad del hijo, “el incumplimiento de los deberes familiares personales del padre hacia aquél no merece otra calificación que la de graves y absolutos, y otro tanto cabría decir de los patrimoniales, pues aunque hayan mediado algunos pagos de la obligación alimenticia convenida, sustancialmente no se ha cumplido ésta, y como se razona no se valora como involuntario tal incumplimiento”.

Los magistrados subrayan que “es grave y digno de reproche que el menor desde el año 2007 hasta su fallecimiento en el año 2013 careciese de una referencia paterna, de un padre que comunicase con él, le visitase y le proporcionarse cariño, afectos y cuidados, obligaciones familiares de naturaleza personal de indudable trascendencia en las relaciones paternofiliales, y todo ello sin causa que lo justificase”.

“Pero aún es más grave y más reprochable si el menor, a causa de padecer una enfermedad a los 16 meses de edad, sufría una severa discapacidad, como consta en la sentencia recurrida, que exigía cuidados especiales. Fruto de la gravedad de esa conducta paterna es que la reprochabilidad de la misma tenga suficiente entidad, para acarrear, como sanción civil, su incapacidad por indignidad para suceder al menor”, concluye la Sala.

La madre presentó una demanda en la que solicitaba que se declarase la incapacidad por causa de indignidad del padre para heredar al hijo de ambos por haberse desatendido de él. El menor sufrió a los quince meses una meningitis que le dejó como secuela una parálisis cerebral con plena dependencia de otra persona. La mujer explicaba que, pese a los ingresos del niño en el hospital, lo ignoró y no volvió a verlo, abonando únicamente 5000 euros de alimentos que le fueron impuestos por sentencia y sin comparecer en el proceso iniciado para privarle de la patria potestad, que no terminó porque el niño falleció. El progenitor alegó que no hubo abandono y atribuyó la demanda a una estrategia de la mujer para que él no recibiera la herencia de su hijo.

El juzgado de Primera Instancia nº 2 de Avilés desestimó la demanda porque entendió que la madre no consiguió probar la causa de indignidad por abandono, ya que el padre había cumplido parcialmente la obligación de pagar alimentos acordados en el convenio regulador y que, además de abonar ciertas deudas comunes, no hubo reclamación por impago de pensión alimenticia. La Audiencia Provincial de Oviedo revocó esa sentencia y declaró al demandado incapaz por indignidad para suceder a su hijo fallecido. Contra esta sentencia, el padre presentó recurso de casación, que ahora ha sido desestimado por la Sala de lo Civil.

Por otra parte, el tribunal señala que la sentencia recurrida no da prioridad sobre el resto de pruebas a un documento privado, firmado por el padre con asesoramiento de su abogado en mayo de 2013 –meses antes del fallecimiento del niño- en el que reconoce que “nunca fue para mí un hijo querido ni deseado, olvidándome y desentendiéndome completamente con él”.

La sentencia explica que, como el padre cuestionaba lo reconocido en ese documento, la Audiencia Provincial de Oviedo valoró también el resto de las pruebas practicadas para confirmar esas manifestaciones. En este sentido, indica que, “consciente de la claridad de lo que reconoce en el mismo, alega que obedeció a motivos espurios de la madre del niño. Pero como también es consciente de que lo suscribió con asesoramiento de letrado, pone en entredicho el buen hacer profesional de éste, aunque sin llamarlo a testificar relevándole del secreto profesional hacia él, a fin de que explicase qué justificaba que se suscribiese ese contenido impresentable, en palabra del recurrente, así como para que el letrado en cuestión no viese criticada su labor sin poderse defender”.

Condenan al Servicio Gallego de Salud por un diagnóstico tardío de cáncer de pulmón2018-05-02
Los magistrados consideran que existían motivos para realizar nuevas pruebas tras una radiografía que le fue realizada en 2010 como parte de un preoperatorio de cataratas

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG condena al Sergas y a su compañía de seguros a indemnizar con 40.000 euros a una mujer cuyo marido fue diagnosticado tardíamente de un cáncer de pulmón. Los magistrados consideran que existían motivos para realizar nuevas pruebas tras una radiografía que le fue realizada en 2010 como parte de un preoperatorio de cataratas.

“Es cierto que las razones por las que el paciente acudió a recibir asistencia médica en octubre de 2010 no estaba conectada con proceso tumoral alguno, pero también lo es que la detección de la imagen anómala en la radiografía, que varios especialistas calificaron claramente como lesión en el lóbulo del pulmón, aunque fuese en el curso de un preoperatorio de otra intervención, merecía ser investigada con la práctica de otras pruebas que permitiesen confirmar o descartar un grave diagnóstico que se podía derivar de ellas”, se afirma en la sentencia.

Los magistrados descartan que la omisión de esas pruebas complementarias pueda considerarse como una infracción de la “lex artis”, pero concluyen que se trata de un caso paradigmático de pérdida de oportunidad, “porque se ha privado al paciente de la posibilidad de ser diagnosticado, en octubre de 2010, de la patología cancerígena en estadio I, a la vista de que es un año, según la mayoría de especialistas informantes, el tiempo que suele transcurrir entre el mismo y el estadio IV, coincidente aproximadamente con el tiempo transcurrido entre octubre de 2010, en que se practicó la radiografía del preoperatorio de cataratas, y diciembre de 2011, en que se produjo el diagnóstico definitivo”. De esta manera, sostienen, “se perdió la oportunidad de detectar más tempranamente el tumor y examinar su malignidad, con el consiguiente diagnóstico de cáncer de pulmón, que, aparte de mejorar el pronóstico, muy probablemente se hallaría en estadio I, mejoraría la calidad de vida” del paciente.

Lionel Messi puede registrar su marca «MESSI» para artículos y prendas de vestir deportivos2018-04-30

El renombre del jugador de fútbol neutraliza las similitudes gráficas y fonéticas entre su marca y la marca «MASSI» de una sociedad española

En agosto de 2011, el jugador de fútbol Lionel Andrés Messi Cuccittini solicitó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) el registro de la marca de la Unión que se reproduce seguidamente para prendas de vestir, calzado y artículos de gimnasia y deporte:

En noviembre de 2011 el Sr. Jaime Masferrer Coma formuló oposición al registro de la marca del Sr. Messi, invocando la existencia de riesgo de confusión con las marcas denominativas de la Unión «MASSI», registradas, entre otros productos, para prendas de vestir, calzado, cascos para ciclistas, trajes de protección y guantes (los derechos sobre estas marcas fueron transferidos en mayo de 2012 a la sociedad J.M.-E.V. e hijos). [1] En 2013 la EUIPO estimó la oposición. El Sr. Messi interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución dictada. En abril de 2014 la EUIPO desestimó el recurso, por considerar, esencialmente, que existía riesgo de confusión entre las marcas. Concluyó que las marcas en cuestión son similares porque sus elementos dominantes, constituidos por los términos «MASSI» y «MESSI», son prácticamente idénticos en los planos gráfico y fonético, de modo que una eventual diferencia conceptual solo sería percibida, en su caso, por una parte del público pertinente.

El Sr. Messi no consideró satisfactoria la resolución de la EUIPO, por lo que solicitó su anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea. [2]

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal General anula la resolución de la EUIPO.

Para empezar, el Tribunal General señala que los signos que componen las marcas en conflicto presentan una similitud media en el plano gráfico, debido a que el elemento dominante de la marca del Sr. Messi es extremadamente similar al elemento denominativo presente en la marca MASSI. A continuación, el Tribunal General confirma la conclusión de la EUIPO de que los signos en conflicto son muy similares a nivel fonético. En cambio, el Tribunal General considera que la

[1]La iaoiead sarte eurrnteen oto uno dearsane l ribunl Geneal(antoT-2/17

[2]El uadorde fúbolbrailñoNear tabin esparteen n anto e rsate teórganojuriioal(uo T-795/17).

EUIPO incurrió en error al comparar los signos en el plano conceptual. El Tribunal General estima que es erróneo considerar que el Sr. Messi  únicamente goza de renombre entre el  público interesado en el fútbol y en el deporte en general. Observa que este jugador de fútbol es una personalidad pública muy conocida, a la que a menudo puede verse en la televisión y de la que habitualmente se habla en la televisión y en la radio. Señala que la EUIPO debería haber examinado si una parte significativa del público pertinente no podría establecer una asociación conceptual entre el término «messi» y el apellido del célebre jugador de fútbol. Por último, el Tribunal General indica que se ha de tener en cuenta que los productos designados por las marcas en conflicto entre los que podría existir riesgo de confusión, aun cuando no se limiten al ámbito del fútbol, son, concretamente, artículos y prendas de vestir deportivos. Por ello parece poco probable que el consumidor medio de estos productos no asocie directamente, en la gran mayoría de los casos, el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol. Añade que, si bien es posible que algunos consumidores nunca hayan oído hablar del Sr. Messi o no recuerden haberlo hecho, no se tratará del típico consumidor medio que compra artículos o prendas de vestir deportivos.

El Tribunal General concluye que, aun cuando los signos en conflicto sean globalmente similares, las diferencias conceptuales existentes entre ellos son tales que neutralizan las similitudes gráficas y fonéticas señaladas. En efecto, el Tribunal General considera que una parte significativa del público pertinente asociará el término «messi» al apellido del célebre jugador de fútbol y, en consecuencia, percibirá el término «massi» como un término conceptualmente diferente. Estima que el grado de similitud entre las marcas no es lo suficientemente elevado como para poder considerar que el público pertinente pueda creer que los productos en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por lo tanto, declara que la EUIPO concluyó erróneamente que el uso de la marca «MESSI» para prendas de vestir, artículos de gimnasia o de deporte y aparatos e instrumentos de protección podía crear en el consumidor un riesgo de confusión con la marca «MASSI».

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Condenan a un banco por “mala fe” al incluir cláusulas no pactadas en un préstamo2018-04-30

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Banco Bilbao Vizcaya a devolver a un cliente isleño los 4.768 euros que la firma le había cobrado “de más” durante la vida del préstamo hipotecario que el particular suscribió en 2003.

El órgano judicial declara “indebida” la aplicación al préstamo de un límite a la baja del 3,50% del interés en el préstamo y no sólo exige la devolución de las sumas cobradas de forma indebida, sino que condena en costas al BBV “con expresa declaración de temeridad y mala fe”. Esta condena implica que el Banco debe abonar los honorarios del abogado del cliente que planteó la demanda.

A pesar de que en el transcurso del pleito, el BBV se allanó a la demanda, -discrepando únicamente sobre las cantidad que le reclamaba la parte actora- el magistrado Juan Avello comienza la fundamentación de su fallo señalando “la gravedad” de la actuación por parte de la demanda: “No se trata de un supuesto dudoso en el que debe analizarse la doble transparencia de la denominada cláusula suelo, sino de un grave incumplimiento contractual”, sentencia: “Se aplica una cláusula que no estaba pactadas, y ello con grave perjuicio del consumidor”.

El juez entiende que procede la condena en costas por temeridad y mala fe a la entidad crediticia “no sólo por su actuación procesal, sino preprocesal, obligando a la parte actora a acudir a los tribunales, con el lógico quebranto” para ésta, y subraya que su proceder supuso “un ataque frontal a los valores éticos de honradez y lealtad”.

El Tribunal Supremo plantea cuestión inconstitucionalidad contra el libre acceso de las radios a las retransmisiones de fútbol2018-04-30

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha planteado cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 19.4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual que permite a las radios el libre acceso a los estadios para retransmitir en directo los partidos de fútbol y resto de acontecimientos deportivos por su posible contradicción con el derecho de propiedad (artículo 33 de la Constitución) y la libertad de empresa (artículo 38).

El alto tribunal accede así a una petición de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LFP), que defendió que el artículo cuestionado “elimina y suprime el contenido esencial del derecho de propiedad y de libre empresa ocasionando la correspondiente pérdida integral de la utilidad económica de los derechos de retransmisión radiofónica y, por lo tanto, su posibilidad de comercialización”.

El planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad se ha adoptado en el marco de un recurso de la LFP contra una sentencia de la Audiencia Nacional, ante quien dicho organismo había reclamado contra el acuerdo del Consejo de la Comisión del Mercado de las Comunicaciones que fijó en 85 euros por estadio, partido y operador, la cuantía de la compensación económica a abonar por las radios a los clubs. La Audiencia Nacional rechazó plantear cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 19.4 de la Ley, donde se establece que debe fijarse una compensación económica, pero elevó esta última a 100 euros.

El TS alberga dudas

Ahora, el Supremo expone que alberga dudas sobre la constitucionalidad del artículo 19.4 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, al entender que puede ser contraria al derecho de propiedad y eventualmente a la libertad de empresa, en su vertiente referida a la libertad de contratación, “pues al disponer el libre acceso de los operadores de radio a los estadios ‘para retransmitir en directo los acontecimientos deportivos que tengan lugar en los mismos’, limitando la compensación económica que pueden percibir los titulares de los derechos de retransmisión a los costes generados por el ejercicio de tal derecho y por el uso de las cabinas instaladas al efecto, está excluyendo la posibilidad de que la Liga de Futbol Profesional y/o los clubs que la integran puedan comercializar y explotar los derechos de retransmisión en directo y en exclusiva de los acontecimientos deportivos en cuestión”.

Agrega la Sala que “la previsión legal que permite a las emisoras de radio el libre acceso a los estadios para retransmitir en directo y de forma gratuita e íntegra el evento, priva a los organizadores, titulares de los derechos de explotación, de una parte esencial de su aprovechamiento económico y, por ende del contenido patrimonial de este derecho y de su posibilidad de contratar los derechos de retransmisión en favor de una o varias emisoras. Sin embargo, las empresas radiofónicas obtienen ingresos por publicidad, captando a un mayor número de oyentes, en los programas de entretenimiento sustentados en las retransmisiones de dichos acontecimientos deportivos”.

La explotación de las retransmisiones de televisión sí está reconocida

Los magistrados resaltan además que los clubes de fútbol y los organizadores de eventos deportivos tienen reconocido en la actualidad el derecho a la explotación económica de la retransmisión televisiva de los partidos de fútbol, y el tribunal no aprecia, desde una perspectiva patrimonial y jurídica, diferencias sustanciales entre la explotación comercial de las retransmisiones televisivas y de las radiofónicas.

En ese sentido, indica que el hecho de que en el pasado no se hayan comercializado los derechos de retransmisión radiofónica no constituye un argumento que excluya la disponibilidad de los derechos de comercialización en la actualidad, pues los usos sociales y jurídicos han cambiado. Así, recuerda que la explotación de los derechos de retransmisión radiofónica no solo se comercializan en la actualidad en diversos acontecimientos deportivos internacionales, como las olimpiadas, sino también en las competiciones internacionales organizadas por FIFA y UEFA y en diferentes países de la Unión Europea, como Alemania, Reino Unido e Italia.

El TS, en un auto del que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba, tiene “dudas que una previsión legal como la cuestionada sea necesaria, adecuada y proporcional cuando se confronta el derecho a comunicar información con los derechos de propiedad y libertad de empresa de los organizadores de los eventos deportivos en su vertiente referida a la libre contratación”.

Indican que el acceso y difusión de la información relativa al evento deportivo puede satisfacerse poniendo a disposición del público un conocimiento mínimo de la acaecido en él, o, en general, adoptando otro tipo de medidas que permitan compatibilizar el derecho de información con la explotación de los derechos de retransmisión que ostentan sus titulares. “De hecho, en el ámbito de las retransmisiones televisivas se compatibiliza la comercialización en exclusiva con el derecho de información de los restantes operadores, permitiéndoles la emisión de un breve resumen informativo que podrá utilizarse únicamente para programas de información general, sin que por ello se haya considerado lesionado el derecho de información”, dice el tribunal.

Voto particular

El auto del Supremo que plantea cuestión de inconstitucionalidad cuenta con el voto particular de un magistrado, José Manuel Bandrés, que destaca que “la difusión radiofónica de los acontecimientos deportivos, y, singularmente, del fútbol, tiene una clara función educativa, pues pone en valor la idea de que cabe conciliar la pertenencia a un determinado club y la defensa incondicional de sus colores distintivos, con el respeto a las reglas de juego, entre las que se incluye de forma preeminente el «fair play» o juego limpio”.

En ese contexto, este juez estima que la obligación que se impone a los propietarios de los estadios o recintos deportivos de garantizar el ejercicio del derecho de información en este concreto ámbito de las emisiones audiovisuales radiofónicas, “no se revela arbitraria ni desproporcionada, al estar justificada por razones imperiosas de interés social, pues persigue el objetivo legítimo de salvaguardar bienes e intereses públicos garantizados por la Constitución, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al ocio y el fomento de la educación física y el deporte (artículos 27 y 43 de la Constitución)”.

La Mutualidad cierra 2017 con un crecimiento del ahorro gestionado del 11,50% y una rentabilidad neta del 5,17%2018-04-27

CGAE

El presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernandez-Lomana, acompañado por el Director General de la institución, Rafael Navas Lanchas, el Secretario de la Junta de Gobierno, Antonio Albanés Membrillo y el Vocal adjunto al presidente para relaciones Institucionales, Joaquín García-Romanillos Valverde, han presentado los resultados de la Memoria de actividades y el Balance de gestión del pasado ejercicio 2017, así como el presupuesto para 2018.

La Mutualidad de la Abogacía  ha cerrado sus cuentas del ejercicio 2017 con un superávit de 22,7  millones de euros. El  volumen de las aportaciones ingresadas se ha elevado hasta alcanzar los 624,7 millones  de euros, frente a los 598,4 millones del año 2016.

Este excedente se va a acumular íntegramente a reservas, reforzando de este  modo los fondos de solvencia. Los fondos propios alcanzarán, con esta aportación adicional, los 319,6 millones, un 7,62% más que el año anterior.

Hay que destacar que la rentabilidad neta de las inversiones se ha situado en el 5,17% sobre los activos invertidos, lo que permite retribuir a los mutualistas con el 4,65% (90% de la rentabilidad obtenida).

También ha crecido el número de mutualistas que ha alcanzado los 196.326 al final del ejercicio.

Estas dos magnitudes, el número de mutualistas y el aumento del nivel de cobertura de ahorro, junto con la rentabilidad asignada han elevado en un 11,50% el ahorro gestionado, que ha llegado a los 6.624 millones de euros.

Por otra parte, el ratio de los gastos de gestión sobre el ahorro gestionado  se ha situado en el 0,20%, reduciéndose con respecto del año anterior que fue del 0,22%, y frente al 1,5% del sector asegurador y de los fondos de pensiones. Este logro es  consecuencia de la especialización de la Mutualidad por trabajar directamente con los mutualistas y gracias a una gestión marcada por un estricto criterio de austeridad.

Desglose de las inversiones

Al cierre de 2017, el valor contable de las inversiones ascendía a 7.665  millones de euros, con un aumento del 9,92% frente al año anterior. De ellos, 567 millones corresponden a inversiones inmobiliarias, y los restantes 7.098 millones a inversiones financieras y tesorería.

Dentro del conjunto de la cartera, un 72,58%, (5.564 millones de euros), está invertido en bonos de renta fija, con una elevada rentabilidad media, superior al 5%; un 7,40%, (567 millones de euros), son inmuebles; el 5,85 está invertido en renta variable (acciones y fondos por importe de 448,1 millones de euros); y, finalmente, un 14,16% (1.085,9 millones de euros) corresponde a otros activos financieros y tesorería.

Ratio de Solvencia

La Mutualidad  continuó en 2017 situada por encima del ratio medio de solvencia del sector de seguros de vida y  supera en 2,23 veces los requisitos mínimos de Solvencia II exigidos por la normativa aseguradora.

PRESUPUESTO 2018

Para el presente ejercicio, la Mutualidad se propone conseguir una serie de mejoras en torno a tres cuestiones principales: las aportaciones de los mutualistas, el volumen de ahorro y la rentabilidad.

En lo que respecta a las aportaciones, se prevé que el crecimiento sea más moderado que en años anteriores alcanzando un 2%, hasta situarse en los 641,3 millones de euros. Con ello, el volumen del ahorro gestionado llegará a los 7.295 millones, frente a los 6.624 del año pasado, lo que representa un 10,12% más.

La rentabilidad prevista para 2018 se estima en un 4,72%, lo que dejaría la rentabilidad a favor de los mutualistas en el 4,25%.

Asimismo, como consecuencia de nuevos proyectos encaminados a mejorar los procesos y la transparencia de la Entidad, así como la próxima puesta en marcha de un nuevo Plan Estratégico para los próximos 5 años, los gastos comerciales y de administración podrían crecer hasta un 8,65%. No obstante gracias al aumento del ahorro gestionado se mantendrá el mismo ratio de gastos del 0,20% que en el año 2017.

Con estas cifras, el excedente podrá situarse en los 25 millones, con lo que la Mutualidad pasaría a tener unos fondos propios de 321,4 millones.

RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE 2017

De enero a marzo de 2018, el importe de las aportaciones de los mutualistas ha sido de 164,7 millones de euros.

El ahorro gestionado se ha situado en los 6.823 millones al cierre del primer trimestre del año en curso.

El ratio de gastos sobre ahorro gestionado se mantiene en el 0,20%, en consonancia con el cierre del ejercicio pasado.

Finalmente hay que destacar que la rentabilidad anualizada estimada al cierre del ejercicio se sitúa en el 3,65%, con el objetivo final del 4,72% presupuestada y que permitirá otorgar a los mutualistas el 4,25%.

El Supremo fija criterio sobre los márgenes de error de los radares de tráfico2018-04-27

CGPJ

La Sala de lo Penal ha establecido que los radares móviles de tráfico que realizan la medición de la velocidad desde una ubicación fija, en trípodes o en coches parados, tienen un margen de error del 5% y no del 7%, por lo que atribuye a este tipo de dispositivos el mismo porcentaje que a los fijos. Con este criterio, el tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un conductor, que fue grabado por un radar cuando conducía a 214 km/h por la AP-68 (sentido Zaragoza), contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que le impuso el pago de una multa de 1080 euros y la prohibición de conducir durante un año y un día por un delito contra la seguridad vial.

La Sala se plantea si un radar cuando se coloca sobre un trípode o en un vehículo parado es un instrumento fijo o móvil a los efectos de determinar el índice de error del 5% o del 7%, ya que considera que las órdenes ministeriales que regulan estos dispositivos –fijos y móviles (estáticos o en movimiento)- no aclaran esta cuestión.  En el caso planteado en este recurso de casación -señalan los magistrados- dicho porcentaje es relevante, pues, en función del margen de error que se aplique, el conductor puede ser absuelto o condenado. De hecho, el juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona le absolvió al considerar que el aparato de medición era móvil, por lo que después de aplicar un margen de error del 7% concluyó que la velocidad a la que circulaba el conductor podía ser de 199 km/h, y no superaba en 80 km/h la velocidad máxima permitida en esa vía, luego no era delito. Por su parte, la Audiencia Provincial de Navarra entendió que el sistema de medición era estático, con un margen de error del 5%, por lo que la velocidad a la que circulaba era como mínimo de 203 km/h. Al superar el margen legal, revocó la absolución y condenó a este conductor como autor de un delito contra la seguridad vial.

La conclusión a la que llegan los magistrados de la Sala de lo Penal es que “si el aparato de medición, cinemómetro, es empleado desde una ubicación fija, esto es sin movimiento, ya sea fijo o estático, el margen de error es del 5%”, y afirman, además, que esa catalogación es “lógica” porque “la medición de la velocidad, desde un radar fijo, o desde una instalación sin movimiento, supone un menor margen de error que la medición realizada desde un dispositivo en movimiento”.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, afirma que las órdenes ministeriales distinguen entre instrumentos de medición fijos o móviles, a los que asigna un distinto margen de error en sus mediciones, derivadas de su distinta ubicación y función. Los fijos son los instalados en elementos inmuebles –arco, edificio, poste o pórtico de carretera- con carácter permanente, y los móviles son los trasladados de un lugar a otro. Dentro de este último grupo, por su movilidad –explica el tribunal- se distingue entre móviles en sentido estricto, dispuestos para la medición en movimiento, y aquellos otros que, además de la movilidad, por poder ser trasladados, desarrollan su función de medición en situación de parados. “Estos últimos son denominados estáticos a los que se atribuye el margen de error de los fijos”, concluye la Sala en su sentencia.

El Ministerio aborda con los sindicatos las reivindicaciones de los funcionarios de la Administración de Justicia2018-04-27

El secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Dorado, ha mantenido una reunión con los representantes de las organizaciones sindicales, con los que ha analizado las reivindicaciones del personal de la Administración de Justicia correspondiente al ámbito territorial gestionado por el propio Ministerio.

​Las principales demandas planteadas por los sindicatos afectan a diversas cuestiones retributivas entre las que figura el incremento del complemento específico, el reconocimiento de incentivos para ámbitos específicos como los juzgados de violencia sobre la mujer o el complemento de productividad, para procurar la equiparación salarial con el personal de las comunidades autónomas que tienen transferida la Justicia.

Durante la reunión se han analizado otras cuestiones como la necesidad de llegar a un acuerdo en materia de sustituciones profesionales para lo que la Administración ha ofrecido la creación de un grupo de trabajo. Asimismo, los sindicatos han instado a la elaboración de planes de formación para el personal de la Administración de Justicia que contemplen especialmente la formación en nuevas tecnologías y en violencia de género, avanzar en igualdad y conciliación y la recuperación de los días de permiso a través de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Justicia se ha comprometido a estudiar el conjunto de cuestiones planteadas por los sindicatos teniendo en cuenta la viabilidad de cada una de ellas y dentro de las posibilidades que ofrezca el marco legal para su desarrollo. Igualmente se analizará el grado de cumplimiento de los anteriores acuerdos suscritos con las organizaciones sindicales. A tal fin, y con objeto de avanzar en los temas planteados, la Administración remitirá a los representantes de los sindicatos el calendario de negociación para las materias a tratar. Ambas partes han acordado volverse a reunir en un plazo aproximado de dos semanas.

Además del secretario general de la Administración de Justicia, por parte de la Administración ha asistido a este encuentro el director general de Función Pública, Javier Pérez Medina, quien se ha referido al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos de la Administración General del Estado el pasado 9 de marzo y a la aplicación que haya de tener en el ámbito de Justicia.

En representación de los sindicatos han estado presentes Francisco Lama y Javier Jordán de Urríes por CSIF; Emilia Rubio y Alberto Arroyo por STAJ; Luis Calero y Flora Martínez por CC.OO. y María Victoria Carrero y Carlos García por UGT.

Hewlett Packard puede registrar las letras HP como marca de la Unión2018-04-26

En 1996 y 2009, la sociedad americana HP Hewlett Packard Group consiguió que la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) registrara como marcas de la Unión, respectivamente, el signo denominativo HP y el signo figurativo reproducido a continuación para distintos productos y servicios (entre otros, cartuchos e impresoras):

 

 

En 2015, la sociedad polaca Senetic solicitó la anulación de dichos registros alegando, en particular, que las marcas controvertidas eran descriptivas y carecían de carácter distintivo. La EUIPO desestimó los recursos de nulidad de Senetic, quien acudió entonces al Tribunal General de la Unión Europea para que anulara las resoluciones de la EUIPO.

Mediante sus sentencias de hoy, el Tribunal General desestima los recursos de Senetic y confirma de ese modo que Hewlett Packard puede registrar el signo denominativo HP y el signo figurativo antes reproducido como marcas de la Unión.
Por lo que respecta a la alegación de que las marcas impugnadas ―compuestas por dos letras (H y P)― son meramente descriptivas como consecuencia de que se suelen emplear signos de dos letras para describir a los productos y servicios tecnológicos controvertidos, el Tribunal General declara que no cabe afirmar en general que una marca es descriptiva simplemente porque consista en una o dos letras. El Tribunal General considera además que los documentos justificativos aportados por Senetic no permiten establecer una relación suficientemente directa y concreta entre el signo HP y los servicios y productos controvertidos.

En cuanto a que las marcas impugnadas estén compuestas por elementos totalmente carentes de carácter distintivo, el Tribunal General declara que no suele emplearse la combinación de las dos letras que constituyen las marcas impugnadas, y que dicha combinación tampoco se percibe simplemente como una indicación carente de carácter distintivo, máxime cuando el público pertinente puede entender el signo HP como una referencia a los nombres Hewlett y Packard, apellidos de los fundadores de la empresa.

Por último, el Tribunal General señala que Senetic no ha aportado pruebas que demuestren que Hewlett Packard tuvo conocimiento de la existencia de la comercialización por Senetic o por otros terceros de algunos de los productos y servicios en cuestión con un signo similar o idéntico. De los documentos presentados ante el Tribunal General también resulta que Senetic no ha demostrado que, cuando se presentó la solicitud de registro de las marcas impugnadas, un tercero utilizase realmente signos idénticos o similares para comercializar sus productos o servicios. Además, Senetic tampoco ha precisado de qué tercero, de qué signo y de qué productos o servicios se trataba.

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

El Tribunal General de la UE declara que una misma persona no puede ocupar a la vez el puesto de presidente del consejo de administración y de «directivo efectivo» en las entidades de crédito sometidas a supervisión prudencial2018-04-26

El concepto de «directivo efectivo» se refiere a los miembros de la alta dirección, función que no puede acumularse a una función no ejecutiva de supervisión

Crédit agricole es un grupo bancario francés descentralizado que dispone, entre otras, de caisses régionales de crédit agricole mutuel (cajas regionales de crédito agrícola mutuo). Cuatro de esas cajas regionales quisieron nombrar a una misma persona para los puestos de presidente del consejo de administración y de «directivo efectivo». El Banco Central Europeo (BCE), encargado de la supervisión prudencial de Crédit agricole, aprobó la designación de las personas en cuestión como presidentes del consejo de administración, pero se opuso a que ejercieran simultáneamente la función de «directivo efectivo».

En efecto, el BCE consideró que las funciones que permitían a una persona obtener la aprobación como «directivo efectivo» en el sentido del Derecho francés y del Derecho de la Unión [1] eran funciones ejecutivas (como las de consejero delegado), diferentes de las confiadas al presidente del consejo de administración. Según el BCE, debe existir en principio una separación entre el ejercicio de las funciones ejecutivas y no ejecutivas en el seno de un órgano de dirección.

Las cuatro cajas regionales recurrieron ante el Tribunal General de la Unión Europea solicitando la anulación de las decisiones del BCE. En esencia, alegan que el BCE no había interpretado correctamente el concepto de «directivo efectivo», al limitarlo a los miembros de la dirección que disponen de funciones ejecutivas.

Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal General desestima los recursos de las cuatro cajas regionales y confirma la postura adoptada por el BCE.

El Tribunal General analiza el concepto de «directivo efectivo» de una entidad de crédito a la luz del artículo 13 de la Directiva 2013/36/UE. Sobre la base de una interpretación literal, histórica, teleológica y contextual, concluye que dicho concepto se refiere a los miembros del órgano de dirección que forman parte de la alta dirección de la entidad de crédito. En particular, el Tribunal General recuerda el objetivo perseguido por el legislador de la Unión en materia de buen gobierno de las entidades de crédito. Este objetivo precisa de la búsqueda de una supervisión eficaz de la alta dirección por parte de los miembros no ejecutivos del órgano de dirección, lo que implica un equilibrio de las facultades en el seno del órgano de administración. Ahora bien, la eficacia de esa supervisión quedaría menoscabada si el presidente del órgano de dirección en su función de supervisión, pese a no desempeñar formalmente la función de consejero delegado, se encargara simultáneamente de la dirección efectiva de la actividad de la entidad de crédito.


[1] Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO 2013, L 176, p. 338).

El Tribunal General considera que, puesto que el BCE interpretó correctamente el concepto de «directivo efectivo», también aplicó correctamente el artículo 88 de la Directiva 2013/36/UE, que establece que el presidente del órgano de dirección en su función de supervisión de una entidad de crédito (como el presidente del consejo de administración) no debe poder ejercer simultáneamente las funciones de consejero delegado de la misma entidad, salvo que las autoridades competentes lo autoricen expresamente.

Por último, el Tribunal General señala que el BCE también aplicó correctamente las disposiciones del Código monetario y financiero francés que transponen la Directiva 2013/36/UE, conforme a la interpretación de éstas realizada por el Consejo de Estado francés.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo establece los criterios para notificar vía LexNET a los abogados que fijen domicilio a efectos de notificaciones2018-04-26
El tribunal estima el incidente de nulidad de actuaciones planteado por una abogada a lo que se notificó directamente vía LexNET

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Cuarta, de lo Social, del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que marca criterios para realizar las notificaciones vía LexNET a los abogados que fijen un domicilio a efectos de notificaciones de acuerdo al artículo 221.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. La Sala estima el incidente de nulidad de actuaciones planteado por una abogada que designó a efectos de notificaciones el domicilio de una procuradora en Madrid, pero sin embargo el tribunal le notificó directamente a ella vía LexNET.

El Supremo determina a quién debe notificarse desde el Tribunal cuando el letrado ha designado un procurador a efectos de notificaciones al amparo del art. 221.1 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y no consta en autos poder alguno, ni notarial ni apud acta, respecto de dicho procurador. Al mismo tiempo, el TS tiene en cuenta que el uso de LexNET para todos los profesionales de la justicia (abogados y procuradores entre ellos) y órganos y oficinas judiciales y fiscales, de acuerdo con la Disposición Final duodécima de la Ley 42/2015, devino obligatoria a partir del 1 de enero de 2016, respecto de los procedimientos que se iniciaran a partir de esa fecha.

El auto expone que, aunque se considerase el artículo 221.1 al menos en parte derogado tácitamente, sigue generando en el profesional la creencia y confianza legítima de que tiene la posibilidad -más bien obligación- de designar un domicilio en Madrid a efectos de notificaciones, por lo que, en tanto dicho artículo no se suprima formalmente, el Supremo estima que:

1) En el caso hipotético de designar el domicilio de un particular, no es válida tal designación: en este supuesto el Tribunal debería comunicar al letrado tal imposibilidad y seguir notificándole a él vía LexNET.

2) Pero si designa a efectos de notificaciones el despacho de otro letrado o el de un procurador, las notificaciones LexNET efectuadas sólo podrían considerarse válidas de haberse efectuado por el Tribunal en el despacho designado y no en otro distinto, mientras, claro está, no conste en la Secretaría del Tribunal la negativa del otro profesional a asumir tales notificaciones.

“Y ello por cuanto el juego combinado del art. 221.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y la normativa LexNET exige interpretar que cuando nuestra ley procesal se refiere a la designación de un domicilio a efecto de notificaciones en Madrid, está hoy en realidad aludiendo a la posibilidad de designación de otro buzón virtual LexNET (de otro letrado o un procurador), sin que deba olvidarse, por otro lado, que las sustituciones y autorizaciones de unos a otros los profesionales de la justicia están contempladas también en el RD 1065/15 en su art. 19 (…) por más que se trate de decisiones de sustitución entre ellos y sin reflejo en el procedimiento -esto es, que no imponen cambio de buzón LexNET-, que en nuestro caso vendrían autorizadas por la previsión legal tantas veces citada”, añade el auto.

El Tribunal General de la Unión Europea confirma la decisión de la Comisión de no presentar una propuesta legislativa en el marco de la iniciativa ciudadana europea «Uno de nosotros»2018-04-25

La sentencia declara que la Comisión motivó suficientemente su decisión y que no incurrió en error manifiesto al apreciar la situación jurídica

Según el Tratado UE, un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión, procedentes como mínimo de un cuarto de los Estados miembros, puede tomar la iniciativa de invitar a la Comisión a que, en el ámbito de sus atribuciones, proponga al legislador de la Unión adoptar un acto jurídico para los fines de la aplicación de los Tratados («iniciativa ciudadana europea»). Para poder empezar a recoger el número de firmas de apoyo requerido, los organizadores de la iniciativa ciudadana europea deben registrarla ante la Comisión, que examinará, en particular, su objeto y sus objetivos.

En 2012, la Comisión registró la propuesta de iniciativa ciudadana europea denominada «Uno de nosotros». El objetivo de esta iniciativa es prohibir y poner fin a la financiación por parte de la Unión de actividades que suponen la destrucción de embriones humanos (en particular, en los ámbitos de investigación, ayuda al desarrollo y salud pública), incluida la financiación directa o indirecta del aborto. Una vez registrada, la iniciativa reunió el millón de firmas requerido antes de ser presentada oficialmente a la Comisión a principios de 2014. El 28 de mayo de 2014, la Comisión adoptó una comunicación en la que expresó su decisión de no adoptar ninguna medida.

Los organizadores de la iniciativa no consideraron satisfactoria la comunicación de la Comisión y solicitaron su anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea.

En su sentencia de hoy, el Tribunal General considera, para empezar, que los organizadores de la iniciativa ―a diferencia de la entidad denominada «European Citizens’ Initiative One of Us», que no está dotada de personalidad jurídica― pueden, como personas físicas, interponer un recurso contra la comunicación de la Comisión de 28 de mayo de 2014, debido a que dicha comunicación produce efectos jurídicos obligatorios que pueden afectar a sus intereses, al modificar de forma caracterizada su situación jurídica.

En cuanto al fondo, el Tribunal General recuerda que los Tratados han conferido a la Comisión el cuasimonopolio de la iniciativa legislativa. Según el Tribunal General, el ejercicio del derecho de iniciativa ciudadana europea no implica que la Comisión esté obligada a presentar una propuesta de acto jurídico. Una interpretación en sentido contrario llevaría a privar a la Comisión de cualquier margen de apreciación en el ejercicio de su facultad de iniciativa legislativa cuando se presentara una iniciativa ciudadana europea.

Por otra parte, el Tribunal General considera que la comunicación de la Comisión está suficientemente motivada. En particular, la Comisión señaló que, dado que el gasto de la Unión debe ser conforme a los Tratados de la Unión y a la Carta de los Derechos Fundamentales, el Derecho de la Unión asegura que todos los gastos de la Unión, incluidos los realizados en los ámbitos de investigación, cooperación al desarrollo y salud pública, respeten la dignidad humana, el derecho a la vida y el derecho a la integridad de la persona. La Comisión explicó, además, que la actual legislación de la Unión ya responde a una serie de importantes solicitudes de los organizadores de la iniciativa, como la de que la Unión no financie la destrucción de embriones humanos y la de que establezca controles adecuados. En último lugar, la Comisión adujo que la ayuda que el sector sanitario de los países en desarrollo recibe de la Unión contribuye de forma sustancial a reducir el número de abortos a través del acceso a unos servicios seguros y de calidad, y que la prohibición de la financiación del aborto en los países en desarrollo limitaría la capacidad de la Unión para alcanzar los fines establecidos en materia de cooperación al desarrollo, en particular los relativos a la salud materna.

Por último, el Tribunal General señala que la Comisión no incurrió en error manifiesto de apreciación. Estima que el enfoque de la Comisión no adolece de tal error, puesto que no sólo tuvo en cuenta el derecho a la vida y a la dignidad humana de los embriones humanos, sino también las necesidades de la investigación con células estaminales, que puede servir para el tratamiento de enfermedades actualmente incurables o potencialmente mortales, como la enfermedad de Parkinson, la diabetes, la apoplejía, las cardiopatías y la ceguera. El Tribunal General considera, asimismo, que la Comisión demostró que hay una relación entre los abortos de riesgo y la mortalidad materna, lo que la llevó a concluir, sin cometer un error manifiesto de apreciación, que la prohibición de financiación del aborto limitaría la capacidad de la Unión para conseguir el objetivo de reducir la mortalidad materna.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

La agravante por asesinar a la madre ‘en presencia’ de hijos no requiere que estén delante, según el TS2018-04-25

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha establecido que la agravante prevista para las agresiones de violencia de género consistente en actuar “en presencia de menores” no puede restringirse a “las percepciones visuales directas, sino que ha de extenderse a las percepciones sensoriales de otra índole que posibiliten tener conciencia de que se está ejecutando una conducta agresiva de hecho o de palabra propia de una escena de violencia”, ya que “en tales supuestos es patente que el menor resulta directamente afectado de forma muy negativa en su formación y desarrollo personal, en su maduración psico-social y en su salud física y mental”.

En una sentencia en la que establece el alcance de la agravante prevista en el artículo 153.3 del Código Penal, el Supremo destaca que de no interpretarse así, “el precepto resultaría desactivado en la esencia de su funcionalidad, al quedar desprotegidos numerosos supuestos relevantes de victimización de menores de edad (cuando no tienen acceso al dormitorio de la pareja; o se encuentran atemorizados a la hora de acudir al cuarto donde se ejecuta la acción violenta; o simplemente cuando tienen dificultades de visión; etcétera)”.

“Por consiguiente, la expresión ‘en presencia’ no ha de interpretarse en el sentido de que los menores han de hallarse físicamente delante de las personas que protagonizan la escena violenta, de modo que el menor pueda tener una percepción visual directa de ellas”, resalta la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro.

PLENAMENTE CONSCIENTES

Recuerda la sentencia que en muchos casos los menores no se hallan dentro de la habitación de sus ascendientes o de las personas que realizan las escenas violentas, “pero escuchan y son plenamente conscientes de lo que está sucediendo, percatándose tanto de las expresiones verbales que contienen un componente agresivo o violento, como del ruido que es propio de un golpe o de otra agresión”.

La sentencia confirma la aplicación de la agravante de actuar ‘en presencia de menores’ al delito de lesiones leves cometido por un hombre sobre su esposa, a quien causó contusiones al empujarla contra la cama del dormitorio de uno de sus dos hijos. Éstos no estaban en la habitación donde ocurrió la agresión, pero estaban en la casa y acababan de ver cómo su padre había pellizcado en un brazo a la mujer, esta vez sí en la misma habitación donde estaban ellos.

Para el Supremo, “la presencia de los hijos e hijas en episodios de violencia del padre hacia la madre, supone una experiencia traumática, produciéndose la destrucción de las bases de su seguridad, al quedar los menores a merced de sentimientos de inseguridad, de miedo o permanente preocupación ante la posibilidad de que la experiencia traumática vuelva a repetirse. Todo lo cual se asocia a una ansiedad que puede llegar a ser paralizante y que desde luego afecta muy negativamente al desarrollo de la personalidad del menor, pues aprende e interioriza los estereotipos”, añaden los magistrados.

SITUACIÓN DE CRISPACIÓN O ENFRENTAMIENTO

El TS insiste en que la aplicación de la agravante cabe cuando el menor se percate o aperciba de la situación de crispación o de enfrentamiento familiar “por cualquiera de los medios sensoriales con que pueda cerciorarse de los hechos. Sin que para ello sea preciso que los vea de forma directa por estar delante de los protagonistas de la escena violenta, sino que puede conocerla de forma sustancial a través de su capacidad auditiva y de otros medios sensoriales complementarios que le den perfecta cuenta de lo que está realmente sucediendo”.

En el caso examinado, la Sala explica que se describen tres episodios en la ejecución de los hechos que justifican la aplicación del subtipo agravado. En el primero de ellos, el hombre pellizcó a la mujer cuando estaba en el dormitorio de la pareja en compañía de los menores; el segundo, que fue el más relevante y causó las lesiones a la mujer, fue el empujón que le propinó el acusado a su compañera, arrojándola contra los pies de la cama del dormitorio de uno de sus hijos, sin que éstos estuvieran en la habitación; y el tercero se produjo cuando los menores, ya conscientes de la acción violenta del acusado, acudieron junto a la madre para verificar lo que había pasado.

“Es claro –dice la sentencia– que los menores sólo vieron directamente el primer y tercer episodio. En cuanto al segundo, sólo escucharon el golpe de la caída de la madre a los pies de una cama cuando el padre salió detrás de ella y la empujó, tal como se infiere de la argumentación probatoria sobre las declaraciones prestadas por ambos protagonistas y por la reacción de los menores”.

ACCIÓN AGRESIVA CONTRA LA VÍCTIMA

Agrega que “los menores fueron conscientes desde el primer momento de la agresión del acusado contra la denunciante, para lo cual utilizaron la percepción visual en unos casos y la auditiva en otros. Sin que la conducta del recurrente resulte ajena al subtipo agravado, como la parte pretende, por el hecho de que el segundo episodio y más relevante sólo fuera escuchado desde la habitación de al lado y no visto directamente por los hijos de la pareja. Por lo demás, es patente que el recurrente tenía conocimiento de que los menores se tenían que percatar necesariamente de la acción agresiva que perpetraba contra la víctima”.

Al rechazar el recurso del acusado, el Supremo confirma la condena de 9 meses de prisión y prohibición de aproximarse a la mujer durante 1 año y 9 meses, que primero el Juzgado de lo Penal número 4 de Getafe y luego la Audiencia de Madrid impusieron al hombre. Los hechos ocurrieron el 28 de diciembre de 2015 en el domicilio conyugal en Ciempozuelos (Madrid).

Fomento trabaja en un Anteproyecto de Ley para reforzar la seguridad jurídica en el planeamiento territorial y urbanístico2018-04-25

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado en el Congreso de los Diputados que su departamento está trabajando en un Anteproyecto de Ley para reforzar la seguridad jurídica en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística y sobre cuyo contenido iniciará contactos con los grupos parlamentarios, según ha adelantado en la Comisión de Fomento.

La nueva normativa, cuyo anteproyecto se encuentra ya en una fase avanzada de elaboración, define la naturaleza jurídica de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística como actos administrativos generales, frente a las normas que incorporan dichos instrumentos y que tienen la naturaleza de disposiciones de carácter general. Esta medida evita el fenómeno de la nulidad en cascada y se acompaña con otras medidas de carácter procesal, que introducen algunas modificaciones puntuales para evitar consecuencias anulatorias desproporcionadas.

De la Serna ha recordado que decenas de planes territoriales y urbanísticos han sido anulados por los tribunales en los últimos años, afectando a ciudades prácticamente de todas las Comunidades Autónomas. Frente a la inseguridad jurídica que provoca la anulación de los planes y la imposibilidad de subsanar meros defectos formales e incluso salvar los actos de aplicación generados por los planes que se anulan, algunas comunidades autónomas han aprobado medidas parciales y provisionales con el objetivo de aportar seguridad jurídica pero que no suponen soluciones globales ni satisfactorias para lograr resolver un problema que afecta a todo el país.

La anulación de un plan territorial o urbanístico se declara, en general, sin matices y sin posibilidad de subsanación de las deficiencias que la han determinado. Conlleva, además, la nulidad "en cascada" de su planeamiento de desarrollo e, incluso, de cada uno de sus actos de aplicación, como los instrumentos de gestión y las licencias de obras.

Según ha indicado el ministro, frente a la nulidad absoluta y la imposibilidad de subsanación debería distinguirse entre los supuestos de nulidad y los de anulabilidad, en los que sería posible la convalidación y la retroacción de actuaciones para la subsanación del defecto determinante de la anulación.

Mediante el uso de sus competencias, el Estado puede dar una respuesta completa y no provisional a este problema, para lo cual es necesario, ha agregado De la Serna, una reforma normativa como la que se plantea, que viene demandada por Comunidades Autónomas y magistrados, y que se ha elaborado con dictamen favorable de la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia.

Un juzgado de Bilbao libera a unos padres de pagar un aval por el crédito hipotecario de su hijo2018-04-24
La juez ha considerado que los avalistas no fueron informados por parte de la entidad de manera suficiente sobre las consecuencias que tenía lo que estaban firmando

Autor Comunicación Poder Judicial

El Juzgado de Primera Instancia (Refuerzo) número 11 de Bilbao ha librado a unos padres de abonar el aval hipotecario de su hijo al considerar que el banco fue poco transparente y, consecuentemente, ha decretado, la "nulidad radical" de la cláusula. La juez ha considerado que los avalistas no fueron informados por parte de la entidad de manera suficiente sobre las consecuencias que tenía lo que estaban firmando, por lo que ha entendido que la cláusula que les designaba como avalistas es abusiva y, por tanto, nula.

El caso juzgado en Bilbao era el de un joven con ingresos discretos e inestables que, cuando pidió en diciembre de 2005 una hipoteca, la entidad requirió como garantía del préstamo el aval de sus padres y de sus hermanos. Cuando el hipotecado empezó a tener problemas para pagar, el banco escribió a sus progenitores advirtiéndoles de que podría embargar su vivienda. Ante este aviso, el padre del joven, ante el miedo a perder su propia vivienda, empezó a abonar las cuotas de la hipoteca de su hijo.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Refuerzo de Bilbao ha fallado a favor de esa familia de Barakaldo al entender que el aval era abusivo y que el banco "no explicó bien a los padres y hermanos" lo que éste implicaba.

Ordenan repetir un juicio por agresión sexual en Valencia por excluir sin justificación la declaración de las menores2018-04-24
El tribunal Supremo ordena reponer el procedimiento al momento de admisión de prueba que deberá decidir el tribunal de instancia, con composición de magistrados distintos a los que dictaron la sentencia ahora anulada

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha anulado una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia que condenó a 29 años de cárcel a un hombre por agresión sexual a dos menores, hijas de su entonces compañera sentimental, por no justificar su negativa a que ambas niñas testificaran en el juicio oral, como pidió la defensa, e incumplir el requisito de que su testimonio, prestado en fase anterior al juicio, quedase correctamente grabado, ya que el audio no podía escucharse.

El alto tribunal estima el recurso del acusado y anula tanto la sentencia como la decisión de la Audiencia valenciana de denegar el medio de prueba solicitado por la defensa para que las víctimas declarasen como testigos en el juicio oral. Por ello, ordena reponer el procedimiento al momento de admisión de prueba que deberá decidir el tribunal de instancia, con composición de otros magistrados distintos a los que dictaron la sentencia ahora anulada, que deberá decidir las cautelas a adoptar en el momento de llevar a cabo en el juicio el testimonio de ambas chicas.

La sentencia examina los requisitos que, de acuerdo al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son necesarios para considerar legítima la exclusión de la presencia del menor en la vista del juicio oral, y considerar como medio de prueba válido y suficiente la declaración de los menores antes del juicio en lo que se denomina prueba preconstituida, sin causar indefensión al acusado.

Entre esos requisitos necesarios para introducir en el debate del juicio oral los testimonios de las menores sin que declaren en el juicio, figura que los mismos deben ser grabados, para que el tribunal pueda comprobar que se ha preservado el derecho de la defensa a haber formulado preguntas a la menor bien de forma directa o indirecta a través de un experto.

Trasladada la doctrina al caso concreto, el TS indica que la Audiencia de Valencia “no dedica una sola línea” en su sentencia a justificar el requisito para que las menores no declarasen en el juicio. “A salvo la constatación de la edad de las menores llamadas por la defensa a declarar en juicio oral, nada dice sobre las razones por las que debería haber valorado que esa exploración denegada conllevaría unos efectos perniciosos sobre las víctimas de mayor entidad que los que podría haber supuesto las dos exploraciones previas al juicio oral”, señala el alto tribunal.

El Supremo insiste en que debería haberse reflejado en la sentencia la exteriorización de la argumentación que justificase que concurría el presupuesto excepcional de exclusión de la declaración en juicio oral. “Explicación que era tanto más requerible cuanto que la defensa suscita dudas sobre exquisitez en la cumplimentación que, de excluirse la deposición en juicio oral, deben revestir los actos que preconstituyen esta prueba”, indican los magistrados.

Esas dudas residen en que el Instructor de las diligencias previas al juicio, durante la exploración a las niñas, requirió al letrado de la defensa para que ‘límitase’ las preguntas a formular, limitación que no pudo valorarse si era o no correcta porque ‘no se grabó el sonido’ de las declaraciones de las niñas. Lo que supone el incumplimiento de uno de los requisitos esenciales que autorizarían el traslado de su resultado al juicio oral, una infracción que “se muestra más relevante en la medida que la sentencia de condena se funda de manera prácticamente exclusiva en el testimonio de las menores a las que el Tribunal de instancia no ha podido ver cuando declaraban, ni, por ello, formular preguntas que despejaran las eventuales, sino probables, dudas que el testimonio de aquéllas pudiera suscitar”.

Victoria Ortega, en los Encuentros en Madrid: “Nada del mundo del Derecho es ajeno a la abogacía”2018-04-24
  • La abogacía internacional reivindica la importancia de su participación en los procesos legislativos
  • A los abogados “les atañe ser una fuerza propositiva”, ha afirmado Marie-Aimée Peyron, decana del Colegio de París

El diputado secretario de la Junta de Gobierno, José Ignacio Monedero, ha moderado una mesa redonda de alto nivel integrada por Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Jose de Freitas, primer vicepresidente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE);  Alfonso Pérez-Cuéllar, presidente del Colegio de Abogados de México; y Marie-Aimée Peyron, decana del Colegio de Abogados de París.

El papel de la abogacía institucional en las reformas legislativas ha centrado los debates en el arranque de la segunda jornada de los X Encuentros en Madrid, evento que reúne en el ICAM a representantes de Colegios de Abogados de todo el mundo.

En la presentación del panel, el diputado Monedero ha recordado que el producto de los letrados es la venta de seguridad jurídica a sus clientes, a los que ofrecen asesoramiento legal en cualquier materia, abriendo así la discusión sobre la actividad de lobby legislativo desde las distintas instituciones que representan a la abogacía.

Victoria Ortega ha explicado que las instituciones representativas de la abogacía están legitimadas para intervenir en la elaboración de las normas porque poseen “un conocimiento directo, cotidiano e intenso de las bondades y carencias de la Administración de Justicia”. Para la presidenta de la Abogacía, “nada del mundo del Derecho es ajeno a la abogacía, y de ahí la importancia de una colaboración directa en proyectos normativos”, si bien el instrumento previsto para la participación en la reforma legislativa de algunas regulaciones sociales es la consulta pública, “cuyo resultado es bastante nulo”.

La presidenta de la Abogacía ha apostado por “definir la actuación de los lobbies”.

Freitas situaba esta labor dentro de las funciones principales del CCBE, que como órgano consultivo de la Comisión Europea “se ha convertido en una entidad imprescindible dentro de la confección de propuestas legislativas”. De hecho, según ha explicado el vicepresidente de este órgano, hay varias Directivas que  han sido “redactadas íntegramente por el Consejo” del CCBE.

En esta misma línea, el mexicano Pérez-Cuéllar ha reconocido “que la abogacía organizada a veces se queda fuera de la elaboración de algunas normas”, debiendo analizar en qué casos la intervención de un jurista que se limite al apartado técnico no es suficiente y convendría contar con la perspectiva de un abogado que haya ejercido. “Al final la ley llegará a nuestras manos y tendremos que trabajar con ellas, si no ha habido consulta previa luego llegan las confrontaciones”, declaró.

Desde el Colegio de Abogados de París, Peyron estaba de acuerdo en que a los abogados “les atañe ser una fuerza propositiva”, poniendo uno de los focos de atención en la problemática del terrorismo, bajo cuya amenaza “los gobiernos parecen querer imponer un estado de emergencia permanente, lo que supone un problema de Estado de derecho y libertad al que los letrados deben oponerse”. Para la decana francesa “es inadmisible que se limite el derecho de defensa”, y aunque es competencia de los Colegios velar por que sus colegiados respeten las leyes, “también deben proteger los valores y reglas deontológicas de la abogacía, que son su base”.

Los agentes comerciales tienen derecho a la indemnización y a la reparación del perjuicio establecidas incluso si la terminación del contrato de agencia se produce durante el período de prueba2018-04-23

En 2011, la sociedad DTT celebró con la sociedad CMR un contrato de agencia comercial según el cual CMR debía vender veinticinco viviendas unifamiliares al año por cuenta de DTT. Este contrato establecía un período de prueba de doce meses y cada una de las partes podía resolver el contrato durante este período respetando un plazo de preaviso. Aproximadamente seis meses después de la celebración de dicho contrato, DTT lo resolvió por el motivo de que CMR solo había realizado una venta en cinco meses y de que, por tanto, no se había cumplido el objetivo establecido en el contrato.

CMR pretende obtener de DTT una indemnización compensatoria en reparación del perjuicio resultante de la terminación del contrato de agencia comercial. Según una Directiva de la Unión, [1] tras la terminación del contrato, el agente comercial tiene derecho a una indemnización o a la reparación del perjuicio. Tiene derecho a la reparación del perjuicio que le ocasione la terminación de sus relaciones con el empresario cuando esta terminación 1) prive a este agente (en este caso, CMR) de las comisiones de las que hubiera podido beneficiarse con una ejecución normal del contrato a la vez que le hubiese facilitado al empresario (en este caso, DTT) unos beneficios sustanciales y/o 2) no permita a dicho agente comercial amortizar los gastos que hubiere realizado para la ejecución del contrato aconsejado por el empresario. El agente tiene derecho a una indemnización cuando 1) haya aportado nuevos clientes al empresario o haya desarrollado sensiblemente las operaciones con los clientes existentes y cuando dicha actividad pueda reportar todavía ventajas sustanciales al empresario y 2) cuando el pago de dicha indemnización sea equitativo, habida cuenta de todas las circunstancias, en particular de las comisiones que el agente comercial pierda y que resulten de las operaciones con dichos clientes.

[1] Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1986, relativa a la coordinación de los Derechos de los Estados miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes (DO 1986, L 382, p. 17).

La Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), que conoce del litigio entre CMR y DTT, pregunta al Tribunal de Justicia si el artículo de la Directiva que establece esta indemnización o reparación se aplica también cuando la terminación del contrato de agencia comercial se produce durante el período de prueba, dado que la Directiva no hace referencia a dicho período.
En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia observa en primer lugar que, dado que la Directiva no regula la estipulación de un período de prueba, ese período está sujeto a la libertad contractual de las partes y, como tal, no está prohibido por la Directiva.

El Tribunal de Justicia señala a continuación que, sobre la base de una interpretación de los términos de la Directiva, los regímenes de indemnización y reparación que esta Directiva establece no pretenden sancionar la extinción del contrato, sino compensar al agente comercial por sus prestaciones anteriores de las que el empresario sigue beneficiándose con posterioridad a la terminación de las relaciones contractuales o por los gastos en que haya incurrido a efectos de dichas prestaciones. Por consiguiente, dicho agente no puede ser privado de la indemnización o de la reparación por el único motivo de que la terminación del contrato de agencia comercial tuvo lugar durante el período de prueba, si se cumplen los requisitos enunciados en la Directiva. De ello se desprende que el derecho a la indemnización y a la reparación del perjuicio ocasionado es aplicable incluso si la terminación de la relación contractual entre el empresario y el agente comercial se produce durante el período de prueba.

El Tribunal de Justicia precisa que esta conclusión está respaldada por la finalidad de la Directiva, que consiste, en particular, en proteger los intereses del agente comercial en sus relaciones con el empresario, y que, a la vista de esta finalidad, no puede admitirse una interpretación de esta Directiva que pueda resultar en perjuicio del agente. En efecto, supeditar la concesión de una indemnización al hecho de que se haya estipulado o no un período de prueba en el contrato de agencia comercial, sin tener en cuenta el rendimiento del agente comercial o los gastos en que haya incurrido, iría en perjuicio del agente comercial, que se vería privado de toda indemnización por el único motivo de que el contrato que le vincula al empresario incluye un período de prueba.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

La Audiencia Nacional investigará a CaixaBank por un posible delito de blanqueo de capitales2018-04-23
El juez Ismael Moreno considera que diez de sus sucursales actuaron presuntamente en el favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de clientes de nacionalidad china investigados

Autor Comunicación Poder Judicial

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado dirigir procedimiento contra CaixaBank S.A. como investigada por un delito de blanqueo de capitales por la actuación de diez de sus sucursales en el presunto favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos de  clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como “Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora”. El juez considera que las sucursales investigadas, directivos y empleados actuaron presuntamente “como canales de blanqueo de dichas organizaciones” aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El juez cita a la entidad el próximo 26 de abril a las 10.30 con objeto de que proceda a la designación de abogado y procurador.

El auto del juez explica que a raíz de la investigación a la entidad  ICBC ( Industrial And Comercial Bank Of China S.A)  por conductas de blanqueo de capitales al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos, el Grupo de delitos Económicos de la Guardia Civil, así como el SEPBLAC detectaron una serie de comportamientos irregulares llevados a cabo por determinadas sucursales de CAIXABANK entre los años 2011 y 2015, para ayudar presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía.

Estas organizaciones generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo, procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y en menor medida contra la Propiedad Industrial y Contrabando  “en cuya bancarización sin riesgos de ser descubiertos, aprovechamiento y ayuda  para transferir sus fondos a China han intervenido entidades bancarias como CaixaBank e ICBC Sucursal España”. 

CaixaBank desatendió  los requerimientos judiciales sobre clientes que siguieron transfiriendo 31.7 millones de euros 

El auto del juez relata cómo entre 2013 y 2015 distintos juzgados de localidades de Madrid y de la Audiencia Nacional que investigaban los casos Emperador y Snake, entre otros, realizaron diversos requerimientos a las sucursales de CaixaBank para averiguar el patrimonio ilícito de los clientes investigados. Las sucursales implicadas “ hicieron caso omiso” al hecho de  tratarse  de clientes requeridos por juzgados y fiscalías, y “auxiliaron a los titulares de cuentas en el aprovechamiento de sus ganancias ilícitas, bancarizando el dinero sin indagar su origen, aceptando cualquier papel o justificación que se les presentaba y facilitando su transferencia en importes pequeños que no debían ser comunicados al Banco de España” Esos requerimientos judiciales, añade el juez, “ fueron desatendidos por CaixaBank que no activó ninguna comunicación o alarma respecto al cliente en cuestión”.

El informe del SEPLBAC destaca que entre los años 2013 y 2015 el número de clientes de CaixaBank  que han sido objeto de requerimiento judicial por delito de blanqueo y que han realizado transferencias por valor de 99.1 millones de euros  a China y Hong Kong son 193 (76 personas físicas y 117 sociedades limitadas). El juez destaca que no se realizaron exámenes especiales tras recibir esos requerimientos, ni tampoco comunicación al SEPBLAC, respecto de 165 de esos 193 clientes, que siguieron operando, transfiriendo 31.7 millones de euros.

En su auto el juez distingue entre la actuación de otras entidades bancarias y CaixaBank.  El magistrado recuerda que, a raíz de la llamada operación SNAKE, la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado número 7 de Parla, solicitaron información a las entidades bancarias sobre las comunicaciones que habían cursado al SEPBLAC por las  operaciones investigadas. 18 bancos reportaron que habían comunicado al SEPBLAC un total de 109 expedientes relacionados con 111 empresas y 42 personas físicas de la organización SNAKE, por movimientos sospechosos de blanqueo. El juez añade que, en el caso de ICBC no hubo ninguna comunicación y en el caso de CaixaBank se localizaron 4 de una de las sucursales investigadas,  cuyo director pese advertir indicios de blanqueo en una de las cuentas, “permitieron a su administrador contratar nuevas cuentas para otra sociedad de su propiedad y cliente de la misma sucursal”.

Un patrón común de actuación

El auto detalla las operaciones investigadas a las 10 sucursales implicadas, situadas en distritos cercanos al Polígono Cobo Calleja de Madrid. El auto analiza toda la información sobre los clientes investigados,  de los que existía carencias  de información y de control sobre su operativa. Los directores implicados  permitieron el uso de testaferros, actividades económicas no justificadas, con repetición de un patrón falsario de ingresos en efectivo  para eludir a Hacienda, fraccionando facturas, con empresas instrumentales y sin controlar a los clientes; Los directivos de esas sucursales, según el juez, permitieron que otras personas distintas a los titulares firmaran operaciones de ingresos o transferencias.

A través de la banca on line los líderes de la organización criminal también operaban, sin necesidad de desplazar a testaferros instrumentales a las entidades bancarias. El juez cifra en 50 sociedades de la trama y 16 personas físicas las que utilizaron la banca electrónica de CaixaBank. Los directores de las sucursales investigadas permitieron a las organizaciones SNAKE, Chequia, Emperador, Juguetes que realizaran ingresos compartiendo IPs, compartiendo beneficiarios comunes. En el caso Emperador, por ejemplo, ordenaron 2.254 transferencias por valor de 41.648.140 euros.

Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros. A veces se producían ingresos de efectivo simultáneos en el mismo día, hora y cantidad entre varias sociedades aparentemente desvinculadas entre sí y realizadas por su administrador de perfil testaferro. Respecto a las transferencias a CHINA y Hong Kong, el  juez considera que los directivos y empleados de las sucursales investigadas “eran conocedores de los saldos diarios que se transferían y que sus importes eran siempre inferiores a 50.000 euros, al objeto de eludir la obligación de declararlas conforme a la normativa del Banco de España y permanecer así los movimientos ocultos para el seguimiento de las operaciones de tráfico de divisas”.

Responsabilidad como persona jurídica

Los hechos relatados en el auto describen, según el juez graves fallos del sistema de control para la prevención del blanqueo de capitales, que se habían puesto de manifiesto desde 2013 y que eran conocidos por todo el personal directivo de la entidad CaixaBank, “y en especial por el que fue su responsable de cumplimiento normativo al tiempo de los hechos”.

Es por ello que Ismael Moreno considera procedente incluir a la entidad como persona jurídica, sin perjuicio de los indicios de responsabilidad descritos en las 10 sucursales investigadas, por hechos ajenos cometidos por sus empleados y directivos, basados en la responsabilidad “in elegendo, in vigilando o in instruendo” de los administradores respecto a los hechos cometidos por sus empleados. Esa responsabilidad es transferida a la persona jurídica, en tanto que CAIXABANK no implementó las medidas necesarias y adecuadas de prevención, pese a conocer los riesgos en los que incurrió su red de sucursales y cajeros automáticos y tener las herramientas necesarias para ello: “se permitió operar, obviando la diligencia debida, a nacionales de países asiáticos sospechosos de estar implicados en investigaciones por blanqueo y fraude. Igualmente no procedió a la necesaria comunicación al órgano de prevención (SEPBLAC) para atajar la presunta práctica delictiva.” Ese incumplimiento de sus obligaciones de diligencia debida, añade el juez, como sujeto obligado a ser la primera frontera de prevención para impedir que las ganancias ilícitas de las organizaciones criminales puedan introducirse en el circuito económico “fue contumaz y no episódico” .

El presidente de la Mutualidad de la Abogacía llama al consenso para encontrar solución a las pensiones2018-04-23
  • “Es un problema de toda la sociedad y no una oportunidad para que los partidos hagan políticas experimentales”
  • Conclusiones de la XV Jornada Financiera de la Mutualidad de la Abogacía celebrada el miércoles 18 de abril en Barcelona

Organizada por la Mutualidad de la Abogacía se celebró el miércoles 18 de abril en CaixaForum Barcelona la XV Jornada Financiera con una doble Ponencia sobre una cuestión del máximo interés como son las pensiones y las jubilaciones del futuro.

Concretamente sobre “Las pensiones y la planificación del ahorro a largo plazo”  a cargo de Enric Fernández, economista jefe de CaixaBank y “Retos y soluciones para la jubilación en el s.XXI”, por José Antonio Herce, profesor de AFI Escuela de Finanzas. En la clausura intervino también Xavier Freixas, catedrático de Economía Financiera de la Universitat Pompeu Fabra.

La jornada estuvo moderada por Lalo Agustina, periodista económico del diario La Vanguardia, quien al finalizar cada una de las ponencias condujo el debate sobre las cuestiones planteadas por ponentes y asistentes.

Ante un numeroso y expectante auditorio, el presidente de la Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana, intervino para inaugurar la jornada y presentar los principales valores de la entidad que confirman su solidez y garantía, avalados por la prudencia en la gestión y la política de inversiones. También avanzó su buena y saneada posición al cierre del ejerció 2017, que la sitúa como la primera mutualidad de previsión social en España y la séptima en el ranking de entidades aseguradoras de vida. El presidente destacó, entre distintos datos de importancia, que al cierre de 2017 el ahorro gestionado era de 6.624 millones de euros, con un valor de mercado de 7.665 millones de euros, dando cobertura a casi 200.000 mutualistas, lo que confirma que “el aumento constante de las incorporaciones de nuevos mutualistas es el mejor síntoma de la confianza que ofrece la Mutualidad”.

Por otra parte, Sanz Lomana dejó constancia de que la Mutualidad de la Abogacía, desde su nacimiento, “ha sabido adaptarse a las exigencias de los mercados y de los clientes”, así lo refleja la nueva identidad corporativa presentada hace tan sólo unas semanas “lo que transmite que somos una entidad moderna, innovadora, transparente y con una notable eficiencia en la gestión”.

De hecho, en este momento, por ejemplo, se ha lanzado un programa para facilitar a los mutualistas, en tiempo real, sus posiciones financieras con las herramientas de simulación necesarias para que puedan conocer tanto su situación actual como su situación en el futuro.

En esa línea, la Mutualidad ha incorporado a los informes trimestrales que envía a los mutualistas el dato de la pensión esperada, “adelantándonos así no sólo al sistema público de pensiones, sino a otros instrumentos de previsión complementaria que hasta ahora omiten esa información”. Para el presidente “es muy relevante ofrecer esta información, con el fin de que puedan conocer por adelantado los retornos previstos que percibirán en el momento en que alcancen la edad de jubilación”. Eso les permitirá adoptar en el presente decisiones que pueden mejorar su futuro, comentó.

El presidente dio paso a los ponentes poniendo sobre la mesa la trascendencia de las pensiones, tema de fondo de la jornada, pues “de cómo se resuelva este problema que nos acecha, dependerá la calidad de vida de millones de personas”, señalando también que el sostenimiento de un estado del bienestar, a medida que la población ha ido envejeciendo y se ha hecho más dependiente, exige más recursos financieros.

Sanz Lomana llamó al consenso de los partidos políticos para encontrar soluciones entre todos ya que es “un problema de toda la sociedad y no una oportunidad para que los partidos hagan políticas experimentales”, concluyo.

A continuación tomó la palabra Enric Fernández, economista jefe de CaixaBank, para el que entre otras medidas que contribuyan a hacer frente al problema de las pensiones será necesario “ligar de forma sistemática la edad estándar de jubilación a la esperanza de vida”, lo que supondrá trabajar más años.

Por otra parte puntualizó que habría que dedicar más recursos al sistema, para ello “hay que promover el ahorro privado para la jubilación a través de seguros y planes de pensiones”. Destacando que “para potenciar esta opción se debe dar información precisa a los ciudadanos sobre la pensión que esperan del sistema público de pensiones”, algo que ya está haciendo la Mutualidad con sus mutualistas. De esta forma se conseguiría ir concienciando a la sociedad sobre la importancia de la toma de decisiones en el presente que le sirva para su futuro.

Por último Fernández planteó la necesidad de “potenciar la fertilidad, así como atraer inmigración que ayude a la sostenibilidad del sistema público; aumentar la tasa de ocupación y fomentar la productividad de las empresas” con la idea de “atraer talento que permita mejorar el crecimiento de la economía española”.

Por su parte, el profesor de AFI Escuela de Finanzas, José Antonio Herce comenzó planteando que el problema de las pensiones no solo afecta a la economía española “si no que en todo el mundo las pensiones tienen problemas de sostenibilidad, suficiencia, cobertura”, sobre todo por un elemento de contexto que agrava de forma especial la situación “como es el incesante aumento de la longevidad”.

En este sentido “el avance de la longevidad complicará las cosas más allá de 2030”, por lo que las reformas pasadas resultan insuficientes y las medidas de las que se habla “no ayudarán a la sostenibilidad ni a la suficiencia”.

Para el profesor Herce, los problemas actuales de las pensiones contributivas, están relacionados con la extensión de su cobertura, es decir “la generosidad de las prestaciones que otorga la base de ingresos, reducida a causa de la crisis y las transformaciones del mercado de trabajo”. Aunque algunos de estos factores se están corrigiendo, y las reformas de 2011 y 2013 han ido ambas en la buena dirección.

Por otra parte, puso sobre la mesa la necesidad de “repensar” a fondo las funciones de un sistema de pensiones para el SXXI, que deberían concretarse en la necesidad urgente de la “reinvención” de la Seguridad Social en una sociedad cada vez más longeva, avanzada tecnológicamente y formada por individuos más responsables de sí mismos.

También añadió que será urgente centrar la mirada en la “gran edad”, hoy y en los años venideros, para la plena inserción de los sistemas complementarios de empleo.

Por último, Herce dejó caer una pregunta que resultó interesante a la hora profundizar en el fondo de las funciones del sistema de pensiones en el SXXI: “¿Pagarán los robots  nuestras pensiones?“, una cuestión que obligará definir “cómo será el trabajo del futuro y no el futuro del trabajo”.

La jornada finalizó con el broche de Xavier Freixas, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Pompeu fabra, para el que “el futuro de las pensiones estará basado en el ahorro de los españoles a largo plazo”, con la necesidad de que se superen planteamientos pasados para conseguir la supervivencia del sistema. Esto supondrá que “las decisiones financieras personales de los ciudadanos van a resultar determinantes” pues “la cultura financiera de la población es insuficiente en este momento” y será necesario un intenso trabajo de concienciación de los ciudadanos sobre las pensiones del futuro, “ya que nada seguirá como hasta ahora”.

Freixas acabó planteando la “necesidad de analizar en profundidad y tener conciencia sobre los errores actuales más habituales producidos por las decisiones financieras de los ciudadanos”, con el fin de poder mejorar las decisiones de los futuros pensionistas.

Primera sentencia condenatoria firme en España por acciones del Banco Popular2018-04-20

El Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo ha dictado sentencia tras escasos cuatro meses de procedimiento contra el Banco Popular en la que ha resultado ser la primera sentencia condenatoria firme en España por este tema. Así, se condena a devolver la cantidad invertida correspondiente a 1.963 acciones a la demandante, que actualmente es ex empleada de la entidad bancaria.

  • La juez considera que la empleada afectada de la entidad no habría adquirido las acciones si llega a conocer el verdadero estado económico del banco
  • La Asociación ACOREO CONSUMIDORES REUNIDOS, que ha llevado el procedimiento, prevé miles de demandas

Manuel Noval Pato, abogado del pleito y que lleva la defensa jurídica de los socios de ACOREO CONSUMIDORES REUNIDOS en Asturias, explica que "Banco Popular publicitaba una imagen económica que no era real, con el objetivo de atraer la inversión. De haberse conocido la difícil situación real en la que se encontraba el banco, y que desembocó, sólo un año después, en su intervención y venta por un euro a otra entidad, no se habrían adquirido las acciones, ni por mi cliente, ni por nadie en su sano juicio".

Los hechos se remontan al 20 de junio de 2016. Por aquel entonces, una empleada del Banco Popular adquirió casi dos mil acciones creyendo que se trataba de una sociedad solvente y que la inversión no presentaría la problemática de otros productos bancarios. Sin embargo, en unos cuantos meses, llegó el desengaño generalizado (con la pérdida de la inversión), que llevó a la accionista a la delicada situación de demandar a su propio banco.

Se trata de la primera sentencia condenatoria firme en España por este tema, ya que este mismo año, en febrero de 2018, un Juzgado de Bilbao desestimó una demanda interpuesta contra el Banco Popular, en la que se reclamaban 5.265 euros por la ampliación de capital de 2016. La sentencia fue un duro golpe para miles de afectados: el juez decía que las acciones eran un "producto sencillo" en el que cualquiera sabe que "se puede ganar o perder", y que no se había acreditado que la información publicitaria del banco tuviera "inexactitudes". Hoy, sin embargo, la situación ha dado un giro radical en favor de los perjudicados por la compra de acciones del Banco Popular. Y esta vez el escenario judicial no ha sido Bilbao, sino Oviedo, donde se ha condenado al Banco Popular, en la primera sentencia firme de España (que no admite recurso alguno). En este sentido, desde la Asociación ACOREO CONSUMIDORES REUNIDOS creen que este fallo sentará un precedente por lo que esperan miles de demandas al respecto.

Según indica Noval, el éxito de este asunto se debe "fundamentalmente, a que aportamos a la demanda un dictamen pericial, que ha sido contrastado laboriosamente por la juzgadora".

Tal y como refleja la juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo en su sentencia: "la imagen de solvencia publicitada y divulgada no se correspondía con la situación económico financiera real, pues, como resulta del informe pericial aportado con la demanda, de haberse reflejado en sus cuentas la realidad respecto a sus activos morosos e inmobiliarios y haber hecho las coberturas y valoraciones correctas, los resultados del período 2009 a 2016 hubieran sido muy distintos, con sustanciales pérdidas".

El Tribunal Supremo señala que la práctica del “test de conveniencia” no exime al banco del cumplimiento de sus deberes de información al cliente2018-04-20
La Sala Primera estima el recurso de cinco clientes minoristas que solicitaban la nulidad de los ‘swaps’ contratados con una entidad bancaria por error en el consentimiento

Autor Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón que, a su vez, había desestimado la demanda en la que cinco empresas, clientes minoristas, solicitaban la nulidad, por error en el consentimiento, de los swaps contratados con el Banco de Santander cuando ya estaba en vigor la normativa MiFID.

La sentencia analiza la cuestión de si el error en el consentimiento queda o no excluido por la práctica del test de conveniencia y la firma de un documento en el que se dice que el cliente ha sido informado de que la operación no es conveniente y, pese a ello, decide formalizarla.

Las cinco empresas demandantes, dedicadas a la construcción y explotación de placas fotovoltaicas, firmaron los swaps controvertidos el mismo día en que se realizaron los test de conveniencia, que tuvieron iguales resultados para todas ellas: escasa antigüedad, limitado volumen de negocios y falta de conocimientos, experiencia y servicios relacionados con instrumentos financieros. En los contratos se incluyó una cláusula según la cual los clientes declaraban que habían sido informados por el banco de que la operación no era «conveniente ni adecuada» para ellos.

La sentencia recurrida no modificó los hechos probados en la primera instancia, de los que resultaba que la celebración de los contratos había sido propuesta por el banco y que este no había cumplido los deberes legales de información sobre las características y riesgos de las operaciones. No obstante, dicha sentencia descartó el error en el consentimiento prestado porque el banco había evaluado la conveniencia del producto para estas sociedades y había hecho a sus representantes legales las advertencias propias del resultado negativo de dicha valoración.

La sentencia del Pleno considera que la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial de la Sala Primera porque prescinde de la importancia crucial de la información previa sobre los concretos riesgos de los swaps para, en cambio, poner el acento en la práctica del test de conveniencia y la firma prácticamente simultánea de un documento estereotipado y predispuesto por el banco que daba por facilitada la información. La Sala tiene en cuenta que el contenido del contrato no pudo suplir la falta de información, que se omitió la práctica del test de idoneidad, aplicable cuando el banco presta un servicio de asesoramiento financiero, como es el caso, y que el test de conveniencia dejó claro que las empresas no tenían experiencia previa ni conocimientos específicos en productos financieros complejos.

En consecuencia, la Sala Primera estima el recurso de casación, casa la sentencia de la Audiencia Provincial y, en funciones de instancia, confirma la sentencia de primera instancia, que había declarado la nulidad de los contratos y había condenado a la entidad bancaria a reintegrar el saldo de las sumas percibidas durante su ejecución.

Se adjunta nota de la Sala de lo Civil.

E. García-Chamón, presidente del TMUE: “El Tribunal de Marcas da un respuesta única a la violación de marcas en la UE”2018-04-20

Ana Sanz

Enrique García-Chamón Cervera es desde septiembre de 2004 el presidente del Tribunal de Marcas de la UE (TMUE). Además es presidente de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante. Su conocimiento y preocupación por la propiedad intelectual se ha plasmado en su Tratado Práctico de Propiedad Industrial. Como docente es profesor asociado en el Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Alicante. Y su labor doctrinal se complementa con cerca de 40 artículos publicados en revistas jurídicas y su participación en más de 280 jornadas, congresos y mesas redondas.

  1. ¿Qué importancia tiene para el Tribunal de Marcas que la oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) tenga su sede en Alicante?

Una de las razones de la ubicación del Tribunal de Marcas de la Unión Europea  (TMUE) en Alicante es que la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) tenía ya su sede en Alicante.

Primero, se designó Alicante como sede de la anterior OAMI (actual EUIPO) tras la aprobación del primer Reglamento de Marca Comunitaria en el año 1994 y, más tarde, en el año 2004, cuando España designó los tribunales que debían conocer de los litigios sobre marcas comunitarias, atribuyó su conocimiento, en primera instancia, a los Juzgados de lo Mercantil con sede en la ciudad de Alicante y, en grado de apelación, a la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Alicante. En el ejercicio de esta competencia, la jurisdicción de estos tribunales se extiende a todo el territorio nacional de modo que no existe otro tribunal en España que conozca de este tipo de litigios.

La actividad de la EUIPO se centra en la concesión del registro de las marcas del UE y, en la declaración de su nulidad y caducidad, pero el control de la legalidad de sus decisiones, en la medida en que son organismos de la UE, se atribuye al Tribunal General de la Unión Europea con sede en Luxemburgo y, frente a las sentencias dictadas por este Tribunal, cabe recurso de casación por infracción de Derecho ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede también en Luxemburgo.

La relación más directa que tiene el Tribunal de Marcas de la Unión Europea con la EUIPO es que en los procesos por violación de marcas de la Unión Europea de los que conocemos nosotros puede interponerse una demanda reconvencional sobre nulidad o caducidad de las marcas europeas y, en el caso de ser estimada, deberá comunicarse a la EUIPO con el fin de que haga las oportunas anotaciones en el Registro de marcas.

De otro lado, en las normas de competencia internacional se establece que si el demandante y el demandado no tienen domicilio ni establecimiento en ningún Estado miembro de la UE, corresponde el conocimiento del procedimiento a los tribunales del Estado miembro donde radique la EUIPO, en nuestro caso, como la sede de la Oficina se encuentra en España, corresponde el conocimiento de estos asuntos al TMUE de España.

  1. ¿Qué ventajas tiene para las marcas nacionales e internacionales el Tribunal de Marca de la Unión Europea (TMUE)?

Después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes en el mes de abril de 2017, el TMUE puede conocer de las acciones de violación de marcas de la UE acumuladas a las acciones de violación de las marcas nacionales e internacionales con efectos en España que sean idénticas o similares. El conocimiento de estas acciones acumuladas por un mismo Tribunal permite que se dé una única respuesta a la violación de las marcas de la UE, nacionales e internacionales, lo que evita el peregrinaje jurisdiccional del titular de marcas que son idénticas o similares y la existencia de resoluciones contradictorias.

En la actualidad, la duración media en primera y segunda instancia en el TMUE de los procesos por violación de las marcas de la UE acumuladas a las marcas nacionales o internacionales es de un año y medio, aproximadamente.

  1. ¿Qué litigios en materia de marcas de la Unión Europea se atribuyen al TMUE?

La competencia objetiva comprende: las acciones de violación de marcas de la UE; las acciones de comprobación de inexistencia de violación de marcas; las acciones en las que se interesa una indemnización razonable por los daños causados al titular de una marca en el período comprendido desde que se publica la solicitud del registro hasta que se concede el registro y las demandas reconvencionales por caducidad o nulidad de las marcas de la UE.

La particularidad es que, una vez fijada la competencia internacional de nuestro tribunal, podemos conocer de las acciones de violación aunque los hechos se hayan cometido en cualquier Estado miembro con la finalidad de evitar que el titular de la marca UE tenga que iniciar un litigio en todos los Estados donde se haya producido la violación.

Conocemos del proceso declarativo, cautelar (de gran importancia en este tipo de asuntos) y de ejecución cuando se incumplen los pronunciamientos de condena. Además, el TMUE conoce también de similares acciones relativas a los dibujos y modelos (diseños) comunitarios en virtud del Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, cuyo registro corresponde también a la EUIPO.

Frente a las sentencias dictadas por el TMUE en grado de apelación, cabe recurso de casación ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. 

  1. Se han celebrado en noviembre en el Colegio de Abogados de Alicante las XII Jornadas del TMUE, donde se reclamaban mejores medios para el Tribunal de Marcas, ¿Qué medios concretos pueden mejorar el único tribunal competente en materia de derecho marcario a nivel nacional?

En grado de apelación conocemos de los litigios sobre marcas de la UE junto con asuntos de lo mercantil de la provincia de Alicante y, también de algunos asuntos civiles. A la vista de la especialización y de la complejidad de estos asuntos debería reducirse la competencia de nuestro tribunal a los litigios sobre marcas UE y los propios de lo mercantil, sin entrar en el reparto de asuntos civiles.

De otro lado, la exclusividad en el conocimiento de estos litigios tan singulares en España debería llevar consigo cierta autonomía respecto de las demás Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante tanto en la ubicación de su sede como en los medios materiales y personales con la finalidad de dar un mejor servicio a los titulares de las marcas UE.

  1. En una de las mesas redondas que presidió se trató el tema de los “Límites al uso de la marca ajena: especial referencia a los perfumes de equivalencia y a los asuntos Nintendo y Nespresso. ¿A qué conclusiones se llegaron?

El derecho de exclusiva que atribuyen las marcas a sus titulares no es omnímodo sino que está sometido también a límites, por lo que el titular de una marca UE no puede impedir que un tercero use su marca si lo realiza con una finalidad meramente descriptiva y conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Determinar que el uso de una marca ajena tiene una finalidad meramente descriptiva y conforme a las prácticas leales representa, en ocasiones, una gran dificultad.

  1. El 38% de los asuntos que llegan al Tribunal General de la Unión Europea son sobre Propiedad Industrial e Intelectual, ¿Conocen las marcas sus derechos en estas materias?

Los asuntos de los que conoce el Tribunal General de la Unión Europea son los recursos frente a las decisiones adoptadas por la EUIPO al conceder o denegar el registro de una marca o diseño y, en su caso, al acordar o rechazar la solicitud de su nulidad o caducidad.

Así pues, el Tribunal General no es superior jerárquico del TMUE pero sus resoluciones, así como las que dicta el Tribunal de Justicia con sede en Luxemburgo en los recursos de casación, tienen importancia porque establecen criterios en el ámbito registral que son extensibles a las acciones de violación de las que conoce el TMUE como, entre otros, el significado del riesgo de confusión, la nulidad de mala fe o, la protección reforzada de las llamadas marcas renombradas.

Además, el Tribunal de Justicia conoce de las llamadas cuestiones prejudiciales que pueden elevar los tribunales nacionales para solicitar la interpretación de una norma de la UE aplicable a un litigio. En el caso del TMUE, ya se han elevado tres cuestiones prejudiciales interpretativas.

El problema no es tanto que los titulares de las marcas conozcan sus derechos sino que los terceros que operan en el mercado respeten el llamado ius prohibendi de los titulares de las marcas y, es una realidad, que en muchos casos observamos en el mercado que los terceros usan signos para identificar sus productos o servicios muy similares a los de otras marcas causando confusión a los destinatarios o consumidores con el fin de aprovecharse del prestigio de las marcas y ahorrarse el coste de la inversión en su promoción.

  1. ¿A qué peligros relacionados con la propiedad intelectual se enfrentan las marcas en la era digital?

El entorno de Internet permite ofrecer productos y servicios sin limitaciones geográficas ni temporales y, cuando se utiliza sin respetar el derecho de exclusiva de los titulares de las marcas puede causarles numerosos e importantes daños.

Los asuntos que han llegado al TMUE relacionados con Internet son: 1) el registro de nombres de dominio similares o confundibles con las marcas; 2) la contratación de keywords en servicios remunerados de referenciación de motores de búsqueda que sean idénticos o confundibles con las marcas y que en el enlace se ofrecen productos que no son alternativos a los del titular de la marca; 3) el uso de las marcas en las redes sociales en donde no está claro si se debe permitir en el ejercicio de la libertad de expresión o si tiene una finalidad de aprovechar la marca para ofrecer productos similares o idénticos o también para denigrar una marca; 4) la venta por Internet de productos que se ofrecen mediante un sistema de distribución selectiva de puntos de venta físicos que no respetan la reputación o prestigio de las marcas.

  1. ¿Por qué es tan importante proteger y defender el capital industrial e intelectual?

Si es una opinión común que nos encontramos actualmente ante la llamada economía del conocimiento en la que este factor es el elemento fundamental que genera valor y riqueza, donde el llamado capital intangible pasa a tener mayor importancia que el tangible, es evidente que debe concederse una protección elevada a la propiedad intelectual e industrial porque, de lo contrario, nadie estará interesado en invertir en estos ámbitos de I+D+i  y provocará una importante pérdida de la competitividad del país. 

  1. ¿Qué eficacia supranacional tienen las sentencias dictadas por el TMUE?

Una de las características de la marca UE es su carácter unitario lo que significa que su existencia, validez o, en su caso, invalidez se extiende por igual a todo el territorio de la UE.

La proyección de este carácter unitario en su protección jurisdiccional es que el TMUE, una vez establecida su competencia internacional, conoce de la acción de violación de la marca aunque los hechos se hayan producido en varios Estados miembros de la UE. De este modo se evita que el titular de la marca tenga que presentar demandas en cada uno de los Estados donde se ha producido la infracción de su marca; basta con que la presente ante el TMUE competente para que éste pueda conocer de la infracción producida en cualquier Estado.

  1. ¿Qué recomendación le daría a los abogados que quieran especializarse en materia de Propiedad Intelectual?

Creo que la especialización en este sector junto con el de las nuevas tecnologías es uno de los ámbitos del ejercicio de la profesión con más futuro al estar ya inmersos actualmente en la economía del conocimiento.

No basta con conocer las instituciones jurídicas generales de un determinado país sino que exige un constante estudio de las singularidades de este sector en el ámbito europeo e internacional.

Para prestar un servicio adecuado en este sector no bastan los conocimientos jurídicos sino deben ofrecerse también los servicios propios de otras disciplinas: economistas, agentes de propiedad industrial, diseño, marketing, relaciones internacionales.

La Comisión Europea presenta un nuevo plan para los derechos de los consumidores de la UE y propone excluir a los despachos de abogados2018-04-19

 

La Comisión Europea ha propuesto un nuevo acuerdo con el fin de garantizar que todos los consumidores europeos se beneficien de sus derechos con arreglo al Derecho de la Unión.

Aunque la UE ya tiene algunas de las normas más sólidas del mundo en materia de protección de los consumidores, casos recientes, como el escándalo del fraude del diésel, han puesto de manifiesto que es difícil hacerlas cumplir plenamente en la práctica. El nuevo acuerdo para los consumidores posibilitará que las entidades cualificadas realicen reclamaciones representativas en nombre de los consumidores y reforzará las facultades sancionadoras de las autoridades de los Estados miembros encargadas de la protección de los consumidores. Además, ampliará la protección de los consumidores cuando estén conectados a internet y aclarará el modo en que la legislación de la UE prohíbe las prácticas de calidad dual engañosas para los consumidores.

El nuevo acuerdo para los consumidores supondrá:

  1. Un refuerzo de los derechos de los consumidores en línea
  • Más transparencia en los mercados en línea
  • Más transparencia en los resultados de las búsquedas en las plataformas en línea
  1. El suministro a los consumidores de los instrumentos necesarios para ejercer sus derechos y obtener una compensación 
  • Reclamaciones representativas, de tipo europeo: en el marco del nuevo acuerdo para los consumidores, las entidades cualificadas, como, por ejemplo, una organización de consumidores, podrán obtener reparación, como una compensación, una sustitución o una indemnización, en nombre de un grupo de consumidores que hayan resultado perjudicados por prácticas comerciales ilegales. En algunos Estados miembros, los consumidores ya pueden presentar reclamaciones colectivas antes los tribunales, pero ahora esta opción existirá en todos los países de la UE. Esta propuesta de la Comisión también pretende apartar de estas demandas a los despachos de abogados limitándolas a las entidades que sin ánimo de lucro y que cumplan criterios estrictos de elegibilidad siendo revisados por una autoridad pública.
  • Mayor protección contra las prácticas comerciales desleales: el nuevo acuerdo para los consumidores garantizará que los consumidores de todos los Estados miembros tengan derecho a reclamar una reparación individual (por ejemplo, compensación financiera o resolución del contrato) cuando se vean afectados por prácticas comerciales desleales, tales como una comercialización agresiva o engañosa. Actualmente, esta protección varía en gran medida en la UE.
  1. El establecimiento de sanciones efectivas en caso de infracción de la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores
  1. El tratamiento de la calidad dual de los productos de consumo
  1. Una mejora de las condiciones para las empresas

El nuevo acuerdo eliminará las cargas innecesarias para las empresas, entre otras cosas mediante la supresión de sus obligaciones en lo que respecta al derecho de desistimiento de los consumidores. Por ejemplo, los consumidores ya no podrán devolver los productos que hayan utilizado en lugar de haberlos simplemente probado, y los comerciantes ya no tendrán que reembolsar a los consumidores antes de haber recibido los productos devueltos.

Las nuevas normas también introducirán una mayor flexibilidad en la forma en que los comerciantes pueden comunicarse con los consumidores, permitiéndoles que utilicen también formularios en línea o chats en lugar del correo electrónico, siempre que los consumidores tengan acceso a las comunicaciones que mantengan con los comerciantes.

Las propuestas de la Comisión se debatirán en el Parlamento Europeo y en el Consejo.

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3041_es.htm

El Consejo General de la Abogacía exige al Ministerio de Justicia la mejora de las indemnizaciones del Turno de Oficio2018-04-19

El Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados, en el ejercicio de su función legítima y democrática de representación, defensa de los derechos de los abogados y de la dignidad de la profesión, vienen denunciando que la actual retribución del Turno de Oficio –en determinadas comunidades autónomas y, sobre, todo en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia- supone una falta de reconocimiento tanto a la labor de los profesionales de la Abogacía como del servicio público de Justicia Gratuita reconocido en la Constitución.

Desde hace meses, se vienen manteniendo conversaciones con el Ministerio de Justicia con el fin de agilizar los pagos y conseguir una sustancial mejora de las indemnizaciones del Turno para que sean dignas y acordes al trabajo profesional y a la responsabilidad que implica. Fruto de esta constante reivindicación, se ha conseguido el compromiso del Ministerio para el abono mensual de las liquidaciones generadas por actuaciones de Justicia Gratuita.

En este sentido, tras el pago del último trimestre de 2017 que, según ha informado el Tesoro Público, se hará efectivo esta misma semana, la liquidación se efectuará con carácter mensual a partir de mayo.

No obstante, con ello no se soluciona el problema de la deficiente retribución del Turno, por lo que tanto el Consejo General de la Abogacía como los Colegios de Abogados siguen exigiendo una actualización del baremo ajustada al incremento del IPC acumulado, así como el reconocimiento de nuevos módulos.

La Abogacía continuará trabajando por un Pacto de Estado que haga posible una justicia eficiente, transparente, cercana a la ciudadanía y que respete la dignidad de los profesionales, así como exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Las asociaciones de jueces y fiscales comunican al CGPJ la convocatoria de huelga el próximo 22 de mayo2018-04-18
  • Anuncian nuevos paros el 19 y 26 de abril y 3 y 10 de mayo por una mayor independencia judicial y modernización de la Justicia

Las principales asociaciones de jueces y de fiscales han comunicado formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a la Autoridad Laboral de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de huelga para el próximo 22 de mayo además de paros parciales de una hora los días 19 y 26 de abril y 3 y 10 del mes de mayo.

Así, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales informan en una nota de que se ha procedido de acuerdo a la legalidad vigente y en base a la convocatoria del pasado 5 de abril.

En ella, las asociaciones judiciales reclamaban el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y las condiciones profesionales de los miembros de la carrera judicial, mientras que las asociaciones de fiscales pedían, entre otras medidas, la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la fijación de las cargas de trabajo y la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.

De acuerdo con la nota difundida por la AJFV, “se ha puesto de manifiesto que se han intentado otras vías alternativas que han sido desatendidas hasta la fecha” y quedan ahora a la espera de la fijación de los servicios mínimos. El comité de huelga está integrado por los magistrados Manuel Almenar (APM), Natalia Velilla (AJFV), Ignacio González (JJD), Roberto Esteban (FJI), Cristina Dexeus (AF), Emilio Fernández (UPF) y Miguel Pallarés (APIF).

MOVILIZACIONES DESDE EL 5 DE ABRIL

Se trata de nuevas movilizaciones que se suman al calendario anunciado el pasado 5 de abril, día en que arrancaron los paros frente a las sedes judiciales de toda España en los que se leyeron las reivindicaciones de jueces y fiscales para la administración de justicia, recogidas en el documento ’14 propuesta para la mejora de la Justicia’, al que se han adherido más de 3.500 profesionales de la judicatura y la fiscalía.

En su comunicado del pasado 5 de abril las siete asociaciones tildaron de “decepcionante” la marcha de las negociaciones desde que el pasado 16 de junio dieron a conocer sus propuestas para la mejora de la justicia. Respecto a las Cortes, señalaron que “no parece haber una mayoría clara” en el Parlamento favorable a atender su petición de reforma del CGPJ “ni tampoco un proyecto de independencia del Ministerio Fiscal, ni un compromiso firme de los grupos parlamentarios por alcanzar un pacto de estado por la Justicia tras el fracaso de la Subcomisión creada al efecto”.

En cuanto al Gobierno, le acusan de haber renunciado a incrementar el número de miembro de la carrera judicial y fiscal a fin de ir equiparándolo a la media europea y recuerdan que “no hay rastro de la racionalización de la planta judicial y fiscal, evitando así la precarización de las últimas promociones”.

¿Puede considerarse accidente de trabajo in itinere, la caída que sufre un trabajador en el porche de su casa cuando sale a coger su vehículo para acudir al trabajo?2018-04-18
  • Incluye la sentencia

El Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por un trabajador contra la decisión del TSJ que considera que la caída que este sufre en el porche de su casa cuando se dirigía a su vehículo para acudir al trabajo, no constituye un accidente in itinere.

Supuesto de hecho:

  • El trabajador sufre una caída en el porche de su casa cuando se dirigía a coger el vehículo para ir a trabajar, iniciando situación de IT de dos meses de duración.
  • El INSS declara que la contingencia padecida como consecuencia del accidente es de origen común.
  • El trabajador interpone demanda en materia de contingencia ante el Juzgado de lo Social, que desestima sus pretensiones.
  • Contra la sentencia del Juzgado interpone recurso de suplicación ante el TSJ, que desestima el mismo, y confirma la sentencia del Juzgado.
  • Contra esta última resolución, interpone el trabajador el presente recurso de casación.

Consideraciones Jurídicas:

  • El Tribunal comienza su fundamentación afirmando que la cuestión a dilucidar consiste en determinar si debe considerarse accidente laboral el sufrido por un trabajador al caer en el porche de su casa, justo cuando estaba saliendo hacia el lugar habitual de trabajo.
  • Para ello, recuerda que la legislación actual define el accidente de trabajo como "toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena", siendo uno de los supuestos tasados el accidente sufrido por el trabajador al ir y volver al trabajo (accidente in itinere).
  • En este sentido, el Tribunal Supremo recuerda que, conforme a la jurisprudencia, el accidente se entiende con origen en el trayecto al trabajo cuando se cumple un triple requisito: 1) Que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo; 2) Que se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa; 3) Que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto.
  • La Sala analiza como sentencia de contraste un supuesto en el que un trabajador cae de la moto que conducía en un camino dentro del recinto de su vivienda cuando acudía al trabajo, supuesto que sí fue considerado como accidente in itinere y, por tanto, accidente de trabajo.
  • En cambio, el TS entiende que, en este caso, no se trata de un supuesto idéntico, ya que el trabajador sufre la caída antes de estar montado en el vehículo que utiliza para el desplazamiento.
  • Por ello, considera que, en la medida en que el trabajador no había dejado atrás ese espacio personal y privado que constituía su domicilio y tampoco había comenzado el trayecto que normalmente le conducía al centro de trabajo, haciendo uso del medio de transporte, no puede considerarse que se cumplan los requisitos que se exigen para calificar un accidente, como accidente in itinere.
  • En definitiva, el Supremo afirma que, al ser discutido únicamente el elemento geográfico, no puede afirmarse que el accidente pueda ser considerado como de trabajo, habida cuenta de que el trabajador no había iniciado el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el domicilio al lugar de trabajo o viceversa.

Conclusión Lex@:

En conclusión, el Tribunal considera que el accidente de trabajo es aquel que tiene lugar en el transcurso del trayecto habitual que el trabajador recorre entre su domicilio y el lugar de trabajo, sin que pueda considerarse como tal, el suceso ocurrido en el domicilio del trabajador antes de que éste utilice el vehículo del que hace uso normalmente para realizar dicho desplazamiento al centro de trabajo.

¿Quiere leer la sentencia?

Bankia sigue recurriendo sus polémicas preferentes2018-04-18
  • Y sigue recibiendo reproches judiciales: la Audiencia Provincial de Madrid confirma la nulidad de la colocación
  • El banco alega la caducidad, pero la Audiencia recuerda que el plazo de caducidad debe de contar desde que existe cabal y completo conocimiento

La Audiencia Provincial de Madrid resolvió el pasado 13 de marzo la confirmación de la nulidad de unas preferentes de Bankia colocadas en el 2011. La sentencia de primera instancia, del juzgado nº 5 de Alcalá de Henares había decretado la nulidad de su colocación y por tanto obligaba al banco a devolver los 35.000€ invertidos más el interés legal del dinero.

A cambio, los clientes debían devolver los 2.540,15€ de rendimientos de los cupones trimestrales y las acciones de Bankia del canje obligatorio. “Parece increíble que Bankia que era la que parecía haber asumido su responsabilidad en la colocación de las preferentes, tenga -sin embargo- una actitud jurídica tan defensiva”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.

El punto de controversia estriba en el plazo de caducidad. Bankia alega que el plazo de caducidad debería de contabilizarse desde que Bankia anuncia a la CNMV la suspensión de los pagos de los cupones, esto es el 1 de junio de 2012. O en todo caso, desde que el cliente dejó de cobrar el cupón, el 7 de julio de 2012. Bajo esta perspectiva, la acción habría quedado caducada y por tanto habría perdido la oportunidad de recurrir.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid recuerda su propia sentencia de 4 de diciembre de 2017 en la que recuerda a su vez la doctrina del Supremo: el plazo para calcular la caducidad debe de contabilizarse desde que el cliente tuvo “pleno y cabal conocimiento” de lo que estaba contratando. “No basta con haber cesado en el pago de los cupones. Ha de comunicarse al interesado”, señala el Supremo.

El Alto Tribunal también ha señalado que en el caso de las preferentes, el plazo para calcular la caducidad debe de calcularse desde la fecha en la que se implementan las acción de gestión de los instrumentos híbridos por parte del Frob “y no la suspensión de los cupones”. ¿La razón? “No se puede negar la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable”, concluye el Supremo.

“Bankia sigue tratando de buscar burladeros jurídicos para tratar de evitar las responsabilidades por las colocaciones incorrectas y poco transparentes de sus preferentes. El resultado es siempre el mismo, el reproche judicial”, señala el socio-director de navascusi.com

La Audiencia Provincial de Madrid decreta el “inacogimiento del único reproche alzado en la sentencia recurrida”, es decir, confirma el fallo de primera instancia y condena al banco al pago de las costas procesales originadas por la alzada. “Tanto los criterios de fondo como los de caducidad están muy claros; recurrir sólo sirve para dilatar el reproche. Lo que deben de hacer los bancos con las preferentes es asumir su mala praxis y resarcir a sus clientes lo antes posible”, concluye Navas.

Los tribunales anulan multas de 290.000 euros de Competencia a los Colegios de Abogados por la territorialidad del Turno de Oficio2018-04-17
  • La Audiencia Nacional revoca las sanciones impuestas por la CNMC al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Guadalajara
  • El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima íntegramente el recurso planteado por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia como anteriormente lo hizo el TSJ de Andalucía

CGAE

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 60.000 euros impuesta en septiembre de 2015 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al Consejo General de la Abogacía Española por restricción de la competencia en los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita al considerar que la multa no es conforme a derecho.

La misma Sala de la Audiencia Nacional, en sentencia de 26 de marzo de 2018, también ha revocado la sanción de 30.000 euros que la CNMC había impuesto en septiembre de 2015 al Colegio de Abogados de Guadalajara por el mismo motivo: la necesidad de que los abogados adscritos al Turno de Oficio tengan residencia y despacho abierto donde prestan el Servicio de Justicia Gratuita.

En ambas sentencias, la Audiencia Nacional considera que los Colegios de Abogados están obligados a “garantizar la rapidez y agilidad en la prestación del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita; de ahí la obligación de residencia y de disponer de despacho abierto” que tienen los abogados adscritos al Turno de Oficio. La Abogacía siempre ha defendido esta territorialidad como garantía de cercanía y proximidad al ciudadano.

La Audiencia Nacional también justifica la anulación de las multas de la CNMC en que el propio Colegio de Abogados asume la “posible declaración de responsabilidad de la actuación de su colegiado por lo que es necesario que sea miembro del Colegio en cuestión”.

Las sentencias –que condenan en costas a la CNMC- respaldan los argumentos del Consejo General de la Abogacía Española y del Colegio de Abogados de Guadalajara al considerar que la “prestación del Servicio de Justicia Gratuita se trata de una actividad en la que concurre un importante componente público y en el que el interés general aconseja la prestación de dicho servicio del modo más eficaz posible y manteniendo unos parámetros razonables de calidad”.

Además, la Audiencia Nacional asegura que en la prestación del servicio público de Justicia Gratuita “no existe un mercado libre” ya que el consumidor no puede elegir quien debe prestarle el servicio que demanda, los letrados no reciben honorarios por sus servicios sino una indemnización cuyo importe es determinado por las autoridades públicas y la llamada a la prestación del servicio es por medio de un turno, de una lista, en la que se producen llamamientos sucesivos.

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco

En el mismo sentido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dictado sentencia estimando íntegramente el recurso interpuesto por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia frente a la resolución de la Autoridad Vasca de la Competencia de 20 de Marzo de 2017, que le imponía una sanción de 100.000 euros por haberse negado a inscribir a una colegiada con despacho principal en Madrid en los turnos de oficio y asistencia al detenido de Bilbao, Getxo y Barakaldo.

La sentencia -que impone expresamente las costas del procedimiento a la Autoridad Vasca de la Competencia minoradas en un 50% de las que pudieran haberse causado- señala que “tratándose de un servicio profesional con connotaciones claras de servicio público y sin contenido económico, sin oferta profesional de servicios, ni libre fijación de remuneraciones u honorarios, no cabe hablar de un mercado de prestación de los mismos y la Ley de Defensa de la Competencia, por propia determinación de la Ley 2/1974 no es aplicable al caso.”

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Estas dos sentencias se suman a la del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que, en abril de 2016, dio la razón al Colegio de Abogados de Málaga que consideró plenamente válidos los argumentos jurídicos defendidos por el Consejo General de la Abogacía Española y por el Colegio de Abogados de Málaga frente a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía que consideró como práctica anticompetitiva la fijación de restricciones de carácter territorial para el acceso de los profesionales de la abogacía al Servicio de Asistencia Gratuita. El tribunal no sólo anuló la multa de 98.215 euros sino que condenó en costas a la Agencia.

El Consejo General de la Abogacía Española, que respaldó en todo momento -por decisión de su Pleno- la actuación del Colegio de Málaga por entender que la decisión de este Colegio y de todos los demás respeta plenamente la legislación vigente y la normativa en materia de defensa de la competencia, se congratuló de que con la citada sentencia se haya reconocido que la prestación del servicio público de justicia gratuita, que realizan más de  45.300 abogados, 24 horas al día, 365 días al año, con inmediatez y urgencia, de forma modélica y que atiende a cerca de un millón de ciudadanos cada año en España, “es una actividad administrativa sujeta a derecho administrativo”.

Unos 124.000 nuevos autónomos se benefician de la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros a un año2018-04-17

Un total de 123.428 trabajadores autónomos se han beneficiado de la tarifa plana de 50 euros ampliada hasta un año, desde su entrada en vigor el 1 de enero de este año.

La entrada en vigor de esta y otras medidas recogidas en la nueva Ley de Autónomos han propiciado que en el primer trimestre del año se haya alcanzado el mayor incremento de afiliados netos al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de toda la serie histórica, 10 veces por encima respecto al año pasado.

En el Día Mundial del Emprendimiento, que se celebra este lunes, la Seguridad Social española cuenta con más de 18,5 millones afiliados, de los que más de 3,2 millones son trabajadores autónomos (3.230.400, marzo 2018). Este dato refleja la progresión de la actividad emprendedora desde que el pasado mes de octubre entró plenamente en vigor la nueva Ley de Autónomos.

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo establece que los trabajadores que se dan de alta como nuevos autónomos desde enero de 2018 pueden acogerse a la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros. La norma introduce además la extensión de la reducción hasta 24 meses: 50% los siguientes seis meses y del 30%, por otros seis meses.

Según la previsión inicial, en su primer año de vigencia se podrán beneficiar de la tarifa plana ampliada alrededor de 140.500 trabajadores autónomos lo que supondrá un ahorro en la cotización de este colectivo de 202,4 millones de euros.

El Tribunal Supremo confirma la pena de 10 años y medio de prisión para el exadministrador de bienes de Luis del Olmo por apropiación indebida y falsedad2018-04-17
La Sala Segunda considera probado que desvió más de 14 millones de euros, con apuntes contables falsos, de dos sociedades del periodista desde 2005 hasta 2011

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 10 años y medio de prisión a R.R., exadministrador de los bienes de Luis del Olmo, por un delito continuado de apropiación indebida y otro delito continuado societario de falsificación de cuentas al considerar probado que desvió más de 14 millones de euros, con apuntes contables falsos, de dos sociedades del periodista desde 2005 hasta 2011.

El tribunal también ha confirmado que el condenado tendrá que pagar una indemnización, en concepto de responsabilidad civil, de 15 millones de euros, de los cuales la mayor parte corresponden a Luis del Olmo -14.380.793 euros- y el resto -678.671 euros- a otros perjudicados. La Sala ha desestimado el recurso de casación interpuesto por R.R. y por la sociedad ASTEYA contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que, además de la citada pena, declaró la responsabilidad civil subsidiaria de esta entidad administrada por el recurrente.

Los hechos ocurrieron cuando R.R., debido a la amistad que tenía con Luis del Olmo, su esposa e hijos, empezó a administrar parte de sus bienes, especialmente sus ingresos como periodista. A través de la sociedad anónima ASTEYA, de la que el condenado era administrador único, Luis del Olmo le encargó la gestión de las sociedades Producciones Lumer y Sociedad Profesional del Periodismo. Según los hechos probados, como mínimo desde el año 2005, R.R. “empezó a desviar fondos de ambas sociedades”, haciendo constar en su contabilidad datos que no se correspondían con la realidad, como inversiones que en la práctica no se realizaron. Desde 2005 hasta 2011, cuando fue descubierto, hizo suyo 14 millones de euros. Al mismo tiempo, realizó otras operaciones con dinero de familiares, con el aparente fin de invertirlos.

Para la Sala, los hechos imputados a R.R. se refieren a “un desvío de fondos entre las sociedades Producciones Lumer y Sociedad Profesional de Periodismo que se prolonga, al menos, durante 6 años y que permitió al acusado hacerse con más de 14 millones de euros. Estamos en presencia, por tanto, de una alteración de toda la estructura contable de ambas entidades, sancionada por el artículo 290 del Código Penal. Nada de lo reflejado en sus libros se ajustaba a la realidad. La conducta del acusado iba mucho más allá de la creación falsaria encaminada al autoencubrimiento de una u otra operación ejecutada en su exclusivo lucro”.

Los magistrados rechazan aplicar la atenuante de reparación del daño que había pedido el recurrente basándose en que no solo puso a disposición de los perjudicados todo su patrimonio y una lista de bienes, sino que, además, ingresó 37.127,57 euros de un plan de pensiones para satisfacer deudas con personas de su confianza. En su sentencia, de la que ha sido ponente el presidente de la Sala, Manuel Marchena, explica que el delito de apropiación indebida por el que ha sido condenado R.R., en la medida en que representa un delito contra el patrimonio, “admite una reparación que, cuando menos, ha de transmitir al perjudicado la sensación de que las consecuencias del delito se han visto neutralizadas –o, al menos, sensiblemente aminoradas- a partir del esfuerzo reparador”.

“La víctima que ha sufrido en su patrimonio el acto expropiatorio ejecutado por el acusado -añade el tribunal- no puede ser obligada a aceptar como reparación atenuatoria la puesta a disposición del juzgado de un listado de bienes que, si bien se mira, no es sino expresión de un lamentable estado de insolvencia que se halla en llamativo contraste con el elevadísimo importe de las cantidades distraídas”. La Sala concluye que las razones para no aplicar la atenuante son más evidentes si se contrasta la cantidad que dedicó para satisfacer sus deudas -37.127,57 euros- con el importe total del que se apoderó más de 14 millones de euros.

Por su parte, la sociedad ASTEYA en su recurso de casación, que también ha sido desestimado, mantiene que la sentencia recurrida no argumenta las razones por las que ha sido considerada responsable civil subsidiaria. Sobre ello, la Sala indica que a través de la esta sociedad “se canalizó el flujo dinerario que acabó en los bolsillos del acusado”.

Condenados a dos años de cárcel los propietarios de una copistería por fotocopiar obras completas sin autorización2018-04-16

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a los dos responsables de una copistería de Salamanca por fotocopiar libros enteros sin la autorización del autor.

Según informa la Gaceta de Salamanca, los acusados, J.I.P.R. Y A.A.F., han aceptado una pena de dos años de prisión cada uno, así como el pago de 54.000 euros en concepto de indemnización y otro 6000 euros más por las costas del juicio, además de 12 meses de multa a razón de seis euros día, como autores de un delito contra la propiedad intelectual.

El citado medio añade que la Fiscalía ha informado favorablemente a la suspensión de la pena de prisión durante un plazo de dos años suspensión condicionada al pago de la responsabilidad civil, aunque de manera fraccionada.

Además se ordena la destrucción de las copias ilegales y se retira la pena de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de manera que los acusados podrán continuar con su actividad.

Acusados inicialmente a penas de hasta cuatro años de prisión y 185.000 euros de indemnización, finalmente fiscal y acusación particular han tenido en cuenta el reconocimiento de los hechos por su parte lo que ha propiciado la rebaja en la condena.

Tras el acuerdo de ambos acusados con la pena y el compromiso de hacer frente a los pagos determinados, la Audiencia ha declarado la firmeza de la sentencia condenatoria contra ambos.

Alcance de la notificación administrativa electrónica obligatoria2018-04-16

La Agencia Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de España son modelos de gestión y recaudación para todo el mundo. El avance de estas dos instituciones es singular. Desde el año 2016 las notificaciones administrativas electrónicas son obligatorias, las liquidaciones de impuestos son electrónicas, el IVA se autoliquida dentro de los propios sistemas de la AEAT.

La Agencia Tributaria (AEAT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de España son modelos de gestión y recaudación para todo el mundo. El avance de estas dos instituciones es singular. Desde el año 2016 las notificaciones administrativas electrónicas son obligatorias, las liquidaciones de impuestos son electrónicas, el IVA se autoliquida dentro de los propios sistemas de la AEAT. Y la contabilidad y las Cuentas Anuales también se presentan de manera electrónica ¿No estamos yendo muy deprisa?

Regulación nacional y regulación europea

La Ley 39/2015 ha impuesto la obligatoria notificación administrativa electrónica. Y esta notificación electrónica (con dos excepciones), es obligatoria desde octubre de 2016.

La Ley 39/2015 se compadece con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. Ese Reglamento deroga la Directiva 1999/93/CE.

Bajo esta regulación, los Estados que conformar la Unión Europea tienen que imponer sistemas de identificación electrónica notificados a la Comisión Europea por el resto de Estados miembros, así como los sistemas de firma y sello electrónicos basados en certificados electrónicos cualificados emitidos por prestadores de servicios que figuren en las listas de confianza de otros Estados miembros de la Unión Europea.

Esta norma (Ley 39/2015) ha incorporado medidas que puedan evidenciar y probar el conocimiento  de la puesta a disposición de las notificaciones, además de un conocimiento pleno de su contenido a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Administración.

¿Es obligatoria la comunicación y notificación administrativa por vía electrónica?

  • Es obligatorio en materia tributaria (con las excepciones que seguidamente indicamos) desde Octubre de 2016
  • Hasta Octubre de 2018 no lo es para el resto de la Administración.
  • Excepciones:

    1.  Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

    2.  Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.

    3.  En el caso de personas físicas que, por su capacidad económica, de hábito en el uso de medios electrónicos, por su formación o por aquellos motivos en los que pueda llegar a considerarse que se puede llegar a producir una vulneración de la tutela judicial efectiva, las Administraciones pueden excluir reglamentariamente la obligación de notificar electrónicamente los actos administrativos.

    4. Tampoco es obligatorio (y de hecho están prohibidas), aquellas notificaciones en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

    5.  Tampoco están permitidas las notificaciones que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.

    ¿Qué requisitos tiene que tener una notificación administrativa para ser válida?

    • Constancia de su envío o puesta a disposición,
    • Constancia de la recepción o acceso por el interesado de horas y fechas.
    • Constancia de recepción del contenido íntegro
    • Constancia de la identidad del destinatario o remitente

    ¿En qué momento se da por notificado un interesado por parte de la Administración?

    En el momento (día/hora/minuto) en el que el interesado accede a la información y queda constancia en la plataforma habilitada.

    ¿Qué sucede si el interesado no accede?

    Transcurridos 10 días de la puesta a disposición de la notificación, sin que el interesado acceda a ella, se presume rechazada.

    ¿Qué efectos tiene que el interesado rechace la comunicación por el transcurso de 10 días?

    Que se entenderá por cumplida la obligación de notificación. Y en consecuencia, planteamos la siguiente  cuestión, la cual, cuanto  menos, es controvertida: ¿Se debe publicar en el BOE?

    En opinión de este colaborador, sí.  A nuestro juicio, las notificaciones electrónicas de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común pueden generar indefensión. En este sentido, un mecanismo de seguridad debería ser la publicación en el BOE. Es bien sabido que  nadie lee el BOE "diariamente". No obstante,  es una herramienta a contemplar toda  vez que el «Boletín Oficial del Estado» tiene habilitado de manera gratuita y sin contraprestación alguna, un sistema automatizado de remisión y gestión telemática para la publicación de los anuncios de notificación.

    ¿Afecta la notificación administrativa electrónica a la tutela judicial efectiva?

    La Sentencia del Tribunal Supremo 47/2018:

    http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8269492&links=&optimize=20180126&publicinterface=true analiza con criterio y rigor el ámbito de la notificación administrativa en general y el ámbito de la notificación administrativa tributaria en particular.

    ¿Hasta qué punto podemos obligar a contribuyentes, sin experiencia ni destreza alguna con los ordenadores, o computadoras, a conectar con las Autoridades? ¿Hasta qué punto podemos obligar a personas con escasa formación, con escasos recursos, con escaso acceso a Internet a comunicarse con la AEAT y con la TGSS exclusivamente por medios electrónicos?

    ¿Hasta qué punto, esa obligación no compromete la tutela judicial efectiva? ¿Hasta qué punto no impide al ciudadano el pleno acceso a los Tribunales exigido por la Constitución?

    El Tribunal Supremo ha sido sensible a esta pregunta. ¿Es la obligación de comunicación con la Administración por vía electrónica "necesaria, razonable y proporcionada"?

    El Tribunal Supremo entiende que esta obligación es "necesaria, razonable y proporcionada".

    ¿Por qué el Tribunal Supremo considera que la obligación es proporcionada?

    1.  Porque es prioritario para facilitar la modernidad (no es una broma, está recogido de la propia Sentencia del Tribunal Supremo)

    2.  Porque permite una Administración más eficaz.

    3.  Porque la AEAT es esencial para garantizar el interés general.

    4.  Presumir que las personas jurídicas pueden ser obligadas al DEH es razonable por los recursos de que disponen.

    Estos extremos ya vienen apuntados en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 2012

    Notificación Administrativa Electrónica en materia tributaria.

    La Jurisprudencia en materia tributaria considera que la notificación electrónica es legal y adecuada una vez transcurran diez días desde que la Agencia Tributaria ponga a disposición del contribuyente el contenido del acto administrativo. Así lo resuelven las siguientes resoluciones judiciales: STSJ Madrid 25/09/2014 y STSJ Castilla y León (Burgos) 23/05/2014, STSJ de Canarias de 9/7/2013 y el STS de 29/10/2014.

    No obstante la Jurisprudencia admite que la notificación administrativa no sea efectiva si el contribuyente "alega y justifica" circunstancias que le hayan hecho imposible acceder en plazo al contenido del acto administrativo (Sentencia de la Audiencia Nacional de 23/12/2009) o también, cuando no se ha notificado al contribuyente la inclusión obligatoria en el sistema (Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de enero de 2016).

    ¿Cómo opera la notificación administrativa electrónica en materia tributaria?

    Lo hace a través de los que se denomina DEH o  Dirección Electrónica Habilitada. Así las personas físicas y jurídicas, tienen una dirección electrónica para recibir las notificaciones administrativas de manera telemática. Es un servicio gratuito y evita millones de horas de trabajo que antes ocupaba a miles de funcionarios (los agentes tributarios).

    Junto a la DEH los contribuyentes disponen de un buzon electrónico que dispone de las máximas garantías de confidencialidad

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre la validez de una transacción posterior banco-cliente para evitar la controversia judicial2018-04-16
La Sala Primera estima el recurso de una entidad bancaria contra la sentencia que había declarado la nulidad de la cláusula suelo y su posterior novación mediante contrato privado

Autor Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por Ibercaja frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza que, confirmando la de primera instancia, había declarado la nulidad de la cláusula suelo y su posterior novación mediante contrato privado.

Los compradores de una vivienda, que ostentan la condición de consumidores, habían otorgado dos escrituras públicas de préstamo en el año 2007, la primera de ellas subrogándose en el préstamo hipotecario del promotor, novándolo y ampliándolo, y la segunda de ellas para contraer otro préstamo para financiar la vivienda. En ambos casos, se establecía un primer año de préstamo a interés fijo y, transcurrido el primer año, un préstamo a interés variable, donde se contenían unos límites máximo y mínimo a la delimitación del tipo de interés.

Consulte la sentencia –que cuenta con el voto particular de un magistrado- y la nota informativa de la Sala en “Archivos asociados”.

El contrainterrogatorio, si breve, dos veces bueno2018-04-13

Cuando hablamos de brevedad en sala tenemos la tendencia a pensar, no sin razón, en la duración del informe oral; sin embargo, aquel manjar tan apetecible para los jueces, es igualmente predicable al interrogatorio, y más específicamente al contrainterrogatorio del testigo adverso.

Efectivamente, sin perjuicio del indudable agradecimiento que recibiremos del juez, y que se materializará en una mayor y centrada atención a nuestro interrogatorio, lo cierto es que igualmente concurren una serie de razones que favorecen la habilidad del abogado, de realizar un interrogatorio breve al testigo adverso.

Será pues objeto del presente post, el examen de la misma. 

Para ello hemos de partir del principio esencial en materia de litigación que afirma que sólo se procede a interrogar cuando se tiene un objetivo que desde el punto de vista probatorio resulta relevante y que, en la práctica, tiene visos de ser alcanzable; siendo los objetivos del contrainterrogatorio, desvirtuar la credibilidad y/o el testimonio del testigo.

Consecuentemente, para poder lograr un contraexamen breve es imprescindible que contemos con un objetivo relevante y posible; de lo contrario, mejor no interrogar.

Partiendo de esta idea, debemos considerar que el testigo, sea cual sea su naturaleza (falso voluntario, falso involuntario, neutral, etc.), durante el contrainterrogatorio tratará de mantenerse y persistir en el testimonio que ya ha presentado en el interrogatorio directo previo, por lo que, salvo que obtengamos algún resultado, su versión de los hechos tenderá a perpetuarse ante los intentos del interrogador de obtener algún resultado. Por lo tanto, un interrogatorio que no lo obtenga y se prolongue debido a los continuos intentos infructuosos del abogado, constituye un error que, contrariamente a lo deseado, reforzará el testimonio. De ello se deriva que si no se alcanzan los objetivos previstos, hay que desistir de los mismos y concluir o, en su caso, pasar a otro objetivo.

Lo anterior, lógicamente, no desmerece que si se van obteniendo resultados, se prolongue lo necesario.

Otro factor a considerar es el hecho de que la brevedad del interrogatorio es inversamente proporcional a la importancia del testimonio adverso; de este modo, un interrogatorio breve, incluso aunque no alcancemos nuestros objetivos, tenderá a reducir la importancia del testimonio al igual que un interrogatorio extenso sin logro de objetivos puede ser devastador para quien interroga.

Nuevamente, la excepción reside en el supuesto de que  un prolongado interrogatorio acabe coronándose con un impactante éxito.

En cuanto a la temática del interrogatorio, para que sea breve, deberá cubrir todos los objetivos propuestos, si bien deberá concentrarse en las temáticas esenciales de los que depende nuestro caso y abordarlas con prontitud y eficacia; de ello se sigue que durante el mismo habremos de excluir tratar sobre hechos accesorios, secundarios u otros ya acreditados por otro medio de prueba, lo que facilitará alcanzar la brevedad necesaria.

Respecto a las preguntas, la sensación de celeridad que contribuye a la brevedad se alcanza con el auxilio de preguntas cortas, sencillas y que abarquen un solo punto, o lo que es lo mismo, un tema por pregunta excluyendo las preguntas compuestas. Otra regla esencial para evitar que el interrogatorio se prolongue, es proscribir la consabida repetición de preguntas o reformulación de las mismas.

Finalmente, es sabido que durante el contrainterrogatorio, el abogado debe llevar el absoluto control del mismo, y ello se consigue dándole un mayor ritmo (velocidad) a las preguntas, verdadero heraldo de la brevedad.

En definitiva, cuando decidamos abordar el contrainterrogatorio, debemos desarrollarlo lo más rápidamente posible, dándole una duración cuyo límite residirá en la cobertura de los objetivos planteados, hayamos o no alcanzado el éxito de los mismos.

El Derecho de la Unión se opone al impuesto eslovaco que gravaba al 80 % de su valor los derechos de emisión de gases de efecto invernadero vendidos o no utilizados2018-04-13

Dicho impuesto no respeta el principio de la asignación gratuita de la práctica totalidad de los derechos de emisión para el período 2008-2012

Para los años 2011 y 2012, Eslovaquia gravó al 80 % de su valor los derechos de emisión de gases de efecto invernadero vendidos o no utilizados por las empresas sujetas al régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. [1] Esos derechos habían sido asignados gratuitamente a los operadores económicos con arreglo a la Directiva sobre el régimen para el comercio de derechos de emisión. [2]

La sociedad PPC Power impugnó ante los órganos jurisdiccionales eslovacos la compatibilidad de ese impuesto con la Directiva. El Krajský súd de Bratislava (Tribunal Regional de Bratislava, Eslovaquia), que conoce del asunto, pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva se opone al citado impuesto.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que el objetivo de la Directiva consiste en ofrecer a las empresas sujetas al régimen para el comercio de derechos de emisión la posibilidad de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero sin que se vea comprometida su competitividad. En este contexto, la Directiva prevé que, para el período 2008-2012, los Estados miembros asignen gratuitamente al menos el 90 % de los derechos de emisión.

Seguidamente, el Tribunal de Justicia precisa que, aunque los Estados miembros sean en principio libres para adoptar medidas fiscales en relación con la utilización de esos derechos de emisión, dichas medidas no deben menoscabar los objetivos de la Directiva.

A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que el valor económico de los derechos de emisión constituye la piedra angular del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, dado que la perspectiva de la venta de los derechos de emisión no utilizados constituye un incentivo para que los operadores económicos inviertan en medidas de reducción de sus emisiones. Para el buen funcionamiento de este régimen, es necesario que un gravamen impuesto por un Estado miembro no suprima dicho valor económico.

Pues bien, el impuesto controvertido priva a las empresas afectadas de la práctica totalidad del valor económico de los derechos de emisión, de modo que esas empresas pierden todo incentivo para fomentar la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia declara que el impuesto de que se trata no respeta el principio de la asignación gratuita de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, menoscaba los objetivos perseguidos por esta Directiva. Por consiguiente, dicho impuesto no es compatible con la Directiva.

[1] Esta tributación fue suprimida el 30 de junio de 2012.

[2] Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO 2003, L 275, p. 32).

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Un menor no acompañado que alcanza la mayoría de edad durante el procedimiento de asilo conserva su derecho a la reagrupación familiar2018-04-13

No obstante, la solicitud de reagrupación familiar debe presentarse dentro de un plazo razonable, en principio, tres meses a partir del día en el que se reconoció al menor interesado la condición de refugiado

Una persona menor de edad de nacionalidad eritrea, que llegó no acompañada a los Países Bajos, presentó una solicitud de asilo el 26 de febrero de 2014. El 2 de junio de 2014, alcanzó la mayoría de edad. El 21 de octubre de 2014, el Secretario de Estado neerlandés le concedió un permiso de residencia en virtud del derecho de asilo, válido durante cinco años, con efectos desde la fecha de presentación de la solicitud de asilo. El 23 de diciembre de 2014, una organización neerlandesa que se ocupa de los refugiados (VluchtelingenWerk Midden-Nederland) presentó una solicitud de autorización de residencia temporal para los padres de la persona interesada (A y S), así como para sus tres hermanos menores, al amparo del derecho a la reagrupación familiar con un menor no acompañado. Mediante resolución de 27 de mayo de 2015, el Secretario de Estado denegó esta solicitud debido a que, en la fecha en la que se presentó, la hija de A y S era mayor de edad.

A y S impugnan dicha denegación. En su opinión, la fecha decisiva para determinar si una persona puede ser calificada de «menor no acompañado», en el sentido de la Directiva de la Unión sobre reagrupación familiar, [1] es la fecha de su entrada en el Estado miembro de que se trate. Por el contrario, el Secretario de Estado considera que la fecha determinante a este respecto es aquella en la que se presentó la solicitud de reagrupación familiar.

El rechtbank Den Haag (Tribunal de primera instancia de La Haya, Países Bajos), que debe resolver este asunto, planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia califica de «menores» a los nacionales de países que no son miembros de la UE y a los apátridas que, en el momento de su entrada en el territorio de un Estado miembro y de la presentación de su solicitud de asilo en ese Estado, tienen menos de 18 años y que, durante el procedimiento de asilo, alcanzan la mayoría de edad y a los que posteriormente se les reconoce el estatuto de refugiado.

El Tribunal de Justicia recuerda, a este respecto, que la Directiva prevé para los refugiados condiciones más favorables para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar, dado que su situación requiere una atención especial, debido a las razones que les obligaron a huir de su país y que les impiden llevar allí una vida familiar normal. Más concretamente, los refugiados menores no acompañados disponen de un derecho a tal reagrupación, que no está sujeto a la discrecionalidad de los Estados miembros.

Por otra parte, aun cuando la Directiva no determina expresamente hasta qué momento debe ser menor un refugiado para poder acogerse al derecho a la reagrupación familiar especial, [2] el Tribunal de Justicia declara que la determinación de dicho momento no puede dejarse a la apreciación de cada Estado miembro.
Por lo que se refiere más concretamente a la cuestión de cuál es, en definitiva, el momento en que debe apreciarse la edad de un refugiado para que pueda ser considerado menor y acogerse así al derecho a la reagrupación familiar especial, el Tribunal de Justicia examina el tenor, la lógica interna y la finalidad de la Directiva, habida cuenta del contexto normativo en que se inserta y de los principios generales del Derecho de la Unión.

[1] Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003 sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO 2003, L 251, p. 12).
[2] Artículo 10, apartado 3, letra a), de la Directiva.

Según el Tribunal de Justicia, hacer depender el derecho a la reagrupación familiar del momento en que la autoridad nacional competente adopte formalmente la resolución en la que se reconozca la condición de refugiado a la persona interesada y, por consiguiente, de la mayor o menor celeridad con la que dicha autoridad tramite la solicitud de protección internacional, pondría en cuestión la eficacia del derecho a la reagrupación familiar. Esto iría en contra no sólo del objetivo de la Directiva, que es favorecer la reagrupación familiar y conceder, a este respecto, una especial protección a los refugiados (en particular a los menores no acompañados), sino también de los principios de igualdad de trato y de seguridad jurídica. En efecto, esa interpretación tendría como consecuencia que dos refugiados menores no acompañados de la misma edad que hayan presentado en el mismo momento una solicitud de protección internacional podrían ser tratados de distinta manera dependiendo de cuánto durase la tramitación de esas solicitudes. Por otra parte, dicha interpretación tendría como consecuencia que a un menor no acompañado que hubiera presentado una solicitud de protección internacional le resultaría absolutamente imprevisible saber si gozará del derecho a la reagrupación familiar con sus padres, lo que podría menoscabar la seguridad jurídica.

Por el contrario, considerar la fecha de presentación de la solicitud de protección internacional permite garantizar un trato idéntico y previsible a todos los solicitantes que se encuentren cronológicamente en la misma situación, al garantizar que el éxito de la solicitud de reagrupación familiar dependerá principalmente de circunstancias atribuibles al solicitante, y no a la Administración (como la duración de tramitación de la solicitud de protección internacional o de la solicitud de reagrupación familiar).

No obstante, el Tribunal de Justicia puntualiza que, en una situación de este tipo, la solicitud de reagrupación familiar debe producirse dentro de un plazo razonable, a saber, en principio, tres meses a partir del día en el que se reconoció al menor interesado la condición de refugiado.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

El Tribunal Supremo declara nula la Orden de Cultura sobre las tarifas de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual2018-04-12
La Sala Tercera estima que omitió el análisis del impacto de la norma en la familia

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas contra la Orden ECD/2574/2015, de 2 de diciembre, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las tarifas generales en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.

El alto tribunal declara nula la citada Orden por haber infringido en su tramitación, y más en concreto en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, la “Disposición adicional décima. Impacto de las normas en la familia”, de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, que establece que “las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia”.

La Memoria de análisis de impacto normativo de la Orden omitió el análisis del impacto de la norma en la familia, lo que fue advertido en su dictamen por el Consejo de Estado.

Por ello, el Supremo declara la nulidad de la Orden por vulneración de la norma imperativa de rango legal que contiene aquella Disposición adicional décima, “pues la ‘familia’ -y más aún, como es normal o habitual, la que integra entre sus componentes hijos e/o hijas menores de edad sobre los que los progenitores, tutores o cuidadores ejercen derechos pero también cumplen o han de cumplir deberes inherentes a la relación jurídica trabada entre unos y otros- es potencial afectada, directamente y/o por repercusión, de las tarifas generales que lleguen a determinarse según la metodología que aprueba la Orden Ministerial impugnada, y siendo ello así, no alcanzamos a ver cuál pueda ser la justificación de aquella total omisión en la memoria de análisis de impacto normativo”, señala la sentencia.

Argumentan que el hecho de que la “familia” como tal “no ejerza en principio una actividad económica que requiera disponer de alguno o algunos de los derechos que integran el amplio y diverso abanico de la “propiedad intelectual”, no es razón suficiente para descartar aquella potencial afectación ni para justificar por tanto la omisión que nos ocupa”.

Las ciberseguridad se convierte en la principal preocupación de los inversores en todo el mundo2018-04-12

El 41% de los inversores se declaran “extremadamente preocupados” por el aumento de los ciberataques. El 54% de los inversores se declaran “muy confiados” en la evolución de la economía mundial en los próximos doce meses, aunque muestran mayores reservas cuando se les pregunta por la evolución de los ingresos de las compañías.

Los inversores lo tienen claro. La ciberseguridad es la mayor amenaza a la que actualmente se enfrentan las empresas y los negocios, según la Global Investor Survey 2018, elaborada por PwC a partir de la opinión de más de 600 inversores en todo el mundo. El 41% de los entrevistados se muestran "extremadamente preocupados" por el aumento de los ciberataques y lo consideran el principal riesgo para las empresas -el año pasado apenas lo situaban en quinto lugar-, por delante de la incertidumbre geopolítica (39%), la velocidad de los cambios tecnológicos (37%), el populismo (33%) y el proteccionismo (32%).

 

El estudio, que compara la opinión de los inversores y de los CEOs sobre los principales desafíos a los que se enfrenta el mundo de los negocios en los próximos meses, revela que ambos colectivos tienen una visión algo distinta sobre cuáles son los grandes riesgos para las empresas (ver gráfico). Los CEOs, por ejemplo, están más preocupados que los inversores por la excesiva regulación, el terrorismo y el aumento de la presión fiscal que los inversores. Mientras que estos últimos ponen el acento en el auge del populismo y del proteccionismo. Eso sí, ambos coinciden en situar a la ciberseguridad, la incertidumbre geopolítica y la velocidad de cambios tecnológicos entre las  grandes  cuestiones les quitan el sueño.

Los inversores -al igual que los máximos ejecutivos- se muestran muy confiados sobre la evolución de la coyuntura internacional en los próximos doce meses. El 54% espera una mejora de la economía mundial -nueve puntos más que en nuestra encuesta de año pasado-. Sin embargo, los inversores son más pesimistas que los CEOs acerca del crecimiento de los ingresos de las empresas en el corto y medio plazo: sólo el 23% se muestra muy confiado por el 47% de los presidentes y consejeros delegados (ver gráfico). De nuevo, ambos coinciden en priorizar el crecimiento orgánico por delante de la reducción de costes, la creación de alianzas o las fusiones o adquisiciones.

Porcentaje de inversores y CEOs muy confiados en la evolución de los ingresos de las empresas en las que invierten o lideran, en el corto y medio plazo.

 

Pero aquí no acaban las discrepancias entre unos y otros. Los inversores, por ejemplo, esperan unos mayores niveles de disrupción que los CEOs de la tecnología (85% vs 64%), del comportamiento de los consumidores (81% vs 68%), y de los nuevos canales de distribución (75% vs 60%). Además, aumentan respecto al año pasado -del 13% al 26%- el porcentaje de los inversores que esperan una reducción de las plantillas en 2018 como consecuencia de la automatización.

ARANZADI FUSIÓN

Los clientes de Thomson Reuters que utilizan Aranzadi Fusión tienen garantizada el mayor nivel de seguridad para su información. Esto es debido a que la aplicación se encuentra alojada en uno de los DataCenter corporativos de Thomson Reuters, que cuenta con la ISO 27001 (referente a la seguridad de la información) y la ISO 9001 (referente a la calidad).

Adicionalmente, nuestras aplicaciones son testeadas con diferentes escáneres por parte de un proveedor externo experto en seguridad (Veracode) que se encargan de detectar posibles vulnerabilidades como pueden ser SQL Injection o Cross-Site Scripting (XSS). Estos escáneres se encargan de asegurar que nuestras aplicaciones cumplen con los requisitos que son necesarios para evitar cualquier problema referente a la seguridad de los datos almacenados por nuestros clientes.

Victoria Ortega, primera presidenta de Unión Profesional2018-04-12

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha sido elegida nueva presidenta de Unión Profesional durante las elecciones que han tenido lugar esta mañana en la sede del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales.

Victoria Ortega ha sido proclamada presidenta de Unión Profesional por aclamación tras retirar -en la segunda ronda de votaciones- su candidatura Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos.

Serafín Romero y Victoria Ortega

En la presentación de su candidatura, Victoria Ortega ha reconocido que se ha avanzado mucho en los 40 años de vida de Unión Profesional pero “nos encontramos en un momentos estratégico para abordar unos grandes retos que permitan devolver la confianza de los ciudadanos en las instituciones”. Entre sus propuestas, la nueva presidenta de Unión Profesional ha defendido, entre otros aspectos, trabajar en los principios comunes de las profesiones mirando a Europa, la coordinación de proyectos profesionales conjuntos en diversas áreas sociales o alcanzar un proyecto consensuado de ley de Consejos y Colegios Profesionales.

Las novenas elecciones a la presidencia de la entidad estatal que agrupa a 33 Consejos Generales y Colegios Estatales, en la que están representados los sectores jurídico, sanitario, científico, social, técnico, docente, arquitectónico y económico, han sido celebradas en el Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITI).

«Somos instituciones que estamos colaborando y no compitiendo», fueron unas de las primeras palabras de Ortega, con las que estuvo de acuerdo el también candidato en estas elecciones, Serafín Romero, presidente del Consejo General de Médicos (CGCOM), quién se retiró del proceso electoral en favor de la unidad y por el bien global de las profesiones, ya que tal y como manifestó «solos se llega antes, pero juntos se llega más lejos».

Es la primera vez que esta institución, que cumple treinta y ocho años, es presidida por una mujer. Victoria Ortega, hasta este momento, vicepresidenta de Unión Profesional, enfatizó en el perfil social de UP, así como en trabajar conjuntamente por fortalecer aspectos propios de las profesiones colegiadas, como la deontología y la formación continua (Desarrollo Profesional Continuo y Validación Periódica de la Colegiación), tanto en el ámbito nacional, como en el internacional.

«Unión Profesional debe mantenerse en la sociedad como una institución sólida y de confianza», precisó la nueva presidenta de UP, convencida de los aspectos comunes y transversales que unen a las profesiones y del compromiso de las mismas con la ciudadanía.

Bankia sigue recurriendo sus polémicas preferentes2018-04-11

La Audiencia Provincial de Madrid resolvió el pasado 13 de marzo la confirmación de la nulidad de unas preferentes de Bankia colocadas en el 2011. La sentencia de primera instancia, del juzgado nº 5 de Alcalá de Henares había decretado la nulidad de su colocación y por tanto obligaba al banco a devolver los 35.000€ invertidos más el interés legal del dinero.

A cambio, los clientes debían devolver los 2.540,15€ de rendimientos de los cupones trimestrales y las acciones de Bankia del canje obligatorio. “Parece increíble que Bankia que era la que parecía haber asumido su responsabilidad en la colocación de las preferentes, tenga -sin embargo- una actitud jurídica tan defensiva”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho que ha dirigido la defensa.

El punto de controversia estriba en el plazo de caducidad. Bankia alega que el plazo de caducidad debería de contabilizarse desde que Bankia anuncia a la CNMV la suspensión de los pagos de los cupones, esto es el 1 de junio de 2012. O en todo caso, desde que el cliente dejó de cobrar el cupón, el 7 de julio de 2012. Bajo esta perspectiva, la acción habría quedado caducada y por tanto habría perdido la oportunidad de recurrir.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid recuerda su propia sentencia de 4 de diciembre de 2017 en la que recuerda a su vez la doctrina del Supremo: el plazo para calcular la caducidad debe de contabilizarse desde que el cliente tuvo “pleno y cabal conocimiento” de lo que estaba contratando. “No basta con haber cesado en el pago de los cupones. Ha de comunicarse al interesado”, señala el Supremo.

El Alto Tribunal también ha señalado que en el caso de las preferentes, el plazo para calcular la caducidad debe de calcularse desde la fecha en la que se implementan las acciones de gestión de los instrumentos híbridos por parte del Frob “y no la suspensión de los cupones”. ¿La razón? “No se puede negar la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable”, concluye el Supremo.

“Bankia sigue tratando de buscar burladeros jurídicos para tratar de evitar las responsabilidades por las colocaciones incorrectas y poco transparentes de sus preferentes. El resultado es siempre el mismo, el reproche judicial”, señala el socio-director de navascusi.com

La Audiencia Provincial de Madrid decreta el “inacogimiento del único reproche alzado en la sentencia recurrida”, es decir, confirma el fallo de primera instancia y condena al banco al pago de las costas procesales originadas por la alzada. “Tanto los criterios de fondo como los de caducidad están muy claros; recurrir sólo sirve para dilatar el reproche. Lo que deben de hacer los bancos con las preferentes es asumir su mala praxis y resarcir a sus clientes lo antes posible”, concluye Navas.

ACOREO demandará a Facebook2018-04-11

·         La normativa de protección de datos permite a los usuarios afectados solicitar una indemnización

En el último año, Facebook ha sido multada en España con más de un millón y medio de euros, y la cifra puede aumentar considerablemente. En pasado jueves, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunció que había abierto actuaciones de investigación para analizar la posible fuga de datos de casi 137.000 usuarios españoles, (que ha afectado a más de 87 millones de personas en todo el mundo).

 “Además de la sanción que pueda imponer la AEPD (que es una de las Autoridades de Control más rigurosas y prolíficas de Europa), la red social podría encontrarse con miles de demandas de afectados reclamando una indemnización”, señalan desde la Asociación ACOREO, que se prepara para iniciar procedimientos frente a la compañía.

La Asociación, que tiene más de 100 abogados en España, cuenta para esta acción con el letrado especializado en internet, Luis Gervas de la Pisa, que recientemente consiguió que se les impusiera una sanción de 600.000€, a Facebook y Whatsapp, junto a otros denunciantes, y que en 2016 consiguió una sanción contra Google por 150.000 €.

Según indica el abogado vallisoletano “no es país para Facebook. La tecnológica ha indicado que se pondrá en contacto con los usuarios para comunicarles si sus datos se han comprometido o no, y desde ese momento los afectados pueden valorar qué acciones tomar”.  El letrado no es demasiado confiado: “habrá que ver si las comunicaciones de Facebook son suficientemente claras, porque en otras ocasiones (por ejemplo, cuando anunciaron que podrían leer el contenido de los mensajes privados con fines publicitarios), la información era de todo menos transparente, desde mi punto de vista”.

Al margen de las comunicaciones que Facebook pueda hacer, Gervas señala que cualquier usuario de la famosa red social podría conocer si está afectado, ejercitando sus derechos contra Facebook, “lo que resulta algo más lento pero es un mecanismo efectivo para conocer la afectación concreta”.

Las investigaciones concluyen que el fallo de LexNET no afectó a expedientes judiciales2018-04-11

CGPJ y AEPD confirman que no se vieron afectados ficheros jurisdiccionales ni documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía.

​Una vez que se han hecho públicas por parte de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sus conclusiones sobre la investigación relativa al incidente de seguridad del sistema LexNET que se produjo el pasado mes de julio de 2017, ha quedado probado que el fallo no afectó a ficheros jurisdiccionales ni a expedientes completos y que los documentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Fiscalía no estuvieron expuestos en momento alguno. Puesto que en LexNET no existen expedientes completos, el número de documentos que se vieron afectados fue muy limitado y se estima que el número de buzones que pudo verse perjudicado apenas fue el 0,1%.

La AEPD reconoce que el Ministerio de Justicia ha colaborado con total transparencia, lealtad y respeto institucional en las investigaciones y desde el primer momento reconoció el fallo que, debido a un error de programación y control en una actualización de LexNET por parte de la empresa que desarrolla el sistema, permitía a los usuarios acreditados con certificado digital y tras una serie de acciones, acceder al buzón de un tercero. Dado que el error informático que se produjo afectó a determinados ficheros no jurisdiccionales, se ha declarado una infracción automática en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

Un total de 140 usuarios accedieron de forma irregular a 150 buzones que no les pertenecían y visualizaron 1.023 mensajes de forma no autorizada, aunque no descargaron contenidos. Fueron 74 los que sí lo hicieron de 431 mensajes consistentes en notificaciones ya practicadas y limitadas a los 60 días anteriores. La Agencia da por probado que no se podían manipular documentos, acceder a comunicaciones que no hubieran sido abiertas previamente por el usuario legítimo, ni presentar escritos en nombre de otros usuarios, así como que no pudieron visualizarse mensajes anteriores a 60 días dado que el sistema borra los datos de forma automática.

Constata asimismo, los esfuerzos realizados por el Ministerio de Justicia para mitigar el incidente de seguridad y evitar situaciones similares en el futuro. El Ministerio ha diseñado 69 medidas correctivas y preventivas, de las que 55 ya se han implementado y el resto se encuentra en fase de desarrollo y pruebas. Todo ello hace que hoy LexNET sea mucho más seguro que antes del incidente.

Con anterioridad han archivado el expediente de investigación sin infracción alguna, tanto el Consejo General del Poder Judicial, como el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, supervisor de servicios no cualificados de entrega electrónica certificada como es LexNET.

Con la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos concluyen las actuaciones que las diferentes autoridades con competencias y los servicios de inspección del Ministerio han venido realizando sobre el incidente de LexNET.  

El Gobierno intensificará el control de las contrataciones formativas, a tiempo parcial y temporales injustificadas2018-04-10

El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó nuevas medidas para intensificar el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos. A tal fin dio luz verde al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, un Plan que, según explicó el Ejecutivo, “identifica a la Inspección como la institución pública para la garantía de la calidad del empleo”. El documento ya tiene su traducción normativa por medio del Real Decreto 192/2018, de 6 de abril, que fue publicado en el BOE del pasado sábado.

El Plan Estratégico recoge las actuaciones de las que se dotará a la inspección para intensificar el control. Entre otras cabe destacar: el incremento de los "recursos humanos suficientes en número, altamente cualificados y especializados en materias concretas". En este sentido se prevé el despliegue de los nuevos subinspectores laborales de la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo y la potenciación de la Escuela de Inspección. La norma se enmarca en la Agenda integral para la calidad del empleo del Gobierno y se estructura en cuatro ejes: organización, calidad en el servicio, eficacia en la actuación y asistencia y mediación. Fija además nada menos que doce objetivos y cien líneas de actuación para los próximos años.

El refuerzo de los medios humanos constituye una prolongación del implementado desde la aprobación en 2012 del Plan de Lucha contra el Fraude. Según informó el Gobierno, desde esa fecha  y con el desarrollo de las Ofertas Públicas de Empleo en marcha se habrán incorporado una cifra de hasta 845 nuevos Inspectores y Subinspectores. Añade que gracias a una "coordinación más intensa en la lucha contra el fraude entre la Inspección de Trabajo, otros organismos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas han mejorado la eficacia de las actuaciones inspectoras".

Detectados 519.056 empleos irregulares desde 2012

En cifras y durante estos últimos seis años se han aflorado 519.056 empleos irregulares, que eran empleos sin derechos; se han detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real, creadas con el único objeto de facilitar el acceso indebido a prestaciones. Así mismo se ha logrado la conversión de más de más de 359.191 contratos indebidamente temporales en contratos indefinidos. El impacto económico global estimado es de 21.198 millones de euros.

Organismo Autónomo de nueva creación

El Real Decreto 192/2018 desarrolla la Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que fue aprobada durante la pasada legislatura.

La piedra angular del nuevo modelo organizativo de la Inspección de Trabajo establecido por dicha Ley era la transformación de la actual Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en un Organismo Autónomo de nueva creación, el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos Estatutos han sido aprobados por este Real Decreto. De hecho, dicho Organismos Estatal será además el encargado del despliegue y de la completa ejecución del Plan Estratégico 2018-2020. Integrará a todo el personal que hasta ahora presta servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, unos 3.000 empleados públicos entre Inspectores, Subinspectores y personal de apoyo. Asimismo, estará desplegado en las 17 Comunidades Autónomas, en todas las provincias españolas, y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Accede al Real Decreto 192/2018

La juez estima el recurso del Arzobispado de Zaragoza contra el acuerdo municipal para inmatricular las iglesias2018-04-10
Entiende la magistrada que el acuerdo alcanzado por el gobierno municipal no se ajusta a derecho al no contar con el informe preceptivo previo del secretario o de la asesoría jurídica necesarios para poder hacer una valoración justa y acertada antes de adoptar el acuerdo

Autor Comunicación Poder Judicial

La magistrada del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 5 de Zaragoza ha estimado el recurso presentado por el Arzobispado de Zaragoza contra el punto primero del acuerdo adoptado por el Gobierno del municipal de la capital que establece la declaración de dominio municipal la Catedral de San Salvador (La Seo), la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena y los templos de San Juan de los Panetes y Santiago el Mayor, iglesias todas ellas ubicadas en Zaragoza y hasta el momento propiedad del Arzobispado, para que pasaran a ser de utilización pública.

Basándose en la jurisprudencia dictada, entiende la juzgadora que el equipo de gobierno municipal debería haber contado, antes de alcanzar el acuerdo, “con el dictamen previo del Secretario, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado”, y ello porque “la propia jurisprudencia valora como esencial ese dictamen previo preceptivo de modo que es nulo el acuerdo adoptado sin que el mismo se haya producido ya que la ausencia de ese requisito sustrae elementos de juicio necesarios para una valoración justa y acertada de la solución adoptada por la Corporación Local” y añade que “la carencia de ese informe preceptivo comporta la nulidad del acuerdo adoptado”.

Valora la magistrada que el cumplimiento de este trámite “no es superfluo ni inocuo”, sino que garantiza que las Corporaciones Locales hagan un uso reflexivo de las acciones judiciales que puedan emprender en defensa de los intereses generales que representan”.

Archivos asociados

El Colegio de Abogados de Madrid se erige en defensa de la cultura y los derechos de autor2018-04-10
  • José María Alonso: “La abogacía debe estar al servicio del arte y favorecer una industria cultural profesionalizada”

Destacados representantes del mundo artístico y el sector legal se dieron cita ayer en el Colegio de Abogados de Madrid con motivo de la inauguración de la sección sobre Derecho y Cultura. Dos ámbitos que no pueden desvincularse, pues, como señaló José María Alonso en sus palabras de bienvenida, “el mundo artístico tiene infinidad de connotaciones jurídicas e incide en distintas ramas del Derecho, desde el Mercantil hasta el Administrativo”. Para el decano, “la abogacía debe estar al servicio del arte y favorecer una industria cultural profesionalizada”, un objetivo que la sección número 32 del Colegio ayudará a lograr, a la vez que refuerza el papel de la institución en defensa de los derechos de los ciudadanos.

El responsable de dirigir esta iniciativa, el abogado Antonio Muñoz Vico, fue el encargado de moderar un acto inaugural en el que intervinieron el escritor y presidente del Consejo Editorial de la revista ‘Abogacía’ Lorenzo Silva, la soprano Delia Agúndez, la coordinadora general de Conservación del Museo del Prado Karina Marotta y el abogado y dramaturgo Antonio Garrigues.

En sus palabras de presentación, Muñoz señaló que la cultura debe considerarse como un “activo económico desprejuiciado y desprovisto de ideología”. Respecto a los objetivos de la sección, avanzó que estarán orientados a “crear un marco jurídico que promueva la inversión pública y privada, dignificar el trabajo creativo y potenciar la difusión y la creación de la cultura en libertad”.

Desprotegida e infravalorada

La lengua española, como destacaba Silva, es el segundo idioma mundial después del chino, lo que contrasta con “la ausencia de atención del legislador a la producción cultural en España”, donde el sistema de tributación ni siquiera contempla la categoría de escritor (salvo en Navarra). El autor también abordó la cuestión de la piratería, denunciando que en España “la propiedad intelectual está absolutamente desprotegida, el tipo penal es casi imposible de aplicar, y el procedimiento administrativo está encomendado a un ministerio sin suficientes activos”.

Agúndez, por su parte, ofreció la perspectiva del sector de la música antigua, aclarando que “no son los niños mimados de las subvenciones” y que se enfrentan a una realidad en la que no se les reconoce todo el trabajo que realizan: “en España hay una infravaloración de la cultura a nivel educativo y social”, señaló. Junto a la precariedad de la profesión, la soprano denunció un sistema de cotizaciones inadecuadas, la falta de participación sindical y la brecha salarial.

Una protección eficaz requiere “acuerdos parlamentarios y el apoyo estatal”, indicó Marotta, y aunque el del Prado se benefició en su momento de un pacto de Estado, la conservadora reconoció que “hay muchos museos que no tienen esta oportunidad”. Es indudable que “las colecciones recepcionadas por el Prado han sido un elemento vertebrador de la identidad nacional”, afirmó, de ahí que sea necesario un cambio de mentalidad que supere la concepción del arte como “un lujo o algo superfluo”. Desde el punto de vista jurídico, Marotta denunció la “hipertrofia en la regulación administrativa” y las trabas que la nueva ley de contratación pública, que entró en vigor el pasado marzo, conlleva.

Protagonismo de la ciudadanía

Para Garrigues, sin embargo, “en España hay un ansia cultural absolutamente indiscutible, porque la gente es consciente de que es la que da calidad democrática y bonanza económica”, y destacó que el país recibe “82 millones de turistas que vienen a consumir nuestra cultura”. La falta de voluntad política a la hora de consensuar una ley de mecenazgo hace pivotar el protagonismo hacia la sociedad, advirtió el jurista, por lo que el impulso “tiene que provenir de la ciudadanía, que no puede quedarse al margen”. En este sentido cabe ser optimistas pues, como recordó el letrado, “hasta ahora, la ciudadanía española ha superado todos los problemas que ha afrontado”.

Nueva sentencia del TS declarando de utilidad pública a una asociación deportiva2018-04-09

El reconocimiento de la condición de utilidad pública de una entidad sin ánimo de lucro, y más en el caso de las organizaciones deportivas, es uno de los principales puntos a tener en cuenta en el asesoramiento jurídico a este tipo de organizaciones.

Para valorar la importancia de dicho reconocimiento, mencionar el cambio jurisprudencial que obtuvo el despacho Gros Monserrat Abogados en el año 2011 por parte del Tribunal Supremo. Éste, con sentencia del 22 de noviembre de 2011, declaró de utilidad pública al “Club Natació Manresa”, fijando por consiguiente, que la trascendencia social de la actividad desarrollada por la entidad, implica que nos encontremos ante un supuesto merecedor de la calificación de utilidad pública.

Hasta ese momento, se aplicaba estrictamente la normativa reguladora, en el que el informe favorable a tal pronunciamiento de la Agencia Tributaria se postulaba como preceptivo. No obstante, a partir de la doctrina del Tribunal Supremo aplicada en la referida sentencia, se empezó a cuestionar tal carácter preceptivo y vinculante del informe de la Agencia Tributaria, que realizaba una interpretación muy restrictiva del concepto de “interés general”.

De esta forma, según la Agencia Tributaria, la mayoría de las solicitudes deben de desestimarse puesto que según la misma no quedaba garantizado el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 32.1.a) de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, relativo a que las finalidades estatutarias de la entidad tendieran a promover el interés general, manifestando básicamente que tales entidades desarrollaban actividades empresariales consistentes en la prestación de servicios mediante contraprestación económica, con lo que los servicios prestados por éstas no irían dirigidos a beneficiar directamente a una colectividad genérica de personas.

No obstante, Francesc Costa, socio del despacho Gros Monserrat Abogados y quien lideró estas impugnaciones ante el Alto Tribunal, argumentó frente a los requerimientos de la Hacienda pública, que el hecho de llevar a cabo una explotación económica no motiva per se que no pueda considerarse que los fines estatutarios de una entidad sin ánimo de lucro tienden a promover el interés general.

Por consiguiente el Tribunal Supremo fijó que el hecho de llevar a cabo una actividad económica por parte de la asociación en ningún caso puede privarle de la consideración de entidad de utilidad pública, por cuanto que lo fundamental es la falta de ánimo de lucro de la misma y los recursos derivados de la explotación económica son necesarios para el desarrollo de la actividad al reinvertirse en ella.

El hecho que la asociación pueda restringir el acceso a ciertas actividades a terceros, no implica que no se esté cumpliendo  con los requisitos de beneficiar a la colectividad, ya que en algunos casos deberá restringirse el acceso a las actividades para garantizar la seguridad de los usuarios. Del mismo modo, exigir el pago de entrada o matrícula para tal actividad no implica incumplir este requisito, ya que tal precio se reinvierte en la consecución de las finalidades sociales, careciendo de ánimo de lucro.

Recientemente, y como ya ocurrió en 2011, el despacho Gros Monserrat Abogados ha vuelto a obtener la declaración de utilidad pública para una nueva organización deportiva, con sentencia del Tribunal Supremo del pasado 22 de marzo de 2018. Esta sentencia, acogiendo los argumentos de la referida sentencia de 22 de noviembre de 20011, reitera que “no cabe entender que a prestación onerosa de un servicio conduzca necesariamente a conceptuar que la asociación que lo presta carezca de interés general, por cuanto que para ello habrá que tener en cuenta las actividades que realiza para el cumplimiento de su objeto social, si éstas redundan en beneficio de la colectividad, y del destino que se aplican a los ingresos que la entidad pudiera obtener”.

Carácter reglado de la actuación administrativa

Asimismo, la referida sentencia, reitera y consagra un principio de vital importancia en este asunto ya apuntado en las sentencias dictadas en el mes de octubre de 2015, que no es otro que el carácter reglado de la actuación administrativa, de forma que “aunque el artículo 32 de la LO 1/2002 establezca que las asociaciones “podrán ser declaradas de utilidad pública” cuando cumplan con los requisitos establecidos, la utilización de la expresión “podrán” no podrá llevar a pensar que nos encontramos ante una potestad discrecional, pues se trata aquí de un procedimiento reglado, de forma que las asociaciones que cumplan con los requisitos establecidos en la norma han de recibir la calificación de utilidad pública en caso que la soliciten”.

Del mismo modo, el Tribunal Supremo recuerda a la Agencia Tributaria que para la considerar de interés general una actividad, “lo determinante no es la obtención de un beneficio económico, sino el destino al que éste va dirigido”, de forma que “no cabe equiparar interés general con gratuidad o ausencia de ánimo de lucro; del mismo modo que no existe equivalencia entre ánimo de lucro y contraprestación de servicios prestados”.

Finalmente, en la sentencia referida, se destaca que las actividades que realiza la entidad, de promoción y fomento del deporte, redundan en beneficio de la colectividad y tienden a promover el interés general, parafraseando de forma brillante distintos párrafos del artículo 1 de la Ley 10/1990 del deporte, en el que se establece que la práctica del deporte “como factor fundamental de la formación y del desarrollo integral de la personalidad, constituye una manifestación cultural que será tutelada y fomentada por los poderes públicos del Estado”; concluyendo que según el artículo 1.3 de la referida ley, “el Estado reconocerá y estimulará las acciones organizativas y de promoción desarrollada por las Asociaciones deportivas”. Evidentemente, una de las formas de las que dispone el Estado para reconocer y estimular tales acciones es reconocer la condición de utilidad pública a las entidades que la llevan a cabo.

José María Alonso, nuevo presidente de la Unión Interprofesional de Colegios Profesionales de Madrid2018-04-09

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha sido elegido presidente de la Unión Interprofesional de Colegios Profesionales de Madrid (UICM) tras obtener el respaldo mayoritario de los Colegios en las elecciones celebradas ayer en la sede de la Corporación madrileña. “Llego a esta presidencia con muchas ganas de trabajar y de cumplir unos objetivos que considero irrenunciables”, ha señalado Alonso en sus primeras palabras al frente de una organización que agrupa a cerca de 300.000 profesionales de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica.

Con la autoexigencia como condición imprescindible para hacerse acreedores de la confianza de los ciudadanos, el nuevo presidente de la Unión Interprofesional se propone incrementar su presencia en la sociedad civil y generar un espacio productivo de cooperación, participación y creación de sinergias en el que todos sumen en favor del interés general.

“Los Colegios profesionales son una de las principales garantías de la buena praxis y un excelente aliado de la Administración para impulsar la economía y la educación. Contribuimos en gran medida al progreso cultural, social y económico de nuestro país”, ha afirmado Alonso.

“Estoy convencido de que entre todos podemos sumar esfuerzos” para transmitir a la sociedad “nuestra vocación de servicio” y “el compromiso de cada profesión para enriquecer el mundo científico, cultural, técnico o social en el que se proyecta”, ha recalcado el decano.

Tras las elecciones celebradas ayer, la composición de la Junta Directiva de la UICM queda de la siguiente manera:

Presidente: José María Alonso, decano del Colegio de Abogados de Madrid
Vicepresidentes: Miguel Ángel Carrillo, decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Demarcación Madrid; y José María Ezquiaga, decano del Colegio de Arquitectos de Madrid.
Secretario general: Jaime Cabrero , presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid
Tesorero: Eladio Acevedo, presidente del Colegio Central de Titulados Mercantiles.
Contador: Luis J. González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Madrid.
Vocales: Gonzalo Echagüe, presidente del Colegio de Físicos; Ángel Cámara, del Colegio de Ingenieros de Minas de España; María Cruz Díaz, decana del Colegio de Ingenieros Agrónomos del Centro y Canarias; Pedro Layna, decano-presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Madrid; y María Teresa Estevan, del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid.

Sobre UICM

Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) es una Asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los Colegios Profesionales originarios de esta Comunidad, así como a aquellos Colegios Nacionales que tienen su sede en la misma. Actualmente está integrada por 33 Colegios Profesionales donde se inscriben cerca de 300.000 profesionales de las áreas de Ciencias, Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica.

El objetivo principal de Unión Interprofesional es lograr la mayor presencia de los profesionales en la sociedad y contribuir a la promoción de la función social de los Colegios asociados.

El Tribunal Supremo condena a indemnizar con 10.000 euros a una exclienta de Vodafone incluida en un fichero morosos por no pagar las penalizaciones2018-04-09
La Sala señala que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, como ocurrió en este caso

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha condenado a una empresa de reclamación de deudas a indemnizar con 10.000 euros por daños morales a una mujer cuyos datos incluyó en dos registros de morosos por una deuda de 200 euros que Vodafone le reclamaba en relación a servicios de telefonía móvil, y con la que ella estaba en desacuerdo, ya que ello fue una vulneración de su derecho al honor.
El Supremo destaca que no cabe incluir en ese tipo de ficheros a quienes “legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, como ocurrió en este caso.

El tribunal estima el recurso de la mujer, exclienta de Vodafone, y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, que no consideró ilícita la inclusión de los datos personales en los registros de morosos. Así, repone la vigencia del fallo del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Lena, que sí apreció la vulneración del derecho al honor de la mujer por parte de Sierra Capital Management 2012 S.L., a quien Vodafone había cedido el crédito por el importe de la deuda que reclamaba a dicha persona.

La sentencia relata que la demandante firmó un contrato de telefonía con la empresa Vodafone en abril de 2011, y que desde el principio de su relación contractual se produjeron irregularidades en la facturación emitida por Vodafone, que la mujer comunicó a la operadora de telefonía, de modo que ésta fue emitiendo diversas facturas rectificativas en las que eliminaba cargos indebidos.
La cliente, no satisfecha con la actuación de Vodafone, se dio de baja en el servicio en agosto de 2012. Tras esta baja, la empresa le giró varias facturas, en las que se incluían cantidades correspondientes a penalizaciones. La demandante solo pagó parte de estas facturas, por no estar conforme con su importe total.

Vodafone cedió a Sierra Capital Management 2012 S.L. un crédito de 297,80 euros que afirmaba tener frente a la excliente. Sierra Capital remitió a ésta en julio de 2013 una carta en la que le comunicaba la cesión del crédito, le reclamaba el pago de 297,80 euros y le advertía que si no efectuaba el pago en el plazo de diez días incluiría sus datos en un registro de morosos. La mujer solo pagó la cantidad de 97,80 euros por no estar conforme con las penalizaciones que se le pretendían cobrar.

Sierra Capital comunicó los datos de la demandante a dos ficheros de datos sobre solvencia patrimonial, Equifax, en agosto de 2013, y Experian, en octubre de 2015, por una deuda de 200 euros. Estos ficheros comunicaron estos datos a varias entidades crediticias. En junio de 2015, la mujer solicitó una tarjeta de crédito en Banco Popular y le fue denegada por estar incluida en un fichero de morosos.

Deudas no pacíficas

En su sentencia, el Supremo aplica al caso su doctrina sobre la inclusión de datos personales en ficheros de morosos, y destaca que “no cabe incluir en estos registros datos personales por razón de deudas inciertas, dudosas, no pacíficas o sometidas a litigio. Para que concurra esta circunstancia en la deuda, que excluya la justificación de la inclusión de los datos personales en el registro de morosos, basta con que aparezca un principio de prueba documental que contradiga su existencia o certeza”.

“Si la deuda es objeto de controversia, porque el titular de los datos considera legítimamente que no debe lo que se le reclama, la falta de pago no es indicativa de la insolvencia del afectado. Puede que la deuda resulte finalmente cierta y por tanto pueda considerarse como un dato veraz. Pero no era un dato pertinente y proporcionado a la finalidad del fichero automatizado, porque este no tiene por finalidad la simple constatación de las deudas, sino la solvencia patrimonial de los afectados. Por ello solo es pertinente la inclusión en estos ficheros de aquellos deudores que no pueden o no quieren, de modo no justificado, pagar sus deudas, pero no aquellos que legítimamente discrepan del acreedor respecto de la existencia y cuantía de la deuda”, agregan los magistrados.

Asimismo, el Supremo indica que la inclusión de los datos personales de la demandante en los registros de morosos, “cuando se habían producido reiteradas irregularidades en la facturación de sus servicios, que provocaron las protestas de la demandante y la emisión de facturas rectificativas, y, en definitiva, determinaron la disconformidad de la cliente con el servicio prestado y con las facturas emitidas, puede interpretarse como una presión ilegítima para que la demandante pagara una deuda que había cuestionado, sin que existan datos que permitan considerar abusiva o manifiestamente infundada la conducta de la afectada”

La Sala explica que la postura del cliente que no aprovecha la existencia de incorrecciones en la facturación para dejar de pagar cualquier cantidad, sino que paga aquellas partidas que considera correctas y no paga las que razonablemente considera que no lo son, “no puede perjudicarle y ser interpretada como un reconocimiento de la deuda. Por el contrario, constituye un indicio de la seriedad de su postura, puesto que no ha buscado la excusa de la incorrección de algunas partidas para dejar de pagar por completo los servicios que efectivamente ha utilizado”, indican.

El tribunal cree que tampoco puede servir de excusa a la empresa demandada el hecho de que ella no sea la acreedora originaria y que la cedente (Vodafone) le haya asegurado la veracidad del crédito. “Si ello fuera así, bastaría una cesión del crédito para que los derechos que para los particulares resultan del principio de calidad de los datos exigido por la normativa de protección de datos de carácter personal resultaran vacíos de contenido”, señala la sentencia, que agrega que las reclamaciones que Sierra Capital pueda realizar frente a Vodafone con base en sus relaciones internas derivadas de la cesión del crédito “constituyen una cuestión ajena a la acción ejercitada por la cliente frente a quien incluyó sus datos en los registros de morosos”.

Archivos asociados

El Gobierno solo destina a Justicia el 1,06% del presupuesto para campañas institucionales2018-04-06

750.000 de un total de 71,56 millones de euros, esa es la cantidad que el Ejecutivo ha asignado al Ministerio de Justicia con cargo al Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2018. Dicho de otra forma, contempla para las tres campañas asignadas al Ministerio el 1,06% de la inversión institucional para el ejercicio en curso.

El Plan, que fue aprobado por el Consejo de Ministros del pasado viernes, concentra en cinco ministerios el 90% del total del esfuerzo presupuestario: Energía, Turismo y Agenda Digital; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Interior; Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y Hacienda y Función Pública. El organismo que más campañas planificará es el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, con un total de 49.

Las tres campañas de Justicia

Cada una de las tres campañas que se desplegarán desde el Ministerio de Justicia tienen asignado un presupuesto de 250.000 euros. Este es el detalle de cada una de ellas:

  • Un nuevo Registro Civil al servicio de los ciudadanos. Su objetivo es: dar a conocer entre los ciudadanos españoles y extranjeros residentes en España, el nuevo Registro Civil electrónico que otorgará a cada ciudadano un código personal a partir del cual todos sus hechos vitales (inscripción de nacimientos o defunciones, bodas, concesión de nacionalidad) estarán ordenados de forma cronológica y permitirá la simplificación de numerosos trámites a efectos de prestaciones de la seguridad social, deducciones fiscales, identidad a efectos policiales y de seguridad, censo y servicios sanitarios.
  • Algo está cambiando en la Justicia. Su objetivo es: informar sobre la transformación de los tradicionales juzgados con expedientes en papel que serán sustituidos por juzgados digitales con nuevos servicios electrónicos que gradualmente estarán a disposición de profesionales y ciudadanos.
  • La mediación también es justicia. Su objetivo es: sensibilizar a ciudadanos y empresas sobre el uso de la mediación como forma de resolver los conflictos de manera más rápida y económica, responsabilizándose de su solución.

Un total de 102 campañas

En el Plan se recoge información detallada de cada una de las 102 campañas institucionales que serán desarrolladas en 2018 por los ministerios, organismos y entidades públicas, con especificación de objetivos de cada campaña, coste previsible, aplicación presupuestaria, periodo de ejecución, herramientas de comunicación a utilizar, difusión, públicos a los que se dirigen, idioma, evaluación a realizar y medidas de accesibilidad previstas.

Las campañas de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y al cuidado del entorno acaparan algo más de un 76% de la inversión institucional. Se centrarán en ámbitos como: seguridad vial; ahorro y eficiencia energética; alimentación e información alimentaria; protección y conservación de la naturaleza y de los recursos naturales; tenencia de animales, consumo y buen uso del agua; cambio climático; reciclado; estilos de vida y alimentación saludables; salud; vacunación frente a la gripe; prevención del VIH; uso prudente de los antibióticos; prevención del consumo de alcohol y tabaco; envejecimiento activo e inclusión personas con enfermedad mental. Además, se desplegarán campañas específicas para la promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos; servicio exterior; estudiantes Erasmus, fiscalidad; mediación en la justicia; difusión de las políticas de empleo; tarjeta social universal; bono social energético; ayudas de la PAC; promoción de la corresponsabilidad y violencia de género.

Acceda al Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2018

José María Alonso reivindica en la Asamblea de Madrid un mayor peso institucional para la Abogacía2018-04-06
  • El decano del Colegio de Abogados de Madrid ha pedido a la presidenta de la Cámara que se impulse el proyecto de la Ciudad de la Justicia

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, por medio del decano José María Alonso, ha transmitido hoy a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, su deseo de potenciar la presencia de la Abogacía madrileña en el Parlamento regional. Durante el encuentro institucional, que ha tenido lugar esta mañana en la sede de la Cámara, se han abordado también cuestiones tan relevantes para los profesionales de la Abogacía como la mejora en las infraestructuras y en las tecnologías judiciales o la necesidad de contar con una Ley de Mediación de la Comunidad.

Con objeto de aumentar el peso institucional de la Abogacía madrileña, el decano ha solicitado una mayor participación del Colegio para informar y asesorar a la Cámara en materias relacionadas con la Administración de Justicia, de acuerdo al Art. 211 del Reglamento de la Asamblea de Madrid que regula las comparecencias de otras entidades.

En relación a las infraestructuras, Alonso ha incidido en la necesidad de que se impulse definitivamente una Ciudad de la Justicia, proponiendo la elaboración de un estudio con dotación presupuestaria para calibrar la viabilidad del proyecto. De forma paralela, y hasta la consecución del mismo, el decano ha solicitado que se mejoren las sedes actuales y se concentren por órdenes jurisdiccionales.

En materia tecnológica, el Colegio ha apostado por la transformación digital de los órganos judiciales y la puesta en funcionamiento del expediente judicial electrónico. Para ahorrar tiempo y costes en la tramitación procesal, se ha solicitado el incremento del número de equipos de videoconferencia y que los profesionales de la abogacía puedan acceder al Sistema de Información Judicial IUS Madrid.

En el ámbito legislativo se ha propuesto que, como ya sucede en otras Comunidades, se promueva una Ley de Mediación que establezca un marco regulador que no se limite a la mediación familiar. También se ha solicitado la regulación de los puntos de encuentros familiares en la Comunidad de Madrid, así como un régimen jurídico básico para regular la cualificación profesional de los miembros de los equipos psicosociales.

En el encuentro, la Junta de Gobierno ha señalado la necesidad de adoptar medidas de reconocimiento a la labor de los abogados del Turno de Oficio.

El Supremo le reconoce a FI-USO el derecho a estar en la Comisión de Vigilancia de T-Systems2018-04-06

La Sala de los Social del Tribunal Supremo ha admitido el recurso de casación presentado por la Federación de Industria de la USO contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional, reconociéndonos así el derecho a formar parte de la Comisión de Aplicación, Interpretación y Vigilancia del Convenio de T-Systems.

Con fecha de 17 de noviembre de 2016, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional había absuelto a la empresa, T-Systemas ITC Iberia, y a los sindicatos CCOO, UGT y ELA de la petición de FI-USO. La Sección Sindical de USO en T-Systems había decidido no suscribir la prórroga del convenio colectivo, que sí había firmado en origen -BOE del 22 de enero de 2014-, por “negarse a aceptar la regulación ‘ex novo’ de determinadas materias”, tal y como recoge el auto. Ya que en dicha prórroga, de 3 de noviembre de 2015, se incluían tres nuevos puntos con los que FI-USO no estaba de acuerdo.

La sentencia del Tribunal Supremo reconoce que, según su propia jurisprudencia, suele inclinarse por no reconocer el derecho de figurar en las comisiones de seguimiento a los sindicatos no firmantes, pero “no es esta la doctrina que se ha aplicado cuando el Sindicato que reclama participar en una comisión de aplicación ‘sí’ que participó en la negociación del Convenio, pues en tales casos se ha entendido que el hecho de no dejar participar a este Sindicato en una Comisión de estudio, aunque sea aplicativa o de seguimiento sí constituye un atentado a su derecho a participar en proporción a su representatividad, en actitud considerada contraria a su actividad sindical”.

El Tribunal Supremo da la razón a la USO porque la propia consideración de “prórroga” y no de “denuncia”, aun habiendo introducido esos cambios, “comporta precisamente el mantenimiento de su vigencia”, siendo FI-USO, por lo tanto, parte firmante.

Así, el Alto Tribunal es tajante al afirmar en su fallo que: “no cabe duda de que el Sindicato USO ostenta pleno derecho -como pretende- a formar parte de la Comisión Paritaria de Aplicación, Interpretación y Vigilancia de la que fue excluido” y recuerda que el propio convenio establece que dicha Comisión “estará compuesta por seis miembros designados por la representación de las secciones sindicales que han firmado el presente convenio”.

“El Supremo deja así claro que el comportamiento de los otros tres sindicatos para dejar fuera a FI-USO podría obedecer a un caso de atentado contra la libertad sindical, ya que en la parte final de los hechos probados el auto expone directamente que, incluso aunque hubiera dudas en el planteamiento, que la Sala afirma no tener, ‘siempre habría de resolverse en términos favorables a la libertad sindical y a la igualdad de trato entre Sindicatos’. Por lo tanto, el Tribunal nos reconoce ese derecho para representar a nuestros delegados y afiliados en la gestión de un convenio que, además, habíamos suscrito en su mayor parte”, declara Raúl Montoya, secretario de Acción Sindical y Salud Laboral de FI-USO.

El Tribunal Supremo destaca que la libertad de expresión no ampara la venganza por una denuncia penal previa2018-04-05
La Sala Primera resuelve que sí hubo intromisión ilegítima por parte del director de una publicación digital

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara que el director de prnoticias.com, y E-Contenidos S.L., como editora de dicha publicación digital, cometieron una intromisión ilegítima en el derecho al honor de I.L., director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, por varios artículos y comentarios periodísticos del director publicados entre enero y marzo de 2014. El TS condena a los demandados a pagar solidariamente una indemnización de 10.000 euros, y a difundir el fallo en la página web de la publicación y en una cuenta de twitter del periodista.

El Supremo ha valorado el tono general vejatorio de los textos enjuiciados así como el hecho de que existiera una denuncia penal previa de I.L. contra el director de la publicación por delito de amenazas condicionales. La Sala destaca al respecto que la libertad de expresión en un periódico digital no ampara la venganza por una denuncia penal previa del demandante contra el demandado.

Para el alto tribunal, en este caso “no se aprecia tanto la comunicación pública de opiniones sobre un asunto de interés general cuanto la venganza del propio Sr. por haber sido denunciado y valiéndose para ello de su condición de director de un periódico digital, finalidad que no puede quedar amparada por la libertad de expresión”.

El Supremo estima el recurso planteado por el director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que había dado la razón al demandado, confirmando íntegramente el fallo inicial del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Madrid, que apreció la intromisión en el derecho al honor y estableció la indemnización.

En ese sentido, el Supremo considera que la cuantía de la indemnización se confirma “porque la de 10.000 euros no resulta desproporcionada a la vista del número e intensidad de las ofensas, constitutivas de una auténtica campaña de desprestigio del demandante desde su periódico digital”. Recuerda el alto tribunal que, en sus mensajes, dudaba de los orígenes de I.L. y mencionaba a sus hijos. Asimismo, hay una identificación inequívoca en los artículos del destinatario de las vejaciones mediante la coincidencia de un personaje de ficción con su primer apellido.

El Supremo explica que son hechos no discutidos que demandante y demandado mantuvieron una relación de amistad que cesó en noviembre de 2011 cuando se produjo la denuncia por hechos que dieron lugar a un asunto penal. En los hechos probados de la sentencia de noviembre de 2011 de un Juzgado de lo Penal de Madrid, se decía que el director de la publicación le convocó a una reunión en su despacho como director de prnoticias.com, y allí le amenazó con revelar información que supuestamente podría incriminar penalmente al presidente del Consejo General de Enfermería si no accedía a pagarle 300.000 euros, conversación que grabó con su móvil.

Archivos asociados

Una auténtica revolución en la gestión del IVA2018-04-05

Fernando Matesanz y Ana González Martínez

Con motivo de la reciente aprobación de la Directiva (UE) 2017/2455 que modifica la Directiva 2006/112/CE del IVA, podemos afirmar que en los próximos tres años se va a producir una auténtica revolución en el ámbito de dicho impuesto. Especialmente en lo referente a la tributación y al cumplimiento de obligaciones formales para todas aquellas compañías que se dediquen a las ventas de bienes y a las prestaciones de servicios online. Teniendo en cuenta el crecimiento que este tipo de negocios está experimentando y que, sin ninguna duda, experimentará en los próximos años, es de esperar que las medidas aprobadas tengan un gran impacto económico.

Las medidas han sido aprobadas dentro de la estrategia iniciada hace ya algunos años en el seno de la Comisión Europea con el objetivo de la creación de un Mercado Único Digital en Europa. Los cambios pretenden adaptar el actual sistema de funcionamiento del IVA a la nueva era digital. Se pretende facilitar las ventas internacionales de bienes y servicios a través de internet así como luchar contra el fraude que tradicionalmente ha existido en este tipo de actividades.

A continuación, citamos las principales modificaciones que resultarán aplicables en los próximos años.

¿Quieres leer el texto completo?

La Ley de Contratos del Sector Público exige requisitos laborales mínimos para las adjudicaciones2018-04-05
  • El despacho laboralista Abdón Pedrajas analiza los nuevos requisitos sociales y laborales incorporados en la Ley de Contratación del Sector Público, en vigor desde el pasado mes de marzo
  • Su cumplimiento por las empresas contratistas será un factor de control determinante para las adjudicaciones y su omisión supondrá la resolución del contrato o la prohibición de contratar

El bufete laboralista Abdón Pedrajas ha advertido de que los requisitos mínimos laborales exigidos por la nueva Ley de contratos públicos que deben cumplir las empresas “serán un factor determinante de control para las adjudicaciones”. Y, es más, su incumplimiento, por parte de la entidad adjudicataria, “tendrá consecuencias jurídicas directas como es la resolución del contrato”.

Así lo han puesto de manifiesto, en una nueva sesión del Aula Laboral del despacho, Iván López García de la Riva, director del Área Laboral de Abdón Pedrajas y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid, y Jesús Lahera, consultor del bufete y profesor titular de Derecho del Trabajo Universidad Complutense Madrid, que debatieron sobre la significativa regulación laboral en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos tras la reciente entrada en vigor (el pasado marzo) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Explicó Lahera que la nueva Ley responde a que durante la crisis económica “se localizaron muchos problemas de los contratos públicos, especialmente por la existencia de muchísimas adjudicaciones de bajo coste con poca transparencia”. Esto unido a un conflicto social, continuó, “ha motivado un debate político, social y parlamentario que ha dado lugar a la nueva Ley” cuyos objetivos son, indicó, “dotar a los contratos de mayor trasparencia; vincular la concesión a la mejor oferta en términos de calidad-precio (eliminando adjudicaciones de bajo coste); y asegurar el cumplimiento de unos mínimos sociales, laborales y medioambientales”.

En la práctica, sostuvo Lahera, este factor de control va a originar que “todas las empresas que participen en adjudicaciones públicas inevitablemente van a tener que cumplir estas medidas laborales cumpliendo con la normativa nacional y comunitaria”.

Y es que, para empezar, la nueva Ley prevé prohibiciones directas para participar en las adjudicaciones a las empresas que los incumplan. Así, establece una prohibición expresa de contratar a aquellas entidades sancionadas por infracciones en materia de integración laboral, por discriminación de personas con discapacidad, o que no estén al corriente de las obligaciones de Seguridad Social o no cumplan con los porcentajes mínimos exigidos de trabajadores con discapacidad o con un plan de igualdad, entre otros extremos. Esto supondrá en la práctica, aseguró Lahera, que la Autoridad Laboral y los jueces de lo Social “tendrán que añadir esta prohibición de acudir a la contratación pública a aquellas empresas a las que sancionen en materia laboral”.

Pero, además de suponer un filtro a las empresas que pueden participar en la contratación pública, estos mínimos se tendrán en cuenta en los criterios de selección de mejor oferta. Asimismo, jugarán un papel determinante en caso de empate ante igualdad de ofertas, (el desempate tendrá en cuenta criterios como que una empresa tenga en su plantilla un porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al que les imponga la normativa; incluya medidas de carácter social y laboral que favorezcan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, etc.). La norma también prevé como supuesto de resolución contractual, concluyó Lahera, el impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los trabajadores, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los Convenios colectivos.

Nuevos criterios para subrogar y subcontratar

Por su parte, Iván López, puso el foco en los nuevos criterios legales en materia de subrogación de contratos de trabajo en los contratos públicos y en la subcontratación en la ejecución de estos contratos. Entre otras cuestiones, explicó que el nuevo artículo 130.1 introduce una serie de nuevas obligaciones de información en caso de subrogaciones de los contratos de trabajo: obligaciones del adjudicatario de facilitar información de contratación, al menos un listado de trabajadores, categorías, jornada, antigüedad, salario, etc. También se introduce, explicó, la obligación al órgano de contratación de facilitar esta información al nuevo adjudicatario que se subrogue como empleador en determinadas relaciones laborales.

Asimismo, aseguró que la Ley da solución al caso de que los costes laborales sean mayores a los que inicialmente constaban en el pliego “porque el primer adjudicatario no haya dado una información real, estableciendo una acción de repetición contra el antiguo contratista”.

Los abogados ya pueden tramitar online su declaración del IRPF 2017 y de sus clientes con el carné ACA2018-04-04
  • El 4 de abril de 2018 se inicia el plazo de presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2017

El carné colegial con firma electrónica ACA (Autoridad de Certificación de la Abogacía) habilita a los abogados para la realización de trámites telemáticos con las Administraciones Públicas, siempre con plena validez jurídica y de modo análogo a la firma manuscrita en el entorno tradicional.

  • Los abogados pueden modificar y presentar su declaración de Renta 2017 y de sus clientes por Internet: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio (24 horas).
  • También se puede modificar y presentar su declaración de Renta 2017 por teléfono: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio.
  • Centro de Atención Telefónica: 901 200 345 y 91 535 68 13 (atención personal, de L a V, de 9 a 21h).
  • Además se puede modificar y presentar la declaración de Patrimonio 2017 por Internet: desde el 4 de abril hasta el 2 de julio.

Hay que tener en cuenta las siguientes fechas:

  • 27-06-2018 Último día para presentar sus declaraciones de Renta y Patrimonio 2017 si el resultado es a ingresar y quiere domiciliar el ingreso.
  • 02-07-2018 Último día para presentar sus declaraciones de Renta y Patrimonio 2017
  • 05-11-2018  Último día para realizar el ingreso del segundo plazo de la cuota del impuesto sobre la Renta 2017, si se fraccionó el pago

CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE

Renta WEB es el servicio de ayuda para tramitar y presentar la declaración de Renta de todos los contribuyentes, incluidos los que obtengan rendimientos de actividades económicas. Una vez que  el abogado se haya identificado, podrá consultar por Internet sus datos fiscales, que le servirán para la obtención de la declaración que se genera a través del servicio Renta WEB. La gran mayoría de datos fiscales se incorporan automáticamente, aunque usted puede modificarlos o incorporar datos nuevos desde Renta WEB.

Gracias a esta herramienta tecnológica, cada año son más los abogados y abogadas que presentan las declaraciones del IRPF y la de sus clientes por internet, de forma segura y autenticada utilizando la firma electrónica ACA, sin necesidad de desplazarse a la Agencia Tributaria.

Los abogados deben tener en cuenta que la presentación electrónica por Internet podrá realizarse por certificado electrónico colegial ACA, con DNI electrónico,  Cl@ve PIN o número de referencia.

Como novedad, la Agencia Tributaria ha puesto este año en marcha la app de la Agencia Tributaria para dispositivos móviles que se encuentra disponible de forma gratuita en las plataformas oficiales de descarga de Android y Apple desde el 15 de marzo.

Hay que tener en cuenta la siguiente configuración para poder usar correctamente la aplicación:

  • Se requiere que el dispositivo tenga conexión a internet, ya sea mediante wifi o datos.
  • El dispositivo tiene que estar protegido por un patrón de seguridad de acceso. El usuario podrá escoger entre los distintos sistemas de bloqueo de su dispositivo: pin, huella dactilar, patrón de desbloqueo, etc.

GARANTÍA PROFESIONAL

En las últimas campañas de la Renta, los abogados españoles presentaron más de 30.000 declaraciones del IRPF con firma electrónica ACA, convirtiéndose en el primer prestador de servicios de certificación privado, sólo superado por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT),

El uso de la firma electrónica de abogado para la relación con la Administración Pública está cada vez más extendido, debido en parte a la publicación de la Ley de Administración Electrónica (11/2007), que entró en vigor a finales de 2009 y da derecho a los ciudadanos a la realización de trámites electrónicos con la Administración Pública.

Por otro lado, la Agencia Tributaria (AEAT) ha comenzado a imponer la tramitación telemática y desde el 01 de enero de 2014 ha impuesto que todas las autoliquidaciones y declaraciones anuales del Impuesto del Valor Añadido (IVA) se tengan que formalizar a través de Internet (Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre).

OTROS TRÁMITES CON ACA

  • Pago de impuestos como el IVA
  • Informe de la vida laboral
  • Consulta del Catastro
  • Para comunicaciones seguras: Buro SMS, correo electrónico firmado
  • Para firma de documentos.
  • Para acceder a todos los servicios de RedAbogacía

Más información sobre las Administraciones Públicas con las que se puede hacer trámites telemáticos con ACA en http://www.abogacia.es/servicios-abogacia/

PARA PRESENTAR DECLARACIONES DE CLIENTES

Los abogados también pueden utilizar el carné colegial con firma electrónica ACA para presentar las declaraciones de sus clientes. Consulte en su Colegio de Abogados si tiene firmado el Convenio de Colaboración Social con la Agencia Tributaria para realizar este trámite.

Como realizar mi declaración de la Renta con ACA:

  • Hay que tener la firma electrónica en vigor y haber instalado el software de la tarjeta ACA y del lector.
  • Introducir el carné colegial en el lector de tarjetas
  • Entrar en www.agenciatributaria.es y seguir los pasos indicados
  • Para consultas técnicas que surjan, contactar con 91 150 10 03 / 93 014 10 01 el mail de contacto: soporte.tecnico@redabogacia.org
    La atención es en horario de lunes a viernes: 10:00-14:30 y 16:30-20:00, sábados: 10:00-14:30
El Tribunal Supremo confirma la condena a la Comunidad de Madrid a abonar 6,5 millones a la Universidad Autónoma para becas2018-04-04
La Sala Tercera recuerda que “son las Comunidades Autónomas las competentes para el desarrollo, ejecución y gestión del sistema general de becas y ayudas al estudio”

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 3 de mayo de 2016, que condenó a dicha Administración autonómica a abonar a la Universidad Autónoma de Madrid 6,5 millones de euros por la diferencia no abonada por becas en el curso 2013-2014.

El TSJ de Madrid, en la sentencia ahora confirmada, estimó un recurso de la Universidad contra la resolución de fecha 2 de enero de 2014 de la Directora General de Universidades e Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid, que había rechazado iniciar el procedimiento para abonar al centro la cuantía reclamada, en concepto de cumplimiento de la obligación de compensación de precios públicos.

En concreto, la Universidad Autónoma de Madrid requirió a la Comunidad de Madrid que le satisficiera la cantidad de 6.544.532,58 euros en compensación de los precios públicos no abonados por los beneficiarios de becas, exenciones, bonificaciones y reducciones en el curso académico 2013-2014. De esa cantidad, 3.604.895,86 euros correspondían a becas y el resto, 2.939.636,72 euros, a diversas exenciones y bonificaciones, como matrícula de honor en bachillerato, premio extraordinario de bachillerato, discapacidad, familia numerosa de 1ª y 2ª categoría, hijos de fallecidos en acto de servicio, víctimas del terrorismo y familias numerosas de tres hijos.

Entre otros argumentos, el Supremo recuerda que “son las Comunidades Autónomas las competentes para el desarrollo, ejecución y gestión del sistema general de becas y ayudas al estudio”, lo que avala la solución adoptada por el TSJ de Madrid, “sin perjuicio de los mecanismos de coordinación y cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en que el artículo 45 de la Ley Orgánica 6/2001 (de Universidades) encuadra el régimen de las becas y de las ayudas al estudio”.

El Tribunal Supremo se manifiesta sobre la capacidad de otorgar testamento por una persona que requiere intervención de un curador para realizar actos de disposición2018-04-04
La Sala se basa en el principio de presunción de capacidad

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo considera que puede otorgar testamento una persona que tiene limitada judicialmente su capacidad de obrar al precisar de la intervención del curador para realizar actos de disposición.

La Sala entiende que puede otorgar testamento conforme a este precepto una persona que, de acuerdo con lo dispuesto en una sentencia de modificación de la capacidad de obrar, precisa de la intervención del curador para realizar actos de disposición. Se basa, para ello, en el principio de presunción de capacidad, que ya resultaba de nuestro ordenamiento y ha quedado reforzado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que implica que no cabe basar la falta de capacidad para testar ni por analogía ni por interpretación extensiva de otra incapacidad.

Se adjunta nota de la Sala de lo Civil.

Los Consejos Generales de la Abogacía y de los Procuradores piden al Gobierno que apruebe con urgencia las medidas para reformar la Justicia2018-04-03
  • La Abogacía y la Procura muestran su plena disposición para que se coloque a la Justicia entre las prioridades del Estado, haya o no Pacto de Estado
  • El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció que impulsaría las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados

El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España reclaman al Gobierno que apruebe con urgencia las 103 medidas acordadas por la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados para colocar de una vez a la Justicia entre las prioridades del Estado.

El pasado lunes, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció a través de una nota de prensa que el “Gobierno asume las 103 medidas acordadas en la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados, las hace suyas y va a trabajar para impulsarlas con los colectivos profesionales”.

Tanto la Abogacía como la Procura -como actores imprescindibles en la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos- consideran necesario que se aborde de forma definitiva una reforma profunda y duradera como verdadera solución de los problemas de los ciudadanos y de la sociedad.

Las dos instituciones muestran su plena disposición para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia y el resto de colectivos profesionales para conseguir que el proceso de modernización de la Justicia sea una realidad en el menor plazo posible.

Al considerar que la Justicia eficiente y de calidad, con el ciudadano como centro, es una cuestión de Estado, la Abogacía recuerda que en diciembre de 2016 envió a todos los colectivos que participan en la Administración de Justicia el documento ‘Elementos para una propuesta de Pacto de Estado por el Futuro de la Justicia’, que se aprobó en el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española celebrado el 24 de noviembre de 2016. También la Procura celebró el pasado día 19 de marzo, un Foro Debate Procuradores en esta misma línea. En ese sentido Abogacía y Procura reiteran la práctica unanimidad de todos los operadores jurídicos en el diagnóstico de la situación y llaman a todos los partidos a retomar el diálogo para alcanzar un Pacto de Estado y no perder otra legislatura sin alcanzarlo. Ese diálogo, no obstante, no debe frenar la aplicación o puesta en marcha de todas aquellas medidas que hayan sido consensuadas y que gocen de un acuerdo mayoritario.

Los Consejos de la Abogacía y de la Procura señalan que de acuerdo con la voluntad expresada por el ministro de Justicia de alcanzar acuerdos en materia salarial y en los ámbitos formativos y de promoción profesional de los distintos colectivos de la Justicia, el Turno de Oficio y los abogados y procuradores que lo atienden deben ser también un objetivo prioritario y urgente de mejora.

El TSJM declara conforme a Derecho la limitación a 75 años para pertenecer al Turno de Oficio2018-04-03

La Sección 6ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en sentencia de fecha 23 de marzo de 2018, declara conforme a derecho la limitación a 75 años para pertenecer al turno de oficio recogida en las normas reguladoras del Turno de Oficio aprobadas por la Junta de Gobierno del ICAM. Lo hace al desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Abogados y Juristas Pro Estado de Derecho (APROED) y por el letrado Ángel Juárez Abejaro, con condena en costas a los recurrentes.

Dicha limitación por razón de edad, según argumenta la Sala, no infringe el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución al ser una medida justificada, proporcionada y razonada y, por tanto, no discriminatoria, en atención a la finalidad perseguida (necesidad de garantizar unas mínimas condiciones físicas que deben ser requeridas para las asistencias a vistas y desarrollo de guardias) y, al mismo tiempo, a la naturaleza de servicio público en el que se enmarca el turno de oficio.

Por encima del interés siempre legítimo del abogado en pertenecer al turno de oficio se encuentra el derecho de quien es asistido o defendido, que no ostenta la facultad de elegir libremente al letrado que desee. En definitiva, es el derecho a la defensa de quien no cuenta con medios económicos el que justifica el turno de oficio como servicio público cuya efectiva prestación se encomienda por ley a los Colegios de Abogados.

No obstante, tal y como recoge la citada sentencia, la referida exclusión por razón de edad no es absoluta sino parcial, toda vez que los abogados mayores de 75 años pueden pertenecer a los turnos de oficio especiales de casación y amparo.

La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechaza la “obediencia debida” como causa de exención de responsabilidad2018-04-03
El Pleno de la Sala señala que ““el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico”

Autor Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que, en un sistema democrático, no cabe la exención de responsabilidad “por razón de la obediencia debida”, ya que “el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico”.

Los magistrados explican que “no caben en nuestro ordenamiento jurídico –y esto afecta, desde luego (…) a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil— mandatos antijurídicos obligatorios, entendiendo por ello cualquier mandato que vaya contra la Ley o el Derecho”.

La resolución de la Sala se ha dictado al resolver un recurso de la Abogacía del Estado contra una sentencia del Tribunal Militar Central, que estimó a su vez el recurso de un guardia civil contra la sanción de reprensión que le impuso el jefe de la Agrupación de Tráfico del cuerpo por una falta leve de desatención del servicio.

El guardia era el auxiliar de una pareja de la Guardia Civil a los que se asignó un servicio de control de alcoholemia de conductores en una carretera de Almería. Un sargento se personó en el lugar y comprobó que la pareja estaba dentro de su vehículo y que no había montado la señalización del control ni lo estaba realizando. Al comprobar la presencia del suboficial, los agentes salieron del coche, empezaron a dar el alto a automóviles y a realizar el test de alcoholemia, según los hechos probados.

El Supremo desestima el recurso del abogado del Estado, pero se muestra en desacuerdo también con la sentencia del Tribunal Militar Central en cuanto pareció girar en torno a que la responsabilidad debía recaer en el jefe de pareja quedando exento el auxiliar de pareja en virtud de la debida obediencia.

El TS argumenta que en un sistema democrático no cabe la exención por razón de la obediencia debida, pues tal forma de ver las cosas se basa en un sistema autoritario. “El sistema autoritario defiende que quien manda, ordena una cosa que debe ser cumplida, aunque infrinja la ley y el que cumple no tiene responsabilidad por cumplirla. Lo que no ocurre en el sistema democrático constitucional en el que prima el cumplimiento de la ley, de la que proviene toda autoridad, y no es posible ocultarse detrás de una orden para incumplir una ley y no tener responsabilidad; nadie está por encima de la ley”.

La sentencia añade que “en nuestro ordenamiento no existe un deber de obediencia debida en el que el que obedece debe cumplir todo lo ordenado, siendo irresponsable por lo que realice. El examen de la legislación correspondiente pone de manifiesto que el sistema que se sigue es el de la obediencia legal, esto es, hay obligación de obedecer al superior en relación con toda orden que se encuentre de acuerdo con el ordenamiento jurídico y, correlativamente hay obligación de desobedecer toda orden contraria al ordenamiento jurídico”.

La Sala indica, no obstante, que negar la denominada obediencia debida no significa que no exista el deber de obediencia jerárquica, y es cierto que el jefe de pareja es superior del auxiliar. “No cabe duda alguna que entre ambos existe una relación jerárquica en la que incumbe al auxiliar un deber de obediencia jerárquica, por lo que, en cuanto al desarrollo del servicio, es el jefe de pareja, como superior, el que determina la forma de cumplimiento del servicio y, en tales situaciones, el auxiliar de pareja no tiene al respecto ninguna capacidad de decisión autónoma frente a la normalidad del cumplimiento del deber”, razonan los magistrados.

Sin embargo, una cuestión es la existencia de obediencia jerárquica “y otra muy distinta que en esa relación de obediencia exista una obediencia debida. No existe tal obediencia debida en cuanto razón justificante de cualquier actuación en cumplimiento de una orden y, por ello, no cabe que el auxiliar de pareja pretenda ampararse en la obediencia debida cuando recibe una orden que trasgrede el ordenamiento jurídico; en ese caso, no hay duda de la responsabilidad del auxiliar de pareja al cumplir la orden antijurídica recibida. No debe confundirse la obediencia jerárquica con la obediencia debida”.

En todo caso, en el asunto concreto examinado, el Supremo rechaza el recurso del abogado del Estado y mantiene la decisión del Tribunal Militar Central de anular la sanción al auxiliar, al estimar que los hechos probados son inocuos y que el guardia está amparado por el principio ‘in dubio pro reo’, ya que no cabe hablar de desatención de un servicio cuando bien pudiera ser que éste se comenzara a desarrollar dentro de las posibilidades que tenía la pareja. En ese sentido, indica la sentencia que en la resolución sancionadora se recogió que el vehículo no tenía etilómetro y tuvieron que esperar a una pareja saliente de servicio.

La sentencia cuenta con tres votos particulares –dos de ellos concurrentes con el fallo y uno discrepante-.

El Tribunal Superior inadmite el recurso de la Universidad de Navarra contra la convocatoria de becas del Gobierno foral para el curso 2016-172018-03-28
Los magistrados consideran que carece de legitimación para impugnar al no ser la Universidad de Navarra la beneficiaria de las ayudas, sino los alumnos

Autor Comunicación Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha inadmitido el recurso interpuesto por la Universidad de Navarra contra la convocatoria de becas para el curso 2016-17 al concluir que este centro carece de legitimación para impugnar la convocatoria porque no es directamente beneficiario de las ayudas, puesto que los beneficiarios son los alumnos.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJN asegura que la universidad no ostenta derecho alguno para solicitar la subvención y “carece de la facultad de representación de sus alumnos”. “El derecho a la obtención de las becas convocadas es un derecho que se ostenta con carácter personal y, dependiendo del tipo de beca de que se trate, por una serie de circunstancias que deben concurrir en el solicitante y del nivel de renta de la unidad familiar del alumno, no por el mero hecho de ser alumno universitario”, remarca el Tribunal.

Según precisa la Sala, el hecho de ser expresamente mencionada en la convocatoria general de becas no le confiere la legitimación activa, puesto que si se lee con detenimiento la convocatoria toda ella viene referida a los alumnos, y con mención expresa a los alumnos de la Universidad de Navarra, no a la propia Universidad de Navarra como destinataria de algún modo de la convocatoria.

Respecto a la repercusión negativa derivada del recorte en la cuantía de las becas a los alumnos de la Universidad de Navarra que puede ocasionar la pérdida de alumnos, los magistrados resaltan que la demandante no acredita este extremo, sino que lo deduce como una consecuencia evidente de la convocatoria de becas impugnada, por lo que tampoco cabe reconocerle legitimación activa basada en este perjuicio. En este punto, recuerda la Sala que la jurisprudencia exige que la parte demandante que sostiene su legitimación activa demuestre que el acto que se impugna le afecta a su esfera jurídica de intereses de un modo efectivo y acreditado, y no meramente hipotético, potencial y futuro.

Asimismo, la universidad alegaba en su recurso que el recorte afectaba directamente a la Universidad de Navarra por el hecho de que las cantidades entregadas a los alumnos en concepto de beca solo pudieran ser destinadas a la finalidad para la que se concedieron, esto es, para que los beneficiarios pagaran los derechos de matrícula.

Además, añadía la entidad recurrente, si se recortan las becas a alumnos que no tienen recursos para afrontar los gastos a los que ya se han comprometido, se les hace incurrir en un riesgo de impago de las matrículas, por lo que también esta resolución afecta directamente a los intereses patrimoniales de la Universidad de Navarra en cuanto a que un problema de pagos de un alumno es un problema también para la Universidad.

El Tribunal Superior, sin embargo, estima que “nuevamente se trata de daños temidos, potenciales, en absoluto acreditados y que no tienen por qué ocurrir, de hecho la propia Universidad habla de riesgo de impago de matrículas; riesgo que no tiene por qué materializarse, puesto que las becas son una ayuda a los estudios, no están destinadas a sufragar íntegramente los mismos”.

El TC acuerda levantar la suspensión de la Ley que regula las corridas de toros en las Islas Baleares2018-03-28

El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha acordado levantar la suspensión cautelar de los artículos de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Illes Baleares que fueron impugnados por el Gobierno y suspendidos automáticamente como consecuencia de la aplicación del art. 161.2 de la Constitución.

El Tribunal considera que la Abogacía del Estado no ha argumentado de forma suficiente, tal y como exige la doctrina constitucional, las razones por las que, en su opinión, la ley debería seguir suspendida. Para decidir si debe prorrogar o no la suspensión, el Tribunal debe analizar tanto los intereses, públicos y privados, afectados por la ley, como los perjuicios “de imposible o difícil reparación” que pueda causar el levantamiento o mantenimiento de la medida cautelar. Y todo ello sin pronunciarse sobre el fondo del recurso.

La Abogacía del Estado alegó que el levantamiento de la suspensión podría causar un perjuicio grave e irreparable al interés general porque la norma recurrida prohíbe en las Islas Baleares las corridas de toros “tal y como se entienden en el resto del territorio nacional” y en el formato que las leyes estatales protegen al considerarlas parte del patrimonio cultural.

El Pleno explica que, para mantener la suspensión, debe “demostrarse o, al menos, razonarse consistentemente” que la aplicación de la norma causaría graves perjuicios al interés general. En este caso, la alegación del recurrente es “genérica” y, además, se refiere a cuestiones que afectan al fondo del recurso y sobre las que, por tanto, el Tribunal no puede pronunciarse hasta que dicte la sentencia.

Otra de las alegaciones se refiere al perjuicio que la aplicación de la ley causaría a los intereses privados. El recurrente aporta un informe que cuantifica las pérdidas económicas en 4.080.000€.

El Tribunal rechaza también esta alegación pues, según los datos contenidos en ese mismo informe, la presencia de los festejos taurinos en esa Comunidad Autónoma es “más bien escasa”. En consecuencia, “el impacto global de la actividad sería modesto”.

El Pleno explica que el cálculo del perjuicio económico realizado por la Abogacía del Estado se basa en una premisa errónea, como es que la aplicación de la ley supondría “la completa eliminación de los espectáculos taurinos”. La nueva regulación, explica el Tribunal, no conlleva la desaparición de estos espectáculos, pues “existen manifestaciones de tauromaquia incruenta (sin muerte ni sangre) que podrían sustituir a las anteriores”. El Tribunal tampoco acepta, por constituir sólo una hipótesis, el argumento según el cual los promotores taurinos no impulsarían esos otros espectáculos ante las dudas de que gustaran al público.

En definitiva, según el tribunal, los razonamientos sobre el eventual perjuicio al interés privado son “insuficientes”.

Finalmente, el Pleno rechaza que en este caso pueda aplicarse el criterio de la apariencia de buen derecho (fumus boni iuris) para mantener la suspensión. Para que esto sea posible, la doctrina constitucional exige que la regulación que contiene la ley sobre cuya suspensión se discute presente “una similitud intensa o coincidencia literal” con otras leyes ya declaradas inconstitucionales y nulas. Según el abogado del Estado, en este caso se produce esa semejanza entre la ley balear y la ley catalana que fue declarada inconstitucional en la STC 177/2016.

La regulación de la ley balear, explica el auto, “no es idéntica” a la que se declaró inconstitucional; los artículos que ahora se recurren “no prohíben, en general, los espectáculos taurinos”, sino aquellos en los que se hiera o de muerte al animal. Y, por otra parte, contienen previsiones dirigidas a garantizar el bienestar de las reses.

Condenado el propietario de un establecimiento de vehículos de ocasión por trucar un cuentakilómetros2018-03-28
Vendió un vehículo de 157.200 kilómetros como si tuviera 110.000 por un precio de 9.000 euros, cuando su valor real de mercado era inferior

Autor Tribunal Superior de Justicia (Cantabria)

La Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado una condena de seis meses de prisión al propietario de un establecimiento de vehículos de ocasión por trucar un cuentakilómetros para vender un coche por un precio superior al real de mercado.

El tribunal de apelación confirma así la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander, que consideró al acusado autor de un delito de estafa y le condenó además a indemnizar con 1.950 euros al comprador del vehículo alterado.

Según el relato de hechos, el propietario del establecimiento celebró un contrato de compraventa según el cual un cliente adquiría un vehículo por un precio de 9.000 euros, haciendo constar que tenía 110.000 kilómetros.

A juicio del magistrado de instancia y de la propia Audiencia, en ese momento el acusado “era conocedor de que el vehículo tenía un kilometraje real de 157.212”, ya que había alterado el cuentakilómetros del vehículo “ocultando este hecho al comprador”.

El valor del vehículo con el kilometraje real era de 7.050 euros.

En su recurso, el condenado alegaba que la cantidad que efectivamente él percibió por la venta fue de 7.000 y no de 9.000 euros, por lo que no habría existido el delito al ser la cantidad pagada acorde al valor del vehículo vendido.

Sin embargo, el juez de instancia y ahora el tribunal de apelación no creen acreditada esa versión, y es que “el contrato de compraventa aportado a la causa y sobre cuya autenticidad no existe cuestión alguna hace constar como precio de la venta el de 9.000 euros”.

Y añade la sentencia de la Audiencia: “Carecería de cualquier lógica que el acusado procediera a manipular el cuentakilómetros del turismo para luego vender el coche a su precio real –o incluso por debajo del mismo-, pues no es ilógico pensar que quien ejecuta una acción de engaño como la aquí realizada lo hace con ánimo de obtener un lucro”.

Junto a ello, entiende el tribunal que está en consonancia con los hechos probados el justificante bancario aportado por la acusación, según el cual el cliente estafado extrajo 9.000 euros en la fecha de la compra.

La sentencia es firme y contra la misma no cabe presentar recurso alguno.

Condenan a una empresa a indemnizar a una trabajadora que cobró menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo2018-03-27
La Sala de lo Social del TSJA confirma la sentencia de un Juzgado de lo Social que había condenado a la empresa por discriminación salarial por razón de sexo

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia con sede en Málaga ha confirmado íntegramente la sentencia de un Juzgado de lo Social que condenó a una empresa a indemnizar con 35.000 euros a una trabajadora que los demandó por cobrar menos que sus compañeros varones por el mismo trabajo. La trabajadora alegó una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación al percibir una retribuciones inferiores a las que se le abonan a los otros responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones.

El Juzgado de lo Social número 2 de Málaga condenó a la empresa demandada a restituir el derecho de la trabajadora a percibir el salario del resto de responsables de departamento y condenó a la empresa a abonar la indemnización de 35.000 euros por el concepto de los daños y perjuicios sufridos por tal improcedente comportamiento empresarial.

La sentencia del TSJA recoge que la trabajadora, durante los años 2010 a 2017 “ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros responsables de departamento, habiendo llegado a dicha conclusión el Magistrado de instancia tras analizar los diferentes recibos de salarios y justificantes de retribuciones”.

La trabajadora demandó a la empresa al sentirse discriminada salarialmente respecto de sus compañeros de trabajo varones que ostentaban el mismo puesto de trabajo de responsable de departamento.

La sentencia señala que “no toda desigualdad de trato supone una infracción del contenido del artículo 14 de la Constitución Española, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas”.

Así, se recoge que la trabajadora durante los años 2014, 2015 y 2016 ha percibido unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros cuatro responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones, pues en el año 2014 la demandante percibió un total de 37.897, 60 euros, mientras que el resto de sus compañeros de idéntica categoría percibieron una retribuciones comprendidas entre los 39.622,56 euros y los 41.122,64 euros, incrementándose dichas diferencias en el año 2015 (la actora percibió 37.897, 60 euros frente a los 42.022 € de sus compañeros) y en el año 2016 (38.047 euros de la actora frente a 43.650,04 euros de uno de sus compañeros y 48.950,12 euros de los tres restantes).

Asimismo, prosigue la sentencia, “consta probado que la cantidad abonada a la actora en concepto de incentivo era inferior a la satisfecha al resto de los responsables de departamento, existiendo unas diferencias que en los dos últimos años ha llegado a superar los 2000 euros".

Defraudar con los servicios públicos digitales, precisa la ayuda de toda una tribu2018-03-27

Hace unas semanas decidí descargarme la App de hacienda para probarla y analizarla. La búsqueda en la tienda de Google me dio el resultado "bueno" y algunos malos. Esto me llamó la atención y probé con otros servicios como "vida laboral" con iguales resultados. Además, esto me hizo recordar que, cuando estaba investigando la obtención de certificados de nacimiento en el móvil, muchos resultados muy bien posicionados llevaban a webs de gestoras que cobraban por tramitar un documento gratuito si se hacía de la debida manera.

En resumen, existe todo un mundo de proveedores de servicios públicos en Internet que se mueven en el espacio indeterminado de usar un nombre y estética "similar al legítimo" pero sin llegar a usurparlo con diversas finalidades. Entre otras cuestiones podemos encontrarnos con:

  • Riesgo de usurpación de titularidad. Encontrarte una web que ofrece información o servicios públicos pero que no es realmente la pública. Esto, en sí mismo, no es un problema, pero si no se deja claro que no es público, se genera confusión a la ciudadanía.
  • Cobrar costes adicionales por servicios públicos. Por ejemplo esta web que para tramitar certificados de nacimiento. El problema aquí es que la página es respetuosa con la imagen oficial (no la copia), hace algo legal (cobrar por tramitar) pero se cuida mucho de no decir que es un servicio gratuito que se puede pedir en la web de justicia. Por otro lado, tampoco es que Justicia lo promueva mucho. Además, esta página es el primer resultado si pones "certificado nacimiento Majadahonda", lo que indica que han hecho un buen trabajo de SEO (y Justicia no)
  • Fishing y fraude. Directamente aplicaciones como esta para la vida laboral (no digo que lo sea, pero lo puede ser), simplemente pueden estar haciendo el caldo gordo con datos confidenciales.

En resumen, mientras que tenemos un modelo cada vez más amplio de servicios públicos, en entornos más fragmentados (múltiples administraciones, webs, dispositivos, soluciones...) la acción general de la Administración (y demás actores) es muy residual y reactiva. En términos generales, la Policía, la Agencia Tributaria u otras organizaciones tienen un papel de difusión de alertas cuando hay una campaña específica. Es decir, si hay una serie de correos diciendo que entres tus datos para que la Agencia Tributaria te devuelva este dinero, sí se hace una difusión (con más o menos éxito) del caso. Sin embargo, me temo que en este ecosistema de "servicios aparentemente públicos" encontramos, en el mejor de los casos, avisos puntuales sobre lo que ocurre, pero desde luego, si hay una acción sistemática, no está siendo muy eficaz. La página de "registro civil de Majadahonda" está por lo menos activa desde julio.

¿Es culpa del gobierno, de los proveedores, o de quién? Pues bien, igual que, como dice el refrán "criar a un niño lleva el esfuerzo de toda una tribu", este tipo de fraudes "lleva la indiferencia de todo el ecosistema digital". De esta manera, esta (mos) implicado (s):

  • Quien crea estas páginas. Está muy bien generar estos contenidos, pero no dejar claro (muy claro) quien no eres no puede ser una omisión. A veces hay intenciones delictivas o casi, en otras, simplemente oportunismo ante una ocasión que aún está ahí y nadie está aprovechando.
  • Quien lo permite. Hoy en día es fácil saber en twitter cuando un tuit de alguien famoso es de su cuenta legítima o no. En el tiempo de las "fake news" los proveedores de contenido se devanan los sesos en hacer visible qué contenido es real o no. Esto, que es tan sencillo como comprobar por defecto la titularidad de la web, o poder reportar, o que las administraciones puedan validar su identidad debería ser algo básico. De hecho, me temo que hoy en día es más fácil que te de una alerta de seguridad la web del Ministerio de Justicia por el certificado digital que la web "registro civil Majadahonda". No puedo decir que Google y demás estén haciendo un buen trabajo con esta materia. Y esto sin hablar de la publicidad... Es más fácil anunciar tasas ficticias que unas zapatillas con un nombre comercial registrado.
  • Quien no hace nada. Las administraciones no hacen nada en muchos sentidos. Por un lado, no es que veas por ningún lado que te adviertan de esto más allá de campañas contra el phising. Tampoco es que parezca que hagan barridos por defecto de estas cuestiones, o que lo regulen (que si lo hacen, no les luce). Es que, directamente, estos nichos se explotan porque las administraciones no los cubren. Si volvemos a páginas mejor indexadas por buscadores, estas lo están porque las Administraciones no trabajan este tema. Es decir, si las webs públicas están bien posicionadas es fruto de que los robots hagan bien su trabajo y de que nadie haya encontrado la manera de engañarles primando contenido ficticio.
  • Quien no lo denuncia. Vale, tendría que denunciarlo, pero en verdad, no tengo ni idea de cómo hacerlo. En el caso del phising (si tuviera la sospecha de que "vida laboral" lo hace, iría a la policía), pero, ¿y cuando no es delito? ?A quién le digo que hay una página que literalmente se llama "Registro Civil de Majadahonda" y que no lo es? No sé a quién, pero tampoco he buscado demasiado, debo confesar.
  • Quien no normaliza esto. Miedo me da llamar al legislador en estos temas, porque suele campar como un elefante en una cacharrería, pero algo debe de hacer con determinados nombres, estéticas y elementos que pueden llamar al equívoco. Más aún en un mundo tan dinámico como este.

Así que tenemos un esquema de servicios públicos no del todo seguro porque no sabemos si todo lo que hay es real. Bueno, quizá algunos sí, pero otros muchos, estoy convencido de que no. Así que abramos los ojos, estemos atentos y denunciemos esto... porque un mundo en el que los servicios públicos no son seguros, es un mundo donde los servicios públicos no se usan.

La economía colaborativa pone sobre la mesa la necesidad de una reforma que tome medidas contra los falsos autónomos2018-03-27

El número de trabajadores autónomos creció en febrero en 16.027 nuevos cotizantes en España: un incremento cuatro veces mayor que el que tuvo lugar en el mismo periodo de 2017, cuando el empleo autónomo aumentó en 4.041 nuevos empleados. La nueva ley de autónomos, que entró en vigor el pasado enero, impulsará el trabajo de este tipo de empleados, pero los expertos legales de DAS Seguros alertan de manera paralela de la proliferación de los falsos autónomos.

 Según la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, en España existen ya más de 200.000 falsos autónomos que cuestan a las arcas de la Seguridad Social 562 millones anuales, y que están haciendo intensificar las inspecciones de trabajo y las medidas contra el fraude.

 Los expertos legales de DAS Seguros definen los falsos autónomos como empleados que se ven obligados a figurar como autónomo sin realmente cumplir las condiciones que se definen bajo este tipo de contrato, en lugar de ser un trabajador por cuenta ajena como le correspondería a su situación. Pese a ser una práctica ilegal, es un método utilizado por no pocos empresarios y consentido por aquellos falsos autónomos que, o bien porque no quieren perder la oportunidad laboral, o bien porque desconocen la ilegalidad de la situación, aceptan trabajar como tal.

 Si bien es una práctica extendida en muchos sectores desde hace décadas, en los últimos años se está intensificando, impulsada por la crisis económica sufrida en los últimos años, pero también por la puesta en marcha de un tipo de economía colaborativa o digital que ha jugado un importante papel en la proliferación de este tipo de empleados.

 Algunas empresas como como Uber, Glovo o Deliveroo ya están siendo vigiladas de cerca, incluso alguna de ellas sancionada por la Inspección de Trabajo tras una investigación que concluyó que sus contratados deberían figurar como asalariados y no autónomos, por las condiciones en las que operan. También la industria cárnica ha sufrido recientemente un golpe a este tipo de fraude, cuando una inspección de Trabajo obligó a tres firmas gallegas a contratar a trabajadores que operaban a través de una cooperativa catalana. 

 Esta eclosión ha hecho que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, además de intensificar sus actuaciones, ponga en marcha otras medidas que pretenden controlar y erradicar el fraude, como es el Buzón de lucha contra el fraude laboral, que facilita que cualquier ciudadano que detecte una situación de fraude laboral pueda denunciarla.

 Pero la barrera entre falsos o verdaderos autónomos en ocasiones puede ser muy fina. Algunas de las empresas que forman parte de la economía colaborativa defienden este modelo por su gran flexibilidad a la hora de inmiscuirse en el mercado laboral, ya que supone un modelo con una menor barrera de entrada, o también como suplemento para aquellas personas que así lo decidan.

 Por su parte, algunas asociaciones argumentan que empresas y agentes públicos están por detrás de las necesidades de las personas y que debería haber una reforma que permita mejorar este modelo y adaptarlo a los cambios de vida y consumo de las nuevas generaciones. El debate está servido.

 Los expertos de DAS Seguros aconsejan

El uso de falsos autónomos supone un fuerte ahorro en cuanto a costes laborales para las empresas. Para empezar, porque no deben pagar por la Seguridad Social para estos trabajadores. Este beneficio representa a su vez un inconveniente para el falso autónomo, quien debe asumir consecuencias como un salario por debajo del que cobran los trabajadores por cuenta ajena, la falta de días de vacaciones mientras dura su estancia en la empresa, o el riesgo de ser despedido y no recibir un finiquito.

 Además de no gozar de los beneficios que corresponden a un trabajador por cuenta ajena, es común que tampoco se le otorguen los derechos básicos que se aplican a quienes están dados de alta en régimen de autónomo. En concreto, los falsos autónomos se someten a una serie de normas estipuladas por la organización. Ésta, por tanto, decide la cantidad del salario, el horario de trabajo, las tareas a completar, etc. No es el caso de un verdadero autónomo, quien define acerca de dichos elementos por su cuenta.

 La barrera entre falsos o verdaderos autónomos en ocasiones puede ser muy fina.

En este contexto, los expertos de DAS Seguros aconsejan a las personas que se encuentren en esta situación o conozcan algún caso concreto tomar medidas legales, tales como presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo o los Juzgados de lo Social. O también hacer uso del buzón de lucha contra el fraude laboral.

Pero para afrontar la actual situación de los falsos autónomos en el mundo laboral, también se precisan cambios en el RETA. El debate en torno a este tema sugiere una reforma que establezca sanciones contra aquellas empresas que obliguen a sus empleados a convertirse en falsos autónomos, así como adaptar la ley al marco de la economía colaborativa que tanta importancia ha ganado en el escenario laboral actual.

Primera condena en Canarias a pena de prisión permanente revisable2018-03-26
El tinerfeño S.D. de 24 años, fue declarado culpable por un jurado de asesinato con alevosía y ensañamiento sobre víctima especialmente vulnerable

Autor Comunicación Poder Judicial

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado la primera sentencia emitida en Canarias en la que se condena a un justiciable a prisión permanente revisable: se trata del caso de S.D.G., el joven de 24 años que el 14 de enero de 2016 mató a un hombre de 66 años en Icod de los Vinos.

La resolución, dictada por la magistrada de la Sección Quinta de la Audiencia tinerfeña Lucía Machado, da forma jurídica al veredicto emitido por el jurado encargado del caso la semana pasada, y en consecuencia declara probado que sobre las 12.30 horas del día 14 de enero de 2016, S.D.G. fue al domicilio de S.V.L.G. situado en la calle Adelfas nº 4 del barrio de El Mayorazgo (Icod de los Vinos) y una vez dentro de la casa, con la intención de acabar con su vida, “le asestó puñaladas y golpes con diversos objetos hasta causarle la muerte por la grave pérdida de sangre”.

La sentencia detalla: S.D.G “se presentó en casa de S.V.L.G. y, de forma sorpresiva e inesperada, se abalanzó sobre él portando un cuchillo y empujándolo hasta el final del pasillo, lo que provocó que cayera al suelo y quedara tumbado boca arriba, consciente de que con todo ello se aseguraba deliberadamente de causarle la muerte sin el peligro que para su integridad física pudiera provenir de una defensa por parte de S.V.L.G.”.

El acusado, sigue la resolución, propinó a su víctima “más de 30 puñaladas con el cuchillo que llevaba y otros que cogió de le vivienda, clavándoselos en el abdomen, el tórax y el cuello y provocándole heridas cortantes y también heridas penetrantes que alcanzaron el paquete vascular del cuello, el corazón, los pulmones, meso y asa intestinal y le propinó numeroso golpes en la cara con objetos contundentes que encontró en la casa (un palo, una figura de perro, otro de cerámica y una piedra) causándole heridas inciso contusas en la cara, fractura-hundimiento nasal y maxilar y rotura de piezas dentarias, sabiendo que con ello le sometía a padecimientos innecesarios o sufrimientos más intensos que los precisos para causarle la muerte con el único propósito de aumentar de manera deliberada e inhumanamente su sufrimiento antes de que muriese”.

Victoria Ortega apuesta por la concienciación y la formación como claves para la transformación tecnológica2018-03-26

Concienciación y formación son dos de los pilares del éxito de la transformación tecnológica que los Colegios de Abogados ya están realizando. Así se ha manifestado Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, en la inauguración de las III Jornadas Tecnológicas para Colegios de Abogados que ha inaugurado hoy en Gijón junto a Carmen Pérez Andújar, vicesecretaria de Medios Tecnológicos  del Consejo General de la Abogacía y Sergio Herrero, decano del Colegio de Abogados de Gijón.

La presidenta del Consejo ha incidido en la importancia de buscar y ofrecer soluciones para avanzar en la transformación tecnológica, así como en la relevancia de colaborar, cooperar y compartir experiencias en esta área, en la que se avanza a una gran velocidad. Un área, el de la transformación tecnológica, que será el tema central del Congreso Nacional de la Abogacía 2019, por lo que ha solicitado que el trabajo que se desarrolle en estas Jornadas permita “determinar las necesidades y oportunidades para los Colegios de Abogados” para que se aborden en dicho Congreso.

La transformación tecnológica, ha recordado Ortega, “exige un cambio de mentalidad tanto personal como institucional”, añadiendo que parcelas como “ciberseguridad, protección de datos, identidad profesional digital, blockchain o inteligencia artificial” son vitales porque afectan a la “supervivencia profesional” de los abogados, que además deben integrar estos avances en los “cauces deontológicos que rigen nuestra profesión”.

Respecto al trabajo de la Abogacía en esta materia, la presidenta ha hecho referencia al Plan Estratégico del Consejo, que apuesta por una Abogacía innovadora y tecnológicamente avanzada. “Una revolución tecnológica que abre una nueva vía de trabajo que debemos aprovechar, liderándola en nombre de nuestros profesionales y proponiendo soluciones eficaces y eficientes que coloquen a los abogados como referente tecnológico profesional”.

La presidenta ha agradecido al Colegio de Abogados de Gijón la celebración de estas Jornadas, que en esta tercera edición, y según ha destacado su decano en la inauguración cuentan con un “record de participación”, ya que hay cerca de 180 inscritos.

Tanto Herrero como Carmen Pérez Andújar han explicado que el programa que se abordará en Gijón en estos dos días será “intenso” y tratará temas “de estricta actualidad”, además de ofrecer la oportunidad de resolver dudas y aportar ideas nuevas. La vicesecretaria de Medios Tecnológicos del Consejo ha pedido que todos los asistentes compartan lo que hace su Colegio para avanzar todos juntos.

III JORNADAS TECNÓLOGICAS PARA COLEGIOS DE ABOGADOS DE GIJÓN

En las Jornadas, organizadas por el Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Gijón, se analizarán temas como las medidas relativas a la protección de datos y la ciberseguridad, la presencia de los Colegios de Abogados en las redes sociales, las aplicaciones móviles con funcionalidades colegiales, nuevas herramientas de gestión para los colegiados o cuestiones de interés relativas a inteligencia artificial, big data o blockchain.

Las Jornadas, dirigidas a miembros de Juntas de Gobierno y personal directivo de los Colegios de Abogados y de los Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados, contarán con la presencia de más de 160 personas provenientes de 65 Colegios de Abogados y Consejos Autonómicos.

MÁS INFORMACIÓN:

Protección de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial a debate en las Jornadas Tecnológicas de Gijón

Dimitir por WhatsApp es legal, ser despedido no2018-03-26

Pelegrí Abogados 

Las nuevas tecnologías han cambiado mucho la relación y comunicación entre empresa y trabajador en los últimos años. La aparición de canales de mensajería instantánea como WhatsApp y las redes sociales han supuesto la adaptación del poder judicial a este nuevo escenario, en el que se han dado numerosas sentencias que dejan un precedente claro en esta materia. Así, el marco legal queda claramente establecido en el Artículo 1 del Real Decreto 625/1985; en los Artículos 55.1 y 59.3 del Estatuto de los Trabajadores; y en el Artículo 43.4.1º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

En este sentido, según establece el Estatuto de los Trabajadores, un despido vía WhatsApp o cualquier otra aplicación o red social en la que no se pueda verificar la autoría de los menajes no será legal, pues “no permite indicar de forma clara y precisa los hechos o las causas del mismo”. El art. 53 indica que para poder extinguir el contrato se requiere “la comunicación escrita al trabajador expresando la causa  junto con la indemnización correspondiente”.

También se muestra contrario a este tipo de comunicación del despido de un trabajador el Tribunal Supremo, que en su sentencia de 19 de mayo de 2015 indicó que “la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los múltiples sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas. La posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas forma parte de la realidad de las cosas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo”.

Por tanto, aunque el empresario comunique el despido por medios como WhatsApp, será necesario dotar de validez legal esa decisión, adjuntando la correspondiente carta de despido en la que se detallen la fecha de efecto del despido y los argumentos que lo motivan.

No obstante, Amor Pelegrí, socia fundadora de Pelegrí Abogados, recuerda que “el uso de este tipo de servicio de mensajería instantánea a través del teléfono móvil sí que se ha entendido válido en relación a la no superación del período de prueba del trabajador. También a la hora de que el empleado traslade su dimisión a la empresa, siempre que sea de forma clara”. La claridad pasará por que se concrete una voluntad incontestable y manifestada de manera expresa (signos escritos o verbales que expliciten la intención del interesado) o tácita (comportamiento del cual cabe deducir claramente que el empleado quiere dar por finalizada su vínculo profesional con la empresa).

El TSJ de Madrid recuerda a los jueces que deben evitar en los desahucios que los menores de edad queden desprotegidos2018-03-23
Estima parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA

Autor Comunicación Poder Judicial

La Sección Octava de la Sala de Lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por una mujer que reside de manera ilegal en una vivienda propiedad del IVIMA y ha ordenado al juez que autorizó la entrada en el domicilio para llevar a cabo el desalojo que rectifique la parte dispositiva del auto e incluya en éste cautelas encaminadas a evitar situaciones de desprotección ante la eventual presencia de menores en la familia, con la advertencia de que se informe a los servicios sociales correspondientes para recabar su necesaria colaboración.

Con su decisión, los jueces, según se refleja en la sentencia, se apartan “respetuosamente” de la doctrina del Tribunal Supremo y señalan que el juicio de ponderación que se ha de adoptar en los supuestos de presencia de menores en los desalojos no afecta a la decisión de entrada, sino a la manera en que la administración debe ejecutar la misma.

El Tribunal Supremo, en un caso similar, ordenó al juzgado retrotraer las actuaciones al momento anterior a la solicitud de desalojo por parte del IVIMA para no lesionar la debida protección jurídica de los derechos e intereses de los menores de edad en el proceso de desahucio, y ordenó también que se dictase una resolución suficientemente motivada que ponderase su situación personal, social y familiar, en la que, sin entrar en juicio acerca de la aplicación del principio de proporcionalidad, se respondiera, teniendo en cuenta los datos y elementos disponibles, sobre la afectación de los derechos e intereses de los menores afectados por la decisión judicial.

La Sala del TSJ de Madrid entiende, sin embargo, que las circunstancias personales de precariedad y necesidad, por “muy atendibles que puedan ser en los ámbitos propios de los servicios sociales asistenciales de la administración”, no pueden servir para paralizar la concesión de entrada solicitada, ya que esta circunstancia convertiría al juez que tramita el asunto “no en un juez garante de la inviolabilidad del domicilio y de la ejecutividad del acto, sino en un juez revisor del acto mismo, alterando el sistema de ejecutividad de los actos administrativos”, al que sólo se le permitiría adoptar medidas en orden a la ejecución de entrada tendentes a la protección efectiva del menor.

En el asunto presente, se trata de una mujer que reside en una vivienda propiedad del IVIMA con una hija menor de edad, nacida en el año 2002, sobre la que perdió el derecho de uso tras el fallecimiento de su marido en 2004 al extinguirse la relación contractual.

El Colegio de Abogados de Madrid propone al Ayuntamiento un programa de formación en DDHH y pide más apoyo a los abogados del Turno de Oficio2018-03-23
  • José María Alonso traslada a Manuela Carmena un proyecto para que la abogacía joven forme en Derechos Humanos a la infancia y juventud de la capital

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, con el decano José María Alonso a la cabeza, se ha reunido esta mañana en la sede del Ayuntamiento de Madrid con la alcaldesa Manuela Carmena y la primera teniente de alcalde Marta Higueras. Los representantes de la abogacía madrileña han trasladado a la responsable del consistorio madrileño un documento de propuestas centrado en dos cuestiones: promover la formación en Derechos Humanos entre los jóvenes de la capital y facilitar los desplazamientos de los letrados del Turno de Oficio durante sus guardias para atender las asistencias a detenidos.

Formación en Derechos Humanos

De acuerdo al proyecto de formación en Derechos Humanos planteado por la Junta del ICAM, serán jóvenes abogados voluntarios del Centro de Responsabilidad Social del Colegio, o bien estudiantes de Derecho de las clínicas jurídicas con las que colabora el Centro, quienes formen a los niños y jóvenes de la capital. El Ayuntamiento, por su parte, se encargaría de seleccionar los centros educativos y el encaje en sus programas lectivos.

Vehículos en guardias

Habida cuenta de que las guardias de los abogados del Turno de Oficio son de 24 horas, hay tramos horarios en los que el transporte público ya no opera o es muy limitado. Por eso, el Colegio solicita al Ayuntamiento la reserva de espacios de aparcamiento para los vehículos de estos letrados que acuden a las comisarias de la capital y permitir el estacionamiento sin que se vean afectados por el S.E.R.

También se pide que se les autorice el acceso a las áreas restringidas de circulación, conocidas como Áreas de Prioridad Residencial, cuando tengan que acudir a las comisarías de Centro, Retiro y Arganzuela.

Por otra parte, la Junta ha revisado con el Ayuntamiento la viabilidad de celebrar la segunda edición de la Carrera Solidaria ‘Corre por lo Justo’, organizada por el Colegio, así como dar continuidad a la colaboración con el Programa Reorienta +45 dirigido a desempleados mayores de 45 años.

El Tribunal Supremo establece que el pago del impuesto por la constitución de las hipotecas incumbe al prestatario2018-03-23
El Pleno de la Sala Primera notifica la sentencia cuyo fallo adelantó el pasado 28 de febrero en la que resuelve dos recursos sobre el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

Autor Comunicación Poder Judicial

El Pleno de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo, ha estudiado este miércoles dos recursos relativos a reclamaciones de consumidores contra cláusulas de escrituras de préstamo con garantía hipotecaria que les atribuían todos los gastos e impuestos generados por la operación.

En concreto, el alto tribunal discutía únicamente lo relativo al pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Los magistrados estiman en parte los recursos y establecen que: a) por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario, de acuerdo a la jurisprudencia constante de la Sala III del propio Supremo; y b) por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.

El fallo ha sido comunicado ya a los procuradores de las partes. El texto íntegro de las sentencias se dará a conocer en los próximos días.

La nota informativa facilitada por la Sala Primera señala lo siguiente:

“El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha deliberado y resuelto en el día de hoy dos recursos de casación en relación con sendas reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus escrituras de préstamo con garantía hipotecaria, que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación.

El tribunal ha partido de su propia jurisprudencia sobre la abusividad de una cláusula que, sin negociación y de manera indiscriminada, atribuye en todo caso el pago de los gastos e impuestos al consumidor, a pesar de que la ley, según los distintos supuestos, hace una distribución de los mismos.

En los casos concretos sometidos a enjuiciamiento, en el Tribunal Supremo se discutía ya únicamente lo relativo al pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. El tribunal ha estimado en parte los recursos de casación interpuestos por los consumidores afectados y ha establecido que sobre dicho impuesto deben distinguirse diversas situaciones:

a) Por la constitución del préstamo, el pago incumbe al prestatario. Sobre este particular, se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

b) Por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite”.

Límites al poder disciplinario del empresario: ejercicio exclusivo frente a conductas tipificadas en convenio colectivo2018-03-22

La Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León de fecha 23 de junio de 2017, revocó la Sentencia del juzgador de instancia que vino a estimar la sanción impuesta por la Empresa a su empleado –oficial de tercera-. Dicha medida se articuló sobre la base de que el trabajador se desplazase al centro de trabajo donde habitualmente prestaba sus servicios conduciendo un automóvil, todo ello a pesar de la existencia de un informe emitido por la mutua que alertó específicamente de las limitaciones que presentaba el mismo en cuanto al manejo de vehículos a motor.

En este contexto, la Sentencia que nos ocupa analiza la idoneidad de la sanción impuesta por la Entidad demandada a uno de sus trabajadores -demandante- y que concluyó con la suspensión de empleo y sueldo de hasta 50 días frente mismo, todo ello por la comisión de una falta tipificada como muy grave. Concretamente, de la propia carta de sanción notificada al demandante se extrae que el incumplimiento que se le imputa radicó en el hecho de que este se desplazase a su centro de trabajo conduciendo un vehículo, a pesar de ser conocedor de sus limitaciones al respecto y en contra de las advertencias efectuadas reiteradamente por sus responsables.

Efectivamente, en la propia resolución invocada, consta acreditado que el trabajador tendría conocimiento, desde el pasado mes de marzo de 2016, del contenido de un informe emitido por la mutua el día 10 de marzo de 2016, por el que habría sido considerado -entre otras limitaciones- incapacitado para conducir vehículos a motor. Pues bien, a pesar del diagnóstico médico anteriormente descrito, lo cierto es que el trabajador acudió en varias ocasiones a trabajar manejando su propio vehículo.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, la empresa optó por notificar al trabajador un requerimiento en el mes de abril de ese mismo año, con el objeto de disuadirle de continuar incurriendo en dicha conducta contraria a lo estipulado médicamente y que, por otro, lado implicaba en última instancia, el riesgo de que la mercantil demandada pudiera resultar responsable de cualquier accidente "in itinere" protagonizado por el mismo en el futuro. No obstante lo anterior, el comportamiento del actor persistió en los meses de junio y julio hasta en 3 ocasiones. Dicha circunstancia, sumada a un eventual rendimiento inferior al resto de trabajadores, precipitó que la empresa sancionase al trabajador imponiéndole la referida sanción de 50 días de suspensión de empleo y sueldo, notificada el pasado día 15 de julio de 2016, todo ello por incurrir en "una manifiesta transgresión de la buena fe contractual, un engaño manifiesto y una desobediencia a una orden dada por su superior".

Pues bien, al margen de otras cuestiones planteadas por la parte recurrente -trabajador- y que no gozaron del recorrido esperado por el mismo, la cuestión objeto de debate de la Sentencia del TSJ de Castilla y León se centró en determinar si la sanción debiera ser declarada nula o, subsidiariamente improcedente.

A este respecto, el fundamento de la nulidad se articuló sobre la base de la existencia de una eventual vulneración de su garantía de indemnidad. El trabajador, en este punto, argumentó la existencia de un nexo causal que conectaba la reclamación de cantidad por la que solicitaba el abono de pagas extraordinarias supuestamente adeudadas por la empresa y que interpuesto en julio de 2016 y la represalia adoptada por la Empresa, materializada en la sanción notificada en ese mismo mes de julio de 2016 -y que trae causa en el recurso analizado-. Pues bien, al hilo de lo anterior, la Sentencia razonó la inexistencia de una vulneración del principio de la garantía de indemnidad en los términos expuestos por la defensa del empleado, al concurrir -según lo invocado en los Hechos Probados- una sanción grave previa a la reclamación de las pagas extraordinarias, en el mes de abril. Dicha circunstancia, se traduciría en que la empresa habría recurrido a la medida, no con ánimo punitivo, si no para denunciar determinadas conductas intolerables desde el punto de vista disciplinario de la misma tal y como hizo en aquella otra ocasión -abril 2016-. Por tanto, la pretensión del recurrente quedaría desvirtuada, precisamente, por la existencia previa a la reclamación de cantidad de otra sanción por la comisión de una falta grave.

Por último -y quizá el análisis más llamativo de la resolución que nos ocupa- se vino a valorar en el Fundamento Jurídico Sexto la procedencia o no de la sanción muy grave objeto de impugnación, teniendo en cuenta que el Magistrado no cuestionó los hechos aparentemente constitutivos de la conducta censurada por la empresa -traslado del trabajador a su puesto de trabajo en vehículo a motor propio, a pesar del informe médico y las constantes advertencias de sus responsables-. En este sentido y dejando al margen la imputación de la eventual disminución del rendimiento de trabajo alegado en la carta de despido por falta de prueba, razona el Juzgador que procede estimar el recurso y revocar la sanción. En efecto, al margen de la certeza de la conducta del recurrente contraria a las órdenes de la mercantil demandada, concluyó el TSJ de Castilla la Mancha que, dicho comportamiento, no tenía cabida en el marco del contrato de trabajo al constituir los desplazamientos y el medio para efectuarlos decisiones y cuestiones ajenas al ámbito laboral y propias de la vida personal del trabajador.

Por tanto, la cuestión verdaderamente trascendental y que vino a determinar la viabilidad o no de la sanción, radicó en que la conducta tipificada por la empresa como desobediencia y engaño manifiesto a los superiores no tendría consideración de falta, precisamente por tratarse de conductas ajenas al ámbito de organización y dirección del empresario y que, por consiguiente, no serían objeto de sanción en virtud del Convenio Colectivo aplicable. A mayor abundamiento, expone el juzgador que si lo verdaderamente preocupante para el empleador -según lo consignado en el propio escrito de sanción- radicaba en el riesgo que este asumía ante un eventual accidente "in itinere" de su trabajador, precisamente por conducir con las limitaciones detectadas por la mutua, en tal caso, de acontecer el siniestro, la responsabilidad de la empresa derivado del mismo debiera sustanciarse conforme a lo previsto en la Ley General de la Seguridad Social. Precisamente, para entrar a valorar la eventual exclusión de la consideración de accidente de trabajo debido a la existencia de dolo o imprudencia temeraria de quien lo padece en el contexto laboral -art. 156,4 b) de la LGSS, debiera sustanciarse el correspondiente procedimiento en materia de Seguridad Social, vía esta la adecuada para abordar tal cuesitón.

El Colegio de Abogados de Madrid aprueba los presupuestos para 2018, incluyendo un Plan de Igualdad y un Fondo de Solidaridad2018-03-22
  • La Junta General del ICAM respalda unos presupuestos de 28,6 millones de euros para 2018 y valida las cuentas del último ejercicio

La Junta General del Colegio de Abogados de Madrid, reunida en sesión Ordinaria y Extraordinaria, ha aprobado los presupuestos de la institución para 2018 con 854 votos a favor (86% de apoyo), 128 en contra y 10 abstenciones. Asimismo, los colegiados madrileños validaron mayoritariamente las cuentas del ejercicio anterior con 850 sufragios a favor, 210 en contra y 168 abstenciones.

La Junta de Gobierno del Colegio, encabezada por el decano José María Alonso, ha presentado sus primeros presupuestos para poner en marcha el programa destinado a lograr una institución útil para los colegiados. “Somos la Junta de Gobierno de todos los compañeros y compañeras, nos hayan votado o no”, señaló José María Alonso, e “inauguramos esta legislatura con una voluntad y una convicción absolutamente transformadoras y con la firme vocación de atribuir los mayores recursos tecnológicos, económicos y materiales a los colegiados que más lo necesiten”.

Del trabajo realizado en los dos meses y medio transcurridos desde su toma de posesión, el decano destacó las reuniones mantenidas con las más altas autoridades de la judicatura y del Estado en defensa de “un papel más relevante para la abogacía”, las gestiones a favor del Turno de Oficio “porque los baremos están desfasados” y las acciones emprendidas para contribuir a fortalecer los servicios de Nueva Mutua Sanitaria, que incluyen la designación de una consejera.

Con una gestión basada en la eficacia, la calidad y la transparencia, el objetivo de la nueva Junta de Gobierno es situar a los colegiados en el centro de una institución de referencia que aporte valor añadido a la abogacía madrileña y contribuya a ocupar un papel relevante en la sociedad civil y ante las instituciones. En palabras del decano, “un Colegio que sea no sólo el más grande sino también el mejor de Europa”.

Para ello, la corporación madrileña dispondrá de un presupuesto de 28,6 millones de euros para el presente ejercicio, cifra que supone una reducción del 1,8% respecto al gasto real del año anterior y un incremento del 2,4% respecto a la cifra presupuestada en 2017. Todo ello sin incrementar las cuotas, que se mantienen congeladas.

Entre otras medidas, la Junta de Gobierno potenciará el área de Defensa de la Abogacía e impulsará un Plan de Igualdad. El proyecto aprobado por la Junta General contempla la creación de un Fondo de desarrollo profesional para apoyar a los colegiados que más lo necesiten, como los abogados jóvenes, aquellos que buscan su primer empleo o quienes apuesten por montar su propio despacho. Los presupuestos también prevén la creación de un servicio de Headhunter y el desarrollo de una nueva App para facilitar la relación de los colegiados con la institución. Además, se incluyen nuevas partidas para desarrollar la Gestión del Conocimiento, dando acceso a los colegiados a las mejores bases de datos del mercado, y se duplica la cantidad asignada a las Secciones profesionales.

Proyecto tecnológico

El decano José María Alonso ha realizado un paréntesis en la presentación de los presupuestos para explicar los pormenores del proyecto tecnológico contratado con IBM para llevar a cabo la transformación digital del Colegio. Por una parte, se ha puesto por primera vez fecha de entrega del proyecto, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de julio, lo que supone una demora de los plazos acordados por la anterior Junta. Asimismo, se ha anunciado que el Colegio realizará una profunda revisión tanto de las causas de la demora como de los posibles sobrecostes que conlleve, con la consiguiente rendición de cuentas y atribución de responsabilidades.

En aras de la máxima transparencia, el decano ha comunicado que se facilitará el acceso al contrato del proyecto tecnológico a los colegiados que lo soliciten y firmen previamente un documento de confidencialidad.

Cuentas con superávit

Respecto a las cuentas anuales aprobadas por los colegiados, el Colegio cerró el ejercicio 2017 con un superávit de 320.216 euros. La suma alcanzada en el apartado de ingresos, 29,5 millones de euros, es un 5,5% superior a la cantidad presupuestada. Este crecimiento, cifrado en 1,5 millones de euros, responde a unos mayores ingresos de los previstos tanto en cuotas de incorporación y ordinarias como en subvenciones y convenios, además del beneficio obtenido por la venta del inmueble sito en el Paseo de la Castellana acordada en la Junta General Extraordinaria de 20 de julio de 2017.

El Colegio de Abogados de Madrid cerró el año 2017 con un censo de 77.425 colegiados, un 1% más que el año anterior, distribuidos en 43.625 ejercientes y 33.800 no ejercientes.

La inversión extranjera en España alcanzó los 36.122 millones de euros, un 0,7% más que en 20162018-03-22

La inversión extranjera en España en 2017 alcanzó los 36.122 millones de euros, la cifra más alta desde el año 2008 y un 0,7% superior a la de 2016, según los datos del Registro de Inversiones Extranjeras (RIE) de la Secretaría de Estado de Comercio.

En términos netos, la inversión extranjera se situó en 24.545 millones de euros, un 12,3% menos que en 2016. Las cifras de flujos de inversión directa suelen ser muy volátiles, ya que una sola operación de envergadura puede alterar significativamente al alza o a la baja las comparaciones, por lo que es pertinente contrastarlas con medias de los últimos años. Así, la comparación con la media de los últimos cinco años refleja un aumento de la inversión bruta del 25,6% y del 18,7% en términos netos.

La inversión productiva extranjera (descontadas las ETVE -entidades de tenencia de valores extranjeros- que son financieras y no generan efectos económicos reales significativos) experimentó un descenso del 7,2% hasta los 23.758 millones en términos brutos. En neto se situó en 12.323 millones, un 36% menos que un año antes. La inversión bruta en ETVE alcanzó 12.365 millones, con un crecimiento del 20,6%, debido sobre todo a tres operaciones puntuales que equivalen al 73% de la inversión total en este tipo de entidades.

La disminución de la inversión productiva neta se explica por el incremento de las desinversiones en un 80,1%. Parte importante de este ascenso corresponde a una única operación de venta de una participación en una compañía por parte del inversor extranjero a una sociedad española, pero en realidad este movimiento accionarial no tiene impacto negativo en la economía puesto que no supone reducción de la actividad empresarial. Lo mismo ocurre con la mayoría de las ventas registradas en el año.

Las inversiones extranjeras para nuevas aportaciones a empresas por parte de los inversores extranjeros (constituciones y ampliaciones), que son las que tienen impacto sobre el empleo, suponen el 78,7% de la inversión productiva bruta y aumentaron un 52%. La adquisición de empresas ya constituidas supone el 21,3% restante y descendió un 62%.

Los principales países inversores son Luxemburgo (20,9%), Alemania (13,6%), Reino Unido (13,1%), Estados Unidos (10,7%) y Francia (9,7%). Entre los cinco concentran el 68% del total. EEUU dejó de ser el primer inversor (caída del 50,1%) y pasó a ocupar la cuarta posición. Suiza aumentó sus inversiones un 347,8% respecto a 2016, debido al efecto de una sola operación.

Por regiones, los países de la OCDE, que acaparan el 93,1% de las inversiones, registraron un descenso del 5,3%. También cayeron las inversiones procedentes de áreas como Latinoamérica (66,7%), América del Norte (52,8%) y Asia y Oceanía (76,8%). Las inversiones procedentes de la UE -que concentran el 70,2%- aumentaron un 18,7% y las de África lo hicieron un 344,8%, debido fundamentalmente a dos inversiones.

Los principales sectores de destino de la inversión productiva fueron actividades inmobiliarias (13,2% del total), suministro de energía eléctrica y gas (10,3% del total), servicios financieros (7%), telecomunicaciones (6,7%) y comercio al por mayor (6,4%). Estas cinco rúbricas acaparan casi la mitad de la inversión del año.

La Comunidad de Madrid, con 14.521 millones (61,1% del total  y aumento del 24,7%); Cataluña, con 3.093 millones (13% del total y un descenso del 39,8%), y País Vasco, con 2.616 millones (11% del total y un aumento del 70,8%) concentran el 85,1% de la inversión productiva.

Cataluña volvió al segundo puesto que había perdido en el tercer trimestre debido a una recuperación de la inversión entre octubre y diciembre pasados (910 millones), a pesar de que fue prácticamente la mitad de la registrada en el mismo periodo de 2016 (1.764 millones). El peso de la inversión en Cataluña respecto al conjunto del país ha pasado del 20,1% en 2016 al 13% en 2017. Si la comparación se lleva a cabo con la inversión media de los últimos cinco años, la caída registrada en 2017 alcanza el 23,9%.

Inversión española en el exterior

En 2017 la inversión española en el exterior alcanzó los 30.736 millones de euros, un 42% menos que en 2016. En neto, se situó en -2.606 millones de euros, un 106,5% menos que un año antes. La inversión productiva bruta alcanzó los 19.761 millones de euros, un 47% menos, y en términos netos se situó en -9.856 millones, un 137,8% menos que en 2016. La caída de la inversión neta se debe fundamentalmente a una operación de reestructuración societaria de un grupo extranjero por la que una sociedad española absorbe una filial en el exterior, liquidando por tanto su inversión.

El destino principal de la inversión productiva española bruta fue EEUU que, a pesar de registrar una caída del 45% respecto a 2016, incrementó su porcentaje relativo sobre el total hasta el 14,2% (desde el 13,7%). Le siguió Francia, con 2.795 millones y una cuota que pasó del 1,2% al 14,1%. La tercera posición la ocupó México, que recibió 1.567 millones de euros (643 en 2016), lo que representa un 8,7% del total.

Destacó el incremento de las inversiones en Colombia (216,6%) y en Portugal (115,6%), así como la caída de las dirigidas a Irlanda (77,5%) y Reino Unido (93,6%).

Un 47% de empresas ya se decanta por el arbitraje como método alternativo idóneo para la resolución de disputas2018-03-21
  • Roca Junyent, Comillas ICADE y la ACC presentan el primer Estudio sobre Arbitraje en España con el objetivo de ayudar a conocer y mejorar esta práctica en España
  • De las empresas encuestadas, un 89% considera el arbitraje como el método idóneo para disputas internacionales, y un 78% ven de forma positiva el futuro del arbitraje en España
  • Las principales usuarias del arbitraje son grandes empresas, predominantemente del sector energético

Roca Junyent, Comillas ICADE y la Association Corporate Counsel Europe (ACC) presentaron recientemente el Primer Estudio de Arbitraje en España, en el que se analiza este procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos jurídicos como alternativa en la determinación de disputas entre compañías.

Del estudio se desprende que el arbitraje comienza a ser un método asentado de resolución de disputas en España, aunque todavía tiene un largo recorrido si tenemos en cuenta su utilización en otras jurisdicciones. En todo caso, y pese a que el 53% de las empresas encuestadas sigue prefiriendo acudir a la jurisdicción ordinaria, el arbitraje es ya una práctica extendida en el 47% restante de compañías, bien como instrumento único o junto con otros métodos de resolución alternativa. Las principales usuarias del arbitraje son grandes empresas, es decir, aquellas con una facturación superior a los 5.000 millones de euros. Predominantemente, estas compañías pertenecen al sector energético y hacen uso de esta práctica de forma mayoritaria en disputas internacionales.

La principal impulsora del informe, Marlen Estévez, Socia de Litigación & Arbitraje de Roca Junyent,  señala sobre la naturaleza del estudio que “resulta esencial identificar los principales beneficios y ventajas del arbitraje, así como reconocer campos de mejora de esta práctica con el fin de poder adaptarla a las necesidades reales de sus destinatarias, las empresas”. Por su parte, Javier Ramírez, miembro del Consejo de Dirección y chair of advocacy de ACC Europe, añade que “este primer estudio sobre Arbitraje en España es muy importante porque identifica los puntos fuertes y las áreas de mejora no desde el punto de vista de los árbitros, los abogados de despacho o las instituciones arbitrales, sino desde la perspectiva de los usuarios principales del arbitraje, las empresas, de quienes depende la decisión sobre la utilización o no de este método de resolución alternativa de disputas”.

En este sentido, los resultados de la encuesta indican que las empresas perciben como principales ventajas de esta práctica la especialización y conocimiento técnico sobre la materia objeto de arbitraje, la cualificación exigida al árbitro, así como en la rapidez del procedimiento. No obstante, las compañías también identifican desventajas, entre las que destacan la carestía del procedimiento, la tendencia habitual de los árbitros a tomar decisiones salomónicas y la ausencia de jurisprudencia que pueda utilizarse en otras disputas.

Las instituciones arbitrales son el órgano principal en la ejecución de esta práctica y en relación con esto, la elección de una u otra institución depende en gran medida, según los datos arrojados por el estudio, de la experiencia de la institución en la administración de arbitrajes, de la garantía de imparcialidad e independencia en el nombramiento de árbitros y de la especialización de la institución arbitral en el tipo de conflicto en particular.

La mayoría de las empresas tienden a elegir un tribunal arbitral en lugar de decantarse por la elección de un Árbitro Único, siendo las principales característica que en su opinión tiene que reunir un árbitro el conocimiento del derecho aplicable, el conocimiento de las cuestiones técnicas y el prestigio. Lo que pone en evidencia que lo que más valoran las empresas a la hora de decantarse por el arbitraje es la posibilidad de escoger árbitros especialistas en la materia objeto de controversia.

La efectividad de la que goza el arbitraje en España queda confirmada con los datos que arroja el estudio. En este sentido, la mayoría de empresas indica que el porcentaje de éxito de los procedimientos de oposición a la ejecución de un laudo y de anulación de un laudo es menor al 10%. El motivo más frecuente para solicitar la anulación de un laudo es la vulneración del orden público.

Iñigo Navarro, Decano de Comillas ICADE ha resaltado que “el arbitraje tiene un tremendo atractivo, sobre todo para la resolución de conflictos internacionales, ya que aporta a las partes una mayor confianza sobre el proceso, sobre las reglas que se aplicaran y dan seguridad sobre el resultado final, además de economizar tiempo”.

En cuanto a las cortes arbitrales cabe señalar que las más utilizadas en España son la Corte de Arbitraje de Madrid, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje y la Corte Española de Arbitraje, si bien a nivel internacional la más utilizada es la CCI. Ahora bien, cabe destacar que con carácter general las cortes internacionales han resultado mejor valoradas que las nacionales por sus usuarias, quizás porque para las empresas los elementos más importantes a la hora de inclinarse por la elección de una determinada corte arbitral son la experiencia de la institución en la administración de arbitrajes, la garantía de imparcialidad e independencia en el nombramiento de los árbitros y la especialización de la institución arbitral en el tipo de disputa en particular.

Un 89% de las compañías considera que el arbitraje es el método idóneo para la resolución de disputas internacionales. Asimismo, una amplia mayoría de participantes (78%) ven positivamente el futuro del arbitraje en España, un porcentaje que se eleva al 81% entre las empresas que han intervenido en algún procedimiento arbitral en los últimos cinco años. De ahí, que los autores de este estudio entiendan que es el momento adecuado para potenciar iniciativas como la consistente en la creación de una corte arbitral internacional española de referencia.

Españoles, europeos y extracomunitarios deben estar equiparados en el Impuesto sobre Sucesiones, según el Tribunal Supremo2018-03-21

En una reciente sentencia del pasado 19 de febrero y que acaba de hacerse pública, el Tribunal Supremo ha dictaminado que los sujetos residentes fuera de la Unión Europea (UE) y el Espacio Económico Europeo (EEE) también pueden beneficiarse de las bonificaciones autonómicas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones como cualquier ciudadano español o residente en la UE o en el EEE.

Concluye el Tribunal que lo contrario supone una vulneración de la libertad de circulación de capitales que, como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha manifestado en su doctrina jurisprudencial, aplica a países terceros. De hecho la sentencia de nuestro Alto Tribunal referente a la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de septiembre de 2014 a un heredero no residente de un país de la Unión Europea ni del espacio económico europeo.

Recordamos que la citada sentencia del TJUE, declaró incompatible con el marco normativo europeo la norma interna española que regulaba los puntos de conexión establecidos por la ley 22/2009, para la cesión del tributo a las Comunidades Autónomas, al permitir que se establezcan diferencias en el trato fiscal de las donaciones y las sucesiones entre los causahabientes y los donatarios.

El TS reprocha especialmente al Estado su inacción ante una evidencia (la referida discriminación). Cabe destacar además que en esta sentencia, el Tribunal reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado por incumplimiento del derecho comunitario, lo que, adicionalmente a la posibilidad de solicitar devoluciones de ingresos indebidos por períodos no prescritos, abre la vía a solicitar devoluciones por períodos prescritos.

Según ha informado el Colegio de Economistas, si bien dicha sentencia parecía tener efectos sólo respecto a los residentes en un país de la Unión Europea o Espacio Económico Europeo, nuestro Alto Tribunal recuerda que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea exige a los países miembros, no solo que no haya discriminación de trato entre los mismos, sino entre los países miembros y terceros países.

Accede a la sentencia

La Agencia Tributaria obtiene 14.792 millones de euros en 2017 como resultado de la lucha contra el fraude2018-03-21

Los resultados de control del pasado año mejoran en 500 millones de euros (3,5%) los obtenidos en la media de los tres años anteriores

  • La Delegación Central de Grandes Contribuyentes aportó un 42% de la deuda liquidada por la Agencia Tributaria, que alcanzó un total de 5.378 millones, con una media de casi 200.000 euros por contribuyente
  • La deuda liquidada a personas físicas con grandes patrimonios ascendió a 332 millones
  • Los contribuyentes afectados por las visitas presenciales del Plan IVA han elevado más del 10% el importe de sus liquidaciones como resultado inducido inmediato
  • Tras las 14 grandes operaciones coordinadas a nivel nacional desarrolladas desde 2013, los más de 600 contribuyentes afectados han elevado en 535 millones de euros el volumen de operaciones declarado en IVA y en 400 millones los ingresos declarados en Sociedades
  • La deuda pendiente de cobro baja en casi 3.500 millones en 2017 y acumula un descenso de 7.800 millones en tres años, para situarse ya en niveles cercanos a los de 2010

La Agencia Tributaria ha obtenido 14.792 millones de euros en 2017 como efecto recaudatorio de su labor en la prevención y la lucha contra el fraude, consolidando en los niveles del año anterior (14.883 millones) unos resultados que mejoran en 500 millones de euros, un 3,5%, la media del trienio 2014-2016, y configurando así un periodo de cifras récord en la labor de control encomendada a la Agencia.

De esta cifra global, 14.221 millones de euros se corresponden con el ‘indicador 3’ de objetivos, el resultado directo obtenido por la Agencia Tributaria en el ejercicio de sus funciones de prevención y lucha contra el fraude, que mejora en un 3,9% la media de los tres años anteriores.

A su vez, esta recaudación se desglosa en ingresos directos procedentes de actuaciones de control (‘indicador 3.1’), que suma 9.505 millones de euros, y la minoración de devoluciones solicitadas por los contribuyentes (‘indicador 3.2’), con 4.716 millones de euros.

Los ingresos de la Agencia Tributaria por lucha contra el fraude se completan con 571 millones de euros procedentes de declaraciones extemporáneas (fuera del plazo voluntario) sin requerimiento previo por parte de la Agencia.

Potenciación de la actividad inspectora

El pasado año la Agencia Tributaria realizó un total de 117.380 actuaciones nominales de comprobación e investigación, un 8,3% más que los niveles récord alcanzados el año anterior. Al mismo tiempo, se incrementó un 1,3% la deuda liquidada hasta alcanzar los 5.378 millones de euros, con una deuda media por contribuyente de 199.000 euros. De la cifra global, un 42% se corresponde con actuaciones desarrolladas por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

También se impulsaron las minoraciones de bases imponibles negativas, de deducciones en cuota pendientes de aplicar y de cuotas a compensar, incrementando cuotas tributarias en 4.027 millones de euros, 320 millones más (+8,7%) que en el año anterior. Si bien estas actuaciones no computan en los resultados de control de la Agencia al no suponer ingreso ni minoración de devoluciones, resultan de gran trascendencia para ensanchar bases imponibles futuras y elevar la recaudación.

A su vez, en el ámbito del control de grandes patrimonios, donde ya se han iniciado las primeras comprobaciones inspectoras vinculadas con la nueva herramienta de selección creada el pasado año, en 2017 la Agencia Tributaria ha liquidado deuda tributaria por un importe de 332 millones de euros.

Primer efecto inmediato del Plan del IVA

La Agencia Tributaria dio en 2017 un nuevo y fuerte impulso a sus actuaciones presenciales (‘peinados’) destinadas al control in situ en sectores y ámbitos de riesgo fiscal, realizando un total de 32.215 visitas, un 31% más que el año anterior. El motivo de un crecimiento tan intenso en estas actuaciones destinadas a la detección de economía sumergida es el desarrollo, desde el mes de abril, del Plan de Visitas IVA 2017, bajo el cual se completaron 14.698 visitas, el 45% de todas las actuaciones presenciales del año.

Mientras se van desarrollando las inspecciones abiertas a los contribuyentes seleccionados por el Área de Inspección de la Agencia a partir de las actuaciones presenciales, se percibe ya un primer efecto inducido de la campaña en los contribuyentes afectados por las visitas, que han elevado en más de un 10% el importe de sus liquidaciones de IVA presentadas tras el inicio de la campaña, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Macrooperaciones sectoriales

Junto a estas visitas, destaca otra nueva línea de actuación dentro del campo de las actuaciones presenciales, centrada en complementar las grandes actuaciones coordinadas centralizadas con entradas y registros que se vienen desarrollando para el descubrimiento de actividad económica oculta y la detección de software de ocultación de ventas. El pasado año se desarrollaron 782 visitas de estas características, que permiten extender el efecto de las macroactuaciones nacionales sobre sectores concretos de actividad.

Estas grandes operaciones, un total de 14 desde el año 2013, han llevado a un fuerte incremento en las cantidades ingresadas estos años en IVA y Sociedades por parte de los más de 600 afectados, empresas, fundamentalmente, y también socios, administradores y personas de su entorno. El efecto paralelo de afloramiento de actividad se aprecia tanto en el IVA, con un crecimiento del volumen de operaciones declarado de 535 millones de euros, como en Sociedades, donde sus ingresos de explotación declarados han crecido en 400 millones de euros.

Inspecciones y auditoría informática

El papel que juegan las Unidades de Auditoría Informática (UAI) tanto en estas macrooperaciones, como en muchas otras atomizadas por todo el territorio nacional, se aprecia en el resultado de las inspecciones posteriores. Sólo en 2017, se realizaron 4.004 actas de inspección, un 35% más que el año anterior, a contribuyentes que en los últimos ejercicios han sido objeto de intervenciones con UAI, por un importe de 373 millones de euros, un 36% más que lo regularizado el año previo.

En los últimos cinco años, estas intervenciones con volcados informáticos que facilitan el descubrimiento de rentas ocultas, permiten mejorar la obtención de pruebas y reducen la duración de las comprobaciones, han derivado en la regularización de 1.288 millones de euros a través de más de 15.200 actas de inspección.

La deuda pendiente de cobro cae ya a niveles de 2010

Dentro del área de Recaudación, destaca nuevamente la fuerte reducción registrada en la deuda pendiente de cobro, que descendió en casi 3.500 millones de euros, un 7,6%, hasta los 42.365 millones. De esta forma, en tres años la deuda pendiente se ha reducido ya en más de 7.800 millones de euros, situándose prácticamente en los niveles del año 2010.
Entre las causas principales de esta reducción se encuentran el aumento de las derivaciones de responsabilidad a terceros distintos del deudor principal, medidas cautelares e investigaciones patrimoniales, la campaña de control de deuda en fase de embargo y las distintas mejoras aplicadas en la gestión recaudatoria, tanto en materia de aplazamientos como en deuda suspendida y concursal.

Continuando con el impulso de las actuaciones más cualificadas del Área de Recaudación para lograr el cobro efectivo de las deudas tributarias, al objeto de detectar posibles insolvencias ficticias se efectuaron en 2017 casi 36.700 investigaciones de movimientos financieros, un 40% más que el año anterior y 8,5 veces más que las actuaciones que se realizaban en el año 2012. De igual forma, se han adoptado más de 4.100 medidas cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales, un 39% más que en 2012, y se han acordado más de 16.000 derivaciones de responsabilidad, más del doble de las realizados en 2012.

Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 411 personas en 20172018-03-20
En los 97 procedimientos concluidos por este tipo de delitos el año pasado. El 73,8 de las 126 sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción fueron condenatorias. En el último trimestre de 2017, se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 97 personas en 20 procedimientos y se notificaron 26 sentencias, de las que 18 fueron condenatorias

Autor Comunicación Poder Judicial

Los jueces y juezas españoles concluyeron en 2017 un total de 97 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de juicio oral o de procesamiento contra 411 personas, que fueron o serán llevadas a juicio por delitos de este tipo. 

Así lo revela el repositorio de datos sobre procedimientos por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, al que se han incorporado los correspondientes al último trimestre de 2017. 

El repositorio, que permite a los ciudadanos conocer la acción de la Justicia en el marco global de la lucha contra la corrupción mediante